Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- RENUNCIA
- Eugenio Tuma Zedan
- RENUNCIA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Paez Verdugo
- Andres Zaldivar Larrain
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Gustavo Alessandri Valdes
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Edmundo Villouta Concha
- Gabriel Ascencio Mansilla
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA. MINUTO DE SILENCIO.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Jaime Rocha Manrique
- HOMENAJE : Julio Dittborn Cordua
- HOMENAJE : Maria Isabel Allende Bussi
- HOMENAJE : Marina Prochelle Aguilar
- HOMENAJE : Adriana Munoz D'albora
- HOMENAJE : Samuel Venegas Rubio
- HOMENAJE : Enrique Seguel Morel
- PROVISIÓN DE VACANCIA PARLAMENTARIA. (Aplicación del artículo 47 de la Constitución Política).
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- NORMAS SOBRE PROBIDAD EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Veto.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- NORMAS SOBRE PROBIDAD EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Veto.
- VII. INCIDENTES
- CLAUSURA DE VERTEDERO CLANDESTINO EN COMUNA DE SAN CARLOS. Oficio.
- ALCANCES A DECLARACIONES DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL JOAQUÍN LAVÍN . Oficios.
- ADHESION
- Enrique Krauss Rusque
- Andres Palma Irarrazaval
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Sergio Velasco De La Cerda
- Jaime Mulet Martinez
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Enrique Seguel Morel
- Luis Pareto Gonzalez
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Sergio Ojeda Uribe
- Patricio Walker Prieto
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Rocha Manrique
- Ivan Mesias Lehu
- Felipe Valenzuela Herrera
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DEL “NO”.
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO TOMÁS JOCELYN-HOLT.
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- RECHAZO POR ISAPRES DE LICENCIAS DE ENFERMOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS VIALES Y DE SALUD EN TEMUCO. Oficios.
- REQUISITOS DE IMPONENTES DE ISAPRES PARA REAFILIARSE AL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Oficio.
- RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADA ISABEL ALLENDE.
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO GONZALO IBÁÑEZ .
- IRREGULARIDADES EN INTERNACIÓN DE MERCADERÍAS EN ADUANA DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- PRECISIONES SOBRE SENTIDO DE EXPRESIONES DE DIPUTADA ISABEL ALLENDE.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 1ª, en martes 5 de octubre de 1999
(Ordinaria, de 11.08 a 16.08 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Acuña Cisternas, don Mario.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia9
II. Apertura de la sesión13
III.Actas13
IV.Cuenta13
Permiso constitucional13
V.Homenaje.
Homenaje en memoria del diputado señor Manuel Bustos Huerta. Minuto de silencio13
Provisión de vacancia parlamentaria. (Aplicación del artículo 47 de la Constitución Política)25
VI.Orden del Día.
Normas sobre probidad en los órganos de la administración del Estado. Veto26
VII.Incidentes.
Clausura de vertedero clandestino en comuna de San Carlos. Oficio51
Alcances a declaraciones del candidato presidencial Joaquín Lavín. Oficios52
Aniversario del triunfo del “No”56
Réplica a intervención del diputadoTomás Jocelyn-Holt57
Rechazo por isapres de licencias de enfermos de esclerosis múltiple. Oficio59
Información sobre proyectos viales y de salud en Temuco. Oficios59
Requisitos de imponentes de isapres para reafiliarse al Instituto de Normalización Previsional. Oficio59
Rechazo a expresiones de diputadaIsabel Allende61
Réplica a intervención de diputadoGonzalo Ibáñez61
Irregularidades en internación de mercaderías en aduana de Antofagasta. Oficio63
Precisiones sobre sentido de expresiones de diputadaIsabel Allende64
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual convoca a la 341ª Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, a partir del 4 de octubre del año en curso, e incluye los asuntos legislativos que en anexo se acompañan66
Pág.
2.Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64, de la Constitución Política de la República, da inicio a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2000 (boletín Nº 2405-05)71
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales solicita el archivo de los siguientes proyectos:
3.Crea las Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica (boletín Nº 861-07)84
4.Crea Juzgados de Policía Local en las comunas que indica (boletín Nº 1789-06)84
5.Deroga la reserva del cobre para la industria nacional (boletín Nº 1947-08)85
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6.Concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda (boletín Nº 2298-05)85
7.Modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en los aspectos que indica (boletín Nº 2398-06)85
8.Crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollos sindicales (boletín Nº 2170-13)86
Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
9.Modifica la ley de donaciones con fines culturales contenida en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, y otras disposiciones tributarias (boletín Nº 2288-04)86
10.Proyecto de ley del deporte (boletín Nº 1787-02)87
11.Acuerdo relativo al Convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas, adoptado por la OIT, el 27 de junio de 1989 (boletín Nº 233-10)87
12.Modifica la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, con el fin de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos, en delitos contra la Seguridad del Estado (boletín Nº 2324-07)87
13.Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (boletín Nº 2296-18)88
14.Crea la Defensoría Penal Pública (boletín Nº 2365-07)88
15.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que crea un Fondo para la Modernización de las relaciones laborales y el desarrollo sindical (boletín Nº 2170-13)89
Pág.
16.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que traslada a los días lunes los feriados que indica (boletín Nº 328-06)92
17.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado la observación formulada por S.E. el Presidente de la República al proyecto que modifica el artículo 46, del Código de Justicia Militar (boletín Nº 85-07)92
18.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica el artículo 23, de la ley Nº 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación (boletín Nº 1021-04)93
19.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley del deporte, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República (boletín Nº 1787-02)(S)93
20.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, el proyecto iniciado en moción, que dispone una reforma constitucional para establecer el Estatuto de los ex Presidentes de la República (boletín Nº 2397-07)(S)160
21.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, el proyecto iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en relación a la elección de Presidente de la República (boletín Nº 2398-06)(S)162
22.Segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, recaído en el proyecto que reforma los Institutos Tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) (boletín Nº 1960-03)173
23.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en las observaciones del Presidente de la República al proyecto sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado (boletín
Nº 1510-07)177
24.Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca recaído en el proyecto que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria (boletín Nº 2189-01)(S)192
25.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto que modifica la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y otras normas, prohibiendo prácticas discriminatorias (boletín Nº 2252-04)197
26.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que establece normas sobre asociaciones de funcionarios del Congreso Nacional (boletín Nº 2359-06)207
Pág.
27.Oficio del Tribunal Calificador de Elecciones por el que remite copia de la resolución adoptada en relación a la vacante producida ante el fallecimiento del honorable diputado señor Manuel Bustos Huerta214
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
Del diputado señor Tuma, quien informa que, con motivo del término de su gestión, presenta su renuncia al cargo de Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, a contar del 29 de septiembre próximo pasado.
De los diputados señores Alessandri, Elgueta, Villouta y Ascencio, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 4 y 7 de octubre en curso para dirigirse a Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, respectivamente.
2.Oficios:
Del señor Presidente del Partido Demócrata Cristiano, quien, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero, del artículo 47 de la Constitución Política de la República, somete a la consideración de la Sala de la honorable Cámara de Diputados la terna para proveer la vacante producida por el fallecimiento del honorable diputado señor Manuel Bustos Huerta.
Contraloría General de la República
De la diputada señora Rosa González, administración de la Municipalidad de Arica.
Del diputado señor José García, investigación en Conadi y Digeder.
Del diputado señor Tuma, informe Conaf.
De los diputados señores Bertolino, Vega, Molina, Recondo y Kuschel, procedimiento y montos pagados por indemnización por la Empresa de Correos de Chile a don Fernando Raúl Lértora.
Del diputado señor Masferrer, sumarios, investigaciones sumarios y juicios de cuentas iniciados entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de agosto de 1999, en la Administración del Estado.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Bertolino, vehículos de propiedad fiscal, autorizaciones otorgadas en los últimos años para circular durante sábados, domingos y festivos sin el disco correspondiente y vehículos en arrendamiento.
Del diputado señor Recondo, situación de exonerados.
Del diputado señor Navarro, ejecución de proyecto desarrollo rural Escuela G623 La Paz.
De los diputados señores Navarro y Velasco, construcción red de alcantarillado para el sector de Copiulemu, comuna de Florida.
De los diputados señores Delmastro, Olivares, Patricio Cornejo, Arratia, Ojeda, Jaramillo, Hales, Mora, Cardemil, Jarpa, Ortiz, Vilches, Prokurica, José Pérez, Bertolino, Van Rysselberghe, José García, Patricio Walker, Mulet y diputada señora María Angélica Cristi, fiscalización a municipios.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Del diputado señor Rojas, eventual presencia en el norte del país de cápsulas de plutonio pertenecientes a una sonda que transportaba el cohete ruso Protón K.
Del diputado señor Encina, Paso Fronterizo Agua Negra.
De la diputada señora Antonella Sciaraffia y del diputado señor Acuña, pasos que Chile tiene habilitados con Perú y Bolivia.
Ministerio de Hacienda
De los diputados señores Vega y Masferrer, entrega de recursos a pequeños y medianos agricultores, empresarios y transportistas para enfrentar crisis económica que los afecta.
De los diputados señores Ortiz y Acuña, recursos para programas de absorción de mano de obra en la próxima Ley de Presupuestos.
Del diputado señor Kuschel, negociación de acuerdo sobre doble tributación con Alemania; retasación predios comuna de Maullín; evasión tributaria en cada una de las regiones del país; morosidad de créditos bancarios; estado de avance de erradicación de campamentos marginales.
De la Corporación, financiamiento de Cuerpos de Bomberos.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Molina, situación escuela de Puerto Oscuro, comuna de Canela.
Ministerio de Justicia
Del diputado señor Velasco, construcción de centro de reclusión en la ciudad de San Antonio.
De los diputados señores Villouta, Navarro, Jaramillo, Ortiz, organismos y/o instituciones que se responsabilizarán de las funciones que Carabineros dejará de prestar, en el marco de las medidas adoptadas en materia de seguridad ciudadana.
Del diputado señor Ávila, número de menores de edad chilenos, clasificados por sexo y edad, país de destino y año, dados en adopción internacional entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1998.
Ministerio de Defensa Nacional
Del diputado señor Encina, retiro de embarcaciones fondeadas desde hace cinco años en el puerto de Coquimbo.
De los diputados señores Navarro y Felipe Letelier, elementos de seguridad y enganche usados en faenas portuarias.
Ministerio de Obras Públicas
De la diputada señora Laura Soto, concesión internacional Ruta 5 tramo Santiago-Los Vilos, Cuarta Región.
Del diputado señor Mesías, proyecto pavimentación camino que une la comuna de Portezuelo con la ciudad de Chillán.
Del diputado señor Reyes, ampliación del convenio de programación de caminos productivos en la Décima Región.
Del diputado señor Delmastro, muro de protección en Isla Mancera, Décima Región.
Del diputado señor Navarro, estado de pavimentos de la Octava Región.
Cuadro resumen de oficios emitidos en el mes de agosto a autoridades en general.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
De la Corporación, modificación a Ley General de Telecomunicaciones a objeto de establecer fondo concursable, al cual puedan acceder las radioemisoras provinciales o comunales para subsidiar la renovación tecnológica.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
De la Corporación, proyecto de ley destinado a establecer un Premio Nacional a la Chilenidad Popular.
Corporación de Fomento de la Producción
De la Corporación, créditos dirigidos a la pequeña y mediana empresa otorgados por Corfo o por el Banco del Estado.
Banco Central de Chile
Pago de intereses a las cuentas corrientes.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manue
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gustavo Alessandri, Juan Núñez y la diputada señora María Antonieta Saa.
Asistieron, además, los ministros del Trabajo y Previsión Social, señor Germán Molina; de la Secretaría General de Gobierno, señor Carlos Mladinic, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza. Concurrieron, también, los senadores señores Sergio Páez, Andrés Zaldívar y Jorge Pizarro.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 35ª de la legislatura 340ª, ordinaria, se declara aprobada.
Las actas de las sesiones 36ª, 37ª y 38ª, de la misma legislatura, quedan a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LOYOLA (Secretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor MONTES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Alessandri, Elgueta, Villouta y Ascencio para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIPUTADO SEÑOR MANUEL BUSTOS HUERTA. MINUTO DE SILENCIO.
El señor MONTES (Presidente).-
Hace seis días sepultamos a uno de nuestros mejores representantes: Manuel Bustos Huerta , en medio de una ceremonia compartida por miles de chilenos y chilenas que acompañaron con respeto y admiración a un hombre que, en su trayectoria de vida, se convirtió en uno de los más destacados líderes políticos y sindicales del país.
Nosotros compartimos en el Parlamento la última etapa de su camino y conocimos de cerca su contundencia política y también su coraje humano.
Hoy, 5 de octubre, nos toca despedirlo nuevamente, ante la presencia de Miriam Verdugo, su viuda; de sus hijos, familiares y seres queridos, para recordar su ejemplo y sus victorias, sus valores y sus motivaciones.
Guardaremos un minuto de silencio en su memoria antes de dar inicio a su homenaje.
Los señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor MONTES (Presidente).-
En primer lugar, rinde homenaje el diputado señor Jaime Rocha , en nombre de los diputado radicales.
El señor ROCHA (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, distinguidos familiares, trabajadores:
Hay instantes en la vida de las naciones en que todos los hombres se miran a la cara, con la voz quebrada, los ojos enrojecidos y la palabra presta para reconocer los méritos del que parte. Sin duda, momentos estelares que comprometen el porvenir e inscriben la vida del que se va definitivamente en la propia historia, que será parte de la narración y del recuerdo de muchas generaciones.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento del mal que sufría Manuel , su vida fue distinta, no sólo por las exigencias que el tratamiento le imponía, sino porque su mal pasó también a ser parte de la vida de cuantos lo rodeábamos; entre ellos, por cierto, sus compañeros trabajadores y nosotros, sus colegas de trabajo.
Vivimos su enfermedad aun sin decirlo, pero alegrándonos de ver cómo parecía ir ganando la batalla hasta comprobar que el fino engranaje de la vida no le había dado otra oportunidad; y aquí estamos hoy, recordándolo, en su sencillez, en su elocuencia, en su mirada limpia, en su infinita sabiduría, que lo hacía ser parte tan sustancial de cada una de nuestras jornadas.
Quién sabe si ahí está el delicado misterio de la democracia, execrada por tantos a través de la historia, desde los tiempos en que los que se oponían al voto universal decían que “¿cómo puede compararse el voto de un filósofo con el de un labriego?”, como si el aprendizaje de las letras y de las ciencias contuviera más humanidad y grandeza que la vida misma.
Los padres de Manuel fueron analfabetos, como los abuelos de José Saramago, el insigne escritor portugués, Premio Nobel de Literatura de 1998. Pero tanto unos como otros fueron para ambos los más sabios y quienes les enseñaron a uno y a otro el duro y difícil oficio de ser hombre; y Manuel lo demostró en las tribunas, en el exilio, organizando a los trabajadores, recogiendo sus esperanzas y convirtiéndose él mismo en esperanza.
Fue el líder y el conductor en “los años de viento sucio”, cuando la patria se desmembraba y se pisoteaban los derechos de quienes eran los enemigos de los regentes del país, a los cuales, a no ser por las exigencias de la historia y sólo para no repetirlos, quisiéramos olvidar.
Si todos somos un poco de Manuel Bustos, no les quepan dudas de que seremos mejores y haremos mejores cosas por quienes representamos. Esta tarea es insoslayable y urgente. En la vida y en el ejemplo de Manuel Bustos tenemos el silabario de la política que debe ser ejercida como él lo hizo: con lealtad, desprendimiento, patriotismo, verdad y entregando la vida si fuere necesario.
En su memoria, procuremos aventar los pesares, los resquemores y hasta los odios, si fuere posible. Limpiemos la morada común y embellezcámosla como los padres de Manuel el campesino y su mujer embellecieron su casa con flores silvestres, que no por sencillas eran menos bellas. Procuremos que cada día haya un pan en la mesa de los pobres.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn para rendir homenaje en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
El señor DITTBORN (de pie).-
Señor Presidente, honorables colegas; señora Miriam Verdugo ; Rosario , Patricia, Manuel y Andrea , hijos de Manuel; señor presidente del partido Demócrata Cristiano:
En representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, quiero adherir al homenaje que esta Cámara rinde en memoria del honorable diputado don Manuel Bustos Huerta.
Todos los aquí presentes saben que con Manuel no sólo tuvimos visiones políticas muy distintas respecto de hechos coyunturales o de gobiernos específicos, sino también que más importante discrepamos sobre cuáles son las políticas públicas necesarias para que Chile sea en el futuro un país desarrollado, con igualdad de oportunidades, para que todos puedan crecer de acuerdo con sus talentos y su esfuerzo personal. Sin embargo, la existencia de esas discrepancias en nada afectan mi percepción de Manuel Bustos como dirigente sindical y menos aún como ser humano.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Manuel Bustos fue un dirigente sindical de origen humilde, que con mucho esfuerzo e inteligencia accedió a las esferas de poder durante toda su vida. Además, fue un hombre valiente, muy realista y sensato, y uno de los escasos y emblemáticos sindicalistas de la historia de Chile de este siglo que termina.
Como dije, Manuel fue un dirigente sindical de origen humilde, adoptado por una familia de campesinos de nuestra zona central, y quien, a temprana edad, debió abandonar sus estudios para dedicarse al trabajo de la tierra. De ahí en adelante su escuela fue el trabajo. Posteriormente, su principal actividad fue la política, que, según él mismo reconoció en más de una oportunidad, contribuyó mucho a educarlo. “La política me educó”. Solía decir con frecuencia. Fue campesino en la zona de Santo Domingo, garzón en una comuna popular de Santiago y mecánico textil en Manufacturas Sumar, donde inicia su larga trayectoria de dirigente sindical. Lideró organizaciones de trabajadores por más de 30 años, y de no mediar la penosa enfermedad que le ocasionó la muerte, no nos cabe duda de que, después de terminar su período como parlamentario, hubiese seguido siendo dirigente sindical hasta agotar sus fuerzas.
Como diputado, puedo entender perfectamente la frustración que sintió Manuel con su actividad en esta Corporación, según afirmó su viuda en una entrevista de prensa. Es que a los hombres de acción como él nunca les resulta fácil acomodarse a una actividad más ligada al debate de ideas que a la implementación de las mismas en el mundo real.
Aún sin haberlo conocido íntimamente, creo no equivocarme al sostener que una de las características de Manuel fue su sentido de pertenencia a un mundo del cual no sólo nunca renegó, sino que, por el contrario, se sintió orgulloso de pertenecer. Efectivamente, no obstante haber obtenido importantes éxitos en su labor sindical y muchos reconocimientos nacionales e internacionales, que a muchos pudieron haberles nublado la historia de su pasado, él siempre sintió orgullo de su origen ligado a una familia campesina de escasos recursos. Es más, estoy cierto de que en su intimidad él sabía que llegó a ser lo que fue debido a su origen y a la formación que recibió de quienes lo educaron.
Por otra parte, qué duda cabe de que Manuel Bustos fue un hombre valiente. Participó como dirigente sindical en importantes organizaciones de trabajadores de nuestro país, como la Federación Nacional Textil y la Central Unitaria de Trabajadores, en momentos de gran polarización política. Su desempeño fue alabado, pero también criticado, como siempre lo es el de todos los hombres que pasan por este mundo haciendo cosas y jugándosela con fuerza por lo que creen. La misma valentía que demostró Manuel en sus actuaciones como opositor al gobierno de las Fuerzas Armadas, que le significaron asumir dolorosas consecuencias personales en la década de los años 80, lo convirtieron muchas veces en un adherente incómodo, en los gobiernos de la Concertación, para quienes compartieron su mismo proyecto político. Es así como Manuel Bustos no tuvo ningún complejo en denunciar que el actual Gobierno carecía de una agenda social o que sus conductores eran insensibles a los problemas de los más pobres. Es que el carácter de Manuel y sus convicciones no dependían del gobierno de turno. Si él encontraba algo malo, lo decía sin timideces y sin cálculos políticos de ninguna especie. Creo que para Manuel una buena pelea se justificaba siempre que la causa fuera noble, aunque un camarada suyo fuera presidente del gobierno.
Junto a su valentía, Manuel Bustos fue un dirigente sindical realista y sensato. Supo compatibilizar su espíritu de lucha en favor de los trabajadores organizados, con un realismo poco común en nuestros dirigentes sindicales.
Al respecto, quiero destacar una actuación de Manuel en sus primeros años como dirigente sindical en la empresa Sumar, la que refleja el realismo a que me refiero. Cuando el sector textil atravesaba por una difícil situación económica, derivada de una aguda crisis internacional y de un cambio profundo en las políticas económicas, Manuel demostró no sólo su gran capacidad negociadora, sino, por sobre todo, su sensatez al lograr un acuerdo con la empresa, el cual permitió a los trabajadores conservar sus empleos a costa de un sacrificio en sus remuneraciones. Aunque fue un sindicalista de toda la vida que negoció siempre con fuerza en favor de los trabajadores, Manuel Bustos también supo que, en el fondo, empresa y trabajadores son socios en un proyecto común y que las peticiones laborales tienen como tope la supervivencia y desarrollo de la empresa.
Manuel Bustos culminó sus estudios con gran sacrificio poco antes de ser elegido diputado. En la Cámara, mientras su enfermedad se lo permitió, participó con entusiasmo y dedicación en el trabajo legislativo. Formamos parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde destacó siempre por su interés en todos los proyectos que iban en beneficio directo de quienes siempre fueron su principal preocupación: los trabajadores.
Quiero destacar especialmente el apoyo entusiasta que Manuel dio a una moción impulsada por el diputado señor Jaime Orpis , orientada a dar fuero a los padres de hijos adoptivos, como él. Sin el apoyo de Manuel en la Comisión de Trabajo, esa moción no se habría aprobado en la Comisión ni en la Sala con la celeridad y rapidez con que ello ocurrió.
Son estas cualidades por las que los diputados de la UDI le recordaremos y por las cuales adherimos hoy a este merecido homenaje.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Rinde homenaje la diputada señora Isabel Allende , por la bancada del Partido Socialista.
La señora ALLENDE, doña Isabel (de pie).-
Señor Presidente, en ocasiones parece que uno se distanciara del quehacer político porque predominaría en él un sello pragmático marcado por la falta de valores de quienes lo ejercen, ya que a veces observamos que los intereses de determinados sectores se sobreponen a los intereses colectivos, obstaculizando alcanzar una democracia más plena, con mayor justicia, igualdad y equidad. En suma, nos parece que ética y política viven un lamentable desencuentro. Sin embargo, cuando hemos tenido el privilegio de compartir con hombres como Manuel Bustos, nos reconciliamos con las posibilidades del quehacer político, porque él perteneció a aquella legión de luchadores que sustentó su acción en principios éticos que no transó.
Su vida fue una permanente demostración de correspondencia entre los valores éticos que sostuvo y la práctica sindical y política que llevó a cabo. Sus preocupaciones fueron los trabajadores; los más pobres; los oprimidos de la dictadura, la libertad y la democracia.
A los pocos días de nacer fue adoptado por el matrimonio integrado por Armando Bustos y Filomena Huerta , quienes le dieron sus apellidos. Después de concluir la educación básica, su primera ocupación fue la de campesino. En el medio rural conoció la pobreza y la falta de posibilidades para aquel sector de hombres y mujeres de nuestro país, uno de los más abandonados, cuya condición siempre tuvo presente en su futura acción sindical.
Como hombre humilde buscó horizontes de trabajo en la capital, formando parte de la migración campo-ciudad que a menudo convierte en seres marginales y frustra a quienes aspiran a salir de la pobreza rural. Trabajó como se ha dicho de garzón y, posteriormente, como técnico en máquinas textiles. En este medio es donde surge como dirigente sindical.
Su sensibilidad para apreciar los problemas, las aspiraciones de los trabajadores, así como su capacidad de representación unitaria y de negociación lo llevaron a ocupar rápidamente puestos de dirigencia sindical. En 1968 ejerció su primer cargo; en 1971 fue elegido presidente del sindicato de obreros de Sumar, y en 1972, dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores.
Por desempeñarse en tal responsabilidad, un día después del golpe de Estado de 1973 fue detenido en el Estadio Chile, uno de los lugares de represión más brutales creados por la dictadura de Pinochet. Manuel, que allí fue torturado y testigo de muertes, reconoció que en aquella ocasión conoció el miedo.
Esta experiencia demuestra la grandeza de Manuel. Junto con reconocer el miedo, sentimiento profundamente humano, se comprometió a continuar en el futuro en su lucha, no sólo en favor del bienestar de los trabajadores, sino de las libertades, de la democracia perdida y de los derechos fundamentales de las personas.
Luego, detenido en el Estadio Nacional, afortunadamente fue liberado por influencias del entonces Cardenal Raúl Silva Henríquez , quien evitó su muerte.
Lidera un movimiento de acciones sindicales y en 1975 funda la entonces ilegal Coordinadora Nacional Sindical, de la cual sería presidente hasta 1988. Posteriormente, funda la Confederación Nacional Textil y el Comando Nacional de Trabajadores, inicialmente presidido por nuestro colega Rodolfo Seguel , a quien Manuel Bustos sucede en la presidencia.
Para Manuel era evidente la necesidad de organizar a los trabajadores en oposición a la dictadura que atropelló los derechos de las personas, entre ellos, los laborales; que proscribió las organizaciones sindicales, que canceló los múltiples canales de participación, de expresión y de representación que antes existían, entre ellos, los partidos políticos, dejando en el inmovilismo y en la indefensión a la gran mayoría de la población del país.
No obstante, este exitoso empeño le significó ser detenido en cinco ocasiones, encarcelado en tres, enviado al exilio durante casi un año y, posteriormente, relegado a la ciudad de Parral. Éstos fueron los costos personales de quien, con su decisión de lucha, hizo un aporte fundamental a la reorganización de los trabajadores, dotándolos de instrumentos eficaces y unitarios para enfrentar esa dictadura, alcanzar la democracia y reivindicar sus derechos laborales y sociales.
Sin ese liderazgo certero de hombres como Manuel Bustos, el término de la dictadura militar y el inicio del proceso de transición a la democracia en Chile habrían sido más lentos y, probablemente, más violentos.
“Los trabajadores debemos tomar las riendas en la lucha contra el gobierno de Augusto Pinochet”, afirmaba Manuel y su consigna era “paros, paros, paros, hasta botar el régimen militar”.
Desde su relegación en Parral, Manuel Bustos colaboró activamente en la formación de la Central Unitaria de Trabajadores, de la que fue elegido presidente en 1988, cargo que desempeñó hasta 1996.
Concluida la dictadura y elegido democráticamente Patricio Aylwin como Presidente de la República, Manuel Bustos cumplió otro rol igualmente complejo: dirigir desde la Central Unitaria de Trabajadores las acciones en favor de los derechos laborales y reivindicaciones económicas largamente postergadas, pero teniendo presente los ritmos de crecimiento de nuestra economía, la necesaria prudencia para mantener esos equilibrios, que no desataran la inflación o disminuyeran la capacidad de crear nuevos empleos.
En este período, Manuel Bustos demostró tener capacidades sobresalientes de negociación con el gobierno, con los empresarios, con los trabajadores, alcanzando importantes acuerdos que le permitieron, sin caer en el populismo, aumentar gradualmente el salario real de los trabajadores, generar más empleo, establecer nuevos niveles de encuentro entre trabajadores, gobierno y empresarios. Su preocupación seguía siendo la del empleo de baja calidad respecto de ingresos y otros beneficios, lo que tenía que ser corregido con visión de país y sentido de justicia social.
Lamento profundamente que quince años de exilio me impidieran haber convivido con Manuel en el período de la clandestinidad, de la lucha por fortalecer la organización de los trabajadores y recuperar la democracia.
Sin duda, para nosotros es más cercana la relación con Manuel Bustos como diputados, ya marcado por la enfermedad que le causó su prematura muerte, lo que no le impidió, como también se ha recordado, acometer un trabajo ejemplar en las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Vivienda y Desarrollo Urbano. Su último esfuerzo lo representa la ley publicada recientemente, que obliga al empresario a acreditar el pago de cotizaciones previsionales del trabajador, en caso de ser despedido.
En otro terreno, Manuel mostró su fuerza y sus convicciones democráticas al manifestar su desacuerdo con la incorporación de Pinochet al Senado en calidad de senador vitalicio, y creo que todos recordamos cuando espontáneamente habló ante la prensa aquel día en que fracasó la acusación constitucional.
Sintiendo la muerte cercana, Manuel Bustos afirmó sus últimos esfuerzos y batallas cuando señaló en su último mensaje a los trabajadores chilenos: “Les diría a mis compañeros, a aquellos miles de trabajadores que mandan cartas, que me han saludado en mi enfermedad, que me dicen: estamos contigo; a ellos les digo: compañeros, estén conmigo, estén con Lagos. Trabajen de la misma manera con que lo han hecho conmigo porque es una tarea difícil, es un desafío. Nosotros, los trabajadores, somos la mayoría que mueve a este país. Estoy cansado, tengo muchos años de lucha; ésta es la última lucha que voy a dar, pero la voy a dar porque tengo fe y esperanza”.
Por estas razones, por ser un hombre justo, consecuente, luchador infatigable de esas causas que dignifican al ser humano, en nombre del Partido Socialista transmitimos nuestro afecto y cariño a Miriam Verdugo y a los hijos de Manuel. Le damos nuestras condolencias al partido Demócrata Cristiano, organización política a la que Manuel Bustos perteneció y de cuya historia forma parte como uno de sus más notables representantes, de aquellos que por sus acciones como diría Brecht “son imprescindibles”.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Por los diputados de Renovación Nacional y de la Unión de Centro Centro, rinde homenaje la diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE, doña Marina (de pie).-
Señor Presidente, honorables colegas, distinguida familia de Manuel Bustos Huerta ; Miriam y sus hijos Rosario , Patricia, Manuel y Andrea :
Por el gran respeto, afecto y cariño que alcancé a tenerle a Manuel, mi homenaje no hará alusión a cuestiones contingentes.
Resulta un desafío difícil expresar con palabras el sentimiento que nos embarga. Usualmente, los homenajes se los rendimos a quienes han dejado esta Corporación hace tiempo; sin embargo, hoy me parece ver, sentado detrás del diputado Pareto , a Manuel Bustos Huerta. En esta ocasión, despedimos a alguien con quien compartimos, hace poco días, grandes vivencias, experiencias de vida, de trabajo, de afecto y de respeto mutuo. Debo decirles que me costó conocer a Manuel lo digo con hidalguía, como él era también fue un hombre hidalgo y valiente; pero, aprendí a conocerle en las lides del trabajo, del compartir, y por Dios que lo admiré, lo admiro y lo respeto.
Nos deja el recuerdo de su ejemplar vida, muy presente y vivo entre los que compartieron con él los caminos que las circunstancias le brindaron. Para muchos, el conocimiento personal de Manuel Bustos sólo abarca el período en que se desempeñó como parlamentario en el año y meses en que estuvo entre nosotros. Antes de conocerlo, el Manuel Bustos que se representaba en nuestra mente era aquel hombre combativo, de mirada triste, pero lleno de una fuerza capaz de enfrentar la adversidad más dura. Su vida fue un avanzar permanente por un escabroso camino: a veces dulce y muchas otras, triste. Camino, sin embargo, que recorrió en todo momento con su carácter arrollador y expresión constante de su voluntad.
Su origen fue modesto, hijo adoptivo de una familia campesina que lo preparó para enfrentar las mil y una luchas que en su corta vida decidió dar. Por ello, mi personal reconocimiento a la familia Bustos Huerta.
Su infancia fue de aquéllas que sobrecogen por la dureza que deben soportar miles de niños en nuestro país.
Al parecer, en él se verifica el hecho de que cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza.
Su acercamiento a la política se produce por convicción, sin siquiera intuir los lugares de vanguardia y responsabilidad que posteriormente le correspondería ocupar. En 1967 se incorpora a la Democracia Cristiana.
Su pasar por este mundo tiene un gran valor testimonial, ya que ninguna de las realidades e injusticias contra las que luchó le resultaban lejanas. Por el contrario, todas ellas las vivió y sufrió en carne propia. La situación del trabajador para él no era mero discurso; él fue trabajador.
Como muchos jóvenes de provincia, se va a Santiago; comienza a trabajar como garzón en un restorán, luego, como obrero textil y, posteriormente, como aprendiz de maquinista en textiles Sumar. En esta última empresa despliega y desarrolla todo su potencial de líder sindical: delegado, dirigente y presidente de sindicato. En 1972 fue elegido dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores.
Sus denuncias contra la persecución y las violaciones a los derechos humanos no las hizo desde un confortable sofá. En 1973 y 1985 fue tomado preso y padeció la violencia desatada en nuestro país. Fue relegado en 1988. ¡Sus denuncias estaban respaldadas por su propia y dolorosa experiencia! Sus convicciones profundas le permiten soportar todos los ataques. Fue un frontal adversario del gobierno militar. Su actitud podrá ser examinada por años y años, pero nadie discutirá su consecuencia y coraje en aquellos años en que, desde una verdadera clandestinidad, fundó la Coordinadora Nacional Sindical, luego, la Confederación Nacional Textil y, después, el Comando Nacional de Trabajadores.
Manuel era un hombre realmente valiente. Sabía que hay cosas a las cuales debe temerse más que a la misma muerte, como la injusticia y la contradicción consigo mismo.
El exilio no fue para él un término vacuo, para completar algún discurso o conmover multitudes; fue también una experiencia de vida que sufrió en 1982.
Su valiente lucha en tiempos difíciles fue reconocida internacionalmente. Manuel Bustos fue, antes que nada, un defensor de los intereses de los trabajadores; no subordinó su accionar a otras consideraciones. Su carácter aguerrido no le impidió llevar adelante importantes negociaciones con empresarios y el gobierno, que permitieron a los trabajadores mejorar su calidad de vida. De eso somos testigos quienes tuvimos el honor de conocerlo como diputado; además, los que trabajamos con él en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sabemos que no fue de esos hombres que hacen el bien ocasionalmente, sino que lo hacen sin cesar y de verdad.
Mejor que nadie comprendió lo cerca que estaba su partida y advertía sobre sus últimas batallas. Afortunado Manuel que tenía la certeza de que Dios no nos impone jamás un deber sin darnos la posibilidad y el tiempo para cumplirlo. Tú lo cumpliste.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Por los diputados del PPD, rinde homenaje la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (de pie).-
Señor Presidente, honorables colegas, estimada familia de Manuel Bustos:
Hace unos días, entre los papeles que circulan por nuestras oficinas parlamentarias, encontré un antiguo folleto. En él, quizás, premonitoriamente a lo que sucedería horas más tarde, se leía lo siguiente:
“¡Qué sublimes pensamientos de los trabajadores! ¡Qué hermosos pensamientos! Transformar, por medio de la ley,... ¡Oíd vosotros que sois tan legalistas! Transformar, por medio de la ley, una sociedad que se considera inicua en una sociedad que se concibe mejor”. Estas frases correspondían a un discurso pronunciado en este hemiciclo en 1921 por el entonces diputado Luis Emilio Recabarren en relación con los movimientos de trabajadores pidiendo leyes sociales.
Esas palabras me hicieron recordar las que había escuchado hacía un par de semanas en la voz entrecortada de nuestro colega Manuel al defender su proyecto sobre cotizaciones previsionales, la misma fuerza y deseo, la misma creencia y corazón, la misma idea y orgullo que expresara Recabarren , el mismo tesón y amor por sus camaradas, los trabajadores.
Por ello, al oír que se encontraba grave, pensé en aquellas frases como su mensaje de alerta, como su llamado a permanecer de pie en esta caminata que recién comienza y que se espera que avance y se acreciente en los talleres, usinas y faenas de esta patria, que ya entregó su primer paso en su despedida, abriendo la Alameda y fustigando las almas dormidas para atisbar hacia el futuro, con rumbo propicio y viento a favor, con la sonrisa perenne del líder histórico y con la ardiente convicción de que las mayorías son las que impulsan el cambio y los ciudadanos los que deciden su destino.
Manuel Bustos ya no está con nosotros. Las aulas del Parlamento fueron la última estación de su partida. Las primeras fueron la lucha por la vida, la oración y la multitud de la calle. Por ello, cuando todo, o casi todo, ya se ha dicho sobre su vida y el alma acongojada de sus seres queridos ingresa a atesorar sus recuerdos e imágenes en el cuarto de lo imperecedero, nosotros, sus colegas, camaradas y amigos, le entregamos en homenaje la reflexión que nos deja el adiós al compañero, al que compartió con todos su trabajo en comisiones, al que nos saludaba sonriente mirando a los ojos y que también nos entregó una lágrima y un sollozo al verlo regresar orgulloso a ocupar su lugar ciudadano, aquel día en que pese a su dolor, trabajó en esta Sala, cumpliendo con su deber de representante del pueblo.
A partir de esta reflexión que nace en el adiós, queremos ver a este hijo de la tierra del valle central de Chile, corriendo en su descalza adolescencia hacia el porvenir, afirmado sólo en su carácter y guiado por su corazón de niño, a radicarse en el Santiago de los años 60, con sus cordones de pobreza urbana, su revolución en libertad, su reforma universitaria, su promoción popular y su reforma agraria. Queremos verlo estudiando mecánica en el Inacap, arreglando motores en la Sumar, discutiendo con el cardenal Silva , hablando desde el proscenio abierto del sindicato, con su delgada estampa, pelo largo y partidura al medio. Queremos verlo para recordarlo prisionero en el Estadio Chile, preguntando por qué, esperando una respuesta que no le fue entregada jamás, y que sólo pudo percibir por los golpes, la desaparición y la muerte de muchos de aquellos que lo acompañaban, solitarios, desnudos y desarmados ante la prepotencia y las armas de los soldados.
Quizás, en el preciso instante de la cárcel, surgió el espíritu libertario que se acunaba en su alma de labriego, para decir que no aceptaba que el hombre fuese atormentado por el hombre, así como tampoco aceptaba que el hombre fuese explotado por el hombre. Demasiado tiempo, demasiada vida había puesto en el intento por superar las condiciones de desigualdad en nuestra patria para aceptar una más. Demasiado odio estaba repugnando a su conciencia cristiana y ciudadana para no pedir en voz alta que aquel estado de cosas debía terminar. Demasiada maldad se encontraba a la vuelta de cada esquina para renunciar, dejar todo de lado y no marchar junto a sus hermanos por las calles de nuestras ciudades.
Manuel Bustos Huerta fue siempre un obrero. No pecó de soberbio ni de altanero; fue apasionado, convencido hasta el final de su idea de las cosas, pero humano, tremendamente humano en su pensar, en su decir y en su actuar. Quizás la palabra que mejor lo describa sea la de consecuencia. No claudicó jamás de su pensar, no posó de sincero ni de obsecuente; simplemente, decía lo que pensaba aun cuando no gustara a sus seguidores ni a sus perseguidores. Por ello, la muerte nunca supo que le estaba ganando. A medida que la enfermedad avanzaba en tu cuerpo, Manuel , tu espíritu se alzaba cada vez más tesonero. Tu vida no fue neutra. Por el contrario, fue de grandes decisiones y convicciones políticas, filosóficas y morales hasta el final.
Así lo demostraste en el legado que nos dejaste en las últimas palabras que escuchamos al despedirte en la sede del Partido Demócrata Cristiano, en la Alameda de nuestro Santiago. Nos alentaste a seguir tu compromiso, a continuar luchando por la igualdad y libertad en el país. Hasta el último día, tu actitud fue política. Acudiste a una conferencia de prensa. Quisiste entregar a través de los medios tu legado en un momento contingente. No eras neutro. Te la jugabas en cada momento.
Creo que te gustaría escuchar nuestro reconocimiento a lo que quisiste decir al país en esa conferencia de prensa que no fue cubierta por ningún medio televisivo, en momentos en que tú sabías que ibas a morir a una clínica. Nos dijiste que debemos seguir caminando y trabajando unidos, que la igualdad espera en nuestro país, que la Concertación es la fuerza histórica y futura del país y te comprometiste con la campaña de nuestro candidato.
Por ello, Manuel, los que quedamos caminando por tus sueños y que al igual que tú corrimos por las calles de este Chile que se expresa en las labores de cada ciudadano: jornalero, campesino, pirquinero, administrativo, panadero, mujer pobre o dueña de casa, todos esperamos que estés allá arriba junto a don Clotario, a Tucapel Jiménez, a Luis Emilio Recabarren y junto al carpintero de Jerusalén.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
El diputado don Samuel Venegas rendirá homenaje como representante de la tierra donde nació Manuel Bustos.
El señor VENEGAS (de pie).-
Señor Presidente, honorables colegas, familiares y amigos de Manuel Bustos Huerta:
En mi calidad de amigo e idealista en el humanismo cristiano, en mi calidad de vecino en la infancia y juventud de Manuel y por haber caminado en nuestra niñez por aquellos polvorientos caminos de la localidad de San Enrique tierra que nos dio la vida, el sustento y la vitalidad para integrarnos al servicio público, quiero rendir un homenaje al honorable diputado don Manuel Bustos Huerta , que descansa en la paz del Señor.
Con Manuel concurrimos a la misma escuela y derramamos en los mismos surcos. Sin embargo, el despertar de la adolescencia nos llevó por distintos caminos a predicar, con nuestro lenguaje criollo y sencillo, nuestras visiones y anhelos sobre mayor solidaridad y fraternidad entre los humanos que formamos parte de este país tercermundista, llamado Chile. Todo ello, en el horizonte marcado por el Papa León XIII, con la fuerza de su encíclica Rerum Novarum , interpretada de manera excepcional por monseñor Manuel Larraín al transmitirnos sus urgencias y compromisos, y junto con los claros y profundos planteamientos de don Eduardo Frei Montalva , quien fuera para nosotros la luz que alumbró el camino de los campesinos sin voz de nuestra patria.
Una pancreatitis aguda, luego de una larga lucha contra el cáncer, terminó con la vida y sueños de uno de los más insignes defensores de los derechos humanos, de los trabajadores y de los más pobres y postergados de nuestra patria. Hombre de ingenuo mirar, de gesto sencillo y voluntad de hierro, de corazón generoso, similar a la de la tierra, cuyo legado vigente nos compromete a continuar luchando por la concreción de los ideales que compartimos, por los cuales luchó incesantemente durante toda su vida, impulsado hoy por la fuerza de su ejemplo.
Aun cuando fuiste apresado, exiliado y relegado, no había espacio en tu corazón para el rencor ni el revanchismo; sólo te movía tu amor por la verdad y tu afán por la justicia. Por eso, nada ni nadie doblegó tu voluntad de querer hacer un Chile distinto, un Chile libre, justo y humano.
Fuiste un gran luchador, actuaste con mucha responsabilidad y clarividencia luego del retorno a la democracia. Chile te debe mucho y aún no hemos reconocido tu labor como debiéramos.
En el campo internacional, fuiste mucho más respetado y querido que acá. Tus cualidades de líder, tu oratoria, tu capacidad de motivar e interesar a la gente y tu notable visión del futuro te permitieron ganarte el respeto de tus pares y la admiración de un pueblo.
Manuel: cada vez que tuviste que intervenir en la Sala, lo hiciste con la verdad pura y transparente, con prudencia y con respeto, pero con la firmeza suficiente de quien ha abrazado, como tú, la causa de los más pobres y postergados. Por ello, estoy seguro de que tu voz resonará por siempre en el hemiciclo y nos recordará que hemos sido elegidos por el pueblo para servir a Chile y no para servirnos de él.
Están marcadas en mi mente las expresiones de aquellos campesinos de San Enrique, de los profesores de la escuelita del lugar y de todos los vecinos, que se juntaron el 25 de octubre del año recién pasado para rendirte un merecido homenaje ahí, en tu casa, en tu escuela, en el lugar donde naciste, por los niveles que alcanzaste en tu vida y testimoniarte lo orgullosos que ellos se sentían por cada uno de los logros que alcanzaste a través del tiempo, conscientes de que eran siempre acciones que conllevaban a un mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. Porque esa gente de tu tierra natal sigue tan solidaria como cuando nos criaron, son como tú, según lo pudimos apreciar durante toda tu existencia.
El pueblo es sabio y sabe reconocer a los grandes hombres, a los que, con honestidad, se han jugado por él. Por eso, cuando mueren, sale a despedirlos como un postrer homenaje, en un gesto de respeto y gratitud, reservado sólo a los grandes luchadores.
Manuel Bustos recibió un adiós multitudinario. La Falange, que abrazó cuando era casi un niño, estaba casi por todos lados. Los claveles rojos en tu memoria, las pancartas y los lienzos en manos de gente común y corriente, que te aclamaba, más que por ser un político, como un luchador. La admiración y la gratitud del pueblo se constituyó en una sola y expresiva frase: “¡Manuel, amigo, el pueblo está contigo!”.
Todo esto me compromete mucho más con tu ausencia. Que Dios me dé la fuerza y el coraje que tuviste para defender a los más débiles, y que Dios dé a tu alma el descanso eterno y te permita contemplar la luz de su rostro. Y que también dé a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a los amigos más cercanos y a todos los trabajadores de nuestra patria, la resignación cristiana, único bálsamo que cierra las heridas dejadas por tu irreparable pérdida.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Para concluir este homenaje, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel , quien lo rendirá en nombre de la Democracia Cristiana.
El señor SEGUEL (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, señores ministros de Estado, querida Miriam , Charito , Patricia , Manuel, Andreíta, don Armando:
En nombre de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, quiero expresar, en sencillas palabras, la angustia y el dolor que nos aflige ante la pérdida irreparable de quien fuera, sin lugar a dudas, nuestro más representativo líder sindical.
“Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”. Este verso, de hondo sentimiento, que nos canta Alberto Cortez , refleja, para mí, lo que era y significó Manuel Bustos en mi vida.
No es fácil para quien les habla hilvanar palabras justas que trasunten la pena y la congoja por la muerte de un amigo como Manuel, sin que se escapen las lágrimas de dolor y de impotencia.
Los designios de Dios, en su infinito poder y misericordia para quienes sólo somos simples depositarios de su voluntad, lo han llamado en plena madurez de su vida, cuando ésta había alcanzado un momento de paz y tranquilidad espiritual, después de largas jornadas de trabajo y sufrimiento, de angustias e incertidumbres.
Compartimos tantas experiencias, peligros y vivencias juntos, en tiempos muy difíciles, en los que nuestra tarea principal era recuperar la democracia y, a través de ella, los derechos conculcados a los trabajadores e instaurar una sociedad democrática, más justa y más digna, no sólo para los trabajadores, sino también para todos los chilenos.
Desde antes de conocernos, sentimos el llamado al servicio de los demás, especialmente de los trabajadores, de los más desposeídos y de todos los que, de algún modo, sufrían la injusticia social y la discriminación. En ese afán, transcurrió parte de nuestras vidas, caminando uno al lado del otro en el mundo laboral y social, motivados por la misma necesidad de justicia.
Los caminos se juntaron en la dictadura y nuestros lazos de amistad, respeto, camaradería y cariño se consolidaron en la Cámara y en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que lo acogió a su llegada a la Corporación.
Desde entonces, nuestra unión se hizo inquebrantable en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo en general.
Manuel, quienes no te conocieron en lo personal, sino sólo por tus actuaciones, admiran tu consecuencia social, política e ideológica, porque nunca transaste tus convicciones por cuotas de poder.
Quienes te conocieron en el mundo obrero y sindical, saben de tu consecuencia y lealtad intransable a la causa que abrazaste, y quienes te conocimos como amigos y camaradas sabemos de tu tremenda fortaleza moral y capacidad de entrega por lograr tus ideales.
La lucha permanente por tus principios, ideales y valores seguirá viva en la memoria de todos los que estuvimos junto a ti y constituirá un ejemplo en nuestra acción en favor de los más desposeídos.
Tu recuerdo será indeleble en la memoria de tu familia, de tu querida esposa Miriam , de tu padre Armando y de tus hijos Charito , Patricia, Manuel y Andrea , además de quienes trabajaban a tu lado en el desempeño diario, como tu secretaria Elizabeth Leiva , Claudia Oyarce , Juana Mendoza y Jacqueline Lineros , entre tantos otros.
Tu presencia seguirá acompañando a quienes compartimos contigo este hemiciclo, y tu vocación de servicio a los trabajadores será imborrable en la sala de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de la cual eras su presidente.
Para perpetuar tu recuerdo en esta Corporación, sin agraviar tu sencillez, quiero solicitar a mis colegas su acuerdo para que la sala de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social lleve tu nombre, como un postrer homenaje en tu memoria.
Hace unos días, fuiste despedido por tu gente y por tu pueblo: trabajadores y pobladores, obreros y jóvenes, mujeres y estudiantes, campesinos y ancianos; en fin, por todos los sin voz de este país, por todos los que te vieron nacer en el movimiento sindical y se sintieron protegidos e identificados por tu lucha y valentía, quienes desfilaron en una procesión interminable durante el tiempo de tu velatorio, que reflejó un sentimiento de dolor y de angustia generalizado en todos los chilenos a lo largo del país.
Hoy te despedimos desde aquí con el sentimiento de los parlamentarios y funcionarios de esta Cámara que, sin distinción de ideologías, reconocieron tu lucha, tu valor, tu franqueza y tu esfuerzo permanente por lograr acuerdos que favorecieran a quienes representabas y defendías, y por mejorar la situación de los que nada tenían.
Manuel, para los que creemos en Jesús y su Evangelio, la muerte y la vida nos volverán algún día a juntar. Desde donde estemos vigilaremos que quienes nos sucedan defiendan con el mismo coraje y trabajo, con la misma tenacidad, lucha y consecuencia lo que en vida tanto te costó construir por el bienestar de los trabajadores.
Alguien dijo que tú eras el primer joven pobre y de origen campesino que hubo de trabajar desde niño para ayudar a sus padres, y que llegaste a representar un ejemplo de vida, de perseverancia y de lucha que logró el reconocimiento de todo un pueblo en un sentimiento de dolor popular comparable sólo al que se expresara durante las exequias de tu gran amigo el Cardenal Raúl Silva Henríquez , con quien, no tengo la menor duda, ya habrán vuelto a formar un equipo para, desde el Cielo, seguir ayudando e iluminando a los que quedamos en este mundo, a quienes has dejado una vara muy alta, a todos los trabajadores y a quienes representamos a ese pueblo que tanto lloró tu partida. Un empresario dijo que eras un gran patriota por tu trabajo en la consolidación de la democracia y de la paz social.
Amigo, viviste y moriste defendiendo tus principios en favor de los trabajadores y los desposeídos de este país; viviste y dejaste este mundo luchando por devolver la dignidad a los campesinos, de los cuales fuiste uno de ellos. Ahora nos dejas un legado sindical y social histórico. Tu lucha contra la injusticia en todos los tiempos y en todas las organizaciones en las cuales participaste, tu encarcelamiento y tu exilio, tu relegación y tu vida dedicada al servicio de los que más necesitaban son un ejemplo que debe guiar nuestras vidas y acciones en un trabajo permanente y sin renuncias.
Manuel, llegaste y dejaste este mundo haciendo lo que correspondía durante toda tu vida, luchando por un Chile más justo, por un Chile más solidario, por un Chile más humano, por un Chile más cristiano.
Hasta siempre, amigo nuestro.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
En nombre de la Corporación, hacemos llegar nuestra solidaridad, afecto y cariño a Miriam, a sus hijos, a sus familiares y a sus amigos.
Se suspende la sesión por diez minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
El señor MONTES (Presidente).-
Se encuentra en las tribunas una delegación del colegio Sixto Méndez , de Graneros, integrada por profesores, apoderados y los mejores alumnos, a la cual hago llegar nuestro saludo en la celebración del centenario de ese establecimiento educacional.
(Aplausos).
PROVISIÓN DE VACANCIA PARLAMENTARIA. (Aplicación del artículo 47 de la Constitución Política).
El señor MONTES (Presidente).-
De conformidad con lo establecido en la segunda parte del inciso tercero del artículo 47 de la Constitución Política de la República, y en el inciso segundo del artículo 39 del Reglamento interno de la Corporación, corresponde que la Cámara de Diputados proceda a proveer la vacante producida por el sensible fallecimiento del diputado don Manuel Bustos Huerta.
En virtud de las normas citadas precedentemente, el señor PresidenteNacional del Partido Demócrata Cristiano ha comunicado a esta Mesa la terna que dicho Partido somete a la consideración de la honorable Cámara, la que está compuesta por las siguientes personas: doña María Rozas Velásquez, don Osvaldo Badenier Martínez y don Enrique Mella Astudillo.
Los señores diputados tienen en sus escritorios las cédulas respectivas.
En consecuencia, solicito al señor Secretario proceder a tomar la votación correspondiente.
Efectuada la votación en forma secreta, por el sistema de cédulas, dio el siguiente resultado: por la señora María Rozas , 78 votos; por el señor Osvaldo Badenier , 1 voto; por el señor Enrique Mella , 4 votos; en blanco, 9 votos; nulos, 2 votos.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Ha resultado electa doña María Rozas , a quien se le notificará hoy en la tarde y en la sesión de mañana se le tomará juramento. Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana y de la bancada de diputados, sólo quiero agradecer a todos los señores diputados de las distintas bancadas que nos han acompañado al apoyar el nombre que nuestro partido propuso, en virtud de las disposiciones constitucionales que rigen este procedimiento excepcional que hoy nos ha correspondido realizar, porque como todos sabemos la muerte acompaña a la naturaleza humana indistintamente y ello puede sucederle a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, agradezco el gesto de todos los señores diputados que nos han apoyado en esta elección. He dicho.
(Aplausos).
VI.ORDEN DEL DÍA
NORMAS SOBRE PROBIDAD EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Veto.
El señor MONTES (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Luksic.
Antecedentes: Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 1510-07. Documentos de la Cuenta Nº 23, de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, paso a informar un veto supresivo y otro aditivo recaído en el proyecto de ley de probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado, que dicen relación con dos materias: una respecto de normas que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado, donde el Ejecutivo sugiere un veto supresivo; por lo tanto, eliminar las normas que tramitaron y aprobaron la Cámara de Diputados, el Senado y la Comisión Mixta correspondiente, y otra que dice relación con normas del Banco Central, en que se establecen los requisitos para desempeñar la función de consejero de esa institución.
Respecto de la responsabilidad extracontractual del Estado, está regulada por el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, y por los artículos 4º y 44 de la ley de bases generales de la Administración del Estado.
La discusión en esta materia ha generado gran debate desde el punto de vista de la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la doctrina.
Desde un punto de vista doctrinario existen dos tipos de responsabilidades: la subjetiva que regula el derecho civil, que es la norma más general; y la objetiva.
Tradicionalmente en nuestra legislación y ordenamiento jurídico se ha aplicado en forma permanente la responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa? Que para que opere el pago de indemnización por el daño cometido por una persona o institución debe concurrir dolo o culpa por parte del que cometió el daño. En este caso concreto, cuando hablamos de responsabilidad extracontractual del Estado, debe concurrir dolo o culpa por parte del funcionario para que proceda y opere la indemnización de perjuicio, la cual es contraria a la responsabilidad subjetiva, donde no es necesario que el funcionario en el ejercicio de los actos propios de su función, haya incurrido en dolo o culpa, sino que basta acreditar la comisión del daño para que opere automáticamente la indemnización de perjuicio.
De manera más pedagógica, puedo decir que la responsabilidad objetiva hoy día opera en los seguros por accidentes del tránsito. Basta que la persona que comete el daño esté asegurada, no importando que en su comisión exista dolo o culpa, para que opere el seguro en forma automática. Aquí estamos frente a una responsabilidad objetiva.
La verdad es que esto ha generado, reitero, bastante discusión a nivel jurisprudencial, que en esta materia ha sido errática. Al respecto hay tres casos: el de las araucarias, el de Casa grande con el Fisco, y otro de Exagón, que los tribunales de justicia han conocido respecto de la responsabilidad extracontractual del Estado, en los cuales los tribunales han resuelto que opera la indemnización de perjuicio por parte del Estado, pero por distintos fundamentos. En el de las araucarias, por equidad; en el de Casa grande con el Fisco, igualmente; pero en el de Exagón con el Fisco, en virtud de la falta de servicio y violación del principio de igualdad ante las cargas públicas.
Lo que quiero decir es que no hay uniformidad por parte de los tribunales de justicia para interpretar la norma constitucional como se desarrolla en la ley de bases generales de la Administración del Estado.
Asimismo, observamos que en las diversas disposiciones existen interpretaciones diferentes.
El artículo 38 de la Constitución Política señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Hay ciertos doctrinarios o juristas que afirman que el artículo 38 no define si el Estado está obligado a una responsabilidad objetiva o subjetiva en lo que se refiere a los daños cometidos por los funcionarios, sino que se trata simplemente de una norma de competencia. Es decir, que los tribunales deben conocer de las lesiones de derecho ejercidas o efectuadas por la Administración del Estado, sus organismos o de las municipalidades, y argumentan a favor de esta tesis en cuanto a que es sólo una norma con carácter de competencia, y que en el mismo artículo 38 se establece la creación de tribunales contenciosos administrativos, tribunales especiales que se encargan precisamente de conocer estas materias, y que Chile, dentro de sus récores, es uno de los pocos países -no sé si algún país musulmán los tenga- que no los tiene. Es realmente notable que tanto la Constitución del 25 como la del 80 hayan establecido la creación de esos tribunales, pero en el caso de la primera nunca se desarrollaron porque nunca se dictó la ley; y en el caso de la Constitución del 80, en las negociaciones que hubo al terminar la década de los 80, simplemente los suprimieron; razones no se dieron.
Lo importante es señalar que sobre el artículo 38 hay un debate que no define si estamos ante la responsabilidad objetiva o subjetiva del Estado.
Por otra parte, el artículo 4º de la ley de bases generales de la Administración del Estado, tampoco se pronuncia sobre qué tipo de responsabilidad está obligado el Estado; sólo dice que éste responde. En cambio, en el artículo 44 sí hay indicios o antecedentes como para acercarse a alguna definición: se establece que la Administración del Estado está obligada por falta de servicio. Pero encontramos que algunos doctrinarios o juristas sostienen que la falta de servicio la acercaría a la responsabilidad objetiva; en cambio, otros afirman que no es responsabilidad objetiva, sino una responsabilidad intermedia entre la objetiva y la subjetiva.
Respecto de esta materia la Comisión de la Cámara de Diputados, el Senado y la Comisión Mixta trataron de interpretar las distintas posiciones y divergencias que existían relativas a estas normas. Es así como se estableció un artículo en que, de manera muy sucinta, se señala, en primer lugar, que los organismos de la Administración del Estado con personalidad jurídica, y el Estado, en caso de los órganos de su administración que carecen de ella, responderán de las lesiones que causen en los derechos de cualquier persona. Se incorpora así el concepto de lesión. Pero lo más interesante de la norma propuesta por el Congreso y ahora objeto de veto, es el hecho de que incorporaba la idea de que la responsabilidad patrimonial prescribe en cuatro años, contados desde la fecha de la lesión, cuestión que no señala ninguna de las normas a que he hecho referencia. Por consiguiente, hay jurisprudencia y opiniones, como la del profesor Eduardo Soto Kloss , que indican que la nulidad administrativa es imprescriptible en virtud de que no establece ningún plazo de prescripción. De esta manera reitero, la norma aprobada por el Legislativo avanzaba en establecer un plazo de prescripción que no existe en forma expresa.
Por último y en lo que respecta a este acápite, cabe señalar que este veto se justifica plenamente, por cuanto no quedó bien zanjada la discusión de esta materia. Voy a dar un ejemplo de la importancia que ésta reviste.
Si se define que el Estado tiene una responsabilidad objetiva respecto de las funciones de quienes cumplen una tarea fiscal, ello puede conducir a que él se transforme en un asegurador universal. Así lo señaló en forma textual el profesor Pedro Pierri , quien concurrió a la Comisión acompañado de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, señora Clara Szczaranski. Ambos personeros fueron partidarios de oficiar al Ejecutivo a fin de solicitar que no se legislara sobre la materia, porque ello podía significar, lisa y llanamente, la quiebra o bancarrota del Estado en caso de que éste tomara las responsabilidades objetivas ya aludidas. Un ejemplo que ilustra esta situación es la expropiación de negocios debido a la construcción de vías. Si en esos casos se aplicara la responsabilidad objetiva, el dueño de ese comercio podría solicitar no sólo indemnización por el terreno expropiado, sino también por lo que ha dejado de percibir al no poder ejercer su actividad. Por lo tanto, la falta de definición en esta materia y la transformación del Estado en un asegurador universal pueden llevar a la bancarrota del fisco.
El abogado de la Secretaría General de la Presidencia, profesor señor Rolando Pantoja , también argumentó a favor del veto supresivo. Al respecto hay que subrayar que pocas veces se produce consenso sobre esta materia en el ámbito del derecho administrativo, hubo acuerdo en cuanto a que aún no se ha debatido lo suficiente como para definir, a través de la norma propuesta, el tema de si el Estado está obligado a asumir una responsabilidad objetiva o subjetiva.
En consideración a lo errático de la jurisprudencia y a la imposibilidad de zanjar la discusión doctrinaria a partir de la norma propuesta, la Comisión aceptó el veto supresivo. Además, se dejó constancia de que se trata de una norma ajena a la idea matriz en que se funda el proyecto de ley sobre probidad administrativa. A mi juicio, la única forma de resolver esta situación es mediante una reforma constitucional o una modificación que interprete el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Fundamental.
Un segundo punto se relaciona con un veto de carácter aditivo. Aquí, el consejo del Banco Central solicitó, al Ejecutivo y al Legislativo, trasladar la norma, que deben cumplir los consejeros del Banco Central, de efectuar una declaración patrimonial y de intereses al momento de asumir su cargo. La discusión se centró en si esa norma debía estar incorporada en la ley de bases generales de la Administración del Estado, tal como lo propusimos en su oportunidad y lo aprobaron ambas Cámaras, o se aceptaba, sin cambiar los contenidos y exigencias establecidos en la ley, la proposición del Banco Central en cuanto a incluirla en la ley orgánica constitucional del Banco Central. La razón esgrimida por el Banco Central fue bastante plausible: la naturaleza jurídica del organismo emisor lo convierte en una entidad autónoma o, como señala el famoso jurista Jeremy Bentham , en un “poder neutro”, tal como sucede con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Por consiguiente, el veto no se relaciona con el contenido de la norma, sino con un tema de carácter formal: la petición del organismo emisor, en virtud de la naturaleza autónoma o de poder neutro con que lo reviste la Constitución, a fin de que la exigencia de declaración patrimonial y de intereses que deben efectuar sus consejeros al momento de asumir su cargo se incorpore en la ley orgánica constitucional del Banco Central.
Reitero, los criterios expuestos fueron admitidos por la Comisión, la que, en forma unánime, aceptó el veto aditivo, según el cual se incorpora la norma contenida en la ley de bases generales de la Administración del Estado en la ley orgánica constitucional del Banco Central.
Con todo, no puedo dejar de comentar un tema que ya hice presente al Ministro Secretario General de la Presidencia. Con este veto, que incorpora la norma en comento a la ley orgánica del Banco Central, se discrimina claramente, porque se obliga a los consejeros del Banco Central a efectuar una declaración patrimonial de sus bienes y otra de intereses, sin extender esa obligación a otros funcionarios públicos, como el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, generales de las Fuerzas Armadas, parlamentarios, jueces, ministros de cortes de apelaciones y de la Corte Suprema.
A raíz de lo anterior, presenté una moción -fue suscrita por diputados de todas las bancadas- a fin de hacer extensiva la declaración patrimonial de bienes muebles e inmuebles a los demás funcionarios de la administración del Estado, así como a quienes cumplen funciones en los poderes Legislativo y Judicial. Una medida de esa naturaleza es lógica, igualitaria y transparente. No quiero hablar de una presunta inconstitucionalidad; pero, sí, alguien podría alegar por qué a los consejeros del Banco Central se les obliga a efectuar una declaración patrimonial y no a los demás funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
No obstante que ella no está contenida en el veto, existe la voluntad del Ejecutivo de establecer como requisito de ingreso y permanencia en la administración del Estado, el de no consumir drogas. Al respecto, el ministro Secretario General de la Presidencia ha reiterado su voluntad y compromiso de consagrar como inhabilidad para ejercer cargos públicos el ser consumidor de drogas. El diputado señor Orpis , junto con otros parlamentarios, presentaron una moción que está siendo tramitada en la Comisión Especial de Drogas. Está incorporada en la convocatoria extraordinaria, al igual que la moción que establece la declaración patrimonial.
El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Así es, señor diputado.
El señor LUKSIC.-
Felicito al ministro señor Insulza tanto por sus grandes logros en otras materias como por su diligencia en el tratamiento de esos dos temas, muy sentidos no sólo por el Parlamento, sino también por la opinión pública.
Reitero la solicitud de votar a favor tanto el veto supresivo, sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, como el veto aditivo, referente a los consejeros del Banco Central.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para votar los proyectos al término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, el proyecto en estudio, sobre probidad administrativa de los órganos de la administración del Estado, se refiere a materias muy interesantes; entre ellas, a la responsabilidad extracontractual del Estado. Sin embargo, como presidenta de la Comisión Especial de Drogas, me referiré a un tema muy específico que, en razón del compromiso contraído, debía incorporarse en el veto, pero que, finalmente, fue reemplazado por una moción que se incluyó en la convocatoria de la legislatura extraordinaria. Se trata de la incompatibilidad entre el consumo de drogas y la calidad de funcionario público. Aun cuando el tema no se consignó en el veto aditivo, en la Comisión estamos discutiendo la moción, cuyo autor es el diputado señor Orpis , y que cuenta con la firma de varios diputados, entre ellos los señores Rincón, Prokurica, la señora Lily Pérez y quien habla, que establece dicha incompatibilidad.
En verdad, se trata de un tema muy relevante. Ayer concurrió a la Comisión el presidente nacional de la Anef, quien manifestó su preocupación, pues consideran el proyecto sancionatorio y discriminatorio para los funcionarios públicos. Al respecto, cabe manifestar que la iniciativa tiende a fortalecer su calidad de tales, pues sabemos que en cuanto a probidad ellos se encuentran en el lugar número 20 en el nivel mundial, y en América latina ostentan el primer lugar. El proyecto tiende, precisamente, a no debilitar esa fuerza, porque está en juego la fe pública. Las decisiones de los funcionarios públicos, en particular de las autoridades, inciden de manera muy importante en el destino del país, y sabemos que las redes internacionales del narcotráfico tienen como blanco incorporar a las personas que toman decisiones, sobre todo a las que tienen que ver con la fe pública de un país.
Por eso, presentamos la moción, la que será mejorada en lo que corresponda.
Creemos que debemos proteger a nuestros funcionarios públicos, pues la gran mayoría no consume drogas; pero, en el caso de que exista tal consumo, debemos prevenir que se debilite la administración pública.
Quiero pedir a los parlamentarios y a las organizaciones que deseen hacer sus aportes en lo relacionado con el consumo de droga de los funcionarios públicos, que lo hagan en nuestra Comisión.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el veto del Presidente de la República recae en uno de los dos proyectos sobre probidad y corrupción que se encuentran en trámite en el Parlamento. El que estamos debatiendo moderniza la legislación vigente en lo tocante a publicidad y transparencia de los actos de administración del Estado, y establece un conjunto de medidas que tienden a que los funcionarios públicos, cualquiera que sea su categoría, actúen no sólo con pleno apego a la ley, sino también que sus actos puedan ser de conocimiento de la ciudadanía, para velar por el buen recaudo de los fondos públicos, la probidad administrativa y el cumplimiento ético de las labores que corresponden a quienes desempeñan funciones públicas, sea en la administración centralizada o en los distintos poderes del Estado.
El otro proyecto, de tanta importancia como el que estamos tratando, corresponde a una iniciativa parlamentaria probablemente se votará la próxima semana que establece nuevas normas que regulan y actualizan la legislación chilena en todo lo relacionado con el cohecho, el soborno, la negociación incompatible, el tráfico de influencias, el uso indebido de información privilegiada y otras materias de enorme importancia para la transparencia y el buen funcionamiento de los servicios públicos y de la administración del Estado.
La iniciativa cuyo veto estamos discutiendo, contiene una norma que vale la pena destacar, entre otras cosas, porque establece el principio de publicidad, según el cual los actos administrativos son esencialmente públicos, como los documentos que les sirven de sustento, materia que me parece muy importante tener en cuenta y recordar cuando se debate respecto del conocimiento público de todos los actos de la administración. Es fundamental considerarlo como un principio de carácter permanente que este Parlamento ha establecido en un proyecto de esta envergadura.
Como lo ha señalado el diputado informante con mucha claridad, a mi juicio el veto contiene tres órdenes de materias distintas:
La primera se refiere al compromiso, que el gobierno asumió, de enviar un proyecto que sancionara o regulara en forma adecuada los casos de consumo de drogas cuando se trata de personas que pertenecen o quieren acceder a la administración pública. Esta situación la analizó en detalle el diputado señor Jaime Orpis y hubo un compromiso del Gobierno de enviar un proyecto, incumplido cuando ingresó el veto, lo que paralizó la tramitación del proyecto. Ahora se está tratando en la Comisión Especial de Drogas uno que regulará todo lo relacionado con el consumo de drogas y el cumplimiento de funciones públicas. Me parece que, en definitiva, corresponde que esa materia sea analizada por dicha Comisión, junto con la revisión de toda la legislación relacionada con el tema.
La segunda materia se refiere a disposiciones del Banco Central, relacionadas con la obligatoriedad de sus autoridades de realizar una declaración de intereses o una declaración de su patrimonio, materia que se ha estimado conveniente y correcto regular por la propia ley orgánica del Banco Central y no por una legislación aparte, con el objeto de que la legislación sobre la materia tenga la adecuada armonía. Me parece correcto que así se haga. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en el veto.
El tercer punto se refiere a un tema de extraordinaria importancia más aún en el mundo moderno: la responsabilidad extracontractual del Estado.
Es un punto fundamental, porque uno de los grandes conflictos en las sociedades modernas es cómo los particulares se enfrentan al Estado cuando tienen litigios y conflictos, sobre todo con estados que, producto de la globalización de la sociedad, adquieren cada vez más información y poder respecto de los particulares.
En esta materia quiero refutar lo dicho por el diputado informante, en cuanto a que la responsabilidad extracontractual del Estado sea subjetiva. Ese criterio no lo ha establecido la jurisprudencia de los tribunales de justicia ni es la posición correcta en la materia para una parte importante de la doctrina. Nos referimos a los casos en que un particular se ve afectado por algún acto del Estado y que, a raíz de ese hecho que lesionó un derecho o le causó perjuicio, el Estado debe responder. La pregunta que nos hacemos es si debe responder desde el punto de vista económico pagando las indemnizaciones y daños causados a los particulares.
Eso es una cuestión de usual ocurrencia, y la gran discusión actual -y desde hace muchos años- consiste en determinar cuándo responde el Estado frente a ese particular que ha visto menoscabados sus derechos: ¿Sólo cuando actúa con dolo, esto es, con intención positiva de causar daño?, ¿cuándo un funcionario del Estado que actúa con culpa, esto es, con negligencia, con impericia, con falta de observancia a los reglamentos comete un acto que causa lesiones en los derechos de un tercero?
La tercera hipótesis es que el Estado responde cuando, no existiendo negligencia, el acto realizado, lisa y llanamente, demuestra falta de servicio o de capacidad para realizar la conducta que la sociedad espera del Estado, no sólo lícita, sino además eficiente y de acuerdo con las normas del buen funcionamiento de los servicios públicos.
La realidad es que el artículo 4º de la ley Nº 18.575 prescribe que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. La disposición legal no establece la exigencia de culpa ni de dolo, sino simplemente que el Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones. Entonces, la pregunta es si en este caso surge la responsabilidad del Estado. A mi juicio, sí surge. Dicha disposición es complementada por el artículo 44 de la referida ley, según el cual “los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio”. La discusión jurisprudencial ha consistido en qué significa la “falta de servicio”. Para algunos, negligencia; para otros, simplemente no cumplir con el cometido normal que implica el buen servicio; es decir, aun cuando no exista negligencia propiamente tal, no llevar adelante su labor en los términos que se esperan del buen funcionamiento de un servicio público.
Hago este alcance porque, sin duda, esta materia amerita una revisión de parte del Congreso, y aceptamos el veto porque existe una controversia muy de fondo en torno de si la legislación aprobada favorece o desfavorece a los particulares frente a las lesiones que sufran por actos del Estado. Curiosamente, cuando examinamos esta materia en la Comisión de Constitución, nos dimos cuenta de que algunos profesores de Derecho Administrativo postulan que esta norma tiende a otorgar mayor fuerza a los derechos de los particulares, mientras que, por otra parte, se sostenía que la normativa que habíamos aprobado, en realidad, otorgaba más fuerza y derechos al Estado.
Frente a esto, dado que el proyecto apunta a otros aspectos de la probidad que dicen relación con el buen funcionamiento de los servicios públicos, como la buena conducta, la actitud proba, honesta y transparente de los funcionarios públicos, el acceso a la información, a la publicidad de los actos públicos, y siendo ésta una materia de una especialidad distinta, nos pareció correcto mantener la legislación vigente para que fuera objeto de revisión y no incorporar dos o tres artículos en este proyecto de ley. Por lo tanto, el veto supone retirar estas normas del proyecto, dejar la legislación vigente sobre responsabilidad extracontractual del Estado y someter cualquier cambio a una ley que se pueda dictar en el futuro para perfeccionar las normas sobre dicha responsabilidad.
De manera que dejo sentado este precedente, este principio. A nuestro juicio, no es un hecho real que la responsabilidad del Estado surja sólo cuando es subjetiva. Es perfectamente posible así ocurre en muchos Estados de derecho que la responsabilidad sea objetiva. Parte de los fallos de nuestros tribunales de justicia así lo han establecido. Creemos que esta materia debe analizarse en su oportunidad.
Por esa razón, aprobaremos el veto, para hacer una revisión completa de las normas sobre responsabilidad extracontractual del Estado.
Dos consideraciones finales, señor Presidente.
En primer lugar, por su intermedio, quiero reclamar por la falta de rigurosidad técnica del Gobierno en la presentación de este veto, la cual llegó a tal punto que olvidó eliminar la quinta disposición transitoria, que señala que “el inciso segundo del nuevo artículo 4º de la ley Nº 18.575, contenido en el artículo 1º, Nº 3 de esta ley, se aplicará exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la publicación de este cuerpo legal”.
En virtud de ese error técnico, quedará vigente una norma que hace mención de un precepto que el veto deroga; y como siempre que ocurre esto la responsabilidad se le imputa al Parlamento, me permito pedir, por su intermedio, señor Presidente, que se represente al Gobierno la falta de acuciosidad y rigurosidad en la elaboración de un veto de esta importancia, lo que demuestra francamente falta de profesionalismo en el tratamiento de esa disposición. La Cámara de Diputados tiene el deber de representar esto, como corresponde en la tramitación de una ley, materia que deberá ser objeto de una ley que derogue la disposición transitoria indicada para los efectos de que no exista ninguna confusión respecto del sentido y alcance del veto del Presidente de la República.
En esta omisión, el Parlamento no sólo no ha tenido ninguna responsabilidad, sino que, incluso, representó la situación a las autoridades de Gobierno.
En segundo lugar, este proyecto, en su globalidad, constituye un gran aporte para enfrentar la corrupción en Chile. Las cosas hay que decirlas por su nombre y con claridad: ésta es una excelente ley. Habrá que ver, en su aplicación, si normas excesivamente rigurosas no terminan operando en sentido contrario.
Además, quiero refutar la afirmación de que la circunstancia de que para ciertas autoridades no exista la obligación de declarar sus bienes sería una especie de arbitrariedad. La realidad es que en el mundo moderno, en los países avanzados, las autoridades declaran sus intereses, lo que está previsto en este proyecto. Siempre se ha considerado que lo fundamental es saber dónde tiene interés la autoridad, para determinar si actuó en beneficio de sus propios intereses o de su patrimonio. Hoy, en el mundo avanzado, ya no hay tanta preocupación por el patrimonio, por los bienes muebles e inmuebles que tenga una persona, sino por sus intereses, para saber dónde se produce un conflicto entre los intereses públicos, que todo servidor público debe cautelar, y los intereses privados, que, tratándose de servidores públicos, deben quedar siempre subordinados a los primeros.
De manera que, a mi juicio, el punto trascendente es que esta legislación establece la obligación de que las autoridades declaren intereses.
Por lo tanto, en nombre de Renovación Nacional, expreso que votaremos favorablemente el veto; que nos parece una buena ley; que reclamamos por los errores técnicos del proyecto, y que esperamos que la legislación sobre la responsabilidad extracontractual del Estado se lleve adelante en un plazo razonable para perfeccionar los derechos de las personas en contra de la Administración Pública y, simultáneamente, cautelar adecuadamente los casos en que son lesionados por actos del Estado.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en primer lugar, recogeré una observación del diputado señor Alberto Espina , en el sentido de que en este proyecto sobre probidad administrativa se exige publicidad y transparencia. Efectivamente, el artículo 11 bis que sería bueno tenerlo presente en este enorme debate que se ha suscitado a través de los medios de comunicación sobre los pagos de honorarios y de asesorías, porque la publicidad y la transparencia de la administración del Estado tienen algunas limitaciones señala lo siguiente: “Cuando el requerimiento se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos o intereses de terceros, el jefe superior del órgano requerido, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo”.
Si esta norma estuviera vigente, ni los jefes de servicios ni los ministros de Estado podrían remitir antecedentes o documentos que afecten a terceros, salvo que esos terceros consientan en ello, y para ese efecto, los ministros y los jefes de servicios respectivos deberán comunicar a ese tercero que se están pidiendo dichos documentos.
Al respecto, quiero recordar que la UDI presentó en 1990 un proyecto de ley, firmado por diputados de esa época, para que las declaraciones de impuestos, especialmente las del global complementario, se mantuvieran bajo estricto secreto.
Si examinamos el Código Tributario y esta disposición que va a entrar pronto en vigencia, debemos llegar a la conclusión de que habrá muchos terceros que, amparados en la normativa sobre secreto tributario, van a oponerse a que los jefes de servicio o los ministros de Estado den a conocer las sumas percibidas como honorarios, porque eso estaría afectando a secretos profesionales de terceros. No sé si un abogado, un contador, un ingeniero, un arquitecto estaría dispuesto a dar su consentimiento para que el respectivo servicio entregue estos antecedentes o documentos, lo que hoy sólo se puede lograr mediante orden judicial, por un simple requerimiento de la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, creo que debemos hacernos las siguientes preguntas, que son muy simples, respecto de la responsabilidad extracontractual del Estado:
Primero, ¿debe el Estado responder a todo evento, en cualquier caso, por los daños que pueda causar a un tercero?
Segundo, si el Estado actúa dentro de la ley, ¿deberá pagar a terceros los daños que les cause?
Ésas son las preguntas que se deben responder y que fueron debatidas por los legisladores de la Constitución de 1980, incluso antes, desde la discusión de las actas constitucionales, pero no han podido determinar la cuadratura del círculo. Por eso, mediante una disposición de competencia, porque así se puede llamar, señalaron que lo contencioso administrativo debería arreglarse a través de tribunales especiales para determinar la responsabilidad del Estado en aquellos casos en que se lesionen los derechos de las personas.
Como dije, esta materia ha dado origen a un gran debate, el que también se produjo durante la tramitación de este proyecto, por lo que el veto del Presidente de la República nos dice: “No sigan discutiendo sobre este punto, porque no corresponde a la probidad administrativa y porque es una materia que están debatiendo los académicos en la doctrina, en los artículos y textos que leemos los juristas, y en la jurisprudencia.” En consecuencia, debemos atenernos a lo que ya existe: a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución, que establece la competencia de los tribunales contenciosos cuando se lesiona el derecho de una persona o a este principio general establecido en el artículo 4º de la ley de bases generales de la administración del Estado y a lo contemplado en el artículo 44 de dicha ley, así como en la ley municipal, que señalan que existe esta responsabilidad extracontractual del Estado solamente cuando el daño que causen sea por falta de servicio y que el Estado tendrá derecho a repetir en contra de los funcionarios si hubiesen actuado con culpa o con dolo.
En consecuencia, hizo bien el veto en suprimir esta cuestión y dejarlo tal como estaba; o sea, en no innovar sobre esta materia, que fue muy discutida durante toda la tramitación del proyecto.
En tercer lugar, la disposición quinta transitoria del proyecto, que, como lo expresé en la Comisión cuando se trató el veto, quedó subsistente, porque las observaciones no suprimieron este artículo, que establece que las normas sobre prescripción de la responsabilidad extracontractual de cuatro años contenida en el artículo 4º del proyecto sólo regirán para hechos futuros y no para los pasados. Como dije, eso lo invoqué en la comisión mixta, atendido que podían afectarse los derechos humanos de las personas que habían sido objeto de crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles; sin embargo, el veto se olvidó de suprimir esta disposición quinta transitoria.
¿Cuáles son las soluciones? El diputado señor Espina dice que hay aquí una falta de rigurosidad. Para otros, al caer lo principal, cae lo accesorio, porque siempre lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, si muere la disposición que le servía de sustento, no cabe la menor duda de que la disposición transitoria morirá. Ésta es una cuestión de sentido natural y obvio, que creo que no necesita de otra ley.
No obstante, también hay otros caminos que se pueden explorar.
En primer lugar, por imperativo de la Carta Fundamental, dado que se trata de una ley orgánica, el Tribunal Constitucional deberá examinar la constitucionalidad de esta iniciativa. En consecuencia, cuando la examine podrá sostener, sin requerimiento alguno, que la disposición quinta transitoria no puede regir, puesto que la disposición que le servía de base, de sustento, que era el artículo 4º de la ley de bases generales de la administración del Estado, que modifica el proyecto, fue objeto de un veto supresivo. En consecuencia, por haber muerto lo principal, también muere lo accesorio.
En segundo lugar, si no se aceptara lo anterior, el Presidente de la República podría requerir al Tribunal Constitucional la supresión de la disposición quinta transitoria, porque su vigencia carece de toda eficacia. Ese artículo sería nonato si se aprueba el veto supresivo, no habría nacido jamás a la vida del derecho y, en consecuencia, no tendría ningún efecto.
Creo que el proyecto y termino con esto representa un enorme avance en materia de probidad, puesto que históricamente estaban sometidos a estas normas exclusivamente los funcionarios públicos y municipales y ahora alcanzará a todas las autoridades: Presidente de la República, ministros, jefes superiores de servicios, parlamentarios, miembros de los tribunales superiores de justicia, de la Contraloría General de la República, del Banco Central de Chile, etcétera. No cabe duda de que hemos dado un enorme paso adelante con este proyecto que establece prohibiciones, incompatibilidades, principios de publicidad, de transparencia, de acceso a las fuentes y a las bases que sirven de sustento a las resoluciones administrativas, y es indispensable que la ley empiece a regir lo más pronto posible.
Por ello, anuncio que los diputados democratacristianos votaremos favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, seré muy breve porque no deseo reiterar los argumentos que ya se han dado a favor de las observaciones del Ejecutivo.
Me hago eco de las expresiones que ha vertido el diputado señor Elgueta y suscribo íntegramente sus fundamentos. Sólo quiero reafirmar el carácter más positivo que extraigo de esta disposición: de una vez por todas, los agentes públicos, en general, serán medidos con el mismo rasero.
No es justa y es odiosamente discriminatoria la vigencia de disposiciones que salvaguarden el principio de probidad pública sólo en un área de la administración y que en otras, donde también se manejan recursos públicos, esté entregado sólo a la conciencia individual de quienes allí se desempeñan.
Tal como decía el diputado señor Elgueta , tener una legislación con los principios aquí involucrados constituye motivo de orgullo para el conjunto de la administración del Estado. Significa también, por cierto, mayor protección para el ciudadano, en términos de que todo lo que concierne a sus intereses, que son manejados por personas que ocupan distintas posiciones dentro de la jerarquía institucional del Estado, serán sometidos a los mismos criterios y evaluaciones que correspondan.
En virtud de ello, me complace anunciar el voto favorable de la bancada del Partido por la Democracia, reiterando que nos encontramos muy satisfechos de que este aspecto haya sido abordado por el Ejecutivo en una forma tan lógica y justa.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, quiero reiterar y reforzar algunas ideas previamente entregadas por el diputado señor Elgueta en cuanto a que la discusión que se está efectuando por los diarios, debemos tenerla entre nosotros.
Me llama mucho la atención cuando colegas míos, sobre todo de la Oposición, van al Tribunal Constitucional con una lógica, discuten acá con otra y a los diarios, simplemente, entregan una tesis distinta. Esto me resulta incómodo porque hay que ser coherente.
El artículo 11 bis, aparte de la publicidad, consagra un principio que no teníamos antes en nuestra legislación: la propiedad de los datos propios en las bases públicas.
Es una realidad que los terceros particulares tienen derecho, eventualmente, a la privacidad de sus datos propios en las bases públicas, lo que está contemplado en el proyecto que estamos aprobando y que, además, no es materia de discusión, porque la ley va a ser promulgada y hay acuerdo entre las dos Cámaras respecto del punto.
Hay algunos que de repente dicen: “Ojo, datos sensibles”, porque efectivamente el tema no se mencionó en este proyecto, sino en otro sobre la honra de las personas.
Ayer, en un debate televisivo con la diputada señora Lily Pérez , tal vez por su rapidez mental me confundió, traspapeló la legislación y mencionó otro proyecto. Pero, efectivamente, al consagrar la propiedad de los datos propios en bases públicas se está haciendo un corolario de la Constitución y no de otro proyecto de ley. Proteger la vida privada y la inviolabilidad de la intimidad es un principio de la Carta Fundamental, por lo que se puede invocar frente a cualquier ley.
Lo que molesta es que, diputados aparezcan, en un alegato por la prensa, pidiendo, por ejemplo, todos los datos sobre honorarios. Pero, aparte de la completa contradicción que tienen respecto de lo aprobado en este proyecto, demuestran otros contrasentidos, porque lo que solicitan es completamente contradictorio con lo aprobado también en la discusión presupuestaria de 1996 y del año pasado. En la Comisión Mixta de Presupuestos debatimos sobre la probidad y se llegó a la conclusión de que cuando se trataba de información sobre honorarios que la Oposición pedía en 1996 y también el año pasado, no podíamos llegar al extremo de entregar la nómina.
La Oposición lo entendió muy bien en 1996 y el año pasado cuando se precisaron los acuerdos alcanzados en materia de entrega de asesorías, consultorías y honorarios. Justamente en 1996 acordamos un sistema que consistía en entregar los recursos, de acuerdo con el número de personas y profesionales adscritos a las plantas de honorarios de cada ministerio. Además, debe tenerse presente que los honorarios son materia de ley de Presupuestos porque sus montos globales se aprueban en cada discusión presupuestaria y que cada decreto que da pie a contratos de honorarios requiere el control de la Contraloría General de la República, a través del trámite de toma de razón. De manera que estos contratos también son sujetos a control administrativo. Sin embargo, se ha tratado de proyectar la imagen de que hemos escondido información, de que no queremos mostrarla, cuando hace rato hay controles legales vigentes sobre la materia, y además, se está entregando información en conformidad con los acuerdos suscritos con la Oposición.
Por ello, cuando se trata de generar, a mi modo de ver, un show electoral absolutamente inaceptable, uno tiene que recordar las normas que se están aprobando en el Congreso y los acuerdos alcanzados en dos discusiones presupuestarias con los parlamentarios que participaron en la Comisión de Hacienda en esas oportunidades.
Pero no solamente en dichas ocasiones. ¿Por qué motivo recurrieron al Tribunal Constitucional por la base de datos sobre los deudores comerciales en el marco de la ley de Bancos? Por la misma razón. Ellos, dirigidos por los entonces senadores señor Piñera y señora Feliú , dijeron que eventualmente no podíamos dar a conocer el monto del endeudamiento global no financiero de las personas. Eso dijeron: que no podíamos dar esa información, cuando no la estábamos ni siquiera entregando a nivel público, ya que la estábamos llevando y compartiendo en una base de datos que se iba a mantener de manera reservada. Pero no. Alegaron que eso afectaba la intimidad y la inviolabilidad de la vida privada de las personas. Ganaron ese punto y cayeron las normas de esa iniciativa.
Entonces, pido coherencia en esta materia, porque la tramitación del proyecto de ley sobre probidad ha sido muy larga y ha estado plagada de declaraciones de buenas intenciones, del deseo de tener una administración más transparente, de que los actos de la administración sean públicos, pero nadie se ha dedicado a ver la letra chica.
A mi juicio, uno tiene legítimo derecho a invocar estas normas en el debate público sobre los honorarios a nivel público y que nos digan cómo concilian las normas y las votaciones que, a mi modo de ver, han sido absolutamente contradictorias con el comportamiento parlamentario en la Cámara y en los diarios.
Con este proyecto de ley estamos protegiendo datos propios de las bases públicas, y si se quiere violar ese principio, va a empezar una caza de brujas. ¿Por qué motivo uno va a poder escarbar los datos propios de la base pública durante un año y no todos? ¿Por qué no va a poder escarbar y descubrir que el senador que pide información sobre mi contrato a honorarios está a su vez en las nóminas del Ministerio del Interior de 1989 y 1988? ¿O que uno de los diputados de oposición, cuando era subsecretario, tenía un sobresueldo en Codelco? ¿O que el candidato presidencial que enarbola estos principios tan fuertemente financió buena parte de su campaña con la venta de sus libros a Codelco y otros ministerios, como hemos sabido en la mañana de hoy.
¡Resulta curioso descubrir los doble estándares de un grupo de personas que aquí actúan y votan de una manera, pero que afuera tienen un comportamiento completamente contradictorio. Si uno va a proteger la vida e intimidad de las personas, lo tiene que hacer para siempre, sin excepciones; porque, de lo contrario, se expone a que se lo recuerden en cada caso y en cualquier circunstancia, cuando muestran lo que muchos de nosotros creemos que tienen: un doble discurso, un doble estándar, una doble lógica.
En el marco de esta discusión, me siento con el absoluto derecho -del mismo modo que la diputada Antonella Sciaraffia que tocó el tema de drogas y que el diputado Elgueta , que se refirió a temas relacionados con el artículo 11 bis- a pedirles a nuestros colegas de la Oposición que lean la “letra chica” de este proyecto y que cuando discutan en cualquier parte, simplemente, concilien lo que dicen con lo que votan.
En esta materia vamos a enfrentar un debate, porque estamos recién comenzando a tratar un conjunto de temas que estaremos como tirándonos por la cabeza en un clima que espero no se enrarezca. Pero les pido que generemos leyes que tengan una coherencia mínima acerca de cómo queremos que nuestro diseño público funcione. Y creo que es perfectamente posible tener una administración transparente, con datos públicos que funcionen; que esté sujeta a controles legales, administrativos y también de debate público, sin necesidad de llegar a extremos. En la práctica, quienes los están iniciando y alimentando van a terminar muy mal parados, porque tienen un tejado de vidrio del porte de una catedral.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, concedo una interrupción al diputado señor Prokurica.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Gracias, diputado Bartolucci.
Señor Presidente, no había pensado intervenir, pero lo haré porque veo que quien me antecedió en el uso de la palabra no sólo no pretende aclarar el tema, sino que pretende confundirlo. En efecto. A troche y moche trata de confundir aquella deuda entre personas y empresas privadas con el tema de los recursos públicos. Aquí hemos dicho, permanentemente, que debe haber absoluta transparencia en la inversión de los recursos públicos. ¿Qué tiene que ver eso con la deuda de un privado con una financiera o con una empresa comercial? ¡Nada!
Además, quienes denuncian el tema de las asesorías no son parlamentarios de Oposición. Quienes denuncian el tema de la danza de millones de dólares no somos nosotros; no es la diputada Lily Pérez. Es don Rodrigo Moraga quien denuncia un aumento inescrupuloso de asesorías que representa una cantidad impresionante de recursos que no tiene respaldo. Ésa es su acusación. No sólo que ascienden a 3.800 millones durante el gobierno militar, en 1990, sino que aumentan a 25.600 millones.
A mi juicio, no es bueno jugar con la honra pública. ¿Qué tiene de malo que algunos diputados hayan recibido recursos por asesorías cuando fueron funcionarios públicos? Si ellos prestaban un servicio a alguna empresa del Estado no lo podían hacer gratis. El señor Jocelyn-Holt no se ha dado cuenta todavía de que en la denuncia de un funcionario del Estado puesto por el Presidente de la República, don Rodrigo Moraga , aparecen miles de millones de pesos del Estado sin ninguna justificación. Ése es el problema de fondo.
Entonces, no empecemos a tirar cortinas de humo. Aquí hay muchos diputados de su bancada que han sido directores de empresas del Estado. Yo los felicito; han cumplido quizás una labor honorable; no hay nada que criticarles. Cosa distinta es aquellos que tienen boleta y pueden prestar servicios, y no han hecho nada por el Estado, porque eso es realmente lo que nos preocupa.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Recupera la palabra el diputado Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, el tema que se está debatiendo es muy interesante, pero, desgraciadamente, debo referirme ahora...
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor diputado, ¿me permite una interrupción?
El señor BARTOLUCCI.-
No, porque si vuelvo a dar otra interrupción, al final, me voy a quedar sin tiempo para referirme a esta iniciativa.
Después se la puede conceder otro parlamentario.
El veto presidencial no es tan simple como pareciera. Su presentación nos retrotrae a discusiones que ya tuvimos y otra vez nos pone en el disparadero para tomar decisiones de fondo.
En primer lugar, respecto de la responsabilidad extracontractual del Estado, ya tuvimos una larga discusión. El Congreso zanjó la cuestión en un sentido determinado. Al Ejecutivo le parece que establecer prácticamente la responsabilidad objetiva del Estado es ir demasiado lejos. Aquí se ha explicado con largueza el significado de dicha responsabilidad, por dolo, por culpa, y todo depende de cómo se redacten en definitiva las disposiciones. Al final, son los tribunales de justicia quienes deben hacer la interpretación respectiva.
Al Consejo de Defensa del Estado, al Gobierno, le ha parecido que las disposiciones de la Cámara, en los números 3 y 12, que reemplaza el artículo 4º y deroga el inciso segundo del artículo 44 de la ley de Bases, establecen en nuestro país el sistema de responsabilidad objetiva del Estado y nos propone eliminarlos y dejar las normas como estaban en la referida ley. El Ejecutivo estima que son dos disposiciones que establecen responsabilidad objetiva sólo por lesiones, falta de servicio, etcétera, y que, en definitiva, los tribunales resuelven.
Por lo que he conversado con diferentes diputados de mi partido, estamos por el criterio del Ejecutivo. Nos parece que, efectivamente, tal como el Congreso redactó la norma, nos acercamos bastante a lo que podría considerarse responsabilidad objetiva. No somos partidarios de llevar al Estado a esa situación, es preferible volver sobre los criterios de la ley de Bases y dejar a los tribunales la interpretación de sus artículos 4º y 44, en el sentido de que zanjen caso a caso hasta donde llega la responsabilidad del Estado. Por ello, aprobaremos el veto supresivo.
Dentro del veto supresivo y de la responsabilidad del Estado hay una norma que no deja de ser importante y aquí también se mencionó que establece la acción para perseguir la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual prescribiría en cuatro años. Así lo había dispuesto la Cámara en su reforma, pues la actual ley de Bases no contiene esta disposición, y, como ha explicado el diputado Luksic , hay tratadistas que indican que el Estado responde siempre y repito no existiría prescripción administrativa respecto a la responsabilidad o extracontractual del Estado.
El Ejecutivo nos propone también suprimir esta norma de prescripción de manera que se mantenga la situación actual. Creo que es preferible quedarse con el criterio del Ejecutivo en esta materia. Es bastante discutible, por lo demás, hacerlo en un veto, sin ir a comisiones, y debatir técnicamente cual debiera ser el plazo de prescripción.
Por eso, el veto del Ejecutivo no es tan simple, porque nos retrotrae a temas que no deben discutirse con rapidez durante la tramitación de un veto.
Por eso, mi partido y yo estamos a favor de la norma del Ejecutivo, en el sentido de eliminar la prescripción de la responsabilidad del Estado en cuatro años. Más adelantes veremos cómo se resolverá ese punto.
En la página Nº 19 del boletín comparado, se plantea esta misma situación respecto de las municipalidades. El Congreso Nacional había establecido que la acción para perseguir la responsabilidad patrimonial de ellas prescribiría en cuatro años. Sin embargo, el Ejecutivo, al suprimir el Nº 8, deja sin norma esta materia, porque el artículo 137 de la actual ley de municipalidades no señala plazo de prescripción para la responsabilidad extracontractual de los municipios.
Si vamos a dejar al Estado sin norma de prescripción, debemos hacer lo mismo con los municipios, situación que puede resolverse con posterioridad en otro proyecto de ley y no sobre la base de la tramitación de este veto. Por lo tanto, también votaremos favorablemente la observación Nº 3, que suprime el Nº 8 del artículo 4º.
Otro tema importante se refiere al Banco Central. La Cámara había establecido en su artículo 19 que los funcionarios públicos los llamaré así genéricamente deben presentar una declaración de intereses y desechó la de patrimonio. Este asunto se vio con el Senado y se discutió en la comisión mixta, después de lo cual se remitió a la Cámara la proposición correspondiente. En definitiva, nosotros mismos aprobamos que sólo hubiera declaración de intereses para los funcionarios públicos y no una de patrimonio.
Ahora el Ejecutivo nos dice dos cosas. En primer lugar, que los consejeros del Banco Central no deben quedar dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque acepta el argumento del Banco Central en cuanto a que es un órgano de rango constitucional, de carácter autónomo y que no se rige por las disposiciones aplicables a la administración. Acoge ese criterio y manda el veto para sacar de esta iniciativa de ley a los consejeros del Banco Central, pero establece otra disposición en la que agrega algo muy importante, que mencionaré más adelante, en la ley orgánica del Banco Central.
De seguir este criterio, tanto los generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas como los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las municipalidades, que también tienen su ley orgánica propia, pedirán que se coloque dicha disposición en ellas, con lo cual quedará incorporado en el artículo 59 sólo el Poder Ejecutivo. A lo mejor, es lo que deberíamos hacer, pero tampoco es una materia para tratar en la discusión de un veto. Si el Ejecutivo desea sacar de este artículo a los consejeros del Banco Central, propongo hacer lo mismo con todos y trasladar la disposición a sus correspondientes leyes orgánicas.
A mi juicio, es preferible no efectuar modificaciones, rechazar el veto aditivo en este punto y dejar a todos, funcionarios y autoridades, en la ley de administración del Estado: jueces, ministros, Presidente de la República, consejeros del Banco Central, generales, almirantes, concejales, consejeros, etcétera, tal como está redactado el artículo 59, y no hacer excepción alguna.
Sin embargo, el punto es más complejo, porque hay una segunda cuestión. Cuando el Presidente de la República propone en su veto que eximamos a los consejeros del Banco Central de la declaración de intereses y los traslademos a su propia ley, ¡cuidado!, porque además estaría agregando que deben hacer declaración de patrimonio. Como lo explicó el diputado señor Luksic , serían los únicos funcionarios públicos que tendrían que cumplir con ese requisito. Con ello, se produce una diferencia que no tiene un fundamento que la sustente, por lo cual es preferible no innovar en esta materia.
No obstante ello, el Presidente de la República está modificando la ley orgánica del Banco Central por la vía del veto. Una cosa es el veto supresivo, donde nos dice: “Vamos a sacar a los consejeros del Banco Central, porque deberían figurar en su propia ley”. Es un aspecto discutible, prefiero no hacerlo, pero, al final, digo “Conforme”; y otra es que se modifique la ley orgánica constitucional del Banco Central y se le agregue algo. Entonces, pregunto: ¿Pueden modificarse las leyes orgánicas constitucionales por la vía del veto?
Ante esta situación, pido el pronunciamiento de la Mesa sobre la constitucionalidad de esta observación, por cuanto, por la vía del veto, se está modificando la ley orgánica del Banco Central, más allá que estemos de acuerdo en que haya o no declaración de patrimonio. A mi modo de ver, las leyes orgánicas deben modificarse cumpliendo todos los trámites que corresponde. En este caso, si lo estima conveniente, el Presidente de la República debería sacar de este artículo a los consejeros del Banco Central veto supresivo, pero no, mediante el veto aditivo, modificar sustancialmente la ley orgánica del Banco Central.
Ésta no es una cuestión política ni dice relación con Gobierno y Oposición. Como Cámara y Congreso Nacional debemos preguntarnos si vamos a aceptar la modificación de esta ley orgánica, pues de esa manera, en cualquier veto, el Presidente de la República podría modificar otra, ya que aquí ha agregado la declaración de patrimonio, algo que no existía. Esta disposición fue eliminada por la Cámara, pero la repone en otra ley, por la vía del veto. Veamos este aspecto en la ley misma; es decir, que mande un proyecto para modificar esa ley orgánica.
Reitero que, como Congreso, debemos plantearnos si vamos a aceptar la modificación de una ley orgánica mediante un veto.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al diputado señor Elgueta.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, junto con agradecer al diputado señor Bartolucci la interrupción que me ha concedido, debo decir que no me referiré a la ley de Moraga, a la que han hecho alusión otros diputados, sino al punto en estudio.
No se está modificando la ley orgánica del Banco Central mediante un veto aditivo, la cual, durante la tramitación de esta iniciativa, fue modificada en una de sus instancias. En la Cámara de Diputados se enmendó y por eso tuvimos una discusión con el Senado, el que, a su vez, quería trasladar esta obligación de los consejeros a la ley orgánica del Banco Central, a petición de ellos.
Por eso, al revisar el actual artículo 59, podemos comprobar que se incluye a los consejeros del Banco Central para que estén obligados a presentar estas declaraciones de patrimonio y de intereses. En consecuencia, la parte del artículo 59, que contenía a los consejeros del Banco Central respecto de esta materia, se traslada a la ley orgánica del Banco Central.
Durante la tramitación del proyecto, siempre se mencionaron las modificaciones a la ley orgánica del Banco Central. Entonces, no es efectivo que el Presidente, en forma original y primitiva, le introduzca enmiendas.
Por último, no puedo dejar pasar la afirmación del diputado señor Bartolucci , en el sentido de que, al suprimir del proyecto el artículo 4º de la ley de Bases, quedaremos sin prescripción respecto de la responsabilidad extracontractual, porque dos artículos del Código Civil rigen y subsisten sobre la materia. La norma general que se aplica en caso de que no exista ninguna, dice que las acciones que concede o sea, por responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto. Después, en materia de prescripción, señala que se aplica a todas las personas, a favor y en contra. Y enumera al Fisco, a las municipalidades, a la iglesia, etcétera. En consecuencia, concluyo que existen estos artículos, sobre todo el Nº 2497, del Código Civil, que dispone: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor o en contra del Estado...”. Son normas generales y supletorias, en defecto de toda otra disposición.
Muchas gracias.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, en cuanto al punto dos, planteado por el diputado señor Elgueta , en efecto rigen las disposiciones generales sobre prescripción, pero yo me referí a que no tenemos una prescripción administrativa expresa para la responsabilidad extracontractual del Estado, los municipios, etcétera. Desde luego, quedan vigentes las normas generales de prescripción del Código Civil. Es obvio.
Sin embargo, de todos modos dejo planteada la duda de constitucionalidad, porque ningún artículo del proyecto modifica la ley orgánica constitucional del Banco Central. El 1º modifica la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, el 2º se refiere a la probidad administrativa, el 3º modifica la ley orgánica constitucional de gobierno y administración regional, el 4º modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, el 5º modifica el Estatuto Administrativo, etcétera, pero, reitero, ningún artículo modifica la ley orgánica constitucional del Banco Central.
Sólo en el artículo 59 del título III, que se agrega a la ley Nº 18.575, se nombra a los consejeros del Banco Central, pero el proyecto no contiene modificación a su ley orgánica. Así, por la vía del veto, se pretende modificarla, procedimiento que no debiéramos aceptar o, por lo menos, debatirlo en un momento más.
Por eso, rechazaremos el veto aditivo.
En relación con el último punto, de la inhabilidad para ejercer su cargo los funcionarios públicos que consuman drogas, concederé una interrupción al diputado señor Orpis para que se refiera a él.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El problema es que a su Señoría se le ha terminado el tiempo. No obstante, inscribiré al diputado señor Orpis para que haga uso de la palabra.
El señor BARTOLUCCI.-
Muchas gracias.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, concedo una interrupción a mi colega de bancada Tomás Jocelyn-Holt.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, sin perjuicio de la ilustrativa intervención del diputado señor Bartolucci , no puedo dejar de referirme a la del diputado señor Prokurica. Es mi deber hacerlo.
Contestaré una parte de su intervención en Incidentes.
La verdad es que no entiende nada de lo que se discute con motivo del proyecto. Frente a su afirmación de que confundo los planos, en cuanto a los antecedentes entre privados y a los que pueden exigirse en la administración del Estado, le pido que se remita a la página tres del comparado y lea el artículo 11 bis.
En él no sólo se consagra la propiedad de los datos personales en bases ajenas, sino que se refuerza la propiedad de esos datos sobre bases públicas.
Supongo que el castellano será una fuente de unión entre el diputado señor Prokurica y yo. Quiero ilustrar mis palabras, sobre todo con el inciso quinto del artículo 11 bis, que dice: “Cuando el requerimiento se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos o intereses de terceros, el jefe superior del órgano requerido...”. ¿Cuál es el alcance de la expresión “jefe superior del órgano requerido”? ¿Se trata del presidente de la Cámara de Comercio de Santiago? ¿De Dicom? No. Se refiere, precisamente, a los órganos que están regidos por la ley orgánica de bases generales de la administración del Estado.
Por eso, es indispensable entender que se consagra la propiedad de antecedentes privados en bases públicas, principio que también va a reforzar la teoría y la lógica de que si existe sobre bases públicas, con igual derecho existe sobre bases privadas. Evidente. Quien puede lo más, puede lo menos.
Esto tiene enormes repercusiones, incluso en el debate que algunos diputados tienen a través de la prensa.
Muchas gracias.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, se debate uno de los proyectos de mayor interés de la legislatura extraordinaria, puesto que dice relación directa con la profundización del proceso democrático, vía consagración de normas que permitan una mayor transparencia en el sector público, en torno al cual, obviamente, gira el sistema.
Por tanto, dada la importancia del debate, debo hacer ciertas aclaraciones, antes de exponer dos o tres consideraciones que creo fundamentales.
Respecto de que los honorarios del Gobierno en los últimos años han subido, deben tenerse presentes dos cosas. Una, el porcentual que representan en el total del Presupuesto de la Nación, que no alcanza al uno por ciento, y otra, el crecimiento de la actividad técnica que requiere de asesoría por parte del Estado, sólo, a vía de ejemplo, por las concesiones a privados de carreteras, rubro tradicionalmente manejado por él.
Es decir, el problema de las asesorías debe ser tratado en su justa medida. De lo contrario, se puede caer en un análisis sesgado y, obviamente, en una discusión excesivamente politizada.
Por eso, vale la pena vincular mis palabras con la alusión a Rodrigo Moraga , auditor general del Gobierno, quien, en distintas ocasiones, como les consta a todos los parlamentarios, ha entregado una serie de antecedentes derivados de una labor encomendada directamente por el Presidente Frei , con el objeto de generar una mayor transparencia en la administración del Estado.
Como consecuencia de ellos, se han investigado distintas denuncias. Recuerdo a mis colegas de la Comisión de Minería, por ejemplo, el problema de Alto Cachapoal , que ha motivado varias sesiones.
Por eso, si los diputados de Gobierno -el que habla, como presidente de la Comisión de Minería y Energía- hemos estado dispuestos a tratar determinados problemas, como el de Alto Cachapoal el colega Baldo Prokurica lo conoce bien, tal vez los parlamentarios de Oposición podrían hacer lo mismo, en términos de la posibilidad de investigar denuncias recientes de las cuales omito su nombre para no politizar las respecto de algunas ventas a Codelco.
El señor ESPINA.-
De todas.
El señor RINCÓN.-
Mi colega Alberto Espina dice que de todas. Entonces, deberá llevarse el problema a la Comisión de Minería, porque la transparencia no admite distinciones ni sesgos, ya que los sinvergüenzas carecen de color político, según se ha dicho en una conversación de pasillo.
Ahora, dos o tres consideraciones de fondo en cuanto al proyecto. Una, ¿por qué la discriminación respecto de los consejeros del Banco Central? Obviamente, aquí surge una duda.
Según quienes creíamos en una cuestión de fondo, como es la consagración de la posibilidad de comparar el patrimonio para generar transparencia al interior de la administración del Estado, nunca debió ser dejada de lado. Soy un convencido de que el proyecto sobre probidad administrativa con meras declaraciones de intereses, pierde su sentido.
La mejor forma de pesquisar si existe o no transparencia en el ejercicio de una función, de saber si se ha ejercido con el objeto de servir y no de servirse, es determinar cuantitativamente si el nivel del patrimonio de quien ha asumido un cargo ha subido en el período de que se trata.
Puede ser buena la declaración patrimonial, mediante declaración notarial jurada, según este veto, de los consejeros del Banco Central, puesto que su carácter de órgano autónomo no debiera excluirlo de las normas generales de transparencia. Jurídicamente, es posible discutir en qué texto corresponde hacer la incorporación, pero, como norma de transparencia, debemos considerar en ella a todos los órganos, sean éstos autónomos o no. La autonomía no disminuye por ese hecho, pero llama la atención que sólo algunos, y no todos, tengan la obligación de presentar el estado de su situación patrimonial.
Me inclino por aprobar la observación porque, al menos, quedará consagrada la declaración patrimonial para los órganos autónomos y, si eso ocurre, en el futuro, más temprano que tarde, regirá respecto de los órganos no autónomos que forman parte de la estructura de la administración del Estado, a los cuales, en consecuencia, se les aplica la ley de Bases. La distinción deberá quedar establecida en términos de que algo tiene que ser subsanado.
Partiendo por esta Cámara, la presentación de dicha declaración debe constituir una obligación, y ser nosotros los primeros en someternos a una revisión de patrimonios, tanto al ingresar a esta Corporación como cuando salimos de ella. Es labor del Ejecutivo impulsar una reforma en ese sentido, la que debería ser apoyada por todos. Repito que la transparencia no tiene límites ni distinciones.
La declaración patrimonial es la esencia y el complemento de la declaración de intereses. Como tal, debe seguir la suerte de lo principal, que, lamentablemente, hoy está trunco.
El segundo tema se refiere a la incompatibilidad entre ser consumidor de drogas y funcionario público. El Ejecutivo incurrió en un error al comprometerse en esta Corporación, en forma un tanto desacertada, a incluir esta materia en el veto, sin tener solvencia jurídica y política, o contar con el consenso interno, para mantenerla, error que repara, al menos en parte, al patrocinar una moción sobre esa incompatibilidad.
Es necesario hacer presente estas situaciones, porque no es bueno tomar compromisos públicos para obtener la aprobación de proyectos de ley si después no se está en condiciones de asumir la responsabilidad. Esto vale, como criterio general, tanto para quienes somos hoy gobierno como para quienes aspiran a serlo algún día, sobre todo cuando el compromiso se adopta públicamente.
Repito, el Ejecutivo ha salvado en parte su desacierto desde el momento en que dio su patrocinio a una moción que establece esta incompatibilidad. Dicho sea de paso, ha sido emocionante para quienes tuvimos esta inquietud, incluso antes de ser parlamentarios, que el Ejecutivo haya apoyado una moción de la cual somos coautores.
El tema de la incompatibilidad ha sido planteado por años en esta Corporación, pero se requiere tener claridad para legislar al respecto, porque no es un tema menor. No podemos aceptar el criterio de la Anef, en el sentido de que el no pago de sueldo a los funcionarios públicos constituye para ellos un motivo de rechazo de la iniciativa. Soslayaremos el tema de las remuneraciones si entendemos que es un obstáculo, pero debe existir una voluntad clara, tanto de la Anef como de los legisladores y del Ejecutivo, para llevar adelante esta moción. Habrá que incorporarle correcciones, lo cual es fundamental. Todos los estándares internacionales claramente establecen la posibilidad de recaída en el proceso de tratamiento; luego, si lo consideramos como una medida al interior de la administración, una vez que se determine que hay un consumidor, debemos considerar la recaída como posible y, en consecuencia, no limitarla a dos veces sino a tres.
Ésta es una materia técnica de discusión que generará consenso al interior de la Comisión Especial de Drogas, así como también esto es muy importante, porque podría constituir un obstáculo el día de mañana la generación de recursos que permitan implementar la normativa que modifica la ley Nº 19.366. Esa moción parlamentaria no se sustentará en el tiempo si no se destinan los recursos que permitan llevarla adelante. Por consiguiente, no basta con que el Ejecutivo incluya la iniciativa en la legislatura extraordinaria, e incluso que le demos una tramitación rápida y expedita, o que su urgencia sea calificada de “simple” o “suma” si- repito- no se otorgan los fondos necesarios, porque sin recursos esa moción parlamentaria no tiene viabilidad. Es decir, lo mínimo que cabe aquí es un compromiso a posteriori del Ejecutivo sobre este tema. De lo contrario, el proyecto no tendrá mayor sentido.
Después de dejar estas dos cosas claramente establecidas, anuncio el voto favorable del diputado que habla al veto del Ejecutivo.
Además, insisto en la necesidad imperiosa de avanzar en el estudio de otras mociones presentadas en relación con el patrimonio, puesto que es la única forma de generar una normativa verdaderamente transparente, sin discusiones teóricas o entelequias que, en definitiva, a nada conducirán, ya que sólo pueden convertirla en letra muerta el día de mañana.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, con ocasión de la discusión que se ha venido dando en los últimos días en relación con los gastos en que ha incurrido este Gobierno en el pago de asesorías externas, y con los justificados reparos que se han hecho a quienes hoy, con fines meramente electorales, plantean estas cuestiones, olvidando u omitiendo la revisión o el examen de lo acontecido antes de la llegada de la democracia, cobra plena vigencia el interés de contar con una normativa sistemática que regule y discipline, en forma clara y precisa, la probidad administrativa, materia de singular relevancia en las democracias modernas.
Se acostumbra entender la “probidad pública” como la observancia de una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal en una función o cargo, haciendo prevalecer siempre el interés general por sobre el particular.
Recordemos que con el establecimiento de la estructura administrativa estatal se persigue la promoción del bien común. A este objetivo se suma el principio de la legalidad que impone a la Administración la obligación de respetar y observar, en forma estricta, el orden jurídico en que se enmarca su tarea de consecución del interés público.
A mi entender, no bastan estas exigencias básicas para encontrarnos frente a una estructura pública sana y libre del riesgo de que sus agentes incurran en conductas o comportamientos reprochables, o contrarios al interés nacional. Por ello, es preciso avanzar más allá en la lógica de un orden superior al que define, en forma estricta, el principio de legalidad; es decir, entrar derechamente en el campo de la ética pública, momento en que aparece clara la noción de la probidad administrativa.
La normativa que hoy nos ocupa viene a sintetizar una verdadera doctrina sobre probidad administrativa, cuyas disposiciones, si bien existen, se encuentran hoy dispersas en diversos cuerpos legales y reglamentarios, lo cual dificulta ostensiblemente su cabal comprensión, aplicación y control.
Éste es el diagnóstico que entregó la Comisión Nacional de Ética Pública, creada apenas asumió este Gobierno, cuyo valioso trabajo constituyó el antecedente de la normativa que hoy se nos presenta.
En efecto, la referida Comisión señaló que era posible constatar en el sistema jurídico nacional una desigualdad y una forma dispersa de la legislación para cautelar la probidad y la función pública. Sobre esa base se estimó urgente homologar y unificar toda la gama de las normas vinculadas al tema en un cuerpo único, aplicable a toda la Administración Pública, tanto centralizada con descentralizada.
Por ello, se hace necesario crear un régimen claro de obligaciones, con prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidad de aplicación general, que contendría los principios y reglas comunes de todo funcionario de la administración. Todo ello para dar mayor claridad, certeza y seguridad sobre lo que se debe y no se debe hacer en el ámbito de la administración del Estado.
El proyecto recoge las observaciones y medidas propuestas por la Comisión que regirá la conducta de los funcionarios de la administración del Estado, precisándose el sentido y alcance de las nociones básicas, como probidad pública, interés público, administración del Estado, funcionarios, etcétera. Se incorporan nuevas inhabilidades para el desempeño de funciones públicas, con el fin de obtener un desempeño eficiente e imparcial sobre la base de lo que la doctrina denomina “conflicto de interés”.
Se establece un mecanismo adecuado para hacer efectivo el control de la probidad a través de las declaraciones de patrimonio, lo que permite indagar posibles situaciones irregulares ocurridas durante el desempeño funcionario.
Se explicitan, en forma clara y precisa, qué conductas de los funcionarios de la Administración del Estado contravienen el principio de la probidad pública.
Finalmente, se regula un adecuado sistema de sanciones aplicables a los posibles infractores.
Por las razones expuestas, pienso que esta normativa permitirá fortalecer el compromiso real de los funcionarios con su quehacer, reforzando la transparencia como un elemento esencial en la gestión pública.
Estos factores aumentarán y consolidarán la credibilidad, y la actividad administrativa saldrá fortalecida, orientándose mejor hacia la promoción del bien común público, sometiéndose al imperativo ineludible de la moralidad.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, sobre lo señalado por el diputado señor Rincón, en relación con la inhabilidad entre ser funcionario público y consumidor de drogas, contaré brevemente la historia, para entender el proceso.
En este tema se insistió desde que se comenzó a tramitar el proyecto de ley sobre probidad administrativa. Desgraciadamente, se perdió en la Cámara; el Senado no lo incorporó ni tampoco la Comisión Mixta. Cuando se tuvo que votar su despacho en tercer trámite se logró un acuerdo con el Gobierno para incorporarlo en el veto, lo cual tampoco se logró.
Finalmente surgió un acuerdo con el Gobierno en orden a patrocinar una moción parlamentaria suscrita por parlamentarios de distintas tendencias, a fin de otorgarle el mismo tratamiento dado al proyecto sobre probidad administrativa.
Hasta aquí el acuerdo se ha cumplido, pero a medias, porque este proyecto contiene disposiciones de reforma constitucional, ya que la inhabilidad del Presidente de la República, de los diputados y de los senadores requiere de una reforma constitucional. En consecuencia, el Ejecutivo señaló que sólo iba a patrocinar esta iniciativa si se dejaban fuera de la moción dichas disposiciones. Así se hizo y, paralelamente, se presentó un proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, sólo se patrocinó el proyecto que establece la inhabilidad entre ser funcionario público y ser consumidor de drogas, pero no el de reforma constitucional que establece la inhabilidad entre el ser consumidor de drogas y ejercer los cargos de Presidente de la República, de diputado, de senador, etcétera.
Por lo tanto, quiero dejar en claro que no es que se haya remediado la situación y el Ejecutivo haya cumplido su compromiso. Cuando se habla de funcionarios públicos, evidentemente quienes tienen mayor importancia son los que cumplen las funciones públicas de mayor relevancia, como son el Presidente de la República y los parlamentarios. Es imposible pensar en establecer la inhabilidad, dejando fuera al Parlamento y al Presidente de la República.
En consecuencia, para aprobar este proyecto sobre probidad administrativa es condición absolutamente necesaria que el Ejecutivo cumpla su compromiso en orden a patrocinar ciertos proyectos de ley. En este caso se ha cumplido a medias, ya que el Ejecutivo no le ha otorgado su patrocinio al proyecto de reforma constitucional. A mi juicio, es impensable consagrar la inhabilidad si paralelamente no se patrocina el proyecto de reforma constitucional sobre el tema. Para que el proyecto siga con su tramitación, es condición absolutamente indispensable que se cumplan los compromisos, los que hasta el momento se han cumplido a medias. Lo hago notar en esta Sala, porque me parece que el mínimo de seriedad en temas de tanta relevancia y en los que se ha insistido por años, es que deben cumplirse los compromisos políticos en su integridad.
En consecuencia, solicito formalmente una reunión de Comités a fin de que se detenga el despacho de este proyecto, mientras no se patrocine el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad entre ser consumidor de drogas y desempeñarse como Presidente de la República o parlamentario.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, concuerdo absolutamente con lo planteado por el diputado señor Orpis , ya que me parece muy relevante que exista una causal de inhabilidad para los parlamentarios respecto del consumo de drogas. Pienso que es una señal pública muy importante, sobre todo cuando el país está a la espera, toda vez que el Congreso Nacional fue objeto de muchas suspicacias y de diversas denuncias respecto de materias relacionadas con el consumo de drogas. Por tanto, más allá de demostrar algo o nada, es muy importante una señal pública de parte nuestra, que somos los representantes populares.
Por ello, coincido con lo planteado por el diputado señor Orpis y estoy de acuerdo en que los Comités revisen este proyecto respecto de su aprobación y desarrollo, en caso de que el Gobierno incluya en el veto este tercer punto.
En cuanto al diputado señor Jocelyn-Holt , con quien anoche tuve un debate en televisión al cual él hizo alusión, quiero decirle que el artículo 11 bis del proyecto es muy claro cuando establece que “los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan,” que “la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella,” y que “son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial”.
Es decir, cuando los diputados, en virtud de sus facultades fiscalizadoras, recurren a la Contraloría General de la República y llevan a cabo todos los pasos para conocer y tomar uso de razón efectiva de los contratos y honorarios, sólo cumplen con la legalidad vigente, porque el artículo 11 bis se refiere -como decía el diputado señor Jocelyn-Holt - a las empresas privadas y a las sociedades anónimas, en cuyo caso los documentos deben ser entregados por los representantes legales de estas empresas o sociedades anónimas, cuando afectan los intereses de terceras personas o de quienes tienen contrato con ellas.
En consecuencia, no se está refiriendo a que la información de gestión pública de un ministerio o de un servicio público, incluido el Consejo de Defensa del Estado, pueden constituir secretos de Estado respecto de materias que son públicas, porque se trata de recursos fiscales.
Tampoco quiero dejar pasar algo que dijo el diputado señor Jocelyn-Holt. Pienso que es una muy mala política contestar irregularidades con otras irregularidades. El punto no está en tratar de demostrar quien ha hecho mayor tráfico de influencias, para empatar o volver a resaltar los errores cometidos durante el Gobierno militar para ocultar los tremendos errores del actual Gobierno. Aquí se han dicho cosas increíbles. En primer lugar, que la Oposición quiere impedir la investigación, ya que en 1990 se habría aprobado una ley que impide investigar cierto período. Eso es absolutamente falso. Tengo entendido que en dicha ley se impiden las acusaciones constitucionales contra autoridades del gobierno anterior y no que se prohíbe investigar o formar comisiones investigadoras. Por lo demás, la Concertación tiene mayoría en esta Cámara, por lo que puede generar cualquier investigación respecto del pasado.
Por último, podría estudiarse un nuevo proyecto, el cual tendría mi apoyo y el de mucha gente de estas bancadas, para investigar el pasado. El tema no es ir hacia atrás, sino ver que estamos en democracia; y quienes luchamos por conseguirla sólo queríamos lograr un Estado de derecho pleno, transparencia, regulación y fiscalización, baluartes y pilares indispensables en una democracia constitucional como la nuestra. Por tanto, convertir en secretos de Estado o en “cajas negras” el uso y la gestión de recursos públicos es un precedente lamentable de un Gobierno que se dice democrático y que en pocos meses más llegará a su fin.
En consecuencia, es importante poner mucho énfasis en este punto, porque como lo señaló el diputado señor Rincón ya se ha conversado sobre este tema. No se trata de levantar cortinas de humo ni de politizar temas de interés general. El diputado señor Prokurica señaló que a principios de la década del 90 se gastaban $ 3.800.000.000. anuales sólo por concepto de honorarios; nueve años después ha subido 687 por ciento. Es decir, se gastan más de 25 mil 600 millones de pesos. Entonces, que se le explique al país, y que la gente juzgue; para eso son las elecciones y para eso existe la democracia. Que la gente diga en diciembre si le parece bien que se hayan gastado 150 millones de dólares al año por concepto de honorarios y consultorías y que no se haya ejecutado un montón de proyectos sociales como mayor dotación policial, más créditos universitarios para los jóvenes y pensiones asistenciales y subsidios habitacionales. Si le gusta lo que han hecho los gobiernos de la Concertación durante los últimos diez años, que sigan votando por ellos. Ése es el tema de fondo y para eso está la democracia. En democracia no existen tabúes y hemos dicho con mucha fuerza que queremos que también se investigue el pasado, que estamos absolutamente de acuerdo en ello. Además, tenemos autoridad moral para decirlo, le duela a quien le duela.
Por lo tanto, creemos que se trata de un proyecto muy importante y consideramos que hay que dejar las cosas absolutamente claras en lo que se refiere al artículo 11 bis.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Acogiendo la consulta formulada por el diputado señor Bartolucci , la Mesa desea señalar, en primer lugar, que la Constitución Política establece que sólo son inadmisibles las observaciones que no tienen relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, que no es el caso.
En segundo lugar, las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República sólo persiguen sacar del ámbito de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado la obligación de los consejeros del Banco Central de presentar una declaración de intereses e incluirla en la ley orgánica constitucional del Banco Central.
Respecto de la postura del diputado señor Bartolucci , quiero recordarle que en el primer trámite constitucional del proyecto, la Cámara aprobó un artículo 60 que decía lo siguiente:
“El Presidente de la República, los ministros de Estado, los Subsecretarios, los embajadores, los intendentes y gobernadores, los consejeros del Banco Central, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, los directores de las empresas del Estado creadas por ley, los jefes superiores de Servicio, los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y los niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, deberán presentar una declaración jurada de patrimonio y de intereses, dentro de los treinta días siguientes a la asunción del respectivo cargo o función”.
En consecuencia, a juicio de la Mesa, no se cumplen las suposiciones planteadas por el honorable diputado señor Francisco Bartolucci , a quien, en todo caso, le asiste el derecho de recurrir si lo estima pertinenteal Tribunal Constitucional. Ésa es la posición de la Mesa.
Hay una petición formal del diputado señor Jaime Orpis , que la Mesa acoge. De manera que cito a reunión de comités, y se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, dado lo avanzado de la hora, no quiero referirme al contenido del veto, expuesto muy bien por el diputado señor Luksic , ni tampoco a una serie de otros conceptos vertidos por algunos diputados en el debate, salvo dos puntos en los cuales, de alguna manera, se ha señalado la insuficiencia de la ley, que se encuentran contenidos en dos mociones: una, del diputado señor Zarko Luksic , y otra, del diputado señor Jaime Orpis. Al respecto, ratifico aquí el compromiso de incluir esas mociones en la legislatura extraordinaria.
También se ha planteado el hecho de que una de esas mociones, la del diputado señor Orpis , se ha descompuesto en dos, por cuanto requiere una reforma constitucional, y así se ha propuesto. En verdad, nuestro compromiso con el diputado no alcanzaba a dicha reforma. Sin embargo, para los efectos de facilitar su trámite, no tenemos ningún inconveniente así me lo han pedido los comités en una reciente reunión, y es el procedimiento que hemos acordado en acoger la petición de los comités e incluir también la propuesta de reforma constitucional en la legislatura extraordinaria para que sea debatida.
Al final de este planteamiento, debo decir que asumo la necesidad de incluir, por lo tanto, tres mociones en la legislatura extraordinaria. Una ya está, la del diputado señor Luksic. Es importante recordar que el Ejecutivo no ha sacado estos temas del debate. Son materias que, en su oportunidad, fueron discutidas y votadas en las distintas ramas del Congreso; hubo comisión mixta, y la ley salió como salió. Es decir, no es que el Ejecutivo se haya opuesto a la declaración patrimonial, sino que ésta fue rechazada en el Senado, como bien sabemos.
Digo esto para que no aparezca como que estamos agregando, como Ejecutivo, cuestiones que, a última hora, se nos escaparon; fueron materias, en su momento, discutidas y desechadas en el Congreso.
Con esta aclaración, los diputados pueden contar con nuestro compromiso de incluir las tres mociones en la legislatura extraordinaria.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
El debate está cerrado. Al señor ministro le habíamos solicitado que diera esta opinión, ya que formó parte del debate en la reunión de comités.
Corresponde votar el veto.
Tiene la palabra el diputado señor Jocelyn-Holt para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, considerando que éste es un veto aditivo y supresivo, quiero saber si se requiere mayoría simple para su aprobación.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, hay distintas situaciones, que dependen de las materias que hemos visto.
Solicito el acuerdo de la Sala para hacer una sola votación.
No hay acuerdo.
Votamos uno por uno.
Veamos el comparado. En la página 1, en el artículo 1º, se suprimen los números 3 y 12.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada la observación de su Excelencia el Presidente de la República.
En la página 11, en el artículo 59 de la ley Nº 18.575, se suprime la frase “los Consejeros del Banco Central” y la coma (,) que la sucede.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor MONTES (Presidente).-
Como no está funcionando el sistema electrónico, se hará por el sistema de manos levantadas.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
En votación la tercera observación del Presidente de la República, que consiste en suprimir el número 8 del artículo 4º.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobada.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación la proposición de agregar un artículo 11.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
En votación la observación que consiste en agregar una disposición sexta transitoria.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.
Aprobada.
Despachadas las observaciones del Presidente de la República.
VII. INCIDENTES
CLAUSURA DE VERTEDERO CLANDESTINO EN COMUNA DE SAN CARLOS. Oficio.
El señor MONTES (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente, no cabe duda de que uno de los grandes problemas ambientales lo constituye la extracción y depósito de los desechos domiciliarios. Los vertederos cercanos a los centros poblados, aunque sean autorizados y bien regulados, siempre son, en alguna medida, riesgosos para la salud humana.
En el caso que paso a denunciar, se trata de un vertedero no autorizado que hace mucho viene creando serios problemas de contaminación. Se trata del recinto que actualmente recibe los residuos domiciliarios de San Carlos, ubicado en el sector de Verquico, y que no cumple con las exigencias del Servicio de Salud, el cual, con fecha 16 de abril del año en curso, notificó a la municipalidad de San Carlos que, por instrucciones del intendente regional de la Octava Región, procedería a la clausura definitiva de dicho vertedero en un plazo de 20 días hábiles.
Pues bien, esta medida, que debió aplicarse en los primero días de mayo, por razones que desconozco aún está pendiente, con el consiguiente daño al medio ambiente y serios riesgos para la salud de los pobladores del entorno.
Con posterioridad a la fecha indicada, muchas constancias de Carabineros señalan que en ese foco infeccioso no se cumple con la obligación de tapar con tierra los desperdicios a medida que se van depositando. Es decir, no sólo no se ha cumplido con el traslado del vertedero, sino que ni siquiera se cumplen las normas elementales.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Salud, a fin de informarle de esta anomalía, y que se envíe copia de mi intervención al intendente de la Octava Región.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
En el turno del Comité Mixto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
ALCANCES A DECLARACIONES DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL JOAQUÍN LAVÍN . Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, me referiré a dos temas relacionados con la campaña de Joaquín Lavín.
La verdad es que el doble estándar en política molesta: que alguien exija que otros hagan lo que no está dispuesto a realizar, o que se aplique una vara distinta de la con que, efectivamente, se medirá a los demás.
En general, la hipocresía en política molesta extraordinariamente. Esto no tiene nada que ver con el pasado, sino con conductas actuales de dirigentes que se colocan como una posible opción en una elección, cualquiera que sea.
Lavín lo sabe muy bien, porque ha convertido dicha actitud en uno de los ejes de su campaña. Se queja de lo que supuestamente sería para él lo que la Concertación ha dicho, pero no ha hecho. Creo que es tiempo de empezar a exigirle o hacerlo pasar el mismo examen, porque él está convirtiendo el tema de la credibilidad en una herramienta esencial para velar por la próxima elección, y transformando los temas de probidad y credibilidad en un eje para diferenciarse de las demás candidaturas.
Ayer quedé perplejo. El señor Lavín hizo dos afirmaciones, que no hay que dejar pasar, sobre el cheque en garantía en el contexto de la salud. Desde el domingo pasado viene insistiendo en que parte central de su campaña es la eliminación del cheque en garantía, y ayer señaló que le ha pedido a la Concertación, que tiene mayoría en la Cámara, que apruebe esa iniciativa. ¡Pero es que no tiene idea de nada! O miente, lo que sería aún peor. En primer lugar y digámoslo con toda sinceridad, ese proyecto de ley fue presentado hace dos años y forma parte de una iniciativa vinculada a Fonasa. Además, los miembros de esta Corporación saben muy bien que hace meses fue aprobado con mayoría de votos en esta Sala. ¡Y, por favor, que asuma la responsabilidad, de una vez por todas, por el actuar de sus propios senadores a la hora de demostrar y dar el ejemplo de lo que se dice y luego se hace! Cuatro de sus senadores han votado en contra del proyecto en las comisiones de Salud y de Hacienda: los senadores Bombal , Novoa , Prat y Ríos. Por lo menos recordemos eso a la hora de exigir que la gente actúe, en los dichos y en los hechos, en la misma dirección.
En segundo lugar, propone, en términos prácticos, duplicar el presupuesto de salud. Nosotros lo hemos quintuplicado en estos años, del mismo modo como hemos sextuplicado el de Obras Públicas y duplicado, en términos per cápita, el gasto en educación. De modo que al momento de hacer el “ofertón” o de proponer lo mismo que Lagos al exhibir la carta de la credibilidad, hagámosle el mismo examen que nos pide a nosotros. Él ha recurrido al tema de la probidad; pero no ha querido reconocer que, como Gobierno, en las dos administraciones hemos aplicado, en forma progresiva, un conjunto de controles a los gastos a fin darles mayor transparencia, controles que jamás aplicaron a sí mismos. Hoy se quejan del aumento de honorarios y asesorías y piden nóminas exactas de las personas vinculadas con esos ítem. Primero, reconozcamos que esos gastos están controlados por ley lo dijimos en el debate habido con ocasión del proyecto sobre probidad administrativa y se aprueban año a año, y segundo, que son supervisados en forma permanente por la Contraloría General de la República. ¡Estén o no los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez que deben fiscalizar, la Contraloría General siempre supervigilará estos temas! Pero eso no es todo. ¿Por qué no reconoce que los gastos en materia de honorarios no sólo deben atribuirse a un problema de corrección monetaria? ¿Por qué no se los compara con los gastos reservados? Digo esto porque muchos de los gastos que hoy se efectúan por concepto de honorarios antes se hacían bajo cuerda, sin la supervisión de la Contraloría y bajo el ítem de gastos reservados. ¡Los gastos reservados equivalen a una cuarta parte de lo que se destinaba a ese concepto al final del gobierno militar! ¡El ciento por ciento del presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno en ese entonces no era ministerio estaba etiquetado como gasto reservado! ¡Nadie sabía lo que pasaba allí!
Efectivamente, se sabe que hay un aumento de gastos por concepto de honorarios en estas administraciones. ¿Por qué? ¡Porque estamos sujetos a un estatuto administrativo que los militares se atrevieron a implementar sólo al final de su gobierno! Ello se hizo de un modo muy cínico, porque la idea era velar por los gastos de futuras administraciones y no por la de ellos, quienes sí podían determinar expulsiones de funcionarios públicos sin rendir cuenta a nadie. Nosotros hemos debido cumplir con un estatuto en el que confiamos. En efecto, creemos en la estabilidad funcionaria; pero queremos flexibilizar una administración que, en otros tiempos, no tuvo control ni contrapeso alguno.
¿Por qué no reconoce que hemos cumplido con lo que la Oposición nos ha pedido, en sucesivas discusiones presupuestarias, en lo que se refiere a requerimientos de información? Hoy, la diputada señora Lily Pérez , en la discusión sobre el proyecto de probidad, señaló que nosotros, mediante una interpretación del proyecto en discusión, estamos velando por una especie de “secreto de Estado” de antecedentes de la administración. ¡Mentira, falso! Una cosa es mantener en secreto un conjunto de antecedentes de la administración, y otra muy distinta que si hay intereses de terceros o vidas privadas que proteger, nosotros los sometamos a un recurso judicial para que un magistrado pueda determinar qué prima: si el interés por conocer la información o el deber de respetar la vida privada de las personas. ¡Eso es justamente no colocar un manto de secreto sobre nada! ¿Por qué ahora quieren más? ¿Por qué nos piden nóminas para entregarlas al Congreso a fin de hacer un control político? Además, hablan de tráfico de influencias, de “pitutos” y quieren hacer un examen valórico de cada uno de los honorarios que se vayan entregando tengo entendido que hoy el Ministro Secretario General de la Presidencia ha hecho entrega de la nómina de asesorías y consultorías que pidió el Senado, pero se van a encontrar con una gran sorpresa: ¡en esa nómina figuran todas las universidades y centros de estudios del país! ¡No van a encontrar nada irregular! Se van a encontrar con asesorías similares a las del sector privado, llevadas adelante en las mismas condiciones y con el legítimo derecho de implementarlas que le cabe al Gobierno. Los honorarios serán examinados por la Contraloría General. ¡Que los analicen! Sin embargo, como el tema de la credibilidad y probidad son hoy instrumentos de campaña ello no ocurría hace 10 años, lo único que pido es que apliquemos a nuestros jueces el mismo estándar que nos quieren exigir a nosotros.
En este contexto, quiero contestar una de las afirmaciones que efectuó el diputado Prokurica en la discusión del proyecto sobre probidad administrativa.
Nosotros no estamos quejándonos simplemente por los contratos a honorarios o señalando que los recibían las personas que mencionamos ayer con el diputado señor Palma. Nos quejamos del diputado señor Cardemil por el hecho de que, al mismo tiempo que recibía un sueldo por su cargo de subsecretario del Interior, percibía remuneraciones por servicios no prestados. Ésa es la acusación. Y cuando Codelco contesta un oficio solicitado en 1994 por el entonces diputado señor Vicente Sota , queda claro que todavía esa corporación está tratando de buscar un informe del actual senador Jovino Novoa sobre cambios internacionales. ¡Nadie lo encuentra! ¡Estamos quejándonos por pagos por servicios inexistentes!
Cuando hablamos del libro de su autoría, no apuntamos a algo que escarbamos y encontramos por nuestra cuenta. ¡Fue la actual senadora Matthei la que en 1994 se encargó de decir a quien quería escucharla que Lavín había pagado su campaña básicamente con recursos públicos! Ahora está en Londres, pero cuando regrese pregúntenle o háganle la consulta a quienes la escucharon. Y fue el diputado Sota , a quien hay que rendir un merecido homenaje, quien solicitó los oficios que ahora hacemos públicos.
Ahora bien, ¿qué contestó Lavín el domingo pasado? “¡Que le pregunten a Codelco!”, como si se tratara de una culpa ajena. Además, señala que esa corporación compró una determinada cantidad de ejemplares para distribuirlos entre sus trabajadores. Yo quiero saber si lo encuentra legítimo o no. ¿Por qué no contesta esa pregunta tan elemental? ¿Es lógico o no? Cuando veo que la Asociación Nacional de la Prensa se queja tanto de que el Metro está distribuyendo, con un consorcio extranjero, un diario en forma gratuita, no sé hasta qué punto él considera lógico utilizar su libro como material de proselitismo político en la administración pública. ¿Qué pasaría si Lagos hiciera eso? ¿Qué pasaría si determináramos que todos los ministerios compraron el libro de Lagos escrito por Patricia Politzer ? ¡Ahí quisiera ver a la diputada Lily Pérez y al diputado Víctor Pérez ! ¡Las cosas que harían y dirían! ¡Lo convertirían en un escándalo! Estoy de acuerdo con el ministro señor Mladinic cuando señala que esto es impropio de un candidato presidencial. Es más, como muy bien expresaba ayer el diputado señor Palma en una conferencia de prensa, no es un tema pasado que, en el entorno actual del candidato Lavín , haya personas con intereses comprometidos con la administración y que hacen temer por la independencia y gestión de esa candidatura. Nadie que escarbe entre nosotros va a encontrar algo parecido al hecho de que un fiscal de una empresa tipo Iansa se haga dueño de la misma. Nadie entre nosotros encontrará que un secretario de una organización tipo “Comisión Nacional de Energía” se haga dueño, a su salida, de Gener. Eso fue lo que ocurrió con el actual senador Cariola y con el señor Bruno Philippi. ¿Qué pasaría si Juan Eduardo Saldivia , actual Superintendente de Servicios Sanitarios, una vez que dejara el cargo se hiciera dueño de Emos? Me gustaría ver el comportamiento de la Oposición en ese momento: no darían tregua y tendrían razón.
Precisamente porque el tema de la credibilidad es central, quiero que completemos la información. Esto no tiene nada que ver con empatar una irregularidad con otra, como dijo la diputada Lily Pérez , sino ponderar, valorar, formarse una convicción sobre el tema, y demostrar que una herramienta de la campaña de Lavín se volverá en su contra. Eso es lo que queremos hacer: demostrar que la estrategia electoral elegida no es muy lógica y puede perjudicar el clima que tanto nos ha costado construir. No lo queremos hacer para “emporcar” la campaña, sino, por el contrario, pedir en buen tono, de buenas maneras, el mismo estándar que nos quieren exigir.
Por lo anterior, solicitaré algunos oficios de información, no de fiscalización, por si alguien tiene alguna duda de carácter constitucional.
Sabemos que el senador Andrés Chadwick , que exige y habla tanto, está en la nómina de honorarios pagados por el Ministerio del Interior entre l988 y l989, al igual que el senador Antonio Horvath y el diputado Gustavo Alessandri. Para qué hablar del senador Ignacio Pérez Walker. Esto no es sólo un problema con el diputado Alberto Cardemil y el senador Jovino Novoa. ¡Qué decir de Joaquín Lavín !
Por lo anterior, solicito que se nos envíe la nómina de honorarios pagados por todos los ministerios entre l980 y l989. Que el oficio se despache a los veinte ministerios y, en especial para que la información sea más centralizada, a la Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio del Interior. Esos informes están disponibles y sería muy conveniente tenerlos.
Hoy he sabido que Codelco no es el único ente que compró libros a don Joaquín Lavín. Por lo tanto, solicito también el envío de un segundo oficio para saber no se trata de que Lavín conteste si considera legítimo o no –esto- cuántos ministerios tienen en sus bodegas dichos libros. Hoy se me informó que el Ministerio de Vivienda los tiene y que existen otros ejemplares en la Secretaría General de Gobierno y en toda la Administración Pública. Si sacamos el valor actual de los montos pagados por Codelco, estamos hablando de 100 millones de pesos. Temo que el librito “La sociedad emergente” haya sido la fuente de financiamiento de la campaña de Lavín en esos años.
Por ello, solicito que se oficie a los veinte ministerios para que nos informen, primero, si tienen dicho libro en bodega; segundo, si hay antecedentes de compra en las contabilidades de esos organismos respecto de cuántos ejemplares son, el monto de la compra y a quién se le pagó. Que se nos entreguen las órdenes de pago y de compra si las hubiere. En el fondo, que de buena fe nos informen respecto de ese libro o de cualquier otro escrito por don Joaquín Lavín Infante.
Aquí también se ha sacado a relucir el tema de nuestras facultades. A estas alturas no me quiero enredar en ese punto, porque lo que me interesa es contar con la información para que las personas puedan ponderarla del modo que les parezca mejor.
Por ello, solicito que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia nos informe sobre qué impedimentos existen para examinar algunas de las condiciones de traspaso de las empresas públicas a privados. Me ha sorprendido escuchar, también a muchos amigos y colegas, que un fiscal se hizo dueño de Iansa, quien interviene diariamente en el Senado en todos los temas relativos a bandas de precio del azúcar. Del mismo modo, un senador de esta región interviene en asuntos portuarios, en circunstancias de que tiene negocios relacionados con este puerto. Cuando se habla de probidad, nos referimos a usar recursos públicos para fines privados. De eso estamos hablando hoy, para conocer el temple y el carácter de las personas y, en el evento de que ganaren la elección, asuman las responsabilidades del país.
Solicito que la Secretaría General de la Presidencia nos informe acerca de los impedimentos existentes para examinar las condiciones de traspaso de las empresas públicas a manos privadas, lo que tal vez reforzará ciertas dudas que tenemos; pero como algunos diputados de la Oposición han dicho que contamos con atribuciones que no queremos ejercer, ¿por qué no rayamos la cancha para saber hasta dónde podemos llegar y en qué condiciones operar?
Agradezco la generosidad de varios diputados que me concedieron el tiempo de que disponían en Incidentes, en especial al señor Ortiz , quien iba a referirse al aniversario de la ciudad de Concepción, pero la verdad es que estamos en la mitad de una campaña electoral.
Quiero anunciar que no vamos a empatar una irregularidad con otra, sino que contestaremos. No crean que pueden hacer una campaña electoral diciendo tres o cuatro cosas, como si las personas que los escuchan no son inteligentes, sino que les vamos a contestar cada una de las frasecitas con un cúmulo de antecedentes, y ahí veremos cuál será el veredicto final en diciembre.
He dicho.
(Aplausos).
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Reyes, Krauss, Palma, don Andrés; Palma, don Joaquín; Velasco, Mulet, Jiménez, Seguel, Pareto, señorita Sciaraffia, doña Antonella; señores Ojeda, Walker, don Patricio; señora Caraball, doña Eliana; señores Ortiz, Pérez, don José; Rocha, Mesías, Valenzuela, Jarpa y Acuña.
ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DEL “NO”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, hoy es 5 de octubre: ¡Qué fecha más conmemorativa! ¡Qué día tan especial! Algunos hubiesen querido que el 5 de octubre de l988 jamás llegara, pero el clamor de todos los chilenos quiso y dijo otra cosa.
Sin duda, Manuel Bustos Huerta , como artífice de esa fecha, está presente con nosotros desde el “más allá”. Muchos fuimos los que hace once años en la calle, en nuestras comunas, provincias, regiones, en el país entero, lo dimos todo por restablecer el orden democrático. La fuerza de las urnas, cargadas de pasión, de algarabía, de júbilo, trazó la ruta para volver al estado de derecho que tan brusca y violentamente nos arrebataron. Precisamente en un día como hoy se desarrolló una jornada cívica memorable, que culminó con el triunfo del “No”. Una gesta previsible, porque no había duda de que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas compartía el ideal democrático y deseaba verlo nuevamente realizado en la convivencia nacional, toda vez que interpreta a la gran mayoría de los chilenos, correspondía y corresponde a la vocación histórica de nuestro país como nación.
Por eso, tras 17 años de injusticias, de atropellos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de privatizaciones entre gallos y medianoche, de mala calidad de la salud, de altos índices de desempleo, del PEM, del Pojh, la ciudadanía se levantó para decir “basta”.
La Derecha, seguidora obsecuente de la dictadura, amenazó que de ganar el “No” a este país llegaba el caos, la desolación, la violencia, etcétera. Sin embargo, nadie le creyó y desde muy temprano en cada local de votación se concentró gran cantidad de electores, con alegría y la esperanza de que terminara la persecución, la desaparición forzada de personas, la intolerancia.
Uno de los pocos episodios ingratos de la jornada se registró cuando el Ministerio del Interior, a través del subsecretario, hoy defensor de la transparencia, entregó datos absolutamente falsos, insuficientes y seleccionados que se contradecían con la tendencia del electorado a nivel nacional.
Pero no mencionemos palabras negras, oscuras, por el pasado que arrastran, ya que el 5 de octubre es un día para celebrar, para conmemorar el anhelado regreso, la vuelta a nuestro hasta entonces sólido sistema democrático.
En un par de meses volveremos a dar una nueva muestra de participación y democracia, cuando este 12 de diciembre concurramos a sufragar, haciendo patente nuestro espíritu de igualdad y equidad, en el que todos, como seres homólogos, daremos nuestro voto, con plena certeza de valores consagrados en nuestro andar democrático. Votaremos por uno u otro, y ese gesto privado de la cámara de sufragio estará perpetuando nuestro seguro futuro, nuestro andar en la institucionalidad y en el camino franco del porvenir de todos los chilenos.
Ellos nos privaron de marcha democrática por casi dos décadas; ellos fueron los que usurparon el poder soberano, apropiándose de la representación popular; ellos fueron los que finalmente coartaron el desarrollo de nuestro legado democrático, y ahora son ellos los que propagan igualdades y oportunidades; ellos pregonan democracia y votación; ellos se insertan en las reglas del estado de derecho que el pueblo conquistó a través del voto, sólo con el voto y sin el fusil.
En fin, hagamos de este día una fiesta, un grito al cielo de alegría y esperanza, para que nunca más en Chile se apropien ilegítima e ilegalmente del futuro del país y de nuestra gente. Hoy, el futuro es nuestro. Ocupémoslo en demostrar nuestro criterio y en brindar parabienes a la gran mayoría de los chilenos.
Estimados colegas, quiero compartir con ustedes un sueño que tengo y que dice relación con ayudar a reconciliarse a Chile y transformar este día en una jornada de reflexión de lo que jamás debe ocurrir en Chile, y celebrar lo que deberíamos denominar “el día del gran reencuentro de los demócratas de Chile”.
He dicho.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO TOMÁS JOCELYN-HOLT.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, esta tarde la Cámara de Diputados ha asistido a una presentación de radioteatro que ha hecho el diputado señor Tomás Jocelyn-Holt. Sin duda, en un período de elecciones presidenciales, la Cámara escuchará todo tipo de barbaridades.
Lo que él ha hecho hoy, denostar e injuriar de la manera en que lo hizo, no merece nuestra atención; pero no puedo dejar pasar lo que señaló.
Nosotros, los parlamentarios de Renovación Nacional, hemos solicitado la fiscalización de los pagos de honorarios hechos en los gobiernos de la Concertación, específicamente en el de don Eduardo Frei. ¿Por qué? Porque, efectivamente, de 3.800 millones de pesos anuales han aumentado a 25 mil millones. Y esto no lo hemos inventado; es producto de un trabajo de fiscalización de auditoría efectuado por un funcionario de Gobierno, el señor Moraga.
Eso ha demostrado a la opinión pública nacional que hay situaciones anómalas que deben ser investigadas.
Quiero decir con toda claridad que en todos los partidos políticos hay personas honestas, y en la Democracia Cristiana las hay. Pero hay gente corrupta que ha hecho daño al país, que ha robado dinero al Estado, como ha quedado demostrado en investigaciones que hemos hecho, como en Codelco, en el desmalezado de la Refinería de Petróleo, como en Digeder y en tantas otras instituciones. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo.
Pero el señor Tomás Jocelyn-Holt viene a romper lanzas sobre una situación normal.
Entonces, pido una explicación a la comunidad, a la opinión pública nacional.
Nosotros, que tenemos la facultad de fiscalizar, cuando lo hacemos, se formulan estas descalificaciones. Hay gente que ha hecho de este país una nación honesta ése es el prestigio que Chile tenía en Latinoamérica, y para que lo siga siendo hemos denunciado los atisbos de corrupción. De manera que no corresponde que el país siga viviendo este tipo de situaciones.
Hemos tenido oportunidad de conocer a muchos ministros de los gobiernos de la Concertación y podemos reconocer que es gente honesta. Pero, por eso mismo, cuando ocurren cosas de esta naturaleza, cuando fondos reservados se gastan en cosas que no corresponden, sin claridad o informe, sin respaldo de los pagos realizados, tenemos el deber y el derecho de trabajar para mostrar un país transparente.
Por eso estamos en la Cámara de Diputados: para defender lo que es de todos los chilenos.
Entonces, el paseo histórico hecho hoy por don Tomás Jocelyn-Holt , sobre muchas situaciones que a lo mejor el país conoce absolutamente, no corresponde. Pero parece que la encuesta, publicada hace muy pocos días, que muestra un virtual empate entre el candidato de la Concertación y el de Oposición, ha llevado mucho nerviosismo a las filas oficialistas.
La historia muestra que la Democracia Cristiana ha hecho mucho por Chile. Pero, hoy, ha tenido que doblegarse ante el socialismo. Ésa es la verdad. Podemos demostrar de las más diversas maneras que el socialismo está gobernando, que el propio Presidente Eduardo Frei es víctima de las prácticas socialistas.
Por eso, debemos fiscalizar, decir al país cómo se han gastado los recursos del Estado. Hay una cifra que no ha sido desmentida: 750 millones de dólares serían los gastados en estos gobiernos en materia de honorarios en forma poco clara. Hay que resolver eso de alguna manera.
Si en el rayado de la cancha quieren revisar todo, estamos dispuestos a hacerlo. Han denostado a nuestro candidato, Joaquín Lavín , un hombre honesto, que ha demostrado su transparencia. No tenemos inconveniente para enfrentarnos con ellos en cualquier plano o tribuna.
Por eso, la intervención de don Tomás Jocelyn-Holt , que ha denostado a parlamentarias tan importantes como la señora Lily Pérez , honesta y valiente para denunciar situaciones como la ocurrida con Copeva, donde la corrupción y la mala calidad de las viviendas han perjudicado a tantas familias chilenas que soñaron con tener casa propia y se encontraron con este tipo de estafa.
Por eso, estamos dispuestos a discutir en cualquier plano para poner las cosas en su lugar.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, la probidad administrativa apareció mucho antes que el diputado señor Jocelyn-Holt y continuará mucho después de él. Disparar al aire daña a la política y más aún disparar a la gente buena.
¡Qué bueno que se solicitó más información! Transparenta más las cosas. Ningún acto ilícito, ningún robo justifica otro; menos uno propio.
RECHAZO POR ISAPRES DE LICENCIAS DE ENFERMOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. Oficio.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, he recibido comunicación de la Corporación Chilena de Enfermos de Esclerosis Múltiple, organización que agrupa a más de 300 enfermos, de los 3 mil que se estima que existen en el país. Esta es una enfermedad de difícil diagnóstico y más aún su pesquisa oportuna. Una vez que se adquiere, se vive con ella de por vida y su tratamiento es de alto costo.
En esta comunicación, su presidenta me informa del importante aumento en el rechazo de licencias de estos pacientes por parte de algunas isapres. Causa de estos rechazos es la de no aceptar su tratamiento, por considerarla “enfermedad previa”. Pero cuesta pesquisarla repitoy muchas veces, por su difícil diagnóstico y la sutileza de su presentación inicial, nadie la conoce, advierte o sospecha.
Se están rechazando tratamientos según el doctor Camilo Arriagada , gran autoridad en la materiaen hospitales, para evitar complicaciones a veces peligrosas, tratamientos de alto costo, como el de interferón, que alcanza en promedio a 600 mil pesos por persona.
Señor Presidente, solicito oficiar al Superintendente de isapres, señor Alejandro Ferreiro , con el fin de que investigue esta denuncia que perjudica a muchos enfermos de escasos recursos y que se modifiquen estos rechazos excesivos, si los hubiere, destinados a producir ahorros a costa de perjuicios y daños graves a las economías de muchos hogares, tan aproblemados hoy en día.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Vilches
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS VIALES Y DE SALUD EN TEMUCO. Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
En primer lugar, solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas, con el propósito de que informe el estado en que se encuentra el proyecto de mejoramiento de la avenida Caupolicán, de Temuco.
También solicito oficiar al señor ministro de Salud, con el objeto de que informe el estado en que se encuentra el proyecto de un nuevo servicio de urgencia para el hospital regional de Temuco.
Además, solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas, con el fin de que informe detalladamente sobre la adquisición de terrenos efectuada por ese Ministerio para la ejecución de la doble vía entre Temuco y Gorbea , mencionando el nombre de los vendedores, las superficies, los montos de las respectivas transacciones, los avalúos fiscales de los terrenos adquiridos y todo otro antecedente que permita formarse cabal conocimiento sobre estas operaciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
REQUISITOS DE IMPONENTES DE ISAPRES PARA REAFILIARSE AL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Oficio.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, hace algunos días hice uso de la palabra en Incidentes para solicitar al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que permita el retorno al antiguo sistema previsional de los funcionarios públicos afiliados a una administradora de fondos de pensiones y que estén próximos a jubilar, en atención a que dichos organismos han informado a muchos de ellos que su pensión ascendería aproximadamente a un tercio de sus actuales ingresos líquidos, lo que significa un grave perjuicio para estos funcionarios que han trabajado durante muchos años para el Estado. Esta drástica reducción de ingresos les imposibilitará hacer uso del derecho a jubilar.
El señor ministro del Trabajo y Previsión Social tuvo a bien contestar mediante el oficio ordinario Nº 863, fechado el 2 de setiembre de 1999, dirigido al Presidente de esta Corporación.
En primer lugar, sobre este oficio del Ministerio del Trabajo, deseo reparar sobre un aspecto de forma que, espero, no esté orientado por razones políticas.
Como dije, en esa oportunidad intervine para solicitar al Ejecutivo el envío de dicho proyecto de ley, petición a la que adhirieron los diputados señores Enrique Jaramillo y Eugenio Tuma , lo que agradezco sobremanera. Sin embargo, lamento que la contestación del señor ministro, enviada al Presidente de nuestra Corporación, señale: “En respuesta a la solicitud de los honorables diputados, señores Enrique Jaramillo B. y Eugenio Tuma Z., de estudiar la factibilidad de un proyecto de ley que permita a los funcionarios públicos próximos a jubilar, volver al antiguo sistema previsional y obtener pensión a través del Instituto de Normalización Previsional, adjunto a usted copia del oficio individualizado en el antecedente 2), del Subsecretario de Previsión Social”.
Es obvio que omite mi nombre, en circunstancias que yo soy quien formuló la petición, por lo que solicito que se oficie al señor ministro del Trabajo y Previsión Social, con el fin de que informe cuál fue la razón que se tuvo para omitir mi nombre, no obstante que el oficio de la Corporación era claro al respecto.
Pero yendo al tema de fondo, que es lo que más nos preocupa, quiero referirme al oficio ordinario Nº 1.176, fechado el 27 de agosto de 1999, del subsecretario de Previsión Social subrogante al señor ministro del Trabajo y Previsión Social, que se refiere a “Improcedencia de iniciativa legal que indica. Retorno de funcionarios a antiguo régimen previsional”.
En uno de sus párrafos señala: “actualmente y al tenor del mandato contenido en la ley Nº 18.255, aquellos afiliados que, registrando imposiciones en alguna Institución de Previsión del antiguo sistema, carezcan del derecho a Bono de Reconocimiento, o que, teniendo derecho a éste en conformidad a lo dispuesto en el inciso 4º, del artículo 4º transitorio del Decreto Ley
Nº 3.500, de 1980, reúnan a lo menos 60 cotizaciones anteriores a julio de 1979, puedan legalmente retornar a sus cajas de origen.” Es decir, aquí se señala que habría una posibilidad de que los funcionarios pudieran volver al antiguo sistema previsional, siempre que reúnan estos requisitos, franquicia que aprovechó el ex ministro del Trabajo don Jorge Arrate Mac-Niven para desafiliarse del sistema de las administradoras de fondos de pensiones.
Por lo tanto, solicito se oficie al señor ministro del Trabajo y Previsión Social, con el fin de que informe cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los funcionarios públicos que deseen volver al antiguo sistema previsional, en virtud de lo que señala el inciso cuarto del artículo 4º transitorio del decreto ley Nº 3.500.
Además, solicito que se informe qué requisitos cumplía don Jorge Arrate Mac-Niven para que la Superintendencia procediera a desafiliarlo del sistema de administradoras de fondos de pensiones.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADA ISABEL ALLENDE.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, nuestra Corporación ha vivido hoy un momento de mucha emoción y recogimiento al rendir un sentido homenaje a quien hasta hace unos días fuera miembro de la Cámara y colega de todos nosotros, don Manuel Bustos Huerta.
Quiero sumarme en esta ocasión a ese homenaje. Creo que más allá de las diferencias de partidos, de ideas, de apreciaciones sobre lo que ha sucedido en nuestra patria, siempre es justo, conveniente y necesario rescatar todo lo ejemplar en la vida de una persona, que en el caso de Manuel Bustos sin duda fue mucho.
Por eso, en esta ocasión quiero manifestar mi dolor y sorpresa por el hecho de que la tribuna de nuestra Cámara fue utilizada en esta oportunidad no sólo para rendir este homenaje, sino que para emitir opiniones acerca de la contingencia política, de personas que no están presentes y de hechos sucedidos en Chile, todo lo cual escapa absolutamente del marco de un homenaje como al que me refiero, especialmente la intervención de la diputada señora Isabel Allende.
Al respecto, quiero manifestar cuán impresionante es apreciar la pervivencia de odiosidades, del espíritu de revanchismo y aun de venganza, que no vacilan en hacerse presentes en un homenaje como el que se acaba de realizar en nuestra Corporación.
Por supuesto, no quiero ni me corresponde hacerme cargo en esta ocasión de las imputaciones injuriosas, calumniosas y ausentes de verdad que nuestra colega ha proferido en contra de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, del gobierno que ellas encabezaron y de quienes fueron sus máximas autoridades.
Pero, junto con lamentar este hecho, quiero manifestar mi sorpresa, porque esas afirmaciones fueron proferidas por una representante del Partido Socialista, colectividad a la cual le incumbe una responsabilidad gigantesca en el proceso que desató la violencia en nuestra patria y que hizo necesario en forma absoluta el pronunciamiento militar de 1973 para evitar que Chile se viera envuelto en una guerra civil y en un baño de sangre, como le sucedió a tantos países en que el socialismo, especialmente en su versión marxista, alcanzó el poder.
También mi sorpresa porque el socialismo, a lo largo de su historia, ha hecho un aprovechamiento indigno de los pobres y de su pobreza para alcanzar el poder y para reducirlos a una pobreza aún mayor, a niveles de miseria nunca antes vistos, y a una definitiva aniquilación.
Creo que la historia es maestra en este sentido y nos enseña cuál fue el precio que la humanidad debió pagar por los experimentos socialistas en tantos países.
De esta manera se ha configurado un abuso de la tribuna para la realización de un homenaje, tanto más cuanto que éste fue para una persona que, al momento de fallecer, era miembro de esta Corporación.
Por eso, junto con lamentar este hecho, dejo constancia de mi protesta por este abuso que la intervención referida ha significado en un acto tan solemne, como es el que tiene por objeto rendir homenaje a uno de nuestros colegas.
He dicho.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO GONZALO IBÁÑEZ .
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, lamentablemente, siempre que me toca intervenir, sin querer debo responder opiniones de colegas que no se ajustan a la verdad, como las del diputado señor Ibáñez , que se está retirando de la Sala.
En Chile, las fuerzas democráticas y progresistas hemos reconocido más de una vez que se pudieron haber cometido muchos errores políticos. Nadie los ha negado, pero no corresponde aceptar que tales errores políticos, cometidos en la década del 60 hasta 1973, autorizaron a alguien ni menos a las Fuerzas Armadas para exiliar, apresar, torturar, hacer desaparecer y asesinar.
Esto hay que dejarlo claro: se cometieron errores políticos, pero en tiempos de Allende yo tenía quince años no operó la CNI, ni la Dina.
Entonces, cuando acá dice la UDI que la ultraderecha de este país que nace al alero del gobierno militar dio mejor vida a los chilenos, no quiere recordar que llegamos al 43 por ciento de desempleo y que la solución que se le dio en tiempos del gobierno militar fue con el Pojh, el Pimo y el PEM, con 2.500, 2.000 y 1.500 pesos al mes.
Entonces, ¿quiénes están queriendo dictar cátedra en este país? ¿Quién pretende dar lecciones de un pasado doloroso, triste y hasta de justificar lo que se hizo en este país porque se cometió un error político? Hasta hoy no nos podemos reconciliar por el dolor causado por el desaparecimiento de personas, por la tortura sistemática y porque Villa Grimaldi no fue un invento de la imaginación popular. Ello es parte de un episodio doloroso y triste en este país.
Hoy es 5 de octubre y me da pena escuchar a la UDI referirse a alguien de los que rendíamos el último homenaje a nuestro querido colega, que fue perseguido por la dictadura militar, relegado, exiliado y apresado muchas veces, de lo que el diputado señor Ibáñez , que recién intervino, no dice nada, porque el diputado Manuel Bustos seguramente era un subversivo, un marxista. El año pasado fue investigado por la Derecha en una Comisión de la Cámara de Diputados que presidió el señor Presidente, en la que se le quiso involucrar en una situación anómala de la Digeder. Ahora es bueno el diputado señor Manuel Bustos porque falleció, pero la Derecha no se acuerda que lo quiso enlodar con actos de corrupción e inmoralidad. La Derecha en esta Sala aprovecha todo tipo de circunstancias.
El 5 de octubre de 1988 Chile empezó a salir de las tinieblas, de la oscuridad. No fue la UDI, ni el gobierno militar. Fue el pueblo de Chile, como lo dijo el ex Presidente Aylwin , con un lápiz y un papel, que dio fin al oscurantismo, a las tinieblas, al terror de los 17 años que se vivieron en este país.
Entonces, digamos las cosas como son. Si la UDI pretende darnos lecciones y dictar cátedra sobre ética y moral, que la Derecha dé cuenta de las empresas en que participaron ministros, administradores y directores que, finalmente, terminaron siendo sus dueños.
Como hombre de campo, pregunto ¿dónde están las platas de esas empresas? Ayer lo plantearon el Presidente de la República en La Moneda y parlamentarios en la Sala.
¿Quién quiere dictar cátedra de moral, de ética y de transparencia en el país? Investiguemos los últimos 20 años, sobre todo lo de los honorarios y recursos del Fisco. ¡Caiga quien cayere! Pero cuando se dictan leyes para que no se investigue desde cierto tiempo hacia atrás ya que antes del año 1990 no se puede investigar, entonces, alguien está tapando.
Me pregunto y termino con esto, ¿quién fiscalizaba a los gobernadores del gobierno militar? ¿Qué Consejo Regional existía entonces? ¿Quien fiscalizaba a los alcaldes? ¿Cuál Concejo? ¿Quién fiscalizaba a los ministros, a los funcionarios públicos?
¿De qué estamos hablando aquí? ¿Quién quiere venir a dictar cátedra? Porque aquí no solamente se violaron los derechos humanos. También se metieron las manos en el cajón del erario y por eso hay gente que va a defender al gobierno militar hasta las últimas consecuencias, ya que se hicieron multimillonarios, sin que les costara un peso.
Por eso, se están empezando a hacer algunas investigaciones, le guste o no a la Derecha política, yo tengo que investigar cómo la Iansa, que era institución del Estado, pasó a manos de privados, justo de quienes la administraban. Ésos eran recursos fiscales, no una sociedad anónima de capital variable.
Entonces, ¿quién quiere dictar cátedra aquí? ¿Los que tienen las manos manchadas con sangre, los que son cómplices y aquellos que metieron las manos en el cajón del erario?
¡Por favor! Este viejo cuento del ladrón detrás del juez no puede continuar en el país si realmente queremos -ya no lo digo a esta altura- la reconciliación, porque ya parece un discurso viciado. Reconciliación no habrá mientras no se diga la verdad, mientras no haya justicia, mientras aquellos que están en el banquillo de los acusados no digan una palabra de disculpa mínima porque, nosotros, los demócratas, pedimos disculpas en cosas elementales y cuántos cientos y hasta miles de personas no cargarán en su conciencia el peso de crímenes, de complicidad, de torturas.
¿Quién viene a dar cátedra aquí de ética, de moral y de buenas costumbres?
Han transcurrido once años desde el 5 de octubre de 1988, en que terminamos con la dictadura. Pero esa fecha no es cualquiera para los demócratas ni para este país, que recobramos nosotros, porque ese día el señor Cardemil se demoró mucho en entregar los cómputos, por cuanto el grueso de la dictadura militar no quería reconocer la derrota que le había propinado el pueblo de Chile.
Hoy, 5 de octubre, rendimos un homenaje a Manuel Bustos , sindicalista, campesino. Hombres que surgen desde abajo y que con mucho esfuerzo llegan a esta Corporación son, precisamente, quienes nos dejan un tremendo legado de lo que debe ser este país.
Me duele que cuando uno quiere intervenir en esta Corporación respecto de algunos temas, deba afrontar la provocación de quienes no tienen calidad moral para venir a dictar cátedra sobre ética en este país.
He dicho.
IRREGULARIDADES EN INTERNACIÓN DE MERCADERÍAS EN ADUANA DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Finalmente, en el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, solicito que se dirija oficio al director nacional de Aduanas, en Valparaíso, con el objeto de que, con los antecedentes que daré a conocer, se sirva instruir un sumario administrativo en la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta para determinar las responsabilidades administrativas que procedan respecto de los hechos que paso a mencionar.
Con fecha 29 de marzo del año en curso, el contribuyente, Rut Nº 9.934.4253, dirigió una nota -que tengo en mis manos- a don Alberto Paredes , abogado de Aduanas, a la sazón, juez aduanero, en la que le manifiesta que, de acuerdo a lo conversado personalmente con él, “entrega antecedentes con respecto a empresas denominadas “de audio e iluminación” de la Primera Región, las cuales ingresan a la Segunda región a prestar servicios con implementación adquirida en zona franca sin pagar derechos, no portando ni siquiera guías de despacho de las mercaderías que son transportadas de una región a otra, sin que Aduanas ponga ningún “pero” en la realización de esas actividades”.
Expresa que los servicios de amplificación han sido contratados por la ilustre municipalidad de Antofagasta, durante su aniversario, el 13 y 14 de febrero; prestados para efectuar conciertos se mencionan hasta los artistas -y también- a fin de realizar actividades de colonias extranjeras, semanas mechonas y celebrar los aniversarios de Taltal, Mejillones y María Elena.
Este contribuyente dice que ésas son algunas de las innumerables veces en que han prestado servicios y que, según ha averiguado, los equipos e instrumental cuentan con pasavante de la Segunda a la Primera Región y fueron comprados en la zona franca, poniendo en jaque al Servicio de Aduanas de Iquique.
Agrega que la persona involucrada y ligada directamente con la empresa Fancy , de Iquique, es don Jorge Pino Lagos , mientras que don Osvaldo Vargas Pizarro está vinculado con Ovapi, de la misma ciudad.
El requirente acompañó otras dos notas: una, fechada en Iquique, también el 29 marzo de 1999, contiene una lista de la ficha técnica, la cual incluye, por ejemplo, 8 cajas acústicas Electrovoice MTH1 , 8 cajas acústicas Electrovoice MTL1 , varias cajas de monitoreo,...
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ha terminado de su tiempo, señor diputado.
El señor VALENZUELA.-
...etcétera.
Señor Presidente, quiero destacar las siguientes irregularidades:
El chofer del camión traía carga propia para el evento, acreditada en una guía de despacho, y el técnico que lo acompañaba, portaba otra guía de iluminación.
Además, el camión, con patente DV 2760, fue registrado a las 8 horas del 4 de septiembre de 1999, ocasión en que fue detectado por el aduanero señor Caroca , que trataba de concretar esta pesquisa. Sin embargo, lo delicado del caso es que al día siguiente esos equipos fueron retirados de la aduana mediante una fotocopia de factura adulterada. Más aún, el aduanero no quiso entregar los equipos el martes 7, porque no se había acreditado el pago de los derechos aduaneros, lo cual no se realiza con factura. Según el señor Nelson Caroca , tuvo que hacerlo por instrucciones superiores que la investigación deberá determinar.
Cabe señalar, asimismo, que al allanar el local de Fancy, el sábado 4, se encontró contrabando, por ejemplo, una consola de 32 canales. Luego, se acreditó la compra de equipos requeridos que nunca se ubicaron.
Quiero hacer presente que visité la administración regional de Aduanas de Antofagasta para señalar estas irregularidades al señor director regional, a quien no encontré; pero, en subsidio, conversé al respecto con el subadministrador. Como hasta la fecha no he sido requerido para informar sobre ningún antecedente, solicito el envío del referido oficio al señor director de Aduanas para que tome las medidas del caso y efectúe el sumario correspondiente.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Se dejará constancia de que se excedió en su tiempo.
PRECISIONES SOBRE SENTIDO DE EXPRESIONES DE DIPUTADA ISABEL ALLENDE.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, finalmente, y sólo para mencionarlo, rechazo enfáticamente las expresiones del diputado señor Gonzalo Ibáñez en contra de la diputada señora Isabel Allende , no de su persona, porque Isabel rendía homenaje a Manuel Bustos , en su calidad de jefa de bancada.
Cuando ella complementó su discurso con palabras que en una oportunidad pronunciara nuestro amigo y hermano Manuel Bustos , invitando a votar por Ricardo Lagos, lo hizo como una manera de eternizar su pensamiento, vocación y deseo político, en el instante en que vivía sus últimos días.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 16.08 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.