Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- FUNCIONAMIENTO EN DOBLE JORNADA DE JUNTAS INSCRIPTORAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ricardo Rincon Gonzalez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jaime Orpis Bouchon
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Manuel Rojas Molina
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Juan Pablo Letelier Morel
- INDICACIÓN
- DEBATE
- CREACIÓN DE SEGUNDO FONDO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Marina Prochelle Aguilar
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Adriana Munoz D'albora
- Pablo Lorenzini Basso
- Edgardo Riveros Marin
- Marina Prochelle Aguilar
- Dario Paya Mira
- INTEGRACIÓN
- FUNCIONAMIENTO EN DOBLE JORNADA DE JUNTAS INSCRIPTORAS. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- RESPALDO A POLÍTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR. (Votación).
- DEBATE
- NOTIFICACIÓN A PROCESADOS EN LUGARES DE DETENCIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Victor Perez Varela
- Rodolfo Seguel Molina
- Patricio Melero Abaroa
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Fanny Pollarolo Villa
- Sergio Aguilo Melo
- Jose Garcia Ruminot
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INVESTIGACIÓN DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL, PAMMA, EN REGIONES DEL NORTE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Rosa Gonzalez Roman
- Alfonso Vargas Lyng
- Baldo Prokurica Prokurica
- Dario Molina Sanhueza
- Samuel Venegas Rubio
- Osvaldo Vega Vera
- Haroldo Fossa Rojas
- Mario Bertolino Rendic
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN DE SECRETARÍAS MINISTERIALES DE PLANIFICACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Francisco Bartolucci Johnston
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Pablo Galilea Carrillo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RESPALDO A POLÍTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- PETICIÓN DE ANTECEDENTES EN RELACIÓN A RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE CRÉDITOS A RETORNADOS POLÍTICOS. Oficio. (Artículo 48, Nº 1, de la Constitución).
- RESPONSABILIDAD DE COLEGISLADORES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE POSTULACIÓN A SUBSIDIO DE VIVIENDA BÁSICA EN CIUDAD DE VICUÑA. Oficios.
- ADHESION
- Joaquin Palma Irarrazaval
- ADHESION
- MODIFICACIÓN DE NORMA DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE LIBERTAD PROVISIONAL.
- AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA PARA DAMNIFICADOS DE CHAITÉN. Oficio.
- CREACIÓN DE SISTEMA ALTERNATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PESCADORES ARTESANALES. Oficios.
- ADHESION
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Roberto Delmastro Naso
- Sergio Velasco De La Cerda
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON LEÓN VILARÍN MARÍN, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Oficios.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE NORMATIVA LABORAL Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, RESPECTO DE DETERMINADOS FUNCIONARIOS, EN MATERIA DE REMUNERACIONES. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pablo Lorenzini Basso
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- COMISARÍAS PARA COMUNAS DE CHIGUAYANTE Y SAN PEDRO DE LA PAZ, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA “MADRE PAULINA”, DE CHIGUAYANTE, OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Sergio Velasco De La Cerda
- Jaime Mulet Martinez
- Pablo Lorenzini Basso
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- MEDIDAS PARA ENFRENTAR CONSECUENCIAS DE TEMPORALES EN REGIONES DÉCIMA Y UNDÉCIMA. Oficios.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Jaime Mulet Martinez
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- EXPROPIACIÓN DE EDIFICIO DE COLEGIO “EDUARDO MARTÍN ABEJÓN”, DE CONSTITUCIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- Jaime Mulet Martinez
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- MALTRATO A MINUSVÁLIDOS Y MENORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
- ADHESION
- Jaime Mulet Martinez
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- PRECISIONES SOBRE RESPONSABILIDADES DE LOS PODERES COLEGISLADORES EN EL DESPACHO DE LAS MATERIAS LEGISLATIVAS. Oficio.
- ADHESION
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andres Palma Irarrazaval
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Joaquin Palma Irarrazaval
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 10ª, en martes 22 de junio de 1999
(Ordinaria, de 11.10 a 14.47 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Acuerdos de los Comités 9
VI. Orden del Día.
- Funcionamiento en doble jornada de juntas inscriptoras. Primer trámite constitucional 10
- Creación de segundo fondo en el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión Mixta 30
VII. Proyectos de acuerdo.
- Respaldo a políticas de viviendas sociales y petición de información sobre programas y proyectos del sector. (Votación) 37
- Notificación a procesados en lugares de detención 37
- Investigación de aplicación del Programa de asistencia y modernización de la minería artesanal, Pamma, en regiones del norte 41
- Antecedentes sobre descentralización de secretarías ministeriales de planificación 43
VIII. Incidentes.
- Petición de antecedentes en relación a resolución judicial sobre créditos a retornados políticos. Oficio. (Artículo 48, Nº 1, de la Constitución) 44
- Responsabilidad de colegisladores en la tramitación de los proyectos de ley. Oficio 46
- Antecedentes sobre postulación a subsidio de vivienda básica en ciudad de Vicuña. Oficios 47
- Modificación de norma de Código de Procedimiento Penal sobre libertad provisional 47
- Ayuda económica de emergencia para damnificados de Chaitén. Oficio 48
- Creación de sistema alternativo de seguridad social para pescadores artesanales. Oficios 48
- Homenaje en memoria de don León Vilarín Marín, recientemente fallecido. Oficios 49
- Adopción de medidas especiales en favor de la pequeña y mediana minería. Oficios 50
Pág.
- Fiscalización de normativa laboral y medidas medioambientales en la Octava Región. Oficios 52
- Incumplimiento de precepto constitucional, respecto de determinados funcionarios, en materia de remuneraciones. Oficios 53
- Comisarías para comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz, Octava Región. Oficios 56
- Infraestructura para escuela “Madre Paulina”, de Chiguayante, Octava Región. Oficio 57
- Medidas para enfrentar consecuencias de temporales en Regiones Décima y Undécima. Oficios 57
- Expropiación de edificio de colegio “Eduardo Martín Abejón”, de Constitución. Oficios 58
- Maltrato a minusválidos y menores en establecimientos educacionales. Oficios 59
- Precisiones sobre responsabilidades de los poderes colegisladores en el despacho de las materias legislativas. Oficio 60
IX. Documentos de la Cuenta.
- Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de Acuerdo:
1. Convención sobre protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional, adoptada en la Decimoséptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en 1993 (boletín Nº 1569-10) 62
2. Convenio sobre transporte aéreo entre los Gobiernos de la República de Chile y de los Estados Unidos Mexicanos y su Anexo, suscrito en Ciudad de México, el 14 de enero de 1997 (boletín Nº 2256-10) 62
3. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, sus anexos y apéndices, suscrito en Santiago, el 17 de abril de 1998 (boletín Nº 2257-10) 63
4. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación (boletín Nº 1048-07) 63
5. Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la honorable Cámara de Diputados a algunas modificaciones propuestas al proyecto que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en la forma que indica, y del nombre de los señores diputados que formarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 1745-13) 64
Pág.
6. Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha rechazado la proposición de la honorable Cámara de Diputados para remitir al archivo los siguientes proyectos: 64
a) Modifica el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que establece normas sobre Corporaciones y Fundaciones (boletín Nº 473-07) (S).
b) Crea el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica (boletín Nº 861-07) (S).
c) Modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios (boletín Nº 946-07).
d) Introduce modificaciones al Código Orgánico de Tribunales estableciendo la obligación de hacer públicos los informes y actas de las visitas ordinarias que, en el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, efectúen los ministros visitadores a los tribunales de su jurisdicción, a los oficios de los funcionarios auxiliares de la administración de justicia y a los recintos carcelarios (boletín Nº 1555-07)(S).
e) Modifica normas procesales del Código del Trabajo (boletín Nº 1211-07)(S).
7. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que modifica el régimen tributario que afecta a la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales (boletín Nº 2341-05) 65
8. Moción de los diputados señores Palma, don Andrés; Jocelyn-Holt y Palma, don Joaquín, que modifica la ley Nº 18.290, de tránsito, para hacerla aplicable a los conductores (boletín Nº 2353-15) 78
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Contraloría General de la República
-De los diputados señores Jiménez, Jaramillo, Arratia y Gutiérrez, convenio celebrado por la Gobernación de Melipilla y la Universidad de Los Lagos.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Acuña, proyectos viales para diversos caminos de la Novena Región.
-De los diputados señores René García, Acuña, Osvaldo Palma, Vega, García-Huidobro, Fossa y diputada señora Rosa González, proyectos viales para diversos caminos de la Novena Región.
-Memoria de Peaje año 1998.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Fossa, inversiones del Minagri período 1998-1999.
-De los diputados señores Acuña, Velasco, Felipe Letelier, Olivares y Ortiz, declaración de emergencia agrícola, Novena Región.
-Del diputado señor Kuschel, concreción de nuevos proyectos y ampliación de actividades y empresas para crear más empleos.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos:
1º Remitir al Tribunal Constitucional, manteniendo su carácter secreto, las actas de las sesiones celebradas por la Corporación y por la Comisión de Relaciones Exteriores en las que conocieron del proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina, para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet.
2º Rendir homenaje en la sesión ordinaria de mañana, inmediatamente después de la Cuenta, al ex diputado don Carlos Lorca Tobar.
3º Estructurar la tabla de la sesión ordinaria de mañana con las siguientes mociones:
-La que modifica el Reglamento en materia de proyectos de acuerdo.
-La que modifica el decreto ley Nº 211 en relación con la discriminación en el precio y en los términos de la transacciones comerciales, y
-La que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas de los delincuentes.
4º Fijar la tabla de la sesión ordinaria del día jueves con los siguientes proyectos:
-El que complementa la ley Nº 19.553, que concedió la asignación de modernización.
-El que modifica el régimen tributario que afecta la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales.
-El que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, si fuere despachado por la Comisión de Hacienda.
5º Restablecer por un plazo de sesenta días, a partir de esta fecha, la comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para retornados, bajo el amparo de convenios de cooperación financiera con Alemania, para cuyo efecto los señores jefes de los Comités parlamentarios remitirán a la Presidencia la nómina de sus integrantes.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , quiero consultar si los Comités han tomado algún acuerdo respecto del proyecto de ley sobre una nueva institucionalidad forestal.
Por su urgencia, en una sesión muy larga de la semana pasada fue despachado por la Comisión de Agricultura. Quiero saber si esa urgencia se mantiene o era sólo por la semana pasada.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor diputado , entiendo que ese proyecto está en la Comisión de Hacienda en este momento. Mientras no lo despache esa Comisión, no puede considerarlo la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales para una consulta de Reglamento.
El señor HALES .-
Señor Presidente , tengo una duda técnica. ¿En qué consiste el acuerdo de mantener el carácter secreto de las actas de la sesión y, a la vez, enviarlas al Tribunal Constitucional? ¿Significa que todos o un determinado número de miembros del Tribunal las conocen y revisan en presencia del Secretario? Quiero saber cómo se mantiene el carácter secreto y el envío de esa documentación.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Se le envían las actas de la sesión secreta al Tribunal Constitucional sólo para ser conocidas por los miembros que corresponda. Ellos tienen que mantener ese carácter secreto.
VI. ORDEN DEL DÍA
FUNCIONAMIENTO EN DOBLE JORNADA DE JUNTAS INSCRIPTORAS. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Longton, y de la de Comisión de Hacienda es el señor Pablo Galilea.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2315-06, sesión 47ª, en 31 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, sesión 66ª, en 18 de mayo de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
-Nuevo informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 6ª, en 15 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , la iniciativa que me corresponde informar es impulsada por el Ejecutivo y está inspirada en las altas tasas de no inscripción electoral, que aumentan progresivamente, especialmente en la gente joven.
En una primera instancia, la comisión de Gobierno Interior rechazó la propuesta original del Ejecutivo , debido a que no se habían obtenido resultados significativos con campañas anteriores para incentivar las inscripciones electorales -hace dos años fracasó una-, a que el gasto que se proponía en el mensaje era excesivo y a que no estaba acorde con la situación económica del país. Fundamentalmente, el proyecto no resolvía la desmotivación de la gente y la falta de interés de los jóvenes por la actividad pública y, en definitiva, no apuntaba a fortalecer la democracia.
El contenido del mensaje cambió cuando el Ejecutivo presentó una indicación que, en parte, subsanó los inconvenientes expresados por la mayoría de la comisión.
En efecto, dicha propuesta original contemplaba las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.556. Primero, en lo referente al número y honorario de los miembros de las juntas inscriptoras, establecía que el director del Servicio Electoral pudiera designar hasta tres miembros en calidad de suplentes por cada junta inscriptora. La ley actual sólo permite uno, proposición que es repuesta por los diputados de la comisión de Hacienda y forma parte del texto final despachado por esta comisión. Se elevaba de un undécimo a tres vigésimos de unidad tributaria mensual el honorario a percibir por cada uno de los miembros de las juntas, por cada día de sesión a que asistieren, manteniéndose invariable la asignación por inscripción practicada.
La redacción que hoy se propone a la Sala señala que, en los casos en que la junta funcione en la doble jornada establecida, sus integrantes tendrán derecho a percibir, por ambas jornadas, un honorario total de tres vigésimos de unidad tributaria mensual, más un tercio de un milésimo de dicha unidad por cada inscrito.
Segundo, en lo que se refiere a días y horarios de funcionamiento de las juntas inscriptoras, se disponía el funcionamiento normal en doble jornada de las juntas, pudiendo extenderse el horario cuando hubiere personas que requirieran su inscripción, pero no más allá de las 14 ó 20 horas, según el caso.
Tercero, otorgaba atribuciones al director del Servicio Electoral para excluir a una o más juntas inscriptoras del funcionamiento en doble jornada. Se proponía que la juntas inscriptoras funcionaran todos los días hábiles durante los noventa días anteriores al cierre de inscripciones, facultando al director del Servicio para disponer su funcionamiento en días feriados, en sustitución de días hábiles, como, asimismo, para excluirlas del sistema de doble jornada, bajo determinadas circunstancias. Se establecía el funcionamiento de las juntas inscriptoras en horario continuado entre las 9 y 15 horas durante los días lunes en que les correspondiere funcionar, en un recinto distinto de aquel en que lo hacen habitualmente, con el objeto de facilitar la inscripción de las personas.
El texto que se propone hoy a la Sala contempla el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras durante el período extraordinario de inscripciones, sin perjuicio de otras adecuaciones horarias que se especifican, las que en ningún caso pueden implicar una jornada laboral inferior a cuatro horas diarias.
La autorización para funcionar en un lugar distinto de aquel en que lo hacen habitualmente fue eliminada en la indicación del Ejecutivo.
Respecto del financiamiento del proyecto, se imputaba al ítem correspondiente al Tesoro Público, lo que en el texto final aparece inalterado.
En cuanto a su entrada en vigencia, con el propósito de aumentar al máximo la efectividad de la ley, por indicación de varios diputados, se establece un breve plazo a contar de la publicación de la ley para que se impartan las instrucciones necesarias a todas las juntas inscriptoras del país, con el objeto de poner en práctica la doble jornada a que se refiere el texto.
En resumen, y tal como lo señalara el director del Servicio Electoral , quien colaboró con la Comisión de Gobierno Interior en el estudio del proyecto, el mensaje original estaba concebido en términos demasiado amplios. Por ello, la posterior reformulación, en el sentido de circunscribirlo al establecimiento de la doble jornada de las juntas inscriptoras durante el período extraordinario de funcionamiento de las mismas, es positiva.
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social sugiere a la honorable Cámara aprobar el proyecto de ley.
Cabe hacer presente que, en opinión de la Comisión, el artículo 1º reviste el carácter de orgánico constitucional, por lo que su aprobación requiere el voto favorable de las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Pablo Galilea, diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, procedo a informar el proyecto que modifica la ley Nº 18.556.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Guillermo Pickering , Subsecretario del Ministerio del Interior; Juan Ignacio García , Director del Servicio Electoral ; Eduardo Pérez y Rodrigo Cabello , asesores del referido Ministerio.
El objeto de esta iniciativa es establecer el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras que operan en todas las comunas del país y autorizar para que, excepcionalmente, puedan funcionar en lugares distintos de su sede habitual, trasladándose a aquellas localidades de la comuna donde se pueda optimizar la inscripción de personas que no hayan cumplido con dicha exigencia.
Lo anterior, responde al propósito de posibilitar la incorporación de los no inscritos al cuerpo electoral de ciudadanos, creando mejores condiciones para que este segmento de la población acceda con mayor facilidad al cumplimiento de este requisito de formalidad.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estimaba en 204 millones el mayor gasto fiscal del proyecto por el período extraordinario de funcionamiento de las juntas inscriptoras entre el 17 de mayo y el 13 de agosto de 1999, considerando una inscripción cercana a los 850 mil ciudadanos. Sin embargo, con fecha 10 de mayo de 1999, la Dirección de Presupuestos remitió a esta Comisión un informe financiero actualizado, según la indicación del Ejecutivo que autoriza el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras durante el período extraordinario a contar del 1 de julio al 13 de agosto de 1999, estimándose un mayor costo fiscal máximo de 75,7 millones de pesos, para este año.
En el debate, la Comisión tuvo presentes las limitaciones del proyecto expresadas en su tramitación anterior en relación con el excesivo gasto que involucra y la dudosa efectividad de sus objetivos. No obstante, se consideró oportuno acoger la doble jornada para la inscripción en el período extraordinario solamente, lo cual representa un costo bastante menor que el de la iniciativa original y significará un estímulo para que la inscripción electoral se vea incrementada. En el espíritu señalado precedentemente, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el artículo 1º por el siguiente:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 22 de la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:
“a) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:
“Sin embargo, durante los noventa días anteriores al cierre del período de inscripciones a que se refiere el inciso quinto, las Juntas funcionarán los días hábiles en doble jornada, entre las 9 y 13 horas y las 15 y 19 horas. No obstante, si al término de cualquiera de las jornadas aún se encontraren presentes personas que requieren su inscripción, las Juntas continuarán funcionando, pero no más allá de las 14 ó 20 horas, según corresponda. El Director del Servicio Electoral podrá disponer que todas o algunas de las Juntas funcionen en días feriados en sustitución de días hábiles. Asimismo, podrá excluir a una o más Juntas de funcionamiento en doble jornada, debiendo funcionar, en todo caso, en una jornada de cuatro horas diarias. Estas modificaciones se establecerán mediante resolución fundada, que se publicará en extracto en el Diario Oficial, dentro de tercero día, y regirá desde el décimo día siguiente a la publicación referida.”, y
“b).- Incorpórase el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando los actuales incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, a ser quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente.”.
“En los casos en que las Juntas funcionen en la doble jornada establecida en el inciso anterior, los integrantes de ellas tendrán derecho a percibir, en la forma establecida por el artículo 21, por ambas jornadas, un honorario total de tres vigésimos de Unidad Tributaria Mensual, más un tercio de un milésimo de dicha unidad, por cada inscrito. Estos honorarios estarán exentos de todo impuesto.”
Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por seis votos a favor y uno en contra.
Los señores Álvarez , Dittborn , García, don José ; Jaramillo , Lorenzini y Ortiz formularon una indicación para sustituir, en el inciso primero del artículo 14, las expresiones: “un miembro en calidad de suplente” y “pueda reemplazar”, por “hasta tres miembros en calidad de suplentes” y “puedan reemplazar”, respectivamente. Los colegas señalados expresaron que de este modo se facilita el buen funcionamiento de las juntas inscriptoras, como lo propuso inicialmente el Ejecutivo .
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.
El artículo 2º del proyecto establece que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, durante el año 1999, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Público del presupuesto vigente para dicho año.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , votaré a favor del proyecto, porque creo que debemos ayudar a aumentar la participación en las decisiones democráticas que se ejercen en Chile a través de las elecciones.
Sin embargo, tengo un reparo a aquella indicación del Ejecutivo referente a no abrir la posibilidad de que la gente se inscriba en lugares que no sean necesariamente aquellos en que se hace habitualmente. Frente a tanta dificultad, considero necesario tener demasiado civismo para inscribirse. Las facilidades que existen para ello son casi nulas: a un horario limitado en la mañana, a la primera semana del mes. Con el proyecto, por lo menos, tendremos la ampliación del horario y la posibilidad de que se atienda en otros días, aunque el sistema continúa siendo arcaico. Perfectamente, incluso, podría usarse un sistema electrónico, pero si ello todavía no es posible ¿por qué no abrir, por lo menos, la oportunidad de que los libros de registro se trasladen a distintos lugares? Durante el proceso de las primarias pensamos que era necesario motivar a los jóvenes para que llegaran a inscribirse alrededor de 800 mil; no superamos los 50 mil.
Francamente, tengo plena conciencia de que el tema de la motivación de los jóvenes en la política y de la gente que no participa, no depende estrictamente de la administración del registro electoral, pero se trata de dar facilidades que estimulen a la gente a tomar la decisión de inscribirse. Los jóvenes, en particular, recuperarán el interés por participar en la política única y exclusivamente cuando sientan que la política los interpela, llama o motiva a cuestiones que tengan sentido. Mientras ello no ocurra, la gente no tendrá mística, no involucrará sus emociones y, por lo tanto, no tomará la decisión de inscribirse, proceso administrativo lleno de dificultades.
Si en la política hasta ahora no hemos logrado reconquistar la posibilidad de interpelar a la gente con un sentido de mística, para que entiendan que puede haber modificaciones de la situación de país, que en el día a día se toman decisiones que afectan a sus propias vidas, por lo menos, démosle las facilidades administrativas para inscribirse. En actividades de mi distrito conversé con algunos jóvenes y les decía: “Ustedes quieren discutir la posibilidad de un servicio militar alternativo, pero no van a tener la oportunidad ni siquiera de opinar o de que su opinión sea recogida si no participan en los canales donde se toma esa decisión. Existen proyectos de ley al respecto, de manera que si ustedes quieren participar, deben votar para elegir a los representantes de sus propias ideas y a quienes sustentan esa alternativa del servicio militar. Si desean hacer cambios en el plano de la educación, de la droga, de la seguridad ciudadana, de las oportunidades juveniles, participen a través del voto en la toma de decisiones”.
Ésos son temas de fondo y de contenido, pero, además, está esta tontera de tipo administrativo. Si ya la gente no tiene entusiasmo por los contenidos propios de la política, ni siente mística ni emoción, no debemos perpetuar, además, dificultades administrativas.
En la elección de 1997, había un universo de potenciales electores cercano a los 9 millones de personas, de los cuales alrededor de un millón doscientos mil votó en blanco y nulo; casi igual cantidad no fue a votar o no lo hizo por distintas razones, pero alrededor de otro millón doscientos mil ni siquiera se inscribió en los registros electorales. Si se suman estas cantidades, significa que el 40 por ciento del universo de personas que podía votar en Chile no lo hizo, de manera que estamos hablando de un índice de participación de apenas el 60 por ciento.
Hay que recuperar el interés de la gente por votar. El propósito del proyecto, de dar facilidades administrativas, es un avance. Pero ¿cómo cambiarían las cosas si, además de decir a los jóvenes que es interesante participar y votar, un funcionario con su libro de inscripción electoral -parece que no existe computación para esto- fuera a los colegios y a los lugares donde están los jóvenes para facilitar realmente el proceso?
Motivarlos con tanta dificultad, ya sea con problemas de contenido, aparte de la no comprensión de cuál es el sentido de la política, al margen de los inconvenientes de carácter administrativo, resulta francamente un absurdo.
En el mes de abril, realizamos un encuentro para convocar a unos 150 a 200 jóvenes de Recoleta e Independencia a discutir temas de la responsabilidad juvenil penal, de la delincuencia, de las drogas, entendiendo que se trataba de un diálogo en que los íbamos a escuchar. Nos sorprendimos de que, en lugar de que llegaran 200 jóvenes al gimnasio del Liceo Gabriela Mistral, asistieran 560. Convocados por el diputado , sin adhesión partidaria, política ni electoral, estuvieron cinco horas hablando para ser escuchados por las autoridades. No tengo ninguna desfachatez ni irresponsabilidad en pensar que esos 560 jóvenes fueron allá por razones de tipo político, pero tienen realmente interés en participar.
Cuando uno conversa con ellos y les pregunta por qué no se inscriben, responden que no saben dónde tienen que hacerlo. El joven que está allá, en la población Santa Ana o en la Ángela Davis , debe recorrer Recoleta y pagar dos micros para dirigirse a la junta inscriptora.
Éste es un país que mantiene ciertos lastres burocráticos. Recuerdo el proyecto que preparó el diputado Jaime Orpis para aliviar el problema de los trámites, porque en todo orden de cosas existen dificultades.
Otro día conversaremos sobre lo que significa hacer una obra de construcción. El que quiere hacer una amasandería, debe efectuar 41 trámites solamente en la Dirección de Obras para conseguir permiso para transformar un pequeño garaje en panadería. Y esa persona tiene interés, porque hará un negocio.
Pensemos que los jóvenes, ese millón de personas que no se inscribió, no tiene ningún interés, pero, además, se le ponen dificultades.
El mercado no es el único que dirige, ¡pero caramba que enseña! Cuando las grandes tiendas quieren incrementar su cartera de clientes, ofrecen créditos en las escaleras, en la puerta, por correo, por teléfono. Eso hace cuando está interesado. ¿Y qué efectúa cuando quiere que la gente compre? Le dan todas las facilidades del caso: un carné especial, lo llenan de tarjetas de colores y le dicen que pueden pagar las cosas como quieran. Pero cuando la gente quiere votar, el Estado chileno, la política, sólo coloca trabas.
Apoyo el proyecto, a pesar de lamentar la indicación del Ejecutivo, por medio de la cual eliminó la autorización que solicitaba para hacer funcionar, en lugares distintos de los permanentes, las juntas inscriptoras. Es un pequeño paso y seguiremos avanzando si somos capaces de destrabarnos de tanta dificultad y de tanto trámite quienes queremos llamar a la participación.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , después de la clase magistral de comercio que nos ha dado el diputado señor Hales , me voy a permitir hablar del proyecto.
Quiero felicitar a la gente que estructuró esta iniciativa y retiró de él, justamente, las juntas inscriptoras itinerantes. Y lo digo sin ningún ánimo de molestar a nadie, sino por la siguiente razón: cuando las juntas inscriptoras funcionan en forma itinerante, el gobierno de turno las enviará a las partes donde la gente es mayoritariamente afín a sus ideas. Creemos que la política debe ser de absoluta transparencia, de manera que las personas concurran a inscribirse voluntariamente.
Si bien el proyecto apunta a incentivar a las personas a que se inscriban, el fondo del problema no es ése. La gente está desencantada ahora con la política en este país. Si se estudian los mismos recortes de prensa que analizábamos hoy, se advierten sólo peleas y discusiones entre un bando y otro, y nadie apunta a los problemas reales de la gente.
¿Están desencantados los jóvenes? Claramente no, en los temas que a ellos les interesan. Lo hemos visto cuando el padre Tupper convoca a 500 mil jóvenes; cuando hay reuniones en las universidades, llegan todos alegres, contentos, a abordar los temas en que ellos están preocupados.
¿Por qué no se van a inscribir, aunque se establezcan todas las juntas itinerantes y los horarios que ustedes quieran para que funcionen las juntas inscriptoras? Por una razón muy sencilla: inscribirse no es obligatorio, pero ir a votar sí lo es. En consecuencia, hay una contradicción. Si queremos que en verdad la gente se inscriba, debiéramos suprimir las multas que se aplican hoy, porque si hoy no concurre a hacerlo, le llega una citación del juzgado, con lo cual, en definitiva, pierde tiempo y mucha plata en ir a dar explicaciones sobre por qué no fue a votar, a no ser que antes haya avisado en la comisaría respectiva. Por lo tanto, si deseamos que la gente participe, habría que establecer en el proyecto que las personas que se inscriben, pero no votan, tampoco tendrán multas.
Hubo un proyecto largamente discutido, hace poco tiempo, para que la concurrencia a las urnas fuera voluntaria. La Cámara lo rechazó, lo cual demuestra que cuando los parlamentarios hacen los discursos, son muy democráticos para apoyar los proyectos, pero muy poco cuando le tenemos que dar facilidades a la gente para que ellos decidan si votarán o no en una elección. Si esta materia la analizamos desinteresadamente, entenderemos que los representantes de zonas rurales somos los más perjudicados con una idea como ésa, porque muchas veces nuestros electores deben concurrir a sufragar desde lugares muy distantes, de 40 ó 50 kilómetros, con condiciones climáticas muy adversas, incluso con temporales, que no controlamos. En consecuencia, cuando esa gente se encuentra en el dilema de inscribirse o no, no lo hace, porque de esa manera se evita la posibilidad de ser multada, a no ser que el Parlamento, el Presidente de la República y todos quienes son comunicadores, encanten realmente a la juventud y a las personas y les expliquen que el arma más poderosa de que disponen para lograr un cambio fuerte, claro y preciso en la conducción del país es, justamente, mediante el voto. A esas personas les pregunto si acaso las piedras, los palos y los altercados que se suscitan solucionan los problemas. ¡No! Entonces, reitero, a la juventud y a la gente desencantada hay que destacarle que el arma más poderosa de que disponen es el voto, porque con una simple raya pueden cambiar a las autoridades del país. Por eso, si queremos que este proyecto sea efectivo y la gente concurra a las urnas, hay que suprimir las multas.
Cuando hablemos de democracia, primero debemos saber que la libertad consiste en la búsqueda del bien y en que cada persona elija lo que le conviene a su país y a los principios que representa. Pero este proyecto no lo hace, y sólo significa una obligación más, esto es, que si no vota, debe pagar multa.
También habría que explorar ante la junta inscriptora y ante tanta burocracia, con el objeto de crear un sistema desarrollado, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde la persona que cumple la mayoría de edad queda automáticamente inscrita en los registros electorales para evitar los trámites. Eso sería lo ideal: no imponer multas y suprimir la obligatoriedad de votar.
Por ello, aun cuando las intenciones del proyecto son buenas, no apuntan al fondo del problema, por lo que anuncio mi voto en contra.
He dicho
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , anuncio los votos favorables de nuestra bancada a este proyecto, que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior.
No obstante, quiero dejar en claro que hay una contradicción entre el mensaje del Ejecutivo y el texto del proyecto. A ello me referiré en particular.
El mensaje central del Ejecutivo dice que el proyecto busca dos cosas:
En primer lugar, la promoción de la participación de los jóvenes en las acciones políticas y públicas; y, en segundo lugar, incrementar su inscripción en los registros electorales.
Sobre esta iniciativa, tuvimos un arduo trabajo en la Comisión de Gobierno Interior, porque involucra la inversión de recursos fiscales, y aun cuando el monto no es tan relevante, tampoco es menor, en un momento en que el país tiene grandes necesidades económicas.
Por esa razón, en su primera discusión, más allá de la visión política de las respectivas bancadas, decidimos, por unanimidad, que el tema de las urnas itinerantes era negativo, porque se prestaría para que accedieran a la inscripción muchas personas en forma no voluntaria, ya que las urnas podrían llegar a una empresa, a un campo, a un colegio o a distintos lugares. Por ello, le pedimos al Ejecutivo hacer esa modificación, la que fue acogida.
Lo más importante, cuando alguien toma la decisión de votar -sobre todo para quienes pensamos que el voto es un derecho y no obligación-, es que la inscripción sea automática; ojalá así lo fuera en el futuro. Pero, yendo más allá, estimamos que debe ser un acto voluntario. Por lo tanto, no es positivo que las urnas se conviertan en inscriptoras intinerantes, las cuales se podrían prestar, repito, para que eventualmente cualquier empresa, campo, sindicato, grupo de poder o asociación de personas, se reúnan para dar vuelta una elección, en particular en comunas pequeñas o rurales.
El diputado Longton dejó entrever en su intervención que, si queremos promover la participación de los jóvenes y lograr su inscripción en los registros electorales, habría que realizar una gran inversión en educación cívica, a fin de que la juventud tuviera claridad sobre cuál es el rol de un diputado , senador, alcalde, concejal o algún miembro del gobierno regional. Hoy, ni siquiera muchos adultos tienen claridad acerca del papel de un parlamentario en la sociedad chilena, lo cual es realmente delicado.
A nuestro juicio, deben buscarse nuevas formas de participación, lo que también se discutió con el director nacional del Servicio Electoral, señor Juan Ignacio García . Por ejemplo, nos referimos al voto electrónico y a la búsqueda, en el futuro, de otras alternativas más modernas de participación de las personas.
A pesar de que hay una tremenda contradicción entre el mensaje del Ejecutivo y el proyecto, que sólo tiende a dar facilidades para la inscripción, en doble jornada en el período extraordinario que finaliza en agosto, es importante dar esta facilidad a fin de que, sobre todo los jóvenes -hemos leído en los medios de comunicación de los últimos días, que están concurriendo efectivamente a inscribirse-, pensamos que es importante aprobar el proyecto del Ejecutivo.
Por todo lo anterior, la responsabilidad de quienes actuamos en política y ejercemos un cargo de representación popular, es avanzar en el voto voluntario, ejercido como un derecho y no como obligación. Esto debiera consagrarse dentro de los derechos constitucionales, porque se pretende que la gente vote informadamente, por una motivación real y, finalmente, porque ve que un representante no sólo está resolviendo sus problemas, sino, de alguna forma, interpretando sus aspiraciones y sueños.
Señor Presidente , le concedo una interrupción al diputado René Manuel García .
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García , en una breve interrupción.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , quiero aclarar que cuando anuncié mi voto desfavorable, no estoy en contra de lo expresado por la bancada. Por ello, junto con el diputado Orpis , presenté una indicación para que se eliminen las multas a las personas que no concurran a votar. Si se aprobara con esa indicación, lo votaría favorablemente.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Eso es mucho más claro.
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , desde mi punto de vista, éste es un proyecto extraordinariamente simple y sencillo, que no debería suscitar ninguna discusión, porque lo único que hace es modificar el horario de funcionamiento de las juntas inscriptoras; es decir, en lugar de hacerlo los noventa días antes del cierre de las inscripciones, desde las 9 a las 12 horas, como en la actualidad, posibilita que lo hagan de 9 a 13, y en la tarde, desde las 15 hasta las 19 horas.
Tal como dijo el diputado Hales , en este país, tan lleno de burocracia, para cambiar un horario se necesita una ley; pero, en resumidas cuentas, dicho cambio es beneficioso, porque permitirá que la gente que no pueda concurrir en la mañana -jornada en que se desarrolla la mayor cantidad de quehaceres y actividades de las dueñas de casa, pobladores y de mucha gente-, puedan hacerlo en la tarde, sólo noventa días antes del cierre de las juntas, lo cual facilitaría las inscripciones y la reducción del enorme número de personas que no se inscriben en los registros. Por consiguiente, se corregiría este déficit de nuestro sistema democrático.
Los diputados Hales y René Manuel García señalaron que el proyecto del Ejecutivo era más completo y amplio, porque incluso permitía que los lunes las juntas inscriptoras se trasladaran a determinados lugares para atender las peticiones de inscripción, no en forma arbitraria, sino a solicitud de organizaciones sociales responsables, porque, supuestamente, habría allí un número importante de personas no inscritas, de la misma forma en que hoy lo hace el Servicio de Identificación, que concurre a una universidad, a algún sector o a una oficina pública a entregar cédula de identidad a las personas.
Además, sugerían que la inscripción fuera permanente, porque en las juntas inscriptoras rigen períodos ordinarios y extraordinarios. Nosotros tratamos de resolver el segundo problema y no el de los períodos ordinarios, en los cuales no hay elecciones y se mantiene el horario de 9 a 12 horas los primeros siete días del mes. O sea, la modificación es mínima, pero valiosa como un primer paso. El sistema propuesto por el Ejecutivo fue rechazado en la Comisión de Gobierno Interior por no darle la confianza del actual, y en la de Hacienda, por estimarlo costoso, ya que ascendía a alrededor de 204 millones de pesos, que es lo mínimo si se mira desde el punto de vista de la necesidad de que la gente se inscriba, de profundizar nuestro sistema democrático y de incrementar la participación.
El director nacional del Servicio Electoral nos demostró que el interés por inscribirse en el registro electoral decrece progresiva y gravemente, es decir, a pesar de las facilidades, de las campañas comunicacionales, que también tienen un costo, en la actualidad hay un millón y medio de personas, sobre todo en el estrato de 18 a 24 años de edad, que permanece sin inscribirse.
Por lo tanto, se trata de un paso mínimo para resolver un problema gravísimo. El Gobierno envió un proyecto mucho más completo y su disposición es remitir iniciativas más amplias para resolver de manera integral el asunto. Lo que ocurre es que no hay consenso en el Congreso para aprobarlas y transformarlas en ley, y debemos conformarnos con textos mínimos, en los cuales existe acuerdo, a lo mejor precisamente por eso, pero no sé en qué medida pueden resolver el problema. Aquí se trata sólo de modificar un horario, y para eso se requiere una iniciativa legal.
No obstante lo anterior, esperamos que este proyecto contribuya a corregir esta grave falencia del sistema democrático: la falta de participación de la gente, en especial de vastos sectores de la juventud, que no están inscritos en los registros electorales.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , es útil tener claro el propósito del proyecto para debatirlo en su contexto. Cuando un grupo de parlamentarios, junto con el senador Carlos Ominami , fuimos a hablar con el ministro señor Troncoso , el objetivo que se le planteó fue facilitar la inscripción en los registros electorales para estimular la participación. Ése es el propósito y no reiterar el debate que tuvimos hace un par de meses y que, por desgracia, no llegó a buen puerto, en cuanto a si la inscripción debe ser automática y el voto voluntario. En esa discusión, que tuvimos en esta Sala, no se avanzó en el tema y espero que volvamos a tenerla en otra ocasión.
Ahora, el objetivo es facilitar el proceso de inscripción, que hoy es complejo, dificultoso. Si hacemos una encuesta, la gran mayoría de la población, en particular los jóvenes, no tienen información alguna respecto de la ubicación del Servicio Electoral. Si nos fijamos en el horario de clases de los jóvenes -esperamos que a los 17 años aún estén en el sistema escolar-, la mayoría estudia hasta después de las 12 horas. Ahí tenemos un dato objetivo: que la inscripción en el registro electoral les resulta muy difícil, pues no coinciden sus horarios.
El propósito del proyecto es facilitar el proceso de inscripción. Sin embargo, lamento haber escuchado algunas de las cosas que se dijeron aquí, porque llama la atención la falta de confianza en los funcionarios públicos de las juntas inscriptores. Se cree que harán una manipulación del proceso si se facilita la inscripción en los colegios, por ejemplo. Nadie hace esa reflexión respecto de las Fuerzas Armadas cuando concurren a los establecimientos educacionales para facilitar que los jóvenes de 18 años cumplan con el deber de inscribirse para hacer el servicio militar. Pero hay desconfianza respecto de los funcionarios públicos, no con el gobierno de turno, aunque con ese ropaje se viste.
Debemos tener mayor respeto por los funcionarios públicos, pues aquí se está cuestionando el hecho de que puedan desplazarse a los colegios para facilitar una inscripción que hasta el momento sigue siendo voluntaria. Me llama la atención que algunos colegas, como la diputada señora Lily Pérez , digan que les gustaría que la inscripción fuese automática, o sea, que todos estén inscritos y que el voto sea voluntario -soy partidario de esa postura-, pero se opongan a mecanismos que faciliten la inscripción de los jóvenes. Ésa es una contradicción. Algunos dicen que quieren participación, pero no que la mayoría mande, y no facilitan la inscripción.
Por ende, vamos a presentar una indicación para que se vuelva a plantear el tema de fondo: si la iniciativa facilita o no el proceso de inscripción. Tal como está, lo único que hace es ampliar el horario, pero no da las facilidades que corresponden en una sociedad moderna. Como lo señaló el diputado señor Gutiérrez , hasta para obtener el carné de identidad o una pensión hay unidades itinerantes, como debe ser. Así como algunos municipios van a terreno para facilitar los trámites a los ciudadanos, me parece de toda justicia que las juntas inscriptoras también se trasladen, en particular a los colegios, para facilitar que la gente se inscriba, como una forma de educación ciudadana, tal como se hace en muchos otros países.
Muchos jóvenes me han consultado por qué el Servicio Electoral no se traslada a los colegios para inscribir a los jóvenes, tal como ocurre con quienes hacen el servicio militar. En verdad, no tengo respuesta. Lo correcto es que vaya a ambos o a ninguno, pues se trata de fomentar la participación y facilitar la inscripción, que es voluntaria.
Soy partidario de aprobar en general el proyecto y de que vuelva a comisión para mejorar su redacción, aun cuando con ello no solucionaremos el tema de la participación de los ciudadanos en los proceso electorales, porque ése es otro debate. Considero que, al momento de emitir el voto, la decisión debe ser en conciencia. Disiento de toda coerción para sufragar, como lo es votar porque hay una multa; pero sí creo que a todo ciudadano se le debe estimular para participar. Como decía el colega señor García, don René Manuel , muchas veces la gente no se inscribe porque no quiere verse enfrentada a una multa por no participar en una elección.
Señor Presidente , este proyecto, cuya intención es modesta, quiere facilitar la participación, pero ésta debería ser cabal, y para ello necesitamos que las juntas inscriptoras estén facultadas para trasladarse en particular a los colegios, para facilitar la inscripción de los jóvenes, en el período ordinario, después de las 12 del día.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en verdad, el proyecto partió con una proposición mucho mayor por parte del Ejecutivo; pero, a nuestro juicio, esa mayor amplitud era profundamente equivocada, porque el elemento central del mensaje que el Presidente envió a la Cámara es la posibilidad de incentivar la participación, particularmente de los jóvenes, en los eventos electorales que se convocan cada cierto tiempo para elegir autoridades: Presidente de la República , autoridades municipales o parlamentarias.
En la última elección parlamentaria se vio no sólo una alta abstención, sino también falta de inscripción. Esos hechos dan origen a la iniciativa.
Pero la pregunta correcta es si con modificar la ley orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, estamos dando respuesta a la necesidad de lograr una participación mucho más masiva de los jóvenes en la política nacional.
El instrumento que utilizó el Gobierno es tan equivocado que, en la mitad de la tramitación del proyecto en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, se dio cuenta de su error y modificó sustancialmente su criterio para transformarlo sólo en una materia de organización administrativa; porque, a pesar de lo que han planteado algunos diputados -me refiero particularmente a lo que manifestaron los diputados señores Hales y Juan Pablo Letelier -, debemos hacer una reflexión.
Muchos de los parlamentarios presentes nos hemos sometido al veredicto popular en tres ocasiones. Quizás, todos hemos participado en el plebiscito de 1988, en la elección presidencial y parlamentaria de 1989, en las elecciones municipales de 1992, en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1993, en las elecciones parlamentarias de 1997, y participaremos activamente en la elección presidencial convocada para fines de este año; y algo que está absolutamente fuera de discusión para todas las bancadas es que tenemos un sistema electoral que da absoluta garantía a todos los sectores; es motivo de legítimo orgullo que nuestro sistema electoral haya garantizado y permitido llevar adelante procesos electorales transparentes y claros en contextos verdaderamente tensos y conflictivos. A mi juicio, es un elemento que no podemos dejar de tener presente para impulsar cualquier modificación a la ley orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral.
Si hasta ahora, en todos los procesos electorales a que nos hemos visto enfrentados, cualquiera que sea el contexto en que se desenvuelvan -hemos vivido contextos complejos-, la ley que queremos modificar, en aspectos adjetivos, ha respondido adecuadamente y dado garantías a todos, ¿por qué modificar algunas normas sustanciales?
Cuando los diputados señores Hales y Juan Pablo Letelier señalan que les gustaría que existieran juntas inscriptoras itinerantes que concurrieran a distintos lugares, están desconociendo uno de los atributos esenciales en que está inserta la legislación que estamos discutiendo: la neutralidad del Servicio Electoral. Ella ha sido un elemento sustantivo que ha garantizado que, en los últimos años, hayamos tenido elecciones transparentes y que nos dan confianza a todos, porque tenemos un Servicio Electoral neutral, cuya ley orgánica le da esa característica esencial. Por el contrario, si se hubiera mantenido el criterio que el Gobierno postuló en un principio -del cual desistió gracias a la oposición que encontró particularmente en la Comisión de Gobierno Interior-, de que el director regional o nacional del Servicio Electoral pudiera autorizar, en razón de supuestos absolutamente subjetivos, que una junta inscriptora fuera de un lugar a otro, la característica de neutralidad de dicho Servicio se destruiría o, en el mejor de los casos, se debilitaría de manera bastante profunda. Eso generaría el germen de ciertas desconfianzas que hoy no tenemos respecto de los procesos electorales, lo que está fuera de toda discusión.
Por lo tanto, no debilitemos una estructura legal que durante estos diez años nos ha dado garantías más allá de nuestras diferencias políticas. Más aún, no la debilitemos buscando que solucione problemas que los mismos actores políticos hemos generado, como la abstención, la falta de motivación de la juventud, la no inscripción; porque son fenómenos políticos, como la apatía, generados básicamente por la manera en que hemos actuado en política durante estos diez años y no por las normas establecidas en la ley en referencia; porque, con esa misma ley, en un plazo extraordinariamente breve, se inscribieron millones de chilenos que querían participar en las decisiones electorales de 1989, y no hubo obstáculos. Nadie pudo argumentar que esta ley colocaba obstáculos -para inscribirse y ejercer así su derecho a voto-, a quienes eran opositores al gobierno de las Fuerzas Armadas. Ese argumento no existió en esa ocasión ni hoy tampoco.
La apatía, la falta de interés por inscribirse, no están resueltas por las normas de esta ley; conforman un tema mucho más profundo, referido a la manera como nosotros, en conjunto, hemos abordado el tema político.
Por eso llamo a los diputados que aún insisten en la idea de generar indicaciones o propuestas para que las juntas inscriptoras sean itinerantes, a tener presente que con eso debilitan algo que ha sido garantía de seguridad para todos nosotros.
No hay ninguna contradicción entre el hecho de que, como lo propusimos hace un tiempo, queramos la inscripción obligatoria automática y el voto voluntario, y el sistema que opera en la actualidad; porque si el país opta por la inscripción automática y el voto voluntario, sin duda será otra la normativa por la cual nos vamos a regir, la cual también tendrá las características de neutralidad en que se basa la legislación que estamos discutiendo.
Por ello, señor Presidente , me alegro de que el Ejecutivo haya entrado en razón al aceptar los cuestionamientos que, particularmente los diputados de Oposición, le hicimos en la Comisión de Gobierno Interior, y sólo haya buscado, con la modificación de esta ley, ampliar la jornada de las juntas inscriptoras, porque eso es absolutamente coherente y válido con la estructura de organización de la ley. Cualquier modificación que destruya los principios en que se funda esta legislación, nos llevaría a un camino muy peligroso, respecto del cual no tardaríamos en arrepentirnos de haberlo iniciado, porque estaríamos debilitando algo que, estoy cierto, es motivo de orgullo para todos quienes estamos en esta Sala: las garantías que entrega nuestro sistema electoral en los procesos electorales, a las cuales nosotros mismos nos acogemos.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señor Presidente , no hay duda de que estamos tratando un proyecto de ley esencial, cuyo objetivo es lograr que nuestra democracia sea más sólida, en la cual exista real representación de nuestros conciudadanos.
En la medida en que demos todas las facilidades para inscribirse en los registros electorales, estaremos construyendo una democracia real, en la cual las autoridades serán auténticamente representativas del sentir de la gente.
Este proyecto tiene una gran causa; pero no hay dudas de que, por el solo hecho de dar esas facilidades, no solucionará el problema de fondo: la apatía que existe en ese millón y medio de chilenos que aún no se inscribe. Tenemos que impartir educación cívica, con el objeto de que todos, especialmente los jóvenes, comprendan la importancia de participar en la elección de sus autoridades. Eso es algo que tenemos que hacer; pero ello no significa que este proyecto no sea importante. No hay duda de que debemos contrarrestar una campaña de desprestigio hacia las instituciones democráticas realizada durante muchos años, la cual ha llevado a mucha gente a la apatía. Eso hay que reconocerlo. Nuestro país tiene que revertir esa situación mediante la educación, con el objeto de que los jóvenes comprendan la importancia de la participación.
Indudablemente, este proyecto es relevante, ya que la ampliación del horario de funcionamiento de las juntas inscriptoras redundará en mayor inscripción.
Por otra parte, coincido con quienes lamentan que la Comisión haya rechazado el inciso, propuesto por el Ejecutivo , que permitía que las juntas inscriptoras se constituyeran en recintos distintos de su sede. Esa idea debemos incluirla en el proyecto, porque quien garantiza la neutralidad es el funcionario. Si logramos que los funcionarios sigan siendo, como lo han demostrado hasta ahora, celosos de su deber, serán ellos quienes deberán velar por la neutralidad. El hecho de cambiar de local no pondrá en peligro la imparcialidad que deben tener las juntas inscriptoras.
Por lo tanto, no confundamos. El hecho de que el funcionario de la junta inscriptora se cambie de local no significa que adoptará actitudes que pudieren beneficiar a un grupo político determinado. Me parece que ése es un argumento muy débil.
Por eso, junto con anunciar mi apoyo a la idea de legislar, también voy a respaldar aquellas indicaciones que tienen por objeto reponer esta idea original del Gobierno: que los funcionarios de las juntas inscriptoras puedan trasladarse a un lugar distinto al de su sede, con el objeto de facilitar aún más las inscripciones.
Reitero, apoyo este proyecto, porque me parece de enorme trascendencia para lograr que nuestra democracia sea más sólida.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , estimo muy interesantes las observaciones formuladas por el diputado señor Víctor Pérez . Siempre escucho con atención las opiniones de todos los señores diputados. Hoy han argumentado en una misma línea los diputados señores Patricio Hales , Juan Pablo Letelier y mi estimado amigo el diputado señor Ceroni ; todos se conduelen, señor Presidente , de que el Ejecutivo haya desglosado del proyecto en debate la creación de estas juntas inscriptoras itinerantes. En cambio, me felicito de que así haya sucedido, porque esa concepción de las inscripciones itinerantes no constituyen ninguna novedad. En efecto, hace 30 años, casi a fines de 1969, cuando también estábamos en vísperas de una campaña presidencial, respecto de la cual todos los sectores en lucha se sentían eventualmente victoriosos, la administración de la época envió al Congreso un proyecto exactamente igual a éste. En esa ocasión, tanto los parlamentarios de lo que se llamaba la Unidad Popular como los parlamentarios de lo que se llamaba derecha, estuvimos contestes en que era absolutamente inconveniente el procedimiento, porque ello iba a desprestigiar al régimen electoral y se iba a prestar para muchos abusos. Un fogoso parlamentario de aquella época, quien contendía con la derecha y pertenecía a la Unidad Popular, dijo: “Imagínense, por vía ejemplar, que la Sociedad Nacional de Agricultura se ponga de acuerdo para inscribir a los peones de los fundos en los mismos registros electorales y en las mismas comunas”. Otros dijimos: “Imagínense que los sindicatos acuerden llevar las juntas inscriptoras a las fábricas o a las empresas”. Lo mismo podría argumentarse, señor Presidente , en relación con los regimientos, los colegios profesionales, las reducciones mapuches -tan en boga en la actualidad-, etcétera. El sistema de las juntas inscriptoras itinerantes es pernicioso, es malo.
En consecuencia, coincido con lo señalado por mi colega señora Lily Pérez y por el diputado señor García, don René Manuel , de que el sistema nuestro no es bueno, es imperfecto en su génesis, porque establece la inscripción libre y la votación obligatoria. Me parece mucho más recomendable el sistema que tantas veces se ha propuesto en esta Cámara y en otros círculos: la inscripción automática; conjuntamente con sacar su carné de identidad, la persona puede fijar domicilio y señalar en qué comuna del país desea votar. Porque no nos engañemos, señor Presidente : no es lo mismo otorgar carné de identidad, como señalaba aquí un distinguido señor diputado , Presidente de la Comisión de Gobierno Interior, que la inscripción electoral; son absoluta y diametralmente diferentes, entre otras cosas, porque la inscripción electoral fija domicilio y señala, en consecuencia, el ámbito de competencia de su facultad de elegir, mientras que la cédula de identidad, como es sabido, tiene vigencia en todo el país.
En consecuencia, voy a respaldar este proyecto en la votación general; pero me parece que debemos ir a una solución más de fondo: a un sistema de inscripción automático, con votación libre.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , he escuchado con mucha atención el debate, y quiero expresar mi opinión sobre el particular.
Tengo serias dudas respecto de si la democracia se consolida o se potencia con una mayor cantidad de personas que concurran a votar. No admito tan tajantemente esa tesis, porque en el hecho la cantidad de electores en los países más importantes del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra o España, es de, aproximadamente, un cincuenta por ciento.
Hace una semana hubo elecciones en Europa, y en Inglaterra llegó a votar el 36 por ciento de los electores; en España, cerca del 60 por ciento, y nadie en el mundo ha cuestionado que las autoridades electas no representan realmente a sus países. En España llegó a votar el 60 por ciento para la elección de alcaldes, y no hay un solo español o ninguna persona del mundo que se atreva a sostener que los alcaldes electos o los parlamentarios del Parlamento Europeo no son representativos de sus comunas o países.
Tengo una seria duda: creo que se habla más de lo que amerita la situación. En Chile, la concurrencia a las votaciones está fluctuando entre el 85 y 95 por ciento de la gente con derecho a voto, de manera que es altísima la participación de la ciudadanía, y la mayor cantidad de gente que vota no provocaría una discusión de primer nivel.
Sería importante que la inscripción de las personas que se transformen en ciudadanos, sea obligatoria; que el Estado cree un sistema, de forma tal que toda la gente quede inscrita; pero el voto debería ser absolutamente voluntario.
No creo en las multas. Me parece una sanción muy incómoda para la gente, sobre todo para la más pobre. Son multas que siempre terminan eliminándose, porque en el Congreso Nacional después aprobamos un proyecto de ley para que no se apliquen las que se han determinado en cada una de las elecciones.
Una discusión exhaustiva sobre la materia no amerita tanta preocupación. Con el 50, 60 ó 70 por ciento de la población que llegue a votar, la seguridad de la democracia es estable, y el reconocimiento de las personas electas en esos comicios, obviamente, da el estándar de un país democrático que elige a sus autoridades, vía voto universal. Insistir tanto en una discusión de este nivel, me parece que es desperdiciar el tiempo.
Voy a votar favorablemente el proyecto; pero me inclino por el voto voluntario y por la no aplicación de multa alguna para ninguna persona, a fin de que llegue a votar quien quiera hacerlo y se sienta comprometido con los candidatos, lo cual no alterará para nada, en mi opinión, el sistema democrático.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , expreso mi opinión favorable al proyecto, porque soy un convencido de que elecciones como la presidencial del presente año -en que ya los candidatos son conocidos-, van a despertar gran interés por inscribirse en los registros electorales, tanto en los jóvenes como en aquellas personas que no lo hayan hecho. Además, creo que la extensión de la jornada de atención de público facilitará que las personas se inscriban; porque, precisamente durante el actual horario, de 9 a 12 horas, los estudiantes, las dueñas de casa, los profesionales, las personas que trabajan en una oficina o en una industria, están cumpliendo con sus obligaciones y les es mucho más difícil pedir permiso en las mañanas que en alguna hora de la tarde. Por lo tanto, la extensión de la jornada también a horarios de la tarde, constituirá un gran incentivo para que se inscriban las personas que no lo han hecho y participen en esta elección de carácter nacional, como es la presidencial.
Por otra parte, quiero referirme también al sistema de inscripción itinerante, cuya idea algunos señores parlamentarios desean reponer en el proyecto.
Aparte de las aprensiones que el tema genera respecto de que los integrantes de las juntas inscriptoras sean requeridos por distintos colegios o sectores rurales o poblacionales para que se trasladen e inscriban, se corre también el riesgo de que, por ejemplo, en el proceso se extravíe un libro de incripciones. Para evitarlo, se ha dicho que las municipalidades serían las encargadas de proporcionar los vehículos para trasladar a los integrantes de las juntas; que deberán hacerlo bajo vigilancia policial; que, además, el día que la junta inscriptora se trasladare a un lugar distinto del de funcionamiento habitual, ésta deja de funcionar en ese lugar, para hacerlo en otro.
Esto es una complicación, porque imponer cargas a los municipios de comunas pequeñas, con escasa disponibilidad de vehículos y en las cuales las dotaciones policiales también son insuficientes, en cuanto a que aquellos tienen que poner el vehículo, vigilancia policial, etcétera, se traduce en que el proceso se va complicando y, en definitiva, si bien en la letra puede ser una buena idea, en la práctica no podrá cumplirse con la seguridad y la seriedad que el proceso requiere.
Por otra parte, considero también que no es bueno que la junta inscriptora deje de funcionar en su lugar habitual, porque ello obliga a un proceso de información, ya que si las personas llegan a inscribirse, van a encontrarla cerrada y, probablemente, no querrán volver al día siguiente. Entonces, es mucho más conveniente que nos quedemos con el proyecto -que me parece bueno-, pues extiende la jornada de inscripción, y, de esa manera, con un buen sistema de comunicación y de información, podemos estimular a que quienes no se han inscrito, lo hagan, particularmente, los jóvenes. Creo que con esto se les están entregando las facilidades necesarias para que lo puedan hacer.
Por estas razones, votaré favorablemente.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , sólo quiero señalar que el proyecto en discusión nace, a mi juicio, del proyecto de acuerdo Nº 163, suscrito por diputados de las diversas bancadas, que solicitaron una enmienda legal al Ejecutivo , a fin de superar los problemas que se generaban en las juntas inscriptoras para la inscripción de los ciudadanos.
En resumen, solicitábamos en esa oportunidad que se permitiera extender de 90 a 180 días el período que precede al cierre de los registros electorales y durante el cual éstos deben permanecer abiertos, como, asimismo, analizar la factibilidad de que, tal como ocurre con otras reparticiones públicas, las juntas inscriptoras puedan facilitar la inscripción de los ciudadanos, flexibilizar su actual funcionamiento en cuanto a su ubicación territorial, y permitir que, con los debidos resguardos, el trámite pueda realizarse en los principales centros laborales, comerciales o estudiantiles.
Esta iniciativa está bastante disminuida; sin embargo, es la respuesta a una petición que hicimos varios diputados, mediante un proyecto de acuerdo, en noviembre de 1998, que fue aprobado y se tradujo en este otro proyecto que envió el Ejecutivo.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , no tenía intención de intervenir en este proyecto, pero los argumentos de los señores diputados han ido derivando en materias que van más allá de la que está en discusión, y de esas derivaciones quisiera entregar una opinión.
Una de las razones que se han dado aquí sobre el poco deseo de parte importante de la ciudadanía en participar en los procesos electorales es el prestigio de los políticos. A mi juicio, el prestigio de los políticos está tremendamente ligado al Congreso y a los parlamentarios y, si bien en el comportamiento del Congreso existe un porcentaje de desprestigio que influye en la gente, creo que hay una razón mucho más importante que influye de manera negativa en la percepción que la opinión pública tiene de nosotros, de nuestro trabajo y del funcionamiento general del Congreso: el absoluto y generalizado desconocimiento de la ciudadanía respecto de las funciones que debe cumplir el Congreso, del ámbito de sus facultades.
Por ejemplo, la mayoría de las personas no sabe que los parlamentarios tenemos totalmente restringidas nuestras atribuciones en materia de gastos y nos supone un poder y un ámbito de atribuciones mucho más allá de lo que realmente la ley nos otorga.
¿Sabe la gente que no podemos elevar el presupuesto para el subsidio único familiar? ¿Que no podemos rebajar la edad para jubilar? ¿Que no tenemos atribuciones para crear un nuevo servicio público que pudiera hacerse cargo de determinado tipo de población sensible frente a algún problema social? ¿Que el Congreso no tiene atribuciones para dividir la Décima Región, antiguo sentimiento de algún sector de dicha región?
El señor ELGUETA.- ¡De la Novena!
El señor OJEDA.- ¡De la Novena!
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Sé que algunos se ponen nerviosos, pero es sólo un ejemplo.
En una palabra, quiero decir que los parlamentarios, para esos ejemplos que he señalado, no tenemos atribuciones, pero la gente supone que sí, y la verdad es que durante los períodos electorales, quienes somos candidatos, cooperamos poco con hacerle ver cuáles son nuestras limitaciones.
Hay un ex diputado , actual senador de la República , cuya idea fuerza principal durante su primera campaña fue comprometerse con la gente en el sentido de que a las mujeres les iba a rebajar a 55 años la edad para jubilar y a los hombres, a 60 años. Y tenía a toda la Novena Región convencida de que cuando él llegara al Parlamento eso iba a ocurrir. Han pasado diez años y los hombres siguen jubilando a los 65 años y las mujeres a los 60 años. Como candidato puede haber estado inspirado en la buena intención de cumplir su propósito cuando llegara al Congreso, pero confundió a la ciudadanía porque le hizo pensar que ésa era una atribución parlamentaria. Al no serlo, hasta hoy, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido conseguir su objetivo y alguien podría sostener que engañó a toda la región. Por cierto, no sólo fue electo diputado , sino que ahora es senador de la República .
Esta situación se ha producido porque durante años los jóvenes no han recibido educación cívica; no se les enseña que existen tres poderes del Estado y que cada uno tiene un ámbito determinado de funciones que cumplir. La gente supone que al Congreso también le corresponde gobernar; mientras no esclarezcamos esto, la opinión pública -y nosotros, ciertamente, tenemos responsabilidad en esa materia-, va a seguir suponiéndonos el cumplimiento de funciones que no nos son propias y para las cuales la ley no nos otorga atribuciones. En definitiva, un desprestigio que ha costado mucho sacarse de encima, porque durante el transcurso del tiempo se van agregando nuevos elementos a ese desconocimiento ciudadano.
Pienso, sinceramente, que este proyecto puede ser un avance en cuanto a que haya más gente que se entusiasme en inscribirse en las juntas inscriptoras para opinar y participar con su voto sobre las decisiones del país, pero, simultáneamente, tenemos que preocuparnos de entregar, sobre todo a la gente joven, un mayor grado de conocimiento de cómo funciona el Estado, el Gobierno y el Congreso, para que cada uno sea juzgado respecto del cumplimiento de su rol, de acuerdo con las atribuciones que la ley le otorga.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , sin duda, estamos tramitando un proyecto de ley de extraordinaria importancia al establecer un horario más amplio de las juntas inscriptoras, que abarque la mañana y la tarde, para que puedan inscribirse en los registros electorales quienes todavía no lo han hecho. Asimismo, habría que visitar los establecimientos educacionales y también aquellas industrias, empresas o fábricas de cada comuna en que trabaje personal joven que no esté inscrito en los registros y que desee hacerlo.
¿A qué se debe la apatía de los jóvenes para inscribirse? A que, a lo menos, durante 17 años se estuvo inculcando al pueblo de Chile que la política era nociva. Se estuvo lanzando piedras hacia arriba, las que después cayeron sobre la cabeza de los mismos que las lanzaron, porque, curiosamente, muchos de aquellos que decían que la política era mala y nociva, hoy se han transformado en políticos.
Hay que repetir una vez más que la política es el arte de gobernar, que los hombres y las mujeres -o instituciones- que se dedican a la política deben ser de acendrada ética y moralidad, estar dispuestos a servir a los demás sin ambiciones ni dobleces y sin pretender jamás servirse de los demás en beneficio personal.
Recuerdo que en el pasado, cuando había que hacer un trámite en cualquier oficina pública, a uno le pedían el carné de identidad y, además, el documento de su inscripción en el registro electoral, que acreditaba que era ciudadano. Hoy, la juventud tiene muchas demandas, especialmente en las universidades -las compartimos; siempre estaremos preocupados y esperamos que el próximo gobierno pueda asumir el compromiso que tenemos con ella-; pero la juventud tiene una obligación con Chile y su pueblo: debe estar inscrita en las juntas inscriptoras; tiene que decidir acerca de quién ha de ser el alcalde, el concejal, el diputado , el senador o el Presidente de la República . Ellos pueden ser ciudadanos a los 18 años y su obligación es decidir en materias tan importantes como éstas. Por eso, junto con los documentos que se requieren para optar a las becas u otros beneficios, las universidades debieran exigir la inscripción en el Servicio Electoral. De esa manera, se obligaría a la juventud a asumir el compromiso de ser ciudadano y a decidir en las ocasiones importantes.
Quienes estamos en la arena política, tenemos que hacer todo lo posible para destacarnos como personas que estamos haciendo cosas útiles en beneficio de nuestras comunas, regiones y del país, a fin de que no se hable con tanta facilidad acerca de la nocividad y negatividad de la política. Es nociva la que hacen quienes van por un camino equivocado, pero ésos no son políticos, sino “politiqueros”, que es muy distinto.
En definitiva, los parlamentarios radicales aprobaremos el proyecto, pues da facilidades a la gente para que se inscriba en el Servicio Electoral y se transforme en ciudadano apto para decidir en cualquier contienda electoral.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan) .-
Señor Presidente , el proyecto en estudio, en gran medida, cumple con el texto del acuerdo aprobado por la Cámara en noviembre del año pasado. Sin embargo, como lo han manifestado muchos diputados en esta sesión y a pesar de que cuando se ha planteado la iniciativa no ha sido aprobada, es evidente que el mejor sistema, desde el punto de vista democrático, es aquel en el cual la inscripción es automática y el voto voluntario. Pero ésa no es la realidad actual, donde la inscripción es voluntaria y no existen las medidas suficientes para la inscripción de todos los ciudadanos.
Ante esta situación, el proyecto avanza en flexibilidad para permitir que la mayor parte de la gente pueda inscribirse. Es un deber del Estado otorgar a los ciudadanos el máximo de facilidades para que puedan ejercer sus derechos. En ese sentido, la Cámara estableció en una sesión anterior los juzgados itinerantes de carácter criminal. De modo que ya se sentó una determinada orientación. En esa misma dirección, cuando se trata de un derecho fundamental para la vida democrática del país, deberíamos señalar en esta materia tan importante la existencia de un servicio de inscripciones itinerantes, en especial cuando se trata de los jóvenes, quienes son los que quedan más excluidos de las posibilidades de inscribirse, ya que nuestra legislación plantea que ésta debe realizarse sólo a determinadas horas de las mañanas, lapso en el que se encuentran en los liceos o en las universidades.
Desde esa perspectiva, debemos aprobar la iniciativa, pero con una indicación -excluida en la Comisión-, que permita el servicio itinerante del Servicio Electoral, a fin de dar el máximo acceso a sus derechos a todos los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, al establecer una doble jornada de inscripción electoral, no resolveremos el problema de la apatía de la juventud ni el de aquellas personas que no quieren inscribirse en los registros electorales. En todo caso, es bueno todo lo que vaya en la línea de dar el máximo de facilidades a la gente, porque en alguna medida puede permitir una mayor inscripción y participación en las justas que se realizan de manera permanente en el país.
Tampoco estoy de acuerdo con los colegas que dicen que el sistema es perfecto, pues conocemos la ley electoral y sus principios. Al respecto, haré un par de alcances, sobre todo en cuanto a lo manifestado por el diputado señor José Antonio Galilea sobre la visión e imagen de los políticos. El tema es insoslayable, por cuanto estamos hablando de una materia que no tiene que ver con astronomía, sino con la política.
Nosotros mismos nos hacemos un flaco favor al descalificarnos. No puedo pedir a la gente que sepa detalladamente las funciones, facultades o prerrogativas que tiene un diputado o senador, pero sí puedo exigir a mis colegas que, por lo menos, no nos descalifiquemos unos a otros, porque ello aumenta nuestra mala imagen. Quienes resuelven la situación de que nos encontremos en esta Corporación, son los electores de nuestros distritos, quienes conocen nuestra importancia y los roles que jugamos, desde los puntos de vista legislativo, fiscalizador y de la gestión parlamentaria desarrollada en nuestros distritos.
Otra cosa distinta, que debemos abordar con mucha fuerza, es la probabilidad de que la gente no quiera inscribirse en los registros electorales, porque siente que en el sistema imperante da lo mismo votar o no hacerlo. ¿De qué sirve votar por un candidato a senador, si éste debe tener muchos más votos que su adversario para ganar? Por último, en el Senado hay un porcentaje muy alto de senadores designados y hay uno vitalicio.
No debemos abstraernos de este hecho constatado por las personas, en especial por la juventud, situación que se ha hecho sentir en los últimos encuentros electorales. Por eso, debemos dar las facilidades necesarias para que se inscriban en los registros electorales todos los chilenos que aún no lo han hecho.
En cuanto a los requisitos para ser ciudadano, estoy de acuerdo en que debe ser al revés de como está establecido en la actualidad. A los 18 años la persona debe quedar inscrita de manera automática y el sufragio debe ser voluntario. No como ocurre hoy, que se inscriben voluntariamente, pero que deben sufragar de manera obligatoria. Éstas son las situaciones que se deben corregir y perfeccionar a fin de que la gente participe en ambas instancias.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al final del Orden del Día, a las 13.15 horas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto que modifica la ley Nº 18.556 para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede.
En votación general.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo 1º
1. Del diputado Ricardo Rincón para:
1.1. Sustituir la letra a) del artículo 14 de la ley Nº 18.556 por la siguiente:
“a) ser ciudadanos mayores de dieciocho años.”.
1.2. Agregar, al inciso sexto del artículo 22 de la ley Nº 18.556, la siguiente frase final:
“Deberá procurarse especialmente que esta información sea entregada a los directores de establecimientos educacionales y a los Presidentes de Centros de Alumnos , a fin de que ellos dispongan que el alumnado sea adecuadamente informado de los horarios de funcionamiento y lugares de inscripción.”.
Artículo 3º, nuevo
2. De los diputados Orpis, García, don René, y Rojas para agregar el siguiente artículo 3º, nuevo:
“Artículo 3º.- Elimínase toda multa a quien no concurra a votar.”.
Artículo nuevo
3. De los diputados Bustos, don Juan; Hales y Letelier, don Juan Pablo, para consultar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo nuevo.- Facúltase al Director del Servicio Electoral para que, en el período previo a la doble jornada, establezca un servicio de inscripción itinerante, que se instale en los colegios, con el objeto de propiciar las condiciones para que los jóvenes se puedan inscribir.”.
CREACIÓN DE SEGUNDO FONDO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión Mixta.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, a fin de crear un segundo fondo de pensiones en las AFP.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2162-13, sesión 8ª, en 16 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, me referiré a dos modificaciones del Senado.
En particular, me preocupa la introducida al artículo 1º, número 8, letra b), que, a mi juicio, debe ser rechazada para que el proyecto vaya a comisión mixta.
El Senado ha suprimido el inciso cuarto que la honorable Cámara propone agregar, que dice: “La Superintendencia deberá presentar un estudio de los costos de administración de los Fondos de Pensiones, el que deberá contener un desglose de los costos correspondientes a los distintos tipos de Fondos de Pensiones, un desglose del costo del seguro al que se refiere el artículo 59 y de las fuentes de ingresos de la Administradora, así como de los principales usos de éstos. El estudio se realizará a lo menos una vez al año y será puesto a disposición del público en general”.
A mi juicio, uno de los aspectos que más debe perfeccionarse en este sentido es, precisamente, el de la información a los afiliados.
Sin duda, los costos del sistema previsional son altos. Hay una serie de estudios al respecto, pero basta con manifestar que alrededor del 20 por ciento de lo que cada trabajador destina al mes a previsión, va a administración.
Por eso, es necesario clarificar cuánto de la comisión adicional que se paga todos los meses va al seguro para la contingencia de invalidez o sobrevivencia y cuánto a la administradora de fondos de pensiones.
La cotización adicional se paga de la remuneración, pero, además, el trabajador tiene el costo de la comisión fija, que se resta de su fondo de pensión.
El objeto de la comisión adicional, como dije, entre otros, es pagar esa cotización y el costo del seguro. Sin embargo, las compañías de seguros pactan con las administradoras de fondos de pensiones determinada prima, en la cual se establecen premios de acuerdo al nivel de siniestralidad, lo que implica un retorno para la administradora en el caso de que no sobrepase el umbral fijado en los contratos.
La situación debe clarificarse, porque el afiliado debe saber cuánto pagan a las AFP por la administración de sus fondos.
El profesor Salvador Valdés , economista integrante de la Comisión Nacional del Ahorro, en un artículo publicado el viernes 28 de mayo en “El Mercurio”, entre otras cosas, dice que es un error forzar a comprar servicios a una industria donde los clientes no saben cuál es el precio o comisión que pagan.
Para muestra, invita al lector a preguntarse cuánto pagó en comisiones a su AFP el año pasado, en pesos, ya que todavía no ha encontrado a un cotizante que lo sepa, ni aproximadamente. ¿Diez mil pesos, cincuenta mil pesos o doscientos mil pesos? ¿Cuánto pagó en comparación con lo que cobra un banco en una libreta de ahorro o una corredora de bolsa en una cuenta en custodia?
Ése es el problema de fondo. La pregunta que hace el profesor Salvador Valdés al público en general, la hago a mis colegas que son afiliados a una administradora de fondos de pensiones. ¿Quién sabe, con certeza, cuánto pagó por la administración de sus fondos el año pasado o los primeros meses del actual?
Por cualquier otro seguro o por cualquier otro servicio que se contrate, se conoce con certeza su costo, pero esto no ocurre en relación con la administración de fondos de pensiones.
Por eso, es legítima la demanda por una información transparente, que implica desglosar, de manera certera, lo que se destina al pago del seguro que cubre la contingencia de invalidez y sobrevivencia.
Quizás al trabajador, muchas veces, se le cobra como si se tratara de un seguro individual, en circunstancias de que la administradora de fondos de pensiones lo contrata en forma colectiva, para cubrir a sus afiliados. Por eso, es necesario tener, a lo menos una vez al año, el monto de lo que corresponde a su costo.
Esto está claramente establecido en la proposición de la Cámara que el Senado propone eliminar, por lo que estimo conveniente que se rechace su modificación en este sentido.
Aunque no me referiré in extenso, porque creo que algún colega la abordará, es necesario mencionar otra modificación. El Senado propone suprimir el inciso nuevo ii), que establece: “Las comisiones por depósito de cotizaciones y retiros establecidas para los afiliados adscritos al Fondo Tipo 2 deberán ser menores a las comisiones respectivas al Fondo Tipo 1”.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , creo útil recordar que la Cámara, en su oportunidad, despachó en forma unánime el proyecto, a pesar de que entonces mi crítica apuntó a decir que era poco y muy tarde para otorgar alternativas que dinamicen el sistema, con la seguridad que se requiere, y permitan a los afiliados aspirar a niveles de rentabilidad más altos para sus fondos previsionales.
En realidad, hace rato que el proyecto debió ser ley en Chile. Hoy, tal vez, debiera discutirse un tercer fondo, de otras características.
En esta línea, las modificaciones del Senado son razonables y coincidentes con la inspiración y el contenido original. Perfeccionan y hacen más operativo el proyecto, por lo que las aprobaremos.
Es delicado el problema de las comisiones que planteó el diputado señor Riveros , y que el año pasado las analizamos en profundidad en la Comisión de Trabajo. Es cierto que hay ciertas distorsiones, pero, la modificación del actual sistema puede acarrear consecuencias tremendas, tanto en términos de concentración de AFP como en riesgos obvios en un país como el nuestro.
Desde el punto de vista académico, es muy fácil y sencillo vislumbrar algunas modificaciones; pero, en la práctica, pueden perjudicar básicamente a dos grupos: los más pobres y los más viejos. Hay un problema de confusión que a ratos esconde cierta falta de interés respecto de cómo y cuánto se cobra por este servicio.
Con respecto a las aprensiones del diputado señor Riveros , es importante recordar que el proyecto -en esto el Senado no ha innovado- establece en su número 10 -que reemplaza el inciso tercero del artículo 31- la obligación de las AFP de enviar al afiliado información sobre las comisiones y sobre la rentabilidad de la cuenta de capitalización individual y de la cuota del Fondo de Pensiones y, además -esto apunta directamente a la inquietud del señor diputado - sobre la parte de la cotización adicional que se destina al financiamiento de la administradora y al pago del seguro a que se refiere el artículo 59.
Hoy, la información correspondiente a los recursos que recibe la administradora es pública, por cuanto aparece en las Fecu de la AFP respectiva. El inciso eliminado establecía la obligación de la Superintendencia de redactar un informe cuya publicidad y acceso al público es muy discutible, pero que en estos momentos -repito- está disponible al público, ya que cada AFP tiene obligación legal de entregarla a través de su Fecu. Si bien, en el trasfondo, las aprensiones del diputado señor Riveros tocan un tema que no es menor y que ya está siendo tratado por esta Cámara, la eliminación de esta norma no daña.
En general, las innovaciones introducidas por el Senado son positivas y por eso vamos a aprobarlas en esos mismos términos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , desde hace mucho tiempo la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha venido planteando sus aprensiones respecto de un sistema que ya tiene 18 años de vigencia, pero que a todas luces requiere ser modificado.
El espíritu del legislador no es echar abajo un sistema que ha permitido acumular más de 30 mil millones de dólares, sino su perfeccionamiento. Hay antecedentes que revelan que adolece de deficiencias altamente inconvenientes para la seguridad de los trabajadores, de sus fondos y del mejoramiento de su calidad de vida. Por ello, se ha pensado en dos proyectos separados: uno, que establezca la obligación de reducir costos, y otro, que es éste, que crea un segundo fondo, a fin de que los trabajadores prontos a pensionarse tengan la certeza de que sus fondos no experimentarán fluctuaciones cuando intenten cambiarse.
El proyecto fue modificado por el Senado, pero hay situaciones que debemos comentar. En primer lugar, eliminó una exigencia muy importante contenida en el número 8, letra b), del artículo 28 del texto aprobado por la Cámara de Diputados: la obligación de presentar un estudio de costos de administración de los fondos de pensiones, no un informe sobre el costo previsional comparativo. En mi opinión, son dos cosas diferentes.
Lamentablemente, en esta oportunidad no contamos con la presencia del ministro del Trabajo ni del subsecretario, porque nos habría tranquilizado saber si, reglamentariamente, pueden establecerse los contenidos del informe, que sí ha sido aprobado por el Senado, sobre el costo previsional comparativo correspondiente a cada administradora. Tiendo a pensar que son dos cosas diferentes. Una es comparar el costo previsional correspondiente a cada una de las administradoras, y otra, un estudio de costo de administración de los fondos de pensiones, con el desglose del costo del seguro a que se refiere el artículo 59, y sus principales usos.
¿Cuál es mi aprensión? Las administradoras aplican un costo por administrar los fondos de los asegurados, de los cuales se destina un porcentaje para el seguro que, después de ser cobrado al trabajador, es negociado por las AFP con las compañías aseguradoras, obteniéndose una reducción de acuerdo con las tasas de siniestralidad. Esta disminución del costo -es decir, la diferencia entre la cantidad que se descuenta al afiliado y lo que realmente pagan las AFP a las compañías aseguradoras- significó, en 1997, 7.579 millones de pesos; en 1998, 6.327 millones, y en lo que va corrido de este año, aproximadamente 3.500 millones. La gran pregunta es qué pasa con este porcentaje de descuento. Muy claro: pasa a propiedad de las administradoras de fondos de pensiones. No se devuelve como un premio al trabajador, atendida su baja tasa de siniestralidad, lo que podría incentivar a aquellos trabajadores que por no haber sufrido accidentes ni enfermedades pudieron laborar normalmente durante todo el año, a exponerse a determinadas situaciones. Sin embargo, sin importar cuál sea el resultado, la diferencia de las tasas de siniestralidad son reembolsadas a las AFP, sin ningún tipo de variación y con pérdida para el trabajador.
El literal ii) del número 9, suprimido por el Senado, establecía que las comisiones por depósito de cotizaciones para afiliados adscritos al Fondo Tipo 2 deberían ser menores a las comisiones respectivas del Fondo Tipo 1. La Comisión de Trabajo planteó que no debería existir costo en la administración del segundo fondo, por cuanto el solo hecho de tener la administración total del sistema aseguraba una rentabilidad adecuada. Sin embargo, en el proyecto despachado por la Cámara, que tiene una pésima redacción -hay que reconocerlo- se estableció que debería ser menor; pero termina en que son costos iguales. Debe haber una explicación razonable, de manera que este punto debe ser dirimido en una comisión mixta.
Quiero terminar diciendo que 700 mil trabajadores están esperando que se dicte la ley para dar curso a sus antecedentes y postular a una jubilación que les dé mayores garantías. A mi bancada le interesa que este proyecto se concrete a la brevedad; sin embargo, es preciso clarificar este punto en una comisión mixta, oportunidad en la que, por lo demás, tendremos posibilidad de discutir más a fondo otras deficiencias del sistema de las AFP, que el proyecto no enfrenta.
Por lo tanto, atendidas estas aprensiones, votaremos en contra a lo menos esa disposición, a fin de provocar una discusión en una comisión mixta. Como no está garantizado que los informes a que se refiere la letra b) del numeral 8 sean de la misma naturaleza, también lo votaremos en contra y deberá ser discutido en una comisión mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , ratifico lo señalado por el diputado señor Riveros respecto de la letra b) del numeral 8, que modifica el artículo 28 y que, según el diputado señor Paya , es la misma norma contenida en el numeral 10.
La diferencia estriba en que el numeral 10 dice: “Conjuntamente con lo anterior, la Administradora deberá enviar al afiliado información sobre las comisiones”. En cambio, el numeral 8, que el Senado ha eliminado, expresa: “La Superintendencia deberá presentar un estudio de los costos de administración de los Fondos de Pensiones,”.
Existe una gran diferencia y no creo que el Senado esté legislando bien al quitar una responsabilidad a la Superintendencia para dejarla, única y exclusivamente, a las administradoras de fondos de pensiones.
La Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad esta iniciativa, porque entendió que la obligación de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones era entregar información a los afiliados a las AFP; ya el diputado señor Riveros se refirió a este punto con mucha claridad.
El diputado señor Paya se ha equivocado al sostener que el numeral 10 reemplaza al numeral 8. ¡No es así!
Por otro lado, me parece increíble que el diputado señor Paya no se haya referido a la letra ii) del numeral 9, que trata de una indicación presentada por los miembros de la Comisión de Trabajo de esta Cámara -en este momento no recuerdo si él la firmó; pero hay una lógica muy cierta, por lo cual pienso que sí lo hizo-, que dice:
“Las comisiones por depósito de cotizaciones y retiros establecidas para los afiliados adscritos al Fondo Tipo 2 deberán ser menores a las comisiones respectivas del Fondo Tipo 1.”.
¿Qué razón tiene el afiliado que durante toda su vida laboral ha pagado las comisiones correspondientes al Fondo Tipo 1, para adscribirse al Fondo Tipo 2, si va a tener que pagar exactamente lo mismo, cuando se trata de una comisión fija o más? Incluso es muy probable -y fue preocupación de la Comisión- que, con la creación de este nuevo Fondo, al trabajador le cobren más por administrar esas platas.
Hace más de quince años que las administradoras de fondos de pensiones tienen establecido su sistema y lo conocen perfectamente bien; por eso, saben que esto no va a significar un mayor gasto. Durante los últimos diez años laborales, el hombre o la mujer que va a jubilar va a guardar dinero, y los costos deben ser mínimos.
Cuando el Senado trató este proyecto se le preguntó al Gobierno si la indicación de la Cámara de Diputados implicaba cobrar un peso menos. El Ministro respondió que, efectivamente, se podía cobrar hasta un peso menos. Sin embargo, no se le consultó sobre algo que es muy factible que ocurra: sin esta disposición, las administradoras de fondos de pensiones pueden cobrar 5 mil, 10 mil o 15 mil pesos más.
En consecuencia, invito a los colegas a rechazar las modificaciones del Senado a la letra ii) del numeral 9, porque no le entrega a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones la responsabilidad de dar a conocer a los trabajadores toda la información, al menos de lo recaudado durante sus últimos diez años de vida laboral, y la letra b) del numeral 8, porque encarece fuertemente las cuentas de los trabajadores.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , este proyecto nació en un momento muy especial y de mucho dramatismo para los trabajadores que han visto perder sustantivamente sus fondos previsionales, a raíz de la baja en el precio de las acciones en que las AFP han estado invirtiendo sus fondos.
Sin embargo, cada vez que en esta Sala se debaten proyectos relacionados con el tema previsional, quienes no estamos de acuerdo con la naturaleza del actual sistema nos sentimos llamados a reflexionar sobre la modificación y eliminación de muchas perversidades que contiene.
Por eso, considero de extrema gravedad que el Senado haya eliminado artículos que la Comisión técnica y la Sala de esta Corporación habían aprobado por unanimidad. Ello deja de manifiesto la naturaleza perversa del sistema, en el que se da la paradoja de que, aquéllos cuyas cotizaciones han contribuido a crear los fondos previsionales, no tienen poder para decir cómo y cuánto deben pagar por su administración.
Por las razones expuestas, la eliminación de artículos aprobados por la Cámara amerita una revisión. En consecuencia, votaremos en contra de las modificaciones del Senado, a fin de que el proyecto sea estudiado por una comisión mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , mi Comité no ha podido expresarse en el tratamiento del proyecto en
discusión. Por lo tanto, si queda algún minuto, quiero hacer uso de la palabra.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Si le parece a la Sala, la diputada señora Marina Prochelle hará uso de la palabra, a fin de votar el proyecto en esta sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional está de acuerdo con la mayoría de las modificaciones introducidas por el Senado.
Sin embargo, considera que deben reponerse dos incisos que el Senado ha eliminado, por cuanto son de absoluta claridad y justicia. Entiende que así debe ser, para una mayor transparencia del sistema y en beneficio de quienes están prontos a pensionarse.
En consecuencia, Renovación Nacional votará en contra de la eliminación de la letra b) del número 8 y del literal ii) del numeral 9, a que se ha hecho referencia en la Sala.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a fin de crear un segundo Fondo de Pensiones en las administradoras de fondos de pensiones.
Si le parece a la Sala, se votarán en forma separada los numerales 8, letra b), y 9, letra ii).
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación las modificaciones introducidas por el Senado, con excepción del numeral 8, letra b), y del numeral 9, letra ii).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el Nº 8, letra b).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazada la modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el Nº 9, letra ii).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazada la modificación del Senado.
Despachado el proyecto en su tercer trámite constitucional.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Posteriormente, se adoptó la siguiente resolución:
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980 -a fin de crear un segundo fondo de pensiones en las AFP y perfeccionar el mecanismo de medición de la rentabilidad mínima que deben tener los fondos de pensiones, boletín Nº 2162-13-, con los siguientes diputados: señora Adriana Muñoz, señores Pablo Lorenzini y Edgardo Riveros, señora Marina Prochelle y señor Darío Paya.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
RESPALDO A POLÍTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR. (Votación).
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 244, de la diputada señora Laura Soto y de los señores Huenchumilla, Mulet, Joaquín Palma, Elgueta, Aldo Cornejo, Naranjo, Salas, señora Fanny Pollarolo y señor Gutiérrez, relacionado con los programas sobre viviendas sociales impulsados por los Gobiernos de la Concertación.
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
NOTIFICACIÓN A PROCESADOS EN LUGARES DE DETENCIÓN.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 245, de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Vilches, Víctor Pérez, Seguel, Melero, Juan Bustos, señora Fanny Pollarolo y señores Aguiló, José García y Elgueta:
“Considerando:
1. Que nuestro Código de Procedimiento Penal hasta antes de la publicación de la ley Nº 19.189 establecía que los secretarios de los tribunales debían practicar personalmente las notificaciones de las resoluciones judiciales a quienes se encontraran privados de libertad. Ello significaba que cada vez que se requería notificar a los reclusos, éstos debían ser trasladados del penal al tribunal, destinando un importante número de funcionarios de Gendarmería para cumplir tal labor. Con ello se ocasionaba una disminución del número de gendarmes que día a día debían permanecer en los recintos penitenciarios, a cargo de la custodia de un significativo número de internos.
2. Otra consecuencia que ocasionaba dicha disposición dice relación con las condiciones de hacinamiento que debían y deben soportar los reclusos al interior de los carros celulares, y el agravamiento de su privación de libertad al permanecer junto a otros procesados por delitos de mayor entidad.
3. Que en virtud de la ley antes citada, que modificó el artículo 66 del mismo Código, se facultó a los secretarios para realizar dicha diligencia en los propios establecimientos penitenciarios y solucionar de esta forma los problemas recién planteados.
Es así como el inciso segundo de dicho artículo establece actualmente que “Tam-bién se le harán (las notificaciones) en persona que estuviere preso, pudiendo hacerlas el Secretario del Tribunal en su oficio o en el establecimiento penal donde aquel se encontrare recluido aunque se hallare fuera de su territorio jurisdiccional”.
4. Más aún, el mismo artículo, en virtud de la modificación realizada por la ley Nº 19.535, autoriza a practicar la notificación de determinadas resoluciones de una forma tal que no implica la comparecencia personal del recluso en el Tribunal ni la del Secretario en el recinto penitenciario, por cuanto en el inciso tercero de dicho artículo se establece que “...tratándose de detenidos o presos cuyo proceso se lleve fuera del lugar o ciudad donde esté ubicado el establecimiento penal en el cual se encuentren recluidos y que no tenga servicio diario de traslado al tribunal, la resolución que conceda la libertad incondicional o la libertad provisional sin fianza, u ordene cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones que se pronuncie sobre la resolución concerniente a la libertad, se notificarán por el estado diario. La resolución que deniegue la libertad o conceda la libertad provisional bajo fianza o conceda la operación interpuesta, en su caso, se notificará de inmediato y por el medio más rápido posible, al encargado del establecimiento penal, quien deberá comunicarla al recluido”.
5. Con las modificaciones introducidas por las leyes señaladas se estimó que se podría solucionar esta situación, lo que no ocurrió, por cuanto en la práctica los tribunales no están haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, lo que trae como consecuencia que todos los días deban trasladarse de los recintos penitenciarios a los tribunales de justicia alrededor de 1.600 reclusos, muchas de las veces para que se les notifique de resoluciones de mero trámite, que perfectamente se podrían notificar por otra vía.
6. Que sin duda resulta más conveniente que sea el funcionario del tribunal quien se traslade a los establecimientos carcelarios a fin de practicar las notificaciones, que el trasladar a cientos de reclusos a los juzgados, por cuanto esto último significa el distraer a un número importante de funcionarios de Gendarmería que podrían destinarse a otras funciones de similar importancia para la seguridad de la población, como es la custodia de los reclusos en los recintos penales.
7. Que en múltiples oportunidades estos traslados han sido aprovechados por los reclusos para intentar fugarse, con el consiguiente peligro que ello conlleva para la sociedad.
8. Que sería altamente aconsejable que los tribunales de justicia hicieran uso de las atribuciones que les confiere la ley, en el sentido de notificar a los reclusos en los recintos penitenciarios, o utilizar otras vías que no impliquen una comparecencia personal del recluso en el tribunal, en los casos en que la ley así lo permite.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes proponen el siguiente proyecto de acuerdo:
1. Solicitar al Presidente de la Corte Suprema tenga a bien adoptar las medidas para que los juzgados del crimen, en aquellos establecimientos que se encuentren fuera del lugar o ciudad en que tengan sede y que no tengan servicio diario de traslado al tribunal, hagan uso de las facultades que les confiere el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que las notificaciones a los procesados presos sobre denegatorias de libertad provisional, concesiones de libertad provisional bajo fianza o concesiones de recursos de apelación sobre esta misma materia, sean comunicadas al encargado del establecimiento penitenciario, por la vía más rápida posible. De esta manera, en el mismo establecimiento penitenciario será el jefe de unidad quien notificará al interno, le dará a conocer las alternativas procesales que tiene frente a dicha resolución y devolverá la notificación al tribunal por igual medio.
Igualmente, que los juzgados del crimen hagan amplia aplicación del procedimiento establecido en el inciso 2º del artículo mencionado, en el sentido de que sea el secretario del tribunal quien notifique a los procesados presos de las resoluciones que exijan la notificación personal, en las mismas unidades penales en que se encuentren recluidos, o se encargue dicha actuación a cualquier funcionario del tribunal designado como receptor ad hoc por el juez, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 500 del Código Orgánico de Tribunales, 43 del Código de Procedimiento Penal y 58 del Código de Procedimiento Civil. Todo lo anterior, sin perjuicio de la adopción de cualquier otra medida conducente a evitar el traslado de internos a tribunales con el objeto de notificar resoluciones”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , sólo para anunciar que votaré favorablemente este proyecto de acuerdo, no obstante existir un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tendiente a cambiar la forma en que deben ser notificadas las personas privadas de libertad.
Actualmente, los detenidos son sometidos a un verdadero paseo, incluso para notificarles resoluciones que les son favorables o que no tienen importancia alguna, como el vencimiento del término probatorio. De acuerdo con una disposición de nuestro Código de Procedimiento Penal, el preso debe ser conducido al tribunal respectivo para que se le notifique ese hecho. En otros casos, como cuando es absuelto, cuando se le otorga la libertad provisional o se deja sin efecto un auto de procesamiento, también debe realizar una verdadera gira por la ciudad, acompañado de otras personas privadas de libertad, procedimiento que nos parece inútil. Asimismo, es necesario ampliar por ley el número de personas que puedan realizar las notificaciones, de manera que no sea sólo el secretario del tribunal quien las efectúe, y actualizar y hacer más modernos los medios utilizados para tal finalidad.
Como digo, todas estas materias están contenidas en un proyecto de ley, aprobado por la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el cual será tratado por la Sala el próximo mes. Sin embargo, este proyecto de acuerdo es concordante con algunas materias de orden administrativo que pueden ser resueltas por el Presidente de la Corte Suprema .
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , los diputados que presentamos el proyecto de acuerdo y solicitamos su aprobación, constatamos varios fenómenos.
En primer lugar, existe una atribución que no se está ejerciendo. Por eso, es importante que el Presidente de la Corte Suprema haga todo lo posible para que en los juzgados de nuestro país, en particular en los del crimen, se ejerza una facultad para evitar que diariamente se trasladen cerca de 1.600 personas privadas de libertad, a fin de recibir notificaciones de los tribunales, lo cual significa, entre otras cosas, un mal uso de los recursos públicos. Es una situación poco eficiente por la cantidad de funcionarios de Gendarmería que deben dedicarse a esta actividad, aparte que es un porcentaje sideral de funcionarios que se le resta a esta institución, que debiera dedicarse a labores, no de traslado, sino de resguardo en los recintos penitenciarios.
Adicionalmente, debo destacar que las condiciones en que son trasladadas esas personas son inhumanas. La cantidad que sube a los vehículos de Gendarmería, hace que muchas de ellas se desmayen durante el trayecto, por las condiciones absolutamente inhumanas en que se hace. Es un sistema arcaico, que en nada contribuye a dignificar la situación de la gente privada de libertad, ni menos ayuda a mantener la seguridad ciudadana.
Ya hemos visto cómo estos traslados -para notificar a las personas que ha terminado el período probatorio, rechazado una petición de libertad condicional u otras materias- se aprovechan para preparar fugas u otras situaciones atentatorias de la seguridad ciudadana.
El objeto del proyecto es humanizar el proceso de comunicaciones; aceptar el uso de medios electrónicos, como el fax, para comunicarles a las personas privadas de libertad la resolución de los tribunales; para permitir que los secretarios correspondientes se trasladen a las unidades penitenciarias para entregar estas notificaciones. Es bastante más razonable que uno o diez secretarios de un tribunal se trasladen a las cárceles, en vez de llevar cada día a 1.600 personas privadas de libertad por las calles de la ciudad, con todo el costo social, económico e institucional que ello involucra; incluso, esto va en beneficio de la dignidad de esas personas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
INVESTIGACIÓN DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL, PAMMA, EN REGIONES DEL NORTE.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 249, de los señores Rojas, Alvarado, señora González, doña Rosa; señores Vargas, Prokurica, Molina, Venegas, Vega, Fossa y Bertolino.
“Considerando:
1. Que el Programa de Asistencia a la Minería Artesanal (Pamma) fue creado como un órgano de apoyo para la pequeña minería del país. Que en diversas regiones del norte de Chile se presentaron y aprobaron proyectos que involucraron recursos fiscales.
2. Que de los proyectos antes señalados sólo se materializaron unos pocos. De esta manera, cursos de capacitación quedaron inconclusos, maquinaria y equipos sin entregar, proyectos mineros de explotación sin concluir y fondos aprobados que no llegaron a poder de los pequeños mineros.
3. Que, a pesar de las innumerables promesas de regularizar esta situación, no se ha obtenido una respuesta clara sobre el particular, principalmente sobre el saldo existente de los fondos aprobados para la concreción de todos estos proyectos.
4. Que se hace necesaria una investigación acuciosa sobre el particular, ya que, como es de público conocimiento, en todo el sector minero, y en especial los pequeños mineros de todo el país y especialmente de Taltal, Andacollo, Arica y Parinacota atraviesan por una grave crisis económica, la cual no encuentra su solución a nivel de Gobierno.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión de Minería que investigue las situaciones ocurridas al interior del Pamma . La Comisión deberá evacuar su informe dentro de 45 días contados desde la fecha del presente acuerdo”.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , el Programa de asistencia y modernización de la minería artesanal, Pamma , fue creado como un órgano de apoyo para la pequeña minería del país. Por eso, en diversas regiones del norte de Chile se presentaron y aprobaron proyectos que involucraron recursos fiscales.
Ha transcurrido el tiempo y en reiteradas ocasiones se le ha solicitado información sobre los recursos destinados a proyectos del Pamma aprobados, sobre todo en las provincias de Arica y Parinacota, donde los contribuyentes firmaron recibos de entrega de dineros. Hasta el momento, a pesar de las repetidas solicitudes hechas al ministro de Minería y a los responsables del proyecto, no ha habido una respuesta concreta sobre el tema.
Considerando la grave situación por la que atraviesa la pequeña y mediana minería, en especial en la zona norte del país, estimamos indispensable que se designe una comisión investigadora para conocer las situaciones ocurridas al interior del Pamma, el que fue traspasado a Enami, sin tener los afectados ningún conocimiento de ello.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , vamos a votar a favor el proyecto de acuerdo, porque el Programa de asistencia a la minería artesanal, que nació desde su origen con problemas, es una forma de atender al sector más limitado de la pequeña minería: la minería artesanal.
A mi juicio, desde el principio, este programa fue rechazado por el sector al que, supuestamente, se iba a beneficiar, y nunca cumplió con el funcionamiento, resultados y objetivos que se tuvieron en mente.
Aquí, jamás se debió separar la labor de fomento que le corresponde a la Enami, en un programa especial. Hubo una cantidad de recursos que fueron a dar sólo al pago de favores políticos y que jamás mejoraron la condición de los mineros artesanales.
La diputada señora Rosa González planteaba que en algunos lugares de su distrito hubo verdaderos montajes para justificar los gastos. No quiero entrar en estos detalles, pero me parece absolutamente indispensable, en especial por la situación que vive la pequeña y mediana minería y la minería artesanal, que casi ha desaparecido, a causa de la baja calidad o de la inexistente labor de fomento de parte de las entidades que deben hacerlo, que la Comisión de Minería investigue, fiscalice y establezca la realidad en esta materia y qué pasó con estos recursos.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
No ha habido quórum. Se va a repetir la votación.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
ANTECEDENTES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN DE SECRETARÍAS MINISTERIALES DE PLANIFICACIÓN.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 254, de los señores Alvarado, Bartolucci, Kuschel y Galilea, don Pablo.
“Considerando:
1. Que el Gobierno, en un proceso de reestructuración y descentralización de los servicios públicos, ha dado inicio a un proceso para que el Ministerio de Planificación y Cooperación descentralice algunas funciones que desarrolla.
2. Que esta descentralización consiste en que las Secretarías Ministeriales Regionales de Planificación sean traspasadas a los Gobiernos Regionales, teniendo una dependencia directa de los Intendentes.
3. Que este proceso de traspaso de competencias será de acuerdo a la ley Nº 19.175, orgánica constitucional de gobiernos regionales, artículo 67 y, para ello se llevarán a cabo convenios entre Mideplan y cada Intendencia.
4. Que se ha dado comienzo a un programa piloto donde cuatro regiones serán traspasadas, siendo éstas la Primera, Tercera, Séptima y Undécima regiones.
5. Que en esta iniciativa impulsada por el Gobierno, no se ha tomado la opinión ni de los funcionarios de las respectivas secretarías ministeriales ni de los gobiernos regionales, con el agravante que de acuerdo a la propia ley debe ser el consejo regional el que solicite las mayores facultades y atribuciones.
6. Que esta situación ha derivado en que la asociación de funcionarios del Mideplan, en asamblea general realizada los días 5 y 6 de mayo, acordó dar a conocer a la opinión pública la posición de sus asociados, respecto del rediseño del Ministerio de Planificación y Cooperación.
7. Que en ella se plantean diversas inquietudes, con respecto a la iniciativa gubernamental, entre éstas se encuentra la referida a la legalidad y a la constitucionalidad de la propuesta del Gobierno.
8. Que la forma de traspasar a los 256 funcionarios del Serplac, en todo el país, hacia los gobiernos regionales es mediante la comisión de servicio, lo que claramente demuestra una fragilidad e improvisación en la forma en que se quiere presentar esta descentralización.
Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes queremos presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Ofíciese al señor Ministro de Planificación y Cooperación para que éste informe a la Cámara de Diputados, todos los antecedentes referidos a la propuesta gubernamental de descentralizar las Secretarías Ministeriales de Planificación, qué competencias reales serán traspasadas a las regiones, bajo qué figura jurídica se concretizará esta iniciativa y cuál es el cronograma de traspaso de todas las regiones del país”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , sólo para decir que voy a votar a favor del proyecto de acuerdo; pero habría sido aconsejable cambiar la palabra “concretizará” por “concretará”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se va a llamar a votar a los señores diputados por cinco minutos.
El señor DELMASTRO .- ¡Si le parece!
Varios señores DIPUTADOS.-
¡En votación! Tiene que ser aprobado.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se va a repetir la votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
VIII. INCIDENTES
PETICIÓN DE ANTECEDENTES EN RELACIÓN A RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE CRÉDITOS A RETORNADOS POLÍTICOS. Oficio. (Artículo 48, Nº 1, de la Constitución).
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Vargas.
El señor VARGAS .-
Señor Presidente , la semana pasada tomamos conocimiento de una sentencia dictada por el 13º Juzgado Civil de Santiago , en la que, luego de analizar el convenio entre los gobiernos de Chile y de Alemania, llegó a la misma conclusión a que unánimemente arribó la Comisión Investigadora de la Cámara en relación con los créditos a retornados.
La sentencia dice que el convenio contiene materias de ley, ya que el gobierno de Chile garantizó el reembolso de este préstamo y asumió sin consultar al Congreso Nacional la responsabilidad de devolver estos valores.
Por tal motivo, solicito se oficie al Presidente de la República , de acuerdo con el artículo 48, número 1), de la Constitución para que responda a la Corporación por qué el Gobierno, en su momento, sustrajo esta materia del conocimiento del Congreso Nacional.
¿Quién es el funcionario de Gobierno que según el presidente del Banco del Estado , Andrés Sanfuentes , le transmitió la política que tuvo dicha institución en la administración y manejo del crédito alemán?
¿Qué autoridad de Gobierno prestó la autorización a fin de que el Banco del Estado de Chile entregara cuatro y medio millones de marcos a la Faret, antecedentes que el señor Luciano Fouillioux dijo no estar en condiciones de singularizar.
¿El Ministerio de Justicia tiene o no los balances correspondientes a los años 1993 a 1997 de la Fundación Faret? Los oficios del Ministerio dicen que no; el Subsecretario señor Gómez dice que sí. No obstante, no los hace llegar a la Corporación, que se los ha solicitado.
¿El Presidente de la República responderá o no el oficio de la Cámara de Diputados, de julio de 1998, sobre esta materia, a lo que, constitucionalmente, está obligado? Recordamos a su Excelencia que su rebeldía para responder este oficio configura una causal de acusación constitucional.
¿Qué países y por qué montos respondieron favorablemente la solicitud de la Cancillería, de abril de 1991, para financiar actividades y programas en beneficio de los retornados?
¿Por qué razón el Gobierno no ha solicitado la intervención del Consejo de Defensa del Estado para que investigue la eventual responsabilidad de los organismos del Estado en estos hechos, tal como lo consigna el acta reservada del Ministro señor Biehl , del 9 de febrero de 1999, en su punto tercero?
¿Por qué en la Cámara, en la cuarta reunión de trabajo del Ministro señor Biehl sobre este asunto, celebrada el 10 de febrero de 1999 no se consigna la respuesta a la interrogante de qué pasó con los otros cuatro y medio millones de marcos?
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ¿las preguntas se refieren al inciso primero o al inciso segundo del artículo 48 de la Constitución?
El señor VARGAS .-
Al primero.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Aprobada la petición del diputado señor Vargas . Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
RESPONSABILIDAD DE COLEGISLADORES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY. Oficio.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , me referiré en forma muy breve a la exposición que ayer hizo al país, el Presidente de la República , enmarcada en los problemas y crisis económica que estamos viviendo, y muy particularmente -el único comentario que me merece es que más vale tarde que nunca- a su solicitud al Parlamento en torno de la necesidad de despachar, en el más breve plazo posible, el proyecto de protección al trabajador cesante, conocido con el nombre de Protrac, y, por último, en cuanto a su queja por el tiempo que ha demorado la tramitación de esa iniciativa.
Al escucharlo, uno cae en la tentación de enviarle a través de la Cámara, un oficio que resultaría absurdo, ya que habría que decirle que la prerrogativa de ponerle urgencia a los proyectos le corresponde precisamente a él. No me parece razonable ni conveniente para el prestigio de las instituciones y Poderes del Estado que, a través de un medio de comunicación tan amplio como es la televisión, se pretenda hacer creer a la ciudadanía que la demora en el despacho de un proyecto de origen en el Ejecutivo es de responsabilidad de este Parlamento, porque eso no es así.
En cuanto a los anuncios del Presidente de la República , hechos por la televisión, y a las opiniones del ex ministro señor Lagos sobre este mismo particular, quien fue más allá del Presidente , porque se permitió culpar a la Oposición de la demora en el trámite de este proyecto, da la tentación de enviarle un oficio al señor Lagos, si se pudiera, para decirle que está profundamente equivocado y que debe revisar sus conocimientos de matemáticas porque hasta donde sé, en la Cámara hay setenta parlamentarios de la Concertación y sólo cincuenta de Oposición, de modo que nada tiene que ver el rechazo o aprobación del proyecto con una cuestión que tenga vinculación con los parlamentarios de Oposición. Eso también constituye una manera de desinformar a la opinión pública doblemente: por un lado, por cuanto no se señala que el Presidente de la República es quien tiene la prerrogativa de apurar o retrasar la tramitación de los proyectos y, por otro, no se informa que nosotros no tenemos la facultad para acelerar el despacho de una iniciativa.
He creído necesario intervenir porque no sólo los parlamentarios de Oposición somos los afectados por comentarios de esta naturaleza, sino también el prestigio de la Cámara de Diputados y de los 120 parlamentarios que formamos parte de esta Corporación. Que quede claro que el proyecto del famoso Protrac o protección al trabajador cesante, es de iniciativa del Ejecutivo; que ha estado en manos de éste apurar su tramitación y que no somos nosotros, como ha dicho el señor Lagos, los que estamos constituyendo un impedimento para que se apruebe en la Cámara de Diputados.
Solicito el envío de un oficio al Presidente de la República para que, ojalá en el más breve plazo, haga llegar las indicaciones al proyecto, con el fin de que todas las expectativas que con él se han sembrado puedan convertirse en realidad, porque de lo contrario constituirán un verdadero engaño a los trabajadores cesantes de este país.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional.
ANTECEDENTES SOBRE POSTULACIÓN A SUBSIDIO DE VIVIENDA BÁSICA EN CIUDAD DE VICUÑA. Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito enviar al ministro de la Vivienda oficio para que informe acerca de la forma cómo se llevó a efecto el concurso de postulación al subsidio de vivienda básica en la población loteo Victoria, en la ciudad de Vicuña, donde participaron los Comités Mi Casa, Gabriela Mistral , Los Anhelos, Nueva Esperanza y Sol de Elqui. No concuerda el informe emitido por la municipalidad en las respectivas fichas CAS con los resultados de este concurso, lo cual viene a poner en duda la transparencia de un programa que ha sido exitoso en nuestro país.
Solicito se oficie también a la Contraloría General de la República, para que la municipalidad de Vicuña envíe los informes de los resultados de sus fichas CAS, con el objeto de compararlas con las que dice tener el Serviu de la Cuarta Región, ya que, en algunas situaciones, informa la cartola de inscripción que los antecedentes no estaban al día.
En el resultado del concurso, se aprecia una clara tendencia a favorecer al Comité Mi Casa, de la funcionaria que representa a Sernac en Vicuña, la señora María López , incluso asignando viviendas a personas solteras, que, según los antecedentes que obran en mi poder, no deberían tener el puntaje suficiente para acceder a ellas.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI y del diputado señor Joaquín Palma .
MODIFICACIÓN DE NORMA DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE LIBERTAD PROVISIONAL.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , quiero referirme en esta oportunidad a un hecho lamentable, que costó la vida a un conductor de la locomoción colectiva en la comuna de Puente Alto, situación que se ha venido repitiendo con insistencia en muchos lugares de Chile por la falta de seguridad y por la facilidad con que algunos jueces otorgan la libertad provisional.
Juan Romero, asesinado en Puente Alto, fue muerto por los delincuentes que en el mes de febrero, en el mismo lugar, habían asaltado a su padre, los que se encontraban en libertad.
Este hecho me permite plantear mi preocupación por la aplicación del actual artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, que dice que el juez sólo puede denegar la libertad provisional en tres casos: primero, cuando la detención o prisión sean necesarias para el éxito de la investigación, cosa que califica el juez; segundo, si la libertad del detenido o preso puede ser peligrosa para el ofendido -el propio Código dice que puede ser peligrosa cuando existen antecedentes calificados que permitan presumir que el delincuente puede atentar contra el ofendido- y, por último, cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la seguridad de la sociedad, sin precisar el Código cuándo ocurre esa circunstancia.
Es conveniente, para la seguridad de la sociedad y como imagen, modificar -y voy a formular una propuesta en ese sentido- el artículo 361 de ese Código, que dice que “si el delito tiene asignada por ley pena aflictiva,” -esto es superior a tres años y un día- “el detenido o preso tendrá derecho a que se le conceda la excarcelación salvo en los casos a que se refiere el artículo 363”. Es decir, el principio de que el procesado detenido o preso tiene libertad, aun cuando se trate de un delito que merezca pena aflictiva.
Es cierto que si, al final, la sentencia es condenatoria, la persona es tomada y llevada a la cárcel para cumplir la condena que le ha sido impuesta. Pero mientras la persona procesada se mantiene libre, con frecuencia ocurre que comete reiterados delitos.
Sin perjuicio de la necesidad de reestudiar si una persona de 15 años es o no absolutamente inimputable por sus conductas delictivas, es indispensable modificar el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, con el objeto de establecer que, durante el proceso, a quien se encuentre detenido por delito que merezca pena aflictiva, no podrá otorgársele la libertad provisional.
Es la única forma de que en la sociedad chilena la gente pueda vivir en paz y no encarcelada en sus casas.
He dicho.
AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA PARA DAMNIFICADOS DE CHAITÉN. Oficio.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , es de conocimiento público que en los últimos días la zona sur austral está siendo afectada por condiciones climáticas bastante adversas, con fuertes temporales, que han destruido una serie de viviendas, cortado caminos, producido inundaciones, voladuras de techo, cortes en la telefonía, en el servicio de energía eléctrica, etcétera.
Una de las ciudades con mayores problemas ha sido Chaitén, en la provincia de Palena, donde existen aproximadamente 700 personas damnificadas, más de 100 viviendas con daño, de las cuales sobre 60 presentan deficiencias estructurales serias que ameritan un tratamiento mayor y no sólo la reposición de vidrios o de techos.
Muchas familias, que actualmente se encuentran albergadas, necesitan ayuda urgente en frazadas, colchonetas y alimentos. Los esfuerzos que están haciendo tanto la gobernación provincial como la municipalidad de Chaitén, están lejos de atender estas urgentes necesidades, aunque tuvieran los recursos para hacerlo, puesto que en el comercio local no se encuentran los insumos suficientes para atender estos requerimientos.
Por tal razón, solicito oficiar al Ministerio del Interior, con el propósito de que pueda disponer una ayuda económica extraordinaria de emergencia, ya sea a la gobernación provincial, a la intendencia o a la propia municipalidad, con el propósito de atender a este gran número de damnificados que existe hoy en Chaitén.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
CREACIÓN DE SISTEMA ALTERNATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PESCADORES ARTESANALES. Oficios.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , las condiciones climáticas que afectan al sur austral de Chile han dejado en evidencia lo precario, difícil y riesgoso que significa trabajar en el mar.
Me refiero específicamente a la pesca artesanal, que, a causa de estos temporales, en los últimos días ha cobrado cuatro víctimas fatales al sur de Quellón, a la entrada del golfo Corcovado .
Independientemente del drama humano que significa esta triste y lamentable situación, debemos tener presente que en nuestra zona sobre 5 mil familias viven y subsisten de la pesca artesanal. Cada día los pescadores tienen que alejarse mucho más del puerto donde residen en busca del sustento por el agotamiento de los bancos naturales.
Esta gente no tiene ningún tipo de previsión y lo exiguo de los precios que obtienen en la venta de sus productos, les impide cotizar en forma individual. Aquí tenemos, entonces, dramas humanos por la pérdida de vidas, de la fuente de trabajo, de las embarcaciones y sus implementos; tenemos el drama de familias que, de pronto, quedan sin su capital físico para desarrollar una actividad, sin el jefe de hogar y, más aún, sin ingresos para poder subsistir a futuro, quedando prácticamente la viuda y los hijos en la más absoluta indefensión.
Por esta razón, deseo oficiar a los Ministerios de Hacienda , de Economía, del Trabajo y Previsión Social y a Mideplan, con el propósito de que se evalúe un sistema alternativo que permita, de alguna u otra forma, entregar seguridad social a estos trabajadores, que con tanto esfuerzo y sacrificio luchan, día a día, contra la adversidad para obtener el sustento familiar, y cuando sufren algún accidente, quedan indefensos y sus familiares no pueden ni siquiera mantener el hogar ni la educación de los hijos.
Por esas razones, solicito los oficios señalados, con el propósito de que los ministerios busquen algún sistema de financiamiento que satisfaga esa gran necesidad que exige una preocupación solidaria con gente que sufre diariamente en el mar.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gonzalo Ibáñez , Roberto Delmastro , Sergio Velasco , Gabriel Ascencio , Rosauro Martínez y del que habla.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON LEÓN VILARÍN MARÍN, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Oficios.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez, hasta por cinco minutos.
El señor IBÁÑEZ (de pie).-
Señor Presidente , hace algunos días, falleció don León Vilarín Marín , uno de los hombres más cabales que ha tenido nuestra patria en las últimas décadas. Tal vez su nombre suene poco para las generaciones más jóvenes; pero a quienes nos correspondió vivir en todo su dramatismo los años del gobierno marxista de la Unidad Popular, el nombre de León Vilarín evoca una epopeya: la de la lucha desesperada de un país por su libertad.
Don León nació, en 1914, en Valdivia. En los años de la década de los 20 se traslada con sus padres a Valparaíso. A muy temprana edad comenzó a trabajar como chofer de camión y luego adquirió uno, que sería el primero. En 1941, contrajo matrimonio con doña Adriana Benítez , en Tiltil, su señora y compañera por toda la vida, quien le precedió al morir en 1997, y con ella tuvo su único hijo: Gonzalo.
Posteriormente, después de su matrimonio, se trasladó a Santiago, donde trabajó como transportista en todo el escalafón de esa dura profesión. De vida muy modesta, sólo en 1960 pudo adquirir su primer departamento en la calle Ejército, y después se trasladó a otro definitivo en la Villa Frei.
Cuando se tiene el enemigo al frente es más o menos fácil reaccionar, pero cuando éste ataca por la espalda y tiene precisamente a su cargo el gobierno del país, es muy difícil hacerlo. Eso fue lo que sucedió en Chile entre 1970 y 1973: un país agredido por el propio gobierno.
En esa hora de desconcierto, de oscuridad y angustia, un hombre providencial saltó a la palestra para enfrentar al gobierno marxista: León Vilarín Marín , presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones . Hasta entonces sólo era conocido por sus pares y asociados; pero de ahí en adelante se convirtió en el pilar de la defensa de la patria.
Todo comenzó cuando el gobierno de Allende decidió crear una empresa estatal de transportes en la zona de Punta Arenas, lo que era un nuevo paso en la total estatización del país; pero los camioneros, con Vilarín a la cabeza, decidieron no aceptarlo. Y más aún, fueron, en su lucha, más allá de un interés meramente gremial y sectorial, porque se dieron cuenta de que estaba en juego la misma libertad de la patria y de todos los chilenos. Por eso, decidieron paralizar toda la flota de camiones de Chile, mientras el gobierno no desistiera de la política que apuntaba a liquidar las libertades en el país.
Fueron dos paros épicos: el primero, en octubre de 1972; y el otro, en junio de 1973, que terminó cuando Allende fue depuesto. Dichos paros, junto con las marchas de las cacerolas, constituyeron, sin duda, el eje o fundamento sobre el cual el país construyó su lucha contra el marxismo.
En lo alto de Reñaca, en la zona donde hoy se ubican los barrios Bosques de Montemar y otros, se estacionaron por semanas y meses las flotas locales de camiones, las que fue necesario custodiar para evitar los decomisos y el vandalismo. Las vigilias que se montaron para esos efectos constituyen sin duda un recuerdo imborrable y un hito en esa lucha desesperada.
Una vez que el objetivo fue alcanzado y el país volvió a caminar por la senda del progreso y de la libertad, Vilarín volvió a su puesto en la empresa camionera y en la Confederación de Dueños de Camiones. No buscó ni la figuración ni los honores y de ninguna manera fue un incondicional del gobierno militar. Cuando no estuvo de acuerdo con determinadas políticas, nunca escondió su oposición. Su ejemplo es, por ello, doblemente valioso. No vaciló en aceptar el desafío de la historia y puso la cara cuando las circunstancias lo requirieron.
Cuando el peligro pasó, su modestia lo retrajo al mismo lugar de donde había salido. Su lema era el servicio a Dios, a la patria y a su gremio.
Hoy lo despedimos emocionados, y por última vez le decimos: “Gracias, don León”.
Señor Presidente , solicito que se envíe copia de mi intervención a la Confederación de Camioneros de Chile y a su familia.
He dicho.
(Aplausos).
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se procederá en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que lo indiquen a la Secretaría.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , valoro el conjunto de medidas anunciadas por el Presidente de la República para reactivar la economía y mejorar el empleo.
Sin embargo, estimo que el Presidente olvidó completamente a la pequeña y mediana minerías, ya que en el paquete de decisiones económicas no figuran ni el financiamiento de los proyectos integrales ya asignados por Enami, ni la rebaja de los cargos de tratamiento por parte de esa empresa a los pequeños mineros al nivel que cobra a las empresas multinacionales.
Hace algunos días, con otros colegas parlamentarios de las zonas mineras, entregamos una carta al Presidente de la República , en que pedimos que entre las medidas que se adoptaran para desarrollar el empleo y la reactivación de la economía, se tuviera en cuenta a la pequeña y mediana minerías. Esos dos aspectos son esenciales.
Se trata de que el Gobierno, el Ministro de Minería y el propio Presidente de la República consideren la situación que vive la pequeña minería.
Hemos pedido recursos para proyectos que fueron gestionados y asignados por la Empresa Nacional de Minería para los pequeños mineros, los cuales quedaron sin recursos cuando aquéllos hubo que destinarlos para financiar la tarifa sustentada para la pequeña minería durante 1999.
Valoramos el hecho de que durante 1998 y 1999 el Gobierno del Presidente Frei haya entregado una tarifa sustentada a la pequeña minería, en el marco de una situación tan crítica como la que vive la minería y con un precio internacional del cobre tan deprimido como el actual. Sin embargo, nos parece que no se está cumpliendo el acuerdo a que llegamos, como Corporación, con el ministro Aninat cuando discutimos la ley de Presupuestos. En efecto, se nos dijo que habría un aporte especial para financiar la tarifa sustentada. No obstante, ahora los proyectos aprobados por Enami para la pequeña minería están sin financiamiento, y ellos representan más de mil puestos de trabajo en Chañaral, Diego de Almagro , Copiapó , Vallenar y otras comunas de las regiones del norte.
Por otra parte, no implicaba un costo significativo para el Ejecutivo incorporar la rebaja de cargos de tratamiento que Enami debe hacer a la pequeña minería para situarla al nivel de lo que cobra, por ejemplo, a Candelaria de la Phelps Dodge por igual tratamiento. Aquí estamos planteando una cuestión de equidad. Si por ese cargo, es decir, por maquila, se cobra una determinada cantidad a la empresa mencionada, esa misma cifra se debería cobrar al resto de la pequeña minería.
Es negativo el hecho de que no haya financiamiento para los proyectos mineros, puesto que ello limita la ocupación en una zona donde ya hay mucha desocupación y porque no hay posibilidades de una reactivación económica basada en otros factores económicos que no sea el desarrollo de la propia minería, y luego, porque muchos pueblos y comunas dependen de la pequeña minería.
Espero -y estoy en conversaciones con el Ministro del Trabajo , señor Germán Molina , y con el Subsecretario del ramo, señor Julio Valladares Muñoz , quienes coordinan el Comité Interministerial del Empleo- que los recursos para los proyectos mineros provengan de este fondo ya asignado, de manera que, por esta vía, podamos ayudar a la pequeña y mediana minería, que vive una crisis que puede resultar definitiva y terminal si no se adoptan dichas medidas.
Valoro el plan de reactivación económica y de empleo, ya que hace algunas semanas, en la sesión especial que la Cámara de Diputados celebró sobre el tema del desempleo, planteamos la necesidad de rebajar las tasas de interés a 5 por ciento y de aumentar los recursos destinados a los programas de mejoramiento urbano, a los fondos social y de infraestructura educacional, así como para obras de vialidad, riego, agua potable y pavimentos participativos, medidas que el Presidente de la República , felizmente, ha anunciado.
Son importantes también los incentivos para la compra de viviendas DFL2; la reprogramación del Banco Central de la deuda de 60 mil pequeños y medianos empresarios, aporte muy significativo para que quienes se encontraban con dificultades de deuda, creen empleos; los nuevos plazos a deudores morosos y condonación de intereses y multas de deudas entre enero de l998 y mayo de l999 por la Tesorería General; el lanzamiento oficial de un seguro de crédito de exportaciones; el estímulo al sector privado para que contrate, mediante un subsidio, a estudiantes universitarios, de institutos profesionales y de formación técnica. Quiero subrayar este aspecto, porque en nuestras regiones, donde hay mucha desocupación y ha aumentado la cantidad de estudiantes que solicitan el crédito universitario, el crédito solidario y las becas, el hecho de que sean contratados, sobre la base de un subsidio a los empresarios, potencia la posibilidad de que sigan estudiando y no engrosen las filas de quienes presionan el mercado laboral.
Todas estas medidas anunciadas por el Presidente Frei debieran significar entre 100 mil y 125 mil nuevos puestos de trabajo, lo que paliará el aumento de la desocupación que, a fines de septiembre -todos los especialistas coinciden en ello-, puede llegar a 700 mil personas. Si a ello sumamos el hecho de que están dadas todas las señales económicas para que los empresarios salgan de su letargo, vuelvan a invertir y dinamicen la economía y el empleo, y si consideramos el aumento de las inversiones extranjeras, podemos tener confianza, como lo han señalado el presidente de Asimet , don Hermann von Mühlenbrock , y el presidente de la Cámara de Comercio, don Mario Agliati , de que la economía comenzará a recuperarse, que habrá en breve plazo expansión en el sector de la construcción y que en octubre tendremos nuevamente una economía en crecimiento y en expansión de empleo.
Sin embargo, reitero que deben adoptarse medidas en favor de la pequeña y mediana minería. El plan de obras municipales para garantizar el empleo se podrá realizar mediante la acción de las municipalidades, para lo cual habrá que adoptar medidas a fin de que ni un solo peso quede entrabado en la burocracia, en el trámite de cómo aplicarlo. Pero si no se reactiva la economía apoyando a la pequeña y mediana minería, no hay plan que resuelva el problema de la desocupación, pues existen comunas donde el comercio y el conjunto de la actividad económica y social dependen del trabajo y de las inversiones que se realicen en dicho sector.
Hago un llamado al Gobierno para que los dos puntos que hemos planteado los diputados que representamos zonas mineras -vale decir, financiamiento para los proyectos ya aprobados, integrales, asignados por la Enami, y rebaja de maquila por ésta-, puedan ser considerados en un plan especial, para acudir en ayuda de la pequeña y mediana minería.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
FISCALIZACIÓN DE NORMATIVA LABORAL Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , en virtud del artículo 9º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, solicito que se oficie al ministro del Trabajo , con el objeto de que nos pormenorice las fiscalizaciones efectuadas desde el inicio de las obras en el Alto Biobío por Endesa, en especial por las empresas subcontratistas, entre ellas Besalco .
Deseo saber si ha fiscalizado el cumplimiento de las relaciones contractuales con los trabajadores, de manera muy especial de las medidas de seguridad. Que informe, desde el inicio de las obras para construir la central hidroeléctrica Ralco , cuál es el número de trabajadores accidentados, el número, tipo y oportunidad de las fiscalizaciones realizadas por esa Dirección y si se ha reportado la muerte de algún trabajador; las investigaciones efectuadas sobre el particular, es decir, todos los antecedentes que ameriten una clara investigación sobre la ocurrencia de hechos de desgracia, como son los accidentes en el ámbito del trabajo.
Además, pido que se oficie a la Conama, con el objeto de que nos envíe copia del estudio de impacto ambiental y de la última autorización otorgada para el desarrollo de los trabajos en el Alto Biobío; que informe si ha habido presentaciones adicionales por parte de la empresa y si efectivamente la Corema ha realizado visitas a terreno para constatar que la autorización otorgada se está respetando y que los elementos contenidos en ella son los que Endesa y los subcontratistas están desarrollando en el Alto Biobío.
Por otra parte, solicito que se oficie a la Corfo, a fin de que la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbío , envíe copia de los estudios que posee sobre las aguas del río Biobío, en especial los relacionados con la presencia de elementos genotóxicos, producto del vertimiento de los residuos industriales de las tres plantas de celulosas en dicho río. Se trata de un oficio reiterativo del primero.
Estudios de los más prestigiados académicos de la Universidad de Concepción señalan claramente el impacto en el río Biobío, que alimenta la planta La Mochita, que abastece de agua potable a Concepción y Talcahuano, provocado por la presencia de residuos que han alterado los cromosomas de los peces de ese río. De ello hay pruebas irrefutables, y nadie discute el efecto genotóxico en los cromosomas de los peces. Lo que deseamos saber es si ha existido preocupación al respecto tanto de la Essbío como del Ministerio de Salud.
Solicito se oficie también al Ministerio de Salud para que nos informe si ha realizado estudios genotóxicos o si tiene conocimiento de los efectuados por la Universidad de Concepción sobre las aguas del río Biobío y su potencial efecto sobre el agua potable de las dos comunas mencionadas. Además, que tome las medidas pertinentes para cumplir los compromisos contraídos en cuanto a realizar monitoreos respecto de la presencia de dioxina en aquellas zonas, regiones o áreas donde hay focos de producción de la misma, sobre todo en las plantas de celulosa de la región del Biobío, en las cuales se usan elementos organoclorados, como el pentaclorofenato. El propio Servicio de Salud ha establecido la presencia de dioxina en múltiples áreas donde han sido botados los desechos de madera de las empresas forestales, tratados con pentaclorofenato, los que, además, han contaminado las napas subterráneas donde han sido depositados.
Existe el compromiso del Ministro de Salud de realizar monitoreos que detecten la presencia de dioxinas. Solicito que sean efectuados a la brevedad, en el Instituto de Salud Pública o por terceros, sean laboratorios chilenos o extranjeros, que permitan establecer si en la Octava Región, en las áreas señaladas, hay presencia de dioxinas.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INCUMPLIMIENTO DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, RESPECTO DE DETERMINADOS FUNCIONARIOS, EN MATERIA DE REMUNERACIONES. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente , el capítulo III, sobre los derechos y deberes constitucionales, artículo 19, Nº 2, de la Carta Fundamental, preceptúa: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
No obstante, muchas veces esta disposición no se cumple por distintas razones y, en virtud de diversas interpretaciones, en algunas oportunidades es bien discutible.
Señalaré solamente tres casos.
Primero, el 8 de octubre de 1997, la honorable Cámara aprobó el siguiente proyecto de acuerdo:
“Solicitar al Presidente de la República que modifique el decreto ley Nº 479, de 1974, en su artículo 3º, en el sentido de incluir en la asignación profesional ahí contemplada, a los funcionarios de la planta técnica y de contadores del Servicio Agrícola y Ganadero, de planta y a contrata, cuyo título profesional no tenga carácter universitario”.
Ese acuerdo se tomó después de un severo análisis, de una serie de considerandos explicativos de la situación. Quedó meridianamente claro que hay discriminación en el Servicio Agrícola y Ganadero, toda vez que funcionarios que desempeñan similares tareas tienen marcadas diferencias en sus remuneraciones.
Pues bien, han transcurrido 18 meses y todo sigue igual. Acompaño copia del proyecto de acuerdo mencionado, así como oficio del 11 de agosto de 1997, del entonces senador señor Anselmo Sule al ministro Secretario General de la Presidencia .
Segundo, en el Instituto de Normalización Previsional, INP, hay 32 casos de funcionarios a quienes se les motivó a perfeccionarse para acceder a la asignación profesional y que, una vez titulados, no lograron sus propósitos en virtud de un dictamen de la Contraloría General de la República. Transcribo parte de una carta de una funcionaria, que ilustra el problema que denuncio. Dice esta funcionaria:
“1.- En 1995, comencé a estudiar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, atendiendo los reiterados llamados a la capacitación y profesionalización realizada por su Excelencia el Presidente de la República , con el pleno convencimiento de que es el camino más adecuado para contribuir a la modernización de la Administración Pública y mi superación personal.
“2.- La carrera que elegí, dadas mis labores, que están vinculadas directamente con la problemática social, es Administración de Programas Sociales, que tiene una duración de cinco semestres más un semestre de tesis profesional, la cual concluía en enero de 1998, fecha en la cual se encontraba vigente el dictamen Nº 2.923, de 25 de julio de 1996, de la Contraloría General de la República, Dirección Regional del Biobío.
“3.- Conforme a la invitación de su Excelencia expuesta en el punto Nº 1, mis expectativas eran crecer como persona y desarrollarme profesionalmente en la institución pública en la cual me desempeño hace casi veinte años, y finalmente lograr un mejoramiento en mis posibilidades económicas.
“4.- Con fecha 24 de febrero de 1998, mediante el dictamen Nº 6.956, la Contraloría dejó sin efecto el dictamen favorable de julio de 1996, privándome de poder percibir el pago de asignación profesional, medida que considero totalmente arbitraria, debido a que mis estudios y titulación correspondientes se realizaron con fecha anterior y sujetos al dictamen favorable ya señalado.
“No comprendo cómo un organismo estatal en el que debemos confiar pueda primero avalar con un dictamen determinada carrera universitaria y luego, cuando he terminado mis estudios, cambiar su criterio. Lo considero poco serio y falto de respeto”.
Señor Presidente , como el tiempo concedido es muy limitado, solicito insertar el resto de mi intervención en la versión de esta sesión.
Con relación al primer caso expuesto, estimo que sería conveniente, si no se hace, contar con un seguimiento a los proyectos de acuerdo.
Además, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados en la intervención de su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Velasco , Ascencio , Lorenzini y de quien habla.
-El texto por insertar es el siguiente:
El señor MESÍAS.-
“Siguen otras consideraciones que refuerzan el planteamiento, pero que, en homenaje a la brevedad y debido al escaso tiempo de que dispongo, solamente me limitaré a adjuntar a la presente intervención.
“Tercero: La aprobación por parte de la honorable Cámara de Diputados del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297, que estableció los escalafones para las plantas de personal del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca Nacional, establece una asignación de título para, entre otros, los funcionarios que tengan título profesional universitario, de carrera con a lo menos diez semestres de duración, que se requiera para ocupar el cargo que sirvan en su respectivo escalafón.
“El Estatuto del personal de la Cámara de Diputados, en su artículo 3º transitorio, dispone que para estos efectos, se entenderá que cumplen las exigencias curriculares las personas que estén en posesión de título profesional otorgado por un instituto profesional o por una universidad que tengan características similares a los títulos que en la actualidad entregan las universidades en carreras de diez semestres de duración. Sin embargo, la frase más arriba indicada: “que se requiera para ocupar el cargo que sirvan en su respectivo escalafón”, ha determinado una evidente discriminación respecto de cinco funcionarios de esta Cámara: dos profesoras, una bibliotecaria y dos abogados, a quienes se les ha negado la asignación de título porque ejercen cargos para los cuales no se exige el correspondiente título profesional.
“En el momento de la dictación de la norma se desconoció el hecho de que en la Cámara hay diversidad de funcionarios en posesión de diversos títulos profesionales; tampoco se consideró que en muchos organismos del Estado la asignación de título se paga a quien tenga un título profesional sin importar si ese título es un requisito para ocupar el cargo que sirve.
“En consecuencia, señor Presidente , honorables colegas, solicito el envío de los oficios que a continuación indico, en cada uno de los casos expuestos:
“Caso primero, al señor ministro secretario general de la Presidencia , a fin de que informe en qué estado está la petición de esta Cámara, hecha mediante proyecto de acuerdo Nº 569, de 8 de octubre de 1997, y cuya materia fuera solicitada con anterioridad por el entonces senador don Anselmo Sule , en oficio dirigido al entonces ministros, señor Juan Villarzú .
“Segundo caso, al ministro secretario general de la Presidencia y al Contralor General de la República , para que en conjunto estudien como solución al problema expuesto, la dictación de una norma que determine una fecha límite que permita a quienes se han profesionalizado con tanto esfuerzo, puedan acceder a la asignación profesional a la cual tenían derecho cuando iniciaron sus estudios.
“Tercer caso, oficio a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de nuestra honorable Corporación, a fin de que considere la posibilidad de modificar el acuerdo complementario de la ley Nº 19.297, dejándolo con la siguiente redacción:
“Artículo 3º
“2.- Asignación de título:
Procederá respecto de los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados y del director de la Biblioteca del Congreso Nacional , así como de los funcionarios que tengan el título profesional universitario, de carreras con a lo menos diez semestres de duración. Será de un 45% del sueldo base mensual para los funcionarios ubicados en las categorías A a H, y de un 20% del referido sueldo base, para los que pertenezcan a otras categorías”.
“Finalmente, en relación al primer caso expuesto, estimo que sería muy conveniente -si es que no se hace- contar con un seguimiento a los proyectos de acuerdo que se aprueban en Sala, a fin de determinar si todos ellos han tenido la respuesta esperada. No quiero pensar que otros han corrido la suerte del que me ha ocupado.
He dicho”.
COMISARÍAS PARA COMUNAS DE CHIGUAYANTE Y SAN PEDRO DE LA PAZ, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el deber de los 120 diputados es, en primer lugar, abocarnos a nuestra tarea legislativa, y, en forma más focalizada, tener presente la representación de nuestras respectivas comunas.
¿Por qué comienzo así mi intervención? En los próximos días se cumplirán tres años de la creación de las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz; pero nos hemos encontrado con una sorpresa muy especial: los ministerios de Justicia y de Salud y el Banco del Estado han accedido a nuestras solicitudes de que esas comunas cumplan el requisito fundamental de estar completamente equipadas para crear las condiciones a fin de mejorar efectivamente el nivel y la calidad de vida de sus habitantes.
Por tercer año consecutivo he solicitado que las subcomisarías de Chiguayante y de San Pedro de la Paz sean ascendidas a comisarías. Hace tres días, recibí un oficio del señor subsecretario de Carabineros , don Luciano Fouillioux , en nombre del Ministerio de Defensa, por el cual contesta a mi intervención del 14 de abril de este año. Señala que, efectuado el análisis correspondiente, se ha podido determinar que no es factible ni oportuno desarrollar acciones orientadas a cristalizar lo solicitado por quien habla. Da como justificación el hecho de que en dichas subcomisarías no se ha registrado aumento delincuencial que pueda catalogarse como preocupante. En consecuencia, ambas reparticiones policiales dispondrían de los medios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de entregar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía.
Aquí hay algo extraño. Como todas las semanas me corresponde estar en Chiguayante, en San Pedro de la Paz -y también en mi ciudad de Concepción-, lo único que escucho es que falta personal de Carabineros para cumplir algo tan fundamental como es la seguridad de las personas.
Por lo tanto, solicito reiterar mi oficio al nuevo Ministro de Defensa , don Edmundo Pérez Yoma , y al Ministro de Hacienda -en septiembre ingresa el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación-, de contemplar, dentro del presupuesto de Carabineros para el 2000, el ascenso a comisaría de las subcomisarías de Chiguayante y San Pedro de la Paz.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA “MADRE PAULINA”, DE CHIGUAYANTE, OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , voy a solicitar el envío de un segundo oficio.
Me alegró mucho que uno de los anuncios del Presidente de la República haya sido aumentar la infraestructura escolar.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Educación para que se acepte la parte de infraestructura considerada en el proyecto de construcción de la escuela “Madre Paulina”, en Chiguayante, cuyas obras están comenzando con un aporte de la comunidad alemana.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ascencio , Velasco , Mulet , Lorenzini y Mesías.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR CONSECUENCIAS DE TEMPORALES EN REGIONES DÉCIMA Y UNDÉCIMA. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , voy a referirme a la grave situación que enfrenta mi distrito por razones climáticas.
Está en conocimiento de todos los efectos del temporal que ha afectado a las regiones Décima y Undécima. Ha habido casas destruidas, caminos cortados, suministro de agua interrumpido, electricidad y teléfono cortados, y una cantidad impresionante de daños materiales, que las autoridades deben resolver en forma urgente. Uno de los hechos más graves fue el hundimiento de una lancha al sur de Quellón, que causó la muerte de varios pescadores, lo que ha dejado al descubierto la gran inseguridad en que viven los pescadores artesanales de todo Chile, especialmente los de mi zona. Por eso necesitan que nosotros, las autoridades, tengamos la imaginación suficiente como para resolver los problemas gravísimos que se generan cuando se producen estas desgracias.
En ese sentido, anuncio que en los próximos días, junto con el diputado señor Sergio Velasco y seguramente con el diputado señor José Miguel Ortiz ,...
El señor ORTIZ.- Con el mayor gusto.
El señor ASCENCIO.-
...vamos a presentar un proyecto de ley destinado a resolver algunas de las consecuencias gravísimas que se producen con ocasión de estas desgracias que afectan a los pescadores artesanales.
Por eso, en esta oportunidad, deseo oficiar al ministro del Interior , al intendente de la Región de los Lagos y al director de la Oficina Nacional de Emergencia , para que destinen cuanto antes los recursos necesarios para solucionar los graves problemas que están soportando estos pobladores, especialmente los de Chaitén, comuna capital de la provincia de Palena, ubicada tan lejos de Santiago y de Valparaíso. El gobernador me señala que los medios comunales y provinciales ya fueron sobrepasados, que la magnitud de los daños supera todo lo evaluado en una primera instancia, que hay numerosas casas sin techo y con sus paredes destruidas, varias sin posibilidad de recuperación. De ahí que se requiera en forma urgente materiales de construcción para superar esta emergencia.
Por su parte, las autoridades ya han puesto el acento en un hecho gravísimo. El gobernador de la provincia me ha señalado que la mayoría de las viviendas construidas por el Serviu y que fueron entregadas en 1992, presenta graves daños estructurales, incluso, algunas deberán ser demolidas, porque sus bases, podridas, no resisten ninguna reparación.
Por lo tanto, los oficios que he solicitado deben expresar el deseo de entregar a la gobernación de Palena, en forma urgente, zinc para techos, zinc para tingles, clavos, forros, tablas de piso, puertas, colchones, frazadas, canastas de alimentos y los recursos necesarios para contratar la mano de obra destinada a resolver estos problemas.
Pido también que se oficie al ministro de Vivienda , con el objeto de que disponga que las autoridades regionales del Serviu vayan a Chaitén a ver la situación que afecta a la población construida por ellos, y tomen las medidas administrativas y legales que correspondan en contra de la empresa constructora, en caso de existir todavía esa posibilidad, porque lo que allí ha ocurrido merece el calificativo de extraordinariamente grave.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Lorenzini , Ortiz , Velasco , Mulet y de quien habla.
EXPROPIACIÓN DE EDIFICIO DE COLEGIO “EDUARDO MARTÍN ABEJÓN”, DE CONSTITUCIÓN. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Pablo Lorenzini hasta por cuatro minutos.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , hay que ser justos en la vida. Hace algún tiempo, protesté muchas veces en esta misma Sala por la no ejecución de una magna obra, la que se venía postergando desde hacía años, en la comuna de Constitución: un puente sobre el río Maule.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de mostrar a la comunidad la maqueta de este puente. El Ministro señor Tohá ha dado las instrucciones para que se licite en estos días. Estamos hablando de una obra de más de 12 mil millones de pesos, que en los próximos dos años permitirá un desarrollo importante desde el punto de vista forestal-maderero, la continuidad de la ruta costera entre Santiago y Concepción y contribuirá a disminuir el desempleo que actualmente azota a esta comuna. Son más de mil metros de puente, con todas sus calles y enlaces aledaños.
Estamos cumpliendo. Gracias, señor Ministro ; gracias, señor Presidente de la República . Sin embargo, este puente, que se denominará Nueva Bilbao de Gardoquí, nombre con el que se fundara Constitución, en 1794, conlleva algunos problemas, como toda obra que significa progreso. Como son solucionables, hay que plantearlos de inmediato. Desafortunadamente, al pie de algunos de los pilares de este puente se encuentra el colegio “ Eduardo Martín Abejón ”, que atiende más de 550 niños, y que ha sido expropiado para la ejecución de las obras.
El problema radica en que nos vamos a quedar sin este colegio en una zona con más de 4 mil habitantes, porque los valores de expropiación que se pretenden pagar son de 4 mil pesos el metro cuadrado, en un área donde no tenemos terrenos disponibles y los valores más bajos de éstos son seis o siete veces superiores al de la expropiación.
Hemos conversado con el sostenedor del colegio, con el centro de alumnos, con representantes de los apoderados, con don Arnoldo Meza, quien representa a siete u ocho juntas de vecinos, y nadie se opone al progreso; todos recibimos con mucha felicidad este puente, que va a significar un cambio para esta comuna. Sin embargo, los valores que se han ofrecido tanto por el terreno como por la construcción misma, que alcan-
za a los 800 metros cuadrados, ascienden sólo a un monto superior a los 100 millones de pesos, suma que no alcanza para implementar a la brevedad un colegio que reemplace al actual.
En estas circunstancias, solicitamos a los ministros de Obras Públicas y de Educación que recaben todos los antecedentes para lograr dar una solución a este problema. No hay una oposición al progreso -necesitamos el puente y es bienvenido, ya que está involucrado el cumplimiento de una promesa en su construcción-, pero también debemos resolver estos otros temas. Esta obra ha provocado un grave problema a una gran población aledaña, que cuenta con muchos alumnos. La solución es simple, ya que pasa por colocar valores adecuados a las expropiaciones, lo que nos permitirá tener un colegio alternativo en las cercanías en seis o doce meses. El sostenedor y los alumnos están dispuestos a ello, por lo que, con los antecedentes solicitados, podemos tener una respuesta en conversaciones con ambos ministros. Ojalá informen lo solicitado por la Cámara, para poder iniciar ambas obras.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco , Mulet y de quien habla.
MALTRATO A MINUSVÁLIDOS Y MENORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Velasco hasta por tres minutos.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , seré telegráfico.
En nuestro país ocurren hechos increíbles, por decir lo menos, en la enseñanza básica, media y superior.
¿Qué pasa con los derechos del niño? “Estudiante inválido presentó recurso por discriminación en contra de la Universidad de Viña del Mar. Germán Zúñiga , que quedó inválido tras un accidente automovilístico, denuncia que el centro universitario le impide retomar sus estudios de arquitectura”.
Otro hecho similar con un minusválido, Alfredo Ureta , quien fue dejado en la calle, en una silla, tras terminar las clases en el colegio Instituto Tabancura, que dirige su sostenedora doña Alejandra Guerrero . Este niño, de una inteligencia realmente admirable, pero con un severo daño que le impide su movilidad corporal, estuvo durante cuatro horas frente a su colegio, desgraciadamente abandonado por la institución.
No obstante lo anterior, siguen ocurriendo hechos más increíbles todavía, como la detención por Carabineros de Chile e interrogatorio de un menor de 8 años, debido a una acusación de la directora del establecimiento por un supuesto robo.
Señor Presidente , en este caso quiero ser absolutamente enfático. Tanto el diputado señor Edgardo Riveros como quien habla creemos que esta situación es rayana en lo increíble, ya que no es posible que en algunos establecimientos educacionales, a lo largo y ancho del país, no se respete a los niños, y que incluso a uno de ocho años se le mande detenido a la Comisaría de Paine.
Hemos tenido información de que el alcalde ya tomó medidas respecto de la directora de ese colegio; pero resulta grave que se intente tapar o bajar el perfil de esta situación.
Existen claras disposiciones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para construir edificios que brinden todo tipo de facilidades a los niños minusválidos. Sin embargo, muchos establecimientos educacionales municipales, particulares y subvencionados, no tienen ni siquiera servicios higiénicos donde los niños puedan hacer sus necesidades, como corresponde, y lo que es peor, en muchos colegios los compañeros se burlan de la situación de los niños minusválidos.
Por eso, airado y molesto, levanto mi voz por las condiciones en que estos niños están viviendo en los establecimientos educacionales. Más aún, cuando el Ministerio de Educación ha querido reinsertarlos en la educación formal y normal.
Pido que se envíe oficio al ministro de Educación , con la finalidad de que se haga una exhaustiva investigación, particularmente en la División Superior de Educación por el caso del niño Germán Zúñiga , como asimismo, en el del joven minusválido Alfredo Ureta , para saber en qué condiciones están hoy.
Además, solicito otro oficio al general director de Carabineros para que informe si acaso existía alguna normativa que justificara la detención de niños en el colegio de Paine, lo que me parece algo realmente increíble.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Mulet y del diputado que preside.
PRECISIONES SOBRE RESPONSABILIDADES DE LOS PODERES COLEGISLADORES EN EL DESPACHO DE LAS MATERIAS LEGISLATIVAS. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , al inicio de la Hora de Incidentes y criticando las medidas anunciadas por el Presidente de la República , el diputado señor José Antonio Galilea señaló que el manejo de las urgencias o la velocidad de la tramitación de iniciativas legales, que son exclusivas del Presidente de la República , estaban en manos del Ejecutivo. Ponía como ejemplo el proyecto sobre el sistema de protección al trabajador cesante, Protrac, que está en el Senado. De manera que rechazaba las afirmaciones del Jefe de Estado , en orden a hacer un llamado al Parlamento y, específicamente, a la Derecha, para apoyar y aprobar ese proyecto tan importante, que de haber estado vigente, indudablemente, habría protegido a los trabajadores que han quedado cesantes con motivo de la crisis.
Quiero recordar al diputado señor José Antonio Galilea que no sólo basta el manejo de las urgencias para asegurar la aprobación de un proyecto de ley en cualquier materia. Recuerdo que, hace más de dos meses, el diputado señor Seguel hizo presente que en la Comisión de Trabajo del Senado había una serie de proyectos en materias de orden laboral que no habían sido puestos en tabla, entre otros, el de negociación colectiva, el de sindicalización, el de abolición del trabajo de menores de edad, el de flexibilización del derecho a amamantar, el de las salas cunas, etcétera.
El llamado que hacen el Presidente de la República y la Concertación a los partidos de Derecha apunta precisamente a que tengan la voluntad de avanzar en materia de legislación laboral y, en especial, en este momento, de avanzar y aprobar el proyecto de protección al trabajador cesante, en los términos que señala el Presidente .
Además, en mi calidad de diputado de la Democracia Cristiana y en esta Cámara, donde nos caracterizamos -y muchas veces con razón- por establecer nuestras críticas hacia determinadas actuaciones del Ejecutivo, lo que es parte de nuestro rol fiscalizador, pido que se envíe un oficio de felicitación al Presidente de la República , por las medidas que anunció ayer al país, que, sin lugar a dudas, son aceptadas en su mayor parte por todos los sectores de nuestra economía, y por haber dado caminos correctos en esta materia, que han sido solicitados en reiteradas oportunidades por los parlamentarios de la Concertación.
Como todo el mundo, esperamos que tengan el efecto propuesto.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado que preside.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.47 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de junio de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención sobre Protección del Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional”, adoptada en la Decimoséptima sesión de la conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en 1993.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 663, de 1 de junio de 1995.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de junio de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos” y su anexo, suscrito en Ciudad de México, el 14 de enero de 1997.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2289, de 6 de abril de 1999.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de junio de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, sus anexos y apéndices, suscrito en Santiago, el 17 de abril de 1998.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto ha sido aprobado, en la votación general y en la particular, con el voto favorable de 27 señores senadores de 45 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política del Estado.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 2291, de 6 de abril de 1999.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de junio de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales, en materias relativas al delito de violación.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2349, de 11 de mayo del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de junio de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa honorable Cámara a algunas de las modificaciones propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en la forma que indica, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los honorables senadores miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2384, de 15 de junio de 1999.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 8 de junio de 1999.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que en sesión de 2 de junio en curso, el Senado ha rechazado la proposición de esa honorable Cámara en orden a disponer el archivo de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, respecto a las normas aplicables a la extinción de la personalidad jurídica de las Corporaciones y Fundaciones de Derecho Privado, sin fines de lucro. (Boletín Nº 473-07);
2) El que crea el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica. (Boletín Nº 861-07);
3) El que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Boletín Nº 946,07);
4) El que introduce modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, estableciendo la obligación de hacer públicos los informes y actas de las visitas ordinarias que, en el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, efectúen los ministros visitadores a los tribunales de su jurisdicción, a los oficios de los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, y a los recintos carcelarios. (Boletín Nº 1555-07), y
5) El que modifica normas procesales del Código del Trabajo. (Boletín Nº 1211-07).
Asimismo, el Senado acordó hacer presente a vuestra Excelencia que, tratándose en la especie de proyectos que ya fueron aprobados por esta Corporación, a fin de ceñirse a la preceptiva constitucional sobre formación de la ley, en lugar de poner fin a su tramitación mediante el archivo, corresponde que la honorable Cámara revisora se pronuncie en segundo trámite constitucional respecto de las referidas iniciativas, ya sea aprobándolas o rechazándolas.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a sus oficios Nºs 1.887 y 1.901, de 24 y 25 de marzo de 1998, respectivamente, en los que solicitó el archivo de los proyectos antes indicados, en respuesta a los cuales este honorable Senado, mediante los oficios Nºs 12.415 y 12.416, ambos de 16 de junio del año recién pasado, comunicó su acuerdo de dejar pendiente la resolución de la proposición de archivo de las iniciativas de ley precedentemente individualizadas.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; FERNANDO SOFFIA CONTRERAS , Secretario (S) del Senado”.
7. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica el régimen tributario que afecta la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales. (boletín Nº 2341-05)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Claudio Hohmann , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ; Demetrio Infante , Subsecretario (s) de Relaciones Exteriores; Javier Etcheberry y Michael Jorrat , Director Nacional y Jefe de Estudios del Servicio de Impuestos Internos , respectivamente.
Concurrieron especialmente invitados los señores Milton Bertín , Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito; Iván Silva , Presidente de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.; Jesús Martín y Álvaro Mujica , Gerente General y Director, respectivamente, de la referida Asociación; Manuel Cárdenas , Presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos de Carrera , y Rodrigo Gaete y Jorge Beals , Directores de dicha Asociación.
I. IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
La iniciativa tiene como ideas fundamentales racionalizar el régimen tributario que afecta la importación de automóviles que ingresan al país acogidos a franquicias especiales; aumentar la cuota de instalación del personal diplomático acreditado ante el Gobierno de Chile y de la asignación por cambio de residencia del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile; modificar la aplicación del “impuesto al lujo” que establece el artículo 46 del decreto ley Nº 825, de 1974, y otorgar facultades al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para dictar nuevas normas de seguridad para los automóviles.
Entre los antecedentes que el Supremo Gobierno tuvo en consideración para presentar esta iniciativa destaca la necesidad de revisar y eliminar algunos impuestos que afectan la importación de automóviles, por estimarlos injustificados y por generar distorsiones en las decisiones de los agentes económicos.
La exención de los derechos aduaneros y del IVA, en la internación de vehículos con franquicias y la exención del llamado “impuesto al lujo” en la importación de vehículos efectuada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de los Organismos Internacionales a los cuales adhiere el Gobierno (partida 00.04 del Arancel Aduanero) y de aquéllos regidos por la partida 00.05, ha posibilitado la formación de un “mercado secundario” de venta de vehículos de alto valor ( Mercedes Benz , BMW, Alfa Romeo , etcétera), que produce una importante merma en la recaudación y que genera, como consecuencia, la pérdida de la progresividad que se busca mediante el “impuesto al lujo”. En efecto, se ha podido demostrar que la tributación sobre los vehículos es progresiva hasta un cierto valor CIF, sobre el cual resulta económicamente conveniente la compra de “cupos”, con lo que ésta se vuelve regresiva.
Por otra parte, los problemas de congestión vehicular y contaminación ambiental, así como, la necesidad de conservar la progresividad del sistema tributario, aconsejarían mantener el “impuesto al lujo” en un nivel razonable. Por ello, se propone en el proyecto mantener la tasa del “impuesto al lujo” en 85% y elevar el tope de la base imponible exenta de US$ 10.004 a US $15.000, para liberar a los vehículos de valor intermedio de las restricciones que impiden incorporarles elementos de seguridad adecuados.
II. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
La iniciativa consta de siete artículos permanentes y dos artículos transitorios, en los que se plantean los objetivos siguientes:
1) La eliminación de franquicias que afectan la internación de vehículos motorizados y de embarcaciones deportivas por las personas que señala (partidas 00.04 y 00.05 del Arancel Aduanero y notas legales).
Por otra parte, para el pago de los derechos referidos en la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0 del Arancel Aduanero, se establece la forma de cálculo considerando como base imponible el valor aduanero del vehículo, determinado por el Servicio Nacional de Aduanas, menos una cuota por depreciación, correspondiente al 10% del valor aduanero, por cada año de uso (Nº 2 del artículo 1º).
La supresión de la franquicia a la internación de vehículos comprende la realizada por el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional y funcionarios de Gobierno y funcionarios de organismos internacionales a los cuales adhiere el Gobierno de Chile, que hayan prestado servicios en el exterior, que les permite importar a su regreso un vehículo libre de todo impuesto, por un valor de hasta US$ 30.000, excluyendo opcionales y accesorios (Nº 4 del artículo 1º).
2) El aumento en las cuotas de instalación de personal diplomático acreditado ante el Gobierno de Chile, como los Jefes de Misión y sus Consejeros, Secretarios, Agregados Militares, Navales, Aeronáuticos y Comerciales y Consulares de Profesión (Nº 6 del artículo 1º).
3) El aumento de la asignación por cambio de residencia del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores que regresa al país por el término de su destinación en el extranjero, conforme a los gastos que ello implica (artículo 2º).
4) El aumento de la asignación por cambio de residencia del personal de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, incrementado en un monto equivalente al 50% del sueldo base anual del grado correspondiente ( letra a) del artículo 3º).
5) La modificación de la franquicia que afecta la internación de vehículos por residentes de zonas francas (artículo 4º). De manera que al momento de la desafectación del vehículo, se deben pagar los derechos aduaneros que indica. Del mismo modo, esta desafectación quedará gravada con el Impuesto al Valor Agregado.
6) La elevación del tope de la base imponible exenta de “impuesto al lujo” desde la cantidad de US$ 10.004,73 a US$ 15.000. (letra e) del artículo 5).
7) Se faculta, además, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para establecer, mediante decreto supremo, un conjunto de elementos de seguridad de uso obligatorios en los vehículos que se importen a contar de una determinada fecha (artículo 6º).
III. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.
1. Las Partidas 00.04 y 00.05 de la Sección 0 del Arancel Aduanero y las Notas Legales Nacional Nº 1 y Nº 3, que establecen franquicias para la internación de vehículos.
2. El D.F.L. Nº 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el artículo 40º establece la asignación por cambio de residencia para los funcionarios diplomáticos.
3. El D.F.L. Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Guerra), que establece en el artículo 200 letra a), la asignación por cambio de residencia para el personal que señala.
4. La ley Nº 13.039, que creó la Junta de Adelanto de Arica y beneficia a los residentes de zonas con tratamiento aduanero especial, que en su artículo 35 permite la internación de mercancías exentas de derechos de aduanas.
5. El decreto ley Nº 825, de 1974, sobre el Impuesto al Valor Agregado.
6. El decreto Nº 577, de 1984, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el artículo 9º regula el otorgamiento de placas especiales para los vehículos liberados del pago de derechos.
IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de abril de 1999, estimó que el proyecto significará un mayor costo fiscal anual de $ 7.889 millones que se descompone según el siguiente detalle:
Millones $
1.- Mayor recaudación por la eliminación de franquicias sobre internación de vehículos. Partida 00.04 4.361
2.- Mayor recaudación por aplicación de impuestos a la venta de vehículos internados con Partida 00 735
3.- Mayor recaudación por aplicación de IVA a la venta de vehículos internados con franquicias (zona franca) 980
Total 6.076
Millones $
4.- Menor recaudación por elevación de base exenta de “impuesto al lujo” a US$ 15.000 12.887
5.- Aplicación de la asignación por cambio de residencia del personal de las FF.AA. y del Servicio Exterior 1.029
Total 13.916
V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
El análisis en general del proyecto, se inició con las exposiciones de los señores Javier Etcheberry , Claudio Hohmann y Demetrio Infante , en representación del Ejecutivo.
En primer lugar, se reiteraron los fundamentos de la iniciativa en orden a racionalizar el régimen de franquicias aplicable a la internación de vehículos libres de impuestos, eliminando las contempladas en la Partida Arancelaria 00.04 y en el artículo 200 letra g), del D.F.L. Nº 1 y elevando la asignación por cambio de residencia del personal de las FF.AA. y del Servicio Exterior, junto con elevar la base exenta del “impuesto al lujo” a US$ 15.000.
Se entregaron, asimismo, diferentes datos y antecedentes que contribuyen a formar opinión favorable respecto a la normativa propuesta, entre los que cabe señalar que:
-Sólo el 1% de los vehículos pagan “impuesto al lujo” al año en relación al parque automotor (1996);
-Más del 80% de los vehículos que ingresan anualmente al país tienen un valor CIF inferior a US$ 8 mil, por lo que no se verán afectados por el proyecto;
-El precio de los implementos de seguridad de los vehículos que se considera en relación con el artículo 6º del proyecto oscila alrededor de los US$ 1.800.
-La evolución del precio de mercado de los cupos de internación para los vehículos internados sin pagar impuestos en el año 1998, ascendía a 10 mil dólares, aproximadamente, lo que constituye una tendencia descendente respecto a los años anteriores.
En materia de franquicias aduaneras regidas por la Partida Arancelaria 00.05, se sostuvo en la Comisión que resulta imposible su derogación, atendido el principio de la reciprocidad internacional; no obstante, se pretende evitar los abusos observados en su uso, estableciendo la obligatoriedad en el pago de los derechos al momento de la enajenación del vehículo o de su desafectación.
Por su parte, los gastos que origina el traslado de los funcionarios del Servicio Exterior o de otras entidades que prestan servicio en el extranjero, no se encuentran hoy en día adecuadamente cubiertos con la asignación de instalación. De ahí que se incrementen las asignaciones correspondientes.
Con el objeto de precisar los efectos de dicho incremento según los respectivos cargos, tanto en las FF.AA. como en el servicio diplomático, se entregó el siguiente detalle expresado en dólares norteamericanos:
DEFENSA R.R.E.E
Grado Actual Proyecto Grado Actual Proyecto Gasto
Traslado
1 2.473 17.353 1º Embajador 2.264 17.349 22.500
2 2.185 15.295 2º M.Consejero 2.041 16.368 20.500
3 1.955 13.685 3º Consejero 1.926 15.442 19.500
4 1.840 12.880 4º PrimerSecretario 1.674 13.427 18.300
5 1.725 12.075 5º Seg.Secretario 1.329 11.210 17.050
6 1.581 11.069 6º Terc.Secretario 1.055 9.075 16.100
7 1.438 10.063 7º Terc. “ 2º Clase 837 6.726 9.100
22 437 3.059
A propósito de la modificación al “impuesto al lujo” se afirmó que la obsolescencia del impuesto se debe a que los elementos de seguridad que traen los vehículos nuevoshan aumentado en número y valor estos últimos años, lo que, en la práctica, ha significado que para mantener los precios de mercado algunos concesionarios retiran los elementos de seguridad de ellos, afectando su modernidad.
Por otra parte, destacaron la alta tasa de accidentabilidad que afecta al tránsito vehicular en nuestro país, siendo muy pertinente adoptar medidas como la que peropone la iniciativa en informe en relación al “impuesto al lujo”.
Las opiniones entregadas a la Comisión respecto del proyecto en informe por las personas y entidades especialmente invitadas se encuentran en documentos que quedaron a disposición de los señores diputados, sin perjuicio de consignar a continuación algunas de sus ponencias.
El señor Milton Bertín , Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, afirmó que respecto al “impuesto al lujo” y su relación con la seguridad de tránsito, es una regla fundada en la práctica que los autos más caros son más seguros. Sostuvo que técnicamente está demostrado que a medida que los vehículos aumentan de valor mejoran sus niveles de seguridad. No cree prudente elaborar una lista con el equipamiento necesario, pues estos elementos evolucionan con el tiempo. Dijo que el tema del “impuesto al lujo” no constituye una materia de interés sólo para los dueños de vehículos, ya que la mitad de la víctimas de accidentes de tránsito son peatones. Por lo tanto, los beneficios sociales no son sólo para los ocupantes de los vehículos.
El señor Manuel Cárdenas , Presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos de Carrera, señaló estar de acuerdo con el proyecto. Dijo que al regresar a Chile los funcionarios del Servicio Exterior tienen una asignación de instalación que es reducida (ver cuadro en página anterior) y que no refleja la totalidad de los gastos que se efectúan en estos casos. Planteó que si bien este proyecto elimina una franquicia que ha venido a compensar los bajos sueldos de estos funcionarios, incrementar la asignación de instalación en Chile, refleja de mucho mejor forma los costos reales del retorno a nuestro país de ellos. Asimismo, agregó que, comprende la intención del Ejecutivo de eliminar este mercado secundario de venta de vehículos de lujo que se produce con los cupos de vehículos liberados de derecho de internación. Por último, manifestó que, al eliminar la franquicia establecida en la Partida 00.04, sin el debido incremento de la asignación de instalación en Chile, se acentuaría aún más la ya mermada situación económica de los diplomáticos chilenos, lo que, probablemente, se traduciría en el abandono de este Servicio por parte de tales funcionarios.
Consultado acerca de las razones para establecer diferencias en cuanto a la asignación de instalación, según los grados en el escalafón, el señor Cárdenas contestó que la justificación está dada en que la carrera funcionaria está establecida de manera jerárquica y además que, mientras más grado alcanza el funcionario mayores gastos enfrenta en los traslados.
El señor Iván Silva , Presidente de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G., señaló que la Asociación que representa está de acuerdo con este proyecto, ya que siempre han insistido en que este mal llamado “impuesto al lujo” debe ser eliminado. Afirmó que, además, tiene efectos negativos, como incentivar la corrupción; origina el tráfico de cupos; es discriminatorio al gravar sólo a algunos adquirentes; afecta el libre comercio y distorsiona la oferta automotriz.
Comentó que de aprobarse el proyecto como fue presentado por el Ejecutivo en el futuro solicitarán una escala de decrecimiento anual de este impuesto, de manera que disminuya en forma paulatina hasta ser totalmente eliminado. Recordó que este impuesto fue creado en 1976, en una situación distinta a la de hoy, ya que la razón de su creación fue restringir el ingreso al país de vehículos con características suntuarias, en momentos en que se carecía de las divisas necesarias para la adquisición de otros bienes socialmente más prioritarios.
La Comisión compartió en general el criterio de terminar con las franquicias para internar vehículos en los términos propuestos en el proyecto. Sin embargo, mereció observaciones de los señores diputados que la asignación de reinstalación para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera diferencias tan marcadas, según los grados de la escala respectiva; se postuló que la tasa del “impuesto al lujo” debería eliminarse o bajarse a 50%, y acotarse el plazo de seis meses para establecer los elementos de seguridad de los vehículos que se importen.
En relación con la posibilidad de reducir el “impuesto al lujo” de 85% a 50%, se informó a la Comisión que esta medida tendría un costo adicional de $ 3.900 millones.
Sometido a votación en general el proyecto fue aprobado por 8 votos a favor y 1 voto en contra.
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
En relación con este párrafo cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto, se introducen las siguientes modificaciones a la Sección 0 del Arancel Aduanero:
Por el número 1, se elimina en el inciso primero de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0, la frase que excluye del cálculo de la diferencia de derechos que señala el recargo que indica.
Por el número 2, se agregan en la Nota Legal Nacional Nº 3 dos incisos: el primero, consigna la forma de cálculo de dichos derechos y se faculta al Servicio Nacional de Aduanas para girar los derechos a la persona beneficiaria de la franquicia. En el segundo, se establece que los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto a los derechos en referencia, sin que se les acredite previamente el pago de dichos gravámenes, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos afectos a los derechos, si no constare en el título respectivo, el hecho de haberse pagado tales derechos.
Por el número 3, se elimina el inciso tercero de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0 que contiene reducciones a los derechos de internación.
Por el número 4, se reemplaza la glosa de la Partida 00.04, Sección 0, que incluye un vehículo terrestre y una embarcación deportiva, entre otros, por la siguiente: “Efectos personales, menaje de casa, equipos y herramientas de trabajo, de funcionarios o empleados chilenos, que presten sus servicios en el exterior.”.
Por el número 5, se elimina el inciso segundo del Nº 5 de la Nota Legal Nacional Nº 1 de la Partida 00.04 de la Sección 0, sobre el requisito de procedencia de los vehículos que no es exigible.
Por el número 6, se reemplaza en la glosa de la Partida 00.05 las expresiones “sesenta mil” y “treinta y ocho mil” por las expresiones “Ciento veinte mil” y “ochenta mil”, respectivamente, en relación con las cuotas permitidas de internación libre de impuestos.
Puesto en votación el artículo 1º fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º, se reemplaza el artículo 40 del D.F.L. Nº 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la asignación por cambio de residencia en favor de los funcionarios de Primera a Séptima Categoría de la Planta “A”, presupuesto en moneda extranjera, que regresen al país por término de su destinación en el extranjero. El monto será equivalente al señalado en la siguiente tabla, expresada en U.T.M.:
GRADO ASIGNACIÓN DE INSTALACIÓN
Primera Categoría Exterior 325
Segunda Categoría Exterior 307
^@#@^Tercera Categoría Exterior 289
Cuarta Categoría Exterior 252
Quinta Categoría Exterior 210
Sexta Categoría Exterior 170
Séptima Categoría Exterior 126
Por el inciso segundo, se dispone que no tendrán derecho a esta asignación los funcionarios que soliciten su adscripción al país por motivos particulares.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 3º, se introducen diversas modificaciones al artículo 200 del D.F.L. Nº 1, de 1997.
Por la letra a), se agrega un inciso tercero a la letra a) de dicho artículo, sobre la asignación por cambio de residencia del personal que señala, incrementando la asignación referida en un monto equivalente al 50% del sueldo base anual en dólares que corresponda.
Por la letra b), se suprime en el primer párrafo de la letra g), relativo al derecho para internar al país libre de impuetos los bienes que indica, por el personal que señala, la expresión “una embarcación deportiva y un vehículo terrestre”.
Puesto en votación el artículo 3º fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 4º, se modifica el inciso duodécimo del artículo 35 de la ley Nº 13.039 que establece las exigencias necesarias para que operen las franquicias aplicables a la internación de los vehículos motorizados que señala, en beneficio de los residentes de zonas que gozan de un tratamiento aduanero especial. En el número 2º de este inciso, se dispone que el vehículo motorizado no podrá ser objeto de negociación de ninguna especie, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la resolución que la conceda, salvo que, previamente, se haya pagado el saldo de los derechos e impuestos vigentes en el resto del país que debieran haberse percibido al momento de la internación del vehículo en la zona liberada, sin las rebajas antes señaladas.
Por la letra a), se reemplaza toda la parte final que empieza con las palabras “salvo que previamente...” por las siguientes frases: “salvo que previamente se haya pagado el saldo de los derechos e impuestos vigentes en el resto del país que deberían haberse percibido al momento de la importación del vehículo en la zona liberada, sin las rebajas establecidas en los incisos precedentes. Esta desafectación quedará gravada con el Impuesto al Valor Agregado contenido en el Título II del decreto ley Nº 825, de 1974.”.
Por la letra b), se agrega un número 3º sobre el cálculo y el giro de dichos derechos e impuestos.
Por la letra c), se agrega un número 4º que obliga a los notarios a autorizar los documentos y las firmas que indica previa constancia del pago de los derechos e impuestos aludidos. Igual constancia se exige para la respectiva inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados .
Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Lorenzini formularon una indicación para eliminar la letra a), la cual fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa del Presidente de la República , ya que dice relación con el financiamiento del proyecto.
Puesto en votación el artículo 4º fue rechazado por 5 votos a favor y 7 votos en contra.
En el artículo 5º, se introducen diversas modificaciones en el decreto ley Nº 825, de 1974.
Por la letra a), se agregan dos incisos a la letra a) del artículo 8º que considera ventas y servicios para los efectos del Impuesto al Valor Agregado a las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales.
Por el primero, se considera venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general.
Por el segundo, se establece que los Notarios no podrán autorizar ningún documento, ni las firmas puestas en éstos, tratándose de un contrato afecto al impuesto que grava la operación establecida en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. A su vez, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos señalados, si no constare, en el Título respectivo el hecho de haberse pagado el impuesto.
Por la letra b), se agrega en la letra b) del artículo 11, que consigna como sujetos del impuesto al comprador o adquirente, cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en Chile, la siguiente frase: “o se trate de la operación descrita en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º;”.
Por la letra c), se modifica el artículo 12º sobre las ventas y servicios exentos de impuesto.
En el número 1, se agrega en el Nº 1 de la letra A, lo siguiente:
“Asimismo se exceptúan de la presente exención los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a alguna franquicia, de acuerdo con lo preceptuado en los incisos segundo y tercero de la letra a) del artículo 8º.”.
En el número 2, se suprime en el número 5, de la letra B.-, la frase “una embarcación deportiva y un vehículo automóvil terrestre”.
Por la letra d), se agrega en la letra a) del artículo 16º sobre la base imponible, el siguiente inciso: “Para determinar el impuesto que afecta la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º, se considerará la misma base imponible de las importaciones menos la depreciación por uso. Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1º de enero del año del modelo y el momento en que se pague el impuesto, salvo que en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, caso en el cual sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta;”.
Por la letra e), se introducen en el artículo 46 sobre otros impuestos específicos, las siguientes modificaciones:
En el número 1, se reemplaza en el inciso primero la cifra “US$ 10.004,73” por “US$ 15.000”.
El diputado señor Lorenzini formuló una indicación para reemplazar el guarismo “85%” por “50%”, en el inciso primero del artículo 46, la que fue declarada inadmisible por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
En el número 2, se agregan los siguientes incisos finales:
“El impuesto establecido en este artículo se aplicará también en su primera enajenación en el país, a los vehículos señalados en el inciso primero, que hubieren sido importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general. Se considerarán, al efecto las mismas normas que se aplican para el Impuesto al Valor Agregado que grava la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º respecto del sujeto del impuesto, su devengo, la determinación de la base imponible, el plazo en que debe enterarse en arcas fiscales y las sanciones procedentes.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato de aquellos afectos al impuesto referido en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago de dicho tributo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia afecta al impuesto señalado, si no constare el hecho de su pago, en el Título correspondiente.”.
Puesto en votación el artículo 5º fue rechazado por 5 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención.
En el artículo 6º, que pasa a ser artículo 4º, se establece que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante decreto supremo, establecerá los elementos de seguridad de los vehículos que se importen y su exigibilidad. El señalado decreto deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contado desde su publicación.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 7º, que pasa a ser artículo 5º, se dispone que el Registro Nacional de Conductores en el caso de vehículos motorizados livianos para transporte de pasajeros, que se internen al país conforme a la Partida 00.05 del Arancel Aduanero, hará entrega directa de las correspondientes placas municipales al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que las conservará en su poder, previa entrega, a quienes hayan hecho uso de esa franquicia, de las respectivas placas diplomáticas o consulares, para Organismos Internacionales y para personal administrativo y técnico.
En el inciso segundo, se señala que, en el caso de vehículos motorizados pesados o de carga, internados al país en las condiciones descritas en el inciso anterior y en virtud de programas o proyectos de ayuda internacional dependientes de Organismos Internacionales, podrán circular con la placas municipales otorgadas por el Registro Nacional de Conductores, según calificación que hará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 1º transitorio, se establece que los funcionarios que señala, que cumplan los requisitos para acogerse a la franquicia de la partida 00.04 del Arancel Aduanero, y que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren cumpliendo funciones en el extranjero, mantendrán el beneficio de poder importar a su regreso al país un vehículo terrestre en los términos que lo establecían dicha partida arancelaria y la letra g) del artículo 200 del DFL Nº 1 (Guerra) de 1997, antes de las modificaciones introducidas por los números 4 y 5 del artículo 1º y por la letra b) del artículo 3º del proyecto de ley.
Asimismo, se preceptúa en el inciso segundo que, en el caso en que los funcionarios señalados en el inciso anterior efectúen la importación de un vehículo terrestre, las asignaciones por cambio de residencia de que gocen serán las vigentes antes de las modificaciones introducidas en el artículo 2º y en la letra a) del artículo 3º de la ley. En caso contrario, las asignaciones por cambio de residencia serán las establecidas en la referida ley.
En el artículo 2º transitorio, se señala que el mayor gasto que irrogue el proyecto durante 1999, se financiará con cargo a reasignaciones de los respectivos Ministerios y, en lo que no alcance, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Público del presupuesto para el año 1999.
Puestos en votación los dos artículos transitorios fueron aprobados por unanimidad.
VII. CONSTANCIAS.
1. Disposiciones del proyecto que deben aprobarse con quórum especial
No hay.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas
Los artículos 4º y 5º del proyecto.
3. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad
El resto del articulado se aprobó por unanimidad.
4. Indicaciones declaradas inadmisibles
-De los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Lorenzini para eliminar la letra a) del artículo 4º.
-Del diputado señor Lorenzini para reemplazar el guarismo “85%” por “50%”, en el inciso primero del artículo 46 del decreto ley Nº 825, de 1974.
4. Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VII. CONCLUSIÓN.
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que os dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Sección 0 del Arancel Aduanero:
1. Elimínase en el inciso primero de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0, la última parte que se encuentra después del punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.).
2. Agréganse, en la Nota Legal Nacional Nº 3 los siguientes incisos segundo y tercero, pasando a ser incisos cuarto y quinto los actuales incisos segundo y tercero:
“Para el cálculo de estos derechos, la base imponible estará constituida por el valor aduanero del vehículo, menos la depreciación por uso, que ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pagan dichos derechos. Si en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta. Los derechos determinados precedentemente, serán girados por el Servicio Nacional de Aduanas, a la persona beneficiaria de la franquicia, quien deberá enterarlos en arcas fiscales dentro de los 10 días siguientes a la fecha del giro.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto a los derechos en referencia, sin que se les acredite previamente el pago de dichos gravámenes, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su registro de vehículos motorizados ninguna transferencia de los vehículos afectos a los derechos, si no constare en el título respectivo, el hecho de haberse pagado los derechos establecidos en la presente nota legal.”.
3. Elimínase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso quinto, de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0. El actual inciso cuarto ha pasado a ser inciso quinto.
4. Reemplázase la glosa de la partida 00.04, Sección 0, por la siguiente:
“Efectos personales, menaje de casa, equipos y herramientas de trabajo, de funcionarios o empleados chilenos, que presten sus servicios en el exterior.”.
5. Elimínase el inciso segundo del Nº 5 de la Nota Legal Nacional Nº 1 de la Partida 00.04 de la Sección 0.
6. Reemplázanse en la glosa de la Partida 00.05 las expresiones “sesenta mil” y “treinta y ocho mil” por las expresiones “ciento veinte mil” y “ochenta mil”, respectivamente.
Artículo 2º.- Reemplázase el actual artículo 40º del D.F.L. 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el siguiente:
“Artículo 40º.- Los funcionarios de Primera a Séptima Categoría de la Planta “A”, presupuesto en moneda extranjera, que regresen al país por término de su destinación en el extranjero, gozarán de una asignación por cambio de residencia, la que no se considerará sueldo para efecto legal alguno, de un monto equivalente al señalado en la siguiente tabla, expresada en U.T.M.:
GRADO ASIGNACIÓN DE INSTALACIÓN
Primera Categoría Exterior 325
Segunda Categoría Exterior 307
^@#@^Tercera Categoría Exterior 289
Cuarta Categoría Exterior 252
Quinta Categoría Exterior 210
Sexta Categoría Exterior 170
Séptima Categoría Exterior 126
No tendrán derecho a esta asignación los funcionarios que soliciten su adscripción al país por motivos particulares.”.
Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 200 del D.F.L. Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional (Guerra):
a) Agrégase el siguiente inciso tercero a la letra a):
“No obstante, el personal que regrese al país después de haber cumplido una comisión en el extranjero de un año o más, y el que por resolución del Supremo Gobierno cese en dichas funciones antes de enterar ese plazo, tendrá un incremento de la asignación señalada en el inciso anterior, por un monto equivalente al 50% del sueldo base anual en dólares que corresponda, que se concederá y pagará de acuerdo a las normas establecidas en el citado inciso.”.
b) Suprímese en el primer párrafo de la letra g) la expresión “una embarcación deportiva y un vehículo terrestre”.
Artículo 4º.- Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se establecerán los elementos de seguridad con que deberán estar provistos los vehículos automóviles que se importen y la fecha a partir de la cual éstos se harán exigibles, pudiendo diferenciarse según modelos o categorías de vehículos. Dicho decreto deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta ley.
Artículo 5º.- El Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación , en el caso de vehículos motorizados livianos para transporte de pasajeros, que se internen al país conforme a la Partida 00.05 del Arancel Aduanero, hará entrega directa de las correspondientes placas municipales al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que las conservará en su poder, previa entrega, a quienes hayan hecho uso de esa franquicia, de las respectivas placas diplomáticas o consulares, para Organismos Internacionales y para personal administrativo y técnico.
En el caso de vehículos motorizados pesados o de carga, internados al país en las condiciones descritas en el inciso anterior y en virtud de programas o proyectos de ayuda internacional dependientes de Organismos Internacionales, podrán circular con la placas municipales otorgadas por el Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación, según calificación que hará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo primero transitorio.- El personal del servicio exterior y el de planta de secretaría y administración general del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Servicios Públicos sometidos a la dependencia del Presidente de la República a través de este Ministerio, y los funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, que cumplan con los requisitos para acogerse a la franquicia de la Partida 00.04 del Arancel Aduanero, y que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren cumpliendo funciones en el extranjero, mantendrán el beneficio de poder importar a su regreso al país un vehículo terrestre en los términos que lo establecían dicha partida arancelaria y la letra g) del artículo 200 del D.F.L Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional (Guerra), antes de las modificaciones introducidas por los números 4 y 5 del artículo 1º y por la letra b) del artículo 3º de esta ley.
En el caso en que los funcionarios señalados en el inciso anterior efectúen la importación de un vehículo terrestre, las asignaciones por cambio de residencia de que gocen serán las vigentes antes de las modificaciones introducidas en el artículo 2º y en la letra a) del artículo 3º de esta ley. En caso contrario, las asignaciones por cambio de residencia serán las establecidas en esta ley.
Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, durante el año 1999, se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en los presupuestos vigentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, según proceda y, en lo que no alcanzare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Público del presupuesto del sector público, para el año 1999.”.
Sala de la Comisión, a 18 de junio de 1999.
Acordado en sesiones de fechas 8 y 15 de junio de 1999, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Galilea, don Pablo ; García, don José ; Jaramillo, don Enrique ; Jocelyn-Holt, don Tomás (Walker, don Patricio) ; Letelier, don Juan Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Palma, don Andrés (Walker, don Patricio) ; Prochelle , señora Marina , y Sciaraffia , señora Antonella .
Se designó diputado informante al señor Palma, don Andrés .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Andrés Palma , Jocelyn-Holt y Joaquín Palma .
Modifica la ley Nº 18.290, Ley del Tránsito, para hacerla aplicable a todos los conductores. (boletín Nº 2353-15)
Vengo en presentar un proyecto de ley que tiene por objeto evitar que en Chile existan personas que por su autoridad, rango, amistad o colaboración de cualquier tipo, no sean sancionadas por infringir las normas del tránsito.
Es el caso que en Chile, aunque algunos no quieran admitirlo, existen personas que por alguna razón, generalmente dentro de las contempladas anteriormente, obtienen de carabineros, que se deje sin efecto la citación que se les ha cursado y en consecuencia se les devuelvan sus documentos sin llegar al Juzgado pertinente. Ello constituye un grupo privilegiado, o de primera clase, cuya existencia debe desaparecer y para ello se deben establecer normas que así lo logren. La Constitución de la República de Chile, en su artículo 19 Nº 2 es categórica en señalar que en Chile no hay personal ni grupo privilegiados.
Por otra parte, son los propios carabineros los que muchas veces se ven presionados o forzados a tener que actuar en el sentido anteriormente indicado, generalmente el carabinero que ha cursado la infracción se siente violentado al tener que dejarla sin efecto por una orden de un superior y muchas veces, también, se le humilla obligándolo a tener que ir a devolver personalmente los documentos al infractor.
Conforme a la Constitución de la República de Chile, artículo 1, todos los hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos y todos, sin excepción, debemos someternos a la Constitución y a las leyes.
Por su parte, el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Chile, señala que “los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”, y añade que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”, estableciendo el mismo artículo que “todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.
En ese sentido, el que se deje sin efecto una citación a un tribunal por un órgano que no tiene competencia ni jurisdicción para hacerlo, como es el caso del personal de carabineros, infringe la norma constitucional anteriormente señalada e igualmente viola la norma contemplada en el artículo 73 de la señalada Constitución, ya que la facultad de conocer las causas civiles y criminales y de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. El que un carabineros absuelva a un infractor de la ley de tránsito -lo que hace al anular la citación- significa que está conociendo y resolviendo una materia que exclusivamente corresponde a los tribunales.
Por lo anterior, es que propongo el siguiente proyecto de ley, modificatorio, en la forma que se expresa de la ley Nº 18.290, Ley de Tránsito:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.290, Ley de Tránsito:
A) En el artículo 181 agréganse los siguientes incisos:
“Carabineros no podrá dejar de cumplir con la obligación de citar al tribunal a los infractores ni dejar de cumplir con lo dispuesto en el inciso primero de este artículo bajo ninguna circunstancia, estando todo funcionario impedido de excusarse de la misma aun cuando el infractor sea alguna autoridad de cualquier naturaleza, miembro de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Policía de Investigaciones, aunque detente un grado superior dentro de dichas instituciones, u otro tipo de cargo o relacionados con los mismos.
El funcionario de Carabineros que no cumpla, o no haga cumplir, con lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme al artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, debiendo remitirse, por el superior respectivo, al Juzgado de Policía Local que hubiere sido competente para conocer de la infracción copia de la sanción disciplinaria respectiva y de los antecedentes que dieron origen a la misma, la que hará las veces de denuncia a efectos de que el Juez proceda en contra del infractor.
Se concede acción pública para denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, la cual podrá efectuarse en cualquier repartición de Carabineros, debiendo dejarse estampada en el libro respectivo y remitirse, dentro del plazo de 48 horas, copia de la misma al Juez competente, por el Oficial de Guardia de la mencionada repartición. También podrá efectuarse dicha denuncia directamente ante cualquier Juez de Policía Local que ejerza competencia en la comuna donde se cometió la infracción quien deberá remitirla a Carabineros para los fines pertinentes”.
B) Modifícase el artículo 184 en el sentido de eliminar la palabra “sólo” y la frase “si alguno de los interesados lo solicitare”, de tal forma que la frase final, después de la palabra Guardia, quedará: “y formulará la respectiva denuncia ante el Juzgado de Policía Local , sin retirarle la licencia, permiso u otro documento para conducir”.
C) Modifícase el artículo 196 en el sentido de agregar después del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “los que deberán tener numeración correlativa”.
D) Agrégase el siguiente artículo 196 Bis:
“Artículo 196 Bis: Ningún miembro de Carabineros, independiente del grado que detente, podrá dejar sin efecto o requerir a un carabinero de cualquier grado que deje sin efecto alguna infracción cursada en virtud de esta ley o efectuar algún tipo de acción destinada a que dicha infracción no sea puesta en conocimiento del Tribunal respectivo. El que ejecutare algún acto tendiente a eludir la prohibición contemplada en este artículo será castigado con la pena de presidio contemplada en el inciso final del artículo 208 de la presente ley.
El personal de Carabineros no podrá ser sancionado por negarse a cumplir una orden de un superior en tal sentido, debiendo denunciar ante el superior directo de quien emitió la orden, la existencia de la misma. En caso que no ejerza este derecho será sancionado como cómplice del ilícito contemplado en este artículo.
Para los efectos de control de la prohibición anteriormente indicada, la remisión de las citaciones que debe enviar Carabineros al Juzgado conforme a lo señalado en el artículo 181 de esta ley, deberá ser correlativa conforme a la numeración establecida en el artículo anterior e incluir una explicación, firmada por el Jefe de la unidad policial respectiva de las razones por las cuales algunas de dichas papeletas o citaciones hubieren sido dejadas sin efecto, lo cual deberá ser apreciado por el Juez. Si el Juez apreciare en conciencia que existe infracción a lo contemplado en este artículo deberá remitir los antecedentes a la justicia del crimen, debiendo ésta aplicar el mismo procedimiento aplicable a las infracciones contempladas en el artículo 208 de esta ley, apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”.