Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- SECRETARIO DE LA SESION
- Carlos Loyola Opazo
- SECRETARIO DE LA SESION
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Velasco De La Cerda
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Edmundo Salas De La Fuente
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS PERSONALES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR HACIENDA. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- DEBATE
- BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS PERSONALES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR HACIENDA. (Continuación).
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Salvador Urrutia Cardenas
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Perez Arriagada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Juan Nunez Valenzuela
- Exequiel Silva Ortiz
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Fanny Pollarolo Villa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 50ª, en jueves 8 de abril de 1999
(Ordinaria, de 10.40 a 12.50 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos,
y Mesías Lehu, don Iván.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
-o-
Permiso constitucional 7
-o-
V.Orden del Día.
Beneficios económicos a los personales del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y normas sobre racionalización del sector Hacienda. Primer trámite constitucional. (Continuación) 7
VI.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual solicita, a petición de los Senadores señores Lavandero y Cordero, que la Cámara de Diputados, si lo estima conveniente, se sirva adoptar las medidas de fiscalización que correspondan respecto de la responsabilidad que le cabe a las autoridades en la sobreproducción de cobre 30
2. Moción de los Diputados señores Urrutia, Ceroni, Pérez, don José; Ortiz, Kuschel, Núñez, Silva, Sánchez y Diputada señora Fanny Pollarolo, que modifica el artículo 19, Nº 21, de la Constitución Política de la República, flexibilizando el Estatuto del Estado Empresario. (boletín Nº 2319-07) 39
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano, por la cual informa que el Diputado señor Velasco reemplazará en forma permanente, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, al Diputado señor Mulet.
-Del Diputado señor Salas, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de abril en curso, para dirigirse a Bruselas.
-Del jefe de bancada del Partido Renovación Nacional, por la cual informa de las siguientes designaciones:
a) Jefe de bancada el Diputado señor Prokurica y subjefe el Diputado señor Longton.
b) Primer Comité:
Titular: Diputado señor Prokurica.
Suplentes: Diputados señores Bertolino, Vilches, Kuschel, Cardemil, Errázuriz, Galilea, don Pablo, y las Diputadas señoras Guzmán, doña María Pía, y Cristi, doña María Angélica.
c) Segundo Comité:
Titular: Diputado señor Longton.
Suplentes: Diputados señores Vargas, Galilea, don José Antonio; Álvarez-Salamanca, Caminondo, Espina, García, don René Manuel; García, don José, y Vega.
d) Tercer Comité:
Titular: Diputado señor Alessandri.
Suplentes: Diputados señores Fossa, Delmastro, Martínez, don Rosauro; Palma, don Osvaldo, y García-Huidobro, y las Diputadas señoras Pérez, doña Lily; Prochelle, doña Marina, y Ovalle, doña María Victoria.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (64)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Soto González, Laura PPD V 14
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes la Diputada señorita Antonella Sciaraffia y el Diputado señor Ignacio Walker.
-Asistió, además, el Ministro de Defensa Nacional , señor José Florencio Guzmán.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 44ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LOYOLA (Secretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
-o-
El señor MOREIRA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , considerando que en estas últimas semanas ha habido bastante confusión en lo que respecta a la elección del Segundo Vicepresidente de la Cámara y en virtud de la renuncia que usted ha presentado, quiero saber cuándo correspondería efectuar la votación.
Desde ya, anunciamos nuestro rechazo a dicha renuncia y pedimos que usted reflexione, por cuanto nos da garantías en la conducción de la Cámara.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Muchas gracias. La elección se realizará el martes próximo.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , de acuerdo con el Reglamento, pido que recabe la unanimidad de la Sala para votar su renuncia en el día de hoy porque nosotros vamos a votar en contra. Reglamentariamente, por unanimidad, se podría.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el Diputado señor Edmundo Salas para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 9 de abril en curso, para dirigirse a Bruselas
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
BENEFICIOS ECONÓMICOS A LOS PERSONALES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR HACIENDA. (Continuación).
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda.
El señor RIVEROS.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , deseo saber si podríamos acordar hora para la votación de los artículos, toda vez que una Comisión va a sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
No. Como la discusión es en particular, los artículos se votarán en el mismo orden.
En este momento corresponde tratar el artículo 2º.
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente , hasta donde tengo entendido, no se ha discutido el artículo 1º.
Un señor DIPUTADO.-
¡Pero está votado!
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Sé que está votado, pero no se ha discutido.
Ayer, cuando consultamos al Presidente , señor Montes, durante la sesión, acerca de si el debate iba a ser artículo por artículo o generalizado, él nos contestó que en particular.
Por lo tanto, solicito que someta a discusión el artículo 1º porque, si bien fue votado, no ha habido debate sobre él.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor diputado , según lo que se desprendió del acuerdo adoptado ayer, habría un debate general -estaban inscritos nueve señores diputados- y, posteriormente, iríamos votando artículo por artículo, pero sin discusión. Por lo tanto, si alguien quiere referirse al artículo 1º, podrá hacerlo en el debate general.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor RIVEROS.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , con mayor razón insisto en que fijemos una hora de votación para todos los artículos, porque una Comisión va a sesionar en forma simultánea con la Sala y no podemos estar bajando cada vez que se vote un artículo.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Considerando que el ánimo de la Sala era contar con espacio para debatir, fijaríamos como tiempo máximo para votar el término del Orden del Día. En caso de que termináramos antes, avisaríamos a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores para que vengan a votar.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para proceder así.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente , me quiero referir especialmente al artículo 26 -agregado por indicación del Ejecutivo-, mediante el cual se faculta al Presidente de la República “para que dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley,... traspase mediante nombramiento o encasillamiento y sin solución de continuidad, a personal de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, cualesquiera sea su calidad jurídica, a alguna o algunas de las instituciones u organismos dependientes o relacionados con dicha Secretaría de Estado”.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente , por su intermedio solicito una interrupción.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El Diputado señor Andrés Palma le pide una interrupción, Diputado señor García.
El señor GARCÍA (don José).-
Con todo gusto.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente , quiero sugerir que, independientemente de realizar las votaciones al final del Orden del Día, vayamos discutiendo artículo por artículo en forma ordenada. El Diputado señor García, don José , está abriendo la discusión con el artículo 26, y es probable que luego se analicen otros que son previos a éste. La única manera de realizar un debate sobre una materia es hacerlo en un mismo momento.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Considero que no habría problema en que cada diputado se refiera al artículo objeto de su preocupación, porque la votación se efectuará al final del Orden del Día. Entiendo que ése fue el acuerdo y, por lo tanto, dejo con la palabra al Diputado señor José García para que continúe con su intervención.
El señor GARCÍA (don José).-
Gracias, señor Presidente.
En mi opinión, el artículo 26 tiene directa relación con el artículo 2º y siguientes, que se refieren al mejoramiento de remuneraciones de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
Lo anterior se debe a que, por medio de un proyecto de carácter misceláneo, se está facultando al Presidente de la República para poner término a las funciones de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, DAE, y nombrar a gran parte de sus funcionarios en otros servicios dependientes del Ministerio de Hacienda. Pero más adelante, en el artículo 28, lo facultamos para fijar “el texto refundido y actualizado de las Plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción”.
El único servicio respecto del cual autorizamos al jefe de Estado para fijar el texto refundido de sus plantas, es Impuestos Internos. Por lo tanto, de aprobarse el artículo 26, los funcionarios de la DAE serían traspasados a dicho organismo, lo cual, en mi opinión, significaría aumentar “de contrabando” la planta del mencionado Servicio en aproximadamente 80 personas.
Me parece que éste no es el procedimiento lógico, razonable, para eliminar un servicio público como la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Si se ha llegado a la conclusión de que ya no tiene razón de ser, tendríamos que discutir la forma de extinguirla y de respetar los derechos de sus trabajadores, ya que existe la posibilidad de que muchos no quieran trasladarse a otros servicios dependientes de Hacienda, y que otros quieran acogerse a jubilación. Si se han mantenido en el sistema antiguo de pensiones, es evidente que pueden hacerlo, por cuanto se pondría término a sus contratos por un hecho que no les es imputable: la desaparición del servicio.
¿Por qué los vamos a obligar a renunciar a ese derecho y, simplemente, traspasarlos a otro servicio dependiente de Hacienda? Me parece que es una falta de respeto y de consideración para con los funcionarios de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Es una decisión no madurada y que el Congreso Nacional no ha debatido. No me parece bien que por la vía de una indicación formulada a última hora le pongamos candado a un servicio público, como lo es la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Llamo a los colegas a rechazar el artículo 26, porque tiene directa relación con el mejoramiento de remuneraciones de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
Por otro lado, ayer se rechazó en la Sala una indicación mediante la cual se pretendía facultar al director del Servicio de Impuestos Internos para llamar a concurso público con el objeto de llenar las vacantes en los grados de fiscalizadores cuando se declarara desierto el concurso interno por no existir candidatos idóneos para el nombramiento.
A mi juicio, esto es un manifiesto contrasentido. Por un lado, porque el director del Servicio de Impuestos Internos , ante la eventualidad de no conseguir funcionarios idóneos mediante concurso interno, pedía facultades para llamar a concurso publico, abierto a profesionales externos; por otro, porque el director se vería forzado a recibir a funcionarios de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado que pueden estar muy calificados para cumplir labores en ese servicio, pero no para ser fiscalizadores de Impuestos Internos.
Cuando aprobamos el mejoramiento de pensiones, ya aumentamos la planta de ese servicio en 180 nuevos funcionarios. Entonces, ¿por qué ahora la vamos a aumentar en 80 funcionarios más en forma poco clara y sin transparencia para facilitar su aprobación; para que después nos demos cuenta de que Impuestos Internos tiene 80 ó 100 funcionarios más? Me parece que no es una forma clara y transparente de legislar ni de modernizar los distintos servicios de la Administración del Estado.
Invito a los honorables colegas a reflexionar sobre los efectos que tendría el artículo 26 en la fiscalización que compete al Servicio de Impuestos Internos y, por lo tanto, los llamo a rechazarlo.
Por otra parte -esto es una opinión muy personal-, quiero defender, en el artículo 2º, en el caso de los funcionarios de Impuestos Internos, el establecimiento de una asignación variable cuando se cumplan metas institucionales de disminución de la evasión. Aduzco las siguientes razones:
1. La exigencia de que los mejoramientos de remuneraciones de los servicios públicos estén ligados a mejoramientos en la productividad -en este caso, a la disminución de la evasión tributaria-, es un elemento muy razonable para medir la productividad de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
2. Ya existe un bono para los funcionarios del Servicio, no por disminución de la evasión, sino por alzas en la recaudación tributaria.
3. Existen otros precedentes dentro de la Administración del Estado en este sentido, como el financiamiento de la Superintendencia de Bancos por los bancos particulares, precisamente, para ser fiscalizados. Pero no por eso los funcionarios de la Superintendencia se sienten cohibidos a fiscalizar ni llamados a extralimitarse en sus atribuciones de fiscalización. Por lo tanto, no debemos pensar que por establecerse una asignación de tipo variable, en función de la disminución de la evasión, los funcionarios se transformarán en personas que no dejarán tranquilos a los contribuyentes.
Además, insisto en un argumento económico que me hace mucha fuerza: disminuir la evasión tributaria debe ser una meta de país, una tarea de Estado, porque es, sin lugar a dudas, una competencia desleal con quienes cumplen fielmente las leyes laborales y previsionales. No podemos amparar a la gente que evade impuestos; no podemos permitir que exista una competencia desleal posibilitando que por un carril corran los que cumplen con las normas tributarias y laborales y, por otro, los que se las arreglan para eludirlas.
Por estas razones, anuncio mi voto favorable a esta asignación de tipo variable. Además, porque me parece positiva la fórmula de mejorar las remuneraciones de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos ligada a una mayor productividad y a una disminución de la evasión tributaria.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, aparte de discrepar del Diputado señor José García , quien me ha antecedido en el uso de la palabra, quiero referirme al artículo 2º, que incentiva pecuniariamente a los funcionarios de Impuestos Internos en la medida en que logren disminuir la evasión.
Comparto su preocupación en orden a que el país, específicamente el Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos, debe disminuir la evasión tributaria, porque esta irregularidad constituye una competencia desleal para aquellas empresas y personas que pagan impuestos. Por ello, es necesario que el Estado se aboque con esfuerzo y decisión a esa tarea.
Sin embargo, resulta tremendamente peligroso que las instituciones fiscalizadoras -entre ellas el Servicio de Impuestos Internos-, por cumplir metas de productividad, entreguen a sus funcionarios incentivos de carácter económico y pecuniario. Esto también me preocupa respecto de otras instituciones fiscalizadoras, ya que este tipo de incentivos puede llevar a un exceso de celo de parte de los funcionarios y, a su vez, generar abusos hacia las personas fiscalizadas, en este caso, los contribuyentes.
No me opongo a una búsqueda de indicadores de rendimiento, de gestión o de productividad ni de dar incentivos pecuniarios relacionados con mejorías respecto de dichos indicadores. Por ejemplo, indicadores de productividad tales como la disminución en los tiempos de espera para determinados trámites, me parecen razonables para aumentar las remuneraciones; pero ligar, aunque sea parcialmente, el nivel del sueldo de un funcionario fiscalizador a su gestión, en este caso disminución de evasión, puede terminar en la generación de conductas indeseadas que signifiquen abusos hacia nuestros ya vapuleados contribuyentes.
En el mismo sentido, me preocupa -usando otro ejemplo de una institución fiscalizadora- que Carabineros de Chile, institución encargada de fiscalizar las leyes del tránsito, obtenga aportes económicos de parte de los municipios, que son las instituciones encargadas de recibir los ingresos que se obtienen por las infracciones de tránsito que se cursan. A mi juicio, es un incentivo perverso y peligroso que el fiscalizador -en este caso Carabineros de Chile, especialmente cuando en todo momento requiere de más recursos para cumplir con mayor eficiencia su función- “vaya en la parada” en los partes que cursa. Para nadie es un misterio que los municipios aportan a Carabineros vehículos, motos y otros bienes. No digo que exista un contrato entre dichas instituciones en el que se establezca que un porcentaje fijo de lo que se recauda por partes vaya a estos últimos, pero es indudable que, en los hechos, existe un cordón umbilical que no parece prudente ni justo para los automovilistas.
En el mismo sentido, por ejemplo, no me parecería razonable que, como diputados fiscalizadores -porque esta Cámara también tiene estas funciones-, recibiéramos incentivos monetarios en el cumplimiento de esa función. Estoy cierto de que todos mis colegas estarán de acuerdo conmigo en esta afirmación.
Como principio general, me parece necesario desvincular los incentivos pecuniarios, directos o indirectos, entre los fiscalizados y los fiscalizadores, sean éstos personas naturales o instituciones.
En segundo lugar, todos sabemos que, además de fiscalizar, el Servicio de Impuestos Internos también es juez en primera instancia en los temas tributarios. Me parece muy grave que un juez vaya en un porcentaje de lo que recaude.
Investigando sobre el tema, he sabido que cuando un contribuyente apela en primera instancia el Servicio de Impuestos Internos, éste lo obliga a pagar la totalidad de lo que ha determinado, antes de la apelación, lo que me parece gravísimo.
Éste es un tema que nos debe preocupar, ya que los contribuyentes, los conductores y quizás cuántos otros, jamás deben ser víctimas de abuso por parte de funcionarios ávidos de una mejor remuneración o de aportes económicos en favor de sus instituciones. La aplicación de la ley y la justicia es algo demasiado serio y no debe estar influida por situaciones económicas de parte de los encargados de aplicarla ni ligada a incentivos de carácter pecuniario.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en primer lugar, me voy a referir a lo planteado por el Diputado don José García , en relación con los artículos 26 y 28.
Implícitamente, él hizo una alusión al artículo 28, que faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días, contados desde la fecha de publicación de la ley, fije un nuevo texto de plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción.
Si uno examina atentamente el proyecto en discusión, se puede dar cuenta de que el artículo 28 no dice relación con el artículo 26, sino con los artículos 1º al 9º que, en el hecho, modifican las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y obligan a la dictación de un nuevo texto refundido, cuya facultad no estaba establecida en este proyecto.
Digo esto, porque el inciso primero del artículo 26 faculta al Presidente de la República para que, en el plazo de un año, traspase mediante nombramiento o encasillamiento, a personal de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado a otras reparticiones del Ministerio de Hacienda.
Luego, el inciso segundo dice, textualmente: “En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República podrá modificar las plantas y dotaciones de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y de los servicios a los cuales traspase personal, sin que pueda incrementar la dotación máxima del conjunto de ella, fijada en la ley de Presupuestos”.
Es decir, por el inciso segundo del artículo 26, el Presidente de la República puede incrementar las dotaciones de cualquier servicio del Ministerio de Hacienda, no sólo del Servicio de Impuestos Internos, sin modificar la dotación máxima autorizada por ley en el conjunto de ellos; repito, no sólo Impuestos Internos, sino también la Tesorería, la Dirección de Presupuestos, el Servicio de Aduanas, y también podría ser la Casa de Moneda de Chile -luego, haré un comentario respecto de este proyecto y dicho organismo-.
Además, el inciso segundo del artículo 26 establece que, preferentemente, el Presidente deberá llenar cargos vacantes en las plantas de funcionarios de los servicios a los que se incorpora. Es decir, no crea nuevos cargos, sino que llena cargos vacantes por el traspaso de personal de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Es cierto lo señalado por el Diputado don José García en orden a que este artículo nació producto de una indicación formulada en la última etapa del proyecto. Pero no es menos cierto también que, durante las últimas discusiones presupuestarias, ya se había anunciado este cambio de énfasis en la función de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
No es que a través del artículo 26 se esté planteando la desaparición de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, sino que implícitamente se plantea un cambio muy importante en su funcionamiento, que significaría, de aplicarse sin esta disposición, una reducción significativa de personal, porque la DAE está tendiendo a transformarse en una especie de banco computacional centralizado de cotizaciones y llamados a licitaciones, función que requiere muy poco personal especializado. Ésa es la dirección en que se está moviendo esa repartición pública, y, de acuerdo con el texto propuesto, no desaparecería. Por lo tanto, lo que se busca es dar una solución al personal que en ese nuevo escenario, mucho más profesionalizado y tecnificado, podría perder su empleo, incorporándolo a otras instituciones u organismos dependientes o relacionados con el Ministerio de Hacienda.
Habría preferido que en esta facultad que se entrega al Presidente de la República hubiera habido más precisión sobre la materia; pero considero que los antecedentes de que disponíamos y los que se nos han proporcionado ahora son suficientes para entender la forma en que se realiza el cambio. En ese sentido, apoyo esta modificación porque creo que va por el camino correcto, tanto desde el punto de vista de la Administración del Estado como desde la perspectiva de cautelar la situación del personal de la DAE que cambiaría de repartición.
Los funcionarios de la DAE plantearon dudas muy explícitas en la Comisión de Hacienda -no cabe duda de que tienen inquietudes al respecto-; pero en los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 26 se señalan las condiciones en que éstos pasarían a otros servicios. En primer lugar, su traspaso es sin solución de continuidad, que significa -ya lo hemos discutido con ocasión de otros proyectos- algo inverso a lo que se entiende en el lenguaje común; es decir, no caducan los contratos, mantienen los bienios -para tal efecto hay una referencia expresa en tal sentido-, conservan la antigüedad en los cargos y en los grados, tienen derecho a capacitarse para un mejor desempeño de sus nuevas funciones, para lo cual se destinan los recursos pertinentes. En fin, quedan en la misma situación en servicios que tendrán un amplio desarrollo, precisamente cuando la DAE va experimentando una disminución del número de funcionarios que laboran allí, aunque no por ello desaparecerá el servicio.
En atención a este conjunto de antecedentes, que no están en el texto del artículo 26, pero que sí forman parte de la información que recibimos hace bastante tiempo con ocasión de la discusión presupuestaria y prospectiva de la DAE y en atención a la información que se nos ha entregado con motivo de la introducción de nuevos artículos a esta iniciativa, creo que el enfoque de todo esto va en la dirección adecuada. Por otra parte, los derechos de los trabajadores también se protegen de una forma adecuada, lo que no significa necesariamente un daño para la DAE ni una modificación de sus funciones en un sentido que se contraponga al cambio que todos queremos realizar a nivel del Estado.
Es posible que la mayor parte de los funcionarios de la DAE -como lo dijo el Diputado José García - sea traspasada al Servicio de Impuestos Internos, puesto que sería el cambio más razonable. ¿Por qué digo esto? Tanto por la extensión territorial del Servicio de Impuestos Internos como por el hecho de que ése es el servicio que estamos fortaleciendo, a través de diversas disposiciones incluidas en este mismo proyecto de ley.
Tal vez en otro momento me refiera a otros artículos de la iniciativa. Ahora sólo quería señalar la necesidad de que apoyemos este artículo 26, por las razones expuestas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el acuerdo para que puedan ingresar a la Sala el subdirector de Presupuestos, don Ramón Figueroa, y el asesor del Ministro de Defensa, don Carlos Pardo.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, he pedido la palabra para referirme a dos artículos del proyecto, uno de los cuales afortunadamente no prosperó debido a la votación registrada ayer en la Sala.
Pero, dado que tengo la impresión de que el Ejecutivo continuará insistiendo en él en los siguientes trámites del proyecto, quiero decir que esta facultad que se pretendía entregar al director del Servicio Impuestos Internos para llamar a concurso público, de alguna manera pone en peligro uno de los principales méritos que ha tenido su servicio: el profesionalismo y la objetividad con que la mayoría de sus funcionarios siempre han intentado cumplir sus importantes funciones.
Nadie podría sostener fundadamente que se trata de un servicio politizado que ha servido para efectuar cuoteos sobre la base de consideraciones políticas. Esta facultad que se pretendía entregar al director del servicio encierra el serio riesgo de cambiar esta circunstancia, distorsionando completamente su funcionamiento. Además, lo considero atentatorio contra los intereses y derechos de los funcionarios que durante años han sido eficientes, que se han capacitado y perfeccionado y que como producto de su esfuerzo han intentado alcanzar mejores posiciones dentro del servicio.
Por otra parte, la redacción que nos proponía el Ejecutivo -contenida, además, en el proyecto original-, a mi juicio, era muy ambigua, porque generaba muchas probabilidades de que la facultad fuera utilizada de modo arbitrario y discrecional, debido a que no se hacían mayores precisiones respecto de que sería el director del servicio el que calificaría la idoneidad de los postulantes, en razón de lo cual llamaría a un concurso abierto.
Todos sabemos que, muchas veces, los concursos públicos carecen de objetividad y, por lo menos yo, hasta ayer no estaba dispuesto a apoyar el artículo pertinente, arriesgando con ello el prestigio del servicio y perjudicando gravemente a sus funcionarios. Por eso, me alegro de que en la sesión de ayer fuera rechazado, y confío en que el Ejecutivo no continuará insistiendo en él en los trámites posteriores.
La segunda disposición a la cual quiero referirme es a la letra b) del artículo 2º, mediante la cual se pretenden mejorar los ingresos del personal, vinculándolos a su participación en la disminución de la evasión.
A mi juicio, éste es un nuevo intento del director del servicio para continuar traspasando a los contribuyentes las deficiencias que pudieran existir en el control de la evasión tributaria, lo que ya ha hecho por la vía de agregar, por ejemplo, cada vez más productos al sistema de cambio del sujeto del IVA, creando un sinfín de dificultades a los contribuyentes honestos en el manejo de sus negocios y generando una suerte de duda respecto de su honradez. En definitiva, es a ellos a quienes afecta este verdadero abuso de la facultad que la ley otorga al director para cambiar el sujeto del IVA, que, dicho sea de paso, siempre se ha tenido presente como una facultad de carácter extraordinario que, a la larga, toma más bien un cariz de permanente.
Medidas como éstas, en poco y nada afectan, en definitiva, a los evasores del IVA, los que rápidamente se adaptan a las nuevas medidas y continúan haciendo de la evasión un negocio muy lucrativo. Pero, ¡claro!, cuando la evasión disminuye, entonces se apresuran a consignar el mérito a medidas como éstas; pero cuando aumenta, no se estima cuál será la razón de ello.
Se nos propone, a mi juicio, una medida aberrante: vincular los ingresos de los funcionarios a la disminución de la evasión. Esto, que, en un primer momento, podría parecer un punto de vista correcto, puede dar origen a toda suerte de excesos, abusos e injusticias que, sin duda, afectarán principalmente a los pequeños comerciantes, a los empresarios y a los trabajadores honestos.
Llamo la atención -porque aquí se ha dicho- que el efecto de un incentivo ligado a la mayor recaudación tributaria es muy distinto y de efectos también distintos, al ligarlo a la disminución de la evasión. Éste es un incentivo -como aquí también se ha dicho- perverso que, además, expondrá a los funcionarios del Servicio y también a los que no pueden abusar de esta facultad, a hacerlos los funcionarios más indeseables de los servicios públicos de nuestro país. Contribuir a que cumplan la labor fiscalizadora, por parte de los contribuyentes, se va a constituir, a partir de esta medida, en un verdadero riesgo. No creo que se necesite ser demasiado creativo para buscar otras fórmulas para mejorar los ingresos de los funcionarios, que muchos lo necesitan, sin establecer incentivos perversos.
El director del Servicio de Impuestos Internos elude su responsabilidad por la vía de traspasar a los contribuyentes el control de la evasión, lo que, entre otras cosas, le disminuye a él mismo el trabajo y la obligación de crear sistemas realmente efectivos para derrotar las burlas al fisco.
Los diputados tenemos la obligación de velar por una adecuada recaudación tributaria; pero yo, al menos, siento que mi primera responsabilidad es impedir los abusos por parte de la autoridad, y me siento más comprometido en que estas medidas afecten a la gente que cumple, que es honesta, la que, por cierto, es la mayoría del país, y que hacen que, en definitiva, el país progrese.
Ciertamente votaré en contra de la letra b), sobre la cual hemos pedido votación separada.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, primero quiero destacar el hecho de que éste es un proyecto que claramente contiene aspectos muy diferentes -materia que ya hemos hecho ver-. Sin perjuicio de ello, mi intervención la voy a dedicar exclusivamente a exponer una opinión respecto del Título IV, en particular el artículo 24, relativo a las Fuerzas Armadas. En esa materia, así como lo señalé en el examen en general del proyecto, y en atención a lo que significa la petición que hace el Ejecutivo a esta honorable Cámara de que abdiquemos de una atribución exclusivamente nuestra, para traspasarla al Presidente de la República , hice presente aquel día que, en la práctica, habíamos tenido una experiencia no positiva -y esto hay que decirlo con todas sus letras- respecto de la aplicación de los decretos con fuerza de ley números 1 y 2.
Por cierto, en esta materia, quiero también destacar que hay dos aspectos que se ven involucrados, clara y definitivamente, en el artículo 24, y en el Título IV en particular. Uno dice relación con el monto, y al respecto quiero señalar que los integrantes de la Unión Demócrata Independiente en la Comisión de Hacienda votaron favorablemente la idea de aprobar el artículo 24, sobre todo por el monto. Desde esa perspectiva, nos hacemos un deber decir que estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en el monto global, cerca de 9.400 millones de pesos, sin perjuicio de lo cual, la distribución de los mismos puede provocar dificultades al interior de las instituciones de la Defensa, toda vez que, de alguna manera, puede lesionar la jerarquía y la unidad de mando que ellas requieren.
Por esa razón en particular, al menos los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda dieron su aprobación al marco presupuestario, sin intervenir, como lo hacemos quienes nos especializamos en materia de Defensa, respecto de cómo se aplicarán estos recursos. En consecuencia, desde ese punto de vista, le hemos señalado al señor Ministro la inconveniencia de tal planteamiento, como lo hicimos ver en la Comisión; por el contrario, pedimos que se hiciera un reexamen del mismo, en conjunto con los propios comandantes en jefe, para que dicha distribución evite, finalmente, los problemas que, de alguna manera, podrían lesionar no sólo la imagen, sino también el funcionamiento normal, disciplinado y jerarquizado de las instituciones de la Defensa Nacional.
Desde esa perspectiva, los integrantes de la Comisión de Defensa hemos señalado la necesidad de no aprobar en particular este artículo, reiterando que estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en el monto señalado. Creemos que, independientemente de que se requiere más, las conversaciones anteriores supusieron algún grado de compromiso mayor, en términos de cantidades. El actual titular de la cartera nos podrá decir que dichos compromisos no fueron asumidos por él, pero, sin ninguna duda, representa la organización del Ministerio de Defensa y, desde luego, estos compromisos de mayores cantidades existieron y, naturalmente, apoyamos al Gobierno en el sentido de que debe haber austeridad en materia económica. En tal sentido, hemos señalado que el marco presupuestario nos parece prudente. No nos parece satisfactorio, porque naturalmente hay mayores necesidades y demandas, sin perjuicio de lo cual, este año, en el que existen mayores deficiencias en materia económica, no sólo por la crisis, sino también por un manejo, para algunos, inadecuado de la hacienda pública, hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en este monto.
Reitero la inconveniencia del actual sistema de distribución propuesto, conocido muy genéricamente y sin tener el detalle del mismo, el que no nos parece prudente. Las experiencias que tuvimos -vuelvo a reiterar- no fueron felices. Por otro lado, el ministro nos ha señalado que el proyecto pretende corregir lo que hizo mal; sin embargo, el no conocer el detalle de una atribución de la que se nos pide que abdiquemos, nos parece poco prudente en las actuales condiciones.
Por esa razón, vamos a rechazar el artículo 24.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, es normal que estas leyes misceláneas sean de un debate complejo, porque, por su naturaleza, discutimos simultáneamente sobre temas muy diversos.
En este contexto, quiero acotar mi intervención en tres partes del proyecto, sin perjuicio de manifestar la importancia que tendrá la iniciativa para el Consejo de Defensa del Estado, que necesitamos fortalecerlo y mejorarlo, así como expresar nuestros deseos de que la Dirección de Presupuestos -porque también vamos a respaldar plenamente su propuesta- entienda que hay otros temas pendientes de otros servicios públicos y tenga la sensibilidad de comprenderlos, en el marco de este debate.
Respecto del Servicio de Impuestos Internos, en el artículo 1º hay un punto relacionado con el modo de llenar los cargos de planta en el escalafón de fiscalizadores. Tenemos la convicción de que la atribución que nos solicitó el director del servicio, en su primera versión, es una facultad tremendamente amplia que podría prestarse para arbitrariedades -no digo del director actual, sino de cualquiera-. Es una facultad que consideramos innecesaria. Incluso, en la segunda versión, creemos que está de más la petición ahí contenida, porque hay normas generales suficientes para facultar al director de cualquier servicio a efectuar los concursos cuando al interior del mismo no existan profesionales que puedan ocupar esos cargos; pero, adicionalmente, establecer este tipo de criterio no contribuye a un buen clima laboral. Creo que con franqueza y de cara a los colegas, hay que decirle al director del servicio que creemos más prudente dejar de lado la facultad que solicita, porque en la segunda versión se habla de un sistema de puntaje mínimo, definido para el respectivo concurso, lo que deja abierta -a juicio de algunos- la posibilidad de arbitrariedad, lo que es negativo. Por tanto, aprobaremos el artículo 1º sin la delegación de esta facultad.
Respecto del mejoramiento de remuneraciones del Servicio de Impuestos Internos, en lo personal siento una tremenda contradicción con la metodología propuesta, porque vamos asentando una tremenda perversión en ese sistema. Parto del siguiente criterio: se requiere un sistema de calificación para que los buenos funcionarios sean premiados y los malos desplazados de la institución. Soy partidario de que se les paguen buenos sueldos para que no exista ninguna tentación perversa de ninguna dimensión, y me sumo plenamente a los conceptos del Diputado señor José García respecto de que los impuestos se han establecido para que la gente los pague y no para que los evadan. No hay que tener ningún tipo de clemencia ni perdón para quienes los evaden, porque eso se presta para una competencia desleal y para una cantidad de cosas tremendamente nocivas en una sociedad.
El sistema de incentivos establecido es muy perverso, porque lo que hacen los fiscalizadores genera giros, cursar partes, pero quien cobra es la Tesorería General de la República; los que emiten los partes no son los que cobran. Y se genera una perversión tremenda entre lo que se gira y la existencia o no de la capacidad de cobrar esos giros. Si uno ve cuántas veces se elevan los partes por sobre el monto de la evasión, entiende que se genera una distorsión muy grande. Hay ocasiones en que a un comerciante de una concesión de alimentos le pasan un parte de 30 millones de pesos -claro que, técnicamente, se puede llegar a ese cálculo-, pero esa suma es incobrable. Por tanto, estamos fomentando giros que no tienen ninguna capacidad de ser cobrados y que alteran la base de recaudación.
En consecuencia, quiero indicar que aquí, por cierto, hay algo positivo para los fiscalizadores -y lo respaldo-, pero eso encierra una tremenda perversión. En los debates que seguirán en el Senado deberá verse cómo se mejoran los indicadores que servirán de base para estos estímulos.
Aquí no nos hacemos cargo de una brecha creciente que existe entre Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y las tesorerías regionales. Es una situación tremendamente peligrosa para el buen funcionamiento del Estado.
Un tercer tema que quiero plantear dice relación también con Impuestos Internos, y se refiere a las adecuaciones de planta que habrá. Nos sorprende, nos duele, nos molesta que, existiendo la posibilidad de mejorar esa situación, hayamos mejorado las plantas de directivos y de profesionales. Se nos cayó la de técnicos; ella no existe. Después, pasamos a la de auxiliares, en circunstancias de que tenemos una situación dramática en la planta de técnicos de Impuestos Internos. Allí hay una estructura piramidal que no permite la carrera funcionaria. Contamos con una cantidad de personas que trabajan en la calle. No hablamos de quienes atienden público detrás de un mesón, sino de técnicos de Impuestos Internos que realizan un trabajo bastante complejo, por lo cual se requiere una modificación de la planta. A esto me refería cuando hacía alusión a los destacados funcionarios de la Dirección de Presupuestos. Entiendan que los 400 millones de pesos que cuesta mejorar la estructura de esa planta de técnicos es una inversión que bien vale la pena realizar. No avanzar en este ámbito, genera una situación inadecuada, no moderna, arcaica para la carrera funcionaria de esos técnicos. Existe una situación piramidal insostenible y les aseguro que la Dirección de Presupuestos y todos sus funcionarios -no son muchos- también aspiran a tener una buena carrera funcionaria, igual que los técnicos de Impuestos Internos. Solicito que se revise este tema con seriedad, sin el fantasma de que el Ejecutivo estima que si se aborda el tema de la planta de técnicos surgirán otras demandas de los fiscalizadores o de otros funcionarios de los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda.
También quiero referirme a la petición de delegación de facultades contenida en el Título IV, artículo 24, relativa a las Fuerzas Armadas. No deseo que se malentiendan los conceptos que voy a verter, pero me parece pésima la petición de delegación de facultades que se hace aquí, sin un debate abierto y claro de cifras concretas por cada una de las ramas. ¿Por qué? Por dos razones: porque la experiencia con Carabineros de Chile fue dramática, pésima. Se generó una expectativa, hubo una tremenda frustración y terminamos con el absurdo de que a muchos funcionarios los echaron de la institución porque sus mujeres protestaron.
Este tipo de fenómeno es algo que nos preocupa. Aquí se pide una delegación de facultades amplia, no se dice que es sólo para algunos, únicamente para la suboficialidad, y no sabemos cuáles son los montos reales que ganará cada uno. El país debe debatir estos temas abiertamente, sin tapujos y sin pensar que si uno pide esta información está contra las Fuerzas Armadas. Pero hay una segunda razón: cuando tenemos niveles de cesantía crecientes y sueldos mínimos preocupantes, la gente piensa que en el Congreso -y no me malentiendan- nos están doblando la mano porque Pinochet está preso, que la razón de este debate sobre los suboficiales es que existe una presión indebida para mejorar los sueldos de los militares.
Señor Presidente , por su intermedio, solicito al ministro de Defensa que el debate sea sincero y transparente. Así evitaremos malas interpretaciones.
Respecto de lo que se debatió sobre la DAE, entendemos que existe garantía de que no habrá ningún tipo de menoscabo a ninguno de los 140 funcionarios que hoy se desempeñan allí. Siempre que se han reestructurado servicios públicos, confiamos en que eso se mantendrá así y esperamos que, en esta ocasión, nos puedan entregar más antecedentes de cómo se distribuirá cada uno de estos trabajadores. Entiendo que veinte se acogerán a jubilación, aproximadamente cien se destinarían a Impuestos Internos y entre veinte y cuarenta quedarán en la nueva DAE. Sería importante que en este caso se pudiera ratificar el compromiso de que no habrá ningún tipo de menoscabo.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , quiero referirme a uno de los aspectos contenido en este proyecto de ley misceláneo y concretamente abordar el tema, correctamente analizado por el Diputado señor Julio Dittborn , sobre los incentivos que se otorga a los fiscalizadores; es decir, el aumento de remuneraciones en función del avance que ellos puedan tener en materia de evasión.
Es unánime la opinión en esta honorable Sala en cuanto a que se debe evitar por todos los medios la evasión; nadie está de acuerdo en que se evada el pago de impuestos. Sin embargo, comparto con él que la orientación y filosofía de este incentivo son bastante perversas.
Quiero hacer extensivo el tema de Impuestos Internos a otros servicios públicos, porque, desde mi punto de vista, aquí hay un aspecto delicado. En general, estos servicios son juez y parte, porque se constituyen como un tribunal de primera instancia. Por lo tanto, aquel funcionario que ejerce la fiscalización -al ser el servicio de primera instancia-, en la práctica está amparado por un fallo de primera instancia. Cuesta pensar que se pase una multa a un contribuyente determinado y que el fallo de primera instancia desautorice al funcionario del propio servicio. Y este fenómeno no ocurre sólo en el Servicio de Impuestos Internos, sino también en otra serie de servicios públicos adicionales, como, por ejemplo, el propio Servicio de Aduanas.
Tendremos una oportunidad histórica para enmendar este tema en un proyecto de ley que la próxima semana ingresará a tramitación legislativa, referido al tribunal de la competencia, que originalmente se vinculará única y exclusivamente con los atentados contra la libre competencia establecidos en el decreto ley Nº 211.
Cuando se discutió la posibilidad de aumentar las facultades de la Fiscalía Nacional Económica, al menos en nuestra bancada planteamos que debería existir una judicatura especializada en materia económica, no sólo limitada a los actos o atentados en contra de la libre competencia vinculados al decreto ley Nº 211, sino que ella debería ser mucho más amplia, en términos de incorporar la primera instancia en aspectos tributarios, de aduanas, etcétera.
Me atrevo a señalar, para evitar que muchos servicios sigan siendo juez y parte en primera instancia, que tenemos la oportunidad histórica, cuando el Ejecutivo envíe la próxima semana el proyecto de ley sobre el tribunal de la competencia, de que esa iniciativa no sólo se remita al decreto ley Nº 211, sino que se haga extensiva a la Comisión de Distorsiones, Aduanas, Impuestos Internos y, en general, a todos los servicios públicos que digan relación con materias económicas.
Es evidente que la situación cambia radicalmente si un servicio deja de ser juez y parte, porque los propios fiscalizadores serán mucho más prudentes al minuto de cursar las infracciones si saben que un tribunal independiente será el que, en definitiva, juzgará si esa infracción fue correctamente aplicada o no.
Por lo tanto, cuando ingrese ese proyecto, independientemente de compartir sus ideas matrices y el acuerdo político a que se llegó respecto de ese tribunal, ojalá que su competencia pueda hacerse extensiva a otros servicios públicos.
En Chile, desde hace muchos años, se viene discutiendo la necesidad de crear los tribunales administrativos. Entonces, como eso no se ha hecho, hoy existe la oportunidad, al menos en materias relacionadas con áreas económicas, de no restringir el tribunal de la competencia sólo a aspectos relativos al decreto ley Nº 211, sino de ampliar su campo de aplicación, por ejemplo, a Impuestos Internos. De esa manera cambiará radicalmente la visión que tenemos de nuestra Administración Pública; se protegerán adecuadamente los derechos de los contribuyentes y no, como se ha planteado aquí, que las personas, para poder apelar, deban depositar el total de la multa.
Con una filosofía orientada en estos aspectos fundamentales y en esa línea gruesa, sin duda podemos hablar de una profunda modernización del Estado, de que éste es eficaz al tener amplias facultades para investigar, pero que, paralelamente, existe el contrapeso de tribunales independientes que permiten el debido proceso y otorgan garantías a los contribuyentes y ciudadanos.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Solicito a su Señoría postergar mi derecho a intervenir en el debate.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto, como bien se ha dicho acá, de corte misceláneo, pero dada la importancia de los temas que en él se abordan, no debió haber tenido este carácter. Como trata materias de importancia sustantiva, no se justifica haberlo estructurado de esta forma.
Me voy a referir al artículo 24. Es cierto que para legislar sobre la situación de las Fuerzas Armadas habitualmente se usa el artículo 61 de la Constitución Política de la República, que permite al Congreso Nacional delegar en el Ejecutivo sus facultades, en el bien entendido que se hará sobre materias precisas y debidamente acotadas, más aún cuando, a mi juicio, el proyecto no ha tenido una tramitación normal, porque se ha faltado al artículo 211 del Reglamento de la Cámara.
En efecto, cuando ingresó a la Cámara, gracias al llamado de atención de un parlamentario de nuestra bancada, se envió por primera vez, no obstante que ya se había tramitado en la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Defensa, donde debió haber ido desde un principio por tratar materias de ese ámbito. En esa segunda instancia -situación que ya refleja una anomalía-, el ministro sólo estuvo media hora en la Comisión.
Un proyecto de esta trascendencia, donde estamos delegando nuestra facultad, ¿es serio tratarlo en media hora? Creo que no, señor Presidente , más aún cuando no se trata de aprobar una ley, sino que de delegar una facultad.
También me viene a la memoria lo que sucedió en una situación anterior, en la que se delegaron facultades. La Cámara pagó un alto costo, porque los afectados la responsabilizaron por las medidas adoptadas. Me refiero a la oportunidad en que se dictaron los decretos con fuerza de ley Nºs 1 y 2, referidos a las remuneraciones de los personales de Carabineros y de la Armada de Chile. Para nadie es un misterio que perdieron las instituciones, el gobierno y nuestro país. Nosotros no queremos que eso vuelva a ocurrir.
¿Qué pasa cuando se cita a las comisiones sólo a parte de las personas involucradas en un proyecto y no a las que, a mi juicio, son las más importantes? Estamos actuando con deficiencia, y no podemos incrementarla entregando un cheque en blanco, cuando ya sabemos que no hemos tenido buenas experiencias con anterioridad.
Se debería haber contado con mayor tiempo para tratar el proyecto, estudiarlo en profundidad y poder hacer un análisis que evite que en el futuro se sufran los daños ocurridos con los decretos nombrados.
¿Qué respuesta tuvimos cuando se le hizo saber al Gobierno y al ministro la preocupación nuestra y la petición de retirarle la urgencia a la iniciativa? Se procedió a calificarla de “suma” urgencia. Cuando pedimos que se separaran las materias, para que no estuvieran comprendidas en un proyecto misceláneo, no se acogió la petición. ¿Es correcto esto? ¿Podemos prestarnos nosotros para que se actúe y se legisle de esta forma? Creo que no, motivo por el cual voy a votar en contra, al igual como lo hará la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , en el primer trámite constitucional, ya tuve la oportunidad de fijar latamente mi posición sobre el proyecto en debate, por lo que seré muy breve.
En primer término, todos deseamos en esta Cámara que se suprima la evasión tributaria y de eso no cabe ninguna duda; pero el sistema propuesto nos parece, y lo reitero por enésima vez, perverso. Es decir, si se quiere más recaudación, debe aplicarse mayor simplificación.
En días pasados, citaba en este mismo hemiciclo el hecho de que fueron reparadas 200 mil declaraciones de rentas en 1998, lo que trajo como consecuencia que esa cantidad de contribuyentes honestos debieron concurrir a las oficinas de Impuestos Internos con el consiguiente e increíble desperdicio o gasto de tiempo, no sólo para ellos, sino también para los propios funcionarios de ese servicio.
Hemos dicho muchísimas veces que nosotros defendemos a los contribuyentes honestos. Sucede en este país, en un altísimo porcentaje, que el contribuyente no quiere, por sí, evadir el impuesto. Lo que pasa es que como la tramitación es tan engorrosa y sumamente difícil de comprender, se producen estas evasiones que, repito, no son de mala fe, sino exclusivamente por ignorancia o desconocimiento.
De ahí, entonces, que reiteramos nuestra posición: la renta del funcionario no puede depender de la contribución que recaude, porque lleva en sí el génesis de una mala cosa. Tampoco vamos a suponer que haya inspectores de Impuestos Internos que sean esencialmente deshonestos, porque no es ésa la situación; pero, al crear este incentivo en esa forma, indudablemente que se pueden producir situaciones por demás discutibles.
Ahora, claro que hay soluciones. Impuestos Internos, o un sector de ese servicio, me hizo llegar una apreciación en cuanto a que ellos quedarían sumamente satisfechos si a esta escala de renta variable se le diera el carácter de renta fija. Así, entonces, haríamos desaparecer todas estas inquietudes que comparte un amplio sector de esta Corporación.
Por eso, hemos reiterado la indicación, con el fin de suprimir la letra b) del artículo 2º del proyecto en debate.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en esta ocasión quiero referirme al artículo 24, mediante el cual el Presidente de la República solicita que lo facultemos para dictar, dentro del plazo de 180 días, una modificación al estatuto del personal de las Fuerzas Armadas establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 1. Concretamente, su solicitud es para crear, refundir y suprimir las asignaciones, bonificaciones y gratificaciones a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas, solicitud que fue restringida y limitada en el acuerdo de la Comisión de Hacienda, en orden a crear y refundir solamente asignaciones que benefician a dicho personal. Esta restricción la considero un avance respecto de la petición original del Presidente , que era demasiado amplia.
Para que quede constancia y claridad respecto de esta disposición, debo decir que en la Comisión de Hacienda las autoridades de Gobierno nos entregaron una muy detallada y pormenorizada descripción de lo que se pretende con esa facultad.
El monto total de los recursos llegaría anualmente a 9.350 millones de pesos, que se distribuirían entre todo el personal permanente de las tres ramas de las Fuerzas Armadas; es decir, entre los oficiales, suboficiales y empleados civiles, beneficiando en mayor medida a quienes inician su carrera y que, por lo mismo, tienen remuneraciones más bajas; y, en menor medida, a quienes pertenecen a los niveles superiores de la carrera, quienes, por lo tanto, perciben remuneraciones más altas. Tanto es así que los cabos tendrían un incremento de 18 por ciento en la renta base y los suboficiales mayores, sólo 4 por ciento, en una escala que va de 18, 16, 12, 10, 8, 6 y 4 por ciento para cada uno de los grados; y en el caso de la oficialidad, por ser un mayor número de grados, la escala es un poco más extensa: 18, 16, 12, 10, 8, 6 y 4 por ciento.
Este beneficio significará para quienes recién se incorporan a la carrera militar en la escala de suboficiales, un incremento de 8,67 por ciento de lo que reciben en términos líquidos, según se nos informó, en tanto que para el grado mayor será de menos de 0,6 por ciento de la remuneración líquida.
En ese sentido, es una asignación que pretende contribuir a resolver un problema pendiente en estas instituciones en magnitud importante. Beneficia, básicamente, a quienes están iniciando la carrera militar, tanto en la estructura de oficiales como de suboficiales, y también a los empleados civiles, que constituyen el 10 por ciento del personal de estas instituciones, en términos del grado al cual están adscritas cada una de las funciones.
Con esta información y con la restricción que hemos introducido a la facultad solicitada por el Presidente de la República , me parece razonable posibilitar esta modificación legislativa para una correcta distribución de los recursos.
Ahora bien, insisto en que con la restricción aprobada en la Comisión de Hacienda, que sólo permite crear o refundir asignaciones, bonificaciones y gratificaciones, la facultad al Presidente de la República quedó suficientemente acotada y, por lo tanto, es bastante más razonable que la solicitud original, criticada por mí en la discusión general del proyecto, en su oportunidad.
Y como quedó constancia durante la discusión legislativa en qué consisten las modificaciones que se implementarán y de qué manera beneficiarán a cada uno de los funcionarios de estas instituciones, pienso que esto ya lo tenemos suficientemente acotado para que efectivamente otorguemos esa facultad. Insisto en que esta medida tiene un alcance limitado, pero beneficia particularmente, repito, a quienes tienen menores remuneraciones dentro de estas instituciones, en una proporción de 20 a uno -digámoslo así- respecto de quienes perciben más altos ingresos y tienen mayor responsabilidad y antigüedad dentro de las instituciones. En ese sentido, contribuye a la equidad y al mejoramiento de la calidad de vida de aproximadamente 55 mil funcionarios públicos que prestan un servicio muy importante.
Por ello, al contrario de lo que expresó un señor diputado , estimo necesario y conveniente que la Corporación apruebe, dadas las limitaciones que hemos incluido, la facultad solicitada por el Presidente de la República.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, quiero recordar lo que ha sido la tramitación del proyecto en debate.
En primer lugar, cuando lo tratamos en general en la Comisión de Hacienda, seis parlamentarios presentamos una indicación con el objeto de dejar sin efecto el último inciso del artículo 1º, que otorgaba una facultad muy amplia al director del Servicio de Impuestos Internos para proveer los cargos del escalafón de fiscalizadores.
Claramente, el objetivo de la indicación fue defender la carrera funcionaria, demostrar el respeto y apoyo a los trabajadores estatales y evitar que por medio de dicha facultad ingresen en los cargos directivos personas ajenas a esa repartición, sin considerar el servicio público que prestan los funcionarios de Impuestos Internos.
Ése fue el comienzo. Pero éste, que es mi gobierno y lo entiendo, pero no lo apoyé en ese instante, consideró conveniente reponer, mediante indicación, la facultad que se otorgaba al director en el proyecto original. Sin embargo, logramos un gran avance: se acotó a casos excepcionales y se hizo mención al artículo 15 del Estatuto Administrativo.
Pienso que esa facultad también puede llevar a situaciones muy injustas y arbitrarias en determinadas circunstancias, pues somos seres humanos y como tales cometemos errores. Puede suceder que al usarla se incurra en muchísimos errores. Por eso, ayer me alegré cuando 54 diputados votamos en contra de la indicación rechazando tal facultad. Como lo señalaron algunos señores diputados, espero que no se reponga en el Senado y nos encontremos con la sorpresa en el tercer trámite, pues, reitero, su rechazo ha significado un gran avance por las razones que acabo de exponer.
Sería poco justo e inconsecuente si no recordara que en Impuestos Internos hay dos asociaciones de funcionarios: una de fiscalizadores, respecto de quienes está claro el tema, y otra de técnicos. Resulta que éstos, en las dos audiencias en que los escuchó la Comisión de Hacienda -lo que es parte de la democracia-, señalaron que no se han contemplado sus demandas. Las dos veces hubo acuerdo en la Comisión para oficiar al Ejecutivo e insistir en el asunto. Ayer también di a conocer este aspecto cuando entregué el informe respectivo, y hasta ahora no he escuchado a ningún orador que esté en desacuerdo con ello. Hago un llamado al Ejecutivo , a fin de que los planteamientos de estos funcionarios sean tomados en cuenta en el segundo trámite constitucional.
También quiero recordar que así como algunos parlamentarios de la Comisión de Hacienda fuimos garantes del acuerdo con Impuestos Internos y con la Dirección de Presupuestos, varios de nosotros hemos planteado en forma reiterada el tema de los funcionarios de la Tesorería. Algunos señores diputados recordaban que los fiscalizadores y el personal del Servicio de Impuestos Internos son los que hacen posible aumentar los ingresos de la Nación, pero también la Tesorería General de la República cumple un gran rol: recauda tales ingresos, los que permiten llevar a cabo muchísimas obras en el país.
La última explicación que me dieron las autoridades de Hacienda fue que había un acuerdo con los funcionarios de la Tesorería y con el Tesorero General , en el sentido de terminar un estudio que está en las últimas etapas e ingresar un proyecto que reconozca la labor de ese personal y le signifique, en la práctica, un aumento de remuneraciones.
Planteo el punto en esta ocasión, pues sería bastante injusto si en el resto del año no se envía una iniciativa en tal sentido.
Tampoco quiero eludir el tema de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. No me gustó el procedimiento empleado, pues una de las seis indicaciones del Ejecutivo ingresó después que el proyecto quedó para Tabla en su primer trámite. Creo que no es bueno.
Es cierto lo que dijo el colega Andrés Palma , en el sentido de que en las discusiones de presupuestos el tema se ha tocado insistentemente. Ayer, recabé información del director de Aprovisionamiento del Estado y del subdirector de Presupuestos, aquí presente, y me entregaron una nota por escrito en la cual me señalan algunos aspectos que considero necesario dejar consignados en la historia fidedigna de la ley.
Si se aprueba el artículo 26, habría que formalizar un protocolo con los funcionarios de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para que en forma individual planteen su situación y ofrecerles opciones: una de ellas, eventuales traslados a regiones, si les interesa; otra, ingresar a la planta del Servicio de Impuestos Internos en el mismo grado que tienen en la actualidad. Se asegura que ninguno perdería su empleo. Además, está el tema de los bonos asociados a recaudación, propios del Servicio de Impuestos Internos, que se agregarían a la renta actual, y los bonos del acuerdo Anef-Gobierno, es decir, el 6 por ciento por desempeño institucional e individual que se conserva durante l999 en iguales condiciones.
El director de la DAE me informó que se reunió con el Director del Servicio de Impuestos Internos y fijaron un posible calendario de actividades, con el propósito de consultar a cada uno de los 140 funcionarios. Esto comenzaría el 19 de abril, con entrevistas personales, para hacer posible que, a más tardar el 1 de junio, se tenga una evaluación clara de lo que realmente desean.
Por último, por decirlo más suave, me parece bastante grave escuchar algunas intervenciones de colegas diputados que abogan por el rechazo de la facultad del Presidente de la República para repartir más de 9 mil millones de pesos, igual al incremento de remuneraciones de Impuestos Internos, de la Dirección de Presupuestos y del Consejo de Defensa del Estado, en las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Creo que hay un contrasentido, porque la facultad que confiere el artículo 24 permitirá reparar la injusticia que significó el DFL Nº 1, en cuanto a que obtuviera cero aumento de remuneraciones un 52 por ciento -cabos 1º, cabos 2º y sargentos- del Ejército, un 35 por ciento -cabos 1º, cabos 2º, sargentos 1º- de la Armada y un 15 por ciento de la Fuerza Aérea. Ahora es diferente; hay una bonificación, a través de dos escalas, con la que se hace justicia, y la situación es inversamente proporcional: se comienza con un 18 por ciento para los grados bajos, y los grados altos, que ya obtuvieron un aumento importante, sólo llegan a un 4 por ciento. A mi juicio, este incremento sobre el sueldo es beneficioso, especialmente para gente de nuestro pueblo que está encasillada en los grados más bajos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Quiero terminar expresando que con el proyecto estamos dando un paso muy importante, especialmente para servicios públicos que necesitan este reconocimiento.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Ministro de Defensa , señor José Florencio Guzmán.
El señor GUZMÁN ( Ministro de Defensa Nacional ).-
Señor Presidente , después de escuchar las exposiciones de los Diputados informantes, don José Miguel Ortiz y don Francisco Huenchumilla -y recojo como válido el planteamiento hecho por el Diputado señor Bertolino-, estimo lamentable que yo no haya sido citado a la Comisión de Defensa, porque allí no se hizo el primer trámite. En consecuencia, no tuve la opción, tal como lo hice ayer, de dar información respecto del trámite que siguió este proyecto que contiene una delegación de facultades al Ejecutivo. Desde su envío al Congreso empezó a trabajarse en conexión directa con el personal directivo de las Fuerzas Armadas en la preparación de los criterios de aplicación de dicha delegación.
Tal como se señaló en los informes respectivos y como ha sido reiterado aquí esta mañana, la iniciativa tiene un objetivo extremadamente simple: reparar la situación que se generó con la aplicación del DFL Nº 1 y que afectó negativamente a un número importante del personal, en particular, del cuadro permanente y de gente de mar.
¿Por qué ocurrió eso en aquella oportunidad? Porque, siguiendo un criterio que se mantiene como válido, que permanece vigente en el DFL Nº 1 y que se respeta con esta adición para reparar la referida omisión, el sistema de fondo que se ha ido creando -y que, por lo demás, es semejante a lo que se ha procurado hacer en todos los servicios del sector público-, es generar estructuralmente al interior de las instituciones un estímulo y un incentivo positivo para que, a través de un proceso formativo, las personas vayan visualizando la opción de acceso a una mejoría de sus remuneraciones.
De ahí que, no marginalmente, sino muy derechamente, me refiero a una observación formulada por el Diputado señor Ulloa en la Comisión de Defensa, en el sentido de que la aplicación de esta normativa, que viene a reparar una situación, provocaría algún tipo de desvirtuación o lesión -aunque sea parcial-, del orden jerárquico que debe mantenerse también en lo que dice relación con las remuneraciones en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Eso no ocurre por una simple razón: porque el corazón del DFL Nº 1 estaba puesto precisamente en generar, para todo el cuerpo de oficiales, estímulos remuneratorios que guardaban relación precisamente con su perfeccionamiento profesional, al cual, en virtud del desarrollo de sus carreras, estaban más cercanos a lograr en un abanico de aproximadamente 25 posibilidades de opciones de especializaciones a las que pueden acceder en períodos relativamente cortos de tiempo y en esfuerzos cualitativos no extremadamente significativos, según sea la vocación que los oriente. El logro de una de estas especialidades representa, de inmediato y de manera automática, un 35 por ciento de remuneración adicional sobre el sueldo actual. En consecuencia, con dos especializaciones, se llega a un incremento de hasta un 70 por ciento. Incluso más, en el caso de la cúspide de la carrera, a la que pertenecen los que forman parte del estado mayor, esa sola circunstancia les significa un 65 por ciento de remuneración adicional que, con una sola especialización, se agregaría un incremento de ciento por ciento.
De manera que se mantiene la estructura básica que orienta el proceso de perfeccionamiento, ligado al aumento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Este proyecto atiende la situación -y pienso que fue un error mío en la Comisión y que indujo a error al Diputado señor Ortiz- de personas no beneficiadas en virtud de la aplicación del DFL Nº 1, que fue un 52 por ciento, en el caso del Ejército; de un 65 por ciento, en el caso de la Armada, y de un 25 por ciento, en el caso de la Fach.
Quiero señalar un dato adicional. Lamentablemente, no está en este momento en la Sala el honorable Diputado señor Letelier, don Juan Pablo, porque él hizo hincapié y estaba muy preocupado, al igual que otros señores parlamentarios, de que esta delegación de facultades no fuera a generar una situación similar a la ocurrida con la aplicación del decreto con fuerza de ley Nº 1, si el reparto de los 9.350 millones efectivamente no repara la situación de estas personas que, en el porcentaje que he mencionado en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, quedó marginado del beneficio inicial.
Quiero señalar -esto es relativamente aproximado, porque continuamos trabajando en esta materia y por eso se ha solicitado la delegación de facultades simple, a la que me voy a referir agregando algunas reflexiones que hizo el Diputado señor Andrés Palma-, que sólo el 20 por ciento de los 9.350 millones, vale decir, 1.900 millones, lo percibirá el cuerpo de oficiales, que lo conforman 7.147 personas; el 80 por ciento restante beneficia al cuadro permanente y a la gente de mar; el 74 por ciento, o sea, 6.900 millones, será distribuido entre 42.974 personas de los grados más bajos del cuadro permanente y de la gente de mar, conformado por cabos segundo, cabos primero, sargentos segundo y sargentos primero, quienes reciben el grueso de este beneficio. El saldo, relativamente pequeño, que corresponde aproximadamente al 6 por ciento del total, se destina a los grupos civiles, básicamente a la gente que ocupa grados menores en todo el sector de salud de las distintas Fuerzas Armadas.
Señor Presidente , me hago cargo de que para el Congreso no es grato delegar facultades. Como algunos de ustedes saben, en especial los miembros de la Comisión de Hacienda, tuve que pasar prácticamente ocho años aquí. Debido al cargo que ocupaba, durante cuatro años me correspondió participar en la tramitación del proyecto sobre deuda subordinada y después, más de cuatro años, en el estudio de la ley de bancos. No me arrepiento de haber asistido a ese proceso, porque creo que fue útil e inédito, además de que se trataba de materias sensibles, igual a la que estamos abordando ahora, en las que existen intereses de toda índole, que, de alguna manera, conflictúan a la sociedad, como es el caso del sector financiero, respecto del cual es poco frecuente -no se ha dado este caso en el mundo- que se dicten legislaciones propiamente tales, sino que se otorga delegación de facultades.
No menciono ese antecedente para extrapolarlo a la delegación solicitada para la situación de las Fuerzas Armadas.
Lo que sí quiero señalar es que, a diferencia -y en esto quiero hacer una precisión a lo que el Diputado señor Andrés Palma indicó- de lo que ocurrió con el DFL Nº 1, de Carabineros, que se transformó en DFL Nº 2, en este caso la delegación de facultades está absolutamente acotada a un solo capítulo, no de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, sino que de su estatuto de personal.
Debido a las aprensiones que manifestó el Diputado señor Juan Pablo Letelier, quiero hacer énfasis en que aquí simplemente se está otorgando una delegación de facultades acotada, ya que, con la aprobación de la indicación presentada en la Comisión de Hacienda que elimina lo que dice relación con la modificación y supresión de asignaciones, bonificaciones y gratificaciones, deja vigente sólo su fusión y creación, entre las cuales va a estar la bonificación sobre el sueldo en posesión y, eventualmente, las de las especialidades -una posible fusión-, a que ya me he referido.
¿Por qué la delegación de facultades es reducida? Porque, como la experiencia lo indica, ninguna escala deja satisfecho a todo el mundo. Esta propuesta tuvo su génesis en un trabajo muy minucioso hecho al más alto nivel de quienes constituyen el Comité de Personal de las Fuerzas Armadas, que lo integran un general de Ejército, un general de la Fach y un almirante de la Armada. Ellos -recogiendo la situación de quienes habían quedado marginados de la aplicación del DFL Nº 1, en un trabajo en conjunto con el ministro que habla, con sus asesores económicos, con un delegado permanente de la Dirección de Presupuestos, enviado por el director respectivo, y el ministro de Hacienda - elaboraron una escala, respecto de la cual no podría señalar que se encuentra totalmente afinada, lo que justifica esta delegación. La escala todavía admite pequeños perfeccionamientos, entre los cuales mencioné algunos, que tienen particular importancia, porque guardan relación con una observación del Diputado señor Ulloa sobre la conservación del orden jerárquico. Aunque inicialmente señalé cómo se mantiene la estructura general de remuneraciones del sector, podría darse la siguiente situación: mientras una persona está accediendo a una especialidad para completar dos, puede haber alguien del grado superior que ya las tenga. En consecuencia, puede ocurrir que la persona que está en el grado inmediatamente inferior y obtiene una segunda especialidad, quede con una pequeña diferencia en relación con aquél del grado superior que obtuvo la especialización con antelación. Es posible que ello suceda, sin entrar en una casuística que toda escala podría permitir, lo que hace compleja su aplicación, por lo que resulta necesaria esta delegación de facultades, ya que permitirá superar situaciones como las que preocupan al Diputado señor Ulloa.
Quiero terminar haciendo hincapié en una situación. ¿Por qué la urgencia? Hay 54 mil personas ubicadas en los tramos que he mencionado, quienes, obviamente, están preocupados de recibir esta reparación, que comenzó a elaborarse en el mes de junio del año pasado, y considerando la demora en materializar el envío del proyecto, las diferencias de remuneraciones se pagarán con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de este año; pero, sin duda, la gente de mar y del cuadro permanente, que resulta fundamentalmente beneficiada, está a la espera de que el proyecto sea despachado a la brevedad para corregir la injusticia de no haber sido atendidas sus peticiones durante la aplicación del DFL Nº 1 de 1997.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla sólo por una cuestión reglamentaria, ya que ha terminado el tiempo del Orden del Día y corresponde votar.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quiero solicitarle que cite a reunión de los Comités.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Voy a suspender la sesión por cinco minutos y cito a reunión de los Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Corresponde votar el proyecto.
De acuerdo con las intervenciones, habría tres normas respecto de las cuales hay diferencias: artículos 2º, letra b); 24 y 26.
Si no entiendo mal, sobre el resto de los artículos habría acuerdo.
¿Es así?
Acordado.
Por lo tanto, sugiero que, primeramente, votemos las disposiciones respecto de las cuales hay acuerdo y dejemos pendientes los artículos 2º, letra b); 24 y 26.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily).-
Señor Presidente, quiero pedirle que, para mayor comprensión de la Sala, enunciara cuáles son los tres artículos que votaremos después de esta votación.
El señor MONTES (Presidente).-
Muy bien.
Los artículos respecto de los cuales hay diferencias son los siguientes: el artículo 2º, que se refiere a los componentes de la asignación especial de estímulo por desempeño -su letra b) contiene una parte variable sobre la que no hay unanimidad-; el artículo 24, que faculta al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley modificatorio del capítulo VI del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; y el artículo 26, que dice relación con el procedimiento para que funcionarios de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado pasen a otras dependencias del Ministerio de Hacienda.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, sería bueno que su Señoría clarificara, a los colegas que no estuvieron en la sesión de ayer, que aprobamos el artículo 1º sin la indicación del Ejecutivo.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Entiendo que todos los señores diputados estuvieron presentes en esa sesión, señor diputado.
En votación todos aquellos artículos respecto de los cuales hay acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el artículo 2º, letra b).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay quórum.
Se repetirá la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Nuevamente no hay quórum de votación.
Reglamentariamente, corresponde llamar a los señores diputados por 5 minutos.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MONTES (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el Diputado señor Moreira para plantear un punto de Reglamento.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quisiera que recabara la unanimidad de la Sala para votar el artículo 24 en forma nominal.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo, señor diputado.
El señor CORREA.-
Entonces, no podemos votar, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Reglamentariamente, la votación nominal hay que pedirla antes del cierre del debate. Se ha solicitado y no hay unanimidad para acceder.
Hago presente a los señores diputados que, según el artículo 160 del Reglamento, si esta tercera votación resulta ineficaz, se levantará la sesión.
Sus últimos incisos consignan: “Ningún Diputado presente en la Sala, podrá excusarse de votar, salvo el Presidente.
“A los Diputados que no voten se les considerará como ausentes de la Sala, para los efectos del artículo 77”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONTES ( Presidente ).-
En virtud del artículo 160, por no haberse reunido el quórum requerido, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.50 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de abril de 1999.
En sesión del Senado de 30 del mes en curso, el honorable Senador señor Jorge Lavandero Illanes se refirió a la situación del cobre en nuestro país, particularmente a la responsabilidad que le cabe a las autoridades en la sobreproducción de este mineral, con el consiguiente daño para el presupuesto de la nación.
Sobre el particular, el señor senador solicitó dirigir oficio, en su nombre, a vuestra Excelencia para que, si lo tiene a bien se sirva considerar sus palabras y adoptar, si lo estima pertinente, las medidas de fiscalización que correspondan.
Adjunto copia de la intervención de su Señoría.
Adhirió a esta petición el honorable Senador señor Fernando Cordero Rusque , en su nombre.
Envío el presente oficio en nombre de los mencionados señores senadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de la Corporación.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario (S) del Senado”.
RESPONSABILIDAD CHILENA EN
SOBREPRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE.
OFICIOS.
El señor LAVANDERO.- Señor Presidente , desde hace tres años, aproximadamente, vengo interviniendo respecto de una materia muy relevante: el cobre chileno, que ha representado un factor muy importante en nuestra economía. Aún hoy día constituye el 40 por ciento de la riqueza nacional.
Junto a algunos señores senadores, hemos enviado oficios al Presidente del Banco Central , señor Carlos Massad ; al Ministro de Hacienda; al de Economía ; a Cochilco, y al Presidente Ejecutivo de Codelco , señor Marcos Lima . Sin embargo, en tres o cuatro años ninguno se ha dignado contestar estos documentos, ni siquiera para decir que están bien o mal. Una situación de esta naturaleza me parece de tal irresponsabilidad que en esta oportunidad, y con antecedentes fidedignos, nuevamente levantaré mi voz, para dejar constancia del error colosal que se ha cometido en el manejo de esta fundamental riqueza.
La producción chilena de cobre de los años noventa, tanto desde el punto de vista de la producción como de la demanda mundial, es evidentemente una sobreproducción, porque el crecimiento de la producción chilena sobrepasó, lejos, los promedios históricos del crecimiento nacional y mundial de la producción del cobre, y porque esta sobreoferta chilena supera, por mucho, los promedios mundiales del crecimiento del consumo, tanto histórico como de la década de los noventa.
Es así como entre 1990 y 1993, mientras en el resto del mundo la producción bajaba en 46 mil toneladas, Chile aumentaba su producción en 446 mil toneladas, que se componía de un crecimiento de 550 mil toneladas de las empresas privadas extranjeras y una disminución de Codelco de 104 mil toneladas. Esto quiere decir que entre 1990 y 1993, período del primer gobierno democrático, el aumento mundial de la producción de cobre era generado única y exclusivamente por empresas extranjeras instaladas en Chile. Entre 1990 y 1998, estas empresas, con un aumento de 2.004.000 toneladas, incrementaron su producción en la extraordinaria proporción de 6,6 veces más que todo el resto del mundo y 23 veces más que Codelco. En el presente año, con el cierre programado de varias minas en el extranjero, Chile habrá aportado con el 100 por ciento del crecimiento mundial de la producción de cobre en la década de los noventa. Pero lo más grave de este anárquico crecimiento de la producción es que él es superior en más de un tercio al crecimiento del consumo, desequilibrio que inevitablemente tenía que provocar el colapso del precio del cobre.
La responsabilidad de esta sobreproducción por parte de las empresas extranjeras instaladas en Chile recae directamente en las autoridades chilenas, puesto que esas inversiones sólo se podían efectuar con su consentimiento. Esta inversión-sobreproducción-colapso del precio del cobre ha generado un daño considerable al Presupuesto de la Nación y, en general, a toda nuestra economía, porque desde 1990 han logrado hacer desaparecer año tras año los considerables aportes de Codelco al Estado, los que no han sido reemplazados por impuestos de las empresas extranjeras del cobre, porque, como ya lo hemos analizado, la mayoría de las empresas extranjeras ni siquiera paga impuesto a la renta en Chile.
Esta sobreproducción chilena de cobre ha sido el más colosal error jamás cometido en nuestra historia económica, quizás sólo comparable con la entrega gratuita del salitre a capitales ingleses después de una cruenta guerra contra Perú y Bolivia. La historia después nos enseñó que la entrega del salitre chileno al capital inglés no fue un simple error de política económica, sino que el producto de una larga y bien montada confabulación internacional del capital inglés, con participación de chilenos y peruanos, para apropiarse de las considerables riquezas que en ese tiempo representaba el salitre.
La entrega en estos últimos años de nuestra mayor riqueza nacional, el cobre, a manos extranjeras, desde un punto de vista económico, no tiene ninguna justificación. Por ello, tanto la entrega de estos yacimientos a precios de remate, así como la sobreproducción muy por encima de lo que el mercado podía absorber, escapan a la racionalidad de una economía de mercado, a las leyes de la economía y a la prudencia en general. Resulta difícil admitir que se trate sólo de un lamentable error por incompetencia o incapacidad profesional de los encargados del cobre en los diversos estamentos.
No creemos que se trate de un simple error, cuyas proyecciones deben ser evaluadas por los historiadores del próximo siglo. Por el contrario, resulta impostergable que los organismos competentes del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República e incluso los Tribunales de Justicia, investiguen las razones de estas desmedidas autorizaciones de inversión en sobreproducción de nuestro cobre, y que tan considerables pérdidas han provocado al Estado chileno y a nuestra economía.
Mencionaré sólo algunas cifras sobre crecimiento de la producción de cobre. Por ejemplo, entre el 1990 y 1998 el aumento de la producción mundial fue de 2 millones 395 mil toneladas; en el resto del mundo, excluido Chile, en igual período, fue de 304 mil toneladas; y en Chile el incremento fue de 2 millones 91 mil toneladas, de las cuales Codelco aportó 87 mil toneladas, y los privados, 2 millones 4 mil toneladas.
Esto demuestra la falencia total de una política de Estado para el cobre, a menos que esta política consista, precisamente, en no tener ninguna, lo que no es lógico ni racional cuando sabemos que en 1989 el cobre representaba el 50 por ciento de nuestras exportaciones y proporcionaba un cuarto del Presupuesto fiscal. Parece poco creíble, desde cualquier punto de vista económico, ya sea neoliberal o keynesiano, que en una economía de mercado no se hayan tenido en cuenta las leyes del mercado por parte de las autoridades del Gobierno chileno al autorizar una sobreinversión extranjera que ineluctablemente provocaría desde el país una sobreproducción mundial de cobre y pérdidas considerables para toda nuestra economía.
A causa de esa sobreproducción y de la consiguiente depreciación del precio del metal rojo, los aporte de Codelco al Presupuesto del Estado han descendido considerablemente en esta década. En 1989, los aportes totales de esa entidad al Fisco ascendieron a mil 960,7 millones de dólares, o sea, a 24,7 por ciento de los ingresos totales, lo que se ha reducido constantemente, hasta a alrededor de 550 millones de dólares en 1998, y representa solamente 2,5 por ciento de los ingresos fiscales, disminuyendo en diez veces el porcentaje de participación del cobre en el Presupuesto de la Nación. En 1990, los presupuestos de Salud, Educación y Vivienda sumaban mil 680 millones de dólares, mientras que en 1998 los aportes de Codelco no alcanzaron ni para uno solo de ellos. Para tener una idea más palpable de lo que estos últimos significaban en 1989, otra dimensión de las pérdidas es proporcionada por la balanza comercial, en la que el cobre representaba 50 por ciento de las exportaciones, mientras que en 1998, produciéndose 2,3 veces más que en 1989, implicó solamente alrededor de 40 por ciento de las exportaciones.
En cualquier otro país democrático donde ocurriera una caída tan espectacular de la contribución de un sector económico al Presupuesto del Estado y a las exportaciones, ello constituiría un tema de gran discusión pública en los medios de comunicación; el Gobierno y el Poder Legislativo formarían comisiones de estudio; los medios académicos analizarían el asunto, etcétera. Pero acá ese perjuicio es desconocido o, quizás, diligentemente ocultado a los medios de información y, con mayor razón, a la opinión pública nacional, que también ignora que, por lo general, las empresas extranjeras del cobre casi no pagan impuesto a la renta en Chile. Cuando hoy aumenta el desempleo y faltan recursos públicos para hacer frente a tantas necesidades sociales, los parlamentarios y los medios de comunicación debiéramos abrir debate sobre las pérdidas para nuestro presupuesto como consecuencia del colapso del precio del metal rojo, originado por la sobreproducción de esas empresas instaladas en el país.
Más de alguno me dirá: “Pero, si se registra tal baja en el precio, también pierden las multinacionales, que han realizado inversiones y son dueñas prácticamente de todo el cobre chileno”. Mas la verdad es que ellas lo ocupan como materia prima para empresas filiales y, por lo tanto, ese producto barato les sirve para aumentar sus utilidades en filiales manufactureras en el exterior.
Sin embargo, es necesario examinar, también, otro punto esencial, no solamente lo relativo a la sobreproducción generada desde Chile, que ha originado esta debacle. Cabe recordar que en tres oportunidades las autoridades nacionales del sector expusieron el año pasado que el precio iba a subir y que las existencias iban a disminuir. Me refiero al Ministro de Hacienda y a los señores Marcos Lima y vicepresidente de Cochilco , gente pagada de manera importante con dinero chileno y que no recibe remuneraciones cualesquiera. Pues, ¿qué ocurrió? Que el precio, en vez de subir, como pronosticaron esos técnicos, ha bajado y que las existencias han aumentado. Y hoy existe un “stock” histórico de más de 2 millones de toneladas de cobre.
Ésos son los errores de los que responsabilizo directamente al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Minería y al Ministerio de Economía. No es posible que la principal riqueza del país -la “Viga Maestra”, el “Sueldo de Chile”, etcétera, como ha sido denominada- haya contribuido a una debacle en el precio y que la sobreproducción parta desde Chile, donde 63 por ciento del cobre hoy es privado y se encuentra en manos extranjeras. Y desde allí ha tenido lugar una cierta confabulación para invertir e invertir, y ni siquiera tratar localmente el mineral. Porque se lo llevan como concentrado. Ni siquiera existe mano de obra agregada a la explotación.
Se inaugurará Collahuasi , una de las minas más grandes, y con un tubo se llevarán el concentrado, sin dejar un solo peso, como tampoco en impuestos.
Por ello, quiero que en el Senado quede constancia de la forma como algunas de esas empresas utilizan artificios, al igual que antiguamente, para evitar la entrega de una rentabilidad y de mayores ingresos al Estado.
Y en este ámbito se utilizan los precios de transferencia, que son aquellos a los que una filial chilena vende a su casa matriz en el extranjero, hasta 20 ó 30 por ciento por debajo del precio internacional. Ese menor valor es el principal subterfugio de las empresas extranjeras de la minería del cobre para disminuir sus utilidades y evadir el impuesto a la renta. El mismo Gobierno y el Parlamento reconocieron el efecto negativo que ello provoca para nuestra balanza comercial y el presupuesto, al dictar en 1997 la ley Nº 19.606, que dio facultades al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar los precios de transferencia, sobre la base de que las transacciones entre partes relacionadas deben efectuarse como si entre comprador y vendedor no existieran vínculos de ninguna especie.
Pero ya desde 1974 el decreto ley Nº 824 o ley sobre Impuesto a la Renta establece, en su artículo 36, que, “sin perjuicio de otras normas de esta ley, para determinar la renta efectiva de los contribuyentes que efectúen importaciones o exportaciones, o ambas operaciones, la Dirección Regional podrá, respecto de dichas operaciones, impugnar los precios o valores en que efectúen sus transacciones o contabilicen su movimiento, cuando ellos difieran de los que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos, la Dirección Regional podrá solicitar informe al Servicio Nacional de Aduanas”.
El menor valor de los precios de transferencia ha sido confirmado y admitido por la Compañía Minera Escondida al publicar inesperadamente el 15 de enero recién pasado un balance por el año fiscal estadounidense, de junio de 1997 a mayo de 1998, en el que aparece en el estado de resultados que su ingreso neto operacional (ventas) fue de mil 119 millones 101 mil 360 dólares, con una producción en ese período de 919 mil toneladas de cobre fino. Los concentrados del yacimiento, como todos los de la región, además, de cobre incluyen otros minerales de mayor valor, como oro, plata, molibdeno, etcétera, pero, para estos cálculos, supondremos que contuvieron sólo 919 mil toneladas de cobre fino. Sobre la base únicamente de los dos datos mencionados, al dividir las ventas por la producción se obtiene un valor de mil 217.73 dólares por tonelada, lo que, dividido por las 2 mil 204 libras que comprende ésta, arroja un precio de venta de sólo 55 centavos de dólar por libra de cobre fino. En el período del balance, el precio promedio en el mercado de Londres ascendió a 90 centavos de dólar, lo que quiere decir que los precios de exportación de Escondida comportan un menor valor de al menos 20 por ciento, considerando los costos internacionales de fusión y refinación. Ello se traduce, a su vez, en menores retornos de exportación de alrededor de 250 millones de dólares y en 100 millones de dólares de menores tributos.
Por ese motivo, respecto de la publicación del balance de la Compañía Minera Escondida, en el que los precios de exportación son de sólo 55 centavos de dólar por libra, que difieren “de los que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo”, solicito que se ordene una fiscalización de sus precios de exportación, aun cuando se sabe que, a pesar del menor valor de sus ventas, ella es casi la única empresa minera extranjera que paga impuesto a la renta. Es más, creo que la fiscalización de los precios de exportación del cobre de todas las otras empresas extranjeras no tan sólo resulta muy necesaria, sino que, a su vez, debería ser bastante más estricta.
Cabe señalar, por ejemplo, que La Disputada de Las Condes, filial de Exxon de Estados Unidos, en veinte años de producción no ha pagado un solo centavo de impuesto al Estado y en todos sus balances refleja pérdida. ¿Alguien podría creer que la Exxon y La Disputada de Las Condes son como las hermanas Carmelitas, que vienen a trabajar a Chile por puro amor y que en veinte años sólo han obtenido pérdidas? ¿Es posible que alguna persona piense eso?
En esto, señores senadores, corre mucha plata. Son millones y millones de dólares. Por lo tanto, no es posible que un organismo como Cochilco, destinado a fiscalizar tales actos, realice un seminario -tengo en mis manos el documento-, en lugar de preocuparse de la baja del precio del cobre, de lo que afecta al país, a los 30 mil pequeños productores, a los pirquineros cesantes (hay pueblos enteros que han quedado en esta condición). Pero dicha Corporación cita a un seminario sobre “Coyuntura y Perspectivas”, a realizarse el 8 de abril en el Hotel Hyatt, Salón Aisén , Santiago de Chile. Se invita a comerciantes del cobre, a gente de la Bolsa de Metales de Nueva York y al Director de la Bolsa de Metales de Londres ; vale decir, a personas a quienes les da lo mismo que el precio del cobre suba o baje, porque de todas maneras ellas ganan plata. Sin embargo, no se hace un debate profundo acerca de lo que significa para el país esta pérdida cuantiosa, la que entre 1995 y esta fecha, por la caída del precio del metal de 140 centavos de dólar la libra a 61 centavos de dólar, alcanza a más de 19 mil millones de dólares. Repito: 19 mil millones de dólares.
Desde 1990 hasta hoy, todas las empresas extranjeras que operan en Chile han invertido 8 mil 500 millones de dólares. O sea, la pérdida por la baja en el precio de nuestro mineral representa más del doble de las inversiones realizadas por aquéllas, y, por supuesto, es superior a toda la reserva en dólares del Banco Central. Sin embargo, ante las observaciones que hemos formulado y los oficios que envié en su momento, como Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos , se han quedado absolutamente callados.
¿Cómo es posible que en una materia tan importante como ésta los involucrados en ella no sean capaces de levantar la voz para defender lo que hoy significa el 40 por ciento del total de la riqueza de nuestro país?
Señor Presidente , a mi juicio, la situación descrita es de extrema y extraordinaria gravedad, y esas autoridades deben aclararla. Esto no puede quedar así, porque se encuentran en juego muchos millones de pesos; los recursos de la balanza comercial; las utilidades de Codelco; los sueldos de sus trabajadores, por cuanto tienen participación en ellas; el trabajo y el desempleo de cerca de 30 mil personas. En Taltal, por ejemplo, prácticamente todos están cesantes.
No es posible que Cochilco y las autoridades no hayan levantado su voz. El único que lo hizo fue el Ministro de Minería , cuando el año pasado sostuvo que el país había perdido 2 mil millones de dólares por efectos de la baja del precio del cobre. Él, para sorpresa mía, expresó: “La verdad es que el Senador Lavandero, se equivoca porque esa pérdida de 2 mil millones de dólares será compensada con la baja del precio del petróleo, que para el país ha representado una economía de un mil 800 millones de dólares”. Estudié el asunto y, crean, señores senadores, Chile entero sólo consume un mil 200 millones de dólares. Por lo tanto, la economía es de 300 millones de dólares. ¿Cómo se pueden comparar 300 millones de dólares con una pérdida de 2 mil millones de dólares? Esto llega a ser hasta un problema de matemática elemental. Quizás quién le proporcionó esa información al Ministro para que éste hubiese dado tal respuesta respecto de un tema de tanta envergadura e importancia, como es el cobre para la economía chilena.
Ahora, yo podría agregar otros antecedentes; sin embargo, espero hacerlo en una sesión especial. El año pasado concurrieron al Senado diversas autoridades -desgraciadamente no estuve presente en la sesión- y manifestaron que el precio del cobre subiría, que esto era fantástico, que la existencia disminuiría. Esto fue lo que ellos argumentaron en la Comisión de Minería. Pero, ¿qué dicen hoy esos responsables que acudieron a esta Corporación a expresar ese engaño, ese equívoco, esa falsedad? ¿Cuál es la respuesta? ¡Debieran irse todos, debieran renunciar todos! Porque éste es el error más colosal.
¿Cuál fue la respuesta del señor Ministro en su momento, y no hace mucho? Echarle bencina al fuego: “Chile aumentará en 16 por ciento la producción de cobre para el próximo año”. Acaban de terminar un estudio técnicos canadienses que están analizando el mineral de Chuquicamata, los cuales señalaron que en los años siguientes ese mineral doblará la producción de cobre. ¿Qué significa esto para el mercado, donde hay una sobreproducción mundial? ¡Echarle bencina a la hoguera!
Por último, estos economistas se excusan aludiendo a la crisis asiática. Por supuesto, le echan toda la culpa a ella. Sin embargo, el precio viene cayendo desde 1995, cuando la libra costaba 140 centavos de dólar. Pero ¿qué incidencia tuvo la crisis asiática si el precio del metal rojo ya era insustentable? Agravó el problema, y los países que producían y consumían cobre dejaron de hacerlo, a raíz de la menor demanda; lo pusieron en el mercado y aumentaron la sobreproducción de oferta.
Estos economistas, que se “jajajean” con la ley de la oferta y la demanda, ¿cómo pueden sostener una política si en 1996, mientras el aumento del consumo de cobre fue de 104 mil toneladas, sólo Chile produjo 664 mil toneladas? Es decir, cinco veces más que ese incremento. Aquí no hay ninguna política. Ellos piensan que con mayor producción el país logrará más. Prueba de ello es que desde 1990 a la fecha hemos aumentado en 2 millones de toneladas la producción, y el precio del metal es menos de la mitad.
Sin embargo, esas personas, que han sido pagadas por el Estado para que estudien estos problemas, no han abierto su boca. El año pasado, tres veces consecutivas señalaron que el precio del cobre subiría, que disminuiría el “stock” y que el país aumentaría en 16 por ciento su producción; pero la situación fue al revés de lo que expresaron. Me parece que dichas personas debieran renunciar, desde el Ministro de Minería hasta las autoridades de Cochilco y, por supuesto, quienes tratan estos problemas en el Banco Central.
Señor Presidente , pido que, en mi nombre, se envíen por oficio estas observaciones al Presidente del Banco Central ; al Director del Servicio de Impuestos Internos , para que cautele los precios de transferencia sobre la base de la ley que aprobamos; al Director Nacional de Aduanas , que tiene injerencia en el tema, pues él es quien autoriza las exportaciones. En este sentido, es del caso señalar que el concentrado contiene oro, molibdeno y plata -y no en cantidades menores- y que quienes lo refinan entregan al país una cantidad muy importante de estos metales. También solicito que se oficie a los señores Ministros de Economía y de Hacienda y, por supuesto, al Vicepresidente de Cochilco .
Debo manifestar a los señores senadores que soy muy amigo del Presidente del Banco Central , don Carlos Massad . Hace tres meses me encontré con él y le dije: “Señor Presidente , mandé a usted un documento hace seis meses, y quisiera que me contestara si estoy equivocado o si estoy en lo correcto: ¿por qué no he tenido respuesta?”. Él me señaló: “Tu carta tiene muchos puntos y la estamos estudiando”. ¿Cómo pueden demorar seis meses en responder un oficio al Presidente de la Comisión de Hacienda , calidad que yo tenía en esa época? ¡Me parece increíble, señor Presidente ! Eso significa reírse del Senado.
Por último, si dichos personeros consideran que estoy equivocado -hago presente que estos estudios no los estoy haciendo solo, sino con la asesoría y el respaldo de cinco expertos doctorados-, que me lo digan. Pero lo peor no es solamente que no le contesten al senador que hizo tales observaciones, sino que éstas sean corroboradas por los hechos, ya que el precio se encuentra en un nivel muy bajo y lo que ellos señalaron no sucedió, pues no ha subido el precio del cobre ni han disminuido los stocks. Por el contrario, hoy tenemos una reserva de ese metal de más de 2 millones de toneladas.
Señor Presidente , como éste es un asunto extraordinariamente grave, pido que se oficie a cada una de las autoridades referidas, incluyéndoles el texto íntegro de mi intervención. En esto nada tienen que ver las amistades. Yo estoy por el interés del país. Y me parece que lo acaecido deja en estado muy grave -¡muy grave!- la situación chilena.
Esos personeros tienen que responder. Por eso hago la petición desde esta tribuna.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Su exposición ha sido muy interesante, señor senador.
La Mesa se permite insinuar que también se oficie a la Cámara de Diputados incluyendo su discurso, a fin de que, si esa rama legislativa lo estima necesario, inicie la fiscalización correspondiente básicamente con respecto a la aplicación de las normas legales relativas a los precios de transferencia, cuya responsabilidad recae en Impuestos Internos, y otras disposiciones a que se ha aludido.
El señor HORVATH .- ¿Me permite, señor Presidente ? Deseo agregar algo sobre el mismo asunto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, su Señoría.
El señor HORVATH .- Señor Presidente , el planteamiento profundo, con muchos antecedentes y también con diversas acusaciones hecho por el Senador señor Lavandero , amerita no sólo la fiscalización e investigación por parte de la Cámara de Diputados, sino que la Comisión de Minería del Senado analice el tema, porque en esto hay una política equivocada. Y si a ello se suma la eventual suscripción de un acuerdo minero con el vecino país, para ampliar más la oferta de minerales de cobre en el mundo, la situación tiende a agravarse con mayor profundidad.
Esta materia debería ser analizada por el propio Senado como política y en sus aspectos económicos, estudiando las modificaciones legales pertinentes.
Por eso, sugiero que la Comisión de Minería de esta Alta Corporación aborde el tema en plenitud.
El señor PARRA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAVANDERO.- Pido la palabra.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable señor Parra , Presidente de la Comisión de Minería .
El señor PARRA.- ¡Ex Presidente!
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Bien.
El señor PARRA .- Señor Presidente , la Comisión de Minería convocó el año pasado a una reunión especial para tratar justamente el problema a que se ha referido el honorable señor Lavandero . Ella tuvo lugar -desgraciadamente con escasa asistencia de senadores- en esta misma Sala, durante una jornada bastante extensa. Sería natural que siguiera en el mismo esfuerzo y, sobre todo, que se continuara con la tradición que allí se quiso inaugurar.
Esa reunión se efectuó al día siguiente de aquél en que el Presidente del Banco Central dio aquí su cuenta. Porque, como muy bien expresó el honorable señor Lavandero , la economía chilena sigue y seguirá reposando, en parte fundamental, en lo que ocurra con nuestra principal riqueza natural.
La intervención que hemos escuchado da sentido y prestigia a la hora de Incidentes del Senado; y, a mi juicio, la trascendencia de lo planteado justificaría una sesión especial para analizar la materia.
Por esa razón, en virtud del artículo 67, Nº 2º, del Reglamento, pido al señor Presidente que considere la posibilidad de citar a esa sesión especial, la que ojalá cuente con la presencia y la participación que el tema merece.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.- Agradezco las palabras de los honorables señores Parra y Horvath.
Y debo informar también que yo había consultado a algunos senadores democratacristianos acerca de la factibilidad de una sesión para este asunto tan delicado.
Si el Senado tiene por delante algún tema prioritario, indudablemente es éste. Para darse cuenta de ello basta señalar que sólo el año pasado, en 1998, el país dejó de percibir 2 mil millones de dólares. Esto amerita apoyar la solicitud del honorable señor Parra de celebrar una sesión especial.
Lo anterior no excluye el que la Comisión de Minería pueda recibir no sólo los antecedentes a que me he referido, sino también los de otros expertos que a lo mejor no pueden concurrir. Yo podría asistir a dicho órgano técnico acompañado por 5 ó 6 expertos y doctorados en la materia, y confrontar incluso sus opiniones con la de representantes del Gobierno.
Me extraña esta situación. En Chile tenemos un inmenso Ministerio de Agricultura, pese a que el país no vive del agro; sin embargo, el de Minería es pequeñísimo, en circunstancias de que el 40 por ciento de nuestra riqueza la constituye el cobre. Y habría que agregar el resto de la minería. Además, he visto que funcionarios que antes pertenecían a esta última Cartera, hoy trabajan en empresas privadas transnacionales. ¡De manera que aquí “algo huele mal en Dinamarca”!
Y no son pocos los montos involucrados. ¡Son millones de dólares! El Senado tiene la obligación de aclarar estas cosas. Si una vez aprobó la chilenización o nacionalización del cobre y no quiso volver atrás por considerarla importante para el país, lo menos que hoy puede hacer es resguardar esa riqueza. Está en nuestras manos preservar ese recurso tan fundamental.
Señor Presidente , así como he abordado este problema, otro día daré cuenta de lo que significa la evasión tributaria, la cual en parte importante corresponde a este tipo de empresas. En la actualidad la evasión de impuestos asciende a 4 mil 500 millones de dólares. Si todos los chilenos y las empresas que evaden tributos -y compiten deslealmente con las que no lo hacen- los pagaran, hasta podrían bajar los impuestos. Porque 4 mil 500 millones de dólares de evasión al año es una suma colosal. ¡Colosal! Y eso ocurre año tras año. En 1995 la evasión alcanzó a 3 mil 400 millones de dólares. Ahora es de mil 100 dólares más. De ella, el 60 por ciento corresponde a los impuestos Global Complementario y de Primera Categoría , y sólo el 40 por ciento al IVA.
A mi juicio, los problemas más importantes que actualmente enfrenta el país son, en primer lugar, el del cobre, y en segundo término el de la evasión tributaria. Y ésta se inicia con los sistemas vigentes: las transferencias de precios de las filiales a las casas matrices; los préstamos sobreavaluados que éstas hacen a las filiales y los créditos que les otorgan para invertir en Chile, provenientes de empréstitos extranjeros con un interés que llega al doble de la tasa internacional. Adicionalmente pueden hacer amortizaciones aceleradas.
La Compañía Minera Disputada de Las Condes, por ejemplo, de aquí a 20 años más, no sólo no le habrá pagado un solo peso al Fisco, sino que habrá recibido entre 3 mil a 4 mil millones de dólares de crédito fiscal. ¡Es decir, más encima el Estado le deberá a ella a raíz del mecanismo que se está utilizando!
Reitero mi reconocimiento por la deferencia y gentileza de los señores senadores mencionados. Asimismo, creo ver en los rostros de cada uno de los otros que se encuentran en la Sala que coinciden en que aquí está en juego el interés de Chile. De manera que -no importa el partido al que pertenezcamos- todos debemos analizar esta situación en el Senado.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Como en este momento no hay quórum para adoptar acuerdos, pondré en conocimiento de los Comités y del resto de los señores senadores la petición del honorable señor Parra en orden a convocar a una sesión especial.
Hago presente que la mesa está altamente interesada en realizar sesiones especiales sobre algunos temas. En la próxima reunión de Comités se expondrá tal posibilidad, en particular con relación al asunto del cobre, el cual, por los antecedentes entregados, reviste enorme trascendencia.
El honorable señor Lavandero ha solicitado el envío de algunos oficios. Tal vez desee oficiar también a la Cámara de Diputados para los efectos de la fiscalización pertinente sobre las materias que ha señalado y, fundamentalmente, de la aplicación de las normas relativas a la obligación que cabe a Impuestos Internos en cuanto a observar los precios de transferencia, y otros aspectos que también ha tocado.
Si le parece a su Señoría, enviaríamos también estos oficios, en su nombre.
El señor LAVANDERO .- Muy bien.
El señor CORDERO.- Pido la palabra.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- La tiene, señor senador.
El señor CORDERO .- Señor Presidente , si el honorable señor Lavandero lo permite, deseo agregar mi nombre a los oficios solicitados.
El señor LAVANDERO.- Por supuesto, con el mayor agrado, y quienquiera que lo desee también puede hacerlo.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Lavandero , con la adhesión del honorable señor Cordero, en conformidad al Reglamento”.
Moción de los Diputados señores Urrutia , Ceroni , Pérez, don José ; Ortiz , Kuschel , Núñez , Silva , Sánchez y Diputada señora Fanny Pollarolo.
Modifica el artículo 19 Nº 21, de la Constitución Política de la República, flexibilizando el Estatuto del Estado Empresario. (boletín Nº 2319-07)
“Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados:
Los diputados que suscribimos, hemos considerado oportuna la presentación de esta Reforma Constitucional, destinada a modificar en parte las normas que nos rigen en relación a la actividad económica y empresarial del Estado, que se ha dado a llamar por la doctrina constitucional, el “estatuto del Estado Empresario” y que forma parte integrante del denominado orden público económico.
Nuestra propuesta pretende flexibilizar el actual contenido de las normas en comento, toda vez, que por razones, más bien de carácter políticas que técnico económicas, el Constituyente del año 1980 las redactó de tal manera que limitó en demasía, a nuestro juicio, la posibilidad de una acción directa del sector público en favor del desarrollo local o regional, con lo cual se le privó de un valioso instrumento de promoción, fomento y dinamismo de los procesos económicos, lo cual es sumamente importante cuando el sector privado, pilar y motor de la economía, no es capaz o no se interesa en efectuar las inversiones necesarias en ciertas zonas del país.
Principio de subsidiariedad en la Carta de 1980 y fines permanentes del Estado
El principio de la subsidiariedad es parte integrante de las denominadas bases de la institucionalidad en la Constitución del año 1980. Este principio, de carácter político se concreta jurídicamente en el inciso segundo del Artículo Primero de la Carta, que señala: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Las dimensiones y extensiones de este valor constitucional son múltiples, van desde la limitación del poder público al proteger a los ciudadanos de cualquier intento de totalitarismo estatal, de respaldo a la existencia de una sociedad civil libre, que no está sometida al Estado, hasta una dimensión de carácter económica al privilegiar la acción de los particulares en una economía de libre mercado por sobre la acción del Estado.
Sin embargo, creemos que una sana lectura y sabia interpretación de esta norma constitucional, debe hacerse a la luz de los fines permanentes del Estado como promotor del bien común conforme lo prescribe expresamente el propio Artículo Primero en sus incisos tercero y final. La obligación del Estado de “crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” e incluso el deber del Estado de “resguardar la seguridad nacional”, entendido esto último como la mantención de las condiciones necesarias para sostener la integridad territorial y la defensa de amenazas exteriores a la misma, obligan necesariamente a relativizar el principio de subsidiariedad de forma tal de no hacerlo contradictorio con otros principios y valores que sostienen nuestra institucionalidad jurídica y política.
Cuando en nuestro país existe un desarrollo económico y social falto de armonía, con grandes desniveles y diferencias entre una región o zona geográfica y otra, resulta imperativo al Estado, a través del gobierno y de las distintas administraciones públicas, implementar las medidas para conjurar ese estado de cosas. No hacerlo, significa poner en riesgo la estabilidad del propio sistema y socavar las bases de la seguridad nacional, sobre todo cuando esos desniveles se producen en áreas y espacios de mayor relevancia geoestratégica como son las zonas extremas y fronterizas del país.
Orden público económico
Decíamos que una de las dimensiones y proyecciones de la subsidiariedad era la economía y más concretamente la regulación de la actividad económica de la nación. Nuestro constituyente, al igual que el legislador, ha generado una serie de normas tendientes a proteger la existencia de una economía de libre mercado, en que la función productiva de bienes y servicios queda entregada en primer lugar a los particulares, con amplias garantías a la libertad de iniciativa empresarial, con una protección meticulosa y extensiva del derecho real de propiedad, al trato no discriminatorio por parte del Estado en materia económica; con un sistema racional de tributación amparado por el principio de la estricta legalidad y proporcionalidad tributaria y con un fuerte respaldo a la libertad de contratación y a la autonomía de la voluntad.
El único límite que se impone a estos derechos son una serie de conceptos jurídicos indeterminados (la indeterminación es legal, por cuanto le corresponde fijar su especial contenido restrictivo al juez) como son orden público, la moral, las buenas costumbres y en algunos casos la seguridad nacional. En sede contractual limitan la autonomía de la voluntad algunas restricciones legales más concretas como los requisitos de existencia y validez de los contratos y el sustantivo concepto de la buena fe. En materia del derecho de propiedad, la propia Constitución y algunas normas dispersas consagran, aunque con mucha liviandad si la comparamos con las normas existentes en otros países con mayor nivel de desarrollo de los institutos jurídicos, la noción de función social de la propiedad.
Los medios de protección de los particulares en sede económica frente a la acción
estatal normativa, fiscalizadora y de producción directa de bienes y servicios
Pero nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado, no sólo se ha preocupado de consagrar estos y otros derechos a través de textos positivos, sino que además ha establecido un complejo sistema de mecanismos e instrumentos de protección de los mismos, entre los que destacamos por su importancia la acción constitucional, conocida como recurso de protección y la acción cautelar establecida en la ley Nº 18.971 denominada recurso de amparo económico, mediante los cuales se puede reclamar, con mayor o menor formalidad, ante los tribunales de alzada por la acción de particulares o del Estado que limiten la garantía constitucional que ampara la libre empresa. Sin perjuicio de lo cual, está la posibilidad de echar mano al tradicional recurso de inaplicabilidad de la ley por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo, para suspender la aplicación de una norma de rango legal, a un caso concreto sometido al conocimiento de un tribunal de rango legal, a un caso concreto sometido al conocimiento de un tribunal de justicia, cuando ésta importa una restricción, menoscabo o violación flagrante de Constitución Política de la República.
En este esquema creemos que resulta muy interesante analizar el caso del recurso de amparo económico, que puede ser calificado como paradigmático del afán de algunos sectores políticos determinados de crear cortapisas a la acción directa del Estado en el área de la economía.
Este recurso, fue establecido por la ley Nº 18.971, publicada en el Diario Oficial del día 10 de marzo de 1990, el último día del Gobierno Militar. Su objetivo es establecer un recurso jurisdiccional en extremo sencillo para proteger la garantía constitucional del Artículo 19 Nº 21 de la Carta de 1980. Es más, es tan sencillo, que en un acto digno de alguna antología jurídica, se estableció que su tramitación fuera la misma que la prescrita para el conocimiento y fallo del habeas corpus, con lo cual se iguala de alguna manera la valoración política y jurídica de la libertad de empresa con el derecho a libertad personal. Ni siquiera el derecho a la salud o el derecho a la vida e integridad física tienen tan fáciles medios de amparo judicial como la libertad de empresa y la persecución de la actividad del Estado empresario. Por otra parte, y eso la diferencia de la acción constitucional de protección, permite recurrir de actos de los órganos de la Administración aunque éstos no sean ilegales ni arbitrarios, el plazo de interposición es con mucho superior, pues es de 60 días, en lugar de 15 días como sucede con la protección y finalmente se constituye como una de las escasas acciones de naturaleza popular de nuestro Derecho Nacional, al permitir que cualquier persona con capacidad de comparecer en juicio puede intentarla, sin necesidad de tener interés directo en el asunto.
Esto hizo en parte que, incluso en el seno de la Junta de Gobierno, el legislativo de esos años, esta iniciativa fuera duramente resistida, al considerarla excesiva y además redundante al existir instrumentos idóneos de protección de los administrados en esta área del quehacer humano. En definitiva, hizo más fuerza ante los miembros de las Comisiones Legislativas la opinión del Presidente de la República y tras varias modificaciones sustantivas esta iniciativa nació a la vida jurídica como Ley de la República.
Justificación de esta reforma constitucional
Decíamos más arriba que era necesario dotar al Estado de un instrumento de acción directa sobre la economía cuando se está en presencia de zonas del territorio nacional que por diversas razones se encuentra en una desmejorada situación de desarrollo económico y social. Tratamos de demostrar, acto seguido, que nuestro sistema jurídico, si bien reconoce y ampara la primacía del sector privado en la economía, a través de la consagración del principio de la subsidiariedad; no es menos cierto que la existencia de deberes permanentes del Estado como son la búsqueda del bien común, la promoción social y económica y la seguridad nacional, debían relativizar este concepto y finalmente explicamos latamente la forma en que el Estado, sin ahorrar esfuerzos, ha ido consagrando una serie de derechos y medios de protección jurídica que conforman el denominado orden público económico.
Ahora bien, nos corresponde hablar de la justificación fáctica, ya no jurídica ni valórica, de esta enmienda que proponemos a la Carta de 1980.
Las zonas extremas del país
Por razones que no viene al caso analizar en detalle, en esta instancia las zonas extremas del país históricamente se han encontrado en situación de desmedro en cuanto a su nivel de desarrollo económico, social y cultural en relación a los asentamientos humanos ubicados en la zona central del territorio nacional. Con las regiones y particularmente con las más alejadas se ha reproducido el perverso modelo de las relaciones entre metrópolis y colonias, entre periferia y centro que heredamos de la conquista española. No es la escasez de recursos naturales la que ha determinado el estado de letargo de esas economías locales, muy por el contrario, sus mares y cordilleras, sus desiertos, sus praderas y sus ríos han sido explotados al máximo en provecho de inversionistas extrazonales, que han tenido pingües ganancias a lo largo de los años.
Lo que ha sucedido con estas zonas es la interrupción de un proceso de industrialización que no ha sido capaz de sentar bases fuertes de sustentabilidad económica y medioambiental derivada, en parte de la inexistencia de grandes mercados consumidores (o mejor dicho de la distancia de éstos, pues están necesariamente en los lugares de mayor concentración de población) y de planes de fomento de la inversión que basados en el establecimiento de regímenes temporales de excepciones tributarias, o de subsidios, no han fraguado en el establecimiento de centros industriales permanentes en el tiempo, pese a que dichas zonas tienen ventajas comparativas importantes como son la cercanía de mercados foráneos como son los de los países limítrofes.
Las fronteras interiores
Por otra parte, y en la misma línea argumental, resulta muy clarificador de las desigualdades de nuestra condición social y económica como Estado, el estudio y la tesis sustentada por el Ejército de Chile sobre “Las fronteras interiores”, que se alzan a lo largo de todo el territorio nacional y que dan cuenta de la existencia de verdaderas bolsas de subdesarrollo y pobreza, unidas a aislamiento y exclusión de muchos asentamientos humanos. Son fronteras interiores, toda vez que separan a un Chile pujante, en vías de desarrollo, modernizado y tecnologizado, con el Chile del retraso y la marginación.
Es justamente la situación de las zonas extremas y de las localidades pobres y atrasadas de nuestro país, la que justifica la Reforma Constitucional que estamos planteando. No pueden las autoridades públicas cruzarse de brazos cuando existen situaciones como la descrita. No se puede esperar eternamente por la inversión privada, mientras se despuebla parte de Chile o se entroniza la miseria. Razones humanitarias y geopolíticas referidas a nuestra seguridad nacional, son respaldo suficiente, a nuestro juicio, para esta iniciativa constitucional.
Las normas propuestas
Hemos creído conveniente entregar la facultad al Presidente de la República , como máxima autoridad ejecutiva, para determinar por la vía del decreto que una zona geográfica del país se encuentra en un manifiesto estado de retraso en su desarrollo económico en relación al resto del territorio nacional, lo que habilita según el texto propuesto, para la realización de inversiones directas por parte del Estado en actividades de naturaleza empresarial. El Primer Mandatario en nuestro ordenamiento jurídico es, sin duda, en materias de tal envergadura la autoridad llamada a autorizar el desenvolvimiento de este tipo de actividades que pretendemos sigan siendo excepcionales.
Asimismo, hemos creído prudente establecer una limitación temporal a la actividad del Estado empresario, para no perpetuar una acción que entendemos no es de la naturaleza actual de nuestro sector público nacional. Para ello hemos previsto que una vez que se hayan cumplido los fines perseguidos, cuestión que determinará autónomamente el propio Jefe de Estado , o cumplidos 10 años, desde el inicio de las actividades empresariales, los activos de la empresa de que se trate deberán ser enajenados al sector privado para su continuación del giro específico en el futuro.
Para finalizar, debemos señalar, que nuestra propuesta que presentamos a consideración de la honorable Cámara de Diputados tiene el mérito de estar fundada en razones que consideramos poderosas, sin perjuicio de que sean debatibles y controvertibles por otros sectores de opinión y pensamiento político y económico. Chile, y particularmente los chilenos que habitan en las zonas con economías retrasadas, merecen un debate serio sobre esta materia, con altura de miras y sin ideologismos que en nada contribuyen a la consecución de los fines de equidad y justicia social.
Por tanto, los abajo suscritos, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente
REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República:
1. Agréguese un nuevo inciso, que pasa a ser tercero y final del siguiente tenor:
“En caso de existir zonas geográficas del país en manifiesto estado de retraso en su desarrollo económico en relación al resto del territorio nacional, el Presidente de la República podrá autorizar la inversión de recursos públicos para la creación, instalación y funcionamiento de empresas productivas o de prestación de servicios por cuenta del Estado o en asociación con el sector privado. Una vez que se haya cumplido su función de promoción del desarrollo en la zona afectada, o en un plazo de 10 años, deberán ser enajenadas al sector privado. Una ley regulará la aplicación de este inciso”.