Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DON CARLOS MONTES URETA.
- SUSPENSIÓN DE SESIÓN ORDINARIA. Acuerdo de los Comités.
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 63ª, en miércoles 12 de mayo de 1999
(Especial, de 12.03 a 15.03 horas)
Presidencia de los señores Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas 8
IV. Cuenta 8
-o-
- Minuto de silencio en memoria de don Carlos Montes Ureta 8
- Suspensión de sesión ordinaria. Acuerdo de los Comités 8
- Réplica a alusión personal. Aplicación del artículo 34 del Reglamento 8
-o-
V.Objeto de la sesión.
- Estado de la educación superior en Chile 9
VI.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede. (boletín Nº 2315-06) 46
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado. (boletín Nº 1510-07) 46
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, los siguientes proyectos iniciados en mociones: 47
a) Modifica la ley Nº 19.162, que establece un sistema obligatorio de clasificación de ganado y tipificación de la carne. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 1697-01);
b) Modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria. (Segundo trámite constitucional). (boletín Nº 2189-01) (S);
c) Modifica el decreto ley Nº 2.306, sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, con el objeto de incorporar la objeción de conciencia. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 1833-02);
d) Establece protección de los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 2015-23);
e) Modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 2219-02);
f) Discriminación racial y étnica. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 2142-17);
g) Reforma los institutos tecnológicos Corfo. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 1960-03);
h) Introduce diversas modificaciones en materia de tránsito terrestre. (Primer trámite constitucional y segundo informe). (boletín Nº 999-15), e
i) Modifica la ley general de Telecomunicaciones para protección de la radiodifusión local y regional. (Primer trámite constitucional). (boletín Nº 2326-15)
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
-Del Diputado señor Juan Pablo Letelier, incorporación de privados a Essel S.A.
-Del Diputado señor Huenchumilla, construcción de alcantarillado localidad de Labranza.
-Del Diputado señor Navarro, aporte económico del turismo en la Región de Los Lagos.
-Del Diputado señor Kuschel, programas de avance y prevención de consecuencias de la marea roja en la Décima y Undécima Regiones.
-Del Diputado señor Prokurica, contratos con Municipalidad de La Serena.
-De los Diputados señores Leay y Alessandri y Diputada señora Lily Pérez, prioridad construcción línea estaciones metro.
Ministerio de Bienes Nacionales.
-De la Diputada señora Pía Guzmán, antecedentes técnicos que fundan fijación de deslindes al cauce del río Mapocho.
-Del Diputado señor Kuschel, uso dado a los bienes fiscales ganados al mar.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
-De la Diputada señora Laura Soto, deudores habitacionales.
Municipalidad de Maullín.
-Del Diputado señor Kuschel, estado de avance de los caminos de esa comuna.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Asistieron, además, el Ministro de Educación Pública , señor José Pablo Arellano, y el Senador señor Jorge Lavandero.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 12.03 horas.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 56ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 57ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE DON CARLOS MONTES URETA.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Solicito un minuto de silencio en memoria de don Carlos Montes Ureta, padre del Presidente de la Corporación.
-Los señores diputados y las señoras diputadas, los funcionarios y los asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
SUSPENSIÓN DE SESIÓN ORDINARIA. Acuerdo de los Comités.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Cito a reunión de Comités en la sala de lectura.
Se suspende la sesión por 10 minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Señores diputados, los Comités parlamentarios, bajo la presidencia de quien habla, han acordado suspender la sesión de hoy en la tarde, en señal de duelo por el sensible fallecimiento del señor Carlos Montes Ureta, padre del Presidente de la Cámara de Diputados .
Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Socialista, agradezco este gesto de solidaridad y cariño hacia nuestro compañero Carlos Montes .
Muchas gracias.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , he pedido hacer uso de la palabra para responder la burda alusión de que fui objeto ayer en este hemiciclo por un miembro de la Corporación.
Para el fortalecimiento de la democracia, para que sea más plena y sólida, es bueno que quienes hemos optado por el servicio público seamos capaces de defender nuestras posturas, basados en nuestras convicciones personales, más aún cuando ellas se transforman en actuaciones públicas.
Las cosas no son, necesariamente, lo que se dice que son, sino, más bien, lo que demuestran nuestros actos. En el ámbito público, las opiniones se construyen más sobre la base de nuestras actuaciones públicas que sobre la base de nuestras intenciones o motivaciones personales. La sociedad nos mide más por nuestras conductas que por nuestras intenciones. Por eso, resulta tan difícil entender que quienes tienen como misión fundamental defender los derechos de los ciudadanos y buscar el bien común, aparezcan defendiendo los intereses de las empresas que han ocasionado en gran proporción los problemas originados por los cortes de luz o por el racionamiento eléctrico.
No soy de los que estigmatizan al sector privado; muy por el contrario, reconozco su importancia para el desarrollo nacional. Sin embargo, nadie puede pretender defender sus intereses cuando ello significa sacrificar y no satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos.
Soy de aquellos que -como lo han expresado varios diputados, incluso de Oposición- no encuentran argumento lógico ni sustantivo en la postura de quienes se han opuesto, particularmente en el Senado, aunque no de manera exclusiva, al establecimiento de multas altas y garantías de consignación adecuadas a las empresas eléctricas infractoras, con lo cual se evitaría la presentación indiscriminada de recursos ante los tribunales de justicia, para evitar o dilatar el pago de las sanciones pecuniarias, como se ha demostrado en los dos últimos años, en que las empresas eléctricas han pagado sólo dos de las más de cien multas que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles les ha cursado.
Comportamiento como el descrito, que hemos visto en algunos parlamentarios de Oposición a la hora de formular indicaciones o de votar las normas contenidas en el proyecto presentado por el Ejecutivo , lo llevan a uno a suponer, y esto es una apreciación personal, que puede existir algún tipo de interés particular presente en el actual debate legislativo.
Es cierto que meter a todos dentro del mismo saco no constituye una práctica aconsejable, y lo reconozco, de verdad. Con mis opiniones no he pretendido ofender a nadie, ni menos desconocer el hecho de que existen parlamentarios, de todos los partidos políticos, que a través de otras iniciativas se han jugado, por ejemplo, para evitar la integración vertical en las empresas eléctricas.
Sin embargo, en base a todo lo señalado y ante la falta de argumentos contundentes que permitan dilucidar o aclarar las dudas que muchos tenemos, me parece del todo conveniente aclarar este tema, en aras de la necesaria transparencia que debe existir en el debate legislativo y del prestigio del Congreso Nacional.
Espero que todos nosotros, especialmente en el Senado, seamos capaces de responder, de cara al país, las inquietudes planteadas, que no encuentran respuesta en caricaturas ni en expresiones peyorativas de escaso nivel intelectual, sino que sólo en el fondo de nuestras conciencias y en el grado de coincidencia entre lo que predicamos o decimos y lo que hacemos o practicamos.
He dicho.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ESTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
La presente sesión tiene por objeto analizar el estado de la educación superior en Chile.
Para este efecto, han sido invitados los rectores de las universidades de Chile y Federico Santa María y el jefe de la división de educación superior del ministerio de Educación, don Raúl Allard.
Además, por acuerdo unánime de los Comités, se ha autorizado el ingreso a la Sala del rector de la Universidad de Tarapacá.
El tiempo previo de quince minutos corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , no cabe duda de la importancia del siguiente debate, que han promovido diversos diputados, la mayoría de la bancada democratacristiana, para analizar, en el nivel más alto y auténticamente democrático, el estado de la educación superior en el país.
Sin embargo, nada sería más frustrante que verificar este análisis con un criterio simplemente académico o de quien busca asignar responsabilidades. El problema afecta al país y todos debemos encararlo.
La educación superior en Chile está en crisis. De alguna manera, podría decirse al borde del colapso, y esto no constituye novedad, pero sí un dramático llamado de atención, que no deberíamos desoír.
Las universidades chilenas están en crisis, que nadie puede disimular, como la mayoría de las universidades latinoamericanas y muchas de otras partes del mundo. Ayer, por ejemplo, se informó de la situación que se vive en Argentina como consecuencia de la reducción presupuestaria en el área de la educación universitaria.
Los centros vitales del desarrollo de la humanidad, que son las universidades, no han sabido o no han podido responder a las demandas formuladas por sus respectivas sociedades; no han sabido o no han podido encontrar los caminos que configuren la solución de los problemas que los agobian.
Tal situación, contrasta de modo dramático con el hecho de que nadie discute que en la sociedad actual, profundamente tecnificada, se requiere de universidades consolidadas y conectadas con la realidad de sus respectivas comunidades, pues sin formación superior ni investigación satisfactoria, ningún país puede garantizar grados de progreso acordes con las necesidades y expectativas de ahora.
En el próximo siglo, la única perspectiva determinantemente eficiente, que permitirá que un país pueda quebrar las barreras del subdesarrollo, estará configurada por la capacidad que tenga de producir conocimientos, lo que, fundamentalmente, se genera en las universidades.
Este debate se produce en un instante adecuado y oportuno. Es bueno hacerlo hoy; mañana podría ser tarde. Es bueno que los problemas de la educación superior, que han adquirido urgencia y demandan una revalorización de la función universitaria, sean asimilados por la honorable Cámara.
Es bueno considerar el doble nivel de preocupaciones: el de la coyuntura, el que hace que los muchachos recorran las calles de nuestro país reclamando apoyo para acceder a la educación; y el papel de la Cámara, muy importante, que debe asumir la actitud que le corresponde, de profeta para su patria, y procurar la configuración de la universidad que se espera y se necesita.
No se trata de achacar responsabilidades al Gobierno o a la Oposición. Tampoco corresponde un análisis con criterio proselitista. Este es un tema de Estado y amerita un proyecto de país.
Las características tecnológicas de la época, en que se habla de las expectativas de las supercarreteras de la información, determinan que si no somos capaces de configurar la excelencia académica propia de las universidades, quedaremos al margen de tales vías y seguiremos transitando por caminos polvorientos y transversales, a varios kilómetros del progreso y del futuro de los jóvenes.
El problema deriva de la profunda transformación de la estructura jurídica del sistema de educación superior chileno -que se caracterizaba por una determinante participación del Estado-, que impulsó el gobierno militar en 1980. En esa época, existían dos universidades estatales, seis privadas, con aportes fiscales, y catorce sedes regionales de las primeras, que más tarde pasaron a ser universidades derivadas.
Se dio paso a la participación de entes privados en la creación y organización de instituciones de nivel superior. Se ideó un sistema diversificado, con tres niveles diferentes: las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica.
Se pensaba que las universidades configurarían un grupo elitista, caracterizado por concentrarse en las carreras de mayor prestigio, realizar investigación y tener programas de posgrados vinculados a la tuición y función investigativa.
Los institutos profesionales, por su parte, estarían orientados, de manera fundamental, a la formación de profesionales en carreras relativamente más cortas y vinculadas al mundo productivo.
Los centros de formación técnica, por último, estarían destinados a la formación de técnicos de nivel superior, mediante carreras cortas, de fácil adaptación a las demandas del mercado ocupacional.
Ese diseño fracasó. Fue arrasado por los hechos. El sistema de educación superior, actualmente, está integrado por instituciones estatales y privadas.
Actualmente, el sistema de educación está integrado por 16 universidades estatales, 9 privadas con aportes del Estado, 41 privadas, 66 institutos profesionales y 120 centros de formación técnica. Total: 252 instituciones.
En la última cifra entregada por el Ministerio de Educación, se comprueba que han logrado plena autonomía sólo 7 universidades privadas, 8 institutos profesionales y 3 centros de formación técnica. En consecuencia, la oferta educacional superior ha experimentado un crecimiento cuantitativo. Este hecho, que algunos podrían estimar positivo, es preciso complementarlo con la calidad de la instrucción impartida.
En un matutino de hoy, el señor ministro de Educación escribe un interesante artículo, en el cual llama la atención sobre este problema y, aprovechando experiencias internacionales, sugiere la creación de una auditoría académica para que la calidad de la instrucción impartida sea controlada por un organismo que garantice que efectivamente tenga el nivel correspondiente a los institutos de educación superior.
La excelencia científica, tecnológica y profesional no se consigue por milagro. Requiere tenacidad, rigurosidad académica y muchos esfuerzos y recursos.
Quienes creyeron que el mercado permitiría alcanzar esta meta, tendrán que reconocer que han fracasado. Ningún libre mercadista podría sostener lo contrario, porque del total de universidades privadas -como he dicho- sólo una mínima parte goza de autonomía. Hasta la fecha, cinco han sido cerradas y ocho se encuentran en su última tramitación para ser autónomas; en caso contrario, su destino también será la clausura.
Del total anterior, podemos contar con los dedos de la mano las universidades que gozan de prestigio dentro de la sociedad. Si bien el Consejo de Educación Superior debe supervigilar la calidad de estos planteles, por la inercia propia de esta clase de controles pasan muchos años para que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que estos centros de formación terminen transformándose en verdaderas estafas, pues engañan a jóvenes y familias inocentes que, de buena fe, creyeron obtener algún día el preciado cartón universitario que tanto ilusiona a sectores medios y modestos de nuestro país.
Justamente, en la Universidad de Temuco 3 mil alumnos viven la dolorosa experiencia de ignorar cuál será su destino.
Esta situación de frustración, de engaños y castración de sueños y anhelos es mucho más grave en los institutos de formación técnica, donde abundan carreras con denominaciones altisonantes que no tienen ningún destino laboral seguro.
La facilidad que existe para abrir una universidad o centro de formación técnica, realmente provoca preocupación. No sólo es un negocio lucrativo, sino que pueden cumplir estas delicadas funciones amparados por el concepto genérico de la autonomía universitaria, sin controles oportunos. Muchos inversionistas han preferido abrir una universidad a cualquier otro negocio, por cuanto es más difícil obtener autorización para hacer funcionar una fuente de soda, por ejemplo, que una universidad.
De allí la proliferación de universidades e institutos profesionales en los que se imparten las carreras denominadas “de tiza y pizarrón”, tales como periodismo, ingeniería comercial, derecho, sicología, diseño y arquitectura. Estas carreras, en las que no se requiere mayor inversión para impartir la docencia, constituyen casi el 85 por ciento de las ofertas de las universidades privadas; de allí que se encuentren sobrepobladas. Se abocan a la formación de profesionales que no responden a las necesidades efectivas de la comunidad. En nuestro país nadie proyecta o calcula cuántos profesionales se necesitarán en el futuro. Simplemente se entrega la necesidad al mercado y éste dirá el nivel profesional que corresponde llenar.
Al respecto, cabe preguntarse: ¿qué va a hacer Chile si 35 mil estudiantes de derecho y 38 mil ingenieros comerciales obtienen sus títulos? ¿Es eso lo que necesita nuestro país? ¿Esa es la aspiración del Chile del futuro? Por otra parte, ¿de qué manera nos olvidamos de la necesidad de formar técnicos adecuadamente?
El gran desarrollo de Europa y de Estados Unidos se ha hecho sobre la base de técnicos con especialización y estudios acabados. En Chile ello no ocurre; al revés, muchos profesionales, recibidos con supuestos honores en el campo universitario, están ejerciendo funciones de técnico, lo cual implica una nueva forma de castración.
Es necesario concebir una política de educación superior y que las instituciones públicas y privadas, armónicamente, programen la satisfacción de las necesidades de Chile con una perspectiva de excelencia, vinculada con el proyecto de país. Ésta es una cuestión que no debiera suscitar mayor discusión porque, tal como ocurre en otros países, los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, los estudiantes y especialmente la autoridad educacional deben proyectar en perspectiva cuál es la tarea educacional que es menester impartir.
Es preciso fortalecer el sistema público de educación, llamado a cobijar a todas las personas que, no teniendo la capacidad económica para estudiar, tengan la intelectual para hacerlo.
Un tema crucial en materia de educación superior, vinculado con el rol de las universidades públicas, dice relación con su financiamiento. No me cabe duda de que el señor ministro de Educación se va a referir a esta materia e informará detalladamente de los notables esfuerzos que han realizado sobre este particular.
No obstante, debe asumirse el error que constituye la modificación suscitada a fines de 1980, en la cual se estableció la obligatoriedad de autofinanciamiento, entendiendo que era necesario proveer a la formación de profesionales, simplemente entregándoles a ellos -porque se trataba de un tema de interés individual- la responsabilidad de encarar su formación profesional.
Es posible que una universidad privada se maneje con criterios comerciales, pero es incomprensible que una universidad estatal -que representa el interés del Estado y tiene la obligación de dar un paso adelante con respecto al resto de la sociedad- también tenga que administrarse de la misma forma.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Perdón, señor diputado. A continuación, pasa a usar el tiempo de su bancada.
El señor KRAUSS.-
Gracias.
El tema del financiamiento de estas universidades es una materia importantísima, que será analizada en el transcurso de este debate, particularmente con la participación del señor ministro de Educación . Pero hay un aspecto en el cual es necesario detenerse y subrayarlo: reconociendo las características de nuestra realidad económica, siempre han existido beneficios para los estudiantes en el nivel superior. De hecho, hace 30 años la universidad era gratuita y una de las figuras importantes de la historia universitaria chilena, el ex rector de la Universidad de Chile don Juvenal Hernández, señala en sus memorias que él provenía de un poblado perteneciente a la provincia de Ñuble -El Carmen-, hijo de un modesto profesor rural, y con palabras cargadas de afecto y nostalgia manifestaba: “Vine un día de las montañas sureñas, empujado por mis sueños de adolescente. La gratuidad de la educación en todos sus grados, que la generosidad de la democracia chilena garantiza a sus hijos, me abrió las puertas de los estudios superiores”. En la situación actual, difícilmente podremos reeditar una figura como la de don Juvenal Hernández .
Dentro de las reformas establecidas que implicaron el término de la educación gratuita y la introducción del crédito universitario, se creó un factor que ha terminado por constituir un problema grave. Ayer mismo, un vespertino titulaba: “El crédito fiscal es el germen de la crisis de las universidades estatales”. Por eso, 8 de las 25 existentes se encuentran en conflicto, y una de ellas, la Universidad Tecnológica Metropolitana, en toma.
En la actualidad, de 10 estudiantes que llegan a la universidad, especialmente a las de prestigio, entre las cuales se incluyen también algunas privadas -porque no se trata de menoscabar el esfuerzo que las privadas han realizado para acceder al trabajo de excelencia, propio de las universidades-, la mayoría pertenecen al quintil de más altos ingresos. Sólo hay tres estudiantes de clase media o baja. Aun no siendo la mayoría de los estudiantes que requieren el crédito fiscal, el actual sistema no alcanza a satisfacer la necesidad de los estudiantes. De ahí, entonces, las protestas. Al respecto, la gran perjudicada con este sistema ha sido la clase media; la misma que hizo grande a este país, la mesocracia, que se formó precisamente en el liceo fiscal y en la universidad gratuita y que hoy, si el grupo familiar tiene un ingreso superior a 350 mil pesos, lisa y llanamente no accede al beneficio del crédito solidario. Esta es una injusticia increíble, porque el arancel más barato de cualquier universidad supera los 100 mil pesos como mínimo.
Hay distintas ideas que pueden ser analizadas tendientes a mejorar el sistema de créditos. Por ejemplo, podría ser asumido directamente por el Estado, liberando de esa manera un trabajo que las universidades no tienen por qué realizar. Además, posibilitaría su otorgamiento con mayor facilidad.
Es imprescindible que el otorgamiento de este crédito sea complementado, toda vez que no basta en algunas carreras simplemente con dar la posibilidad de que el muchacho pague su derecho de arancel, ya que necesita desembolsar importantes sumas de dinero que no están consideradas en él.
También es necesario extender este beneficio a quienes están en un instituto de formación técnica, pero que no se les otorga el beneficio, muchos de los cuales requieren que su grupo familiar contrate créditos de consumo para pagar el costo de su formación.
El tema de la educación superior, que tiene distintas aristas, no puede ser analizado con un sentido restrictivo ni crítico; debe hacerse con ánimo y perspectiva de futuro. Esta Cámara, que tiene la responsabilidad no sólo de debatir hechos, sino de prever su ocurrencia, debería crear las instancias de análisis y de solución de esta materia y entregar su aporte a este Gobierno y también a los futuros, porque todas las candidaturas presidenciales están formulando apreciaciones respecto de la educación superior. En buena hora que lo hagan, porque no es un tema que esté radicado exclusivamente en las murallas de los partidos políticos o de los comandos de las campañas presidenciales. Este asunto nos afecta a todos; hasta podríamos decir que nos agobia como país. Es imprescindible tomarlo en ese sentido, como un esfuerzo de todos, pero debe ser liderado por quienes hemos tenido el privilegio de recibir el mandato democrático de ser receptáculo de los problemas, mas también creadores de soluciones, para, con la colaboración cierta del Gobierno y la participación de la comunidad universitaria en sus distintos estamentos, tener la posibilidad de configurar esta propuesta.
La universidad ha sido demasiado importante en el desarrollo histórico y democrático del país. En la noche de los tiempos está, desde luego, la figura señera de don Andrés Bello . También recordé a don Juvenal Hernández . Además, tengo presente en la creación de las universidades a don Enrique Molina , y no se me olvida, por cierto, el gran transformador de la educación católica, monseñor Carlos Casanueva . Muchos nombres se suman a éstos y nos están requiriendo el compromiso con lo que ellos significaron en el pasado. Pero también están las protestas de los muchachos, justificadas en lo esencial, que hoy no piden universidad para todos, sino para quienes la merecen y cumplen con los requisitos académicos, para los cuales es imprescindible crear las herramientas tendientes a que esa aspiración sea resuelta.
Víctor Hugo sostenía que si el hombre hoy siembra la causa, mañana Dios hace madurar el efecto. Sembremos aquí, en la Cámara de Diputados, la causa de la educación superior, propia de todos nosotros y que está planteando en estos momentos en la Universidad Católica de Valparaíso nuestro candidato Andrés Zaldívar , como también lo hacen Ricardo Lagos y Joaquín Lavín , porque éste no es un tema propio de determinados sectores. Le pertenece al país y por nuestro compromiso con Chile no podemos eludirlo.
Este debate debería confluir en crear los acuerdos necesarios para acometer, con seriedad y profundidad, sin ánimos reivindicativos ni asignaciones de responsabilidad, la perspectiva de lo que debe ser la gran política de la educación superior chilena.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, don Adolfo Arata Andreani.
El señor ARATA (Rector de la Universidad Santa María).-
Señor Presidente , durante el último tiempo, y particularmente en la última semana, el sistema de educación superior de nuestro país se ha visto afectado por una serie de hechos que lo han perturbado enormemente. Me refiero al crédito universitario, a la discutida ley marco y a los nuevos programas de financiamiento de la investigación.
Sin lugar a dudas, éstos no son problemas menores y se requiere resolverlos con urgencia y decisión. Sin embargo, no es posible concluir que por ello la educación superior en Chile está en crisis. No es conveniente pensar que sólo estos elementos es necesario considerar para el desarrollo de una política universitaria proyectada hacia el futuro. Por el contrario, si bien destaco y reconozco la importancia de estos problemas, la educación superior de nuestro país se caracteriza por su excelencia. Es ejemplo a nivel internacional y, en particular, a nivel latinoamericano, lo que queda claramente demostrado por la calidad de los profesionales que egresan de nuestras instituciones y por el aporte que generamos en la investigación y en el desarrollo. Por lo tanto, nos vemos enfrentados a una situación especial donde, más que pretender una reingeniería de cambios estructurales profundos, debemos optar por mecanismos y procesos de mejoramiento continuos. Es claro que esto no significa que debamos seguir haciendo lo mismo, pero debemos considerar esos hechos como elementos básicos para proyectarnos hacia el futuro.
A continuación, me permitiré analizar algunas problemáticas de la educación superior chilena, porque es necesario considerar una política para su desarrollo, pensando en el exigente mundo que se avecina.
Una de sus características particulares es, básicamente, la diversidad, que ha permitido, de alguna manera, un sistema flexible que puede, a través de aportes particulares y con un trabajo integrado, generar un verdadero aporte a la educación superior.
Hay elementos que tienden a uniformar ese sistema. El financiamiento a través de indicadores comunes puede generarnos problemas particulares, en términos de perder la gran ventaja de la flexibilidad con que se cuenta actualmente. Por otro lado, la demanda de más fondos por parte de las diversas instituciones que componen el sistema, sin la asignación de nuevos fondos, puede generar un quiebre significativo. Por ejemplo, elementos que están apareciendo en la discusión de la ley marco, donde si bien el Consejo de Rectores entiende la importancia de que las universidades estatales logren mayor flexibilidad para una buena gestión, existen intentos importantes de asociar el financiamiento de todas las universidades a través de la referida ley, particularmente con las estatales, desconociendo, quizás, un elemento fundamental: el aporte de las universidades privadas tradicionales, que se distinguen por su vocación de servicio público. Este tema nos debe hacer reflexionar profundamente. Si uno hace un análisis sobre el aporte generado por esas universidades -me refiero a las que pertenecen al Consejo de Rectores-, sin lugar a dudas las cifras son significativas. La mitad de los titulados proviene de esas universidades.
En términos de investigación, alcanzan una cifra del orden del cuarenta por ciento, del total de los fondos orientados hacia la investigación.
En definitiva, las universidades del Consejo de Rectores en general, y en particular, aquellas universidades privadas de servicio público, han hecho demostraciones muy claras sobre el desarrollo del sistema de educación en nuestro país. Por lo tanto, es fundamental tener cuidado, en términos de evitar enfrentamientos con un sistema que ha dado frutos realmente significativos.
Por otro lado, el crecimiento del país obliga al desarrollo de las ventajas competitivas. Tenemos claro que cada día se van a ir perdiendo aquellas ventajas que nos distinguieron por mucho tiempo; me refiero a las ventajas comparativas. Lógicamente, esto requiere un esfuerzo significativo en recursos orientados a la investigación.
En este sentido, nuestro país está bastante lejos de las cifras que muestran los países industrializados, y está claro que el actual nivel de desarrollo y la competitividad a nivel internacional exigen el conocimiento como factor fundamental de la competencia futura. Por lo tanto, aquí hay un compromiso de Estado. Además, tenemos que buscar mecanismos que incentiven al sector privado a participar en el desarrollo de la investigación. En la actualidad, el ochenta por ciento de los investigadores se encuentra en las universidades, en circunstancias que en los países industrializados, normalmente, el cincuenta por ciento de ellos está en la empresa.
Esta responsabilidad debe ser compartida por el Gobierno, por las universidades y por los privados. Las universidades tienen la responsabilidad de ser capaces de desarrollar, además de la investigación básica, fundamental para el desarrollo, la investigación aplicada, que motive a los empresarios.
Por otro lado, los empresarios tienen la responsabilidad de entender que, en el futuro, la única manera de distinguirse será a través de la incorporación del conocimiento.
Otro factor fundamental está asociado al financiamiento de las universidades, lo cual, sin lugar a dudas, no puede estar vinculado al nivel de gastos, sino, principalmente, a los resultados que se puedan obtener de la universidad y, si son fondos fiscales, al aporte que estén haciendo respecto del servicio público.
Ese tema es realmente relevante, porque nos podría llevar a una situación bastante complicada si, en definitiva, los fondos exigidos responden más bien a un nivel de gastos que al compromiso que tenemos con el desarrollo del país.
Por otro lado, la inserción de Chile a nivel internacional es el único mecanismo que existe para asegurar un desarrollo significativo. En este sentido, las universidades están jugando un rol fundamental.
A través de programas de internacionalización de la universidad, vamos a lograr una mayor integración cultural entre los países, lo que va a facilitar enormemente la integración política y económica.
No son pocos los esfuerzos que están haciendo las universidades, en relación con su proyección al mundo; son muchos los programas de nuestras universidades en el extranjero, particularmente en países de la región latinoamericana; vale la pena destacar que la Universidad Federico Santa María ha desarrollado un campus en Guayaquil, Ecuador.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor rector, sólo le queda un minuto de su tiempo.
El señor ARATA (Rector de la Universidad Federico Santa María).-
Por problemas de tiempo, no podré desarrollar otros elementos que considero relevantes para el análisis de la situación actual y la proyección futura de la Educación Superior en Chile; sin embargo, me permitiré por lo menos puntualizarlos:
- Existencia de sectores de recursos limitados, especialmente de nivel socio-económico medio, que no pueden optar, bajo iguales condiciones, a créditos para financiar sus estudios.
- Períodos de formación profesional muy largos, que se contraponen con la acelerada generación de conocimientos. Es necesario considerar la formación continua y dual.
- Interés y oferentes de carreras que responden más bien a análisis económicos y de imitación que a los requerimientos futuros del país. Es necesario actuar a nivel de la educación básica y media.
- Baja utilización de la capacidad universitaria en el proceso de descentralización del país. Ésta debe transformarse en una palanca fundamental para el desarrollo de las regiones.
- Insuficiencia en la formación de profesionales de nivel medio de tipo técnicos, fundamentales para el desarrollo industrial del país. Nuestras cifras porcentuales son realmente alarmantes en comparación con países industrializados.
- Incentivar el rol de la Universidad y la cultura.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Educación, don José Pablo Arellano.
El señor ARELLANO (Ministro de Educación).-
Señor Presidente, estamos convencidos de la importancia que reviste la educación superior, porque es la cúspide de nuestro sistema educacional. En ella se forman los profesionales y se realiza la mayor parte de la investigación que se registra en el país.
Por ello, quisiera examinar, junto con ustedes, algunas de las principales tendencias que durante esta década vive, en particular, nuestro sistema universitario, ciertos desafíos que estamos enfrentando y las principales políticas que se están impulsando.
Tal vez, la característica más importante de esta década en nuestro sistema universitario esté reflejada en la enorme expansión de las matrículas y de la cantidad de alumnos que asisten a las universidades.
En el cuadro que tienen a la vista, se expone la cantidad de matrículas de pregrado en las instituciones universitarias, desde 1983 a 1988.
Ustedes pueden ver que, en la actual década, entre 1990 y 1999, la cantidad de alumnos en las universidades se ha más que duplicado, de ciento veintisiete mil a más de doscientos setenta mil.
En menos de una década, la cantidad de alumnos que cursan carreras de pregrado ha crecido tanto como en toda la historia anterior del país, desde la fundación de las primeras universidades. Por lo tanto, lo más importante, tal vez, de lo registrado en este período, es la enorme expansión de la matrícula, tanto en las universidades del Consejo de Rectores, como en las nuevas universidades privadas, creadas después de 1980.
Hoy, más del doble de jóvenes están en nuestras universidades siguiendo carreras de pregrado, conducentes a obtener un título profesional.
Otro ámbito, el del posgrado, es de enorme importancia, porque ahí se forman quienes serán formadores en las universidades. El posgrado -al igual que el doctorado y el magíster- es una formación que sólo se registra en las universidades del Consejo de Rectores y aquéllas de más tradición. En lo que va corrido de la década, las cifras no sólo se duplican, sino que se triplican. De más de dos mil estudiantes que cursaban carreras de posgrado, hoy superan los seis mil, un número todavía insuficiente si queremos abordar el desarrollo futuro de nuestro país, tema al cual me referiré en un momento más.
En cuanto a los postítulos, durante la década actual se ha observado un fuerte crecimiento de ellos, los cuales cobran cada vez más importancia en un sistema que debe tender a la educación permanente, para toda la vida. Triplicar la cantidad de alumnos en cursos de postítulo, principalmente en las universidades del Consejo de Rectores.
Por lo tanto, lo primero que caracteriza a este período de desarrollo universitario del país es la fuerte expansión del número de alumnos, que se ha más que duplicado. Si observamos el número de alumnos de primer año y lo comparamos con los que están terminando el cuarto medio, podemos apreciar que, por cierto, ha crecido de manera significativa la cantidad de alumnos que terminan su enseñanza media: 140.000 el año pasado, que es un número récor. Gracias a la disminución de la deserción escolar y de la repitencia y a los esfuerzos realizados en las últimas décadas, algo más de la mitad de los jóvenes que terminaron su enseñanza media se matriculó en las universidades. En los años 80 esa cifra era de alrededor del 30 por ciento. Este porcentaje sirve para ilustrar y demostrar el fuerte crecimiento experimentado en la matrícula durante estos años.
Pero este importante crecimiento no sólo se reduce a la matrícula, sino que también a una importante diversificación de las instituciones universitarias: de unas ocho universidades tradicionales a un considerable número de instituciones creadas con posterioridad a 1980. Hoy día, la mayor parte de nuestras universidades -es importante tenerlo en cuenta- son instituciones jóvenes, derivadas de instituciones como la Universidad de Chile y la actual Universidad de Santiago, que alcanzan a un total de 17.
Pero aparte de la diversidad de instituciones, también se ha originado un aumento de la oferta educacional relacionada con nuevas carreras y programas, en especial en regiones.
Me gustaría demostrar con cifras -por lo general, no se conocen suficientemente a nivel nacional- la forma en que se ha distribuido la matrícula de las universidades del Consejo de Rectores, en regiones y en la Región Metropolitana. En la transparencia podemos ver el enorme aumento de la matrícula registrado en esta década en las universidades de regiones: en las universidades del Consejo de Rectores, de 67.000 a 121.000, hasta 1998. La mayor parte del crecimiento se ha registrado, precisamente, en las regiones, abriendo oportunidades a jóvenes que antes no las tenían y, por lo tanto, debían desplazarse hacia la Región Metropolitana. Otro tanto ocurre con las universidades privadas de más reciente creación; también se ha registrado un aumento de la matrícula en regiones, aunque en menor medida, debido a que están concentradas principalmente en la Región Metropolitana. Caracterizamos, entonces, este período con una fuerte expansión y diversificación de la matrícula.
Estas tendencias de crecimiento y diversificación, aunque no tan acentuadas como en nuestro país, también se pueden observar internacionalmente, y caracterizan el desarrollo del mundo universitario de las últimas décadas. Pero esta diversificación y crecimiento -es importante registrarlo- no sólo se traduce en una expansión de las universidades complejas y completas -según el modelo que se ha venido desarrollando desde Von Humboldt, en el siglo XIX-, sino que en la creación de un nuevo tipo de instituciones universitarias: las docentes y las especializadas. Es el caso de muchas de las nuevas instituciones derivadas que están en regiones, que han desarrollado una fuerte identificación con su realidad. Naturalmente, este cambio de modelo crea tensiones, porque de alguna manera rompe con la tradición que había acompañado a nuestro sistema universitario -como señalé- desde el siglo XIX, con el modelo que desarrolló Von Humboldt. Surgen, también, nuevas profesiones y carreras, acorde con las nuevas necesidades del mercado de trabajo, de la nueva realidad y de los cambios producidos en la sociedad.
Pero este rápido crecimiento de las matrículas en la educación superior experimentado en todo el mundo y, ciertamente, en nuestro país -me referiré a ello en un momento más-, ha creado sobre el Estado una presión muy fuerte por más recursos. Por lo general, los Estados no han podido financiar en su totalidad ese fuerte aumento de la matrícula registrado en la mayor parte de los países. Quiero citar un caso europeo -conocido por el desarrollo de su sistema educacional-, donde los aportes del Estado por alumno han venido experimentando una rebaja prácticamente sin excepción durante los últimos veinte años, lo que condujo a que muchos países industrializados introdujeran o estén introduciendo sistemas de aranceles para que los alumnos contribuyan al financiamiento de la educación superior. Por lo tanto, la tendencia internacional coincide con lo que observamos en nuestro país: expansión y diversificación.
Como una forma de orientar los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de nuestra educación, durante esta década hemos dado prioridad a la educación básica y media; primero a la básica; luego, a la media, y más recientemente a la superior. Pero esto no significa desconocer la importancia de nuestra educación superior -voy a ilustrarlo en un momento con algunas cifras-, sino que es necesario dar prioridad a nuestra educación básica y media. Lo hemos hecho movidos por un concepto de equidad, porque sabemos que los más pobres a veces ni siquiera llegan a la educación media y menos a la superior; porque consideramos indispensable asegurar el éxito en la base del sistema antes de invertir en la educación superior, y porque tenemos la percepción de que el atraso relativo existente en nuestra educación básica y media es mayor que en la superior.
Voy a ilustrar a la Sala con algunos datos relacionados con la inversión realizada por alumno en los distintos niveles educacionales: básico, medio y universitario.
La transparencia muestra un cuadro comparativo de lo que invierten por alumno, al año, varios países industrializados y Chile, expresado en dólares. Podemos ver que el promedio de los países industrializados de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Oecd, en el nivel primario, llega prácticamente a 3.600 dólares. En nuestro país la cifra es de casi la mitad. Lo mismo ocurre con la educación media: 4.900 dólares los primeros, y 2.000 dólares nuestro país. En cambio, en la educación superior la brecha es mucho menor, encontrándonos en niveles bastante más cercanos a los de los países industrializados.
Por lo tanto, movidos por un mayor atraso relativo y por la mayor necesidad de invertir en el mundo de la educación básica y media, hemos dado también prioridad relativa a la inversión en esos sectores durante los primeros años de la reforma educacional.
Sin embargo -pasamos a la siguiente transparencia-, durante esta década hemos hecho un esfuerzo sistemático y creciente por aumentar los recursos destinados a la educación superior.
El cuadro muestra -espero poder distribuirlo a los señores diputados- la inversión realizada en educación superior durante la década -desde 1990 a 1999- por los distintos conceptos en que el Estado invierte en la educación superior, año a año.
¿Qué nos muestra el cuadro? En primer lugar, que el aporte directo que recibe cada una de las universidades del sistema tradicional -es decir, las universidades del Consejo de Rectores-, ha experimentado un aumento sistemático todos los años, por encima del Índice de Precios al Consumidor, IPC, como una manera de satisfacer las necesidades de recursos de las universidades, conforme a los reajustes reales de remuneraciones registrados en el país durante esta década. Nos indica, además, que el aporte fiscal indirecto -AFI-, respecto del cual hay una serie de cuestionamientos y dudas, prácticamente se ha mantenido constante; incluso, en los últimos años, ha experimentado algún decrecimiento.
Aparte del aumento de los recursos correspondientes al aporte directo, ¿dónde hemos puesto nuestro principal esfuerzo? En las ayudas estudiantiles y en la creación de un nuevo fondo para el desarrollo de las universidades. Las ayudas estudiantiles han crecido sistemáticamente durante toda la década; asimismo, durante los últimos dos años se han creado nuevos programas de becas, como el programa Juan Gómez Millas, dirigido a alumnos que provienen de la enseñanza media subvencionada, que tienen buenas notas, que están entre los mejores de sus cursos y que tienen altos puntajes de ingreso a las universidades. Se trata de un nuevo programa de becas, que alcanza ya a 2.500 estudiantes. Hemos desarrollado un programa de becas para jóvenes talentosos que quieran estudiar pedagogía y para hijos de profesores, aprobado por el Parlamento.
Las ayudas estudiantiles en los últimos dos años, 1998 y 1999, han crecido, producto de esta política, en el 40 por ciento, en términos reales. Repito, en el 40 por ciento, en términos reales. De esta forma, actualmente hay 110 mil estudiantes universitarios en las universidades tradicionales, en las universidades del Consejo de Rectores, que reciben una combinación de créditos, becas u otra forma de ayuda estudiantil.
En los últimos cuatro años, gradualmente, las ayudas estudiantiles a través del sistema de créditos se han focalizado en aquellas universidades donde están los alumnos que tienen mayores necesidades; se han reorientado. Frente a universidades que, por razones históricas, recibieron una cantidad importante de recursos para créditos, otras, adonde van alumnos de menores ingresos, han aumentado considerablemente los recursos para el fondo de crédito solidario.
Por lo tanto, hay un 40 por ciento de crecimiento de ayudas estudiantiles en los últimos dos años y una focalización hacia donde están los alumnos más necesitados. En este mismo sentido, hemos desarrollado un sistema, a través del sistema bancario, de créditos complementarios para alumnos de niveles de clase media a media alta, que tienen dificultades para pagar los aranceles a través del sistema bancario, con un refinanciamiento de cuotas.
En el campo del desarrollo universitario, en cuanto a recursos para inversión, se creó, y ha venido creciendo sistemáticamente, un fondo de desarrollo institucional de las universidades. Además, en los últimos años, se ha abierto la posibilidad de que los gobiernos regionales, ocupando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, aporten a la inversión de universidades en sus propias regiones. De tal forma que este año estimamos que más de 20 mil millones de pesos se invertirán en las regiones por medio de estos mecanismos de desarrollo institucional. Nada de esto existía, como programas del Estado, a principios de la década.
Así, movidos por la necesidad de fortalecer los esfuerzos en materia de calidad y equidad -calidad porque hemos visto el fuerte crecimiento en la cantidad de estudiantes- tenemos que asegurar que la educación que reciben los alumnos sea del más alto nivel, de excelencia. Por eso, con el apoyo del Banco Mundial, hemos impulsado, sobre la base de un proyecto que hemos denominado Mece Educación Superior, un programa para fomentar, asegurar y garantizar la calidad de los estudios en la educación superior. Calidad y equidad, y por eso el fuerte aumento de recursos en equidad en los últimos dos años, en el cual nos proponemos continuar con vista al Presupuesto del año 2000. Equidad, a través de la creación de nuevas becas y de la focalización a que hacía referencia.
En materia de asegurar la calidad, estamos actuando tanto en el ámbito del fomento, a través de la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento de proyectos a mediano plazo, que denominamos convenios de desempeño, en los cuales la universidad se compromete con el Estado a desarrollar una determinada área, para lo cual recibe recursos en un programa de mediano plazo a tres años plazo, que estimamos indispensable que sea un programa cooperativo, de colaboración entre las instituciones, en que nuestras universidades -porque no tenemos la posibilidad de duplicar y no hay recursos humanos de alta calificación en todos los campos- puedan colaborar y cooperar en la formación de programas, tanto de pregrado como especialmente de posgrado; que las universidades, para este objeto, elaboren un plan estratégico de desarrollo, como lo están haciendo desde el año pasado. No era una obligación de nuestras universidades tener un plan estratégico de mediano plazo, un plan de desarrollo.
En este ámbito del fomento, queremos promover especialmente los programas de doctorado, porque tenemos ahí una falencia como país, y es indispensable, porque ellos son los formadores de los futuros profesionales, y también un programa para fortalecer la formación de técnicos. Si bien me he referido principalmente al ámbito universitario, en el de la educación superior estimamos indispensable la formación de técnicos de nivel superior, de excelencia.
Paralelamente, en este mismo esfuerzo, como se puede apreciar en ese cuadro, desde el año pasado estamos apoyando un programa fundamental para el desarrollo de nuestro sistema educacional y de la reforma educacional, a través del programa de formación inicial de los docentes. Todas estas iniciativas apuntan al fomento de un sistema de calidad en nuestra educación superior, para dotar de recursos, en una perspectiva de mediano y largo plazo, del desarrollo universitario; pero estimamos indispensable fortalecer la regulación a que están sujetas nuestras instituciones de educación superior. Es necesario establecer mecanismos de aseguramiento de calidad, que nos garanticen estándares de nivel internacional en nuestra educación superior y universitaria. Para ello, hemos creado una comisión de alto nivel para la acreditación de programas de carreras, de programas de tipo universitario y de educación superior. Necesitamos esta regulación y esta acreditación de programas para dar garantías a nuestros alumnos, para elevar los estándares allí donde es necesario, para mantener y elevar el prestigio de nuestras instituciones de educación superior a nivel internacional. Así, podremos propiciar estudios entre países; prestigiar los títulos de nuestras instituciones y atraer alumnos, tal como hoy ocurre, desde otros países. Lo necesitamos para lograr una creciente movilidad entre instituciones nacionales e internacionales.
Esta preocupación por el fomento de la calidad es doblemente importante, en un momento como el actual, en un período como el actual, en que los cambios tecnológicos están impactando de manera extraordinaria en nuestra educación superior. Estas nuevas tecnologías afectan la necesidad de revisar los currículum de nuestras instituciones universitarias y de educación superior, e introducen nuevas formas de investigar y enseñar.
No tengo tiempo para detenerme más en este tema, pero lo estimo de extraordinaria importancia, porque modificará y está modificando de manera esencial el mundo de la educación superior.
No quiero terminar sin antes referirme a una situación coyuntural referida a las ayudas estudiantiles en el curso de este año. Tal como lo indiqué, dichas ayudas, a través de los créditos y becas, han crecido por encima del IPC, en términos reales, en el 40 por ciento, entre el año pasado y este año. Aún así, varias universidades han recibido demandas adicionales de créditos superiores a lo que estaba previsto, demandas que están asociadas, fundamentalmente, a que estudiantes de cursos superiores, en virtud de la forma en que la crisis asiática ha afectado a las familias, han recibido un aumento de crédito por encima de lo recibido en años anteriores.
En virtud de esta situación, hemos pedido a las universidades que enfrentan esa situación, que nos hagan llegar las necesidades adicionales de crédito, conforme a este mecanismo que focaliza, que asigna a aquellos alumnos que tienen reales necesidades de crédito. Varias universidades, un total de 16, en un plazo adicional, nos han hecho llegar sus necesidades de fondos para este propósito.
Hemos indicado que la fuente de financiamiento para estas mayores necesidades de crédito, en esta situación coyuntural y puntual, que se ha creado a raíz de la crisis asiática, deben destinarse conforme a los recursos disponibles en el fondo de desarrollo institucional. Es así como tenemos una solicitud de fondos de alrededor de 1.200 millones de pesos, y es nuestra decisión acoger todas esas peticiones de recursos de manera inmediata, para que las universidades puedan atender esas demandas adicionales de ayudas estudiantiles y proceder a asegurar que los alumnos que las han requerido, y que tienen motivos para hacerlo, en virtud de esta situación que afecta a sus familias por la crisis asiática, tengan la garantía de que cuentan con los recursos para asegurar, desde todo punto de vista, el financiamiento necesario para costear esos aranceles.
De esta manera, creemos que estamos haciendo justicia, asegurando ese objetivo de guía que nos parece indispensable, y que orienta nuestro énfasis en materia de educación superior, para que esos alumnos que enfrentan esa situación, de acuerdo con lo que las universidades, en las cuales ellos estudian, han dimensionado, puedan contar con los recursos para suplementar los del fondo solidario de créditos.
Gracias.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , la universidad es una comunidad de maestros y estudiantes que organizan su vida y sus actividades cotidianas, en torno a la enseñanza-aprendizaje de alto nivel, al estudio del patrimonio cultural de la humanidad, a la investigación científica, tecnológica y humanística, y a la formación de cuadros profesionales de reemplazo, que conducirán a la sociedad en el mañana.
De lo anterior se desprende que cuatro son las tareas básicas de una universidad: formar profesionales de alto nivel; transmitir cultura mediante el asesoramiento, cultivo e incremento de los valores éticos, estéticos y cívicos que constituyen el patrimonio de la humanidad; producir un diálogo intergeneracional que asegure a toda la sociedad su continuidad y que se pueda perpetuar en el tiempo, y contribuir, mediante la investigación activa, al logró de dos propósitos: 1) generar nuevos conocimientos dedicados al progreso espiritual y material de la humanidad en que se inserta la universidad, y 2) procurar satisfacer los requerimientos de la humanidad para conseguir una vida mejor y más digna para todos los hombres.
Ya lo decíamos en nuestro discurso de inauguración de la Jornada Temática sobre Desafíos de la Educación Superior en Chile, realizado el año pasado en esta misma Sala. Las universidades deben tener un importante papel en el desarrollo de nuestra capacidad para generar y producir conocimientos basados en valores. Así, el estudiante universitario no sólo debe ser un joven con conocimientos, sino también respetuoso del derecho ajeno y consciente de que la ley de la selva no es el medio adecuado para hacer valer sus pretendidos derechos, aun cuando estén agotados los demás recursos. El saber debe estar orientado en la perspectiva de una sociedad con valores y con un respeto creciente e irrestricto de los derechos ciudadanos y de la democracia. Esta no puede ser concebida como la libertad de hacer lo que se nos dé la gana, sino de escoger libremente entre opciones valóricas.
Hasta 1980 existían ocho universidades en el país, entre públicas y privadas, asociadas en el Consejo de Rectores y financiadas mayoritariamente por el Estado. La dictación del DFL Nº 1, el 30 de diciembre de 1980, permitió la creación de más de cincuenta nuevas universidades. Dos ideas orientaron la reforma: 1) hacer más competitivo el sistema de educación superior a fin de que la competencia contribuyera a mejorarlo, y 2) inducir a las universidades existentes hasta ese momento a que comenzaran a hacer esfuerzos planificados y significativos para conseguir una parte importante -y con el tiempo, mayoritaria- de sus recursos en la esfera privada, ya sea por concepto de aranceles, de asistencia técnica o de gestión de proyectos con entidades externas a la universidad, tanto nacionales como internacionales.
A partir de la nueva legislación, comenzaron a formarse nuevas corporaciones universitarias en Santiago y en el resto del país. También se constituyeron en centros independientes, universidades que hasta entonces eran sedes regionales de las Universidades de Chile y Técnica del Estado.
Algunas universidades creadas a partir del DFL Nº 1, han devenido en auténticas universidades de muy buen nivel académico, de gran seriedad y rigor en la formación de sus profesionales, incluso, están comenzando a investigar, como es el caso de la Universidad Diego Portales, de Los Andes, Andrés Bello y otras. Sin embargo, muchas de las universidades creadas a partir de 1980, se han quedado en una etapa primaria, limitándose a formar profesionales; no han invertido razonablemente en la estructura que requieren esos planteles y tampoco han realizado esfuerzos apreciables por mejorar el nivel científico de su personal académico mediante becas de entrenamiento y posgrado. A su vez, las llamadas universidades tradicionales también han sufrido las consecuencias de no poder renovar sus investigadores por falta de recursos para pagar las indemnizaciones necesarias.
Del antiguo sistema, la mala incorporación de las universidades derivadas y privadas creadas a partir de 1980, surge una situación curiosa, y es que hoy existen en Chile tres tipos de universidades, bien diferenciadas. Por un lado, las universidades del Estado, de derecho público, como la Universidad de Chile, la USACH, la Universidad de la Frontera, la de Talca y otras. Por otro lado, las antiguas universidades de derecho privado, pero que reciben significativos aportes del Estado como la Universidad Católica de Chile, la de Concepción, la Austral de Chile y otras, y por último, las nuevas universidades privadas nacidas con posterioridad a 1980, llamadas particulares para diferenciarlas de las segundas. Estas últimas no reciben aporte alguno del Estado aunque puedan beneficiarse indirectamente de algunos de los 27 mil 500 mejores alumnos de la Prueba de Aptitud Académica, que conllevan un aporte fiscal indirecto.
Descartadas estas últimas universidades, a las que la ley marco en trámite legislativo no alcanza, queda por resolver si dicha ley debe o no alcanzar a las llamadas universidades privadas, pero de educación pública, que siempre han recibido y continúan recibiendo significativos aportes directos del Estado, como la Universidad Católica de Chile, la de Concepción, la Austral de Chile y otras. Si el Estado les retira su aporte anual, se verán en serias dificultades financieras. Han sido llamadas complejas junto a algunas universidades estatales, precisamente, porque realizan las tres funciones básicas de la universidad, esto es: enseñar, transmitir cultura y formar doctores mediante el cultivo de la ciencia y tecnología. Estas universidades han demostrado eficiencia en todos los niveles académicos en las últimas décadas y no parecería justo que perdieran este aporte que les hace el Estado como reconocimiento, precisamente, a su labor pública. El carácter público de una universidad no está determinado sólo por su fuente de financiamiento; el bien común es un bien público. Las universidades privadas con financiamiento estatal no tienen fin de lucro y, en consecuencia, de algún modo persiguen un bien público: contribuir a la educación de los chilenos. Esto es importante porque si no existieran universidades privadas, el Estado tendría que destinar gigantescos recursos para suplir las tareas que cumplen las privadas. Resulta una simplificación inaceptable postular que el carácter público de una institución está dado sólo por su fuente de financiamiento: los partidos de fútbol son actos públicos, pero no los financia el Estado; de igual forma las primarias de la Concertación son un acto público, pero no es financiado por el Estado.
En un país de escasos recursos como es Chile, es imprescindible que los privados concurran a tareas que son públicas en sus efectos y consecuencias, ya que si no contribuyen a ella, el país se empobrece porque el Estado no tiene capacidad para asumirlas en su totalidad. En un escenario futuro globalizado en que deberán actuar los jóvenes del mañana, una de las tareas más importantes para la universidad es ser capaces de entregar profesionales que puedan interactuar de igual a igual, es decir, con la misma calidad de su contraparte internacional que será su interlocutor. Es necesario asegurarse de que no habrá dependencia de conocimiento porque, de existir, el país subyugado, jamás se podría liberar.
Para mejorar la calidad de las universidades, es necesario buscar un procedimiento que evite la creación inorgánica de carreras sin financiamiento ni proyección profesional. Esas nuevas carreras son las que crean falsas expectativas en los jóvenes: ingresan a ellas, no tienen recursos, piden crédito y como la universidad no puede dárselos, ni el Estado tiene cómo entregar más recursos, se generan las huelgas. El eslogan “universidad para todos”, es la expresión de la ignorancia demagógica más formidable que haya conocido en mis 34 años de docencia universitaria. La universidad no puede ser para todos, debe ser para los más capaces; sin embargo, las limitaciones económicas no pueden transformarse en un obstáculo para que estudien quienes no tienen recursos. Quienes tengan capacidad para ello y dotes intelectuales para ingresar a la universidad, deben saber con anticipación de qué cantidad de dinero entregada por el Estado disponen y sobre esa base elegir la que les dé más confianza. Sólo así mejoraremos la calidad de la educación en Chile, evitaremos las huelgas, la entrega de recursos directos a las universidades con prescindencia de los estudiantes a quienes efectivamente deben entregarse esos recursos para que ellos elijan la mejor universidad, y así habrá una competencia legítima de las universidades en función de su mayor calidad.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , las ramas no dejan ver el tronco, obviamente. En general, no me referiré al tema global que nos convoca: analizar el sistema de educación superior.
Después de escuchar ayer, en la Comisión de Educación, a los máximos dirigentes estudiantiles de las universidades llamadas tradicionales, me referiré fundamentalmente al tema del financiamiento y que, en cierto modo, ha sido eludido en forma reiterada en mis Gobiernos de la Concertación. Se le ha dado más prioridad -a lo mejor con justa razón- al tema de la ley marco; pero el tema que inquieta, que llega, rompe las calles y tiene paralizado el sistema en gran parte, es el problema del financiamiento.
¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué dijeron ayer? Hemos tomado nota. Reconocen que el Gobierno ha aumentado considerablemente año a año los ingresos que destina a la educación, pero también reconocen -porque no tienen un pelo de tontos- que el financiamiento que el Gobierno otorga al sistema universitario, ha decrecido, ha disminuido por alumno, en términos reales, y ello es efectivo. ¿Por qué? Porque en 1960, el 1,2 por ciento del PGB iba para educación superior, y hoy sólo se invierte un 0,67 por ciento del mismo PGB -estadística que no figura en los cuadros que mostró el señor Ministro -, y eso es lo que se debe mejorar.
En segundo lugar, los jóvenes manifestaron que las universidades se han obligado -como señaló el distinguido Diputado señor Krauss - a competir desde 1980 para autofinanciarse, aumentando en consecuencia indiscriminadamente el número de carreras y alumnos, con el objeto de lograr mayores recursos privados. Ello también es efectivo.
Hoy los alumnos, en general, costean dos tercios y el fisco sólo un tercio del valor de los aranceles. Antes, el Estado aportaba el 60 por ciento del valor de los estudios en general y el resto lo pagaban los alumnos mediante aranceles razonables y existía la posibilidad de eximir de estas obligaciones a los alumnos de familias de escasos recursos.
En tercer lugar, contrariamente a lo señalado por el rector de la Universidad Federico Santa María aquí presente -lamentablemente, no pudo ingresar a la Sala otro rector del sistema fiscal propiamente tal, porque la UDI no dio la unanimidad para ello-, los alumnos dijeron que hay crisis en el financiamiento universitario. Nuevamente, ello también es efectivo si se tienen en vista los siguientes puntos:
Primero, sólo en la Usach se retiraron este año, por razones económicas, mil alumnos; segundo, se imparten carreras en forma indiscriminada, como periodismo, malgastándose recursos que son escasos. Con el criterio de no acotar el número de carreras, aunque dupliquemos el esfuerzo económico en los próximos años, éste siempre será escaso; tercero, los alumnos dijeron que hay merma en la inversión en investigación, la cual casi ha desaparecido; cuarto, reclamaron porque a través del Mece superior se pretende otorgar financiamiento a centros de formación técnica privados, instituciones con fines de lucro que debieran autofinanciarse; quinto, señalaron que se pretende traspasar -el Consejo de Rectores lo ha aceptado- los fondos del desarrollo institucional de las universidades para aumentar los fondos destinados a créditos solidarios y becas de aranceles y alimenticias. Eso es desnudar un santo para vestir otro.
Además, se otorgan créditos Corfo a través de bancos, los que obviamente no son fondos solidarios por esencia, lo cual queda demostrado porque lo aprovechan fundamentalmente los estudiantes de derecho e ingeniería.
Se otorgan créditos solidarios y becas sólo a alumnos de familias ubicadas en el primer y segundo quintil más bajo de ingresos económicos. Luego, los hijos de un matrimonio de profesores, por ejemplo, que entre ambos pueden ganar alrededor de 350 mil pesos, no tienen derecho a un crédito fiscal, porque superan el nivel del segundo quintil.
Es decir, el problema real que enfrentan las universidades es, absolutamente, de carácter económico.
Los alumnos proponen las siguientes medidas:
Aumento del presupuesto destinado al fondo solidario del crédito universitario y aumento de becas por aranceles y alimentación. Como fuente de financiamiento rechazan el aumento del 1 por ciento del IVA, aunque produzca 300 millones de pesos, porque afecta a los sectores más necesitados.
Aumento del impuesto a las utilidades que hoy pagan las empresas, porque es muy bajo en relación con el de otros países y, en definitiva, son las que se benefician con el producto de la educación superior, pues reciben profesionales sin que a ellos les cueste un peso y que el país, con mucho esfuerzo, se los pone a su disposición gratuitamente.
En el día de ayer entregamos una minuta a cada uno de los estudiantes dirigentes de las 25 universidades, en la cual les pedimos que entreguen datos precisos sobre el número de alumnos, de créditos otorgados, de becas entregadas, de becas necesarias para atender los requerimientos de la población estudiantil universitaria, pues no existen antecedentes al respecto. Las universidades entregan un dato; el Ministerio, otro y los alumnos, otro. Es necesario que la Cámara, a través de la comisión respectiva, tenga las cifras exactas, con el objeto de buscar una solución al problema.
Los jóvenes reclaman que nuestro Parlamento no ha asumido un compromiso real con ellos y que, en general, los adultos no se preocupan de las nuevas generaciones. Este tema debe preocuparnos y obligarnos no a declaraciones románticas, de principios, con bellos discursos, sino a asumir un plan de acción que permita, a lo menos, que estudien dentro del sistema de educación superior los jóvenes que tienen capacidad para ello.
He dicho.
(Aplausos).
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBAÑEZ .-
Señor Presidente , hoy nos reunimos de manera especial para tratar los problemas de la educación superior chilena. En verdad, nos reunimos porque en las universidades estatales y en aquellas dotadas de financiamiento fiscal directo existe un severo problema financiero, que ha impedido aumentar en esos planteles los recursos destinados a dar becas y créditos subsidiados a muchos alumnos de escasos recursos.
Por eso, hemos sido testigos en estas últimas semanas de violentas manifestaciones protagonizadas por estudiantes de esas universidades, que amenazan con radicalizarse aún más.
Sin perjuicio de comprender la angustia que sufren muchos de esos jóvenes y sus familias, que con frecuencia llevan sus sacrificios a límites extraordinarios, no podemos callar más la verdad sobre este punto. El problema dista mucho de ser de financiamiento. Estas instituciones reciben anualmente -lo acabamos de escuchar- alrededor de 500 millones de dólares de parte del Fisco, a lo cual ellas agregan otros 600 millones de dólares que perciben por el cobro de aranceles.
Es decir, disponen de la enorme suma de 1.100 millones de dólares anuales y quieren aun que sea el resto del país el que les aumente el financiamiento.
Sin ambages, afirmo que no requieren ni un peso más de financiamiento. Lo que necesitan es mejorar la gestión de esos cuantiosísimos recursos, hoy dilapidados muchas veces sin sentido ni destino.
Para conseguir ese objetivo, el camino no es otro que traspasar a los mismos estudiantes el subsidio que el Estado entrega hoy a las instituciones, de manera que compitan entre ellas mejorando su calidad y bajando sus precios para conquistar a los alumnos.
No se puede seguir entregando más recursos de los que ya ha recibido un sistema que, en general, ha demostrado una gestión muy deficiente. Las carencias que hoy padece el mundo universitario financiado por el Estado son similares a las que padecen el área de la salud y de la educación, entre otras.
Es la persistencia de enclaves socialistas en estos cruciales campos de la vida pública lo que causa la dilapidación de recursos, la mala calidad del servicio, y la desorientación general que domina a sus respectivas administraciones. Todo ello sin perjuicio, por cierto, de la muy buena voluntad que, no hay por qué dudarlo, anima a sus directivos.
Paralelo a este sistema universitario financiado por el Estado, ha surgido en los últimos 18 años un sistema privado de educación superior que, sin ruido ni estridencias, y sin pedirle casi un peso al Fisco, ha podido levantar instituciones de tanta o mejor calidad que las antiguas -esto lo afirmo con toda certeza- y ha permitido que esa inmensa masa de jóvenes, que tradicionalmente quedaba al margen de toda educación superior, hoy disponga de ella en una cantidad y variedad que parecía imposible alcanzar.
Y lo ha hecho, a pesar de competir con el antiguo sistema tan fuertemente financiado por el Estado y de cobrar aranceles que, en promedio, no son mucho más altos que los que ahora se cobran en el sistema estatal. Es decir -y la conclusión cae por su peso-, lo ha hecho a un costo por alumno inmensamente menor. Así, el país ha podido pasar de 110 mil alumnos universitarios que tenían los planteles tradicionales en 1983, a 275 mil.
A pesar de la elocuencia de las cifras, el Gobierno ha creado una institución denominada Consejo Superior de Educación, destinado a supervigilar a estas instituciones que no le significan un peso, mientras no hace nada para supervigilar a aquellas que a todos los chilenos nos cuestan cifras tan altas como las ya mencionadas. Es un ejemplo de cómo se ve la paja en el ojo ajeno sin notar la viga en el propio.
Pero no quiero dejar pasar esta ocasión sin hacerme cargo de algunas de las acusaciones que se han hecho en esta Sala a las universidades privadas. Por ejemplo, que se han concentrado en impartir carreras de tiza y pizarrón. Quienes así lo afirman -el Diputado señor Krauss , entre otros-, lo hacen porque en las universidades a que están acostumbrados, esas carreras sí son de tiza y pizarrón y no pueden concebir que en otros lugares se impartan de una manera distinta, mucho más profunda, más personalizada, como sucede en muchas universidades privadas. Al hacer esa acusación, quienes se acusan son los mismos acusadores.
Es cierto que ha habido uno que otro problema en algunas instituciones privadas. Sin embargo, han encontrado adecuada solución sin gravar las arcas fiscales. Lo que habitualmente ignoramos es que año a año quiebran planteles públicos y que el Fisco, a pesar de todo, debe meter la mano en el bolsillo del contribuyente chileno para financiar la ineficiencia.
Tampoco es posible alegar que las instituciones privadas -las nuevas- buscan el negocio y que, en cambio, las llamadas públicas buscan el interés nacional.
El rector Arata ha hablado de las instituciones privadas que buscan el interés nacional, como si las otras privadas no lo hicieran. Torpe falacia -me perdonará mi antiguo colega-, cuya aplicación histórica sólo ha dejado una estela de ruina, pobreza, envilecimiento y atraso.
Es hora ya de aplicar de manera integral en el campo universitario las experiencias que en tantos otros campos han mostrado éxito. Mientras se mantenga este contexto de estatismo, es irrisorio hablar de un programa de mejoramiento de calidad o de acreditación.
La gratuidad en la educación superior, como en muchas partes, ha terminado constituyendo un costo tremendo no sólo para las mismas instituciones, sino para todo el país, que se ha pagado en dinero y en una permanente baja de calidad.
Creo que los verdaderos problemas de la educación superior chilena son muy distintos, aunque su origen lo radico en el carácter tradicionalmente estatista que ella ha tenido.
En el tiempo que me resta, quiero enumerar algunos y, desde luego, pedir una sesión extraordinaria para tratarlos con mayor profundidad, porque lo que aquí hemos oído no es más que lo mismo.
Quiero referirme de nuevo, en especial a la intervención del Diputado señor Krauss , quien, con lo que dijo, demuestra una ignorancia cabal -no se la imputaré sólo a él, porque es muy generalizada- sobre los graves problemas de nuestra educación superior.
En primer lugar, un hecho dramático: el alumno promedio de cada generación que egresa de la educación media obtiene, por definición, 500 puntos en la prueba de aptitud académica. Es decir, quien obtiene 501 puntos es ya un alumno por sobre el promedio. Sin embargo, todos sabemos que con menos de 650 puntos se es nadie en las universidades. Este tema, que es fundamental, nunca ha tenido la menor consideración de parte de las autoridades del Ministerio de Educación ni de nuestros políticos, aun en el caso de las pedagogías, que por sí solas constituyen una gravísima tragedia, la que deberemos abordar muy pronto.
La conclusión cae por su peso: nuestro sistema de educación superior ha estado por décadas desligado de la educación media a la que siempre se le echa la culpa por lo que se denomina la mala preparación con que llegan los jóvenes a la universidad, afirmación completamente falsa, porque el error está por el lado de la educación superior, la que por mantener un carácter abrumadoramente profesionalizante ha provocado este brutal desencuentro entre los programas de uno y otro nivel de educación. Por ello, durante décadas miles de alumnos quedaron sin ingresar a las aulas, la deserción por motivos vocacionales ha sido inmensa y, por eso también -el colmo de las paradojas-, el orgullo de las instituciones tradicionales de educación superior se ha radicado no en la cantidad de egresados y titulados que producen, sino en la cantidad de alumnos que masacran en el camino: mientras menos egresen, más prestigio adquiere la institución.
Ello se debe, en primer lugar, a que nuestro sistema de educación superior está organizado sobre la base de apostar a que el alumno sólo concurre una vez en la vida a la universidad, a una licenciatura omnicomprensiva, profesionalizante, sobrecargada, que no deja espacio ni temas para que el alumno pueda volver periódicamente a ella. En segundo lugar, a la carencia de cuerpos profesionales de profesores. La gratuidad del sistema universitario ha provocado que nuestros profesores, con la mejor voluntad, el mejor ánimo y el mejor espíritu, sean, sin embargo, aficionados en el campo de la enseñanza y de la vida académica. La universidad chilena -no nos engañemos- no tiene cuerpos mayoritarios de profesores profesionales, y mientras no los tenga no podrá adquirir la calidad que requiere.
También hay carencia de programas de posgrado. El Ministro se enorgullecía de los números que nos mostró en materia de posgrado. Son números que avergüenzan a un país. Tener cinco mil alumnos de posgrado cuando hay 275 mil en pregrados constituye un grave fracaso de nuestro sistema de educación superior, porque al menos la mitad de esos 275 mil debería hacer posgrados, pero apenas tenemos un 2 por ciento dedicado a ello. Eso se debe, nuevamente, al estilo de licenciatura de pregrado.
Esta conjunción de dos factores -ausencia de cuerpos profesionales de profesores y de programas de posgrado- impide que en nuestro país haya una corriente de programas de investigación exitosos y debidamente fuertes, pues cualquiera que pertenezca al mundo universitario sabe que para que eso ocurra se requieren alumnos de posgrado ya maduros y profesores profesionales.
En los últimos años, nuestra educación superior ha solucionado algunos de sus problemas cuantitativos.
Contra lo que sostenía el Diputado Maximiano Errázuriz , afirmo categóricamente que la universidad debe ser para todos, que todos deben acceder a la educación superior y que gracias a Dios y a las universidades privadas hoy en nuestro país así sucede. Pero se requiere con urgencia abrirse a cambios cualitativos, a cambios en el modelo de la educación superior que caracteriza a nuestro país. Las universidades privadas no han podido hacerlo, porque hay una legislación que les impide ir más a fondo en este campo, como aquélla que ata la concesión de títulos profesionales a la consecución de las licenciaturas de pregrado ya señaladas y que impide, entonces, una formación profesional cuando se es más adulto, a través de los programas de posgrado.
Como último tema, quiero referirme a la crítica en cuanto a que estamos creando miles de cesantes ilustrados. ¿Quieren los señores parlamentarios que cerremos las instituciones de educación superior y que dejemos a nuestra juventud en la más completa ignorancia para que así pueda haber cesantes, como corresponde? En nuestro sistema universitario, no podemos sino crear profesionales. Ése es el problema. Por eso, el hecho de que quienes van a la universidad, siguen carreras que se ponen de moda y después no encuentran trabajo en el campo que les gustaría y deben ir hacia áreas diferentes, obedece a que carecemos de otros métodos de impartir educación superior si no es a través de carreras profesionalizantes.
Estos son algunos de los problemas de fondo de nuestra educación superior que alguna vez quisiera escucharlos en boca de las autoridades del Ministerio de Educación y que, para tratarlos, invito a mis colegas a que lo hagamos en el futuro más próximo posible.
He dicho.
(Aplausos).
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ha concluido el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente.
El señor KRAUSS.-
Pido la palabra, por un punto de Reglamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , de conformidad con el Reglamento, solicito que se eliminen de la versión las destempladas expresiones del Diputado señor Ibáñez , para referirse a mi intervención y a la del rector, señor Arata .
Se ha confirmado que “lo que natura no da, la Universidad Adolfo Ibáñez no presta”.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Así se procederá, señor diputado .
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , la situación de la educación superior en nuestro país nos plantea una serie de interrogantes que, a mi juicio, no han sido contestadas de manera global.
Desde 1990 a esta parte, se han hecho importantes avances en diversas materias, pero se echa de menos una respuesta global, una política de educación superior que considere el marco institucional, la estructura de financiamiento y políticas específicas de acuerdo a estrategias que consideren el desarrollo del país, el derecho a la educación y la equidad en el acceso y mantención de los alumnos y alumnas en el sistema.
Estoy de acuerdo con el rector señor Arata , en el sentido de que no estamos frente a una crisis de la educación superior, pero sí es necesario un pensamiento global, una política global con una visión estratégica de la educación superior.
Un tema pendiente y respecto del cual numerosos sectores del país quieren opinar es la función de las universidades estatales. A esta altura, nadie discute la existencia del sector privado en la educación superior, pero muchos pensamos que la educación pública es vital en aras de su visión de país, de pluralismo y de garantizar el derecho a la educación.
Uno de los temas no abordados es, por ejemplo, la conjugación de la educación universitaria, con sus funciones docentes de investigación y extensión, con la educación técnica de nivel superior. El desequilibrio entre éstas no está en relación con el desarrollo sostenido de nuestra economía, que cada vez necesita más técnicos de educación superior. Por otra parte, ha habido una sobreproducción de profesionales universitarios que, una vez titulados, no encuentran trabajo, lo que significa un gran costo para el país y, sobre todo, una enorme frustración para los profesionales y sus familias.
Esto no es sólo el resultado de una omisión, sino que a ello ha contribuido una política errada en relación con el aporte fiscal indirecto, que ha provocado el interés de los agentes educativos por crear carreras de bajo costo y alta demanda, no del mercado, sino de la moda, como periodismo, derecho e ingeniería comercial, y que con la captación de alumnos de alto puntaje en la prueba de aptitud académica financian, a lo menos, el primer año de la carrera.
La acreditación de universidades también se ha hecho sin un marco regulatorio consensuado, exponiendo a las familias a un sistema universitario de mercado que, a la menor competencia, como el caso de la Universidad de Temuco, hace caer financieramente a una universidad, dejando en la indefensión a los alumnos, que ven interrumpidas sus carreras. ¿No será posible establecer un sistema de garantías para las universidades derivadas y no autónomas?
Otro tema importante que hoy es causa de protestas estudiantiles es el de la equidad en el acceso y mantención de los alumnos en el sistema.
Al respecto, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una moción parlamentaria dirigida a corregir una política de financiamiento indirecto de las universidades que significa una gran inequidad en el acceso a ellas e impide año a año el ingreso de jóvenes capaces y con el mejor predictor de rendimiento considerado en muchos países, como es su desempeño en la enseñanza media. Esta propuesta, fundamentada y apoyada por varios rectores de universidades, no ha encontrado eco en el Ministerio de Educación ni en la Dirección de Educación Superior, so pretexto de una política global de financiamiento que todavía no ha sido presentada, aun cuando el problema ya tiene más de tres o cuatro años.
La inequidad en el ingreso ha permitido la entrada a la universidad de alumnos que no tienen el rendimiento adecuado, lo que, a su vez, ha significado un aumento de sus años de permanencia en ella, con la esperable presión para obtener recursos del fondo solidario. Es necesario investigar sobre la proporción de alumnos matriculados y egresados, pues antes de 1981 era menor que la actual. En la actualidad, los alumnos permanecen, en promedio, más de 6 ó 7 años en la universidad, lo que implica una presión sobre el fondo solidario.
Si bien se ha avanzado en la corrección de dicho fondo, todavía tenemos desigualdades de asignación en diversos establecimientos. En la Universidad Católica, un alumno con la misma situación familiar que la de uno de la Usach obtiene un financiamiento de 90 por ciento, mientras que el otro, de 40 por ciento.
Está presente aquí el rector de la Universidad de Tarapacá, donde tienen financiado al 76 por ciento de los alumnos y un déficit de 200 alumnos para lograr solucionar la crisis.
El fondo solidario ha aumentado en forma considerable, pero reconozcamos que aún es insuficiente. Todos sabemos que la distribución del imgreso en Chile es altamente injusta. Los alumnos provenientes de los cuatro quintiles más bajos no pueden pagar su colegiatura. No imaginemos otra cosa. Una cobertura de 40, 60 ó 70 por ciento no garantiza la permanencia de los alumnos en la universidad o una situación tranquila que les permita estudiar y desplegar toda su potencialidad. Da lo mismo que les financien el 50 ó 60 por ciento de la colegiatura, si la familia debe seguir aportando 70 mil pesos para completarla.
En tal sentido, el aumento del fondo para becas ha paliado esto, pero es insuficiente. El crédito Corfo , que se veía como solución y se otorga con recursos fiscales, sólo financia a alumnos cuyas familias pueden garantizar 600 mil pesos de ingreso. Entonces, las familias del primer y segundo quintil quedan imposibilitadas de pagar la colegiatura.
En ese sentido, debemos preguntarnos: ¿Queremos que nuestros jóvenes, muchachos y muchachas capaces, tengan derecho a la educación superior? ¿Queremos la contribución de su capacidad al país, o queremos hacer una injusta división? Muchas veces se dice que la educación superior universitaria es para los jóvenes de hogares pudientes, y la técnica media o la no calificada, para los de hogares con menos recursos. El país y nuestros jóvenes no merecen esto.
El desafío no es sólo la justa distribución del fondo solidario, con un examen de las tasas de retorno. Hay profesionales que, por el prestigio de la universidad en que estudiaron tienen más oportunidades de trabajo y, por lo tanto, de retornar el crédito que les fue otorgado. Dicho retorno acrecienta los recursos del fondo solidario de esa determinada universidad, lo que también provoca desigualdad.
Entonces, el desafío no es sólo la buena distribución del fondo, sino de qué manera abarca a todos los estudiantes que lo necesitan.
El tema del autofinanciamiento también debe ser revisado. Es cierto que aumenta la eficiencia en la gestión, pero también significa un esfuerzo de tal magnitud que, muchas veces, no permite la realización de todas las funciones que las universidades estatales deben cumplir para el desarrollo del país. También implica aumentar el monto de las colegiaturas y, por ende, una presión sobre el fondo solidario, que termina en el financiamiento compartido, en la insuficiencia del fondo, y en una carga excesiva sobre las familias de clases media y baja.
El problema de la equidad en la mantención de los alumnos en la educación superior se ha visto agravado este año por la crisis económica y los altos índices de desempleo que afectan al país. Nuestra posición es que ningún alumno o alumna puede quedar fuera de la universidad por la cesantía de sus padres. Es un deber moral aportar los 2.870 millones de pesos necesarios para que esto se solucione. No concordamos en que se utilicen los fondos institucionales, pues significa, una vez más, una desigualdad para la universidad donde estudian los jóvenes más necesitados respecto de las que verían postergados sus planes de mejoramiento institucional.
Debemos buscar otra solución, pero los jóvenes no pueden pagar el costo de lo que esto significa.
Creo que estamos ante un tema de gran envergadura, y lo que debemos hacer debe tener relación con la magnitud del problema que analizamos.
La inquietud de los estudiantes, los planteamientos de los rectores y estamentos universitarios, la preocupación de diversos sectores de la comunidad nacional, son una oportunidad para abordar en conjunto el inmenso desafío de plantear una política real de modernización de la educación superior. No bastan políticas muy buenas, pero parciales; deben estar insertas en un marco global estratégico de desarrollo de la educación superior.
Este problema es una asignatura pendiente en nuestro país.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez para referirse a una cuestión reglamentaria.
El señor IBÁÑEZ.-
No puedo dejar pasar las afirmaciones del Diputado señor Krauss, no porque...
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Diputado señor Ibáñez, sólo puede plantear cuestiones reglamentarias. Si su Señoría quiere referirse a alguna expresión que alguien haya formulado en contra de su persona, puede hacerlo al término de la sesión, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , las condiciones de la vida actual eran difíciles de imaginar cuando surgían los atisbos de lo que más tarde sería la universidad, desde las academias de Grecia, Roma o Alejandría . No obstante la diversidad de tradición y organización, de recursos económicos y técnicos, de ideologías, de conformación histórico-cultural o de diferencias de magnitud, los deberes de la educación superior tienen la identidad privilegiada de dar orientación a la inteligencia a través del examen, la comparación, el juicio, el razonamiento, el disenso, el pluralismo, la ruptura con los lugares comunes, la interpelación al facilismo y a los intereses parciales disfrazados de valores.
Es preciso confrontar los deberes de la universidad en nuestro país -me permito este brusco salto por razones de tiempo- a partir de una transición, que también la alcanza, toda vez que debió enfrentar el impacto vivido por nuestra sociedad en los años de ausencia de la democracia.
Sí, señor Presidente . La universidad intervenida colisionó con la esencia del deber ser de la educación superior. Bajo el signo de la depuración ideológica, vivió años de vigilancia, desconfianza y asedio. Una vez más, una sentencia clara surge como lección: sólo la existencia de amplia libertad permite cumplir la misión universitaria.
En este sentido, los conceptos del filósofo y profesor Jorge Millas marcan orientador significado cuando la universidad pasaba por las limitaciones impuestas: “...la inteligencia” -decía Millas- “es insumisa a toda otra forma de autoridad que no sea la inteligencia misma. Ella se retrae y apaga, como el fuego en los ámbitos reclusos, en atmósferas cerradas y sin oxígeno. Cuando se apaga. Porque a veces” -agregaba- “también se mantiene como carbón bajo las cenizas, en proceso de combustión lenta, cundiendo por donde puede, cosa peligrosa. Y no es buen oxígeno, sino aire enrarecido, el que se respira en una casa de estudios en donde algunos quisieran mantener la suspicacia recíproca, estimulan la delación, hacen temeroso el juicio en alta voz sobre cosas que, por su naturaleza, deben ser públicamente discutidas...”.
Hagamos un reconocimiento. El retorno de la democracia en nuestro país devolvió ese esencial elemento de libertad. Todo diagnóstico de la situación actual debe partir de ese reconocimiento.
A continuación, situemos nuestra preocupación en el objetivo humano de la tarea de la educación superior. Si seguimos a Ortega y Gasset, quien pese al transcurso de los años no ha sido superado en su análisis sobre la misión de la universidad, su universo principal no son las “elites iluminadas”, sino el ser humano medio, aquel a quien se le abren oportunidades para mejorar sus conocimientos a través de una “enseñanza sobria, inmediata y eficaz”.
Por lo tanto, éste es el gran desafío: cómo crear las condiciones para que ese universo de compatriotas, en su inmensa mayoría jóvenes, puedan acceder al ámbito de la formación universitaria.
Desde esta perspectiva, asumimos nuevamente la posición del profesor Millas, quien indicó que malogra seriamente el espíritu y desarrollo universitario el “afán irreflexivo de considerarla como una empresa más del país, metiéndola en la camisa de fuerza de la libre competencia y del autofinanciamiento”.
Debemos reaccionar, así entiendo uno de los objetivos de este debate, ante la tendencia de dejar la suerte de las universidades al juego de las leyes económicas y al forcejeo por la subsistencia. Por cierto, esto nada tiene que ver con la lógica existencia de ordenamiento en el empleo de los recursos y con los planes idóneos de desarrollo.
Es preciso procurar una noción compartida del desarrollo de la educación superior que acompañe los esfuerzos que se efectúan a través de la reforma educacional en los niveles básicos y medios. Nuestra Cámara debería asumir, a través de la Comisión de Educación, la misión de análisis y entrega de propuestas para perfeccionar aquel nivel de nuestro sistema educacional.
A este respecto, no debemos limitarnos. La universidad en sí misma es un desafío constante y no debe ser vista con temor. Con razón Andrés Bello señaló: “La universidad no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales, si el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político”.
Complementemos esto con lo señalado por el filósofo y académico que hemos citado en esta intervención: “En la universidad, como en la vida, hay sólo una manera de no correr riesgos, y es dejar de vivir”.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el honorable Diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA .-
Señor Presidente , el desarrollo de nuestra cultura se fundamenta en los conocimientos científicos, filosóficos y tecnológicos.
La educación es el mejor instrumento para lograr la equidad en las personas, en las regiones y en nuestra sociedad.
En la universidad continúa nuestro crecimiento personal; en ella se nos enseña a pensar y se nos inculca un objetivo que, a mi juicio, es el más importante en la vida: buscar la verdad. Esta verdad, que a veces es difícil de encontrar, porque existe la verdad de uno, la verdad de las circunstancias y la verdad de las diferentes personas; es lo que nos hace pluralistas.
Por lo tanto, para una sociedad y para un Estado, la educación no puede ser algo lucrativo, sino que debe ser un servicio.
Desde este punto de vista, quiero recordar en esta sesión a la Universidad de Concepción, la que en dos días más cumple 80 años, que me recibió en 1962 en la Escuela de Medicina, y a la Universidad de Chile, que me otorgó el título de médico cirujano hace 30 años.
¿Por qué recuerdo esto? Porque mi educación no significó costo alguno para mi familia, porque la recibí del Estado, lo que a su vez me comprometió a trabajar en el Servicio Nacional de Salud, donde estaba y se dispensaba la mejor medicina.
Las Universidades de Chile y de Concepción se han comprometido con las regiones. La Universidad de Concepción fue la primera universidad regional, mientras que la Universidad de Chile creó los colegios regionales universitarios en la década del 60, los que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras regiones. Uno de ellos fue precisamente la sede Ñuble, que hoy forma parte de la Universidad de Biobío.
Digo esto, porque lo más importante de la universidad es que nos permite sustentar nuestro desarrollo personal y regional.
Quiero recordar -ya lo ha dicho el Diputado señor Riveros - lo que ocurrió con nuestras universidades en la época de la dictadura, porque la esencia de la universidad es claramente la libertad y no se puede desarrollar cuando ésta no existe.
Dentro de ese mismo concepto, es muy importante el compromiso del Estado para mantener las universidades, para que todos los jóvenes con capacidad ingresen a ellas y completen su desarrollo como personas humanistas y con compromiso social, que es lo que debe fundamentarlo, y también para cumplir con lo establecido en la Constitución Política: todas las personas tienen derecho a la educación.
En cuanto a la eficiencia, quiero recalcar que don Augusto Parra , ex Rector de la Universidad de Concepción -plantel que me recibió-, ha sido vilmente atacado, señalándose que tuvo una mala gestión.
La política universitaria, para poder hacer crecer sus activos en más de un 30% aumentó los ingresos, vendió sus activos y contrajo un endeudamiento que se tradujo en una deuda inferior al 10% de su activo comercial. Esto significó un aumento en 44.000 metros cuadrados de construcción y el mejoramiento de 20.000 metros cuadrados.
Desde el punto de vista académico, podemos señalar que el 80% de sus alumnos proviene de la educación municipalizada y subvencionada, ingresando a sus distintas carreras un importante número de estudiantes que han obtenido los mejores puntajes en la prueba de aptitud académica. En los años de rectoría de Augusto Parra, se mejoró considerablemente la actividad de posgrado, destacando la Universidad de Concepción como el plantel de educación superior regional más importante del país, ocupando el tercer lugar en importancia de Chile.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor JARPA .-
Para terminar, quiero insistir en lo que dijo la Diputada señorita María Antonieta Saa : el Estado tiene la obligación de entregar los 2.800 millones de pesos para que todos los universitarios del país puedan seguir estudiando.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente , “propenderé también, por todos los medios que estén a mi alcance, a hacer que nuestra Universidad corresponda a los altos y elevados fines que está llamada a desempeñar dentro de las funciones primordiales del Estado. De desear sería que nuestra Universidad, dotada de autonomía y personalidad propias, apartándose un poco de su actual rol de escuela para formar profesionales, se convirtiera en un verdadero laboratorio de experimentación científica en todos los ramos de los conocimientos humanos, para que, como en otros países, llegue un día en que ella sea la fuente fecunda de luz y vida intelectual, desde donde irradien y se proyecten las orientaciones culturales y definitivas de un verdadero y sólido progreso nacional.
“Es también motivo de mi especial atención fomentar y ayudar al establecimiento de universidades regionales que, como la de Concepción, propendan a difundir la ciencia y la enseñanza por todo el país, facilitando la cultura de muchos estudiantes aventajados que carecen de los elementos necesarios para trasladarse a la capital.
“En orden a la enseñanza superior, hay que hacer efectiva la autonomía universitaria; hay que reconocer la docencia libre; dar representación al alumnado en los cuerpos orgánicos para que así haya confraternidad entre los que enseñan y los que aprenden, base futura de armonía y concordia entre todos los chilenos. Soy también partidario de la asistencia libre, porque sólo aprende aquel que desea aprender, y éste no necesita coacción: siguen adelante los que tienen amor por el estudio y triunfan los que deben triunfar sin coacciones ni castigos”.
Éste es un mensaje presidencial, leído al Congreso Nacional de Chile, el 1 de junio de 1921, por el Presidente de la República de ese tiempo, don Arturo Alessandri Palma . Escrito hace casi 80 años en nuestra República, tiene tanta validez ayer como hoy, y la mantendrá siempre.
La base del progreso es la educación; en ella radica la diferencia entre los pueblos. La verdadera revolución es la educación. Es el más perenne, irreversible y positivo de los cambios de los pueblos.
Lamentablemente, en nuestro país se hace poco para lograr una igualdad de oportunidades en educación. Si ello se lograra, muy diferentes serían los destinos de la mayoría discriminada económicamente en educación; pero mientras no se rompa este círculo vicioso, el progreso de Chile tendrá que esperar.
Invito a todos, porque este cambio es de todos y para todos, a colaborar con Chile para satisfacer la necesidad imperiosa de una buena y accesible educación para todos y por todos.
He dicho.
El señor ORTIZ(Presidente accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Urrutia, por 4 minutos.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , para todos los que estudiamos en el antiguo sistema universitario -en mi caso, gracias a la beca Enrique Molina , en la Universidad de Concepción- es doloroso ver hoy en el país que muchos alumnos no pueden estudiar por falta de recursos económicos. Son víctimas de la cesantía o de la pobreza que aflige a sus padres, por lo que deben discontinuar sus estudios, perdiendo una oportunidad para mejorar la calidad de su vida y la de sus familias y, al mismo tiempo, restando toda su energía e inteligencia al progreso del país.
La sociedad chilena ya no puede seguir aceptando esta situación y, como parlamentarios, debemos hacer el máximo esfuerzo para que termine.
Desde luego, debemos dejar de lado toda ideología y bandería para tratar un problema de tanta relevancia. No me interesa si los estudiantes se educan en el sector público o en el privado, sino que el Estado, la sociedad chilena, ponga a disposición de quienes tienen capacidad los medios para que completen todos los estudios a que puedan acceder.
Ahora, el Estado chileno, nuestro Gobierno, la historia educacional del país, han ido creando diversos sistemas de ayuda a los estudiantes sin recursos. Todavía son insuficientes, y es necesario reforzarlos en esta coyuntura, en la cual nuevamente miles de universitarios en Chile, a causa de que el Fondo Solidario Estudiantil quedó corto, no han podido acceder a créditos que les permitan seguir estudiando.
Entonces, es necesaria una solución inmediata y coyuntural para apagar el incendio de hoy, pero sin olvidarnos de crear caminos o estrategias que permitan que la crisis actual no se produzca en el futuro.
Muchos parlamentarios -creo que todos- hemos pedido al Gobierno que se suplemente en forma importante el Fondo Solidario Estudiantil para que todo alumno en Chile pueda seguir estudiando. Al mismo tiempo, le planteamos que la política de disminuir u ocupar el Fondo de desarrollo institucional en esta coyuntura, no es buena.
El Gobierno debe hacer el máximo esfuerzo para obtener fondos de otras fuentes que permitan que el desarrollo universitario, como un todo, no sea dañado al detenerse los planes de crecimiento en infraestructura y equipamiento de las universidades para afrontar la coyuntura del Fondo Solidario Estudiantil.
Creemos que la sociedad chilena aceptará perfectamente que el Gobierno obtenga fondos extraordinarios para que los estudiantes sigan estudiando y, al mismo tiempo, no se deteriore el crecimiento de las universidades como un todo.
Como ex estudiante universitario, no creo en una vuelta atrás, pero sí en que el futuro debe ser mejor, a lo cual debemos dedicar nuestros esfuerzos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el honorable Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , concedo una interrupción al Diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , nada más que para presentarle mis excusas al colega Krauss si él se ha sentido aludido en forma injusta por mis palabras. Lo mismo para mi ex colega y amigo el rector Arata . Honestamente, no creo que del análisis de mis palabras pueda extraerse esa conclusión.
Pero me preocupa la última referencia que hizo a la Universidad Adolfo Ibáñez. No me preocupa las que pueda hacer a mi persona, pero sí a una institución que me honro haber dirigido durante 9 años, haberla creado prácticamente a partir de una escuela de negocios, aquí en Recreo, y que ahora constituye una institución que me parece un ejemplo de lo que se puede hacer sin vivir apegado al “pituto” fiscal. Ése es un punto de honor para nosotros: haber creado generaciones de empresarios que ahora no se quedan con los brazos cruzados, sino que son los que mueven al país y dan trabajo a nuestros compatriotas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , en un tema tan relevante como éste, podríamos discutir muchos aspectos o volver a citar otras grandes crisis universitarias -se ha aludido la de la década del 70, también podríamos recordar los gravísimos problemas de finales de los años 60-; pero, en realidad, tenemos que centrarnos en los actuales problemas de nuestro sistema universitario, en las grandes dificultades que enfrenta.
En primer lugar -y aquí creo que vamos a coincidir-, tenemos grandes dificultades en el sistema de financiamiento. Hay mucha preocupación sobre su mantención en el tiempo, que hoy se dirige a las universidades estatales y a otras de naturaleza jurídica diferente, pero que existían en el momento del cambio del sistema universitario, como son las universidades de Concepción, Austral, Católica, etcétera. Se ve un riesgo y, por ello, tenemos que volver a analizar cómo va a ser el financiamiento que otorgará el Estado -repito- tanto a las universidades estatales como a las otras que he aludido.
Tenemos problemas con el crédito fiscal. En los últimos días, hemos sabido que los fondos solidarios y de becas realmente no alcanzan, sobre todo en un año de crisis, para permitir que muchos estudiantes universitarios puedan continuar con sus estudios.
También existen problemas relativos a la recuperación del crédito, que en el mejor de los casos no supera el 60 por ciento, por lo tanto, continuamente se drenan recursos de este sistema.
Todo ello significa que hay un problema grave en el actual modelo de financiamiento.
En segundo lugar -como muy bien aludía el Diputado Ibáñez -, hay universidades del Consejo de Rectores que tienen gravísimos problemas de administración y de gestión de fondos. Esto no es una ofensa ni pretendemos aludir a nadie: es una realidad.
En tercer lugar, tenemos que incrementar la cantidad de dinero invertido por estudiante si queremos que el país sea desarrollado y tenga un modelo universitario óptimo. Acá se comparaban algunas cifras. Es cosa de pensar que las mejores universidades chilenas invierten, en pregrado, como mucho, alrededor de 10 mil dólares por estudiante. Y creo que soy generoso en mi apreciación; en circunstancias de que otras universidades americanas o europeas superan largamente los 20 ó 25 mil dólares. Debemos tener presente, además, que algunas de nuestras universidades están invirtiendo por alumno no más de 3 mil dólares.
Asimismo, debemos elevar la inversión en investigación. Un país como el nuestro no puede pretender crecer si sólo investiga en torno al 0,8 por ciento de su producto. Existen iniciativas buenas -pero creo que aisladas-, como los programas de cátedras presidenciales o la Milennium, que pueden ser adecuadas pero son, sencillamente, parches en nuestra estrategia de inversión e investigación.
También se presenta el problema -que bien destacaba el Diputado Ibáñez - referente a los programas de posgrados y de postítulos. Coincido con él. Es una vergüenza pensar en el número de gente que se está formando -no sólo en Chile, sino también en el extranjero- con este tipo de programas.
Además, coincido con diputados de otras bancadas, como el señor Krauss , en que hay un problema serio para los sectores de clase media, los cuales quedan fuera del sistema. Pero no sólo tienen dificultades los hijos de funcionarios de ingresos medios, sino también los de profesionales cuyas familias las conforman dos, tres o cuatro hijos que al momento de llegar a la universidad no tienen ninguna posibilidad de acceder a los créditos.
Es decir, tenemos que solucionar ese problema que afecta a la clase media.
También existen problemas sectoriales. Hay excesivo número de carreras y de estudiantes en algunas de ellas, y la solución puede ser buscar algún sistema de acreditación, al menos, en cuanto a calidad.
En las universidades regionales se ingresa con un promedio de 500 puntos. Ello que significa que se drenan recursos del crédito fiscal o, en general, del sistema universitario en beneficio de estudiantes que no han demostrado conocimientos adecuados para seguir una carrera universitaria. Esto no tiene nada que ver con una crítica a los mismos, sino que, sencillamente, con ciertos requisitos para una tarea tan importante como es el quehacer y el saber universitarios.
Hoy, todos estos problemas estallan o se agravan en algunas universidades, básicamente en cuanto a recursos, y creo que ahí debemos asumir, como Estado, una nueva visión. Probablemente, todavía tendremos que mantener los aportes fiscales, tanto en aquellas universidades del Estado como en las que ingresaron en algún momento al sistema, y asegurar su mantención en el tiempo. Pero debemos canalizar nuestro esfuerzo hacia la modificación del sistema de crédito fiscal para que todos los estudiantes que lo necesiten tengan acceso a él, incluso, aun cuando sus padres posean recursos. Creo que debemos considerar sistemas internacionales por los cuales se pueda acceder a esos recursos en todas las instituciones que se quiera, no sólo en aquéllas dependientes del Consejo de Rectores, como también en los institutos profesionales o técnicos, y, además, que los jóvenes sepan, antes de ingresar a la universidad, a cuánto asciende el crédito al cual pueden acceder.
Por último, debemos ir hacia nuevos fondos universitarios, hacia toda nueva entrega que se haga en investigación, en fondos institucionales concursables y en los cuales pueda participar cualquier universidad, estatal o -esta área compleja sin fines de lucro- privada, porque creo que de ahora en adelante debemos considerar nuestro sistema universitario en conjunto, con el fin de que todos los estudiantes chilenos reciban una buena educación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Díaz . Le quedan 38 segundos a su Comité.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , este debate me parece -para ser breve- extenso pero inútil, porque lo hemos hecho desde el Olimpo, con algunas autoridades importantes, pero faltando los principales protagonistas: los presidentes de federaciones de estudiantes, que no fueron invitados, que están realmente afectados por una crisis y que deberían estar presentes en esta Sala.
Un señor DIPUTADO.-
Estuvieron en la Comisión.
El señor DÍAZ .-
Sí, estuvieron ayer en la Comisión, pero deberían estar hoy aquí exponiendo, en representación de las universidades de Temuco, de Valparaíso, de Santiago, etcétera, porque, en definitiva, son ellos quienes están sufriendo los problemas. Basta de preguntarnos y de analizar si existe crisis universitaria o no, porque ella existe y los estudiantes universitarios -soy el único en esta Sala que está en esa situación- sabemos que somos sus principales protagonistas. No se puede terminar la discusión hoy; tenemos que convocar a una próxima sesión e invitar a los presidentes de las federaciones de estudiantes para que expongan sus problemas.
He dicho.
(Aplausos).
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , deseo informar que está presente en las tribunas el presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Tarapacá, don Renato Martínez .
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, aunque su intervención no es de Reglamento, dejé que continuara, puesto que el Diputado señor Díaz planteó el tema.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , en primer lugar, solicito que se inserte en la versión oficial mi intervención escrita.
No obstante, acogiendo las palabras del Diputado Eduardo Díaz , es inútil seguir hablando en el marco teórico de una discusión intelectual y conceptual, sino que debemos hacerlo sobre los problemas que hoy concretamente están afectando a los estudiantes de nuestro país.
Acá estamos hablando de la igualdad de oportunidades. Al respecto, lamentablemente, todavía subsisten dos Chiles: uno con oportunidades y otro sin ellas. Si uno mira las cifras de las personas que acceden a la educación superior; si analizamos los resultados por segmentos, nos daremos cuenta de que los mejores puntajes se concentran en los alumnos de los colegios particulares pagados. Ahí está la raíz de la desigualdad de oportunidades.
Por eso, es lógico que el Gobierno haya querido partir, como es obvio, por el principio, por las enseñanzas básica y media, a fin de que un niño de un sector rural -de Guamalata, por ejemplo-, tenga la misma educación de un escolar del centro de Coquimbo, de Santiago o de un colegio particular pagado, que cuenta con buenos profesores, capacitados, con perfeccionamiento, buenas remuneraciones y una extensión horaria adecuada.
Sin embargo, resuelto el problema de la reforma educacional en implementación, es decir, los primeros pisos del edificio, debemos abocarnos a la situación de la educación superior, desde varias perspectivas. En la actualidad, 380 mil estudiantes pertenecen a ella, integrando universidades, centros profesionales técnicos e institutos profesionales. Para más de un 70 por ciento de los jóvenes, la educación media no es media, no es un paso para acceder a la universidad, pues constituye la educación terminal. Al no estar suficientemente protegida o estimulada la educación técnico-profesional, muchos jóvenes egresan de la enseñanza media con un certificado que no les sirve para nada.
En cuanto a los estudiantes que ingresan a la universidad, se presenta otro problema de equidad. El ministro decía que han aumentado los recursos del fondo solidario; las ayudas estudiantiles, en un 44 por ciento, y hay 110 mil beneficiarios. Sin embargo, el esfuerzo es insuficiente. Es una inversión muy por debajo de la que Chile hacía en el pasado en la educación superior. En 1969, se destinaba un 1,11 por ciento del PGB -producto geográfico bruto-; hoy, sólo el 0,6 por ciento.
Y, a pesar de contar con más recursos y de estar por debajo de lo que se invertía antaño, el aumento del número de estudiantes es otro problema adicional, que hace que estos recursos sigan siendo insuficientes. En 1983, había 173 mil estudiantes universitarios; hoy, cerca de 270 mil.
Es bueno que exista un sistema con libertad de enseñanza, pero cuando se cometen excesos, pueden ocurrir situaciones como la siguiente: que la Universidad de Santiago, en el pasado Universidad Técnica del Estado, abra carreras de derecho, periodismo y otras, que no tienen nada que ver con su giro histórico, lo que representa una mayor demanda del fondo solidario. Pasa lo mismo con la Universidad de Playa Ancha, que abre pedagogías, ingeniería, etcétera, para obtener mayor financiamiento de dicho fondo por el número de alumnos que ingresa. Cuando esta situación se extiende a todas las universidades del país, se produce una demanda al fondo solidario imposible de solventar. De ahí el déficit acumulado, difícil de absorber, dado el aumento de la demanda estudiantil.
Tengo la impresión de que hoy no estamos satisfaciendo la equidad en la educación superior. Es lógico privilegiar a la gente más pobre -la focalización no es mala, es adecuada-, pero estamos dejando de lado a un sinnúmero de familias chilenas, en particular de clase media, que no acredita una “situación socioeconómica deficiente”. Un matrimonio con dos hijos, con un ingreso promedio de 450 mil pesos, no tiene posibilidad alguna de acceder al crédito de las universidades. Naturalmente, la cifra cambia según la casa de estudios. En la de Santiago, es de 500 mil pesos; en la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, 350 mil pesos. Tampoco pueden acceder al crédito Corfo , porque se exige a los padres una renta mínima de 600 mil pesos.
En consecuencia, como país, tenemos una deuda con las universidades, con la educación superior. La situación se agrava más aún por la crisis que estamos viviendo, la que redunda en un alto desempleo.
En lo inmediato, es muy importante entregar una señal clara, a fin de que los hijos de padres cesantes o desempleados continúen sus estudios más allá de su disponibilidad de recursos. Al respecto, algunos planteamos -por lo cual recibimos críticas, y estoy dispuesto a enfrentarlas-, que parte del Fondo de desarrollo institucional se destine de inmediato a resolver esta situación.
Sin embargo, quiero aclarar que ello es una solución de parche, para salir de la coyuntura, y que la solución de fondo no se dará en este período presidencial, sino en el próximo. Ojalá que en dicho gobierno se recupere la tasa histórica de inversión del 1 por ciento del PGB para la educación superior y que seamos responsables, en el sentido de proponer fórmulas de financiamiento. Don Andrés Zaldívar propuso subir el IVA en un punto. Es obvio que esa medida afecta el consumo; pero si queremos equidad en la educación superior y un futuro con igualdad de oportunidades, tendremos que hacer un esfuerzo para que Chile asuma y salde esa deuda pendiente con las universidades.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente , hablar de educación superior y, en particular, de universidades, es referirse a un tema fundamental para el país, dadas su implicancia y significación para el desarrollo nacional. Una cosa es clara: las universidades, en su conjunto, aportan de manera sustantiva al mejoramiento de las condiciones de vida del país, a través de la generación de carreras de impacto social y de quienes tienen la posibilidad de acceder a ellas.
La misión de una universidad, sobre todo pública, es servir al país, la cual se refleja en la diversidad de nuestra sociedad y en buscar la excelencia académica, con eficiencia, en el uso de los recursos. Abocarse a encontrar soluciones a los grandes problemas y desafíos que enfrentamos es superar la pobreza, mejorar la calidad de la educación y alcanzar un mayor crecimiento con equidad social.
Para que una universidad cumpla su misión, es condición indispensable la coexistencia de elementos académicos, tecnológicos y, fundamentalmente, financieros, que permitan el desenvolvimiento normal de sus quehaceres y el cumplimiento de sus fines. Es natural que la sucesión de hechos, como los presenciados en estos días, indique que uno de esos elementos es insuficiente para satisfacer los requerimientos de la universidad actual.
Aun cuando es positivo el anuncio del ministro de Educación , en el sentido de inyectar nuevos recursos, en esta materia es imprescindible realizar un análisis profundo y con visión de Estado sobre el sistema de financiamiento de la educación superior, por cuanto no es sano que en forma periódica se trastorne la vida universitaria. Es el momento de revisar el sistema y de hacer las correcciones pertinentes.
No podemos dejar de observar en este proceso un valor fundamental que emana del mandato contenido en el artículo 19, Nº 10, de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas “el derecho a la educación”; y que luego establece: “Correspon-derá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles;”. En este contexto jurídico, debe inscribirse toda acción que se realice sobre la materia. Y, derechamente, me asiste la convicción de que no se está dando cabal cumplimiento a este precepto constitucional. Ello se constata, por ejemplo, al comprobar la profunda discriminación que afecta principalmente a los jóvenes provenientes de la clase media, que, en su mayoría, está representada por hogares de profesores, funcionarios públicos, pequeños empresarios y todos aquellos que no reciben ayuda de ninguna parte.
Las estadísticas indican que el 25 por ciento, es decir, sólo uno de cuatro jóvenes, asiste a la educación superior.
Del total de jóvenes de clase media que van a la educación superior, el 52,6 por ciento, o sea, poco más de la mitad, tiene posibilidades de ir a universidades subvencionadas por el Estado. La otra parte, el 47,4 por ciento, debe costearse por su cuenta los estudios superiores.
¿Y qué decir de aquellos jóvenes con menores recursos que, por la imperiosa necesidad de aportar al grupo familiar en el más corto plazo, ingresan a centros de formación técnica e institutos profesionales, en los cuales no tienen mayores beneficios?
Pero no se trata sólo de hacer diagnósticos o de lamentarse, sino que de consensuar propuestas para enfrentar seriamente la problemática de la educación superior.
Como el objetivo final es que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad para aspirar a un título profesional, creo imperioso redefinir la forma en que el Estado financia la educación superior.
Éste debe ir progresivamente reemplazando los aportes directos a las universidades tradicionales, en la actualidad desligados de toda excelencia académica o eficiencia por transferencia a los alumnos, es decir, un esquema nuevo de financiamiento directo a la demanda. En el esquema, los estudiantes podrán elegir libremente la institución donde cursar sus estudios, sean universitarios o institutos profesionales.
Como se trata de un proceso, se requiere ir dando pasos concretos en esa dirección. Por eso, soy partidario de reorientar un porcentaje del aporte fiscal directo y destinarlo a aumentar el crédito universitario, ampliar su cobertura y ponerlo a disposición de los alumnos. Cualquiera sea la institución de educación superior que éstos escojan, debe considerar el aspecto socioeconómico de la familia y un nivel mínimo de rendimiento académico.
Igualmente, se deberá incrementar la política de formación pública, de realidad, oferta y calidad del sistema, para lo cual es imprescindible abordar el tema de la información de la realidad y perspectivas de los perfiles de las distintas profesiones y del mercado laboral, no para hacer planificaciones centralizadas, sino para dar antecedentes que sirvan a estudiantes e instituciones a fin de que adopten mejor sus decisiones.
Ésta es una contribución al debate, pero, como idea de fondo, diré que no tengo dogmatismo para analizar y explorar cualquier otro camino, incluso el del sistema de arancel diferenciado, pero corregido, a fin de que tenga como finalidad garantizar el acceso a la educación superior a todo joven, sin más limitante que su capacidad y esfuerzo. Sólo así tendremos una sociedad integrada y de oportunidades.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.
El señor PALMA (don Joaquín) .-
Señor Presidente , al analizar el sector, lo primero que se constata es que durante los últimos veinte años se ha producido la principal transformación universitaria de la historia del país, y se puede asegurar que la estructura de hoy se mantendrá sin grandes modificaciones en los próximos años. La tarea de cada uno de los actores, entonces, será buscar los caminos que lo lleven a un mayor perfeccionamiento.
El sistema permanecerá porque responde a factores que le han dado su forma original. El primero es que se ha respetado la tradición universitaria, que incluye a un sector importante de las instituciones de la educación superior. Se les entrega financiamiento estatal y se aseguran recursos para becas estudiantiles.
El segundo factor es considerar la tendencia hacia la regionalización que se desarrolla en Chile y que ha permitido que las universidades regionales se hayan legitimado durante sus casi veinte años de existencia.
El tercer factor es que el actual sistema considera la tendencia moderna que se expresa en la aparición y consolidación de nuevas universidades privadas, que también se han legitimado ante la opinión pública y que no pueden dejarse de lado al momento de perfeccionar el sistema de educación superior. En términos generales, lo mismo vale para los institutos de educación superior.
Las diversas universidades tienen que convivir en el futuro y debe definirse claramente el papel del Estado, para el cual, como ente superior, regulador, controlador y evaluador del sistema, todas las instituciones deben tener los mismos derechos.
Pero frente a las universidades estatales, las obligaciones son mayores. Incluyen, además, velar por su funcionamiento, financiamiento y modernización, sobre todo considerando que deberán competir en un mundo muy dinámico y donde los recursos deben ser gastados con eficiencia.
Aun en falencia, no ha habido una necesaria definición del Estado durante los últimos años, como se demuestra en el caso del llamado proyecto de ley de marco universitario, que se encuentra desde hace algunos años en el Parlamento.
La ley no debe entregar facilidades especiales a las universidades estatales, pero debe asegurar su estabilidad y una mayor autonomía, unida a un manejo responsable.
Un deber más amplio del Estado es asegurar que aquellos jóvenes que tienen capacidad intelectual, pero no disponen de medios económicos, puedan acceder a la enseñanza superior. Este fin puede lograrse por diversos modos, según los mecanismos de financiamiento que se elijan, no necesaria y únicamente mediante las universidades estatales.
Quiero referirme especialmente al financiamiento del sistema universitario, el que ha recibido, como lo dijo el ministro , crecientes aportes en los últimos años. Fue ideado a principios de 1980 y, en lo sustancial, se mantiene vigente. Es bastante racional en lo conceptual. Tiene varios componentes, como aportes directos, aportes indirectos, en base a las notas de los alumnos; becas para estudiantes, créditos fiscales para un número importante de alumnos, en un fondo rotatorio y a largo plazo; fondos concursables para financiar la investigación, y un fondo para infraestructura, en base al mérito de los proyectos. A ello, como bien lo señaló el ministro , se agregan los aportes regionales, que también aumentan el aporte estatal.
Además, las universidades reciben donaciones y recursos propios por pagos de servicios y otras funciones.
Sin embargo, el sistema de financiamiento, que es racional en su concepción, se ha transformado, por distintos motivos, en un sistema inequitativo en varios de sus componentes.
En lo referente a becas y créditos fiscales, se han aumentado los recursos y flexibilizado el sistema. Creo que es posible aumentarlos y esperamos que aparezcan en la medida en que el país crezca. Pero, especialmente en lo referente a becas, debe abarcar con igualdad de acceso a todos los estudiantes, sin distinción del tipo de universidad al cual asisten.
Los fondos de investigación merecen un estudio aparte, pero creo que han sido aplicados con responsabilidad, aun cuando queda pendiente el hecho de que son altamente concentrados en las universidades santiaguinas, problema de difícil solución a corto plazo y que amerita una sesión especial de la Cámara.
Los fondos para infraestructura, que son concursables, deben ser modificados para evitar la discrecionalidad con que se pueden asignar, como se ha escuchado frecuentemente, no sé si con razón o sin ella.
Creo que deben ser entregados para su asignación a los gobiernos regionales, proporcionalmente a la población del país para hacer una distribución objetiva.
Respecto de los aportes del Estado, debe entrarse derechamente a actuar en la modificación del aporte fiscal directo, el más importante de los fondos de financiamiento y el más rígido.
¿Qué puede deducirse de la distribución del fondo llamado aporte fiscal directo con que se financian las universidades? En primer lugar, que con él se financian las universidades estatales de la metrópoli y las universidades estatales de las regiones, pero en ambos casos el trato es diferente.
En segundo lugar, con esos fondos se financian algunas universidades privadas, no todas, y los aportes, en ciertos casos, son muy superiores a los que reciben muchas universidades estatales.
Debemos preguntarnos si el sistema es justo, y en caso de que no lo sea, ¿por qué se ha mantenido? Que yo sepa, no se ha presentado iniciativa alguna para cambiarlo.
El aporte fiscal directo es el principal componente del financiamiento estatal establecido por decreto ley en 1981, el cual establece porcentajes de distribución para cada universidad que existía en esa época.
Las universidades incluidas son las únicas habilitadas para recibir el aporte, y su distribución porcentual es invariable desde entonces. A modo de ejemplo, la Universidad de Chile recibe, aproximadamente, un 28 por ciento; la Católica, un 14 por ciento, etcétera.
¿Qué significa eso? Si se considera la matrícula de pregrado y se calcula lo que recibe cada alumno, la primera desigualdad que se observa es entre las universidades de las regiones y las de Santiago. En promedio, cada universidad de Santiago recibe el doble por alumno que una universidad de región.
La segunda, es que en las universidades de regiones se ven claramente privilegiadas las de Valparaíso y Concepción, especialmente esta última.
Lo que más llama la atención, es la distribución que se hace con las universidades católicas de Chile al tener un estatus claramente privilegiado, creando inequidad en este sistema, por cuanto la Universidad Católica recibe el doble de los aportes que las universidades regionales y el 84 por ciento de sus alumnos es santiaguino, lo que significa que forman parte del sector que viene de colegios pagados.
Por lo tanto, estamos ante una contradicción porque el Estado financia y subsidia a los alumnos sin recursos en la educación básica y media, y también lo hace con los alumnos que tienen recursos, en la enseñanza superior. Me refiero especialmente al caso de la Universidad Católica.
Considero que es el momento de iniciar un cambio al respecto, el cual no puede ser dramático ni de un día para otro; pero podríamos ir adecuando el sistema en un plazo de 10 años, de manera que se produzca esta equidad que hoy no existe.
Propongo un sistema en que cada región reciba aportes estatales en proporción al número de habitantes y los gobiernos regionales sean los encargados de distribuirlos, asegurando la estabilidad de estas instituciones y los planes del desarrollo regional.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que le resta a Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Señor Presidente , la educación constituye un requisito indispensable para la existencia de una efectiva igualdad de oportunidades. Es bien sabido que la educación básica y la media son gratuitas. No ocurre lo mismo con la educación superior o universitaria, pero si los padres no tienen los recursos necesarios para pagar, reciben del Estado un crédito fiscal o universitario, que debe ser reembolsado por el estudiante cuando se transforme en profesional. Y aquí empieza el drama. ¿Qué pasa si no encuentra trabajo cuando egresa de la universidad? Arrastra una mochila que pasa a ser dramática.
Actualmente nos vemos abocados a otra gran crisis que están sufriendo los estudiantes debido a las deficiencias del crédito fiscal y su financiamiento.
Éste no es un problema de ahora, sino que se arrastra desde hace 10 años por lo menos, pero hoy se ve agravado por la crisis y cesantía por la que atraviesa el país. Hay cientos de alumnos que no cuentan con los recursos para pagar su carrera, pues sus padres están cesantes.
Considero que el rol subsidiario del Estado es imprescindible en esta materia. Soy partidaria de que haya una educación superior estatal y otra privada, sólidas y responsables, que tengan clara la importancia de su misión e identidad.
Aquí se ha dicho que hay carreras que proliferan sin ninguna regulación, en perjuicio de los estudiantes, que muchas veces se ven afectados por esta falta de responsabilidad. Concuerdo con esa posición y lamento que vaya en desmedro de las universidades privadas tradicionales y no tradicionales, que lo están haciendo fantástico y son indispensables para cubrir la gran demanda y lograr la completa educación de nuestras futuras generaciones.
Para ello debemos rayar la cancha con normas claras y precisas. La ley marco está en el Senado, al parecer con más de 300 indicaciones, y su tramitación se arrastra por dos años. Hay que agilizar su tramitación.
También sugiero revisar la forma en que se asigna el crédito fiscal, para no ir en desmedro de los favorecidos, por ser los más pobres quienes postulan a la universidad y pertenecen al primero y segundo quintil, el porcentaje más bajo, en relación con aquellos que pertenecen al tercer y cuarto quintil, que representan a los hijos de los profesores, cuyos sueldos no pueden solventar carreras cuyo costo mensual es de más de 100 mil pesos. En mi opinión, el crédito fiscal se debe otorgar a todo aquel que lo necesite, que no puede abordar su pago y que tenga los méritos académicos suficientes para acceder a la universidad.
Los alumnos y dirigentes estudiantiles nos hicieron una exposición brillante en la sesión de la Comisión de Educación que se realizó ayer. El presidente de la Fech nos pidió que se forme una mesa en donde puedan participar el ministro , los rectores y los dirigentes universitarios.
Pienso que ello no constituye un cogobierno, sino abrir la posibilidad a un diálogo. Entonces, ¿por qué se lo negamos? Creo que es la única forma que tenemos en este momento para evitar las huelgas y las tomas, que a nada conducen.
Existen compromisos de los dos gobiernos de la Concertación para solucionar el problema del crédito fiscal, ya que, por mucho que se haya avanzado, la realidad demuestra que las medidas no han sido suficientes. Ojalá no sigamos escuchando promesas en este año de elecciones y los problemas sigan sin solución.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que le resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable Diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , en conformidad con el artículo 10 del Reglamento, reclamé respecto de algunas expresiones extraparlamentarias formuladas por el Diputado señor Gonzalo Ibáñez en su intervención.
Él ha tenido la caballerosidad de dar las explicaciones del caso, tanto a mí como al señor Arata , rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, por lo que debo reconocer el gesto y acoger su disposición.
En lo que respecta a la alusión que hice a la Universidad Adolfo Ibáñez, al señalar que “lo que natura non da, la Universidad Adolfo Ibáñez non lo presta” no tuve el propósito de ofender, máxime cuando al recurrir a una frase del Siglo de Oro español -entiendo que es un proverbio latino- estaba comparando esa universidad, que tiene justificados merecimientos por el cumplimiento de su rol, nada menos que con la Universidad de Salamanca. De tal manera que mi propósito no fue menospreciar ni ofender a esa casa de estudios.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco, por dos minutos.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , resulta prácticamente imposible dar a conocer en dos minutos un conjunto de ideas en relación con esta sesión especial pedida por la bancada democratacristiana, encabezada por su presidente , don Enrique Krauss .
Por lo tanto, solicito que se inserte el discurso que tenía preparado, que contiene algunas ideas que debemos tratar con extraordinaria urgencia, ya que abordan materias que afectan a nuestros estudiantes universitarios.
También me parece extraordinariamente positivo que el honorable Diputado señor Ibáñez se disculpara ante el colega Enrique Krauss y el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, porque hay mucho paño que cortar en una universidad cautiva. En atención a la ausencia de nuestro colega, no me voy a referir a algunas de sus expresiones, que dañan la importante función que realizan en nuestro país las universidades estatales, la honorabilidad y capacidad de su rector para responder a un compromiso de país en cuanto al desarrollo de nuestra nación, al entregarnos excelentes profesionales. Pero eso no obsta para señalar los actuales problemas universitarios y de sus estudiantes. Sin duda, los Ministerios de Educación y de Hacienda deberán entregar recursos frescos para paliar este déficit.
No cabe la menor duda de que el país atraviesa por una crisis y que más de 500 mil familias chilenas hoy no tienen empleo.
Hacemos un llamado fervoroso a los rectores universitarios para que den todo tipo de facilidades a los alumnos que atraviesan por una situación difícil y están impedidos de pagar sus aranceles.
Nos interesa que en Chile no quede ningún niño, ningún joven sin la posibilidad de estudiar y que la limitante sea sólo la capacidad y no el dinero.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado , al tenor de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Corporación, habría que solicitar la unanimidad de la Sala para insertar su discurso. Lamentablemente, no hay quórum, de manera que no es posible acceder a su petición.
Por acuerdo unánime de los Comités, los cuatro proyectos de acuerdo presentados en esta sesión, se votarán mañana jueves antes del inicio de los proyectos de acuerdo, sin perjuicio del tiempo que tienen asignado.
Agradezco, en nombre de la Corporación, la asistencia del Ministro de Educación , del Director de Educación Superior, don Raúl Allard, de los rectores presentes y de los asistentes a tribunas.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.03 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. (Boletín Nº 2315-06).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado. (Boletín Nº 1510-07).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de comunicar a vuestra Excelencia que he resuelto incluir en la Convocatoria a la actual 339ª Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del honorable Congreso Nacional, los asuntos legislativos que se indican:
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica la ley Nº 19.162, que establece un sistema obligatorio de clasificación de ganado y tipificación de la carne. (Boletín Nº 1697-01).
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria. (Boletín Nº 2189-01).
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica el DL Nº 2.306, sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas, con el objeto de incorporar la objeción de conciencia. (Boletín Nº 1833-02).
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, que establece protección de los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. (Boletín Nº 2015-23).
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones. (Boletín Nº 2219-02).
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, sobre discriminación racial y étnica. (Boletín Nº 2142-17).
-Proyecto de ley que reforma los institutos tecnológicos Corfo . (Boletín Nº 1960-03).
-Proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en materia de tránsito terrestre. (Boletín Nº 999-15).
-Proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica la ley general de Telecomunicaciones para protección de la radiodifusión local y regional. (Boletín Nº 2326-15).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.