Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Roberto Delmastro Naso
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rene Manuel Garcia Garcia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NUEVAS MEDIDAS DE DESARROLLO PARA LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 211, EN RELACIÓN AL TRATO IGUALITARIO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Nunez Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- NUEVAS MEDIDAS DE DESARROLLO PARA LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RESPALDO A POLÍTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Laura Soto Gonzalez
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Jaime Mulet Martinez
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jaime Naranjo Ortiz
- Edmundo Salas De La Fuente
- Fanny Pollarolo Villa
- Homero Gutierrez Roman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RESPALDO A POLÍTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR.
- VII. INCIDENTES
- VI ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS COMUNALES DE LA DISCAPACIDAD. Oficio.
- ADHESION
- Laura Soto Gonzalez
- Manuel Rojas Molina
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Juan Nunez Valenzuela
- Osvaldo Palma Flores
- ADHESION
- RETIRO DE RETENES DE PICHIDEGUA Y DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficios.
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Victor Reyes Alvarado
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- RECHAZO A JUICIO DE XENOFOBIA CONTRA MÉDICOS EXTRANJEROS. Oficio.
- SOLICITUD DE SEPARACIÓN Y DESTITUCIÓN DE CARGOS DE PERSONEROS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO POR IRREGULARIDADES EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
- REVISIÓN DE TARIFAS DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
- EXTENSIÓN DE BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REGIONES. Oficio.
- REGISTRO RESERVADO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE PERSONEROS PÚBLICOS. Oficios.
- DIFUSIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA. Oficios.
- DETENCIÓN DE EJECUTIVOS DE EDITORIAL “PLANETA”. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Edgardo Riveros Marin
- ADHESION
- VI ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS COMUNALES DE LA DISCAPACIDAD. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 9ª, en jueves 17 de junio de 1999
(Ordinaria, de 10.54 a 13.27 horas)
Presidencia del señor Acuña Cisternas, don Mario.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
-o-
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 7
V. Orden del Día.
- Nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota. Primer trámite constitucional. (Continuación) 7
- Modificación del decreto ley Nº 211, en relación al trato igualitario en las transacciones comerciales. Primer trámite constitucional 25
VI. Proyectos de acuerdo.
Respaldo a políticas de viviendas sociales y petición de información sobre programas y proyectos del sector 29
VII. Incidentes.
- VI Encuentro nacional de consejos comunales de la discapacidad. Oficio 31
- Retiro de retenes de Pichidegua y de San Vicente de Tagua Tagua. Oficios 33
- Rechazo a juicio de xenofobia contra médicos extranjeros. Oficio 34
- Solicitud de separación y destitución de cargos de personeros del Instituto de Desarrollo Agropecuario por irregularidades en Novena Región. Oficio 34
- Revisión de tarifas de agua potable de la Región de Atacama. Oficio 36
- Extensión de beneficios a funcionarios públicos de la Primera y Segunda Regiones. Oficio 37
- Registro reservado de infracciones de tránsito de personeros públicos. Oficios 38
- Difusión de planes y programas de absorción de mano de obra. Oficios 39
- Detención de ejecutivos de editorial “Planeta”. Oficio 39
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota (boletín Nº 2282-03) 42
Pág.
2. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite una segunda opinión acerca del proyecto que reforma el Código Orgánico de Tribunales, por haber sido objeto de modificaciones esenciales en su contenido. (boletín Nº 2263-07) 52
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficio:
-De la Comisión Especial para investigar los graves hechos relacionados con los incendios forestales de la Séptima, Octava y Novena regiones del país, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Delmastro.
-De la Comisión investigadora de la situación producida con ocasión del programa de autoconstrucción en la ciudad de Iquique, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor García, don René Manuel.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (67)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Felipe Valenzuela.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.54 horas.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Velasco, por un asunto de Reglamento.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, que preside el señor Felipe Valenzuela -y el diputado que habla, en forma accidental-, solicito que la Sala la autorice para sesionar simultáneamente con ella.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se concederá la autorización.
Acordado.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García , por una cuestión de Reglamento.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , por razones obvias, pido que los dos proyectos que figuran en tabla sólo se discutan hoy y se voten el martes próximo.
El señor URRUTIA.-
No doy la unanimidad.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
NUEVAS MEDIDAS DE DESARROLLO PARA LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, segundo informe, que establece medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Salvador Urrutia.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín Nº 2282-03. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Núñez .
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , en vista del esfuerzo que se ha hecho en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y en la Sala, solicito que el proyecto se vote a las doce del día, porque debemos asistir a la misa y al funeral del padre del diputado señor Zarko Luksic , que se efectuarán a partir de las l4.00 horas.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , Renovación Nacional siempre ha accedido a solicitudes de esta naturaleza y también lo hará en esta oportunidad. Esperamos reciprocidad.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del diputado señor Núñez .
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , como diputado informante de la Comisión de Economía , Fomento y Desarrollo, explicaré, en primer lugar, por qué no he dado la unanimidad para discutir los dos proyectos que figuran en tabla en la presente sesión y votarlos el martes próximo.
Si el relativo a las provincias de Arica y Parinacota se vota a las doce, la ley podrá aplicarse una semana antes. El trámite del proyecto ha demorado mucho y queremos que se acelere.
Es más, pido la presencia de la mayor cantidad de diputados a las doce del día, para aprobar el proyecto.
La Comisión, en el segundo informe, se abocó a estudiar las quince indicaciones que se formularon en la Comisión de Hacienda al artículo 1º, que introduce diversas modificaciones al D.F.L. Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que crea el estatuto del fondo de desarrollo y fomento de las zonas extremas, es decir, de Tarapacá, Aisén y Magallanes y de las provincias de Chiloé y Palena .
Las quince indicaciones apuntan a mejorar la forma en que se aplicará la bonificación a la inversión en las zonas extremas, a favorecer especialmente la decisión local mediante mayores facultades al comité resolutivo, y a perfeccionar el modo en que los postulantes tramitarán, en tiempo y documentos, la presentación de sus proyectos.
Igualmente, tienden a mejorar otros aspectos, como los plazos y la boleta de garantía. Ésta, que por primera vez aparece como requisito para la bonificación, fue disminuida del 10 al 5 por ciento.
El 5 por ciento del fondo que permitirá financiar las consultorías y las asesorías se adicionará al fondo total en la ley de Presupuestos, de manera que no sea restado a la cantidad inicial.
De las 15 indicaciones de la Comisión de Hacienda todas fueron aceptadas por la Comisión de Economía, excepto las Nºs 11 y 12.
La indicación Nº 11 tiene por objeto agregar un inciso cuarto, nuevo, al artículo 11, a fin de prorrogar el plazo para la ejecución de los proyectos antes de hacer efectiva la boleta de garantía. Fue aprobada por unanimidad, con una indicación de varios señores diputados, para agregar a continuación de la palabra “proyecto”, la siguiente frase: “plazo que no podrá exceder del 50 por ciento de aquel que se otorgó inicialmente”.
La indicación Nº 12 de la Comisión de Hacienda fue rechazada por la Comisión de Economía, que insistió en el texto propuesto en el primer informe. Tenía por objeto incorporar al Comité Resolutivo a tres representantes del sector privado, nombrados por el intendente según el procedimiento que éste determinara: uno, procedente del sector empresarial; otro, del sector laboral, y el tercero, del sector académico, como un modo de ampliar la visión social del uso y destino de la bonificación. De este modo, el Comité quedaba compuesto por ocho miembros: el secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien lo presidía; el secretario regional ministerial de Hacienda ; tres funcionarios públicos coordinados por el director regional de la Corfo , y estos tres empresarios que, en el fondo, decidirían la priorización y los mecanismos por utilizar en el otorgamiento de las bonificaciones.
Fue rechazada por la Comisión de Economía con una votación por mayoría.
Las 13 indicaciones restantes fueron aprobadas por unanimidad.
La Comisión propone aprobar el artículo 1º, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 15, de 1981, en los términos consignados.
Los artículos 2º, 3º y 4º, que crean beneficios como compras por mandato, arancel cero para la industria, mejoramiento y flexibilización de las compras de terrenos en Arica por parte de ciudadanos de países limítrofes, mejoramiento en la distribución del pago de la concesión de zona franca y perfeccionamiento de la normativa que rige los centros exportadores, no fueron objeto de ningún cambio durante la tramitación del proyecto en esta Cámara, y por ello se declaran aprobados de inmediato.
En mérito de lo anterior, solicito que la Sala acoja este segundo informe de la Comisión de Economía, con las indicaciones señaladas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Aprobado en general el proyecto.
En discusión particular.
Si le parece a la Sala, se declararán aprobados los artículos 2º, 3º y 4º, por no haber sido objeto de modificaciones ni de indicaciones.
¿Habría acuerdo?
Aprobados.
En discusión el artículo 1º con sus diversos numerales, la mayoría de los cuales fueron objeto de modificaciones en este segundo trámite reglamentario.
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , la iniciativa que nos ocupa no sólo dice relación con el fomento y desarrollo de la Región de Tarapacá, específicamente de las provincias de Arica y Parinacota, sino que también contiene importantes normas referidas a la zona austral del país, parte de la cual represento en esta Sala, en mi calidad de diputado por Aisén , distrito Nº 59.
A mi juicio, el solo hecho de estar discutiendo una tercera futura ley para Arica y Parinacota da cuenta de las deficiencias profundas que ha tenido mi Gobierno en el diseño de una política efectiva de fomento y desarrollo productivo de las zonas extremas del país.
Como dije anteriormente con motivo de la discusión del proyecto sobre el denominado Plan Austral, recientemente convertido en ley de la República, el Gobierno ha pecado de timorato en el establecimiento de instrumentos para dinamizar las economías de las regiones más apartadas de Santiago. Es importante y necesario avanzar. Sin duda, este proyecto lo hace, pero me parece del todo criticable que se hayan dejado pasar tantos años sin buscar una solución más definitiva.
El fomento económico, en una economía de mercado como la nuestra, ha sido tremendamente complejo, pues, lamentablemente, ha prevalecido la concepción ideologizada del pensamiento único que prejuicia negativamente al Estado como ente promotor de desarrollo.
Por otra parte, importantes factores geoestratégicos no son considerados a cabalidad. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo una Patagonia tan dispar en cuanto a niveles de desarrollo? ¿Cómo es posible que Argentina, más allá de su mejor disponibilidad en infraestructura en caminos, y con una geografía que le permite mejor acceso a la Patagonia -no tanto en recursos naturales, pero los que tiene han sido mejor administrados que los nuestros-, sea capaz de consolidar comunidades pujantes al otro lado de la frontera, y nosotros sigamos viviendo, en muchos casos, en una suerte de un gran campamento de ocupación, sin universidades, casi sin empresas, y con una muy escasa actividad cultural y un disminuido comercio exterior?
El Estado de Chile debe asumir un rol más preponderante, sin complejos de ninguna especie, pues no puede ser que, pese a los instrumentos de fomento creados, los privados no inviertan y, por ende, no se haga nada.
Por ello, he creído importante suscribir un proyecto de reforma constitucional, cuyo autor es mi colega por Arica, el diputado señor Salvador Urrutia , para flexibilizar la normativa sobre el Estado empresario y permitir que en zonas que sufren procesos de retraso en su desarrollo, el Estado pueda crear empresas públicas, tal como lo hiciera antaño, sin necesidad de que una ley de quórum calificado lo autorice y sin perjuicio de que luego de iniciada la mejora en las economías locales, puedan ser enajenados los activos al sector privado. Es decir, el Estado cumpliría con su rol subsidiario y, cuando éste ya no fuere necesario, se incorporaría la iniciativa privada cuando sea capaz de asumir esas responsabilidades.
A mi juicio, esta iniciativa tendrá que ser discutida en el futuro Gobierno. Esperamos que él se comprometa más decididamente con las zonas extremas del país.
Frente al proyecto en discusión, reconocemos que al menos mejora respecto de los términos en que fue presentado por el Ejecutivo ; pero aún no satisface las demandas de las fuerzas vivas de las regiones, fundamentalmente de Aisén.
En la Undécima Región fue posible construir una gran fuerza cívica multigremial que ha tenido el mérito de recoger en su seno a empresarios medianos y pequeños de todas las áreas, comercio, ganadería, etcétera. También ha contado con el apoyo de los trabajadores representados por la CUT y de importantes sindicatos de la construcción coihaiquinos y por organizaciones sociales de pobladores y vecinos organizados. Ellos formularon observaciones a la iniciativa, las que, una vez más, no se acogieron en su integridad, tales como la prórroga inmediata del decreto con fuerza de ley Nº 15 hasta el 2010, de modo que fuera coincidente con el decreto ley Nº 889, que incentiva la contratación de mano de obra; que la ley se aplicara con efecto retroactivo; que se conocieran los montos disponibles para bonificar y que en Aisén, al menos, ellos fueran de una cifra aproximada a mil millones de pesos anuales.
Se pidió también la eliminación de las boletas de garantía y un porcentaje de bonificación parejo, del 20 por ciento a las inversiones, pues es necesario hacer realmente atractivo el beneficio.
Se podría preguntar para qué se piden tantos recursos si no han sido capaces de invertirlos cuando el Estado los ha otorgado. Ésa es una verdad a medias porque, muchas veces, el dinero llega a destiempo, y ya es tanta la desconfianza, el desánimo de la gente en cuanto a que el instrumento no le va a servir, que, por eso, no se ha utilizado.
Las modificaciones introducidas durante el segundo trámite han mejorado el proyecto en parte, pero, a mi juicio, aún es insuficiente, atendidas las necesidades de la Región de Aisén.
En Aisén estamos aburridos de tener que aceptar de mala gana las mezquindades del nivel central en estas materias. Luego de una larga reflexión, eso me ha convencido de que es necesario dar una señal política fuerte, que llame la atención de las autoridades nacionales, especialmente del futuro gobierno, el cual tendrá que hacerse cargo de este trabajo a medio terminar por la Administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle .
Por ello, he decidido votar en contra de este proyecto, al menos en todas las modificaciones referidas al decreto con fuerza de ley Nº 15, que tiene directa relación con la Región Undécima, que represento. Sé que seré criticado por ello, pero en mi fuero interno creo que esta decisión se condice más con los valores de justicia, de equidad y con los principios de regionalización por los que, por lo menos los parlamentarios de zonas extremas, debemos luchar con mucha fuerza.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , hoy nos corresponde pronunciarnos, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
Para nadie es un misterio que los tiempos de gloria de Arica forman parte de la historia. Todos podremos recordar, pero sólo como parte de esa historia, la vida y movimiento que tenía la ciudad en el período en que era puerto libre, el crecimiento de su población, la materialización de importantes obras públicas con la creación de la denominada Junta de Adelanto de Arica y, en general, las inmejorables condiciones que esta ciudad tuvo para alcanzar el grado de desarrollo y prosperidad que hoy parecen tan lejanos.
Desgraciadamente, esas condiciones se desaprovecharon. No es éste el momento para determinar las causas o tratar de buscar responsables. Hace mucho rato que llegó la hora de proponer soluciones concretas. Lo cierto es que, en Arica, el desarrollo económico se frenó abruptamente y comenzó en la ciudad, en forma lenta y sostenida, un deterioro y una crisis.
Las empresas, otrora beneficiadas con tratamientos de excepción, muchas veces fueron incapaces de sobrevivir en un mercado que exigía, cada vez más, industrias competitivas y modernas. Vinieron entonces la falta de perspectivas y el desempleo, factores que constituyeron la causa principal de migración masiva de los ariqueños y sus familias.
Ha sido un largo y duro proceso. En 1988, la comunidad ariqueña formó un Comité de Defensa de Arica. A comienzos de 1990 es posible advertir las primeras movilizaciones y presiones para sensibilizar al Gobierno central. Con el objeto de lograr un desarrollo para Arica, he participado activamente en todas y cada una de las protestas, tomas del Morro, mujeres marchando hacia la ciudad.
En 1998, a fin de conocer y evaluar el avance que significó la normativa dictada para la ciudad de Arica, con el apoyo de todos mis colegas -a quienes les agradezco profundamente-, se llevó a efecto una sesión especial en esta Cámara, destinada a analizar el tema. Esto motivó a dirigentes gremiales, concejales y a un centenar de ariqueños a viajar a Valparaíso para asistir a dicha sesión. En ella, el ministro de Economía de la época explicó los supuestos avances que habían impulsado las leyes Nº 19.420 y Nº 19.472, porque, como muy bien observó el diputado señor Sánchez , se han dictado dos leyes para Arica. Entonces, vino la sorpresa e indignación de los ariqueños presentes, la cual se hizo notar en la Sala cuando resultó evidente que las cifras y avances dados a conocer no se ajustaban a la realidad con la que los propios afectados vivían diariamente en la zona.
El informe dado a conocer en ese momento por las autoridades de Gobierno dejó entrever un total desconocimiento del problema y de su evolución, como, asimismo, el completo desinterés y deficiente asesoría con que contaban las autoridades centrales en relación con el tema de Arica.
Como consecuencia de esa desilusión, las fuerzas vivas de Arica plantearon diversas iniciativas, algunas factibles y otras no tanto. Entre ellas se propuso convertir a Arica en región, revivir la Junta de Adelanto, instaurar un mall zofri, crear una zona franca generalizada, y otras tantas que no es la ocasión de enumerar, pero que, en el corto plazo, puede ser de interés analizar.
Tales propuestas, algunas más realistas que otras, demuestran la desesperación de los ariqueños, lo que ha generado disputas y discusiones internas entre los propios afectados, todos a estas alturas animados en el espíritu del ¡sálvese quien pueda!
Si a lo anterior agregamos el actual proceso recesivo que vive el país, efecto de la crisis internacional, el panorama en Arica es aún más alarmante.
Según cifras oficiales -todos sabemos que siempre son cautas-, en la zona hay más de diez mil desempleados. De acuerdo con la información proporcionada por la Asociación de Industriales de Arica, al 12 de enero de 1999, esto es, a cinco años de haber entrado en vigencia la ley, la mano de obra ha bajado en un 55 por ciento, con un 50 por ciento de industrias cerradas. Estas cifras se refieren a empresas acogidas al régimen de zona franca industrial.
En reiteradas oportunidades he propuesto a las autoridades del Ejecutivo la adopción de decisiones rápidas, con medidas efectivas en esta materia, a fin de crear planes extraordinarios de empleo, intensivos en mano de obra, que eviten el agravamiento de la ya crítica situación que viven miles de hogares de la zona, lo que en la mayoría de los casos se traduce en migraciones desde la ciudad, hogares destruidos y donde, incluso, hay casos que han derivado en situaciones tan lamentables como el suicidio, y tenemos plena conciencia de ello.
¿Podemos permanecer impávidos, frente a compatriotas que llegan a tomar decisiones tan graves, como la de quitarse la vida por la falta de expectativas?
Como representante de esas provincias en este Congreso y conocedora de sus realidades, estoy convencida de las fortalezas y ventajas que representa esa zona. Al respecto, baste tan sólo señalar su ubicación y condición geopolítica, su calidad de bifronteriza y sus variados lugares de gran riqueza arqueológica y turística. Sin embargo, como suele ocurrir, son los países vecinos los que valoran en mayor medida su importancia. Ellos -y particularmente Perú-, conscientes de la situación, han implementado políticas claras y decididas en áreas geográficas alternativas a Arica, como el puerto de Ilo y la zona franca de Tacna, lo que ha restado competitividad a las empresas en la zona.
Por otra parte, Bolivia considera tan estratégica e importante la zona, que, en los últimos días, hemos podido apreciar la ofensiva de su Presidente , Hugo Bánzer , con el objeto de presionar a Chile en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizada en Guatemala.
Como parlamentarios, nuevamente tenemos la oportunidad de discutir y aprobar un esfuerzo legislativo, tendiente a mejorar esta situación.
Si bien me reconforta la oportunidad de participar en este debate y contribuir en alguna medida con proposiciones concretas para aliviar la situación de los habitantes de las zonas afectadas, me decepciona pensar que lo que se nos propone no representa ninguna solución a corto plazo o medidas de emergencia para paliar la atribulada situación de Arica. Dios quiera que, en el próximo Congreso, no tengamos que introducir nuevas modificaciones a una ya parchada ley Arica.
Cualquier iniciativa legislativa en esta materia debe favorecer el desarrollo de actividades en las cuales naturalmente se tengan ventajas comparativas.
En primer lugar -y debido a que en el proyecto no se consideran la minería y la agricultura-, el intendente Regional, señor De Gregorio , manifestó a la comunidad ariqueña que el informe para desafectar la minería está listo desde enero de 1999; sabemos que no es así. En segundo lugar, se había considerado la construcción de diez mil viviendas en un plazo de cinco años; ¡señores, ya son diez mil soluciones habitacionales!; dinero: US$ 600.000.000. Para las crecidas del río San José , prometieron US$ 94.000.000; todavía estamos esperando. Tenemos mucho miedo de que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo.
En suma, el Ejecutivo no ha escuchado los planteamientos que se le han formulado desde este Parlamento y no ha acogido ninguna de las 32 indicaciones propuestas a fin de convertir este proyecto en un mecanismo efectivo de solución a las necesidades de las provincias afectadas. Tampoco acogió ninguna de las propuestas hechas por los gremios, por los colegios profesionales, por las organizaciones sociales. Como diputados, nos limitamos a presentar las indicaciones, y el Ejecutivo sigue adelante.
A lo anterior se suma la ausencia de medidas concretas que ayuden a paliar el desempleo en la región, particularmente en las provincias afectadas de Arica y Parinacota. Resulta lamentable ver que, en la actualidad, en la zona no hay construcción de obra pública alguna; estamos en presencia de lo que he llamado círculo vicioso de la depresión, donde se pasa de ciclos de depresión a otros de mayor depresión.
He participado activamente en este proyecto, y después de muchos meses de trabajo debo decir que me siento angustiada, pues en los catorce meses que llevo como parlamentaria, si bien he obtenido logros importantes en cuanto a crear conciencia entre mis colegas y a nivel nacional sobre el problema que afecta a Arica, no he logrado lo mismo con el Gobierno. Cada una de mis proposiciones tendientes a mejorar este proyecto se han encontrado con la gran muralla impuesta por el Ejecutivo, que se niega a asumir la realidad: que Arica es un problema de Estado. El Gobierno no entiende el problema, principalmente porque no tiene interés en conocerlo.
En consecuencia, es muy difícil que la situación que vive Arica se revierta en el corto plazo. Pero lo más grave es que no existe voluntad política para solucionar el problema, tal vez porque se trata de un electorado muy poco atractivo. Debemos estar conscientes de que Arica y la zona sur requieren de una política especial para zonas extremas. Perú y Bolivia tienen políticas claras y contundentes al respecto, sobre todo cuando las regiones llevan asociado un valor geopolítico.
Como representante de ese distrito, no me queda otra alternativa que votar a favor del proyecto, porque no obstante ser una mala fórmula de solución que no reactivará a Arica en el corto plazo, sí lo logrará en un período de tres años. En todo caso, representa un avance en la materia.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Le resta un minuto.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Redondeo la idea.
Finalmente, quiero recordarle al Presidente de la República que su partido fue duramente castigado en mi distrito, primero, al no lograr reelegir a su senador ni a su diputado y, recientemente, en las primarias, al votar claramente por el candidato que no era de la Democracia Cristiana. Sin embargo, aún es tiempo de solucionar el problema. Por eso quiero enviarle el siguiente mensaje: que le quedan sólo seis meses, pero puede pasar a la historia si logra revertir la situación que vive Arica, convirtiéndose en un Primer Mandatario visionario, como lo fueron los Presidentes Gabriel González Videla y Carlos Ibáñez del Campo, y decirle, por última vez, que esta diputada le solicita públicamente una reunión para explicarle los verdaderos problemas de Arica.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , estimados colegas, en realidad, las indicaciones que estamos discutiendo tienden a perfeccionar las normas del DFL Nº 15, que estableció un fondo de fomento y desarrollo para las zonas extremas del país.
Me alegro de que estemos revisándolas porque fueron producto del debate en las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, y de Hacienda, tendiente a perfeccionar el proyecto original del Ejecutivo , que incluía una serie de normas que entrababan el otorgamiento de los beneficios: boletas de garantía, procedimientos administrativos engorrosos y burocráticos, deducción del fondo de fomento para las zonas extremas del 5 por ciento destinado a los gastos administrativos que demandará el otorgamiento de las bonificaciones. En definitiva, la idea original del Ejecutivo era disminuir los beneficios que tienen nuestras zonas extremas desde hace más de 15 ó 20 años. En ese sentido, gran parte de las indicaciones que hoy estamos discutiendo tienen un carácter positivo: disminuir el efecto perverso que pretendía introducir el Ejecutivo a iniciativas legislativas que estaban dando fruto y que estaban siendo bien recibidas por la comunidad.
Pero hay un punto que no es menor y que quiero hacer resaltar. Nada sacamos con tener instrumentos como el DFL Nº 15, que fomenta el desarrollo productivo de las zonas extremas del país -para potenciar el desarrollo de pequeños comerciantes, agricultores, ganaderos, pescadores artesanales; en síntesis, de la gente que vive en nuestras regiones-, si se entregan apenas entre 1.500 y 1.600 millones de pesos al año a cuatro zonas del país. Con estos recursos, indudablemente, no se puede pretender desarrollo ni incentivar nuevas iniciativas económicas. Creo que se trata de un punto relevante que, quienes representamos a las zonas extremas del país, debemos tener muy presente a la hora de discutir la ley de Presupuestos de la Nación.
Aquí, muchas veces, se nos induce a engaño. Doy un ejemplo: en 1995 se nos indicó que de 1.500 millones, los recursos se aumentaban a 3.200 millones de pesos destinados a potenciar el desarrollo de las zonas extremas. Pero ¿qué pasó al final? Que el ahorro del año anterior se estaba complementando con nuevos recursos. Es decir, en el fondo, no nos estaban dando nada adicional.
El Ejecutivo tiene un criterio y dice: “¿Para qué me piden más recursos si la utilización promedio de una asignación de 20 por ciento históricamente no supera el 8 por ciento?” Pero ¿quién se va a interesar en postular si los fondos llegan desfasados, si los procedimientos son burocráticos y si, al final, se toman tardíamente las decisiones sobre inversiones?
Esto hay que corregirlo, potenciar un cambio y apoyar la decisión de las inversiones en el minuto en que se toman, con una disposición tendiente a bonificar o a atender un requerimiento. En caso contrario, la inversión se desmotiva y no queda en la región.
Quiero recordar que el DFL Nº 15 es un complemento de la ley austral, que hace poco tiempo aprobamos en el Parlamento, y que tiene el propósito de incentivar el desarrollo económico de la región sur-austral del país; pero está dirigida al gran inversionista, al gran empresario, porque sus beneficios se recibirán por la vía tributaria, en función de las utilidades que generen sus negocios. Tanto el DFL Nº 15 como el Nº 889, que bonifica la contratación de mano de obra, son beneficios directos para la gente que, histórica y permanentemente, ha residido en nuestras regiones.
Pero ¿qué hace el Gobierno? Su discurso demuestra preocupación por las zonas extremas, pero, en la práctica, cuando envía los proyectos de ley, pone dificultades para que éstas puedan acceder a los beneficios, como ocurre hoy con el DFL Nº 15. Respecto del DFL Nº 889, se encuentra en dicusión en la Comisión de Economía un proyecto que, en el mediano plazo, termina con un beneficio importante que bonifica en 17 por ciento la contratación de mano de obra, precisamente en un momento en que existen más de 500 mil cesantes en el país; decide ponerle término, a pesar de que ha permitido el desarrollo industrial de las regiones Décima, Undécima y Duodécima, en donde las planillas de las empresas revelan una importante contratación de mano de obra.
En esa perspectiva, quiero hacer un llamado para que cuando llegue la hora de discutir el DFL Nº 889 en esta Sala, contemos con el apoyo de aquellos colegas que no representan a las zonas extremas, porque gran parte de nuestro desarrollo pasa por medidas de excepción, no porque queramos obtener las cosas fácilmente ni porque no nos guste trabajar, sino porque nuestra condición de aislamiento geográfico, de dificultades de comunicación y de lejanía de los mercados las justifican plenamente. Nuestra gente no tiene otras opciones de trabajo porque cada día la pesca artesanal representa una menor fuente de ingresos debido al agotamiento de los recursos, porque la pequeña agricultura apenas logra subsistir, y hacer producir la tierra hoy día resulta mucho más caro que antes y los cultivos tradicionales no tienen buen precio.
En esa perspectiva, voy a contribuir con mi voto para modificar las normas del DFL Nº 15, fundamentalmente porque el proyecto contempla la prórroga a que aspiraba la ciudadanía de nuestras regiones. Nosotros deseábamos que fuera hasta el 2010, pero se prorroga sólo hasta el 2005; de manera que haremos los esfuerzos para que este beneficio sea más permanente en el tiempo.
Finalmente, junto con manifestar mi acuerdo con las indicaciones en discusión, quiero pedir votación separada para el artículo 12, que establece la composición del Comité Resolutivo que decide las inversiones, porque la idea del Ejecutivo de establecerlo, de acercar las decisiones a las regiones y de incorporar en ellas a los empresarios, era sana y positiva. Sin embargo, estoy en desacuerdo con modificar su composición, integrando a otros actores del mundo social y político porque, de una u otra manera, pueden desvirtuar las decisiones técnicas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , quiero partir lamentando la decisión del Ejecutivo de no apoyar en forma decidida -como se había comprometido- a las regiones extremas, compromiso que partió desde el momento en que se promulga la ley Austral, la cual no satisfacía para nada los intereses de las regiones extremas, en especial de Aisén y Magallanes , y que a través del DFL Nº 15 -la bonificación para el pequeño y mediano empresario- se pretendía complementar lo que en justicia correspondía a los chilenos que hacen soberanía en las regiones extremas, con tantas dificultades y con tan baja densidad poblacional en un extenso territorio, que el país debiera tener en cuenta en su perspectiva de querer desarrollarse en forma armónica.
Lamento que el Gobierno entregue tan pocas herramientas para el desarrollo de esas zonas; pero el proyecto se mejoró con las indicaciones en las comisiones de Hacienda y de Economía, al menos en algunos aspectos que considerábamos fundamentales.
Asimismo, lamento el compromiso no cumplido por el Gobierno de prorrogar el DFL Nº 15 por lo menos a diez años, como se establece en el crédito tributario del 40 por ciento para las grandes empresas, que, siendo necesario, no responde a criterios de equidad y de desarrollo en forma armónica de la región, como era el anhelo de los habitantes de Aisén, prórroga que entregaron hasta el 2005 y no hasta el 2010.
Pretendíamos también que se bonificaran todos los proyectos contemplados por el DFL Nº 15 para no competir por un presupuesto restringido, que, además de serlo, para acceder a él había que realizar una serie de trámites burocráticos que impedían su libre acceso; por lo tanto, no se ocupaban todos los recursos.
Quiero lamentar también que el porcentaje que se bonifica no haya sido fijo, en un 20 por ciento, como lo establecía en su origen el DFL Nº 15, y se haya rebajado al 10 ó 15 por ciento; siendo hoy, a través de este proyecto, una decisión de la región, creo que no era conveniente rebajarlo y que debiera haber sido un porcentaje fijo, cosa que no sucede.
Por otro lado, tampoco se logró conseguir el cambio de las fechas para presentación de los proyectos, lo que hoy es extremadamente burocrático, y por eso mismo no se ocupan todos los recursos.
En fin, hay una serie de aspectos que no satisfacen las aspiraciones de la región, pero, sin duda, el proyecto hay que votarlo favorablemente, porque esto es mejor que nada. La bonificación a la pequeña y mediana empresa es un instrumento muy necesario, y aunque los plazos y todo lo señalado no satisfacen nuestras aspiraciones, es necesario votarlo favorablemente.
Por otra parte, también se logró negociar la rebaja de las boletas de garantía del 10 por ciento que se exigía a un 5 por ciento, lo cual va a ayudar a dar una mayor seriedad en la presentación de los proyectos y una mejor utilización de los recursos.
En fin, anuncio mi voto favorable, a pesar de que encuentro que el proyecto es aún insuficiente y que el trato que nos ha dado el Ejecutivo no es el que las regiones extremas se merecen para su desarrollo; sin embargo, esta herramienta contribuirá a que, al menos, se complemente en alguna medida lo que la ley Austral o la ley Arica contemplan para las grandes inversiones.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , desde luego, los diputados de zonas extremas tenemos claro que la ley actual no es potente, pero tenemos claro -yo, por lo menos- que ayudará a facilitar la inversión y el desarrollo en nuestras provincias y distritos.
Por ello apoyo el proyecto, porque es un paso positivo, en ningún caso, negativo.
Como diputado por Arica, conozco todo el proceso de la tramitación de este proyecto; por eso quiero agradecer la participación de los diputados, sobre todo de los integrantes de la Comisión de Economía que viajaron a Arica, que conversaron con toda la ciudadanía, con todos los líderes que tenían algo que decir respecto de esta iniciativa legal, y que realizaron un gran esfuerzo para sacar adelante su tramitación; incluso, ayer, en una sesión extraordinaria, se pudo avanzar y hacer posible que el proyecto fuera visto hoy en la Sala. En esto destaco especialmente a los presidentes de ambas comisiones, a los diputados señores Tuma y Núñez , y a todos sus integrantes, en esta labor de apoyo a las zonas extremas, con trabajo extraordinario. Asimismo, el apoyo técnico, la mejoría significativa que ha tenido el DFL Nº 15 en la Comisión de Hacienda, a través de quince indicaciones, la mayoría del Ejecutivo , pero que, en realidad, surgieron a propósito de peticiones y negociaciones con los diputados de las comisiones de Hacienda y de Economía. No fueron indicaciones que surgieron de la nada y que al Ejecutivo se le ocurriera en última instancia; fueron propuestas inicialmente por los parlamentarios, y el Ejecutivo , por tener exclusividad en la iniciativa, las hizo suyas.
También quiero destacar el espíritu de la colega Rosa González , que vino especialmente hoy -estaba en un chequeo médico- a participar en el debate y en la votación de este proyecto.
Los diputados de las zonas extremas deben actuar muy unidos para obtener beneficios y leyes que ayuden a solucionar los problemas de cada una de sus provincias, en este caso de Arica y Parinacota.
El DFL Nº 15, naturalmente, tiene varios aspectos positivos; el principal, a mi juicio, es el que cambia el nivel de decisión, que hasta este momento, en la práctica, dependía del nivel central, de los ministerios y del intendente, a un comité resolutivo que estará integrado por personas de la región y que, por lo tanto, tienen una visión mucho más exacta de lo que se necesita en materia de inversión y qué ocurre en realidad con los que presentan los proyectos, el conocimiento directo de los empresarios y de las posibilidades económicas de una región, todo lo cual le da una ventaja enorme a este cambio, que -repito- traslada la decisión del intendente y del nivel central al nivel local, regional, a través de este comité resolutivo.
Igualmente, el DFL Nº 15 apunta -como lo dije al principio- a tres regiones y a dos provincias; por lo tanto, comprende un arco muy grande de nuestro país. Eso ha permitido que sea enriquecido por las visiones de los parlamentarios del sur del país, que han hecho importantes aportes para mejorarlo. Aunque, a juicio de algunos, todavía tenga imperfecciones, creo que el DFL Nº 15 que tenemos hasta ahora, será muy mejorado con el proyecto que se aprobará hoy.
Los artículos 2º, 3º y 4º, que fueron aprobados al principio, por no haber sido objeto de modificaciones, se refieren exclusivamente a Arica. De ahí que quiero destacar que las seis medidas que están implícitas en estos tres artículos, son todas muy positivas para Arica. Una es la compra por mandato, sentida aspiración del comercio y de los consumidores ariqueños, que podrán comprar en Arica al mismo precio de la zona franca amurallada de Iquique, evitando con ello un viaje de 600 kilómetros, de ida y regreso, para realizar la compra de un televisor o refrigerador, o cualquier otro electrodoméstico, que se encuentra ahora, con la nueva calidad económica del país, al alcance, incluso de las personas más modestas. Más aún, en Arica y en Iquique, en que los pueden comprar sin IVA y sin el arancel de importación, es decir, con un 30 por ciento menos. En seguida está la medida del arancel cero para las industrias de zona franca industrial que se instalen o que estén instaladas en Arica, que podrán vender al sur del país, sin pagar el arancel nacional del 10 por ciento, y que seguirá bajando un punto por año hasta el 2005, por todos los insumos importados que integren el producto que ellos venderán al sur del país. Esto es una ventaja competitiva que permitirá un reforzamiento de la actividad industrial en Arica, en especial de la General Motors, con lo que la industria automotriz se va a beneficiar y va a permitir, primero, eliminar la amenaza del cierre de la General Motors, segundo, detener el inmovilismo de inversión industrial que existe hasta ahora en Arica, y tercero, traer nuevos empresarios, innovadores, que se puedan instalar en Arica, para producir y vender al sur del país y a la macrorregión que la rodea. Es un plus que beneficia a la industria.
Los centros exportadores están en la ley Arica I y todavía no funcionan. Recién ahora se están completando las licitaciones y ya hay dos empresas que están construyendo sus centros exportadores. Para ellos van a ser muy útiles las modificaciones del proyecto, porque no sólo materias primas, partes y piezas sudamericanas podrán ser comercializadas y almacenadas ahí, sino también mercaderías de países sudamericanos, lo que amplía la cobertura de cosas que van a poder ser transadas.
Al flexibilizar el sistema de compra, bajando de 50 UTM a 15 UTM, se harán compatibles estos centros exportadores con el tipo de comercio exportador que hay en Arica, que se basa mucho en pequeños comerciantes de Bolivia y Perú que compran en pequeñas cantidades. Establecer 15 UTM, 375 mil pesos, como piso de compra, naturalmente va a facilitar la operación de estos pequeños comerciantes, que son una gran fuerza exportadora de productos chilenos hacia Perú y Bolivia; a su vez, va a permitir que productos de estos países sean comercializados en Arica.
Otro aspecto del proyecto es el que modifica la redistribución del pago de la concesión de Zofri. Sabemos que la zona franca de Iquique paga al año el 15 por ciento de sus ingresos brutos al Estado, como derecho de concesión, los cuales en 1998 fueron de 2.100 millones de pesos. El 40 por ciento de esta suma queda para la comuna y Municipalidad de Iquique; un 30 por ciento, para las otras cuatro comunas de la provincia, y el otro 30 restante pasa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo cual crea una tremenda inequidad respecto de las provincias de Arica y Parinacota, que no tienen un trato parecido, siendo mucho más pobres o similarmente pobres tratándose del caso de las rurales.
Ahora bien, el 30 por ciento que iba al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en un 20 por ciento va a pasar a la Municipalidad de Arica, lo que va a significar 400 millones de pesos más al año, y el 10 por ciento restante se redistribuirá entre las tres comunas rurales de Arica y Parinacota: Camarones, General Lagos y Putre , lo que dará unos 70 millones de pesos anuales más para inversión en cada una.
El crédito tributario, que actualmente es del 20 por ciento, ha permitido que se construyan, entre otros, 7 grandes edificios en altura. En Arica, en 20 años, no se había construido ningún edificio en altura, y ahora, gracias a la ley Arica I, se han construido 7, lo que representa una gran inversión.
Al subir el crédito tributario al 30 por ciento, naturalmente se establece un aporte, una ayuda para facilitar las decisiones de inversión. Esperamos que en el Senado, como lo hemos conversado con el Gobierno, esto pueda aumentarse al 40 por ciento y así hacer más fuerte este incentivo.
Éstas son ventajas palpables, objetivas, que hacen que el proyecto de ley beneficie y sirva de incentivo a la inversión para que nuevos empresarios lleguen a Arica.
Por todo lo anterior, como los artículos 2º, 3º y 4º son un apoyo real a la situación de Arica, pido el voto favorable para esos preceptos, y también para el artículo 1º, que trata acerca de las modificaciones del DFL 15 que, repito, lo concibe de mejor manera que el texto actual.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , ha sido bastante ardua la discusión de este proyecto.
Es lamentable que el Ejecutivo haya incluido en él la discusión de DFL 15, materia que involucra a otras regiones y provincias del país, cuya gente hubiese querido tener mayor tiempo y un análisis independiente de una normativa específica, como es la ley Arica.
Respecto de la modificación del DFL 15, en particular, se ha mejorado la focalización. Es positivo que a través de un comité resolutivo se otorgue la oportunidad de discutir y decidir de manera mucho más técnica y más amplia, en lugar de dejar resolver sólo al intendente.
En ese sentido avanzamos, pero tal como se ha dicho acá, discutimos muchas indicaciones al interior de la Comisión de Hacienda para mejorar esta bonificación especial a la inversión, pero no tuvimos respuesta positiva del Gobierno. Incluso, se consideraba un 5 por ciento para los gastos de administración del fondo, pero tampoco tuvimos una respuesta positiva. Eso da cuenta de que el Ejecutivo no se hizo cargo de todas las indicaciones y observaciones que le hicimos al proyecto.
Respecto al DFL 15, ojalá que los fondos sean contundentes e importantes para que las empresas se atrevan a invertir en las zonas extremas, donde es más caro el transporte, más cara la luz y, en general, todo es más difícil. Eso es positivo. El Gobierno verdaderamente se tiene que comprometer con recursos importantes, tal como lo han dicho los colegas que representan zonas extremas.
Las materias de la ley Arica se abordan a partir del artículo 2º. Me siento muy decepcionada por tener que insistir de manera categórica -personalmente lo hice en las Comisiones de Hacienda y de Economía- en propugnar por indicaciones que, lamentablemente, no pueden tener futuro, porque abordan materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , toda vez que comprometen recursos públicos. Por lo tanto, no son admisibles desde el punto de vista constitucional.
He llegado a ser majadera en plantear la necesidad que tienen los industriales iquiqueños de ser incluidos en el sistema del arancel 0 y de incorporar también, como lo harán los de Arica, los productos manufacturados en Iquique al resto del país, sin pagar arancel.
Dijimos, y lo hemos sostenido, que la medida va a generar una competencia imposible de enfrentar por los industriales de Iquique. Es mucha la mano de obra que se va a perder, más todavía en momentos en que el desempleo en Iquique ha subido bastante.
No hemos tenido el mismo discurso con el otro diputado del distrito en la discusión de este tema de los industriales, lo que ha sido muy lamentable.
El señor LEAY .- ¡No viene a las sesiones!
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Pero cuando se discutió esta materia, estuvo presente.
La verdad es que el diputado señor Soria viene muy poco, y cuando estuvo presente habló en contra de los intereses de los industriales de Iquique. Eso fue lapidario y ha significado que estemos presenciando, al final de la discusión de un proyecto de ley, la exclusión de los industriales de Iquique de un beneficio importante.
Nunca hemos estado en contra de los centros de exportación. El espíritu fundamental era el de centro de almacenamiento y comercialización de productos nacionales y sólo de partes y piezas de productos extranjeros. Lamentablemente, con el proyecto se han incorporado otras mercaderías, con lo que se ha convertido en un tipo de comercialización al por menor, con la posibilidad de consolidar las operaciones de ventas y de compras. En definitiva, con esto se está convirtiendo en una especie de zona franca.
Creo que aquí ni los ariqueños ni los diputados de Arica, que han defendido tan vehementemente el proyecto, tienen la culpa. Aquí hay un problema del Gobierno, que no ha tenido capacidad de imaginación y de no tener que desvestir a un santo para vestir a otro.
Aquí -y lo quiero decir muy categóricamente- se ha creado una rivalidad ficticia entre ambas ciudades, precisamente porque no se tiene capacidad de hacer cosas distintas y de proponer soluciones más imaginativas que no signifiquen desarmar una ciudad para armar otra.
Creo que el Gobierno debiera haber hecho algo distinto y no buscar la media hacia abajo entre el 10 por ciento de desempleo de Arica y el 3 de Iquique.
Por eso es que hoy me siento decepcionada, porque lamentablemente ni siquiera vamos a tener la oportunidad de votar las indicaciones, en particular las que se refieren al tema del arancel cero y a las exportaciones, porque el Ejecutivo no presentó la indicación correspondiente, y en esta materia son inadmisibles las de los parlamentarios.
Espero que los senadores tengan la voluntad -y les hago un llamado en ese sentido- de incluir a los industriales de Iquique en el sistema del arancel cero, para que no se genere desequilibrio regional.
Estamos próximos al debate de una nueva modificación del decreto ley Nº 889, que bonifica el uso de la mano de obra, que en el caso de Iquique y en este momento significa 9 mil millones de pesos, por lo que su exclusión representaría un tremendo impacto en la economía de nuestra provincia. En una ocasión, cuando se pretendió excluir a nuestra ciudad y, por supuesto, también a los funcionarios públicos, los diputados por Iquique dimos una gran pelea y al final pudimos incluirlos en el beneficio. Así ocurrió con la bonificación a la mano de obra. Pero que derechamente se haya excluido a Iquique de los beneficios del decreto ley Nº 889 es algo insostenible, y eso lo vamos a defender. Esperamos contar con la presencia del otro diputado y ojalá se sumen también las autoridades de mi provincia para que todos nos juguemos por el futuro de Iquique.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Están inscritos seis parlamentarios para hablar.
La Mesa propone otorgar tres minutos a cada uno, y luego votar.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , seré muy breve en la defensa de los intereses de mi región.
En esta materia, el Gobierno se ha caracterizado por responder a presiones. No tengo dudas de que se ejercen para que el Ejecutivo incentive a zonas deprimidas. Sin embargo, estamos conscientes de que al incentivar y darles oportunidad de crecer a algunas regiones se está haciendo perder competitividad a zonas aledañas o hermanas, como con la Segunda Región, donde se han anunciado muchas cosas sin resultados concretos. Después de una ardua lucha se logró una bonificación para la gente de Iquique que, sin duda, se lo merece. También hemos luchado por conseguir otros incentivos, pero el Gobierno no ha respondido a las expectativas de la Segunda Región.
Por otra parte, sin duda, otorgar franquicias sólo a determinadas zonas, justificadas o no, provoca un costo en el resto del país.
En mi distrito, específicamente en la comuna de Taltal, incluso se izaron banderas bolivianas -lo que provocó harto revuelo- con el legítimo deseo de llamar la atención, acción que no comparto; ello es consecuencia efectivamente del desmedro que siente la gente de la Segunda Región, sobre todo si consideramos que una parte importante del erario lo produce la minería de la zona, lo que ameritaría una actitud recíproca y leal del Gobierno.
Cuando se busca el voto en la Segunda Región se dicen mil cosas en los discursos: que se construirán hospitales y muchas otras obras que traerán progreso, pero ello no conduce a nada.
Es importante el otorgamiento de franquicias, pero deberían concederse buscando el bien común del país. Es muy interesante desarrollar una especie de competitividad nacional y que las autoridades correspondientes luchen por sacar adelante sus regiones.
A modo de ejemplo, con todo el respeto que merecen los diputados de Arica e Iquique, quiero decirles que me habría gustado que existiera otro mineral como el de Doña Inés, de Collaguasi, porque, a lo mejor, se hubiese satisfecho en mejor forma lo esperado con este proyecto.
Pienso que impulsar el desarrollo económico de las zonas sobre la base del otorgamiento de franquicias exclusivas, suele crear más expectativas que condiciones reales de prosperidad; en cambio, las medidas de nivel nacional que permiten una mayor movilidad de la fuerza de trabajo y de los capitales son, en el largo plazo, alternativas más eficientes.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , la discusión de proyectos de ley sobre Arica y Parinacota ha ocupado la atención de esta Cámara durante mucho tiempo.
Hemos sido convocados a muchas sesiones para analizar temas referidos a la Primera Región, y particularmente a las provincias de Arica y Parinacota. En todas ellas hemos escuchado a los representantes del Gobierno y a parlamentarios oficialistas decir que tal o cual iniciativa que trataba la Cámara iba a generar el desarrollo y el progreso de esa región.
Hoy, nuevamente estamos discutiendo una iniciativa para dicha provincia, y escuchamos lo mismo, es decir, que estas normas sí van a reactivar a esas provincias tan hermosas del territorio nacional. Sin embargo, para quienes no somos de regiones extremas, es frustrante escuchar lo que dicen los colegas que las representan: que votarán a favor porque esto es peor que nada. Observamos una profunda insatisfacción, pues no estamos frente a normas que de verdad sean reactivadoras y rectificadoras de una situación de menoscabo.
Una vez más se convocó a esta Corporación para tratar un proyecto que no resolverá los temas de Arica.
El diputado Alvarado acaba de expresar que instrumentos que favorecían a zonas extremas hoy día son derogados por estas nuevas normas.
Por ello, quiero hacer notar que la pasión con que actúan los parlamentarios de zonas extremas para resolver los problemas que los afectan -en particular destaco la actitud de nuestra diputada , señora Rosa González , quien de la clínica vino a trabajar a esta sesión, lo que demuestra su preocupación y pasión por los temas que le interesan-, no tiene como contrapartida los instrumentos, normas, políticas, programas y proyectos que de verdad reflejen la necesidad de desarrollo de los habitantes de Arica y Parinacota y de las regiones extremas. El aumento del desempleo y la falta de perspectivas son el común denominador de esas provincias. A lo mejor, en pocos meses más estaremos de nuevo discutiendo otra iniciativa en favor de Arica y Parinacota, como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades en estos nueve años.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz hasta por tres minutos.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , durante los últimos 60 años, el proceso de desarrollo económico de nuestro país ha tendido a concentrarse en la Región Metropolitana, independientemente de la estrategia de desarrollo adoptada por la nación, tendencia que tampoco ha sido revertida en los últimos diez años, a pesar de que el motor dinamizador del crecimiento económico han sido las exportaciones, las cuales se basan principalmente en la explotación de recursos naturales cuya distribución espacial está relativamente concentrada.
Para enfrentar lo señalado, en las últimas décadas se ha aplicado una variada gama de políticas para estimular el desarrollo de las regiones: se ha puesto en marcha un proceso de desconcentración y descentralización, se ha aumentado la inversión en infraestructura, los presupuestos públicos asignados a cada región son crecientes, se invierte más en salud y educación.
Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, la dinámica de creación de nuevas fuentes laborales en regiones se ha rezagado: los jóvenes tienen pocas oportunidades, los profesionales emigran, el desarrollo de los servicios es precario, considerables zonas permanecen aisladas, hay carencia en infraestructura y servicios para la producción y otras tantas situaciones deficitarias.
Si examinamos con detención muchas de las carencias, comprobaríamos que obedecen al insuficiente aumento productivo de los potenciales polos de desarrollo regional. El crecimiento no es un proceso homogéneo en que todas las actividades se expanden al mismo ritmo o se benefician de sus efectos de igual manera. Hay sectores que se expanden rápidamente, mientras otros lo hacen en forma más lenta o, incluso, retroceden. Estas diferencias tienen evidentes repercusiones en la dinámica de las distintas regiones y zonas del país, cuyas modalidades dependen de elementos tales como el desarrollo previamente alcanzado, la dotación de factores, el grado de especialización en actividades específicas o sus características geográficas.
Es inevitable, entonces, que, desde un punto de vista regional, el crecimiento no sea un proceso perfectamente equilibrado. Sin embargo, cuando los desequilibrios se mantienen por períodos prolongados o se acentúan bruscamente, se generan múltiples efectos indeseables en los planos económico, social e, incluso, cultural.
En el caso de regiones extremas, como Magallanes, razones de índole geopolítica justifican una intervención con características excepcionales cuando se producen retrasos en su desarrollo. Sin embargo, la orientación de la política de fomento al desarrollo regional evita la generación de tratamientos especiales, pues la experiencia indica que sus efectos tienden a disolverse con el tiempo y se presentan fuertes presiones para extender sus beneficios a otras zonas, lo que termina, finalmente, por anular su impacto. La generación de condiciones propicias para atraer inversiones privadas a las regiones más atrasadas involucra también otras acciones complementarias, como la capacitación de mano de obra, el desarrollo de un catastro de oportunidades de negocios, entre otras, para las cuales existen instrumentos disponibles. Pero también es preciso actuar sobre actividades ya existentes con los instrumentos de fomento disponibles, para elevar su competitividad.
A mi entender, lo planteado es la forma correcta de enfrentar el desarrollo de las zonas extremas. Pido a la Mesa que se constituya a la brevedad la “comisión de zonas extremas”, con el fin de evaluar las leyes de excepción dictadas para potenciar su desarrollo.
Apoyaré la iniciativa y espero que sigamos avanzando en los instrumentos y políticas que ayuden a nuestras regiones extremas en su desarrollo social y económico en forma permanente y sostenida.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , la Cámara de diputados ha sido convocada con el objeto de tratar un proyecto que puede ser de gran utilidad para las regiones extremas, en especial para Arica y Parinacota, en la Primera Región .
Quiero hacer notar que, sin duda, esto devendrá en una situación discriminatoria. Como en muchos otros sectores, nivelar hacia abajo significa un daño muy grande a la gente que ha elegido esos lugares para vivir, desarrollarse, invertir; que ha hipotecado todo su patrimonio para que después le cambien las reglas del juego.
Frente a esta situación, es necesario que en la historia de la ley quede establecido que nosotros creemos que el Gobierno y sus autoridades han actuado de mala manera, porque propusieron un articulado que beneficiará a Arica, pero perjudicará a otras zonas que con mucho esfuerzo han superado situaciones críticas y logrado desarrollarse.
Aprobaremos el proyecto, pero esperamos que el Gobierno introduzca algunas correcciones en futuras iniciativas legales.
Me extraña que siempre se hable del comercio, de la situación geopolítica, de las industrias que se pueden incentivar para instalarse en las zonas extremas, pero no de medidas que son fundamentales para que tengan un desarrollo arraigado, basado en las raíces de las regiones. Por eso, solicito que el Presidente de la República y sus ministros piensen en la desafectación, que permite el desarrollo. Hay zonas protegidas por otro tipo de legislación que, en verdad, las perjudica, en especial en la provincia de Parinacota, que tiene áreas protegidas de bosques nativos y de carácter internacional y que, además, por ser lugares fronterizos, son privilegiados en cuanto a protección, pero que deben ser desafectados para efectuar exploraciones mineras. En otras oportunidades ha quedado demostrado que estas medidas impulsan el desarrollo en las regiones cuando los proyectos se materializan. Esto no está contenido en la iniciativa en estudio y, sin lugar a dudas, es algo que falta.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , quiero referirme a una de las materias del proyecto: las modificaciones al DFL Nº 15. En la discusión se olvida que esta normativa no sólo se aplicará a Arica y Parinacota, sino que también tiene profundos efectos en Magallanes, Aisén y en las provincias de Chiloé y Palena .
El proyecto, en general, sobre todo si se compara con el texto original, demuestra que la administración del Presidente Frei ha tenido una política muy equivocada respecto de las zonas extremas, en especial hacia Magallanes , Aisén , Chiloé y Palena . Si revisamos los instrumentos jurídicos que ha impulsado, todos han sido bastante errados y equivocados: el plan Austral, que aprobamos en esta Sala en el mes de enero, resultó absolutamente insuficiente; las modificaciones al decreto ley Nº 889, incluso nos llevaron a diputados de distintas bancadas a pedir que se prorrogue su vigencia por un año, a fin de discutir con el próximo gobierno una verdadera regulación de la materia que legisla; las modificaciones al DFL Nº 15, cuyo texto original a mi modo de ver era aberrante, prácticamente acababa con la política de fomento a las inversiones y reducía aún más los recursos que podían destinarse a esa finalidad.
También hemos visto otras fallas en la política de Gobierno hacia las zonas extremas. Por ejemplo, cuando ayer discutimos la reforma al Código Orgánico de Tribunales pudimos advertir que habrá provincias enteras de las regiones de Aisén y de Magallanes que quedarán sin tribunales en lo penal. Incluso, en medidas correctas de carácter nacional, como el impuesto al lujo, se tomó una decisión que afectó directamente uno de los pocos beneficios que tienen las personas naturales que viven en zonas extremas como Magallanes, que incentivaba el asentamiento de personas, de profesionales o funcionarios que iban por poco tiempo.
En general, entonces, hay una política muy equivocada hacia las zonas extremas, olvidándose de que hay razones de aumento de la demanda agregada, de las enormes potencialidades de las regiones, de soberanía, para impulsar un proceso mucho más vasto de inversión, de crecimiento económico, de asentamientos de personas en todo el enorme territorio que comprende Chiloé, Palena , Aisén y Magallanes .
El DFL Nº 15 requería un cambio; al menos, una prórroga; nuevos y mayores recursos, criterios más objetivos en la entrega de los beneficios, pero no una reingeniería. Este es un mal proyecto -gracias a Dios fue mejorado por el trabajo de las Comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara, pero sigue siendo negativo, porque el Ejecutivo tiene la iniciativa en estas materias-, que introduce más burocracia, que no extiende el plazo de manera adecuada, que incorpora elementos errados, como boletas de garantía y otros, pero que, lamentablemente, tendremos que aprobar, porque es lo único que el Gobierno ha estado dispuesto a conceder a zonas con tan enormes potencialidades como Magallanes, Aisén , Chiloé y Palena .
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate. Propongo a la honorable Sala votar el proyecto como un todo, con excepción del numeral 9 del artículo 1º, que contiene la modificación del artículo 12 del DFL Nº 15, de 1981, lo que ha sido solicitado por un señor diputado .
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor Rojas.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
En votación el numeral 9 del artículo 1º, que modifica el artículo 12 del DFL Nº 15.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Rechazado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Rojas y
MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 211, EN RELACIÓN AL TRATO IGUALITARIO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. Primer trámite constitucional.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Núñez.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín Nº 1824-03, sesión 6ª, en 15 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales.
El primer trámite reglamentario se cumplió el 5 de agosto de 1998.
El proyecto corresponde a una iniciativa de los diputados señores Eugenio Tuma , Maximiano Errázuriz , Aníbal Pérez , Arturo Longton y de los ahora ex diputados señora Martita Wörner y señores Armando Arancibia , Mario Hamuy , Hosaín Sabag y José González .
La Constitución Política de la República incluye dentro de las garantías una norma que asegura la igualdad ante la ley. Para reforzar este principio, se agrega en el texto constitucional que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
A este proyecto, que consta de un artículo único, los honorables diputados Juan Bustos y Patricio Hales le formularon una indicación en la Sala para sustituir, en la letra f), nueva, que se propone para el artículo 2º del decreto ley Nº 211, la palabra “arbitraria” por “abusiva”.
Después de una larga discusión en la Comisión y consultado el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio , Editorial Heliasta, sociedad de responsabilidad limitada, Argentina, para aclarar el significado de ambos términos, la Comisión acordó usar los dos, “arbitraria” y “abusiva”, con el fin de que la ley se aplique a hechos que comprendan cualquiera de los dos conceptos.
En consecuencia, vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone la aprobación del siguiente proyecto de ley:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 211, que fija normas para la defensa de la libre competencia y cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 511, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 27 de octubre de 1980:
a) Para consultar en el artículo 2º como letra f) nueva, la siguiente, pasando la actual letra f), a ser letra g):
“f) Los que se refieran a la discriminación arbitraria o abusiva en las condiciones de comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución de los productos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, por parte de proveedores a los intermediarios en la comercialización de dichos productos al consumidor.”
b) Para agregar el siguiente artículo nuevo, como artículo 2º bis:
“Artículo 2º bis.- Para los efectos previstos en la letra c) del artículo 2º, los productores, importadores, distribuidores mayoristas y en general los distribuidores, estarán obligados a exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios, incluyendo descuentos o rebajas por volumen, por pronto pago y servicios conexos que se ofrecen rebajados.”
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , entiendo que al inicio de la sesión algunos parlamentarios democratacristianos pidieron el acuerdo unánime de la Sala, el cual entregamos, para votar los proyectos a las 12 horas, con el fin de poder concurrir al funeral del padre del diputado señor Luksic .
Entonces, solicito que la Mesa aclare qué sucede, porque veo que seguimos tratando otro proyecto.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Señor diputado , se votó un proyecto a las 12, y debo recabar el asentimiento de la Sala para levantar la sesión, pero se me ha comunicado que no hay unanimidad. El acuerdo fue para votar. Después de esto no habrá votación y la sesión continuará.
Para referirse al proyecto, tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, me opuse a la idea de legislar sobre el presente proyecto por las siguientes razones:
Esta moción propone modificar el decreto ley Nº 211, sobre atentados contra la libre competencia que deben ser sancionados.
Dicho decreto ley, al igual que otros cuerpos legales, no define lo que es competencia desleal, porque es muy difícil hacerlo, sino que, más bien, consagra una norma de carácter genérico y deja a los tribunales, concretamente a la Comisión Resolutiva, la determinación de si una conducta es o no atentatoria contra la libre competencia.
El decreto ley Nº 211 hace una formulación amplia al consagrar que comete competencia desleal el que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia. Es decir, es genérico. Posteriormente, el inciso primero del artículo 2º contempla algunas competencias, simplemente a título ejemplar, al señalar en su inciso primero que para los efectos previstos en el artículo anterior se consideran, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, los que se establecen desde la letra a) a la f) y que se pueden resumir en reparto de cuotas, asignación de zonas de mercado, distribución exclusiva por parte de una sola persona o entidad de artículos de varios productores, acuerdos sobre imposiciones de precios, etcétera. Es decir, partimos de una definición muy genérica en el artículo 1º, para después señalar en el artículo 2º algunos ejemplos que podrían atentar en contra de la libre competencia.
La moción se ha modificado en relación a como ingresó a trámite parlamentario. La propuesta original sancionaba, lisa y llanamente, la discriminación y no la discriminación arbitraria. Posteriormente, la Comisión de Economía sancionó que la discriminación debe ser arbitraria o abusiva.
En verdad, la moción original resultaba bastante absurda, porque se podía terminar sancionando a las empresas por otorgar descuentos por volumen, por pronto pago, etcétera.
Además, a la iniciativa se agregó un artículo 2º bis, que se refiere básicamente al tema de la información, es decir, que las empresas tendrán la obligación de exhibir las condiciones de contratación de sus productos o servicios, descuentos, etcétera.
Señor Presidente , desde mi punto de vista, las relaciones comerciales son extremadamente flexibles y dinámicas. Creo que cometemos un error al rigidizarlas. Lo importante en un mercado es asegurar la libre entrada de productos y establecer sistemas expeditos, a nivel judicial, para castigar atentados en contra de la libre competencia. A mi juicio, en las relaciones comerciales existe una línea muy difusa y difícil de determinar en ocasiones, cuando se trata de dilucidar si estamos frente a una competencia desleal o ante una rivalidad de carácter comercial.
Por eso, me inclino por mantener la actual normativa del decreto ley Nº 211, o sea, partir de la definición genérica a que hacía mención y después castigar conductas específicas, sobre todo pensando que la letra f) del artículo 2º es tremendamente amplia al disponer que constituyen atentados en contra de la libre competencia “En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia”.
Tal como señalaba, muchas veces es muy difusa la línea que separa una rivalidad de carácter comercial con un atentado en contra de la libre competencia. Prefiero que la práctica de la Comisión Resolutiva en los tribunales sea la que vaya determinando caso a caso, porque considero un error tratar de rigidizar este conjunto de prácticas en un ámbito tan dinámico como son las relaciones comerciales.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez hasta por cinco minutos, ya que en ese lapso termina el Orden del Día.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , recuerdo que la primera intervención que hice en esta Sala como diputado , también estaba relacionada con la legislación antimonopolio. Ahora, me gustaría repetir algunas de esas ideas expresadas hace más de un año.
En primer lugar, creo que este proyecto es absolutamente aislado. En realidad, nuestra legislación antimonopolio, que protege esos dos derechos que hemos considerado importantes: el derecho a competir y la libre competencia -la competencia en general y la competencia desleal, en otros conceptos- debe ser modificada profundamente. Nuestra legislación, que data de 1964, fue extraordinariamente moderna y muy positiva en su momento, aunque desde su origen tuvo algunos elementos equivocados, como era pensar que constituía un texto penal, en circunstancias que sólo se ha aplicado su esfera civil o administrativo-económica.
Por otra parte, no sólo se debe perfeccionar ese texto legal en forma sustantiva, desde el punto de vista de su regulación, sino también, por ejemplo, la composición de los tribunales. Una de las tareas pendientes en nuestro país es todo lo relativo a la jurisdicción en materia económica, una de cuyas áreas se refiere a la competencia.
Cuando uno conversa con abogados o empresarios de otros países, es bastante difícil explicarles, por ejemplo, que la operación más grande realizada en la historia de la bolsa chilena fue la venta de Endesa, para lo cual se levantó la medida precautoria adoptada por la Comisión Resolutiva, porque coincidió con el cambio de un integrante de la Comisión -el decano de una Facultad de Economía-, que se realiza por sorteo. Es un tribunal que no tiene ninguna estabilidad en el tiempo, por lo que es muy conveniente avanzar en esa materia.
El otro problema es qué tipo de figuras tenemos y cuáles conductas regulamos. Desde 1890, mediante la Sherman Act, o después, a través de los artículos 85 y 86 de la Comisión Europea, se ha buscado rigidizar la normativa, de tal manera que si una persona incurría en alguna de las tipificaciones que establecía, conllevaba una conducta; pero eso ha sido abandonado y ahora estamos en el reino de buscar grandes líneas o elementos subjetivos, esto es, si el acto en sí está afectando la competencia leal o si no es razonable para un marco económico competitivo. Por eso me parece equivocado establecer este tipo de enunciaciones, más aún con nuestro modelo de tribunales y, sobre todo, de fiscalía.
Por lo tanto, anuncio desde ya mi voto en contra de esta disposición.
Por otra parte, estimo equivocado el complemento del artículo 2º bis, porque producirá efectos en el mercado, ya que se podrá sancionar a ciertas empresas por considerar que están discriminando cuando dan alguna ventaja a otra en determinado momento o porque no exhiben en sus establecimientos las condiciones generales de contratación. Hay muchas empresas que no las tienen y que otorgan condiciones especiales cuando se produce un negocio específico, como una gran venta, de enorme volumen, tanto en unidades como en precio. En consecuencia, resulta absolutamente exagerado exigir a todo tipo de negocios, de proveedores, de importadores, de distribuidores, en general, que exhiban en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios, ya que esto no podrá cumplirse en muchas ocasiones.
Por lo anterior y fundamentalmente por una razón de filosofía legislativa en materia de competencia, estimo que no es bueno rigidizar las conductas, menos aún con el actual marco jurídico de nuestro país, sobre todo el de las Comisiones Resolutiva y Preventiva.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de esta disposición.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Con esto se ha puesto término al Orden del Día.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RESPALDO A POLÍTICAS DE VIVIENDAS SOCIALES Y PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 244, de la diputada señora Soto, doña Laura; de los diputados señores Huenchumilla, Mulet, Palma, don Joaquín; Elgueta, Cornejo, don Aldo; Naranjo, Salas, de la diputada señora Pollarolo, doña Fanny, y del diputado señor Gutiérrez.
“Considerando:
Que la honorable Cámara de Diputados en la sesión de hoy jueves 22 de abril de 1999, ha tratado especialmente la situación de la política de vivienda de nuestro país;
Que el tema de la vivienda es especialmente sensible para los sectores más modestos de nuestro país.
Que, por lo anterior, siempre ha existido una especial preocupación de los avances en materia habitacional, estado de pago de los deudores del sistema, etcétera.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Respaldar la política de vivienda, impulsada por los dos Gobiernos de la Concertación, que ha significado que miles de familias chilenas hayan tenido acceso a una vivienda y una vida más digna;
2. Respaldar la labor que ha desarrollado el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a través del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Sergio Henríquez, quien, cumpliendo la política social de la Concertación, ha dedicado su esfuerzo a crear condiciones para que chilenos y chilenas vivan mejor, lo que se ha traducido en construcción de viviendas, pavimentos participativos, parques urbanos, programa Chile-Barrios, conjuntos habitacionales plenamente equipados, etcétera. La opinión pública aprecia estas realizaciones en plenitud, más allá de los intentos de la Oposición para desconocer la nueva obra realizada, que no fueron capaces de llevarla a cabo durante 17 años que estuvieron en el Gobierno.
3. Declarar que todos los esfuerzos realizados en el campo de la vivienda, requieren más recursos de parte del Estado y, en particular, del Ministerio de Hacienda para acelerar el cumplimiento de las metas y las legítimas aspiraciones de las familias más modestas;
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Diputados acuerda que el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo en el plazo de 60 días informe a la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, del estado, dificultades, proyecciones y en particular del financiamiento de los siguientes programas y proyectos:
a) Vivienda progresiva - modalidad privada.
b) Vivienda básica - modalidad privada.
c) Haga una propuesta para mejorar la información a personas inscritas en leasing habitacional, para que puedan tener mejores opciones.
d) Establecer nuevas modalidades de estímulo en la postulación grupal a través de Comités de Allegados.
e) Estudiar nuevas formas para la implementación del programa PET para hacerlo más ágil y efectivo.
f) Analizar las reales posibilidades del sector más pobre de la población para acceder a los programas públicos de vivienda en el menor tiempo posible.
g) Revisar las alternativas de repactación de créditos morosos de viviendas con el Serviu derivadas de los diferentes programas sociales y subsidios, y las de deudas derivadas de subsidios y programas PET con el Banco del Estado de Chile, para personas desempleadas”.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , creo que todos celebramos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo haya hecho una gran labor en favor de la gente más modesta, particularmente de las poblaciones.
Hoy tenemos una inquietud al respecto. Queremos que la postulación a las viviendas sociales sea más transparente y tenga algunas variables que ahora no se toman en cuenta. Entre ellas -por decir una cuestión muy importante-, las abuelitas y los abuelitos no son considerados y generalmente vemos en las poblaciones que personas de la tercera edad viven como allegados en esos lugares.
Respecto de los jóvenes que estudian en la enseñanza media o universitaria y han sobrepasado los 18 años, debo destacar que tampoco son considerados.
Asimismo, es muy importante para nosotros destacar que mucha gente tiene la aspiración legítima de contar con su casita propia, y sueña con ella, por lo cual hace un gran esfuerzo y espera mucho tiempo, a veces ocho o diez años, lo que nos parece muy frustrante. Por lo tanto, pedimos que los plazos se acorten efectivamente.
Además, hemos solicitado al Presidente de la República que se dé garantías a las personas cesantes que han optado a una vivienda social para que, mientras se mantengan en esa situación, no sean perturbadas y no se les cobre una deuda que, a lo mejor, en esas condiciones no la pueden pagar.
De manera que concuerdo plenamente con el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Restan dos minutos para que otro señor diputado hable a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , hay que ser muy honestos. Con el proyecto mismo no podríamos estar en desacuerdo, pero me da la impresión que es un derivado de los almuerzos del primer lunes del mes que comparten los parlamentarios con el señor ministro de Vivienda y Urbanismo. Ello, por una razón muy sencilla: a simple vista se advierte que quienes patrocinan el proyecto de acuerdo pensaban que iba a ser el acertijo del año, ya que estimaban que se trataría cuando correspondía, es decir, hace dos o tres meses.
Lo que dijo la diputada señora Laura Soto es efectivo, pero resulta que ya se anunciaron planes especiales para los abuelitos. Los mayores de 65 años tendrán prioridad para optar a una casa. Eso está absolutamente vigente y en los Serviu regionales incluso se han repartido los instructivos para que la gente de la tercera edad postule a estos subsidios habitacionales.
Respecto de los jóvenes de más de 18 años, a que ella alude, está claramente establecido que todos tienen derecho a optar a una vivienda. Todavía más, se amplió el ámbito para que las madres, no importando su estado civil, sean solteras o casadas, tengan derecho a optar a una vivienda, porque es lógico. Antes sólo podía hacerlo el matrimonio.
El tercer punto, quizás tan importante como los otros, es la repactación de deudas. Ya se dio la orden para que se postergaran todos los cobros de dividendos a las personas cesantes.
En consecuencia, no podemos dejar de coincidir con el proyecto, pero es extemporáneo, porque todo lo que en él se pide ya ha sido implementado por las autoridades pertinentes.
Quiero aprovechar el tiempo de que dispongo para decir que la Mesa debería tener facultad para fijar la prioridad de los proyectos de acuerdo, al momento de ser presentados, porque resulta que estamos discutiendo cosas extemporáneas.
La iniciativa tenía buena intención, y aunque siempre esos proyectos se firman por diputados de todas las bancadas cuando tienen gran aceptación, por extraña coincidencia, toda la gente que lo suscribe es de la Concertación. Entonces, claramente corresponde a proyectos que se dan bajo cuerda, para decir: “Yo lo saqué”. Pero resulta, diputada señora Laura Soto , con lo que la quiero y la aprecio -usted sabe que es así- que se pasó el tiempo y lo que se está pidiendo ya está plenamente vigente. Por lo tanto, no se justifica que la Cámara lo apruebe.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra a otro señor diputado para que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay quórum. Se repetirá la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En votación.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
De acuerdo con el Reglamento, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
VI ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS COMUNALES DE LA DISCAPACIDAD. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En Incidentes, en el primer turno, correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Reyes.
El señor REYES.-
Señor Presidente, el fin de semana pasado se realizó en Puerto Varas el VI Encuentro nacional de consejos comunales de la discapacidad.
Más de quinientas personas inscritas constituyeron ya un primer indicio respecto del éxito que tendría el desarrollo del Encuentro, que congregó a delegaciones de todo el país y en el que se discutieron a fondo los distintos temas contenidos en la agenda de la reunión.
La responsabilidad de la organización estuvo en manos de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas y de la Sociedad de Fomento Fabril, que entregaron un valioso ejemplo acerca de la posibilidad real de desarrollar iniciativas con participación compartida de entes públicos y entidades privadas como las mencionadas.
Por razones de trabajo, aquí en Valparaíso, no me fue posible asistir al acto inaugural; pero sí estuve presente en la jornada de clausura, en especial en la sesión plenaria en que cada comisión dio a conocer las conclusiones y proposiciones como consecuencia de sus debates.
Confieso que quedé muy impresionado de lo que pude presenciar y escuchar, ya que cada comisión analizó a fondo las materias que le fueron sometidas a su consideración, tales como lo concerniente al acceso de los fondos para proyectos concursables, la inserción laboral de personas con discapacidad, la integración educativa de las mismas, la necesidad de elaborar catastros comunales de la discapacidad y de fortalecer los consejos comunales en cada región del país, y, finalmente, la evaluación de la ley Nº 19.284, sobre integración social de personas con discapacidad.
Sobre esta materia quisiera referirme, en forma muy particular, a lo que se señaló en relación con la inserción laboral de personas con discapacidad, toda vez que toca un tema muy relevante, y afecta, en definitiva, a la igualdad de derechos y oportunidades que nuestro ordenamiento jurídico-constitucional garantiza a todos los habitantes de la República.
Al respecto, la comisión que analizó este aspecto dejó expresa constancia de que existe desconocimiento, miedo, desconfianzas, por parte de empresarios y empleadores, hacia las personas con discapacidad.
Se consignó también la carencia de una cultura de la diversidad y la poca flexibilidad de las normativas existentes para la aceptación de la misma.
Se constató la inexistencia de iniciativas especiales para discapacitados, la existencia de restricciones y requerimientos que los discriminan, la falta de infraestructura que facilite el desempeño laboral de las personas con discapacidad, la carencia de apoyo en materia de capacitación y, por cierto también, la carencia de apoyo en materia financiera, de créditos, para discapacitados que perfectamente podrían desarrollar iniciativas de carácter empresarial, como pequeños o medianos empresarios, etcétera.
En suma, en el ámbito laboral se comprobó que hay más limitaciones que facilidades, más obstáculos que oportunidades, y que lo mismo se extiende al aporte que los discapacitados podrían hacer al proceso productivo, al desarrollo del arte y la cultura, al deporte y la recreación; en definitiva, al desarrollo del país y de sus propias personas y grupos familiares.
Resulta obvio, en consecuencia, que el VI Encuentro nacional de consejos comunales de la discapacidad haya acordado, entre otras materias, impulsar fuertemente el proceso de organización y de asociación, estructurándose no sólo localmente, sino también en forma regional; impulsar acciones y desarrollar iniciativas en ese ámbito; estructurar la coordinación regional con apoyo técnico y jurídico. En definitiva, dar nuevos y más importantes pasos que les permitan ir ganando espacios y adquiriendo mayor presencia y relevancia de aquella a la cual legítimamente tienen derecho, más allá de sus limitaciones.
Señor Presidente , en una próxima oportunidad espero referirme a otros aspectos de este encuentro que, como digo, fue de gran relevancia y profundidad. Ahora me limito a expresar lo planteado, sin perjuicio de lo cual quiero solicitarle que, en mi nombre, se oficie al Consejo Comunal de la Discapacidad de Puerto Varas , a través del señor alcalde de la comuna, felicitándolo por haber llevado adelante tan importante iniciativa, y destacando en forma muy especial el trabajo realizado por la asistente social del municipio, señora Antonieta Cortés , quien, con gran esfuerzo y dedicación, logró encabezar y materializar en forma tan exitosa un encuentro como al que me he referido.
Asimismo, le pido que tanto a la entidad señalada como a la asistente social, seño-ra Antonieta Cortés , se haga llegar, en mi nombre, copia íntegra de esta intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y, para mejor comprensión, se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Soto, doña Laura , y de los diputados señores Rojas, García, don René Manuel ; Sánchez , Núñez y Palma, don Osvaldo .
RETIRO DE RETENES DE PICHIDEGUA Y DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Juan Ramón Núñez
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , quiero referirme a una materia muy importante en relación con la seguridad ciudadana.
Hace algunos días, participé en una reunión de dirigentes de juntas de vecinos de distintos sectores de la comuna de Pichidegua, del distrito Nº 34, que represento, en la cual me expresaron su preocupación por las noticias y rumores relacionados con el retiro del retén denominado “Almahue Viejo”, que depende de la tenencia de Carabineros de Pichidegua y que está bajo la jurisdicción de la comisaría Nº 6, de San Vicente de Tagua Tagua. Dicho retén atiende a localidades de Lo Argentina, Larmahue , Santa Amelia , El Salto, San Luis , Caleuche y otras pequeñas. En resumen, a cerca de diez mil habitantes, que representan prácticamente la mitad de la población de la comuna de Pichidegua.
La misma preocupación me ha planteado el señor alcalde de San Vicente de Tagua Tagua , señor René Leyton , y los señores concejales, en relación con los retenes de las localidades de Zúñiga y El Tambo, que pertenecen a esa comuna.
Hice gestiones ante la intendencia regional y sostuve entrevistas con el prefecto de Carabineros de la provincia de Cachapoal para solicitarle información objetiva y adecuada, de modo de darla a conocer directamente a los vecinos.
Por lo tanto, a fin de conocer la política oficial de Carabineros respecto de retenes rurales, quiero que se oficie, en mi nombre, al Ministerio de Defensa Nacional -del cual depende Carabineros, jurídica y administrativamente-, al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Carabineros, para solicitarles que informen sobre la decisión que se ha tomado en relación con los retenes señalados.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , el oficio que solicitó lo despacharemos a los Ministerios del Interior y de Defensa , con la adhesión de los diputados señores García, don René Manuel ; Reyes , Sánchez y Rojas.
Para mejor comprensión, se adjuntará el texto de su intervención.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RECHAZO A JUICIO DE XENOFOBIA CONTRA MÉDICOS EXTRANJEROS. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El próximo turno corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente , considero importante llamar la atención acerca de un grave juicio sobre los chilenos, que considero injusto y equivocado. Me refiero al cargo de xenofobia contra médicos extranjeros.
Chile se caracteriza por su generosidad para acoger a múltiples personas de diversas nacionalidades que han llegado y alcanzado, desde el inicio de nuestra historia, trascendente significado en la formación de la República. Porque ello es de todos conocido, considero injusto ese cargo contra un pueblo de tan amplio criterio al respecto, como el nuestro.
Existen, aproximadamente, dos mil médicos extranjeros en Chile, y sólo mil, la mitad de ellos, tiene regularizado su título. Es importante aclarar que sean en realidad médicos y, además, que estén en condiciones de ejercer la medicina. Sólo la mitad lo ha certificado. Esto debe ser necesario para todas las profesiones, no sólo para los médicos. Y la certificación es exigida a todos los profesionales, no sólo a los médicos. El Gobierno está obligado a exigir la certificación a chilenos y extranjeros, a fin de saber la calidad de los profesionales en los que confiamos, en especial la de los relacionados con la salud.
En esto, como en todas las cosas, debe existir la certificación académica y administrativa obligatoria. Así como para conducir un vehículo se requieren los documentos necesarios para probar que se está en condiciones de hacerlo, con mayor razón éstos deben ser exigidos para tratar a un enfermo. El Estado y los colegios profesionales deben cautelar por ley que sean efectivamente médicos quienes traten a los enfermos y que tengan la capacidad necesaria para hacerlo en buenas condiciones. En caso contrario, en esta materia, más peligrosa que conducir un vehículo, no tendremos la seguridad de estar en manos capacitadas.
La situación descrita de ninguna manera se puede denominar xenofobia. Sólo es un mal manejo de una situación muy irregular y peligrosa para muchos, pues del mismo modo se podría catalogar como xenofobia el que los extranjeros deban contar con permiso para conducir y pagar pasajes o contribuciones. Parece casi un chiste, pero es una acusación muy grave, que no podemos dejar pasar, menos en un país como el nuestro, que se ha caracterizado por su acogedora política inmigratoria. En efecto, nuestro trato con los extranjeros siempre ha sido y seguirá siendo generoso y agradecido, como lo prueban cientos de hechos y personajes de nuestra historia, en la que muchos de ellos han tenido trascendente participación y figuran entre nuestros héroes más venerados.
Por lo anteriormente expuesto, solicito enviar oficio al Ministro de Salud y transcribir mi intervención al Colegio Médico, a fin de que se pronuncien al respecto.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se procederá de la manera indicada por su Señoría.
SOLICITUD DE SEPARACIÓN Y DESTITUCIÓN DE CARGOS DE PERSONEROS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO POR IRREGULARIDADES EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , hace algún tiempo, denuncié ciertas irregularidades cometidas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, en la zona que represento. Varios de sus personeros me contestaron diciendo que mis denuncias eran falsas.
En el diario “Austral”, del 19 de diciembre de 1998, el señor Luis Marambio Canales , director nacional del Indap , me respondió que si se había incurrido en alguna irregularidad, sería el primero en ordenar una investigación.
Al respecto, el señor Marambio sabía que mis acusaciones sobre irregularidades en el riego en la Novena Región eran absolutamente ciertas, y que se había coludido con el señor Miguel Alegre Roco , director del Indap de Temuco , para desmentirme. Pero estos señores jamás pensaron que llegaría a mi poder una investigación de la Contraloría Interna del Indap. Y el 22 de diciembre de 1998, el señor Marambio ya tenía dicho informe, que consignaba la efectividad de las irregularidades, lo cual corrobora que estaba en conocimiento de los hechos que se estaban produciendo a lo largo del país.
Pregunto: ¿Hasta cuándo seguiremos amparando a esta gente que sabe que está actuando mal? Se trata de personas a las que, en definitiva, les interesa conservar sus cargos a costa de los agricultores que necesitan el riego.
A mi juicio, el señor ministro de Agricultura debe tomar conocimiento de estos hechos. Por ello le sugiero que solicite el oficio Nº 0021 de la Contraloría Interna del Indap, que confirma mis denuncias. El señor Marambio argumenta que el personal del Indap elige libremente a las personas que realizarán el riego, y el informe de su Contraloría Interna expresa que todos los agricultores consultados habían sido influenciados por una funcionaria de dicho organismos para seleccionar a la empresa que llevaría a cabo la obra. ¡Lo afirma la propia Contraloría del señor Marambio!
El informe también manifiesta que las obras no estaban terminadas y las que sí, mal ejecutadas. Incluso, en cuanto al cobro de los bonos, se habla de falsificación de las firmas de algunos agricultores. ¡No lo digo yo, sino la Contraloría Interna del Indap!
De igual modo, dicho informe sostiene que a varios agricultores se les cobraba 427 mil pesos por una bomba de agua. Al respecto, esa misma bomba fue cotizada por uno de los afectados en dos casas comerciales de Temuco, en las cuales costaba 280 mil pesos, con IVA incluido. ¡Lo dice la propia Contraloría Interna del Indap!
En el ánimo de no alargar más mi intervención, y a la luz de estos antecedentes, que están en manos de estos funcionarios y que trataron de tapar -¡cómo serán de efectivas mis denuncias que ni siquiera su propia Contraloría fue capaz de taparlas!-, pido que se oficie al ministro de Agricultura a fin de que suspenda de sus cargos a los señores Marambio y Alegre hasta que se concluya la investigación, avalada por el memorándum interno Nº 0021 de su Contraloría.
Esto es sólo una muestra, porque si investigamos en las contralorías de La Serena y del sur, veremos que, por extraña coincidencia, se repiten los mismos nombres y en las mismas obras de riego. Por eso está desprestigiado el Indap, y los agricultores no creen en él; por eso creo en una reestructuración profunda de las instituciones del agro, para que la gente que trabaja en ellas se dedique a los intereses propios de la tierra y no a los problemas personales o políticos. Además, se trata de que los dineros que se dan a tan nobles instituciones, lleguen efectivamente a la gente.
Por otra parte, en la Cámara nunca hemos tenido denuncias contra el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y la Corporación Nacional Forestal, Conaf -ojalá que nunca tengamos que hacerlas-, porque son instituciones prestigiosas que han tratado de hacer las cosas lo mejor posible.
Por las razones expuestas, el ministro debe tomar cartas en el asunto y pedir la destitución de los señores Marambio y Alegre.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , he pedido que estos señores sean separados de sus cargos, y destituidos del Indap con posterioridad; porque, según los documentos que poseo y la investigación de la Contraloría, habría que llegar a esa conclusión. El caso no admite pruebas en contrario.
Gracias.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , mi papel no es juzgar, sino presidir la Corporación, y, en este caso, debo dar garantías a todos los poderes del Estado.
Su intervención se adjuntará al oficio.
REVISIÓN DE TARIFAS DE AGUA POTABLE DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica, quien, además, utilizará cinco minutos del Comité de la UDI.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , durante largo tiempo, los distintos consejos de desarrollo regional transfirieron miles de millones de pesos a las empresas de servicios sanitarios locales, con la finalidad de construir infraestructura sanitaria. La Región de Atacama y la empresa Essat no fueron una excepción, y se les traspasó una cantidad importante de recursos.
Hace aproximadamente cinco meses, a través del Gobierno, se planteó la posibilidad de que los dineros, que originalmente eran para obras en beneficio directo de la gente, como pavimentación de calles y veredas, se redestinaran, porque las empresas de servicios sanitarios serían privatizadas.
Hubo distintas posiciones. Por mi parte, en una reunión con consejeros encargados de la materia, expresé que prefería que se optara por el camino que eligió la Quinta Región, es decir, de la demanda judicial, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de recursos devueltos, para solventar una rebaja de las tarifas de agua potable, dado que en Atacama, en especial en el sector número dos, que incluye a las comunas de Huasco, Freirina, Caldera, Chañaral y Diego de Almagro , se aplica una de las más altas del país.
Hace seis meses se optó por no ir a los tribunales y firmar un convenio; pero, hasta la fecha, no ha habido rebajas de ningún tipo para los usuarios, aun cuando el Superintendente de Servicios Sanitarios , la semana pasada, visitó la Región de Atacama.
Distintas autoridades, dentro de las que se cuenta quien habla, le habíamos pedido oficialmente que reestudiara las tarifas que se aplican en Atacama -ya lo dije: son una de las más altas del país-; pero, en su visita, el Superintendente negó tal petición.
Aludo a esta negativa porque la Concertación, ayer, rechazó en la Cámara un proyecto de ley que presenté hace un año para romper el círculo vicioso que genera inestabilidad para el Superintendente de Servicios Sanitarios por las distintas influencias.
Acontece que este funcionario es nombrado y puede ser removido por el Presidente de la República sin expresión de causa; pero, a su vez, los directores de las empresas sanitarias, a lo largo del país, son nominados por cuoteo político. Cada partido de la Concertación tiene el número que le corresponde. Por eso, el Superintendente de Servicios Sanitarios mantiene una relación directa con ellos. Algunos directores son subsecretarios, presidentes de partidos, grandes jerarcas de la coalición, y cuando el usuario reclama en contra de determinada empresa, no pasa nada en materia de fiscalización.
Para no alargarme, solicito que se envíe un oficio para que el Superintendente de Servicios Sanitarios informe sobre solicitudes de revisión de tarifas de agua potable de la Región de Atacama.
Agradezco el tiempo que me ha cedido mi amigo y diputado don Manuel Rojas .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará su intervención, con la adhesión de los parlamentarios que lo indiquen.
EXTENSIÓN DE BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REGIONES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que resta al Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , hace poco, se discutió un proyecto -finalmente fue a comisión mixta- que complementa la ley Nº 19.553, que concedió una asignación de modernización y otros beneficios a los funcionarios públicos.
Sin embargo, una vez más, se ha discriminado contra la Segunda Región. En el artículo 11, el Ejecutivo -cuyos representantes, al parecer, no conocen la zona- consideró, como variable para su otorgamiento, el oriente de la Ruta 5, es decir, de la Panamericana Norte; pero al oriente de Antofagasta sólo existe el desierto.
Además, tampoco percibirán los beneficios los funcionarios públicos de Taltal, Mejillones , Sierra Gorda , María Elena , Calama y Tocopilla .
En general, tales beneficios no llegarán a la Segunda Región, lo que es preocupante. Si se trata de buscar el bien común para todos, en forma genérica, es de justicia que el Gobierno asuma su responsabilidad y los haga extensivos a ella.
Pero hay más. Según un análisis que he hecho, en leyes que están en plena aplicación también se ha dejado de lado a la Segunda Región, como es el caso de las que establecen beneficios para las zonas extremas.
Además, la ley Nº 19.562, que concede asignaciones especiales transitorias y otros beneficios al personal de la Contraloría General de la República, sólo es aplicable para los funcionarios de ese organismo de la Undécima y Duodécima regiones.
Por eso, formulo un llamado a los colegas parlamentarios de la Segunda Región -zona que espero defender a brazo partido- para que nos preocupemos por esta situación.
Para no ahondar más, pido que se oficie, en mi nombre, al Presidente de la República -únicamente cabe esto, porque los parlamentarios carecemos de iniciativa en materia de gastos-, para que se presente un proyecto que haga extensivos a las regiones Primera y Segunda los beneficios que establece el artículo 3º de la ley Nº 15.562.
Por la información que obra en mi poder, los beneficiados no serían más de cincuenta funcionarios de la Contraloría de esas regiones.
Asimismo, solicito que el Ejecutivo envíe una indicación al artículo 11 del proyecto que complementa la ley Nº 19.553, con el objeto de incluir a la Segunda Región.
Me alegra mucho que la Primera Región haya obtenido este beneficio gracias al poder de un senador y una diputada para integrar a la provincia de Iquique; pero -lo digo con todas sus letras- el Gobierno no puede seguir discriminando a la Segunda Región.
Por lo tanto, pido, por intermedio de la Mesa, que el Ejecutivo estudie la posibilidad de modificar el artículo 11 de la ley Nº 19.533, a fin de favorecer a la Segunda Región.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En atención a que el señor diputado ha solicitado el patrocinio del Ejecutivo para un proyecto relacionado con la Segunda Región , el oficio será enviado al Presidente de la República . Para mayor comprensión del tema, se adjuntará el texto de su intervención.
REGISTRO RESERVADO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE PERSONEROS PÚBLICOS. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que corresponde al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , en el editorial del diario “La Tercera”, de 8 de junio recién pasado, bajo el título “Fiscalización televisada”, el director del medio hace una afirmación que no fue desmentida posteriormente: que Carabineros de Chile, ante la supuesta imposibilidad de cursar infracciones de tránsito a ciertos personeros públicos, las dejaba registradas en un archivo de carácter reservado. Nada se dice acerca de la finalidad de esta supuesta práctica. La gravedad de esta aseveración, formulada en un medio de comunicación social de prestigio y de difusión muy masiva -por su tiraje y circulación nacionales-, está dada por el hecho de que existiría un trato discriminatorio en favor de personas investidas de cierta autoridad pública.
Sobre este particular cabe decir que en una sociedad democrática no pueden existir privilegios de ninguna clase que exoneren a parte de los ciudadanos, atendido el cargo que ejercen, de la aplicación de la legalidad vigente. Nadie está por encima de la ley en un Estado de Derecho democrático. Es una cuestión de principios intransables, la cual es reclamada -y con razón- por la ciudadanía.
Asimismo, atendida la legislación del tránsito vigente y las claras normas de nuestro Código de Procedimiento Penal sobre la obligación que tienen los cuerpos de seguridad pública, el hecho de no denunciar a los tribunales los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, constituye un ilícito. Cabe aquí hacer una aclaración. Las faltas a la ley de Tránsito son delitos de menor gravedad, pero delitos al fin.
Si Carabineros no denuncia a las autoridades ante el juzgado de policía local correspondiente, infringe sus deberes institucionales, y los funcionarios involucrados vulneran su regulación interna contenida en el Reglamento de Disciplina Nº 11, de 1967.
El otro aspecto grave de esta situación es el hecho de generar archivos o registros secretos o reservados para un fin distinto de la prevención o represión del crimen. No podemos volver a los tiempos en que se hacía un “dossier” de cada personero relevante del país. Por ello, los diputados señores Navarro y Rincón dieron esta mañana una conferencia de prensa en Santiago y se han reunido con la máxima autoridad policial para esclarecer esta información de prensa.
Confiamos en que la policía desmienta esta noticia o que, de ser cierta, tenga argumentos que la justifiquen técnica y jurídicamente.
A medida que uno analiza en detalle estos hechos se percata de su gravedad, razón por la cual procede realizar una investigación exhaustiva de parte de las autoridades civiles y policiales concernidas.
Por lo anteriormente señalado, pido que se oficie, en mi nombre, a los ministros de Defensa y del Interior , a fin de que me informen, por intermedio de la Mesa, si es efectivo que existen registros internos de infracciones a la ley del Tránsito en poder de la policía uniformada, que conciernan a personeros públicos, sean éstos ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios, etcétera, y de ser ello efectivo, que se investigue su legalidad y finalidad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
DIFUSIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , día a día se extiende en nuestro país el flagelo de la cesantía. El Gobierno ha implementado una serie de programas para paliar los efectos socioeconómicos que el desempleo genera. Sin embargo, dichos programas son desconocidos por una gran mayoría de chilenos que se encuentran cesantes, amén de la burocratización que implica llevar a la práctica tales medidas. Esta realidad debe ser asumida y corregida.
Por ello, pido que se oficie al Presidente de la República y a los ministros del Trabajo y de Hacienda , a fin de que arbitren las medidas necesarias para que los gobiernos regionales implementen iniciativas que tiendan a informar en forma masiva acerca de la existencia de los planes y programas de absorción de mano de obra, sus características, mecanismos de postulación y organismos ejecutores. Asimismo, los tipos de subsidio a que tienen derecho los desempleados de nuestro país y los requisitos para acceder a ellos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando en cada uno de ellos el texto de su intervención.
DETENCIÓN DE EJECUTIVOS DE EDITORIAL “PLANETA”. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en esta ocasión me referiré a un hecho que me parece muy lamentable. En mi opinión, nuestro país asiste nuevamente a un hecho que nos avergüenza y habla muy mal de lo que está ocurriendo con el Poder Judicial .
La detención del gerente general de la editorial Planeta, señor Bartolo Ortiz , y la de su editor señor Carlos Orellana , por aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, en relación con la requisición de la obra de la periodista Alejandra Matus titulada “El libro negro de la justicia chilena”, constituyen hechos que debieran avergonzar a todos los chilenos.
Quiero levantar mi voz frente a lo que me parece la ausencia de una verdadera libertad de expresión. Con mucha dificultad, después de 17 años de dictadura, hemos logrado recuperar una democracia que, en este caso, está demostrando una de sus mayores debilidades: hoy, los chilenos no tenemos garantía alguna de una verdadera libertad de expresión.
El libro de la periodista Alejandra Matus -más allá de que la ciudadanía comparta o no la totalidad de lo afirmado- constituye una investigación del comportamiento del Poder Judicial , en particular durante los años de dictadura. Es lamentable que, con celeridad inusitada, no sólo se le haya aplicado esta ley, sino que, además, se haya detenido a los dos más altos responsables de la editorial Planeta, empresa que más ha fomentado la lectura en nuestro país al publicar obras de jóvenes escritores, quienes se han dado a conocer gracias a esa política.
Estos son hechos lamentables y dramáticos, y de allí que resulte imprescindible que los chilenos tomen conciencia de que no todos son iguales ante la ley y de que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior del Estado, algunos ciudadanos, entre los que se cuentan el Presidente de la República , ministros, parlamentarios, ministros de la Corte Suprema , Comandantes en Jefe de las distintas ramas de la Defensa Nacional, no pueden ser alcanzados por ninguna crítica, puesto que se usa el resquicio de la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando se considera que se cae en el delito de difamación.
Sorprende la rapidez con que el Poder Judicial -a solicitud de quien fue Presidente de la Corte Suprema , don Servando Jordán - requisó el libro, y luego, procedió a la detención de dos altos ejecutivos de editorial Planeta.
Por otro lado, sorprende que, después de nueve años de democracia, no se haya hecho algo concreto, efectivo, para terminar con tan aberrante situación.
Hace un tiempo, un grupo de diputados, entre quienes se encontraban los señores Huenchumilla , Ascencio , Andrés Palma , Jocelyn-Holt , Silva , Leal , Juan Bustos y quien habla, presentamos una moción para modificar la ley sobre Seguridad Interior del Estado , con el fin de acotar lo que se entiende por delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros, textos, delitos todos contra la seguridad del Estado.
El hecho de que la periodista haya realizado una investigación y, producto de ella, haya escrito un libro sobre lo que fue el comportamiento del Poder Judicial no sólo durante la dictadura, sino de algunas prácticas irregulares que se aproximan a la corrupción, no debe significar, porque sería muy frágil como concepción, que la seguridad del Estado está en peligro.
Porque lo considero un hecho vergonzoso y bochornoso, quiero alzar mi voz para protestar enérgicamente por esta situación y para sumarme al manifiesto que en estos momentos están sacando los principales escritores, artistas e intelectuales, en solidaridad con el gerente general y con el editor de editorial Planeta; asimismo, para rechazar una actitud que considero más que lamentable.
Con razón los ciudadanos sienten que el Poder Judicial no cumple con sus funciones; con razón el ciudadano común y corriente siente que, en virtud de esta ley, una autoridad está asegurada y no se le puede tocar; en cambio, cuando se atenta contra su honra, cuando supuestamente se ha hecho una difamación, no tiene esta protección ni cómo acudir con presteza y celeridad, ya que se trata de un ciudadano común y corriente, desprotegido, porque no existe igualdad ante la ley.
Quienes presentamos esta moción lo hicimos para terminar con este privilegio, para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y evitar esta suerte de prerrogativa, contraria a lo que debe ser el buen funcionamiento de un sistema democrático.
En otros países tenemos ejemplos de cómo las más altas autoridades han sufrido severas críticas, a veces rayanas en el mal gusto, incluso en ámbitos muy personales; sin embargo, en esas democracias no existe la ley de Seguridad Interior del Estado que aquí se ha aplicado con una celeridad que no deja de asombrar. Se trata de un Poder Judicial donde, muchas veces, las causas del ciudadano común y corriente se arrastran por años sin ver un destino final; aquí, en meses, hemos presenciado no sólo la requisición del libro -por supuesto que en este momento la periodista que lo escribió está fuera del país, por eso no ha sido detenida-, sino que ahora estamos en presencia de un hecho más que vergonzoso.
En consecuencia, solicito oficiar al Gobierno, a fin de que ponga urgencia calificada de “suma” a la moción que modifica la ley de Seguridad Interior del Estado. No se debe esperar más tiempo que el necesario y terminar de una vez por todas con esta norma legal, para garantizar a todos los chilenos la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.
Una vez más, quiero señalar que es lamentable el comportamiento del Poder Judicial , ya que, no porque el libro sea severo en sus críticas por lo que ha sido su funcionamiento, se debe sostener que está amena-zada la seguridad del Estado de Chile, porque ello no se condice con lo que es una auténtica democracia.
Espero que esta petición sea acogida por el Ejecutivo , a fin de acabar con una situación vergonzosa, lamentable, que choca con lo que debe ser un sistema democrático.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Muñoz , Jocelyn-Holt , Sánchez y Riveros.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 13.27 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto de ley que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota. (boletín Nº 2282-03-2)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República que establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
Se hace presente que esta iniciativa legal tiene trámite de urgencia, calificada de “suma”.
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace expresa mención de lo siguiente:
I. ARTÍCULOS QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
Los artículos 2º, 3º y 4º no fueron objeto de indicaciones durante la discusión general en la Sala ni de modificaciones en la Comisión.
Corresponde conforme lo dispone el artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados que se aprueben ipso jure, al entrar en la discusión particular por la Corporación.
II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No existen en el proyecto de ley artículos con esta característica reglamentaria.
III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
La Comisión no suprimió artículo alguno.
IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
La Comisión sólo conoció el Artículo 1º del proyecto de ley en informe, que introduce diversas modificaciones al D.F.L. Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda. A este artículo, la Comisión de Hacienda, durante su tramitación en ésta, propuso 15 indicaciones de las cuales 12 fueron formuladas en esa Comisión por su Excelencia el Presidente de la República , el que acogió en gran parte proposiciones que nacieron en la discusión y que tienen el sentido de mejorar el texto legal.
En este trámite, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo junto con conocer cada indicación y recibir las explicaciones de su justificación, las aprobó en su mayoría sin debate y por asentimiento unánime, en los mismos términos.
Para un mejor desarrollo de los acuerdos, se mencionan, a continuación, las indicaciones aprobadas sin modificaciones:
Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15.
Artículo 1º
Al número 1
1. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para reemplazar el inciso segundo que se propone para el artículo 1º, por el siguiente:
“El costo de las inversiones o reinversiones se bonificará, hasta el 31 de diciembre del año 2005, en un 10%, 15% ó 20%, según los criterios de evaluación que determine el Comité Resolutivo de cada región en las Bases de Postulación a que se refiere el artículo 6º.”.
Al número 2
2. De la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para sustituir en el inciso primero que se propone para el artículo 2º, el guarismo “30.000” por “40.000”.
Al número 4
3. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 6º propuesto, por el siguiente inciso segundo, pasando los incisos cuarto y quinto, a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:
“El Comité Resolutivo deberá dictar, anualmente, con al menos 60 días de anticipación a la fecha máxima de recepción indicada en el artículo 9º, las Bases de la Postulación, que deberán contener los criterios y fórmulas de evaluación y priorización de los proyectos sobre los cuales se determinará la bonificación, las formalidades de presentación de los antecedentes y toda otra información que el Comité estime conveniente para facilitar el proceso de postulación. Las Bases se pondrán a disposición de los interesados en la Intendencia Regional y las Gobernaciones Provinciales, sin perjuicio de otras modalidades de difusión y distribución que determine el Comité Resolutivo”.
Al número 5
4. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para reemplazarlo por el siguiente:
“5. Introdúcense, en el artículo 8º, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “10 años” por “5 años” y la expresión “10% anual” por la frase “15% anual, si la devolución se produce durante el primer año contado de la fecha de pago, 14% si ocurre durante el segundo año, 13% si es durante el tercero, 12% si fuere en el cuarto año y 10% si ella ocurre en el quinto año”.
b) Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de inversiones o reinversiones bonificadas en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Magallanes y de la Antártica Chilena, o en las provincias de Palena y Chiloé, que correspondan a vehículos de carga, transporte colectivo de personas, embarcaciones o aeronaves, se entenderá que no han abandonado el área de permanencia, siempre que estos vehículos presten un servicio de carácter regular en la zona comprendida al sur del Paralelo 41º Latitud Sur.
Para estos efectos, se entenderá por servicio regular aquel que tiene, a lo menos cada 15 días, como origen o destino alguna localidad de las regiones o provincias señaladas en el inciso anterior.”.”.
Al número 6
5. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero del artículo 9º propuesto, la frase que comienza con las palabras “la cual” por el siguiente texto “o ante el Director Regional de Corfo de la región respectiva. La Gobernación de la provincia en la cual se ejecutará la inversión deberá verificar la suficiencia de los antecedentes y remitirla en un plazo no superior a los 10 días contados desde la recepción conforme de la solicitud al Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción de la región respectiva.”.
6. De la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para sustituir en el inciso cuarto del artículo 9º propuesto, la fecha “15 de septiembre” por “15 de noviembre”.
7. De la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para sustituir en el inciso sexto del artículo 9º propuesto, la fecha “30 de mayo” por “30 de junio”.
8. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para sustituir el inciso final del artículo 9º, por el siguiente:
“Para los efectos de cubrir los gastos en que incurra la Corporación de Fomento de la Producción en la administración del Fondo, se adicionará al presupuesto de dicha corporación hasta el equivalente al 5% de los recursos del mismo.”.
Al número 8.
9. De la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para reemplazar en el inciso primero del artículo 11 propuesto el guarismo “10%” por “5%”.
10. De la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para sustituir en el artículo 11, en las oportunidades en que aparece el vocablo “Reglamento” por la expresión “Comité Resolutivo en las Bases de la Postulación”.
13. De la Comisión de Hacienda para eliminar en el inciso primero del artículo 12 propuesto, la expresión “anualmente”.
Al número 14
Artículo 1º transitorio
14. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para suprimirlo.
Artículo 2º transitorio (que pasaría a ser 1º)
15. De la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para suprimir el siguiente párrafo: “El proceso de postulación, que concluye el 31 de marzo de 1999, se regirá por el texto vigente previo a las modificaciones introducidas por la presente ley.”.
-o-
Luego, la indicación Nº 11 de la Comisión de Hacienda ( Ejecutivo ) para agregar en el artículo 11 un inciso cuarto nuevo, se aprobó por asentimiento unánime, con una indicación de los diputados señores Tuma , Núñez , Orpis , Recondo , Villouta y Urrutia , para agregar a continuación de la palabra “proyecto”, la siguiente frase: “plazo que no podrá exceder del 50% de aquel que se otorgó inicialmente”, reemplazando el punto seguido, por una coma.
Su texto quedó como sigue:
11. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo) para agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo:
“El Comité Resolutivo podrá prorrogar fundadamente, a solicitud del beneficiario y por una sola vez, el plazo de materialización del proyecto, plazo que no podrá exceder del 50% de aquel que se otorgó inicialmente. En estos casos el cobro de las boletas de garantía sólo podrá hacerse efectivo si el proyecto no se materializa dentro del nuevo plazo concedido por el Comité Resolutivo.”.
-o-
Respecto de la indicación Nº 12, la Comisión por dos votos a favor y cuatro en contra rechazó ésta, manteniendo el texto propuesto en el Primer Informe .
La indicación propuesta por la Comisión de Hacienda es del siguiente tenor:
12. De la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero del artículo 12, la frase “por dos personas del sector privado: uno empresarial y uno del mundo laboral, y una persona del sector académico” por “tres representantes del sector empresarial”.
A su vez, el texto propuesto por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, en el Primer Informe, dice:
“Artículo 12º.- El Comité Resolutivo estará integrado por el Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien lo presidirá; el Secretario Regional Ministerial de Hacienda , el Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción , quien será responsable técnico, el Secretario Regional Ministerial de Planificación y Cooperación y el Director Regional de la Dirección de Promoción de Exportaciones ProChile. Adicionalmente, el Comité estará también integrado por dos personas del sector privado: uno empresarial y uno del mundo laboral, y una persona del sector académico, nombrados por el intendente según el procedimiento que esta autoridad determine. Estos representantes del sector privado no podrán postular a la bonificación, ni tampoco empresas o personas relacionadas, en las que ellos tengan intereses.
El Comité sesionará cada vez que su presidente lo convoque o a petición de al menos tres de sus miembros.
El Comité podrá requerir la presencia o colaboración de cualquiera institución o funcionario público para el mejor desempeño de sus funciones en las materias del presente estatuto.
El Comité decidirá sobre la procedencia en el otorgamiento de la bonificación, atendida la naturaleza de la inversión, a su monto y de acuerdo a lo señalado en el artículo 6º de la presente ley.”.
La Comisión entiende que las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda mejora el texto del proyecto de ley, ya que ellas son, a su vez, proposiciones que el Ejecutivo aceptó, en el mismo entendido.
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V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No existen artículos en estas condiciones.
VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
A esa Comisión no le corresponde conocer del proyecto de ley, en este trámite.
VII. INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
La Comisión rechazó la indicación de la Comisión de Hacienda para reemplazar en el inciso primero del artículo 12, la frase “por dos personas del sector privado: uno empresarial y uno del mundo laboral, y una persona del sector académico” por “tres representantes del sector empresarial”.
VIII. EL ACUERDO RESPECTO DE LAS INDICACIONES NºS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 Y 15, FUE ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
IX. RESPECTO DE LA Nº 12, SU RECHAZO FUE POR SIMPLE MAYORÍA.
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Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Modifícase en la forma que se indica, el DFL Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda:
1. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1º, por el siguiente:
“El costo de las inversiones o reinversiones se bonificará, hasta el 31 de diciembre del año 2005, en un 10%, 15% ó 20%, según los criterios de evaluación que determine el Comité Resolutivo de cada región en las Bases de Postulación a que se refiere el artículo 6º.”.
2. Sustitúyese el inciso primero del artículo 2º, por el siguiente:
“Se consideran como pequeños o medianos inversionistas, para los fines de la presente ley, aquéllos que opten a bonificación por inversión o reinversión, cuyo monto no exceda para cada una del equivalente a 50.000 Unidades de Fomento y cuyas ventas anuales no excedan las 40.000 Unidades de Fomento. Cada inversionista podrá hacer una o más inversiones distintas en la Región, siempre que el monto de cada una de ellas no supere la cifra indicada.”.
3. Suprímese en el artículo 5º, la expresión “realizadas” después del vocablo “reinversiones”.
4. Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:
“Artículo 6º.- Los proyectos de inversión y reinversión que postulan a bonificación, se someterán a la consideración y calificación del Comité Resolutivo. Éste se encargará de velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto y de que aquellos sean prioritarios en el desarrollo regional.
El Comité Resolutivo deberá dictar, anualmente, con al menos 60 días de anticipación a la fecha máxima de recepción indicada en el artículo 9º, las Bases de la Postulación, que deberán contener los criterios y fórmulas de evaluación y priorización de los proyectos sobre los cuales se determinará la bonificación, las formalidades de presentación de los antecedentes y toda otra información que el Comité estime conveniente para facilitar el proceso de postulación. Las bases se pondrán a disposición de los interesados en la Intendencia Regional y las Gobernaciones Provinciales, sin perjuicio de otras modalidades de difusión y distribución que determine el Comité Resolutivo.
Para determinar criterios de evaluación en la calidad de los proyectos se considerará la intensidad de uso de mano de obra en su proceso productivo, así como la incorporación de valor agregado en sus productos o servicios que genere. También serán consideradas la generación o incorporación de innovaciones tecnológicas, el plazo de ejecución y puesta en marcha del proyecto y las consideraciones respecto de su impacto ambiental.
El Comité Resolutivo podrá modificar los montos de inversión sobre los que se calculará la bonificación, si estimare que ellos no reflejan la realidad. Esta modificación deberá ser fundada y puesta en conocimiento del postulante.”.
5. Introdúcense, en el artículo 8º, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “10 años” por “5 años” y la expresión “10% anual” por la frase “15% anual, si la devolución se produce durante el primer año contado de la fecha de pago, 14% si ocurre durante el segundo año, 13% si es durante el tercero, 12% si fuere en el cuarto año y 10% si ella ocurre en el quinto año”.
b) Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de inversiones o reinversiones bonificadas en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Magallanes y de la Antártica chilena, o en las provincias de Palena y Chiloé, que correspondan a vehículos de carga, transporte colectivo de personas, embarcaciones o aeronaves, se entenderá que no han abandonado el área de permanencia, siempre que estos vehículos presten un servicio de carácter regular en la zona comprendida al sur del Paralelo 41º Latitud Sur.
Para estos efectos, se entenderá por servicio regular aquel que tiene, a lo menos cada 15 días, como origen o destino alguna localidad de las regiones o provincias señaladas en el inciso anterior.”.”.
6. Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:
“Artículo 9º.- La petición de la bonificación respectiva se hará ante la Gobernación de la provincia en la cual se ejecutará la inversión, o ante el Director Regional de Corfo de la región respectiva. La Gobernación de la provincia en la cual se ejecutará la inversión deberá verificar la suficiencia de los antecedentes y remitirla en un plazo no superior a los 10 días contados desde la recepción conforme de la solicitud al Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción de la región respectiva.”.
Cada interesado deberá acreditar su calidad de industrial, comerciante, artesano o productor de bienes y servicios u otra que lo habilite.
Con el objeto de acreditar el nivel de ventas del postulante, éste deberá acompañar los formularios de pago de impuestos y la información financiera que respalde dichos antecedentes.
En cada año calendario se recibirán, hasta el 15 de noviembre, las peticiones de bonificación que se pagarán con cargo al presupuesto del año calendario siguiente.
Sobre la base de lo resuelto por el Comité, el Intendente Regional dictará la resolución a que se refiere el artículo 13, de acuerdo con los recursos financieros disponibles y según la priorización dada por la evaluación de los proyectos, en un plazo no superior al 15 de enero siguiente.
En caso de que exista disponibilidad de fondos, al Intendente Regional podrá otorgar la bonificación a los proyectos que no obtuvieron en el primer período de postulaciones, según el orden de prioridad dado por su evaluación y los fondos disponibles o, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, establecer un segundo período de postulaciones con cargo al presupuesto remanente del año calendario anterior cuyo plazo de vencimiento será el 30 de junio. En este caso las bonificaciones deberán aprobarse hasta el 30 de agosto de dicho año.
Para los efectos de cubrir los gastos en que incurra la Corporación de Fomento de la Producción en la administración del Fondo, se adicionará al presupuesto de dicha Corporación hasta el equivalente al 5% de los recursos del mismo.”.
7. Sustitúyese en el artículo 10º la expresión “Intendencia Regional” por “Dirección Regional de la Corporación de Fomento de la Producción”.
8. Sustitúyese el artículo 11º, por el siguiente:
“Artículo 11º.- Dentro de los 30 días siguientes a la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 13, el beneficiario deberá entregar al Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción , quien la remitirá a la Tesorería Regional, una boleta de garantía bancaria, con las características que establezca el Comité Resolutivo en las Bases de la Postulación, por el equivalente al 5% de la bonificación. Esta garantía tendrá por objeto caucionar la realización del proyecto en los términos planteados en la respectiva solicitud y, en consecuencia, podrá ser cobrada a título de multa en el caso que, a juicio del Comité Resolutivo, el proyecto no se materialice dentro del plazo propuesto o se ejecute de forma que los elementos que sirvieron de base para su evaluación y priorización se deterioren significativamente. Esta garantía será devuelta al beneficiario una vez comprobada la ejecución del proyecto.
Se entenderá que los beneficiarios que no entreguen la garantía referida en el inciso anterior renuncian al beneficio, quedando los montos no asignados disponibles para el siguiente proceso de postulación o para aquellos proyectos que no obtuvieron la bonificación, según corresponda de acuerdo con lo señalado en el inciso sexto del artículo 9º.
La bonificación será pagada al beneficiario dentro de los 30 días de constatada la ejecución de la inversión conforme al proyecto postulado y de acuerdo con los antecedentes y acreditaciones que al efecto establezca el Comité Resolutivo en las Bases de la Postulación. Sin embargo, el postulante podrá solicitar anticipadamente el pago de hasta un 75% de la bonificación entregando al Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción , quien la remitirá a la Tesorería Regional, una boleta de garantía bancaria, con las características que establezca el Comité Resolutivo en las Bases de la Postulación, que caucione dicho monto. El anticipo se materializará dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme de la garantía. Dicha caución será devuelta una vez constatada la ejecución de la inversión y reembolsada la bonificación pagada en exceso si correspondiere. La garantía podrá ser cobrada, de manera independiente de la establecida en el inciso anterior, en el caso de que no se realice el reembolso señalado, o que, a juicio del Comité Resolutivo, el proyecto no se materialice dentro del plazo propuesto o se ejecute de forma que los elementos que sirvieron de base para su evaluación y priorización se deterioren significativamente.
El Comité Resolutivo podrá prorrogar fundadamente, a solicitud del beneficiario y por una sola vez, el plazo de materialización del proyecto, plazo que no podrá exceder del 50% de aquel que se otorga inicialmente. En estos casos el cobro de las boletas de garantía sólo podrá hacerse efectivo si el proyecto no se materializa dentro del nuevo plazo concedido por el Comité Resolutivo.”.
9. Sustitúyese el artículo 12º, por el siguiente:
“Artículo 12º.- El Comité Resolutivo estará integrado por el Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien lo presidirá, el Secretario Regional Ministerial de Hacienda , el Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción , quien será responsable técnico, el Secretario Regional Ministerial de Planificación y Cooperación y el Director Regional de la Dirección de Promoción de Exportaciones-ProChile. Adicionalmente, el Comité estará también integrado por dos personas del sector privado: uno empresarial y uno del mundo laboral, y una persona del sector académico, nombrados por el Intendente según el procedimiento que esta autoridad determine. Estos representantes del sector privado no podrán postular a la bonificación, ni tampoco empresas o personas relacionadas, en las que ellos tengan intereses.
El Comité sesionará cada vez que su presidente lo convoque o a petición de al menos tres de sus miembros.
El Comité podrá requerir la presencia o colaboración de cualquiera institución o funcionario público para el mejor desempeño de sus funciones en las materias del presente estatuto.
El Comité decidirá sobre la procedencia en el otorgamiento de la bonificación, atendida la naturaleza de la inversión, su monto y de acuerdo a lo señalado en el artículo 6º de la presente ley”.
10. Sustitúyese el artículo 13º, por el siguiente:
“Artículo 13º.- Evacuada la determinación del Comité Resolutivo, el Intendente Regional dictará la resolución respectiva.”.
11. Sustitúyese el artículo 14º, por el siguiente:
“Artículo 14º.- La petición de la bonificación por el interesado y la aprobación de ella, deberá efectuarse antes de que las construcciones que contempla el proyecto estén iniciadas o que el bien sea adquirido por el inversionista”.
12. Sustitúyese el artículo 16º, por el siguiente:
“Artículo 16º.- Los recursos financieros que disponga el Estado para otorgar las bonificaciones a que se refiere el presente estatuto, se programarán mensualmente.
Cada mes el Tesorero Regional informará por oficio al Intendente Regional y al Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción del movimiento de los fondos indicados en el inciso anterior, acompañando los antecedentes y documentos que lo fundan.”.
13. Sustitúyese el artículo 17º, por el siguiente:
“Artículo 17º.- Las cantidades que por concepto de bonificación correspondan a cada interesado se pagarán por el Tesorero Regional mediante cheques nominativos.
Si el interesado no se presentare a cobrar una bonificación aprobada, cuyo pago sea procedente, el Tesorero deberá reservar los fondos correspondientes.
Será responsabilidad del Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción informar oportunamente al Tesorero Regional sobre las bonificaciones o anticipos cuyo cobra sea procedente, así como sobre la pertinencia del cobro o devolución de boletas de garantía.”.
14. Incorpóranse los siguientes artículos transitorios:
Artículo 1º transitorio.- Las modificaciones al DFL Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, serán aplicables a partir del proceso de postulación de proyectos cuya bonificación corresponda pagar con cargo al presupuesto del año 2000. El derecho al pago de las bonificaciones aprobadas hasta el 15 de septiembre de 1999 caducará una vez cumplidos dos años desde dicha aprobación.
Artículo 2º transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que durante el segundo semestre del año 2005 y sobre la base de un estudio técnico independiente contratado al efecto por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuyo objeto será evaluar la operación y los impactos del beneficio concedido en esta ley, prorrogue su vigencia, mediante la dictación de un decreto con fuerza de ley, hasta el año 2006, hasta el año 2007 o hasta el año 2008, según el mérito del citado antecedente.”.
Artículo 2º.- Introdúcense en el decreto con fuerza de ley Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, las siguientes modificaciones:
1. Agrégase, en el Título VII, a continuación del artículo 27, el siguiente artículo 28, nuevo:
“Artículo 28.- Las mercancías elaboradas por empresas industriales manufactureras instaladas o que se instalen en Arica acogidas al régimen que establece el artículo 27 de este Título, y que desarrollen actividades destinadas a la obtención de mercancías que tengan una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas extranjeras ubicadas en su elaboración o que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible de dichas materias primas, partes o piezas extranjeras, estarán exentas, en su importación al resto del país y sólo hasta el 31 de diciembre del año 2010, de los derechos y tasas, impuestos y demás gravámenes determinados por las aduanas, incluida la tasa de despacho.
El cambio de individualidad de las materias primas, partes o piezas extranjeras se demostrará mediante un cambio arancelario, que será calificado por el Servicio Nacional de Aduanas.
No se incluirán en la exención contemplada en el inciso anterior, aquellas materias primas extranjeras cuya partida arancelaria se encuentre identificada bajo el sistema de bandas de precios, establecido en el artículo 12 de la ley Nº 18.525 y todos aquellos productos agrícolas considerados sensibles en los acuerdos comerciales celebrados por Chile. Se definen como productos sensibles agrícolas aquellos que no han sido incluidos en programas generales de desgravación o que su desgravación sea a largo plazo. Mediante decreto del Ministerio de Hacienda se listarán las partidas arancelarias identificadas como productos sensibles agrícolas.”.
2. Agrégase el siguiente artículo 29, nuevo:
“Artículo 29.- Las mercancías a que se refiere el inciso segundo del artículo 21 de esta ley, podrán ser adquiridas en la comuna de Arica quedando sujetas en todo a las mismas normas que establece dicho artículo para las que se adquieren en el recinto de la Zona Franca de Iquique, siempre que las respectivas compras se realicen por intermedio de comerciantes establecidos en la comuna, los cuales actuarán como mandatarios de los compradores.
Estos mandatarios deberán estar previamente inscritos como comerciantes en un registro especial que al efecto llevará el Servicio de Impuestos Internos y cumplir con las exigencias que éste determine. El mandato deberá constar por escrito y cumplir con las formalidades que señale dicho servicio.
Las compras deberán recaer sobre mercancías ingresadas a la Zona Franca de Iquique acogidas al régimen establecido en la presente ley y que se encuentren en poder de un usuario al momento en que se otorgue el mandato. Su monto no podrá ser superior en cada operación al equivalente de US$ 1.500 CIF. La comisión que se cobre por el mandato estará afecta al impuesto del decreto ley Nº 825, de 1974.
El ingreso de las mercancías adquiridas, a la comuna de Arica, se regirá por las mismas normas que regulan el ingreso de las mercancías a las Zonas Francas de Extensión desde la Zona Franca. Su importación al resto del país se regirá por las normas establecidas en el inciso quinto del artículo 21 de este decreto con fuerza de ley.”.
Artículo 3º.- Introdúcense a la ley Nº 19.420, en su Título I, las siguientes modificaciones:
1. Agrégase en el inciso segundo del artículo 1º, de su Párrafo I, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
“Sin embargo, por los años comerciales en que estos contribuyentes se encuentren afectos al Impuesto de Primera Categoría quedarán excepcionados de lo dispuesto en la primera parte de la letra d), del número 3º, de la letra A) del artículo 14 y en el artículo 84, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de modo que podrán retirar, remesar o distribuir en cualquier ejercicio las rentas o utilidades que se determinen por dichos años comerciales a la vez que estarán liberados de efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a declarar por la citada Categoría.”.
2. Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 1º el guarismo “20%” por “30%” y la expresión “exclusivamente” por “preferentemente”.
3. Sustitúyese en el inciso séptimo del artículo 1º la expresión “1998” por “2005” y la expresión “2020” por “2030”.
4. Sustitúyese en el artículo 11, en el Párrafo II, la expresión “materias primas, partes y piezas” por el vocablo “mercancías”.
5. Sustitúyese en el artículo 13, la expresión “materias primas, partes y piezas” por el vocablo “mercancías”, las tres veces que aparece.
6. Modifícase el artículo 16, en la siguiente forma:
a) Sustitúyese en el inciso primero el guarismo “95”, que fue rebajado a “50” por el D.F.L. Nº 3, de Hacienda, de 1997, por “15”.
b) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la frase: “Para efectos de cumplir el monto anterior se podrán consolidar las compras, importaciones, exportaciones o reexpediciones, según corresponda, hechas por una misma persona a dos o más usuarios, instalados en el recinto en una misma oportunidad, de manera de conformar una sola operación para efectos de la salida o retiro de las mercancías, en la forma que determine el Servicio Nacional de Aduanas mediante Resolución de carácter general que deberá ser visada por el Servicio de Impuestos Internos.
c) Suprímese el inciso segundo.
7. Agrégase en el artículo 19 de la ley Nº 19.420, a continuación de la palabra “Arica”, de la letra b) del inciso primero, lo siguiente: “y las que actualmente conforman el Parque Industrial Puerta de América, esto es, el inmueble inscrito a fojas 2.656 Nº 1.500 en el Registro de Propiedad del año 1997 del precitado Conservador de Bienes Raíces”.
8. Suprímese el inciso segundo del artículo 19.
Artículo 4º.- Sustitúyese en el artículo 12 de la ley Nº 18.846 la expresión “y en un treinta por ciento en favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, I Región de Tarapacá” por la expresión “en un veinte por ciento en favor de la Municipalidad de Arica y en un diez por ciento dividido por iguales partes en favor de las Municipalidades de Camarones, Putre y General Lagos. Los recursos captados por los citados municipios por este concepto sólo podrán destinarse a financiar proyectos de inversión y sus correspondientes estudios.”.”.
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Se designó diputado informante al señor Salvador Urrutia Cárdenas .
Acordado en sesión de fecha 16 de junio de 1999, con la asistencia de los siguientes señores diputados: Juan Ramón Núñez ( Presidente ); Salvador Urrutia (en reemplazo de don Patricio Hales) ; Jaime Orpis ; Carlos Recondo ; Eugenio Tuma ; Sergio Velasco , y Edmundo Villouta .
Sala de la Comisión, a 16 de junio de 1999
(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión ”.
2. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 0654
Santiago , 11 de junio de 1999
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 22-99 de 11 de mayo último, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 16 de la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y atendida la circunstancia de que el proyecto de ley sobre modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, informado anteriormente por esta Corte, ha sido objeto de modificaciones esenciales, lo ha remitido nuevamente para su informe.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 9 de junio en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Faúndez , Carrasco , Correa, Garrido , Navas , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Cury, Pérez , Álvarez , Hernández , Marín , Yurac y Espejo, acordó informar en la forma siguiente:
Por diversas razones, que se dan a conocer en su informe, la mencionada Comisión de Constitución de la honorable Cámara de Diputados procedió a reestructurar el articulado del proyecto, sobre la base de criterios que fueron compartidos por el Ministerio de Justicia. El nuevo texto fue estructurado en 12 artículos permanentes y 6 transitorios que se refieren a las siguientes materias.
El artículo 1º crea, agrupados por regiones, los juzgados de garantías, fija la comuna de asiento de ellos, el número de jueces que los integran y su competencia.
El artículo 2º crea nuevos juzgados de letras.
El artículo 3º señala los jueces de letras con competencia común que cumplirán, además de sus funciones propias, las de juez de garantías.
El artículo 4º crea, agrupados por regiones, los tribunales orales en lo penal, fija la comuna de asiento de ellos, el número de jueces que los integran y su competencia.
El artículo 5º fija la planta de los nuevos juzgados de letras.
Los artículos 6º y 7º fijan la planta esquemática de los juzgados de garantías y de los tribunales orales en lo penal.
Los artículos 8º y 9º fijan la remuneración de los jueces, funcionarios y empleados de los nuevos tribunales con competencia penal, acorde con la Escala de Sueldos base Mensuales del Escalafón Superior del Poder Judicial.
El artículo 10 suprime los actuales juzgados del crimen.
El artículo 11 contiene las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales.
El artículo 12 establece la imputación presupuestaria del mayor gasto que irrogará esta iniciativa.
El artículo 1º transitorio regula la instalación y la formación de las ternas de los nuevos juzgados de letras.
El artículo 2º transitorio regula la instalación de los nuevos tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantías; la designación de los jueces en ellos y la formación de ternas; las normas de resguardo para los jueces cuyos tribunales son suprimidos; la gradualidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema, y el derecho de los funcionarios y empleados a optar a cargos en los nuevos tribunales.
El artículo 3º transitorio faculta a la Corte de Apelaciones respectiva para determinar la fecha de cierre de los antiguos juzgados del crimen y las de apertura de los nuevos, así como para fijar las competencias territoriales de los juzgados del crimen que subsistan, al interior de las regiones, hasta que haya comenzado a regir el Código Procesal Penal.
El artículo 4º transitorio crea la Comisión de Coordinación de Reforma Procesal Penal y regula su funcionamiento.
El artículo 5º transitorio crea, además, una instancia de coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con los Ministerios de Hacienda, de Planificación y Cooperación y de Obras Públicas, a fin de obtener la aprobación presupuestaria y técnica de los proyectos de inversión y la construcción de los nuevos tribunales.
El artículo 6º transitorio precisa cuáles serán los órganos competentes para investigar y juzgar en aquellos casos en que no se pueda establecer con precisión el lugar en que acaeció el o los hechos respectivos, en el período en que se encuentren vigentes el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal.
Finalmente el artículo 7º transitorio establece que las comunicaciones de cualquier especie expedidas por los tribunales del crimen subsistentes, se regirán por las normas pertinentes del Código Procesal Penal. Lo mismo rige respecto de las comunicaciones que otras autoridades u organismos les hagan llegar.
En otro orden de materias una idea generalizada en la honorable Comisión de la Cámara fue la de efectuar un estudio detallado de la localización de los juzgados de garantías y de los tribunales orales en lo penal, formulándose diversas observaciones y proposiciones que fueron recogidas en una indicación del Ejecutivo, a la cual la misma Comisión prestó aprobación con ciertas modificaciones, quedando en definitiva la localización de estos nuevos tribunales establecida en los términos que se indican en el proyecto en informe.
Se revisaron, además, por la Comisión las normas relativas a personal y remuneraciones, gradualidad para el cierre y apertura de juzgados y otras, modificaciones todas con las que esta Corte concuerda, con las salvedades que se señalarán en el curso del presente informe, y sin perjuicio de formular las siguientes observaciones, particularmente, al artículo 11 del Proyecto que contiene, como ya se ha dicho, modificaciones al articulado del Código Orgánico de Tribunales, las que se irán consignando con referencia a los artículos de este último cuerpo legal, a fin de hacer más clara su indicación.
En la modificación al inciso 2º del artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales se considera más conveniente mantener la referencia a “los juzgados de letras” con anterioridad a los “juzgados orales en lo penal y juzgados de garantías”, por ser los de letras tradicionales y de más antigua creación en nuestra organización judicial.
En el artículo 20 se consigna una referencia a penas privativas de libertad que “fueren superiores a la pena de crimen” en circunstancias de que en nuestra legislación no hay penas superiores a las de crimen.
En el artículo 21 debe contemplarse la posibilidad de que en contra de las sentencias dictadas por el tribunal oral en lo penal procedan recursos extraordinarios y de casación de acuerdo con la reglamentación que se contenga en el Código Procesal Penal que se encuentra en tramitación legislativa.
En el artículo 24, en lo relativo a la elección del juez coordinador, debe regularse cómo se procederá en caso de empate en dicha elección, y también establecer normas de subrogación para ese cargo.
El inciso final del artículo 63 se refiere a una materia procesal penal y no orgánica y, por lo tanto, debería incluirse en el Código Procesal Penal.
En el artículo 69, inciso tercero, la expresión “la tabla” debería colocarse en plural diciendo “las tablas”.
En el artículo 159, inciso 2º, no se divisa el motivo por el cual se excluye la posibilidad de que el juzgamiento común sea decretado de oficio por el juez de garantías.
Debería estudiarse la posibilidad de mantener el artículo 168, al menos en su inciso 1º, que en el proyecto se está derogando en su totalidad y estudiarse, asimismo, si el artículo 180, que el proyecto mantiene, puede subsistir.
En el artículo 207 debe precisarse a cuál de los jueces de garantías de la comuna más cercana le corresponderá la subrogación.
El artículo 208 adolece de defectos de redacción, podría deberse a la omisión del prefijo “con” entre las expresiones “aquellos” y “cuya”.
El artículo 209 también resulta impreciso en su simple referencia a “un juez de garantías”.
En el artículo 210 bis A, inciso primero, sería necesario sustituir las expresiones “de la misma jurisdicción” por “que dependa de la misma Corte de Apelaciones”. En el inciso 2º de este mismo precepto, debe determinarse cuál sería esa “Corte de Apelaciones distinta”. En la frase final de esta misma disposición no se tomó en consideración que el artículo 216 del Código Orgánico de Tribunales fue modificado por la ley Nº 19.592 de 30 de noviembre de 1998.
Al artículo 248 sería conveniente otorgarle mayor amplitud, reemplazando las expresiones “de este Código” por “constitucionales y legales” e intercalar la palabra “orales” entre “tribunales” y “en” para mantener la denominación que, a estos juzgados, acordó otorgar la Comisión de Constitución de la honorable Cámara de Diputados.
En el artículo 267 los jueces de garantías deberían incluirse, en cada categoría, después de los jueces letrados, toda vez que estos últimos ejercen mayor grado de jurisdicción pues dictan sentencias como tarea propia y permanente.
En el artículo 203 debe considerarse que se encuentra parcialmente derogado en virtud de la nueva normativa contenida en el artículo 75 de la Constitución Política de la República, en consecuencia debería otorgársele una redacción totalmente nueva que concuerde con la del texto constitucional.
Debe revisarse la redacción final del artículo 292 cuidando, entre otros aspectos, de colocar en plural, cuando corresponda, expresiones como “Corte”, “Administrativo”, “ Ejecutivo ”, “Ayudante”, “Telefonista”, etc. y el masculino correspondiente a los cargos de “secretarias ejecutivas”.
En el artículo 312 debe considerarse el número de horas semanales que deberán asistir a su despacho los jueces cuando hayan cumplido turno semanal.
En el artículo 330 se incurre en la equivocación de suponer que la expresión “oficial del ministerio público de orden inferior” se refiere a una especie de “funcionario o empleado de los fiscales judiciales”, en circunstancias que dicha expresión contemplaba a los llamados “promotores fiscales” que fueron eliminados el año 1927. En consecuencia, procede eliminar, y no reemplazar, en el texto de este artículo, esa expresión “oficial del ministerio público de orden inferior”.
En el artículo 364 no sólo corresponde sustituir la expresión “oficiales del ministerio público” en su inciso segundo sino también en su inciso primero.
No se considera conveniente el agregado de la expresión “de letras en lo civil” en los artículos 379 y 380 a continuación de la palabra “juzgados” puesto que en esta forma se está excluyendo a los secretarios de los juzgados de letras de Menores y del Trabajo.
En el párrafo 4º bis, que abarca los artículos 389 bis a 389 bis E, y que lleva como epígrafe el de “Los Administradores de Tribunales con competencia en lo criminal” sería conveniente señalar también las funciones de los Subadministradores y Jefes de Unidad de Juzgados en lo penal y de garantías, que se encuentran incorporados a la sexta serie del Escalafón Secundario en el nuevo artículo 269 del Proyecto en informe.
Para los efectos de la modificación del artículo 471 debe considerarse que corresponde utilizar las expresiones “judiciales” y “fiscales” y no en singular como se contienen en el proyecto.
En el artículo 517 la expresión “tribunales” debe reemplazarse por “juzgados”, puesto que “tribunales” es un término genérico que comprende también a las Cortes, a las que ya se hace referencia en la parte inicial del inciso cuarto de este precepto.
Para los efectos del artículo 567 debería instituirse un turno entre los diversos jueces de garantías.
En el artículo 569 correspondería sustituir la palabra “instrucciones” por “investigaciones”.
La expresión “un auxiliar judicial” utilizada en el artículo 570 no corresponde a ningún cargo específico dentro de nuestra organización judicial.
En el artículo 571 debe reemplazarse la expresión “instrucción” por “investigación”.
No se divisa la razón para sustituir en el artículo 574 la expresión “juzgado” por “tribunal”.
En el artículo 577 corresponde reemplazar los vocablos “la traslación” por “el traslado”.
En el inciso tercero del artículo 580 debe dejarse en singular lo relativo a la forma en que se “constituirán las visitas” y tener presente lo expuesto en relación con el artículo 570 en lo relativo a la inexistencia del cargo de “auxiliar judicial”.
En el inciso cuarto de este mismo artículo 580, además de la sustitución que se propone, debe también sustituirse la palabra “ presidente ” por “ ministro ” a fin de concordarlo con su inciso primero en que se suprimió la referencia al presidente . Esta misma observación -supresión del presidente- corresponde tenerla presente para las modificaciones que se proponen al artículo 581 y para la que correspondería efectuar en el artículo 584. En este último, además, se contiene una nueva referencia al cargo de “auxiliar judicial”.
No se divisa la razón para suprimir en el numeral 3º del artículo 586 la expresión “y los motivos del retardo o paralización que alguna de ellas sufriere”.
Los artículos 6º y 7º del Proyecto en informe contienen repetidas referencias a “funcionarios de la sexta serie del Escalafón Secundario” sin considerar que esta sexta serie, que se agrega en las modificaciones que se introducen en el mismo Proyecto al artículo 269 del Código Orgánico de Tribunales, se divide, a su vez, en cinco categorías, de tal manera que la referencia a “funcionarios de la sexta serie del Escalafón Secundario” resulta vaga e imprecisa.
Los artículos 8º y 9º del Proyecto en informe se encontrarían más correctamente ubicados en la ley de Escala de Sueldos del Poder Judicial.
El artículo 2º transitorio que establece normas sobre la instalación de los nuevos tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantías y de la designación de sus jueces debe ser reestudiado a fin de otorgarle mayor precisión y evitar referencias a días anteriores “a la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal” cuando, en todo caso, esas referencias deberían efectuarse a fechas posteriores a la entrada en vigencia del nombrado Código.
Por último, cabe hacer presente la conveniencia de que el proyecto considere la situación de los Secretarios y demás funcionarios de los Juzgados que se suprimirán a raíz de la reforma, si ellos no son nombrados en cargos correspondientes a los Juzgados Orales en lo Penal y de Garantía, una vez finalizado el proceso de instalación de estos nuevos tribunales.
La Corte estima que, atendida la semejanza que posee esa situación con la de los funcionarios que se vieron expuestos a perder sus empleos como consecuencia de la modificación introducida al artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 por la Ley Nº 18.972, de 10 de marzo de 1990, bien podría incorporarse al proyecto una disposición que conceda al personal afectado beneficios análogos a uno de los previstos en el artículo 2º transitorio del citado cuerpo legal. Con este propósito, el proyecto podría permitir a dicho personal mantenerse transitoriamente en el servicio judicial, desempeñando las funciones que les asigne la respectiva Corte de Apelaciones en los tribunales de su jurisdicción a los que sean adscritos, sin perjuicio de cesar en ellas al ser nombrados en otro cargo de cualquier naturaleza por una causal diversa de expiración de funciones, casos en los que sus empleos se entenderán automática y definitivamente suprimidos.
En su oportunidad deberá también considerarse que en el artículo 4º transitorio se contiene una referencia al artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en circunstancias que esta última ley se encuentra actualmente pendiente en su tramitación.
Es todo cuanto este Tribunal puede informar al tenor de lo solicitado.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ , Presidente ; CARLOS MENESES PIZARRO , Secretario .
AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA DE LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.