Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE VIVIENDA.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- ACTITUD DE PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN EN SESIÓN DEL CONGRESO PLENO. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- VI. ORDEN DEL DÍA
- NORMAS ESPECIALES PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 15.076. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Andres Palma Irarrazaval
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Julio Dittborn Cordua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fanny Pollarolo Villa
- Salvador Urrutia Cardenas
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Guido Girardi Lavin
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fanny Pollarolo Villa
- Salvador Urrutia Cardenas
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Guido Girardi Lavin
- INDICACIÓN
- DEBATE
- NORMAS SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA APLICABLES A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- DEBATE
- NORMAS ESPECIALES PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 15.076. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO Nº 62, DE 1984, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, EN LO RELATIVO A BENEFICIOS HABITACIONALES PARA LOS ADULTOS MAYORES. (Votación).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Juan Nunez Valenzuela
- Ricardo Rincon Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DONACIÓN DE MERCADERÍAS DECOMISADAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Exequiel Silva Ortiz
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADQUISICIÓN DE AVIONES PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eliana Caraball Martinez
- Miguel Hernandez Saffirio
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Pablo Lorenzini Basso
- Juan Nunez Valenzuela
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Edmundo Villouta Concha
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Monge Sanchez
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Correa De La Cerda
- Victor Barrueto
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO Nº 62, DE 1984, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, EN LO RELATIVO A BENEFICIOS HABITACIONALES PARA LOS ADULTOS MAYORES. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- ELECCIONES PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN.
- INCIDENTES EN CONGRESO PLENO DURANTE MENSAJE PRESIDENCIAL.
- RECONOCIMIENTO DE TRIUNFO DE RICARDO LAGOS EN ELECCIONES PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN.
- INVESTIGACIÓN SOBRE CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio.
- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS.
- DEMORA EN PROCESO DE VENTA DE ACCIONES A TRABAJADORES DE ESVAL. Oficios.
- ADHESION
- Luis Pareto Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- RECHAZO A PRIVATIZACIÓN DE EMOS. Oficio.
- CONTRATACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ. Oficio.
-
ANTECEDENTES SOBRE ASESORÍA ESPECIAL EN ENAMI. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- FALTA DE ATENCIÓN DE PACIENTES DERIVADOS DE HOSPITALES REGIONALES. Oficios.
- PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE VIAJES DEL ALCALDE DE ARICA Y PRESENCIA PERUANA EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y LABORALES EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficios.
- ALCANCES SOBRE HECHOS OCURRIDOS EN CONGRESO PLENO.
- RESPONSABILIDADES DE AUTORIDADES LOCALES Y DE GOBIERNO EN PROBLEMAS DE ARICA Y PRIMERA REGIÓN. INFORMACIÓN SOBRE GASTOS EN VIAJES REALIZADOS POR ALCALDE Y ACTUACIONES DEL INTENDENTE. Oficios.
- ALCANCES A INTERVENCIONES SOBRE INCIDENTES EN CONGRESO PLENO.
- ELECCIONES PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 1ª, en martes 1 de junio de 1999
(Ordinaria, de 11.12 a 14.15 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
-o-
Prórroga de plazo a Comisión de Vivienda 11
-o-
V. Acuerdos de los Comités 11
- Actitud de parlamentarios de Oposición en sesión del Congreso Pleno. Aplicación del artículo 34 del Reglamento 12
VI. Orden del Día.
- Normas especiales para profesionales funcionarios de los servicios de salud y modificación de la ley Nº 15.076. Primer trámite constitucional. (Continuación) 14
- Normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la administración del Estado. Proposición de la Comisión Mixta 28
VII. Proyectos de acuerdo.
- Modificación del decreto supremo Nº 62, de 1984, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo relativo a beneficios habitacionales para los adultos mayores. (Votación) 31
- Donación de mercaderías decomisadas por infracción a la ley de propiedad industrial 32
- Adquisición de aviones para combatir incendios forestales 34
- Comisión investigadora para la evaluación de proyectos de riego 37
VIII. Incidentes.
- Elecciones primarias de la Concertación 39
- Incidentes en Congreso Pleno durante mensaje presidencial 39
- Reconocimiento de triunfo de Ricardo Lagos en elecciones primarias de la Concertación 40
- Investigación sobre corte del suministro de energía eléctrica. Oficio 41
Pág.
- Causas y consecuencias de los resultados de las elecciones primarias 42
- Demora en proceso de venta de acciones a trabajadores de Esval. Oficios 43
- Rechazo a privatización de Emos. Oficio 44
- Contratación de especialidades médicas en Hospital Regional de Copiapó. Oficio 45
- Antecedentes sobre asesoría especial en Enami. Oficio 45
- Falta de atención de pacientes derivados de hospitales regionales. Oficios 46
- Petición de antecedentes sobre viajes del alcalde de Arica y presencia peruana en actividades agrícolas y laborales en la Primera Región. Oficios 47
- Alcances sobre hechos ocurridos en Congreso Pleno 48
- Responsabilidades de autoridades locales y de Gobierno en problemas de Arica y Primera Región. Información sobre gastos en viajes realizados por alcalde y actuaciones del Intendente. Oficios 48
- Alcances a intervenciones sobre incidentes en Congreso Pleno 50
- Elecciones primarias de la Concertación 51
IX. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales inicia la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Modifica el régimen tributario que afecta a la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales (boletín Nº 2341-05) 54
2. Otorga la calidad de exportadora a las empresas que operen o exploten puertos de uso público para los efectos del artículo 36 del decreto con fuerza de ley Nº 825, de 1974 (boletín Nº 2342-05) 67
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector (boletín Nº 2279-08) 70
- Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4. Modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede (boletín Nº 2315-06) 70
5. Modifica la Constitución Política de la República con el objeto de dar protección jurídica y beneficios para el desarrollo de los pueblos indígenas. (boletín Nº 513-07) 70
6. Establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (boletín Nº 2053-13) 71
Pág.
7. Probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado (boletín Nº 1510-07) 71
8. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector (boletín Nº 2279-08) 72
9. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al Acuerdo de Marrakech (boletín Nº 2269-03) 72
10. Oficio y antecedentes del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que autoriza la construcción de monumentos en las ciudades de Santiago, Talca y Valparaíso, en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez (boletín Nº 2322-04)(S) 73
11. Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual solicita antecedentes respecto del proyecto que modifica la ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector (boletín Nº 2279-08) 74
12. Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica la ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector (boletín Nº 2279-08) 75
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del Diputado señor Valenzuela, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 31 de mayo próximo pasado, para dirigirse a España.
2. Oficios:
-De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, especialmente facultada por la Corporación para investigar los problemas suscitados a raíz de emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos a gas al interior de las viviendas y las normas que regulan estas materias, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar hasta el 30 de junio el plazo para emitir el informe respectivo, debido a la variedad de situaciones que ha debido conocer.
Contraloría General de la República .
-De los Diputados señores Osvaldo Palma, Prokurica y Vilches, funcionarios contratados a honorarios en el sistema de salud pública.
-Del Diputado señor Mulet, sumario administrativo en contra de Director del Liceo José Santos Ossa , de Vallenar.
-De los Diputados señores Longton, Fossa, Bertolino, Vilches, Prokurica y Moreira, legalidad de decreto de Aduanas en relación a importación de motociclos.
-De los Diputados señores Moreira y Delmastro, gastos de entidades públicas en publicidad y difusión de sus actividades.
Ministerio del Interior
-De los Diputados señores Kuschel, Prokurica, Bertolino y Delmastro, deuda previsional que las Municipalidades y las Corporaciones Municipales mantienen con el INP y las AFP.
-Del Diputado señor Kuschel, estado de avance proyecto de electrificación rural del sector Los Lingues a Las Encinas.
-De los Diputados señores Villouta, Velasco y Tuma, pago de pensiones asistenciales a mujeres y hombres mapuches mayores de 60 y 65 años.
-De la Corporación, inversión real ejecutada per cápita establecida para la asignación del Fondo Común Municipal.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-De los Diputados señores Fossa, Jaramillo, Rosauro Martínez y Prokurica, desafectación de la ciudad de Porvenir del régimen jurídico de zona fronteriza.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De la Diputada señora Laura Soto, ampliación de actual cobertura del subsidio al agua potable.
Ministerio de Justicia
-Del Diputado señor Ibáñez, causa de disminución de cantidad de personas condenadas y efectivamente recluidas.
Ministerio de Defensa Nacional
-De los Diputados señores Pedro Muñoz, Kuschel, Vega y Delmastro, suspensión de vuelos a las Islas Malvinas.
-De los Diputados señores Navarro, Álvarez-Salamanca, Urrutia y ex Diputado señor Morales, sistema eficaz para la preservación de recursos marinos.
Ministerio de Agricultura
-De los Diputados señores Vega, Jaramillo y Sánchez, situación de déficit hídrico, especialmente en la Séptima Región.
-Del Diputado señor Kuschel, predios ubicados en sectores de la Décima Región; distribución regional recursos Programas de Suelos y Riegos.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del Diputado señor Kuschel, títulos de dominio en la localidad de Alerce, Décima Región; regularización títulos de dominio en sectores de la Décima Región.
-Del Diputado señor Fossa, programas de inversión en comunas de la provincia de Arauco y comuna de Lota, años 1987-1999.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-Del Diputado señor Fossa, inversiones en el período 1998-1999 en comunas de la Octava Región.
Ministerio de Minería
-Del Diputado señor Joaquín Palma, diversas materias relacionadas con la Empresa Nacional de Minería.
-Del Diputado señor Bertolino, efectividad que Enami contrató personas para efectuar lobby en el Congreso Nacional para pronto despacho de la ley de Codelco.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los Diputados señores Ortiz, Acuña, Mulet, Gutiérrez, Ulloa, Osvaldo Palma, Jaramillo, Urrutia, Ceroni y Navarro, proyecto eje O’Higgins-Rodríguez, de Chiguayante.
-De las Diputadas señoras Laura Soto, Fanny Pollarolo y Diputados señores Tuma, Jeame Barrueto, Jaramillo, Sánchez, Jarpa y Juan Pablo Letelier, permiso de obra y recepción definitiva del edificio Puerto de Palos en la comuna de Viña del Mar.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del Diputado señor Kuschel, diferentes efectos derivados de la crisis internacional.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del Diputado señor José Antonio Galilea, urgencia para la tramitación de proyecto de cobranzas ilegales.
Municipalidad de Viña del Mar
-De la Diputada señora Laura Soto, diversas informaciones relacionadas con el proceso de licitación del Hotel Miramar.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Pablo Lorenzini y Felipe Valenzuela.
-Asistió, además, el Senador señor Jorge Pizarro.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.12 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES ( Presidente ).-
El acta de la sesión 62ª de la legislatura extraordinaria Nº 339, se declara aprobada.
El acta de la sesión 63ª de la misma legislatura, se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE VIVIENDA.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga solicitada por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para informar sobre la investigación de las emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos a gas al interior de viviendas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los Jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Remitir a la Comisión de Gobierno Interior, para nuevo informe, el proyecto que modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede, a fin de que se conozcan las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda;
2. Tramitar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, los siguientes proyectos:
a) Reforma a la Constitución Política de la República, con el objeto de dar protección jurídica y beneficios para el desarrollo de los pueblos indígenas.
b) Proyecto del Senado, que modifica el artículo 28 de la ley Nº 17.729, relativa a normas sobre tierras indígenas.
3. Enviar a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, para un nuevo informe, el proyecto que modifica el DFL Nº 1, de 1982, de Minería, ley general de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios.
4. Considerar en la sesión ordinaria de mañana miércoles el acuerdo relativo al “acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet” y sus anexos I y II, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a. Prorrogar, si fuere necesario, en una hora el término del Orden del Día.
b. Los jefes de bancada comunicarán a la Mesa el orden en que usarán de la palabra los diputados que participarán en el debate.
c. Autorizar para que ingrese a la Sala el personal de la Dirección de Fronteras y Límites.
d. Votar al término de los tiempos precitados.
e. La sesión, hasta el total despacho de esta iniciativa, tendrá el carácter de secreta.
5. Considerar en las sesiones ordinarias de los días miércoles de la presente legislatura, sólo proyectos iniciados en moción.
ACTITUD DE PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN EN SESIÓN DEL CONGRESO PLENO. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
Señor Presidente , la actual Constitución Política -y también lo hacía la anterior, la de 1925- ha establecido que sea el 21 de mayo la fecha en que su Excelencia el Presidente de la República , el actual o cualquier otro, rinda cuenta a la nación acerca de la marcha del Gobierno.
Por ello, en esta ocasión los diputados de la Democracia Cristiana queremos dejar expresa constancia de nuestra enérgica protesta por el comportamiento de la mayoría de los parlamentarios de la Oposición,...
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
¡Pido la palabra, señor Presidente !
El señor WALKER (don Ignacio) .-
...que salvo honrosas excepciones, transformaron...
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
Un minuto, Diputado señor Ignacio Walker.
Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Llamo a la Mesa a hacer respetar el Reglamento. El artículo 34 es muy claro respecto a las razones por las que un diputado puede hacer uso de la palabra al inicio de la sesión.
En la intervención del Diputado señor Ignacio Walker no hay ninguna de las razones contenidas en este artículo. Por lo tanto, solicito a su Señoría hacer respetar el Reglamento.
El Diputado señor Ignacio Walker no ha sido dañado ni en su reputación,...
El señor MONTES (Presidente).-
Gracias, señor diputado.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
¡Perdón, señor Presidente , no he terminado!
Me ha dado la palabra para plantear una cuestión reglamentaria y estoy entregando las razones por las cuales creo que aquí se está haciendo un uso abusivo del Reglamento. Le digo a la Mesa que en este caso no se ha dañado al Diputado Ignacio Walker ni en su reputación ni se le ha imputado incorrección en los procedimientos, por ningún medio de publicidad. Por lo tanto, si quiere hacer uso de la palabra para referirse a lo que planteó al inicio de la sesión, tiene la hora de Incidentes para hacerlo, por cuanto no hay duda de que la disposición reglamentaria no tiene nada que ver con lo que el Diputado Ignacio Walker está diciendo.
En consecuencia, solicito al señor Presidente aplicar el Reglamento o, en caso contrario, citar a reunión de Comités.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El Diputado Ignacio Walker solicitó los cinco minutos en virtud de que él se sentía afectado en su reputación. Hasta ahora no ha entregado los argumentos correspondientes y planteó un tema de bancada y constitucional, pero yo dejaría que terminara su intervención.
Puede continuar el Diputado Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
Señor Presidente , como ésta ha sido una interrupción, quiero aclarar, antes de que se me compute el tiempo, que el artículo 34 es perfectamente aplicable a esta situación, y voy a explicar por qué.
Como diputado , siento -no es que sentía- que mi reputación como parlamentario, a partir de procedimientos empleados en la sesión del Congreso Pleno, está dañada por los mismos y, por lo tanto, hago uso de los cinco minutos que la Mesa me concedió. Y como hubo una interrupción, solicito que se me permita terminar con mi alegato.
La Constitución actual, y también la de 1925, ha establecido -insisto- que sea el 21 de mayo la fecha en que su Excelencia el Presidente de la República , el actual o cualquier otro, rinda cuenta a la nación acerca de la marcha del Gobierno. Por ello, como diputado de la Democracia Cristiana , quiero dejar expresa constancia de mi más enérgica protesta por el comportamiento de la mayoría de los parlamentarios de Oposición, que, salvo honrosas excepciones, transformaron la reciente sesión solemne del Congreso Pleno del 21 de mayo en un incidente bochornoso, que afecta nuestro prestigio como institución, ya peligrosamente deteriorada en términos de opinión pública, a la vez que nuestra imagen como Estado, por cuanto recorrieron el mundo entero las lamentables y repudiables escenas que presenciamos ese día.
Quiero recordar a los señores diputados que el artículo 2º, inciso final, del Código de Ética que acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados, dice a la letra: “Todo parlamentario por ser representante de los ciudadanos, quienes lo ven como modelo de conducta, debe esforzarse...
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No corresponde!
El señor MONTES ( Presidente ).-
¡Señor Melero , llamo al orden a su Señoría!
El señor WALKER (don Ignacio) .-
...por actuar en todos los aspectos de su vida conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar”. Y agrega el artículo 6º del mismo Código -y espero que nuestros colegas de Oposición no lo hayan olvidado-: “La actividad de los diputados debe inspirar la confianza de los ciudadanos, con el preciso objeto de fortalecer la credibilidad del Congreso Nacional y del Estado”.
El mal comportamiento que demostró la mayoría de los parlamentarios de la Oposición, no sólo atenta contra nuestras mejores tradiciones democráticas y republicanas, que incluso en los momentos de las mayores tensiones supieron respetar la solemnidad de un acto de tan hondo contenido cívico, sino que constituyó, a mi juicio, una ofensa adicional y directa a su Excelencia el Presidente de la República -en su triple calidad de Jefe de Estado , de jefe de gobierno y de invitado de honor de nuestro Congreso Nacional-, quien no merecía el trato descortés e insolente de los que, con su conducta del todo reprochable, infirieron una ofensa al conjunto de nuestras instituciones. Su actitud fue igualmente ofensiva hacia el Cuerpo Diplomático en su conjunto y, muy en especial, a dos embajadores muy respetados y respetables de naciones amigas, con las cuales mantenemos plenas relaciones diplomáticas.
Señor Presidente, en nombre de los diputados de la Democracia Cristiana, quiero ofrecer a su Excelencia el Presidente de la República...
El señor MOLINA .-
¡No corresponde!
El señor WALKER (don Ignacio) .-
...y a los distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, que nos acompañaron el 21 de mayo, nuestras excusas por el bochornoso comportamiento de aquellos colegas parlamentarios que, al margen de toda norma -escrita o no, constitucional o reglamentaria-, faltaron gravemente a sus deberes como tales.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Continúa la sesión.
En virtud del artículo 34 del Reglamento, habían solicitado cinco minutos para vindicarse las Diputadas señoras Fanny Pollarolo, Laura Soto y el Diputado señor Iván Mesías
Hemos conversado el tema y, en la medida en que esta materia siga siendo discutida en Comités y en la sesión de hoy de la Comisión de Régimen Interno, acordamos no otorgar los cinco minutos reglamentarios hasta que se agote dicho debate. Cualquier diputado puede dar a conocer sus puntos de vista en Incidentes.
VI. ORDEN DEL DÍA
NORMAS ESPECIALES PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 15.076. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión, en primer trámite constitucional, del proyecto que establece normas especiales para profesionales funcionarios de los servicios de salud y modifica la ley Nº 15.076.
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda, de la cual soy miembro titular, analizamos “in extenso” el proyecto de ley en debate.
Esta iniciativa ingresó a la Cámara en octubre de 1997 como consecuencia de acuerdos a que se llegó con el Gobierno en junio del mismo año, especialmente relacionados con la modificación a la ley en comento. ¿Por qué comienzo expresando esto? Porque el propósito de la iniciativa es establecer normas especiales en la red asistencial de los servicios de salud y perfeccionar los instrumentos de gestión local en materia de recursos humanos, de modo que las decisiones sean asumidas por los servicios de salud, fortaleciendo así la institución pública de salud en beneficio de los usuarios del sistema público.
Quiero ser reiterativo en esto: sin duda, los diputados presentes en la Sala -es más, los 120 diputados- están interesados en que exista un buen servicio de salud en el país. Si no se ha logrado alcanzar dicho objetivo, ello obedece especialmente a razones de índole presupuestaria.
¿Qué persigue el proyecto de ley? Un efecto modernizador en la gestión pública del nuevo estatuto.
En primer lugar, busca la concreción de una reforma estructural importante y emblemática en el área de recursos humanos del sistema nacional de servicios de salud, es decir, en Fonasa.
En segundo lugar, avanza en la descentralización: otorga facultades expresas a los 28 directores de servicio en cuanto a manejo de dotaciones, reestructuración de cargos y determinación de remuneraciones variadas, y adecua estas variables a las necesidades locales relativas a tipos de especialistas, lugares y desempeño. Además, los faculta para tomar decisiones en las áreas de capacitación y perfeccionamiento, y definición y manejo de programas.
En tercer lugar, flexibiliza el manejo del recurso humano. En la actualidad, el 60 por ciento de los trabajadores de los servicios de salud se encuentra a contrata. Además, están los temas relativos a la reconfiguración de cargos, a los “consultores de llamada” a honorarios y al perfeccionamiento del sistema de calificaciones para todos los profesionales y personal de salud.
En cuarto lugar, está la vinculación de las remuneraciones a la acción, pues contempla estímulos al desempeño individual y colectivo, transparencia en el sistema de remuneraciones, un sistema de acreditación con componentes de gestión y satisfacción de usuarios, y el rediseño del sistema de calificaciones.
En quinto lugar, el mensaje presidencial incorpora nuevos instrumentos en la gestión de relaciones humanas. En ese marco, los estímulos se encuentran ligados al desempeño y a las funciones de impacto en la gestión; la promoción a la excelencia, y los cargos directivos intermedios son transitorios y sujetos a evaluación. En tal sentido, el proyecto plantea la concursabilidad, cada cinco años, de todos los cargos directivos.
En sexto lugar, se establece una relación entre gestionadores y gestionados, a través de un diálogo sobre la modalidad de avance en reformas y negociación de conflictos, y el compromiso de los involucrados en la necesidad de modernizar la gestión del Estado en la forma como se está llevando a efecto.
¿Por qué quería expresar, a grandes rasgos, estos 6 puntos? Porque estoy convencido de que este proyecto de ley es positivo en un sentido muy importante: mejora la gestión y la atención de los usuarios en el sistema de salud estatal.
Por todo lo anterior, votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , como ya se informó, el proyecto de ley en discusión -el cual, anticipo, votaré favorablemente- ingresó a la Corporación en 1995 y fue objeto de modificaciones en 1997. La ley Nº 15.076, de 1963, que regía a los médicos cirujanos, cirujanos dentistas, bioquímicos y químicos farmacéuticos, centraba su accionar más bien en el aumento de las remuneraciones sobre la base de quinquenios, entendiendo que éstas se relacionaban con la antigüedad en el servicio. Posteriormente, en la década de los años 70, la ley sufrió algunas modificaciones que fundaron el incremento de remuneraciones sobre la base de trienios.
Uno de los problemas más sensibles de nuestra sociedad radica en mejorar la atención de salud, para lo cual es necesario contar con especialistas que la entreguen en buena forma a los usuarios del sistema. El hecho de facilitar el perfeccionamiento de los funcionarios que, como aquí se ha dicho, alcanzan la cifra de 9 mil, apunta indiscutiblemente a contar con mejores recursos humanos en el servicio de salud pública. Junto con la facultad de conceder acceso a programas de perfeccionamiento, los directores de servicios de salud, en un marco de mayor flexibilidad, tienen la posibilidad de contratar a especialistas. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la postura de algunos diputados, de caducar los contratos de los funcionarios que no acrediten perfeccionamiento. Hay que tener presente que no es lo mismo ejercer un cargo en Santiago, Valparaíso , Concepción o Valdivia, que en lugares de más difícil acceso, por cuanto las ciudades mencionadas, al contrario de otras, cuentan con universidades y, en consecuencia, es más fácil perfeccionarse.
Cuando me desempeñaba -febrero de 1979- como médico oftalmólogo en el hospital Herminda Martín , de Chillán, tuve la oportunidad de asistir a un congreso panamericano que se realizó en el extranjero. Para ello, fue necesario solicitar a mi padre, también oftalmólogo y que estaba retirado del servicio, que me reemplazara durante mi ausencia, porque en ese momento yo era el único especialista en el servicio de oftalmología, ya que mi otro colega se encontraba en el extranjero haciendo un curso de especialización.
Por lo tanto, los médicos que están alejados de los centros universitarios o que en muchas ocasiones son los únicos en su especialidad, no tienen las mismas facilidades que otros colegas para perfeccionarse. Por eso, esta medida, aparentemente lógica, de que quienes no acrediten su perfeccionamiento no sigan en estos cargos, no debería comprender a quienes se desempeñan en lugares alejados del país. Por ese motivo, quiero hacer resaltar la necesidad de no acoger esta petición de que a los médicos sin acreditación se les caduquen sus contratos.
Como médico, me complace aprobar el proyecto, porque, indiscutiblemente, permitirá modernizar los servicios de salud, los cuales atienden a la mayoría de la gente, especialmente de los sectores más necesitados. Además, permitirá contar con especialistas con mayor perfeccionamiento y, en esa forma, tendremos un servicio más moderno, más flexible, en que los grandes beneficiarios serán las personas de los sectores más pobres.
Por ese motivo, me complazco en dar mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , el proyecto que hoy se somete a consideración de la Sala, originado en mensaje del Ejecutivo y que establece normas especiales para los profesionales funcionarios de los servicios de salud, tiene como objetivo prioritario el mejoramiento del sistema público de salud, en especial en lo relativo a la atención de sus usuarios.
Existe consenso en todos los sectores sociales y políticos de que el mejoramiento de la atención de salud es un tema de primera importancia, y lo es porque en él está en juego la vida, derecho básico garantizado en nuestra Constitución Política.
Debido a la importancia del tema y a la urgencia de alcanzar el objetivo propuesto, se requiere centrar nuestros esfuerzos, más que en criticar un sistema privado que, con algunas deficiencias, cumple con su objetivo, en fortalecer y mejorar el alicaído sistema público de salud, al cual deben recurrir aún muchos chilenos como única opción.
En el mismo sentido, el proyecto que analizamos pretende introducir modificaciones a la ley Nº 15.076, las que pueden significar para los profesionales funcionarios que por ella se rigen, un impulso a sus expectativas profesionales, mejorando su actual condición laboral y sus derechos remuneratorios.
En mi opinión, si bien el proyecto es perfectible, va encaminado en la dirección correcta, por lo que anuncio, desde ya, mi voto favorable a la iniciativa.
A continuación, me referiré a las que, en mi opinión, son las principales características del proyecto y que hacen aconsejable su aprobación en esta Sala:
a) Modernización de la carrera funcionaria.
Uno de los puntos que se consideró clave al interior de la Comisión para lograr el objetivo propuesto de mejorar la atención de salud, fue la necesidad de modernizar la carrera funcionaria en el sector, logrando conciliar de esta forma la estabilidad funcionaria con la flexibilidad necesaria para atender adecuadamente las necesidades de los servicios.
En consecuencia, un elemento esencial del proyecto en este punto es el de la movilidad relativa de los profesionales dentro de las distintas etapas y niveles.
El sistema de carrera funcionaria que se contempla se estructura en dos etapas:
La primera, que se denomina “Destina-ción y Formación”, a la cual se accede mediante un proceso nacional de selección, objetivo, técnico e imparcial, se desarrolla mediante contratos anuales cuya duración no puede exceder de nueve años, lo que permite la movilidad y constituye un importante incentivo para quienes desean ascender en la carrera funcionaria.
Producto de una indicación que efectuamos en el estudio del proyecto en la Comisión de Salud, se logró dejar establecido que el proceso nacional para acceder a ella se efectuaría al menos una vez al año.
Una segunda etapa, denominada “Etapa Superior”, es aquella en que participan profesionales funcionarios que poseen alta calificación técnica. En esta etapa se encuentran los cargos de planta del servicio, a los cuales se accede por concurso público y se estructuran en tres niveles, a los cuales se asocia un incentivo pecuniario denominado asignación de experiencia calificada.
Como una manera de evaluar a los profesionales de planta, se les impone la obligación se someterse a una sistema de acreditación cada nueve años, evaluación que les permite acceder al nivel inmediatamente superior, lo que presupone la disponibilidad de recursos financieros para el pago del incentivo correspondiente al respectivo nivel.
Un elemento importante e interesante de destacar radica en que este sistema de acreditación evalúa por primera vez no sólo los aspectos técnicos propios de la especialidad, sino que también considera los logros clínicos, organizacionales y los resultados en la atención de usuarios.
b) Incentivos a la capacitación y especialización.
El proyecto contempla un conjunto de mecanismos, cuyo objetivo es capacitar y especializar a los profesionales funcionarios del sistema, con incentivos concretos en ese sentido, tanto pecuniarios como no pecuniarios.
No es un misterio que, si queremos mejorar la atención y calidad del servicio de salud, es preciso contar en el sistema público con profesionales capacitados y motivados. Algunos de los mecanismos propuestos para ello son:
b.1) Establecimiento de sistemas de acreditación.
El proyecto contempla sistemas de acreditación que denomina ordinarios y de experiencia.
Las acreditaciones ordinarias están pensadas para aquellos profesionales que se encuentren en la etapa superior a que hemos aludido, los que, durante el curso del noveno año de permanencia, deberán presentar sus antecedentes para evaluar los logros alcanzados con aspectos técnicos, clínicos y organizacionales.
Los funcionarios que no se sometan a esta acreditación en tiempo y forma serán sancionados incluso con la vacancia de su cargo, lo que asegura el cumplimiento de la finalidad que persigue el sistema.
En virtud de esta indicación que presentamos en la Comisión de Salud, con el objeto de que la norma fuera coherente con el objetivo que se persigue, se agregó al proyecto como causal de vacancia no sólo la no presentación de los antecedentes, sino también la no aprobación de la acreditación.
Por su parte, las acreditaciones de excelencia tienen como beneficiarios a profesionales con cinco años de permanencia en un cargo de planta. En el evento de que el profesional apruebe esta acreditación, puede acceder al nivel inmediatamente superior en su cargo, con el consecuente incentivo a través de la asignación de experiencia calificada; esto, por cierto, sujeto a la disponibilidad de cupo financiero.
Si bien el proceso de acreditación es materia de un reglamento, se deja claramente establecido en el proyecto que el sistema debe fundarse en criterios técnicos, objetivos e imparciales.
b.2) Sistema de comisiones.
El proyecto también faculta a los directores de los servicios de salud para conceder comisiones dentro y fuera del territorio nacional, con el objeto de que los profesionales funcionarios de la etapa de destinación y formación concurran a congresos, seminarios u otras actividades que conduzcan a un grado académico.
Además, se consigna la obligación de los servicios de elaborar planes de capacitación destinados al logro eficiente del desempeño de las funciones profesionales.
En el caso de las comisiones al extranjero, se establece una serie de restricciones con el objeto de evitar abusos.
b.3) Igualdad de condiciones para acceder a la capacitación.
El proyecto garantiza la igualdad de condiciones para acceder a programas de especialización o perfeccionamiento que ofrezca el Ministerio de Salud a los profesionales funcionarios que hayan ingresado a la etapa de destinación o formación mediante el proceso de selección que contempla el proyecto.
En la actualidad, quienes acceden a estos programas adquieren la calidad de becarios, lo que los deja en una situación bastante desmedrada. Con el proyecto, el profesional que accede al curso conserva la calidad de funcionario público, en comisión de estudio, y mantiene su remuneración, pero sin derecho a viáticos. En caso de ser necesario, se pagan sólo los gastos inherentes al traslado de residencia.
Para quienes están en esta etapa y no cumplen con los requisitos exigidos y para los funcionarios de la atención primaria de salud, se mantiene el sistema actual de becas.
Es importante señalar que no basta con fomentar la capacitación si los profesionales del sistema público, una vez capacitados, emigran al atractivo sector privado. En consecuencia, el proyecto establece normas tendientes a impedir este fenómeno y a asegurar que cumplan con su obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos por un tiempo adicional similar al de duración de los programas.
En el evento de que ello no se cumpla, los beneficiarios no sólo deben reembolsar los gastos originados con motivo del programa, para lo cual deben constituir una garantía, sino, además, deben indemnizar por los perjuicios causados por su incumplimiento.
Debido a una indicación formulada por los diputados de nuestro partido, en conjunto con el Diputado señor Girardi , quedó establecido que la garantía debía ser equivalente a los gastos originados más un 50 por ciento. Como sanción adicional, el beneficiario queda impedido de ingresar a la administración del Estado por un lapso de diez años.
Sin perjuicio de lo anterior y como consecuencia de una indicación que presentamos junto a otros diputados de la Comisión, destinada a mantener la flexibilidad del sistema, se estableció la posibilidad de que los profesionales funcionarios que se encuentren coetáneamente en situación similar, puedan solicitar cambio de servicio.
c) Sistema flexible en beneficio de la atención del usuario.
Sin duda, un tema que atenta contra la eficiencia del sistema es la rigidez que, en la actualidad, afecta con todas sus fuerzas al destinatario final de la atención de los servicios públicos de salud, esto es, a la gente de escasos recursos que, por diversas razones, no puede acceder a un sistema privado.
Es necesaria la adaptación de los organismos públicos a estructuras de administración más flexibles que permitan al sector hacer frente a los desafíos que plantea una gestión moderna.
Entre las propuestas que se contemplan en el proyecto y que otorgan flexibilidad al sistema actual, se encuentran las siguientes:
c.1) Se modifican las plantas de profesionales, las cuales se expresan en horas semanales de trabajo y en cargos, y se faculta al Presidente de la República para fijarlas. Los directores de los servicios de salud deben estructurarlas en cargos de 11, 22, 33 y 44 horas semanales de trabajo.
En virtud de una indicación que planteamos con el Diputado señor Melero y con otros diputados de la Comisión, ha quedado establecido que los directores de los servicios de salud pueden ejercer esta facultad, previa consulta a los directores de los establecimientos que se encuentran bajo su dependencia, con el objeto de que aquellos tomen decisiones lo más informadas posibles, cuestión esencial para mejorar la atención y el servicio.
c.2) Incorporación de los denominados “consultores de llamada”, profesionales con calificación técnica y experiencia, que efectúan prestaciones a honorarios mediante convenios con aranceles previamente fijados. Estos consultores son ocasionales, y con ellos se pretende reforzar las actividades clínicas de los establecimientos asistenciales, aun cuando se trate de labores habituales de la institución, cuando esto no pueda conseguirse por medio de los recursos con que ya cuenta el respectivo servicio. En todo caso, el proyecto establece el monto máximo de recursos que se puede destinar al pago de estos honorarios, 10 por ciento, con el objeto de evitar situaciones abusivas.
Además, el proyecto preceptúa un punto interesante: la incompatibilidad entre este sistema de contratación y cualquier empleo o función que se desempeñe en el servicio de salud contratante. Sin perjuicio de lo anterior y producto de una indicación del Ejecutivo, se agregó la posibilidad de que en caso de imposibilidad material de disponer oportunamente de profesionales externos al servicio, como ocurre en algunas ciudades pequeñas o aisladas de nuestro país, puedan celebrarse convenios con funcionarios del mismo servicio, siempre que cuenten con la visación previa del secretario regional ministerial de salud respectivo.
Es importante destacar que, como consecuencia de una indicación del Diputado señor Melero , se agregó a esta disposición una palabra clarificatoria, en el sentido de que la contratación no sólo es ocasional, sino, además, transitoria.
c.3) Los directores de servicios de salud están facultados, además, para contratar directamente profesionales funcionarios asimilados al nivel I en la etapa de destinación y formación, cuando circunstancias fundadas lo justifiquen en razón de necesidades del servicio. Estas contrataciones tendrán el carácter de transitorias y serán por períodos determinados.
c.4) Por último, en caso de trabajos impostergables, los directores de los servicios de salud están facultados también para ordenar la ejecución de trabajos extraordinarios y determinar la forma de recompensarlos.
d) Establecimiento de un sistema de remuneraciones racional e incentivador.
El proyecto pretende implementar un sistema de remuneraciones racional, justo y motivador.
Es necesario que el sistema vincule en forma estrecha las remuneraciones y las acciones que desarrollen los profesionales, y que los emolumentos variables constituyan un estímulo al desempeño individual y colectivo.
En este contexto, el proyecto divide las remuneraciones en permanentes y transitorias, contemplándose en ellas distintos tipos de incentivos, que se traducen, a su vez, en una serie de asignaciones.
La remuneración permanente está compuesta, además del sueldo base, por una asignación de antigüedad y una asignación de experiencia.
La asignación de antigüedad tiene por objetivo principal, sin perjuicio de lo discutible de la fórmula, incentivar la permanencia de los profesionales en el sistema público, para lo cual fija porcentajes según los años que cumpla el funcionario en el sistema de salud. Con ello se pretende evitar el traslado de funcionarios capacitados y con experiencia al sector privado, en el cual suelen encontrar mejores expectativas económicas y de desarrollo profesional.
En tanto, la asignación de experiencia constituye un incentivo para que los profesionales de la etapa superior accedan a los cargos inmediatamente siguientes en la jerarquía.
Las remuneraciones transitorias están compuestas por la asignación de responsabilidad, que establece un estímulo inexistente hasta la fecha para quienes ocupan jefaturas intermedias; por la asignación de estímulo, destinadas a profesionales que realizan funciones que presentan dificultades, ya sea por el aislamiento o por competencias profesionales; por las asignaciones por desempeño individual, que persiguen retribuir la formación, capacitación, especialización y competencia de los profesionales, y otras circunstancias, como la ejecución de labores en lugares aislados, que impliquen desplazamientos en lugares de difícil acceso o bien presenten condiciones especiales de desempeño que sea necesario estimular; y por las asignaciones por desempeño colectivo, que pretenden premiar a los establecimientos de salud que cumplan con las metas establecidas previamente en el programa anual de trabajo acordado por el director de salud.
En relación con esta última asignación y como consecuencia de una indicación del Diputado señor Melero , se incorporó la idea de que los programas de salud que se evaluarían año a año deben tender a un mejoramiento continuo. Por esta razón, el proyecto habla de que los programas deben “propender a mejorar la calidad, eficiencia y acceso de la población en la atención de salud”.
También nos parece interesante la indicación de algunos diputados de la Comisión en relación con esta materia, destinada a que la evaluación de estos programas sea de “dominio público”, con el objeto de hacerla transparente.
El proyecto deja a un reglamento el establecimiento de las normas necesarias para el adecuado otorgamiento de estos beneficios.
Sin duda, estas asignaciones serán un estímulo concreto para los profesionales de la salud que trabajan en el sector público, porque les permitirá perfeccionarse y mantenerse en el servicio, lo que deberá traducirse en el mediano plazo en una mejor atención para los usuarios, eternos perjudicados por la ineficiencia del sistema.
e) Descentralización administrativa.
Por último, la iniciativa tiene efectos importantes en la descentralización administrativa, puesto que otorga amplias facultades a los directores de los servicios de salud en cuanto al manejo de la dotación, la determinación de las remuneraciones variables y las posibilidades de capacitación y perfeccionamiento del personal.
Sin perjuicio de lo anterior, hubiésemos preferido un grado de mayor descentralización, para entregar, en aquellos casos en que fuera prudente, más facultades a los directores de establecimientos, quienes son, en definitiva, los que, producto de su contacto directo y permanente con los usuarios, perciben de mejor forma la cantidad y calidad del servicio prestado.
Si bien el proyecto presenta aspectos que es necesario corregir o mejorar, como las asignaciones por permanencia -los trienios- o las escasas facultades que se le otorgan a los directores de establecimientos, sin lugar a dudas constituye un avance importante en el tratamiento del tema.
Existe consenso en la necesidad de mejorar no sólo el acceso, sino también la calidad de las prestaciones de salud que brinda el sistema público, a fin de, en lo posible, tratar de equipararla a aquella que en la actualidad reciben los beneficiarios del sector privado.
Como diputados de Oposición, nos sentimos orgullosos de haber contribuido al perfeccionamiento del proyecto en la Comisión y, de esta forma, habernos acercado al logro del objetivo propuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, considero fundamental que se supervise periódicamente su funcionamiento, con el objeto de propender a su perfeccionamiento en el futuro inmediato.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt , el último de los inscritos.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , yo preparé y rendí el informe de la Comisión de Hacienda, pero siento el deber de hacerme cargo de algunas aseveraciones que hace pocos días hizo el Diputado señor Aguiló en la Sala, en relación con el proyecto.
Los dos temas centrales de su discusión, más allá de las votaciones de las Comisiones, tienen que ver con los cambios motivados después que el proyecto Massad quedó archivado. El Colegio Médico entró en un acuerdo con el Gobierno, después de un conjunto de amenazas o de movilizaciones reales, pero, en la práctica, significó modificarlo.
En general e independientemente de las votaciones, los temas más discutibles tienen que ver con las jornadas y las acreditaciones.
En relación con las jornadas, si se acepta que las dotaciones son por horas, ¿por qué motivo se va a constreñir a un director de servicio para llenar la disponibilidad de horas como le dé la gana, según las necesidades del servicio? Si no, tengamos cargos fijos; pero ¿por qué vamos a poner una camisa de fuerza a un director de servicio para que tenga necesariamente que llenar dotaciones de horas -que todo el mundo acepta que así sean- en función de 11, 22, 33 y 44 horas? ¿Por qué no pueden ser cargos de 10, 5 ó 15 horas? ¿Por qué tienen que ser de 11, 22, 33 y 44 horas? Ese es el punto central, o sea, actualmente se tuerce el sentido de las palabras para hacer lo contrario de su intención.
Esa es la pregunta central en lo que se refiere a dotación, y es la más importante; pero -para ser sincero- ese punto pasó en la Comisión de Hacienda y hubo acuerdo para no hacer mayor cuestión del tema.
El problema de fondo dice más bien relación con un aspecto distinto: los ascensos, las acreditaciones.
En verdad, el Diputado señor Aguiló cometió un error y creyó que lo que estaban haciendo las Comisiones de Salud y de Hacienda era exactamente igual, pero está equivocado.
La Comisión de Salud aprobó una indicación del Diputado señor Melero y otros, en orden a reponer una idea del proyecto Massad, de que al cabo de cierto plazo las personas ascendían o se iban. La Comisión de Hacienda no acogió esa propuesta, sino que, pura y simplemente, rechazó el régimen de acreditaciones del Ejecutivo porque su modelo propuesto no era aceptable, ya que si se dice que se va a premiar calidad, no se puede dar un beneficio indefinido a las personas en esa función, porque la calidad no es permanente; va variando en el tiempo. La asignación por las acreditaciones producidas después de un plazo se denomina “asignación de experiencia calificada” y tiene por objeto medir efectivamente el desempeño funcionario en cierto tiempo. Entonces -seamos sinceros-, no es indefinida ni a todo evento y no puede ser una asignación por antigüedad, disfrazada de otro modo. En las asignaciones permanentes ya hay un premio por antigüedad.
Ese es el punto central, y la diferencia nuestra con el criterio que motivó el acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico, sobre el cual muchos estamos decididos a lograr reformularlo en la Cámara en el segundo informe, apunta a que una propuesta de esta naturaleza no tiene explicación, por una razón muy simple: porque, aparte de ser injusta, genera un problema en el largo plazo.
Aquí hay una negociación hecha en 1995 hacia 1997, que genera incrementos de remuneraciones para un conjunto de médicos que presionaron y que los lograron. Entonces, generemos una matriz que permita que los médicos que entren al sistema en 10 años más también puedan gozar de lo mismo. Si se da un carácter indefinido a los ascensos, se produce un cuello de botella que, en el fondo, va a favorecer a los grandes beneficiados que ahora podrán entrar, después que se produzcan las jubilaciones forzosas de unos 450 casos, eventualmente, producto del proyecto de ley. Pero una vez que se produzca el cambio, hasta ahí llegó la renovación, porque el resto de ella va a ser vegetativa, producto de los retiros que se vayan produciendo lentamente, y no habrá un cambio muy significativo hacia adelante.
Entonces, a menos que se cambie el carácter indefinido de estos beneficios, la matriz que hoy estamos por aprobar es un premio para los médicos que negociaron y presionaron hace tres años. Por lo mismo, seamos sinceros: o vamos a tener una matriz neutra de beneficios que sea flexible para llenar cargos destinados a cumplir funciones en un momento determinado, según los requerimientos de un servicio, o vamos a premiar a ciertas personas que negocian o presionan mejor.
Esa opción es clara y puede descubrirse bien a través del diseño que entrega el proyecto.
En materia de acreditaciones y de asignaciones de experiencia calificada, nos llevó a decir dos cosas: no pueden ser indefinidas ni tampoco puede ser que estas asignaciones se provean, sin considerar los cupos financieros disponibles. ¿Por qué las demás asignaciones de la ley dependen del cupo financiero y ésta no? ¿Por qué aquí hay una lista de espera y en el resto no? ¿Por qué motivo vamos a agudizar el efecto cascada de la ley Nº 15.076? En el fondo, a través de una lista de espera, se van a seguir comprometiendo futuras gestiones que les impedirán también una disponibilidad para definir ascensos, según las necesidades que tengan en ese momento determinado, no en forma tan anticipada. ¿Por qué? Ese es el punto central.
Entiendo que hay personas a las que les gusta el argumento de autoridad y que dicen que esto es un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico. Sin embargo, el Congreso es el que legisla, no son los gremios ni tampoco los acuerdos con los gremios. Aquí hay un legítimo derecho para entrar a un análisis en detalle, y, eventualmente, para ponderar los méritos de un proyecto de ley. Es más, las discusiones que hemos presenciado en los últimos días respecto de los médicos extranjeros que laboran en atención primaria, nos lleva a decir que el manejo que hace el Colegio Médico de este tipo de problemas no tiene por objeto proteger la salud de la población, sino que, muchas veces, defender intereses corporativos. Y la verdad es que, en este tipo de casos -lo digo con honradez y crudeza-, nuestra labor es justamente defender la salud de la población, aun cuando ello pueda comprometer un interés corporativo, por muy legítimo que sea. Cuando uno ve en detalle negociaciones con el Colegio Médico, justamente a través de un discurso extraordinariamente innovador -porque esta ley representa un cambio respecto de la situación existente-, se van generando algunos privilegios que no merecen subsistir en el mediano y largo plazo y que ameritan una corrección. Este es uno de ellos.
Cuando hicimos el informe, hace pocos días, hablamos de que estábamos haciendo un aporte, en cinco años, de cerca de 80 millones de dólares para mejorar la situación de 9 mil médicos, y que la meta del proyecto suponía que el grueso de los recursos fueran asignaciones variables y no permanentes, porque de esa manera se generaban los estímulos para que el sistema funcionara bien, virtuosamente; mejoraba la calidad y -repito- generaba estímulos para que la gente se esforzara más y pudiera entrar.
Esas son las metas que tenemos que tomar en cuenta -y a las cuales debemos llegar- cada vez que analizamos los artículos. Y los artículos 16 y 18 merecen una revisión, justamente para que el proyecto cumpla con sus finalidades.
Aunque respeto su lógica, no es necesaria la indicación del Diputado señor Melero porque, simplemente, repone una idea del proyecto Massad , que, además, contó en su momento con el beneplácito del Presidente Frei . Respeto esa iniciativa, pero no es necesario llegar al punto de decirle a la gente: “Mire, usted, asciende o se va.” Tampoco hay que darles asignaciones indefinidas, que tienen por objeto premiar la calidad. Es muy distinto ese punto. Seamos capaces de reformular esto. De otro modo, simplemente, que el Colegio Médico diga al Congreso que quiere que otorguemos una asignación por antigüedad multiplicada por dos, porque, en el fondo, eso es lo que se está planteando. Pero el Gobierno no estaba dispuesto a hacer eso. Por eso es mejor una asignación de experiencia calificada, que es el verdadero sentido que tuvieron al comienzo los sistemas de ascensos. Ese es el punto.
Al Diputado señor Aguiló le digo que cuando uno pide que una asignación que premia calidad cumpla con el objetivo para el cual fue diseñada, nadie tiene derecho a acusar esa actitud como una especie de atentado a la salud pública del país. ¡Qué tiene que ver! Si lo que uno quiere es que el sector público funcione mejor, no más. No tiene nada que ver con la privatización o con un sistema de salud privada, sino que el sistema cumpla con los propósitos para los cuales fue creado. Nada más, nada menos.
Por consiguiente, pido, por favor, que sostengamos esta discusión en su mérito y sin caricaturas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , no había tenido la intención de intervenir por segunda vez en la discusión en general de este proyecto, pero la pasión y el entusiasmo que el Diputado Jocelyn-Holt ha colocado en sus palabras me obligan a hacer un par de puntualizaciones.
En primer lugar, debo hacer una aclaración, que es indispensable que el Diputado Jocelyn-Holt la pueda comprender aunque no compartir, como asimismo el Diputado Ignacio Walker .
Por reglamento, las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados están obligadas a conocer los puntos de vista o las apreciaciones de distintos organismos y de personas jurídicas y naturales afectados por un determinado proyecto de ley. Desde luego, el cumplimiento de esa obligación hacía perentoria la tarea de escuchar a los colegios Médico, de Cirujanos Dentistas, de Químicos Farmacéuticos , en fin, a los profesionales involucrados, como lo hacemos normalmente en las demás comisiones con los diferentes gremios y organizaciones sociales interesados en los temas que debemos legislar. Pero no sólo por una obligación reglamentaria, sino también por una cierta concepción de democracia. Aunque la potestad legislativa la tiene el Congreso Nacional, es muy distinto ejercerla escuchando a los afectados que no haciéndolo. Y si vamos a hacer el ejercicio puramente formal de escuchar, no entender o no hacer caso de nada, entonces, es preferible, simplemente, no hacer este ejercicio.
Lo que hicimos fue escuchar, es decir, tratar de comprender los argumentos de quienes durante décadas construyeron en Chile uno de los servicios públicos más eficientes de América Latina, el cual presenta indicadores biomédicos extraordinariamente importantes, que nos llenan de orgullo en los foros internacionales sobre salud. En 1952 se creó en Chile el Servicio Nacional de Salud, que, desde entonces, ha permitido, con medidas de prevención, de educación de la población, de campañas sanitarias masivas, mostrar indicadores que de otra forma no podríamos hacerlo. De manera que a la que escuchamos no fue a cualquiera persona, sino -insisto- a quienes construyeron, con su experiencia, esfuerzo, justamente los indicadores que hoy los chilenos nos vanagloriamos de tener.
Luego, no tradujimos mecánicamente en la ley lo que el Colegio Médico u otros gremios nos dijeron, sino que, en su mérito, analizamos las cosas y en la Comisión de Salud nos pusimos a la tarea de mejorar el proyecto.
Entiendo que al Diputado Jocelyn-Holt le guste el proyecto original del Ministro Massad , pero -como él reclama- teníamos justamente la tarea de legislar y, por lo tanto, la de perfeccionarlo. Eso fue lo que hicimos.
Ahora bien, en opinión del colega que me antecedió en la palabra, hay dos problemas: el de la dotación y el de la acreditación.
En cuanto al primero, me parece insólito tener que recordarle que no sólo en Chile, sino que en el mundo, hay, básicamente, dos partes contractuales para las personas que establecen una relación laboral. Una es privada. Hay códigos del trabajo en distintas partes del mundo; unos, mejores, y otros, peores, y estatutos para los funcionarios públicos, con ventajas y desventajas. Una ventaja es la estabilidad en el empleo. Desventajas son no tener condiciones para negociar remuneraciones, derecho a huelga ni posibilidad de organizar sindicatos. Es uno de los temas que vamos a tener que ver en el futuro. Pero, en general, ésas son las condiciones laborales y contractuales.
Ahora, se trata de que los médicos, los cirujanos dentistas y los químicos farmacéuticos tengan, en general, las mismas ventajas y desventajas, pero también las mismas características contractuales, en su relación laboral, que los funcionarios de los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda, etcétera, adscritos al Estatuto Administrativo, como cada una de las reparticiones públicas del Estado. Dada la particular característica de la profesión médica y del servicio que presta, existe una ley especial, la Nº 15.076, que se parece mucho al Estatuto Administrativo, pero con algunas variantes. En este caso, se trataba de flexibilizarla para permitir que un director de servicio, cuando renuncie o se produzca la vacante de un médico contratado por 44 horas, contrate, por ejemplo, a dos médicos por 22 horas o a 4 médicos por 11 horas cada uno. Y, además, estimularlos para que trabajen en las tardes, porque ése es el gran problema de los hospitales. Según la práctica y experiencia médicas, los facultativos trabajan en la mañana en los servicios públicos y en la tarde atienden su consulta privada. Entonces, la iniciativa pretende contratarlos por media jornada, ofreciéndoles estímulos superiores, a fin de aprovechar en las tardes la tecnología avanzada de que disponen los hospitales. Con ello, entre otras cosas, avanzarían con mayor rapidez las listas de espera de intervenciones quirúrgicas. De esta manera, estaría resuelto el problema de la dotación, la cual es muy flexible y genera una notable mejoría.
Sin embargo, queda pendiente la acreditación. Al respecto, me extraña la evolución de este punto de vista en sus detractores. Al principio, la tesis del Diputado señor Jocelyn-Holt , similar a la del Diputado señor Melero , era que el que no acredita se va. Ahora, entiendo que ha evolucionado y señala que el que no acredita para ascender a la etapa siguiente, no sólo no percibiría la asignación correspondiente a esa etapa, sino que, incluso, perdería la correspondiente a la del tramo en que se encuentra.
Esta situación podríamos ilustrarla con el siguiente ejemplo: si un alumno de segundo año de preparatoria no da los exámenes para ser promovido a tercero, el Diputado señor Jocelyn-Holt propone que debería volver a kindergarten, lo que sería inexplicable. Lo lógico es que si una persona está en segundo de preparatoria y no amerita, no pasa a tercero. Es lo razonable; no tiene por qué volver a kindergarten. Si está en segundo es porque dio los exámenes anteriores y tiene los méritos suficientes para ello.
Por otra parte, la proposición del Diputado señor Jocelyn-Holt es completamente inconstitucional. Creo que a pesar de ser una persona muy atenta, no ha analizado el proyecto con la debida atención. Las actuales remuneraciones de los médicos tienen 47 ítem. En la sesión anterior, algunos señores diputados manifestaron -entre otros, hoy el Diputado señor Masferrer - que, en la práctica, es imposible llevar al día el pago de estas remuneraciones por parte de alguien que trabaje en contabilidad y en finanzas en el Ministerio de Salud. El proyecto simplifica la materia y propone que la remuneración de un médico esté compuesta por tres ítem permanentes y cuatro transitorios. Y el Diputado señor Jocelyn-Holt desea quitar uno de los ítem permanentes, es decir, uno de los que forman parte integral de su remuneración, cuando la persona no acredita para ascender a la etapa siguiente.
Esto, además de injusto, es inconstitucional, porque si alguien gana un concurso, postula conociendo cuál es su remuneración permanente. Además, sabe que, aparte de ella, puede acceder a un sueldo transitorio -de estímulo, de desempeño-, el que puede obtener o no; pero la remuneración permanente es parte esencial de su contrato y nadie puede desconocerlo después. Entonces, es injusto e inconstitucional que alguien venga a quitarle, con posterioridad y de manera arbitraria, sus honorarios fijados por contrato.
Los miembros de la Comisión de Salud que pertenecemos a la Concertación, insistiremos en estos criterios, porque son justos, razonables y flexibilizan mucho el desempeño de nuestros profesionales en los servicios de salud. Además, redundarán en un mejoramiento de la atención de los usuarios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el acuerdo de la Sala para votar el proyecto a las 13 horas y tratar, a continuación, los proyectos de acuerdo.
Acordado.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
Continúa la sesión.
Corresponde votar en general el proyecto que establece normas especiales para profesionales funcionarios de los servicios de salud y modifica la ley Nº 15.076.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto, dejándose constancia de que se ha reunido el quórum constitucional requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo 3°.
1. Del Diputado Jocelyn-Holt, don Tomás, para suprimir la frase “, mediante norma de rango legal,”.
Artículo 4°.
2. Del Ejecutivo para reemplazar el artículo 4°, por el siguiente:
“Artículo 4°.- Los Directores de los Servicios de Salud, previa consulta a los directores de los establecimientos bajo su dependencia, mediante resolución, organizarán, distribuirán y estructurarán las plantas de horas a que se refiere el artículo anterior, en cargos de profesionales funcionarios de 11, 22, 33 ó 44 horas semanales, según las distintas profesiones y con las jornadas que se requieran para el cumplimiento de las finalidades de los respectivos Servicios de Salud. Asimismo podrán, de la misma forma, reconfigurar, fraccionar o fusionar dichos cargos cuando se encuentren vacantes o cuando un profesional, por razones fundadas, solicite rebaja horaria mientras sirve el cargo y así lo resuelva la autoridad considerando los intereses y necesidades del Servicio.”.
Artículo 11.
3. Del Ejecutivo para sustituir, en el inciso segundo, la frase “o con el financiamiento que puedan aportar para estos efectos otros organismos públicos o privados”, por la siguiente: “o con los aportes que puedan destinar para estos efectos otros organismos públicos y privados.”.
Artículo 12.
4. Del Ejecutivo para sustituir, en la segunda parte del inciso segundo, la expresión “diez” por “seis”.
5. Del Ejecutivo para agregar, en el inciso segundo, después del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:
“Con todo, cumplida la mitad del tiempo que dure el impedimento, el Subsecretario de Salud podrá rehabilitar al profesional, fundado en razones de atención de salud de la población, de acuerdo con lo que determine el reglamento.”.
6. De los Diputados señores Palma, don Andrés, y Ortiz, para intercalar en la indicación número 5 anterior, a continuación de las palabras “Subsecretario de Salud”, la siguiente oración: “, con consulta al Director del Servicio afectado por dicha situación,”.
7. Del Diputado Dittborn, don Julio, para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “equivalente”, las expresiones “a estos gastos incrementados en” y suprimir la voz “más”.
Artículo 16.
8. De la Comisión de Hacienda para rechazarlo.
9. De los Diputados Aguiló, don Sergio; Ojeda, don Sergio; Olivares, don Carlos; Palma, don Osvaldo; Jarpa, don Carlos; Pollarolo, doña Fanny; Urrutia, don Salvador; Cornejo, don Patricio, y Girardi, don Guido, para sustituir el inciso 4° del artículo 16 por el siguiente:
“La no presentación de tales antecedentes, cuando corresponda hacerlo, hará incurrir al profesional en la pérdida de requisitos para continuar ejerciendo la función y se le declarará vacante el respectivo cargo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que debió someterse a acreditación.”.
Artículo 18.
10. De la Comisión de Hacienda para rechazarlo.
11. De los Diputados Aguiló, don Sergio; Ojeda, don Sergio; Olivares, don Carlos; Palma, don Osvaldo; Jarpa, don Carlos; Pollarolo, doña Fanny; Urrutia, don Salvador; Cornejo, don Patricio, y Girardi, don Guido, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Los profesionales que no aprueben la acreditación a que deban someterse, mantendrán su cargo y el nivel en que se encontraren, pero deberán presentar anualmente sus antecedentes para nuevas acreditaciones en ese cargo en la forma que determine el reglamento.”.
Artículo 23.
12. De la Comisión de Hacienda para agregar, a continuación de la expresión “20%”, las palabras “de las horas” y suprime la voz “de horas” entre las palabras “profesional” y “a”.
Artículo 24.
13. Del Ejecutivo para agregar en el inciso octavo, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:
“Al término de cada ejercicio presupuestario el Director del Servicio informará a los Directores de los establecimientos de su dependencia sobre la utilización de los recursos asignados a honorarios de consultores de llamada.”.
Artículo 31.
14. Del Ejecutivo para intercalar en el inciso primero, antes de la frase “o en cargos directivos regidos por el decreto ley N° 249, de 1973.”, la siguiente oración: “en organismos considerados en la ley N° 19.378.”.
15. De la Comisión de Hacienda para rechazar el inciso segundo.
Artículo 32.
16. De la Comisión de Hacienda para rechazarlo.
Artículo 36.
17. Del Ejecutivo para sustituir la frase final del inciso segundo, por la siguiente:
“El Ministro de Salud calificará las metas contenidas en los respectivos convenios, y ejercerá el control y practicará la evaluación del cumplimiento de las mismas, evaluación que será de dominio público.”.
Artículo 46.
18. Del Ejecutivo para sustituir el inciso final por los siguientes incisos:
“No podrán concederse respecto de un mismo profesional, más de dos de estas comisiones dentro de cada año calendario, cualquiera sea el número de días que comprendan. No obstante, excepcionalmente, cuando a juicio del Director concurran razones debidamente justificadas, podrá autorizar mayor número de ellas, siempre que sumadas a las ya concedidas conforme a este artículo, no excedan, en conjunto, los sesenta días de comisión.
“En todo caso, entre una y otra comisión, deberá mediar, a lo menos, un período de treinta días.”.
Artículo 47.
19. Del Ejecutivo, en la letra a), que sustituye la letra b) del inciso tercero del artículo 8° del decreto ley N° 2.763, de 1979:
19.1. Para eliminar la conjunción “y” que precede a la palabra “conceder”, y
19.2. Para agregar, a continuación de la palabra “materia”, la siguiente frase final: “y regular la capacidad formadora de especialistas en el sector.”.
Artículos 5°, 6° y 13° Transitorios.
20. De la Comisión de Hacienda para rechazarlos.
NORMAS SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA APLICABLES A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre probidad administrativa ya fue discutido y sólo se encuentra pendiente su votación, por cuanto se iba a conversar con el Ejecutivo un eventual veto.
La Secretaría General de la Presidencia se comprometió a enviar dicho veto, y su contenido será materia de una discusión posterior; pero habrá veto respecto de las inhabilidades. Su contenido específico ha quedado pendiente, porque respecto de eso aún no existe precisión.
Para referirse a esta materia, tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en lo concreto y formal, de acuerdo con la conversación que su Señoría sostuvo con el Ejecutivo , el veto -quiero ser categórico en esto- contemplaría la inhabilidad entre ser funcionario público y consumidor de drogas. Su contenido se verá con posterioridad, pero incluirá esta inhabilidad.
El señor MONTES ( Presidente ).-
En esos términos se conversó con el Ejecutivo . su Señoría lo conversó primero con el Ministro , y hace poco rato se me confirmó que el veto vendría redactado en esos términos.
Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , sólo para anunciar que nuestra bancada aprobará el informe, pero sobre la base de que el veto presidencial incluya la obligación de hacer una declaración jurada del patrimonio. Se trata de reponer lo que eliminó el Senado, y es uno de los aspectos incorporados en el informe de la Comisión de Ética aprobado por la Cámara, con los votos favorables no sólo de la Concertación, sino también de la Oposición, específicamente de Renovación Nacional.
Para nosotros resulta indispensable hacer una declaración de nuestros bienes, y dejar en claro ante la opinión pública que nada se oculta. Los bienes con que cuentan los parlamentarios al incorporarse a sus labores deben ser comparados con los que tienen al terminar sus funciones. Queremos ser muy claros y tajantes sobre esta materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , en la Comisión Especial de Drogas existe acuerdo unánime de todas las bancadas en cuanto a la importancia de establecer la incompatibilidad entre el consumo de drogas y el ejercicio de determinados cargos públicos. Es absolutamente posible llegar a un acuerdo sobre esta materia, y queremos dejarlo sentado aquí para que sea recogido. En todo caso, nuestra Corporación ya lo recogió y fue el Senado el que, de una u otra forma, lo dejó de lado.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , como este tema ya fue discutido, sólo quiero manifestar que como partido nos parece básico que el Ejecutivo haya oficializado, a través de su Señoría, la incorporación, mediante el veto, de la incompatibilidad que existe entre ejercer un cargo público y consumir determinadas drogas.
Por eso, anuncio que votaremos a favor.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , en el mismo orden de argumentos dados por la Diputada señora Fanny Pollarolo , para nuestra bancada es muy importante que el tema relativo al patrimonio quede bien delimitado. Por eso estamos de acuerdo con que el veto apunte en ese sentido; de lo contrario, la opinión pública no entenderá y considerará sospechoso que nosotros no estemos obligados a declarar nuestro patrimonio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , quiero dejar en claro que a nuestra bancada le preocupa la forma en que el proyecto resolverá el tema relativo al consumo de drogas. Tengo especial cuidado con ello, por cuanto soy miembro de la Comisión de Drogas, y, además, para nuestra bancada resulta muy clara la necesidad de detectar su consumo; pero, al mismo tiempo, ofrecer tratamiento y rehabilitación.
Eso nos parece un punto muy delicado y debe quedar establecido claramente en el texto de la ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , tuve oportunidad de participar en la Comisión Mixta, y fui el que me opuse a eliminar la norma sobre la declaración de patrimonio. Lo que quedó, la declaración de intereses, es imposible de llevar a la práctica. La experiencia comparada nos indica que la única forma de comprobar con transparencia el resultado del ejercicio de la función pública es a través de la declaración del patrimonio de bienes.
Por consiguiente, estoy absolutamente de acuerdo en que se formule un veto que reponga una institución que -como dije- ya existe en el derecho comparado.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
La discusión de esta materia ya se efectuó, y he otorgado la palabra sólo para que los diputados hagan una breve puntualización.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones respecto de dos temas tratados en el proyecto sobre probidad.
En primer lugar, respecto de la declaración de patrimonio, ¿qué entienden los colegas por patrimonio? ¿Los bienes raíces? ¿Los bienes muebles? ¿Las joyas de las señoras diputadas y de las cónyuges de los señores diputados? Ese concepto no fue esclarecido en los debates ni en el proyecto de ley, cuando habla de declaración de bienes.
En segundo lugar, quiero referirme no sé si al llamado tráfico o consumo de drogas, porque se han dado las dos situaciones.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor diputado , cuando llegue el veto tendremos ocasión de discutir esa materia. ¿Podría redondear la idea?
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, estamos pidiendo un veto, pero no conocemos su texto.
El señor MONTES (Presidente).-
Así es, señor diputado.
El señor ELGUETA.-
Entonces, al no conocerlo, no sabemos sobre qué estamos opinando. Aquí se han dado muchas ideas; tengo las mías, y creo que otros colegas tendrán las suyas. De manera que hay que esperar si el Ejecutivo decide o no vetar este proyecto. Por mi parte, no lo recomendaría en la forma como aquí se ha planteado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Aprobada la proposición de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que se ha reunido el quórum constitucional requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO Nº 62, DE 1984, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, EN LO RELATIVO A BENEFICIOS HABITACIONALES PARA LOS ADULTOS MAYORES. (Votación).
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 232, de la Diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los Diputados señores Núñez y Rincón.
El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
“Ofíciese al Presidente de la República y al Ministro de Vivienda y Urbanismo solicitando:
“1. Que se modifique el D.S. Nº 62, del año 1984, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el sistema de postulación, asignación y venta de viviendas destinadas a atender situaciones de marginalidad habitacional, en sus artículos 27 y 28, con el objeto de permitir que los adultos mayores a los que hoy se les otorgan viviendas en comodato o arriendo, adquieran su dominio;
“2. Que se adopten las medidas necesarias a fin de que las viviendas que hoy se están asignando en virtud de los artículos 27 y 28 del D.S. Nº 62, se entreguen completamente terminadas, tanto en su estructura como en su equipamiento”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
DONACIÓN DE MERCADERÍAS DECOMISADAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura el siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 211, de la Diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los Diputados señores Rincón, Silva y Jiménez.
“Considerando:
1. Que el artículo 32 de la ley sobre propiedad industrial tipifica las siguientes conductas:
a) Usar una marca igual o semejante a otra ya inscrita para productos de un mismo grupo de la clasificación;
b) Falsificar, adulterar o imitar una marca registrada, y reproducir en publicaciones o impresos una marca ya inscrita por un tercero para mercaderías de un mismo género;
c) Registrar mediante fraude la transferencia de una marca;
d) Usar con la indicación de marca registrada o con las iniciales M.R., una marca que no haya sido inscrita, y reproducirla;
e) No colocar sobre sus productos una marca que haya sido declarada de registro obligatorio;
f) Usar envases o embalajes que lleven una marca registrada que no le pertenece al usuario.
En estos casos se faculta al dueño de una marca que se considere defraudado en sus derechos por un tercero, para presentarse a la justicia criminal, con el fin de que se le aplique una pena que consiste en una multa a beneficio fiscal de cinco a cincuenta U.T.M.
2. Que, por su parte, el artículo 33 de la ley de propiedad industrial ordena que los procesados por estas causas sean condenados al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca, estableciéndose además que los utensilios y los elementos usados para la falsificación o imitación serán destruidos, y los objetos con marca falsificada caerán en comiso a beneficio del propietario de la marca.
3. Que, en virtud de las normas señaladas, en el mes de diciembre del presente año se han incoado en Iquique procesos por alguna de las conductas tipificadas en el artículo 32, especialmente por el uso de imitaciones no autorizadas de marcas registradas.
4. Que, como consecuencia de estos procesos, se ordenó la destrucción de miles de juguetes, situación que ya se había producido en el mes de abril del año en curso, quemándose en esa oportunidad alrededor de cinco containers.
5. Que, no obstante lo anterior, la parte querellante, a solicitud de los interesados, efectuó donaciones a Juntas de Vecinos de Iquique, al Servicio Nacional de Menores (Sename) de la Primera Región, al Obispado de Iquique y a instituciones de beneficencia, tales como el Hogar de Cristo.
6. Que, en virtud de la reglamentación vigente en estas materias, el juez que conoce de un proceso por infracción a la ley sobre propiedad industrial no está facultado para ordenar donaciones de bienes objeto del respectivo proceso.
7. Que, por otra parte, el artículo 159 de la ley general de aduanas faculta a los Directores Regionales o Administradores de Aduana, tratándose de combustibles o productos alimenticios perecibles que pudieren ser destruidos de acuerdo con la normativa que rige a esta entidad, para entregarlos a los Intendentes o Gobernadores con el fin de donarlos a un establecimiento público, con los resguardos sanitarios que procedan.
Del mismo modo, se faculta al Director Nacional de Aduanas , previo informe favorable del Director Regional de Aduanas respectivo, para donar a algún establecimiento educacional del Estado, otras mercancías susceptibles de ser destruidas, que puedan servir en sus labores propias de investigación o docencia.
8. Que, en virtud de los antecedentes expuestos, se hace necesario modificar el artículo 33 de la ley sobre propiedad industrial, facultando al juez que conozca de infracciones contenidas en dicho cuerpo legal, para donar a instituciones públicas, o privadas sin fines de lucro, los alimentos, materiales didácticos y juguetes que se encuentren decomisados bajo su jurisdicción.
Por los motivos expuestos, venimos en presentar el siguiente Proyecto de Acuerdo:
Ofíciese al Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción solicitando que se modifique el artículo 33 de la ley sobre propiedad industrial, D.S. Nº 958 del Ministerio de Fomento, año 1931, con el objeto de permitir a los jueces que conozcan de las infracciones contenidas en dicho cuerpo legal, donar a instituciones de beneficencia -públicas o privadas-, los alimentos, materiales didácticos y juguetes que sean objeto de comiso.
Deberá, además, establecerse la obligación de informar a nivel nacional la existencia de estos bienes, a fin de que los interesados efectúen las respectivas solicitudes, sin las cuales no podrá efectuarse donación alguna”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo recoge una anhelada inquietud de la comunidad, que es testigo de cómo se queman miles de juguetes o alimentos, incluso en la época cercana a la Navidad. Sabemos que muchos niños pobres necesitan recibir alegría, sobre todo durante las fiestas navideñas. Por eso vemos con pesar que muchos productos alimenticios, útiles escolares, juguetes, por razones de marca, son destruidos sin que puedan ser aprovechados por personas de bajos recursos.
Por esa razón, presentamos este proyecto de acuerdo, con el afán de hacer justicia y de servir. Ojalá que sea aprobado por unanimidad. Me gustaría que, sin perjuicio de que las leyes de marca sean cumplidas de manera rigurosa y, por lo tanto, evitar todo tipo de falsificación, estos productos no sean destruidos y vayan a dar a las manos de personas que verdaderamente los necesitan.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , el objetivo del proyecto de acuerdo es muy noble. ¿Quién podría oponerse a que esas mercaderías decomisadas vayan en beneficio de la gente más necesitada? Pero no estoy de acuerdo con el proyecto, por dos razones.
Desde luego, los legisladores, al establecer el artículo 33 de la ley de propiedad industrial, pensaron en una cosa que, a mi juicio, es importante y que me lleva a rechazar el proyecto: evitar que muchos productos adquieran “idoneidad”, aun por la vía de la donación, y se incorporen al mercado secundario.
Por eso, los legisladores y los tribunales deben ser muy nítidos y claros. Un producto ilegalmente fabricado o producido no puede contar con el asentimiento social para ser incorporado al mercado, ni aun por la vía de la donación.
Además, hay otro aspecto que me lleva a rechazar el proyecto de acuerdo. ¿Acaso los más pobres carecen del derecho a tener productos auténticos? ¿Acaso son ciudadanos de segunda categoría y, por ser necesitados, se les debe regalar las cosas falsificadas, malas o contrabandeadas?
Si se quiere favorecer a instituciones de beneficencia, el Estado o quienes lo deseen deben comprar productos auténticos. No corresponde que se les den de segunda categoría, mal habidos u originados en una acción delictual.
Con productos donados ha habido malas experiencias. Por ejemplo, algunos han estado vencidos y otros, por las mafias que a veces operan, han entrado al mercado secundario, han sido revendidos y han vuelto a la economía.
Si bien entiendo la finalidad que persigue la Diputada señorita Antonella Sciaraffia con el proyecto, no comparto el procedimiento que promueve, porque por algo los legisladores han dispuesto la destrucción de los alimentos, materiales didácticos y juguetes que sean objeto de comiso.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se agregará el voto del Diputado señor Ulloa.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
ADQUISICIÓN DE AVIONES PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Es el número 217, de la señora Eliana Caraball y de los señores Hernández, Encina, Lorenzini, Núñez, Manuel Bustos y Villouta, que dice:
“Considerando:
1. Que nuestra Constitución, en su artículo 19 Nº 8 asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo como deber del Estado el “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”;
2. Que todos los años, principalmente durante el verano, es de común ocurrencia que se registren incendios forestales a lo largo del país;
3. Sin ir más lejos, hace pocos días, el fuego destruyó más de ocho mil hectáreas de vegetación natural, bosque nativo y pino insigne, en el área cordillerana de San Fernando;
4. Que se calculan en más de trescientos millones de dólares las pérdidas directas e indirectas que año a año nuestro país debe soportar a consecuencia de los incendios forestales;
5. Que, considerando este antecedente y que en Chile existen más de 35 millones de hectáreas por proteger, el presupuesto que se destina a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) resulta absolutamente insuficiente para combatir adecuadamente dichos siniestros, pese al esfuerzo y sacrificio del personal de esa institución;
6. Que está comprobado empíricamente que uno de los medios más efectivos para el combate de los incendios forestales es a través de los medios aéreos;
7. La positiva experiencia de países como Canadá, España y Francia, donde se emplean aviones especialmente diseñados para combatir este tipo de siniestros, que se caracterizan por ser de mayor tamaño, por tener más capacidad interna de levante de agua, y por estar equipados con elementos de navegación que les permiten operar en las más difíciles condiciones de visibilidad;
8. Que los aviones cisternas con que cuenta la Conaf carecen de las características antes reseñadas, por lo que son menos eficientes para atacar el fuego, e incluso en otras ocasiones lisa y llanamente se ha debido prescindir de su uso por no contar con el equipo adecuado para volar en medio de las intensas humaredas que se generan en los incendios forestales;
9. Que, en virtud de lo antes reseñado, sería de gran conveniencia el adquirir o arrendar aviones de las características recién indicadas, los que podrían ser operados por tripulaciones de la Fach o de la Armada, en apoyo de la labor que desarrolla Conaf, tal como ocurre en otros países donde el esfuerzo mancomunado de diversas instituciones ha permitido combatir con éxito estos siniestros;
10. Que la adquisición o arriendo de estos aviones no debe ser considerado necesariamente como un aumento del gasto, sino como una medida orientada a disminuir las millonarias pérdidas que cada año producen los incendios forestales, sin contar el inestimable daño que se produce desde el punto de vista medioambiental.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República tuviera a bien considerar la posibilidad de adquirir aviones especiales para combatir incendios forestales, para que sean tripulados por personal de la Fach o de la Armada, en apoyo de la labor que desarrolla Conaf en esta materia”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , como se sabe, en la temporada pasada, debido a la sequía, se produjeron muchos incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas de bosques. En gran medida, la gran cantidad de siniestros impidió que los aviones especiales que se ocupan para combatir este tipo de incendios pudieran cumplir en plenitud su tarea.
Para no sufrir una situación similar en la próxima temporada, algunos parlamentarios hemos presentado el proyecto de acuerdo con la debida anticipación.
Se trata de adquirir aviones especiales para combatir incendios forestales que serían tripulados por personal de la Fach. Además, la institución podría utilizarlos en tareas de instrucción.
Medidas anticipadas contribuirán a eliminar el alto porcentaje de hectáreas de bosques quemados, que este año ocasionaron pérdidas de vidas y de viviendas de pequeños agricultores.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , el país debe tomar conciencia del gran impacto en la economía regional y nacional, que tienen los incendios forestales, como que ocasionan pérdidas directas e indirectas del orden de los 350 millones de dólares y que la institución encargada de combatirlos tiene un presupuesto de 8 millones de dólares, el cual es insuficiente para cumplir su tarea.
La experiencia mundial indica que los aviones cisternas con gran capacidad de levantamiento de agua, permiten combatir los incendios forestales con mucha efectividad. En este caso, además, su utilización estaría articulada con la participación de la Fach o del servicio de aeronáutica de la Armada, lo que, incluso, permitiría rebajar los costos de operación.
Por eso, pido que se apruebe el proyecto de acuerdo, que conlleva, como dijo el Diputado señor Villouta, una medida con bastante anticipación.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Para hablar en contra, tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , la idea para combatir la gran cantidad de incendios forestales es muy loable. Sin embargo, la compra de aviones en sí no resolverá el problema, porque la misión para su operación no está establecida en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que prima ante la asignación de recursos con el fin de adquirirlos. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas no considera dentro de sus funciones la de apagar incendios forestales. Por lo tanto, el problema va más allá de la compra de aviones.
Por otra parte, a la Conaf, encargada de combatir los incendios forestales, se le han destinado pocos recursos para que cumpla sus funciones. Debo recordar que en el país hay dos millones de hectáreas de bosques. En consecuencia, es importante proveerla de los fondos que necesita antes que autorizar la delegación de sus tareas. Además, está claro que las Fuerzas Armadas, en caso de catástrofe, prestarán su concurso, como cualquier otra institución.
Por eso, no estoy de acuerdo con el proyecto, más que por la intención, porque no considera lo dispuesto en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , en la Comisión de Agricultura y Silvicultura de esta Cámara se está estudiando la modificación de la institucionalidad forestal, de manera que los 7 millones de dólares que hoy la Conaf destina a combatir los incendios forestales, se vean suplementados con la obligación de los propietarios de los predios de hacerse cargo de la prevención y de los costos que genere apagar los incendios. Por lo tanto, habrá una participación mucho más activa del sector privado y subsidiaria respecto de la labor del sector público.
Por otra parte, de acuerdo con lo que la Conaf nos ha señalado, este año se llevó a cabo una experiencia interesante. Se arrendó un avión cisterna, de gran capacidad, para combatir los incendios forestales, lo que representa un costo menor que tener aviones inmovilizados todo el año; los períodos de riesgo de incendios forestales son tres a cinco meses al año y, obviamente, tener en tierra un avión de alto valor en época invernal no es rentable para el país. Tampoco me parece adecuado buscar la participación de la Fuerza Aérea en una materia que no le compete.
En mi opinión, se deben incrementar los recursos asignados a la Conaf -los siete millones de dólares- y la nueva institucionalidad forestal se va a hacer cargo también de esta materia.
En consecuencia, considero que este proyecto de acuerdo, aunque de loable intención, no soluciona el problema, sino que lo puede agravar por el costo que tendría para el país adquirir este tipo de naves.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
COMISIÓN INVESTIGADORA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 223, de los señores Monge, Jaramillo, Correa, Jeame Barrueto, Galilea, don José Antonio, y García, don René Manuel.
“Considerando:
1. Las extremas condiciones de sequía que han afectado al país y en especial al sector agrícola, que es especialmente sensible a este tipo de fenómenos climáticos.
2. Las cuantiosas inversiones que se han venido realizando, en diferentes proyectos de riego en distintas regiones del país, a través de concursos llamados por la Comisión Nacional de Riego, en especial los destinados a mejorar las condiciones productivas de los predios que cuentan con superficies inferiores a 12 hectáreas de riego básicas, fondos que se pretenden incrementar considerablemente en el futuro, a raíz de los acuerdos en favor del agro, suscritos por el Parlamento y el Ejecutivo .
3. Los magros resultados obtenidos por estos proyectos desde el punto de vista de la incorporación de tierras productivas al regadío o de la mejoría de la seguridad de riego, en aquellos predios que ya contaban con él, a pesar de las continuas suplementaciones de recursos que se han debido realizar después de recibidas las obras.
4. Los continuos reclamos recibidos de parte de los usuarios que acusan que los proyectos están mal diseñados, deficientemente construidos y de tener altos costos de operación, habida consideración que en la actualidad sólo un 8% de los regantes a quienes están destinadas las obras, efectivamente pueden beneficiarse de ellas.
5. Las denuncias efectuadas por diferentes parlamentarios y funcionarios públicos que, constatando los hechos, han recogido las denuncias formuladas por las organizaciones de regantes.
6. La ausencia de un sistema público de evaluación permanente de estos proyectos a través de entidades técnicas, independientes de los servicios que los diseñan, contratan y reciben.
7. La necesidad imperiosa de regularizar la grave situación que afecta a numerosos beneficiarios de las obras, que en su mayoría se encuentran morosos en el pago de los compromisos contraídos con Indap, con ocasión de su participación en los mencionados proyectos, no obstante que las deficiencias antes señaladas les han impedido acceder efectivamente a los beneficios del riego.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Constituir una comisión investigadora que tendrá por misión efectuar una evaluación de los diferentes proyectos de riego campesino ejecutados y recibidos durante los últimos 5 años en el país y detectar las eventuales irregularidades que se hayan cometido en su selección, diseño, ejecución, construcción y recepción, como también en la inversión de los recursos destinados a estas obras de riego”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Monge.
El señor MONGE.-
Señor Presidente, quienes representamos zonas con alta presencia campesina, sabemos la importancia que para el sector tiene el riego, entre otras cosas, para reconvertir sus actuales faenas agrícolas y buscar nuevos rumbos.
Durante los últimos años, en Chile se han ejecutado una serie de proyectos de riego. Las bonificaciones han hecho posible -con un costo aproximado de entre los 12 y los 150 millones de pesos- su proliferación en muchas localidades.
Pero, cuando uno recorre estas zonas, se encuentra con la triste realidad de que muchos de esos proyectos, por errores en su diseño, en su construcción y en su recepción, hoy no están cumpliendo la función para la cual fueron elaborados, lo que ha producido frustración en los habitantes de las localidades que se quiso beneficiar con los proyectos.
En consecuencia, con lo propuesto por este proyecto de acuerdo -copatrocinado por parlamentarios de distintas bancadas-, se pretende hacer una evaluación de estos proyectos, corregir sus deficiencias y, en definitiva, enmendar rumbos, a fin de que, de una vez por todas, las comunidades campesinas dispongan del riego necesario para mejorar sus condiciones productivas y reconvertir los sectores de secano, permitiendo, a la vez, que los recursos que el país invierte en estas áreas sean bien utilizados y no se presten para los abusos que se han detectado.
Señor Presidente , por lo expuesto, solicito a su Señoría que recabe de los señores diputados la aprobación de este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo para prorrogarlo con el fin de despachar el proyecto recién discutido?
El señor SILVA.- No.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
VIII. INCIDENTES
ELECCIONES PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN.
El señor MONTES (Presidente).-
En Incidentes, en el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , en nombre de mi bancada, quiero referirme a dos hechos, ambos recientes, pero de signos muy distintos.
Uno de ellos se refiere a las elecciones primarias de la Concertación, efectuadas el domingo recién pasado. La satisfacción frente a lo realizado y al resultado no sólo corresponde a quienes apoyábamos a Ricardo Lagos, sino también a todos los que integramos esta alianza histórica y estratégica. Ese día, la Concertación y la democracia salieron fortalecidas en este inédito proceso electoral.
Por primera vez en la historia política chilena, una alianza plural elige a su principal líder en una elección abierta a todos los chilenos. Nunca una alianza política había tenido esta capacidad. Por primera vez un evento electoral interno es capaz de convocar a casi un millón y medio de chilenos y chilenas, y de tener cómputos transparentes e irrefutables a sólo pocas horas de efectuada la elección. Ello es expresión de capacidad y eficiencia, pero también es una lección de civismo, de lealtad, de buena fe y de validación de los métodos democráticos.
Entendemos la decepción que puedan sentir nuestros opositores, de la Derecha; pero es injusto e irracional que pretendan desconocer el enorme valor, el significado democrático y la gran fuerza y cohesión que demostró la Concertación en este evento.
Los gestos de amistad y compañerismo de la Democracia Cristiana, junto con las expresiones del Senador Zaldívar frente al resultado, los enaltece como personas y como partido. Es la mejor demostración de que la alianza ha surgido fortalecida y renovada después de este acto eleccionario. Sin duda, lo ocurrido nos llena de satisfacción, de optimismo y de esperanza en el futuro.
INCIDENTES EN CONGRESO PLENO DURANTE MENSAJE PRESIDENCIAL.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, el segundo hecho al que me voy a referir, a diferencia del anterior, es muy negativo, en especial para la dignidad e imagen de nuestro Parlamento.
Los incidentes organizados por algunos parlamentarios de Oposición durante el tradicional acto del 21 de Mayo, son hechos extraordinariamente graves y lamentables, porque una de las más solemnes tradiciones republicanas fue dañada. Nuestro Congreso apareció en los medios de comunicación dando un triste espectáculo, y en esto los medios no han distinguido autores. Todos hemos sido aludidos. El Diputado señor Ignacio Walker tuvo razón en su intervención de esta mañana, y por eso yo también quise referirme al mismo tema, en ese momento, haciendo uso del artículo 34 del Reglamento, por cuanto la ofensa la sufrimos todos, ya que aparecimos en las imágenes difundidas por los medios de comunicación como siendo partes de este hecho lamentable y grave. La dignidad y reputación de la función parlamentaria de cada uno de nosotros fue dañada. Se pretendió vejar al Presidente de la República y a los invitados del Cuerpo Diplomático, en especial a dos de sus integrantes, uno de ellos mujer, a sabiendas de que no tenían posibilidad alguna de defenderse o contrarrestar el vejamen. Por tanto, actuaron cobardemente.
Gente en las tribunas, usando la invitación de sus parlamentarios, agredió físicamente a nuestros invitados al lanzarles monedas, y realizó gestos groseros contra el Presidente de la República . No fueron gestos espontáneos, sino claramente organizados. Por ello, los diputados que participaron en esas manifestaciones y en la preparación de esos hechos no pueden negar su responsabilidad.
No negamos, de ninguna manera, el derecho de toda persona y, por supuesto, de cada uno de nosotros para expresar nuestra opinión y manifestarla libremente. Esto lo conquistamos a través de la lucha democrática para terminar justamente con la dictadura. Lo que criticamos es la forma y sentido de una acción que fue indecorosa y premeditada, dirigida especialmente contra quienes eran nuestros invitados, los que no podían defenderse.
Se ha dicho que hay precedentes de hechos similares en el pasado. Nosotros mismos hicimos un gesto de repudio ante la instalación del ex dictador como senador vitalicio, pero guardando la solemnidad de la ocasión y a propósito de hechos atingentes a nuestra función, sin vejar a nadie. Que haya otros precedentes en nuestra historia republicana no justifica ni minimiza lo ocurrido, que fue grave, porque nos dañó como país y como Parlamento en nuestra responsabilidad de corregir y mejorar la imagen tan deteriorada de la política. Nuestro deber es dar ejemplos de racionalidad para terminar con el uso de la violencia en la solución de los conflictos, problema grave en nuestra sociedad. Nuestra juventud requiere una explicación. Por eso decimos que los autores del vejamen deben reconocer su error y dar disculpas al Cuerpo Diplomático, al Presidente de la República , a sus colegas y al pueblo de Chile.
He dicho.
(Aplausos).
RECONOCIMIENTO DE TRIUNFO DE RICARDO LAGOS EN ELECCIONES PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , en esta oportunidad también quiero referirme a la elección que culminó el domingo recién pasado.
En mi calidad de parlamentario, como persona y democratacristiano, trabajé con mucha fuerza, ahínco y empeño para conseguir el triunfo que esperábamos con nuestro candidato y camarada Andrés Zaldívar . Recorrí el país, trabajé en mi distrito y debo reconocer que el golpe por la derrota fue muy fuerte y duro.
Sinceramente, esperábamos ganar o, al menos, nunca esperamos perder por una diferencia tan grande. Como nuestro candidato fue el primero en reconocer el triunfo de Ricardo Lagos, ¡quiénes somos nosotros para no reconocer su gran victoria!
Yo también, al igual que mi candidato, doy vuelta la página, y creo sinceramente que la Concertación es mucho más que los propios partidos que la conformamos. En mi calidad de diputado , de miembro de un partido y como persona, de la misma forma como lo hizo mi candidato, también me pongo a disposición de Ricardo Lagos, quien es nuestro candidato, nuestro abanderado, y por quien trabajaremos en forma unida, cohesionada, sólida y fuerte para tener un tercer presidente de la República de la Concertación , esta vez encabezados por Ricardo Lagos .
Quiero ser muy claro y preciso. Las discusiones y las disputas que hemos tenido al interior de la Concertación son todas absolutamente legítimas y se han desarrollado en una disputa electoral. Ninguno de nosotros está arrepentido por la forma en que hemos trabajado; yo, tampoco. De igual manera y con la misma fuerza decimos a los adversarios que no canten para este lado, porque no encontrarán oídos que los escuchen.
Nosotros, los democratacristianos, hemos sufrido un revés al interior de nuestra coalición, la Concertación; pero ella es nuestra, no de la Oposición.
Por esa razón, señor Presidente , le digo a todo el país que la Democracia Cristiana, como un solo hombre, se pondrá detrás de Ricardo Lagos y que tendremos un tercer Presidente . También puedo manifestar que cuando los parlamentarios de la Democracia Cristiana estemos en el poder con Ricardo Lagos, seguiremos siendo de la Concertación, fieles y sólidos al gobierno de nuestro candidato y Presidente , don Ricardo Lagos . Ninguno de nosotros espera tomar caminos propios o cree que porque no pertenece a la DC, nuestro futuro Presidente tomará un camino distinto.
Yo, Rodolfo Seguel, digo hoy como persona que trabajaré con la misma fuerza, dureza y firmeza con que lo hice para que ganara Andrés Zaldívar , y voy a redoblar mis esfuerzos para demostrar a Chile y al mundo que la Concertación es la única alternativa capaz de dar gobernabilidad, credibilidad y paz a este país.
He dicho.
(Aplausos).
INVESTIGACIÓN SOBRE CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , al poco tiempo de haberse aprobado la modificación de la regulación de las empresas generadoras de electricidad, este fin de semana nos hemos vuelto a encontrar con una situación que, como todo el país, considero insólita. Un nuevo apagón, sin previo aviso ni comunicación a la comunidad ni a las autoridades por parte de estas empresas, se produjo luego que dejó de operar -como se supo más tarde- la central Nueva Renca, el que afectó a casi la totalidad del país en el sistema interconectado central, por más de tres horas.
En primer lugar, nadie esperaba un corte del suministro, dados los últimos informes de las empresas eléctricas, que señalaban una leve mejoría en las reservas hídricas gracias a las últimas lluvias, lo que permitiría tener una semana de abastecimiento sin problema. Es decir, nuevamente nos encontramos con que una empresa eléctrica no respeta las normas establecidas, y sólo ocho horas después de haber ocurrido el apagón señala que falló una de sus centrales.
Debemos recordar que cuando ocurrió, por ejemplo, el apagón del 1 de mayo de 1997, sólo cinco minutos demoraron las empresas eléctricas en informar a las autoridades de energía del país respecto de la situación.
No podemos aceptar que estos cortes sigan en momentos en que se informa a la población que la situación está medianamente controlada o que, por lo menos, durante algunos días el abastecimiento de energía eléctrica está asegurado, y peor todavía, que la empresa responsable no sea capaz de dar una explicación seria del corte. No son aceptables excusas de que “los cuadros técnicos estaban abocados a la recuperación del sistema y luego revisarían las causas”. ¡Por favor! ¿Cómo buscar soluciones sin conocer las causas? También debemos respetar a la población, a la cual le estamos pidiendo ahorrar energía. Y lo está realizando, en el orden del 6 ó 7 por ciento. Sin embargo, estas situaciones en nada contribuyen a estimular ese ahorro.
Señor Presidente , solicito que se oficie al señor ministro de Energía para que se efectúe una exhaustiva y prolija investigación y se aplique todo el rigor de la actual legislación, aunque las empresas responsables del apagón del día domingo sólo se exponen a una multa de no más allá de 13 millones de pesos, ya que, como sabemos, todavía no se ha promulgado la nueva ley, que establece sanciones mayores.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Arratia .
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , me referiré, desde una perspectiva distinta, a las elecciones internas de la Concertación, efectuadas la semana pasada.
A veces, los parlamentarios podemos aparecer como distanciados de nuestras bases, lo cual puede ser irreal, fabricado por los medios de comunicación, o también cierto, por no estar en contacto permanente o no representar exactamente lo que nuestras bases quieren comunicarnos.
En esta elección, sin lugar a dudas, la Democracia Cristiana ha sufrido un revés importante, y por esa razón, como partido y parte de la Concertación, debemos extraer una realidad y una lección. Esa lección es, precisamente, hacer fuerza en el compromiso social adquirido con la gente que nos ha elegido. Los problemas que hoy aparecen como no solucionados, especialmente en las regiones, de salud, de los pescadores artesanales, de seguridad social; de formas o calidad de trabajo, en especial respecto de las mujeres, cuando éste se realiza con productos peligrosos. Todos esos aspectos deben ser considerados y reevaluados, y debemos obligarnos, no sólo los parlamentarios de la Concertación, sino también aquellos que no lo son, a permanecer más estrechamente unidos con las personas a quienes representamos. Esta ha sido una llamada de atención que lógicamente ha afectado de manera más directa a la Democracia Cristiana, en este caso concreto, en todo el país, porque no hay ninguna excepción.
Pienso que si tenemos problemas de atención de salud primaria en las regiones y nuestra autoridad de Gobierno ha establecido mecanismos para solucionarlos, a lo mejor ellos no son suficientes y no bastan para sanar la enfermedad, por lo cual tendremos que hacer cirugía mayor para que lleguen a los lugares más apartados.
Si en un momento determinado, recorriendo las regiones, nos encontramos con que los pescadores artesanales siguen reclamando por las cinco millas reservadas por ley para su pesca exclusiva, o con lugares donde hay sólo una milla de resguardo para ellos, o que, existiendo dos o tres millas, ésas tampoco se respetan, y prácticamente los barcos pesqueros llegan a encallar, significa que debemos tomar medidas más drásticas y enérgicas en resguardo de esos pescadores.
En definitiva, el compromiso social debe ser nuestra respuesta frente a esta “tirada de orejas” -si ustedes quieren- o llamado de atención que nos ha hecho la ciudadanía.
En el tema medioambiental, debemos responder de la misma manera. No podemos seguir escondiendo la cabeza frente a los problemas que afectan al país. Si algunas de las situaciones que afectan a la gran ciudad de Santiago no han tenido solución, o ella sólo es parcial, debemos tener la suficiente hombría para reconocer los errores y saber enmendarlos.
Es cierto que las cuatro mil y tantas industrias que laboran en Santiago han reducido en un 80 por ciento la contaminación en los últimos años, pero no es menos efectivo que estas megaindustrias no representan más allá del 40 por ciento de las fuentes contaminadoras industriales de Santiago, porque a su lado existen 20 mil o 30 mil industrias pequeñas que contaminan y no están reguladas.
La contaminación también se produce a través del mal manejo de los depósitos de basura, que no han sido considerados en forma adecuada hasta ahora. Ése es un elemento que debemos enfrentar y no nos tiene que temblar la mano, aunque al hacerlo puedan verse afectadas personas de nuestro mismo color político.
Con lo expresado, en primer lugar, quiero ratificar el compromiso social que nosotros, como Concertación y como parlamentarios, tenemos con la gente que nos ha elegido. Es la única forma en que podemos ser honestos, claros y responder a este llamado de atención.
Finalmente, quiero agradecer a quienes creyeron que nuestro candidato podría ser el abanderado de la Concertación. Desgraciadamente, no ha sido así. Como democratacristianos, respetaremos el resultado de la elección y estaremos dispuestos a trabajar de la mano con los demás parlamentarios de la Concertación, para intentar que este compromiso social sea verdadero, fuerte y duradero.
Muchas gracias.
DEMORA EN PROCESO DE VENTA DE ACCIONES A TRABAJADORES DE ESVAL. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente , es de todos conocido el esfuerzo que el Supremo Gobierno y, particularmente, el Presidente de la República han hecho, con el objeto de culminar el proceso de incorporación del sector privado a las empresas sanitarias.
Esa ley, aprobada por el Congreso Nacional, entre otras cosas permitió que los trabajadores tuvieran la posibilidad de adquirir acciones. Ese elemento fue muy importante en las negociaciones que diversos personeros de gobierno, particularmente del Sistema Administrador de Empresas, SAE, dependiente de la Corfo, tuvieron con los dirigentes sindicales, con el objeto de interesarlos y otorgarles facilidades a los trabajadores para que pudieran adquirir acciones y pasar, en consecuencia, a ser propietarios de una parte del capital accionario de su empresa.
De modo que allí, de alguna manera, se puso en juego la fe pública, la confianza que los trabajadores y los dirigentes sindicales pusieron en quienes representaban al gobierno, y en particular al SAE, durante el proceso de negociación.
En el caso de Esval, se firmó un acuerdo entre los trabajadores, a través de sus dirigentes sindicales, y los representantes de la Corfo, que debió haberse cumplido fatalmente el 30 de mayo. Lamentablemente, no se cumplió, lo que significa, entre otras cosas, no sólo un grave perjuicio económico para los trabajadores que iban a ser objeto del crédito de liquidez y del crédito a largo plazo para comprar más acciones, sino que, además, se ha puesto en duda la confianza y la credibilidad de las autoridades del SAE en el desarrollo de este proceso.
Además de este perjuicio económico provocado a los trabajadores y de debilitar la fe que han depositado en la tramitación de un proceso que despierta muchas opiniones negativas -me refiero a la privatización de las sanitarias-, me parece extraordinariamente grave que el señor Eduardo Arriagada , presidente del consejo del SAE, en carta enviada a los dirigentes sindicales, reconozca que el acuerdo no se ha podido cumplir el día 30 de mayo, entre otras razones, porque no se previeron adecuadamente los pasos y tiempos administrativos que implicaba tramitar, por parte de Corfo y del SAE, los créditos de liquidez y de largo plazo para adquirir un mayor número de acciones.
En consecuencia, me parece inaceptable que una autoridad administrativa diga por escrito que no se previeron oportunamente los pasos que esa institución tenía que dar, en circunstancias que a la opinión pública y a este Congreso les consta que la ley de las sanitarias está vigente hace bastante tiempo, por no decir años, y el proceso de incorporación del sector privado se encuentra muy desarrollado.
Más aun, el sector privado formal y oficialmente ha ingresado a Esval y, sin embargo, no se ha dado cumplimiento al compromiso que se tenía con los trabajadores que, de buena fe, han comprado acciones, creyendo en las autoridades con las cuales conversaron y negociaron.
Por eso me parece inaceptable que una autoridad administrativa reconozca hoy que no previeron oportunamente los pasos que había que dar. Esto desprestigia, sin duda alguna, el proceso de incorporación del sector privado a las sanitarias y atenta contra la confianza que los trabajadores han depositado en las autoridades de gobierno.
Solicito oficiar, con la máxima rapidez posible, al ministro de Economía y al señor Eduardo Arriagada , con el objeto de que se solucione a la brevedad posible el tema y se puedan aplicar las sanciones administrativas que correspondan.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Luis Pareto , Enrique Jaramillo , Felipe Letelier y mía.
RECHAZO A PRIVATIZACIÓN DE EMOS. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pareto.
El señor PARETO .-
Señor Presidente , estamos a diez días para que el Gobierno entregue Emos, la empresa sanitaria más grande del país, al sector privado.
Emos atiende hoy aproximadamente a más de 6 millones de usuarios, fundamentalmente de sectores y comunas populares.
Recientemente, el señor ministro de Economía se refirió a algunos parlamentarios que habíamos planteado nuestra negativa a esta privatización en forma imprudente, de manera muy diferente a cómo es recibido por las comisiones técnicas, en particular por la que presido. No se compadece muchas veces el trato que los diputados le damos a los ministros con las referencias que éstos hacen de nosotros.
No obstante que todos los presidentes de los partidos que hoy forman la Concertación se han opuesto a la privatización de Emos, algunos sectores de gobierno insisten en llevarla a cabo, a pesar de las experiencias vividas con Chilectra y las compañías telefónicas. Es decir, a ocho meses del término del mandato del gobierno, se insiste en privatizar la empresa sanitaria más importante del país.
Solicito enviar oficio al señor ministro de Economía , a fin de que paralice el proceso de privatización de Emos y sea el próximo gobierno el que tome la decisión respectiva.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CONTRATACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPÓ. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , quiero solicitar el envío de un oficio al señor ministro de Salud para informarle sobre un problema de atención de salud en las ciudades de Copiapó, Chañaral y Diego de Almagro.
Básicamente, se trata de la atención de especialidades en el hospital regional de Copiapó, en el cual actualmente hay listas de espera de 200 a 300 personas por cada una de ellas. Los médicos generales de los hospitales T-4 de Chañaral y de Diego de Almagro están imposibilitados de llevarlas a cabo.
Es fundamental tener atención para las especialidades de obstetricia, pediatría y oftalmología, para lo cual dan hora cada mes, lo que se traduce en una pésima atención de salud.
Señor Presidente , quiero que esta intervención sea enviada al señor Ministro , para solicitarle estudiar la posibilidad de contratar horas médicas en esas especialidades en los hospitales regionales, de manera que los profesionales puedan atender en los hospitales T-4 con un programa que evite el traslado de los pacientes.
Ha quedado comprobado que cuando médicos extranjeros han estado en estas localidades, han dado una buena atención a los pacientes a un muy bajo costo ante la vista y complacencia de la propia Dirección de Salud de Atacama.
Por eso quiero solicitar que este tema, que es tan relevante, que es un problema que la gente vive a diario, sea tratado y haya una propuesta concreta para modificarlo paulatinamente. Entiendo que para evitar el traslado permanente de pacientes de las comunas de mi distrito al Hospital Regional de Copiapó, se requieren recursos importantes.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se le adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional.
ANTECEDENTES SOBRE ASESORÍA ESPECIAL EN ENAMI. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , el 16 de abril de 1999, oficié al ministro de Minería para que informara a esta honorable Cámara si Enami había contratado los servicios de don Enrique Correa Ríos o de alguna empresa en la que él participara en algún tipo de asesoría.
Al respecto, el Ministro me acaba de contestar: “Cabe expresar que la Empresa Nacional de Minería no ha suscrito contrato de ningún tipo con el señor Enrique Correa Ríos. Sin perjuicio de lo anterior, el señor Correa Ríos ha formado parte del equipo de la Empresa E.M.G. Consultores S.A. que sí ha prestado asesorías a esa vicepresidencia. El valor total de los servicios contratados a la citada sociedad asciende a la suma de 1.680 UF., lo que equivale aproximadamente a 50 mil dólares”.
A este respecto, solicito que se oficie nuevamente al ministro de Minería para que nos informe sobre lo siguiente:
-Sobre qué materia trató y versó esa asesoría;
-Fecha en que ella fue contratada;
-Fecha en que fue emitida la factura o boleta por la respectiva empresa y su correspondiente copia para que llegue a esta honorable Cámara;
-Fecha en que se pagó el servicio;
-Fecha en que se entregó el estudio, y que éste se haga llegar a la Cámara.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional y de la Diputada señora Rosa González .
FALTA DE ATENCIÓN DE PACIENTES DERIVADOS DE HOSPITALES REGIONALES. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la situación de salud que afecta al país es grave, como lo han expresado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
En esta oportunidad, quiero referirme a la situación que están viviendo diversos hospitales de mi región, de Atacama, y de mi distrito, dado que cuando deben trasladar algún enfermo que necesita atención especializada, éste es rechazado por los hospitales del centro del país.
El sistema de atención pública hospitalaria se ha estructurado sobre la base de convenios celebrados entre los establecimientos de distintas regiones y hospitales de la capital, y, en algunos casos, de la Quinta Región , con el objeto de derivar a sus pacientes que sufran de alguna enfermedad que requiera urgente atención especializada.
En la actualidad, este sistema ha generado, por un lado, un endeudamiento intrahospitalario en el nivel nacional, y, por otro, ha significado, en la práctica, que cuando existe una deuda impaga entre los hospitales de origen y el centro médico al que se deriva el paciente, a éste se le niega la atención, aunque en algunos casos ni siquiera hay deudas pendientes.
Tenemos como ejemplo el caso que nos mencionan el doctor Hernán Rojas, director del hospital de Copiapó, y el doctor Miguel Díaz , director del hospital de Vallenar. En su comunicación expresan, entre los antecedentes sobre derivación de pacientes que precisan atenciones especializadas y que se enviaron al subsecretario de Salud , que, a pesar de no tener deudas con el Hospital Roberto del Río, tampoco éste recibe a esos enfermos. Agregan que, esta situación, previa información a las autoridades de la región, han resuelto dejarla en manos del Ministerio.
“La comunidad debe saber que no tenemos deudas con los hospitales a los cuales derivamos pacientes”. Por lo tanto, en este caso se necesita una gestión definitiva de la autoridad ministerial, porque los problemas operativos de los hospitales derivan de las políticas ministeriales.
De esta forma se están generando problemas altamente complejos, que afectan en especial a personas de más bajos recursos, a quienes, por no contar con un cheque en blanco, con los recursos para atenderse o con una garantía del hospital que los deriva, no se les recibe.
Con la finalidad de no generalizar, daré dos ejemplos ocurridos con menores de mi distrito.
En primer lugar, el caso de Cristián Piñones , un menor que, afectado por una hemorragia en el pulmón, fue derivado al Hospital Roberto del Río, donde fue rechazado; pero luego de la intervención del gobernador y del intendente subrogante de la región, señor Carrera, de los médicos de los hospitales respectivos, de este parlamentario, de medios de comunicación, como televisión Nacional regional y otros, y del subsecretario de Salud , fue finalmente recibido. Pero hubo que efectuar trámites y denunciar estos graves hechos ante la opinión pública, mientras el niño corría riesgo de muerte.
Otro caso es el de Jonathan Alfaro , de Domeyko, de trece años, cuyo diagnóstico era un tumor del húmero, y que también tuvo problemas de recepción en el Hospital Roberto del Río. A fin de dejar las cosas en claro, diré que el médico que ha negado el tratamiento es el doctor Carlos Flores .
En este caso, nos encontramos en una situación muy difícil, porque los directores de los hospitales de Copiapó, Vallenar y otros lugares de mi región hacen todo lo posible, agotan todos sus medios; pero no pueden dar atenciones especializadas, aparte de que se trata de una situación inaceptable, dado que, aunque existieran deudas entre los hospitales, tendrían que resolverlas entre ellos, pero en ningún caso negar la atención a esos menores, ni a cualquier persona que necesita atención especializada.
Estos hechos involucran a varios hospitales del país, lo que demuestra que el servicio de salud pública está seriamente afectado y que, por supuesto, ello impacta a los sectores más postergados de nuestra sociedad.
Por estas razones, corresponde que el ministro de Salud adopte las medidas conducentes a revertir esta situación a la brevedad para asegurar que la garantía constitucional sobre atención de salud sea efectiva y quede debidamente resguardada para todas las personas.
Con ese objeto, solicito, en primer lugar, que se envíe copia de mi intervención al señor ministro de Salud , a fin de que intervenga en esta materia, para que las derivaciones tanto de los hospitales de Vallenar, Huasco, Copiapó y Chañaral como de todos los que tienen estos problemas, no se repitan, porque, muchas veces, hay serio riesgo de muerte para las personas.
En segundo lugar, que se envíe copia de mi intervención a los directores de los hospitales de la región de Atacama.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Comité de Renovación Nacional.
PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE VIAJES DEL ALCALDE DE ARICA Y PRESENCIA PERUANA EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y LABORALES EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , antes de referirme a la intervención de mi colega Fanny Pollarolo respecto de los acontecimientos ocurridos el 21 de mayo, solicito el envío de tres oficios, a raíz de la gira que, a lo largo del país, realicé con uno de los candidatos a la presidencia de Renovación Nacional .
En primer lugar, un oficio a la Contraloría General de la República para que informe, desde la fecha en que asumieron los cargos, sobre cuántos viajes al exterior han realizado el alcalde de Arica , don Iván Paredes , y los concejales de Arica, porque cuatro de éstos, además, son funcionarios municipales y, entonces, es natural que siempre den el visto bueno al alcalde para que viaje al exterior. De modo que afirmar que cuenta con el apoyo de los concejales no es ninguna novedad.
En segundo lugar, un oficio al ministro de Agricultura , para que informe sobre qué hay respecto de una eventual integración agrícola con Perú, porque en Arica la gente está muy preocupada, puesto que hace tres semanas se reunieron allí el subsecretario de Agricultura de Chile y el ministro de Agricultura del Perú . Los ariqueños están preocupados por lo que representa la agricultura peruana frente a la chilena, porque ésta podría ser absorbida por aquélla con grave perjuicio para los agricultores chilenos.
En tercer lugar, oficio al ministro del Interior , acerca de que en Iquique hay aproximadamente siete mil peruanos que están desplazando a chilenos en diversas actividades y trabajos, lo que naturalmente motiva una enorme preocupación en esa zona.
Atendida la circunstancia de que Renovación Nacional no tiene diputados por Arica ni por Iquique, me hago el deber de solicitar estos tres oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ALCANCES SOBRE HECHOS OCURRIDOS EN CONGRESO PLENO.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , en lo que se refiere a la intervención de mi colega señora Fanny Pollarolo respecto de los acontecimientos acaecidos el 21 de mayo en el Salón de Honor del Congreso, quiero destacar que la relación entre los parlamentarios es tan buena, que ella tuvo la gentileza de facilitarme el texto de su discurso para que yo le contestara.
Los diputados de Renovación Nacional no aprobamos ninguno de los actos de violencia que tuvieron lugar en el Congreso Nacional. Sin embargo, nos hicimos un deber entregar a los embajadores de Gran Bretaña y de España una carta, en la que les manifestábamos nuestra molestia por su presencia en el Salón de Honor el día 21 de mayo. Esa es nuestra Sala. Este es nuestro Congreso, nuestro lugar de trabajo. A nosotros nos han elegido para estar en él. Por eso, no nos movimos del recinto; pero no podíamos dejar de hacerles presente a los embajadores nuestra protesta y molestia por su presencia allí.
Quiero dejar sentado este hecho para que la opinión pública no crea que las palabras de la Diputada Fanny Pollarolo involucran a todos los parlamentarios de Oposición, pues nuestra actitud fue permanecer en la Sala, sin perjuicio de expresarles por escrito nuestra molestia a los embajadores ya citados.
He dicho.
RESPONSABILIDADES DE AUTORIDADES LOCALES Y DE GOBIERNO EN PROBLEMAS DE ARICA Y PRIMERA REGIÓN. INFORMACIÓN SOBRE GASTOS EN VIAJES REALIZADOS POR ALCALDE Y ACTUACIONES DEL INTENDENTE. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer la preocupación que ha demostrado el Diputado señor Maximiano Errázuriz por los problemas que afectan a Arica, e informarle que todos los temas por los cuales está solicitando oficio fueron planteados el 3 de octubre de l998 al Ministerio del Interior, también mediante el envío de oficios, los que, lamentablemente, hasta el momento, no han sido respondidos, excepto en lo que se refiere al tema de la vivienda.
En segundo lugar, quiero referirme a dos temas vinculados con la Primera Región , en especial con la ciudad de Arica. Por desgracia, el distrito que represento nuevamente ha adquirido notoriedad pública en los últimos días, como consecuencia de un lamentable hecho: la muerte del joven Daniel Menco , estudiante de la Universidad de Tarapacá.
Si bien se trata de un hecho trágico, no debe sorprendernos, porque ha sido una práctica habitual del actual gobierno actuar sólo cuando es presionado por los afectados o cuando ocurren tragedias o desgracias como la señalada. Los ejemplos de ello son muchos y variados. Basta mencionar el problema eléctrico, que tanto daño ocasiona al país, frente al cual se reacciona siempre en forma tardía y desmedida. Sin embargo, en el caso aludido estamos en presencia de un hecho de máxima gravedad, pues sólo después de la muerte del joven estudiante, las autoridades nacionales y locales tomaron conciencia de un problema que se arrastra desde hace varios años y que afecta sin excepción a todos los universitarios del país.
Por desgracia, como siempre ocurre en estas situaciones, el Gobierno y sus autoridades tratan rápidamente de buscar culpables, sin analizar con seriedad el problema de fondo, y, en consecuencia, sin encontrar soluciones. En el caso en comento, tanto el alcalde de Arica como el intendente de la Primera Región , señor De Gregorio , se contentaron con culpar de los hechos al Partido Comunista. Otros, consideraron que se trató simplemente de un hecho policial, toda vez que los principales responsables se encuentran detenidos.
Sin perjuicio de las efectivas responsabilidades del Partido Comunista en los actos de violencia y la de quien disparó contra el joven, ¿no sería aconsejable que el Gobierno tuviera la misma preocupación tanto para buscar culpables como soluciones a los problemas de fondo? ¿Es necesario que se produzcan hechos lamentables, como el sucedido a Daniel Menco , para proponer soluciones al desempleo de los pequeños mineros, de los portuarios y tantos otros que afectan al actual desgobierno?
El Intendente señor De Gregorio nunca dio la importancia debida al problema universitario, pues, en distintos medios de prensa, había manifestado que la de Tarapacá era una de las universidades que más recursos recibía y que, en consecuencia, se posicionaba como una de las más importantes del país. ¿Por qué se producen, entonces, los problemas que derivan en hechos de violencia? ¿Por qué los estudiantes piden a gritos la renuncia del intendente y se expulsa de los funerales del joven al alcalde señor Iván Paredes ? La respuesta, que surge espontáneamente, es que las autoridades están cada vez más alejadas de los problemas reales de la gente, no tienen conciencia de ellos y, en consecuencia, es poco lo que pueden hacer para solucionarlos. Llegó la hora de dejar de restar importancia a los problemas de la gente; de conocerlos, de solucionarlos y no de buscar responsables donde no los hay. No podemos arriesgarnos a que ocurran más situaciones como la acaecida al joven estudiante de Arica ni a seguir preguntándonos cuántos muertos más debe haber para solucionar los problemas que afectan a la comunidad.
Lo que ocurre es que las autoridades tienen otras prioridades. Por ejemplo, las del alcalde de Arica están en el área marítima, pero no en la solución de los problemas del puerto o de los pescadores, como pudiera pensarse, sino en el éxito de la expedición del señor Kitín Muñoz en su embarcación Mata Rangi , en la cual se invirtieron casi 10 millones de pesos para que el alcalde llevara 400 metros de cable a una barca que ya estaba destruida.
Como se puede advertir, el tema de preocupación del alcalde en el último mes es de primera importancia para los habitantes de Arica, principales beneficiados con la aventura de este idealista español. Es tan cierto lo que sostengo, que el señor Paredes solicitó autorización al concejo para viajar a Tahíti, con gastos pagados, con el objeto de colaborar con la expedición. ¿Será que el objetivo del viaje era suscribir convenios de cooperación con la Polinesia en beneficio de la ciudad de Arica? Por la prensa supimos que la hermanó con una isla chiquitita, de 2.100 habitantes. Habría resultado más barato ir a Pica y hermanarnos con esa localidad. Resulta evidente que esto no es tema de preocupación del alcalde. Él pidió autorización al concejo para transportar una cantidad importante de metros de cable. ¡Es increíble! ¡Una burla para sus electores! ¿Qué ha dicho el alcalde en respuesta a las críticas de la comunidad? Que se ha caricaturizado un hecho de gran trascendencia histórico-cultural. Nos imaginamos que no se refiere al traslado del cable, sino a la aventura tantas veces fracasada del señor Muñoz . Nadie discute que se trata de un tema interesante; pero el verdadero origen del poblamiento del continente no es un tema que, en rigor, corresponda aclararlo al alcalde de Arica . Lamentablemente, las cuerdas del alcalde tampoco salvaron la embarcación, por lo que no fue posible cumplir con esa tarea, de gran trascendencia histórico-cultural, en la cual colaboraba el señor Paredes y su jefe de relaciones públicas, y cuyos altísimos costos fueron solventados por toda la comunidad. ¿Cuántas cosas más importantes que el traslado de unos metros de cuerda era posible realizar con esos recursos? ¿No habría sido útil que el alcalde, mediante un plebiscito, consultara a la gente si prefería financiar su viaje a la Polinesia o efectuar obras viales necesarias para la comunidad?
Podría hablar semanas sobre el tema. Para aclarar la situación, solicito se oficie al Contralor General de la República, con el objeto de que informe sobre lo siguiente:
1º Monto de viáticos, traslados y otros, de viajes realizados por el alcalde de Arica en el período enero-mayo de l999, que incluya en forma separada los gastos de sus acompañantes.
2º Los motivos por los cuales durante l998 el alcalde de Arica figura con gastos de traslados por 3.568.326 pesos; de viáticos, por 4.645.711 pesos, y en el ítem “otros”, por 4.374.000 pesos, con un gasto total por 12 millones de pesos.
3º Traslados, viáticos y “otros” de los concejales de Arica.
Señor Presidente , son ocho los oficios que deseo enviar, pero como concluye mi tiempo, pido que se incluyan todos ellos en mi intervención, pues dicen relación con actuaciones del alcalde de Arica y también con las acciones compradas por el Intendente de la Primera Región mientras fue gerente general del Parque Industrial Chacalluta.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ALCANCES A INTERVENCIONES SOBRE INCIDENTES EN CONGRESO PLENO.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , dos diputados de la Concertación, en un tono que raya en lo histérico y claramente desmedido, se han referido en esta sesión, en muy duros términos, a la actitud que tuvieron diputados y senadores de Oposición que se retiraron en forma ordenada antes de que se iniciara el discurso de su Excelencia el Presidente de la República durante el último Congreso Pleno. Dicha actitud es perfectamente explicable y comprensible: se trató, en esa oportunidad, de protestar contra la invitación y posterior asistencia al Salón de Honor de los dos embajadores que representan a los países que hoy tienen retenido ilegalmente en el extranjero a un senador de la República de Chile. Tal como se ha dicho en oportunidades anteriores, no es la primera vez en nuestra historia que diputados y senadores, en protesta por distintos hechos, se retiran de la ceremonia que conmemora el 21 de Mayo.
Sin embargo, esto no es lo más importante, por lo que no quiero usar los pocos minutos que tengo en hacer un recuento histórico de estos hechos. Lo relevante es que en esa oportunidad no hubo intención alguna de ofender al Presidente de la República , como se ha afirmado. Si hubiera habido intención de ofenderlo, es evidente que los diputados y senadores de Oposición se habrían retirado durante el discurso del Presidente y no antes de que él comenzara. En esa ocasión sólo se quiso protestar por la presencia, a nuestro juicio audaz, de estos embajadores en la misma casa del senador que ha sido retenido y secuestrado.
Esos dos parlamentarios han manifestado que la actitud de los diputados y senadores de Oposición habría contribuido a desprestigiar al Parlamento, lo cual no me parece cierto. Y aunque así fuera, quiero preguntar si también no contribuyó a desprestigiar al Parlamento el hecho de que en marzo de 1998, cuando el entonces Senador Augusto Pinochet asumió su cargo, diputados y senadores de Gobierno no sólo mostraron al mundo entero las muchísimas pancartas que portaban, sino, además, detuvieron una sesión de esta Corporación en protesta por ese hecho. ¡Ya está bueno de actuar con doble estándar! Si se nos ha criticado por el hecho de que habernos retirado del Salón de Honor contribuyó a desprestigiar a nuestra Corporación, también es bueno que los diputados de Gobierno observen sus propias actitudes, pues ellos han contribuido en muchas oportunidades a desprestigiarlo con actos similares.
Sin embargo, un diputado de la Concertación ha contribuido con su actitud a desprestigiar aún más a esta Corporación. Se trata de un parlamentario que, en un acto de claro desacato a la autoridad -no es la primera vez que actúa de esa manera-, viola las leyes del tránsito, pues es sorprendido manejando a una velocidad de 174 kilómetros por hora. Cuando es detenido por Carabineros, el diputado expresa no tener los documentos ni del automóvil ni los que lo autorizan a conducir. Ante este hecho, el carabinero manifestó que debía detenerlo. En ese momento y en un acto de ira absolutamente injustificado para un miembro de esta Corporación, cuyo primer deber es respetar la ley, arroja al carabinero un pasaporte diplomático, alegando que no se le dejaba trabajar y, simplemente, parte en su automóvil en forma rauda y escapa a la detención por el agente de tránsito. Este tipo de actitudes deben preocupar a la Mesa de la Cámara, pues constituye un pésimo ejemplo para el resto de nuestros conciudadanos, que siempre deben respetar la ley. Nosotros debemos ser los primeros en acatar las leyes que se hacen en esta Corporación.
Por lo anterior, solicito que tanto ese diputado , como otros que infrinjan en el futuro las leyes de tránsito, sean citados a la Comisión de Ética recientemente creada en esta Corporación, con el objeto de que allí se analice exhaustivamente su comportamiento.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , se hará llegar su petición a la Comisión de Régimen Interno.
ELECCIONES PRIMARIAS DE LA CONCERTACIÓN.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , me alegra no haber estado presente el 21 de mayo en el Congreso Pleno, por cuanto soy diputado por la comuna de Ninhue, donde se encuentra ubicada la hacienda San Agustín de Puñual, lugar en que nació el héroe nacional don Arturo Prat Chacón .
Se pueden dar muchas explicaciones y aducir que porque algunos llevaron adelante una determinada actuación, otros también lo pueden hacer. En nada han ayudado a la democracia el escándalo y la actitud de estos parlamentarios de Oposición que, quiéranlo o no, han dañado no la imagen del Gobierno, pero sí la del Congreso. A pesar de las explicaciones que señalan que ese bochorno no fue pensado en contra de su Excelencia el Presidente de la República , ellas de nada sirven, por cuanto el escándalo y el consecuente daño a la imagen del proceso democratizador chileno ya fueron inferidos.
Con todo, mi ánimo no era referirme a ese tema, sino, con orgullo y altura de miras, a las elecciones primarias llevadas a cabo hace 48 horas por la Concertación de Partidos por la Democracia. A pesar de que la democracia por la que aún transitamos a fin de hacerla más sólida y firme, es todavía feble, y de que en ocasiones pasamos vergüenza porque en Chile no se puede juzgar a personas como Augusto Pinochet y deben ser países extranjeros quienes lo hagan, de todas maneras muchísimos la defendemos, en especial aquellos a los que tanto les costó reconquistarla.
Con todo, el proceso efectuado el domingo pasado es una contribución al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. De dicho ejercicio la Concertación también salió fortalecida. Cuántos comentarios escuchamos el mismo día y los siguientes criticando el hecho de que la Concertación hubiera convocado a un millón y medio de personas, en circunstancias de que la Oposición jamás -¡ni pensarlo!- podrá convocar siquiera a un tercio de quienes voluntariamente votaron ese día.
Me da pena ver cómo los dirigentes políticos de la Oposición comienzan a revivir los fantasmas del pasado y la campaña del terror. Creo que Chile está muy maduro, y así lo demostró el domingo pasado un número importante de personas que concurrió voluntaria y ordenadamente a expresar su voluntad respecto de quién debía ser el candidato de la Concertación. Me habría gustado mucho que la Oposición hubiera realizado un ejercicio parecido a éste. Sin embargo, todos sabemos que la candidatura de la Derecha se cocinó en una casa de Las Condes o de Vitacura entre tres o cuatro personas. Y entiendo que la Oposición haya actuado así, porque para esto hay que tener cultura y vocación democráticas. Lamentablemente, ellas no existen en la mayoría de quienes conforman la Oposición, porque como no las entienden ni las conocen, no las pueden practicar.
Es lamentable que algunos personeros de los cuales tenía una visión equivocada, porque pensaba que tenían un grado de cultura política, empiecen hoy a resucitar discursos trasnochados. Concretamente me refiero al general Villarroel , que empieza a hablar de los marxistas. No entiendo en qué mundo está viviendo, en qué país está viviendo, cuando, por primera vez, después de largos 17 años, hemos tenido diez años de tranquilidad, de estabilidad política, de crecimiento económico. ¿A quién pretenden engañar personeros como éste, que empiezan a asustar con el “cuco”, con el cuento del lobo. Gente madura, adulta, con mediana cultura, viene con estas campañas de terror, en circunstancias de que el país está convocado a unirse para seguir progresando con tolerancia y respeto, porque, de otra manera, no es posible que salgamos adelante.
Como dijo don Ricardo Lagos, este país lo haremos grande entre todos. Vamos a enfrentar sus problemas junto con los empresarios y no en contra de ellos. Deberemos avanzar en la misma línea en que hemos gobernado en estos nueve años, pero con algunos cambios, porque, por ejemplo, no es posible tener una ley marco de universidades, por la que el Fisco aporta al Estado una cantidad enorme de recursos y, sin embargo, no puede opinar en las universidades privadas.
No es posible que continuemos con algunas deficiencias que son parte de una institucionalidad que hemos heredado y que no hemos podido modificar. Es el caso de la educación superior. Estoy convencido de que el sistema no funciona; no es posible que el hijo de un campesino, de un albañil o de un obrero, por razones estrictamente económicas, no pueda llegar a la universidad.
El crédito fiscal no es la solución al problema de la educación superior, porque nos damos cuenta de que hay jóvenes que egresan, que son profesionales, que pasan uno o dos años y no encuentran trabajo. ¿Quién responde por ese joven que tiene el crédito fiscal y no lo puede pagar, porque no consigue trabajo? Muchas veces, el padre o algún pariente es el aval, pero que tampoco pueden pagar. Pero este joven, cuando no paga, va a parar a Dicom y, a mi juicio, se va convirtiendo en un cuasidelincuente, porque figura como deudor en una pantalla.
Este sistema no opera. Por eso, estoy convencido de que, entre todos juntos, con altura de miras, sin campañas de terror, sin campañas del miedo, saldremos adelante; enfrentaremos los grandes problemas, por muy difíciles que sean algunos, como el caso del Senador vitalicio Augusto Pinochet en Londres, en el que nuestro Gobierno ha puesto lo mejor de sí para ayudar a resolverlo, porque, por cierto, nos atañe como país.
Hago un llamado a la Oposición, que con estas campañas de temor, de terror, con estos reclamos de que ellos no formaron parte de los medios de comunicación, no van a conseguir nada. ¡Por favor, si estuvieron 17
años manejándolos a diestro y siniestro, y por media hora que no tienen pantalla, se enojan!
He dicho.
El señor Tuma (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.15 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica el régimen tributario que afecta la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales. (boletín Nº 2341-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto racionalizar el régimen tributario que afecta la importación de automóviles que ingresan al país acogidos a franquicias especiales, modificar la aplicación del impuesto denominado “al lujo” que establece el artículo 46 del decreto ley Nº 825, de 1974 y, al mismo tiempo, establecer nuevas normas de seguridad para los automóviles.
I. FUNDAMENTOS DE LA MEDIDA.
1. Franquicias para internación de vehículos que beneficia a ciertos funcionarios, distorsiona aplicación de impuesto al lujo.
La exención de los derechos aduaneros, IVA, y el llamado “impuesto al lujo” que beneficia la importación de vehículos efectuada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de los Organismos Internacionales a los cuales adhiere el Gobierno (partida 00.04 del Arancel Aduanero), ha posibilitado la formación de un “mercado secundario” de venta de vehículos de alto valor ( Mercedes Benz , BMW, Alfa Romeo , etc.). La exención del “impuesto al lujo” constituye el mayor incentivo a esta práctica, debido a que afecta en mayor medida a este tipo de vehículos.
Esta franquicia, al margen de la merma que produce en la recaudación, tiene como consecuencia la pérdida de la progresividad que se busca mediante el “impuesto al lujo”. En efecto, se ha podido demostrar que la tributación sobre los vehículos es progresiva hasta un cierto valor CIF sobre el cual resulta económicamente conveniente la compra de “cupos”, con lo que ésta se vuelve regresiva.
2. Necesidad de derogar franquicia referente a internación de vehículos.
Por otra parte, la Nota Legal Nacional Nº 4 del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, establece que para determinar la procedencia de la franquicia, no se considera el valor de los elementos opcionales, ya sea que éstos vengan o no incluidos en el vehículo, ni de los accesorios de ninguna especie. Con ello era posible, hasta antes de la resolución 4.766 del Servicio Nacional de Aduanas, de fecha 5 de agosto de 1997, internar vehículos con un valor CIF de hasta unos US$ 60.000, según se ha estimado, aun cuando el límite señalado por la ley fuera de US$ 30.000. La referida resolución, establece que no se consideran accesorios u opcionales aquellos elementos que permitan el normal funcionamiento del vehículo, tales como caja de cambio, alza cristales eléctrico, inyección electrónica, motor con catalizador, bloqueo de puertas, etc.
En atención a las consideraciones anteriores, se ha estimado de suma conveniencia derogar la franquicia contenida en la partida 00.04 del Arancel Aduanero, en lo referente a la internación de automóviles.
3. Franquicia referente a Jefes de Misión, Personal de Embajadas y Legaciones.
Por otra parte, en la partida arancelaria 00.05, se establecen franquicias aduaneras para los Jefes de Misión y personal de las Embajadas y Legaciones. De acuerdo a ella, los Jefes de Misión están autorizados para internar con franquicia, sobre la base de la reciprocidad, dos vehículos sin valor máximo de precio. Esta internación puede repetirse cada dos años, sin obligación de enajenar los vehículos anteriormente internados. El personal diplomático está autorizado a ingresar un vehículo cada dos años, no existiendo obligación de enajenar el anterior para internar otro.
De acuerdo a información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas, en el período enero de 1994 a junio 1995, ingresaron 353 vehículos por la partida 00.05, con un valor CIF promedio de US$ 21.590 por vehículo.
No existen antecedentes respecto a la participación de estos vehículos en el mercado secundario de ventas de cupos. Pero de acuerdo a lo indicado por personas ligadas a las empresas del sector, estos cupos son usados esporádicamente para internar vehículos de alto valor y que no pueden ser internados mediante la franquicia de la partida 00.04, por exceder los límites de ella.
4. Imposibilidad de derogación de franquicia atendido el principio de reciprocidad internacional.
Cabe señalar que la eliminación de esta franquicia no es factible, pues la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece, sobre la base de la reciprocidad, el derecho al ingreso de bienes de uso personal de los diplomáticos, libres de cualquier gravamen.
En todo caso, se debe tener presente que la venta u otra negociación de los vehículos libre de impuesto no está amparada por dicha Convención, ni tampoco obedece a acuerdos de reciprocidad. Tratándose de la enajenación u otra negociación de los vehículos, la norma legal concede como beneficio la liberación de los derechos de aduana, si se cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, la exención de IVA, y el “impuesto al lujo”, al momento de la venta, es consecuencia de la normativa general de estos impuestos, y no están contempladas en ninguna de las franquicias aquí comentadas.
Por lo tanto, es posible restringir los abusos en el uso de esta franquicia, estableciendo la obligatoriedad de pago de los derechos al momento de la enajenación o cuando se efectúe otra negociación de los vehículos y se desafecten. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado y al “impuesto al lujo”, se gravaría la primera enajenación que se efectúe en el país, afectando al adquirente del vehículo.
5. Franquicia referida a internación de vehículos desde zona franca.
Además de las anteriores, existe una franquicia similar en el artículo 35 de la Ley Nº 13.039. Esta franquicia se refiere a la internación de automóviles y otros bienes desde las zonas francas al resto del país. De acuerdo a ella, los residentes de estas zonas, que se trasladen en forma definitiva al resto del país, pueden internar un vehículo cuyo valor FOB, incluyendo opcionales, no exceda de US$ 7.500. Al momento de la internación se debe pagar un porcentaje de los derechos e impuestos que se perciban por intermedio de las Aduanas, el cual se fija en función de la antigüedad del vehículo y de los años de permanencia de la persona en la zona. Así, por ejemplo, una persona con una residencia de más de cinco años en zona franca, puede internar un vehículo del año pagando sólo el 50% de los citados derechos e impuestos. Si la enajenación del vehículo se produce antes de dos años, en ese momento se deben pagar los aranceles correspondientes.
Debido a las restricciones sobre el valor del vehículo posible de internar, esta franquicia no tiene el mismo uso que las comentadas anteriormente. De hecho, ninguno de estos vehículos quedaría afecto al “impuesto al lujo”.
Sin embargo, también la transferencia queda exenta de IVA, con lo cual se pierde el objetivo para el que fue creada, siendo entonces la finalidad del proyecto dejar afecta a este tributo la desafectación de los citados vehículos.
6. Incremento de asignación por cambio de residencia de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
Por otro lado, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que cumplen funciones en el exterior, y que se acogen a las franquicias de la partida 00.04 del Arancel Aduanero, disponen en la actualidad de una asignación por cambio de residencia, la cual es absolutamente insuficiente con relación a los gastos que estos funcionarios deben afrontar al momento de retornar al país. Por ello, el proyecto incrementa estas asignaciones.
7. Reduce impuesto al lujo.
Finalmente, a fin de excluir del impuesto a los vehículos de valor medio y atenuar las medidas anteriores en el precio de los vehículos de mayor valor, se propone reducir el “impuesto al lujo”.
El proyecto mantiene dicho tributo, aunque con una menor base imponible, lo cual permitirá financiar algunos elementos de seguridad, solucionando de este modo los problemas que se han planteado en este aspecto.
Para materializar en forma racionalizada el uso de los elementos de seguridad, favoreciendo a aquellos que den mayor garantía en la preservación de la integridad física de los pasajeros, el proyecto dispone que, mediante un Decreto Supremo, el Ministro de Transportes establecerá los elementos que obligatoriamente deberán estar provistos los automóviles.
II. MEDIDAS COMPENSATORIAS.
El articulado del presente proyecto corresponde a un todo armónico de disposiciones, que sólo producirán los efectos deseados en la medida que todos sean aprobados.
A este respecto, especial mención debe hacerse con relación a las normas que constituyen fuentes sustitutivas de ingresos fiscales, en compensación de los menores recursos que se generaran, por la implementación de algunas medidas que también son indispensables en el contexto del nuevo régimen tributario de los automóviles que se importan con franquicias especiales propuesto, con el objeto de corregir las anormalidades y distorsiones e inequidades que provoca el actual sistema.
De no ser así, no sería posible la sustentación de un equilibrio financiero fiscal y pondría en evidente riesgo la efectividad del proyecto.
Por ello, la iniciativa legal propuesta, se sustenta en la condición ineludible de considerar simultáneamente incrementos de ingresos con disminuciones de otros, de tal modo que la decisión política y la viabilidad financiera de él sólo es compatible con la aprobación de todas y cada una de sus partes, que forman la estructura básica y esencial de un nuevo régimen tributario, técnicamente perfeccionado respecto de las franquicias especiales comentadas.
III. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE ARTICULADO DEL PROYECTO.
1. Adecuación de notas legales del arancel aduanero.
En el número 1 del artículo 1º se elimina la parte final del inciso primero de la Nota legal Nº 3 de la Sección 0 del Arancel Aduanero, pues ella hace referencia a la partida 00.04 que más adelante el proyecto deroga.
2. Cálculo de los derechos sobre la base del valor aduanero del vehículo.
En el número 2 del artículo 1º se agregan dos incisos a la Nota Legal Nº 3, citada anteriormente, por los cuales se fija la forma de calcular los derechos, considerando como base el valor aduanero del vehículo, determinado por el Servicio Nacional de Aduanas, menos una cuota de depreciación correspondiente a un 10% del valor aduanero, por cada año de uso.
3. Nueva exigencia para notarios y Registro Civil en contratos sobre vehículos beneficiados con franquicia.
En este mismo número se exige que los Notarios no podrán, en los contratos que se celebren respecto de los vehículos que queden afectos de acuerdo a las disposiciones anteriores, autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, sin que se les acredite previamente el pago de los derechos aduaneros. Por su parte, el Servicio de Registro Civil e Identificación no podrá inscribir el vehículo si no consta en el Título respectivo el hecho de haberse pagado dichos tributos.
4. Adecuación de normativa que establece franquicias en importación de vehículos por organismos internacionales.
En el número 3 se contempla una norma adecuatoria de la actual regulación de la franquicia que favorece la importación de vehículos por los organismos internacionales a los cuales se encuentra adherido el Estado de Chile, cuyo régimen de desafectación ya se comprende en el inciso primero de la Nota Legal Nacional Nº 3, el que tiene una aplicación general para todos los vehículos importados al amparo del capítulo 0.
5. Derogación de franquicia sobre internación de vehículos por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional y funcionarios de Gobierno y funcionarios de organismos internacionales.
En el número 4 del artículo 1º se deroga la franquicia establecida en la Partida 00.04 del Arancel Aduanero, en lo referente a la internación de automóviles. Esta franquicia permite al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa Nacional, funcionarios de Gobierno y funcionarios de organismos internacionales a los cuales adhiere el Gobierno de Chile, que hayan prestado servicios en el exterior, importar a su regreso un vehículo libre de todo impuesto, por un valor de hasta US$ 30.000, excluyendo opcionales y accesorios.
La medida propuesta tiene por objeto terminar con el abuso que ha significado esta franquicia, la cual ha propiciado la formación de un “mercado secundario” de venta de vehículos de alto valor ( Mercedes Benz , BMW, Alfa Romeo , etc.) a través del cual se elude el pago de los impuestos.
6. Derogación de franquicia se extiende a importación de embarcación deportiva.
También se elimina la franquicia que permite importar una embarcación deportiva, por cuanto es muy alta la posibilidad que, una vez terminado con el mal uso de la mencionada importación especial de un automóvil, se traslade el problema a la negociación de embarcaciones aprovechando de igual forma el efecto que produce en los precios las exenciones de impuestos.
7. Aumento de cuotas de instalación de personal diplomático acreditado ante el Gobierno de Chile.
En el número 5 del artículo 1º se contiene un cambio de armonización con las modificaciones anteriores.
En el número 6 se modifica la glosa de la partida 00.05 del Arancel Aduanero, aumentando las cuotas de instalación de sesenta mil dólares a ciento veinte mil dólares y de treinta y ocho mil dólares a ochenta mil dólares, respecto de los Jefes de Misión y sus Consejeros, Secretarios, Agregados Militares, Navales, Aeronáuticos y Comerciales y Consulares de Profesión, acreditados ante el Gobierno de Chile. En un caso se trata del primer período de doce meses como cuota de instalación, incluyendo automóviles, de los Jefes de Misión, y en el segundo para el personal de las embajadas y legaciones.
8. Aumento de asignación por cambio de residencia de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el artículo segundo del proyecto se establece un nuevo monto para la asignación por cambio de residencia de que gozan los funcionarios de Primera a Séptima Categoría de la Planta “A”, presupuesto en moneda extranjera, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El incremento propuesto encuentra justificación en el hecho de que hay un costo inherente al traslado, que no es compensado totalmente por otra vía. A modo de ejemplo, se ha estimado que los costos por traslado de un embajador ascienden a US$ 22.000, en tanto que la actual asignación por cambio de residencia es de aproximadamente US$ 2.100.
9. Aumento de asignación por cambio de residencia de personal de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
El artículo 3º del proyecto, en su letra a), incrementa en un monto equivalente al 50% del sueldo base anual del grado correspondiente, la asignación por cambio de residencia de que goza el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
La justificación de esta medida es la misma señalada en el artículo 2º.
Con el objeto de mantener consistencia con las modificaciones anteriores del proyecto y su objetivo, la letra b) de este artículo introduce los cambios necesarios al artículo 200, letra g), del DFL Nº 1 (Guerra), de 1997, por los cuales se nivela la situación del personal de las Fuerzas Armadas con el personal dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a derogar la franquicia que les permite importar con franquicias un vehículo automóvil y una embarcación deportiva.
10. Modificación de franquicia que beneficia internación de vehículos a residentes de zonas francas.
El artículo 4º del proyecto, propone modificar el artículo 35 de la ley Nº 13.039, que beneficia a los residentes en zonas que gocen de un tratamiento aduanero especial, al permitirles internar al resto del país un vehículo motorizado de su propiedad, cuando abandonen dichas zonas, pagando los derechos aduaneros y considerando el abono de las sumas que se hubieren pagado al internar el vehículo a la zona de tratamiento aduanero especial y otorgando otras rebajas que señala expresamente el referido artículo 35.
La modificación legal que se propone tiene por objeto establecer que, al momento de la desafectación del vehículo, se debe pagar la diferencia de los derechos aduaneros que exista entre lo efectivamente pagado y los vigentes al momento de la fecha de numeración de la solicitud de pago. Del mismo modo, esta desafectación quedará gravada con el Impuesto al Valor Agregado.
La base imponible respectiva se determinará por el Servicio Nacional de Aduanas en relación con los derechos aduaneros y en la misma forma explicada respecto de las modificaciones contenidas en el Artículo 1º de este proyecto. Similares exigencias se establecen para los Notarios y para el Servicio de Registro Civil e Identificación.
11. Modificaciones al D.L. Nº 825.
El artículo 5º del proyecto introduce algunas modificaciones al Decreto Ley Nº 825, de 1974.
a. Incorporación como nuevo hecho gravado especial del IVA, la enajenación en el país de vehículos importados con franquicias especiales.
En la letra a), se establece como un nuevo hecho gravado específico del Impuesto al Valor Agregado , a la primera enajenación que se realice en el país de un vehículo automóvil importado con franquicias especiales, manteniendo de este modo cierta consistencia con los cambios introducidos por el artículo 1º al Arancel Aduanero y en el Artículo 3º al artículo 35 de la Ley Nº 13.039, pero sin contemplar un plazo límite para la aplicación al impuesto.
b. Nueva obligación para notarios y Registro Civil en contratos sobre vehículos importados con franquicias.
Por otra parte, con el objeto de tener un adecuado control en el cumplimiento en el pago del tributo, se establece la obligación a los Notarios de exigir que se les acredite tal situación para autorizar cualquier documento o las firmas puestas en él cuando se trate de un contrato afecto que recaiga sobre la enajenación de un vehículo importado con franquicias tributarias. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no podrá inscribir el vehículo si no existiera constancia en el Título respectivo del pago del impuesto.
c. Definición de contribuyente del impuesto.
En la letra b), se califica como contribuyente a la persona que adquiera el vehículo importado con franquicias, a fin de mantener vigentes las prerrogativas sobre exenciones de impuestos de que goza el cuerpo diplomático extranjero.
d. Armonización de normas modificadas.
Respecto de la letra c), se contemplan cambios que tienen por único objeto armonizar las referencias de las exenciones del IVA con las modificaciones que se proponen en la letra a) y en los artículos anteriores del proyecto.
e. Determinación de la base imponible del IVA en primera enajenación de vehículos importados con franquicias.
En la letra d), se fijan pautas para determinar la base imponible sobre la cual deberá aplicarse el IVA en la primera enajenación en el país de los vehículos terrestres importados con franquicias. A este respecto, se considera la misma base que determina el Servicio de Aduanas para calcular los derechos aduaneros, según se expresa en la modificación contenida en el artículo 1º, número 2.- del proyecto.
f. Elevación de tope de la base imponible exenta de Impuesto al Lujo.
Por último, en la letra e) se propone modificar el artículo 46, que fija el llamado “impuesto al lujo”, elevando el tope de la base imponible exenta desde la cantidad de US$ 10.004,73, reactualizada anualmente por Decreto Supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, según lo dispone el artículo 46 bis del D.L. Nº 825, de 1974, a la suma de US$ 15.000.
Esta medida persigue atenuar el efecto de los cambios señalados anteriormente en el precio de los vehículos de mayor valor, al mismo tiempo que desgrava en general a los vehículos que actualmente pagan este tributo. Cabe señalar que las diferencias en el precio de los vehículos que se producen con esta rebaja pueden permitir financiar algunos elementos de seguridad, tales como airbag y frenos ABS.
g. Aplicación del Impuesto al Lujo en primera enajenación de vehículos importados con franquicias.
También en este artículo 46 se agregan dos incisos finales, que tienen por objeto establecer la aplicación de este impuesto “al lujo” al momento de realizarse la primera enajenación del vehículo importado con franquicias. Para este efecto se determina, en iguales términos que para el IVA, la base afecta, el sujeto y plazo para enterar en arcas fiscales el impuesto. Además, se fijan obligaciones para los Notarios y para el Servicio de Registro Civil e Identificación en la autorización de documentos e inscripción de los referidos vehículos.
12. Fijación de elementos de seguridad.
En el artículo 6º, se dispone que en un plazo no superior a seis meses, contados desde la fecha de publicación de esta Ley, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe establecer, mediante Decreto Supremo, un conjunto de elementos de seguridad de uso obligatorio en los vehículos que se importen a contar de una determinada fecha.
13. Necesidad de establecer sistema que garantice cumplimiento de régimen jurídico que rige importación de vehículos con franquicias aduaneras.
El artículo 7º del proyecto encuentra su fundamento en la necesidad de implantar un sistema que permita garantizar el debido cumplimiento del régimen jurídico a que quedan afectos los vehículos motorizados que ingresen al país al amparo de la Partida 00.05 de Arancel Aduanero, esto es, conforme a franquicias de liberación aduanera.
a. Disponibilidad de dos placas patentes de vehículos importados con franquicia: una municipal y otra del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según lo previene el artículo noveno del decreto Nº 577, de 1984, del Ministerio de Relaciones Exteriores, los vehículos internados al país con decreto de liberación, tienen prioridad respecto de los adquiridos en plaza, para demandar ante ese Ministerio la concesión de las respectivas placas diplomáticas, consulares, de Organismos Internacionales y para el personal administrativo y técnico. Estos vehículos necesariamente deben circular con estos distintivos especiales, obligación que reiteradamente ha hecho presente el Departamento de Liberaciones de dicho Ministerio en sucesivas instrucciones impartidas sobre la materia.
No obstante lo expuesto, en casos puntuales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido informado, incluso por la propia Dirección de Aduanas, del hallazgo de placas patentes diplomáticas en locales comerciales del rubro automotriz, sin que se ubiquen los respectivos vehículos beneficiarios de las mismas, lo que está demostrando que han operado contratos de compraventa sin que se haya cumplido el plazo mínimo para hacerlo o bien enterado los gravámenes aduaneros correspondientes.
La situación recién descrita es posible pues los asignatarios de los vehículos liberados tienen en su poder dos placas, las municipales y las especiales otorgadas por el Ministerio, de modo que queda a criterio de ellos el circular con unas u otras.
b. Se faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para retener placas patentes municipales en caso que indica.
Pues bien, el sistema que se instaura en el inciso primero del artículo, apunta a impedir que los vehículos liberados circulen con las placas municipales, las que quedarán en poder del citado Ministerio, a través de la entrega directa que hará el Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación , viéndose obligados los asignatarios a circular con las placas o distintivos especiales otorgados para el personal diplomático, consular, de Organismos Internacionales o administrativos y técnico acreditado en el país. Dichas medidas buscan impedir eventuales transferencias de esos vehículos y el consiguiente perjuicio para el erario nacional.
c. Se entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores la calificación del uso de placas especiales concedidas a vehículos internados al país en programas de ayuda internacional.
La situación expuesta en el inciso segundo del artículo 7º, tiene una intencionalidad diversa. En efecto, se busca que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda calificar el uso de las placas especiales que se conceden a los vehículos motorizados pesados o de carga que ingresan al país producto de programas y/o proyectos de ayuda internacional, los que generalmente se destinan a actividades productivas en áreas rurales.
En definitiva, se trata de impedir el mal uso que eventualmente pudiere darse a esas placas, por razones de desconocimiento de los alcances de las mismas. Se trata que en casos determinados por el mencionado Ministerio, esos vehículos puedan circular con las placas municipales y no estén sujetos a ningún régimen especial, atendidas las labores que desarrollan vgr: tractores, motoniveladoras, etc.
14. Régimen transitorio.
Mediante el artículo primero transitorio del proyecto, se establece dar un trato especial a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores que, a la fecha de publicación de esta ley, aún no regresan del extranjero. Al personal que se encuentre en esta situación, se le permite optar por importar un vehículo terrestre libre de impuestos o bien, por acogerse a las nuevas asignaciones por cambio de residencia que se establecen en los artículos 2º y 3º del Proyecto.
Por otra parte, a través del artículo segundo transitorio, se dispone la forma de financiar el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el año 1999.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración para ser tratado en la actual legislatura extraordinaria, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Sección 0 del Arancel Aduanero:
1. Elimínase en el inciso primero de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0, la última parte que se encuentra después del punto seguido (.) que pasa a ser punto aparte (.).
2. Agréganse en la Nota Legal Nacional Nº 3 los siguientes incisos, como segundo y tercero, pasando a ser incisos cuarto y quinto los actuales incisos segundo y tercero:
“Para el cálculo de estos derechos, la base imponible estará constituida por el valor aduanero del vehículo, menos la depreciación por uso, que ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pagan dichos derechos. Si en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta. Los derechos determinados precedentemente, serán girados por el Servicio Nacional de Aduanas, a la persona beneficiaria de la franquicia, quien deberá enterarlos en arcas fiscales dentro de los 10 días siguientes a la fecha del giro.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto a los derechos en referencia, sin que se les acredite previamente el pago de dichos gravámenes, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos afectos a los derechos, si no constare en el Título respectivo, el hecho de haberse pagado los derechos establecidos en la presente nota legal.”.
3. Elimínase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0. El actual inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, queda como inciso cuarto.
4. Reemplázase la glosa de la partida 00.004, Sección 0, por la siguiente:
“Efectos personales, menaje de casa, equipos y herramientas de trabajo, de funcionarios o empleados chilenos, que presten sus servicios en el exterior.”.
5. Elimínase el inciso segundo del Nº 5 de la Nota Legal Nacional Nº 1 de la partida 00.04 de la Sección 0.
6. Reemplázanse en la glosa de la partida 00.05 las expresiones “sesenta mil” y “treinta y ocho mil” por las expresiones “Ciento veinte mil” y “ochenta mil”, respectivamente.
ARTÍCULO 2º.- Reemplázase el actual artículo 40º del D.F.L. 33 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el siguiente:
“Artículo 40º.- Los funcionarios de Primera a Séptima Categoría de la Planta “A”, Presupuesto en moneda extranjera, que regresen al país por término de su destinación en el extranjero, gozarán de una asignación por cambio de residencia, la que no se considerará sueldo para efecto legal alguno, de un monto equivalente al señalado en la siguiente tabla, expresada en U.T.M.:
GRADO ASIGNACIÓN DE INSTALACIÓN
Primera Categoría Exterior 325
Segunda Categoría Exterior 307
^@#@^Tercera Categoría Exterior 289
Cuarta Categoría Exterior 252
Quinta Categoría Exterior 210
Sexta Categoría Exterior 170
Séptima Categoría Exterior 126
No tendrán derecho a esta asignación los funcionarios que soliciten su adscripción al país por motivos particulares.”.
ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 200 del D.F.L. Nº 1 (Guerra) de 1997:
a) Agrégase el siguiente inciso tercero a la letra a):
“No obstante, el personal que regrese al país después de haber cumplido una comisión en el extranjero de un año o más, y el que por resolución del Supremo Gobierno cese en dichas funciones antes de enterar ese plazo, tendrá un incremento de la asignación señalada en el inciso anterior, por un monto equivalente al 50% del sueldo base anual en dólares que corresponda, que se concederá y pagará de acuerdo a las normas establecidas en el citado inciso.”.
b) Suprímese en el primer párrafo de la letra g) la expresión “una embarcación deportiva y un vehículo terrestre”.
ARTÍCULO 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso décimo segundo del artículo 35 de la Ley Nº 13.039:
a) En el número 2º.- reemplázase toda la parte final que empieza con las palabras “salvo que previamente...” por la siguiente: “salvo que previamente se haya pagado el saldo de los derechos e impuestos vigentes en el resto del país que deberían haberse percibido al momento de la importación del vehículo en la zona liberada, sin las rebajas establecidas en los incisos precedentes. Esta desafectación quedará gravada con el Impuesto al Valor Agregado contenido en el Título II del decreto Ley Nº 825, de 1974”.
b) Agrégase como número 3º, el siguiente:
“3º.- Para el cálculo de estos derechos e impuestos, la base imponible estará constituida por el valor aduanero del vehículo, menos la depreciación por uso. Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pagan dichos derechos e impuestos, con un tope de 70%. Los derechos e impuestos determinados de acuerdo a lo señalado precedentemente, serán girados por el Servicio Nacional de Aduanas al beneficiario de la franquicia, quien deberá enterarlos en arcas fiscales dentro de los 10 días siguientes a la fecha del giro.”.
c) Agrégase como número 4º, el siguiente:
“4º.- Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato que recaiga sobre los citados vehículos afectos a los derechos e impuestos aludidos, sin que se les acredite previamente su pago, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos afectos a los derechos e impuestos establecidos en el presente inciso, si no constare, en el Título respectivo, el hecho de haberse pagado dichos tributos.”.
ARTÍCULO 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley Nº 825, de 1974:
a) En la letra a) del artículo 8º, agréganse los siguientes dos incisos, sustituyendo el punto y coma (;) por un punto aparte (.):
“Asimismo, se considerará venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto al impuesto que grava la operación establecida en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. A su vez, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos señalados, si no constare, en el Título respectivo el hecho de haberse pagado el impuesto;”.
b) En la letra b) del artículo 11º, agrégase después del punto y coma (;) que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “o se trate de la operación descrita en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º;”.
c) En el artículo 12º:
1. En el Nº 1 de la letra A.- agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:
“Asimismo se exceptúan de la presente exención los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a alguna franquicia, de acuerdo con lo preceptuado en los incisos segundo y tercero de la letra a) del artículo 8º.”.
2. En el número 5, de la letra B.-, suprímase la frase “una embarcación deportiva y un vehículo automóvil terrestre” y la coma (,) que la sigue.
d) En la letra a) del artículo 16º, agréganse después del punto y coma (;), que pasa a ser punto aparte (.), el siguiente inciso nuevo: “Para determinar el impuesto que afecta la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º, se considerará la misma base imponible de las importaciones menos la depreciación por uso. Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pague el impuesto, salvo que en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, caso en el cual sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta;”.
e) En el artículo 46 introdúcense las siguientes modificaciones:
1. Reemplázase en el mismo inciso la actual cifra de US$ 10.004,73 por la cifra US$ 15.000.
2. Agréganse los siguientes incisos finales:
“El impuesto establecido en este artículo se aplicará también en su primera enajenación en el país, a los vehículos señalados en el inciso primero, que hubieren sido importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general. Se considerarán, al efecto las mismas normas que se aplican para el Impuesto al Valor Agregado que grava la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º respecto del sujeto del impuesto, su devengo, la determinación de la base imponible, el plazo en que debe enterarse en arcas fiscales y las sanciones procedentes.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato de aquellos afectos al impuesto referido en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago de dicho tributo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia afecta al impuesto señalado, si no constare el hecho de su pago, en el Título correspondiente.”.
ARTÍCULO 6º.- Mediante Decreto Supremo expedido a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se establecerán los elementos de seguridad con que deberán estar provistos los vehículos automóviles que se importen y la fecha a partir de la cual éstos se harán exigibles, pudiendo diferenciarse según modelos o categorías de vehículos. Dicho decreto deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta Ley.
ARTÍCULO 7º.- El Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación , en el caso de vehículos motorizados livianos para transporte de pasajeros, que se internen al país conforme a la Partida 00.05 del Arancel Aduanero, hará entrega directa de las correspondientes placas municipales al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que las conservará en su poder, previa entrega, a quienes hayan hecho uso de esa franquicia, de las respectivas placas diplomáticas o consulares, para Organismos Internacionales y para personal administrativo y técnico.
En el caso de vehículos motorizados pesados o de carga, internados al país en las condiciones descritas en el inciso anterior y en virtud de programas o proyectos de ayuda internacional dependientes de Organismos Internacionales, podrán circular con la placas municipales otorgadas por el Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación, según calificación que hará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El personal del servicio exterior y el de planta de secretaría y administración general del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los servicios públicos sometidos a la dependencia del Presidente de la República a través de este Ministerio, y los funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, que cumplan con los requisitos para acogerse a la franquicia de la partida 00.04 del Arancel Aduanero, y que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren cumpliendo funciones en el extranjero, mantendrán el beneficio de poder importar a su regreso al país un vehículo terrestre en los términos que lo establecían dicha partida arancelaria y la letra g) del artículo 200 del DFL Nº 1 (Guerra) de 1997, antes de las modificaciones introducidas por los números 4. - y 5. - del artículo 1º y por la letra b) del artículo 3º de esta ley.
En el caso en que los funcionarios señalados en el inciso anterior efectúen la importación de un vehículo terrestre, las asignaciones por cambio de residencia de que gocen serán las vigentes antes de las modificaciones introducidas en el artículo 2º y en la letra a) del artículo 3º de esta ley. En caso contrario, las asignaciones por cambio de residencia serán las establecidas en esta ley.
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el año 1999, se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en los presupuestos vigentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, según proceda y, en lo que no alcanzare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Público del presupuesto del sector público para el año 1999.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS ; Ministro de Relaciones Exteriores ; JOSÉ FLORENCIO GUZMÁN CORREA , Ministro de Defensa Nacional ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ; CLAUDIO HOHMANN BARRIENTOS , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ”.
INFORME FINANCIERO QUE MODIFICA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO
QUE AFECTA LA IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES ACOGIDOS
A FRANQUICIAS ESPECIALES
Mensaje Nº 217-339
1. Eliminación de franquicia sobre internación de vehículos. Partida 00.04
a) El artículo 1º número 4º.
Tiene por objeto derogar la franquicia establecida en la Partida 00.04 del Arancel Aduanero, en lo referente a la internación de automóviles, mediante la cual se permite al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa Nacional, funcionarios de Gobierno y funcionarios de organismos internacionales a los cuales adhiere el Gobierno de Chile, que hayan prestado servicios en el exterior, importar a su regreso un vehículo libre de todo impuesto, por un valor de hasta US$ 30.000.
b) El artículo 3º letra b) introduce modificaciones al artículo 200 letra g), del DFL Nº 1 (Guerra), de 1997, por los cuales se nivela la situación del personal de las Fuerzas Armadas con el personal dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a derogar la franquicia que les permite importar con franquicias un vehículo automóvil y una embarcación deportiva.
c) El artículo 5 letra c) introduce modificaciones al artículo 12 del Decreto Ley Nº 825, de 1974, las cuales tienen como único objeto armonizar las referencias de las exenciones del IVA con las modificaciones que se proponen en la letra a) del proyecto (incorporación como nuevo hecho gravado especial del IVA, la primera enajenación en el país de vehículos importados con franquicias) y artículos anteriores.
La aplicación de esta iniciativa importa una mayor recaudación anual de $ 4.361 millones.
2. Aplicación de impuestos a la venta de vehículos internados con (IVA e impuestos al Lujo). Partida 00.
a) El artículo 5 letra a), que introduce modificaciones al artículo 8 letra a) del Decreto Ley Nº 825, de 1974, establece como un nuevo hecho gravado específico del impuesto al Valor Agregado , a la primera enajenación que se realice en el país de un vehículo automóvil importando con franquicias especiales.
b) El artículo 5º letra c) número 1 exceptúa de la exención del pago de Impuesto al valor Agregado a los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a alguna franquicia.
c) El artículo 5º letra c) número 2, introduce modificaciones al artículo 46 del Decreto Ley Nº 825, de 1974, mediante el cual se agregan dos incisos finales a este artículo, cuyo objeto es establecer la aplicación del impuesto “al lujo” al momento de realizarse la primera enajenación del vehículo importado con franquicias. Para este efecto se determina, en iguales términos que para el IVA, la base afecta, el sujeto y plazo para enterar en arcas fiscales el impuesto.
La aplicación de esta iniciativa importa una mayor recaudación anual de $ 735 millones.
3. Aplicación de IVA a la venta de vehículos internados con franquicias (zona franca).
El artículo 4º propone modificar el artículo 35 de la ley Nº 13.039, que beneficia a los residentes en zonas que gocen de un tratamiento aduanero especial, al permitirles internar al resto del país un vehículo motorizado de su propiedad, cuando abandonen dichas zonas, pagando derechos aduaneros y considerando el abono de las sumas que se hubieren pagado al internar el vehículo a la zona de tratamiento aduanero especial y otorgando otras rebajas que señala expresamente dicho artículo 35.
La aplicación de esta iniciativa importa una mayor recaudación anual de $ 980 millones.
4. Elevación base exenta de impuesto al lujo a US$ 15.000.
El artículo 5 letra b) se propone modificar el artículo 46 del Decreto Ley Nº 825, de 1974, que fija el llamado “impuesto al lujo”, elevando el tope de la base imponible exenta de US$ 10.004,73 a US$ 15.000.
La aplicación de esta iniciativa importa una mayor recaudación anual de $ 12.887 millones.
5. Asignación por cambio de residencia del personal de las Fuerzas Armadas y del Servicio Exterior.
a) El artículo 2º establece un nuevo monto para la asignación por cambio de residencia de que gozan los funcionarios de Primera a Sexta Categoría de la Planta “A”, presupuesto en moneda extranjera, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) El artículo 3º letra a) incrementa en un monto equivalente al 50% del sueldo base anual del grado correspondiente, la asignación por cambio de residencia de que goza el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
El costo fiscal anual que representa la asignación de esta iniciativa es de $ 1.029 millones.
La aplicación de este proyecto de Ley significa un mayor costo fiscal anual de $ 7.889 millones.
(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos ”.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que otorga la calidad de exportadora a las empresas que operen o exploten puertos de uso público para los efectos del artículo 36 del D.L. Nº 825, de 1974. (boletín Nº 2342-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que otorga la calidad de exportadoras a las empresas que operen o exploten puertos de uso público para los efectos del artículo 36 del D.L. Nº 825, de 1974.
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
1. Régimen tributario aplicable a los exportadores previsto en el artículo 36 del D.L. Nº 825.
El beneficio tributario previsto en la disposición legal citada se traduce, fundamentalmente, en el derecho que el inciso primero de esa norma, otorga a los exportadores para recuperar el Impuesto al Valor Agregado que se les hubiere recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a su actividad de exportación.
La razón del legislador para establecer esta norma, radica en que la actividad exportadora, se encuentra exenta del Impuesto al Valor Agregado. Por ello, esos contribuyentes del impuesto, carecen de la posibilidad de recuperar el impuesto soportado en la adquisición de bienes o utilización de servicios, destinada a esas operaciones. Esto lo transforma en un costo de su actividad.
Ahora bien, la misma norma legal contempla dos vías para ejercer la recuperación de los créditos fiscales. Mediante el régimen general de imputación del crédito fiscal, prevista en los artículos 23 y siguientes del D.L. Nº 825, o bien a través del reembolso directo, mediante los procedimientos del D.S. Nº 348 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 36, del D.L. Nº 825, citado, prevé una serie de actividades que, si bien no son estrictamente operaciones de exportación, atendido que involucran una serie de actividades vinculadas con el tráfico internacional de bienes y servicios, el legislador ha dispuesto que los ejecutores de esas actividades se consideren exportadores para los efectos de la aplicación de la mencionada norma.
Así sucede, por ejemplo, con las empresas aéreas o navieras, por su actividad de transporte de pasajeros o de carga entre Chile y el exterior, respecto de la adquisición de bienes para el aprovisionamiento denominado rancho de naves o aeronaves.
2. Exención de IVA en las actividades desarrolladas en los puertos.
El D.L. Nº 825, de 1974, exime, entre otras operaciones, a algunas remuneraciones derivadas de los servicios portuarios. En efecto, dicho cuerpo legal dispone, en su artículo 12, que están exentos del mencionado impuesto, entre otras, según la letra a), del Nº 13, de su letra E: “Las remuneraciones, derechos o tarifas, por servicios portuarios, fiscales, particulares de almacenaje, muellaje y atención de naves, como también los que se perciban en los contratos de depósitos, prendas y seguros recaídos en los productos que se vayan a exportar y mientras estén almacenados en el puerto de embarque;”.
De este modo, la exención de IVA alcanza a las remuneraciones derivadas de operaciones específicas de almacenaje, muellaje y atención de naves, como también los que se perciban en los contratos de depósitos, prendas y seguros recaídos en los productos que se vayan a exportar.
II. PROPÓSITO Y FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.
1. Ampliación de la calidad de exportador a las empresas que indica.
Con el objeto de favorecer a las empresas que explotan u operan puertos marítimos, el proyecto propone incorporarlas dentro de la categoría de contribuyentes, que esa norma legal califica como “exportadores”. Con ello, quedarán en condiciones de recuperar el IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios utilizados.
2. Fundamento.
El fundamento de esta iniciativa legal, es evitar que el impuesto que no pueda ser recuperado mediante el procedimiento general, dado el carácter exento que tienen muchos de los servicios prestados por estas empresas, como ocurre con aquellos prestados a la carga y a la nave en el tráfico de exportación, contribuya al aumento del costo de estos servicios, impactando negativamente en la competitividad de nuestro comercio exterior.
3. Objeto de la iniciativa.
a. Otorgar a las empresas mencionadas el derecho a recuperar el IVA.
Para satisfacer la necesidad precedentemente expuesta, se ha estimado necesario adaptar la normativa que rige la aplicación del impuesto a las ventas y servicios, contenida en el D.L. Nº 825, de 1974, con el objeto de permitir que las empresas que exploten u operen puertos de uso público, puedan recuperar el Impuesto al Valor Agregado soportado en sus compras y servicios.
b. Otorgamiento de calidad de exportadores a las empresas que operen u exploten puertos marítimos.
El mencionado propósito se obtiene mediante el otorgamiento de la calidad de exportadores, a las empresas individualizadas. De esta forma, pueden recuperar el IVA soportado en las operaciones indicadas, a través de la modalidad prevista en el artículo 36º del D.L. Nº 825 de 1974.
4. Contenido del proyecto.
a. Incorporación de un nuevo inciso al artículo 36 del D.L. Nº 825.
Para estos efectos, se propone en un artículo único del proyecto, agregar un inciso a la citada disposición legal contenida en el D.L. Nº 825, de 1974, que otorgue la calidad exportadora a las referidas empresas.
b. Sujetos beneficiados.
Son beneficiarios, las empresas portuarias creadas en virtud del artículo 1º de la Ley Nº 19.542, las empresas titulares de las concesiones portuarias a que se refiere la misma ley, así como las demás empresas que exploten u operen puertos marítimos privados de uso público.
c. Actividad comprendida por la iniciativa.
La actividad a la que se extiende la aplicación del artículo 36 del D.L. Nº 825, respecto de la cual los contribuyentes antes mencionados, se les asigna la calidad de exportadores y por consiguiente el derecho a recuperar el IVA, son los servicios que presten y que digan relación con operaciones de exportación, importación y tránsito internacional de bienes.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Agrégase como inciso final del artículo 36º del Decreto ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, el siguiente:
“Serán también considerados exportadores para gozar del beneficio establecido en este artículo, las empresas portuarias creadas en virtud del artículo 1º de la Ley Nº 19.542, las empresas titulares de las concesiones portuarias a que se refiere la misma ley, así como las demás empresas que exploten u operen puertos marítimos privados de uso público, por los servicios que presten y que digan relación con operaciones de exportación, importación y tránsito internacional de bienes.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 2357, de fecha 20 de mayo de 1999, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector. (Boletín Nº 2279-08).
Como consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretaro General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. (Boletín Nº 2315-06).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 1º, 19 Nº 22 y 62 Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile, con el objeto de dar protección jurídica y beneficios para el desarrollo de los pueblos indígenas. (Boletín Nº 513-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el DL Nº 3.500, de 1980. (Boletín Nº 2053-13).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado. (Boletín Nº 1510-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 19 de mayo de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el D.F.L. Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector.
Hago presente a vuestra Excelencia que el referido informe ha sido aprobado con el voto favorable de 35 señores senadores, de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2.354, de 19 de mayo del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 21 de mayo de 1999
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones, para establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al Acuerdo de Marrakech.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2.254, de 21 de enero de 1999.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
10. Oficio del Senado mediante el cual autoriza la construcción de monumentos en las ciudades de Santiago, Talca y Valparaíso, en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez . (boletín Nº 2322-04)(S)
Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Santiago, otro en la de Talca, otro en la de Valparaíso, y un cuarto en la de Villa Alegre, en memoria del Cadenal Arzobispo Emérito de Santiago Monseñor Raúl Silva Henríquez.
Artículo 2º.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4º, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial, integrada por nueve miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Un senador y un diputado, elegidos por sus respectivas Cámaras;
b) El alcalde de la I. Municipalidad de Santiago ;
c) El alcalde de la I. Municipalidad de Talca ;
d) El alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alegre;
e) El alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso ;
f) Un representante de la Arquidiócesis de Santiago;
g) Un representante de la Diócesis de Talca;
h) Un representante de la Diócesis de Valparaíso, e
i) El vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .
La Comisión funcionará en la ciudad de Talca y su quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación de los monumentos, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3º, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6º.- Si una vez construidos los monumentos quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine.”.
-o-
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
11. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , mayo 25 de 1999
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de transcribir a vuestra Excelencia la resolución dictada por este Tribunal, en los autos Rol Nº 287, relativos al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector, cuyo texto es el siguiente:
“Santiago, veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Como medida para mejor resolver, ofíciese a la Cámara de origen para que informe a este Tribunal cuál fue el quórum de aprobación, en sus diversos trámites constitucionales, del nuevo artículo 18A, introducido por el Nº 8) del Artículo 1º, a la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON CARLOS MONTES CISTERNAS
PRESENTE”.
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , mayo 28 de 1999
Oficio Nº 1435
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a vuestra Excelencia, copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en los autos rol Nº 287, referido al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.410. Orgánica de la Superitendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector, el que fue enviado a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
“Santiago, veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos y considerando:
1º Que, por oficio Nº 2.359, de 24 de mayo de 1999, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la Ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del artículo 19, contenido en el numeral 9) del artículo 1º del mismo;
2º Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;
3º Que, el artículo 74, incisos primero y segundo, de la Carta Fundamental establece:
“Artículo 74.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva,”;
4º Que, la disposición sometida a control de constitucionalidad prescribe:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:
“9) Reemplázase el artículo 19, por el siguiente:
“Artículo 19.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante. Si la resolución afectara a más de una persona o entidad, cuyos domicilios correspondieren a territorios jurisdiccionales de diferentes Cortes, será competente para conocer de todas las reclamaciones a que haya lugar aquella que corresponda al domicilio de la autoridad que haya expedido el acto administrativo reclamado.
Las sanciones que impongan multa serán siempre reclamables y no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta. Para interponer la reclamación contra una multa deberá acompañarse boleta de consignación a la orden de la Corte, por el 25% del monto de la misma.
La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, notificándola por oficio y ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.
La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la calidad del servicio, la continuidad del mismo o la seguridad de las personas.
Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes. En caso de no acogerse el reclamo, el monto de la consignación se entenderá abonado al pago de la multa y, en caso de acogerse, regirá lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20.
La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.”;
5º Que, de acuerdo al considerando 2º de esta sentencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
6º Que, las disposiciones contempladas en el artículo 19, contenido en el numeral 9), del Artículo 1º, del proyecto sometido a control, son propias de la ley orgánica constitucional indicada en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, tomando en consideración, respecto de sus incisos segundo, tercero y quinto, la indivisibilidad que presentan con los incisos primero, cuarto y sexto;
7º Que, el inciso segundo del nuevo artículo 19, establecido por el numeral 9), del Artículo 1º, del proyecto, es constitucional, por cuanto dicha norma no impide el acceso a la justicia de los afectados por la multa, sino solamente lo regula en consideración a la necesidad de asegurar el debido funcionamiento del servicio público que prestan. La exigencia constituye un incentivo efectivo para que las empresas mejoren la coordinación y la seguridad del sistema. En suma, la sanción administrativa y especialmente la consignación respectiva, lejos de tratar de impedir el acceso a la justicia, busca restablecer el orden previamente quebrantado en aras del Bien Común;
8º Que, el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece: “Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.”; norma de naturaleza orgánica constitucional, según se resolvió por este Tribunal, en sentencia Rol Nº 39, al ejercer el control preventivo de constitucionalidad sobre la ley Nº 10.575;
9º Que, por su parte, el artículo 18A, incorporado a la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por el Artículo 1º, numeral 8), del proyecto en análisis, dispone: “En contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso de reposición establecido en el artículo 9º de la ley Nº 18.575, en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución. La Superintendencia dispondrá de diez días hábiles para resolver.
La interposición de este recurso suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad, siempre que se trate de materias por las cuales procede dicho recurso.”;
10º Que, como puede observarse, el precepto transcrito en el considerando anterior es propio de ley orgánica constitucional por cuanto modifica el artículo 9º de la ley Nº 18.575, que tiene ese carácter, en tres aspectos sustanciales, como son: a) el plazo para interponer el recurso; b) el término para resolverlo, y c) la suspensión del lapso para reclamar de ilegalidad.
11º Que, así también lo entendió el Presidente de la República , quien en el Mensaje con que se inició la tramitación del proyecto en análisis, señaló: “Mediante la incorporación de un nuevo artículo 18 Bis, se regula el plazo para la interposición del recurso de reposición previsto en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración de Estado, y el término del que dispone la Superintendencia para su resolución.”;
12º Que, no obstante que la disposición en estudio no ha sido sometida a conocimiento de este Tribunal por la Cámara de origen, por las consideraciones anteriores, y de la misma forma como se resolviera en los autos Rol Nº 205, este Tribunal estima que debe pronunciarse sobre la norma que se analiza, por cuanto ella tiene notoriamente, como se ha dejado en claro, carácter orgánico constitucional;
13º Que las disposiciones del proyecto a que se ha hecho referencia en los considerandos anteriores no son contrarias a la Carta Fundamental;
14º Que, se desprende de autos que, en lo pertinente, se ha oído previamente a la Corte Suprema, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental;
15º Que, consta, asimismo, que las disposiciones antes aludidas han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Y, vistos, lo dispuesto en los artículos 38, 63, 74, y 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, de 19 de mayo de 1981.
Se declara:
1. Que el artículo 19, contenido en el numeral 9), del artículo 1º, del proyecto remitido, es constitucional.
2. Que el artículo 18A, contemplado en el numeral 8), del artículo 1º, del proyecto remitido, es constitucional.
Los ministros señores Luz Bulnes y Mario Verdugo , estuvieron por declarar inconstitucional el acápite final del inciso segundo del artículo 19 del proyecto de ley que dice: “Para interponer la reclamación contra una multa deberá acompañarse boleta de consignación a la orden de la Corte, por el 25% del monto de la misma”, en atención a las siguientes consideraciones:
1º Que, la exigencia impuesta al reclamante en la referida disposición, erosiona el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 19, Nº 3º, de la Carta Fundamental, en la parte que consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y que, como bien lo ha puntualizado la doctrina, es el reconocimiento del derecho a la acción para tutelar los derechos fundamentales;
2º Que, a mayor abundamiento, se transgrede igualmente la normativa contenida en el artículo 5º de la misma Ley Fundamental, en cuanto señala que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana y, obviamente, el derecho a la justicia es de tal naturaleza;
3º Que, en esta línea de razonamiento cabe tener presente que la obligación que se impone al os órganos del Estado, por el inciso segundo del precitado artículo 5º, importa, además, respetar los derechos establecidos en los tratados internacionales que están ratificados y que se encuentran vigentes, los cuales proscriben toda limitación al acceso a la justicia sea penal, civil o administrativa;
4º Que, consecuencialmente, los disidentes estiman que debe eliminarse la parte final del inciso quinto del artículo 19, que prescribe: “En caso de no acogerse el reclamo, el monto de la consignación se entenderá abonado al pago de la multa y, en caso de acogerse, regirá lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20.”.
Por último, a este Tribunal le parece imprescindible, en esta oportunidad, representar que otras disposiciones del proyecto, como es el caso del artículo 3º C, agregado a la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por el Artículo 1º, numeral 2), del proyecto; y del inciso sexto del nuevo artículo 99 bis del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, incorporado por el Artículo 2º, numeral 2), del mismo cuerpo normativo, tienen ostensiblemente el carácter de normas propias de ley orgánica constitucional, por lo cual la Cámara de Origen debió someterlas al conocimiento de este Tribunal, como lo exige el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.
Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal , oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 287.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitución, integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos , y los Ministros señor Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Servando Jordán López , Juan Colombo Campbell , Mario Verdugo Marinkovic y Hernán Álvarez García . Autoriza, el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .
Conforme con su original.
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON CARLOS MONTES CISTERNAS
PRESENTE”