Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL.
- INTEGRACIÓN
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Valenzuela Herrera
- Lily Perez San Martin
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL.
- V. FÁCIL DESPACHO
- CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE CHILE Y PANAMÁ. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE CHILE Y PANAMÁ. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS SOBRE MALTRATO A CONSCRIPTOS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS SOBRE MALTRATO A CONSCRIPTOS.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Votación).
- DEBATE
- INTERCESIÓN DE LA ONU EN BÚSQUEDA DE PAZ EN LA EX YUGOSLAVIA. Oficio.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Laura Soto Gonzalez
- Fanny Pollarolo Villa
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Baldo Prokurica Prokurica
- Ivan Mesias Lehu
- Victor Perez Varela
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FACILIDADES PARA LA REINSCRIPCIÓN EN LOS NUEVOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Dario Molina Sanhueza
- Ivan Moreira Barros
- Gustavo Alessandri Valdes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SANTIAGO. Oficio.
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TALAGANTE Y MELIPILLA. Oficios.
- ADHESION
- Jose Garcia Ruminot
- Rosa Gonzalez Roman
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Fanny Pollarolo Villa
- Laura Soto Gonzalez
- Jaime Mulet Martinez
- Baldo Prokurica Prokurica
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- REDUCCIÓN DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE MALLECO. Oficio.
- ALCANCE A INTERVENCIÓN SOBRE DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
- DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DE POBLADORES DE CHUSMISA, EN PRIMERA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- Jaime Mulet Martinez
- Lily Perez San Martin
- Rosa Gonzalez Roman
- Fanny Pollarolo Villa
- Laura Soto Gonzalez
- ADHESION
- SUPRESIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN COLEGIO DE LA FLORIDA. Oficios.
- SITUACIÓN SUFRIDA POR PARLAMENTARIA EN ARICA. Oficio.
- ADHESION
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Laura Soto Gonzalez
- Fanny Pollarolo Villa
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Mulet Martinez
- ADHESION
- RESOLUCIÓN DEL MINISTRO INGLÉS JACK STRAW. Oficios.
- RESOLUCIÓN DEL MINISTRO INGLÉS JACK STRAW. Oficios.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Baldo Prokurica Prokurica
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EX MINISTRO CON LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
- EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUIR TRANQUE PUCLARO EN ELQUI. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Baldo Prokurica Prokurica
- ADHESION
- FINANCIAMIENTO DE PASAJES AL EXTRANJERO POR EMPRESA SANITARIA DE ATACAMA. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL FAVORABLE A PROFESORES DE ARICA. Oficio.
- SITUACIONES QUE PREOCUPAN A LA CIUDADANÍA. Oficio.
- FALTA DE AGUA EN SECTORES DEL SUR DEL PAÍS. Oficio.
- PROCESO JUDICIAL A PERIODISTA ALEJANDRA MATUS.
- ALCANCES SOBRE DECISIÓN DE MINISTRO DEL INTERIOR BRITÁNICO.
- ANTECEDENTES SOBRE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SANTIAGO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 53ª, en jueves 15 de abril de 1999
(Ordinaria, de 10.39 a 14.11 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
-o-
Integración de Comisión Mixta en proyecto sobre anticipos del Fondo Común Municipal 7
-o-
V.Fácil despacho.
Convenio de transporte aéreo entre Chile y Panamá. Primer trámite constitucional 7
VI.Orden del Día.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre maltrato a conscriptos 12
VII.Proyectos de acuerdo.
- Irregularidades administrativas de personal del Ministerio de Justicia. (Votación) 36
- Intercesión de la ONU en búsqueda de paz en la ex Yugoslavia. Oficio 37
- Facilidades para la reinscripción en los nuevos conservadores de bienes raíces 39
VIII.Incidentes.
- Antecedentes sobre plan de descontaminación de Santiago. Oficio 42
- Disminución de raciones alimenticias en establecimientos educacionales de Talagante y Melipilla. Oficios 43
- Reducción de supervisores de educación en la provincia de Malleco. Oficio 44
- Alcance a intervención sobre disminución de raciones alimenticias en establecimientos educacionales 45
- Desconocimiento del derecho de aprovechamiento de agua de pobladores de Chusmisa, en Primera Región. Oficios 45
- Supresión de raciones alimenticias en colegio de La Florida. Oficios 46
- Situación sufrida por parlamentaria en Arica. Oficios 46
- Resolución del Ministro inglés Jack Straw. Oficios 47
Pág.
- Información sobre eventual contrato de prestación de servicios de ex ministro con la Empresa Nacional de Minería. Oficio 48
- Expropiación de terrenos para construir tranque Puclaro en Elqui. Oficio 49
- Financiamiento de pasajes al extranjero por Empresa Sanitaria de Atacama. Oficio 49
- Cumplimiento de fallo judicial favorable a profesores de Arica. Oficio 50
- Situaciones que preocupan a la ciudadanía. Oficio 51
- Falta de agua en sectores del sur del país. Oficio 52
- Proceso judicial a periodista Alejandra Matus 53
- Alcances sobre decisión de ministro del interior británico 53
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que dicta normas destinadas a fortalecer las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares (boletín Nº 2304-07) 55
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (67)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes la Diputada señora María Antonieta Saa y los Diputados señores Edmundo Salas e Ignacio Walker.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 46ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 47ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL.
El señor MONTES (Presidente).-
Propongo que la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, quede integrada por los Diputados señores Homero Gutiérrez,Sergio Elgueta,Manuel Rojas,Felipe Valenzuela, y la Diputada señora Lily Pérez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE CHILE Y PANAMÁ. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de transporte aéreo entre los Gobiernos de Chile y Panamá, y su anexo.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Masferrer; y de la de Hacienda, el señor Ortiz.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2272-10, sesión 24ª, en 2 de diciembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, sesión 48ª, en 6 de abril de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 7 y 8, respectivamente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , me corresponde dar cuenta del Convenio de transporte aéreo entre los Gobiernos de Chile y Panamá.
Antes de entrar en materia, quisiera protestar por el atropello y agresión de que ha sido objeto nuestro país por la decisión del ministro socialista británico Jack Straw, quien ha acogido la petición de extradición del Senador vitalicio Augusto Pinochet. Esta decisión implica un atropello a toda la nación y no respeta el derecho internacional.
Entonces, cabe preguntarse si es conveniente firmar estos acuerdos y ser respetuosos del derecho internacional, en circunstancias de que nuestro país no es respetado por nuestros pares. Las mismas potencias que hoy violan los derechos humanos del pueblo yugoslavo, pretenden convertirse en jueces de nuestros actos y responsabilidades políticas.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
¡Diputado señor Masferrer!
El señor MASFERRER.-
Por todo lo anterior, elevo mi más enérgica protesta por este acto arbitrario del ministro Jack Straw,...
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado , ruego a su Señoría referirse al informe.
El señor MASFERRER.-
...que atenta no sólo contra la persona de un ex Presidente de la República y actual senador vitalicio, sino que también constituye una afrenta para Chile.
El señor MONTES (Presidente).-
¡Diputado señor Masferrer , llamo al orden a su Señoría!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
Diputado señor Masferrer, tiene la posibilidad de referirse a esa materia en la hora de Incidentes.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
¡ Diputado señor Masferrer, amonesto a su Señoría!
El señor MULET.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MULET.-
Señor Presidente, de acuerdo con lo que usted ha informado, en Fácil Despacho debe tratarse...
El señor MASFERRER.-
Estos convenios no son respetados por nadie, y la Cámara nunca se ha pronunciado al respecto.
El señor MULET.-
¡Por favor, señor Presidente!
El señor MASFERRER.-
¡Es una decisión que debemos tomar, de una vez por todas, todos los parlamentarios, porque no podemos seguir aprobando este tipo de convenios!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
Se suspende la sesión por dos minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Continúa la sesión.
Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en Chile todos estamos preocupados -como dijo el Diputado señor Masferrer- por el regreso del general Pinochet a Chile.
El señor DITTBORN .-
¡No todos!
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, le pido que se refiera al punto de Reglamento que quería plantear.
El señor ELGUETA.-
Al respecto, lo más acertado sería que, mediante un proyecto de acuerdo, la Cámara solicitara a la Corte Suprema acelerar el proceso que lleva el ministro Juan Guzmán , a fin de que se desaforara al senador vitalicio. De esa manera, lo tendríamos de vuelta en Chile.
El señor MONTES (Presidente).-
Ése no es un punto de Reglamento, señor diputado.
Diputado señor Masferrer, si entendí bien, su Señoría se niega a rendir el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor MASFERRER .-
¡Así es, señor Presidente!
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , considero que nuestro primer deber es cumplir con nuestras tareas legislativas.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ORTIZ .-
Todas las opiniones son respetables, pero debemos cumplir nuestras obligaciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ruego a su Señoría rendir el informe.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, informo sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá.
Dicho convenio se firmó el 21 de octubre de 1997, con ocasión de la visita del Presidente de Panamá a nuestro país, y es el primer convenio aéreo que establece un régimen de cielos abiertos firmado por Chile en Latinoamérica y que ha servido de modelo para el acuerdo sobre transporte aéreo con Costa Rica, que se firmará en San José a fines del próximo mes.
El Consejo de la Junta de Aeronáutica Civil propuso que dicho acuerdo sirviera de modelo para los restantes países de la región centroamericana. Es así como durante las actuales negociaciones tendientes a la firma de un tratado de libre comercio con Centroamérica, Chile propuso un capítulo sobre transporte aéreo basado en el convenio suscrito con Panamá.
Este convenio establece un marco abierto entre ambos países y con terceros países del continente americano, con derechos de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª libertades. Incluso, en materia de operaciones exclusivas de carga aérea, las mencionadas libertades se extienden a cualquier tercer país; por ejemplo, de Europa y Asia. Sólo limita las operaciones en la ruta entre Santiago y Lima, ya que la autoridad peruana establece restricciones a las empresas chilenas en dicha ruta y, en tales circunstancias, la legislación chilena impone similares limitaciones a empresas de un tercer país que opere en esa ruta. La limitación consiste en una cuota que actualmente asciende a 21 mil pasajeros anuales, la cual se levantará a fines del presente año.
Este convenio permitió que la aerolínea panameña Copa iniciara operaciones en Chile, ofreciendo un servicio diario a Panamá. Se ha constituido, así, junto con Lacsa, de Costa Rica, en las únicas empresas que, desde Chile, ofrecen frecuencias hacia Centroamérica, lo que ha permitido desarrollar un nuevo mercado de pasajeros y mejorar el flujo de carga entre Chile y esa región, especialmente importante para nuestras exportaciones, las que inciden en el aumento de la mano de obra.
Copa comenzó a operar en julio de 1997; con anterioridad a esa fecha, el total mensual de pasajeros entre Chile y Panamá promediaba los 650, transportados principalmente por la aerolínea Lacsa, de Costa Rica.
A partir de la mencionada fecha, el crecimiento del tráfico fue exponencial. Es así como en diciembre de 1997, el número de pasajeros entre ambos países ascendía a casi 2 mil personas. Durante el año recién pasado, Panamá se constituyó en uno de los destinos de mayor crecimiento desde Chile, con un 61 por ciento, y un total de 22.131 pasajeros. Copa tuvo una participación, en el mercado, del 84 por ciento. También esta línea aérea ofrece frecuencias a lugares más allá de Panamá, como Miami, México, La Habana , Santo Domingo , Jamaica y Puerto Rico, con tarifas -la mayoría de ellas- a precios muy convenientes.
LAN-Chile, por su parte, no ha demostrado mayor interés por operar hacia Panamá , aun cuando el Convenio aéreo le otorga los mismos derechos que a las empresas panameñas; incluso, para transportar pasajeros entre ciudad de Panamá y el lucrativo mercado de los Estados Unidos. Es más, Copa, en los destinos más allá de Panamá ya mencionados, compite directamente con varias empresas aéreas, incluyendo, por cierto, LAN-Chile, competencia que beneficia principalmente al consumidor.
Este Convenio se firmó como parte de un proceso gradual de apertura que se fue desarrollando hacia Panamá y Centroamérica, iniciado en conversaciones destinadas a suscribir un tratado de libre comercio con Panamá, las que actualmente están suspendidas, y el mencionado tratado de libre comercio con Centroamérica.
Panamá es el principal destino de las exportaciones chilenas en esa región, las que, si bien son menores, en 1998 totalizaron 28,2 millones de dólares. Ella representa un mercado importante y potencial para los productos manufacturados, mayor valor agregado como barcos, alambre de cobre, puré de tomate, servicios e inversión.
Durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Hacienda, en la discusión particular del artículo 9º, se consultó al director del Servicio Nacional de Aduanas , quien expresó que no incidía mayormente en las tarifas aduaneras.
Por eso, en nombre de la Comisión de Hacienda, recomiendo la aprobación del proyecto de acuerdo relativo al transporte aéreo entre los Gobiernos de Chile y Panamá, porque amplía un mercado con bastantes posibilidades de exportaciones de nuestro país hacia Centroamérica.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Corporación acerca de que el Convenio entre los Gobiernos de Chile y Panamá , como bien lo señala el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, es un tratado internacional.
Hay que tener mucho cuidado con los tratados internacionales, porque en la historia de Chile hemos tenido ocasión de conocer situaciones en que gobernantes los han firmado sin medir bien las consecuencias de sus actos. Es así como un ex gobernante de Chile está siendo sometido a proceso por haber firmado un tratado internacional. En ese sentido, estimo que la discusión del Convenio entre los Gobiernos de Chile y Panamá constituye una buena ocasión para tomar conciencia de la importancia de este tipo de instrumento jurídico.
La suscripción de un tratado internacional no es una renuncia a nuestros derechos, sino un acto de ejercicio de nuestra soberanía. Por lo tanto, al suscribir un tratado internacional como éste, estamos ampliando el ámbito de competencia de nuestra soberanía al vincularse a los otros Estados y aceptar las reglas del juego que, en este caso, regularán el transporte aéreo. Ellas serán determinadas, de ahora en adelante, no sólo por el Parlamento, sino también por el de otro país, y serán reguladas no sólo por nuestros tribunales, sino, además, por los de otro país.
Cuando hacemos esto, ejercemos nuestra soberanía y ampliamos el ámbito de nuestros derechos. Es lo mismo que ocurrió en el pasado con tantos otros tratados aprobados por el Parlamento, y de otros, cuando no había Congreso en Chile, con la sola firma de quienes conducían el país durante la dictadura.
Por lo tanto, al aprobar un tratado internacional como éste, como cuando se sancionó, por ejemplo, el Tratado internacional contra la tortura, se asume una responsabilidad respecto de nuestra soberanía, y después no podemos reclamar de ello.
Por este motivo, quiero llamar la atención acerca de que, en el informe, no viene adjunto el texto del tratado que debatimos, lo cual me parece un defecto del mismo, que no empequeñece su importancia. Espero que, en el ejercicio de nuestra soberanía, aprobemos por unanimidad este convenio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , en verdad, me ha hecho mucha fuerza la observación del Diputado señor Andrés Palma , ya que, al no tener el texto del tratado, nos abstendremos, porque no podemos firmar un documento que no conocemos y, en definitiva, lo que tendríamos que aprobar. En consecuencia, me parece muy pertinente lo dicho por el Diputado señor Andrés Palma : hay que tener conocimiento pleno de los tratados que se firman.
Me alegro, en estos tiempos democráticos, de que los convenios pasen por el Congreso. Por ejemplo, el caso de Laguna del Desierto no se trató en el Congreso Nacional... y se perdió parte importante del territorio chileno. El Presidente Aylwin , en ese entonces, dijo: “¡De qué se preocupan si es un pedacito de territorio!” En consecuencia, eso sucede cuando no se conocen los informes y no se ve lo que se firma.
Por lo tanto -reitero-, vamos a abstenernos en la votación de este tratado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, sólo para clarificar el tema desde el punto de vista legislativo.
En la página 2 del informe de la Comisión de Hacienda, aparece la discusión particular del artículo 9º, cuyo conocimiento por ésta fue dispuesto por la Comisión técnica, y en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la página 3, se hace una reseña del convenio, el que consta de 18 artículos y un anexo, titulado cuadro de rutas. Los señores parlamentarios que estén interesados en los antecedentes que tuvimos en consideración cuando discutimos y votamos el artículo 9º, pueden solicitarlos a las respectivas comisiones.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , un punto de Reglamento. En su artículo 287 se señala expresamente que el informe que emita la comisión se consignará, número 8), el “texto del proyecto, tal como la comisión lo haya aprobado o rechazado”. En el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sólo hay un resumen del mismo; por lo tanto, no podíamos proceder a votar este texto.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado , en la página 6 del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores figura el texto del artículo único aprobado por la comisión correspondiente. Es decir, los antecedentes están resumidos en la reseña anterior como ha indicado el diputado informante.
Tiene la palabra el Diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente , me parece que realmente debemos cumplir los tratados internacionales. Para eso se firman y si se traen a la Cámara, ella debe conocer exactamente lo que está comprometiendo el país.
Por consiguiente, no es posible votar en la Corporación algo que obliga al resto de la nación chilena para siempre o hasta que se vuelva a cambiar sin que tengamos conocimiento completo y detallado de lo que vamos a aceptar o rechazar.
En consecuencia, solicito que esto no se vote hoy, mientras la Cámara no enmiende la forma de presentar las cosas.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, hemos considerado esto en la Mesa y no se votaría hoy.
Tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , al margen de los nerviosismos razonables, digamos, quiero hacer presente que existe un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. Que el diputado designado por unanimidad en nuestra Comisión no cumplió con lo que ésta le encomendó, es un tema que la Mesa en su momento tendrá que ponderar; pero al margen de eso existe un informe que todos los señores diputados tienen en sus escritorios. Por lo tanto, o lo leen ellos o cualquiera de nosotros como miembros de la Comisión, pero no se venga con la excusa de que no tienen un informe -porque muy bien podrían fijarse que está en sus escritorios-; debíamos haber conocido el informe si el diputado que adquirió el compromiso en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores hubiera cumplido con su deber. No lo hizo, pero no es nuestra responsabilidad.
La Comisión de Relaciones Exteriores sí conoció este convenio, sí escuchó a las personas y es favorable para Chile. Ésa es la opinión de los expertos, porque, indudablemente, a un país que está con las fronteras abiertas y que desea los intercambios fluidos, le interesa llegar a este tipo de convenios de cielos abiertos, que son favorables para todo lo que son las políticas en gestiones económicas.
Por lo tanto, llamo la atención a la Mesa, por su intermedio, en el sentido de que no es correcto que aquí se venga a decir que este convenio no fue conocido. Otra cosa es que usen esto como excusa. Y me parece que es faltar a la verdad que se diga que la Comisión de Relaciones Exteriores no conoció el convenio, porque sí lo hizo y aquí hay otros miembros que lo pueden ratificar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
El criterio de la Mesa es que como el proyecto no tiene urgencia, se vote en la próxima sesión y para evitar mayores discusiones, pondremos a disposición de todos los señores diputados un texto completo del tratado.
VI. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS SOBRE MALTRATO A CONSCRIPTOS.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre la investigación encomendada a la Cámara acerca de las denuncias por maltrato a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio, y la proposición de modificaciones a la legislación que resguarde la integridad de los reclutas.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión investigadora, sesión 12ª, en 1 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado informante, señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se constituyó en comisión especial investigadora por resolución de esta Cámara adoptada el 9 de abril de 1997. El acuerdo por el que se encarga la investigación tiene esa fecha.
Con anterioridad al acuerdo de la Cámara, la Comisión, en septiembre de 1996, se había ocupado de la materia cuando recurrieron ante ella los padres del conscripto Germán Rubén Vivanco Sierra, para manifestar dudas respecto de que su hijo se hubiere suicidado en el Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2, de Puente Alto.
Con motivo de esta denuncia, la Comisión, haciendo uso de sus facultades, remitió oficio al Ministro de Defensa Nacional para requerir antecedentes sobre el caso, proponiéndole una audiencia para tal efecto. El ministro derivó esta audiencia al subsecretario de Guerra , por lo que la Comisión lo reiteró en noviembre de 1996.
Para cumplir su cometido, la Comisión incorporó en el Orden del Día de todas sus sesiones ordinarias, la materia relativa a esta investigación a partir del 16 de abril de 1997 hasta el 17 de junio de 1998, fecha en que emitió el informe que sólo hoy podemos dar a conocer, casi un año después de concluido, sin explicarnos por qué no se puso en tabla para conocimiento de la Sala, a pesar de nuestros reiterados requerimientos cuando el tema aún era de inquietud pública.
Durante la investigación se invitaron a diversas personas, de las cuales se da relación en el texto. Asimismo, se enviaron numerosos oficios entre los que cabe destacar el remitido al Ministro de Defensa Nacional para solicitarle el envío de los antecedentes que obran en poder de su ministerio respecto de la muerte del conscripto del destacamento Nº 3, “Aldea”, de Talcahuano, Álvaro Esteban Parra , ocurrida el 7 de mayo de 1995, y del conscripto Guillermo Caro Guzmán , del Regimiento Carampangue, de Iquique, fallecido el 3 de diciembre de 1995, mientras se realizaban maniobras en Arica con indicación de las investigaciones practicadas y medidas que se adoptaron con motivo de estos decesos.
El auditor general de la Armada y el propio subsecretario de Guerra informaron sobre el estado de los procesos respectivos.
La respuesta al oficio remitido al director nacional de la Juventud acerca de la lista ofrecida en la comparecencia del subdirector de ese servicio, el 14 de mayo de 1997, sobre casos de conscripción errada, así como la nómina sobre las denuncias de maltratos u homicidios por conscriptos, se encuentran a disposición de los parlamentarios en la secretaría de la Comisión.
El remitido al director del Instituto Nacional de Estadística para solicitar que informara sobre el número de suicidios a nivel nacional y en la sociedad civil, como al interior de la Fuerzas Armadas y su incidencia porcentual en el número de muertes por otras causas, contestado por el subdirector de operaciones del INE, se encuentra a disposición de los señores diputados en la secretaría de la Comisión.
El dirigido al presidente del Comité de Defensa de Derechos Juveniles para que coordinara la asistencia a la Comisión de los familiares de conscriptos que hubieren sido maltratados o fallecidos cumpliendo su servicio militar, se tradujo en la comparecencia de familiares, cuyas declaraciones se encuentran a disposición de los señores diputados en la Secretaría de la Comisión.
El enviado al Ministro de Defensa Nacional para que requiriera a los auditores generales la información acerca del estado de los procesos a que se refiere la lista de casos de muerte y accidentes de conscriptos, fue contestado por el auditor general de la Armada respecto de dos casos y por el subsecretario de Guerra sobre lo ocurrido al conscripto Guillermo Caro Guzmán , en que se condenó al ex cabo Rosamel Galleguillos a la pena de quince años y un día.
Textos legales tenidos a la vista.
La Comisión también procedió a informarse de los textos legales que regían situaciones de esta especie, para cuyo efecto se tuvo a la vista el Código de Justicia Militar, el decreto ley 2306, el DFL Nº 244, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional; la ley Nº 18.948, del 27 de febrero de 1990, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas; el decreto Nº 148, del Ministerio de Defensa Nacional; el decreto supremo Nº 1.445, de 1971, que establece el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, y el decreto supremo Nº 1.232, de 1986, sobre Reglamento de Disciplina de la Armada.
Audiencias con personeros de gobierno, autoridades militares, instituciones y familiares de conscriptos.
Con el fin de informarse de los problemas involucrados en esta investigación, la Comisión recibió en audiencia a las siguientes personas: al Ministro de Defensa Nacional don Edmundo Pérez Yoma ; al subsecretario de Guerra don Mario Fernández ; al director de Movilización Nacional general Carlos Molina Johnson ; a los asesores del Ministerio de Defensa Nacional, Eugenio Cruz Pinochet y Gonzalo García Pino ; a los auditores generales del Ejército, don Fernando Torres Silva ; de la Armada, contraalmirante don Jaime Harris Fernández , y de la Fuerza Aérea de Chile, don Pablo Canals Baldwin , y al coronel de Ejército don Luis Giordano ; al subdirector del Instituto Nacional de la Juventud, INJ, don Jorge Torres ; a los asesores de ese Instituto, doña Donina Time, don Rubén Valenzuela, don Juan Alberto Molina y Kenneth Mac Farlane ; a María Inés Winckler , Juana Kovalskys y María Isabel Castillo , en representación del Colegio de Sicólogos de Chile; al abogado coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, don Nelson Caucoto ; al presidente de la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles (Codeju), don Gabriel Pozo ; a los dirigentes de esa institución, Manuel Segura , Cristián González , y familiares de conscriptos muertos o presuntamente maltratados, señoras Erica Parra , Alicia Torres , Graciela Sierra , Erica Torres , Ema Leiva , María Yáñez , Vivian Aguilera , Silvia Pérez y Herminia Tapia , y señores Pedro Vivanco , Guillermo Caro , Angelino Parra , Edmundo Contreras , Pedro Soto.
El método de trabajo adoptado por la Comisión, en primer término, consistió en recopilar todos los casos de maltratos o muertes de conscriptos, por el impacto que esas situaciones habían producido en la opinión pública.
La secretaría de la Comisión pudo precisar los siguientes casos de muerte y accidentes de conscriptos, dados a conocer por la prensa:
1. En diciembre de 1991, se informa como accidente, por mal manejo de su arma de servicio, la muerte del conscripto Ricardo Gabriel Navarro Mera , del Regimien-to de Infantería Nº 4, “Rancagua”, de Arica;
2. En julio de 1992 fue lesionado, gravemente, el conscripto Marcelo Adrián Arellano Bustos por el cabo Manuel Alejandro Llana Vera , al interior del Regimiento Nº 14, “Aisén”, de Coihaique;
3. El 7 de mayo de 1995 fallece el conscripto del Destacamento Nº 3, “Aldea”, de Talcahuano, Álvaro Esteban Parra Parra , por un paro cardíaco provocado por exigencias superiores a su resistencia física;
4. El 3 de diciembre de 1995 muere el conscripto Guillermo Caro Guzmán , del Regimiento Carampangue, de Iquique, a causa de un disparo hecho por el cabo Rosamel Arturo Galleguillos Geraldo ;
5. En marzo de 1996 se quitó la vida el joven Sergio Andrés Soto Cuevas , en Llolleo, presumiblemente por haber sido llamado al servicio militar;
6. En abril de 1996, el conscripto Freddy López Araya , del Regimiento de Artillería Nº 7, “Chorrillos”, de Punta Arenas, fue hallado muerto con un disparo en la frente, hecho calificado de suicidio, según el subsecretario de Guerra ;
7. En mayo de 1996, el conscripto Ángel Caviedes Lagos , que había desertado del Regimiento Húsares, de Angol, intentó suicidarse, arrojándose al paso de una camioneta;
8. En junio de 1996 es herido gravemente el conscripto Jaime Alfonso Benavides, con un disparo de subametralladora al interior de la fábrica de maestranzas del Ejército;
9. En julio de 1996, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial denuncia la muerte, ocurrida el 23 de junio de 1996, del conscripto Eduardo Andrés Lemus , del Regimiento “Aisén”, de Coihaique;
10. En julio de 1996, el conscripto Julio Rodríguez Fuentealba , del Regimiento “Chorrillos”, de Punta Arenas, recibió un disparo de fusil mientras se encontraba de guardia;
11. En julio de 1996, al interior del Regimiento Haras Nacional, de San Bernardo, es lesionado por un cabo de apellido Barahona el conscripto Ernesto de la Cruz Lizana Leiva ;
12. En agosto de 1996, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial informó el caso del conscripto Germán Vivanco Sierra , del Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2, de Puente Alto, quien se disparó con su arma de servicio;
13. En agosto de 1996, en la Escuela de Grumetes de Talcahuano se informa del suicidio del alumno Renzo Aldo Honorato Ibaceta ;
14. En septiembre de 1996 falleció el conscripto Félix Patricio Hidalgo Hidalgo, en la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, víctima de un síncope cardíaco cuando realizaba el test de Cooper, que mide resistencia física;
15. En octubre de 1996 se suicida el conscripto Carlos Alberto Vidal , oriundo de Santiago, que cumplía su servicio militar en el Regimiento de Infantería Nº 4, “Rancagua”, de Arica;
16. En octubre de 1996 fallece el conscripto Luis Franco Cortés al interior de la Escuela de Caballería Blindada de Quillota;
17. En octubre de 1996 fallece el conscripto Daniel Orlando Negrete Caviedes , que cumplía su servicio militar en el Regimiento Lautaro, y
18. En enero de 1997 fallece, por inmersión en el lago Rapel, el conscripto de la dotación del Regimiento Arsenales de Guerra de Santiago, René Silva Araya.
En atención a que muchos de estos casos han sido calificados como suicidio, la Comisión puso énfasis en precisar las causas que llevarían a algunos conscriptos a atentar contra sus vidas.
El Ministro de Defensa Nacional don Edmundo Pérez Yoma , respecto al aumento de suicidios de conscriptos, relata que estadísticamente el número de muertes de conscriptos por estas causas es menor al de los suicidios de personas de la misma edad que no hacen el servicio militar. Señaló que se están extremando las medidas respecto de esta materia, aunque expuso que sería extraño que no haya suicidios dentro de un grupo humano tan numeroso.
Por su parte, el subsecretario de Guerra don Mario Fernández , indicó que los 30 mil conscriptos que hacen el servicio militar son jóvenes como cualquier otro chileno. Hizo hincapié en que muchos de estos jóvenes conscriptos están en condiciones de soledad y portan armas, por lo que hay un riesgo mayor con respecto al suicidio.
Indicó que todas las situaciones de muerte de conscriptos, sea por suicidio o por otras razones, están suficientemente informadas al Ministerio de Defensa Nacional, información que se encuentra disponible para la Comisión.
El señor Gonzalo García , asesor político del Ministro de Defensa Nacional , recordó que ese ministerio realizó una exposición muy completa ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara sobre el tema de los suicidios, sobre los que se acompañaron estadísticas y un cuadro explicativo de las razones que tuvieron los afectados para llevarlos a cabo.
Ante la inquietud de la Comisión sobre por qué la gran mayoría de los casos recopilados han ocurrido en regimientos del Ejército, el Ministro de Defensa Nacional señala que ello no es extraño teniendo presente que esta rama de las Fuerzas Armadas recluta el 90 por ciento de los jóvenes que hacen el servicio militar.
Como las situaciones de suicidios hay que relacionarlas con problemas sicológicos del sujeto que atenta contra su vida, la Comisión quiso saber si a los conscriptos se les realiza un test sicológico exhaustivo, en consideración a que las personas responden de distinta manera a un sistema rígido, como es el servicio militar.
Según el coronel de Ejército don Luis Giordano, oficial de Estado Mayor que trabaja en la Dirección de Instrucción del Ejército, el año 1996 se hizo un examen sicológico a un contingente de 18 mil hombres, de los cuales 2.300 mostraron problemas patológicos, sociales y de otra naturaleza. Estima que el 84 por ciento del contingente del Ejército es normal y que una de las obligaciones del Comandante es conocer todos los antecedentes del soldado conscripto, como una manera de indagar y prevenir los problemas que puedan afectar su desempeño militar.
Doña Juana Winckler , del Colegio de Sicólogos, afirma que no se hace examen sicológico integral a los conscriptos y que tampoco podría hacerse, ya que es muy costoso, pero que se podría hacer un “screen” o pruebas colectivas, con lo cual se pueden pesquisar algunos indicadores de suicidio.
La representante del Colegio de Sicólogos, señora María Isabel Castillo , precisó que, según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, hubo un aumento de los suicidios registrados por la prensa en el servicio militar durante 1996.
Interrogadas estas profesionales sicólogas acerca de si sus análisis son empíricos o se han basado en estudios realizados por otras personas o instituciones, expresaron que han atendido a muchos jóvenes que hacen el servicio militar o que eluden esa actividad, pero lo que afirman lo han obtenido también por estudios hechos por otras instituciones y personas. Además, se han basado en su experiencia respecto al impacto sicológico de las situaciones traumáticas y piensan que el servicio militar pudiera ser potencialmente traumático.
En la Comisión también se planteó que la persona que se quita la vida lo hace porque tiene una cierta personalidad o tendencia al suicidio y podría cometerlo o no, según surjan factores desencadenantes, pudiendo entenderse que la vida militar puede ser uno de ellos.
Al respecto, la sicóloga María Isabel Castillo corroboró lo expresado en la Comisión, aclarando que también una persona que no tiene antecedentes previos puede incurrir en suicidio bajo determinadas condiciones de presión.
El director de Movilización Nacional general Carlos Molina Johnson , afirmó que existen controles, que el contingente es evaluado sicológicamente en forma permanente, al principio y al final del servicio militar, para saber cómo se comporta e incluso para saber qué pasa al interior de cada regimiento.
Sin embargo, al Instituto Nacional de la Juventud le parece que en materia de tratamiento sicológico de las Fuerzas Armadas hay fuertes elementos motivacionales hacia los objetivos para los cuales se convoca a los conscriptos. A su juicio, los problemas sicológicos no se orientan más que al resguardo de la soberanía nacional y hacia la vida de los conscriptos. Por eso, frente a situaciones específicas respecto de jóvenes que pueden tener problemas, el tema debe abordarse desde el momento en que se hace la selección para calificar al personal que se ha de convocar.
Para abordar esta materia, la Comisión acordó solicitar al Colegio de Psicólogos que por intermedio de profesionales especializados le entregara su opinión. En esta gestión participaron tres psicólogas que proporcionaron los juicios vertidos en el documento que, para conocimiento de los señores diputados, se encuentra en la secretaría de la Comisión.
La Comisión manifestó al señor ministro que el castigo físico debiera estar absolutamente prohibido al interior de las Fuerzas Armadas, para lo cual habría que precisar qué se entiende por castigo físico y cuándo se está ante un acto que degrada a una persona.
En el proceso de formación de un soldado se considera como válido lo que se denomina aporreo, pero dentro de la Comisión se dijo que pueden existir situaciones de aporreo que estén en el límite del respeto que merece un chileno que cumple con su obligación militar. El Ministro de Defensa respondió que el castigo físico está absoluta y totalmente prohibido. No obstante, señaló que el aporrreo es más delicado, porque, por un lado, se está entrenando a soldados para combatir, para usar la violencia, para matar al enemigo. Ése es el concepto y hay que aceptarlo de esa forma. Los ejercicios que se hacen son efectivamente extenuantes, no obstante, se ha tratado de precisar cuándo el aporreo pasa a ser castigo.
Ante la consulta sobre la diferencia entre el aporreo y el castigo, el Ministro de Defensa Nacional afirmó que es el oficial a cargo el que determina cuándo es uno y cuándo es otro.
El auditor general de la Armada, contraalmirante Jaime Harris , relató que puede haber casos de maltrato y que muchos de ellos se traducen en denuncias en que no se logra comprobar el delito, ya que, por ejemplo, no se puede diferenciar cuando diez flexiones son aporreo o maltrato. El auditor general de la Fuerza Aérea, Pablo Canals , expresó que la instrucción de los conscriptos de esa Fuerza es similar a las demás ramas de las Fuerzas Armadas, y, desde el punto de vista criminal, se ha tenido sólo un caso con posible responsabilidad penal, que está siendo investigado. Las disposiciones del Código de Justicia Militar y del Reglamento de Disciplina, a su juicio, son suficientes, pero esas normas por sí solas no garantizan que no sucedan hechos irregulares, y para evitar ese tipo de conductas existen los instructores que regulan las exigencias físicas. El coronel de Ejército don Luis Giordano, opinó que el aporreo debe tratar de definirse, ya que se podría entender como aporreo una clase de instrucción física donde se prepara al soldado para hacerlo más fuerte. Hay que distinguir claramente las situaciones para determinar cuándo hay aporreo y cuándo, abuso de autoridad.
Dentro del ejercicio militar hay actividades duras, marchas diariamente, educación física; es decir, muchas cosas que son normales para tener un soldado eficiente y que pueda combatir. Explicó que el mal de los soldados chilenos es la insuficiencia de fuerza en los brazos, fuerza que se logra con flexiones. Puede en algún caso haber abuso de autoridad en el aporreo, pero si así sucediera existen los controles pertinentes. El auditor general Fernando Torres , aseguró a la Comisión que en lo referente a casos de maltrato de conscriptos se está trabajando y recopilando antecedentes, en cuyos casos existe un proceso judicial y sumarios internos.
Interesaba a la Comisión estudiar qué proposición legislativa se podía hacer para mejorar, perfeccionar y garantizar los derechos de los conscriptos. Sobre ese punto se consultó reiteradamente la posibilidad de establecer un control que resguarde los intereses de los conscriptos, cuestionándose el hecho de que sean integrantes de las Fuerzas Armadas, que están en una línea de mando jerárquico, quienes puedan cumplir el rol de defensores de los derechos de los conscriptos, por lo que se estimó que debiera haber alguien con cierto grado de autonomía para velar por el respeto de tales derechos.
El coronel de Ejército Luis Giordano, precisó que la creación de un control fuera de la línea de mando no es posible porque se quebraría la verticalidad del mando. La normativa es muy clara para solucionar este tipo de hechos. Además, argumentó que los conscriptos pueden recurrir a los capellanes o a las asistentes sociales. A su juicio, la solución es profundizar los canales existentes. A este respecto, el Ministro de Defensa Nacional fue enfático en considerar que es una pésima idea el establecer un comisionado civil, pues cree que el principio de jerarquía del mando militar es muy importante, y la única manera de resguardar los intereses del conscripto es por la vía de responsabilizar cada vez más a sus superiores jerárquicos inmediatos. Agregó que el país le encarga a los oficiales un grupo de seres humanos para que sean instruidos militarmente. En ese sentido, el Ejército ha dictado una serie de instructivos en los cuales se protege al conscripto, y si algo le pasa o es maltratado y el oficial no toma las medidas necesarias, y esto se llega a descubrir, se le acaba la carrera militar al oficial. En consecuencia, en su opinión, hay que reforzar la responsabilidad de los oficiales a cargo de los conscriptos.
Finalmente, dijo que no conoce ningún país en que existan este tipo de organismos.
Por su parte, el señor Gabriel Pozo , representante del Comité de Defensa de los Derechos Juveniles, Codeju, planteó la necesidad de crear un organismo transversal, en términos de que puedan canalizarse las denuncias de los conscriptos que se vean afectados en sus derechos, especialmente por apremios ilegítimos que, según él, deben existir en cada lugar.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, ha terminado el tiempo de su intervención.
Le ruego redondear el resto.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Trataré de hacerlo para llegar a las conclusiones, señor Presidente.
Posteriormente, se consideraron también las normativas legales aplicables y las declaraciones de familiares de conscriptos que se sentían afectados porque podrían haber perdido la vida al interior de los regimientos.
Las conclusiones de la Comisión son las siguientes:
1º Con el mérito de los elementos de juicio acumulados, tales como publicaciones de prensa, declaraciones de organismos juveniles, de familiares de conscriptos fallecidos o maltratados, se puede concluir que al interior de los recintos militares se producen casos de abuso o maltrato físico, que es presumible que eventualmente hayan sido la causa de algunas de las muertes de que da cuenta este informe, algunas de las cuales se han reportado como suicidio.
2º La legislación vigente, en materia de trato y disciplina, consulta disposiciones perentorias que prohíben y castigan los maltratos de obra y de palabra, salvo en los casos en que se trate de contener por medios relacionados la comisión de delitos flagrantes de traición, sedición, rebelión, insulto o ataque a un superior en actos de servicio, cobardía frente al enemigo, devastación, saqueo u otro de igual gravedad.
3º De aplicarse efectivamente las normas vigentes reseñadas en el punto anterior, no sería necesario modificar o complementar dicha legislación.
4º No obstante, atendida la gravedad de los casos conocidos por la Comisión, aparece de urgente necesidad que el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con los institutos castrenses, elaboren una normativa reglamentaria de general aplicación en todas las ramas de las Fuerzas Armadas que, con miras a la modificación del actual sistema del servicio militar obligatorio, incorpore las regulaciones y procedimientos que den mayor efectividad a las exigencias de la preparación física e intelectual del soldado, tomando en cuenta las capacidades, aptitudes y estado de salud de los conscriptos.
5º También parece indispensable que se establezca como requisito de ingreso al servicio militar un previo y adecuado examen sicológico de los postulantes, con el fin de detectar eventuales problemas que puedan surgir por efecto del rigor militar, del desarraigo de su familia y del uso de armas, aunque cueste al erario una cantidad significativa de dinero, porque la vida de un chileno es mucho más importante que el gasto en estos exámenes.
6º Recomendar la instauración de controles eficientes para mejorar, perfeccionar y garantizar el respeto adecuado de los derechos de los conscriptos y el establecimiento informado de las instancias para formular las denuncias y reclamos.
7º Solicitar a la Excelentísima Corte Suprema que instruya a los tribunales militares y cortes marciales para que, en los casos de muerte de conscriptos por cualquier causa, se arbitren con celeridad los medios indagatorios que permitan establecer en la forma más fehaciente posible la causa de muerte y las responsabilidades en su ocurrencia.
8º Hacer llegar al señor Ministro de Defensa Nacional el informe de la Comisión, con el objeto de que el Supremo Gobierno adopte, con la urgencia que amerita, las medidas recomendadas en estas conclusiones.
Ahora, hablando en nombre propio y no como informante de la Comisión, debo destacar que las Fuerzas Armadas son las encargadas de velar por nuestra soberanía. Por eso, creo especialmente atingente hacer mención en esta oportunidad a ese hecho, por cuanto ella ha sido hoy de nuevo vulnerada por un país extranjero. Me parece que debemos demostrar a las Fuerzas Armadas nuestro mayor respeto.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor diputado. Hago presente que su Señoría ocupó ocho minutos más de los otorgados para rendir su informe.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , los antecedentes que aporta el informe rendido por el Diputado señor Van Rysselberghe demuestran que han existido abusos y excesos en el trato a los conscriptos que cumplen el servicio militar obligatorio. Ello constituye una realidad indesmentible y una situación que sufren y temen sufrir los jóvenes.
A veces, el maltrato implica simplemente exigencias o tareas que van más allá de su resistencia física o síquica. Así queda registrado en un informe y en la recopilación de casos de muerte o lesiones graves a conscriptos, que demuestran que en casos de suicidios los jóvenes se quitaron la vida con las mismas armas que portaban.
Estas situaciones lamentables y no deseadas por nosotros ni por las Fuerzas Armadas, se presentan no obstante la profusa legislación que reglamenta el buen trato hacia los reclutas y que castiga cierto tipo de conductas que constituyen rigor injustificado y maltrato a aquéllos.
El informe sobre violaciones al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, elaborado por el Programa de Protección y Asistencia de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, de julio de l997, que tengo en mi poder, señala que de las denuncias efectuadas desde l990 a julio de l997, recepcionaron en sus oficinas 17 casos por tortura o tratos crueles; 8 por deserción, 4 denuncias efectuadas por los familiares de jóvenes, que comunicaron los malos tratos que estaban recibiendo; 6 casos de muerte: 3 como suicidios, informados por el Ejército a las familias; un asesinato que, en principio, fue calificado de deserción, y dos situaciones en que se desconocen las causas. También hay tres casos de deserción sin antecedentes de tortura, pero que sobrevienen como consecuencia de la crisis de pánico experimentada por jóvenes que se encontraban en su unidad, al conocer la suerte corrida por otros conscriptos. Hay tres casos de remisión, es decir, de muchachos que no se presentaron a cumplir con su servicio militar obligatorio, dos de ellos por problemas de salud física y otro por manifestar un cuadro severo de crisis de pánico al saber también de la muerte ocurrida al conscripto Pedro Soto Tapia mientras realizaba su servicio militar obligatorio. Hay un caso de acusación de robo, otro en que el joven sufrió graves amputaciones y daños sicológicos, a causa de un accidente en el regimiento, respecto del cual el Ejército no se hizo cargo de la indemnización. Existen ocho casos de jóvenes que se negaron a inscribirse para cumplir su servicio militar, argumentando objeción de conciencia por razones religiosas.
A lo anterior, debemos agregar casos posteriores a la fecha del informe del Codepu y que la opinión pública ha conocido, como el del conscripto que se suicidó en Valdivia.
Sin duda, lo anterior no significa generalidad en el trato al conscripto, o que sea una costumbre reiterada, aunque muchas de las circunstancias que derivan del servicio militar obligatorio sean una forma de violentar al conscripto.
Cabe preguntarse: ¿existen realmente estos abusos? ¿Por qué se producen? ¿Cuál es la causa del maltrato y de esta fuerza legítima? ¿Cuál es la explicación y el origen verdadero del abuso de autoridad, del trato casi indigno y a veces humillante que sufren algunos conscriptos? Se habla de simple “aporreo”. ¿Cuál es el límite entre “aporreo” y el abuso de autoridad o maltrato?
Hay un sistema tradicional, derivado de situaciones culturales, sobre lo que es el recluta en el servicio militar. Esa mala costumbre entiende, erróneamente, que mientras más duro se es con el recluta, éste se hace más hombre, y que la hombría está en relación con el rigor y el dolor. Se trata de estereotipos y costumbres arraigadas en los viejos oficiales, que se transmiten a través del tiempo. También se cree que así se aprende más rápido, sin reparar en los cambios y en la evolución que experimenta el hombre en cuanto a conductas, enfoques y visión de las cosas. Antes existía la máxima “la letra con sangre entra”, época en que la sociedad aceptaba la rudeza como sistema de aprendizaje. Quizás, el servicio militar también estaba inserto en ese lema. El primero ya no se aplica, porque la educación y el aprendizaje se producen por convicción y el mero esfuerzo y voluntad del alumno y con métodos didácticos modernos. Pero el trato duro, histórico, tradicional, no ha cambiado ni ha quedado atrás, y el joven no lo acepta, pues su visión de las cosas contrasta con un área donde se actúa con dureza. Puede que los maltratos hayan disminuido, pero -ésa es la cruda realidad- siguen repitiéndose.
El servicio militar es la forma en que el joven de 18 años debe cumplir con el deber de defensa que el Estado impone a los ciudadanos. Ésta es una decisión que debe adoptar cuando está en pleno desarrollo, cuando recién comienza a transitar a la madurez, cuando aún no ejerce reales derechos, cuando está lleno de proyectos y aspiraciones a futuro, cuando comienza a degustar la vida, cuando forma su entorno y tiene su propia identidad personal, cuando aún no entiende muchas cosas. Por ello, no acepta esa imposición. Está frente a una actividad nueva, distinta, ajena a sus vivencias, donde se habla de la muerte, del enemigo, de las armas, de la guerra. Entonces, se encuentra en un ambiente distinto, ajeno, que lo confunde. Eso ya es violentarlo, lo cual, sin duda, lo lleva a rechazar el servicio militar.
¿Cómo no va a resistirse a las instrucciones y a adoptar decisiones fatales cuando se encuentra en un ambiente para el que no está preparado, que choca con su visión e interpretación de las cosas, su proyecto de vida? En consecuencia, por ser contrario a su vivencia, lo rechaza y se sume en la más absoluta soledad. A veces, las cosas duras hieren su dignidad o le provocan humillación. Es el sentimiento y la sensibilidad del joven. Hay que entenderlo; todavía no está maduro.
Como han sostenido los sicólogos respecto de las duras circunstancias que deben enfrentar los jóvenes, el servicio militar en sí puede ser un detonante para los suicidios; un abuso y un maltrato pueden gatillarlos en personas de condiciones sicológicas y patológicas predispuestas para ello. La obligatoriedad del servicio militar puede constituir una causal indirecta de maltrato.
Es indudable que, preferentemente, lo cumplen los jóvenes de estratos modestos que no pueden “sacárselo”. Los datos estadísticos indican que los jóvenes llamados a realizar el servicio militar son 120 mil, pero sólo lo hacen 30 mil. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quiénes son los excluidos?
A veces, parece que el servicio militar sólo es obligatorio para algunos de menos influencias y que el deber de defensa sólo está para los sectores pobres y medianos. ¿No será que por la humildad de los conscriptos, que son los pobres sin influencias ni estirpe, sean susceptibles a ese maltrato? No queremos creerlo, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen valores y virtudes, y su oficialidad está bien preparada para sus actuaciones en todo lugar y circunstancia. Pero, ¿quién sabe si hay un control? ¿A quién acude el conscripto para reclamar por los maltratos? ¿Se sabe todo lo que ocurre dentro de los regimientos?
Creemos que el servicio militar se debe modernizar para que sea más flexible, más humano, más familiar. Hay que matizarlo con otras alternativas que sean atractivas para los jóvenes; debe cambiar la imagen, procurando un adecuado equilibrio entre el principio de autoridad y el de justicia que resguarde la jerarquía y sancione al superior jerárquico; debe instaurarse un sistema de instancia eficaz para que los conscriptos puedan reclamar por los eventuales maltratos y lograr la sanción de los responsables; no debe ser obligatorio, sino mixto y con un segundo llamado. Se habla de un estatuto del recluta, de la creación del defensor de los derechos de los reclutas, etcétera.
Los jóvenes no cuestionan directamente el servicio militar, sino su condición de obligatoriedad y de exclusividad, como única manera de servir a la patria, en circunstancias de que hay otras, pudiendo establecerse un servicio cívico alternativo. Los que ingresen voluntariamente, lo pueden hacer con libertad y vocación, porque desean hacerlo.
Deberán tomarse en cuenta normas que den mayor efectividad a las exigencias de preparación física e intelectual del soldado, tomando en cuenta las capacidades, aptitudes y estado de salud de los conscriptos. Asimismo, establecer requisitos de ingresos y realizar exámenes síquicos y sicológicos -como lo señala el informe- previos para detectar eventuales problemas que puedan surgir por efecto del rigor militar. Esto es importante, porque pueden existir condiciones contrarias a la vida militar que provoquen desenlaces fatales o desequilibrios emocionales.
Hay que tener presente que la obligatoriedad no puede ser absoluta. Tampoco es factible imponer situaciones cuando no es posible cumplirlas.
Al joven que cumple el servicio se le ocasiona un desarraigo de su vida social y familiar, porque, como lo hemos señalado, se le saca de su entorno, de su rutina y se le lleva a un área distinta. A veces, por primera vez sale de su hogar y tiene que subordinarse a la autoridad militar dura e inflexible, a la que el joven deberá acostumbrarse.
Este informe fue elaborado hace aproximadamente un año. Se presentó en la Cámara como proyecto de acuerdo para su estudio el 9 de abril de 1997, y el 16 de abril la Comisión comenzó a estudiarlo. El informe expone situaciones que sucedieron durante el estudio del proyecto y que ameritaron la presentación de una solicitud para que la iniciativa fuera conocida por la Comisión de Derechos Humanos. Desde esa fecha, han ocurrido algunas situaciones que no figuran en el informe.
Los conscriptos, las personas que llegan a los regimientos, se preparan para la defensa de la patria. El sentido bélico, de guerra, de confrontaciones, es una situación propia del cumplimiento del servicio militar. La guerra puede estallar en cualquier momento y en cualquier parte, y debemos estar preparados para ello. Pero sabemos que la paz es más larga y que nuestros jóvenes deben mirar prioritariamente hacia esa opción, que incluye la preparación, educación y formación para su vida futura y de trabajo. Tanto como el derecho a la defensa y el cumplimiento de las obligaciones de los jóvenes que he señalado, los jóvenes deben prepararse para la paz.
El presente informe será aprobado por nuestra bancada en virtud de las consideraciones que he expuesto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos, después de analizar durante largos meses diversos casos denunciados por diferentes tipos de violencia al interior de los cuarteles del Ejército, emitió informe en junio de 1998, el cual sólo hoy, diez meses después, ha sido conocido por la Cámara.
Los jóvenes que están próximos a realizar su servicio militar pensarán, con razón, que a los diputados no les interesa su suerte. Si algunos hubieran concurrido a esta sesión, comprobarían la ausencia casi total de parlamentarios, lo que vendría a confirmar ciertamente la tesis de que a muy pocos nos interesa la suerte que correrán al cumplir con esa obligación.
Entrando al fondo del asunto, pareciera que los tiempos actuales nos muestran signos sociales que en épocas anteriores no conocimos. Me refiero precisamente a estos maltratos de obra a los conscriptos y a los reiterados suicidios de jóvenes mientras se encuentran en la conscripción. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué en ocasiones surge del medio castrense la misma crueldad e igual sadismo que el que padece la sociedad civil? ¿Hay también en los cuarteles una suerte de incremento de la delincuencia?
Encontrar una respuesta a estas interrogantes interesa fundamentalmente a la sociedad toda, porque las madres que entregan a sus hijos para que cumplan con el deber de recibir instrucción militar como la primera contribución de servicio personal que al joven ciudadano le pide el Estado, no se resignan a que se los devuelvan lisiados o a que no los retornen nunca más.
Dilucidar este problema, ir hasta sus raíces y buscar soluciones definitivas es una de las obligaciones que tenemos en el Chile actual.
Esta situación se planteó en la Rusia soviética, donde el suicidio entre los jóvenes reclutas llegó a constituir una trágica epidemia, el mismo fenómeno se presentó entre los jóvenes soldados de Alemania y de algunas naciones latinoamericanas.
En Chile, creíamos que sólo éramos espectadores, hasta que hoy vimos cómo nuestros jóvenes padecían de la violencia de sus superiores y se sentían inermes ante el poder aplastante y sin freno de quienes estaban llamados, por ley, a darles instrucción, a veces hasta de las primeras letras, adiestramiento físico y nociones militares esenciales, inculcándoles, al mismo tiempo, hábitos de higiene, civismo y disciplina laboral.
Porque el país ha comprendido la trascendencia de los casos de violencia intracuarteles que se hicieron presentes en diversas unidades militares, es que esta Cámara encomendó, hace ya tiempo, a su Comisión de Derechos Humanos el estudio a fondo de la materia, con el objeto de que propusiera las medidas que convendría adoptar para cortar en su raíz misma una situación deshonrosa para Chile y para sus institutos armados.
El soldado conscripto está sometido a diversas tensiones que no se pueden desconocer: es frecuente que se vea desarraigado no sólo de su hogar, sino que, en algunas oportunidades, es destinado a unidades militares alejadas de su lugar de origen. Esto, que trae soledad, aislamiento y nostalgia, no es siempre atenuado por una acción social-humanitaria del Ejército, el que, por una parte, se limita a ignorar el problema, mientras que, por otra, superiores jerárquicos malinterpretan signos externos de almas atormentadas, que sienten y sufren la soledad y el desafecto.
Señor Presidente , deseo destacar el trabajo que desarrolló la Comisión de Derechos Humanos, la que, con prudencia y sensatez, logró limar aristas que se producen naturalmente entre los diversos sectores representados en la Cámara frente a temas como éste. Se podrá plantear muchas objeciones al informe mismo: que si falta, que si sobra, que si es o no es sesgado; pero lo cierto del caso es que el informe, tras mucho trabajar, fue aprobado por la unanimidad de los señores diputados que concurrimos normalmente a la Comisión, quienes tratamos de hacer un informe acucioso, cuyas conclusiones fueran altamente constructivas.
Estamos seguros de que el Ejército afrontará racional y eficazmente esta mala racha que en su momento golpeó la conciencia nacional, porque no podemos aceptar que la actuación desafortunada de muy pocos empañe la tradición y el afecto que la inmensa mayoría del país siente por nuestras Fuerzas Armadas.
Por estas razones, muchos de nosotros votaremos favorablemente el informe.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , quiero resaltar la importancia del debate que hoy nos ocupa. Tras él hay un tema más de fondo, que dice relación con el hecho de poder compatibilizar las necesidades de brindar al país una adecuada capacidad de defensa a través del papel que le otorga la Constitución a sus Fuerzas Armadas, con el debido respeto de los derechos esenciales e inalienables del ser humano.
Nuestra Constitución Política, en su capítulo III, parte asegurando a toda persona el derecho a la vida y a su integridad psíquica y física. Las denuncias de maltrato y degradación de los conscriptos que realizan su servicio militar obligatorio, conocidas por la Comisión de Derechos Humanos, nos dan cuenta de que este respeto, tan lógico, esencial e indiscutible de tales derechos, no se estaría dando, conclusión que, por lo demás, quedó asentada en el informe que nos ocupa.
El deber del Estado de garantizar tales derechos, no puede subordinarse a las necesidades de defensa de la nación, menos aún cuando se trata simplemente de una instrucción, en la eventualidad improbable de que dicha seguridad se encuentre amenazada.
Un segundo aspecto al que se abocó la Comisión, y al que quiero referirme, fue el estudio de la legislación en esta materia, con el objeto de determinar si su estado actual permitiría o no resguardar debidamente la integridad física y psíquica de los reclutas.
Al respecto, quiero señalar que discrepo de la opinión mayoritaria de la Comisión, en el sentido de que ésta no requeriría perfeccionarse y que sólo habría que dar cumplimiento cabal a sus disposiciones. Considero que la sola conformación de esta Comisión da cuenta de que la legislación actual no es suficiente.
En este sentido, quiero destacar la proposición de la Comisión Nacional pro Derechos Juveniles, Codeju, como de otras organizaciones sociales, de crear un ente especial, conformado tanto por miembros de las Fuerzas Armadas como por civiles, con el objeto de canalizar las denuncias de los conscriptos que se vean afectados en sus derechos y de brindarles asesoría técnica y profesional al respecto. La creación de un ente de esta naturaleza no rompe, como se ha señalado, con la cadena de mando ni provoca un quiebre al interior de la institución armada, salvo en aquellos casos en que dicha “cadena de mando” se aparte de su mandato legal y constitucional y, en vez de propender al bien común, se constituya o sirva para amparar situaciones de corrupción o de abuso de poder.
No resulta aceptable ni lógico que el respeto a esa cadena sea la excusa que nos detenga para frenar el dolor de tantos jóvenes -así como el de sus familias-, quienes, al concurrir a realizar su servicio militar, sólo encuentran sufrimiento, humillación y, en algunas ocasiones, incluso la muerte. Muy por el contrario, estimo que la creación de un organismo de esta naturaleza contribuirá, al ser imparcial y, en parte, ajeno al ente sometido a fiscalización, a limpiar la imagen mayoritariamente negativa que la ciudadanía y, en especial, los jóvenes, destinatarios directos de este servicio, tienen de él. Incluso, la adopción de esta medida podría llegar a incentivar la inscripción voluntaria de un mayor número de conscriptos, al sentirse debidamente protegidos en sus derechos, más aún cuando estamos hablando de amparar la vida.
Otro punto en que creo necesario ahondar es el relativo a la conceptualización del maltrato, con el objeto de que la línea que lo separa del rigor de la disciplina militar no sea tan débil como lo es ahora, situación que, de hecho, facilita la impunidad e invita al abuso por parte de quienes ejercen el poder de dirigir la conducta de otros.
En este sentido, la Comisión pudo darse cuenta de que aun a los propios institutos armados se les dificulta establecer esta diferencia. Se citó, como ejemplo de este problema, la incapacidad de saber con precisión cuándo diez flexiones constituían un ejercicio y cuándo un castigo. Es en estos casos cuando la creación de un organismo de control, con las características ya dadas, adquiere consistencia. Además, si la propia institución militar se declara incapaz de llegar a una determinación clara y precisa al respecto, debemos entender que está pidiendo a la ciudadanía que la ayude en dicha tarea.
También quiero manifestar mi preocupación por la actual redacción del artículo 332 del Código de Justicia Militar, norma que contempla, ante las situaciones de maltrato, una eximente de responsabilidad penal; es decir, frente a la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable, que incluso puede llegar a ocasionar la muerte de una persona, la ley permite que dicho hecho quede sin castigo, en atención a configurarse una situación calificada como eximente de toda sanción.
En este contexto, considero necesario reformular los términos de esta disposición, en orden a que esta eximente no opere en los casos de desobediencia en actos de servicio ni cuando se trate de un insulto o ataque a un superior, como lo es ahora, salvo que dicha desobediencia, insulto o ataque revistan extrema gravedad, de tal suerte que efectivamente la seguridad nacional pueda verse afectada por dicho actuar, situación no precisada en la disposición a que aludo. El tenor actual de la norma facilita la impunidad de un superior, hecho que contradice abiertamente el espíritu que garantiza los derechos esenciales citados en nuestra legislación, más aún si se toma en consideración el creciente número de denuncias de maltrato de conscriptos que motivaron, en definitiva, el trabajo de la Comisión.
Asimismo, señor Presidente , quiero señalar, pues hay quienes aún lo dudan, que la defensa de la nación no se reduce a un tema bélico, a enseñar a un individuo a portar y manejar un arma para acabar, en definitiva, con la vida de otro ser humano. La defensa de la nación no puede ni debe reducirse a eso. Su sustentación es mucho más profunda: pasa por aprender y enseñar a las personas a valorar la dignidad del otro ser.
En este sentido, quiero rescatar una iniciativa que se encuentra en tramitación en esta Cámara y que dice relación con la incorporación de la enseñanza de los derechos humanos en los planes educacionales. Quizás si ésta se hubiese implementado hace más de dos décadas, otra sería nuestra historia y otra la relación de las Fuerzas Armadas con el mundo civil.
En este punto, es importante que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden dejen de ver el tema de los derechos humanos como algo subversivo o como una manifestación demagógica de los sectores de Izquierda.
Quiero reiterar que el maltrato y la invisibilidad del otro no se pueden justificar ni amparar. Aquello no sólo vulnera nuestro ordenamiento jurídico, sino que constituye una abierta negación a la racionalidad del hombre: una sociedad en que las ideas se imponen no por la fuerza de sus argumentos, sino por el uso sistemático de la violencia y de la degradación del otro. Cabe preguntarse si aquello es un costo necesario, siquiera mínimamente aceptable en pro de la defensa de la nación, o si contribuye en algo a su defensa.
Finalmente, quiero recalcar que quienes abogamos por la protección de los derechos de los conscriptos no pretendemos enfrentar a la ciudadanía con el mundo militar ni nos mueve ningún supuesto rencor, producto de nuestro pasado reciente. Sólo queremos que el acto de realizar el servicio militar, el cual constituye un deber para todos los ciudadanos, sea una instancia más de respeto y dignificación del ser humano.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en primer lugar, desde mi perspectiva, el informe ya está muy alejado de los hechos que lo originaron, es decir, muchos aspectos allí señalados han sido debidamente chequeados, y otros, considerados.
Independientemente de ello, no me resulta aceptable, ni prudente, y siento vergüenza de conclusiones como la Nº 1, que dice: “Con el mérito de los elementos de juicio acumulados, tales como publicaciones de prensa, declaraciones de organismos juveniles, de familiares de conscriptos fallecidos o maltratados, se puede concluir que al interior de los recintos militares se producen casos de abusos de maltrato físico y psicológico, que es presumible que eventualmente hayan sido la causa de algunas de las muertes de que da cuenta este informe, algunas de las cuales se han reportado como suicidio”.
Quiero llamar la atención acerca del lenguaje usado en esta primera conclusión.
Califico de vergonzoso el hecho de que la Cámara tome como elementos de juicio para asignar responsabilidad en muertes de reclutas, las declaraciones de prensa y las de organismos juveniles. Las únicas aceptables son las de los familiares, además comprensibles, por el dolor de quien pierde a un ser muy querido.
¿Es posible que la Cámara llegue a determinadas conclusiones sobre la base de declaraciones de prensa? Sería lo mismo que decir que, por declaraciones de prensa o de grupos juveniles, ocurren irregularidades en el Palacio de La Moneda. ¡Por favor, de qué estamos hablando! ¡Una conclusión de una Comisión no puede fundarse en estos aspectos!
No quiero entrar siquiera en el mérito de revisar caso por caso, y no tengo ninguna duda de que se han producido situaciones anormales que, como en todo grupo humano, pueden darse; pero esto no obedece a una estructura, a una política institucional, y sostenerlo es precisamente querer colocar una nueva piedra, un nuevo obstáculo en el reencuentro, y el que quiera negarlo, significa que en la práctica no quiere ver, y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
Desde esa perspectiva, entonces, al revisarse las otras conclusiones, entre ellas el requisito del examen psicológico, quiero decir que hace exactamente menos de una semana, concurrí a conversar con un señor general de una división del Ejército para preguntarle precisamente por esto. Me señaló: “ Diputado , todos los soldados de esta División -y del regimiento que estaba consultando- son efectivamente chequeados psicológicamente”. Le dije: “General, tengo este informe y quiero saberlo, porque vengo a proponerle mecanismos para hacer posible que esto se extienda”. Me expresó: “Lo que pasa, señor diputado , es que ese informe tiene razón hasta hace uno o dos años, pero hemos ido cubriendo progresivamente el examen psicológico. Es más, los conscriptos se separan en tres tipos: los completamente sanos, los que tendrían un potencial riesgo y los potenciales suicidas, y a éstos se les encarga una especie de papá, en este caso, a través de su instructor”.
Por esa razón, entonces, vuelvo a sostener que el informe tuvo validez e importancia, pero es necesario hacer presente que actualmente muchos aspectos han sido completamente superados.
Sin embargo, me interesa destacar que la Cámara no puede arribar a conclusiones tan claras y taxativas, como asignar responsabilidades en la muerte de personas, exclusivamente, por publicaciones de prensa o por lo que digan o no los organismos juveniles.
Esto me parece una nueva forma de provocar dificultades con las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es materia muy distinta de la que señaló el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Claramente se ve un objeto de denostar a las Fuerzas Armadas, y no puedo estar de acuerdo con aquello. Sí -y con esto finalizo- quiero decir que parte importante de las objeciones han sido sugeridas por las instituciones de la Defensa Nacional.
Un dato final. El 52 por ciento de los jóvenes que hoy están haciendo el servicio militar lo realizan en condición de voluntarios, y de los más de 120 mil que deberían hacerlo, sólo lo cumplen 30 mil. En consecuencia, de esos 30 mil, el 52 por ciento lo hace en forma voluntaria, y hacia eso tenemos que seguir apuntando.
Restan muchas cosas más por decir respecto del informe. Sin embargo, por razones de tiempo, me veo en la obligación de señalar que estos puntos me preocupan y, desde luego, la primera conclusión no puedo sino rechazarla.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , fui autor del proyecto de acuerdo que encomendó a la Comisión de Derechos Humanos investigar las denuncias de maltratos que han afectado a conscriptos al interior de los cuarteles.
Participé en el trabajo de la Comisión motivado e impactado por lo relatos que los jóvenes y familiares realizaron en la Cámara de Diputados. Por ello, con la mayor responsabilidad -y por razones distintas a las del Diputado Ulloa - voy a invitar a rechazar este informe porque es insuficiente y no da cuenta del cometido que esta Sala nos entregara. Después de dos años sería inexplicable que la Cámara eludiera su tarea de pronunciarse sobre la situación de maltrato que afecta a los reclutas que realizan el servicio militar obligatorio y que cada año se ha traducido en la pérdida de algunos de nuestros jóvenes. Sin ir más lejos, y aun cuando este informe pueda estar sobrepasado en el tiempo, la semana recién pasada un joven conscripto se quitó la vida.
Nuestro trabajo nunca estuvo orientado a cuestionar la existencia del servicio militar. La tarea de la Comisión se limitaba a garantizar los derechos de los conscriptos, cometido al cual no puedo renunciar. Quiero recordar que uno de los fundamentos que motivó la intervención de la Cámara fue el alarmante incremento de los suicidios en los cuarteles. En 1996, la tasa promedio fue de 24,7 muertes en los cuarteles por cada cien mil personas, mientras que en el país se alcanzaba sólo a 5,6 muertes por cada cien mil habitantes.
Los 19 casos estudiados por la Comisión constituyen una vergüenza y justifican la desconfianza que nuestros jóvenes tienen hacia el servicio militar obligatorio. Aquí está en juego la responsabilidad del Estado, que obliga a un grupo de jóvenes, mayoritariamente de familias de escasos recursos, a servir en los cuarteles para resguardar nuestra soberanía, y por lo cual debe velar y responder por su integridad. En consecuencia, no se trata de estadísticas más o menos al momento de proteger la vida.
También consignamos que los maltratos y acciones vejatorias que han sufrido los conscriptos vulneran las propias disposiciones que regulan el servicio militar y constituyen una transgresión a los derechos humanos. Los antecedentes que recogió la Comisión son contundentes y confirman las denuncias que la opinión pública ha conocido sobre maltratos de que son objeto los reclutas en los cuarteles. Y esta Comisión no se basó sólo en la información periodística, sino que tuvo el testimonio de los familiares y de los reclutas que hacían las denuncias.
Mi convicción apunta a que no podemos aprobar un informe con conclusiones contradictorias y proposiciones genéricas que no dan cuenta de la realidad que los jóvenes viven en los regimientos ni refleja el trabajo de la Comisión.
Alguien podría pensar que mi objeción al informe es más bien de carácter formal o que su finalidad es denostar a las Fuerzas Armadas, como lo señalaba el diputado que recién hizo uso de la palabra. No es así. Tengo la convicción de que debemos dar una señal potente hacia el mundo militar, hacia el Gobierno y la sociedad, sobre la necesidad de resguardar efectivamente los derechos de los reclutas. También es mi deber dar cuenta del trabajo realizado en la Comisión y del compromiso que me asiste de proteger la integridad de los conscriptos.
Es nuestro deber pronunciarnos sobre los antecedentes que hemos tenido a la vista y éstos nos indican que todos los años, a pesar de los esfuerzos de las instituciones militares en el sentido comunicacional, y también del Gobierno y de los institutos armados, debemos lamentar alguna muerte en los cuarteles y recibir denuncias de los conscriptos sobre abusos de autoridad o de maltrato.
No es posible que cada vez que ocurre una muerte, un accidente o una denuncia grave sobre las condiciones de los conscriptos, la primera reacción sea ocultar los hechos, disminuir su importancia y encubrir a los responsables. Así sucedió en la muerte de Guillermo Caro Guzmán, quien realizaba su servicio militar en el regimiento Carampangue de Iquique. A los familiares se les informó que su hijo murió en una riña callejera y, posteriormente, el fiscal militar determinó algo muy diferente. Asimismo, es irritante la conducta de la corte marcial, que rebajó, en este caso, la condena dictada por el juez militar para los culpables de 28 a 7 años de prisión.
La misma situación de encubrimiento se produce en la muerte de Germán Vivanco Sierra, quien falleció en 1996 mientras realizaba su servicio de conscripción en el regimiento Nº 2 de Puente Alto.
Para qué decir del caso del conscripto Soto Tapia, que es el paradigma de la actitud que las Fuerzas Armadas han tenido sobre esta materia.
Estos graves hechos no han modificado la actitud de los institutos armados.
Por ejemplo, en 1997 ingresaron al servicio militar jóvenes que certificaron un estado de salud incompatible con la labor militar. Es el caso de Carlos Antonio Dazo , quien sufre de escoliosis y tiene la pierna derecha cinco centímetros más corta que la izquierda. De Óscar Gutiérrez , quien padece de varicocele, y de Víctor Navarrete , de escoliosis doble. Tampoco se respeta la condición de padre de familia y muchas veces la de estudiante. ¡Cómo es posible que cuando un joven recluta está enfermo, se niegue el derecho de información y visita a los familiares! ¡Cómo es posible que se siga violando la intimidad de la correspondencia y se sigan cometiendo abusos! ¡Qué le vamos a decir al joven Cristián Rodrigo Aguirre , quien sufrió un accidente de mortero que le produjo una incapacidad laboral del ciento por ciento y recibe una pensión de tan sólo 14 mil pesos mensuales!
Ésta es la realidad del servicio militar y sobre ella debemos hacer propuestas concretas. El informe es absolutamente insuficiente, porque no sirve de nada consignar en las conclusiones que la legislación vigente prohíbe y castiga los maltratos de obra o de palabra, como se señala en el número 2 de las conclusiones. Es obvio que si se aplicaran las normas que protegen a los conscriptos no se requeriría modificación alguna; por lo tanto, es inútil incluir tal redacción en el número 3, que expresa, textualmente: “De aplicarse efectivamente las normas vigentes reseñadas en el punto anterior, no sería necesario modificar o complementar dicha legislación”. Es decir, la Comisión deja las cosas exactamente como estaban cuando se presentaron los antecedentes a la Cámara de Diputados, la cual resolvió preocuparse del tema.
Seamos honestos, aquí se elude el problema de fondo. Lo que corresponde es enfrentar cada una de las situaciones y exigir la implementación de medidas concretas que resguarden la integridad y la vida de nuestros jóvenes en los regimientos. Hemos propuesto sólo algunas y, por cierto, no son las únicas; hay otras, como, por ejemplo:
-Iniciar el estudio de la implementación de una modalidad alternativa para cumplir con la obligación militar para las personas que cursen estudios superiores, sean jefes de hogar, realicen servicios comunitarios o tengan una opción de conciencia incompatible con la conscripción.
-Establecer comisiones multidisciplinarias permanentes en las instituciones armadas, orientadas a la evaluación sicológica, socioeconómica y médica de los futuros conscriptos y a la fiscalización del cumplimiento de las normas que garanticen su buen trato.
-Eximir de la obligación del servicio militar a todos los jóvenes que tengan vínculos familiares consanguíneos o por afinidad con personas víctimas de atropellos a los derechos humanos consignadas en el informe Rettig.
-Proponer la creación del estatuto del recluta, normativa que compile las disposiciones reglamentarias que regulan la disciplina en los cuarteles y establezca con claridad los derechos de ellos y los procedimientos e instancias de reclamo en caso de ser afectados por superiores.
Dicha normativa debería contener, por ejemplo, las siguientes materias:
Facilidades para el cumplimiento de los preceptos religiosos, resguardo de la intimidad personal, resguardo y garantías de la inviolabilidad de la correspondencia, asistencia de salud y cobertura de seguridad social bajo todo evento; garantizar el derecho de los familiares a disponer de información expedita y oportuna sobre el estado de salud de los conscriptos y de la situación reglamentaria en caso de aplicación de medidas disciplinarias.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Señor diputado , ha terminado su tiempo.
El señor TUMA.-
En fin, hemos hecho una serie de observaciones. Estimamos que la Comisión no ha recogido debidamente la denuncia que hicimos en su oportunidad, que sus conclusiones son puras generalidades y por esa razón deberíamos rechazarlas. No obstante, he escuchado observaciones de otros parlamentarios que, por distintos motivos, estarían por rechazar este informe. Por ello, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que este informe vuelva a la Comisión con el objeto de que revise sus conclusiones y que la Cámara de Diputados dé una señal potente en cuanto a entregar tranquilidad a los conscriptos y a sus familias, que esperan, luego de dos años, que se pronuncie sobre una materia tan importante como es la protección de los derechos de las personas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily) .-
Señor Presidente, comenzaré diciendo que los parlamentarios de Renovación Nacional, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, apoyaron la decisión mayoritaria de aprobar el informe.
Por otro lado, aparte de todas las cosas que se han expresado, quiero dejar en claro que, a mi juicio, la intención no es juzgar la institucionalidad del Ejército, cuyo accionar nos llena de orgullo a la mayoría de nosotros. Aquí se está discutiendo algo que puede pasar al interior de cualquier institución, donde las cosas pueden ser perfeccionadas, aclarados los hechos y sancionada la conculcación de los derechos.
Debemos ser sinceros y preguntarnos por qué en la actualidad tantos padres de familia no quieren que sus hijos hagan el servicio militar y nos piden que intercedamos o busquemos alguna influencia para evitar que sus hijos cumplan con este deber. Además, tenemos que reconocer que quienes hoy hacen el servicio militar en forma voluntaria, por lo general y en su mayor parte, son las personas de más escasos recursos.
Estos hechos debemos abordarlos con mucha sinceridad, porque forman parte de lo que está pasando. Desde ese punto de vista, es inevitable reconocer que existen casos, además de los mencionados aquí, conocidos por cada uno de nosotros, en forma pública o privada -el Diputado señor Gustavo Alessandri comentaba algunos-, de hombres que han realizado el servicio militar y han debido enfrentar abusos, maltratos y, algunos de ellos, la muerte.
Por tanto, a mi modo de ver, son muy importantes las conclusiones que figuran en el informe para perfeccionar el servicio militar obligatorio, tales como establecer el examen sicológico de los reclutas a fin de determinar sus riesgos y carencias afectivas; investigar con rigurosidad las muertes de los conscriptos, en las que los involucrados deberán asumir sus responsabilidades, y el establecimiento de instancias donde los reclutas puedan conocer sus derechos y presentar denuncias. Esto último es muy importante, porque fortalece la institucionalidad del Ejército y resguarda los derechos de quienes hacen el servicio militar obligatorio.
Renovación Nacional apoya el trabajo de los diputados que conforman la Comisión de Derechos Humanos. Es obvio que el debate no está concluido, pues hay muchas cosas que sería interesante discutir el día de mañana; pero en cuanto al tema que hoy nos atañe, son muy relevantes las claras y claves modificaciones planteadas, a fin de que no vuelvan a suceder abusos y para que los jóvenes tengan conciencia de sus derechos. Pero esto tampoco puede servir de excusa para quienes quieren enlodar la imagen de una institución que ha entregado un servicio importante durante tanto tiempo al país.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , sin duda, el tema en discusión afecta a miles de hogares chilenos y tengo clara conciencia de que también han ocurrido hechos lamentables.
Sin embargo, quiero tratar el asunto desde el reverso de la medalla, pensando en que vivo en una ciudad conquistada por un grupo de 55 soldados, cosa que tendemos a olvidar, y recordando lo que me señaló un conscripto el día que dejaba el servicio militar para volver a Constitución, su ciudad natal. Me dijo: “Señora Rosa, fíjese que por 170 pesos me vistieron y educaron, conocí Chile y Perú, y me dieron un oficio”. Porque en mi ciudad los regimientos tienen convenios con colegios que imparten distintos oficios a los reclutas. “Me dieron todo esto; me cuidaron, hice amistades, y todo por 170 pesos”.
A mí me preocupaba el tema de los “170 pesos” y le pregunté por qué. Me contestó: “Pero se da cuenta, señora, que durante dos años me alimentaron y vistieron, me dieron compañía y hasta me premiaron, todo por los 170 pesos que me costó la inscripción en el servicio militar”.
Por ello, es bueno pensar que hay gente que respeta los derechos humanos, lo que permite que otras salgan muy dignificadas, tal como lo ha pedido el Diputado señor Navarro y todos nosotros.
Estoy absolutamente de acuerdo con el informe, pero quería mostrar la contraparte de la versión de los conscriptos que han sufrido apremios: la de los que están muy contentos de haber cumplido con el servicio militar.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , el maltrato a los reclutas o conscriptos es un viejo tema que ha inspirado a numerosos escritores. Entre ellos, a Mario Vargas Llosa , en sus obras “La ciudad y los perros” y “Pantaleón y las visitadoras”, que más de algún colega debe haber leído. Chile también cuenta con autores que se han referido al punto.
La mayoría de los escritores trataba el tema como que el maltrato era aceptado en la adolescencia. Entonces, las anécdotas eran simpáticas y los insultos, olvidados después de terminada la etapa denominada “la campaña”. Y los reclutas seguían recordando en el tiempo lo que habían pasado -sufrido o gozado- en el cuartel. Hoy, estamos en una etapa absolutamente distinta. Al introducir el concepto político de que las Fuerzas Armadas deben intervenir en decisiones, puesto que constituyen el llamado “poder desnudo” y son garantes de la Constitución, las hace permeables a las actitudes políticas. De ahí que ellas apliquen criterios distintos de los del pasado.
Hoy, la guerra, más masiva, dolorosa y cruel, necesita, según se cree, un soldado más disciplinado y fuerte. Pero a la Cámara nadie ha venido a contar -y me habría agradado que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía hubiera invitado a un infante de marina o a alguien que cumplió su deber militar en la infantería de marina- que en determinados estamentos se predica que la bondad, el amor, el tratamiento humano, los sentimientos se transforman en ferocidad y crueldad, porque el que estará al frente es el enemigo y hay que combatirlo.
Sin embargo, eso no sirve en el plano interno. Muchos ejércitos latinoamericanos han perdido el sentido de misión, porque ya no hay guerras fronterizas, sino conflictos de escasa intensidad, como se los llama, casi policiales -ocurre ahora en Colombia-, y el contingente debe ser preparado de otra manera.
El informe debió contener las propuestas derivadas del estudio, en la Comisión de Defensa Nacional, sobre las alternativas y modalidades del servicio militar obligatorio, que en Chile constituye una carga. No se dice en las conclusiones que es necesario reformar la Carta Fundamental para que no sea así. El ideal sería tener un contingente pagado, profesional, que por vocación esté dispuesto a cumplir las tareas de la seguridad y de la soberanía nacionales.
En Alemania, quienes trabajan, los hijos únicos o aquellos que están en determinadas condiciones respecto de sus familiares, simplemente quedan eximidos del servicio militar, y los que lo hacen son destinados a zonas próximas a sus domicilios.
En Chile, un conscripto reclutado en Puerto Montt es enviado a Punta Arenas, al extremo sur. Llega a una ciudad extraña y no tiene dónde ir los días de permiso. Se le desarraiga completamente de su familia. ¿Por qué no es igual que en Alemania, en que el servicio militar se hace en un lugar lo más próximo al domicilio del joven?
Además, al conscripto debe pagársele una remuneración adecuada para sus gastos. No puede ser, los sábados y domingos, un civil empobrecido, y, después, una persona sujeta a una disciplina estricta, que debe obedecer órdenes, las que nunca podrá rechazar.
Por eso, comparto la proposición del Diputado señor Tuma de rechazar el informe y acordar que vuelva a la Comisión, para que se estudie y se proponga al Ejecutivo una reforma completa del servicio militar obligatorio. De lo contrario, jamás podrán conocerse siquiera los maltratos que sufren los conscriptos. Las lesiones, los homicidios, la cooperación al suicidio son delitos que debe conocer más bien la justicia y no una comisión investigadora de la honorable Cámara.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , como no estamos dispuestos a ocultar la verdad de lo que ocurre en el servicio militar obligatorio y sin perjuicio de reconocer el trabajo de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, quiero hacer algunas reflexiones que considero necesarias porque, según investigaciones efectuadas, se han comprobado muchos de los hechos que se consignan en el informe. Sin embargo, se requiere equilibrio para no generalizar los problemas.
La Comisión de Defensa Nacional ha tomado cartas en el asunto. En forma seria y con transparencia, ha adoptado acuerdos que es necesario reseñar en esta oportunidad.
En primer lugar, para establecer el doble llamado, que significaría que los jóvenes que cumplan dieciocho años y que quieran hacer el servicio militar voluntariamente, pueden acceder a él en el primer llamado.
En segundo lugar, para que se les entreguen subsidios habitacionales, que serán de gran ayuda en el caso de familias modestas.
En tercer lugar, para que se les dé capacitación, de manera que al término del servicio militar tengan un oficio para enfrentar la vida. Esto facilitará la obtención de un trabajo.
En cuarto lugar, para que aquellos que se han casado antes de cumplir dieciocho años, queden eximidos y pasen a la reserva sin instrucción militar.
En quinto lugar, para que los jóvenes que cursan cuarto año medio y deben concurrir a los cantones militares, puedan postergar su obligación durante doce años.
Las medidas que he enumerado contribuirían a hacer más atractivo el servicio militar, necesario para la defensa nacional.
Por eso, rechazaré el informe, porque, a mi juicio, es extemporáneo e incompleto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El Comité de la Democracia Cristiana ha cedido un minuto a la Diputada señora Isabel Allende.
Tiene la palabra su Señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , no puedo dejar pasar las aseveraciones del Diputado señor Ulloa , en relación con el primer punto de las conclusiones.
En primer lugar, el informe de la Comisión fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, sorprende que se manifieste tan extrañado y en desacuerdo -por supuesto, está en su legítimo derecho-, en circunstancias de que a su aprobación concurrieron con su voto los miembros de su partido, al cual, incluso, pertenece el diputado informante.
A mi juicio, atribuye intencionalidad a quienes nos hemos hecho cargo de las denuncias de maltratos, abusos y vejaciones en el servicio militar obligatorio. En realidad, sólo nos ha animado la defensa de los derechos de los jóvenes conscriptos.
Por lo tanto, en lugar de ver intenciones inexistentes y de afirmar que esa conclusión refleja resentimiento y responde al deseo de entrar en contradicción con las Fuerzas Armadas, debería entender que lo que nos anima no es sino continuar con esta investigación de la manera más amplia posible y recoger todos los antecedentes. Estoy de acuerdo en que se haya escuchado a los familiares, ya que son los directamente involucrados; pero no me sorprende -sí al Diputado señor Ulloa -, aducir informaciones de prensa y escuchar a ciertas organizaciones que pueden opinar sobre la materia.
En definitiva, a todos nos debiera animar el propósito de velar por que los derechos de estas personas sean respetados y no tratar de concebir segundas intenciones, pues no existen.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En nombre del Comité Radical, tiene la palabra el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , mi intención es manifestar el apoyo de mi bancada a las conclusiones presentadas por la Comisión de Derechos Humanos, después de analizar exhaustivamente esta materia.
La opinión pública espera que la Cámara de Diputados intervenga civilizadamente en esta materia tan crucial, como es el trato que se les da a los conscriptos en los regimientos.
Pero, aparte de los temas que aquí se han tratado, cabe exponer otros hechos que son motivo de preocupación, como un caso que estoy viviendo en mi distrito: a los conscriptos de la provincia de Arauco que deben cumplir con el servicio militar, en muchas oportunidades se les destina a lugares exageradamente lejanos, como Punta Arenas. Esto trae como consecuencia que cuando los padres son invitados por sus hijos para concurrir a ceremonias, como la entrega de armamentos -que para ellos tiene mucha importancia-, aquéllos deben hacer grandes esfuerzos porque carecen de los recursos pecuniarios requeridos. Hemos visto que, con mucha pena, tienen que recurrir a las amistades o a los parlamentarios para financiar un viaje tan largo, pues significa recorrer miles de kilómetros.
Por esta razón, expreso mi satisfacción por este informe, y en mi bancada existe el ánimo de aprobarlo, tal como aquí se ha señalado. Al mismo tiempo, y por su intermedio, señor Presidente , le concedo un minuto de mi tiempo al Diputado señor Ávila.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , puedo entender la lealtad a una institución, pero de ahí a la sumisión incondicional, existe una distancia muy grande. Es lamentable oír expresiones como las del Diputado señor Ulloa , quien ha cuestionado el informe de la Comisión porque se basa en informaciones de prensa y de organismos juveniles, como si ambas fuentes carecieran de legitimidad al pronunciarse sobre una materia que en varias oportunidades conmocionó a la opinión pública.
En lo particular, este informe lo pudo firmar el “Gatopardo”, porque acometieron la transformación y el cambio de un sistema para luego terminar sin alterarle un ápice, remitiéndose al hecho de que si se cumplieren las disposiciones legales vigentes, nada ocurriría.
Considerando que no se propone modificación alguna a un sistema que ha hecho crisis en sucesivas y dolorosas oportunidades, declaro mi oposición y, por lo tanto, su rechazo.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Y también para precisar algunos aspectos, señor Presidente.
Aquí estamos ante una confusión conceptual, porque la investigación encomendada por la Cámara de Diputados se remitía exclusivamente a determinar, en atención a una serie de circunstancias que ocurrieron en su tiempo, si hubo o no maltrato a conscriptos dentro de los regimientos.
La Comisión investigó y, como lo consigna la conclusión 1, precisa que, efectivamente, hubo maltrato dentro de los regimientos.
Se nos encomendó también proponer algunas modificaciones legislativas, cometido que más adelante cumplimos.
Tal vez algunos colegas parlamentarios entendieron que esta Comisión debía presentar un informe total que incluyera un cambio de la estructura o del sistema del servicio militar, pero eso no nos corresponde.
Al respecto, la Comisión de Defensa, como lo dijo el Diputado Carlos Vilches , realizó un estudio completo sobre el servicio militar mixto, el doble llamado, la objeción de conciencia, etcétera.
Formulo un llamado a los colegas para que comprendan que este informe se refiere concretamente a las denuncias por maltratos a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio, y concluyó que realmente se cometieron.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , sugiero que llame a reunión de Comités para ver si existe el ánimo de reactualizar este informe y enriquecer las conclusiones, después de escuchar las opiniones de las distintas bancadas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Debo informar que hemos hecho esa consulta, porque varias bancadas expresaron interés en llamar a reunión de Comités, pero no tenemos la unanimidad para ello.
En consecuencia, procederíamos a la votación.
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , es muy importante precisar los términos de la votación, por cuanto varias intervenciones se alejan del objetivo que tenía la Comisión Investigadora.
Al respecto, voy a precisar la posición de mi bancada, en cuanto a que votaremos sobre lo que se le encomendó a la Comisión: los maltratos infligidos a los conscriptos dentro de los regimientos durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Dado que distintas apreciaciones formuladas inciden en aspectos ajenos al objetivo de la Comisión, hago esta precisión para acotar muy bien el pronunciamiento que vamos a emitir.
Considerando que el tema que se investigó es de suma importancia tanto para los jóvenes, para los familiares de los involucrados, como también para toda la sociedad; la seriedad con que se llevó adelante por la Comisión, los actores que fueron entrevistados -personeros de Gobierno, autoridades militares, instituciones y familias de conscriptos-, el estudio minucioso de los textos legales, la recopilación de los casos de muertes y lesiones de conscriptos, el análisis de las causas de estas muertes y lesiones, y las opiniones de profesionales especializados en el tema, comparto la mayoría de los resultados arrojados por la Comisión investigadora, abrigando la esperanza en lo íntimo, no sin duda, de que tengan trascendencia las conclusiones que se han emitido.
De los resultados obtenidos, rescato algunos puntos que creo que son de vital importancia para poder lograr que situaciones como las descritas ante esta Comisión no se vuelvan a repetir, y si, en su defecto, Dios así no lo quiera, ocurriesen, se puede tener una pronta respuesta y rápida solución.
Estos aspectos son los referidos a que el Ministro de Defensa en coordinación con los institutos castrenses, elaboren una normativa reglamentaria de general aplicación en todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
También parece extremadamente indispensable que se establezca, como requisito de ingreso al servicio militar, un previo y adecuado examen sicológico de los postulantes y recomendar la instauración de controles eficientes para mejorar, perfeccionar y garantizar el respeto adecuado de los derechos de los conscriptos y el establecimiento informado de las instancias para formular las denuncias y reclamos.
Todo lo anterior, con el propósito de lograr que el servicio militar pueda ser realmente un aporte educativo, tanto para quien lo realice como también para la sociedad, y así no volver a repetir estos tristes episodios que no sólo manchan el nombre de las instituciones, sino que, incluso más, ensucian el nombre de toda nuestra sociedad.
Reitero mi apoyo, con las reservas indicadas, a los resultados de la Comisión, y hago votos para que nunca más se vuelvan a repetir casos como los que hemos escuchado, que a lo único que contribuyen es a que nuestros jóvenes, el alma de nuestro país y el futuro del mismo, sientan desconfianza de nuestras instituciones.
Se ha dado un paso; ahora es el momento de que se lleve a la práctica lo acordado.
Dios así lo quiera.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Debo recordar que la Cámara se va a pronunciar sólo a favor o en contra del informe.
El señor TUMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor TUMA.-
Sólo para dejar constancia de que mi voto fue disidente en la Comisión.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , solicito que me aclaren por qué el epígrafe del informe dice “sobre la investigación encomendada por la honorable Cámara, acerca de las denuncias por maltratos a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio y la proposición de modificaciones a la legislación, que resguarde la integridad de los reclutas”.
Si ése fue el acuerdo, pedimos reunión de Comités para que nos aclaren qué está sucediendo. Si no se accede a la petición en aras de comprender lo que estamos votando, llamamos a rechazar el informe o, por lo menos, votar por separado las conclusiones, porque queda en claro que el informe sólo se limita a constatar los maltratos denunciados, pero no cubre la parte del epígrafe referida a “proposición de modificaciones a la legislación que resguarde la integridad de los reclutas”.
Por lo tanto, corresponde a la Mesa declarar si procede o no votar un informe incompleto.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Señora diputada , se trata de determinar si el informe recoge sus dudas. Si no es así, votará en contra; de lo contrario, lo hará a favor. Cabe, además, la posibilidad de que se rechace, y no sería la primera vez que ocurra con un informe de comisión. Por lo tanto, queda entregado a la conciencia de cada diputado votar a favor o en contra.
En votación.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Votación).
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 205.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
INTERCESIÓN DE LA ONU EN BÚSQUEDA DE PAZ EN LA EX YUGOSLAVIA. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Soto, doña Laura.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , le agradeceré pedir la unanimidad de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo suscrito por los jefes de Comités, relacionado con el drama que se está viviendo en la ex Yugoslavia, por ser una situación que debería interesar a la Cámara.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la señora diputada?
Acordado.
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 240, de las Diputadas señoras Laura Soto y Fanny Pollarolo, y de los Diputados señores Francisco Huenchumilla,Baldo Prokurica, Iván Mesías y Pérez, don Víctor.
“Considerando:
1. La escalada de violencia que se ha producido en los territorios de la ex Yugoslavia como producto del enfrentamiento entre las tropas serbias y las fuerzas de la Otan;
2. Que esta situación de violencia ha exacerbado los conflictos internos, lo que ha provocado el éxodo masivo de los albaneses kosovares, y los bombardeos sobre Belgrado han cobrado ya varias víctimas civiles;
3. Que la intervención de las fuerzas de la Otan en el conflicto, se ha realizado sin el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano creado para mantener la paz y seguridad en el mundo y bajo cuyos objetivos y principios fue creada la Otan;
4. Que nuestro gobierno ha exhortado a las partes a suspender el uso de la fuerza sin consentimiento explícito del Consejo de Seguridad de la ONU;
5. Que no obstante dicha exhortación, se debe hacer una petición formal a la ONU para que interceda en el conflicto y evite las matanzas y el abandono de su tierra natal por parte de los ciudadanos afectados.
Por tanto, los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda oficiar al señor Ministro de Relaciones Exteriores , a fin de solicitarle que envíe una petición formal de nuestro país al Secretario General de Naciones Unidas , para que este organismo inicie las gestiones para interceder y buscar una solución de paz al conflicto que hoy afecta a la ex Yugoslavia”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , considero que no cabe discutir un tema de tanta sensibilidad como éste; por lo tanto, pido que solicite la unanimidad de la Sala para su aprobación inmediata.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto.
No hay acuerdo.
Para hablar a favor, tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , la situación que se está viviendo en la ex Yugoslavia no puede dejarnos indiferentes como Cámara y como país. Todos los días vemos en los medios de comunicación que familias con niños pequeños y mujeres y hombres de edad huyen de Kosovo por el asedio de que son objeto en esta guerra étnica y por los bombardeos a gente indefensa. Se acaba de conocer la noticia de una bomba que cayó sobre un tren que transportaba civiles desarmados, niños y mujeres en estado de gravidez.
Por mucho que tengamos problemas en nuestro país, no podemos quedar indiferentes ante esta tragedia. Por lo tanto, pido que el proyecto se apruebe por unanimidad.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el Diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, como parlamentario democratacristiano, me alegro de que todas las bancadas hayan estado de acuerdo en la presentación de este proyecto.
Ante el espectáculo dantesco que conocemos a través de los medios de comunicación, que informan día a día acerca de lo que está sucediendo en ese país, cualquier esfuerzo de los parlamentarios chilenos para hacer ver nuestra preocupación al Ministro de Relaciones Exteriores , resulta importante. A lo mejor, es un pequeño grano de arena dentro del concierto internacional; pero si lo sumamos a otros, tal vez podríamos hacer cambiar esa situación.
Por lo tanto, pido a mis colegas aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo suscrito por todos los jefes de Comités.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Dado que ya han hecho uso de la palabra los dos diputados permitidos por el Reglamento, pido la unanimidad de la Sala para que el Diputado señor Baldo Prokurica también pueda hablar a favor.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , felicito a la Diputada señora Laura Soto por la presentación de este proyecto de acuerdo en conjunto con los jefes de los Comités.
En mi opinión, es necesario que la Cámara se pronuncie frente a un hecho tan grave, que representa la culminación de un proceso iniciado por el ex Presidente de Serbia , señor Slobodan Milosevic , que ya dura más de ocho años, que ha afectado a tres países distintos y ha producido 500 mil muertos, miles de refugiados y millones de personas que han perdido sus hogares, y que hoy se manifiesta en la provincia denominada Kosovo.
La Cámara debe rechazar el uso de la violencia y la forma en que el mundo, en general la Otan, han enfrentado el tema y, especialmente, hacer un llamado a respetar los derechos humanos de esa gente, a fin de que puedan volver a sus hogares y tener una vida digna.
Como digo, este proceso dura ya ocho años y afectó anteriormente a las Repúblicas de Eslovenia, Croacia y Bosnia.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
(Aplausos).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
FACILIDADES PARA LA REINSCRIPCIÓN EN LOS NUEVOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 206, de los señores Enrique Van Rysselberghe,Darío Molina,Iván Moreira y Gustavo Alessandri.
“Considerando:
Que en numerosas partes del país y en distintas oportunidades, por razones de mejor servicio, el Estado dispone a través del Ministerio de Justicia la creación de nuevos Conservadores de Bienes Raíces.
Que no parece justo que estas resoluciones administrativas generen un mayor costo a la población que pretende servir, especialmente si se trata generalmente de un lucrativo negocio para quien lo ejerce, ya que crea un monopolio natural sin alternativa de mercado para los usuarios.
Que los usuarios cada vez que se crea un nuevo Conservador de Bienes Raíces deben pagar un certificado de inscripción, gravámenes y litigios en el conservador de origen, para poder nuevamente pagar la nueva inscripción en el Conservador recién creado, para por fin poder pagar nuevamente el certificado de inscripción que necesitaba, ahora en el nuevo Conservador donde tuvo que inscribir su propiedad.
Que, como se ve, esta resolución administrativa triplica injustamente el costo para el usuario que no ha tenido ninguna participación en la decisión de crear un nuevo Conservador de Bienes Raíces, decisión que en un comienzo sólo le produce pérdidas de tiempo y molestias, además de un mayor costo injusto e insoslayable en beneficio de terceros.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ejecutivo envíe un proyecto de ley, que cada vez que el Ejecutivo estime necesaria la creación de un nuevo Conservador de Bienes Raíces, los certificados necesarios que debe otorgar el Conservador de origen, como el primer trámite de inscripción en el nuevo Conservador, sea pagado por el Ministerio responsable de su creación a los conservadores correspondientes, de manera que esta decisión no sea un nuevo e injusto costo para el usuario”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la creación de nuevos conservadores de bienes raíces ha significado que muchos propietarios deban ratificar sus títulos de dominio mediante una nueva inscripción. Esto afecta especialmente a gente modesta, que, muchas veces y sin tener ninguna responsabilidad, debe pagar de nuevo para mantener vigentes sus títulos de dominio.
A través de este proyecto de acuerdo se ha querido llamar la atención de las autoridades, en orden a ver la posibilidad de enviar un proyecto de ley para impedir que quienes se vean involucrados en forma involuntaria en este proceso, paguen nuevamente por los trámites en los registros conservatorios, que deben realizar para regularizar la inscripción de sus títulos de dominio.
En consecuencia, Renovación Nacional va a votar a favor.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente , en nuestra región se generó el problema señalado por el Diputado señor Prokurica. De crearse un nuevo conservador de bienes raíces, gente muy modesta, además de darse el trabajo de realizar nuevamente un trámite, debe pagar por un certificado en el conservador de origen, y luego, por la inscripción en el nuevo conservador. Una resolución de esa naturaleza del Ministerio de Justicia puede ser muy razonable, siempre que los costos sean asumidos por quien toma la decisión.
El objetivo de este proyecto de acuerdo es, precisamente, evitar que ocurra nuevamente esta situación injusta para personas que, además de la pérdida de tiempo que ello les significa, deben pagar dos veces para regularizar la inscripción de sus títulos de dominio.
Por eso, pido a esta honorable Cámara que dé su aprobación a este proyecto de acuerdo, que viene a solucionar un problema que afecta a nuestros propietarios cuando se crean nuevos conservadores de bienes raíces.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en 1990, esta Cámara de Diputados asumió el compromiso de trabajar por algo absolutamente justo, como era la creación de las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz, anhelo largamente esperado por sus habitantes.
Sin embargo, la creación de esas nuevas comunas implicaba el compromiso de implementarlas, para que el beneficio fuera real y efectivo para sus habitantes. Ello trajo consigo la realización de diferentes gestiones, entre ellas, entrevistas con las respectivas autoridades, para lograr, en primer lugar, la instalación de una notaría para Chiguayante y San Pedro de la Paz.
En esa oportunidad se llegó al convencimiento de que ello se justificaba. Pero nos encontramos con una realidad. Aun cuando dichas comunas contaban con notaría, les faltaba algo esencial: el conservador de bienes raíces. Debido a eso, el año pasado, luego de una movilización total de la comunidad, encabezada por sus autoridades edilicias y sin distinción de ningún tipo, se consiguió crear en esa notaría el conservador de bienes raíces. Vale decir, se cumplió algo de acuerdo con nuestro deber y obligación, en orden a darle el máximo de facilidades y comodidades a los habitantes de esas comunas.
Voy a votar en contra de este proyecto de acuerdo, porque los habitantes de esas comunas están conscientes de que, en casos excepcionales, puede ser necesaria una inscripción de bienes raíces; pero, en todo caso, ello va en beneficio de lo que significa enraizar ese entorno y sentir cariño y aprecio por el lugar donde se vive. Por lo demás, debo recordar que, anteriormente, San Pedro de la Paz perteneció a Coronel, y después, a Concepción; ahora, es comuna recién creada.
Por lo tanto, me parece poco lógico y poco justo que lo que ha costado el esfuerzo de miles de personas se trate hoy de borrar con el codo, planteando situaciones excepcionales que no corresponden a la realidad, como es el caso de los conservadores de bienes raíces.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , confieso que me ha sido imposible penetrar en esta densa nebulosa. Jamás, en este hemiciclo, me había encontrado con un texto tan críptico como éste. En la medida en que no he podido arribar a comprensión ni entendimiento alguno, voy a votar en contra.
El señor ULLOA.-
Le está pasando muy seguido que no entiende nada de nada.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum requerido, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Al no existir el quórum requerido, de acuerdo con el Reglamento, se va a llamar a los señores diputados por 5 minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Por no haber quórum, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
El señor PROKURICA.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , aprovechando que su Señoría acaba de asumir el cargo de Vicepresidente , le informo que, junto con un grupo de colegas, presentamos un proyecto para modificar el Reglamento, precisamente para evitar situaciones como la ocurrida hoy día.
Cada vez que se votan los proyectos de acuerdo, no hay quórum en la Sala, o bien los diputados presentes no votan para que no prosperen algunos que se refieren a fiscalización o a materias que interesan al país.
Como esto no debe seguir ocurriendo, le pido que tramite dicho proyecto que modifica el Reglamento en el sentido señalado.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Así corresponde proceder de acuerdo con el Reglamento, señor diputado.
VIII. INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SANTIAGO. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , el motivo por el cual hoy intervengo es para manifestar mi preocupación por lo que está sucediendo con el plan de descontaminación de Santiago y los efectos que tiene para su población.
Es posible que dentro de la próxima semana, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente informe a la Sala -si la Mesa lo considera pertinente- sobre dicho plan. Sin embargo, hay temas que no pueden esperar hasta entonces. Por eso, considero necesario que se empiece a tomar conciencia sobre la gravedad del tema, en especial por las repercusiones que tiene en la salud de las personas.
Existe incumplimiento de las metas del plan, que está siendo analizado por la comisión; ausencia de paternidad, puesto que pertenece a todos los ministerios y a ninguno; una coordinación que carece de procedimientos para hacerlo más ejecutivo, a través de la Conama; escaso interés de los ministerios por aplicar las políticas pertinentes. Por otra parte, a pesar de que el plan de descontaminación aprobado cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares, vemos con preocupación que el incumplimiento de las metas propuestas por parte de los ministerios se achaca, precisamente, a falta de recursos. Entonces, con fundamento, pregunto: ¿dónde están los recursos? ¿Quién se está quedando con los recursos destinados al plan de descontaminación de Santiago?
Los ministerios no asumen el problema de la descontaminación como un asunto relevante, sino como un problema secundario; nadie asume su paternidad. Cuando dentro del plan de forestación de Santiago al Ministerio de Vivienda y Urbanismo se le asigna la tarea de plantar cientos de miles de árboles, aduce que carece de fondos y que esa función no le compete. Cuando el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe implementar un plan de frecuencia utilizando un control electrónico, dice que no tiene recursos para hacerlo. En estos casos, tampoco se asume la paternidad del plan. Cuando en un momento determinado es necesario implementar un sistema de medición de óxido nitroso en los buses de la locomoción colectiva, no hay recursos para llevarlo a cabo, porque tampoco hay paternidad. Cuando los sistemas de control se ven afectados por falta de presupuesto de los respectivos ministerios, tampoco hay paternidad.
Pensamos que el plan de descontaminación de Santiago adolece de graves fallas, las cuales se originan, precisamente, en la falta de paternidad, producida por la falta de recursos y de institucionalidad, que afecta fundamentalmente a la Conama y a otras instituciones gubernamentales.
Por otra parte, consideramos que además de existir fallas en la ejecución del plan, tampoco se han considerado algunos elementos que han sido dados a conocer hasta la saciedad -incluso, aceptados por las autoridades de Gobierno; en este caso, por el Ministerio de Salud-, como es el caso de las variables biomédicas. Vemos que, con tozudez, la Conama no aplica dichas variables, no obstante saber que están financiadas a través de los diversos sistemas de dicho ministerio. El control del material particulado inferior a 2,5 micras no ha sido considerado, a pesar de ser causante de más del 70 por ciento de las patologías que son consecuencia de la contaminación de Santiago. Creemos que si al analizar el material particulado grueso filtrado por el árbol respiratorio superior sólo se considera el 25 por ciento y no el 75 por ciento de las patologías generadas por el material particulado fino, no se está llevando a cabo en forma eficiente el plan de descontaminación de Santiago. Ocurre lo mismo que con el avestruz: se esconde la cabeza. Podremos invertir mil, dos mil o tres mil millones de dólares, pero no llegaremos a ninguna solución. La afirmación de que en otros países desarrollados dicho plan no está normado, no es un argumento válido para que nosotros no lo hagamos. La realidad de nuestro país es distinta a la de otros.
Por lo tanto, para mejor juzgar y ayudar en este tema y en el informe que la comisión deberá rendir a la Sala la próxima semana, pido que se oficie al director nacional de la Conama , a fin de que nos envíe el listado de empresas y organismos que prestan asesoría y servicios a la Conama, con individualización de sus representantes, proyectos, trabajos, servicios adjudicados y montos involucrados correspondientes a los últimos dos años.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Prokurica y Delmastro.
DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TALAGANTE Y MELIPILLA. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez, hasta por cinco minutos.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , en esta ocasión, quiero hacer notar mi pública protesta por la situación que afecta a las comunas del distrito que represento, en las provincias de Talagante y Melipilla , y que me imagino se repite en algunas otras provincias rurales del país, como es la disminución de las raciones alimenticias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb.
Digo esto, porque su Excelencia el Presidente de la República , hace algún tiempo, anunció que para enfrentar la crisis económica, los recursos destinados a las raciones alimenticias iban a aumentar durante 1999. Por lo mismo, es curioso que cuando los índices de desempleo aumentan, a nuestro juicio, en cifras mayores a las que el propio Gobierno señala del 7,5 por ciento, a 12 por ciento; que, cuando además tenemos comunas rurales doblemente afectadas por la sequía, lo que incide gravemente en la situación de las familias de sectores rurales, en las comunas de extrema pobreza, como Alhué, considerada entre las más pobres del país, o San Pedro , con uno de los índices de mayor ruralidad del país, se les disminuyan las raciones alimenticias que se distribuyen a través de la Junaeb a los distintos establecimientos educacionales del país.
En días pasados, me comuniqué con la directora nacional, señora Lysette Henríquez , quien, con muy buena disposición y con la mejor voluntad, me ha informado que existiendo estos aumentos, están dispuestos a corregir esta situación, y que la apelación debe hacerse a nivel regional.
Aun con la buena voluntad -que destaco en forma ejemplar- de esta funcionaria de Gobierno, no quiero dejar pasar esta ocasión para representar al Ministro de Educación , primero, nuestro público reclamo por esta situación que afecta a las comunas que represento en mi distrito, y solicitarle que nos envíe a la brevedad un informe pormenorizado de los recursos utilizados en 1999 para la adquisición, el número de raciones a nivel nacional, y un cuadro comparativo respecto de 1998, en los dos índices que he señalado. Además, un cuadro de distribución, comuna por comuna, y que nos informe también acerca de los criterios de distribución empleados por el Ministerio de Educación, a través de la Junaeb, para conocer cuáles son las políticas que se están implementando en la atención a las comunas de extrema pobreza.
Además, pido que se oficie a cada uno de los alcaldes de las diez comunas que represento: Alhué , San Pedro , Melipilla , María Pinto , Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Talagante , Peñaflor y Padre Hurtado , para que en la próxima reunión de los concejos se discuta esta materia, y que nos hagan llegar, en menos de quince días, un informe respecto de su realidad, si se ha corregido la situación y cómo se encuentran los reclamos que ellos han presentado a nivel regional.
Para mayor comprensión, solicito que se les adjunte el texto de mi intervención, tanto al Ministro de Educación como a cada uno de los alcaldes que he señalado.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, incluyendo el texto de su intervención, con la adhesión del Diputado señor José García, en el oficio dirigido al Ministro de Educación , y de las Diputadas señora Rosa González, señorita Antonella Sciaraffia, señora Fanny Pollarolo, señora Laura Soto, y de los Diputados señores Jaime Mulet,Baldo Prokurica y Enrique Jaramillo.
REDUCCIÓN DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE MALLECO. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Villouta, hasta por cuatro minutos.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , existe una preocupación que he señalado en más de alguna oportunidad al Ministro de Educación , acerca de los diversos cargos habidos durante el último tiempo, y que se refiere a la disminución paulatina de supervisores de educación en la dirección provincial de educación de mi distrito y de mi provincia de Malleco.
Por una serie de circunstancias, resulta que el sistema empleado por el Ministerio en relación con los supervisores, cuando se produce el traslado de uno de ellos, es que éste se lleva el cupo, como quien dice se lleva el cargo y, por lo tanto, no se puede designar a otro que atienda la provincia.
Por tal motivo, pido que se oficie al Ministro de Educación solicitando el antecedente oficial de los supervisores existentes desde el año 1989 hasta la fecha, porque, según mis cifras, la disminución ha sido notable. Si estamos con una evidente preocupación por la jornada completa, por el mejoramiento de la educación en general, debemos entender que la labor de los supervisores en las diversas direcciones provinciales, es muy importante. Lógicamente, si de una dotación de diez, estamos quedando con cinco o seis, es indudable que esa supervisión que ellos realizan de todo tipo de actividades, como pago de subvenciones, asistencia de alumnos, etcétera, queda muy disminuida.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ALCANCE A INTERVENCIÓN SOBRE DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , informo también que ayer tuvimos una reunión extraordinaria en la Comisión de Educación, a la que, lamentablemente, por la hora en que se celebró, no fueron muchos parlamentarios, pero sí asistió la señora Lysette Henríquez , directora nacional de la Junaeb , quien entregó todos los antecedentes que solicitaba el Diputado señor Jiménez. Indudablemente, él requiere antecedentes mucho más específicos, pero en defensa de la labor cumplida por la Junaeb debo señalar que este año se han aumentado aproximadamente en el 10 por ciento las raciones alimenticias, como también el mejoramiento de los establecimientos con jornada completa; incluso, se obtuvo del Ministerio de Hacienda un suplemento extraordinario de alrededor de 20 mil millones de pesos.
Además, en relación con las comunas que tienen un índice elevado de cesantía, se está realizando un estudio al respecto. Aunque la cantidad de dinero que hay que suplementar es bastante grande, por lo menos se están haciendo las gestiones y los estudios correspondientes para ver una forma de paliar la situación de los alumnos cuyos padres se encuentran cesantes, razón por la cual no pueden entregarles una alimentación suficiente y necesaria para su edad.
He dicho.
DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DE POBLADORES DE CHUSMISA, EN PRIMERA REGIÓN. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia, hasta por cinco minutos.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , hago uso del tiempo en Incidentes para dar a conocer la situación que afecta a Chusmisa, poblado de la provincia de Iquique, que represento.
Este poblado, con mucho sacrificio y desde tiempos inmemoriales, ha podido sobrevivir. Una de sus características es que posee aguas termales que han sido aprovechadas por sus habitantes durante muchos años. Lamentablemente, en 1996, particularmente en diciembre, la embotelladora de agua mineral Chusmisa, que funciona en la misma zona, obtuvo, de manera aparentemente no muy regular, por parte de la Dirección General de Aguas, el aprovechamiento de diez litros por segundo que, en definitiva, ha significado que el pueblo, que por años hacía uso legítimo de las aguas, quedara sin el debido abastecimiento.
Esta situación se ha reclamado en distintas instancias y, lamentablemente, existen algunos intereses superiores, en apariencia económicos, que han estado en juego, y la gente de Chusmisa no ha tenido ninguna respuesta al respecto. Sus habitantes han golpeado distintas puertas, se han hecho los reclamos, pero el pueblo sigue sin contar con el mínimo abastecimiento de agua.
Aquí, creo que tenemos un problema con la legislación, porque el Código de Aguas está hecho, como la mayoría de las leyes, con un criterio centralista, y muchas veces las leyes no responden a la realidad del norte. El Código de Aguas está redactado con un criterio enfocado sólo al sur de Chile, donde normalmente el agua es superficial, y no se condice con la realidad del norte, donde el agua es muy difícil de obtener, de modo que debe respetarse el derecho de aprovechamiento de las comunidades. El artículo 64 de la ley Indígena establece específicamente que se deberán proteger, en especial, las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas, pero, lamentablemente, en este caso, no ha ocurrido así. Incluso la Dirección General de Aguas habría cometido una arbitrariedad porque hizo una interpretación del derecho y cambió la cantidad de cinco litros de agua por diez, lo cual ni siquiera está amparado por ese código.
Hago esta denuncia pública sobre la realidad que está viviendo el poblado de Chusmisa y solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que se investigue en qué términos se otorgaron estos derechos -resolución Nº 956, de diciembre de 1996- en favor de Agua Mineral Chusmisa. Asimismo, pido que se oficie al Contralor General de la República a fin de que lleve a cabo la investigación respectiva, porque nuestro deber es proteger a los más débiles. La ley debe ser pareja para todos y, aparentemente, aquí el poder económico ha sobrepasado los legítimos derechos de la gente que tan esforzadamente vive en Chusmisa.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los Diputados señores Prokurica y Mulet y de las Diputadas señoras Lily Pérez,Rosa González,Fanny Pollarolo y Laura Soto.
SUPRESIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN COLEGIO DE LA FLORIDA. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily) .-
Señor Presidente , a raíz de la referencia del Diputado señor Villouta a las raciones alimenticias otorgadas por la Junaeb, solicito, en mi nombre, que se oficie tanto a dicha institución como al Ministerio de Educación para que informen por qué en el colegio municipalizado “Capitán Pastene”, de La Florida, se han eliminado las raciones alimenticias durante el presente año, en circunstancias de que se trata de uno de los colegios con mayor índice de personas de escasos recursos que educan allí a sus hijos. También pido que me remitan un informe comparativo entre el año pasado y el presente sobre la planificación que se ha hecho para otorgar raciones alimenticias en todos los colegios municipalizados de La Florida.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se dirigirán los oficios en nombre de su Señoría.
SITUACIÓN SUFRIDA POR PARLAMENTARIA EN ARICA. Oficio.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
El segundo tema al que me referiré se mencionó ayer en la Sala y me alegro de que estén presentes algunas diputadas.
La Diputada señora Rosa González , más allá de sus ideas políticas y de la bancada que representa, fue claramente agredida en su honor como parlamentaria y mujer.
Por eso quisiera que no sólo las diputadas de Renovación Nacional -que ayer expresamos públicamente nuestro apoyo a la colega Rosa González -, sino también las de la Concertación nos apoyaran en la petición de un oficio dirigido a la Presidencia de la República , para que nos expliquen por qué se produjo esta situación en el hotel “Arica” cuando el Primer Mandatario asistió, en compañía de la señora ministra de Justicia , que también es mujer, a conocer, en terreno, las dificultades por las que atraviesa la Primera Región. Formulo esta solicitud básicamente porque creemos que ningún parlamentario, de la bancada que sea, puede sufrir una situación que deshonre su persona y constituya un agravio a su investidura. Nos parece tremendamente lamentable este hecho y queremos conocer las razones por las cuales sucedió y, obviamente, ofrecer también una disculpa a esta diputada , ya que, al ofenderla, de alguna manera, se ofende a todos los parlamentarios y, obviamente, a las mujeres.
Solicito el apoyo de los presentes para enviar ese oficio.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional, de las Diputadas señoras Sciaraffia , Laura Soto y Fanny Pollarolo , y de los Diputados señores Jaramillo y Mulet.
Aprovecho la oportunidad para informar que la Mesa ya está haciendo gestiones respecto de la denuncia de esta agresión y esperamos dar una respuesta a la Sala el próximo martes.
RESOLUCIÓN DEL MINISTRO INGLÉS JACK STRAW. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , frente a la resolución conocida hoy, dictada por el ministro del Interior de Gran Bretaña , Jack Straw, en representación de la bancada de Renovación Nacional y en mi nombre manifiesto que esta resolución confirma el mayor atropello a la soberanía nacional que ha tenido Chile en los últimos tiempos. No resulta sorprendente la determinación del gobierno británico que, en todas las instancias, ha sido respaldado por fuerzas políticas de la Izquierda chilena, las cuales no han dudado un solo momento en subordinar los intereses permanentes del país a sus mezquinos y pequeños objetivos. En efecto, hemos visto cómo, con total desparpajo, personeros del Partido Socialista han contribuido a montar y respaldar los procesos iniciados en España y a suministrar elementos de juicio al gobierno inglés.
Resulta evidente, por sus resultados, que la acción del Gobierno chileno ha sido débil y plagada de contradicciones. La incoherencia entre sus miembros frente a este caso debe obligar al Presidente de la República a evaluar la lealtad de los ministros socialistas con los objetivos fijados por su Gobierno. Ha quedado de manifiesto que las gestiones políticas del Gobierno no han producido efecto alguno en el ministro Straw, quien, una vez más, desconoce principios jurídicos básicos y la posición expresada por el Gobierno de Chile, llegando incluso a señalar que él da la venia para que se proceda a efectuar el juicio de extradición a España del Senador Pinochet porque el Gobierno de Chile no ha pedido su extradición. Eso significa no entender nada.
Solidarizamos con la situación personal que aflige a un ex jefe de Estado. El fallo, en la práctica, constituye una nueva división para los chilenos y genera un grave escollo para la transición que los chilenos habíamos pactado. Asimismo, este fallo mantiene al país en una situación que no le permite dedicar sus mayores esfuerzos a solucionar tantos problemas que existen en nuestra patria.
Finalmente, demuestra que el proceso de reinserción internacional del que tanto alarde hace el gobierno es débil e improductivo y que los viajes del Presidente de la República no son más que de turismo. Es cosa de ver qué nos pasó con la uva, con los salmones, con el cobre, con la madera, y qué nos está pasando con el pisco. La verdad es que de esta forma queremos manifestar nuestra posición.
He dicho.
RESOLUCIÓN DEL MINISTRO INGLÉS JACK STRAW. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , el ministro del Interior de Gran Bretaña , el socialista Jack Straw, en una decisión previsible por sus antecedentes políticos, su cercanía a la ex Unidad Popular y las advertencias de que fue objeto por parte de sus colegas diputados laboristas, en el sentido de no respaldar sus aspiraciones de suceder al Primer Ministro británico si fallaba a favor del general Pinochet, dictaminó que España puede seguir adelante con sus gestiones para lograr la extradición del ex presidente chileno y actual senador de la República.
Se confirma, una vez más, el doble estándar de las grandes potencias del mundo frente a la vigencia de los derechos humanos. Mientras en Kosovo el presidente comunista de Yugoslavia persigue a miles de albaneses, obligándolos a abandonar sus hogares y a formar campos de refugiados, donde se padece hambre, frío, sed, condiciones sanitarias adversas, angustia, desesperación y muerte, y las grandes potencias reaccionan bombardeando y asesinando a seres inocentes, el ministro del Interior británico decide dar lugar a un largo proceso de extradición en contra del general Pinochet, que salvó a Chile del comunismo, de una guerra fratricida, de una guerra con Argentina y que puso al país en la senda correcta del crecimiento económico y desarrollo social a través de la economía social de mercado, doctrina seguida por las principales potencias occidentales.
Por lo tanto, la decisión de Straw es injusta, profundamente cruel y sienta un pésimo precedente de atropello a la soberanía y dignidad de un país pequeño, como el nuestro.
El general Pinochet y su esposa, la señora Lucía , son personas profundamente creyentes. Estoy cierto de que, en medio de su dolor, sabrán aceptar esta prueba que les envía el Creador, y en su fe encontrarán consuelo y fortaleza para asumir las dificultades del proceso judicial que se iniciará.
Los grandes estadistas, los hombres que tienen la valentía de defender y engrandecer a su patria, los verdaderos patriotas, como el general Pinochet, frente a los desafíos de la vida, jamás son derrotados. Por el contrario, en la adversidad y en la incomprensión, su figura y su obra crecen aún más ante la visión objetiva de los hombres y mujeres libres del mundo.
Solicito se oficie al señor ministro de Relaciones Exteriores , con el propósito de transcribir esta intervención para que se la comunique a los gobiernos de España y Gran Bretaña. También pido oficiar al señor Vicepresidente de la República a fin de que esta intervención sea puesta en conocimiento del ex Presidente de la República , ex comandante en jefe del Ejército y Senador de la República , don Augusto Pinochet Ugarte.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su discurso, con la adhesión de la Diputada señora Rosa González y de los Diputados señores Bertolino , Kuschel y Prokurica.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EX MINISTRO CON LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito enviar oficio al ministro de Minería para que informe a esta honorable Cámara acerca de la efectividad de que la Empresa Nacional de Minería, Enami , ha contratado los servicios del ex ministro socialista del gobierno del ex Presidente Aylwin, don Enrique Correa , con el objeto de que haga lobby en este honorable Congreso para lograr el despacho de un proyecto de ley que la favorezca. Desconozco cuál es el proyecto que requiere su intervención, pero quiero saber si ha sido contratado él o alguna empresa a la cual represente o es socio para realizar esta gestión.
Sería vergonzoso -si la información fuera efectiva- que una empresa del Estado tenga que recurrir a personeros externos porque sus ejecutivos no son capaces de lograr ese propósito, más aún teniendo en vista la situación aflictiva que vive la minería. Todos sabemos que Enami debe 450 millones de dólares y que no ha estado cumpliendo en este último tiempo con la labor para la cual fue creada, cual es la de fomento de la pequeña y mediana minería.
Se habla de sumas de dinero del orden de los 70, 80 ó 90 mil dólares por esta asesoría. Por lo tanto, reitero la petición de envío de oficio al Ministro para que informe sobre lo expuesto y si está de acuerdo con la iniciativa cuya tramitación se pretende agilizar por medio del lobby del señor Correa. Si no lo estuviese, obviamente se estaría despilfarrando y malgastando la plata.
He dicho.
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUIR TRANQUE PUCLARO EN ELQUI. Oficio.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que informe respecto de la situación que se presenta actualmente en la Cuarta Región, provincia de Elqui, en Gualliguaica, Punta Azul y La Polvada, sectores que han sido o están siendo expropiados para construir el tranque Puclaro.
Me interesa saber en qué estado se encuentran esas gestiones, la nómina de las personas afectadas con los rut respectivos, cuántas expropiaciones están hoy totalmente realizadas, la cantidad de juicios pendientes, cuáles son los problemas que se presentan y los motivos que impiden estar al día en este proceso, más aún sabiendo que en un lapso de no más de siete meses -sería a fines de octubre- el tranque, de gran beneficio para la provincia del Elqui, debe ser entregado y las personas que habitan en esos sectores tienen que ser trasladadas a otros lugares.
Por lo tanto, reitero la petición de envío de oficio al ministerio de Obras Públicas para que informe sobre la situación en que se encuentran las expropiaciones en esos sectores.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Rosa González y de los Diputados señores Kuschel y Prokurica.
FINANCIAMIENTO DE PASAJES AL EXTRANJERO POR EMPRESA SANITARIA DE ATACAMA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Quiero reiterar un oficio de fiscalización, pues llevamos cuatro meses esperando su respuesta, a la Corporación de Fomento de la Producción para que informe si la Empresa Sanitaria de Atacama, Emsat, ha financiado pasajes a fin de que puedan viajar al extranjero, especialmente a Europa, funcionarios, familiares de éstos o terceras personas.
Es de vital importancia para el señor Vicepresidente , que recién viene asumiendo el cargo, que nos empecemos a poner al día en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Estos oficios fueron enviados en virtud del inciso primero del número 1) del artículo 48 de la Constitución, pero como no se ha recibido respuesta después de transcurridos cuatro meses, ello significa que el Ejecutivo no tiene ningún respeto por las disposiciones legales y constitucionales relativas a la fiscalización que ejerce esta Cámara. Si francamente fuera así, la alternativa que le quedaría a esta rama del Congreso sería acusar constitucionalmente al ministro respectivo, aunque no es nuestro interés entrar en ese tipo de sanciones políticas. Además, somos una minoría parlamentaria.
Lamentablemente, la mayoría, constituida por diputados de la Concertación, ha permitido, a mi juicio, que no se respete al Congreso. Muchas veces se piensa que por el hecho de pertenecer a un partido político, a la bancada de un sector determinado, no debe obligarse al Gobierno a respetar las facultades fiscalizadoras de la Cámara, en virtud de las cuales desarrolla su principal labor.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de la Diputada señora Rosa González y de los Diputados señores Bertolino y Kuschel.
CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL FAVORABLE A PROFESORES DE ARICA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la Diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , en 1994, se demandó judicialmente a la Ilustre Municipalidad de Arica para que pagara al consejo gremial de la Escuela Centenario, que incluye a 42 profesores, el complemento adicional de zona establecido en el inciso sexto del artículo 5º transitorio de la ley Nº 19.070.
En septiembre de 1995, se promulgó la ley Nº 19.410 que, entre otros aspectos, complementó el tema referido en sus artículos 4º, 5º y 6º transitorios.
El artículo 5º transitorio de la citada ley facultó al sostenedor para que acordara transacciones en juicios en tramitación, como fue el caso de estos profesores, con el objeto de precaver litigios eventuales sobre el pago del complemento de zona.
En noviembre de 1995, en asamblea de profesores del Servicio Municipal de Educación, realizada para analizar el tema en comento, el alcalde don Luis Iván Paredes Fierro, que se encontraba presente, señaló que como autoridad responsable acataría los fallos de los tribunales de justicia.
Han transcurrido cuatro años desde entonces, período en que las diversas instancias judiciales del país fallaron a favor de lo solicitado por los 42 profesores.
En el mismo período, hemos sido testigos de que, pese al compromiso adquirido personalmente por el señor alcalde y a la existencia de un fallo judicial, hasta el momento los profesores siguen sin tener ningún acceso a dineros que los tribunales de justicia han determinado que les corresponde.
Inútiles han sido los oficios enviados al Ministerio de Educación, al alcalde , al Ministerio de Justicia y a todos los entes que puedan tener alguna responsabilidad en este tema.
Está claro que, hasta este momento, la municipalidad tiene una deuda con los profesores -cada día que pasa es más alta- por sobre los 150 millones de pesos, pero hasta el momento no han podido recibir esos dineros, que les hace bastante falta, por lo cual, desesperados, han anunciado movilizaciones. De hecho, las están haciendo, y fue uno de los temas que quisieron exponer al Presidente de la República cuando concurrió a Arica a ese tan comentado acto del jueves 6 recién pasado; pero, lamentablemente, no pudieron acceder a él para demostrarle que no sólo no se están respetando los fallos del tercer Poder del Estado, sino que -como hemos visto-, tampoco a los integrantes del Poder Legislativo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior para que, en el más corto plazo posible, requiera toda la información que sea necesaria a los ministerios correspondientes, con el objeto de que estos 42 profesores puedan contar con los dineros que legítimamente les pertenece, de acuerdo con los fallos de los tribunales de justicia.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se remitirá el oficio en nombre de su Señoría.
SITUACIONES QUE PREOCUPAN A LA CIUDADANÍA. Oficio.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
En seguida, como segundo tema, quiero lamentar profundamente los hechos que están ocurriendo en el país.
En definitiva, pienso que en Chile se ha perdido la capacidad de asombro, porque puede pasar cualquier cosa y, ante cualquier situación, los chilenos, todos, quedamos impávidos.
En este momento, un senador de la República se encuentra retenido y está siendo extraditado, pero en Chile se dice: “Bueno, ésa era una situación previsible”. Tenemos una delincuencia que nunca antes había existido y las dueñas de casa no podemos estar tranquilas ni siquiera dentro de nuestros hogares, porque sencilla y simplemente los malhechores llegan y nos asaltan, como ha sucedido en tantas oportunidades. Vemos que nuestro país, y nosotros mismos, somos vejados día a día, y lo seguimos aceptando.
Me pregunto, como mujer nortina y parlamentaria, ¿qué está ocurriendo con este Chile que tanto decimos querer? ¿Por qué aceptamos, en reiteradas oportunidades -tal como muy bien dijo el Diputado Bertolino -, se use y abuse de nuestra soberanía? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que se sigan haciendo viajes en forma absolutamente inconsciente e increíble? En Chile hay una cesantía tremenda, no tenemos dinero para salud ni para educación; en consecuencia, todos los chilenos, o gran parte de ellos, se preguntan: ¿Cuánto cuestan esos viajes? ¿A cuánto ascienden los viáticos que se pagan? ¿Cuántas personas viajan como acompañantes en estas tremendas giras presidenciales, de promoción, sobre las cuales no entendemos nada?
Por esas razones, solicito que se oficie al ministro del Interior para que envíe una cuenta detallada de todos los gastos en que se ha incurrido hasta este momento por concepto de viajes presidenciales, incluyendo las personas que lo acompañan en dichas giras; de cuántas veces los intendentes, alcaldes y gobernadores han efectuado viajes fuera del país y cuáles son los resultados efectivos que benefician a las personas que ahora están cesantes, cuyo número sigue aumentando.
Si a la gente le estamos pidiendo que se apriete el cinturón por cuanto el país está en crisis, tenemos problemas por efectos de la crisis asiática, de la baja en el precio del cobre, etcétera, y, al mismo tiempo, vemos que continuamente se realizan viajes -se supone que no sólo los Presidentes de Chile y de Uruguay los harán; pienso que es indudable que algunos deban efectuarse y estoy de acuerdo en ello-, la gente se pregunta: ¿es necesario el gran despliegue del avión presidencial, con una tremenda comitiva, para tratar asuntos que posiblemente no son tan representativos?
Sería muy largo enumerar todas y cada una de las cosas en que los chilenos hemos perdido la capacidad de asombro, y no sólo eso, sino también, en gran parte, la capacidad de reclamar y de ser escuchados.
Por lo tanto, reitero que me gustaría mucho que, en verdad, siguiéramos preocupándonos de la gente; de ésa que seguramente este año estará muy bien atendida porque tenemos elecciones a fin de año, pero que tal preocupación sea para siempre y no sólo por corto período de tiempo.
Señor Presidente , en mi apuro por exponer el problema de los profesores y de la gente de Arica, olvidé agradecer debidamente a los colegas de Renovación Nacional, a las señoras Fanny Pollarolo y Laura Soto , a mi colega Antonella Sciaraffia , al Diputado Jaramillo y a todos los que me apoyaron en esta difícil situación que viví en Arica.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
FALTA DE AGUA EN SECTORES DEL SUR DEL PAÍS. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , ¡quejas y quejas! Nosotros estamos “facultados” para escuchar las quejas, pero no para ser protagonistas de ellas.
El momento que vive Chile no es agradable. Empero, la madurez de muchos se impondrá para que nuestros grandes problemas prioritarios sean solucionados a fin de que, en comunidad, vayamos tras la búsqueda de una convivencia que es posible.
Por eso he solicitado estos minutos en Incidentes para que volvamos a tratar los problemas de las regiones y zonas, pero no en son de queja, sino, muchas veces, de denuncias que debemos hacer de acuerdo con nuestra facultad fiscalizadora, y también en pos de la anhelada descentralización que deseamos los diputados y por la cual las regiones están clamando.
Soy respetuoso de las ideas y de las personas, pero también me gusta que me respeten. Quisiera que esa frase volviera a tener prioridad uno en este Congreso Nacional. A lo mejor, los culpables de lo que acontece, o de sentirnos mal como chilenos, muchas veces seamos nosotros mismos. Pero no es el momento de seguir magnificando cosas que están en otro nivel. Quiero, sí, clamar justicia ante el Supremo Hacedor porque el sur de Chile está viviendo situaciones muy difíciles.
En los poblados cordilleranos, precordilleranos y costeros se vive en condiciones terribles, a raíz de la falta del vital elemento, por lo cual ha sido indispensable utilizar camiones aljibes prestados por empresas y particulares, contratados por las municipalidades y la población de esas zonas de catástrofe. Gracias a este esfuerzo, se está logrando el consenso para conseguir, entre todos, sacar la gota de agua del lugar donde todavía existe. ¡Qué gran problema vive la humanidad!
En febrero logré la atención del ministerio de Obras Pública -lo cual agradezco- para que funcionarios especializados de esa repartición se hicieran presente en nuestra zona, Décima Región de Los Lagos , con el fin de que viesen en terreno la situación de los cauces de los ríos, de numerosos esteros que ya se encontraban secos en ese mes, los daños provocados por este flagelo natural y la posible solución que, a mi juicio, no es otra que la construcción de pozos profundos que puedan paliar la terrible falta de agua en una zona que se distinguía por las aguas lluvias y que, curiosamente, todavía vivimos de ellas.
La visita de los funcionarios de Obras Públicas permitió, después de muchos intentos del parlamentario que habla, que la zona fuese declarada -diría a regañadientes- zona de emergencia por el ministerio de Agricultura. Pero hasta ahora, esto ha quedado en la letra. Luego de firmada la resolución exenta Nº 54, del 8 de febrero de l999, no se ha dado un paso en el sentido de llevar a la práctica lo más urgente para paliar esta difícil situación, cual es, según mi apreciación, la construcción de pozos profundos, buscar en el interior de la tierra lo que se nos escapa.
He insistido en este punto ante las autoridades, las que muestran la mejor disposición, como siempre, pues lo exige un parlamentario que apoya el programa democrático de este gobierno. Soy un diputado de la Concertación; pero lo que quiero y para eso he sido elegido y me he comprometido con mis electores, es que se solucionen los problemas concretos de la gente, cosa que hoy olvidamos. Quiero que se construyan los pozos ahora, porque la sequía sigue haciendo estragos, las cosechas fueron malas, se vislumbran dificultades con el forraje, la gente, que es el centro de nuestra preocupación, se ve desesperanzada por la escasez de ayuda y por la falta de reacción inmediata de algunas autoridades.
Sé de la preocupación del gobierno de la Décima Región de Los Lagos, sé de la solicitud de construcción de pozos profundos. Hasta ahí no vamos mal, pero desde el punto de vista operativo, de lo que lleva a cabo el gobierno central, hay problemas. Duele decirlo, pero es así. Hay mucha traba, mucha insensibilidad y cierta burocracia intermedia que impide que se concreten los lineamientos generales de las autoridades superiores. No es una queja, sino pedir que sean más operativos. No cuesta nada. A lo mejor, habrá que seguir un curso o formar otra comisión o, quizás, aplicar en forma inmediata parte del 2 por ciento constitucional. Eso nos llevaría a hacer realidad las palabras del Cardenal Raúl Silva Henríquez , recientemente fallecido, quien dedica especial amor a los campesinos y pide se les ayude y escuche. Ése debe ser nuestro compromiso: preocuparnos por los que sufren, por los que necesitan con urgencia nuestra ayuda. Se trata de gente que no está en la televisión ni en la radio, sino en una carreta con tiestos en busca de que el vecino le convide agua de su noria, si es que aún le queda.
He dicho.
PROCESO JUDICIAL A PERIODISTA ALEJANDRA MATUS.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo manifestar, en nombre de la bancada socialista, nuestro más profundo repudio a la agresión sufrida por la destacada periodista Alejandra Matus , al ser requerida por infracción a la ley de seguridad interior del Estado e incautarse su libro sobre la corrupción en la justicia chilena.
Consideramos lamentable y contradictorio con un régimen que quiere llegar a la democracia plena, que se produzca este tipo de situaciones. Solidarizamos con el Colegio de Periodistas, con todos los periodistas y, especialmente, con Alejandra Matus; solicitamos que sea revocada dicha medida y se levante lo que significa una clara violación al derecho de todos los chilenos a estar informados y emitir opinión.
ALCANCES SOBRE DECISIÓN DE MINISTRO DEL INTERIOR BRITÁNICO.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
En segundo lugar, quiero referirme a un hecho que se ha colocado en el centro de la opinión pública chilena y, por qué no decirlo, mundial.
Se trata de la decisión del Ministro Straw a que proceda el juicio de extradición a España de Augusto Pinochet. Es importante que este juicio no haya tomado por sorpresa a nadie, porque, más allá de declaraciones ostentosas y ruidosas que todavía se formulan, se ha ido haciendo evidente que nos encontramos ante un proceso judicial, con una lógica judicial.
El fallo de los lores de la ley señaló que existían cargos extraditables, los delitos consagrados en la Convención Internacional contra la Tortura, por los cuales el ex general Augusto Pinochet debe responder.
Como lo explicó el Ministro Straw al fundamentar su decisión, si Chile, uno de los firmantes de dicha Convención, no ha mostrado voluntad de darle cumplimiento, porque no ha pedido la extradición, a él sólo le cabe responder conforme a los compromisos de Inglaterra y dar curso, por lo tanto, al juicio de extradición.
Es claro, evidente e indiscutible que las ridículas y paranoicas afirmaciones que se hicieron y que lamentablemente todavía se hacen, en el sentido de que se trata de una confabulación socialista, quedan absolutamente descartadas. Aquí no hay confabulación socialista, no hay un ataque de una potencia extranjera, no hay menoscabo de la soberanía nacional, sino la aplicación de convenciones, de acuerdos, de tratados internacionales que hoy, gracias al avance de principios nobles, humanistas, no sólo se refieren a temas económicos, sino a grandes valores, que comienzan a ser universales, como el valor de la vida, de la libertad, del ser humano.
Por lo tanto, lo que ha ocurrido es una cuestión muy trascendente e importante, y para los socialistas tiene enorme valor. Es un avance en el mundo de esta doctrina que habla de la jurisdicción universal en el campo de los derechos humanos. Cuando ellos son violados en un país, no son simplemente los ciudadanos de ese país los agredidos, sino el mundo entero el humillado y el que tiene el derecho y el deber de juzgar al agresor.
Hay un segundo aspecto que le da trascendencia a todo lo que ha ocurrido y está sucediendo en Inglaterra: la exigencia que el mundo nos ha hecho a nosotros como sociedad. De algún modo es un espejo, se ha dicho, un reproche, una evidencia de la cual debemos hacernos cargo. No fuimos capaces nosotros de asumir las tareas que nos correspondían. El que se haya provocado este problema o “crisis Pinochet” no es sino la expresión de nuestras propias insuficiencias. Nosotros permitimos que fuera un intocable, actuamos como si lo que ocurrió no hubiese sucedido, como si éste fuera un país de las novelas de García Márquez. La justicia en Chile, en el campo de los derechos humanos, no opera como corresponde. Actuábamos con una normalidad aberrante, que el mundo no entendía. El responsable último de los gravísimos crímenes estaba actuando como un senador más: el victimario sentado junto a las víctimas. Eso era profundamente anormal. Por lo tanto, el que se nos exija asumirlo en toda su anormalidad, hacernos cargo de nuestra propia historia, de lo que ha ocurrido y cómo desde ella podemos mirar y construir hacia adelante, es de enorme trascendencia.
Creo que la tranquilidad con que esto se ha ido asumiendo, la aceptación de los sectores más ligados al propio ex dictador, este entendimiento, nos permitirá mirar los reales problemas y abordar las tareas pendientes, las insuficiencias de esta transición, las heridas de las violaciones a los derechos humanos.
Por lo tanto, lo que está ocurriendo no sólo es trascendente para el mundo, sino muy fundamentalmente para nosotros, para nuestra tarea, para nuestra capacidad de madurez y de democracia.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.11 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 0333
Santiago , 5 de abril de 1999
1. Mediante oficio Nº 2260, de 3 de marzo de 1999, V.S. ha remitido a esta Corte Suprema, en conformidad con los incisos segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, copia del proyecto de ley iniciado en una moción de diversos diputados que “dicta normas destinadas a fortalecer las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares”.
El texto de la iniciativa consta de un artículo único, que deroga el inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, que establece: “Tratándose de recintos militares o policiales, las diligencias a que se refiere el inciso anterior -examen y registro de lugares cerrados- deberán cumplirse por intermedio de los tribunales militares de la correspondiente jurisdicción”.
2. Al respecto, puedo expresar a V.S. que, reunida esta Corte en Tribunal Pleno con fecha 1 de abril de 1999, bajo la presidencia del infrascrito y con asistencia de los Ministros señores Carrasco , Correa, Navas , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Pérez , Álvarez Hernández y Marín acordó formular las siguientes observaciones en relación con la solicitud del informe:
a) El proyecto no altera formalmente el Código Orgánico de Tribunales, que es “la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales”, a que aluden el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.918, al señalar que ese cuerpo legal no puede modificarse sin oír previamente a esta Corte.
Con todo, la norma del Código de Procedimiento Penal cuya enmienda persigue la moción, se refiere a la forma como pueden practicarse las diligencias indicadas en recintos militares y policiales, de modo que incide en la aplicación de una facultad de los tribunales ordinarios de justicia dirigida a la “Comprobación del delito y averiguación del delincuente”, que regula el Título III del Libro II del mismo Código. Luego, en la medida que se relaciona con una atribución propia de todo tribunal que instruye un sumario criminal, el proyecto puede y debe ser objeto del informe previsto en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Política.
b) En la materia, debe señalarse que el texto actual del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal fue sancionado por el Nº 33 del artículo 4º de la ley Nº 18.857, de 6 de diciembre de 1989, disposición que, a su vez, reprodujo la norma de igual tenor agregada a ese artículo 158 por la letra b) del artículo 2º del decreto ley Nº 1775, de 20 de mayo de 1977.
Antes de la publicación de dicho decreto ley, el entonces único inciso del artículo 158 del Código mencionado Penal prescribía: “Para proceder al examen y registro de lugares religiosos, de edificios en que funciona alguna autoridad pública, de cuarteles o lugares sujetos a jefes militares o de buques del Estado, el juez hará pasar recado de atención a la autoridad o persona a cuyo cargo estuvieren, quien podrá asistir a la operación o nombrar alguna persona que asista”. La letra a) del artículo 2º del mismo decreto ley suprimió la frase “de cuarteles o lugares sujetos a jefes militares o de buques del Estado”, lo que, junto con la incorporación del inciso segundo cuya derogación se plantea en el proyecto, dio al artículo 158 del Código la redacción actual fijada por el Nº 33 del artículo 4º de la ley Nº 18.857, de 6 de diciembre de 1989.
c) La modificación que propone el proyecto vendría, pues, a suprimir la intervención que poseen los tribunales militares en las diligencias de examen y registro de recintos militares y policiales, que obliga a los tribunales ordinarios a accionar por su intermedio para llevar a cabo esas actuaciones que, conforme lo prevenido en el inciso primero del artículo 156 del mismo Código de Enjuiciamiento Penal, pueden disponerse respecto de cualquier edificio o lugar cerrado “cuando hubiere indicio de encontrarse allí el inculpado o procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles o cualesquiera otros objetos que puedan servir para descubrir un delito o comprobarlo”.
d) La ejecución de tales diligencias y otras destinadas a la comprobación del delito e identificación del delincuente está ciertamente comprendida en la función jurisdiccional del Estado, que la Constitución Política ha radicado en los tribunales establecidos en la ley, al declarar que la facultad de “conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado” les pertenece “exclusivamente”, según lo dispuesto en el inciso primero de su artículo 73 y en el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales.
Estas normas describen con precisión los tres aspectos que envuelve la función jurisdiccional y que corresponden, respectivamente al conocimiento, al juzgamiento y a la ejecución de lo juzgado. Ninguno de ellos puede restringirse en su aplicación, porque cualquier limitación importaría un obstáculo o impedimento para el cabal y pleno ejercicio de la jurisdicción que corresponde al tribunal competente en la materia.
El conocimiento de las causas civiles y criminales es, en los términos de las disposiciones citadas, la fase con la que se inicia el ejercicio de la función jurisdiccional y en cuya virtud el tribunal dispone de los antecedentes necesarios para resolver tanto respecto de su propia competencia, cuanto acerca del fondo de la materia comprendida en ella. De allí que se sostenga en doctrina que ningún juez o tribunal puede actuar sin conocer lo que va a juzgar posteriormente, tal como lo afirma Francisco Hoyos H.: “se conoce para juzgar, ya que sería imposible juzgar sin conocer” (“Temas fundamentales de Derecho Procesal”; Editorial Jurídica Santiago, 1987, pág. 54).
e) El actual inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal condiciona la ejecución de las actuaciones que resuelva llevar a cabo un Tribunal de la Jurisdicción Criminal Común en recintos militares o civiles a la intervención del respectivo Tribunal Militar, limitando así el ejercicio de la potestad jurisdiccional de ese tribunal ordinario para conocer de una causa criminal comprendida en el marco de su competencia.
f) En su discurso inaugural del año judicial 1979, el Presidente de esta Corte don Israel Bórquez representó la modificación experimentada por el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal merced al decreto ley Nº 1775, de 1977 y que significó agregarle su actual inciso segundo. Entre otras observaciones pertinentes al tema, señaló “...que una modificación introducida a los artículos 6º y 158 del Código de Procedimiento Penal ha ocasionado y sigue ocasionando entorpecimientos en las investigaciones sumariales que deben llevar a cabo la justicia ordinaria del crimen y ha motivado suspicaces comentarios que las autoridades de Gobierno deben evitar por su propio prestigio. De esta reforma procesal nada supo esta Corte...”, que “...no se advierte la conveniencia de orden práctico o el beneficio para una investigación penal de esta modificación...” y que, “...si como han quedado estos preceptos de ley con la modificación aludida, puede un juez de la justicia ordinaria proceder al examen y registro “de edificios en que funciona alguna autoridad pública”, por ejemplo, el Presidente de la República , un Ministro de Estado o un Ministro de la Corte Suprema , la reforma que examino carece de todo sentido de justicia o de equidad”.
g) Por otra parte, el hecho de que los tribunales del mismo fuero tengan competencias territoriales diferenciadas, lo que determina que un tribunal ordinario deba actuar por intermedio de otro para llevar a efecto actuaciones en su territorio, no justifica mantener la regla del inciso segundo del artículo 158 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Porque si bien los tribunales militares son competentes para conocer de los delitos comunes que se perpetren en los recintos militares y policiales que enumera el Nº 3º del artículo 5º del Código de Justicia Militar, modificado por el artículo 1º de la ley Nº 18.342, de 26 de septiembre de 1984, esto no significa que deban intervenir en la investigación de otros delitos comunes que son de conocimiento y juzgamiento de los tribunales ordinarios y cuya investigación haga necesario el examen y registro de recintos militares o policiales con los fines que indica el artículo 156 del mismo Código, todo lo cual es ajeno a la competencia propia de los referidos tribunales institucionales.
h) La eliminación de la actual regla del inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal es, asimismo, congruente con el principio que enuncia el inciso tercero del citado artículo 73 de la Carta Política al establecer que “para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial , podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren...”. Porque esta norma, que reafirma la independencia de la función judicial, debe considerarse en relación con cada tribunal y con el ejercicio de la jurisdicción en el ámbito de su competencia específica y conduce a excluir la intermediación en su aplicación de todo organismo diverso a los que deben ejecutar la diligencia o actuación dispuesta en uso de la potestad jurisdiccional privativa del tribunal que la ordena, aunque posean la índole de tribunales especiales.
i) Puede anotarse, además, que la supresión del inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal vigente condice con la decisión que adoptó el legislador de la ley Nº 19.047, de 14 de febrero de 1991, que derogó las restricciones que impedían a los tribunales ordinarios actuar como jueces de prevención en la práctica de las primeras diligencias de instrucción del sumario criminal en los recintos militares y policiales, de acuerdo con el artículo 6º del Código citado y que habían sido impuestas por el artículo 1º del mismo decreto ley Nº 1775, de 1977.
j) Finalmente, cabe señalar que la derogación del inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal en todo caso debería restablecer los términos de la norma del inciso primero de la misma disposición, antes de ser modificada por la letra a) del artículo 2º del mencionado decreto ley Nº 1775, de 1977, en orden a someter a los recintos militares y policiales al mismo régimen de aviso previo de su registro y examen que se aplica a otros recintos en que funciona una autoridad pública.
3. En virtud de las consideraciones expuestas, el suscrito puede comunicar el criterio favorable de la Corte Suprema al proyecto de ley contenido en la moción parlamentaria objeto de la solicitud de informe.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ , Presidente ; CARLOS MENESES PIZARRO , Secretario .
AL SEÑOR
PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.