Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES.
- INTEGRACIÓN
- Carlos Montes Cisternas
- Laura Soto Gonzalez
- Maria Pia Guzman Mena
- Jaime Orpis Bouchon
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Exequiel Silva Ortiz
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Proposiciones de la comisión mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- DEBATE
- COMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 19.553, SOBRE ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Marina Prochelle Aguilar
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- APLICACIÓN DE NORMAS COMUNES SOBRE DESADUANAMIENTO DE PERTRECHOS CONSIGNADOS A FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO QUE COMPLEMENTA LEY Nº 19.553, SOBRE ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN.
- INTEGRACIÓN
- Carlos Montes Cisternas
- Rodolfo Seguel Molina
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Haroldo Fossa Rojas
- Manuel Rojas Molina
- Jose Francisco Encina Moriamez
- INTEGRACIÓN
- FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Proposiciones de la comisión mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- OTORGAMIENTO DE BENEFICIO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.070, A PROFESORES QUE LABOREN EN CÁRCELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS. (Votación).
- DEBATE
- ORGANIZACIÓN DE FERIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Velasco De La Cerda
- Rosauro Martinez Labbe
- Enrique Krauss Rusque
- Felipe Valenzuela Herrera
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Samuel Venegas Rubio
- Sergio Correa De La Cerda
- Victor Reyes Alvarado
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Mulet Martinez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- OTORGAMIENTO DE BENEFICIO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.070, A PROFESORES QUE LABOREN EN CÁRCELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL EN TALTAL. Oficio.
- ADHESION
- Waldo Mora Longa
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- INTENTOS DE REBROTAR LA IDEOLOGÍA NACIONALSOCIALISTA EN EL MUNDO Y EN CHILE.
- ELIMINACIÓN DE REQUISITO A POSTULANTES AL SUBSIDIO HABITACIONAL. Oficio.
- APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN EN COBRO MUNICIPAL POR RETIRO DE BASURA. Oficio.
- ADHESION
- Felipe Letelier Norambuena
- Sergio Velasco De La Cerda
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Salvador Urrutia Cardenas
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE PROHIBICIÓN DE IMPORTAR MOTOCICLETAS USADAS. Oficios.
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Sergio Velasco De La Cerda
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Valenzuela Herrera
- Waldo Mora Longa
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Haroldo Fossa Rojas
- Jaime Mulet Martinez
- Dario Paya Mira
- ADHESION
- ACTUACIÓN DE RECEPTORES JUDICIALES, NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES. Oficios.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LEY SOBRE DETENCIÓN POR SOSPECHA.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- ASESINATO DE ESTUDIANTES EN COLORADO, ESTADOS UNIDOS. Oficios.
- HOMENAJE A DIBUJANTE RENÉ RÍOS BOETTIGER, “PEPO”. Oficio.
- ENCUESTA EQUÍVOCA SOBRE MOVILIZACIONES MAPUCHES.
- INFORMACIÓN SOBRE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA CONADI. Oficio.
- NUEVA POSICIÓN POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA FRENTE AL GOBIERNO.
- MODIFICACIÓN EN MALLA CURRICULAR DE CARRERAS QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA. Oficio.
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- Felipe Valenzuela Herrera
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- DECLARACIONES DEL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL RICARDO LAGOS ANTE EMPRESARIOS ÁRABES.
- RECLASIFICACIÓN DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. Oficios.
- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL EN TALTAL. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Andres Palma Irarrazaval
- Exequiel Silva Ortiz
- Victor Barrueto
- Antonio Leal Labrin
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Pia Guzman Mena
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 56ª, en miércoles 21 de abril de 1999
(Ordinaria, de 16.09 a 19.22 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas 8
IV. Cuenta 8
-o-
Integración de comisión mixta en proyecto sobre adopción de menores 8
-o-
V.Orden del Día.
- Anticipos del Fondo Común Municipal. Tercer trámite constitucional. Proposiciones de la comisión mixta 8
- Complementación de la ley Nº 19.553, sobre asignación de modernización a funcionarios públicos. Tercer trámite constitucional 10
- Aplicación de normas comunes sobre desaduanamiento de pertrechos consignados a Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Tercer trámite constitucional 17
-o-
Integración de comisión mixta en proyecto que complementa ley Nº 19.553, sobre asignación de modernización 27
-o-
Facilidades en pago de patentes a pequeños mineros y mineros artesanales. Primer trámite constitucional 27
VI.Proyectos de acuerdo.
- Otorgamiento de beneficio establecido en la ley Nº 19.070, a profesores que laboren en cárceles y otros establecimientos. (Votación) 33
- Organización de ferias regionales de educación 34
VII.Incidentes.
- Aplicación del programa de asistencia y modernización de la minería artesanal en Taltal. Oficio 36
Pág.
- Intentos de rebrotar la ideología nacionalsocialista en el mundo y en Chile 36
- Eliminación de requisito a postulantes al subsidio habitacional. Oficio 39
- Aplicación de criterios de diferenciación en cobro municipal por retiro de basura. Oficio 39
- Efectos y consecuencias de prohibición de importar motocicletas usadas. Oficios 40
- Actuación de receptores judiciales, notarios y conservadores de bienes raíces. Oficios 41
- Evaluación de aplicación de ley sobre detención por sospecha 42
- Asesinato de estudiantes en Colorado, Estados Unidos. Oficios 43
- Homenaje a dibujante René Ríos Boettiger, “Pepo”. Oficio 45
- Encuesta equívoca sobre movilizaciones mapuches 46
- Información sobre predios adquiridos por la Conadi. Oficio 46
- Nueva posición política de la Democracia Cristiana frente al Gobierno 47
- Modificación de malla curricular de carreras que imparte la Universidad de Atacama. Oficio 48
- Declaraciones del precandidato presidencial Ricardo Lagos ante empresarios árabes 49
- Reclasificación de la comuna de Padre Las Casas. Oficios 49
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas modificaciones propuestas al proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica, y del nombre de los señores diputados que integrarán la comisión mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 2254-06) 51
2. Informe de la comisión mixta, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en los casos que indica (boletín Nº 2254-06) 51
3. Moción de los Diputados señores Ascencio, Huenchumilla, Palma, don Andrés; Silva, Jeame Barrueto, Leal, Palma, don Osvaldo; Bustos, don Juan, y las Diputadas señoras Allende, doña Isabel, y Guzmán, doña Pía, que modifica la ley Nº 12.927, sobre seguridad interior del Estado con el fin de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos, en delitos contra la seguridad del Estado (boletín Nº 2324-07) 55
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (96)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Iván Mesías e Ignacio Walker y la Diputada señora María Antonieta Saa.
Asistió, además, el Senador señor Jorge Lavandero.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.09 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 49ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 50ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES.
El señor MONTESPropongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que dicta normas sobre adopción de menores, deroga la ley Nº 18.703 y modifica la ley Nº 7.613, con las Diputadas señoras Laura Soto y Pía Guzmán, y los Diputados señores Jaime Orpis,Sergio Elgueta y Exequiel Silva. ¿Habría acuerdo? Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Proposiciones de la comisión mixta.
El señor MONTES (Presidente).-
En el Orden del Día, por haber sido calificado de “discusión inmediata”, corresponde tratar el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica.
La Comisión aprobó la dos modificaciones propuestas originalmente por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily) .-
Señor Presidente , ayer se reunió la comisión mixta para tratar las discrepancias formales suscitadas entre ambas cámaras respecto de los artículos 2º y 3º del proyecto de ley sobre anticipos del Fondo Común Municipal.
El artículo 2º del proyecto aprobado por la honorable Cámara preceptuaba que el incumplimiento de la obligación que asumirá el municipio será sancionado con las penas establecidas en el artículo 233 del Código Penal: reclusión para quienes dejasen de cumplir sus deberes previsionales para con sus trabajadores, al margen, obviamente, de todas aquellas sanciones que también involucran a las empresas privadas y a los sostenedores de la educación cuando incurren en esa irregularidad.
Se hizo remisión a ese artículo del Código Penal como una forma de desincentivar a los responsables de la administración de los municipios, vale decir, alcaldes o los administradores municipales en casos eventuales -este cargo se acaba de aprobar; ellos son una especie de gerente en los municipios-, o el director de la corporación cuando corresponda, mediante sanciones penales ante el incumplimiento del pago de deudas previsionales, lo cual aprobamos en el primer trámite, porque nos pareció bastante acertado.
La comisión mixta, básicamente, dio al artículo 3º la redacción positiva propuesta por la Cámara en el primer trámite constitucional.
El Senado propuso que las deudas contraídas debieran pagarse al mes de septiembre de 1998, y nosotros dijimos que no existieran deudas a contar de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto de 1998. Es decir, poner esto en forma positiva y no negativa.
En suma, se trata de dos modificaciones relacionadas más con la forma que con el fondo del asunto y, por ello, ambas contaron con el acuerdo unánime de los miembros de la comisión mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , para el profesorado del país que recibirá este beneficio es muy importante que la comisión mixta haya acordado cuestiones más de forma que de fondo, como bien lo señaló la Diputada señora Lily Pérez .
En este sentido, sugiero votar porque me parece que hay unanimidad al respecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , el debate de fondo lo tuvimos en trámites anteriores. Es evidente que, por lo menos la bancada del Partido Socialista y otros, aprobaremos las proposiciones de la comisión mixta, porque el proyecto terminará con la usurpación, por las municipalidades y sostenedores, de derechos, y con la apropiación de ingresos de los profesores, con los cuales solidarizamos. La iniciativa es parte de un acuerdo y todos entendemos que debemos cumplirlos; pero, a la vez, ratificamos que será la última vez que se haga este blanqueo a los municipios que les quitan la plata a los trabajadores y no enteran las imposiciones que les descuentan. Si exigimos al sector privado que pague las imposiciones a los trabajadores, con mayor razón lo haremos con los actores del Estado; en este caso, con los municipios.
Las modificaciones, tal como dijo la colega Lily Pérez , son más bien formales, y por ser la redacción dada por la Cámara la más adecuada, nuevamente contará con nuestra aprobación; pero -reitero- no somos partidarios de estos blanqueos de irregularidades; creo que le hacen mal al país. Mis expresiones no van contra nadie en particular, sino contra quienes no han sabido hacer las cosas bien, aun cuando hay municipios que son excepciones.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , encuentro muy acertadas y razonables las proposiciones de la comisión mixta; pero no quería dejar pasar la oportunidad de manifestar que, por primera vez, encuentro que las palabras del Diputado Juan Pablo Letelier son espectacularmente similares a las que yo habría pronunciado. Quiero dejar constancia de ese hecho inédito durante el año que ejerzo mis funciones. Sólo en un aspecto soy menos optimista que él: ésta no será la última vez que debamos blanquear deudas de los municipios, habida consideración de que aquí se trata de un adelanto de futuros dineros del Fondo Común Municipal que estamos entregando para paliar la irresponsabilidad de algunos alcaldes con sus empleados, específicamente profesores.
Temo que esto sea una especie de hoyo negro, en que hoy estamos subsanando un problema, pero que en el futuro volveremos a encontrarnos con otros de similar naturaleza.
En todo lo demás, felicito al señor Juan Pablo Letelier por sus muy sensatas opiniones.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar por unanimidad el informe de la comisión mixta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se deja constancia de que se ha reunido el quórum correspondiente.
COMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 19.553, SOBRE ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
En seguida, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que complementa la ley Nº 19.553, que concedió una asignación de modernización y otros beneficios a los funcionarios públicos.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2248-13, sesión 51ª, en 13 de abril de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario del Trabajo, señor Julio Valladares, quien nos puede clarificar algunos aspectos de las modificaciones del Senado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , este proyecto de ley complementa la ley Nº 19.553 -ley Anef-, que concedió la asignación de modernización y otros beneficios a los funcionarios públicos.
Esta iniciativa tiene un gran objetivo, y éste no es otro que superar ciertas limitaciones que se desprenden de la aplicación práctica del cuerpo legal que queremos modificar. Con ello se da cumplimiento a compromisos contraídos durante la tramitación de la ley Nº 19.553, pues en varias instancias hicimos ver que se dejaban al margen de estos beneficios algunos servicios de la administración central del Estado.
Por eso, respecto de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del Consejo de Defensa del Estado se dispone el otorgamiento de la asignación de modernización, ya que con anterioridad fue necesario postergar los proyectos específicos comprometidos para estas reparticiones. Como ambas estaban excluidas, ahora se les otorga en forma retroactiva, a partir del l de enero de l998.
Quiero referirme a tres modificaciones del Senado. A la Nº 5, mediante la cual se incluye en este beneficio, una asignación no imponible de 127.200 pesos anuales, a los trabajadores de la provincia de Iquique.
Los artículos 6º y 7º nuevos, propuestos por el Senado, implican pasos hacia adelante en el reconocimiento a los trabajadores de las instituciones fiscales.
El hecho de crear en el artículo 6º un fondo de becas concursables para un total de 400 funcionarios, que favorecerá a los de planta y a contrata de los Servicios de la Administración del Estado, beneficiarios de la asignación de modernización de la ley Nº l9.553, significa un paso hacia adelante y una preocupación por el perfeccionamiento y mejoramiento de la gestión y administración en los servicios públicos.
Su inciso segundo establece que el fondo de becas operará con efecto retroactivo a contar del 1 de marzo de 1999, y se financiará con los recursos que anualmente le asigne la ley de Presupuestos del sector público, correspondiendo su administración a la subsecretaría del Trabajo.
El resto del artículo contiene normas reglamentarias, relacionadas con el decreto supremo emanado de dicha secretaría de Estado y suscrito por el ministro de Hacienda.
Respecto del artículo 7º, nuevo, considero muy justo el aporte extraordinario al Servicio de Bienestar del Servicio Nacional de Aduanas, ascendente a 135 millones de pesos para el año l999, porque implica un beneficio para todos los funcionarios de esa repartición.
Por las razones expuestas, anuncio que votaré favorablemente todas las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , comparto en gran parte lo dicho por el Diputado señor Ortiz , quien, con mucha claridad, ha expuesto su opinión y la de un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, no de todos.
Como miembro de la Comisión de Trabajo, quiero, a lo menos, llamar la atención de la Sala sobre dos puntos que son importantes. En primer lugar, existía un compromiso del Ministerio del Trabajo, en el sentido de aclarar en el Senado -lo que no ha ocurrido-, el alcance de la frase “este beneficio será concedido a los trabajadores que se desempeñen al oriente de la Carretera Ruta 5”. Esta no es una cuestión político-partidista, sino de técnica legislativa. Hago un llamado a los parlamentarios que representan a la comuna de Antofagasta para que pongan atención a lo que estoy diciendo y solicito que alguien de esa zona nos explique el significado de esa frase. Esto lo señalé hace tres meses, cuando discutimos el proyecto en primer trámite constitucional, y consulté al respecto al subsecretario del Trabajo , don Julio Valladares, quien siempre ha venido a defender y poner la cara por el Gobierno en materias laborales.
Si hay un terremoto, un maremoto o un tsunami, ni Dios lo quiera, como se ha anunciado tantas veces, y el ministro de Obras Públicas decide desviar la Ruta 5 hacia la cordillera o hacia el mar, ¿a qué trabajadores va a considerar en el beneficio? Al parecer, los parlamentarios que representan a Antofagasta no se han dado cuenta de este detalle. Yo no soy de allá, pero me preocupan los trabajadores de esa región, que han manifestado su inquietud por este punto. Espero que los dos parlamentarios que la representan, al menos hagan ver esta situación o digan qué significa y a quiénes afectará.
Por primera vez veo, en estos nueve años de funcionamiento del Congreso, que en un proyecto se pone algo así. También podría hablarse de un camino de tierra y que desde el empedrado se empezará a pagar el beneficio. Esto no lo entiendo ni corresponde a una buena técnica legislativa.
Por lo tanto, pido modificar el artículo 11 en lo relacionado con la comuna de Antofagasta.
En segundo lugar, el Senado agregó los artículos 6º y 7º nuevos. Otra vez hago un llamado a los parlamentarios, pues permanentemente ha existido en la Cámara el sentido de respaldar y cuidar a nuestros funcionarios, a los de la Cámara, del Senado, de la Biblioteca y a sus hijos. Hemos hecho ver al Ejecutivo que en el inciso primero del artículo 6º se excluye a los hijos de estos funcionarios.
No solicitamos que el proyecto fuese a la Comisión de Trabajo, porque queríamos hacerlo ver acá. Concuerdo en que es muy bueno, y los trabajadores que se encuentran en las tribunas me han solicitado que lo aprobemos. Yo les tengo mucho cariño a todos los trabajadores, pero también a nuestros funcionarios y a sus hijos. Creo que en nueve años, por primera vez pareciera que quieren dejar a nuestra gente fuera del proyecto.
Pido a la honorable Cámara rechazar el inciso primero del artículo 6º para que el proyecto vaya a comisión mixta, al igual que el artículo 11, porque es de justicia solucionar el problema de la comuna de Antofagasta y el de los hijos de los trabajadores que nos han acompañado durante nueve años y nos acompañarán por muchos años más. Ésta es una cuestión de justicia social y, como tal, no podemos dejar fuera a los hijos de nuestros trabajadores.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , en nombre de los funcionarios públicos de Iquique quiero señalar que nos sentimos muy satisfechos de que el Gobierno haya entendido que ellos tienen un sueldo igual al del resto, pero, lamentablemente, deben asumir costos de vida muy altos. Por lo tanto, era de mínima justicia incluirlos en el proyecto en estudio.
Esta iniciativa, que otorga una asignación de modernización, pretende paliar los efectos que para los distintos funcionarios públicos del país ha tenido el proceso de modernización, que no es fácil, porque, además de las incontables tareas de todos los días, tienen que revisar los procedimientos y asumir las nuevas normas que involucra un proceso de modernización.
Quiero destacar que el proyecto responde verdaderamente a los funcionarios públicos del país, porque, incluso en la discusión que hubo en la Comisión de Trabajo, se hizo un análisis de la probidad de los funcionarios públicos de Latinoamérica y se estableció que Chile tenía uno de los mayores niveles de probidad. Y cuando los funcionarios públicos perciben sueldos que no les permiten cubrir todas sus necesidades y, a pesar de eso, actúan con ética y honorabilidad y no son corruptos, sino honestos en su trabajo, el Gobierno tiene que hacerse cargo de ello y debe incentivarlos para que sigan trabajando así.
El proceso de incorporar a Iquique no fue fácil, porque en nuestra ciudad somos víctimas del prejuicio de que la ciudad nortina es como el Miami chileno y, por lo tanto, no necesita ayuda. Pero resulta que está al extremo del país, a casi 2 mil kilómetros de distancia de Santiago. Allá el agua es cara, los arriendos altísimos y, por lo tanto, el costo de vida es verdaderamente difícil de llevar.
Por esa razón y porque en diversas reuniones que tuvimos tratamos de sensibilizar a las autoridades y presentamos antecedentes respecto del costo de vida y dijimos al Gobierno que no es fácil trabajar en el norte del país en las condiciones que se viven allá, como parlamentaria representante de la provincia de Iquique, me siento satisfecha de que finalmente el Gobierno lo haya entendido así y haya incluido a nuestra ciudad.
En nombre de cada funcionario público, no sólo de la comuna, sino de la provincia de Iquique, votaré a favor del proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , el proyecto nos satisface a todos y quisiéramos despacharlo en un plazo más breve, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para compartir con el Diputado señor Seguel la extrañeza por el hecho de que se haya mantenido el tema de la ruta 5 en el artículo 11 para conceder esta asignación de modernización del Estado.
Del mismo modo, por su intermedio, quisiera escuchar una aclaración del subsecretario del Trabajo sobre el tema, que ya fue ampliamente discutido en la Comisión de Trabajo. También comentábamos con él la situación que afectaría al personal del Congreso Nacional en relación con las becas presidenciales, iniciativa que, por supuesto, felicito para el resto de la Administración del Estado.
Sin perjuicio de estos dos puntos, pido votar por separado estos incisos, con el objeto de que los señores diputados que queramos rechazar parte de las modificaciones del Senado podamos hacerlo, salvo que obtengamos explicaciones satisfactorias en la Sala.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al subsecretario del Trabajo.
Acordado.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor VALLADARES (Subsecretario del Trabajo).-
Muchas gracias, señor Presidente .
Sobre el primer punto planteado por algunos señores diputados acerca de la línea demarcatoria para otorgar el beneficio a los funcionarios de la comuna de Antofagasta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados entregamos los antecedentes de las instituciones y el número de personal que se verá beneficiado, y no encontramos una modalidad mejor de poder identificar y hacer esa línea demarcatoria en el caso de la comuna de Antofagasta. Los senadores de la Segunda Región que participaron en la discusión del proyecto concordaron en que, con la garantía de que el personal del MOP, de la Dirección de Vialidad y de Aduanas estaba dentro de este beneficio, se reconocía y ratificaba la redacción con que este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Respecto del fondo de becas, quisiera recordar a los señores diputados que este proyecto más el original, que es la ley Nº 19.553, nació de un acuerdo entre el Gobierno y la Anef.
Lo que ha hecho el Gobierno a través de este proyecto es complementar y reparar algunas de las situaciones que dificultaron el cumplimiento del acuerdo con la Anef, una de las cuales fue la creación de un fondo de becas.
Este fondo es para los funcionarios y no para sus hijos, en el marco de una política que efectivamente nos permita mejorar la capacitación, la profesionalización del personal de las distintas instituciones de la administración central del Estado, para que hagamos mejor las cosas y la tarea de mejorar la gestión pública sea cada día una mayor realidad, como lo ha tratado de hacer el Gobierno del Presidente Frei.
En ese marco de acuerdo con la Anef, hemos privilegiado a las instituciones de la administración central del Estado y, efectivamente, al fondo de becas no acceden los funcionarios del Congreso Nacional, porque lo que aquí estamos haciendo es cumplir un acuerdo del Gobierno con el gremio. Desde ese punto de vista, estamos ratificando que los funcionarios de aquel sector no han podido acceder a un fondo de becas, lo que estamos reparando. Por otra parte, entendemos que otras instituciones del Estado han desarrollado sus propios mecanismos autónomos, con los que pueden incentivar la capacitación y la profesionalización de su personal, y lo que estamos haciendo como administración es privilegiar a los funcionarios de la administración central del Estado que tienen un deseo de profesionalizarse, y no existen los recursos que hoy se crean a través de este fondo de becas para que en los próximos años 400 funcionarios puedan profesionalizarse.
Esperamos que la honorable Cámara de Diputados ratifique este artículo que hemos introducido en el Senado, mirando no tan sólo la situación particular de esta institución, sino, ojalá, la del conjunto de los funcionarios de la administración central del Estado que esperan tener un fondo de becas y así dar otro paso más en su dignificación y en su profesionalización.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , si bien es cierto que compartimos todo apoyo y beneficio que entregue el Estado a los servicios públicos y que permita su competitividad con el sector privado, cuyos trabajadores gozan de mejores condiciones remuneratorias, quiero llamar la atención y compartir en gran parte lo que informaba el Diputado señor Seguel respecto de esta problemática del artículo 11, que dice relación con una línea divisoria que existe en el mapa, que es una situación territorial.
Pero también quiero decir al Diputado señor Seguel que hace un par de sesiones, ya pedí en la Cámara el envío de un oficio al Presidente para que se realizaran acciones frente a esta problemática, porque no tenemos una iniciativa mayor que ésta. Es más, fuimos nosotros quienes informamos al Senador señor Cantero y a la Senadora señora Carmen Frei de esta problemática que estaba ocurriendo, porque así se nos hizo saber. Pero es una situación que vale la pena que el subsecretario conozca.
No habrá ningún funcionario público en Antofagasta beneficiado con esta ley; ninguno. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la situación territorial, zona fronteriza, tenemos las localidades de Ollagüe y de San Pedro de Atacama, en la Segunda Región.
A Ollagüe llega gente de la Aduana y otra en comisión de servicios. No es permanente. Ahí ya tenemos una debilidad. En San Pedro de Atacama ocurre lo mismo. Pero lo que nos preocupa aún más es que se pretende beneficiar a la Segunda Región tomando la comuna de Antofagasta, ni siquiera la Región en su totalidad, como se hizo con la Primera, que me alegra bastante que se le dé este beneficio, con la presión política que se hizo en esta Cámara y en el Senado. Finalmente, el Gobierno accedió, porque, incluso, después de las modificaciones se estableció que se le diera a la provincia de Iquique, incluyendo a Iquique, Pozo Almonte y Huara , pero en Antofagasta ni siquiera se tomó a Taltal, Mejillones , las salitreras ni nada.
Por lo tanto, la ruta 5 solamente delimita una vasta zona minera, por lo que resulta nefasto el párrafo que dice que esto debe tomarse como un beneficio para la Segunda Región, lo que se debe a una falta de responsabilidad del Gobierno para enfrentar un tema tan delicado como el que estamos discutiendo.
Es más, se señala que son beneficiados los funcionarios del MOP; pero yo replico inmediatamente que la línea divide la estación de servicio de pesaje de La Negra, por lo que quedan oficinas a uno y a otro lado de la línea que se ha señalado que será el indicador para otorgar este beneficio. En consecuencia, ¿quiénes van a ser beneficiados? ¿Los que están en una o en la otra oficina?
Como no podemos formular indicación al respecto, he pedido, de lo que debe quedar constancia, que se solicite al Presidente de la República el envío de una indicación para solucionar este problema de la comuna de Antofagasta.
Deseo hacer un paréntesis.
Los funcionarios de la Contraloría tampoco serán beneficiados con este proyecto, por lo que espero que se introduzca una modificación a otra ley que está en trámite en este momento.
En consecuencia, es importante que el Gobierno actúe con responsabilidad frente a este problema.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , como los dos temas que he planteado han sido recogidos por diputados de distintas bancadas de esta Cámara, hago el siguiente llamado: cuando estudiemos un nuevo proyecto que beneficie al sector público, los parlamentarios de las zonas extremas deberán tener cuidado en el tratamiento que le demos en el primer trámite constitucional, porque la mayoría de los diputados aprobó este artículo, que no contó con mi apoyo, y ya que dije lo que pensaba de él en su oportunidad. Tampoco debemos culpar al Ejecutivo , que hizo los esfuerzos necesarios para aprobar su proyecto. Fue culpa de los senadores de la Segunda Región, que llegaron a acuerdo con el Ejecutivo sobre este artículo. Hay un problema político, y es que ellos aceptaron esta “pasada a llevar”, que yo estimé incorrecta.
Reitero mi llamado sobre el artículo 11, para que tengamos cuidado con lo que diga el próximo proyecto respecto de las zonas extremas. Como esta iniciativa fue aprobada por las dos cámaras, obviamente no existe ninguna solución hasta el próximo año.
Sin embargo, a pesar del aprecio que le tengo y de la amistad que nos une desde hace tantos años con don Julio Valladares, subsecretario del Trabajo , quiero refutar sus expresiones y decirle con mucho cariño que no es efectivo que él haya llegado a acuerdo en las dos cámaras sobre el artículo 6º, uno de los nuevos propuestos por el Senado: la Cámara de Diputados no llegó a ningún acuerdo ni en la Comisión de Trabajo se lo hemos dado para dejar fuera a los trabajadores del Congreso Nacional. Hubo unanimidad de todos los parlamentarios que estábamos en la Comisión de Trabajo para decirle: “No estamos de acuerdo en dejar fuera a los trabajadores del Congreso Nacional”.
Por eso, invito a mis colegas a que rechacemos el inciso primero del artículo 6º, con el objeto de que vaya a comisión mixta para que agreguemos a los funcionarios del Congreso Nacional. Ése no ha sido nunca un acuerdo nuestro con el Ejecutivo . Si se trata de un acuerdo del Ejecutivo con la Anef, entonces debo decirle al Ejecutivo que se deben respetar todos los acuerdos a que llegue con la Anef, ya que, de haber actuado de esa manera, no habríamos peleado como lo hicimos hace menos de cuatro o cinco meses por el reajuste del sector público, respecto del cual tampoco se respetaron los acuerdos como correspondía.
Invito a todos los diputados a que aprobemos las modificaciones del Senado, así como a rechazar el inciso primero del artículo 6º, nuevo, con el objeto de que el proyecto vaya a comisión mixta para agregar a los trabajadores del Congreso Nacional.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Estoy de acuerdo con el artículo 11, que concede una asignación especial para los trabajadores públicos de ciertas regiones que, por sus particulares características, tienen un costo de vida mucho mayor, como ya lo dijo la Diputada señorita Antonella Sciaraffia , no sólo del norte, sino que también del sur del país.
También deseo expresar que una vez más se incurre en el error, que muchas veces hemos criticado en la Comisión de Hacienda, de manifestar que este tipo de asignaciones, en este caso de 127.200 pesos, sea considerada no imponible. Ése es un profundo error, ya que se trata de una renta y, por lo tanto, debería estar afecta no sólo a las normas tributarias, sino también a las disposiciones contenidas en leyes sociales, porque, a la larga, lleva a un grave problema al momento de la jubilación, pues se pierde todo este tipo de asignaciones, lo que produce una enorme diferencia en el ingreso familiar de un ex trabajador.
Si bien anuncio mi voto favorable, una vez más creo que estamos legislando inadecuadamente al establecer este tipo de asignaciones no imponibles, por todas las consecuencias que esto produce en el futuro.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar las modificaciones del Senado.
En primer lugar, votaremos la modificación al artículo 11, que incluye en el beneficio a los trabajadores de la provincia de Iquique.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el artículo 6º, nuevo, que crea el fondo de becas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el artículo 7º, que otorga un aporte extraordinario al servicio de bienestar de Aduanas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
Finalmente, en votación la disposición quinta transitoria, que sustituye el guarismo “1998” por “1999”.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobada.
Despachadas las modificaciones.
APLICACIÓN DE NORMAS COMUNES SOBRE DESADUANAMIENTO DE PERTRECHOS CONSIGNADOS A FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que deroga el artículo 2º del decreto ley Nº 480, de 1974, con el objeto de someter los pertrechos de propiedad del Estado, consignados o por cuenta de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las normas comunes sobre desaduanamiento de mercancías.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 635-05, sesión 51ª, en 13 de abril de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , no voy a referirme al proyecto original y a sus implicancias, sino a las modificaciones del Senado al proyecto de ley que deroga el artículo 2º del decreto ley Nº 480, de 1974, que hoy nos ocupa y que nos parecen acertadas, por cuanto resguardan eficientemente el principio de reserva que debe regir la adquisición y/o importación de pertrechos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, conciliándolo debidamente con el ejercicio eficaz de la potestad aduanera.
En efecto, se ha perfeccionado la redacción de la disposición que establece el delito funcionario, introduciéndole todos los verbos rectores que se consideran necesarios para configurar, en forma inequívoca, las conductas en que puede incurrir tanto un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas como de cualquier otro y que vulneren esta reserva en cualquiera de las modalidades que la misma norma contempla.
Es del caso destacar que la obligación de guardar estricto secreto, que pesa sobre los funcionarios, se extiende más allá del término de su trayectoria como tales, lo que también nos parece correcto. La contravención a esta norma es castigada con penas corporales bastante elevadas, ya que fluctúan entre la reclusión menor en su grado medio a reclusión mayor en su grado mínimo, o sea, desde 541 días a 10 años de privación de libertad, lo que, indudablemente, constituye un fuerte elemento disuasivo para quienes pretendan transgredir la disposición.
Por otra parte, es acertada la norma que obliga la concurrencia de un funcionario de la institución afectada cuando el director nacional de Aduanas o un administrador regional del Servicio ordenen el aforo físico o revisión documental de mercaderías de la subposición 00.01.01, ya que de esta forma quedan debidamente representados y resguardados los intereses institucionales de quienes intervengan en estas operaciones.
En consecuencia, nuestra bancada va a aprobar las modificaciones que ha introducido el Senado al proyecto en examen, por cuanto creemos que cumplen plenamente el objetivo tenido en cuenta para perfeccionar esta legislación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, creemos que el Senado de la República mantiene la idea central del proyecto y lo perfecciona desde el punto de vista formal.
Sus ideas centrales dicen relación básicamente con el cumplimiento estricto de las normas de desaduanamiento y con que en ellas también queden involucrados los denominados pertrechos, material para las instituciones de la Defensa Nacional, ya que necesitan, de todas formas, cumplir con los requisitos que el procedimiento aduanero indica. Sin embargo, siendo desaduanados efectivamente por un funcionario de la misma repartición, deberán tener la característica especial del conocimiento y la vista de un funcionario de cada una de las instituciones que produzca el desaduanamiento.
Por otro lado, eso nos permite salvaguardar dos aspectos: 1) cumplir la normativa de Aduanas y que, de esta manera, se termine con las posibilidades de alterar o de ingresar, bajo el título de pertrechos, materias que no sean necesarias para las instituciones de la Defensa, y 2) cuidar y permitir también que en esa condición se mantenga efectivamente el secreto o la reserva debida.
Desde ese punto de vista, en ambos casos se ha decidido mantener la pena o sanción para aquel funcionario que, incluso ya no siéndolo, divulgue el contenido de las materias desaduanadas.
Por esas razones, estamos de acuerdo con el proyecto iniciado en moción parlamentaria en esta Cámara, al que le daremos nuestra aprobación, reiterando que, a nuestro juicio, el Senado de la República ha ordenado su contenido, el que no ha sido modificado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero reconocer la autoría del proyecto en el Diputado señor Andrés Palma y otros parlamentarios.
Me parece que esta iniciativa solucionará un vacío enorme que existía respecto de la internación de pertrechos y dará transparencia al proceso, por lo que es importantísimo aprobarlo.
Creo que las modificaciones introducidas por el Senado perfeccionan el proyecto y, por lo tanto, comparto gran parte de ellas.
En primer lugar, coincido con la facultad que se entrega al director regional y al administrador de Aduana para designar a los funcionarios que harán el aforo, y también me parece importante que en este proceso pueda participar algún miembro de la institución que haga la internación.
En segundo lugar, también comparto el criterio de la escala de penas que se aplicará cuando algún funcionario transgreda estas normas: de reclusión menor en su grado medio hasta reclusión mayor en su grado mínimo.
Creo que las modificaciones del Senado son positivas y perfeccionan el proyecto, lo cual ayudará mucho a dar claridad al proceso que antes produjo algunas dificultades.
Por lo tanto, nuestra bancada va a apoyar el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , los diputados democratacristianos también vamos a apoyar las modificaciones del Senado, que no son sustanciales.
El único cambio realmente significativo es positivo. Establece que si fundadamente lo dispone el ministro de Defensa Nacional , se puede suspender la aplicación de la resolución que posibilite el aforo de las mercaderías internadas como pertrechos; pero quiero enfatizar que esto requiere de una resolución fundada del ministro de Defensa Nacional para pasar por encima del procedimiento establecido para todas las mercaderías que se internen como pertrechos en situaciones normales del país.
En la Cámara de Diputados también habíamos considerado que, en caso de estados anormales, podía suspenderse la vigencia de esta disposición. El Senado ha cambiado la redacción y la formalización de algunos de esos estados anormales, pero no el fondo y, en ese sentido, quiero destacar que hay una gran coincidencia entre lo discutido en la Cámara de Diputados y lo aprobado por el Senado.
No obstante, quiero señalar dos cuestiones que me parecen muy relevantes en relación con el proyecto y con los impactos que a veces tienen las discusiones de determinados proyectos de ley en la Cámara de Diputados y en el país.
Hace más de cuatro años, cuando se presentó este proyecto para su discusión, fue rechazado dos veces por la Comisión de Hacienda y una vez por la de Defensa Nacional. Sin embargo, fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados. En ese estado de tramitación, dado el rechazo de las comisiones y la aprobación por la Sala, después de un tiempo el proyecto fue archivado.
Entonces, una revista de circulación nacional lo calificó como de absurdo, juicio que era compartido por algunos de los diputados miembros de la Corporación en ese entonces y ahora. Incluso, se llegó a descalificar a quien había presentado esta moción, señalando que ella constituía un ridículo. El director de dicha revista, que para mí tiene categoría de pasquín, hoy dirige un periódico de circulación nacional, el cual se acerca bastante a la categoría antes mencionada.
Es importante que tengamos a la vista este tema, porque si entonces hubiese existido la discusión que hubo el año pasado después de las denuncias sobre internación de pertrechos que realizó el Diputado Nelson Ávila , que le causó un conflicto a la oficialidad de más alta jerarquía de la Fuerza Aérea, incluso a ese parlamentario con el comandante en jefe de esa institución, la situación que motivó ese conflicto no hubiera ocurrido y no volverá a suceder en el futuro, porque vamos a aprobar esta disposición que crea suficientes mecanismos de control para que ninguna autoridad superior, ni tampoco algún subordinado, pueda utilizar estas disposiciones especialísimas de que gozan -y de que deben gozar- nuestras instituciones armadas para su propio beneficio.
En ese sentido, estimo que debemos aprender una lección en la Cámara de Diputados, como cuerpo político, en cuanto a que, a veces, cuando se tiene la oportunidad y los antecedentes, hay que entrar a resolver los problemas de fondo, porque cuando no lo hacemos, por defender, tal vez, a personas a las cuales nos unen lazos afectivos, emocionales, o inclusive políticos, esta situación vuelve a producirse y los problemas se agravan.
Confío en que, con la aprobación de la Cámara a las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto de ley, un tema de tensión entre los poderes políticos y los tribunales administrativos con las Fuerzas Armadas desaparecerá definitivamente, y eso será una gran contribución al país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , quisiera aprovechar la oportunidad en que se discute este proyecto para aclarar la gran confusión que se creó con motivo de una denuncia que hiciera hace un tiempo.
Se quiso crear la sensación, en la opinión pública, de que toda esta situación de internar, ya sea bares de ratán o tácticos -como los calificara alguien-, motos de agua, elementos electrónicos, etcétera, en calidad de “pertrechos”, se debía a que este vocablo no estaba definido con precisión en ninguna norma legal. Quiero decir que eso es completamente falso. Lo prueba una circular, de fecha 29 de marzo de 1979, que emitió la Superintendencia de Aduanas a pedido expreso del Comando Logístico de la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea . ¿Qué dice el órgano fiscalizador respectivo ante este requerimiento de que fue objeto? Leo: “Al no definir en forma específica el legislador la expresión “pertrechos”, debemos remitirnos a su significado común en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es así como “pertrechos”, entonces, corresponde a municiones, armas y demás instrumentos, máquinas, etcétera, necesarias para el uso de los soldados y defensa de las fortificaciones o de los buques de guerra”.
Hasta ahí la Superintendencia está citando, de manera textual, la definición que aparece en el Diccionario de la Real Academia; pero estima pertinente reforzar esta idea y agrega a continuación: “Conforme a lo anterior, debe considerarse como pertrechos a aquellos bienes destinados por los institutos armados para los fines de defensa, resguardo territorial y seguridad nacional”.
Pregunto: ¿Puede existir alguna duda acerca del sentido y amplitud con que debe entenderse el vocablo “pertrechos”? ¿Podría la Fuerza Aérea argumentar que desconocía esta limitante, en circunstancias de que obraba en su propio Comando Logístico una información como la que acabo de entregar a esta Sala?
Por lo tanto, es mi propósito dejar perfectamente establecido -para que se despeje ese equívoco perverso, a mi juicio, que en un momento determinado se construyó- que el término “pertrechos” ha sido siempre objeto de una definición muy precisa en la disposición legal correspondiente y de parte del órgano encargado de fiscalizar.
¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Ha habido mala fe en la interpretación de este vocablo, lo que es muy distinto. Cuando se internó el bar de ratán se sabía perfectamente, desde su salida en Miami, de qué estábamos hablando. Tanto es así que en esa misma ciudad se contrató un seguro por 19 mil dólares, donde debía especificarse, con absoluta precisión, el contenido de lo que se estaba importando. Insisto, nunca existieron dudas acerca de lo que se estaba internando cada vez que se violó esta disposición legal que invoco.
Entonces, de todas maneras es obvio que la propuesta que en su momento hizo el Diputado Andrés Palma adquiere toda validez en la medida en que se produjeron situaciones que fueron en detrimento del patrimonio público y, desde luego, debilitaron la confianza de la ciudadanía en ciertas instituciones.
En términos generales, estoy de acuerdo en que se legisle en este campo; pero soy contrario a que se mantengan áreas de discrecionalidad en una materia sobre la cual ya tenemos experiencia, en cuanto a los efectos que ha causado un lenguaje ambiguo e interpretaciones aún peores.
La modificación del Senado dice que “El Director Regional o el Administrador de Aduana respectivo ordenará practicar las operaciones de examen físico, revisión documental o aforo de aquellos despachos que la institución beneficiaria haya calificado de carácter reservado, -y agrega- cuando lo estime conveniente”. Esto deja una puerta abierta a la presión y, eventualmente, a la transgresión de principios éticos, porque un funcionario de aduana, por sí y ante sí, podrá resolver si supervisa o no. Y, en última instancia, según lo que manda este artículo, debe comunicar el hecho a la correspondiente institución, con el objeto de que ésta designe especialmente una persona que presencie la inspección que se haga.
¿Por qué tanto cuento para llevar a cabo inspecciones que, si bien es cierto atañen a materias delicadas relacionadas con la Defensa Nacional, no deben quedar revestidas de un secreto tal que sea imposible su verificación por parte del Servicio Nacional de Aduanas, el órgano competente?
A mi juicio, debe eliminarse todo lo que viene después de la coma (,), que está con posterioridad al vocablo “reservado”. Todo eso está de más y, eventualmente, puede repetir situaciones que, desde luego, no favorecen el prestigio ni la imagen de instituciones tan importantes, como son las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Aduanas.
En consecuencia, si el artículo se vota tal como viene redactado del Senado, sin cambio alguno, mi bancada me ha autorizado para anunciar nuestros votos en contra.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
¿Su Señoría está pidiendo dividir la votación del inciso tercero del artículo único; es decir, que la primera parte del inciso llegue hasta los vocablos “de carácter reservado”?
El señor ÁVILA.-
Eso me parece un método prístino, señor Presidente .
El señor MONTES (Presidente).-
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , con el Diputado señor Andrés Palma participamos en la redacción de esta norma y me siento un poco responsable de su último inciso.
Pero, antes de continuar con esta idea, quiero hacerme cargo de lo que dice el Diputado señor Ávila , con quien concuerdo en cuanto a que estamos en presencia de una área en la que entregar mayor discrecionalidad administrativa es un riesgo que genera más problemas que beneficios. En un minuto más diré por qué. Creo que, equivocadamente, apunta al inciso donde se produce el problema, porque menciona la discrecionalidad que tendría el director regional o el administrador de Aduanas respecto de los materiales que ingresan al país en calidad de pertrechos, en este caso.
Cuando se trata de mercancías en general, estas atribuciones normalmente competen a estas autoridades. O sea, este inciso no innova respecto de atribuciones normales que existen en Aduanas sobre otro tipo de mercancías.
Si hubiera que aforar todas las mercancías que entran al país, sin excepción alguna, sería una norma de carácter impracticable. Es evidente que se termina haciendo una selección o un muestreo, pero lo importante es que Aduanas cuente con las atribuciones para hacerlo cuando lo estime conveniente. Y la generalidad de las veces, lo hace con un criterio adecuado. Se podrá discutir si ejerce bien o mal sus atribuciones; pero lo contrario también generaría un problema, al obligarla a hacerlo siempre.
El problema de la discrecionalidad administrativa -estoy dispuesto a coincidir con el Diputado señor Ávila - no se produce ahí, sino en el último inciso. Explicaré por qué. Fui responsable de introducir una norma, pues lo sugerí en la Comisión, para establecer excepciones a este tipo de trámite aduanero y aforo, en caso de estados de excepción constitucional. Y cuando se elaboró el proyecto, las tuvimos en consideración. El Senado la modificó, precisando el estado de excepción a que se refería. Pero, inmediatamente después, estableció una excepción terrible, que hace letra muerta la ley, la cual consigna que, no obstante, aun cuando no estemos en presencia de un estado de excepción, el ministro de Defensa podrá determinar que no se exigirán dichos trámites en caso de que así lo disponga fundadamente, basado en especiales razones de seguridad nacional.
Sus Señorías comprenderán que, de aprobarse esa norma, estamos entregando una atribución a una autoridad administrativa que puede llegar a decir: “Miren, ¿saben qué más?: la ley no se aplica”.
En cuanto a la internación de armamento, en cualquier democracia se producen irregularidades. Les ha pasado a los belgas, holandeses; recientemente a los argentinos, y a nosotros.
La finalidad del proyecto era resolver el problema a las Fuerzas Armadas, darles una solución, como una garantía para ellas mismas, para que no siguieran con una práctica interna que las perjudicaba. Pero la norma que introduce el Senado, por la vía de la excepción, permitirá el establecimiento de una regla general que impedirá la aplicación de la ley, y convertiremos la internación de pertrechos en una decisión política de gobierno, y cada internación de mercancías, en un conflicto de carácter político. Muchos de nosotros consideramos inadecuado convertir cada uno de estos trámites en conflicto.
Recuerdo que cuando se discutió esta disposición en la Comisión de Hacienda, surgió una inquietud legítima de parte de algunos diputados, quienes decían que si uno resguardaba el secreto -la reserva de parte de las autoridades de Aduanas-, no deberían existir resguardos, ni siquiera en los estados de excepción constitucional o de guerra, en lo que se refiere a los procedimientos aduaneros normales.
La mayor parte de los miembros de la comisión discrepó de ese parecer e introdujo una norma que el Senado precisó en su primera parte de manera correcta. Pero la segunda parte es inaceptable, porque se refiere a períodos de normalidad política -no de anormalidad, para los cuales está la primera parte del inciso-, de paz, en donde el ministro de Defensa toma una decisión.
¿Ustedes creen que irá a ver lo que están internando? Con seguridad le pasarán un papel, le dirán lo que se está internando y firmará, haciéndose responsable del internamiento y de la ausencia de controles, con lo cual volveremos a fojas cero en cuanto a lo que esta iniciativa pretende resolver.
Por lo tanto, señor Presidente , pido votar en forma separada la última frase del inciso final del artículo, a fin de tener la oportunidad de rechazarla. Dice: “Asimismo, no se exigirán dichos trámites en caso de que así lo disponga fundadamente el ministro de Defensa Nacional , basado en especiales razones de seguridad nacional”.
He conversado con los Diputados señores Ascencio y Andrés Palma -con algunos de los que participamos en la redacción de la iniciativa-, y estamos de acuerdo en el rechazo de esa parte, porque además no dice relación con la intención del proyecto, lo hace letra muerta, afecta a un período de paz y entrega una discrecionalidad administrativa absolutamente inaceptable.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , nuestra bancada apoyará las modificaciones del Senado, por su sentido común sobre la definición que está allí.
Sin embargo, no puedo dejar pasar la intervención del Diputado señor Ávila , quien acaba de señalar en esta Sala que el concepto de “pertrecho” está perfectamente definido y claro, lo cual se contradice de manera absoluta con el proyecto de ley que presentó hace un tiempo en la Cámara, el cual me tomaré el privilegio de leer: “Se entenderá como “pertrechos”, aquellos bienes consignados por las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Dirección General de Investigaciones, cuyo destino sea el resguardo de la soberanía nacional, el orden público y la seguridad interior”.
En los antecedentes que entregó, decía: “El vocablo “pertrecho” es un concepto jurídico indeterminado. Obedece a la aplicación de la ley. No se puede decidir su contenido discrecionalmente. Para ello, la administración carece de facultades. En consecuencia, algo es pertrecho o no lo es. No procede definirlo”.
En consecuencia, queda clara la contradicción, habitual en el honorable colega.
Por último, como en las modificaciones del Senado se refleja la definición de pertrecho dada por el Servicio de Aduanas y la Contraloría General de la República, corresponde aprobarlas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , pido al Diputado señor Vilches que especifique el proyecto suscrito por mí en que figura esa expresión.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Está en el boletín Nº 2.212-02 y precisa el sentido y alcance del término “pertrecho”, presentado a las 11.35 horas del 4 de agosto de 1998 por el honorable Diputado señor Nelson Ávila .
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , encuentro razonable el planteamiento del Diputado señor Jocelyn-Holt de que es positivo limitar en la ley la discrecionalidad del servicio público, porque ello protege al ciudadano. Sin embargo, en los partidos de la Concertación no se observa temor de otorgarla en otros casos.
Comparto la posición de no establecer la discrecionalidad. Me parece positivo. Pero, pido a los diputados de Izquierda y democratacristianos que proyecten el mismo celo a otros ministerios, porque, en general, su limitación defiende al ciudadano, repito, que, por lo general, se ve agobiado por ella y la burocracia, que impide su plena realización y el logro de sus expectativas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , no comparto el criterio del Diputado señor Jocelyn-Holt sobre la última parte del inciso final del artículo único que propone el Senado, puesto que los estados de asamblea o de sitio, de acuerdo con la Carta Fundamental, son por períodos determinados, se conocen las libertades que se restringen y están sujetos a un procedimiento.
Pero, un país también puede vivir situaciones críticas en otras circunstancias. Por ejemplo, en negociaciones respecto de límites, donde es posible llegar a desencuentros de tal naturaleza, que ponen en peligro la seguridad nacional y es necesario prepararse para un evento bélico, mediante el aumento del contigente militar y otras medidas especiales.
Para qué hablar de calamidades públicas. En esos casos se necesitan aviones, otros medios de transportes y recursos, respecto de los cuales no se puede estar invocando el estado de asamblea o de sitio.
Así, no me cabe duda de que la modificación del Senado es acertada. Si el ministro de Defensa desarrolla la labor de buena fe, es obvio que la disposición es correcta, justa y adecuada para las situaciones que he expuesto.
De lo contrario, no regirían estas disposiciones. ¿Para qué esperar una guerra? ¿Acaso no confiamos en que los ministros de Estado asumirán su responsabilidad? Existen mecanismos constitucionales respecto de los que no cumplan la ley, traicionen a la patria e incurran en malversaciones o en otros delitos que señala la Carta Fundamental.
Desde este punto de vista, la oración final “Asimismo, no se exigirán dichos trámites en caso de que así lo disponga fundadamente el ministro de Defensa Nacional , basado en especiales razones de seguridad nacional.”, no es un arbitrio, un capricho o una sinrazón. Por el contrario, hay motivos suficientes para aprobarla.
En consecuencia, si se divide la votación, aprobaré la modificación del Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , el Diputado señor Elgueta es un gran exégeta. Entiende muy bien las disposiciones y me sorprende que no advierta que de por medio hay un bien muy importante: la seguridad del país.
Es cierto, no se requiere estar en guerra para adoptar determinadas medidas o internar productos y elementos sensibles, respecto de los cuales es aconsejable actuar con reserva y, por lo tanto, saltarse ciertos procedimientos.
Según eso, lo lógico sería eliminar la primera parte del inciso final. Si estamos dispuestos a dar al ministro de Defensa la facultad de ignorar la ley, en todo momento, sin necesidad de preguntar a nadie, ¿qué necesidad existe de la primera parte del inciso final, que se refiere a los estados de asamblea o de sitio? Es preferible que se la demos de plano; pero esto es una exageración, porque, entonces, para qué legislamos, si al final determinará el ministro .
La intervención de algunos colegas me ha recordado un reloj malo, pero que da la hora exacta, al menos, dos veces al día. En esta oportunidad, el Diputado señor Ávila le ha dado medio a medio.
No tiene sentido que legislemos en la materia si se establece una excepción de tal amplitud para el ministro de Defensa.
De todos modos, me parece que el planteamiento del Diputado señor Elgueta es atendible, y la manera de recogerlo es mediante el establecimiento de una regulación para casos especiales, al margen de los estados de asamblea o de sitio, que entiendo se pueden producir; pero no procede borrar con el codo lo que está en proceso de convertirse en ley.
Por eso, adhiero a la solicitud de votación separada.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , olvidé plantear una prevención que vale la pena.
El proyecto es de iniciativa parlamentaria y, hasta donde sé, no ha sido objeto de indicaciones del Ejecutivo.
Al respecto, me gustaría que quedara constancia de la siguiente prevención: estamos en presencia de una modificación que surgió por iniciativa parlamentaria, que entrega atribuciones a un servicio público, en este caso, al Ministerio de Defensa.
Lo anterior es inconstitucional, desde un punto de vista real. Por esta razón hago la reserva y dejo planteada mi inquietud. El Ejecutivo nunca pidió estas atribuciones y fueron introducidas en el Senado solamente por iniciativa parlamentaria.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, voy a referirme brevemente a las intervenciones de los Diputados señores Paya y Jocelyn-Holt.
Respecto de lo que afirmó el Diputado señor Paya , debo aclarar que no se puede confundir un estado de normalidad con un estado de asamblea o de sitio, por cuanto la propia Carta Fundamental los llama “estados excepcionales”. O sea, son de absoluta anormalidad y no los puede confundir con los ejemplos que señalé -de catástrofe o emergencia-, en cuyo caso es necesario que alguien se preocupe.
Por otra parte, no es preciso que lo deba realizar el Presidente, porque incluso lo podría decretar el ministro en su nombre.
En cuanto a lo que decía el Diputado señor Jocelyn-Holt , según la tradición jurídica constitucional que se ha establecido en el Congreso, si bien este proyecto es de iniciativa parlamentaria, no es menos cierto que ha sido incluido en la convocatoria extraordinaria y, entiendo, patrocinado por el propio Ejecutivo . En consecuencia, su objeción, en cuanto a tratarse de una materia inconstitucional, no corresponde.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Informo a la Sala que en la Mesa tenemos la indicación sustitutiva del proyecto con la firma del Presidente de la República y los ministros de Defensa y de Hacienda ; por tanto, la observación del Diputado señor Jocelyn-Holt no corresponde.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite hacer una precisión, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).-
Su tiempo se agotó, señor diputado.
Solicito la unanimidad de la Sala para que el Diputado señor Ávila pueda intervenir por tercera vez.
No hay acuerdo.
Se ha propuesto efectuar votación separada.
En votación el artículo único, exceptuando la última parte del inciso segundo y la última parte del inciso final.
¿Habría unanimidad para aprobarlo?
El señor DITTBORN.-
Pido votación.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
Por petición del Diputado señor Ávila, corresponde votar por separado la parte final del inciso segundo, que dice: “Cuando se disponga la práctica de alguna de estas operaciones se comunicará este hecho a la correspondiente institución, con el objeto de que ésta designe especialmente una persona que presencie la inspección que se haga”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor Montes.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Finalmente, a petición del Diputado señor Jocelyn-Holt, se vota la parte final del último inciso agregado por el Senado, que dice: “Asimismo, no se exigirán dichos trámites en caso de que así lo disponga fundadamente el ministro de Defensa Nacional , basado en especiales razones de seguridad nacional”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor Montes.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO QUE COMPLEMENTA LEY Nº 19.553, SOBRE ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN.
El señor MONTESPropongo a la Sala integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas en el proyecto que complementa la ley Nº 19.533, que concede la asignación de modernización y otros beneficios, con los Diputados señores Rodolfo Seguel,José Miguel Ortiz,Haroldo Fossa,Manuel Rojas y Francisco Encina. ¿Habría acuerdo? Acordado.
FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
Informo a la Sala que ha llegado una indicación del Ejecutivo, la que necesariamente debe ser tratada en la Comisión de Hacienda.
Diputado informante de la Comisión de Minería es el señor Baldo Prokurica, y de la de Hacienda, el señor Juan Pablo Letelier.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2299-08, sesión 34ª, en 19 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Minería y Hacienda, sesión 48ª, en 6 de abril de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 9 y 10, respectivamente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica, informante de la Comisión de Minería.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , paso a informar el proyecto de ley que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
Actualmente, de acuerdo con el artículo 142 del Código de Minería, los titulares de concesiones mineras se encuentran afectos a un régimen especial que debe ser amparado mediante el pago de una patente anual, cuyo monto es equivalente a un determinado porcentaje de unidades tributarias por cada hectárea completa, dependiendo de si la concesión es de exploración o de explotación.
Este pago es anticipado y debe hacerse durante el mes de marzo de cada año. La contravención de esta obligación conlleva como sanción la inclusión de la patente minera en la nómina que el Tesorero General de la República debe enviar antes del 1 de julio de cada año a los tribunales de justicia para los efectos de su posterior remate.
Sin embargo, los afectados tienen la posibilidad de excluir las patentes del remate, pagando el doble del valor adeudado, de conformidad con lo prevenido en el inciso segundo del artículo 149 del citado Código.
El mensaje propone establecer, por esta única vez, y sin que ello siente precedente, un mecanismo legal que permita a los concesionarios de patentes mineras que tengan la calidad de pequeños mineros y a los mineros artesanales, excluir sus patentes del remate, mediante el pago de lo adeudado, sin el recargo antedicho.
Además, cumple con el objetivo de dar solución financiera a los pequeños mineros o mineros artesanales que se encuentran morosos en el pago de sus patentes mineras, con el objeto de evitar que pierdan su única fuente de ingreso.
Según señala el mensaje, este sector se encuentra deprimido por la paralización de sus faenas, situación que se ha visto acrecentada por su inestable condición operacional y por el descenso del precio internacional del cobre, y propone solucionar el problema de la siguiente manera.
El pequeño minero o minero artesanal que debió pagar la patente de amparo de concesión minera correspondiente a 1998, y no lo hizo, puede excluirla de la subasta hasta el momento del remate, pagando el valor adeudado, sin el recargo legal establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. Las cantidades pagadas a título de sanción se imputan al pago de futuras patentes en los casos de pequeños mineros o mineros artesanales que debieron pagar el recargo para retirar su patente minera de la subasta. Esto es una idea nueva y, de alguna manera, significa también un beneficio para quienes pagaron al día.
Se entiende por pequeño minero o mineros artesanales aquellos que trabajan personalmente una mina y/o una planta de beneficios minerales, propias o ajenas, con ayuda de su familia o sin ella, y/o con un máximo de doce dependientes asalariados. También se da esta calificación a las sociedades mineras que no tengan más de seis socios y a las cooperativas mineras, siempre que los socios o cooperados tengan el carácter de pequeños mineros o mineros artesanales.
La comisión compartió los objetivos perseguidos por el Ejecutivo con esta iniciativa, aunque reconoció que se trata de un beneficio tardío, debido a que en la actualidad no existirían más de 200 pequeños mineros o mineros artesanales en tal situación.
No compartió el criterio utilizado para determinar el número de beneficiarios. A juicio de la comisión, no revestiría mayor importancia establecer el número de socios de una sociedad minera para otorgarle el beneficio, en consideración a que éste no guarda directa relación con la calidad de pequeño minero o minero artesanal.
Además, recordó que en 1996, a través del entonces Diputado señor Fuentealba y por la unanimidad de sus miembros, se pidió al Supremo Gobierno legislar en esta materia, con el objeto de dar solución definitiva al problema, por cuanto se considera expropiatoria la sanción contemplada en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. Precisó que las leyes especiales antes citadas no han resuelto las situaciones que se arrastran desde 1993, toda vez que muchos mineros no han pagado sus patentes y están permanentemente expuestos a perder sus fuentes de trabajo. Por lo tanto, una excepción en aquella parte de 1998 y 1999, como señala la indicación del Ejecutivo , no sirve de mucho.
Sin embargo, hubo unanimidad en considerar que el proyecto atiende un problema real, razón por la cual aprobó por unanimidad tanto la idea de legislar como el articulado propuesto, sin perjuicio de insistir ante el Ejecutivo respecto de la necesidad de perfeccionarlo en los términos planteados en la discusión general. En ese sentido, se pidió al miembro de la comisión Diputado señor Waldo Mora , hacer las gestiones pertinentes con el ministro de Minería , a fin de que el Ejecutivo modifique el proyecto en ambas materias: primero, las fechas que se establecen para aliviar esta sanción -a nuestro juicio, se trata de una disposición expropiatoria, la única existente en nuestros códigos- y, segundo, para que el beneficio se establezca a partir de 1995 en adelante y no desde 1998 -ahora 1999, de acuerdo con la indicación que recibimos recientemente-, porque de esa manera no producirá efectos considerables.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , el señor Prokurica fue bastante claro en señalar cuál es el objetivo del proyecto.
Existe en el sector de la pequeña minería una situación objetiva que afecta brutalmente a algunas provincias y regiones del país que, más allá de la cantidad que representa, tiene un impacto social muy fuerte, en particular en aquellas comunas que de por sí tienen dificultades para desarrollarse económicamente.
En la comisión no pudimos diagnosticar con claridad si se trata de una situación coyuntural o es una tendencia más profunda. La pequeña minería es un área económica de gran tradición e importancia. De allí la relevancia de considerar la propuesta de establecer un procedimiento especial que podría llegar a tener un costo fiscal estimativo máximo de 7.681 millones de pesos. Señalo esta cifra sólo en términos teóricos, por cuanto en el proyecto se establece que las personas no tendrán que pagar recargo sobre la patente.
Por desgracia, la iniciativa ha tenido una tramitación excesivamente larga, razón por la cual pediré al final de mi intervención que acojamos en este trámite la indicación del Ejecutivo, donde se establece este procedimiento con la idea de que no se pague doblado el valor de la patente para excluirla de la subasta, no sólo para 1998, sino también para 1999.
Como indicó el señor Prokurica , el proyecto beneficia a 200 pequeños mineros -algunos creen que la cifra es mayor- y, a la vez, establece un mecanismo de devolución de recursos para quienes han debido pagar el doble a fin de evitar que sus concesiones mineras sean subastadas.
Atendida su importancia, la comisión de Hacienda le ha dado su respaldo y sugiere lo mismo a la Corporación.
Respecto de ciertos guarismos, cabe precisar que los 7.801 millones de pesos, en moneda de octubre de 1998, tiene el siguiente desglose.
Se calcula que treinta y cinco mil ochocientos veintinueve mineros serían beneficiados. En verdad, esa cifra es muy lejana a la realidad; por lo tanto, el monto adeudado que figura en el programa financiero es absolutamente abultado con respecto al costo fiscal real, el cual está relacionado con supuestas sanciones a las personas que desean evitar que su concesión minera sea sacada a remate. Probablemente, el monto fiscal sea bastante menor.
Por último, en la comisión de Hacienda se reflexionó -no es éste el momento para entrar en ese debate- acerca de la necesidad de entregar esta facultad a la autoridad correspondiente, en forma más permanente, a fin de que pueda minimizar, en un momento específico, de ciclo económico en particular, el mecanismo de pago doble de las patentes atrasadas, con el objeto de evitar su subasta.
La comisión respalda el proyecto e invita a los colegas a aprobarlo.
Esta indicación debería ser considerada de inmediato, porque su único alcance es ampliar el período para acogerse al beneficio a aquellas personas que adeudan la patente de concesión correspondiente a 1999. La iniciativa original favorecía sólo a los deudores del período anual 1998. Esto es sumamente importante, ya que la legislación minera vigente establece que sólo pueden ser eliminados de la subasta correspondiente aquellas personas que hayan regularizado su situación antes del 1 de julio.
Por tanto, es necesario legislar en favor de los deudores de ambos años.
El señor TUMA ( Vicepresidente )-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Mulet.
El señor MULET .-
Señor Presidente , concedo una interrupción al Diputado don Joaquín Palma , quien me la ha solicitado.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.
El señor PALMA (don Joaquín) .-
Señor Presidente , quiero referirme al último punto que analizó el Diputado informante de la comisión de Hacienda , don Juan Pablo Letelier , en relación con el menor ingreso que le puede significar al Estado un proyecto de esta naturaleza.
En realidad, para mí es preocupante que en un proyecto de esta índole se hable de una cifra que no ha sido objeto de ningún análisis -tengo el informe del ministro de Minería en el que insiste en esos valores-, sin ninguna consistencia real, bastante burda, absurda, ridícula, diría yo.
En general, durante los últimos años, los datos que he recibido sobre la pequeña minería son absolutamente vagos e inciertos. Ésa ha sido una de las causas por las cuales no se han tomado decisiones claras. Mientras los datos sean indefinidos, brumosos, la decisión que se tome no arrojará resultados positivos.
La cifra que se señala en el informe mencionado, que podría referirse sólo a multas, es del orden de US$ 15,5 millones. Ésa es la conversión en moneda norteamericana. Sin embargo, el presupuesto de fomento por el cual hemos estado bregando durante los últimos años es inferior a ese monto, si se le descuentan los costos de administración que quedan en Enami como gastos de la institución.
Por lo tanto, sólo en cuanto a las multas, el informe se refiere a los pequeños mineros -calificación que se define aquí claramente-; el universo es infinitamente menor de lo que se dice y, en consecuencia, muy fácil de aproximar.
Por ello, pediría -ojalá esté escuchando alguien del Ministerio- al Ejecutivo mayor precisión en los datos que entrega; de lo contrario, da la impresión de que, como se trata de los pequeños mineros, su situación no se analiza, se dilata, y no se acogen sus planteamientos.
Ésa era la prevención que deseaba hacer presente.
Le agradezco al Diputado señor Mulet la interrupción que me concedió.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , en materia de pequeña y mediana minería, como muy bien señalaba el Diputado don Joaquín Palma , nos encontramos en una situación bastante compleja, porque las cifras que se consignan podrían implicar tope de costo al fisco, lo cual dificultaría aterrizarla en la realidad.
En la sesión especial del 19 de enero, en la cual se trató el tema de la pequeña y mediana minería, parlamentarios de distintas bancadas -sobre todo aquellos que representamos zonas mineras como la Tercera, Segunda, Cuarta y Sexta regiones-, propusimos, de consuno, una serie de medidas. Gracias a Dios, por lo menos nos escucharon en una de ellas: el mecanismo legal que se señala en el proyecto en discusión, al que hoy los diputados de mi bancada daremos nuestra aprobación. Se trata de la postergación o, más bien, de la suspensión del pago de la multa que establece el artículo 149 del Código de Minería.
El proyecto primitivo -como muy bien lo indicó el Diputado señor Prokurica - establecía que sólo se suspendía el pago de la multa para los morosos en el pago de sus patentes mineras por el período anual 1998. Sin embargo, dada la lentitud de algunas tramitaciones, sobre todo en el envío del proyecto, nos encontramos con deudores morosos en el pago de dichas patentes durante el año calendario 1999.
Mediante gestiones realizadas por el Presidente de la comisión de Minería de esta Cámara , Diputado señor Waldo Mora , se logró el envío de una indicación que suspende el pago de las multas también por el período anual 1999. Sin embargo, la suspensión de remates de los años anteriores a 1998 no goza de este beneficio.
Es efectivo que existe una complejidad de orden jurídico, por cuanto en muchas comunas mineras los remates fueron suspendidos de acuerdo con las normas legales dictadas con ocasión de catástrofes, a raíz de las lluvias y desastres ocurridos en la Tercera y Cuarta regiones, situación muy distinta de la acontecida durante los períodos anuales 1998-1999. Sin embargo, se deja sin solución a un grupo de pequeños y medianos mineros que representan importantes zonas en nuestro país, ya que no se les permite solucionar íntegramente su situación en el pago de las patentes y quedan expuestos a perder sus pertenencias mineras y sus concesiones. De manera que es necesario recalcar este hecho.
Por eso, pedimos una vez más al Gobierno que, de alguna manera, atienda esta situación y vea la forma de solucionar el problema de estas personas.
Lamento mucho que hoy no estén presentes el ministro de Minería y el vicepresidente ejecutivo de Enami , hecho que, de alguna manera, demuestra la poca preocupación que existe frente al tema de la pequeña y mediana minería por parte de algunas autoridades.
No bastan las reuniones ni la buena voluntad. No bastan las conversaciones corteses. Los pequeños y medianos mineros necesitan sobrevivir y reactivar una actividad que da empleo en importantes lugares y sectores de la vida nacional y que es fundamental desde el punto de vista de la participación en el producto geográfico, como Inca de Oro, Diego de Almagro , Copiapó , Vallenar , Chañaral , Freirina, Huasco, Domeyko , Taltal , Andacollo , La Higuera ; en la Quinta Región, Petorca , y en otros lugares de la Sexta Región. Aquí realmente no se ha tomado el toro por las astas, no se han adoptado las medidas necesarias, las que deben ser propuestas y aplicadas a la brevedad.
Reitero: en sesión celebrada el 19 de enero, por unanimidad, se aprobó un proyecto de acuerdo que fue enviado al Ejecutivo , en el que se proponían una serie de medidas. Para ser justo, debo reconocer que al menos este proyecto de ley acoge parcialmente una de ellas, lo que constituye un avance, pero eso sólo es tapar el sol con la mano.
Me parece importante destacar, en el tema de las patentes mineras, la forma o el tratamiento jurídico que le ha dado el Ejecutivo, en orden a privilegiar o a suspender el pago de multas de las patentes mineras sólo de los pequeños y medianos mineros y de los mineros artesanales.
En lo personal, comparto plenamente dicho criterio, ya que la iniciativa no permite el beneficio de la suspensión del pago respecto de patentes mineras -como muy bien sabemos, no son tributos, sino patentes de amparo, como se denominan normalmente- de las grandes empresas. Eso está bien, porque en materia de concesiones mineras -y nuestros colegas lo saben- se ha especulado durante los últimos años, y hay grandes empresas mineras, prácticamente copadas, regiones y distritos enteros, donde hoy no están trabajando y, como el perro del hortelano, tampoco dejan trabajar. Este proyecto de ley no beneficia a esas grandes empresas, que tienen muchas pertenencias mineras, y a los diputados democratacristianos ello nos parece correcto. Debemos destinar los recursos a los pequeños y medianos mineros, tal como se propone en esta iniciativa, y aunque es en forma limitada, reconozco que constituye un paso adelante.
Para terminar, quiero denunciar lo que ocurre en la pequeña y mediana minería de Atacama, mi región. Dada la poca preocupación o mejor dicho la forma errática con que la Empresa Nacional de Minería ha tratado el tema, hoy estamos llegando, incluso, a que en ciudades como Copiapó existan ollas comunes en beneficio de personas que han trabajado en la pequeña y mediana minería, situación que no podemos tolerar. Asimismo, en ciudades como Vallenar, hoy mismo se están reuniendo en la plaza de esa ciudad más de 400 personas cesantes que trabajaban en ese sector de la minería.
Señor Presidente , estimados colegas, creo que tenemos un desafío muy importante, en particular las autoridades de Gobierno. Como muy bien lo señaló el colega Joaquín Palma , Diputado por La Serena , La Higuera y otras comunas -también afectadas por el mismo problema-, no son muchos los recursos que se necesitan para salvar esa importante actividad de la vida nacional, que no sólo debe subsistir por razones económicas, sino también porque ha enfrentado una situación coyuntural originada en los bajos precios del cobre. Los pequeños y medianos mineros deben subsistir, para lo cual es necesario que el Estado invierta en ese sector, porque durante los últimos diez años -y durante los últimos 40, si queremos retrotraernos más en el tiempo- la pequeña y mediana minería siempre han aportado al fisco, con las utilidades que obtiene la Empresa Nacional de Minería. Éste es el momento para que dicha empresa, el fisco, el resto del país, salven esta situación y permitan que la pequeña y mediana minería puedan seguir subsistiendo en un momento en que el precio del cobre se encuentra en uno de los niveles más bajos de la historia.
Para terminar, anuncio que los diputados democratacristianos apoyaremos este proyecto de ley, que suspende el pago de esa multa tan gravosa, toda vez que al día siguiente de vencido el plazo, el valor de la patente minera se duplica, situación que sólo afecta a la pequeña y mediana minería. Por ser un paso adelante, lo aprobaremos, pero hay que caminar más rápidamente y dar pasos más grandes en esta materia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Están inscritos los Diputados señores Antonio Leal, Carlos Vilches, Darío Molina, Manuel Rojas y Mario Bertolino. Por lo tanto, la discusión del proyecto continuará en la primera sesión de mayo.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , sólo para pedirle que recabe el acuerdo unánime de la Sala a fin de votar ahora el proyecto, y que los colegas inscritos soliciten la inserción de sus discursos.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acoger la solicitud del Diputado señor Ortiz?
No hay acuerdo.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , en un gesto de generosidad colectiva y en atención a que son solamente cinco los diputados inscritos para intervenir, ¿no sería posible prorrogar el Orden del Día y concederles unos tres minutos a cada uno, a fin de que puedan expresar su pensamiento sobre un tema tan importante?
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acoger la proposición del Diputado señor Mora?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , tenemos un problema reglamentario: si este proyecto no se aprueba antes del 1 de julio, la futura ley no tendrá efecto alguno. Por eso, es fundamental que se vote hoy; votarlo en dos semanas lo hará inútil.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado , este proyecto, que debe volver a la comisión de Minería para su discusión en particular, tiene que ser conocido también por la de Hacienda. De manera que votarlo hoy no surtiría un efecto práctico.
Tiene la palabra el Diputado señor Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , el tema de la pequeña y mediana minería es demasiado importante como para limitar las intervenciones de los diputados que representamos a las zonas mineras.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado , aquí no se han limitado los tiempos; simplemente terminó el destinado al Orden del Día.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
OTORGAMIENTO DE BENEFICIO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.070, A PROFESORES QUE LABOREN EN CÁRCELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS. (Votación).
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 209.
En votación.
-Durante la votación:
El señor VELASCO.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente , como al parecer no hay oposición, podría recabar el acuerdo de la Sala para aprobarlo por unanimidad.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
No hay acuerdo, señor diputado .
El señor TUMA (Vicepresidente).-
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , cuestión de Reglamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , voté a favor, pero, no obstante marcar bien, mi voto no figuró en el tablero electrónico.
Como es posible que a otros colegas les haya ocurrido lo mismo, le ruego que repita la votación, porque el parecer hay fallas en el sistema.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Su voto no incide en la votación, señora diputada .
El señor MORA.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MORA.-
Señor Presidente, considero que la petición de la Diputada señora Marina Prochelle debería ser acogida, porque a muchos diputados nos ha sucedido lo mismo.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, a pesar de eso, no se obtiene el quórum requerido para aprobar el proyecto de acuerdo.
ORGANIZACIÓN DE FERIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 210, de los Diputados señores Velasco,Rosauro Martínez,Krauss,Valenzuela,Ávila,Venegas, Correa, Reyes, José Pérez y Mulet:
“Considerando:
1. Que la educación es uno de los pilares del desarrollo de los pueblos, siendo uno de los objetivos centrales del Gobierno para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI.
2. El Gobierno ha impulsado una reforma educacional con la finalidad de adecuar y modernizar todos los sistemas de enseñanza y aprendizaje que requiere el estudiantado chileno.
3. El país está consciente de la necesidad de comprometerse como sociedad en estos cambios: orientado a una mayor calidad y equidad en la educación chilena.
4. El Ministerio de Educación encabeza una reforma global e integral: en los planes y programas, jornada escolar completa, inversión en infraestructura y equipamiento con tecnología de punta para elevar y mejorar la enseñanza en todos sus niveles.
5. Grandes cambios se han efectuado en los últimos años, con fuertes y cuantiosos recursos aprobados para planes de desarrollos muy específicos, cuyos resultados son necesarios conocer.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Educación para que organice en conjunto con las autoridades pertinentes:
1. Las primeras ferias regionales de educación en donde se muestren los logros, desarrollos y avances en esta área.
2. Posteriormente concluir con una primera feria educacional nacional, a realizarse en la ciudad de Santiago cada dos años”.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor VELASCO.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo tuvo su origen en el seminario que se realizó hace poco tiempo en la Cámara de Diputados sobre la educación municipalizada.
La educación es uno de los pilares del desarrollo de los pueblos y uno de los objetivos centrales del Gobierno para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI.
El Gobierno ha impulsado una reforma educacional con la finalidad de adecuar y modernizar todos los sistemas de enseñanza y aprendizaje que requiere el estudiantado chileno.
El país está consciente de la necesidad de comprometerse, como sociedad, con estos cambios orientados a lograr mayor calidad y equidad en la educación chilena.
El Ministerio de Educación encabeza una reforma global e integral de los planes y programas, jornada escolar completa, inversión en infraestructura y equipamiento con tecnología de punta para elevar y mejorar la enseñanza en todos sus niveles.
Grandes cambios se han efectuado en los últimos años, con fuertes y cuantiosos recursos aprobados para planes de desarrollo muy específicos, cuyos resultados es necesario conocer, principalmente por las regiones y por el país.
Esta idea la ha asumido el Ministerio de Educación y tiene interés en realizar estas ferias regionales y nacionales de educación.
Por eso, pido, por su intermedio, el asentimiento unánime de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Restan dos minutos para hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , la finalidad del proyecto de acuerdo va en la línea correcta, porque, indudablemente, los alumnos, en estas exposiciones, mostrarán lo que ellos realizan, y así se mejorará la educación.
Pero veo con mucha tristeza que la mayoría de los parlamentarios no están presentes en la Sala, sobre todo los de Gobierno, quienes dicen que su preocupación central es mejorar la educación.
Creo que este proyecto no va a tener destino, porque no habrá quórum suficiente para aprobarlo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor MORA.-
Señor Presidente, ¿se puede pedir la unanimidad para este proyecto?
El señor TUMA (Vicepresidente).- No hay quórum para acceder a lo que solicita, señor diputado .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- No ha habido quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Una vez más, no ha habido quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor TUMA (Vicepresidente).- No ha habido quórum.
Queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
VII. INCIDENTES
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y MODERNIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL EN TALTAL. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , si bien es cierto existe una muy buena intención en el plan impulsado por el ministerio respecto del Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal, Pamma , hay preocupación en la ejecución de este proyecto, específicamente en el caso de mi región, por la situación que afecta a Taltal.
Por eso, en esta oportunidad, pido, por su intermedio, que se oficie al ministro de Minería para que informe sobre el desarrollo del Pamma en la Segunda Región, y que, específicamente, identifique las debilidades que se han debido sortear en la localidad de Taltal. La problemática que se ha presentado recientemente respecto del desarrollo de este programa, evidencia que no se está obteniendo el resultado esperado ni el objetivo planteado.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Mora y Fossa.
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, el tiempo que nos resta como bancada lo cedemos al Comité de Renovación Nacional.
INTENTOS DE REBROTAR LA IDEOLOGÍA NACIONALSOCIALISTA EN EL MUNDO Y EN CHILE.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , me voy a referir a un tema que tiene preocupados a aquellos que en la juventud vivimos hechos tan trascendentales en la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial.
Las frases duras no van conmigo, pero es indignante y una verdadera vergüenza para la humanidad que cuando entramos al tercer milenio, existan todavía ideologías cavernarias, pensamientos degenerados que intentan repetir prácticas criminales que fueron aplastadas hace más de medio siglo, pero, por desgracia, no del todo erradicadas.
Se trata de la ideología nazista, que ha comenzado a levantar cabeza en algunos sectores de Alemania, España , Italia y Francia, en Europa, y que se sigue vistiendo de Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Aquí, en nuestra patria, unos trasnochados descendientes de González von Marées, insisten en preparar el congreso nazi para el 2000.
En el mes de septiembre pasado me correspondió participar, junto con otros honorables colegas, en la Centésima Conferencia Interparlamentaria Mundial, que se llevó a cabo en Moscú. Allí tuve la posibilidad de denunciar los intentos del neonazismo internacional y de los grupúsculos de esta idelogía que operan en Chile para realizar un congreso. Allí la mesa aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo presentado por este diputado chileno, que consiguió la atención de parlamentarios del mundo, lo que no ocurre en este Congreso Nacional.
Lamentablemente, en este hemiciclo conversamos más de lo que en la práctica legislamos. Siempre he dicho a los señores parlamentarios que pido respeto y que me gusta respetar; por tanto, aquellos que deliberan y tratan temas no concernientes a la legislación...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor JARAMILLO.-
...nunca van a considerar estos proyectos, a lo mejor mal tratados en Incidentes.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Solicito silencio en la Sala para escuchar la intervención del señor diputado que hace uso de la palabra.
El señor JARAMILLO .-
En otras circunstancias, terminaría mi intervención porque no hay intención de escuchar; pero soy porfiado, y como hay alguna audiencia televisiva que, a lo mejor, escucha esto, voy a continuar abordando la materia.
Prohibida esta ideología por muchas constituciones y leyes específicas por provocar crímenes que perduran en la memoria de la humanidad, expresamos en Moscú el más categórico rechazo a esta peregrina idea de llevar a cabo un congreso mundial nazi en Chile.
Concluía el documento diciendo: “Junto con repudiar con la mayor energía la realización de dicho evento, manifiestan su solidaridad con las fuerzas democráticas de Chile y hacen un llamado a los pueblos del mundo a movilizarse para impedir cualquier acto que facilite la consecución de este propósito demencial que pone en peligro a la democracia y a la sociedad en su conjunto”.
Sé que las más altas autoridades chilenas -el propio Gobierno, a través de su Canciller- han dicho que no habrá congreso nazi en nuestro país, y lo mismo, en sus diversas instancias, es lo que ha expresado nuestro Parlamento.
Todos los partidos políticos y las organizaciones religiosas han rechazado también cualquier intento de que los nazis del mundo entero se reúnan en nuestro Chile democrático.
El comité representativo de las entidades judías de Chile ha jugado un gran papel en la formación de conciencia de la gravedad que un evento así acarrearía no sólo para los judíos, sino para todas las etnias representadas en nuestro país y en el mundo, dado el carácter racista de la ideología nazi.
Así las cosas, pareciera que todo estuviese ya en condiciones para que este congreso no se lleve a cabo, pero no hay tal. Ellos han seguido con sus preparativos a través del Centro de Estudios Culturales “Arcadia” y de la Corporación Ecológica “Nueva Era”, cuyo brazo propagandístico es la revista Pen Dragón, de la editorial neonazi Excalibur. Hasta tienen un lugar para reunirse entre el 15 y el 22 de abril en Santiago de Chile.
Y, según se dice, cuentan con el patrocinio de importantes personalidades, que las sacarán a relucir en el momento oportuno, entre ellos ese extraño hombrecillo llamado Miguel Serrano.
He recibido informaciones, entre otras, de la comunidad israelita de Valparaíso, en el sentido de que los organizadores continúan con su cometido y que el reciente congreso nazi llevado a cabo en un colegio religioso de Buenos Aires fue preparatorio para el que pretenden llevar a cabo en nuestro país.
Es más, dicen que Chile es el paraíso en el que pueden llevar a cabo sus fechorías. Aquí conmemoraron el centenario de Hitler y aquí, dadas las facilidades, llevarán a cabo su congreso.
Perú, Argentina, Uruguay y Brasil tienen su ley antidiscriminatoria que no permite que este tipo de ideología exista y prolifere. Pero en Chile no la tenemos.
Señor Presidente , creo plenamente en la autenticidad de los propósitos de nuestras autoridades de impedir esta reunión nazista. También de nuestro Parlamento, pero no sólo se trata de gestos de voluntad, sino de que el país se encuentre realmente protegido por leyes que impidan actividades de esta naturaleza y, a su vez, castiguen de manera ejemplarizadora a los promotores y ejecutores de estas prácticas criminales. El nazismo no cabe dentro de la democracia, porque es antidemocrático por naturaleza.
Hay en esta Cámara de Diputados un proyecto de ley, que duerme el sueño de los justos, que condena las prácticas discriminatorias, elaborado por altos especialistas. Durante un año el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile realizó, con representación de todas las minorías étnicas del país, un estudio sobre el tema, el que en diciembre de 1997 fue presentado en una sesión especial al ex ministro de Planificación , en representación del Gobierno, y a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de ese momento, señores Sergio Romero y Gutenberg Martínez .
¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Por qué no ha sido puesto en tabla? ¿Acaso no hay urgencia para impedir que Chile reedite momentos que horrorizan nuestra memoria?
Con mucha emoción, señor Presidente , teniendo presente el recuerdo de los millones de víctimas que provocara el nazismo en Europa, el mismo de la tenebrosa Gestapo, el de los hornos crematorios, solicito a su Señoría dar a ese proyecto de ley, en el marco reglamentario y constitucional, toda la urgencia necesaria para que queden prohibidas por la ley las actividades discriminatorias, donde caben perfectamente las que propician los grupos neonazis, y puedan ser condenados quienes impulsen y ejecuten crímenes contra la humanidad, de igual modo que pueda castigarse a aquellos que, tras fachadas impolutas, financian los pasos de esta pérfida ideología.
Estoy seguro de que esta Cámara se pondrá de pie para decir no al congreso de los neonazis, e impulsar a la brevedad esa ley antidiscriminatoria que será, a no dudar, uno de los pilares de la vida democrática chilena.
He dicho.
ELIMINACIÓN DE REQUISITO A POSTULANTES AL SUBSIDIO HABITACIONAL. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Socialista deseo plantear una situación que afecta a un número creciente de personas, particularmente de sectores urbanos, que postulan al subsidio habitacional. Hasta hace algún tiempo no se les solicitaba un requisito que los ha marginado de esa posibilidad: la exigencia de las tres últimas liquidaciones de sueldo o el pago de las tres últimas imposiciones en las AFP. Antes, dicho requisito no era solicitado y la gente, particularmente de las regiones agrícolas, donde impera más el trabajo informal, podía postular sin ningún inconveniente, pues cumplía todos los requisitos a partir del ahorro previo e, incluso, según estudios sobre la materia, era la gente que pagaba sus dividendos mensualmente, sin faltar. Sin embargo, ahora el Serviu colocó la nueva exigencia debido a la cual un creciente número de personas no pueden postular al subsidio habitacional en el sector urbano.
De manera que partiendo de la base de que vivimos una situación económica difícil, donde en muchas regiones ha aumentado el desempleo, me parece pertinente pedirle de manera excepcional al ministro de Vivienda que elimine este requisito, a fin de que las personas accedan al subsidio habitacional, ya que la experiencia anterior demuestra que no incurrían en ninguna falta, pues, repito, pagaban puntualmente sus dividendos, permitiendo así que este servicio recibiera las recaudaciones correspondientes para continuar con el plan habitacional. Más aún, cuando la política habitacional era extraordinariamente exitosa sin ese requisito.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda en cuanto a eliminar dicho requisito, para que dada la situación económica que se está viviendo en el país, se permita a las personas que no reúnen esa exigencia postular al subsidio en referencia.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN EN COBRO MUNICIPAL POR RETIRO DE BASURA. Oficio.
El señor NARANJO.-
La segunda situación que me preocupa se refiere a algunas municipalidades que desde hace algún tiempo vienen cobrando por el retiro de la basura, sin hacer diferenciaciones entre los distintos estratos sociales dentro de las comunas. Esto ha llevado a que hoy se produzca una situación bastante difícil como es pagar una cuota trimestral por el retiro de la basura, particularmente para los sectores más modestos. Más aún, cuando la propia ley establece que los municipios pueden fijar criterios de diferenciación, o reducir, o bien excluir a algunas poblaciones o personas de dicho pago.
Lamentablemente, en aquellos municipios de los que tengo información y que están cobrando por el retiro de la basura, se adoptó el criterio de que todos pagan por igual. Sin duda, esto no considera una variable socioeconómica que no es menor para abordar este tema. De ahí que sería altamente conveniente que esos municipios optaran por criterios de diferenciación, tomando en cuenta la situación socioeconómica de personas o poblaciones, o bien reducir, en algunos casos, el cobro por el retiro de basura, y derechamente excluir a personas o poblaciones del pago trimestral establecido.
Desde esta tribuna, hago un llamado a los municipios involucrados en dicho cobro a que tengan en consideración estos criterios para permitir realmente un sistema de cobro diferente al que hoy se ha implementado y que está llevando a una situación de rebeldía a muchas personas que no quieren pagar por ese retiro, lo cual, sin duda, va a llevar a muchos municipios a una situación delicada. No imagino que en el día de mañana un juzgado de policía local cite a un importante número de personas por declararse en rebeldía.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Letelier, don Felipe; Velasco, Ojeda, Jaramillo, Urrutia y de quien preside.
EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE PROHIBICIÓN DE IMPORTAR MOTOCICLETAS USADAS. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda hasta por cinco minutos.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , en época de crisis económica el primer y gran efecto es el desempleo, y las autoridades de Gobierno deben aplicar sistemas y recursos para contrarrestarlo.
Sería un contrasentido incurrir en decisiones que conduzcan a crear condiciones de cesantía; pero es lo que parece ocurrir con el oficio circular Nº 00253, del 12 de marzo de 1999, que interpreta el artículo 21 de la ley Nº 18.483, en el sentido de prohibir la importación de motocicletas usadas, pese a que por informe anterior Nº 003, del 12 de enero de 1994, el Departamento Nacional Jurídico del Servicio Nacional de Aduanas concluyó que resulta procedente la importación de motocicletas usadas, no afectándoles lo establecido en la disposición y artículos citados.
El oficio circular último revoca el informe anterior, como se puede apreciar, lo que no tiene explicación jurídica, ya que si no había razón para prohibirlo en ese entonces, menos la podría haber ahora.
Esta prohibición significa que en el país quedarían diez mil personas cesantes entre importadores, distribuidores, prestadores de servicios y anexos. El efecto negativo hacia los usuarios es también notable, ya que podrían optar sólo a motos sin uso, lo cual lógicamente implica un costo bastante superior.
El mercado para los compradores de motos usadas es distinto y mayoritario respecto de quienes adquieren motos sin uso. Los usuarios y compradores de motos usadas son gente de clase media formada por empleados, trabajadores, etcétera, y esto es lo que realmente nos preocupa.
En 1998 se internaron cerca de 10.200 motos por un valor de 11 millones 500 mil dólares aproximadamente; en 1994, se importaron 16 mil unidades. Se estima que del total de las importaciones de este tipo de vehículos un 65 por ciento correspondería a motos usadas, en tanto que sólo el 35 por ciento comprende motos sin uso.
La prohibición no tendría sentido, sobre todo si la misma Dirección de Aduanas permitió la importación de motos usadas en 1994, como lo he señalado. Sobre esta comercialización se estructuró un mercado con reglas y normas claras relativas a sus condiciones mecánicas adecuadas para su uso, en cuanto a sus reparaciones, refacciones, etcétera.
No puede alegarse como fundamento de la prohibición, como pareciera desprenderse, un excesivo número de motos en el país, ni el grado de peligrosidad o riesgo que implicaría su uso. Se calcula que en Chile hay actualmente una moto por cada 150 habitantes, cifra baja en relación con otros países; en Argentina, por ejemplo, hay una moto por cada 35 habitantes.
No es un vehículo peligroso. Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, en 1998 se produjeron 49.954 accidentes de tránsito en el país, y de ese total sólo 2.369 correspondieron a motocicletas. Es decir, el 4,7 por ciento como total de la tasa de accidentes.
Para la seguridad de la conducción de las motos se pueden adoptar o introducir normas legales para regular su uso y evitar accidentes. Como lo señalan los expertos, no existe una categorización de las licencias de conducir clase “C” relativas a la conducción de motos. En otros países existen licencias diferenciadas para motocicletas en relación con los centímetros cúbicos de vehículos, medida que se considera como elemento vital de seguridad; debiera haber escuelas de conducción de motocicletas, y tantas otras cosas más que podrían hacerse.
La prohibición de importar motos usadas constituye un grave impacto para un mercado que abastece a un grupo de chilenos que se benefician con su uso.
Solicito se oficie al ministro de Hacienda, con el objeto de que el Servicio Nacional de Aduanas informe sobre las razones que tuvo para establecer tal prohibición y la factibilidad de dejar sin efecto el oficio circular respectivo. En caso de que la revocación no fuere posible, solicito se oficie a los ministros de Hacienda, de Transportes y de Relaciones Exteriores , a fin de que en el proyecto sobre impuesto al lujo de los vehículos motorizados se incluya una indicación que autorice la importación de motos usadas, como una manera de normalizar por la vía legal el problema suscitado.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Prokurica, Vilches, Jiménez, Velasco, Jaramillo, Valenzuela, Mora, Ortiz, Fossa, Mulet y Paya.
ACTUACIÓN DE RECEPTORES JUDICIALES, NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente, quiero abordar tres temas de interés nacional y de preocupación permanente de la ciudadanía.
El primero se refiere a la actuación de los receptores judiciales, notarios públicos y conservadores de bienes raíces y de minas.
Hace un tiempo, en esta Cámara hice una denuncia respecto de la actuación de los receptores judiciales, por los altos honorarios que cobran por cumplir diligencias de notificación. Habitualmente, concurren más de una vez, pues la primera no notifican; la segunda, algunas veces cumplen con el trámite y muchas veces lo hacen por cédula mediante “medios pollos”. Sus honorarios alcanzan a 50 mil pesos o más y discriminan en cuanto al tipo de expediente, pues cuando las cuantías de las demandas son de hasta 500 mil pesos, algunos receptores se niegan a actuar. Suele ocurrir que sacan expedientes con demandas por millones de pesos, concurren a dos cuadras de la oficina en que se encuentran a notificar y cobran 50 ó 70 mil pesos. Si actúan l0 veces en el día, reciben 500 mil pesos. Hay receptores judiciales que trabajan el sábado, inclusive, y ganan más de 8, l0 ó 12 millones de pesos.
¿Cuál es el problema? Que se está atentando contra el derecho al acceso a la justicia de mucha gente modesta. Por ejemplo, en demandas de restitución de inmuebles por no pago de rentas de arrendamientos, de una cuantía de 400 ó 500 mil pesos, generalmente es difícil notificar porque los receptores no los toman. Los demandantes no tienen posibilidades ciertas de proseguir el juicio cuando arriendan por 80 ó l00 mil pesos una casa, en sectores poblacionales alejados del centro de la ciudad, donde habitualmente tienen sus oficinas los receptores judiciales, porque éstos se niegan a concurrir a esos lugares. Y si van, cobran cifras onerosas.
Si se pidiera a la Corte Suprema una investigación del estado de esos expedientes, la sorpresa sería mucho mayor.
Por ello, solicito se oficie al director de Impuestos Internos para que se fiscalice a los receptores judiciales del Área Metropolitana, de Valparaíso y de Concepción, con el fin de verificar si emiten las boletas de honorarios correspondientes. Por supuesto, se encontrarán con que en este sector existe una gran evasión tributaria.
Respecto de los notarios públicos y de los conservadores de bienes raíces, los abogados saben muy bien lo que cobran y lo que perciben mensualmente por sus actuaciones. Es muy conocido el caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, donde incluso hubo intentos por dividir su competencia, porque se estiman hasta en 200 millones de pesos mensuales sus ingresos.
Al respecto, solicito se oficie a la ministra de Justicia, con el objeto de que se estudie la posibilidad de que estos cargos, tanto de notarios como de conservadores, sean públicos y tengan, por ejemplo, rentas similares a las de un ministro de Estado, de modo que los ingresos que perciban por sus actuaciones vayan al presupuesto del propio Ministerio de Justicia.
Creo que el actual estado de cosas no corresponde, porque se privilegia a un sector, en un país donde se habla mucho de una distribución equitativa de los ingresos.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Fossa.
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LEY SOBRE DETENCIÓN POR SOSPECHA.
El señor MORA .-
Señor Presidente , en segundo lugar, quiero abordar un tema relacionado con la ley de detención por sospecha. Hace más o menos dos meses pedí se oficiara a la ministra de Justicia , a Carabineros e Investigaciones, para que informaran sobre la evaluación de esta ley, desde su publicación hasta la fecha.
En verdad, es preocupante, alarmante, la respuesta que he recibido. ¿Qué dice Carabineros con respecto a la aplicación de esta ley? Que en la mayoría de las detenciones masivas por alteraciones de orden público, en los procedimientos con comerciantes ambulantes, en riñas, pendencias, agresiones, “se dificulta considerablemente la información de los derechos en el lugar de la aprehensión, toda vez que por las características propias de dichos delitos o faltas participan varias personas, por una parte y, por otra, se involucran terceros que no tienen participación directa en los hechos, apoyando a contraventores o a delincuentes.
“En sectores poblacionales peligrosos, conflictivos o que son foco de consumo de drogas, al proceder a la detención del o de los infractores, el personal de Carabineros se ve sobrepasado en número por los pobladores, quienes tienden a oponerse al accionar policial, situación que impide de manera práctica y directa dar a conocer los derechos a los aprehendidos en el mismo lugar, ante el riego inminente para la integridad física de los funcionarios. En diversas ocasiones el detenido intenta llamar la atención del público, exigiendo se le den a conocer sus derechos en forma prepotente y anticipada, extendiendo su alcance mucho más allá de lo legal, como por ejemplo, pretendiendo no ser registrado, que no se le retiren sus efectos personales, que se le deje fumar, etcétera. En varios procedimientos policiales, el funcionario institucional, al dar lectura de sus derechos al detenido, se coloca en una situación de innecesaria vulnerabilidad frente al aprehendido o a terceros, al distraerse de su función primaria de resguardo y control indispensables, para ejecutar una formalidad adicional en el propio sitio del suceso, con el consiguiente riesgo que ello implica para su integridad física.
“Tratándose de delincuentes habituales, éstos, al comparecer ante los tribunales con la intención de dilatar su proceso o de resistir en alguna medida el procedimiento policial para su beneficio, alegan que no se les dio a conocer sus derechos al ser aprehendidos, originando con ello requerimientos judiciales de informes a las respectivas unidades y personal, con el ostensible recargo en el aspecto administrativo y eventual cuestionamiento de orden procesal penal.
“Al garantizarse al detenido el derecho a guardar silencio, se le incita directamente a no cooperar en la investigación policial, no aportando mayores antecedentes sobre el hecho punible que se le imputa, lo que en definitiva deriva en una acción indirecta de ayuda hacia su persona y hacia los eventuales copartícipes del ilícito.
“Respecto del derecho de que se avise el hecho de la detención, de acuerdo con el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, tal franquicia presenta las siguientes consecuencias: en la práctica, puede traducirse en el medio más eficaz para alertar a los restantes responsables del delito a fin de que eludan la acción de la justicia, sobre todo si se trata de bandas organizadas. Ello reviste especial importancia en el caso de infracción a la ley de Drogas.
“Por último -son seis páginas sobre este punto-, la posibilidad de que se acredite la identidad mediante cualquier documento que porte la persona fiscalizada facilita enormemente la falsificación de tales instrumentos, alteración de datos u otras acciones semejantes. Asimismo, bastará que se porte la respectiva cédula para evitar la detención, situación que es ampliamente conocida por los delincuentes comunes, quienes la cumplen para quedar en condiciones de delinquir con posterioridad al aludido control”.
Si siguiera leyendo, quedaríamos abismados, por lo cual solicitaré una sesión especial y pediré que se invite al director de Carabineros , al director de Investigaciones y a la ministra de Justicia para hacer un debate en esta Sala sobre esta ley e ir a su revisión para mejorarla, porque, en el fondo, es la ciudadanía la que está siendo totalmente perjudicada.
Por último, quiero tratar un tema muy grave, tanto como los que hemos estado analizando.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, le queda medio minuto.
El señor MORA .-
Entonces, lo haré en otra oportunidad. Es el problema de la energía eléctrica, respecto del cual denunciaré la incapacidad del ministro señor Landerretche para buscarle una solución, aun cuando tiene las facultades en sus propias manos.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Haroldo Fossa.
ASESINATO DE ESTUDIANTES EN COLORADO, ESTADOS UNIDOS. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , “Dos adolescentes vestidos en uniformes de faena y cubiertos con impermeables negros abrieron fuego matando a 25 jóvenes en un colegio en Colorado, Estados Unidos”.
Este extracto, sacado de un matutino nacional de hoy, pareciera describirnos fidedignamente una escena de una película gangsteril de los años veinte; pero bien sabemos que no fue así y aún no dejamos de sorprendernos al enterarnos de que este estremecedor relato corresponde a un lamentable asesinato múltiple protagonizado por jóvenes pertenecientes a una escuela secundaria de Estados Unidos, que terminó con la vida, como decía la noticia, de alrededor de 25 jóvenes compañeros de los asesinos.
La violencia estudiantil patente en los últimos meses en el mundo ha dado signos de lo atadas de manos que están las autoridades y nosotros, los legisladores, para frenar su aumento que ya, desgraciadamente, se nos hace casi habitual.
Esta vez fueron 25 jóvenes muertos y más de 20 heridos, quienes, al salir de sus aulas de estudio, fueron atacados a mansalva por unos pares suyos, compañeros de curso, quienes, con sus mentes desbordadas por la modernidad y la rapidez diaria de la vida, no encontraron manera de morir sin antes llevarse junto a sí a un par de decenas de sus amigos. Pero su objetivo no fue realizado a cabalidad, ya que antes de completar su misión suicida fueron hallados por los policías con sendas bombas amarradas a sus cuerpos. De esa manera, la tarea de la “mafia de los impermeables”, como se hacían llamar, no se cumplió por completo.
Podríamos pensar que estamos distantes de dicha realidad, donde se producen matanzas como la ocurrida recientemente en este colegio de Colorado, Estados Unidos. Pero no nos podemos sustraer, no podemos hacer vista gorda, no podemos creer que esta realidad no nos tocará. ¿Acaso vamos a esperar que aparezca un par de estudiantes con armas automáticas en mano y les disparen a sus compañeros de escuela, acribillándolos sin mediar motivo aparente alguno? No, señores, bajo ningún motivo debemos quedarnos de brazos cruzados, idiotizados frente a la caja de Pandora, que es la televisión, que nos hace pensar que eso ocurre por allá lejos, hasta creer incluso que eso no es parte de la verdad.
Bien sabemos los chilenos que estas cosas ocurren; a lo mejor, no del calibre de las de esas tierras del norte, donde acribillan, como si nada, a una veintena de jóvenes; pero si miramos nuestras estadísticas de sólo este año, nos encontraremos con una serie de ataques, riñas e incluso muertes en las que se han visto involucrados estudiantes liceanos que no superan los 16 años de edad.
De esta forma, nos hemos enterado cómo, con cuchillo en mano, un niño de 14 años apuñala a otro a la salida del colegio en alguna comuna santiaguina, ocasionándole la muerte. También nos hemos enterado por nuestros noticieros de cómo balean a jóvenes adolescentes por disputas callejeras. ¿Hasta cuándo permitiremos que ocurran estas lamentables situaciones que dejan a toda una familia y a toda una comunidad contigua visiblemente confundida, esperando que las autoridades resuelvan el caso encontrando a los culpables, para que luego éstos queden libres en las calles por ser declarados sin discernimiento?
Estimados colegas, pongamos luego atajo a estas situaciones; prevengamos antes de que se agudicen los síntomas; no esperemos que hechos como el ocurrido en Colorado se repitan en nuestro país; tomemos las medidas necesarias para entregar a nuestros hijos la seguridad que se merecen para estudiar y asistir a sus colegios.
Debemos fiscalizar los establecimientos educacionales y evitar que los jóvenes porten armas blancas, cadenas u otros elementos contundentes que puedan acabar con la vida de otro ser humano. Creemos las condiciones para vigilar y cuidar, sin transformar, eso sí, a las escuelas en cuarteles, ni a la sociedad en estado policial. Trabajemos para implementar los conductos de seguridad mínimos dentro de los establecimientos educacionales, sobre todo en los municipalizados ubicados en sectores de marginalidad y pobreza.
Pavimentemos, entonces, un camino seguro para nuestros hijos; anulemos hoy la violencia estudiantil, no pasado mañana; tomemos las medidas necesarias y, en fin, preocupémonos del tema. Que no pase inadvertida aquella masacre en Estados Unidos. Uno no sabe cuándo le puede tocar.
Por eso, es hora de prevenir. A esa misión los invito.
Solicito que se oficie al Presidente de los Estados Unidos señor Bill Clinton, y a su ministro de Justicia, para manifestarles nuestro más profundo pesar por los hechos ocurridos en Colorado.
Además, solicito que se oficie al ministro de Educación señor José Pablo Arellano , para que se tomen las medidas necesarias y oportunas en los establecimientos educacionales, con la finalidad de evitar que los alumnos porten armas blancas u otras.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Respecto del primer oficio solicitado, se enviará oficio al ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo se enviará en la forma solicitada por su Señoría.
HOMENAJE A DIBUJANTE RENÉ RÍOS BOETTIGER, “PEPO”. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , después de escuchar a mi colega Sergio Velasco , quiero cambiar la forma de mi intervención.
Deseo recordar a un creador, gran artista y gran dibujante que, Dios mediante, con 87 años de edad todavía está vivo: René Ríos, más conocido como Pepo, creador del famoso “Condorito” hace ya largos 50 años.
Lo creí mi deber y obligación, después de que algunos días atrás, en mi ciudad de Concepción, estaba reunido con un grupo de personas de mi generación y colocábamos como ejemplo de cuando éramos niños, hace muchos años, lo que nos significó el personaje de Condorito.
En 1949, nada hacía presagiar el éxito de esta historieta, ya que sus inicios fueron modestos en la revista “Okey”, de la época.
Hace algunos días, comencé a leer una historia de este famoso Condorito . El primer número fue “No tengo un peso y me muero de hambre”, con un Condorito pechugón, pico alargado y pucho en la boca que le dijo al mundo, en 1949, que no dudaba en robar una gallina para engañar el estómago. Pero este pájaro, que simboliza a nuestro cóndor, prendió, y la demanda por conocer más a este personaje de polera roja y pantalones negros arremangados y zurcidos con un parche blanco, comenzó a aumentar. Allá por 1955, se editó un libro anual con las viñetas recopiladas, que más tarde se convirtió en un libro semestral. Finalmente, nació la revista como tal, con ediciones bimestrales. Actualmente, los números normales se publican quincenalmente, más una edición de colección cada dos meses y un libro de oro mensual.
Pero lo más importante es que Condorito se transformó en un producto de exportación. Es bueno que los colegas diputados sepan que Condorito ahora es leído por 80 millones de lectores, repartidos en Argentina, Perú, Bolivia , Uruguay , Paraguay , Colombia , México , Estados Unidos y Centroamérica.
¿Cómo olvidar a don Chuma, a la Yayita, la eterna novia de Condorito; a Huevoduro, a Comegato, a Pepe Cortisona, a Garganta de Lata o a Coné, personajes que son parte de la historia?
Por lo tanto, solicito que se oficie en vida, en mi nombre y en el de los colegas parlamentarios que lo consideren conveniente, a ese gran artista chileno, don René Ríos, para felicitarlo, reconocer el talento y la visión que tuvo para crear este gran personaje, Condorito , y darle las gracias por lo que significaron sus historietas en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, y por lo que actualmente representan para millones de niños chilenos.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al que se acompañará copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Enrique Jaramillo, Sergio Velasco, Sergio Ojeda, Juan Masferrer, Felipe Valenzuela y de quien habla.
ENCUESTA EQUÍVOCA SOBRE MOVILIZACIONES MAPUCHES.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Haroldo Fossa hasta por cuatro minutos.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, todos estamos atentos a lo que está sucediendo en las regiones Octava y Novena, y en el delicado problema que representan las movilizaciones mapuches.
En varias oportunidades he pedido ser cuidadosos, prudentes y, particularmente, interesarnos en encontrar soluciones que satisfagan definitivamente a nuestras etnias.
Está pendiente una solicitud al ministro del Interior , después de la quema del fundo Lleulleu y de la muerte de un agricultor en manos indígenas, cuya respuesta, por supuesto, todavía no se obtiene. ¿Qué preguntábamos en ese entonces? Cuáles eran las medidas que estaba implementando el Gobierno para detener o solucionar esta problemática.
Ahora bien, acaban de publicarse los resultados de una encuesta telefónica realizada a 300 habitantes del Gran Santiago, que me obliga a reclamar por la imprecisión de las consultas y las personas a quienes van dirigidas. Si estas respuestas correspondieran a conciudadanos mapuches o de origen mapuche, se podrían aceptar; pero si fueron formuladas a ciudadanos “chilenos”, como nos llaman los mapuches, significa que estos amigos santiaguinos no tienen ninguna claridad sobre lo que son verdaderamente los mapuches y lo que significa su movilización.
Aun es más inaceptable que, en relación con el problema de las tierras, se consulte si la prioridad o la verdad la tienen las empresas forestales o los mapuches en sus aspiraciones. La respuesta es de 86 por ciento en favor de las aspiraciones mapuches.
Quiero recordar a nuestros amigos santiaguinos que en alguna oportunidad las tierras del propio Santiago también pertenecieron a la etnia mapuche.
Señor Presidente, lo único que se logra con esta forma de plantear este problema es avivar la hoguera, cuestionar el derecho de propiedad y, lo que es peor aún, poner en tela de juicio el Estado de derecho.
En forma antojadiza e ignorante, por parte de quienes formularon las preguntas y, más aún, de quienes las respondieron, se coloca a las empresas forestales en contraproposición con la movilización mapuche, cuyas reivindicaciones, legítimas en varios aspectos, son muy distintas y mucho más amplias y complejas que el problema de las tierras.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA CONADI. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea hasta por cuatro minutos.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
En la Región de la Araucanía, que represento en esta Cámara, existe enorme inquietud por las circunstancias que rodean las compras de tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Se especula que se están adquiriendo predios a precios que sobrepasarían hasta casi el doble de su valor real; que se planifican compras de terrenos que ni siquiera son colindantes con comunidades mapuches, por cuanto están a gran distancia y no están siendo solicitadas por comunidad alguna.
Pero, peor aún, existen personas que adquieren predios a precios comerciales, de mercado, para posteriormente ofrecerlos a la Conadi, organismo que, como sabemos, paga altos valores, con lo cual se ha generado un negocio muy lucrativo. Es un secreto a voces en la Región la participación en este “negocio” de personeros vinculados a dicho organismo. Más aún, a muchas personas les llama la atención el progreso económico alcanzado por algunos consejeros de Conadi.
De más está señalar que lo descrito genera dudas respecto de la transparencia de estas transacciones. De resultar todo esto verdadero, es evidente que no sólo se están malgastando los recursos públicos, sino, lo que es peor, se está afectando a las propias comunidades indígenas que postulan al Fondo de tierras, porque los recursos de la Conadi rinden menos y deben esperar mucho más tiempo para resultar beneficiados en sus postulaciones.
Para qué hablar de los efectos colaterales: corrupción, enriquecimientos ilícitos, incremento artificial del valor de la tierra, conflictos simulados entre algunos propietarios y comunidades indígenas, etcétera.
Por lo anterior, señor Presidente , solicito se oficie al ministro de Planificación para que, por su intermedio, los dirigentes de la Conadi remitan a esta Cámara la siguiente información: predios adquiridos en los últimos tres años, indicando montos pagados, condiciones de pago, propietarios, superficie de los predios; tasaciones, si existieron; organismo que las realizó, comunidad o particular beneficiado y el apoyo que el Estado está prestando a aquellas comunidades o particulares que en la actualidad están en posesión de los terrenos adquiridos por dicho organismo.
En segundo lugar, que se indiquen los predios que eventualmente podrían ser comprados por la Conadi, sus propietarios, su ubicación, los montos en que se están negociando y que la Conadi está dispuesta a pagar, la comunidad que podría verse beneficiada, la superficie y las tasaciones, si las hubiere.
Finalmente, los predios que algunos particulares o empresas han ofrecido a la Conadi, los nombres de esos propietarios, la superficie de los terrenos y sus valores.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
NUEVA POSICIÓN POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA FRENTE AL GOBIERNO.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , a través del diario “La Tercera” de hoy, los chilenos se han enterado de que en Chile van a aumentar los partidos de Oposición.
Allí se expresa que la Democracia Cristiana toma distancia del Gobierno y que, a partir de ahora, además de criticar la gestión gubernamental en el tema eléctrico, la colectividad en la que milita el Presidente de la República , no dudará en arremeter contra cualquier decisión oficial que no comparta. Este anuncio está coronado por una fotografía del pleno de la mesa de ese partido, en las escalinatas de La Moneda.
Me imagino que esto seguramente obedece a los resultados de la encuesta Cerc de hace pocos días, que señala que más del 50 por ciento de la ciudadanía encuentra mala la gestión del Gobierno.
Esto es muy delicado, ya que claramente refleja una actitud oportunista y demagógica, porque se pretende engañar a la gente y, a diez meses de terminar el Gobierno, hacerle creer que ellos no han estado en él, con todos sus errores y aciertos que pueda haber tenido en este tiempo. Además, desde luego, es una actitud desleal, al pretender eludir la responsabilidad que le corresponde asumir a un partido de Gobierno.
Por lo demás, se han demorado cinco años en darse cuenta de lo que los partidos de Oposición nos percatamos el primer día en que asumió: que iba a ser un mal gobierno.
Además, se repite la historia, porque, a diez meses del término del mandato, al igual que al Presidente Frei Montalva , se lo va a dejar abandonado y en la soledad absoluta, lo que no es sólo negativo para el Presidente , sino para el país y todos los chilenos.
Ciertamente es una actitud electoralista. El país debe darse cuenta de que la Concertación no puede continuar gobernando, y Zaldívar , candidato presidencial de la Democracia Cristiana, a través del medio de prensa debe darse por notificado de que en la peregrina y milagrosa posibilidad de que llegara a La Moneda, un año antes le van a volver la espalda y lo van a traicionar.
Quiero pedir a los colegas de la Democracia Cristiana que sigan siendo de Gobierno, que no crean que los chilenos pueden ser sorprendidos, que son ciegos y se dejarán engañar, y que asuman, con valentía, su responsabilidad en el desgobierno en que hoy vivimos.
He dicho.
MODIFICACIÓN EN MALLA CURRICULAR DE CARRERAS QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Restan diez minutos al Comité de Renovación Nacional, los que, distribuidos entre los señores diputados inscritos, significan 3 minutos y un tercio para cada parlamentario.
Por ese tiempo, tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en esta ocasión quiero referirme a una situación muy delicada y difícil que se está viviendo en nuestra Universidad de Atacama, en la ciudad de Copiapó, porque puede que el caso se repita en otras universidades. Digo “nuestra”, porque tuve el privilegio de formarme allí como ingeniero.
Ciento veinte alumnos hoy estarían perdiendo la carrera; esta situación se explica por el reglamento que actualmente rige a la universidad y que ha tenido algunas modificaciones en los últimos años. Es así como en la malla curricular exigida, a los alumnos no se les permite repetir por tercera vez un ramo, o más de uno en la carrera.
Este reglamento se ha modificado y los estudiantes han pedido que se les dé una oportunidad, dadas las dificultades que se están viviendo actualmente en el país. La inmensa mayoría o un gran porcentaje de los alumnos de Ingeniería en Metalurgia, Tecnología, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Plan Común, Ingeniería Civil de Minas , Inglés, Educación Física y Humanidades, carreras que entrega la Universidad de Atacama, estudian con créditos universitarios y becas.
Los que estudian en esta universidad estatal tal vez son representantes de las familias más modestas, y creo que las modificaciones reglamentarias permiten una tolerancia para no perjudicar a ciento veinte estudiantes que quedarían fuera de la carrera y perderían su calidad de alumnos regulares por el hecho de repetir un ramo por tercera vez.
En todas las universidades existen los reglamentos y, sin duda, hay que respetarlos para que no se desprestigien; pero pude comprobar que en la carrera de Derecho que se imparte en la Universidad de Atacama, una malla curricular de 1996 también ha tenido modificaciones en 1998 y en 1999, lo que significa que hay ramos que estaban considerados para hacerlos en tres años y que después se ampliaron a cuatro, incrementando en la malla curricular la implementación de un ramo en primer año, hecho que muchos alumnos de ese curso no pudieron cumplir en las actuales condiciones.
Pido que se envíe oficio al rector de la Universidad de Atacama, don Mario Meza, a fin de que, en conjunto con el consejo, flexibilice las normas reglamentarias para permitir que esos 120 estudiantes puedan cumplir este año universitario y no pierdan su calidad de alumnos regulares.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los Diputados señores Prokurica, Valenzuela, el que habla y de otros que lo hagan presente a la Mesa.
DECLARACIONES DEL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL RICARDO LAGOS ANTE EMPRESARIOS ÁRABES.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional y hasta por tres minutos, tiene la palabra el Diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente , en el diario “La Segunda” del 19 de abril, en la Sección Top Secret, uno de los artículos se titula como sigue: “Mea culpa de Lagos a empresarios árabes”.
Destaca lo siguiente: “Sé que vivieron situaciones muy difíciles en los tiempos del Presidente Allende y, por eso, les pido disculpas”.
Este reconocimiento del candidato señor Ricardo Lagos de un hecho indesmentible en la época de la UP, es muy interesante, toda vez que proviene de quien, entre otros, ha defendido ese período permanentemente y ha sostenido que lo que se dice de éste es mentira.
Tengo mucho respeto por la colonia palestina y muchos amigos de origen árabe, y ¡por Dios! que recuerdo lo que sufrieron y arriesgaron en aquella triste época.
El señor Ricardo Lagos y sus seguidores de aquella época deben extender este mea culpa a otras colonias: alemana, española, italiana, yugoslava y otras, y también “a la colonia chilena” porque, en aquellos días, muchos éramos también estimados culpables y aún no comprendo por qué.
Me alegro enormemente que nuestro país -especialmente la gente joven- vaya comprendiendo que la historia es una sola y que resulta inútil todo intento de borrarla o cambiarla porque, más temprano que tarde, se conoce la verdad. Juzgue cada uno la posición actual del señor Ricardo Lagos . Esperemos que haya un mea culpa de todo el país.
He dicho.
RECLASIFICACIÓN DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el honorable Diputado señor José García Ruminot.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , la comuna de Padre Las Casas ha sido manifiestamente perjudicada en la fijación del ingreso per cápita para el financiamiento de la atención primaria de salud, puesto que fue clasificada como comuna urbana no pobre en circunstancias de que todas sus características corresponden a una comuna rural pobre.
Por lo tanto, pido que se oficie al señor ministro de Salud con el propósito de solicitar la reclasificación de la comuna de Padre Las Casas de urbana no pobre a rural pobre.
También solicito que se oficie al señor ministro de Salud con el fin de que el jefe de la División de Atención Primaria de Salud , doctor Ricardo Fábrega , informe de qué manera se reconocerá el factor ruralidad a la comuna de Padre Las Casas y a contar de qué fecha.
De igual modo, pido que se oficie al señor ministro de Salud para que informe a partir de qué fecha regirá el incremento de un millón de pesos mensuales para el financiamiento del servicio de atención primaria de urgencia del consultorio de salud de Padre Las Casas.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19.22 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 21 de abril de 1999.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 20 del mes en curso, tomó conocimiento del rechazo de esa honorable Cámara a algunas de las modificaciones propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en los casos que indica, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los honorables senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2305, de 15 de abril de 1999.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
2. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica. (boletín Nº 2254-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Honorable Senado:
Por acuerdo adoptado en sesión de 15 de abril de 1999, la honorable Cámara de Diputados rechazó dos de las enmiendas que el honorable Senado introdujo en segundo trámite constitucional al proyecto de ley señalado en el epígrafe, por lo que de conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política se formó una Comisión Mixta encargada de dirimir la divergencia producida.
Integrada por los honorables Senadores señora Carmen Frei y señores Canessa , Cantero , Cariola y Núñez , y por los honorables Diputados señora Lily Pérez y señores Gutiérrez y Rojas, y citada por el señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó en el día de hoy, 20 de abril de 1999, para elegir Presidente , cargo que recayó en la honorable Senadora señora Carmen Frei , fijar el procedimiento y debatir el asunto en controversia.
-o-
A continuación se describen los dos preceptos en controversia, el debate recaído en ellos y los acuerdos adoptados.
Artículo 2º
(inciso tercero)
En el primer trámite constitucional, la honorable Cámara de Diputados aprobó una norma que preceptúa que el incumplimiento de la obligación que asumirá el municipio (aplicar inmediata y totalmente al pago de las imposiciones y aportes adeudados a las instituciones previsionales los anticipos que perciba de su participación en el Fondo Común Municipal) será sancionado en la forma que prescribe el inciso tercero del artículo 7º, esto es, con las penas señaladas en el artículo 233 del Código Penal.
El honorable Senado, en el segundo trámite constitucional, había propuesto el reemplazo de esta norma por otra que disponía que el alcalde, o el representante de la correspondiente corporación municipal, que no aplicare al pago de esas imposiciones los recursos anticipados, será sancionado en la forma dispuesta por el artículo 467 del Código Penal.
La unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, honorables Senadores señora Carmen Frei y señores Canessa , Cantero , Cariola y Núñez , y honorables Diputados señora Lily Pérez y señores Gutiérrez y Rojas, optaron por la redacción dada por la honorable Cámara para este inciso en los mismos términos propuestos en el primer trámite constitucional. Estimó la Comisión Mixta que dicha redacción ofrece mayor claridad y se adecua a la gravedad que asigna a esta infracción.
Como consecuencia de este acuerdo, y con la misma unanimidad, la Comisión Mixta desestimó la proposición del honorable Senado que en el segundo trámite constitucional había rechazado el inciso tercero del artículo 7º propuesto por la honorable Cámara. (Dicho precepto es el que precisa que la infracción de destinar los recursos anticipados al pago de las deudas previsionales se castiga con las penas consignadas en el artículo 233 del Código Penal).
Artículo 3º
El artículo 3º aprobado en el primer trámite constitucional por la honorable Cámara establece que para suscribir el convenio entre el Fisco y los municipios que adeuden imposiciones previsionales, con el fin de que aquel les anticipe recursos del Fondo Común Municipal, se deberá acreditar que a la fecha de la celebración de dicho convenio la municipalidad o la corporación respectiva se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales, a contar de las correspondientes al mes de agosto de 1998.
En el segundo trámite constitucional, el honorable Senado propuso el reemplazo de la frase destacada por la oración “no adeuda cotizaciones previsionales a partir de las que ha debido pagar en el mes de septiembre de 1998.”.
La Comisión Mixta, con igual quórum que el precedente, prestó su aprobación al texto sugerido por la honorable Cámara, sin enmiendas, habida consideración de que prefirió la forma asertiva en que éste estaba redactado.
-o-
Con el mérito de lo expuesto en el acápite anterior, y como forma y modo de resolver las divergencias producidas, esta Comisión Mixta tiene a honra sugerir a ambas Corporaciones la aprobación del texto propuesto por la honorable Cámara para el inciso tercero del artículo 2º y artículo 3º de este proyecto de ley.
Su texto es el siguiente:
Artículo 2º
Inciso tercero
“El incumplimiento de la obligación que asumirá la municipalidad, expresada en el inciso primero de este artículo, será sancionado en la forma que señala el inciso tercero del artículo 7º.”. (Unanimidad).
Artículo 3º
“Para suscribir el convenio a que se refiere el artículo 2º de esta ley, la municipalidad deberá acreditar que, a la fecha de su celebración, ella misma o la corporación respectiva, se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales, a contar de las correspondientes al mes de agosto de 1998.”. (Unanimidad).
-o-
Con el mérito de la relación precedente, el proyecto de ley en informe queda como sigue:
“Proyecto de ley:
Artículo 1º.- Facúltase al Fisco para que, por una sola vez y por un monto total que no supere los tres mil quinientos millones de pesos, efectúe anticipos de la participación que corresponda a las municipalidades en el Fondo Común Municipal, respecto de aquellas municipalidades que, administrando directamente o a través de corporaciones los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, las mismas o sus corporaciones, registren deudas por concepto de imposiciones previsionales devengadas al 31 de julio de 1998, de los trabajadores que se desempeñan en los mencionados servicios, con el objeto de facilitar la solución de dichas deudas, sus intereses, multas y recargos, de conformidad a las normas que se indican en los artículos siguientes.
Artículo 2º.- Para efecto de lo señalado en el artículo anterior, dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, la municipalidad interesada deberá suscribir un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, suscrito asimismo por el Ministerio de Educación o el de Salud, según corresponda, y visado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En dicho convenio se acordarán los montos que se anticiparán y las cuotas en que los anticipos serán reintegrados a rentas generales de la Nación, obligándose la municipalidad respectiva, ya sea en forma directa o a través de la corporación correspondiente, a aplicarlos inmediatamente y en forma total al pago de las imposiciones y aportes adeudados al Instituto de Normalización Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, al Fondo Nacional de Saud, a las instituciones de salud previsional, o a las mutualidades de empleadores, según sea el caso.
Las disposiciones del convenio antes referido, se someterán en todo a la normativa jurídica que rige a las municipalidades, en particular el artículo 58 de la ley Nº 18.695. y contendrá cuantas cláusulas sean necesarias para el cumplimiento del objetivo de esta ley, pudiendo establecerse en él o en otro convenio las estipulaciones concernientes a las relaciones entre municipalidad y corporación a que pueda dar origen la aplicación de las normas de este cuerpo legal. En todo caso, estos convenios no podrán estipularse por un plazo superior a los cuatro años.
El incumplimiento de la obligación que asumirá la municipalidad, expresada en el inciso primero de este artículo, será sancionado en la forma que señala el inciso tercero del artículo 7º.
El Servicio de Tesorerías, en representación del Fisco de Chile, ejecutará cuantas operaciones sean necesarias para realizar el traspaso y el reintegro de estos recursos.
Artículo 3º.- Para suscribir el convenio a que se refiere el artículo 2º de esta ley, la municipalidad deberá acreditar que, a la fecha de su celebración, ella misma o la corporación respectiva, se encuentra al día en el pago de las cotizaciones previsionales, a contar de las correspondientes al mes de agosto de 1998.
Artículo 4º.- Para la determinación de los recursos que el Fisco anticipará a las municipalidades solicitantes, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo considerará principalmente el porcentaje de su deuda que la municipalidad se encuentre dispuesta a asumir conforme a sus disponibilidades financieras o que ya hubiere suscrito convenios de pago respecto a parte de la deuda; los esfuerzos que realice para solucionar su deuda previsional, como ser la venta de bienes muebles o inmuebles municipales, o mediante reasignación de fondos; y el orden de la fecha de presentación de las solicitudes de suscripción de convenios.
Artículo 5º.- Los recursos que reciba la municipalidad por aplicación de esta ley, serán reintegrados a rentas generales de la Nación, a contar del mes sexto de haberlos obtenido, sin intereses ni recargos, en cuotas iguales y sucesivas, que serán descontadas por la Tesorería General de la República de las cuotas del Fondo Común Municipal de los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año, y si aquéllas no fueren suficientes, de los montos que les corresponda por recaudación del impuesto territorial.
Las cuotas se reajustarán conforme a la variación que, entre la fecha de entrega de los recursos y la de reintegro de la cuota respectiva, experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, conforme al procedimiento de general aplicación que se establezca en el convenio.
Artículo 6º.- Autorízase al Servicio de Tesorerías para traspasar recursos desde el correspondiente ítem de la partida Tesoro Público al Fondo Común Municipal, para superar la insuficiencia de recursos que se produzca como consecuencia del otorgamiento de los anticipos que trata esta ley, para los efectos de efectuar los pagos que de acuerdo al artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, se debe hacer a los municipios, por el monto equivalente a tales anticipos.
Artículo 7º.- A contar del primer día del mes siguiente al de la fecha de publicación de la presente ley, en caso que se produzca un atraso en el integro de imposiciones previsionales que se devenguen a partir de esa fecha por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados, el Ministerio de Educación deberá retener de los recursos que les corresponda percibir por aplicación del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido de la ley de Subvenciones Educacionales, un monto equivalente a las cotizaciones que éstos deban pagar. Dicho monto será devuelto al sostenedor cuando éste demuestre haber pagado las cotizaciones correspondientes.
Lo dispuesto en el inciso precedente, en lo que corresponda, se aplicará también a los casos de atraso en el integro de imposiciones del personal de las entidades de salud municipal, debiendo efectuarse la retención con sujeción a las normas del artículo 53 de la ley Nº 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal .
El incumplimiento del integro a que se refiere este artículo, será sancionado de acuerdo a la escala de penas establecida en el artículo 233 del Código Penal, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan a los empleadores o sostenedores de acuerdo a las leyes previsionales y educacionales.
Artículo 8º.- Sustitúyese el primer párrafo del Nº 1 del inciso quinto, del artículo 38, del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, por el siguiente:
“1. Un cincuenta por ciento para promover la eficiencia en la gestión municipal, teniendo en consideración el ingreso propio permanente y gastos en personal, en servicios a la comunidad, asistencia social, capacitación, niveles de inversión con recursos propios, el menor ingreso que presenten ciertas municipalidades para cubrir sus gastos de operación, los que correspondan a gastos en personal y en bienes y servicios de consumo y estar al día en los pagos por concepto de cotizaciones o imposiciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios traspasados, en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, respecto de la administración directa de dichos servicios por el municipio o a través de corporaciones municipales.”.
Artículo 9º.- Durante el año 1999, el gasto fiscal originado por la aplicación del artículo 6º de esta ley, se financiará con traspasos de recursos del ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación .”.
-o-
Acordado en sesión de hoy, 20 de abril de 1999, con asistencia de los honorables Senadores señora Carmen Frei ( Presidenta ), y señores Canessa , Cantero , Cariola y Núñez y de los honorables Diputados señora Lily Pérez y señores Gutiérrez y Rojas.
Sala de la Comisión, a 20 de abril de |999.
(Fdo.): MARIO TAPIA GUERRERO, Secretario ?.
Moción de los Diputados señores Ascencio, Huenchumilla, Andrés Palma, Silva, Jeame Barrueto, Leal, Osvaldo Palma, Juan Bustos y las Diputadas señoras Isabel Allende y María Pía Guzmán.
Modifica la ley Nº 12.927, sobre seguridad interior del Estado con el fin de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos, en delitos contra la seguridad del Estado. (boletín Nº 2324-07)
El Art. 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupo privilegiados. El mismo artículo agrega más adelante que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
Sin embargo, en numerosas disposiciones legales aún vigentes en nuestro país, encontramos normas que efectivamente establecen diferencias entre los ciudadanos que en una democracia no se justifican.
En la ley de Seguridad del Estado existe un conjunto de normas legales que establecen un privilegio inaceptable para ciertas autoridades de la República que claramente vulneran, por lo menos el espíritu de lo expresado en la Constitución previamente expuesto, y que aún más, actúan en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos al establecer diferencias que incluso afectan el normal ejercicio de los derechos de estos últimos.
Un grupo de estas normas que confirman lo expuesto, las encontramos en esta ley, y están expresadas en los art. 6, letra b), y arts. 16), 17), 18) y 19), de la ley Nº 12.927.
Es evidente que los legisladores pueden y deben representar de múltiples formas a los ciudadanos, pero que la más clara y concreta, qué duda cabe, es aquella que se refiere a la facultad de los parlamentarios para la creación y/o modificación de la ley cuando sea de interés general.
Las leyes actuales, sin perjuicio de las limitaciones por todos conocidas, son de responsabilidad de los senadores y diputados. O sea, nada sacamos con reprochar a determinada autoridad el uso de un instrumento legal vigente, si no mostramos con gestos concretos, nuestra voluntad de modificar esa norma legal que consideramos injusta o arbitraria.
Nuestra obligación en este caso, como integrantes del poder legislativo, es trabajar para la modificación de la ley sobre Seguridad del Estado en aquella parte que consideramos establece privilegios inaceptables en una democracia y contra la cual se unen, además, fuertes argumentos y reproches por afectar gravemente la libertad de expresión, de opinión y de información en Chile.
En consecuencia, presentamos al honorable Congreso Nacional, una iniciativa parlamentaria tendiente a modificar la ley Nº 12.927 en los siguientes términos:
1. El art. 6 de la ley señalada, en su letra b), dispone que cometen delito contra el orden público, “los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la Patria, himno nacional y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República , Ministros de Estado , senadores o diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República , Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas , o General Director de Carabineros , sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido”.
La indicación que presentamos al respecto sugiere derogar este artículo desde la frase que comienza “... y los que difamen... hasta... funciones del ofendido”, quedando el art. 6 letra b) de la ley de la siguiente forma: cometen delito contra el orden público “los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la Patria, y el himno nacional”.
Si alguna autoridad de las señaladas en el artículo indicado se siente ofendido, ya sea injuriado o calumniado, dispone de las normas penales comunes a todos los chilenos, tanto las del Código Penal, las del Código de Procedimiento Penal y aquellas de la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para recurrir ante los Tribunales de Justicia a solicitar la reparación y castigo correspondiente, manteniendo incluso los fueros inherentes a sus cargos, por lo que nadie podría alegar desamparo por la derogación de esta norma.
Más aún, es difícil argumentar, que por el hecho de cometerse en contra de alguna de estas autoridades los delitos de injuria o calumnia, con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido, estemos autómaticamente ante la presencia de delitos contra el orden público. Lo importante es reiterar que existe en nuestro ordenamiento penal y otras leyes, un cuerpo normativo suficientemente fuerte que garantiza que no se pueda injuriar o calumniar impunemente a las autoridades señaladas al igual que a todos los ciudadanos.
Pareciera ser, sin embargo, que tras la legítima defensa de las autoridades democráticas, en este tipo de normas legales se esconde una no disimulada intención de impedir la investigación y fiscalización de las señaladas autoridades, quienes obviamente deben ser, por el tipo de función que cumplen, las más expuestas al ojo crítico del ciudadano común. Nosotros no estamos dispuestos a avalar con nuestro silencio, interpretaciones tan dañinas para nuestra democracia.
Distinto es el caso de aquellos que pudieran “atentar” contra la vida o integridad física de estas mismas autoridades, caso en el cual sí estamos claramente ante la presencia de un delito contra el orden público, cuya sanción se encuentra efectivamente establecida en el art. 4 letra d) y art. 5 de la citada ley, disposición que pretendemos perfeccionar, determinando claramente a las autoridades que se protegen y agregando al “ Director General de la Policía de Investigaciones ”, que por una inexplicable razón no se encuentra protegido de la misma forma que las demás autoridades en la ley sobre seguridad del Estado.
2. En el art. 16 se entregan facultades al Tribunal competente para suspender publicaciones o las transmisiones de los medios de comunicación que hayan cometido algún delito contra la Seguridad del Estado, y agrega que sin perjuicio de ello, en casos graves, el Tribunal podrá ordenar el requisamiento inmediato de toda edición en que aparezca de manifiesto algún abuso de publicidad penado por esta ley.
Entendemos que cuando se comete un delito contra la seguridad del Estado a través de un medio de comunicación social, debe existir una forma rápida de defensa y reparación de los intereses del país, pero la actual norma que regula esta materia en la cuestionada ley, confiere facultades discrecionales muy amplias al juez instructor para que con el solo argumento de afirmar “que aparece de manifiesto algún abuso de publicidad” ordene la requisición de escritos o libros u otros medios de expresión. Esto, que naturalmente es una medida extrema, puede aplicarse en muy circunscritas ocasiones, en casos muy graves que afecten efectivamente la seguridad del Estado, y para otras circunstancias, sólo al cabo de un exhaustivo proceso que acredite la necesidad de la medida, pero en base a una ley distinta a ésta.
Esta última parte del artículo señalado, ha servido para que jueces prohíban la circulación de libros, antes de determinar si existe o no la infracción legal denunciada, en lo que podemos denominar un acto de censura previa, tal como ha ocurrido en el caso último del libro denominado “El libro negro de la justicia chilena” de la periodista Alejandra Matus . Estimamos que los abusos de publicidad deben ser sancionados por la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo que se encuentra en su último trámite legislativo en el Congreso Nacional, y no en la ley sobre seguridad del Estado, por lo que proponemos una modificación que aclara de mejor forma, cuándo un Tribunal puede ordenar medidas tan drásticas como las señaladas.
Así, proponemos modificar el art. 16 de la ley Nº 12.927 en su inciso primero, reemplazando la frase que dice “...algún abuso de publicidad penado por esta ley”, por una frase que diga “...la comisión de un delito contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, o contra la seguridad interior del Estado o contra el orden público de la forma establecida por esta ley”. Es una manera práctica de precisar de mejor forma esta norma y evitar posibles abusos o atentados a la libertad de expresión que pueden cometerse en una democracia para el efecto de proteger intereses personales.
Así, el inciso primero del art. 16 de la ley Nº 12.927 quedaría de la siguiente manera: “art. 16.- Si por medio de la imprenta, de la radio o la televisión, se cometiere algún delito contra la seguridad del Estado, el Tribunal competente podrá suspender la publicación de hasta diez ediciones del diario o revista culpables y hasta por diez días las transmisiones de la emisora radial o del canal de televisión infractores. Sin perjuicio de ello, en casos graves, podrá el Tribunal ordenar el requisamiento inmediato de toda edición en que aparezca de manifiesto la comisión de un delito contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado o contra la seguridad interior del Estado o contra el orden público de la forma establecida por esta ley”.
3. Proponemos reemplazar el art. 17 de la ley sobre seguridad del Estado, por el siguiente: “art. 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometido a través de un medio de comunicación social, se determinará de conformidad a lo previsto en el artículo 39 de la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”.
4. Por último, proponemos la derogación de los arts. 18 y 19 de la ley Nº 12.927 sobre Seguridad del Estado.
En atención a lo anterior, presentamos a la honorable Cámara el siguiente proyecto de ley para modificar la ley sobre seguridad interior del Estado;
MOCIÓN
Modifícase la ley Nº 12.927 sobre Seguridad del Estado, en los siguientes términos:
Art. 1.- Modifícase el art. 4 letra d) de la ley Nº 12.927, reemplazando la frase que dice “...las autoridades a que se refiere la letra b) del art. 6.”, por la frase que dice: “el Presidente de la República , Ministros de Estado , senadores o diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República , Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros o Director General de la Policía de Investigaciones ”.
Art. 2.- Modifícase el art. 6 letra b) de la ley Nº 12.927, para agregar luego de “himno nacional” un punto, y luego derogar la frase que dice desde “...y los que difamen...” hasta “...funciones del ofendido”.
Art. 2.- Modifícase el art. 16 de la ley Nº 12.927, reemplazando la frase que dice “...algún abuso de publicidad penado por esta ley”, por la frase que dice “...la comisión de un delito contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado o contra la seguridad interior del Estado o contra el orden público de la forma establecida por esta ley”.
Art. 4.- Derógase el art. 17 de la ley Nº 12.927, reemplazándolo por el siguiente: “art. 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos a través de un medio de comunicación social, se determinará de conformidad a lo previsto en el art. 29 de la ley Nº 16.643 sobre abusos de publicidad”.
Art. 5.- Deróguense los arts. 18 y 19 de la ley Nº 12.927 sobre Seguridad del Estado”.