Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR SIN PLAZO DE CITACIÓN.
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- RESPUESTAS A EXPRESIONES DEL MINISTRO DE VIVIENDA. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- TERCERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA DE MINERÍA Y ENERGÍA PARA AMÉRICA LATINA, REALIZADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA.
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR SIN PLAZO DE CITACIÓN.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SOCIEDADES SECURITIZADORAS Y DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR CASOS DE CORRUPCIÓN. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Marina Prochelle Aguilar
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SOCIEDADES SECURITIZADORAS Y DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES. Tercer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTUDIO DE CAUSAS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA ENFRENTARLA.
- INVESTIGACIÓN DE HECHOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE PASAPORTE A SENADOR AUGUSTO PINOCHET UGARTE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Fanny Pollarolo Villa
- Andres Palma Irarrazaval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Miguel Hernandez Saffirio
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Maria Isabel Allende Bussi
- Laura Soto Gonzalez
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Homero Gutierrez Roman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FACILIDADES A DEUDORES CESANTES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Baldo Prokurica Prokurica
- Haroldo Fossa Rojas
- Lily Perez San Martin
- Marina Prochelle Aguilar
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Garcia Ruminot
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VIII. INCIDENTES
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DOÑA SOLA SIERRA HENRÍQUEZ.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO MILENKO VILICIC KARNINCIC .
- DISCRIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE LA TERCERA REGIÓN. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADELANTO EN HUEYUSCA Y DE PUENTE PUQUITRAHUE, EN COMUNA DE PURRANQUE. Oficios.
- ENVÍO DE AYUDA A CALAMA, AFECTADA POR TEMPORALES. Oficio.
- INVESTIGACIÓN SOBRE ACCIONES MAPUCHES QUE GENERAN ANARQUÍA Y VIOLENCIA. Oficio.
- DENUNCIA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE POSICIÓN DE GOBIERNO FRENTE A LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS EL CAIRO + 5. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN ACCESO NORTE DE COMUNA DE PERQUENCO. Oficio.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EMPRESARIO ALFREDO ANDONIE, RECIENTEMENTE FALLECIDO.
- INTERVENCIÓN EN FAVOR DE PESCADORES CHILENOS DETENIDOS EN EL PUERTO PERUANO DE ILO. Oficios.
- CRISIS DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- CREACIÓN DE CORPORACIÓN DE DESARROLLO PARA ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
- REPARACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDAS DE POBLACIÓN GUAÑACAGUA I, DE ARICA. Oficio.
- ADHESION
- Jaime Rocha Manrique
- Andres Palma Irarrazaval
- Felipe Letelier Norambuena
- Rodolfo Seguel Molina
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- TRASPASO DE CORPORACIONES VIALES A DIRECCIÓN DE VIALIDAD. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre la investigación encomendada con relación a los problemas suscitados por emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas instalados en el interior de las viviendas.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Luis Pareto Gonzalez
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Guido Girardi Lavin
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alberto Espina Otero
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Victor Perez Varela
- Juan Pablo Letelier Morel
- Laura Soto Gonzalez
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Mario Bertolino Rendic
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Gustavo Alessandri Valdes
- Edmundo Villouta Concha
- Alfonso Vargas Lyng
- Ivan Moreira Barros
- Carlos Montes Cisternas
- Baldo Prokurica Prokurica
- Fanny Pollarolo Villa
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre la investigación encomendada con relación a los problemas suscitados por emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas instalados en el interior de las viviendas.
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 14ª, en martes 6 de julio de 1999
(Ordinaria, de 11.16 a 15.08 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia7
II. Apertura de la sesión11
III. Actas11
IV. Cuenta11
Envío de proyecto a Comisión de Derechos Humanos11
Permiso constitucional11
4V.Acuerdos de los Comités11
Autorización a Comisión de Hacienda para sesionar sin plazo de citación12
Respuestas a expresiones del Ministro de Vivienda. Aplicación del artículo 34 del Reglamento13
Tercera Conferencia interparlamentaria de minería y energía para América latina realizada en Buenos Aires, Argentina15
VI.Orden del Día.
Perfeccionamiento de la legislación sobre sociedades securitizadoras y de depósito y custodia de valores. Tercer trámite constitucional16
Modificaciones al Código Penal para sancionar casos de corrupción. Tercer trámite constitucional18
Facilidades en pago de patentes a pequeños mineros. Primer trámite constitucional25
Reconocimiento de la educación parvularia en la Constitución Política de la República. Tercer trámite constitucional34
VII.Proyectos de acuerdo.
Estudio de causas de situación financiera de la Universidad de Concepción y adopción de medidas para enfrentarla45
Investigación de hechos relacionados con el otorgamiento de pasaporte de senador Augusto Pinochet Ugarte45
Facilidades a deudores cesantes48
Pág.
VIII.Incidentes.
Homenaje en memoria de doña Sola Sierra Henríquez50
Homenaje en memoria de ex diputadoMilenko Vilicic Karnincic51
Discriminación de beneficiarios del sistema de salud público de la Tercera Región. Oficio52
Construcción de obras de adelanto en Hueyusca y de puente Puquitrahue, en comuna de Purranque. Oficios53
Envío de ayuda a ciudad de Calama, afectada por temporales. Oficio54
Investigación sobre acciones mapuches que generan anarquía y violencia. Oficio54
Denuncia de presuntas irregularidades en la Empresa de Correos de Chile. Oficio55
Información sobre posición del Gobierno frente a la asamblea de las Naciones Unidas El Cairo + 5. Oficio56
Construcción de atravieso para vehículos livianos en acceso norte de comuna de Perquenco. Oficio57
Homenaje en memoria de empresario Alfredo Andonie, recientemente fallecido58
Intervención en favor de pescadores chilenos detenidos en el puerto peruano de Ilo. Oficios59
Crisis de la industria pesquera de la Octava Región. Oficio60
Creación de Corporación de Desarrollo para Arica y Parinacota. Oficio61
Reparación de daños en viviendas de población Guañacagua I, de Arica. Oficio62
Traspaso de Corporaciones viales a dirección de vialidad. Oficio62
IX.Documentos de la Cuenta.
Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales inicia la tramitación de los siguientes proyectos:
1.Propone la reducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales (boletín Nº 235814)63
2.Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juegos y salas de bingo (boletín Nº 236123)66
3.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (boletín Nº 205313)90
4.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (boletín Nº 180307)91
Pág.
Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5.Sobre securitización de depósito de valores (boletín Nº 221605)91
6.Crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 226501)91
Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
7.Reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas (boletín Nº 51307)92
8.Modifica la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral (boletín Nº 231506)92
9.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (boletín Nº 205313)93
10.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del
artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que dicta normas sobre adopción de menores, modifica la ley Nº 7.613 y deroga la ley Nº 18.703 (boletín Nº 89907)93
11.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto sobre securitización y depósito de valores (boletín Nº 221605)93
12.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a notificaciones a la persona privada de libertad (boletín Nº 230607)97
13.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en los siguientes proyectos:110
a)Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en La Habana, el 10 de enero de 1996 (boletín Nº 182010)
b)Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Panamá para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Santiago, el 8 de noviembre de 1996 (boletín Nº 223610)
14.Nuevo segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en el proyecto que modifica el D.F.L. Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios (boletín Nº 228003)115
Pág.
15.Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolfo Arata Andreani (boletín Nº 220017)124
16.Informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en las modificaciones del honorable Senado respecto del proyecto sobre concesiones de energía geotérmica (boletín Nº 57108)127
17.Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, recaído en el mandato otorgado para investigar los problemas ocasionados por emanaciones de monóxido de carbono141
18.Moción de los diputados señores Huenchumilla, Acuña, Alessandri, Villouta, Vargas, Moreira, Montes, Prokurica, y de las diputadas señoras Pollarolo, doña Fanny, y Soto, doña Laura, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios del Congreso Nacional (boletín Nº 235906)168
19.Moción de los diputados señores Huenchumilla, Elgueta, García, don René Manuel; Tuma, Hernández, Ojeda, Luksic, Bustos, don Juan; Ceroni y Letelier, don Juan Pablo, que establece una reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y les otorga participación política en el Estado (boletín Nº 236007)170
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
De la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, la que informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Walker, don Patricio.
Del diputado señor Ceroni, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 25 de junio próximo pasado, para dirigirse a Japón.
Del diputado señor Huenchumilla, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 8 de julio en curso, para dirigirse a Europa.
De la señora Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, por la cual informa que tiene a disposición de los señores diputados la documentación desclasificada del Gobierno de los Estados Unidos sobre Chile, correspondiente al período 19731978.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Huerta, Manuel
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Guillermo Ceroni.
Asistieron, además, los ministros de Minería, señor Sergio Jiménez; de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, y Secretario General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.16 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla .
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, el punto l7) de la Cuenta se refiere al proyecto de reforma constitucional para reconocer la existencia de los pueblos indígenas y otorgarles participación política en el Estado.
En primer lugar, quiero dejar expresa constancia de que concurrió también con su firma el diputado señor Rodolfo Seguel y que se han reunido las diez firmas; de modo que se ha resuelto el problema legal y reglamentario que había al respecto.
En segundo lugar, quiero solicitar que el proyecto sea remitido primero a la comisión de Derechos Humanos, que está estudiando una iniciativa similar, como se expresa, por lo demás, en el punto 5), letra a), de la Cuenta.
En el entendido de que el debate de este proyecto será de largo aliento y en consideración al trabajo que tiene la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me parece que previamente debe hacerse un estudio adecuado en la comisión de Derechos Humanos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que el mencionado proyecto fuera primero a la comisión de Derechos Humanos?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor MONTES (Presidente).-
El diputado señor Huenchumilla ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 8 de julio del presente mes.
Si le parece a la Sala, se accederá a su petición.
Acordado.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos:
1ºDestinar una hora de la presente sesión, distribuida proporcionalmente entre los diversos Comités, para considerar los siguientes proyectos, que serán votados al final del Orden del Día:
a)El que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería;
b)El que modifica disposiciones del Código Penal para sancionar casos de corrupción, y
c)Considerar sobre tabla las modificaciones del honorable Senado al proyecto sobre securitización y depósitos de valores.
2ºDestinar la segunda hora de la presente sesión, distribuida también proporcionalmente, al análisis del proyecto de reforma constitucional que establece el reconocimiento de la educación parvularia, facultando al Presidente de la Corporación, si fuere necesario, para prorrogar la hora de término del Orden del Día, a fin de posibilitar su despacho en el día de hoy.
3ºRecordar a la Sala que en la sesión ordinaria de mañana miércoles se rendirá homenaje al Cuerpo de Bomberos y que se despachará, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980.
Asimismo, que se colocará en la tabla de Fácil Despacho el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolfo Arata Andreani .
4ºFijar la tabla de la sesión ordinaria del jueves con los siguientes asuntos legislativos:
En la tabla de Fácil Despacho, el que cambia de denominación a la provincia de Isla de Pascua, y en el Orden del Día, el que modifica el régimen tributario que afecta la importación de vehículos acogidos a franquicias especiales y el que deroga las leyes números 18.432 y 18.607, con el objeto de suprimir los feriados que señala.
5ºConceder cinco minutos, al término de la Cuenta de la presente sesión, al diputado señor Carlos Vilches , para referirse a la reunión que, sobre aspectos mineros, fue realizada en la República Argentina.
6ºCelebrar una sesión especial el próximo martes 13, a partir de las l9 horas, con el objeto de conocer el informe emitido por la Comisión especial de Seguridad Ciudadana.
7ºRendir homenaje, en la sesión del miércoles 14 del mes en curso, inmediatamente después de la Cuenta, en memoria de la señora Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de familiares de detenidosdesaparecidos.
8ºRendir homenaje, el miércoles 21 del presente, inmediatamente después de la Cuenta, en memoria del ex senador señor Pedro Ibáñez Ojeda .
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR SIN PLAZO DE CITACIÓN.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Prokurica .
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, pido que solicite la unanimidad de la Sala para que se considere en el último lugar del Orden del Día el proyecto que suspende, por una vez, para pequeños mineros y mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, de tal forma que la indicación que ha enviado el Ejecutivo pueda ser vista por la Comisión de Hacienda, a fin de eliminar un trámite en el Senado.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Hacienda pueda ser citada sin las cuatro horas de anticipación reglamentaria, a fin de que analice la indicación del Ejecutivo hecha presente por el diputado señor Prokurica .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RESPUESTAS A EXPRESIONES DEL MINISTRO DE VIVIENDA. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, como le consta a la Cámara, en particular a la comisión de Vivienda, con la diputada señora Lily Pérez hemos trabajado en la fiscalización de las metas de soluciones habitacionales del Ministerio de Vivienda y del Gobierno.
En los últimos tres meses, tanto en la Sala como en la Comisión de Vivienda, y públicamente, hemos demostrado que el Gobierno no ha cumplido ni siquiera sus propias metas. Ofreció ciento dieciséis mil soluciones habitacionales con subsidios anuales, pero el promedio logrado es de sólo setenta y dos mil.
Para ello, nos hemos basado en antecedentes del propio Ministerio de Vivienda, aparecidos en informes estadísticos que dicha Cartera entrega cada cierto tiempo. Por ende, nuestro trabajo ha sido objetivo, en uso de nuestras facultades fiscalizadoras.
El domingo 27 de junio, “El Mercurio” de Santiago, en su cuerpo D, entregó un reportaje sobre la materia. En él se consultó la opinión del ministro y se le cuestionaron datos objetivos, como el número de soluciones habitacionales con subsidio logradas anualmente, desde el inicio del mandato del Presidente Frei. Por lo tanto, uno espera respuestas del mismo carácter: objetivas, con datos, con cifras.
Como no las tiene, porque de lo contrario debería alterar los informes estadísticos del propio Ministerio de Vivienda, usó la vieja táctica de descalificar a quienes lo critican, y le expresó a la periodista que lo entrevistó que lo único que nosotros tratábamos de hacer era limpiar nuestra imagen, porque habíamos sido objeto de querellas por destacados militantes de la Democracia Cristiana, por denuncias que hicimos respecto de las viviendas Copeva .
No estamos en campaña para limpiar ninguna imagen. No lo necesitamos. Si el Ministro se refirió a las casas del escándalo Copeva , nosotros vamos a las de villa “El Volcán”, donde están los principales perjudicados y donde somos recibidos por los dirigentes y pobladores, porque saben que desde el primer momento, como integrantes de la comisión de Vivienda, los hemos respaldado y ayudado. Aún más: a iniciativa de la diputada señora Lily Pérez , los dirigentes de estos pobladores van a ser recibidos por la comisión de Vivienda mañana miércoles. Estoy seguro espero equivocarme, de que el Ministro de Vivienda no tiene el mismo trato entre los pobladores de villa “El Volcán”. No sería recibido por las asambleas, sería muy difícil que tuviera una conversación con sus dirigentes y pobladores, porque, de acuerdo con lo que nos han dicho, están cansados de tramitaciones, de ambigüedades y de las falsas promesas del Ministerio de Vivienda, y de que sus problemas aún sigan absolutamente vigentes.
No estamos lavando nuestra imagen; sólo cumplimos con nuestro rol fiscalizador y, en esa medida, nos gustaría que las autoridades de Gobierno contrastaran sus cifras, opiniones y juicios con los nuestros, en vez de entrar en declaraciones descalificatorias que por otro lado tratan de minimizar invitando a almorzar ciertos lunes del mes. Ése no es el camino. Queremos discrepar y debatir las cifras que hemos entregado sobre el cumplimiento de las metas que el Ministerio de Vivienda se ha fijado en relación con las soluciones habitacionales. Ofreció 116 mil viviendas anuales y sólo ha entregado 72 mil. Sobre eso me gustaría centrar el debate y no a través de descalificaciones personales que sólo demuestran debilidad de esa Cartera en esta materia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez para hacer uso de los cinco minutos a que tiene derecho, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, me sumo a las palabras del diputado señor Víctor Pérez .
Como consta en la comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el diputado señor Víctor Pérez , otros colegas y quien habla diputada nueva en este Congreso no sólo hemos fiscalizado, sino que, además, hemos hecho propuestas para mejorar la calidad de la vivienda social. Hemos pedido al Gobierno que nos envíe proyectos de ley para ser analizados y hemos examinado materias como el subsidio habitacional, y ahora estamos estudiando una nueva modificación a la ley de Construcción y Urbanismo. También fuimos designados por esta Sala para fiscalizar la situación de las viviendas dañadas por el temporal de 1997 y, en la actualidad, algunos miembros de la comisión de Vivienda integramos una nueva comisión investigadora de las viviendas construidas en 1993, en Iquique, por el sistema de autoconstrucción.
Lamento el hecho de que cada vez que junto al diputado señor Víctor Pérez y otros colegas nos hemos abocado a fiscalizar materias referidas a vivienda e intentado discutir temas de fondo, como calidad de la vivienda social, número de viviendas construidas, anegamientos como los ocurridos en estos últimos días y de los cuales el país ha sido testigo, el Ministro, en vez de contestarnos con argumentos, cifras y datos técnicos e incluso con razones de orden político quienes actuamos en política estamos dispuestos y expuestos a recibir críticas públicas y políticas, empieza con descalificaciones personales. Esta Cámara de Diputados, en especial los 45 diputados nuevos, considera muy lamentable que este problema suceda únicamente en la comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
A los diputados opositores nos ha tocado trabajar en muchas otras comisiones y en todas ellas hemos mantenido buenas relaciones con muchos otros ministros, también de la Concertación del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, con quienes hemos discutido y profundizado un montón de materias de interés para nuestra comunidad. Desgraciadamente, en la comisión de Vivienda tenemos una tremenda piedra de tope: cada vez insisto que el ministro de Vivienda no quiere o prefiere eludir su responsabilidad, contesta en la misma forma que en la sesión especial convocada por la Cámara hace un par de meses, cuando requerimos información de ese ministerio: aborda la materia de modo superficial y liviano, sin entrar al tema de fondo, y empieza con ataques personales.
Hay que entender que la fiscalización que hacemos los diputados sobre materias relacionadas con vivienda de la Oposición, en este caso no tiene por finalidad polemizar con el Ministro en cuestión. En esa oportunidad, por ejemplo a eso se refirió el diputado señor Víctor Pérez cuando aludió al reportaje publicado en “El Mercurio” hace dos domingos, cuestionábamos el número de viviendas entregadas (de proyectos de Gobierno, no de privados) y el número de metros en que se han ampliado, según anuncio del Presidente Frei en su discurso de inicio del nuevo período legislativo del Congreso Nacional, el 21 de mayo recién pasado.
Ojalá que el ministro de Vivienda escuche estas palabras, reflexione y tenga un cambio de actitud frente a las críticas a la gestión que él desarrolla. Son críticas a su gestión y, por tanto, debe responder con cifras y datos objetivos y técnicos.
He dicho.
El señor RIVEROS.-
Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, el artículo 34 del Reglamento es preciso al señalar cuándo un diputado puede hacer uso del derecho a vindicación. Pienso que aquí se están confundiendo las cosas.
Existe una hora de Incidentes para referirse a temas como el que hemos escuchado una vez más en esta Sala, de tal manera que pido a la Mesa que el uso del artículo 34 se apegue estrictamente a lo que en él se señala.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa tiene un criterio distinto al de usted. Conoce el problema y estima que, como hubo una referencia personal, ellos tienen derecho a replicar en virtud de este artículo.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
No quiero abrir debate sobre la materia, pero podemos discutirla en los Comités. El artículo 34 se refiere a cuando se hace una referencia personalizada y se produce una reacción de la parte contraria.
El señor RIVEROS.-
Sería bueno que los Comités revisaran esta disposición reglamentaria.
TERCERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA DE MINERÍA Y ENERGÍA PARA AMÉRICA LATINA, REALIZADA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches para referirse a la reunión sobre aspectos mineros realizada en Argentina.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de nuestra Cámara, paso a informar acerca de la participación que tuvimos el señor Darío Molina , diputado por la Unión Demócrata Independiente, y quien les habla, diputado Carlos Vilches , en una reunión de la Tercera conferencia interparlamentaria de minería y energía para América latina y el segundo Diálogo de Europa-América Latina en los desafíos energéticos para el siglo XXI.
Dicho encuentro, convocado por el Senado de la República de Argentina, se llevó a efecto entre el 21 y el 23 de junio del presente año y contó con la participación de las comisiones de minería y energía de los países latinoamericanos. Tuvo por finalidad deliberar sobre aspectos sustantivos relacionados con el sector de la minería y energía de América Latina.
Nuestra participación consistió en exponer el nuevo marco regulatorio de nuestro sistema eléctrico. Dada la crisis vivida en 1998 y 1999, era de sumo interés conocer el nuevo marco regulatorio que permitía evitar la repetición de crisis de suministro de energía.
En estas sesiones, muy importantes, que se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires, pudimos constatar, en materia de minería, que persisten inclusive se han venido agravando en los últimos años los problemas de desarrollo social relacionados con la explotación minera en pequeña escala.
El problema de este caso radica, básicamente, en que la explotación de carácter informal y artesanal no sólo se ha visto afectada por los bajos precios de los metales en los mercados internacionales, sino que, también, por la ausencia e ineficacia de políticas tecnológicas que permitan su sobrevivencia. En Latinoamérica esta situación se repite en todas las minerías de pequeña escala, como es la explotación del oro, cobre, carbón y piedras preciosas.
En esta oportunidad, con el diputado señor Molina y el senador don Ignacio Pérez Walker quien participó en la Conferencia en representación del Senado, formulamos un planteamiento, que voy a leer textualmente:
“Sugerimos a los gobiernos latinoamericanos la promoción e incentivación de la conexión eléctrica entre los países de manera que se utilicen en forma óptima los diversos recursos energéticos, para permitir que los combustibles, como el gas natural, petróleo, carbón y la energía hidroeléctrica puedan ser suministrados, transformándolos en energía eléctrica que puedan proveer a un futuro sistema común latinoamericano interconectado”.
En Chile existen dos o tres sistemas que no están interconectados; en Latinoamérica ocurre lo mismo.
La propuesta, que fue acogida ampliamente por esta Conferencia, permitirá, en un futuro cercano, que todos los países latinoamericanos estén interconectados, ya sea por los sistemas eléctricos o de gas natural.
En la Conferencia entregamos y recibimos una gran experiencia. Incluso, integrantes del Parlamento Europeo señalaron que Chile tiene un gran potencial en la generación de energía hidroeléctrica en una zona virgen, la Undécima Región, ya que con la capacidad proveniente de sus ríos podría abastecer de energía a gran parte de América latina.
La experiencia vivida en esta Conferencia nos permite aportar antecedentes y fundamentos para el camino que se está siguiendo en nuestro país.
Hago entrega a la Mesa de nuestra intervención y de la Declaración de Buenos Aires de la Tercera conferencia interparlamentaria de minería y energía para América latina, Cime 99 , y solicito que se integre a la versión de la presente sesión.
Debo hacer presente que la participación de los parlamentarios chilenos en esta Conferencia se realizó sin aporte de recursos de esta Cámara de Diputados.
He dicho.
VI.ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SOCIEDADES SECURITIZADORAS Y DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer, sobre Tabla, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto sobre securitización y depósito de valores.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2216-05. Documentos de la Cuenta Nº 11, de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, a nuestro juicio, en general, las modificaciones del Senado están muy bien orientadas y establecen algunas salvaguardias y flexibilizaciones en el proyecto, particularmente en el Nº 2º del artículo 1º, cuyo último inciso señala que las garantías estatales involucradas en los contratos de concesiones de obra de uso público se deberán traspasar conjuntamente con la enajenación de los respectivos créditos y derechos garantizados.
La securitización constituye un proceso de ingeniería financiera que tiene por objeto transformar activos heterogéneos diversos y poco líquidos o ilíquidos en activos homogéneos y líquidos, mediante la emisión de títulos de deuda que tienen como respaldo los mencionados activos, a los cuales se les disminuye el riesgo que presentan para hacerlos atractivos a los inversionistas institucionales.
Este proyecto va a contribuir como se dijo a mejorar el desempeño financiero, particularmente en el sector habitacional y de infraestructura.
En materia habitacional, existen tres sistemas para financiar viviendas: las letras de crédito que emiten los bancos y sociedades financieras; los mutuos hipotecarios endosables y los contratos de leasing inmobiliario, sistema este último que funciona poco. Para los dos últimos sistemas, la securitización será una herramienta destinada a refinanciar los contratos celebrados, a fin de obtener recursos frescos para celebrar nuevos contratos.
Por estas razones y tal como lo señalamos en el primer trámite, consideramos positivo este proyecto y, en general, recomendamos su aprobación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HENRÍQUEZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, coincido con el diputado señor Kuschel en cuanto a que este proyecto es muy importante, porque cambia en un aspecto la ley sobre mercado de valores, del año 94. Incluso, las normas de su articulado han sido aprobadas por la unanimidad de los parlamentarios en ambas Cámaras.
El tercer trámite se generó por un trabajo realizado por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en conjunto con el Ejecutivo, que hizo suyas algunas observaciones que significaban mejorar como las señaladas por el diputado señor Kuschel su redacción, lo cual fue aprobado por el Senado.
En las condiciones actuales, esto va a permitir una fuente de financiamiento alternativo muy importante para el sector inmobiliario y de infraestructura.
Por lo tanto, agradeceré a esta Cámara tener a bien darle su aprobación al proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado de la siguiente manera:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Juan) , Caminondo , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Correa, Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Errázuriz , Fossa , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , Kuschel , Leal , Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares, Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
El señor MONTES (Presidente).-
Debo informar a la Sala que ha quedado sin efecto la sesión especial convocada para el miércoles 7 de julio a las 10.30 horas, ya que los peticionarios solicitaron la postergación del debate.
MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR CASOS DE CORRUPCIÓN. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica disposiciones del Código Penal, que sanciona casos de corrupción, crea nuevas figuras delictivas, y agrega norma que señala a las leyes Nºs 18.834, Estatuto Administrativo, y 18.883, Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos .
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1177-07, sesión 37ª, en 15 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de Constitución, sesión 12ª, en 23 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Juan Bustos .
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, el proyecto ingresó a trámite legislativo el 12 de abril de 1994 y se inició en moción de los diputados señores Allamand, don Andrés ; Jeame Barrueto, don Víctor ; Bombal, don Carlos ; Cornejo, don Aldo ; Chadwick, don Andrés ; Espina, don Alberto ; Longton, don Arturo ; Ribera, don Teodoro ; Urrutia, don Raúl , y VieraGallo, don José Antonio .
La Corporación lo despachó, en primer trámite constitucional, el 6 de diciembre del mismo año. El Senado lo hizo, en segundo trámite constitucional, el 15 de septiembre de 1998.
La corrupción en nuestro Código Penal.
Existe corrupción cuando un agente público, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación vigente y a través de las mismas, consigue un beneficio privado. En consecuencia, la corrupción es una desviación de los fines propios de la función pública por parte de quien tiene a su cuidado la comunidad y los intereses públicos, afectando con ello valores propios de la ética pública, los cuales son de la mayor exigencia, tratándose de un régimen democrático. Ya señalaba Montesquieu que la democracia descansa en definitiva sobre la virtud.
La Comisión Nacional de Ética Pública, sobre la probidad pública y la prevención de la corrupción, formada por el Presidente de la República, señaló que en Chile existe una larga y sólida tradición de integridad pública. De esta manera, el hecho de que nos preocupemos de la probidad en nuestro país no dice relación con una crisis o deterioro de esa tradición, sino con la prevención de fenómenos que en el contexto de una democracia sujeta al constante escrutinio público, en un mundo de intensas conexiones internacionales, cobra mayor visibilidad y una creciente preocupación de la ciudadanía.
La experiencia extranjera ha mostrado que, con el desarrollo de los sistemas sociales, aparecen nuevas formas de corrupción, cada vez más difíciles de detectar, combatir y perseguir. Los países que padecen estos fenómenos de corrupción sufren situaciones de inestabilidad política, anomia, enriquecimiento ilícito, desmoralización de la sociedad, aumento del crimen organizado, etcétera. Por eso, ello requiere una adecuada regulación de los conflictos de intereses públicos y privados, lo cual contrasta con la tradición de nuestro Código Penal, ya más que centenario, que no tipifica ni castiga con la precisión y extensión necesarias los fenómenos de corrupción que nos preocupan en el presente.
Al respecto, la Comisión de Ética Pública concluyó que nuestra legislación es anticuada e insuficiente, al no contemplar situaciones especialmente graves como el tráfico de influencias o el uso indebido de información, pues las disposiciones del Código Penal fueron dictadas en circunstancias muy diferentes a las actuales.
En general, la Comisión rechazó algunas de las modificaciones introducidas por el Senado, en la perspectiva de que se trata de materias que requieren mayor consenso y profundización por la importancia que revisten. Por lo tanto, sugiere que vayan a comisión mixta, a fin de que ésta las analice y establezca una mejor precisión de los tipos penales.
Respecto del artículo 1º del proyecto, que modifica el artículo 157 del Código Penal, la Comisión aprobó la modificación del Senado al inciso primero, que consiste en reemplazar la inhabilitación especial temporal por la inhabilitación absoluta temporal, por estimar que esta última es preferible por su mayor rigurosidad en relación con el delito de exacción ilegal.
La Comisión rechazó la derogación del inciso segundo del artículo 157, que se refiere a la exacción ilegal con ánimo de lucro, pues de otro modo este hecho sería castigado con la pena que rige para la estafa. Al mantenerse este inciso, procedería el concurso ideal en que hay autonomía de los bienes jurídicos involucrados.
En relación con los tipos establecidos en los artículos 216 a 219 del Código Penal, que sancionan la anticipación y prolongación indebida de funciones públicas, el Senado considera que las conductas descritas en dichos preceptos deberían ser sancionadas por vía administrativa y no mediante la configuración de tipos penales, razón por la cual propone derogar dichos artículos. Haciéndose eco de la doctrina que está de acuerdo con esta proposición, la Comisión concuerda con el criterio del Senado de derogar estos tipos legales, dejando solamente la aplicación de una sanción por vía administrativa.
Respecto del artículo 220 del Código Penal, que sanciona al empleado público que, a sabiendas, nombrare o propusiere para cargo público a persona en quien no concurran los requisitos legales, con las penas de suspensión del empleo en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, dada la importancia de este comportamiento delictivo, el Senado propone una pena de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados y multa de cinco a diez UTM.
En este caso, la Comisión concuerda con la proposición del Senado.
El artículo 240 del Código Penal sanciona las negociaciones incompatibles, es decir, al empleado público que, directa o indirectamente, se interesare en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir en razón de su cargo. La Cámara incluyó a los socios colectivos, comanditarios o de hecho del funcionario o de su cónyuge, ascendientes o descendientes. El Senado incorporó, en el inciso tercero, a las personas ligadas al funcionario público por adopción, por estimar que la enunciación de la Cámara era limitada al no considerar otras sociedades.
La Comisión recomienda rechazar ambas adiciones o enmiendas, con el objeto de adecuar la normativa vigente a la nueva ley sobre filiación y, además, para insistir en la norma propuesta por la Corporación, que permite sancionar negociaciones incompatibles, que se dan con gran frecuencia en la actualidad.
El Senado ha agregado un artículo 240 bis, que sanciona con las mismas penas previstas en el artículo anterior al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses o al de las personas expresadas en el artículo 240. En estos casos, el juez queda facultado para imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
La Comisión estimó pertinente recomendar el rechazo de esta enmienda, con el objeto de que la comisión mixta estudie ambas disposiciones.
En el artículo 241 del Código Penal, que tipifica el delito de exacción ilegal de derechos o concusión, sancionando al empleado público que exigiere directa o indirectamente mayores derechos que los que le corresponden de acuerdo con la ley, la Cámara cambió el verbo rector “exigiere” por “pidiere”. En la Comisión se hizo presente que la expresión más adecuada sería “solicitare”. Asimismo, estableció que la sanción penal procede cuando la acción se lleva a cabo “a sabiendas o por error o ignorancia inexcusables”, a fin de excluir la simple negligencia del tipo penal, eliminando también la consideración de la habitualidad que, desde el punto de vista doctrinario, resulta siempre sumamente discutible.
El Senado consideró inadecuado sancionar con la misma pena el delito en su forma dolosa y en la culposa con error e ignorancia inexcusables, y mantuvo el verbo “exigiere”.
La Comisión acordó recomendar el rechazo de esta enmienda e insistir en la norma propuesta en el primer trámite constitucional; es decir, mantener el verbo “pidiere”, cambiar la pena por la de inhabilitación absoluta temporal, y contemplar, tal vez en un inciso separado, la situación del error o ignorancia inexcusables.
El Senado rechazó el artículo 241 bis aprobado por la Cámara, que sancionaba el delito de enriquecimiento ilícito, en el que incurrirá el empleado público que durante el ejercicio de su cargo o de sus funciones obtuviere injustificadamente un incremento patrimonial cuya procedencia no pudiere justificar al ser requerido por la autoridad administrativa, a menos que el hecho constituya un delito de mayor gravedad, porque, a su juicio, sancionaba un resultado y no una conducta. Por lo tanto, el tipo penal propuesto no calificaba una conducta punible, sino una situación de hecho, que alteraba la carga de la prueba, haciéndola recaer en el funcionario, vulnerando así la presunción de inocencia reconocida constitucionalmente.
En definitiva, la Comisión rechazó la enmienda del Senado, no porque no tuviese razón, sino con el objeto de que la comisión mixta estudiara con mayor precisión este tipo legal, sobre todo considerando que su incorporación fue recomendada por la Comisión Nacional de Ética Pública.
El Senado incorporó una enmienda al artículo 246, con el fin de complementar la sanción penal a la violación de secretos. Se propone un inciso nuevo que contempla sanciones para el empleado público que indebidamente anticipe, en cualquier forma, el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados. Esta disposición está destinada a evitar el aprovechamiento de la situación de privilegio que tiene el empleado público respecto de la información que posee. Por eso, la Comisión recomendó aprobarla.
El Senado agregó un artículo 247 bis, con el fin de sancionar el uso abusivo de secretos o de información concreta reservada de que tuviera conocimiento el empleado público en razón de su cargo y que le permita obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. La Comisión convino en recomendar la aprobación de esta modificación, sin perjuicio de que en la comisión mixta se estudie la incorporación de una norma que regule las inhabilidades que pesan sobre los empleados públicos que cometan algunos de los delitos de violación de secretos.
La Cámara planteó sustituir, en el párrafo relativo al delito de cohecho quizás el más importante, en relación con la probidad de los funcionarios públicos, los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal en los Nºs 5), 6) y 7) del artículo 1º. El Senado los ha reemplazado por el signado con el número 9, que sustituye los artículos 248, 249, 250 y 251.
La Comisión acordó rechazar la enmienda del Senado para insistir en la regulación propuesta por la Cámara de Diputados, en especial teniendo en consideración que el Senado, por una parte, no incluía dentro de las posibilidades de los hechos ejecutados por el funcionario, tanto la acción como la omisión, y, por otra, no contemplaba aquellos casos en que, no habiendo delito, sin embargo había un acto de carácter ilícito.
Respecto del soborno, la Cámara de Diputados también, por las mismas razones, es decir, por una mejor tipificación de las disposiciones planteadas, acordó mantener el artículo 250 bis, propuesto por la Cámara de Diputados, y rechazar, por lo tanto, las modificaciones introducidas por el Senado a los artículos 250, 250 A y 250 B.
En cuanto al artículo 251, la Comisión consideró que era necesario rechazar la modificación del Senado y mantener la disposición actual, por estimar que la expresión “dádiva” era mucho más amplia que los términos propuestos por el Senado, sin perjuicio de las precisiones de la comisión mixta.
La Cámara de Diputados agregó un párrafo 12 bis en el título V del Libro II del Código Penal, artículos 259 bis, 259 bis A y 259 bis B, para sancionar dos delitos graves, de enorme frecuencia en nuestras sociedades actualmente: el tráfico de influencias y el uso indebido de secretos e información privilegiada. La Comisión acordó recomendar el rechazo de la enmienda introducida por el Senado, con el fin de permitir una revisión más exhaustiva en la comisión mixta y determinar, con mayores antecedentes, la procedencia o improcedencia de estos dos tipos penales.
En el artículo 259 bis de la Cámara de Diputados, se acordó incorporar un artículo que sanciona al empleado público que, con abuso de su cargo, influyere indebidamente sobre una persona para conseguir, mediante una acción u omisión de ésta, un beneficio económico directo o indirecto para sí o para tercero. La pena es presidio menor en su grado medio a máximo y suspensión de cargo u oficio público o profesión titular. Si el beneficio económico se obtuviere, el delito se sancionará, además, con multa del tanto al triplo del mismo. Si la persona influida fuere otro funcionario público, la pena privativa de libertad se aplicará en su grado máximo.
El Senado rechazó lo anterior por estimar que no sanciona propiamente el tráfico de influencias, sino una modalidad de concusión, o sea, la obtención de un provecho patrimonial por parte de un funcionario público mediante el ejercicio abusivo de sus potestades. Por ello, acordó incluir la conducta sancionada dentro de la negociación incompatible, artículo 241 bis, y en el cohecho, artículo 248 bis, inciso segundo.
Por eso mismo, la Cámara también acordó rechazar, con el objeto de tratar toda esta materia, en su conjunto, en la comisión mixta.
La Cámara de Diputados agregó un
artículo 268 bis al Código Penal, para sancionar con presidio menor en cualquiera de sus grados al que, por cualquier medio fraudulento o mediante engaño, induzca a un funcionario público para obtener un acto administrativo contrario a la ley. El Senado lo suprimió por estimar que la conducta es vaga y no precisa el engaño. La Comisión recomienda rechazar la enmienda introducida por el Senado, sin perjuicio de precisarla en la comisión mixta, dada la importancia que tiene este tipo penal, desde la perspectiva de la probidad en las materias de carácter administrativo.
La Cámara de Diputados planteó una modificación al artículo 84 del Estatuto Administrativo, con el fin de proteger al funcionario público acusado injustamente de corrupción, permitiendo que el jefe superior del servicio o el ministro de Estado respectivo, sostengan la acción civil y criminal para hacer efectivas las responsabilidades derivadas del delito de denuncia o acusación calumniosas. El Senado rechazó este artículo por estimar que la legislación vigente y la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República llevan a concluir que el precepto que se propone es innecesario, ya que son suficientes las reglas en actual vigor. En efecto, el órgano contralor ha señalado que la presentación de una denuncia infundada en contra de un funcionario público puede comprometer la responsabilidad administrativa civil o penal del denunciante y confiere el derecho al afectado a requerir que se persigan tales responsabilidades.
Sin perjuicio de que el nuevo inciso es un tanto inoficioso, la Comisión advirtió la existencia de un claro vicio de inconstitucionalidad, por cuanto el artículo 62, inciso cuarto, número 2), de la Constitución Política le otorga al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para la determinación de las funciones o atribuciones de los servicios públicos. Por ello, la Comisión acordó recomendar la aprobación de la enmienda del Senado y rechazar este artículo.
En relación con el artículo 3º de la Cámara de Diputados, que modifica el artículo 88 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, con la misma finalidad anterior, es decir, respecto de una acusación o denuncia calumniosa, el Senado lo rechazó por las mismas consideraciones antes expresadas. La Comisión, por tanto, también aprobó esta enmienda.
Por último, el Senado añadió un nuevo inciso al artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
El inciso que se sugiere agregar extiende la actual facultad de los tribunales de justicia para levantar el secreto bancario, en orden a facultar al juez para ordenar la exhibición del movimiento completo de la cuenta corriente y sus saldos, cuando se trate de causas criminales seguidas en contra de funcionarios públicos, procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La actual disposición limita el alcance de esta excepción al secreto bancario a determinadas partidas de las cuentas corrientes, tratándose de causas civiles o criminales que se sigan en contra del librador.
La Comisión, en virtud de que la ampliación permite una mejor investigación de estos delitos, acordó recomendar la aprobación del nuevo inciso propuesto por el Senado.
Es cuanto puedo informar a la Sala respecto de los nuevos delitos que se incorporarían al Código Penal y que modifican la legislación vigente, insuficiente en una materia tan importante para la democracia, sin perjuicio como ha señalado la Comisión de que en la mayoría de los casos se prefiere que estas disposiciones vayan a comisión mixta, con el objeto de un mejor estudio y precisión de los tipos legales correspondientes.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Para información de los diputados presentes, en la página 3) del informe hay un resumen de las modificaciones del Senado que la Comisión propone aprobar y de aquellas que sugiere sean tratadas en la comisión mixta.
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, este proyecto en sus fases finales ha merecido un extenso debate en ambas Cámaras. Hoy, según el tratadista en derecho penal chileno y actual ministro de la Corte Suprema, don Enrique Cury , hay una tendencia moderna a la descriminalización de actos administrativos irregulares, por cuanto él considera que en delitos como las negociaciones incompatibles, meramente formales, no hay perjuicio, y otros, como los suprimidos por el Senado anticipación o prolongación indebida de funciones o los nombramientos anómalos, no deberían ser sancionados.
Sin embargo, desde muy antiguo, y especialmente respecto de los jueces, ya entre los romanos el famoso juez Horacio prefirió lo honesto a lo útil, y rechazó, con la frente en alto, “los dones de los malvados”.
En el fondo, la iniciativa en cuestión agrava y perfecciona las figuras penales que se refieren a delitos tan clásicos en nuestro Derecho Penal como el cohecho, las exacciones ilegales, la negociación incompatible y otros que, muchas veces, no producen un perjuicio directo al Estado, como la malversación o el fraude, pero que atentan contra la recta administración, honestidad y probidad que deben reinar en la función pública.
El diputado informante ha hecho una completa relación sobre los puntos, así que me referiré específicamente a algunos delitos en los que tenemos divergencias con el Senado.
En primer lugar, la negociación incompatible. Se trata de un delito en que participa un tercero, el funcionario público se desdobla y se da lugar a la actuación de los llamados “palos blancos” o testaferros. A pesar de la extensión que le dio la Cámara de Diputados a esta disposición, de partida en el Senado se hace una enumeración donde se establece que se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, diera interés a terceros asociados con él; pero no indica si esa asociación es con fines de lucro o sin ellos. Por ejemplo, en la actualidad existen organizaciones no gubernamentales que se extienden a lo largo del país, licitan proyectos, los ejecutan y, muchas veces, funcionarios públicos ligados a esas organizaciones no sienten que están realizando una negociación incompatible, aun cuando la Contraloría General de la República lo ha señalado reiteradamente, y tanto en el Estatuto Administrativo de los empleados públicos como en el de los funcionarios municipales se establece que este tipo de negociación es incompatible. Por tal razón, además de las dadas por el diputado informante, en la Comisión rechazamos este precepto, a fin de que se perfeccione.
Me referiré al llamado enriquecimiento ilícito. Este delito, que figura en la página 7) del texto comparado como artículo 241 bis), actualmente existe en Colombia y Argentina; pero, además, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de Caracas, del 29 de marzo de 1996, se señala que los países miembros deben sancionar en su legislación interna un delito de esta naturaleza. Por ejemplo, se señala: “Se agregan a los actos de corrupción o de soborno internacional y de enriquecimiento ilícito, que los Estados parte se comprometen a tipificar conforme a sus respectivas Constituciones y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico”. En consecuencia, existe una obligación por parte del Estado de hacer realidad una norma de esta especie; que sea imperfecta, no significa que no debamos tipificar una conducta tan grave y que produce un enorme impacto entre los usuarios de la administración del Estado, que, en general, son todos los chilenos.
Se destaca que no se ha tipificado bien este delito. Sin embargo, cuando uno revisa el texto y lo compara con el de la legislación colombiana o con el del Código Penal argentino, se observa una concepción bastante parecida. Dice este último: “Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años, inhabilitación absoluta de 3 a 10 años, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público. La prueba que ofrezca en su enriquecimiento se conservará secreta a su pedido y no podrá ser invocada contra él para ningún efecto”.
En consecuencia, hace bien la Cámara en mantener el artículo 241 bis, de manera que sea analizado en la comisión mixta, pues sanciona el enriquecimiento ilícito.
Igualmente, es necesario comentar el delito de tráfico de influencia. La Convención Internacional de Caracas señala que los Estados deben legislar sobre el punto. Los artículos 259 bis y 259 bis A, propuestos por la Cámara de Diputados, representan modelos que se pueden perfeccionar en la comisión mixta.
El Senado, desgraciadamente, suprimió esos preceptos, pero nosotros pensamos que deben mantenerse, aun cuando se puedan acotar, rectificar o perfeccionar sus contenidos.
El Senado rechazó el artículo 268 bis, que se refiere al fraude administrativo, porque considera que la figura se encuentra incorporada en la actual norma sobre fraude al Estado. Sin embargo, aquí se trata de una situación diferente, porque hay procedimientos engañosos, ardides, maquinaciones y simulaciones para que una determinada autoridad tome una decisión. Aun cuando ello no pudiera causar un perjuicio inmediato al Fisco, en una serie de materias puede ocurrir que esa decisión sea errónea, equivocada y, en consecuencia, afecte a numerosas personas, a pesar de no estar actualmente penado. Por esa razón, aun cuando el artículo 268 bis requiriera un perfeccionamiento, indudablemente que en Chile tiene que establecerse el llamado fraude administrativo, que en otras partes se denomina fraude procesal.
Por último, me parece muy acertado que en las causas criminales seguidas contra los empleados públicos procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sea, delitos ministeriales, el juez y, más tarde cuando entre en vigencia la reforma procesal penal, el ministerio público, con autorización del juez, puedan ordenar la exhibición del movimiento completo de la cuenta corriente y de los respectivos saldos. Esto, indudablemente, nos lleva a establecer un principio no sólo de probidad, sino de transparencia, de claridad, respecto de los dineros o de aquellos ingresos que aparezcan en forma anómala o irregular en las cuentas corrientes de los funcionarios públicos cuando alguien los impute o sean procesados por delitos ministeriales.
En consecuencia, procederemos a aprobar las proposiciones formuladas y a rechazar otras, mencionadas en el informe.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre esta materia de la siguiente manera:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación la proposición de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que consiste en rechazar en el artículo 1º, los Nºs 1, letra b); 4, 5, 6, la supresión del Nº 4 de la Cámara, el 9, del Senado; la supresión de los Nºs 8 y 9 de la Cámara y aprobar el resto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Caminondo , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Errázuriz , Fossa , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , Kuschel , Leal , Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares, Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Se abstuvieron los diputados señores:
Orpis y Pareto .
FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, los segundos informes del proyecto que suspende, por una vez, para pequeños mineros y mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
Informante de la Comisión de Minería es el diputado señor Prokurica.
Antecedentes:
Segundos informes de las Comisiones de Minería y de Hacienda, boletín Nº 2299-08, sesión 12ª, en 23 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 7 y 8, respectivamente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, paso a entregar el segundo informe del proyecto que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
De acuerdo con el artículo 142 de ese Código, los titulares de concesiones mineras se encuentran afectos a un régimen especial que debe ser amparado mediante el pago de una patente anual, cuyo monto es equivalente a un determinado porcentaje de unidades tributarias por cada hectárea completa, dependiendo de si la concesión es de exploración o de explotación.
Este pago es anticipado y debe hacerse durante el mes de marzo de cada año. La contravención de esta obligación conlleva como sanción la inclusión de la patente minera en la nómina que el Tesorero General de la República debe enviar antes del 1 de julio de cada año a los tribunales de justicia para los efectos de su posterior remate.
Sin embargo, los afectados tienen la posibilidad de excluir las patentes del remate, pagando el doble del valor adeudado, de conformidad con lo prevenido en el inciso segundo del artículo 149 del citado Código.
El Ejecutivo propone, por medio de esta iniciativa, establecer, por esta única vez, un mecanismo legal que permita a los concesionarios de patentes mineras que tengan la calidad de pequeños mineros y a los mineros artesanales, eliminar sus patentes del remate mediante el pago de lo adeudado, sin el recargo antedicho.
Debe tenerse presente que beneficios similares se han concedido en el pasado mediante la ley Nº 19.201, de 3 de febrero de 1993, que prorrogó hasta el 28 de febrero del mismo año el pago de la patente minera anual que debió efectuarse en el mes de marzo de 1992, sin la sanción aludida. Asimismo, por medio de la ley Nº 19.294, de 3 de marzo del 1994, se otorgaron facilidades a los titulares de concesiones mineras que adeudaban patentes del año anterior para pagarlas hasta el 30 de junio de 1994, sin recargo. Del mismo modo, a través de la ley Nº 19.349, de 11 de noviembre de 1994, se benefició a los deudores de patentes mineras cuyos pagos debieron efectuarse durante los meses de marzo de 1992 y de 1993, en el sentido de permitirles pagarlas en dos cuotas, sin recargo, durante los meses de noviembre y diciembre de 1994.
Vuestra Comisión, aunque compartió los objetivos perseguidos por el Ejecutivo en esta materia, especialmente considerando la situación que está viviendo la pequeña y mediana minería del país, manifestó su preocupación, en el sentido de que se trata de una solución parcial que no resuelve el problema de fondo, que dice relación con la modificación del precepto contenido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. En efecto, recordaron sus integrantes que aproximadamente en 1994 se hizo una petición al Gobierno para modificarlo, debido a que la sanción allí establecida no sólo castiga a los mineros con la pérdida de sus concesiones mineras, sino que los obliga al pago del doble de lo adeudado para impedir el remate de sus patentes mineras, al mismo tiempo que les impide hacer posturas durante el desarrollo del mismo.
Además, se reiteró la conveniencia de hacer extensivo este beneficio a los pequeños mineros o mineros artesanales que no hubiesen pagado sus patentes mineras entre los años 1994 y 1997, con el objeto de que puedan cumplirse íntegramente los objetivos previstos en el mensaje.
Quiero recordar que el diputado señor Fuentealba en esa época fue quien encabezó esta solicitud al Ejecutivo.
Con fecha 21 de abril del año en curso, su Excelencia el Presidente de la República tuvo a bien formular las siguientes indicaciones al artículo 1º, que motivó la remisión del proyecto para informe de esta Comisión:
1)Para sustituir en el inciso primero, la frase “al período anual 1998” por “a los períodos anuales 1998 y 1999”, y
2)Para sustituir en el inciso segundo, la frase “al período anual 1998, que hubiere eliminado ésta de la subasta durante el mismo año” por la expresión “a los períodos señalados en el inciso precedente, que hubieren eliminado ésta de la subasta durante los años 1998 ó 1999”.
En el día de hoy y aquí quiero hacer un reconocimiento a la labor de la comisión de Hacienda, que se ha reunido especialmente para tramitar en forma urgente este proyecto tan necesario para la pequeña y mediana minería, el Ejecutivo, a solicitud del Presidente de la comisión de Minería y de los miembros de ésta, ha planteado la posibilidad de que el beneficio que otorga el proyecto se haga extensivo al año 1997.
El objetivo de esa indicación fue favorecer a un gran número de deudores morosos perjudicados con el término del plazo para pagar las patentes mineras correspondientes a 1999. Dijimos con anterioridad que la disposición obliga al pago anticipado de las patentes, el cual se agrega a los pagos pendientes por patentes mineras del año pasado. Además, la indicación pretende paliar en forma efectiva la deprimida situación económica de este pequeño sector, agravada por la crisis que afecta a la actividad, generada en especial por la baja del precio internacional del cobre, pero también por otros efectos.
Hubo consenso en recordar la eficacia de esta proposición que amplía el universo de beneficiarios propuesto en el mensaje original, y se compartió la preocupación del Ejecutivo, a fin de que se concrete dentro del más breve plazo posible.
La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 1º con la indicación.
También informaré sobre dos modificaciones más, que incluyen la indicación del Ejecutivo, vista por la Comisión de Hacienda en el día de hoy. Ellas son:
En primer lugar, como ya lo dije, la que amplía estos beneficios al período 1997.
En segundo lugar, para sustituir el artículo 3º por el siguiente, nuevo: “El valor de lo adeudado por patentes mineras a que se refiere el inciso primero del artículo 1º, podrá pagarse en doce cuotas mensuales iguales y sucesivas a partir de julio del 2000, tomando como base el valor de la unidad tributaria mensual vigente al vencimiento de cada cuota”.
Por último, para permitir que la comisión de Hacienda rinda la otra parte del informe, debo señalar que se establece que sólo podrán acogerse a estos beneficios los pequeños mineros o mineros artesanales que hubieran pagado la patente correspondiente al 2000.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle a fin de que proporcione el informe de la Comisión de Hacienda.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente, paso a referirme a la indicación ingresada hoy, que complementa el informe del diputado Prokurica .
Debo señalar que se incorpora también el año 1997 respecto de lo adeudado por los pequeños mineros o mineros artesanales. Además, en un artículo nuevo, se les concede un plazo para pagar hasta en doce cuotas mensuales iguales y sucesivas a partir del mes de julio del 2000, tomando como base el valor de la unidad tributaria mensual vigente al vencimiento de cada cuota.
Asimismo, se dispone que podrán acogerse a este beneficio los pequeños mineros o mineros artesanales que hubieran pagado la patente correspondiente al 2000.
Para los efectos de esta iniciativa, se entenderá por pequeños mineros o mineros artesanales a quienes trabajen personalmente una mina y/o una planta de beneficio de minerales sea propia o ajena, con o sin la ayuda de su familia y/o con un máximo de doce dependientes asalariados.
La calidad de pequeño minero o minero artesanal se acreditará ante la Tesorería General de la República mediante certificado extendido por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Se comprenderá también en esta denominación a las sociedades legales mineras que no tengan más de seis socios y a las cooperativas mineras, siempre que los socios o cooperados tengan el carácter de pequeños mineros o mineros artesanales, de acuerdo con lo señalado en el inciso anterior.
Por otra parte, se ha incorporado un artículo 4º, nuevo, que faculta al tesorero general de la República para dictar las resoluciones de carácter general respecto de la forma en que los pequeños mineros o mineros artesanales podrán acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley.
La Comisión de Hacienda aprobó estas indicaciones por unanimidad.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VILLOUTA.-
Una moción de orden, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, sería conveniente que se nos hiciera llegar la indicación aprobada para analizarla con mayor detenimiento.
El señor MONTES (Presidente).-
Así se procederá.
Tiene la palabra el diputado Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, a nombre de la bancada del Partido por la Democracia, quiero expresar nuestro apoyo al proyecto de ley que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, permitiéndoles eliminar sus patentes del remate, sin pagar el doble del valor adeudado.
Valoro el hecho de que el Gobierno haya incorporado el año 1997, porque en él se produjo una morosidad muy alta en el pago de patentes mineras, y subrayo la circunstancia de que cada año nos enfrentamos con una situación de esta naturaleza. Sabemos que la crisis de la pequeña minería que ya es antigua ahora se ve agudizada por el bajo precio internacional del cobre y, por ello, creo necesario reflexionar sobre el hecho de que anualmente debemos despachar una ley sobre esta materia.
Aprovechando la presencia en la Sala del ministro de Minería, don Sergio Jiménez , es conveniente replantear el tema de las multas para los pequeños mineros o artesanales. Definitivamente, habría que eliminarlas o fijar una proporcional al tamaño o a sus niveles productivos, por cuanto una multa que represente el doble de lo adeudado prácticamente no existe en ningún otro tipo de impuesto o deuda.
Además, existe la necesidad de efectuar una diferenciación entre las patentes de la pequeña minería respecto de las grandes empresas, ya que las hay en exploración y en lo no metálico. Sería importante pensar también en una diferenciación mayor en cuanto a esas patentes, porque las grandes empresas dejan enormes terrenos mineros paralizados muchas veces de manera especulativa, lo cual no ocurre con la pequeña minería. Por eso, es necesario estudiar y establecer una patente diferenciada, puesto que la actual ley no se hace cargo de lo extremadamente heterogéneo que es el mundo minero, como lo saben los parlamentarios de las zonas mineras. Esta iniciativa no se hace cargo de esa realidad. Por tanto, debe fijarse un nuevo criterio y entrar en un debate de fondo que evite que anualmente haya que aprobar una ley de esta naturaleza. Estimo que debemos proteger a la pequeña minería o minería artesanal, y en ese sentido habría que estudiar en la Comisión de Minería, con la anuencia y participación del Gobierno, un proyecto que modifique la ley actual.
Aprovechando también la presencia del ministro de Minería, saludo el hecho de que se haya consolidado la tarifa sustentada en 1999 para la pequeña minería. Siempre hemos pensado en la necesidad de constituir un fondo más permanente, de manera de establecer una tarifa sustentada cada vez que baje el precio del cobre en el mercado internacional. También me alegro de que se disponga de 900 mil dólares para financiar los proyectos mineros, de los cuales 37 corresponden a la región de Atacama, y 87, al norte, lo cual es muy importante para mantener esa actividad.
Pero quiero hacer dos alcances al ministro y a los colegas. Es preciso confirmar proyectos de esta naturaleza a fines de 1999, de manera tal que una cantidad de mineros pueda postular a proyectos para el 2000, cuando aún no tendremos una recuperación significativa del precio internacional del cobre, a fin de mantener la actividad en la pequeña minería.
Por otra parte, debemos reflexionar sobre el costo de tratamiento. Es cierto que Enami ha cobrado, al menos en dos oportunidades, a la Candelaria de la Phelps Dodge, un costo de tratamiento menor al de la pequeña minería. Entonces, debemos estudiar un sistema reconociendo que Enami ha rebajado los costos de tratamiento de 113 a 80, que permita que por los plus de producción que existirán de acuerdo incluso con los proyectos mineros, Enami rebaje, a ese nivel, el costo de tratamiento a la maquila, al flete y a otros cargos que actualmente corresponden a la pequeña minería.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, si bien es cierto hace muy poco el Presidente de la República anunció medidas concretas para la reactivación de nuestra economía y paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis que estamos viviendo, no lo es menos que tanto la prontitud para incorporar a trámite legislativo cada una de dichas medidas como la posibilidad de aumentar beneficios, son resorte exclusivo del Ejecutivo.
Por eso, deseo agradecer la disposición del Presidente Frei al enviar con prontitud la indicación que se requería y, además, incorporar el año l997 al beneficio, extensión que no estuvo en ninguna de nuestras discusiones de Sala y de Comisión. Eso debemos valorarlo. También y es bueno que la ciudadanía lo sepa, debemos valorar la prontitud con que la Cámara de Diputados a la cual muchas veces se le critica públicamente que no trabaja con la rapidez que la gente requiere, trató el tema. Hoy, gracias al presidente de la Corporación, a todos los partidos que conforman esta honorable Sala, a la Comisión de Hacienda, que accedió a despachar el informe con prontitud, hemos acogido una indicación que incluye el año l997 en la iniciativa en estudio. Sin esa buena disposición de todos los diputados aquí presentes, habría sido imposible avanzar. Así, la iniciativa pasará al Senado sin necesidad de volver a esta Sala, y la ley se dictará con mayor rapidez de lo que pensábamos. Eso hay que decirlo, porque cuando la Cámara legisla con esta prontitud, buena disposición y voluntad, ello debe saberse. Esto se ha logrado con el concurso de muchos parlamentarios, como los diputados señores Prokurica , Mulet , Leal , Valenzuela y la señora Marina Prochelle . Agradezco la disposición de todos ellos, porque la iniciativa constituye un beneficio para la pequeña y mediana minería, ya que el tema de los plazos no era un asunto menor y fue asumido rápidamente por esta Corporación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, desde un punto de vista global, encuentro oportuno el proyecto, pues está en la línea de lo que el Presidente de la República anunció para revertir la recesión que afecta a nuestra economía. Sin embargo, ha quedado de manifiesto la falta de voluntad política, pues el proyecto es insuficiente. ¿Por qué? Lo dijo el diputado informante y el colega que me antecedió en el uso de la palabra: es la única sanción que existe en nuestra legislación de cobrar de un día para otro el ciento por ciento de la deuda. Un sector tan importante por la mano de obra que ocupa y por su efecto multiplicador, no puede ser tratado en forma discriminatoria. Por eso, considero que no se ha aprovechado esta oportunidad para darle un corte definitivo al asunto y asemejarlo, por ejemplo, a los casos del IVA, de las imposiciones, de las deudas con la banca, que tienen un castigo dentro de lo razonable, sin afectar de la forma en que se está haciendo al sector de la minería, que viene en crisis ya desde l996. No hay que echarle la culpa sólo al precio internacional actual del metal, pues la crisis se viene arrastrando debido a una mala actitud del Gobierno y de la Enami para focalizar la ayuda. Prueba de ello es que por maquila se cobra 85 centavos a los pequeños y medianos mineros, y sólo 65 a la gran minería. ¿Dónde está el fomento de esa actividad?
Por eso, llamo al Ejecutivo a tomar medidas globales frente a estas situaciones, con el fin de solucionar el problema. Para muchos mineros de la zona centro norte, su único activo, su único capital, es la pertenencia minera, a la cual destinan todos sus recursos, que obtienen explotándola, para pagar las patentes. Pero en una época recesiva como la que ha vivido el país, no es justo que, además, tengan que pagar el ciento por ciento de las mismas. Por eso, valoro la oportunidad con que se trata el proyecto, pero creo que es insuficiente, más aún cuando como parlamentario he fiscalizado y visto que se dilapidan recursos pagando a asesores, como el señor Enrique Correa , por efectuar una serie de estudios que, a pesar de haber sido solicitados, todavía no llegan a mi poder. Ahí se “farrearon” 50 mil dólares o más. Espero obtener respuesta a mis solicitudes de fiscalización al respecto.
Votaré a favor el proyecto; pero quedo con la sensación de que, una vez más, el Gobierno no ha dado una solución global al problema que nos preocupa.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, con motivo del primer informe y discusión del proyecto dimos a conocer in extenso nuestro apoyo al mismo. Ahora deseo referirme a un aspecto de la indicación que no se ha mencionado.
Quiero destacar el trabajo de la Comisión de Minería desde l998, cuando la presidía el diputado señor Waldo Mora , oportunidad en que se solicitó al Gobierno incluir el año l999 en el no pago de la multa que establece el artículo l49 del Código de Minería y también que estudiara la posibilidad de exceptuar los años anteriores a l998. Hoy, el Ejecutivo incorporó el año l997, lo que nos parece muy bien, pues se soluciona el problema de los pequeños mineros o mineros artesanales por un período de tres años, que han sido muy difíciles para ellos.
En la indicación se agrega un acápite que permitirá a los pequeños mineros o mineros artesanales pagar la patente, sin multa o recargo, de los años l997, l998 y l999, en doce cuotas mensuales iguales y sucesivas a contar de julio del 2000. O sea, en un año más el que paga la patente del 2000 y está al día, sólo entonces empezará a pagar la de los tres años anteriores sin el recargo que se duplica en virtud del artículo 149 del Código de Minería, y además, en doce cuotas. Es un respiro muy importante para los pequeños y medianos mineros, dado el trabajo que ellos desarrollan, y una manera de incentivar también la alicaída labor del sector.
Agradezco la prontitud y la buena disposición de los miembros de la Comisión de Hacienda para tratar la indicación, lo que permitirá que el proyecto también se pueda votar hoy.
La eliminación definitiva de la multa que establece el artículo 149 de dicho Código planteada por el diputado señor Bertolino , es materia que tendremos que discutir más adelante. Obviamente, lucharemos con el propósito de que en el futuro se cumpla ese objetivo; pero no podemos dejar de reconocer que éste es un paso muy importante, sobre todo en un período de crisis y porque beneficia a los pequeños mineros o mineros artesanales y no a los grandes mineros, que sí tienen recursos para pagar las patentes de amparo que, en muchos casos, es la única retribución que hacen al Estado por explotar las minas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, éste es un buen proyecto, sobre todo si se toma en cuenta que gran parte de la pequeña minería está casi totalmente paralizada y que normalmente los comerciantes y los industriales pagan las patentes con el producto de su trabajo. Entonces, los que no están trabajando, que son la gran mayoría, hacen un esfuerzo muy importante para no perder sus pertenencias paralizadas.
Por otro lado, esta situación se agrava más cuando, de acuerdo con el artículo 149 del Código de Minería, que se ha comentado, se obliga a pagar el doble esta especie de impuesto. En consecuencia, el proyecto reitero es bueno, porque aliviana la situación de gente que todavía tiene la esperanza de que algún día mejoren tanto las condiciones laborales como el precio internacional del cobre y de que la actividad de fomento de los organismos públicos se realice como corresponde.
Por eso, mi bancada, al igual que todas, votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, como lo expresó el diputado señor Jaime Mulet y a solicitud de su Señoría, nos constituimos en la Comisión de Hacienda en sesión extraordinaria, en la que participaron la diputada señora Marina Prochelle y los diputados señores Pablo Galilea , Enrique Jaramillo y quien habla.
En sus exposiciones, el Ministro y el Subsecretario de Minería plantearon que con esto se da un respiro a la aflictiva situación de los pequeños mineros y la posibilidad de que haya mayor actividad, especialmente cuando suba el precio internacional del cobre, lo que significará mayor apoyo económico para ese sector.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, indudablemente, esta medida ayudará en gran parte a solucionar los problemas de la pequeña minería, pero tomar medidas de parche no los eliminará. Si todos los años condonamos multas y legislamos sobre lo mismo, ¿por qué no nos abocamos al tema de la pequeña minería y vemos cómo resolvemos su problemática en forma definitiva?
El sector minero está terriblemente afectado; pero, lógicamente, esta suspensión solucionará sólo parte de sus problemas, como los de multas y de patentes, pero no en forma global su diario vivir, ni tampoco generará el trabajo que requiere.
Con todo, agradezco en forma muy especial a la Comisión de Hacienda el hecho de que haya sesionado tan rápidamente para agilizar la tramitación del proyecto. Por supuesto, agradeceré a todos mis colegas votar favorablemente en esta oportunidad.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, si bien esta instancia reglamentaria adolece de cierto retraso, es válida para el efecto que se pretende con el proyecto.
De acuerdo con lo que han planteado los demás parlamentarios, es importante que el Ministro sepa que hay situaciones bastante complicadas, como el caso de mi zona, específicamente la comuna de Taltal, a la cual han llegado recursos provenientes del Programa de asistencia y modernización de la minería artesanal, Pamma , lo que es materia de una evaluación.
El proyecto va en la senda correcta y estoy seguro de que mi bancada lo va a aprobar. En ese sentido, es un aliciente para quienes sufren la aflictiva situación que se vive en el norte, como en mi zona, específicamente en Taltal y Tocopilla .
Como dijo la diputada señora Rosa González , es importante buscar una instancia real para la pequeña y mediana minería sobre la base de un proyecto de Estado, y que la Enami asuma la función de fomentarla, que inspiró su creación, ya que en la actualidad no está cumpliendo ese rol, lo cual también está contribuyendo a que esta problemática aumente principalmente en el entorno social de estas pequeñas localidades.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto y estoy seguro de que así lo hará también mi bancada.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, quiero destacar el trabajo realizado por la Comisión de Minería en esta materia durante todo el año pasado y agradecer personalmente, aprovechando su presencia, al ministro de Minería, don Sergio Jiménez , quien tuvo voluntad y buena disposición para escuchar la petición de la Comisión de Minería en cuanto a que este proyecto, que establecía el beneficio sólo para 1998, lo extendiera a 1999 y retrotrajera a 1997. Ciertamente, la suspensión es insuficiente, pero, como se ha señalado acá, constituye un paso muy importante para aliviar la grave situación que vive la pequeña minería.
Espero que, mediante proyectos futuros, en especial de la Enami, se haga justicia y busque una solución definitiva al grave problema que afecta a la pequeña y mediana minería.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, por su intermedio, agradezco al señor Ministro haber gestionado la posibilidad de ampliar este beneficio para los pequeños mineros.
Particularmente los diputados de Renovación Nacional Baldo Prokurica y quien habla, junto a los demás diputados que representamos al norte, hemos presentado esta solicitud de suspensión del artículo 149 del Código de Minería, porque la crisis que vive la pequeña minería es la más prolongada, por lo que ha llegado a ser casi terminal para algunos pequeños mineros. Los más están indefensos económicamente para defender sus propiedades mineras y las concesiones que se amparan con una patente anual. Por eso, el beneficio que se les está otorgando en esta oportunidad para los años 1997, 1998 y 1999, va en su ayuda. Espero que la recuperación del precio del oro y del cobre, que son los metales que explota nuestra pequeña minería, reactive el sector, sumándose ello a esta ayuda y a los beneficios de fomento que estamos solicitando, que son absolutamente necesarios, porque en las conferencias internacionales ha quedado demostrado que la pequeña minería es viable en todos los países, por la generación de empleo y de riqueza que conlleva cuando los precios son normales.
Por eso, vamos a apoyar la indicación del Ejecutivo, para que este proyecto sea ley de la República lo antes posible.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Minería, señor Sergio Jiménez.
El señor JIMÉNEZ (Ministro de Minería).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda la prontitud en acoger la indicación del Ejecutivo, que hace extensiva la suspensión del no pago del impuesto de la patente minera, aprobada para 1998 y 1999, a 1997. También agradezco al Presidente de la Comisión, don José Miguel Ortiz , quien consiguió su aprobación por unanimidad; a la diputada informante, señora Marina Prochelle , y a todos los Comités parlamentarios, por haber acogido tan favorablemente la referida indicación.
Me referiré muy tangencialmente a algunas críticas en cuanto a la tardanza y, sobre todo, a la insuficiencia de que adolecería el proyecto.
En esta oportunidad hemos querido tratar la materia en forma coyuntural, porque la solución definitiva corresponde a una modificación al Código Minero, lo que implica un trámite mucho más arduo y lato, con quórum calificado y con un análisis sustantivo de la patente minera, que adolece de defectos muy graves. Esta es la patente de 1981, año en que seguramente había realidades económicas y sociales distintas de las actuales, por lo que la vigencia de algunos artículos ya no tiene excelencia ni rigor.
Eso lo estamos modificando, porque se da un trato discriminatorio negativo a la pequeña minería con respecto a la gran minería, dado que ésta puede descontar el monto de la patente, de sus costos y de sus utilidades, y el pequeño minero, que no lleva contabilidad, no está sujeto a ninguna de esas granjerías.
Por esas razones, hemos establecido este beneficio sólo para los años 1997, 1998 y 1999. Como también lo han destacado muchos señores diputados, hemos otorgado un plazo, a contar de julio del próximo año, para que la pequeña minería se ponga al día en el pago de las patentes atrasadas sin quedar sujeta a la multa prevista en el artículo 149 del Código de Minería, fecha en la que esperamos ojalá así suceda, que el precio internacional del cobre ya esté en el promedio histórico del orden del dólar por libra, lo que permitiría que toda la pequeña y mediana minería siguiera trabajando como lo ha hecho en el curso de todo el presente siglo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto de la siguiente forma:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el proyecto de las patentes mineras, con las indicaciones del Ejecutivo, aprobadas por la comisión de Hacienda.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Caminondo , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Correa, Delmastro , Dittborn , Elgueta , Encina , Errázuriz , Fossa , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , Leal , Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares, Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Votó por la negativa el diputado señor Pareto .
RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que establece el reconocimiento de la educación parvularia.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2182-07, sesión 12ª, en 23 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco .
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, estamos en conocimiento de un proyecto, en tercer trámite constitucional, originado en moción de un conjunto de parlamentarios de la Comisión de Educación y de otros colegas que han considerado necesario incluir la educación parvularia en la Constitución Política del Estado. Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y obtuvo el quórum constitucional necesario para su aprobación.
Uno de los hechos más impactantes ocurridos en el último tiempo en el sistema educacional es el aumento sin precedentes del número de niños matriculados en el nivel de educación parvularia. En 1960, sólo el 2 por ciento de la población infantil de la edad correspondiente estaba inscrito en el nivel parvulario, mientras que, en 1996, ese porcentaje había aumentado en 25 por ciento. Sólo en el último año se han incorporado 12 mil niños a la atención preescolar. En la actualidad, 111 mil preescolares son atendidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 55 mil, por la Fundación para el desarrollo integral del menor, Integra; 4 mil, por el programa “Conozca a su hijo”, y alrededor de 224 mil, por establecimientos educacionales subvencionados y municipalizados. Es decir, después de haber tenido una mínima expresión en el marco educacional, la educación parvularia ha llegado a ser en poco tiempo parte importantísima del sistema y continúa en proceso de crecimiento.
Este proyecto de ley otorga un reconocimiento formal a la educación parvularia, lo que ha sido apoyado con mucho cariño y participación por el Colegio de Educadoras de Párvulos, por distintas organizaciones relacionadas con esta materia, como Integra y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y por la educación municipalizada.
Aunque el proyecto de la Cámara fue sustituido por el Senado, los parlamentarios democratacristianos vamos a apoyar esta modificación, con el fin de hacer justicia a las educadoras de párvulos y, particularmente, a esta área educacional, que ha estado marginada no sólo de la Constitución, sino también de la ley orgánica constitucional de enseñanza.
Al respecto, debo informar a los honorables colegas que el Senado despachará el proyecto de ley que incluye formalmente a la educación parvularia en dicha Loce.
Por eso, pido a nuestros colegas parlamentarios que aprobemos la sustitución del Senado, toda vez que en este tercer trámite constitucional finaliza este proceso legislativo.
Solicito lo anterior en nombre de los senadores y diputados que han tenido la voluntad de legislar para dar un espacio y, sobre todo, para permitir que el Estado no sólo se preocupe de las materias a que ha hecho referencia, sino, además, para abrir nuevos espacios que amplíen la cobertura educacional.
En ese sentido, desgraciadamente, sólo se está cumpliendo con el 30 por ciento de la cobertura nacional, por lo que el 70 por ciento de los niños aún no ingresa al sistema regular de la enseñanza prebásica o parvularia, o a las salas cunas.
En consecuencia, cada día se requiere con más premura el aumento de la educación parvularia, sobre todo por parte de organismos, escuelas e instituciones que realizan esta labor, tanto del sector público como del privado. Esto es importante, porque cada vez es mayor el número de madres que buscan trabajo y sustento para el hogar, lo que transforma el quehacer de estas educadoras especializadas y comprometidas en una labor notable.
Señor Presidente, solicito el apoyo de los colegas parlamentarios para aprobar esta modificación del Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, lamentablemente el Senado ha restringido la intención de la Cámara de Diputados de otorgar reconocimiento constitucional a la educación parvularia.
El diputado informante ya ha explicado lo que significa actualmente la educación parvularia en nuestro sistema educacional, cómo ha ido aumentando, qué se requiere para incrementarla más aún y las ventajas que otorga a los niños de nuestro país.
Indudablemente, estamos aquí frente a un problema de equidad, ya que el quintil más alto tiene casi al 50 por ciento de sus niños en la educación parvularia, mientras que en el quintil más bajo no alcanza al 20 por ciento.
No me gustaría enfocar la educación preescolar o parvularia sólo desde el punto de vista de lo conveniente que resulta para el cuidado de los niños, aun cuando esto es efectivo, ya que cuando el padre y la madre trabajan el trabajo de la mujer es un elemento muy importante para salir de la pobreza indudablemente la educación parvularia preescolar cumple el rol de cuidar a los niños; pero lo fundamental es que el niño que asiste a la educación parvularia preescolar logra un desarrollo en los ámbitos intelectuales y afectivos mayor que el que no tiene esa oportunidad. Esto es lo fundamental. De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el derecho a la educación empieza con la preescolar. Está comprobado, en otros países, que el niño que ha asistido a la educación preescolar, al asumir hábitos de sociabilidad y de educación de emociones desde muy temprano, indudablemente tiene una conducta ciudadana mucho más exitosa que la del niño que no ha tenido esa posibilidad. Sin embargo, el Senado no ha comprendido la intención de la Cámara de Diputados de dar a la educación parvularia un lugar en el artículo 19, Nº 11, de la Constitución, en el cual se le reconocería el mismo nivel que a las otras instancias educacionales.
¿Qué hace el Senado? Mediante un artículo único, intercala, en el número 10 del artículo 19 de la Constitución, un inciso que pertenece al pasado: “El Estado promoverá la educación parvularia.”, ya que el Estado está promoviendo la educación parvularia, pero el Senado no le concede el nivel que aquí le habíamos otorgado.
Lamentablemente, en las reformas constitucionales no existe el mecanismo de la comisión mixta, por lo que sólo podemos llegar hasta este trámite. Como el Senado nos ha puesto en una situación sin salida es decir, debemos aprobar esta modificación para que la educación parvularia aparezca por lo menos mencionada en la Carta Fundamental con una intención buena, cual es que el Estado la promueva, pero sin el reconocimiento que le dio la Cámara, quedará pendiente para otra oportunidad esta reforma constitucional, patrocinada mediante una moción parlamentaria similar a la aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados para dar a la educación preescolar el lugar que le corresponde en una sociedad moderna.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, frente al proyecto de texto aparentemente tan simple, como que dice: “el Estado promoverá la educación parvularia” debo manifestar que es deber y obligación del Estado educar a los niños como continuidad de la formación del hogar, y la educación parvularia lo es, ya que les inculca a éstos las buenas costumbres, los modales, todo lo que requieren para entrar en la sociedad y prepararse mejor para ingresar a la vida escolar.
Lamento profundamente que la trabajadora parvularia tenga un trato discriminatorio, porque lo digo de verdad actualmente es una de las profesiones más importantes en la educación chilena, ya que tiene que ver con la formación básica de los niños.
También echo de menos una legislación especial para la parvularia. No me imagino que, a los 55 años, una parvularia todavía esté trabajando, porque el suyo es un trabajo agotador. A los padres que tenemos dos o tres niños en la casa, se nos hace a veces difícil su educación. ¿Se imaginan ustedes una parvularia a cargo de 20 ó 25 niños, tenerlos tranquilos e irlos educando? En verdad, las parvularias deberían tener un trato especial en sus remuneraciones, jubilaciones y reconocimiento como profesoras de Estado en todo lo que a ello concierne.
No se trata de aprobar un mal menor, sino, por lo menos, un principio, un paso hacia adelante en lo que queremos para nuestra educación parvularia. No es el inicio de algo nuevo, porque en el país hoy es fundamental, y hablar de quintiles bajos, medios o altos no tiene importancia. Eso sí, es relevante que todos los niños puedan acceder a que las parvularias los atiendan en su vida preescolar.
De ahí que me gustaría ver más voluntad en el ministro de Educación, y si hubiera estado presente en la Sala habría podido decirnos que lo que reclaman los diputados es en beneficio de la educación de los niños. ¡Esto es justicia social!
Por eso veo insuficiente el proyecto, pero igual lo voy a aprobar, porque las parvularias merecen un reconocimiento; ojalá el señor Ministro nos escuche y podamos dar el reconocimiento que todos queremos brindar al gremio de trabajadoras de la educación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, creo que hoy están todos de acuerdo: todos encuentran malo el proyecto, pero todos dicen que lo van a aprobar.
En realidad, la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados es bastante significativa, porque como ésta lo había redactado, era prácticamente imposible llevarlo adelante, ya que, además de hacer un reconocimiento a la educación parvularia, en lo que concuerdo plenamente, en el fondo la hacía obligatoria, lo que realmente no correspondía. Significaba que para ingresar en la educación básica, el niño debía haber pasado necesariamente por la educación parvularia, lo que resultaba un absurdo.
Por eso, el Senado, al modificar el artículo 10 en vez de cambiar el artículo 11 como lo hizo la Cámara, hace un reconocimiento de la educación parvularia, lo que todos queremos, pero no la hace obligatoria.
Entiendo así lo han señalado todos que es obligación de los padres educar a sus hijos, y aunque muchas veces es necesario recurrir a la labor de las parvularias cuya acción el Estado debe ir fortaleciendo no es bueno exigir que la educación parvularia sea obligatoria.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, antes de la intervención del diputado señor Correa, iba a decir que el Senado se había equivocado una vez; ahora debo decir que lo ha hecho dos veces.
Primero, se equivocó una vez, porque ha cambiado la idea matriz del proyecto.
En su artículo 19, la Constitución Política del Estado contempla 26 numerales, y respecto de la educación establece dos: el 10 y el 11, los que separa y no mezcla, porque son dos ideas distintas. El numeral 10 está referido al concepto de derecho a la educación y habla de obligatoriedad. En cambio, el numeral 11 apunta al derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y no habla de obligatoriedad.
Originalmente, las ideas matrices estaban referidas a complementar el último inciso del numeral 11, referido a los requisitos estipulados para la enseñanza básica y media, para establecer que también se extendieran a la enseñanza parvularia. No hablaba de obligatoriedad.
Por lo tanto, si el Senado ha rechazado y modificado el planteamiento de la Cámara, se ha equivocado dos veces, porque al analizarse aquí en general y en particular, se dijo que no se pedía obligatoriedad. Si eso se hubiera solicitado, simplemente se habría modificado el segundo inciso del numeral 10, que dice que la educación básica es obligatoria, y habríamos establecido que la educación básica y parvularia es obligatoria, pero eso no se estableció nunca. Ni siquiera se pensó cuando el diputado Velasco y otros propusimos el proyecto.
Por eso algunos diputados estamos insatisfechos de la posición del Senado, porque nos han cambiado las ideas matrices y nadie ha dicho nada, y han imaginado algo que jamás hemos establecido: que la enseñanza parvularia sea obligatoria.
En todo caso, si rechazáramos las indicaciones del Senado nos quedaríamos sin proyecto, porque en las reformas constitucionales no hay comisión mixta.
Entonces, lamentando estas dos equivocaciones del Senado, necesariamente debemos optar por un mal menor.
Hace poco rato se me acercó la diputada señora Lily Pérez a decirme que un joven discapacitado fue dejado en la puerta de un colegio, sin ser atendido. Desde las cuatro de la tarde estuvo largas horas esperando en una indefensión total.
Este problema se puede reclamar cuando está referido al numeral 11, a través de la presentación de un recurso de protección, ya que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado dice que se podrá recurrir de amparo ante la corte de apelaciones cuando se infringe alguno de los numerales del artículo 19, pero sólo respecto del numeral 11, sólo de las relaciones educacionales vinculadas con la libertad de enseñanza.
De manera que cuando nos cambian las ideas matrices del numeral 11, que estaba contemplado con recurso de protección, nos dejan, además, una materia nueva que no nos posibilita, en el caso planteado por la diputada señora Lily Pérez , a recurrir de protección.
Por eso repito lamento las equivocaciones del Senado y tendremos que votar a favor, a sabiendas de que no fue lo que propusimos a la Cámara, porque ante un mal mayor nos quedamos solamente con la declaración romántica del Senado de que el Estado promoverá la educación parvularia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, hace algunas décadas, un ministro de Educación dijo que la educación parvularia era un lujo para nuestro país, en circunstancias que ya en los países europeos y en gran parte de Latinoamérica, incluso acá, en nuestro país, existía la formación de educadoras de párvulos. Un tiempo después, con motivo de acciones reivindicatorias del magisterio, hubo una huelga y ese ministro no duró mucho más en sus funciones. En consecuencia, esos criterios de épocas pasadas siguen un poco vigentes, ya que, como se ha dicho aquí, la nueva expresión constitucional aprobada por el Senado es bastante tímida.
Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la proposición del Senado se planteó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, donde se señaló que la preocupación por la educación parvularia debía estar en el numeral 10, referido al derecho a la educación, que como bien ha dicho el diputado Valenzuela es distinto, porque la Constitución de 1980 separó por primera vez el derecho a la educación del de la libertad de enseñanza.
El derecho a la educación tiene carácter social y hay en él un agente activo, que es la comunidad toda encabezada por el Estado y con la muy importante participación de los padres, que deben brindar educación; en cambio, la libertad de enseñanza es de naturaleza individual o personal dice don Enrique Evans y se refiere al derecho de cada uno a impartir educación, y el papel del medio social, principalmente del Estado, es el de no coartar, restringir o impedir el ejercicio de esta expresión de pensamiento libre. Por eso, el diputado que habla propuso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que esta norma debería existir en el numeral 10 y no en el 11, pero siempre precisando que se trataba de una obligación por parte de la comunidad o del Estado para que esa educación se brindara en el sector público municipalizado o en el particular. Sin embargo, el Senado nos habla de que el Estado promoverá la educación parvularia, y este verbo, tan usado en distintas materias, según el diccionario de la lengua española significa: “Iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro”. En consecuencia, acá hay solamente un impulso, una especie de pequeña actividad y un reconocimiento, sí, en el texto constitucional, de la existencia de la educación parvularia. Pero, como aquí se ha expresado, si no damos curso a esta reforma constitucional, se perdería este avance.
Por mi parte, voy a votar favorablemente este proyecto de ley, aun cuando como se ha manifestado sus efectos sean limitados.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, el proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados intercalaba, en el inciso quinto, numeral 11, del artículo 19 de la Constitución Política, entre las expresiones “enseñanza” y “básica”, la palabra “parvularia”, quedando, en consecuencia, la norma, objeto de la reforma, redactada en la siguiente forma:
“Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza parvularia básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel”.
El Senado, por su parte, sustituye el artículo único propuesto por otro que intercala, en el número 10 del artículo 19 de la Carta Fundamental, con la oración “El Estado promoverá la educación parvularia.”, norma y redacción que pretende zanjar la preocupación inicial tanto de autoridades del Ministerio de Educación como de otros estamentos, incluido el propio Colegio de Educadoras de Párvulos, en cuanto a que el proyecto original podría abrir un camino a la obligatoriedad de la enseñanza del nivel. Debo reconocer que, en su oportunidad, ese propósito fue materia de debate, pero, por su naturaleza y especiales características, no estaba dentro de las preocupaciones y anhelos inmediatos. Esta situación fue confirmada, además, por la opinión de diversas personalidades y especialistas que concurrieron a la Comisión, lo que fue configurando pareceres y consensos en el sentido de que la educación parvularia se caracteriza por una mayor flexibilidad en las futuras etapas del aprendizaje, lo que, unido a la especial relación niño-familia, no hace aconsejable concebirla como obligatoria, más aún si bajo el término de educación parvularia no sólo se comprende el subnivel dedicado al segmento de niños de entre 4 y 5 años de edad, de pre-kínder y kínder, sino un significado más amplio que dice relación con el derecho del niño a la educación desde su nacimiento. La tesis de la obligatoriedad queda descartada, aunque creo positivo explorar experiencias de otros países, incluso de nuestra América Latina, donde la educación parvularia sí tiene el carácter de obligatoria, pero restringida a niños de entre 5 a 6 años de edad.
Dada la importancia de la educación parvularia, se hace muy necesario fortalecerla, más aún en comunidades rurales como la que represento, donde, si bien es cierto se ha ido en forma lenta, pero paulatina, ampliando su cobertura, es evidente que todavía queda un largo camino por recorrer. Enfatizo esto porque una de mis principales preocupaciones, tal vez la más importante, es contribuir a mejorar las condiciones de vida de mis coterráneos, en especial de los niños y jóvenes, a quienes, por cierto, todavía es posible ofrecerles una mejor sociedad. En tal sentido, existen estudios e investigaciones que demuestran que la inteligencia, independientemente de los componentes genéticos, puede ser desarrollada e incrementada a través de la educación, lo que no puede hacerse sin que a los niños se les estimule desde su más temprana edad. Planteamientos como éste nos deben hacer meditar, porque, según cifras del propio Ministerio de Educación, en nuestro país existen, en general, 700 mil niños en situación de pobreza que no tienen la posibilidad de participar en ninguna de las alternativas de la educación parvularia existente hoy en Chile.
Reconocida su importancia, lo que queda es buscar la mejor alternativa viable que materialice tales propósitos. De allí que la expresión introducida por el honorable Senado de que el Estado promoverá la educación parvularia me parece que zanja, por una parte, el tema de la obligatoriedad y, por otra, abre un camino que compromete al Estado a desarrollar acciones en beneficio de este tipo de enseñanza, destinadas a la difusión, facilitación y creación de oportunidades para que los menores accedan a ella.
En consecuencia, se remarca la diferencia entre el carácter obligatorio de la educación básica en relación con la naturaleza “voluntaria y flexible” con que se quiere consagrar la educación parvularia, al reconocerle su importancia y precisar el rol que le compete al Estado, de promover y asegurar la igualdad de oportunidades y de acceso a todos los niños.
No puedo dejar de señalar la incidencia que tiene en la práctica esta consagración, no sólo para sus beneficiarios directos los niños, sino también para quienes cada día imparten la educación parvularia, las profesionales de la docencia que, en cualquier lugar del territorio nacional, entregan sus conocimientos, talento, cariño y vocación. Además, muestran a los niños un mundo nuevo y cumplen un rol de verdaderas mediadoras culturales, articuladoras y facilitadoras de la labor educativa, tanto de los párvulos como de sus familias y de la comunidad. En el kínder o en el jardín está el mundo de las primeras letras y de la sociabilidad inicial.
No obstante encontrar positiva la modificación del honorable Senado, pero convencido de que no es contradictoria con el proyecto original, y tomando en consideración que la idea central que nos convoca es reconocer con amplitud el derecho a la educación parvularia dentro de la Constitución, a mi juicio, es perfectamente factible conciliar ambas proposiciones. Para ello, deberían incorporarse las enmiendas propuestas en los números 10 y 11 del artículo 19 de la Constitución, lo cual le daría más fuerza y solidez a nuestros argumentos y abriría un camino para su fortalecimiento y desarrollo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, a mi juicio, debemos ser muy cuidadosos al tratar una reforma constitucional, a fin de que no sea necesario introducir modificaciones posteriores. En ese sentido, la proposición del Senado reviste mucha gravedad, ya que cambia el fondo del proyecto aprobado, en primer trámite constitucional, por la Cámara.
Aquí se ha sostenido que la educación parvularia es un paso muy importante para permitir la equidad entre nuestros niños y se ha destacado el esfuerzo del Gobierno para promoverla a través de instituciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor y diferentes otras. Pero somos anacrónicos cuando afirmamos que la educación parvularia no debe ser obligatoria, lo cual me retrotrae a la discusión sobre si la educación básica debería ser obligatoria o no.
Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han dicho que deberíamos aprobar el proyecto, a pesar de las modificaciones introducidas por el Senado. Pero, reitero, eso es muy grave. Por ello, propongo continuar su discusión y no aprobarlo en esta ocasión.
Por eso, anuncio mi voto negativo.
El señor MONTES (Presidente).-
Señores diputados, se ha cumplido con el tiempo del Orden del Día. Sin embargo, por acuerdo de los Comités, se dará dos minutos a los diputados inscritos que aún no han intervenido.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero precisar que como ésta es una reforma constitucional, no corresponde el trámite de comisión mixta. De manera que es de suma importancia lo que decidamos hoy.
Por otra parte, entender la educación como la continuación de lo que se hace en la casa, así como hablar del trato preferencial que se da a la educadora de párvulos, es tener una concepción bastante restringida y añeja de la educación. Ésta compete a toda la sociedad en su conjunto: al Estado, a la familia, al sujeto partícipe de educación y a quienes la imparten.
Por eso, quiero recordar que cuando hace treinta y cinco años se argumentaba que los hijos de los campesinos no necesitaban mayor educación para mover el curso de las aguas en nuestros campos, quienes representaban en ese momento la veta humanista cristiana, sostenían la necesidad de establecer el derecho a la educación básica obligatoria para todos los niños. Así es como hace treinta y cinco años en el gobierno del Presidente Frei Montalva no sólo se estableció la obligatoriedad de la enseñanza básica, sino que se construyeron las escuelas para impartir enseñanza a los 600 mil niños que quedaban sin educación.
Hoy, cuando el mercado campea en nuestras latitudes y en nuestro país, debemos afirmar que lo hecho hasta aquí no es suficiente para resolver el tema de la educación, menos aún la preescolar. El Estado, como organismo rector, debe contribuir a que la educación preescolar sea un derecho en el futuro.
En el estudio de esta modificación, que tiene que ver con los derechos y deberes constitucionales, queremos afirmar lo importante que es el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Lo veo en los míos, de cinco y cuatro años de edad; constato la importante tarea de la educadora de párvulos al desarrollar sus aspectos emocionales, sociales y psicológicos.
Por eso, cuando el Gobierno del Presidente Frei está impulsando una reforma educacional que brindará más de dos años y medio de educación a nuestros hijos, digo que esta apuesta no es por el futuro, sino por el presente. Por ello, llamo a mis colegas a reconsiderar su decisión y a votar, ojalá por unanimidad, a favor de este derecho por nuestros hijos, por nuestra sociedad y por Chile.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional es un reconocimiento al esfuerzo de quienes han dedicado parte de sus vidas a educar a los niños menores, cuyas mamás antes no podían trabajar porque no tenían dónde dejarlos.
Además, qué importante es la educación parvularia, sobre todo en la preparación psicomotora, en la coordinación e integración al grupo, porque los niños después llegan mejor preparados a la educación preescolar.
Por eso, lo menos que podríamos hacer es reconocer el mérito de esta etapa de la educación, que ha dado tanto alivio a la mamá que trabaja para ayudar a mantener su hogar.
En la Comisión también se trató la obligatoriedad de la educación parvularia. Es lógico que los padres deseen educar, gozar y estar con sus hijos a esa edad, ya que el amor de la madre es insustituible. Por eso debemos reconocer que esto debe ser optativo y libre. Sin embargo, cada día la realidad nos muestra que la mujer que se incorpora al campo laboral necesita el fortalecimiento de la educación parvularia, a la que acceden cada día más niños. El último año se incorporaron doce mil niños a ella, lo que es un verdadero reconocimiento a sus bondades.
Vayan mis felicitaciones a todas las parvularias del país, que tanto se sacrifican en su delicado trabajo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, el número l0 del artículo 19 de la Constitución, en su párrafo cuarto, señala que “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles;”.
¿Cuáles son los niveles de la educación? Los señala el inciso quinto del número ll del artículo 19, que dice: “Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento”.
Por eso, los autores del proyecto propusimos modificar ese párrafo, para intercalar, entre las expresiones “enseñanza” y “básica”, la palabra “parvularia”, de manera de incorporar plenamente en los niveles de enseñanza la educación parvularia.
Con la modificación del Senado, la educación parvularia queda como un segmento marginado del sistema general de educación.
Por eso, coincido con el presidente de la comisión de Educación, diputado señor Felipe Valenzuela , quien ha dicho que el Senado de nuevo ha corregido en su fondo una disposición de la Cámara, tremendamente importante para nosotros, y ha cometido un error.
En rigor, correspondería rechazar la modificación, pero ello no es muy conveniente, ya que el proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional y es preferible que la votemos a favor. En todo caso, insisto en que es un error.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia, hasta por dos minutos.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella) .-
Señor Presidente, los autores del proyecto pretendíamos que se reconociera a nivel constitucional la educación parvularia, en beneficio de los niños y de quienes laboran en ella. De todos modos, como nunca se ha podido materializar, pido a mis colegas que aprobemos la modificación del Senado.
La educación parvularia es fundamental en la formación de los niños desde su edad más temprana. Según estudios, quienes la reciben tienen menos problemas de alcoholismo, de drogadicción, incluso de rupturas matrimoniales. Por otro lado, la educación parvularia permite a las madres trabajar, lo que también es una oportunidad para el crecimiento integral de la familia.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, sólo deseo expresar que lamento la modificación del Senado, pues, en la práctica, debilita el proyecto aprobado por la Cámara, el que evidentemente quiso dar rango constitucional a la enseñanza parvularia, por cuanto, sin duda, se lo merece.
Nada significa decir “el Estado promoverá la educación parvularia”, porque promover es estimular, fomentar, y la ley manda, prohíbe o permite. En la práctica, estimular o fomentar no significa nada.
Por eso, lamento la modificación del Senado, pero la vamos a aprobar porque es la única alternativa.
Además, hay otras materias que también son importantes, como, por ejemplo, que a los niños de la educación parvularia se les haga extensivo el seguro escolar, que no los beneficia y que representa una gran inquietud para la ciudadanía.
Espero que esta reforma constitucional sea el inicio de una más profunda destinada a beneficiar la educación parvularia, porque ésta incide en los niños en una etapa extraordinariamente importante.
Nosotros votaremos favorablemente la modificación, en el entendido de que el proyecto es el inicio, repito, de una reforma destinada a mejorar la educación parvularia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Pido la unanimidad de la Sala para insertar el discurso del diputado señor Gonzalo Ibáñez .
Acordado.
El discurso, que se acordó insertar es el siguiente:
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, hoy procedemos a tratar la modificación que introdujo el Senado al proyecto de Reforma Constitucional despachado por esta Cámara y que tiene por objeto incorporar a nuestra Carta Magna un reconocimiento oficial a la Educación Parvularia y a su importancia en la formación de las personas.
Este proyecto va unido a una modificación a la ley orgánica Constitucional de Enseñanza que apunta al mismo objetivo. En este sentido, cabe señalar que lo que en primer trámite constitucional aprobó esta Cámara iba mucho más allá, pues la incorporación del término “parvularia” en el artículo 19, Nº 10, implicaba hacer de ésta una instancia formativa obligatoria. En cambio, la modificación del Senado, al incorporar ese término en el Nº 11 del mismo artículo, apunta a señalar la importancia de ella, pero sin convertirla en obligatoria. Por supuesto, votaré favorablemente la proposición del Senado, porque estando muy de acuerdo en que es menester subrayar la importancia capital de esta instancia formativa, se me hace muy difícil que ella se imponga como obligatoria.
Pero, entendámonos. Desde el momento mismo de su nacimiento toda criatura humana dispone del derecho a ser bien formada y educada, de acuerdo, por cierto, a las condiciones de su naturaleza en los distintos momentos de su vida. En la etapa que nos ocupa, que va desde el nacimiento hasta los seis años, el derecho de la persona a ser bien educada es de toda evidencia, pero ello no implica que haya de ser el Estado quien asuma esa educación ni que esta educación tenga que ceñirse a cánones formales, uniformes y comunes. Por el contrario, en esos años, como en ninguna otra etapa, el deber de proporcionar esa educación corresponde a los padres, a quienes compete elegir la mejor manera de hacerlo. Para ellos, es obligatorio proporcionar esa educación. El jardín infantil, más que liceos, colegios y escuelas posteriores, no es sino un auxiliar de aquéllos para cumplir con tal tarea. El hecho, con todo, de que muchas madres deban trabajar fuera del hogar para colaborar al sustento de sus familias, exige de toda la sociedad, y del gobierno en particular, que asegure los medios para que ese trabajo pueda realizarse sin mengua de la educación de los infantes. A ello se agrega el indudable aporte pedagógico que puede significar un jardín infantil bien organizado y dotado, sobre todo para niños de entre tres y seis años de edad.
Aún así, de ninguna manera se puede obligar a los padres a enviar a sus hijos a esos establecimientos si, pudiendo, prefieren ser ellos los agentes educativos exclusivos o prefieren optar por otra vía, como dejar a los hijos con familiares o personas amigas, mientras ellos cumplen con sus deberes laborales o profesionales. Tampoco se pueden imponer obligatoriamente modelos de educación, pautas de evaluación y metodologías determinadas para impartir este tipo de educación. En este campo, sin perjuicio de afirmar el derecho y la obligación a que he hecho mención, debe reinar para los agentes educativos la mayor libertad posible, que viene exigida, por lo demás, por las especiales características de los niños de la edad a que he hecho mención.
Es mi parecer que la modificación propuesta por el Senado cumple con estos objetivos, por lo que la votaré favorablemente.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada la reforma constitucional.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Caminondo , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Correa, Delmastro , Dittborn , Elgueta , Encina , Errázuriz , Fossa , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jiménez , Krauss , Kuschel , Leal , Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Núñez , Ojeda , Olivares, Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Votaron por la negativa los diputados señores:
Galilea (don José Antonio) , Hernández , Jarpa y Palma (don Andrés ).
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
ESTUDIO DE CAUSAS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA ENFRENTARLA.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 257, sobre la situación financiera de la Universidad de Concepción.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Bartolucci , Bertolino , Cardemil , Coloma , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Dittborn , Errázuriz , Fossa , González (doña Rosa) , Ibáñez , Kuschel , Leay , Longueira (don Pablo) , Masferrer , Molina , Monge , Orpis , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Paya , Pérez ( doña Lily) , Prokurica , Recondo , Rojas , Ulloa , Vargas , Vega y Vilches .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Arratia , Bustos (don Manuel) , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Mesías , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma (don Andrés) , Pareto , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny ), Reyes, Rincón , Rocha , Salas, Sánchez , Seguel , Valenzuela , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Se abstuvieron los diputados señores:
Ascencio y Sciaraffia (doña Antonella ).
INVESTIGACIÓN DE HECHOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE PASAPORTE A SENADOR AUGUSTO PINOCHET UGARTE.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 258, de los señores Gabriel Ascencio, señora Fanny Pollarolo, señores Andrés Palma, Abel Jarpa, Miguel Hernández, Tomás Jocelyn-Holt; señoras Isabel Allende y Laura Soto, y señores Joaquín Palma y Homero Gutiérrez.
“Considerando:
1.Dentro de nuestro ordenamiento constitucional y legal se encuentra claramente establecida la forma de designación de embajadores y ministros diplomáticos y representantes ante organismos internacionales además de la labor que al respecto desarrollan los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.Entre las funciones señaladas, está la de emitir los pasaportes diplomáticos para el cumplimiento de determinadas misiones en el extranjero, todo lo cual debe realizarse con apego al marco legal y reglamentario que nuestro país se ha dado al respecto y que exigen el estricto cumplimiento de los convenios internacionales que Chile ha firmado.
3.Un juez de nuestro país ha estimado la existencia de un delito que habría sido cometido en “Bandera 52, segundo piso, oficina 210, dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores encargadas de la extensión de los pasaportes”. El supuesto delito tiene que ver con la emisión del pasaporte del señor Augusto Pinochet .
4.El señor Ministro de Relaciones Exteriores declaró al respecto que el pasaporte fue solicitado por el señor Pinochet y que fue el Ejército de Chile, quien solicitó que el senador vitalicio fuese designado en misión especial para cumplir una actividad en Londres relacionada con la empresa de artículos militares Royal
Ordnance, más específicamente para “visitar algunos proyectos militares”.
También el señor Ministro informó que las únicas obligaciones del titular consistían en cumplir la misión y dar cuenta de ella a la institución que la había solicitado, una vez retornado al país.
5.La calificación que un juez de la República ha hecho en relación al pasaporte del señor Pinochet , y las informaciones entregadas por el señor Ministro de Relaciones Exteriores al respecto, justifican la presentación del siguiente:
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda:
Encomendar a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación, para que en el plazo de 60 días, estudie los antecedentes necesarios para que se precisen los hechos relacionados con el pasaporte y la misión especial del senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte ; se realicen las recomendaciones que se estimen convenientes para la corrección de los errores que se pudieren haber cometido y se entreguen las más completas explicaciones a que tienen derecho todos los habitantes del país, sin perjuicio de fiscalizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales y la aplicación de los convenios internacionales pertinentes al caso señalado”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, si bien los fundamentos del proyecto de acuerdo contienen varios aspectos que han sido superados, en particular la resolución de un juez de la República, revocada por el tribunal superior de apelación, en relación con el otorgamiento de un pasaporte al senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte para viajar como embajador en misión especial, la definición de ésta, especialmente a partir de su detención en Londres, ha sido un tema sobre el que se ha polemizado abundantemente en el país.
Aún no está del todo claro en qué consistía la misión; tampoco cuándo se otorgó el pasaporte, quién definió su otorgamiento ni qué tramites se cumplieron. En un estado de derecho, esta materia debería estar clara para toda la ciudadanía, más aún si se consideran los alcances políticos que pueden derivar de la misión diplomática y de la concesión de este pasaporte de embajador en misión especial.
Al parecer, el Gobierno no habría cumplido con las disposiciones legales correspondientes, por cuanto Chile, como suscriptor del tratado internacional sobre embajadores en misión especial, debió haber informado detalladamente al Gobierno de Gran Bretaña al respecto. Es lo que se ha señalado en varios fallos judiciales en dicho país. Por lo tanto, nos parece perfectamente pertinente realizar un acto de fiscalización de las acciones del Ejecutivo en relación con esta materia para determinar si se cumplieron las normas y los procedimientos o fueron vulnerados. Los suscriptores del proyecto de acuerdo consideramos conveniente que la comisión especializada de la Cámara de Diputados estudie el tema y entregue un informe a esta Corporación.
Por ello, aun cuando algunos de los antecedentes que dieron fundamento al proyecto de acuerdo hayan sido resueltos, suponemos que el conjunto de los parlamentarios presentes en esta Sala lo apoyará, por considerar que corresponde a un acto de fiscalización de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, considero interesante el proyecto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta honorable Cámara. Como es sabido, Renovación Nacional nunca se ha negado a investigar los diferentes hechos o situaciones denunciados, pero siempre ha deseado la aplicación de sanciones a los que eventualmente han cometido un delito o una falta.
De su simple lectura, diría que el proyecto es un poco almibarado, un poco dulzón, porque no entra al fondo de la materia. Por ejemplo, dice en su parte pertinente: “...se realicen las recomendaciones que se estimen convenientes para la corrección de errores que se pudieren haber cometido...”. ¡No! Hay que ir frontalmente a la búsqueda de una solución al problema si es que éste hubiera existido.
Desde mi punto de vista, el objetivo del proyecto es claro. Se trata de un nuevo ataque, ahora por la vía oblicua, al senador señor Augusto Pinochet . Es cierto, como dice la exposición de motivos, que un señor juez habló de “delito de falsificación ideológica”, pero no quisiera que en esta oportunidad la honorable Cámara caiga en una suerte de “falsificación de objetivos”, dado que, en mi opinión, se busca otra forma para incriminar al senador Augusto Pinochet Ugarte .
Un viejo adagio dice: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Aunque aquí se haya revestido formalmente el proyecto en forma por demás inteligente, para mí sigue siendo “mona”.
Por eso, si bien es cierto que mis colegas de Renovación Nacional pueden tener una posición diferente, en lo personal, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ (don Rodrigo).-
Señor Presidente, coincido con el diputado señor Alessandri en el sentido de que el proyecto ha sido presentado de manera bastante inteligente, pero al analizar sus distintos considerandos uno se da cuenta de que está basado en resoluciones emitidas por un juez; es decir, en un análisis que está haciendo en estos momentos un tribunal competente. En esa medida, incurriríamos en un vicio de constitucionalidad, porque estaríamos ejerciendo funciones judiciales, como calificar esta situación, avocarnos causas pendientes y revisar los fundamentos de procesos fenecidos.
Aun cuando el proyecto está bien presentado, se basa en las opiniones o decisiones de un juez. Y de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, no le corresponde al Congreso Nacional opinar o pronunciarse sobre esa materia.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
FACILIDADES A DEUDORES CESANTES.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 259, de los señores Errázuriz, Prokurica, Fossa; señoras Pérez , doña Lily; Prochelle, doña Marina; señores García, don René Manuel; Galilea, don José Antonio; Bertolino, Vilches y García, don José.
“Considerando:
1.Que los deudores hipotecarios del Banco del Estado que están sin trabajo podrán renegociar sus deudas con un plazo de gracia de seis meses y sin cuota contado;
2.Que el fundamento de dicha medida emana de la grave crisis económica que proviene, en parte, de la llamada “crisis asiática” y que ha dejado sin trabajo a muchas personas que cuando contrajeron sus deudas, contaban con una fuente laboral aparentemente estable;
3.Que el propio Banco del Estado ha reconocido que sus deudores hipotecarios bordean los 15 mil;
4.Que los deudores Serviu morosos son cinco veces esa cantidad, pues Inverca, la empresa encargada de las cobranzas, a veces deja pasar años sin cobrar, en tanto que el Banco del Estado cobra antes de los cuatro meses de morosidad;
5.Que los deudores Serviu lo son, en su mayoría, deudores de viviendas sociales y personas de muy escasos recursos, afectados con mayor fuerza por la crisis asiática.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Solicitar a los señores ministros de Hacienda y de la Vivienda estudiar a la brevedad un mecanismo que dé a los deudores Serviu cesantes las mismas facilidades y condiciones que ha otorgado el Banco del Estado a sus deudores hipotecarios que estén sin trabajo, y
2.Solicitar al señor ministro de la Vivienda disponga la suspensión inmediata de los procesos judiciales de cobranza a fin de evitar la ejecución de deudores mientras se estudia la factibilidad del punto anterior y evitar el aumento de honorarios profesionales de abogados por la continuación de los procesos”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se presentó el 1 de junio, vale decir, inmediatamente después que se otorgó a los deudores hipotecarios del Banco del Estado la facilidad de reprogramar sus deudas.
Ello se originó en una reunión, efectuada en Puente Alto, a la cual asistieron más de trescientas personas de las cuales doscientos noventa y siete eran deudoras del Serviu, donde el gerente del Banco del Estado explicó en qué forma debían reprogramar sus deudas. Afortunadamente, cuatro días después se otorgó el mismo beneficio a los deudores del Serviu cesantes. Por lo tanto, el primer punto del proyecto de acuerdo ha quedado obsoleto.
Sin embargo, sigue vigente el punto dos, porque en la resolución del Serviu que faculta a los deudores hipotecarios cesantes para reprogramar sus deudas, con seis meses de gracia que se pagan al final de la deuda original, en ninguna parte se establece la suspensión de los remates. Debo agregar que, en este momento, si un deudor está reprogramando su deuda y aporta cien mil pesos a ella, una gran cantidad de dicha suma se abona a gastos por concepto de abogados y costas procesales y sólo el mínimo se abona a la deuda.
Por lo tanto, este proyecto de acuerdo apunta sustancialmente a que, además de otorgarse el beneficio de que los deudores del Serviu cesantes puedan repactar sus deudas, se suspendan los remates judiciales, porque, de lo contrario, lo que se les da con una mano se les quita con la otra.
Esta situación no sólo afecta a los pobladores de Puente Alto y La Pintana, sino a todos los deudores del Serviu. Ello se debe a que la empresa de cobranzas Inverca contratada por el Serviu, en caso de remate, cobra un 10 por ciento del valor de la vivienda. Es decir, le conviene dejar pasar un tiempo, porque la comisión que percibe por cada deudor que paga es mucho menor, y esperan que la propiedad salga a remate para obtener una cantidad mayor.
He conversado con la señora subsecretaria de Vivienda, quien está de acuerdo en modificar el convenio del Serviu con
Inverca . Sin embargo, tal como están hoy las cosas, los perjudicados son los deudores.
Por ese segundo punto, es extraordinariamente importante que se apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Encina .
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por mi colega Errázuriz. Sin embargo, respecto a la postergación de las deudas de las personas que han perdido su trabajo hay un problema que no se ha solucionado, ya que tanto el Serviu como el Banco del Estado les exigen un certificado de cesación de funciones otorgado por el patrón, lo que deja a un importante segmento al margen de estos beneficios.
En consecuencia, pido que se solicite la unanimidad de la Sala para hacer extensivo el beneficio a los trabajadores por cuenta propia que han perdido su fuente laboral.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
De acuerdo con el Reglamento, se procederá a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Por lo tanto, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, cada vez se hace más necesario el proyecto que modifica el Reglamento, rechazado por la Cámara hace dos semanas.
VIII.INCIDENTES
HOMENAJE EN MEMORIA DE DOÑA SOLA SIERRA HENRÍQUEZ.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO, doña Fanny, (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la bancada socialista, en esta oportunidad queremos referirnos a un hecho que ha conmocionado al país: el reciente e inesperado fallecimiento de Sola Sierra, quien, por largos años, fuera presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Mujer de gran capacidad y calidad humana; extraordinaria dirigenta promotora de los derechos humanos, reconocida no sólo en nuestro país, sino internacionalmente, se constituyó en símbolo vivo de una tragedia nacional cuya respuesta aún está pendiente, porque no debemos olvidar que 1.096 chilenos y chilenas permanecen, ya por más de veinte años, en calidad de detenidos desaparecidos, sin que los agentes estatales que dispusieron arbitrariamente de sus vidas hayan tenido el mínimo sentido humanitario de dar una respuesta a sus familias.
Como sociedad, hemos sido profundamente conmovidos y estremecidos por la muerte de Sola. Creo que este impacto, que ha recorrido unánimemente todo el país, sin excepciones, merece una reflexión. Considero que la profundidad y unanimidad del sentimiento generado en estos días dice relación con algo muy profundo, propio de la naturaleza de lo que habitualmente se denomina como el problema de los derechos humanos: la constatación directa y sensible de la dimensión humana, familiar y personal de un duelo imposible de llevar a cabo, de un dolor que permanece vivo a través del tiempo, de una pregunta que jamás ha tenido respuesta.
Por otra parte, creo que la muerte de Sola nos ha enfrentado a un hecho muy duro: constatar que quienes tanto se han esforzado y sufrido por conocer el destino de sus seres queridos, llegan al fin de sus días sin haber satisfecho sus demandas, sin recibir una respuesta satisfactoria. Sola, como tantas otras mujeres y hombres, murió sin haber alcanzado el justo derecho de saber el paradero de su marido y la respuesta de la grave responsabilidad criminal de quien lo asesinó e hizo desaparecer. Ello es muy conmovedor y doloroso.
Por eso, el mejor homenaje a Sola Sierra es dar continuidad a los esfuerzos que encabezó durante tantos años y recordar también que lo hizo desde los tiempos más difíciles de nuestra historia reciente, cuando no existían ni los más pequeños espacios de libertad, y hombres y mujeres, como ella, vencían el miedo para expresar su decisión de libertad y humanismo.
Sola simboliza esa lucha, sobre todo el rol jugado por las mujeres, que primero fueron decenas, y luego, centenas. Fueron ellas las primeras que, con tremendo coraje, levantaron su voz de denuncia y esperanza, su voz libertaria. Ellas, encabezadas por Sola, supieron convertir el dolor en coraje y sentido de vida, y hacer algo tremendo: convertir su tragedia individual en un gran objetivo común, porque lucharon y siguen luchando para que nunca más nadie viva el horror que ellas padecieron.
Esta lección y testimonio de sacrificio y patriotismo, de amor por su familia y por la humanidad, fue encabezada por Sola Sierra, hija de obreros del salitre, formada en las luchas sociales, y quien se caracterizó por su capacidad de entrega y perseverancia, por su sencillez y claridad de conceptos, por su inteligencia y serenidad.
En nombre de la bancada socialista, quiero expresar nuestro homenaje en memoria de Sola Sierra Henríquez y anunciar que, junto con colegas de otras bancadas, impulsaremos la creación del Premio Nacional de los Derechos Humanos, el cual deseamos que lleve su nombre.
Asimismo, deseamos hacer llegar nuestras condolencias a la familia Sierra Pizarro, en particular a sus hijos Lenia , Lorena y Waldo ; a sus amigos y camaradas del Partido Comunista; y nuestros sentimientos de pesar y solidaridad a todos los familiares de los detenidos desaparecidos del país, reiterándoles el compromiso ético y político de los socialistas de continuar y redoblar nuestros esfuerzos por hacer florecer en nuestro país los valores de la verdad y la justicia.
He dicho.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADO MILENKO VILICIC KARNINCIC .
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).-
Señor Presidente, permítaseme recordar hoy a nuestro ex colega, camarada y amigo, Milenko Vilicic Karnincic, diputado por el distrito Nº 60, de Punta Arenas.
Falleció el 4 de julio de 1993, hace ya seis años. Pese a los años, meses y días transcurridos, tenemos grabada su memoria, y mantenemos fresca su imagen de hombre bueno, honesto, transparente y trabajador, como identidad y característica propias de su persona y de ese ser humano al que tuvimos la suerte de conocer y tener cerca de nosotros.
No he dejado de recordarlo y creo que tampoco lo han hecho ustedes, queridos colegas, durante todos estos años. En lo personal, fue mi amigo, compañero de banca y de oficina. En los traslados de Valparaíso a Santiago viajábamos juntos. ¡Cuántas conversaciones sobre diversos proyectos y materias!
Milenko fue un gran diputado regionalista, y destacaba siempre a su provincia en sus prioridades y preocupaciones. Todos sabemos de sus gestiones para lograr, alguna vez, su deseado puerto en Punta Arenas, y todo lo relacionado con las necesidades propias de esa zona. No hablaremos de sus obras: todos las conocen.
Lo recordamos hoy, porque no deseamos que su nombre se pierda y se olvide. Lo nombro hoy, porque nunca, en estos seis años, lo hemos dejado de mencionar. Figura en los anales y en las actas de esta Cámara. Ésa es historia, y él fue actor de ella.
Hombres de su talla merecen perpetuarse en el tiempo, deben servir como ejemplo para que se haga lo que él hizo, y lo efectuó bien, y se mantenga su mística, su entusiasmo y su fuerza para trabajar.
Milenko fue amigo de todos, pese a que era militante de un partido político determinado: la Democracia Cristiana. Nunca puso al frente esa militancia, porque entendía que había cosas superiores que debían primar y unir, en vez de separar y debilitar. Ése fue su estilo, el que muchos debiéramos seguir.
Quienes lo conocieron como integrante de las Comisiones de Agricultura, de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, supieron de su dedicación. Era descendiente de croatas. Su gran sueño fue cumplido: visitar Croacia y saludar a sus antepasados, en el momento histórico en que esa nación se desangraba por la guerra.
Su muerte fue tan rápida y repentina, como la velocidad del viento, como su vida de transportista, que lo llevaba y conducía de un lugar a otro, velozmente; como la vida pública que llevaba Milenko . Un 17 de mayo de 1993 ingresaba en la clínica; el 4 de julio de ese mismo año fallecía.
Milenko merece nuestro recuerdo, por lo que le rindo este homenaje, con sinceridad y profundo afecto, en reconocimiento de su lucha por la recuperación de la democracia y por su aporte en el trabajo legislativo y distrital.
Milenko, te recordaremos siempre. ¡No te olvidaremos!
He dicho.
(Aplausos).
DISCRIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE LA TERCERA REGIÓN. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, la Constitución, en el inciso primero de su artículo 1º, señala: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y el 19 establece: “La Constitución asegura a todas las personas”, entre otros, en su número 9º:
“El derecho a la protección a la salud.
“El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”.
Cito estos preceptos constitucionales porque en mi región se está produciendo una situación que se puede dar también en otras del país. Así lo he conversado con algunos colegas parlamentarios, en cuanto a que los beneficiarios del sistema de salud público, que tienen derecho a acceder a él, ya sea gratuitamente o a través del Fondo Nacional de Salud, son derivados de hospitales del nivel 3, como ocurre en la ciudad de Vallenar, donde no tienen todas las especialidades, a otros de distintos niveles, del 1 ó 2. Tal hecho ocurre con la gente derivada del Servicio de Salud de Atacama al hospital “San José”, en la zona norte de Santiago, en busca de salud en las especialidades que tienen estos centros hospitalarios. Sucede que esas personas, enviadas a través de interconsultas y beneficiarias del sistema, son discriminadas, ya que no se les da oportunamente acceso a establecimientos de nivel 1 en la Región Metropolitana.
He citado normas constitucionales porque se viola la igualdad en el acceso al sistema de salud público. He estudiado el tema y, aparentemente, existe una reglamentación, por parte del Ministerio de Salud, que no se estaría cumpliendo.
Por ejemplo, los habitantes de Atacama o de regiones no pueden tener menos derecho en esta materia que los de Santiago, donde el sistema de salud público cuenta con establecimientos de niveles 1, 2 y 3. ¿Por qué un ciudadano de Vallenar, de Huasco, Freirina , Tierra Amarilla o Caldera, ciudades que represento, no tienen el mismo derecho que los beneficiarios del sistema de salud público de Santiago, los que sí pueden acceder rápidamente a tratamientos oncológicos o a especialidades como neurocirugía o siquiatría, que no existen en mi región? ¿Por qué se establece hoy esa discriminación, no son aceptados estos pacientes o se exige a los servicios de salud de regiones pagar diferencia entre los servicios, no obstante tratarse de chilenos beneficiarios de un mismo sistema?
Quiero que el ministro de Salud clarifique a este diputado y a esta Corporación la forma como opera el sistema en las interconsultas desde hospitales de distintos niveles a diferentes servicios de salud, por ejemplo, del Servicio de Salud de Atacama hacia el de la zona norte de la Región Metropolitana, donde son derivados estos pacientes. Además, si existe reglamentación para restablecer, de alguna manera, la debida igualdad entre los chilenos ante un sistema de salud, a fin de que, pese a todos sus problemas, por lo menos tengan el mismo acceso que los habitantes de la Región Metropolitana.
Por este motivo, solicito, formalmente, oficiar al ministro de Salud para que informe a esta Cámara si existe una reglamentación en cuanto a las derivaciones, si ellas deben o no pagarse entre los distintos servicios públicos de las regiones, con el objeto de restablecer la debida igualdad entre los chilenos en esta materia.
Al terminar mi intervención, hago presente que la gente de regiones, derivada de estas interconsultas, además de ser de modesta condición, además de ocupar este servicio público debe buscar alojamiento en la ciudad de Santiago, por cuanto normalmente viene sólo con su pasaje y no cuenta con algún acompañante, lo cual le crea una serie de dificultades.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADELANTO EN HUEYUSCA Y DE PUENTE PUQUITRAHUE, EN COMUNA DE PURRANQUE. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Reyes .
El señor REYES.-
Señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para solicitar el envío de algunos oficios a diferentes ministerios y autoridades, referidos todos a la necesidad de atender justificadas aspiraciones de los habitantes de Hueyusca, pequeña localidad rural de la comuna de Purranque, perteneciente al distrito que represento.
En primer lugar, pido oficiar al señor ministro de Obras Públicas para que la cartera a su cargo aborde la pavimentación de un tramo de aproximadamente 10 kilómetros de extensión, desde el comienzo de la localidad de Hueyusca hasta Colegual , cuya ejecución es imprescindible para el desarrollo productivo de la zona y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Otro oficio, dirigido a la misma autoridad, con el objeto de que se realice la construcción del puente Puquitrahue , sobre el río del mismo nombre, para cuya ejecución los vecinos han hecho acopio del aporte que comprometieron en maderas y materiales de construcción, faltando sólo la ayuda correspondiente al sector público.
En segundo lugar, que se oficie a los señores ministros del Interior y de Defensa Nacional para definir la factibilidad de construir un retén de Carabineros que atienda las demandas de seguridad ciudadana de Hueyusca y sectores aledaños, para lo cual un antiguo vecino procedió a donar un terreno a la institución policial, sin que hasta ahora nada se haya hecho ni se conozca el destino que Carabineros dará a la propiedad que le fue traspasada.
En tercer lugar, que se oficie al señor ministro de Defensa Nacional a fin de que la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de dicha cartera, disponga un estudio de factibilidad para la construcción de un estadio en Hueyusca, en terrenos de propiedad de la junta de vecinos, adquiridos específicamente con dicha finalidad. Así, se contaría con un recinto deportivo adecuado para las prácticas, no sólo de los habitantes de la localidad, sino de todos los sectores rurales que, a través de las ligas campesinas, desarrollan sus competencias, sin contar en la actualidad con las condiciones mínimas e indispensables para ello.
Por último, pido que se despache copia del texto de esta intervención al presidente de la junta de vecinos de Hueyusca para su conocimiento, información y difusión entre las organizaciones y vecinos de la localidad.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.
ENVÍO DE AYUDA A CALAMA, AFECTADA POR TEMPORALES. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, a través de los medios de comunicación, ayer hemos sido informados de temporales de viento ocurridos en Calama, que causaron grandes destrozos y, como ya es normal en este tipo de tragedias, los más afectados son los más pobres. Anteayer y ayer hubo vientos de 140 kilómetros por hora. Hacía muchísimos años que no ocurría un temporal de esta naturaleza. A pesar de que estamos acostumbrados a estos ventarrones, éstos causaron daños en las casas, levantamientos de techos y destrucción en los hogares de la gente pobre.
Por lo tanto, solicito oficiar al Ministerio del Interior para que, a través de la Oficina Nacional de Emergencia, se implemente, en forma rápida, ayuda para esta gente, más aún cuando en la época de invierno las temperaturas en Calama llegan hasta 4, 5 y 6 grados bajo cero, lo cual crea situaciones bastante difíciles de soportar.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
INVESTIGACIÓN SOBRE ACCIONES MAPUCHES QUE GENERAN ANARQUÍA Y VIOLENCIA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mora.
El señor MORA.-
También me referiré a un hecho al cual pareciera que ya nos estamos acostumbrando más de la cuenta: ver todos los días en los medios de comunicación cómo las comunidades mapuches, en forma sistemática y permanente, están violentando la zona sur del país. Me parece bastante grave el grado de inconsciencia al cual hemos llegado y que frente a estas situaciones de hecho el Gobierno no adopte las medidas correspondientes.
El grado de permisividad existente quedó demostrado con la agresión de la que fue víctima ayer el director de la Conadi, señor Rodrigo González , quien fue sometido a humillación y vejación por un grupo de mapuches encabezados por el señor Aucán Huilcamán , persona que estuvo en esta Sala, pues le abrimos las puertas del Congreso para escuchar sus peticiones y demandas, patrocinadas por el señor Presidente. Creo que fue legítimo escucharlo, pues el Parlamento es la casa del pueblo y el lugar para escuchar a todos los connacionales. Pero no me parece aceptable que este señor se arrogue atribuciones; cuente con financiamiento internacional a través de organizaciones especiales; use un celular a fin de comunicar y tomar medidas que engañan a los mapuches, les crea falsas expectativas, genera una situación de caos y anarquía, violenta propiedades privadas y agrede a la gente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio del Interior para que nos comunique qué medidas se están tomando para investigar quiénes son los infiltrados, ya que, como lo ha señalado la prensa, existirían sectores marxistas detrás de esto, que estarían financiando, alentando y provocando estas situaciones.
¿De qué vive el señor Aucán Huilcamán ? ¿Quién lo financia? ¿Cómo se puede mantener tanto tiempo al frente de estas situaciones? Hay que poner término a estos hechos, que crean mala imagen. Nosotros, los parlamentarios y muchas autoridades, nos estamos acostumbrando a lo que dicen los medios de comunicación y no hacemos absolutamente nada para poner atajo a estos desmanes.
Señor Presidente, reitero mi petición de oficio al ministro del Interior para que se informe al Parlamento qué medidas está adoptando el Gobierno para poner atajo a la situación de los mapuches, y cómo se financia el señor Aucán Huilcamán y toda esta actividad, que provoca desorden, caos y anarquía.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional.
DENUNCIA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el turno de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, he recibido a un grupo de dirigentes sindicales nacionales de la Empresa de Correos de Chile, quienes me han hecho entrega de un oficio que fue remitido a la Contraloría General de la República, donde solicitan una investigación de la mencionada empresa.
Dan a conocer una serie de anomalías. Por ejemplo, un señor de apellido Rau, ex gerente de desarrollo organizacional, en un período de sólo diez meses de trabajo, percibió una suma superior a los 45 millones de pesos por concepto de indemnización. Esto, por supuesto, con platas de Correos de Chile.
Otra irregularidad que denuncian es que existe un gasto de 731.600 pesos, aprobado por el gerente general a través de la resolución exenta Nº 949, por arreglo de muebles para el señor Fernando Rau , el mismo que percibió la indemnización de 45 millones, según factura que aparece aquí en favor del señor Miguel Ángel Quijada . Estos trabajos de muebles difícilmente podrían haber sido ejecutados por esta empresa, puesto que se dedica única y exclusivamente al arreglo de pianos.
Otra de las irregularidades, que prueba una serie de anomalías que existen en la empresa Correos de Chile, es la construcción del Centro Tecnológico Postal, que tuvo un costo de 12 mil millones de pesos, cuyas fuentes de recursos fueron mil millones de reinversión de utilidades que hace el Fisco, 8 mil millones en crédito a ocho años plazo, con tres años de gracia, y 3 mil millones por la venta de inmuebles.
También hay un proyecto, irregular como los anteriores, denominado correo híbrido, cuyo costo de inversión para la empresa superó los 2 millones de dólares. Consiste en un conjunto de equipos que permiten recibir la señal electrónica de un cliente, que envía archivos o desea hacer impresos. Para ello, estos equipos decodifican, imprimen, cortan, doblan, ensobran y preclasifican los envíos. Estos equipos se compraron a la empresa Cimet y Xerox . Lamentablemente, por una deficiente evaluación del proyecto, la empresa Correos de Chile legalmente no puede efectuar ese negocio, es decir, ahí hay 2 millones de dólares perdidos.
En verdad, la lista es interminable y, para ser rápido, solicito oficiar a la Contraloría General de la República con el objeto de que nos envíe los resultados de esta investigación, no sin antes anticipar que, seguramente, la empresa de Correos de Chile, que está en manos del Partido Socialista, dirá que este diputado quiere la privatización de Correos, lo que no es así. No estamos por la privatización de Correos, sino que no queremos que siga sacando el dinero de la manera como lo hace, porque pertenece a todos los chilenos. Sus trabajadores, muy responsables, merecen tener buenas remuneraciones, a las que accede sólo esa élite del Partido Socialista que está administrando esa empresa.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Comité de Renovación Nacional.
INFORMACIÓN SOBRE POSICIÓN DE GOBIERNO FRENTE A LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS EL CAIRO + 5. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, el viernes 2 de julio pasado concluyó en Nueva York la reunión denominada El Cairo + 5, asamblea especial convocada por las Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento del plan de acción adoptado en la Conferencia sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994.
Los delegados acreditados en la asamblea discutieron respecto de materias como los llamados derechos reproductivos; los métodos de anticoncepción, incluidos aquellos denominados poscoito y los que contemplan la esterilización femenina y masculina; la despenalización y legalización del aborto; los programas de educación sexual y la participación de los padres en ellos; los derechos sexuales de los adolescentes; la prevención del sida; la relación entre el desarrollo sustentable y el control de la natalidad y entre el crecimiento demográfico y la pobreza.
Considerando la trascendental importancia que revisten para nuestro país las proposiciones y conclusiones oficializadas en esa asamblea, el hermetismo que rodeó a la posición que adoptaría el Gobierno de Chile, la reserva con que fue integrada la delegación que representó a nuestro país en Nueva York, y la inclusión en la delegación, en calidad de representante de la sociedad civil chilena, de la directora de la organización no gubernamental Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, organismo cuyas posiciones han sido públicamente de apoyo al aborto y ligadas a conceptos del feminismo más radical, solicito enviar oficio al Presidente de la República, para que sea respondido por el titular de Mideplan o, en su defecto, por el ministro de Salud, que contenga las siguientes materias:
1.¿Cuál fue la posición oficial del Gobierno de Chile ante la asamblea convocada por las Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento del plan de acción adoptado en la Conferencia sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994?
2.¿Con qué criterio se integró la delegación que representó oficialmente al Gobierno de Chile en esa asamblea?
3.¿Cuáles fueron las razones para no incluir en las reuniones preparatorias sostenidas en Santiago, a representantes de distintos partidos políticos de Oposición y de Gobierno, como así también a las organizaciones no gubernamentales autodenominadas pro familia y pro vida, como son el Centro de Estudios de Biología de la Reproducción, el Movimiento Anónimo por la Vida, la Comisión de la Familia de Las Condes, Jóvenes por la Vida o Acción Familiar?
4.¿Qué entiende el Gobierno por derechos reproductivos? ¿Incluyen la posibilidad de realizar abortos legales? ¿Incluyen estos derechos la entrega de métodos anticonceptivos a los menores de edad y adolescentes sin el conocimiento de sus padres o tutores?
5.¿Cuál es el calendario de las próximas reuniones, asambleas y conferencias internacionales dedicadas a analizar materias relacionadas con los derechos reproductivos de la familia y de la mujer?
6.¿Cuáles son los organismos ministeriales y las autoridades gubernamentales encargados de definir la posición oficial del Gobierno respecto de esas materias?
7.¿Quién responde por las propuestas de nuestros representantes?, y
8.¿De qué forma están respaldadas las propuestas de Chile, sean éstas acogidas o no en las conclusiones de dicha asamblea?
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Comité de Renovación Nacional y de la diputada señora Rosa González.
CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EN ACCESO NORTE DE COMUNA DE PERQUENCO. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, el viernes recién pasado, algunos parlamentarios del distrito 49 nos reunimos en la comuna de Perquenco con su alcalde y concejales, dirigentes vecinales y algunos funcionarios municipales para tratar un problema que afecta a más de 500 personas, relacionado con la construcción de la doble vía de la Ruta 5.
La comuna de Perquenco tiene acceso tanto por el sector sur como por el sector norte. Existe conformidad, diría, con la solución que se plantea dar al acceso sur, pero no así con el que se pretende entregar para el sector norte.
En el lugar existe un cruce con la Ruta 5, el cual hacia el poniente conduce a muchas reducciones mapuches, tales como Llancamil, Montre y Callumil , y sectores como Rehuecollan, La Paz y diversos predios, y hacia el oriente, a la ciudad de Perquenco.
Como se entenderá, el cruce tiene gran movimiento, tanto de personas como de vehículos que transportan productos, para cuya comercialización se deben dirigir al mencionado centro urbano.
En la actualidad, se sabe que para ese cruce importante sólo se contempla la construcción de una pasarela peatonal, la cual es absolutamente insuficiente para las necesidades de los cientos de familias del sector.
Quiero dejar en claro que éste no es un reclamo extemporáneo de los afectados o de las autoridades locales. Tanto ellos como los parlamentarios cuando se nos invitó hace meses a revisar en los planos las obras que se construirían, fuimos informados de que ese cruce tendría un atravieso de vehículos livianos, solución que dejaba a todos conformes. Sin embargo, ahora y sorprendentemente todos nos hemos enterado de que sólo se va a construir un atravieso peatonal, afectando los intereses de la comuna.
Aun cuando esperamos ser recibidos en los próximos días por las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas para exponer el problema, pido que, mientras tanto, se oficie, en mi nombre, al Ministro del ramo, adjuntándole esta intervención para su mejor comprensión, y solicitándole estudiar lo reseñado y arbitrar las medidas para que en el acceso norte de la ciudad de Perquenco se vuelva a la idea original de construir un atravieso para vehículos livianos por medio de un paso bajo nivel.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Con la adhesión del Comité de Renovación Nacional, se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EMPRESARIO ALFREDO ANDONIE, RECIENTEMENTE FALLECIDO.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En los tres minutos que restan al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ (de pie).-
Quiero agradecer al Comité del Partido por la Democracia, que me ha cedido algunos minutos de su tiempo.
Señor Presidente, en este momento, cuando faltan 8 minutos para las 15 horas, se están efectuando los funerales, en Santiago, del destacado empresario y andinista don Alfredo Andonie , muerto trágicamente en el monte Illimani , Bolivia.
Me tocó conocerlo en una circunstancia muy especial a comienzos de esta década. Él era presidente del directorio de la Compañía Eléctrica Río Maipo, la cual suministra energía eléctrica a la comuna de La Pintana.
So pretexto de que en las casas había perros que impedían a los funcionarios de la Compañía Río Maipo tomar el estado de los medidores, y de que no había gente en ellas, pasaban varios meses sin que se cobraran las cuentas de la luz. Después de acumularse cuentas de 5, 6 ó 7 meses, que superaban los 500 mil pesos, la gente no podía pagar y, sencillamente, se le cortaba la luz.
En reiteradas oportunidades solicité al entonces gerente general, don Francisco Undurraga , audiencia para que me recibiera en San Bernardo, la que nunca tuvo lugar.
Finalmente, compré 200 acciones, que se las regalé a 200 pobladores, y el día de la junta general de accionistas de la Compañía Eléctrica Río Maipo que se realizaba en San Bernardo, arrendé algunos microbuses y llegué con estas personas de La Pintana a ese evento. Había allí unas 25 personas entre 35, 40 ó 45 años, elegantemente vestidas. Cuando llegué con los 60 pobladores, los quisieron echar. Cada uno de los asistentes representaba 600 mil, un millón o dos millones de acciones. Preguntaron qué hacía esa gente allí. Yo les dije: “Esta gente es accionista igual que ustedes; cada persona es propietaria de una acción. Dado que no hemos sido escuchados, hemos venido aquí para que se nos escuche”.
Dirigía la sesión el presidente del Directorio, don Alfredo Andonie . Suspendió la reunión de la junta en ese momento y quedó en buscar una solución, la que efectivamente llegó; y, desde entonces hasta el día de hoy, en que han transcurrido prácticamente 8 años, nunca más se ha vuelto a generar el problema, pues todos los meses a la gente de La Pintana se le toma el estado del medidor y, en definitiva, no se le corta la luz por acumulación de varios meses.
Lejos de enojarse conmigo, don Alfredo Andonie me agradeció, y a partir de entonces me saludó todos los años para la Navidad. Como dato anecdótico, diré que incluso siempre me enviaba un obsequio.
Quisiera destacar el sentido humanitario de don Alfredo Andonie para con los pobladores de La Pintana y la gente de escasos recursos.
Por eso, termino mis palabras rindiendo un sentido homenaje a su memoria y a quien, además de ser un empresario ejemplar, fue también un católico ejemplar.
He dicho.
INTERVENCIÓN EN FAVOR DE PESCADORES CHILENOS DETENIDOS EN EL PUERTO PERUANO DE ILO. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, hoy tuve gran alegría al ver los proyectos de acuerdo listos para su aprobación, entre los cuales figuraba el
Nº 261, presentado el 9 de junio de 1999, que dice: “Situación de los chilenos detenidos en Perú”. En su considerando número 3, establece claramente que “Es deber del Estado chileno y sus diversas autoridades velar por que los derechos de los chilenos detenidos en un país extranjero, cualquiera que haya sido el delito cometido, sean reconocidos y respetados”.
Pensé que de alguna forma sus autores se habían anticipado a los hechos y hablaban de los pescadores chilenos detenidos en el puerto de Ilo; y, por ello, hoy quisiera referirme a la dramática situación que ha afectado a 16 pescadores chilenos detenidos por autoridades del Perú el 17 de junio pasado, en el puerto peruano de Ilo, quienes los acusan de haber transgredido el límite permitido para las faenas de extracción.
Mi intervención no apunta al asunto de fondo que motivó la detención, pues en definitiva deberán resolverla los tribunales de justicia, sino que ella está motivada por la dramática situación vivida por esos pescadores y sus familias, debido a su prolongada detención en el vecino país.
Quiero denunciar en esta Sala la lentitud e inoperancia de las autoridades chilenas para intervenir en favor de las personas afectadas por esa lamentable situación, exactamente igual a como lo sostienen los colegas Naranjo , Ceroni , Ojeda , Elgueta y Silva en el proyecto Nº 261.
No es difícil advertir que, frente a hechos de esta naturaleza, se requiere una intervención diplomática rápida y oportuna, a fin de garantizarles a nuestros compatriotas, al menos, el derecho a un debido proceso. En efecto, a raíz de la inactividad de nuestras autoridades, los pescadores fueron liberados sólo después de 15 días de ocurrida su detención e, incluso, ésta se podría haber prolongado aún más de no mediar la intervención de la diputada que habla, requerida por las familias de los pescadores afectados, legítimamente preocupadas por la suerte de éstos.
Dada la situación de angustia vivida por los familiares detenidos y frente a la ausencia de contactos diplomáticos, el 30 de junio del año en curso viajé al puerto de Ilo. En esa ocasión solicité al Cónsul de Chile en Tacna que me acompañara. En Ilo, obtuvimos audiencias con todas y cada una de las más altas autoridades políticas y marítimas del vecino país.
Debo dejar en claro que mi decisión de intervenir ocurrió luego de que el gobernador de Arica declaró no considerar razonables las quejas de los familiares de los pescadores, que exigían mayor agilidad de parte de las autoridades de Gobierno en la solución de su problema. Él informaba a las familias que los pescadores regresarían al otro día, pero al otro día era el otro día, y el otro día era el otro y el otro, y así dichos pescadores llevaban ya 15 días detenidos.
Señor Presidente, cuando lo que está en juego es la libertad y dignidad de un compatriota y su derecho a un justo proceso, no resulta excusable, desde ningún punto de vista, la actitud pasiva de nuestras autoridades, las cuales han sido elegidas o designadas justamente para solucionar problemas y no para agravarlos. Me extraña profundamente que diputados de esta Corporación, que defienden públicamente a extremistas recluidos en cárceles extranjeras por hechos de violencia, y que realizan intensas gestiones para su liberación ante el Gobierno y organismos internacionales, no hayan manifestado la más mínima preocupación por estos compatriotas. Se trata, por decir lo menos, de un curioso doble estándar.
A todos los chilenos se les garantiza constitucionalmente el derecho a defensa y a un justo y racional proceso, por lo que las autoridades, en lo sucesivo, deberían preocuparse por proporcionar ayuda rápida y expedita a los chilenos que se encuentren en una situación como la vivida por esos pescadores.
El Gobierno representa a todos los chilenos y como tal debe velar para que a todos se les respeten sus derechos, sobre todo cuando se trata de derechos tan básicos como los indicados. No quiero pensar que el Gobierno defiende los derechos humanos sólo cuando existe de por medio una motivación política o un efecto electoral.
Dejo establecido que no obstante no ser una función propia de mi cargo defender judicial ni diplomáticamente los derechos de nuestros compatriotas en el extranjero, debí hacerlo por la dramática situación en que ellos se encontraban y, por supuesto, sus 75 familiares. Como representante de Arica, no podía dejar de reaccionar frente a la negligencia burocrática de las autoridades de mi región y del Gobierno, que, como todos hemos comprobado, no tiene peso alguno en el ámbito internacional y, en consecuencia, no es respetado. Los sucesos del puerto de Ilo son una prueba más de esta afirmación.
Tampoco puedo dejar de expresar mi especial reconocimiento a la Policía Nacional del Perú y al capitán del puerto de Ilo por las especiales atenciones que brindaron a mis compatriotas, con lo que al menos les hicieron algo más llevaderos los 15 días de detención.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Cancillería para que informe sobre los motivos que impidieron al Cónsul de Chile en Tacna apersonarse en la ciudad de Ilo, distante 126 kilómetros, a fin de saber qué ocurría con dichos pescadores y cuándo saldrían en libertad.
Asimismo, que se oficie al Ministro del Interior con el objeto de que nos informe por qué el gobernador de Arica y el intendente regional no realizaron oportunamente las gestiones necesarias para que los pescadores retornaran a su ciudad.
El resto del tiempo de mi Comité lo cedo al colega Haroldo Fossa, de Renovación Nacional.
He dicho.
CRISIS DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Por medio de una interrupción, tiene la palabra el diputado Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Agradezco la interrupción que me han concedido la colega doña Rosa González y la UDI.
Señor Presidente, una vez más quiero referirme al problema de dos importantes pesqueras y de otras menores de mi región, particularmente en la zona de Lota, que debido a la veda del jurel están a punto de colapsar.
Efectivamente, la industria pesquera del jurel de esa región, para todos los efectos prácticos, ha estado cerrada desde fines de enero hasta la fecha. Los informes oceanográficos realizados en mayo confirmaron la desaparición del fenómeno de “El Niño”, y la vuelta a las condiciones normales. En junio, a juzgar por las muestras efectuadas por el Instituto de Fomento Pesquero y otras reparticiones, el tamaño de los peces ya es normal: un promedio de 31 centímetros de longitud, por sobre los 26 centímetros permitidos, y con un 80 por ciento de ellos sobre la talla mínima legal.
Considerando el llamado del Presidente de la República a cooperar en la reactivación económica del país, parece a toda vista extraño que el subsecretario de Pesca no asuma una posición más flexible y permita una rápida reactivación laboral de miles de personas de la Octava Región, y particularmente de la zona de Lota.
En este momento tenemos una crisis de la industria pesquera, pero no del jurel, originada por una mala administración y la intención torcida de utilizar una situación de excepción como el evento oceanográfico de “El Niño” y los cambios que generan las migraciones naturales de los peces, para promover un programa legislativo que es de interés de unos pocos privilegiados. Todo ello está pasando por encima del interés social y de sanidad económica de la región.
Las dos empresas pesqueras de la zona de Lota y de fuera de ella, como Lota Protein y Aripesca , han resistido por más de dos años la restricción, manteniendo el empleo. Sin embargo, se encuentran en una situación crítica, a punto de cerrar.
Por lo anterior, solicito que el subsecretario de Pesca nos informe por qué todavía se mantiene en veda el jurel, después de los muestreos realizados por todos los organismos oficiales durante los meses de mayo y junio, y por qué no se abre, a lo menos con cuotas dirigidas, la pesca del jurel, a fin de reiniciar una actividad, aunque sea de emergencia, para la Octava Región, en particular para Lota.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CREACIÓN DE CORPORACIÓN DE DESARROLLO PARA ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, solicito se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para agradecerle la indicación que envió a la ley Arica II, con el objeto de crear una corporación de desarrollo para Arica y Parinacota . Aunque la indicación llegó al Senado, obedece a una aspiración de toda la comunidad de ambas provincias, pues ayudará en forma importante a hacer realidad las esperanzas de un desarrollo sólido y permanente.
Como se planteó tantas veces durante el estudio de la mencionada ley, la corporación de desarrollo es la herramienta que fortalece todas las otras medidas, pues permitirá que, a través del fomento, la promoción y la ayuda a los empresarios interesados en invertir en Arica y Parinacota , puedan hacerse realidad proyectos productivos y de servicios en áreas como la industria, agricultura, turismo, transporte y comercio, dado que la capacidad de gestión es fundamental para la consecución de tales propósitos. Esto pasa necesariamente por un aporte presupuestario importante del Estado, porque aunque haya aportes de privados, el impulso inicial debe darse mediante el esfuerzo fiscal, lo que motivará a los empresarios privados, sobre todo de los países vecinos, en especial de Bolivia, para instalarse en Arica y concretar obras que generen empleo permanente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
REPARACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDAS DE POBLACIÓN GUAÑACAGUA I, DE ARICA. Oficio.
El señor URRUTIA.-
En segundo lugar, señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Vivienda, para que se estudie a fondo una solución justa para todos los habitantes de la población Guañacagua I, que han sufrido graves daños estructurales en sus viviendas, los que deben ser reparados en forma satisfactoria, a fin de que todos sus esfuerzos por tener una casa propia no sean burlados por el mal trabajo de la empresa que ejecutó las obras. Es muy importante que el Ministerio de Vivienda intervenga y que, con su acción, se realice un acto de absoluta equidad: cumplir con la responsabilidad de entregar casas habitables y seguras a sus moradores y, en este caso, de la mencionada población.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaime Rocha, Andrés Palma, Felipe Letelier, Rodolfo Seguel y de quien preside.
TRASPASO DE CORPORACIONES VIALES A DIRECCIÓN DE VIALIDAD. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, deseo manifestar mi preocupación por la Dirección de Vialidad, organismo muy importante en el desarrollo del país, que en los últimos años ha ido decreciendo no sólo en personal se le ha aplicado la ley de dos por uno, sino también por la falta de recursos, de interés real del Estado por fortalecerla. Son miles los caminos, los puentes construidos por Vialidad. Sin embargo, por la escasez de recursos cuenta con menos del 50 por ciento del personal de hace quince años.
Quiero concatenar esta situación con otra. En l993 se crearon las corporaciones viales, entidades sin fines de lucro, para las Regiones Octava, Novena y Décima. A partir de la intervención del diputado señor Víctor Reyes , que pedía información respecto de lo que sucedía en la Décima Región, quiero señalar que, según me ha informado el propio director nacional de Vialidad, estas Corporaciones Viales, creadas con muy buena intención, no han cumplido su cometido. Sin embargo, la ley respectiva también establece que, si no cumplen con su objetivo, pueden ser entregadas a Vialidad. En vista de que esta institución requiere apoyo, maquinarias, recursos y las corporaciones no han dado resultados, creo que, de una vez por todas, debieran ser traspasadas al Ministerio de Obras Públicas.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que adopte las medidas necesarias para que dichas corporaciones sean traspasadas a Vialidad.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 15.08 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre la investigación encomendada con relación a los problemas suscitados por emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas instalados en el interior de las viviendas.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión pasa a informaros acerca de la investigación que le fuera encomendada en virtud de un proyecto de acuerdo aprobado por la Corporación, en sesión 1ª, de la Legislatura Extraordinaria, celebrada el 6 de octubre de 1998.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
La honorable Cámara de Diputados, en sesión 1ª, de la Legislatura Extraordinaria, celebrada el 6 de octubre de 1998, aprobó el proyecto de acuerdo número 146, patrocinado por los honorables diputados señores Hales Dib, don Patricio; Pareto González, don Luis; Galilea Vidaurre, don José Antonio; Girardi Lavín, don Guido; Ceroni Fuentes, don Guillermo; García García, don René Manuel; Espina Otero, don Alberto; Cornejo Vidaurrazaga, don Patricio; Pérez Varela, don Víctor y Letelier Morel, don Juan Pablo, con la adhesión de la señora Soto González, doña Laura, y de los señores Sánchez Grunert, don Leopoldo, y Bertolino Rendic, don Mario, en virtud del cual encomienda a vuestra Comisión que, en el plazo de 45 días, estudie e investigue las causas de los problemas suscitados a raíz de emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos de gas en el interior de las viviendas, las normas que regulan esta materia y sugiera las iniciativas necesarias para actualizar nuestra normativa y llenar los vacíos legales que existen sobre el manejo del gas a nivel domiciliario.
Se fundamentó tal encargo, principalmente, en las muertes acaecidas en el interior de las viviendas, en particular edificios de altura, a causa de las emanaciones de monóxido de carbono; gas que resulta ser mortal y de difícil detección oportuna, por ser inodoro y porque los síntomas físicos que experimentan las personas que lo inhalan son fácilmente confundibles con otro tipo de enfermedades, como la gripe, debiéndose agregar la circunstancia de que constituye un combustible de diario consumo de la población.
Se tuvo en cuenta que uno de los orígenes de la situación descrita radica en la insuficiencia normativa y en la falta de fiscalización efectiva, a lo que debe añadirse que el reemplazo del actual gas, que contiene monóxido de carbono, por otro, que disminuya los riesgos de muerte, requiere de un proceso prolongado en el tiempo.
En dos oportunidades, esa honorable Cámara, en sesiones 34ª y 1ª celebradas con fechas 19 de enero y 1 de junio de 1999, tuvo a bien acceder a otorgar una prórroga del plazo de que originalmente dispuso esta Comisión para el cumplimiento de su cometido.
II. LABOR DESEMPEÑADA POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión en cumplimiento del mandato encomendado por la honorable Cámara de Diputados celebró un total de catorce sesiones y una reunión en comité, durante el período comprendido entre el 4 de noviembre de 1998 y el 23 de junio de 1999.
La Comisión escuchó al Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez; al Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Juan Pablo Lorenzini; al Jefe del Departamento de Combustibles de la Superintendencia, señor Osvaldo Urzúa; al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Normalización, señor Lee Ward Cantwell; a la Secretaria General del referido Instituto, señora Agness Leger; al Primer Vicepresidente y a los directores de la Cámara Chilena de la Construcción, señores Eduardo Waissbluth, Eugenio Velasco y Andrés Varela, respectivamente; al Presidente y al Secretario Técnico del Instituto de la Construcción, señores Jaime Muñoz y Claudio Acuña, respectivamente; a la Gerente del Área de Contaminación Atmosférica de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile, señora Oscarina Encalada; al Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Octavio Hinzpeter; al profesor del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica de Chile, señor Ricardo PérezCorrea; al técnico de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Francisco Araya, y a las particulares afectadas por emanaciones, señoras Luz María Ferrada y María Olivia del Río.
Asimismo, recibió comentarios por escrito de los siguientes organismos, entidades o personas: Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Superintendencia de Electricidad y Combustibles; Instituto Nacional de Normalización; Cámara Chilena de la Construcción; Instituto Nacional de la Construcción; Colegio de Ingenieros de Chile; Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile; Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, y del señor Federico Riquelme Durrant.
Dado que los comentarios recibidos y las intervenciones de las personas mencionadas constituyen un material bastante extenso, éste queda en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores diputados que deseen consultarlo en detalle.
III. MARCO REGULATORIO.
A partir del año 1985 han sido dictados una serie de cuerpos normativos, destinados a regular materias relacionadas con la investigación llevada a cabo.
Es así como la ley Nº 18.410, de 22 de mayo de 1985, crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y en el artículo 2º, dispone que su objeto es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas prescripciones, y que dichas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas.
Específicamente, dentro de las funciones que le encomienda el artículo 3º de la citada ley, establece, en el número 15, que le corresponde otorgar “licencias de instalador eléctrico y de gas”; en el número 16, que debe comprobar, “en caso de reclamo, la exactitud de los instrumentos destinados a la medición de electricidad, de gas y de combustibles líquidos suministrados a los consumidores”; en el número 18, que debe atender “las consultas del público y resolver los reclamos que se formulen en contra de los instaladores autorizados y de las entidades o laboratorios a que se refiere el número 14 de este artículo”; en el número 19, se señala que ha de “suspender transitoriamente las autorizaciones o licencias que se hayan otorgado de acuerdo con los números 14, 15 y 26 de este artículo, cuando compruebe que no se cumplen las exigencias técnicas establecidas en la ley, los reglamentos y las normas técnicas de cumplimiento obligatorio para detentar o ejercer tales autorizaciones o licencias”; en el número 23, que debe sancionar “el incumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias vigentes o que se establezcan en virtud de la legislación eléctrica, de gas y de combustibles líquidos relativas a las instalaciones correspondientes, con desconexión de éstas, multas o ambas medidas”, y en el número 31, que debe fiscalizar “el desempeño de los laboratorios y entidades de certificación de seguridad y de calidad autorizados y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad sobre certificación e instalación de los estanques de gas licuado para uso doméstico, comercial e industrial”.
Por su parte, el decreto supremo Nº 222, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, aprueba el reglamento de instalaciones interiores de gas, en el artículo 11, prescribe que la “confección de los proyectos y la ejecución de las instalaciones de gas deberán ser realizadas por personas facultadas para tal efecto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de instaladores de gas”.
El artículo 13 del mismo decreto dispone que el “campo de acción de los instaladores de gas, así como los requisitos específicos que deben cumplir, se encuentran establecidos en el reglamento de instaladores de gas”.
Asimismo, el artículo 14 señala que las “empresas de gas que ejecuten instalaciones domiciliarias, comerciales o industriales por cuenta de terceros, deberán realizar estas obras con instaladores autorizados de la categoría correspondiente”.
A su turno, el decreto supremo Nº 191, de 1996, del mismo Ministerio, que aprueba el reglamento de instaladores de gas, en el inciso primero del artículo 1º expresa que el “presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir para obtener las licencias de instalador de gas, y fijar disposiciones para un adecuado desempeño profesional, con el fin de garantizar que las instalaciones de gas cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y que no constituyan un peligro para las personas y las cosas. Dichas licencias serán otorgadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, en adelante la Superintendencia.
Del mismo modo, el inciso final del mismo artículo 1º, agrega que los “poseedores de las licencias de instalador de gas y las personas que tengan los títulos profesionales precedentemente señalados, son las únicas personas que podrán diseñar, proyectar, ejecutar y/o mantener las instalaciones de gas”.
Con fecha 21 de julio de 1998 se publicó el decreto supremo Nº 78, que modifica el citado decreto supremo Nº 222, imponiendo especificaciones técnicas más rigurosas a instaladoras y empresas constructoras, exigencias que se reflejan en los siguientes aspectos, entre otros:
Inspección técnica periódica obligatoria de edificios por parte de certificadores autorizados.
Posibilidad de utilizar centrales de agua caliente como solución colectiva para dotar de agua caliente a las unidades que contemplen la utilización de conductos colectivos en edificios de más de 8 pisos, siempre que existan estudios específicos para el caso de que se trate o una norma internacional reconocida que respalde tal medida.
Posibilidad de instalar calefones o calderas de tiro balanceado o forzado, que son aparatos que no evacuan a un ducto común, sino directamente hacia los ambientes exteriores.
En cuanto al diseño y construcción de los ductos colectivos, se establecen normas que propenden a mantener la verticalidad de los muros, que determinan los materiales que deben ser utilizados en su construcción, como lo relativo a definir la resistencia mecánica y al fuego, a la corrosión, etcétera, que eviten quiebres en los ductos colectivos.
Prohibición de cerrar las loggias donde se ubican los calefones.
Prohibición de utilizar calefones y calderas en departamentos de menos de 35 metros cuadrados, por las condiciones de riesgo que hay en ambientes tan cerrados.
Por último, el decreto supremo Nº 111, de 29 de julio de 1998, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalaciones interiores de gas, concordando dicha normativa con las modificaciones introducidas en el referido decreto Nº 78.
IV. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
En los últimos años se ha podido constatar que existen importantes defectos en la calidad de las instalaciones interiores de gas, situación que redunda en altos niveles de contaminación intradomiciliaria, condiciones de riesgo para la salud de las personas y en un deterioro en su calidad de vida.
Los accidentes por intoxicación con monóxido de carbono, varios de ellos con consecuencias fatales, ocurridos en los últimos años, son un reflejo de lo anterior, y las inspecciones, investigaciones y estudios desarrollados en nuestro país por distintos organismos con competencia en la materia confirman este lamentable escenario.
En marzo de 1997, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en uso de sus atribuciones, cortó el suministro de gas a un edificio de la calle Glamis de la comuna de Las Condes. Esta medida, que afectó a un total de sesenta y ocho departamentos, recibió el apoyo de cincuenta y cinco copropietarios, quienes estuvieron de acuerdo en mantenerla hasta el momento en que hubiera seguridad de que ellos no correrían riesgo alguno.
El 1 de julio del mismo año, se produjo el primer trágico deceso: el de la señorita Magdalena Leighton, de veinticuatro años de edad, quien vivía en un departamento de la calle Encomenderos, de la misma comuna. Se comprobó, más tarde, que presentaba concentraciones de monóxido de carbono de quinientas partículas por millón, en circunstancias que lo normal es de cuarenta.
Entre 1997 y 1998 catorce personas han muerto por la acumulación de gas en sus departamentos, la mayor parte por la inhalación de excesivas concentraciones de monóxido de carbono, que no tiene olor y que provoca síntomas que pueden fácilmente confundirse con los de una gripe, dolor de cabeza, náuseas y cansancio general.
Esta situación afecta a los moradores de construcciones tanto nuevas como antiguas, de edificios de distintas alturas y de diferentes valores.
El envenenamiento por monóxido de carbono es muy difícil de diagnosticar, ya que, como se ha dicho, sus síntomas son muy parecidos a los de una gripe. Los síntomas y los signos incluyen dolor de cabeza, náuseas, abatimiento, vértigo, confusión mental, alucinaciones, cianosis y depresión en el segmento ST de un electrocardiograma.
La mayoría de los casos de daños producidos por envenenamiento a raíz de emanaciones por monóxido de carbono afectan al sistema nervioso central. El envenenamiento agudo por rápidas exposiciones a altas concentraciones raramente produce discapacidad permanente, si la recuperación ocurre. En cambio, se ha comprobado que se producen efectos crónicos como consecuencia de repetidas exposiciones a bajas concentraciones de dicho gas, que comprenden disturbios en la visión y en la audición e irregularidades en el corazón. Cuando el envenenamiento es largo y severo, se producen daños, tanto mentales como en el sistema nervioso.
Los adultos normales (no fumadores) tienen alrededor de un diez por ciento de carboxihemoglobina en la sangre. Los fumadores tienen de dos a diez por ciento, lo que equivale a setenta partículas por millón de monóxido de carbono a que puede estar expuesta una persona en el ambiente.
Las personas más afectadas por este contaminante, ordenadas en orden decreciente, son: niños, embarazadas, ancianos, enfermos del corazón, diabéticos y anémicos.
Cabe destacar que el monóxido de carbono permanece en el cuerpo de cuatro a seis horas. Dentro de la literatura especializada, se consideran normales concentraciones de monóxido de carbono máximas en el ambiente de cinco a diez partículas por millón, cuando hay un artefacto que funcione en el interior de un ambiente. Cabe destacar que a esta concentración hay que sumarle aquella producida por el artefacto mismo, cuyo valor normal de emisión de monóxido de carbono al ambiente es de diez a quince partículas por millón. En las calles, por su parte, se han detectado concentraciones de hasta nueve partículas por millón.
La siguiente tabla relaciona las concentraciones de monóxido de carbono en el ambiente y en la sangre y sus síntomas:
En otro orden de materias, cabe consignar que el diseño y la instalación de los sistemas de calefacción y de agua caliente son problemas muy complejos.
En general, cuando se hacen diseños, se proyectan sobre la base de parámetros que han sido validados por el tiempo y por muchos años de trabajo. En Chile, sin embargo, no existe experiencia anterior, por lo que hay muchísimos parámetros que no son conocidos con exactitud, lo que afecta fundamentalmente al diseño.
El diseño, básicamente, tiene que preservar que los flujos de gases tengan la menor cantidad de dificultades para ascender y salir al exterior de la vivienda. Pero también hay que preservar la temperatura de los gases, porque, mientras más grande es el área de los ductos de evacuación, mayor es la pérdida de energía por enfriamiento de los gases en su salida hacia el exterior. Por lo tanto, existe una relación que es bastante difícil de mantener. Mientras mayor es la altura de la edificación, el problema se torna más complejo, porque, en la medida en que los ductos aumentan, el trayecto que deben recorrer los gases es mucho mayor, con lo cual se facilita su enfriamiento.
El gas de ciudad no se usa en el mundo desarrollado desde los años cincuenta. Los estudios realizados en otros países revelan que hubo problemas muy serios de diseño y de contaminación por monóxido de carbono en edificios, como los existentes en la actualidad en nuestro país. A vía ejemplar, en los Estados Unidos de Norteamérica, las normas de los distintos estados eran muy contradictorias, razón por la cual desarrollaron durante diez años campañas de investigación y de mediciones muy intensas, que eran financiadas por las mismas compañías de gas o por las empresas fabricantes de artefactos de gas, que querían preservar su imagen ante la opinión pública, que se rehusaba a usarlo. Así es como se desarrolló un completo sistema de técnicas de construcción, incorporando diversos materiales de construcción y métodos de diseño, a fin de usar este combustible con cierto grado de seguridad.
Desde el punto de vista de las causas contaminantes, la contaminación intradomiciliaria encontrada en los edificios no es solamente producto de la obstrucción de los ductos colectivos, sino que involucra una serie de variables con diversos grados de complejidad, como son por ejemplo, deficiencias en el diseño de los ductos y la falta de limpieza de los mismos; la intervención no calificada de terceros, de propietarios de los departamentos o de instaladores no autorizados, etc.
En países desarrollados, las técnicas constructivas y los materiales de construcción son muy diferentes. En general, no se construyen edificios de más de cinco pisos de altura con calefón y conductos colectivos, y se consume gas natural.
La concentración de monóxido de carbono derivado de filtraciones en los ambientes es una cuestión que debe considerar diversos elementos adicionales. No sólo deben tenerse en cuenta las características de los espacios, sino también la forma en que se utilizan los espacios. El gas de ciudad tiene una alta concentración de monóxido de carbono; pero si los ambientes están adecuadamente ventilados, no necesariamente debería existir riesgo de envenenamiento. En cambio, es más peligroso para la salud de las personas si hay mal funcionamiento de los ductos o del sistema de evacuación de gases.
V. CAUSAS DE LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS.
Aunque existe el gas de cañería o de ciudad, el licuado y el natural, solamente el gas de cañería origina problemas cuando sale al ambiente por un escape, debido a que tiene monóxido de carbono en su composición.
El gas natural no contiene monóxido de carbono en su composición química pero, al igual que el gas licuado, son explosivos y tienen efecto narcótico a altas concentraciones.
Debe tenerse presente, además, que el gas licuado tiene un poder calórico cuatro veces superior al gas de cañería, lo que significa que para obtener una cantidad determinada de calor es necesario menos consumo de combustible, lo que a su vez genera menos cantidad de gases de combustión. Lo mismo sucede con relación al gas natural, que tiene la mitad del poder calórico del gas licuado.
Cuando se habla de la composición de los gases de combustión, hay que distinguir dos situaciones. La primera de ellas, se origina cuando la combustión es completa, en cuyo caso, los gases no producen problemas, porque, en vez de producir monóxido de carbono, generan dióxido de carbono. La dificultad reside en que si se utilizan artefactos en ambientes cerrados puede ser peligroso, no por monóxido de carbono, sino porque hay desplazamiento de oxígeno.
La segunda situación, se origina cuando los artefactos no hacen una combustión completa, en cuyo caso todos los gases producen monóxido de carbono, ya sea que se trate de gas de cañería, licuado o natural.
En el desarrollo de esta investigación, vuestra Comisión pudo concluir que la presencia de monóxido de carbono en el ambiente se debe a dos causas fundamentales:
1.Fugas de gas de ciudad o de cañería.
El gas de cañería tiene en su composición química un trece y medio por ciento en volumen de monóxido de carbono, aproximadamente, lo que equivale a ciento treinta y cinco mil partículas por millón. Por lo tanto, la fuga en las instalaciones de la red implica altas concentraciones de monóxido de carbono en el ambiente.
En el seno de la Comisión se explicó que todas las uniones y conexiones de las instalaciones de gas son muy frágiles y están hechas de manera muy superficial. Basta una pequeña fuga para que las concentraciones de gas en los ambientes sean muy altas y superen con creces las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Debe tenerse presente que una persona muere si queda expuesta durante algunos minutos a dos mil partículas por millón de monóxido de carbono.
El siguiente cuadro demuestra claramente que el denominado gas de ciudad, antes de entrar en combustión, por el solo hecho de filtrarse por cualquier causa, contiene grandes cantidades de monóxido de carbono, que lo transforma en un gas letal:
En la Región Metropolitana, el gas de ciudad se va a continuar usando seis años más, que es el tiempo esperado de reconversión del gas de cañería al gas natural.
2.Presencia de monóxido de carbono por gases de combustión.
Existen instalaciones que generan monóxido de carbono por salida al ambiente o por devolución de gases, que se detectan fácilmente en edificios de más de diez pisos, debido a los siguientes factores:
Problemas de diseño
- Subdimensionamiento de conductos colectivos.
- Calefones instalados en baños.
- Conductos colectivos sin aislación.
- Descargas de gases de dos artefactos en el mismo punto en el conducto.
- Unión de dos conductos colectivos en uno solo después de algunos pisos.
- Edificios sobre diez pisos de altura con calefones o calderas.
- Quiebres en los conductos colectivos.
- Evacuación de gases en el mismo conducto con ventilación de olores.
Corrosión de los materiales de construcción en los conductos colectivos.
- Efecto del viento en el sombrerete.
- Edificios sin salida de conductos colectivos a la vista.
- Ventilación deficiente, espacios reducidos sin ventilación fija.
- Extractores de aire en baños y cocinas que afectan el funcionamiento de los artefactos.
Problemas constructivos
- Obstrucción de conductos colectivos.
- Conductos colectivos no herméticos.
- Evacuación de gases de combustión con ventilación de olores en el mismo conducto.
Mal funcionamiento de artefactos
Cuando un artefacto está bien regulado las concentraciones de monóxido de carbono por combustión son pequeñas (del orden de diez a quince partículas por millón de monóxido de carbono en el ambiente). Hay que destacar que esa regulación es muy dependiente de la composición química del gas. Como la composición del gas de cañería y licuado, es extremadamente fácil que un artefacto se desrregule y que su eficiencia disminuya. Adicionalmente, la presencia de monóxido de carbono en el aire comburente hace que este efecto sea mucho más acelerado, generando de manera exponencial procesos menos eficientes y más contaminantes.
Problemas de instalación
- Artefactos sin conductos secundarios.
- Artefactos sin conductos colectivos.
- Conductos secundarios no herméticos.
- Conductos colectivos perforados en el lugar del calefón.
- Calderas de alta eficiencia, donde no se respetan las indicaciones del manual del fabricante, como instalación de receptores de condensado, temperatura de rocío, etc.
- Calderas cuya máxima potencia supera el máximo de veinticinco Mkcal/hr contemplados en la actual normativa.
Problemas en la formación técnica del personal encargado de la mantención y reparación de equipos
Las técnicas de detección empleadas son jaboncillo y fósforos. No se usa detectores y, en el caso del gas de ciudad, los resultados en cuanto a nivel de detección no son comparables.
Los materiales de sello en las instalaciones de gas no se mantienen en el tiempo y, al poco tiempo, las fugas se vuelven a detectar y, por consiguiente, el monóxido de carbono del gas de ciudad permanece constantemente en el ambiente.
Los sistemas de limpieza y mantención de artefactos no son equivalentes entre los gasfíteres.
VI. MÉTODOS DE INSPECCIÓN UTILIZADOS PARA LA DETECCIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO.
1.Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 del decreto supremo Nº 222, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los administradores de edificios y los comités de administración se encuentran obligados a realizar inspecciones periódicas de sus instalaciones de gas.
Con fecha 22 de septiembre de 1998, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dictó la Resolución Nº 768, que regula el procedimiento para la inspección periódica obligatoria de las instalaciones de gas, tanto respecto de los edificios nuevos como usados
Mediante la Resolución Nº 489, de 30 de marzo de 1999, la Superintendencia dejó sin efecto la citada Resolución Nº 768, con objeto de explicitar criterios uniformes de aceptación o rechazo de las referidas inspecciones y de establecer los requisitos que deben cumplir las personas que realicen funciones de instaladores autorizados, conjuntamente con la implementación de mecanismos que posibiliten el control recíproco de revisiones.
De este modo, a partir del 1 de abril del año en curso se incorpora un método de certificación periódica que se aplica tanto respecto de los edificios construidos como de aquellos que se construirán en lo sucesivo, de acuerdo a un calendario que, tomando como referencia los dos últimos dígitos de la dirección de cada inmueble, establece certificaciones mensuales que deben ser chequeadas cada dos años. Durante el primer año, la inspección es obligatoria sólo para los edificios con más de cinco pisos y se espera que, a partir de enero del año 2000, la exigencia sea obligatoria para todas las viviendas, sin excepción.
Las principales características del sistema de inspección periódica son las siguientes:
- Periodicidad: todas las instalaciones interiores de gas deberán ser certificadas cada dos años por un inspector autorizado por la Superintendencia.
- Inspección a instalaciones nuevas: todas las instalaciones interiores nuevas (edificios y casas) deberán tener su certificación aprobada.
- Costo de la inspección: la inspección es una responsabilidad del usuario o propietario de la instalación, luego, es éste el que debe pagar por los servicios del inspector para que ejecute los trabajos de certificación.
- Acreditación de inspectores: La Superintendencia autorizará a las personas que puedan realizar las inspecciones, según el resultado de las evaluaciones de competencias e idoneidad establecidas para dicho propósito.
- Procedimiento de inspección: contempla una revisión exhaustiva de toda la instalación, que incluye la revisión del proyecto declarado en el organismo fiscalizador; la revisión de los conductos de evacuación de los gases productos de la combustión; la revisión de la matriz interior de gas o tuberías y elementos comunes de la instalación; la revisión de la instalación interior, y las posibles medidas de seguridad a adoptar.
Las inspecciones pueden tener tres posibles resultados, certificación aprobada (sello verde), certificación pendiente (sello amarillo) y certificación rechazada (sello rojo):
La certificación aprobada (sello verde) revela que todas las pruebas contempladas en el procedimiento de inspección fueron evaluadas en forma satisfactoria.
La certificación pendiente (sello amarillo) indica que algunas de las pruebas contempladas en el procedimiento de inspección revelan anomalías en la instalación, que no constituyen peligro para la salud de las personas; el usuario o propietario tiene un plazo de quince días para presentar un plan de reparación, a través de los servicios de un instalador de gas autorizado por la Superintendencia, y las reparaciones deberán realizarse en un plazo máximo de 6 meses.
La certificación rechazada (sello rojo): señala que algunas de las pruebas contempladas en el procedimiento de inspección revelan defectos críticos en la instalación, es decir, que constituyen peligro para la salud de las personas. El inspector debe dar aviso inmediato a la Superintendencia y a la empresa distribuidora de gas para que se suspenda el suministro de gas y se adopten las medidas que permitan eliminar las condiciones de peligro y el usuario o propietario tiene un plazo de quince días para presentar un plan de reparación, a través de los servicios de un instalador de gas autorizado por la Superintendencia.
Cabe hacer presente que de los ciento sesenta y tres casos que fueron objeto de inspección obligatoria, sólo veinticuatro edificios obtuvieron el sello verde y ochenta y nueve el amarillo, es decir, certificación aprobada y pendiente, respectivamente; mientras que cincuenta edificios resultaron con certificación rechazada.
- Acreditación de inspectores: los inspectores autorizados por la Superintendencia son sometidos a evaluaciones teóricas y prácticas definidas de antemano por ella. Aquel que aprueba las evaluaciones, obtiene una autorización para desarrollar inspecciones, por un período de dos años, luego del cual será sometido a una nueva evaluación.
El problema que se presente para la puesta en marcha de las revisiones técnicas periódicas reside en que no existe una oferta de organismos de certificación adecuados para realizarlas. Por ello, el organismo fiscalizador se encuentra apoyando un programa de la Cámara Chilena de la Construcción tendiente a capacitar a cada uno de los agentes que intervienen en el proceso, que va desde el usuario hasta el técnico más capacitado, incluyendo las direcciones de obras, los propios expertos de la Superintendencia, de las empresas de gas, etcétera.
2.De la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile (Dictuc).
Inició un programa de mediciones de alrededor de doscientos cincuenta edificios, lo que significó controlar entre ocho y diez mil departamentos.
De acuerdo con la información entregada a la Comisión, a lo menos un noventa y cinco por ciento de los edificios inspeccionados usa gas de cañería o de ciudad y el noventa por ciento de ellos, en la primera revisión, estaba fuera de especificaciones o con concentraciones de monóxido de carbono que superaban los niveles especificados por la Organización Mundial de la Salud. Otros problemas detectados por Dictuc fueron los relativos a los artefactos en edificios menores de diez pisos, y a la devolución de gases de combustión, en mayor medida, en edificios sobre diez pisos.
La clasificación de los edificios por concentraciones de monóxido de carbono, es la siguiente:
3.Métodos de inspección rápida.
Devolución de gases
Como producto de la combustión se genera básicamente monóxido de carbono, anhídrido carbónico y agua, a altas temperaturas. Cualquiera persona lo puede detectar colocando la mano sobre el artefacto cuando está funcionando; si siente un leve calor, significa que el artefacto está evacuando bien los gases; si sienten oleadas de calor intenso, existe devolución de gases de combustión.
Las altas temperaturas que también acompañan a los gases de evacuación que se devuelven activan los sensores de temperaturas, que poseen una gran variedad de calderas murales. Al accionar los sensores, se corta en forma automática la alimentación de gas al artefacto. Ello se traduce en que el agua comienza a salir fría, aunque el piloto se encuentre encendido.
Formación de vapor de agua condensado
Otra forma de saber que hay devolución de gases consiste en cerrar completamente el recinto en el cual está instalado el artefacto y observar si hay condensación de vapor de agua en los vidrios o en las paredes al cabo de unos minutos.
Inspección visual
En los departamentos habitados se puede constatar en forma inmediata si hay problemas en el calefón al mirar el color de la pintura del ducto colectivo. Si está negro, ello indica que hay gran formación de hollín. Esta formación de hollín se puede deber a la mala combustión del artefacto o a una gran devolución de gases.
VII. LO OBRADO POR ORGANISMOS TÉCNICOS CON COMPETENCIA EN LA MATERIA.
1.Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Le compete propender que las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sean coherentes con las normas que dictan los organismos técnicos que tienen a su cargo estas materias, como son la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en el caso de instalaciones de artefactos de gas.
Una de las modificaciones efectuadas a la Ordenanza General reconoce la existencia de centrales de agua caliente; de calefones de tiro balanceado y forzado y se permite que la evacuación de gases se efectúe directamente al exterior de cada departamento.
Por otra parte, el Ministerio ha incorporado la exigencia de que las viviendas sociales sean entregadas con el calefón instalado, para disminuir los riesgos derivados de malas instalaciones.
Cabe hacer presente, por último, que en el cuerpo legal, hoy vigente, y que fuera de iniciativa del Ejecutivo, como es la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, se incorporó la obligación para los copropietarios que viven en condominios de establecer un plan de seguridad y de evacuación de la copropiedad, que debe estar permanentemente al día. Se deja bastante libertad para que los comuneros establezcan, además, ciertas condiciones de revisión permanente de sus instalaciones, las cuales, de acuerdo a una exigencia impuesta por la Superintendencia, deben ser revisadas obligatoriamente cada dos años.
2.Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Con fecha 6 de junio de 1997, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emitió la Circular Nº 1923, que regula los materiales que deben utilizarse en la construcción de los conductos colectivos de evacuación de los gases producto de la combustión; instructivo que produjo algunos problemas en su aplicación.
En uso de sus facultades, el organismo fiscalizador dictó el instructivo que regula la revisión periódica de instalaciones de gas, contenido en la Resolución Nº 768, de 1998, no sólo en lo relativo a ductos de instalaciones, sino que a la totalidad de las instalaciones, que fue reemplazada por la Resolución Nº 489, de 1999, del mismo organismo fiscalizador.
Asimismo, la Superintendencia está implementando un programa de mejoramiento de la calidad de las instalaciones interiores de gas, con objeto de proponer recomendaciones en materia de revisión de normas, en el establecimiento de programas de calificación y de educación de los propios instaladores de gas y en la administración de un sistema de control de los profesionales del área. Tarea que se realiza conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas de gas tanto las de gas natural como las de gas de ciudad y licuado, entre otros organismos.
El ente fiscalizador logró que se incluyera en el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana el tema del monóxido de carbono desde la perspectiva de la contaminación de ambientes interiores, lo que permitirá incorporar las acciones de difusión que se lleven a cabo en el marco de ese plan.
En relación con este aspecto, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía y con el Servicio Nacional del Consumidor realizó un programa tendiente a fiscalizar y a vigilar cómo se ha llevado a cabo el proceso de reconversión a gas natural, mediante auditorías y evaluaciones. Por medio de la Circular Nº 3071, de 24 de junio de 1998, se establecieron las obligaciones de las empresas en los procesos de reconversión, se regulan las responsabilidades y el tiempo en que éstas se extinguen.
3.Instituto Nacional de Normalización.
Su principal preocupación es dictar normas adecuadas para que el mercado las adopte, con la participación, en su génesis, de todos los entes involucrados.
A solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, está estudiando la norma NCh2423, que trata de los artefactos de gas, de las condiciones de instalación, de las especificaciones para la evacuación de gases y de la combustión en circuito abierto y tiro natural, con objeto de establecer las condiciones de diseño y de uso de materiales en los conductos de evacuación de gases, para posteriormente ser incorporadas en el reglamento respectivo. Para dicho efecto se tomó como base de estudio la norma británica 5440, por recomendación del organismo fiscalizador.
Actualmente, se encuentra en la etapa de revisión de observaciones de la segunda consulta pública. En total, se realizaron un total de veinte reuniones, donde se consideraron las observaciones formuladas por diferentes ministerios, por Dictuc, por Idiem, por la Cámara Chilena de la Construcción, por el Instituto de la Construcción, entre otros participantes.
Continuó con el estudio de las condiciones de instalación respecto de la evacuación de gases por medio de circuito abierto y tiro forzado y a través de circuito cerrado.
Respecto de las exigencias de ventilación que deben existir en los edificios en los cuales están instalados los artefactos, se encuentra en estudio la parte pertinente de la mentada norma Nch2423. La revisión de la primera consulta pública finalizó el 9 de noviembre de 1998.
Con relación a las especificaciones para la instalación de artefactos y tomas de aire, se llamará, previamente, a licitación pública, luego de lo cual se citará al comité para estudiar la norma final.
Además, el Instituto se encuentra elaborando un proyecto de norma que considera aspectos de inspección y de recepción de los sistemas de evacuación de gases de la combustión para circuitos abiertos y tiro natural, complementario de las normas ya descritas. Se han celebrado diez sesiones y llamó a la primera consulta pública a fines del mes de noviembre o a mediados de diciembre de 1998.
4.Instituto de la Construcción.
Como corporación privada, sin fines de lucro, tiene por misión promover y coordinar iniciativas de investigación, transferencias y difusión de tecnología en el área de la construcción, en obras de infraestructura y de planificación, con el propósito de mejorar la calidad y productividad del sector.
Ha colaborado en el estudio y actualización de normas, recomendaciones e iniciativas en beneficio de la construcción, a partir de las conclusiones entregadas por la Cámara Chilena de la Construcción respecto de los problemas detectados en el diseño de ductos.
Le ha correspondido la coordinación directa con el Instituto Nacional de Normalización, organismo que recibió sus comentarios y proposiciones en el proceso de revisión de las normas técnicas en estudio, que se extendió desde marzo a septiembre de 1998.
Organizó en el mes de abril de 1998, conjuntamente con Dictuc, un seminario internacional sobre evacuación de gases de la combustión en edificios, que constituyó un importante aporte para la normativa en elaboración.
Dentro de las principales propuestas se concluyó que la normativa debe estar basada en el sistema de dotación de tiro natural para la evacuación de gases, dejando para el estudio de otras normas los de tiro forzado y de tiro balanceado.
Propuso utilizar métodos y sistemas constructivos probados en otros países, con mayor desarrollo que el nuestro, mientras se generen diseños y sistemas nacionales confiables.
La norma propuesta establece los requisitos y recomendaciones mínimas que deben cumplirse para una evacuación de gases segura, indicando algunos parámetros y las siguientes recomendaciones para alcanzar estos objetivos:
Cualquier diseño de un sistema de evacuación de gases debe considerar una operación adecuada en las condiciones críticas, es decir, cuando todos los aparatos funcionan simultáneamente (capacidad máxima), o cuando sólo el artefacto más alejado de la salida está operando (capacidad mínima).
Los conductos de evacuación de gases deben ser herméticos, con resistencia a la corrosión y estabilidad a las temperaturas de operación, lo que significa que deben usarse aceros inoxidables, aluminios especiales u otros materiales que contengan propiedades similares.
Los elementos de unión deben ser prefabricados, a fin de evitar los trabajos de perforaciones y soldaduras en terreno para conectar conductos.
Los shafts de evacuación de los gases de la combustión deben ser exclusivos para tal efecto. Los conductos deben diseñarse para tener una vida útil igual al edificio, como también ser verticales, sin presentar quiebres en su estructura; la superficie que esté en contacto con los gases debe ser lisa o de muy baja rugosidad y los diseños constructivos deben permitir un reemplazo del sistema en caso que sea necesario hacerlo.
Debe darse al sistema de evacuación de gases la categoría de proyecto, de forma tal que pueda ser inspeccionado en sus diferentes etapas, desde su fabricación e instalación hasta las pruebas de funcionamiento con motivo de la recepción de nuevas edificaciones y, periódicamente, durante la vida útil del edificio.
Se propone un método de verificación de la capacidad máxima y mínima de evacuación de gases de la combustión. Para la capacidad máxima se propone la determinación de monóxido de carbono intradomiciliario, y para la capacidad mínima, mediante la determinación de temperatura de salida de gases de la combustión.
Debe desarrollarse un proyecto de investigación tendiente a obtener un sistema nacional confiable, seguro y basado en un exhaustivo estudio experimental, en que participan los principales sectores de la construcción.
5.Cámara Chilena de la Construcción.
En el mes de julio de 1997 analizó el tema con un grupo de sesenta personas que representaban la más completa gama de profesionales relacionados con esta materia, donde se concluyó que los principales problemas tenían relación con los materiales y el diseño de los conductos colectivos de evacuación de los gases producto de la combustión.
Como resultado del estudio antedicho, arribó a la convicción de que la normativa que regula las instalaciones interiores de gas es defectuosa e incompleta y que los problemas derivados del monóxido de carbono sólo se solucionarán una vez que se estudie una nueva reglamentación para la evacuación de los gases producto de la combustión.
Debido a ello, apoyó al Instituto Nacional de Normalización, en la creación de las normas chilenas sobre especificaciones para la evacuación de gases de la combustión, sobre especificaciones de ventilación y sobre inspección, que están en trámite final de consulta en los organismos competentes.
Adicionalmente, se encuentra abocada a desarrollar un programa de mejoramiento de la calidad de las instalaciones interiores de gas, conjuntamente con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y con otros organismos, con los siguientes objetivos:
Realizar una primera revisión técnica de todas las instalaciones interiores de gas para detectar posibles fallas.
Impedir que ocurran otros accidentes por emanaciones de monóxido de carbono, a través de revisiones técnicas de las construcciones y, especialmente, de las edificaciones en altura, para determinar si los habitantes corren riesgo en su salud, implementando las medidas correctivas necesarias.
Instaurar un plan que asegure la calidad de aquellas edificaciones que se encuentran en etapa de construcción.
Conformó un grupo de trabajo integrado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Colegio de Instaladores de Gas, y las empresas de gas licuado y natural, que se encuentra abocado a estudiar la procedencia de efectuar concursos de acreditación de certificadores, en base a la evaluación previa de los organismos, empresas o instituciones que se presenten para inscribirse en un registro que se crearía al efecto; programas nacionales de capacitación, con objeto de lograr la capacitación eficiente de las empresas constructoras, usuarios, administradores de edificios e instaladores, y a implementar programas de certificación voluntaria de edificios que sean realizados por las propias empresas constructoras.
6.Colegio de Ingenieros de Chile.
En julio de 1998 realizó una Mesa Redonda sobre el tema “Problemática de los ductos de evacuación de gases y ventilación en edificios”, que contó con la participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Instituto Nacional de Normalización, del Instituto de la Construcción, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, del Dictuc, de la Municipalidad de Las Condes y de la empresa constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.
Las principales conclusiones de dicho encuentro fueron las siguientes:
Revisión y actualización periódica de las normas y reglamentos. Los actuales reglamentos son insuficientes e incompletos; sólo abarcan la evacuación de gases de tiro natural y abiertos para edificios de hasta ocho pisos. Falta desarrollar las normas para edificios de más de ocho pisos y para evacuación de gases de tiro forzado o balanceado.
Fiscalización privada acreditada. En la actualidad no existe una real fiscalización de las instalaciones en los edificios. De las muestras tomadas a los edificios existentes se demostró que el cien por ciento de ellos tenían algún problema con los sistemas de evacuación de gases, ya sea por falta de supervisión, “shafts” mal construidos, obstrucciones en los ductos, instalaciones de aguas servidas y de agua potable en el “shaft”, dimensiones de “shaft” poco apropiadas, etcétera. Debido a la importancia del tema es necesario crear un sistema de fiscalización privada que tenga acreditación en algún organismo del Estado, como puede ser la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Uso de materiales adecuados. Se ha comprobado que no existe uniformidad en los materiales empleados en los sistemas de evacuación de gases, con el consecuente problema de contar con instalaciones poco resistentes al fuego, de baja aislación térmica, que comprometen la funcionalidad del sistema. El uso de materiales adecuados se hace indispensable, por lo que la fiscalización de estos sistemas debe incluir este aspecto.
Revisión periódica de las instalaciones. No existe una revisión en el tiempo de las instalaciones de evacuación de gases. Con el paso de los años los materiales sufren un desgaste natural y con los movimientos por sismos se producen alteraciones que pueden ser importantes en esta materia, por lo que se recomienda promover una revisión anual o al menos cada dos años a las respectivas instalaciones.
Recepción de las instalaciones nuevas. Se requiere tener las pruebas de que el sistema de evacuación de gases funciona adecuadamente previo a la entrega del departamento para habitar, lo que aseguraría la integridad de las personas.
Diseño adecuado a las necesidades del país. Los diseños de los sistemas de evacuación de gases deben ser capaces de cumplir con las exigencias de una reglamentación adecuada para las necesidades propias del país. Estos diseños deben ser desarrollados por profesionales que tengan la capacidad y el conocimiento en este tipo de proyectos.
7.Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile.
Con motivo de los problemas detectados en el funcionamiento de los ductos de evacuación de gases detectados del edificio de calle Alcántara Nº 979, la empresa constructora Raúl Varela solicitó del Dictuc el estudio de un nuevo diseño de los ductos mencionados.
Con fecha 19 de mayo de 1997, emitió el informe Nº 1366, que tuvo por finalidad analizar el procedimiento de diseño de la tabla Nº 58.1 contenida en el artículo 58 decreto supremo Nº 222, que reglamenta las instalaciones interiores de gas.
Como resultado del análisis efectuado por Dictuc se concluyó que la norma chilena sobre dimensionamiento de ductos colectivos de evacuación de gases de combustión debe ser revisada a la brevedad. Esta revisión no sólo debe incluir un nuevo método de dimensionamiento, sino que, además, modificaciones de la técnica constructiva, en lo que se refiere a la necesidad de introducir el ducto secundario en el ducto colectivo.
Sugirió como un buen modelo el código NFPA54 de la norma americana, que incluye, entre otros aspectos, un diseño detallado de los ductos secundarios para el caso de varios artefactos en un mismo departamento, y el diseño del ducto colectivo piso a piso, dependiendo de la carga corriente abajo, lo que asegura un buen funcionamiento en todos los pisos, aunque genera un ducto colectivo de área variable.
VIII. LOS CASOS INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión se abocó a conocer tres casos puntuales de emanaciones de gases, uno de los cuales fue objeto de una visita inspectiva por parte de sus integrantes.
1.Caso de la señora Luz María Ferrada, de la comuna de Vitacura.
La afectada dio a conocer la situación que le aquejaba, consistente en el estado de precario funcionamiento de los artefactos de su residencia, calefón y cocina, los cuales cuentan con suministro de gas natural, proporcionado por la empresa Metrogas, mediante la reciente instalación de la respectiva red a su vivienda.
Hizo una acabada relación de los hechos que precedieron al día 15 de noviembre de 1998, fecha en la cual su vivienda se incendió; siniestro cuyas consecuencias no ocasionaron mayores daños que los efectivamente producidos, en consideración a que contó con la asistencia oportuna de un vecino, que era bombero, y con el auxilio de cuatro compañías de bomberos.
Ante el respectivo Juzgado del Crimen declaró que la causa del incendio había sido la carencia del doble tubo del calefón, razón por la cual la combustión pasaba a una viga de la casa, según lo habían manifestado los propios bomberos en el lugar de los hechos.
Como resultado de lo acontecido, manifestó que la vivienda permaneció desprovista de suministro de gas durante un mes y medio, sin que la empresa Metrogas asumiera responsabilidad alguna en la materia, aduciendo que la causa radicaba en la mala instalación de los artefactos.
Puntualizó que los artefactos tenían un poco más de un año de uso y que los calefones nunca antes habían presentado problemas, considerando que datan desde la época de construcción de la casa, o sea, desde hace veinticinco años.
Con posterioridad, los propios funcionarios de Metrogas, y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles constataron que la combustión a juzgar por el tamaño de las llamasse producía en el tubo y no en el calefón.
Reclamó haber pagado una alta suma de dinero para que se determinase la efectividad del tipo de gas suministrado a su casa, sin perjuicio de los costos del peritaje que la Superintendencia estimó necesario realizar para determinar la aptitud de los artefactos, sin considerar el costo que le significó la instalación de la nueva red de gas.
Imputó responsabilidad a Metrogas por instalar la red de gas natural sin cerciorarse de que no se presentarían problemas a futuro, con el agravante que es la propia empresa la que efectúa los controles de presión.
Agregó que en su vecindario hubo otros casos similares, todos relacionados con problemas en el suministro de gas natural.
Hizo presente su queja en cuanto a la falta de control efectivo hacia las empresas privadas suministradoras de gas y la carencia de recursos que aqueja a la Superintendencia del rubro para ejercer debidamente sus facultades fiscalizadoras.
2.Caso de la señora María Olivia del Río, de la comuna de Vitacura.
Señaló ser vecina de la señora Ferrada. Su vivienda cuenta con red de cañería para el suministro de gas desde hace veinticinco años, época de su construcción.
El problema que le afecta radica en que repentinamente cesó el suministro de gas, ante lo cual Metrogas diagnosticó la necesidad de proceder al cambio de la totalidad de la red y del medidor, para lo cual fue indispensable romper el pavimento de la entrada de autos de la casa, faenas que tuvieron para ella un costo de un millón de pesos.
Hizo presente su malestar en cuanto a que, en su oportunidad y en forma previa a las faenas, solicitó se evacuara un informe técnico sobre el particular, sin que hasta la fecha de su concurrencia a la Comisión se hubiera materializado tal estudio.
Puntualizó que lo más grave radica en que aún no se determina la ubicación del escape de gas existente, razón por la cual su vivienda se encuentra bajo peligro inminente de explosión.
Hizo presente que, a juzgar por el estado en que hoy se halla el artefacto de cocina de su casa, es posible concluir que no estaban siendo abastecidos por gas de ciudad, sino de otro tipo.
3.Visita realizada al edificio de calle Fontana Rosa, número 7077, de la comuna de Las Condes.
El día lunes 25 de enero de 1999, se realizó la visita, con la asistencia del honorable diputado don Samuel Venegas Rubio, que tuvo por finalidad presenciar una medición de emanaciones de monóxido de carbono realizada por el Dictuc.
Vuestra Comisión fue recibida por el Subadministrador del edificio, señor Luis Ramírez
quien expuso una serie de hechos que más adelante se detallan, y contó con la participación de los representantes del Dictuc, señora Oscarina Encalada y señores Ricardo Pérez-Correa, Francisco Jopia, Rodrigo Villagrán y Mauricio Estrada.
Se constató que el edificio cuenta con nueve pisos y treinta y seis departamentos, de ciento quince metros cuadrados útiles cada uno, que su entrega tuvo lugar en el año 1993 y que fue objeto de conversión a gas natural seis meses antes de la fecha de la visita.
En los departamentos números 303 y 404 se detectó un alto índice de monóxido de carbono por parte de la empresa Barlovento, a cargo del monitoreo de ductos, constatando concentración de mil ochocientas partículas por millón en el departamento 303, y 90 partículas por millón en la cocina del departamento 404.
De conformidad con los informes existentes, casi la totalidad del edificio se halla afectado. Aún más, la empresa Gas Fuerza y Energía, contratada por la empresa constructora del edificio, constató diversos problemas en los ductos, razón por la cual fue necesario proceder a la limpieza y rectificación de aquéllos.
Por su parte, la empresa Metrogas, luego de que efectuara la conversión a gas natural a mediados del año 1998, contrató a la empresa Barlovento, al objeto de continuar el monitoreo, solicitándose posteriormente la intervención del Dictuc, para efectuar nuevas mediciones, constatándose que la contaminación persistía. Los niveles de concentración de gases actualmente se registran en los estares de los departamentos.
Se hizo ingreso al departamento número 601, donde se ubican dos calefones en la loggia. A los seis minutos, a nivel de cielo, la concentración de monóxido de carbono alcanzó cuatrocientos sesenta y dos partículas por millón, y a nivel del suelo, a noventa y seis partículas por millón. Se constató que el monóxido de carbono ingresaba al estar del departamento por el ducto colectivo.
Se efectuó la medición de contaminación del pasillo del sexto piso, constatándose cuarenta y nueve partículas por millón en el momento de instalar el monitor, alcanzando un nivel de ciento catorce partículas por millón en los diez minutos siguientes.
En el departamento 701, por su parte, la medición dio como resultado doscientos ochenta y seis partículas por millón a nivel del cielo en cuanto se instaló el monitor, no obstante que la ventana del dormitorio se encontraba abierta.
IX. LAS SOLUCIONES ENTREGADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES.
1.Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Propuso que la Superintendencia tenga recursos coherentes con el volumen de las actuales instalaciones de gas, sobre todo, respecto de aquellas ciudades que se encuentran en proceso de reconversión de gas.
2.Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Considera que es necesario legislar respecto de algunas materias que debe evaluar esta honorable Cámara de Diputados. Entre otras, respecto de la necesidad de penalizar el ejercicio ilegal de la actividad de instalador de gas; determinar las responsabilidades frente a las personas que han sufrido daños, con objeto de indemnizar los correspondientes perjuicios y regular las responsabilidades, y evaluar si es necesario efectuar modificaciones legales en la ley sobre copropiedad inmobiliaria, para establecer algunas inhabilidades.
A vía de ejemplo, debería inhabilitarse al administrador o al miembro de la junta de vigilancia del edificio que no cumple con las obligaciones que la normativa reglamentaria le imponga, entre ellas, la revisión periódica de artefactos cada dos años.
En estos casos, corresponde que la Superintendencia deba cursar multa al edificio que no esté con su revisión técnica al día y sancionar a los responsables de su cumplimiento, pero, además, debiera inhabilitarse a estas personas para ejercer dichos cargos.
3.Instituto de la Construcción.
Opina que hay muchos intereses y que no todos son coincidentes, razón por la cual deben consensuarse, porque esto no se puede transformar en un problema traumático. Debe protegerse la salud y la vida de las personas, lo cual debe ser hecho en base a un consenso, porque no se puede tener una norma perfecta.
4.Cámara Chilena de la Construcción.
Si se revisan todas las situaciones de edificaciones en que se han producido accidentes por emanaciones irregulares de monóxido de carbono, se puede apreciar que en algunas ha habido intervención de los usuarios; en otras, han existido errores constructivos o errores del proyecto, pero que, en todos los casos, la Cámara estima que ha existido un común denominador, que es la existencia de una normativa insuficiente y obsoleta.
Es por ello que continuará con el Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Instalaciones de Gas, que constituye un esfuerzo serio y que ha logrado coordinar a todas las entidades relacionadas.
5.Colegio de Ingenieros de Chile.
Comparte la opinión acerca de la necesidad de seguir mejorando el diseño y la construcción de los sistemas de evacuación de gases, además de tener una inspección privada que certifique las instalaciones. Sus propuestas consisten, fundamentalmente, en las siguientes:
Realizar una investigación tecnológica a largo plazo, a nivel nacional, de manera de encontrar una normativa adecuada a las distintas realidades del país. La experimentación debe ser considerada con un plan por regiones bajo la supervisión y control del Estado.
Planificar cursos de perfeccionamiento sobre el diseño, construcción, mantención y fiscalización de los sistemas de evacuación de gases en edificios, con objeto de tener especialistas en el tema que ayuden a encontrar más y mejores soluciones.
Mantener un registro de oficinas profesionales que puedan certificar la calidad de las instalaciones.
Implementar un plan de evacuación y corrección a corto plazo de los edificios existentes.
Crear un registro de ingenieros especialistas en el diseño de los sistemas de evacuación de gases, que lo pondrá a disposición de la comunidad.
Poner en marcha campañas de difusión que ayuden a controlar y eviten la entrega a la comunidad de edificios con instalaciones no adecuadas.
6.Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile.
Sus principales propuestas son las siguientes:
Modificar la actual normativa vigente, contenida en el decreto supremo Nº 222, que ha sido estructurada mezclando diferentes normas y que no garantiza totalmente la seguridad de las personas. Propone que estas reformas se implementen sobre la base de los resultados que se obtengan de una investigación científica que incorpore nuevas técnicas constructivas, materiales de construcción, calefones y calderas y combustibles, la cual no se ha realizado hasta la actualidad.
Revisar o inspeccionar las instalaciones de gas, con objeto de mejorar la capacidad máxima de evacuación de gases de combustión, que obliga a monitorear monóxido de carbono en el interior de los departamentos bajo condiciones muy exigentes y permite evaluar la interacción entre los departamentos, y la capacidad mínima de evacuación de gases de combustión, mediante la determinación de la temperatura de salida de los gases en el sombrerete.
Controlar la calidad de las inspecciones, por medio del uso de monitores de monóxido de carbono; de detectores de fuga de gas; de valores de referencia respecto a mediciones de tiro, y del uso de detectores de monóxido de carbono.
7.Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.
Es de opinión que las regulaciones deben constituirse en una verdadera guía técnica, que vaya creando una cultura que favorezca la seguridad con normas que deben ser técnicamente adecuadas y elaboradas con participación real y equilibrada de todos los que, por diversas razones, se encuentran involucrados en el tema.
Se destaca que, aunque las normas, por su calidad técnica, flexibilidad y coherencia constituyan una excelente guía técnica, siempre será necesario un esfuerzo de fiscalización para garantizar a la comunidad su cumplimiento, lo que constata sobre la base de la experiencia bomberil cotidiana.
Hace presente la necesidad de solucionar las carencias que tienen las direcciones de obras municipales para cumplir con sus funciones en lo relativo a la recepción final de las obras.
Comenta que el monóxido de carbono es un producto normal e inevitable en muchos procesos cotidianos, que seguramente subsistirán mientras no se use solamente la energía eléctrica.
Señala que existe un área que es de responsabilidad del usuario: el artefacto doméstico. Hay que hacer esfuerzos para una mejor información sobre sus riesgos y se requieren normas que regulen la forma de acreditar la seguridad de los artefactos, así como los aspectos de construcción involucrados.
X. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.
Vuestra Comisión, luego de un estudio de los antecedentes recibidos y de las opiniones recibidas con relación a la investigación originada con motivo de los problemas suscitados a raíz de emanaciones de monóxido de carbono generadas en el interior de viviendas y edificios, aprobó, por la unanimidad de sus integrantes, las siguientes conclusiones:
1.Efectos de las emanaciones de gas en las personas.
Durante la investigación llamó la atención de los miembros de la Comisión el hecho de que solamente se hayan conocido casos de personas menores de cuarenta y cinco años, afectadas por emanaciones de monóxido de carbono, con consecuencia de muerte, en circunstancias que las personas mayores, específicamente ancianos, constituyen un grupo de alto riesgo, que deberían estar incluidos en aquéllos.
Se tuvo presente que no es habitual que las personas mayores se sometan a exámenes de carboxihemoglobina y que es más cómodo decir, simplemente, que la persona murió de un ataque al corazón.
En el seminario sobre “Calidad del aire, Ozono y Material Particulado”, realizado en junio 1996, el doctor Juan Giaconi sostuvo que el “efecto en el sistema cardiovascular se debe a la disminución del transporte de 02 y su efecto es mayor cuando hay alteraciones previas de la función miocardíaca y/o función coronaria. Se ha sugerido que la exposición a monóxido de carbono (CO) puede favorecer la arteriosclorosis coronaria y periférica, especialmente en fumadores. El sistema nervioso central es muy sensible a la hipoxia, debido al menor transporte de O2 y a que el CO se une a la citocromooxidasa a nivel mitocondrial, disminuyendo la capacidad respiratoria”.
Sabido es que la principal causa de muerte son los ataques al corazón y, siendo el monóxido de carbono el principal precursor de los ataques al miocardio, podría concluirse que la cantidad de personas que han sido afectadas por este gas son muchas más de las que se conocen.
Vuestra Comisión estima que esta conclusión amerita una particular reflexión de parte de la honorable Cámara de Diputados, en lo que dice relación con la necesidad de disponer de mayores antecedentes que permitan a la Corporación evaluar específicamente el impacto en las personas, sobre todo, en las de la tercera edad.
En cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas, el doctor Juan Giaconi afirmó en el mencionado seminario, que las personas expuestas a concentraciones medianas de monóxido de carbono tienen tendencia a desarrollar con el tiempo enfermedades crónicas, “entendiendo como enfermedad crónica aquellas que se caracterizan por aumento de la incidencia y gravedad de: asma bronquial, bronquitis crónica obstructiva y enfisema pulmonar”.
Gran parte de la población que vive en edificios está expuesta permanentemente a ambientes con monóxido de carbono por el uso de gas de ciudad, y la reconversión a gas natural, en la Región Metropolitana, será un proceso que va concretarse en varios años más.
Vuestra Comisión concluyó que las fugas de gas y su contribución a la contaminación ambiental es un tema muy conocido y probado, por cuanto, si bien las personas no llegan a la muerte o intoxicación declarada, la probabilidad de exposición es altísima, como se ha demostrado en el curso de la investigación.
2.Normativa vigente.
La base técnica de las instalaciones de gas, contenida en el decreto supremo Nº 222, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, presenta serias deficiencias en cuanto al diseño y dimensionamiento de conductos colectivos, específicamente la tabla
Nº 58.1, como lo ha demostrado un estudio realizado por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica.
La nueva norma técnica, actualmente en estudio en el Instituto Nacional de Normalización, tampoco incorpora el cálculo para el diseño de conductos colectivos, limitándose a señalar que debe diseñarse de acuerdo con la mejor práctica de ingeniería disponible. Sin embargo, como en Chile no existe este conocimiento, sólo se remite a adaptar normas extranjeras que no han sido elaboradas ni validadas para el caso particular de nuestro país.
Este problema se hace aún más evidente con la incorporación de nuevas tecnologías que, en muchos casos, han agudizado la contaminación por monóxido de carbono, por no estar debidamente reglamentadas, como se ha detectado en el caso de las calderas de alta eficiencia.
Vuestra Comisión, después de recibir los testimonios de institutos, investigadores y especialistas, es de opinión que todos los edificios actualmente construidos presentan peligro de emanaciones de monóxido de carbono, debido a que las normas de construcción vigentes han permitido edificar en condiciones tales que posibilitan la presencia de dicho gas en los ambientes y provocan dificultades de evacuación en los ductos, con el consiguiente daño a la salud de las personas, con riesgo de muerte.
En efecto, los proyectistas de gas, los diseñadores, las empresas constructoras y las inmobiliarias que han construido cumpliendo con dichas normas, no podrían haber resuelto los problemas que investigó esta Comisión, por el solo hecho de haber realizado una buena ejecución de las obras, con una adecuada calidad de los materiales y el cabal cumplimiento de las reglas de construcción.
Durante el transcurso de la investigación, se comprobó que un edificio puede estar perfectamente construido con relación a los planos, los proyectos y la legislación vigente y contar con la correspondiente recepción final y que, sin embargo, en el momento de inspeccionar la presencia de monóxido de carbono, registre índices que pueden ser mortales.
Vuestra Comisión estima que aun cuando las constructoras hayan cumplido con la normativa vigente, ello no constituye suficiente garantía para evitar la presencia de monóxido de carbono en el interior de las viviendas. Por el contrario, la propia norma que permite construir conductos colectivos de evacuación de gases en edificios superiores a ocho o diez pisos de altura se ha transformado en una norma solución altamente riesgosa, por cuanto, a partir de esa altura, no se produce la correcta evacuación de los gases.
3.Inspección periódica de instalaciones de gas.
Aunque valora gran parte de lo obrado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, vuestra Comisión estima que la inspección periódica de las instalaciones de gas es una iniciativa que no resuelve el problema en forma inmediata. Tal como lo planteara el Superintendente de Electricidad y Combustibles, “el primer objetivo que desea lograr el referido programa es realizar una primera revisión técnica de todas las instalaciones interiores de gas para detectar posible fallas”.
Hubo consenso en estimar que constituye un error pensar que con el sistema de inspección periódica no verificarán más accidentes, ya que en dos años más recién se proyecta tener revisados todos los hogares y, a partir de ese momento, cada persona va a conocer su situación particular.
Existen dudas sobre la base técnica de la inspección periódica de instalaciones de gas, tales como: ventilaciones y volúmenes mínimos de recintos donde están instalados los artefactos de gas, los tipos de sombreretes, las presiones de servicio del gas, la ubicación de los artefactos, el número de artefactos y las áreas recomendadas de conductos colectivos; aspectos que, si bien tienen relación directa con el problema, no garantizan ambientes libres de contaminación intradomiciliaria, como se ha podido comprobar en algunos casos.
Recuerda que, a juicio de los especialistas, la temperatura de salida de los gases de combustión o llamada también temperatura de los humos, es un parámetro fundamental para que los gases no se condensen en su trayectoria de salida por el conducto colectivo y, más importante aún, para que los gases tengan la energía que permita que efectivamente salgan por la parte superior de los edificios.
Hace presente la incongruencia demostrada por los organismos competentes en esta materia. En efecto, la Resolución Nº 768, de 22 de septiembre de 1998, de la Superintendencia, incorporó la determinación de temperatura de salida de los gases de combustión, en tanto que la Resolución Nº 1001, de 3 de diciembre del mismo año, la excluyó del procedimiento de inspección. Finalmente, el Instituto Nacional de Normalización, en consulta pública de la norma técnica sobre ductos de evacuación y ventilación, lo avala considerándolo como un parámetro de funcionalidad del diseño de conductos colectivos.
Vuestra Comisión concluyó que la inspección periódica de instalaciones de gas constituye una iniciativa a mediano plazo, cuyos resultados no se obtendrán en forma inmediata. Sin embargo, estimó fundamental que los organismos públicos actúen coordinadamente y que si la inspección periódica de edificios está basada en un reglamento, este reglamento debe ser incuestionable.
4.Cortes de suministro de gas en edificios.
Los cortes de gas que ha dispuesto el organismo fiscalizador han implicado, en algunos casos, que los edificios no cuenten con gas por varios meses, lo que ha estimulado a los copropietarios a efectuar instalaciones de gas alternativas que les pueden significar mayores riesgos, como acontece con el uso de braseros, de cocinas de parafina o de balones de gas licuado sin control, que están prohibidos en edificios.
Vuestra Comisión concluyó que los cortes de gas a largo plazo no son un mecanismo de solución, debido a que la implementación de las medidas tendientes a erradicar en forma definitiva el problema es demasiado lenta, lo que trae como consecuencia que las personas, con conocimiento o sin él, se arriesgan con el uso de elementos alternativos.
5.Reparaciones en edificios.
En el curso de la investigación se detectó que las inspecciones de las instalaciones de gas impulsarán una serie de arreglos, que pueden resultar muy onerosos para los copropietarios, respecto de aquellos edificios con antigüedad superior a cinco años que no están protegidos por las normas sobre calidad de la construcción.
A vía de ejemplo, los arreglos pueden llegar a varios millones de pesos, como ocurre con las Torres de Fleming en la ciudad de Santiago, o cuando decidan cambiarse a artefactos de tiro forzado, cuyos valores sobrepasan los cuatrocientos mil pesos.
6.Reconversión a gas natural.
Durante el curso de la investigación, se conocieron numerosas denuncias sobre la reconversión de gas de ciudad a gas natural, como las que se detallan en este informe.
De acuerdo a los antecedentes recibidos, vuestra Comisión puede concluir que, aun cuando se recomienda la conversión del gas de ciudad al gas natural, las reconversiones mal hechas generan concentraciones de monóxido de carbono incluso peores que aquellas generadas por el uso de gas de ciudad. Además, pudo constatar que una de las debilidades del reglamento sobre instalaciones de gas la constituye la norma relativa al dimensionamiento de conductos colectivos, ya que es diferente la que debe utilizarse para el gas natural.
XI. PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión, luego de un detenido estudio de las conclusiones a que arribó en el transcurso de la investigación, acordó, por la unanimidad de sus integrantes, proponer a la honorable Cámara de Diputados la aprobación de las siguientes proposiciones:
1.Revisar los procedimientos de generación de las normas técnicas chilenas oficiales que sirven de base para las especificaciones técnicas, tanto de artefactos como de obras de construcción, y su relación con los procedimientos de elaboración de los reglamentos respectivos por parte de los ministerios competentes. En efecto, se debe velar, por una parte, para que se asegure la idoneidad de los participantes, se eviten los conflictos de intereses como los que se señalaron en esta investigación y se cuente con la asesoría de entidades técnicas de reconocido prestigio y, por la otra, se debe estudiar el eslabón que se necesita para conectar las normas aprobadas por el Instituto Nacional de Normalización con los organismos del Estado, puesto que en la actualidad el sistema sólo permite oficializarlas cuando éstos las acogen.
Vuestra Comisión hace especial énfasis en la necesidad de que estas normas cuenten con un fundamento sólido y de efecto oficial, que evite situaciones como las conocidas en el país, en que hubo empresas constructoras que utilizaron adecuadamente las especificaciones técnicas, que las ejecutaron cumpliendo con los estándares exigidos y que, sin embargo, terminaron construyendo un producto de mala calidad, debido a que las obras se basaron en normas defectuosas, con el consiguiente efecto de que eximieron de responsabilidad a los proyectistas y a los constructores respecto de los adquirentes de viviendas afectados con ellas.
2.Establecer la absoluta prohibición de utilizar ductos colectivos de evacuación de gases en construcciones habitacionales superiores a ocho pisos, debido a que todos los especialistas que concurrieron a la Comisión confirmaron que esta norma resulta mortal y que no se utiliza en otros países del mundo por los distintos fenómenos físicos y químicos que experimentan las masas gaseosas como se comprobó en el curso de esta investigación, que hacen que estos gases se devuelvan, se detengan e ingresen a los departamentos, invadiéndolos con el monóxido de carbono que debería haber salido al exterior por el ducto.
Cabe hacer notar que esta recomendación nace de la demora que ha tenido el estudio del cambio de la norma en el Instituto Nacional de Normalización, puesto que se encuentra desde el mes de abril de 1997 en trámite de modificación, sin que ello se concrete a la fecha de la investigación de esta Comisión.
3.Evaluar la conveniencia de separar las funciones de la Superintendencia relativas a las áreas de electricidad y de combustibles, por cuanto cada uno de ellas amerita personal dedicado exclusivamente a ellos, atendida su extensión y complejidad y la importancia que tiene para el país.
4.Propender a una absoluta independencia de los organismos técnicos de fiscalización, como acontece en los Estados Unidos de Norteamérica. No es conveniente para el país que dependan del gobierno de turno, porque los problemas de fiscalización y evaluación de impacto ambiental han sido manejados con criterios muy políticos y de corto plazo. A vía de ejemplo, se señaló que cuando para o se detiene una central, se quema el gas y se botan los gases de combustión a la atmósfera, contaminando significativamente el entorno.
5.Realizar, por parte de los organismos con competencia en la materia, una campaña informativa a todo nivel, sobre todo, en sectores de bajos ingresos, atendido el grado de desconocimiento que existe de parte de la población respecto del grado de toxicidad que hay en el ambiente. Se considera que es prioritario avanzar en una gran campaña educativa, sobre todo, en los meses de invierno, con relación al manejo del gas y al uso de los artefactos correspondientes, particularmente en cuanto a la evacuación de los gases producidos por la combustión.
Vuestra Comisión considera importante que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Servicio Nacional del Consumidor tengan a disposición del público en general los reglamentos y procedimientos aprobados por el organismo fiscalizador, de manera que los administradores de edificios los retiren y los hagan llegar a toda la comunidad de copropietarios de su edificio. Los afectados deben saber que existen garantías de los fabricantes de artefactos y que lo mínimo que pueden exigir es que los artefactos reconvertidos queden funcionando igual que antes.
6.Instruir a los directores de los Servicios de Salud respecto de la conveniencia de que los establecimientos hospitalarios que atiendan enfermedades broncopulmonares que provoquen afecciones o daño en las vías respiratorias, consulten a sus pacientes si han estado vinculados a problemas de mala evacuación de los gases quemados o a posibles emanaciones en las instalaciones de gas, como asimismo, capacitar al personal de salud para que contribuya a advertir a los pacientes sobre los riesgos del gas.
7.Establecer como recomendación, por parte de las autoridades de Salud, que se practique el examen de carboxihemoglobina a las personas fallecidas mayores de cuarenta y cinco años, como una forma de pesquisar las causas de muerte por inhalaciones de monóxido de carbono, consignadas como ataques al miocardio, insuficiencias cardíacas o enfermedades cardíacas en general, y prevenir los factores de riesgo para otros miembros del grupo familiar, especialmente respecto de los más ancianos.
8.Propender, por parte de las autoridades competentes, a la adopción de medidas que contribuyan a mantener un medio ambiente libre de la contaminación, debido a que existe una asociación perversa entre el medio ambiente y la acción del monóxido de carbono en el interior de las viviendas, como se demostró en esta investigación, en que el noventa por ciento de los edificios fiscalizados están fuera de las exigencias adecuadas en materia de emanaciones de gas o de concentraciones de monóxido de carbono en su ambiente.
Sobre el particular, vuestra Comisión valoró especialmente el estudio efectuado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y de la Universidad de Harvard, en el que se concluyó que la “contaminación al interior de los hogares es un problema tanto o más grave que la del exterior” (diario “El Mercurio” de Santiago, 19 de junio de 1999).
9.Recomendar que la Superintendencia o el organismo que ésta designe, efectúe el diseño de un manual general para los usuarios, que contenga las instrucciones para la utilización domiciliaria de los artefactos de gas. El organismo fiscalizador debe poner dicho instructivo en conocimiento de las empresas distribuidoras de gas y de los vendedores de artefactos, quienes obligatoriamente deberán entregar a los usuarios y compradores en el momento de la adquisición de los artefactos de gas y cuando las empresas instaladoras efectúan trabajos del ramo. Además, debe entregarse en las direcciones de obras municipales a quienes soliciten permisos de edificación.
10. Recomendar a los usuarios de todo tipo de viviendas que contraten personal calificado, autorizado por la Superintendencia, para efectuar mantenciones periódicas de los artefactos de gas, especialmente cocinas, calefones y sus instalaciones.
11. Buscar mecanismos que posibiliten, de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Superintendencia, el diseño de soluciones alternativas que sean económicamente viables para las condiciones económicas de los moradores de las viviendas que la inspección señale como peligrosas.
Vuestra Comisión valora lo obrado por la Superintendencia de Electricidad en materia de inspección periódica de edificios y de viviendas. Sin embargo, considera que estas inspecciones no pueden transformarse en simples cortes de gas, prohibiciones u órdenes que impliquen la transformación de las viviendas existentes, de tal magnitud que hagan inviable las soluciones propuestas. Estima que si las soluciones son muy onerosas, es más conveniente que las personas, debidamente informadas, enfrenten responsablemente los problemas relativos a la seguridad de ellos y de los copropietarios que viven en el mismo edificio y resuelvan en base a diferentes alternativas y a distintos costos.
12. Recomendar que se instruya, por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el uso de soluciones provisorias en los casos de corte de suministro de gas en edificios que no cuentan con instalaciones adecuadas, para evitar la contaminación por gas y los daños para la salud y la vida de las personas.
Vuestra Comisión ha constatado en su investigación que cuando el organismo fiscalizador ordena el corte del suministro del gas, las soluciones provisorias que adoptan sus moradores para resolver los problemas derivados de la falta de agua caliente, de cocina y del lavado en general, son tales como el uso de braseros, cocinas de parafina y de balones de gas en situación irregular, con lo que provocan trastornos más graves que los derivados de las detecciones de emanaciones de gas.
En consecuencia, la Comisión considera que la Superintendencia no debe ordenar el corte del gas sin indicar una alternativa provisoria de suministro parcial, que puede tener reparos estéticos, funcionales o arquitectónicos, pero que otorga seguridad a los afectados. Actualmente, se ha comprobado en el transcurso de la investigación que estos cortes de suministro conllevan nuevos peligros.
13. Asumir por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la capacitación de los administradores de edificios, de modo de contar con personal calificado en la administración que pueda hacerse cargo de la inspección inicial, que aunque no reemplace la inspección periódica, permita supervisar la existencia de monóxido de carbono, tanto en las viviendas como en los espacios colectivos, con cargo a los gastos comunes.
Vuestra Comisión estima que esta revisión puede hacerse de manera sencilla, a bajo costo, con instrumentos que pueden ser comprados con cargo a los gastos comunes y que no implique una gran inversión. De esta manera, se posibilita una inspección periódica con carácter preventivo, que puede detectar emanaciones de este gas, con una preparación mínima y que se anticipe a la inspección periódica que debe hacerse cada dos años, cuando la Superintendencia lo indique.
14. Propiciar el estudio de mecanismos de ayuda directa a los usuarios de bajos ingresos, por medio de líneas especiales de créditos, que les permitan solucionar sus problemas de contaminación, de mal funcionamiento de los artefactos y de evacuaciones a gas.
15. Recomendar que en el futuro el proceso de reconversión a gas natural, que se estima favorable porque reemplaza el gas de ciudad que es venenoso, sea debidamente informado a la población, por cuanto existe mucha desinformación respecto de cuáles son los derechos y los deberes de los usuarios y respecto de la entidad que se responsabiliza ante cualquier problema.
Durante la investigación, la Comisión tuvo oportunidad de conocer algunos casos de reconversión a gas natural que revelaron la existencia de fallas en dicho proceso que provocaron incendios o daños en el interior de los edificios o viviendas.
Como resultado de lo anterior, vuestra Comisión concluyó que debe evaluarse el estado de la vivienda o del edificio antes del proceso de reconversión de gas, con objeto de evitar accidentes derivados del cambio de artefactos o de conexiones equivocadas. Asimismo, estimó conveniente solicitar de la Superintendencia o del Servicio Nacional del Consumidor que hagan llegar a esta Comisión copias de las denuncias hechas por los usuarios, a fin de que, sobre la base de la información que se recopile, la honorable Cámara de Diputados pueda resolver si este tema amerita una investigación adicional.
16. Recomendar la adopción de medidas, por parte de las autoridades del sector, tendientes a prohibir la instalación de calefones en espacios de uso múltiple, independientemente del volumen de aire que tengan los recintos conforme a la normativa vigente, por cuanto los recintos tales como “comedor” y “estar” no deberían compartir la masa de aire del lugar en que aquéllos se ubiquen.
17. Apoyar el desarrollo de la investigación tecnológica que sea capaz de conocer las experiencias extranjeras en materia de combustibles de calor y agua caliente y adecuarlas a nuestra realidad nacional, por medio de la incorporación de nuevas técnicas constructivas, de artefactos, de materiales de construcción y de combustibles.
18. Recomendar realizar un trabajo de investigación que genere un procedimiento de cálculo que permita diseñar en forma confiable y segura los conductos colectivos de evacuación de gases de combustión desde artefactos de tiro natural y circuito abierto.
El organismo seleccionado para realizar este trabajo de investigación debe demostrar reconocido prestigio nacional e internacional y contar con investigadores profesionales. Este trabajo podría ser financiado en forma compartida entre las empresas interesadas y el Estado; por lo tanto, es recomendable que instituciones como Corfo o Conycit, sean consideradas como alternativas atendibles, mediante el financiamiento especial de las empresas constructoras, de los fabricantes de artefactos y de los distribuidores de gas.
19. Educar a los usuarios en lo relativo a la necesidad de impedir alteraciones en los proyectos originales de las construcciones, sin la asistencia de profesionales competentes y de las autorizaciones municipales, como ocurre, por ejemplo, con las denominadas “loggias”, balcones o patios de servicio, donde se encuentra instalado el calefón.
20. Estimular el uso de centrales de agua caliente, con objeto de eliminar los artefactos calentadores de agua individuales en edificios en altura, reemplazándolos por una caldera común, centralizada, con combustibles alternativos, tales como gas, petróleo, energía solar u otros, con lo cual los gases de la combustión se independizan de cada morador.
21. Proponer que se consagre, por medio de una modificación legal, la prohibición de instalar artefactos de gas por medio de instaladores no autorizados.
22. Recomendar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se aboque el conocimiento de las situaciones pendientes derivadas de permisos de edificación aprobados por las direcciones de obras municipales, con objeto de recomendar alternativas de solución respecto de aquellas construcciones que contemplen el uso de ductos colectivos en edificios mayores de ocho pisos.
23. Poner en conocimiento de S.E. el Presidente de la República el texto del presente informe.
24. Dirigir oficios a los señores ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Salud, de Vivienda y Desarrollo Urbano y de la Secretaría General de la Presidencia, con objeto de que arbitren las medidas tendientes a dar cumplimiento a las proposiciones antedichas e informen a la Corporación acerca de lo obrado sobre el particular.
XII. COMENTARIO FINAL.
Vuestra Comisión considera que, conforme a las veintidós recomendaciones aprobadas, constituye un error pensar que con la inspección periódica de instalaciones de gas no van a producirse más accidentes. De aquí a dos años recién se pretende tener revisados todos los hogares y solamente, a partir de ese momento, cada persona va a conocer su situación concreta respecto de este problema, razón por la cual en el intertanto tiene que tener claro el grado de riesgo en que se encuentra.
El presente informe constituye por sí solo un avance, por tratarse de la primera investigación oficial que esta honorable Cámara realiza con relación a este problema y, por ello, ha de considerarse como una advertencia a la población.
Vuestra Comisión considera prioritario avanzar en una gran campaña educativa como una de las grandes tareas que es preciso desarrollar por parte de los organismos estatales con competencia en la materia.
Se designó diputado informante al señor Hales Dib, don Patricio.
Sala de la Comisión, a 23 de junio de 1999.
Tratado y acordado en las sesiones de fechas 11 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre de 1998; 6, 13 y 20 de enero; 3 y 10 de marzo; 19 de mayo; 2, 9, 16 y 23 de junio de 1999, con la asistencia del diputado señor Jiménez, don Jaime (Presidente), de las diputadas señoras Caraball, doña Eliana; González, doña Rosa, y Pérez, doña Lily, y de los diputados señores Bustos, don Manuel; Caminondo, don Carlos; García, don René Manuel; Hales, don Patricio; Letelier, don Felipe; Martínez, don Gutenberg; Montes, don Carlos; Pérez, don Víctor, y Venegas, don Samuel.
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA, Abogado Secretaria de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Huenchumilla, Acuña, Alessandri, Villouta, Vargas, Moreira, Montes, Prokurica y de las diputadas señoras Fanny Pollarolo y Laura Soto.
Establecimiento de normas sobre asociaciones de funcionarios del Congreso Nacional. (boletín Nº 2359-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Con fecha 20 de mayo de 1992, su Excelencia el Presidente de la República remitió un mensaje al Parlamento, con el objeto de iniciar la tramitación de un proyecto de ley sobre asociaciones de funcionarios del sector público, que hasta la fecha se habían agrupado en entidades de hecho o al amparo de las normas del Derecho Privado común (Título XXXIII del Libro I del Código Civil).
En aquella oportunidad se señalaba que la Constitución Política de la República, en el artículo 19, Nº 15, reconoce a todas las personas el derecho de asociarse sin permiso previo, de manera que es rol del Estado asegurar que estas garantías constitucionales puedan ser ejercidas dentro de los marcos legales que para el efecto se dicten.
Y se agrega que, en la medida que se desarrollan los mecanismos institucionales y legales que permiten el desenvolvimiento de los cuerpos intermedios y su participación en la sociedad, se refuerza el sistema democrático y se enriquece la convivencia social.
El 14 de marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.296, con lo cual se satisface casi en su totalidad la inquietud planteada por su Excelencia el Presidente de la República.
En parte importante se cumplió el propósito de otorgar la posibilidad de asociarse a los funcionarios del sector público, porque el artículo 1º de esa ley reconoce a los trabajadores de la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, el derecho de constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas.
La norma aludida, sin proponérselo el legislador, dejó un vacío legal respecto de los funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
En efecto, el 7 de noviembre de 1995, ante el requerimiento de la Dirección del Trabajo
organismo receptor, a través de la Inspección del Trabajo respectiva, del acta de constitución y de los estatutos de las nuevas corporaciones creadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº 19.296de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República acerca de la normativa legal que debiera regir a los funcionarios del Senado para formar algún tipo de organización gremial, ésta respondió que carecía de “atribuciones para emitir el pronunciamiento requerido, toda vez que sus facultades dicen relación con los actos de la Administración, esto es, se refieren a los funcionarios de los servicios e instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, sin que tenga competencia para pronunciarse sobre los derechos que asistirán a los servidores que se desempeñan en el Poder Legislativo, como ocurre en la situación de que se trata”.
De la misma manera, el 24 de octubre de 1997, ante la consulta de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Cámara de Diputados a la Directora Regional del Trabajo, de si podía constituirse al amparo de la ley Nº 19.296, conforme lo señala el informe Nº 410, de 7 de marzo de 1997, del Consejo de Defensa del Estado, ésta, en resumen, sostiene que “no tratándose ni el Senado ni la Cámara de Diputados órganos de la Administración del Estado, conforme se puede concluir tanto a partir de nuestra Carta Fundamental como de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, forzoso resulta concluir que no será entonces posible constituir a su interior y con sus funcionarios una Asociación de funcionarios al amparo de la ley Nº 19.296”.
En mérito de las razones expuestas, me permito proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Intercálase en el inciso primero del artículo 1º, entre los términos “municipalidades,” y “el derecho”, la siguiente expresión: “y del Congreso Nacional”.
Artículo transitorio.- Para acogerse al régimen jurídico que establece esta ley, las asociaciones de funcionarios del Congreso Nacional cuyos estatutos se encontraren vigentes a su fecha de entrada en vigencia, deberán adecuarlos en el plazo de dos años, contado desde la misma fecha. Durante dicho lapso, gozarán de los derechos que ella concede.”.
Moción de los diputados señores Huenchumilla, Elgueta, René García, Tuma,
Hernández, Ojeda, Luksic, Juan Bustos, Ceroni y Juan Pablo Letelier.
Reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y les otorga participación política en el Estado. (boletín Nº 2360-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Vengo en presentar un proyecto de Reforma Constitucional que reconoce, al nivel de nuestra Carta Fundamental, la existencia de los pueblos indígenas y al mismo tiempo les otorga participación en los principales órganos de decisión política del Estado.
Ya el art. 1º de la ley Nº 19.253 de 5 de octubre de 1993, más conocida como “Ley Indígena” había reconocido su existencia y los había caracterizado:
a)Como los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos;
b)que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias; y
c)termina reconociendo que para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura.
El mismo artículo señala cuáles son las principales etnias indígenas de Chile: Mapuche, Aimara y Rapanui; y usa el término comunidades para referirse a los Atacameños, Quechuas y Collas del norte del país; y los Kawashkar o Alacalufes y Jamana o Yagán de los Canales Australes.
Si se examina la legislación chilena desde el nacimiento del estado chileno, es claro el reconocimiento que éste hace a su existencia en numerosas leyes dictadas al efecto (1). Antes del Estado chileno, los mapuches celebraron tratados con el Estado Español, lo que huelga cualquier comentario al efecto.
Entonces, al nivel de la norma jurídica calificada como “ley”, el reconocimiento de los indígenas por parte del Estado chileno, desde sus orígenes, ha sido una cuestión incontrovertida, como antes lo fue por el Reino de España.
Hoy, sin embargo, se trata de establecer su reconocimiento como “pueblos”, al más alto nivel de las normas jurídicas del Estado, en el entendido que la Constitución Política, no es una ley más, sino que ella constituye, además, un “Pacto Político” que fija las reglas del juego por las que se rige esta sociedad y el Estado de Chile.
El Estado de Chile tiene en su interior pueblos que vienen desde antes que él existiera; se trata de hacerlos participar como tales, en las reglas del juego que nos hemos dado para adoptar decisiones colectivas que nos afecten a todos en nuestra organización como sociedad y en nuestra convivencia, sin afectar, por ello, la unidad del Estado.
Estamos conscientes que el concepto de “pueblo”, puede generar, como de hecho lo fue en el debate que se produjo con ocasión de la Reforma Constitucional que envió al Congreso el Presidente de la República don Patricio Aylwin el 8 de octubre de 1991, una polémica respecto de variados aspectos que pretendemos abordar:
a)El concepto de “pueblo”: Según los estudiosos se refiere a la existencia de una cultura en sentido sociológico o sea “una creación espiritual de una determinada colectividad humana gracias a la cual ésta se mantiene compacta formando una unidad”, o “el conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano” y entre estas creaciones lo fundamental para que exista un pueblo diferente es la posesión de una lengua propia. “La Lengua es el archivo y la síntesis de las principales experiencias históricas de una colectividad que se han ido paulatinamente sedimentando e incorporando a su léxico y estructura. De esta forma la lengua refleja el modo típico de ser de esa colectividad tal como ha ido plasmándose a lo largo de los siglos y, así, representa la imagen auténtica y real que ese grupo proyecta de sí mismo en el mundo que lo valora”.
“Pero sobre todo, la lengua es la expresión de la concepción propia y peculiar que ese grupo se hace del universo en que vive. A través de la lengua y del modo propio de pensar que ella produce ya que no podemos olvidar que siempre pensamos por medio de palabras el grupo se pone en contacto con el mundo exterior y, con el pensamiento, capta, y asimila lo que este universo le ofrece. Esta experiencia queda entonces plasmada y reflejada de un modo propio y peculiarísimo en las locuciones y aun en la estructura misma de la lengua.
Por todo lo que precede se puede ver con claridad cómo la lengua, que es la creación suprema de una colectividad humana, mucho más que todas sus artes o técnicas, se encuentra en el centro mismo de su cultura y constituye el alma y la esencia de toda etnia.
Y los pueblos indígenas que habitan nuestro país tienen su propia lengua, diversa del castellano o español (y anterior a éste); en el caso del pueblo mapuche se trata del “mapudungun”.
Y ello sin perjuicio de otros componentes culturales, como sus tradiciones y recuerdos históricos, sus creencias y prácticas religiosas, sus costumbres, etc.
Otro elemento del concepto de pueblo es la “conciencia étnica”, es decir que los individuos o personas tengan conciencia de su especificidad de su propia individualidad a la vez que de su diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en mayor o menor grado, de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente.
En el Centro Nacional del año 1991, 998,385 personas mayores de 14 años se declararon pertenecientes a las culturas indígenas (la pregunta fue formulada en esa dirección).
De ellos, 928,060 se declararon mapuches, 48,477 aymara y 21,848 rapanui. Es decir, casi el 8% de la población de Chile, tiene conciencia étnica de pertenecer a los pueblos indígenas.
Si bien casi la mitad de estas personas vive en la Región Metropolitana, la característica fundamental de los pueblos indígenas, y en particular del Mapuche, es su apego y cosmovisión a partir de la tierra, territorio donde vive y se cultivan las tradiciones, manifestaciones sociales y religiosas; donde se practica la comunidad (sociológica y no jurídica) y donde el migrante va y vuelve para nutrirse del espíritu y conciencia de su pueblo. Así también lo reconoció el propio Estado chileno en la dictación de la Ley Indígena, donde el elemento “tierra” es uno de los centrales.
b)Alcances: naturalmente que su sentido no es de titular de la soberanía nacional y de atentar en contra de la unidad del Estado.
Por el contrario, creemos que el Estado se fortifica si reconoce simplemente la verdad incuestionable de que los pueblos indígenas existen y los reconoce y los ampara en el legítimo espacio que necesiten para vivir, desarrollarse y todos en conjunto luchar y construir un país que nos pertenece a todos.
Al contrario, cuando no se quiere reconocer la realidad y se aplica la “política del avestruz”, o lo que es peor la simple represión, ello genera con el tiempo los conflictos étnicos que son los más terribles a que pueda estar sometida una sociedad.
El notable pensador y político Luigi Sturzo decía en su libro “La Política y la Moral”, a este propósito lo siguiente: “Desde el momento en que se dibuja una nueva personalidad de grupo y comienza éste a reclamar algunos derechos elementales la iglesia, la escuela, la municipalidad, el uso de la lengua el pueblo dominador se enfada. Teme que estas familias aldeanas, esta zona de frontera, estos miserables siervos vengan a turbar el orden, es decir, esa especie de orden que está constituido por su dominación. La personalidad que afirma nuevos derechos se hace culpable del crimen de lesa patria. Como contrapartida, el castigo de este “crimen” es causa de descontento y de revuelta. La revuelta exige expresión. Ésta fortifica la conciencia de grupo, acentuando la diferencia de las nacionalidades y su oposición en el plano político”.
c)Derecho comparado: Chile, es prácticamente el único país en el continente que nada dice en su Constitución Política de los pueblos indígenas. En los otros países existen variadas fórmulas al respecto(2), sin por ello afectar la unidad de esos Estados.
En los convenios, tratados internacionales se encuentra, igualmente, un aspecto importante de la fuerza jurídica de una proposición de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Me refiero al Convenio 169 de la OIT en el que Chile votó favorablemente aunque no lo ha ratificado a través de su Parlamento. A la declaración de la OEA en la que Chile ha participado activa y positivamente; a la Declaración Internacional, borrador frente al cual Chile ha declarado sostenidamente su posición de acuerdo. Muy particularmente debe tenerse presente la Declaración Internacional acerca de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Chile y que en su articulado reconoce la especificidad de los pueblos indígenas, de su educación y cultura.
PROPUESTA
Esta Reforma Constitucional es una propuesta al debate nacional, y muy en particular a la participación, discusión y aporte de los pueblos indígenas por medio de sus organizaciones y dirigentes. En consecuencia, esperamos que éste sea el inicio de un profundo y rico debate, donde puedan efectuarse las modificaciones que de allí surgen para que la Reforma que se apruebe cuente con un grado de aceptación, conocimiento y convencimiento por parte de una mayoría de la población de nuestro país y muy en especial de los pueblos indígenas.
Para ello se propone que el Estado de Chile reconozca en la Constitución Política, la existencia de los pueblos indígenas que conforman la nación chilena y les conceda, en ese Pacto Político, la participación política respectiva en los órganos que toman decisiones colectivas que afectan, a todos o parte de los habitantes del país, en circunstancias que los pueblos indígenas como tales forman parte del Estado chileno y les afectan decisiones de aquel en su vida personal y comunitaria sin tener participación alguna:
1.En primer lugar se propone que participen en el Poder Legislativo, que le corresponde dictar las leyes que regulan la vida del país en sus más variados aspectos. Hoy día existen senadores que representan, incluso intereses corporativos, por lo que bajo esta versión de la Constitución del 80 no se ve cómo podrían tener senadores por ejemplo los Carabineros o el Ejército y no tener los pueblos indígenas que representan el 8% de los habitantes del país.
La Cámara de Diputados es la cámara política y de fiscalización, cuyos miembros están en contacto directo con la gente.
A este efecto, y considerando que los pueblos indígenas representan prácticamente el 8% de la población del país, se propone elegir 3 senadores, y 10 diputados, en su representación.
Estos congresales serían elegidos por los indígenas, para lo cual se crearía paralelamente, un Registro Electoral Indígena. Aquí se inscribirían como ciudadanos los indígenas que naturalmente participarían en la elección de estos congresales, y no de los otros. Los distintos electores y las circunscripciones respectivas serían fijadas por la ley orgánica constitucional respectiva. Naturalmente que la inscripción en el Registro Electoral Indígena no implica la pérdida de derechos ciudadanos para participar en las elecciones generales de Presidente de la República; en este caso específico, se trata de no votar dos veces para un mismo órgano colegiado, toda vez que los senadores y diputados elegidos por los pueblos indígenas, serán exactamente igual al resto de dichos congresales. Admito, naturalmente que ésta es una cuestión muy importante de procesar y de discutir.
Estos parlamentarios tendrían los mismos derechos y obligaciones, y el mismo estatuto que hoy rige para senadores y diputados.
2.En segundo lugar se propone que participen en la Administración Comunal, toda vez que las municipalidades trabajan directamente con la gente para satisfacer las necesidades de la comunidad local y aseguren su participación en el progreso económico, social y cultural de la Comuna.
Se propone que por cada 5% de población indígena que exista en cada comuna respecto del total de ésta, se elija un concejal hasta un máximo total que determinará la ley.
Estos concejales serán elegidos por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, sin perjuicio de ser elegidos alcaldes si alcanzan las mayorías necesarias, en la forma que lo determine la ley.
Estos concejales tendrán los mismos derechos y obligaciones, y el mismo estatuto jurídico del resto de los concejales.
3.Se propone, igualmente, que los pueblos indígenas participen en el Consejo Regional, en la forma que lo determine la ley respectiva.
Hoy en día es cada vez más importante la función de los gobiernos regionales, por la enorme cantidad de recursos que asignan y que inciden directamente en el desarrollo regional.
4.En cuarto lugar se propone la creación de un Parlamento Indígena encargado de administrar los recursos que fije el Presupuesto de la Nación, anualmente, a la ley indígena y de dictar los reglamentos e instrucciones para la aplicación de la política indígena que determinen las leyes. Igualmente este Parlamento nombraría, a propuesta del Presidente de la República al Director Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, o del organismo que le suceda y que tenga el carácter de máximo funcionario encargado de aplicar la política indígena del Estado.
Estos congresales se denominarán “Parlamentarios Indígenas” y se elegirán por votación popular por los indígenas de Chile inscritos en el Registro respectivo, en la forma y con las condiciones, requisitos, obligaciones y derechos que establezca una ley de quórum calificado.
Naturalmente que este Parlamento reemplazaría al actual Consejo de la Conadi, lo cual supone una perspectiva de reelaboración y superación de su actual estructura, poniéndola mucho más cercana a una suerte de “ejecutivo”, de la autonomía indígena.
Pensamos que de esta manera, los pueblos indígenas se sentirán plenamente partícipes, en derechos y obligaciones, del destino de nuestro país, de su desarrollo y de su futuro.
Por consiguiente, propongo el siguiente proyecto de Reforma Constitucional:
Art. 1º: Agréguese al art. 1º el siguiente inciso final:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas originarios que integran la nación chilena y les garantiza el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico”.
Art. 2º: Agréguese al art. 13 el siguiente inciso final:
“Habrá un Registro Electoral Indígena para los fines que la Constitución y la ley establezcan”.
Art. 3º: Modifícase el art. 43 en el siguiente sentido:
a)Sustitúyase el guarismo “120” por “130”.
b)Agréguese un segundo inciso nuevo, pasando el actual a ser tercero:
“10 de los 130 diputados serán elegidos por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, en la forma que determine la ley orgánica respectiva. Estos ciudadanos no podrán participar en la elección del resto de los diputados”.
Art. 4º: Agréguese la siguiente letra g) al art. 45:
“g) Tres senadores elegidos por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, en la forma que determine la ley orgánica respectiva. Estos ciudadanos no podrán participar en la elección de los senadores a que se refiere el inciso primero y segundo de este artículo. Los senadores así elegidos tendrán los mismos derechos, obligaciones y estatuto jurídico del resto de los senadores”.
Art. 5º: Agréguese en el capítulo V después del art. 59, el siguiente párrafo nuevo:
“Parlamento Indígena”.
Art. 59 A
“El Parlamento Indígena se compone de 30 miembros, elegidos por votación popular por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, en la forma y con las condiciones, requisitos, obligaciones y derechos que establezca una ley de quórum calificado.
Los parlamentarios indígenas durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos”.
Art. 59 B
“El Parlamento tendrá las siguientes atribuciones:
a)Distribuir anualmente los recursos que asigne la ley de Presupuestos para la aplicación de la Ley Indígena.
b)Fiscalizar los actos de los organismos públicos encargados de aplicar las políticas indígenas.
c)Dictar los reglamentos e instrucciones para la aplicación de la política indígena que determinen las leyes, sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.
d)Dar su aprobación a la propuesta del Presidente de la República que designe el Director Nacional del máximo organismo encargado de las políticas indígenas del Estado.
e)Las demás atribuciones que le encargan las leyes”.
Art. 6º: Agréguese el siguiente inciso segundo al art. 102, pasando el actual segundo a ser tercero:
“También deberá integrarse por miembros de los pueblos indígenas, en la forma que la propia ley lo determine”.
Art. 7º: Agréguese el siguiente inciso final al art. 107:
“Sin perjuicio de lo anterior, las comunas o agrupación de comunas deberán elegir un concejal más por cada 5% de habitantes indígenas que posean, en la forma, condiciones y limitaciones que esta misma ley establezca. El o los concejales serán elegidos por los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Indígena, quienes no podrán participar en la elección de los concejales a que se refieren los incisos anteriores”.
Anexo 1
1.DS de 1 de julio de 1813 que ordenó la fundación de Villas para indígenas.
2.Bando Supremo de 4 de marzo de 1819, establece la plena igualdad para los indígenas.
3.Ley de 10 de junio de 1823 y Decreto de 28 de junio de 1830, que establecieron normas sobre medición de tierras indígenas.
4.Ley de 2 de julio de 1842 que creó la provincia de Arauco que comprendía los territorios al sur del Biobío y al norte de Valdivia y dicta normas sobre el trato con los indígenas.
5.La ley anterior autorizó al Presidente de la República para dictar normas sobre tierras indígenas. En virtud de ella se dictaron los decretos de 14 de marzo de 1853, 10 de marzo de 1854, 4 de diciembre de 1855, 15 de enero de 1856, 17 de abril de 1856, 5 de junio de 1856, 9 de julio de 1856, 23 de marzo de 1857 y 16 de octubre de 1863, que establecieron normas para la enajenación de terrenos indígenas.
6.Ley de 4 de diciembre de 1866 dispuso el establecimiento y fundación de poblaciones y normas sobre tierras en los territorios indígenas y crea la Comisión Radicadora de Indígenas.
7.Ley de 4 de agosto de 1874, también sobre tierras indígenas.
8.Ley de 14 de octubre de 1880 que establece dos colonias de indígenas, una en Tirúa y otra en Traiguén.
9.Ley de 20 de enero de 1883 que crea nuevamente la Comisión Radicadora de Indígenas, que fue la que hizo todo el proceso de reduccionismo mediante los títulos de merced. Duró hasta el año 1930.
10. Ley Nº 4169 de 29 de agosto de 1927 que estableció un Tribunal Especial para la división de las Comunidades Indígenas.
Esta ley fue reglamentada al detalle por el DS 1851 de 4 de julio de 1928.
11. Ley Nº 4802 de 24 de enero de 1930 establece los denominados “Juzgados de Indios”, e igualmente dicta normas sobre tierras indígenas.
12. DFL 266 de 20 de mayo de 1931, modifica la ley Nº 4802.
13. DS Nº 4.111 de 12 de junio de 1931 fija el texto refundido de la ley Nº 4802 y del DFL 266.
14. Ley Nº 6519 de 5 de febrero de 1940, prorrogó por un año las limitaciones a la capacidad de los indígenas; lo mismo dispusieron la ley Nº 6822 de 18 de febrero de 1941 y la ley Nº 7165 de 3 de febrero de 1942.
15. Ley Nº 8736 de 7 de febrero de 1947 que reforma la limitación a la capacidad de los indígenas y establece una norma con efecto retroactivo respecto de las enajenaciones anteriores. (11 de febrero de 1943 en adelante).
16. DFL 56 de 16 de mayo de 1953 crea la Dirección de Asuntos Indígenas.
17. Ley Nº 14.511 de 3 de enero de 1961, crea los Juzgados de Letras de Indios, establece normas sobre división de las comunidades y deroga todas las leyes anteriores sobre indígenas.
18. Ley Nº 17.729 de 26 de septiembre de 1972, sobre protección de los indígenas, en relación con el dominio, uso, goce, disposición, reivindicación y transferencia de sus tierras, y sobre desarrollo cultural, educacional y económico de dichos connacionales; crea el Instituto de Desarrollo Indígena.
19. D.L. 2568 de 28 de marzo de 1979, sobre división de tierras indígenas y el D.L. 2750 del 10 de julio del mismo año que modifica el D.L. anterior.
20. Ley Indígena actualmente vigente Nº 19.253 de 5 de octubre de 1993.
Anexo 2
Derecho comparado
Situación en la Constitución Política de otros Estados
Ecuador
CAPÍTULO V
De los derechos colectivos. Sección primera:
De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos
Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.
Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
1.Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.
2.Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.
3.Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias, y obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.
4.Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
5.Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socioambientales que les causen.
6.Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.
7.Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad.
8.A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.
9.A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.
10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe.
12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquélla.
13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado.
14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.
15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.
Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará al os pueblos negros o afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable.
Brasil
CAPÍTULO VIII
De los Indios
Artículo 231. Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas,
creencias, tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes.
1ºSon tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones.
2ºLas tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas.
3ºEl aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluido el potencial energético, la búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas sólo pueden ser efectuadas con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los resultados de la extracción, en la forma de la ley.
4ºLas tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles y los derechos sobre ellas imprescriptibles.
5ºEstá prohibido el traslado de los grupos indígenas de sus tierras, salvo ad referéndum del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que ponga en peligro su población, o en interés de la soberanía del país, después de deliberación del Congreso Nacional, garantizándose, en cualquier hipótesis, el retorno inmediato después que cese el peligro.
6ºSon nulos y quedan extinguidos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tierras a que se refiere este artículo, o la explotación de las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes, salvo por caso de relevante interés público de la Unión, según lo que dispusiese una ley complementaria, no generando la nulidad y extinción derecho a indemnización o acciones contra la Unión, salvo en la forma de la ley, en lo referente a mejoras derivadas de la ocupación de buena fe.
7ºNo se aplica a las tierras indígenas lo dispuesto en el artículo 174 3º y 4º.
Artículo 232.- Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para actuar en juicio en defensa de sus derechos e intereses interviniendo el ministerio público en todos los actos del proceso.
Guatemala
Sección Tercera. Comunidades indígenas
Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.
Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.
Artículo 69.- Traslación de trabajadores y su protección. Las actividades laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación que aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio.
Artículo 70.- Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.
México
Artículo 4º.- La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la Ley.
Nicaragua
CAPÍTULO VI
Derechos de las comunidades de la Costa Atlántica
Artículo 89.- Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.
Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional: dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.
El Estado reconoce las formas comunales de propiedades de las tierras de las Comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.
Artículo 90.- Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos.
Artículo 91.- El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura y origen.
Paraguay
CAPÍTULO V
De los pueblos indígenas
De los pueblos indígenas y grupos étnicos
De la identidad étnica
De los pueblos indígenas y grupos étnicos.
Artículo 62.- Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupos de culturas anteriores a la formación y constitución del Estado paraguayo.
De la identidad étnica.
Artículo 63.- Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interna, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.
Colombia
Artículo 7.- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
Artículo 8.- Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Artículo 9.- Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
Artículo 10.- El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
Argentina
El nuevo art. 75, inc. 17: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
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