Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Bitar Chacra
- Sergio Paez Verdugo
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EX SENADOR JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
- V. ORDEN DEL DÍA
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y MÉXICO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE ÁEREO ENTRE CHILE Y MÉXICO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- BENEFICIOS A LOS PERSONALES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR HACIENDA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y MÉXICO. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INFORMACIÓN SOBRE DETENIDOS POR HECHOS DE VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Rosa Gonzalez Roman
- Mario Bertolino Rendic
- Victor Perez Varela
- Roberto Delmastro Naso
- Juan Masferrer Pellizzari
- Gustavo Alessandri Valdes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 114, DE VIVIENDA, SOBRE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Claudio Alvarado Andrade
- Luis Monge Sanchez
- Victor Perez Varela
- Gustavo Alessandri Valdes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Recondo Lavanderos
- Mario Bertolino Rendic
- Baldo Prokurica Prokurica
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INFORMACIÓN SOBRE DETENIDOS POR HECHOS DE VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS. (Continuación).
- VII. INCIDENTES
- REANUDACIÓN DE VUELOS DE LAN-CHILE A LAS ISLAS MALVINAS. Oficio.
- ADHESION
- Zarko Luksic Sandoval
- Edmundo Villouta Concha
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Exequiel Silva Ortiz
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Victor Reyes Alvarado
- Enrique Krauss Rusque
- Juan Nunez Valenzuela
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Osvaldo Vega Vera
- Roberto Delmastro Naso
- Jaime Mulet Martinez
- Miguel Hernandez Saffirio
- Enrique Jaramillo Becker
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- FELICITACIONES A AUTORIDADES Y PUEBLO DE PARAGUAY POR SOLUCIÓN DE CRISIS POLÍTICA. Oficio.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Osvaldo Vega Vera
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- HOMENAJE AL PROFESOR GASTÓN GILBERT BAETTIGG, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Oficio.
- ADHESION
- Victor Reyes Alvarado
- Jaime Mulet Martinez
- Enrique Krauss Rusque
- Miguel Hernandez Saffirio
- Enrique Jaramillo Becker
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Osvaldo Vega Vera
- ADHESION
- RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Galilea Carrillo
- Roberto Delmastro Naso
- Waldo Mora Longa
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Mulet Martinez
- Arturo Longton Guerrero
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN COMUNAS DE LA TERCERA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Baldo Prokurica Prokurica
- Enrique Jaramillo Becker
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y NECESIDADES DE CONCÓN. Oficios.
- MEDIDAS ECONÓMICAS EN FAVOR DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS FISCALES EN LA UNDÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ENCUENTRO DE LOS ORGANISMOS REGIONALES Y SUBREGIONALES CON PROGRAMAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
- RECONSIDERACIÓN DE DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS ESCOLARES EN COMUNAS DE LAS REGIONES DÉCIMA, UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA. Oficios.
- ADHESION
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- Osvaldo Palma Flores
- Rosauro Martinez Labbe
- Pablo Galilea Carrillo
- Victor Perez Varela
- ADHESION
- RÉPLICA A DECLARACIONES DE DIPUTADOS SOBRE RESPONSABILIDADES EN HOMICIDIO DE TUCAPEL JIMÉNEZ.
- EXENCIÓN DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO E IMPUESTO TERRITORIAL A HABITANTES DE ZONAS FRONTERIZAS.
- PERJUICIOS POR PESCA EXCESIVA DE LA MERLUZA AUSTRAL. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- REITERACIÓN DE PROPUESTA SOBRE REPOSICIÓN DE FERROCARRILES. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- REANUDACIÓN DE VUELOS DE LAN-CHILE A LAS ISLAS MALVINAS. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Leon Ramirez
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Samuel Venegas Rubio
- Alejandro Navarro Brain
- Alberto Espina Otero
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Manuel Rojas Molina
- Jaime Rocha Manrique
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 47ª, en miércoles 31 de marzo de 1999
(Ordinaria, de 16.03 a 19.17 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos Acuña Cisternas, don Mario, y Mesías Lehu, don Iván
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
-o-
Minuto de silencio en memoria del ex Senador Jaime Guzmán Errázuriz 9
-o-
V.Orden del Día.
- Tratado de libre comercio entre Chile y México. Primer trámite constitucional. Acuerdo sobre transporte aéreo entre Chile y México. Primer trámite constitucional 9
- Beneficios a los personales del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y normas sobre racionalización del sector Hacienda. Primer trámite constitucional 25
VI.Proyectos de acuerdo.
- Información sobre detenidos por hechos de violencia en recintos deportivos. (Continuación) 37
- Modificación del decreto Nº 114, de Vivienda, sobre pavimentación participativa 38
VII.Incidentes.
- Reanudación de vuelos de LAN-Chile a las Islas Malvinas. Oficio 39
- Felicitaciones a autoridades y pueblo de Paraguay por solución de crisis política. Oficio 41
- Homenaje al profesor Gastón Gilbert Baettigg, recientemente fallecido. Oficio 41
- Recursos presupuestarios para infraestructura de riego en Novena Región. Oficio 42
- Medidas para paliar cesantía en comunas de la Tercera Región. Oficios 43
- Solución a problemas y necesidades de Concón. Oficios 44
- Medidas económicas en favor de la Séptima Región. Oficios 45
Pág.
- Información sobre arrendamientos de terrenos fiscales en la Undécima Región. Oficio 46
- Encuentro de los organismos regionales y subregionales con programas en ciencia y tecnología 46
- Reconsideración de disminución de raciones alimenticias escolares en comunas de las regiones Décima, Undécima y Duodécima. Oficios 48
- Réplica a declaraciones de diputados sobre responsabilidades en homicidio de Tucapel Jiménez 48
- Exención de pagos de arrendamiento e impuesto territorial a habitantes de zonas fronterizas 50
- Perjuicios por pesca excesiva de la merluza austral. Oficios 50
- Reiteración de propuesta sobre reposición de ferrocarriles. Oficio 51
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones, que modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las Juntas Inscriptoras y en lugares distintos de su sede (boletín Nº 2315-06) 54
2. Moción de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, León, Venegas, Navarro, Espina, García-Huidobro, Rojas, Rocha y Diputada señora Adriana Muñoz, que establece la promoción de los educandos de acuerdo a su aprendizaje (boletín Nº 2313-04) 57
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-Del Grupo Interparlamentario Chileno-Alemán, mediante el cual informa que procedió a constituirse y eligió como Presidente al Diputado señor Kuschel.
-De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como su Presidente al Diputado señor Silva, don Exequiel.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De los Diputados señores Pablo Galilea, Kuschel, Delmastro y Fossa, difusión del turismo especialmente en la Región de Aisén.
Ministerio de Educación
-De la Diputada señora María Victoria Ovalle y de los Diputados señores Kuschel, Vega y García-Huidobro, subvención educacional febrero 1999 en establecimientos rurales de la Sexta Región.
Ministerio de Agricultura
-De los Diputados señores Osvaldo Palma, Delmastro, Bertolino, Vilches, Pablo Galilea, Rosauro Martínez y de la Diputada señora Marina Prochelle, financiamiento por parte del Estado de muestreo de bovinos en ferias.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Del Diputado señor José García, listas de espera para el Subsidio Único Familiar y Pensiones Asistenciales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (97)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
-Asistieron, además, los Ministros de Defensa Nacional , señor José Florencio Guzmán, y de Hacienda, señor Eduardo Aninat, y los Senadores señores Sergio Bitar, Sergio Díez y Jaime Gazmuri.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las l6.03 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 40ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 41ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EX SENADOR JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Pido la palabra.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , debido a que el día de mañana se cumplen ocho años del asesinato del ex Senador Jaime Guzmán Errázuriz , solicito a su Señoría que recabe el asentimiento de la Sala para guardar un minuto de silencio en su memoria.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
Acordado
Los señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
V. ORDEN DEL DÍA
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y MÉXICO. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Gustavo Alessandri, y de la de Hacienda, el señor Álvarez.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2257-10, sesión 10ª, en 26 de octubre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, sesión 44ª, en 17 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Pido la palabra.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, solicito que los informes relacionados con el Tratado de Libre Comercio y con el Acuerdo sobre transporte aéreo con los Estados Unidos Mexicanos se entreguen en conjunto y que el debate se refiera a ambos, porque hay referencias cruzadas entre los dos. De esa manera, se ayuda al despacho de los mismos.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , entiendo que, según el acuerdo de los Comités, los tres proyectos de la Tabla se considerarán hasta su total despacho. ¿Cuál sería la hora de votación?
El señor MONTES (Presidente).-
El acuerdo es votar los tres proyectos al término del Orden del Día.
Tiene la palabra el Diputado informante , señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , en septiembre de 1991, Chile y México suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi , que se encuentra en aplicación desde el 1 de enero de 1992, como un nuevo modelo de integración entre Chile y los países latinoamericanos, el que se fijó como meta intensificar las relaciones económicas bilaterales por medio de una liberalización total de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de las partes.
Una visión global de los resultados alcanzados con su aplicación permite señalar que, a 7 años de la suscripción de dicho Acuerdo, un 98% del comercio entre Chile y México se encuentra libre de aranceles y multiplicado en 10 veces, alcanzando a US$ 1.452,5 millones en 1997. También destaca la diversificación que ha experimentado el comercio bilateral, tanto en términos de empresas participantes como de productos chilenos exportados. El mercado mexicano estaba cerrado a nuestros productos y la firma del tratado nos permitió colocar durante la temporada pasada 4,3 millones de cajas de frutas. En efecto, según antecedentes proporcionados por la Cancillería, en 1991 existían 242 empresas exportando productos a México, mientras que en 1997 esta cifra había alcanzado a 535 empresas. En cuanto a ítems arancelarios, éstos aumentaron de 277, en 1991, a 667, en 1997. Los flujos de inversiones también han tenido un importante crecimiento, registrándose inversiones chilenas en México del orden de los US$ 80 millones y de México en Chile de unos US$ 240 millones.
Estos positivos resultados llevaron a los Gobiernos de ambos países a celebrar el Tratado de Libre Comercio que la honorable Cámara analiza en estos momentos, con el cual se pretende crear una sólida y profunda zona de libre comercio, que acrecentará y reforzará normativamente la expansión del intercambio comercial iniciada con la vigencia del Acuerdo de Complementación Económica vigente desde el año 1992.
En el marco de la política exterior chilena, este Tratado se inserta en la estrategia seguida por el Gobierno para superar las limitaciones unilaterales al comercio internacional, especialmente de aquellas que, establecidas con fines proteccionistas, crean obstáculos al desarrollo de países como Chile, que han adoptado un modelo de economía abierta.
En general, se trata de evitar todo mecanismo discrecional que tienda a entrabar la libre circulación de bienes y servicios y que afecte el desarrollo del sector exportador con mayor valor agregado en nuestro país, entre los cuales el mensaje cita los procedimientos aduaneros engorrosos y los estándares técnicos excesivamente rigurosos; las medidas sanitarias y fitosanitarias injustificadas, y los derechos antidumping y compensatorios.
Por otra parte, este Tratado de Libre Comercio se enmarca en una política de internacionalización con el resto de los países del continente americano y de profundización de los acuerdos existentes; en este caso, con México, la mayor nación de habla hispana del mundo, que tiene un producto interno bruto cercano a los cuatrocientos cuatro mil millones de dólares, es decir, aproximadamente cinco veces mayor que el de Chile, y un mercado consumidor potencial cercano a los cien millones de personas, muy importante para la exportación de nuestros bienes y servicios.
Además, este Tratado de Libre Comercio profundiza la experiencia acumulada por ambos países en otros planos. En el caso de México, su experiencia en el Nafta, y en el de Chile, su experiencia en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá.
Así, este Tratado permite a nuestro país consolidar su nivel de apertura en la mayoría de los sectores económicos; en tanto que México, por su parte, otorga a Chile el mismo nivel de apertura concedido a Estados Unidos de América y a Canadá, inclusive superior en algunos sectores, según lo señala el mensaje.
Chile avanza en áreas que no fueron negociadas con Canadá, como es el caso de las medidas de normalización, medidas sanitarias y fitosanitarias y tratamiento de la propiedad intelectual. Además, como permite a cada Parte mantener su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales, nuestro país podrá mantener el mecanismo de bandas de precios al que se acoge un grupo de productos agrícolas; la facultad del Banco Central de Chile para aplicar medidas destinadas a precaver la estabilidad de la moneda; el derecho a exigir la nacionalidad chilena para ejercer en nuestro país determinadas profesiones, como la de abogado, y la reserva del cabotaje para las empresas chilenas. Asimismo, se adoptan resguardos en aspectos estratégicos, como la seguridad nacional.
A las consideraciones anteriores, se agrega que México, además de ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), constituye un socio estratégico para Chile en el proceso del Acuerdo de Libre comercio de las Américas (Alca) y en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (Apec).
Pues bien, señor Presidente , en este contexto, ambos Gobiernos han celebrado el Tratado de Libre Comercio, cuyo contenido normativo se divide en seis partes: veinte capítulos, con 35 anexos y 4 apéndices que complementan determinados capítulos, y seis anexos, de alcance general. Su texto tiene una extensión, aproximada, de setecientas páginas, reseñado en el informe escrito puesto a disposición de los honorables colegas y a cuyos aspectos fundamentales paso a referirme.
Sobre el alcance de las normas relativas al trato nacional y acceso de bienes al mercado, puedo señalar que la desgravación arancelaria se mantiene en el nivel de liberalización alcanzado con el Acuerdo de Complementación Económica de 1991, gracias al cual, repito, el 98,4% del intercambio bilateral se encuentra en el nivel cero de arancel aduanero. La regla general en la materia es el principio de trato nacional, en virtud del cual los bienes de una parte, una vez ingresados al territorio de la otra parte, no pueden ser objeto de discriminación y tienen el mismo tratamiento que los bienes de la parte importadora.
Las excepciones a este compromiso las constituyen, en el caso de México, el decreto para el Fomento y Modernización del sector automotor, y en el caso de Chile, las medidas a la importación de vehículos usados.
Las partes se comprometen a mantener la eliminación de todos sus aranceles aduaneros para bienes originarios.
Los productos contemplados en las listas de excepciones son, aproximadamente, cien clasificaciones arancelarias que representan cerca del 2% del universo de productos, y sólo un producto -las manzanas- integra la lista de desgravación, en un programa que terminará el año 2006.
En el caso de las manzanas provenientes de México, empieza en 1999 con arancel aduanero de 8,6%, y en el de las manzanas que ingresan a México provenientes de Chile el arancel aduanero será de 11,7%.
Los aranceles indicados regirán exclusivamente para importaciones por un cupo anual inicial de 2.264,5 toneladas métricas, que se incrementará anualmente, a partir del año 2000 y hasta el año 2005 inclusive, en un 5% respecto del cupo vigente para el año anterior. Para las cantidades que excedan el cupo señalado, los dos países son autorizados a aplicar un arancel que no sea superior a su arancel de nación más favorecida.
Las partes no podrán aplicar restricciones a las importaciones ni exportaciones, salvo las reservas que cada una de ellas establecen.
Chile se reservó el derecho de imponer y mantener medidas relativas a la venta interna de la producción nacional de cobre y otros metales e imponer medidas a la importación de vehículos usados.
México , por su parte, estableció prohibiciones o permisos previos para la importación de ropa usada, bienes derivados del petróleo y bienes usados y nuevos del sector automotor.
Se dispone la eliminación de todos los subsidios a la exportación para bienes agropecuarios para el 1 de enero del año 2003. Hasta esa fecha, si una de las partes incrementa, introduce o reintroduce subsidios a la exportación, la otra parte podrá incrementar el arancel de nación más favorecida para ese producto. El mensaje destaca que esta disposición representa un logro para Chile, por cuanto nuestro país ya ha comprometido frente a la OMC el no tener ningún tipo de subsidio a la exportación, excepto el reintegro simplificado hasta el año 2003.
Sobre las reglas de origen, debo señalar a la honorable Cámara que ellas tienen por objetivo asegurar que los beneficios del Tratado sean concedidos a bienes producidos en Chile y México y no a bienes que se elaboren total o mayoritariamente en otros países. Mediante reglas claras y precisas se reducen obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado.
En cuanto a los procedimientos aduaneros que se regulan en este Tratado, ellos tienen por objeto impedir que sean utilizados como barreras no arancelarias al comercio y reglamentar la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas de origen.
Estos procedimientos representan para Chile la introducción de nuevas formas de proceder: la certificación del origen, la determinación de las obligaciones del importador y del exportador, la factibilidad de que el sector privado requiera pronunciamientos en forma previa al despacho de las mercancías respecto del cumplimiento de origen, mecanismos de revisiones e impugnaciones de las actuaciones de la administración y un adecuado y efectivo sistema de sanciones.
La certificación de origen corresponde a los principales responsables de la observancia de las reglas de origen: los exportadores y productores. No existen, por lo tanto, entidades certificadoras, como ocurre con la aplicación de los acuerdos comerciales firmados en el contexto de la Aladi, evitándose que las responsabilidades se diluyan, fijándose sanciones para el caso de transgresiones en la certificación.
Se confirma el derecho de cada parte para determinar el nivel de protección sanitaria o fitosanitaria que considere adecuado, disponiendo que cada parte pueda alcanzar tal nivel de protección mediante la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias fundamentadas en principios científicos y en una evaluación de riesgos. Dichas medidas se deberán aplicar sólo en el grado necesario para alcanzar el nivel de protección, tomando en cuenta la factibilidad técnica y económica y no constituirán una discriminación injustificada o una restricción encubierta al comercio.
El tratamiento a las inversiones que se establece en el Tratado mejora considerablemente el régimen jurídico general que se aplica a los inversionistas mexicanos en Chile y a los chilenos en México. Se les garantiza el trato nacional, el tratamiento de la nación más favorecida, el derecho a una compensación justa y adecuada en caso de expropiación, la no exigencia de requisitos especiales para invertir en un determinado sector, tales como la exigencia de que se exporte una parte de la producción.
Ninguna de las partes podrá exigir que una empresa que sea una inversión de inversionistas del otro Estado, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.
Los mecanismos de solución de controversias convenidos en el ámbito de las inversiones son, en términos generales, los mismos que se establecen en los convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones, fundado en las normas del convenio sobre Arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (Ciadi) o las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). Se agrega, en este Tratado, el derecho de los inversionistas a reclamar contra una medida de una parte que viole las normas que rigen las inversiones y otras normas referidas a empresas del Estado, siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la transgresión.
En materia de transporte marítimo, se elimina la reserva de carga vigente en la legislación mexicana que afectaba al sector automotor, disponiéndose, de esta manera, el acceso en igualdad de condiciones de las naves mexicanas y chilenas al transporte de esta clase de bienes y de todo tipo de mercancías.
En lo relativo a las denominaciones de origen, México reconoce la denominación “pisco” como de uso exclusivo para los productos originarios provenientes de Chile, sin perjuicio de los derechos que México pueda reconocer, además de Chile, exclusivamente al Perú, en relación al “pisco”. También México reconoce el “pajarete” y “vino asoleado” para su uso exclusivo en productos originarios de Chile. Adicionalmente, se comprometió la conformación de una comisión técnica que estudiará las denominaciones de origen de los vinos chilenos. Chile, por su parte, reconoce las denominaciones “tequila” y “mezcal” para su uso exclusivo de productos originarios de México.
Para la solución de controversias, las partes podrán elegir entre recurrir a los procedimientos de la OMC o a los establecidos en este Tratado. En este caso, el primer recurso son las consultas entre las partes y si en ellas no hay solución se pasa a la Comisión de Libre Comercio, la que inicia una fase de conciliación o mediación. Fracasada esa fase, se establece un grupo arbitral de cinco miembros, elegidos de una lista confeccionada por las partes con personas con conocimiento y experiencia internacional. Cada parte selecciona dos árbitros nacionales de la otra parte. El grupo arbitral determina si hay incompatibilidad entre el Tratado y la medida impugnada y formulará una recomendación. El informe final del grupo es obligatorio para las partes, sin perjuicio que ellas puedan convenir otra cosa.
Durante el estudio de este Tratado, la Comisión acordó recibir opiniones de las personas e instituciones reseñadas en el anexo Nº 2 del informe que los honorables Colegas tienen a su disposición, y, como allí se señala, todas estas personas y entidades entregaron informes favorables a la aprobación de este Tratado.
Durante su estudio, la Comisión acordó dejar constancia, a propósito de las normas sobre administración del Tratado, de una prevención constitucional sobre el alcance que en el orden interno podrá tener el procedimiento de aprobación de las modificaciones que se convengan en el seno de la Comisión de Libre Comercio en materias reguladas por el Tratado. El juicio unánime de la Comisión es que el recurso al decreto supremo, tramitado en la Contraloría General de la República, sólo será posible cuando dichas modificaciones incidan en materias reglamentarias, ya que si correspondieren al ámbito legal, ellas deberán ser sometidas a la consideración del Congreso Nacional, conforme lo disponen los incisos segundo y tercero del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política de la República.
Análoga prevención y con el mismo fundamento jurídico se formula acerca del alcance del anexo VI, relativo a compromisos futuros que podrán celebrar las partes, ya que todo acuerdo de este tipo, que pase a formar parte de dicho anexo, deberá ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional cuando sus disposiciones traten materias no reguladas por el Tratado o lo modifiquen en materias del dominio legal.
Señor Presidente , con el fin de no repetir la experiencia que tuve tiempo atrás, al informar un Convenio con Luxemburgo, solicito la venia de la Mesa para extenderme sobre este punto fijando un criterio personal.
Como es de conocimiento de esta honorable Cámara, con ocasión de la promulgación del Décimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica celebrado con Bolivia, más de 40 diputados estimamos necesario recurrir al Tribunal Constitucional sosteniendo que dicho protocolo, por regular materias propias de ley, no podía ser puesto en ejecución sin aprobación parlamentaria previa.
En esa oportunidad, la Contraloría General de la República en su informe al Tribunal Constitucional no observó su doctrina histórica en cuanto a que la Constitución Política debe ser interpretada restrictivamente y, en consecuencia, ha permitido que a sus normas se le dé aplicación en situaciones no expresamente previstas por el constituyente. La reiterada jurisprudencia de la Contraloría señala que los tratados internacionales que importen regulaciones propias de materias de ley necesitan aprobación del Congreso Nacional, como lo ha señalado en los dictámenes Nºs 9.394, 2.888 y 14.165, todos del año 1996.
Tampoco reconoció la Contraloría General de la República, en su informe al Tribunal Constitucional en el caso de Bolivia, su opinión anterior en cuanto a que el Presidente de la República necesita autorización parlamentaria para dictar disposiciones con fuerza de ley durante la ejecución de un tratado internacional.
El Tribunal Constitucional, por su parte, ha hecho una interpretación extensiva de la norma constitucional al admitir que en la aprobación parlamentaria de un tratado internacional es posible que exista una delegación de facultades legislativas implícita, en circunstancias de que los incisos 2º y 3º del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política de la República, literalmente, señalan: “Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley.
“En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguiente del artículo 61,”.
En consecuencia, la delegación debe ser expresa, situación que no ocurrió en el caso de los tratados que fundamentan el Décimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica con Bolivia, situación que tampoco se dará en este Tratado de Libre Comercio con México. Por ello, no podrá el Gobierno apoyarse en este fallo del Tribunal Constitucional para pretender aplicar, sin aprobación parlamentaria, los acuerdos complementarios de este Tratado que celebre en el futuro, cuando ellos incidan en materias de ley.
Finalmente, quiero decir que el alcance de la facultad especial del Presidente de la República para conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y los organismos internacionales no es el mismo que el alcance que tiene su facultad para celebrar tratados internacionales o acuerdos complementarios de éstos.
En el primer caso, su facultad tiene las características de una facultad exclusiva, ya que el jefe del Estado puede decidir sobre las relaciones diplomáticas con un Estado y designar a los embajadores, sin consulta con ningún otro poder del Estado; sin embargo, en el ejercicio de su facultad de celebrar tratados, él debe actuar permanentemente con la aprobación del Congreso Nacional, ya sea para ratificarlos o para dar ejecución a aquellos que regulan materias de ley. En este aspecto, el Presidente de la República no puede actuar sin el concurso del Congreso Nacional.
En estos tiempos, en que se está globalizando la actividad económica, no es posible que el Presidente de la República pueda unilateralmente entrar a regular la actividad económica nacional por la vía de los tratados internacionales, con prescindencia absoluta del Parlamento, más aún si como consecuencia de los compromisos que ellos imponen, nuestro poder soberano queda supeditado a la voluntad de un tercer Estado.
Dejo constancia, entonces, que el criterio aplicado por el Tribunal Constitucional sólo produce efectos relativos y específicos para el caso del Décimo Protocolo celebrado con Bolivia, el que nunca más debiera repetirse, porque no corresponde en estricto derecho y, además, porque hay un acuerdo político entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos diputados de esta Cámara para requerir la aprobación del Congreso Nacional de tratados de comercio, particularmente si ellos modifican normas legales aplicables en las principales actividades económicas nacionales.
Por último, señor Presidente , debo hacer notar a la honorable Cámara que tienen rango orgánico-constitucional las normas del Nº 2 del anexo 9-10, en la medida en que modifican para los efectos de este Tratado, el monto y plazo máximo del encaje que puede disponer el Banco Central de Chile, en conformidad con su orgánica constitucional del Banco.
Dada la indivisibilidad de la votación en el trámite de aprobación o rechazo de los tratados internacionales, la decisión de la honorable Cámara sobre este instrumento deberá ser adoptada en votación única y con quórum orgánico-constitucional, según ha sido la práctica reiterada de ambas Cámaras, especialmente en el caso de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, en el cual se contemplaban análogas disposiciones a las que motivan esta constancia.
En definitiva, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer la aprobación del artículo único del proyecto de acuerdo, con las modificaciones formales que se indican en el informe, y, permítaseme reiterar, con las prevenciones constitucionales ya señaladas.
He dicho, señor Presidente.
ACUERDO SOBRE TRANSPORTE ÁEREO ENTRE CHILE Y MÉXICO. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tal como acordó la Sala, a continuación corresponde conocer el proyecto de acuerdo sobre transporte aéreo entre los Gobiernos de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Isabel Allende, y de la Comisión de Hacienda, el señor Jocelyn-Holt.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2256-10, sesión 10ª, en 26 de octubre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, sesión 44ª, en 17 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, respectivamente.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la señora diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informo acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado bilateral denominado “Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 14 de enero de 1997.
Como lo indica el mensaje, este convenio es de similar naturaleza a los acuerdos sobre transporte aéreo celebrados con otros países, en los que sus cláusulas son, por lo general, tradicionales en este tipo de tratados, como ocurre con los celebrados con Bolivia, en 1993, y con Jamaica, en 1994, aunque se diferencia de los convenios de cielos abiertos que se han firmado, por ejemplo, con Panamá y Nueva Zelanda.
Antecedentes proporcionados por la Junta de Aeronáutica Civil señalan que el convenio sometido a la consideración de la honorable Cámara perfecciona el régimen del transporte aéreo entre Chile y México, actualmente regido por el Acta de Acuerdo suscrita el 23 de marzo de 1990, con motivo de la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que permitió que las líneas aéreas chilenas, Ladeco , primero, y LAN Chile, después, iniciaran inmediatamente sus vuelos a México.
Vale la pena detenerse en la evolución del tráfico Chile-México. Luego de su inicio, después de reanudarse las relaciones diplomáticas, ha ido incrementándose en un promedio anual superior al 38 por ciento de personas trasladadas, llegando, en 1998, a un total de 143.129 pasajeros. Dentro de esta cifra, la participación de LAN Chile se elevó al 54 por ciento y hasta donde operaba Ladeco a comienzos de la década, a un 43 por ciento.
Por su parte, las dos aerolíneas mexicanas transportaron un 33 por ciento de pasajeros; el resto lo efectuaron otras líneas como Lacsa, Aeroperú y Lloyd Aéreo Boliviano .
El Convenio tiene especial interés, ya que respalda las operaciones que las empresas chilenas realizan actualmente, y servirá de marco para lograr una mayor apertura con México, al establecer principios de libre competencia, que se reafirman en el Tratado de Libre Comercio que acaba de informar el colega Alessandri.
Respecto de las relaciones comerciales entre México y Chile, no está de más recordar las cifras.
En 1990, el intercambio bilateral alcanzó a alrededor de 158 millones de dólares, y en 1998 llegó a 849 millones de dólares. Por lo tanto, es evidente la trascendencia del Convenio que estamos analizando.
Cabe señalar que el mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , después de referirse al articulado del Convenio, concluye que este instrumento se ajusta plenamente a la política y legislación nacional, por lo que solicita su aprobación, dado su carácter abierto en materia de derechos de tráfico, la múltiple designación de empresas, los principios que rigen la operación de los servicios y rutas convenidos y por no afectar los derechos obtenidos en materia de transporte aéreo en el Convenio de Complementación Económica con México.
El contenido de su articulado está ampliamente expuesto en el informe que los colegas tienen a su disposición, de manera que me parece de interés sólo señalar las opiniones del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, del Director de Relaciones Económicas Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y del Director de Asuntos Externos de LAN Chile.
El ministro explicó, en lo sustancial, que este convenio es simple y liberal, ya que establece todas las libertades posibles entre ambos países. En el hecho, es de aquellos que son un ideal de suscribir para un país como el nuestro, que tiene vocación de firmar acuerdos sobre transporte aéreo muy liberales. Señaló que Chile es un país de término de vuelos internacionales, por lo cual le interesa negociar derechos de tráfico con otros países, pasando por países intermedios o derechos de tráfico que le den la posibilidad de sacar pasajeros de ese país para llevarlos a otros.
Indicó el ministro que este acuerdo consagra amplias libertades y casi todos los derechos y mecanismos de tráfico para vuelos directos entre ambos países. Así, contempla la libre designación de líneas aéreas o de puntos de entrada o de acceso al país, la libre competencia y la libertad tarifaria. También contiene mecanismos que no suelen otorgarse fácilmente entre los países, como son los acuerdos de código compartido, es decir, que las líneas aéreas lleguen a acuerdos comerciales entre ellas para que un vuelo se realice, con un solo boleto, en dos líneas aéreas diferentes.
Además, consagra uno de los derechos de tráfico más valiosos en esta materia, denominado “derecho de quinta libertad”, que permite, por ejemplo, que una línea aérea chilena pase por México y lleve pasajeros desde ese país a otros, o bien, pasar por un punto intermedio y llevar pasajeros a México.
Reconoció que no necesariamente puede estar asegurada a plenitud su aplicación, pero lo consideró un avance muy importante, porque en caso de dificultades se podrá invocar. Aseguró el señor ministro que Chile siempre se ha caracterizado por cumplir fielmente los acuerdos suscritos.
Por su parte, el Director de Asuntos Externos de LAN Chile compartió lo dicho por el señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pues también juzgó que este convenio es abierto.
Explicó que el convenio en estudio tiene el mérito de consagrar las condiciones básicas para su cumplimiento. Además, señaló que se firmó un memorándum de entendimiento que permitió adelantar el cumplimiento de los derechos consagrados en el acuerdo.
Asignó especial importancia a la ruta de México, porque permite desarrollar servicios a Estados Unidos y Asia, y presionar para obtener mejores condiciones, tomando en consideración que se trata de un país muy restrictivo.
Comentó que es preocupación de su empresa que este convenio esté incluido en el marco del Tratado de Libre Comercio, ya que, a su juicio, perdería flexibilidad y sería difícil desahuciarlo, en caso de incumplimiento.
A su vez, el director de Relaciones Económicas Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, destacó que el Acuerdo quedó incorporado -como ya se ha dicho-, por la vía de la referencia, en el Tratado de Libre Comercio -al cual ha hecho referencia el Diputado señor Alessandri - celebrado entre Chile y México , para los efectos de hacerle aplicable el mecanismo de solución de controversias que contempla. Por lo mismo, el convenio no puede ser desahuciado sino por los mecanismos que contempla el tratado, lo que, por otra parte, efectivamente, le da un margen de mayor estabilidad política y, desde luego, jurídica.
Para resumir, deseo señalar que, en relación con México, esta materia ha estado llena de obstáculos en el pasado, principalmente por una política proteccionista de la autoridad mexicana y, por lo tanto, ha habido un régimen muy cerrado. En ese sentido, queda claro, entonces, que éste es un avance y la comisión concluyó -después de examinar el convenio-, por decisión unánime, recomendar a esta Cámara que se adopte el artículo único del proyecto de acuerdo aprobatorio de dicho convenio en los mismos términos propuestos en el mensaje.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra al señor Jocelyn-Holt, Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , este convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que se analiza en el Congreso Nacional, se vincula estrechamente con el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que informaron, previamente, los Diputados señores Alessandri y Álvarez . En su capítulo 11 se refiere a los servicios de transporte aéreo.
En la Comisión discutimos este tema con la asistencia de los señores Alejandro Jara , director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales; Patricio Balmaceda y Mathias Franke , asesores de la referida Dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con el fin de explicar exactamente de qué se trata y hacer un informe inteligible, porque este tipo de temas es un tanto difícil de entender para quienes nunca lo han conocido -por lo menos, es mi caso-, puedo decir que el convenio consagra un marco amplio de otorgamiento de franquicias para que, posteriormente, autoridades aeronáuticas de ambos países lo implementen. El acuerdo de complementación económica entre Chile y México, anterior al Tratado de Libre Comercio informado previamente, regulaba y establecía que las empresas aéreas de ambos países podían ofrecer servicios regulares y no regulares entre ambos territorios, puntos intermedios y más allá con derechos de tráfico de tercera, cuarta y quinta libertades, salvo los puntos más allá de Santiago y de Ciudad de México.
Para los efectos de saber qué quiere decir “derechos de tráfico de tercera, cuarta y quinta libertades”, me han explicado que los derechos de tráfico de tercera libertad son los de ida, los de cuarta libertad son los de vuelta, y los de quinta son aquellos que tienen por objeto prestar servicios más allá o en puntos intermedios dentro de los países suscriptores del convenio aéreo.
Desde luego -recuerdo-, lo más de Perogrullo del transporte aéreo son los derechos de tercera y cuarta libertades, y los que de alguna manera cuesta más obtener son los de quinta libertad, sea para satisfacer puntos intermedios o más allá de las ciudades de los países suscriptores.
Ahora, más allá de lo que se acordó en el marco del ACE entre Chile-México, como también en el Acta de Acuerdo, de 23 de marzo de 1990, que regula un compromiso aeronáutico entre los dos países, la práctica fue muy restrictiva, particularmente por las dificultades que tuvimos con México. Nuestras empresas habían logrado acceder a derechos de tráfico con ciudades mexicanas -con excepción de la ciudad capital- e, incluso, con puntos intermedios como Bogotá y Lima que nunca fueron respetados verdaderamente por las autoridades mexicanas; diría que nunca tuvieron interés hasta el momento en que decidieron operar en Chile. En 1995, el gobierno de México mostró un grado de apertura y permitió negociar el presente Convenio sobre transporte aéreo que se firmó el 14 enero de 1997. Como se ha dicho aquí, este convenio es similar a la mayoría de los que ha firmado Chile sobre la materia. Desde luego, algunos tienen un carácter mucho más amplio que otros. Los más amplios, de cielos abiertos, son los que se han logrado con Panamá, Costa Rica, incluso con Nueva Zelanda. Otros contienen restricciones o limitaciones. Hay algunos que se han negociado y en este momento ni siquiera están en vigencia, como el convenio con los Estados Unidos, porque existe una alianza estratégica entre American Airlines y LAN-Chile que de alguna manera ha impedido dar forma a un acuerdo de otra naturaleza.
Quiero plantear que este Tratado consagra libertades de equipo y de frecuencia; libre designación de empresas aéreas; la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración conjunta como el que existe actualmente entre LAN-Chile y Aero México ; acuerdos de código compartido -que mencionó la Diputada señora Isabel Allende -, normas sobre reconocimiento de certificados de aeronavegabilidad y licencias; exenciones de derechos aduaneros -materia que conoció la Comisión de Hacienda en relación con el artículo 8º-, reconocimiento del derecho de las empresas a transferir utilidades -materia que se contiene en el artículo 13 que, curiosamente, no fue conocido por la Comisión de Hacienda; al respecto, después de leer el informe, quedé con la inquietud de si debimos haberlo estudiado en algún momento o no, porque podría tener impacto fiscal-, libertad tarifaria con disposiciones que protegen al consumidor frente a tarifas excesivamente altas o restrictivas por abuso o posición dominante, reglas que impidan tarifas que tiendan a impedir la competencia, normas de seguridad, sobre solución de controversias y sobre sus modificaciones.
El convenio también contempla cuadros de rutas. Actualmente, el cuadro de rutas, modificado -por ser acuerdo marco- a través de distintas disposiciones y resoluciones de las autoridades competentes de ambos países, establece diez frecuencias semanales. Chile tiene tres a Cancún y siete a Ciudad de México. A pesar de que el acuerdo marco permite el otorgamiento de derechos de tráfico de quinta libertad, nosotros, en la práctica, no estamos ejerciendo ninguna de nuestras frecuencias con destino a ese país o desde él. Las operaciones cargueras están limitadas a un punto intermedio, aun cuando se puede llegar a otras ciudades de México sin derechos de quinta libertad más allá, habiendo la autoridad aeronáutica flexibilizado su posición al permitir a LAN operar hacia Los Ángeles, pero sin derechos de tráfico entre México y esa ciudad norteamericana.
El capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio no sólo produce el efecto práctico de obligar a que este Convenio de transporte aéreo sea aprobado por el Congreso Nacional, sino que, además, logra -creo que es su principal importancia- evitar desahucios unilaterales por parte de las autoridades aeronáuticas como eliminar lo que previamente concedieron, hasta ahora una práctica habitual y a la cual estaban expuestas efectivamente nuestras empresas aéreas en su tráfico con México. En efecto, una disposición del Tratado de Libre Comercio estipula que las modificaciones al Convenio no podrán restringir los derechos respecto a la situación existente en el Convenio al 16 de marzo de 1998. Lo que quiere decir que, en la práctica, este Convenio no solamente tiene valor de ley, sino que sigue la suerte, en sus modificaciones, de todas las otras modificaciones que tenga el Tratado.
En lo único en que el Tratado de Libre Comercio modifica este Convenio dice relación con las disposiciones sobre controversias, con la modalidad con que se integra el panel de árbitros y con las disposiciones finales del Tratado que priman por sobre las del convenio.
Como se dijo anteriormente, el Convenio de transporte aéreo es similar a los demás firmados por Chile en la materia; sin embargo, la relación con México en este aspecto ha estado llena de obstáculos, principalmente debido a la política proteccionista de la autoridad mexicana, traducida en un régimen muy cerrado -a pesar de los acuerdos que han regulado el tráfico aéreo entre los dos países-, y este Acuerdo, por lo menos, es un avance y va a servir de marco para ambas naciones. Su entrada en vigencia inicia un proceso de apertura de tráfico aéreo sin retrocesos con México, lo cual difiere de los regímenes vigentes con el resto de los países, en los cuales siempre la autoridad aeronáutica mantiene la facultad de limitar, restringir o negar los derechos otorgados con anterioridad.
En ese ánimo, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio en los mismos términos en que ha sido presentado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
En discusión ambos proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , este Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos Mexicanos forma parte de la política de apertura, muy plausible, que ha permitido ir integrándonos con otros mercados, ya sea por zonas de libre comercio, por uniones aduaneras y -esperamos-, en el futuro, por nuevos mercados comunes o uniones económicas que potencien las economías a partir de la vinculación multilateral.
Quiero sí destacar algunos aspectos de este tratado.
En primer lugar, creo que, en cuanto a normas de origen, es un tratado bastante similar al acuerdo Chile-Canadá. Ha profundizado las materias de manera muy adecuada, sobre todo bajo el marco de la Organización Mundial de Comercio.
En segundo lugar, el tratado es adecuado respecto de normas técnicas. Incluso, ha ido bastante más allá de lo que se logró con Canadá, donde no está incluido este capítulo que es muy importante.
También me parecen adecuadas las medidas sanitarias y fitosanitarias que no están contempladas en el tratado con Canadá.
Luego, también es adecuado el sistema de solución de controversias que se ha desarrollado dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio y del Gats.
También nos parece importante iniciar algún tipo de debate sobre las compras centralizadas que hacen los gobiernos, problema que debe preocuparnos de manera más importante en la medida en que lleguemos a fórmulas de interrelación con otros países.
Lamentamos que en algunas materias -lo reconocemos en el informe-, como en la eliminación de derecho antidumping, servicios financieros y las aludidas compras de gobierno, no se haya llegado a una total solución; pero, al menos, los temas están en discusión y a futuro esperamos llegar a acuerdo con México. De igual modo, aunque no se usen, es prudente mantener normas sobre encaje, en relación con el Banco Central.
Por último, es muy importante coordinar en forma adecuada todo este tipo de modelos de integración con los tratados que eviten la doble tributación. Espero que tengan una rápida tramitación en el Congreso, debido a que no tiene mucho sentido llegar a un marco de acuerdo en una zona de libre comercio, en una unión aduanera, en un mercado común, en una unión económica, sin haber llegado a un marco sobre tributación.
Por eso, sin perjuicio de que puedan presentarse algunos problemas económicos por desbalance de nuestra situación comercial en algunas áreas o porque todo acuerdo multilateral produce efectos negativos para algunos sectores, me parece que este tratado en general es muy provechoso y positivo para el país. Por ello, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , la integración de Chile con México va mucho más allá del convenio aéreo, lo cual es un paso importante en la relación de ambos países. Como dijo la señora diputada informante , en nueve años ha aumentado diez veces la cantidad de pasajeros -de 10 mil a 110 mil-, lo que quiere decir que en el convenio hay un gran potencial para mejorar la integración.
En cuanto al acuerdo sobre tributación que mencionaba el Diputado señor Álvarez , será analizado por la Comisión de Relaciones Exteriores en los próximos días y va a agregarse a este fortalecimiento multilateral en la integración de ambos países.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , por la complejidad del tema, intervendré de nuevo. Éste es un muy buen acuerdo, porque está bien negociado -contempla un conjunto de materias que no estaban presentes en acuerdos anteriores-, y porque ha tenido una tramitación muy adecuada, ya que en el Congreso se ha discutido acuciosamente.
Últimamente, una de nuestras discusiones comerciales normales ha motivado reclamaciones ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. He sido partidario de hacerlas ante dichos organismos, porque he estimado que en esos otros casos no ha habido un tratamiento adecuado para entender qué debe ser discutido y por quién.
Estos acuerdos, como muy bien lo decía el Diputado señor Álvarez , inciden en materias que tienen que ver con el origen, no únicamente con solución de controversias, con servicios y con un conjunto de aspectos muy capitales no sólo en cuanto al intercambio comercial, sino también con el grado de tributo que pagan estas actividades por vía del arancel. Eso ha sido siempre así y, de repente, ha costado convencer a algunas personas en materia de competencia del Congreso Nacional.
Por eso el Diputado señor Alessandri tiene toda la razón al hacer presente la prevención de las Comisiones de Hacienda y de Relaciones Exteriores de la Cámara. Cuando éstas conocieron una norma muy específica respecto de la facultad de la Comisión Administradora de este Convenio, hicieron ver que no debía entenderse que se estaban delegando facultades legislativas a la Comisión Administradora, lo cual es correcto.
Ojalá este acuerdo opere sin mayores controversias, porque nuestras relaciones comerciales con México no pueden estar en mejor pie y porque es un buen acuerdo. Ésa es una realidad. Del mismo modo que ante una decisión de una comisión administradora debemos hacer ver que va en una dirección inconveniente o inadecuada y hay que parar y discutir la situación, uno debería celebrar las calidades negociadoras de las personas o equipos que hacen las cosas de otro modo y bien. Creo que aquí se han hecho de manera correcta.
Sin embargo, la prevención del Diputado señor Alessandri vale, porque en el mediano y largo plazo estos acuerdos tendrán que medirse en su aplicación práctica, en decisiones que se tomarán día a día, que afectarán productos que estarán entrando y saliendo de las fronteras; incluso en operaciones triangulares que se producirán en zonas de maquila, en zonas francas o en otras, que de alguna manera motivarán debates. En el caso de México, se han llevado discusiones a los tribunales respecto de televisores, computadores y otros. Ésa es una realidad.
Debemos entender que estos acuerdos no resuelven todos los problemas y que pretenden generar un marco que, con posterioridad, pueda ser usado por las partes de la relación comercial, o por los afectados, para defender sus intereses y derechos.
Aquí he llegado a un punto que tiene que ver crucialmente con las discusiones que hemos tenido con anterioridad. En la suscripción de estos convenios, debemos distinguir el interés nacional y la legítima defensa de una multiplicidad de intereses que constituyen la relación comercial propiamente tal. Esa multiplicidad de intereses en momento alguno puede ser coartada o perjudicada. Si algunos se sienten afectados por prácticas que pugnan con lo que uno quiere defender en convenios de esta especie, no se les puede negar la posibilidad de defenderse. Por eso, cuando alguien cree que las normas de origen no se están aplicando de manera correcta, o que una comisión administradora no tiene facultades para tomar una decisión en lo que se refiere a la aceleración de los plazos de desgravación, es absolutamente legítimo que recurra a los tribunales, al mecanismo de solución de controversias, a plantear sus inquietudes.
Quiero pedir a las autoridades negociadoras que, en lo posible, levanten la bandera de la paz, en el futuro por lo menos, lo cual se puede lograr tratando de “desconflictivizar” nuestras negociaciones comerciales en el mediano y largo plazo. Hay un espacio para ello si nos queremos escuchar de verdad, con sinceridad y considerar al Congreso Nacional como un aliado y socio, en lo que puede ser la apertura comercial del país, y no como un adversario, por algo que hay que entrar a coartar por un conjunto de tecnicismos u otros.
Más allá de las prevenciones manifestadas en las Comisiones de Hacienda y de Relaciones Exteriores respecto de que aquí no hay delegación de facultades legislativas, agradezco que no se haya traído esa discusión a la Sala y que se haya permitido que este trámite legislativo sea pacífico. En caso contrario, estaríamos debatiendo en otro tono y México no se merece esa discusión. La relación comercial con ese país no se merece la discusión habida en el marco del aceite con Bolivia o respecto de los alcances del acuerdo de complementación económica con el Perú.
En este caso concreto, agradezco mucho la disposición de las autoridades de hacerlo así y hago un llamado amistoso para que el trámite en el Senado tenga el mismo carácter e igual naturaleza. De no ser así, lo único que estaríamos haciendo es retrasar la entrada en vigencia del acuerdo, porque en el tercer trámite se daría un debate mucho más intenso.
Al igual como muy bien lo han dicho las personas que han participado en la negociación, me gustaría que este proyecto entrara en vigor cuanto antes, lo que estaba previsto para el 1 de octubre del año pasado. Ello no ha sido posible, porque no ha terminado el trámite legislativo respectivo. Por eso, en la medida en que lo “desconflictivicemos” estaremos introduciendo un instrumento que nos servirá de pauta para futuras negociaciones comerciales, en las que estarán ausentes los conflictos que hemos tenido en otras partes. Ese espacio está disponible, si se quiere entender así.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , como integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me correspondió escuchar, en las sesiones del 3 y 10 de noviembre y 1 de diciembre del año pasado, tal como lo han dicho los diputados informantes, a todas las personas que concurrieron a ella.
En una economía cada día más globalizada, que ha aumentado, según se ha especificado, de 1990 a 1998, de 150 millones de dólares a 800 millones de dólares, es muy importante para el país la firma de este convenio, ya que fortalecerá tanto el libre comercio como el tráfico aéreo, mediante normas que garantizarán a Chile y a México una sólida cooperación internacional.
Por eso, me es muy grato pedir a la Cámara que apruebe el proyecto de acuerdo de manera unánime, al igual como ocurrió en las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda.
Al mismo tiempo, como sostuvo el Diputado señor Jocelyn-Holt, espero que en el Senado se despache con prontitud para que, a la brevedad, sea ley de la República.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La votación se efectuará al término del Orden del Día, según lo acordado.
-Con posterioridad, la Sala acordó votar estos proyectos de acuerdo en la sesión ordinaria del martes próximo.
BENEFICIOS A LOS PERSONALES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR HACIENDA. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone normas sobre racionalización del sector Hacienda.
Diputado informante de la comisión de Hacienda es el señor Ortiz.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2298-05, sesión 33ª, en 13 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 45ª, en 18 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El proyecto se discutirá y votará en general, para luego volver a la comisión de Hacienda.
El Diputado señor Encina, presidente de la comisión de Defensa , y el Diputado señor Prokurica han solicitado que, en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, sea analizado por la comisión de Defensa Nacional.
La Mesa, sin perjuicio de someter esta petición a la consideración de la Sala, es partidaria de que la comisión de Defensa estudie el proyecto en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas.
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en primer lugar, nosotros sólo hemos pedido que aplique las disposiciones reglamentarias pertinentes, no que pida la unanimidad, porque el proyecto no ha ido a la comisión de Defensa, como corresponde.
En segundo lugar, como consecuencia de una mala tramitación, no se ha cumplido con el inciso segundo del artículo 211 del Reglamento, que establece: “En el caso de proyectos de ley que no tengan urgencia calificada de “discusión inmediata” o de “suma urgencia”, las Comisiones deberán realizar una audiencia de una duración de una hora, a lo menos, para escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia a que se refiere el proyecto”.
En este caso, personas interesadas no han sido escuchadas.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El Presidente tiene facultades para proponer determinada forma de tratar los proyectos. Así, el 13 de enero, el entonces Presidente , don Gutenberg Martínez, propuso una fórmula, la que no ha sido objetada hasta ahora.
Sugiero que el proyecto pase a la comisión de Defensa en segundo informe, lo que requiere la unanimidad de la Sala; pero entiendo que algunos diputados no estarían de acuerdo con ello.
Tiene la palabra el diputado informante de la comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el proyecto, de origen en un mensaje que ingresó a la Corporación el 13 de enero, con urgencia calificada de “simple”, concede beneficios económicos a los personales del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone normas sobre racionalización del sector Hacienda.
Para la historia fidedigna de la ley y con el objeto de poner término a algunas críticas malsanas en contra de los poderes políticos, debo recordar que en el caso específico de los personales del Servicio de Impuestos Internos y de la Dirección de Presupuestos, los trece titulares de la comisión de Hacienda fuimos garantes de que el proyecto ingresaría antes de abril. Éste es el rol que, por lo general, cumplimos los parlamentarios como legisladores.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la comisión los señores Joaquín Vial, director de Presupuestos, y Javier Etcheberry, director del Servicio de Impuestos Internos.
Además, concurrieron la señora Clara Szczaranski y el señor Enrique Vicente , presidenta del Consejo de Defensa del Estado y procurador fiscal de la Quinta Región del mismo, respectivamente.
En representación de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, asistieron los directivos de la Afiich y los de la Aneiich, cuyas exposiciones están en las actas de las sesiones 22ª, 24ª y 25ª de la comisión.
Se cometió una injusticia: no se invitó a la asociación de funcionarios del Consejo de Defensa del Estado. Por eso, me parece bien el hecho de que el proyecto vuelva a la comisión de Hacienda. Ayer se trató esto, y se acordó invitar a los dirigentes de dicha asociación para la próxima semana, una vez que se comience su tratamiento en particular.
Hay dos aspectos fundamentales, ambos incluidos en el informe. Uno, el objetivo y estructura del proyecto, y otro, el que se refiere a sus disposiciones -25 artículos permanentes y 15 artículos transitorios-.
Más adelante haré una relación completa de ellos, para que los colegas conozcan en detalle sus alcances.
En cuanto a los antecedentes presupuestarios o financieros, según el informe respectivo, elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 12 de enero pasado, el costo total máximo del proyecto es de 15.271 millones de pesos para 1999; de 18.355 para el 2000, y de 19.832 en régimen, vale decir, para completar su aplicación.
El detalle por entidad se halla en un anexo al informe.
A continuación analizaré cómo se logran los beneficios que concede el proyecto.
Servicio de Impuestos Internos, integrado por 2.800 funcionarios.
Una de las responsabilidades prioritarias de este servicio consiste en minimizar la evasión tributaria y llevarla a niveles equivalentes a la de los de países desarrollados. Esta tarea fiscalizadora se ha transformado en un proceso cada vez más complejo y exigente, que requiere de funcionarios capacitados -tanto en lo profesional como en la atención a los contribuyentes- y comprometidos con principios éticos, en especial con el de probidad.
En este contexto, el proyecto en análisis dispone la concesión de determinados beneficios económicos al personal, introduce modificaciones estructurales y de requisitos en determinadas plantas, y establece la concursabilidad de los cargos de promoción de profesionales y fiscalizadores.
1) Asignación especial de estímulo.
Sustituye el componente base y el incremento por desempeño institucional de la asignación de modernización concedida por la ley Nº 19.553. Su diseño es un elemento modernizador y de mejoramiento de la eficiencia, pues asocia sus beneficios al cumplimiento de metas de reducción de la evasión tributaria y al desempeño individual. Artículos 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto.
Esta asignación contiene los siguientes componentes:
A) Parte fija o base.
Es a todo evento y su pago será mensual. Beneficia a todo el personal de planta y a contrata del servicio, y su monto total será variable, de acuerdo con el grado y escalafón a que pertenezca o se encuentre asimilado el funcionario. Va desde un 30 por ciento en el escalafón de directivos, grados 1 al 9, hasta un 16,5 por ciento en el escalafón de auxiliares, grados 19 al 22.
B) Parte variable.
Se vincula a la consecución de metas institucionales de reducción de la evasión tributaria y será proporcional al grado de cumplimiento de las mismas.
C) Incremento por desempeño individual.
Mantiene las condiciones y los montos establecidos en la ley Nº 19.553.
2) Asignación de supervisión.
Introduce otro elemento de mejoramiento de la gestión, consistente en una herramienta de flexibilidad remuneratoria, con el objeto de compensar exigencias en determinados cargos en relación con sus niveles de responsabilidad, complejidad y ubicación geográfica. Beneficia a los cargos de jefatura pertenecientes a las plantas de directivos y profesionales y de fiscalizadores que ejerzan funciones de supervisión determinadas anualmente por cargos o grupos de cargos por resolución del director del servicio.
En ningún caso podrán asignarse tareas de supervisión a más del 30 por ciento de los funcionarios que conforman las plantas de profesionales y de fiscalizadores, y los montos correspondientes no podrán exceder el 48 por ciento ni ser inferiores al 6 por ciento.
Las cantidades que los funcionarios perciban por este concepto serán imponibles y tributables, y su monto global anual en ningún caso podrá exceder de 2.100 unidades tributarias anuales del mes de enero en que corresponde pagar el beneficio. Artículos 7º y 8º.
3) Bonificación de compensación.
Es un beneficio del cual ya gozan los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de la ley Nº 19.553, y está destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud, a las cuales está afecta la asignación de modernización. Se ha estimado necesario seguir manteniéndola con algunas variantes. Artículo 9º.
El monto de esta bonificación es igual al establecido en la ley Nº 19.553. Sólo varían los porcentajes por aplicar, dado que la asignación especial de estímulo, en sus componentes fijo y variable, tiene un valor distinto al de la asignación de modernización.
4) Concursabilidad de los cargos de promoción. Artículo 1º.
Esta reforma tiene por objeto implementar una herramienta de modernización que permita al servicio contar con personal idóneo en los puestos de mayor importancia, a fin de otorgar transparencia y certeza al desarrollo de la carrera funcionaria en los escalafones de técnicos. La ley Nº 19.224, que le dio origen, dispone que los cargos de este escalafón deben ser llenados por concurso interno.
En la Comisión, los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo ; Jaramillo , Jocelyn-Holt , Lorenzini , Silva y quien habla, formulamos una indicación -se aprobó por unanimidad en la Comisión- tendiente a eliminar, en el inciso primero, la frase: “No obstante, el Director del Servicio podrá llamar a concurso público para llenar las vacantes en dichos cargos, si por necesidades del servicio así lo estimare conveniente”.
Quiero precisar bien este punto porque, de repente, olas de rumores malintencionados desdibujan la tarea legislativa.
5) Adecuación de las plantas de administrativos y auxiliares. Artículo 6º.
Con el propósito de conciliar los niveles de ingreso a dichas plantas con la naturaleza y función fiscalizadora del servicio y con su importancia estratégica en la obtención de recursos para el financiamiento del Estado, se propone una adecuación de las citadas plantas que responda al grado de responsabilidad que dichos funcionarios tienen en la cadena de fiscalización al interior del Servicio y a la creciente complejidad que han incorporado esos cargos tras un proceso de modernización. Para estos efectos, se eliminan los últimos grados de las referidas plantas, y las vacantes respectivas se reparten en los grados superiores de las mismas.
6) Ampliación de los requisitos de título para el ingreso a la planta de técnicos. Artículo 6º.
Actualmente, para ingresar a dicha planta se requiere tener título de contador general y una permanencia de tres años en la planta de administrativos. Como una manera de estimular a los funcionarios interesados en superarse y de elevar el nivel de competencia técnica en el desempeño de sus funciones, se abren los requisitos de ingreso al escalafón, con el propósito de dar cabida a todos los funcionarios que cursan o están por cursar estudios en instituciones técnicas de nivel superior, conducentes a la obtención de títulos en disciplinas técnicas relacionadas con las finanzas, la economía o la administración.
Paso a clarificar -a fin de dejarlo establecido en la historia fidedigna de la ley- el tema de la petición de los técnicos de Impuestos Internos.
De acuerdo con la Constitución Política, los miembros del Congreso Nacional no tenemos facultad para presentar indicaciones que signifiquen mayor costo para el Estado. Debido a eso, durante el estudio del artículo 6º del proyecto, la Comisión acordó hacer presente al Ejecutivo la necesidad de revisar la situación que afectaría al escalafón técnico, que no ha sido considerado en la propuesta del Ejecutivo.
(Aplausos).
He escuchado los aplausos. Sin embargo, debo aclarar -no en función del populismo, sino de la seriedad y responsabilidad que debemos tener los parlamentarios- que es facultad exclusiva del Ejecutivo el acceder a tal solicitud.
Costos.
Los costos totales máximos para los años que se señalan en relación con Impuestos Internos, significan:
Año 1999, $ 3.562 millones; año 2000, $ 6.500 millones; año 2001, en régimen, $ 7.977 millones.
Consejo de Defensa del Estado.
El rol del Consejo ha venido cambiando en complejidad, en extensión y en trascendencia.
La comisión escuchó por segunda vez a su presidenta y al representante de la Quinta Región . Como he manifestado, la próxima semana recibirá a la asociación de funcionarios de dicho organismo.
El proyecto establece mejoramientos económicos que permiten dotar al Servicio de profesionales especialistas y expertos en las distintas áreas. Hay un reordenamiento de cargos y requisitos para desempeñarlos, encasillamiento del personal y concursabilidad de los cargos de promoción.
Actualmente, el Consejo de Defensa del Estado tiene cuatrocientos treinta y un funcionarios afectos a esta situación.
Los puntos relativos a este organismo son los siguientes:
1º El artículo 10 establece, para los personales de planta y a contrata, una asignación mensual de defensa judicial estatal, imponible. Su porcentaje varía según el nivel del cargo. Fluctúa entre un 150 por ciento, para el Presidente del Consejo , y un 20 por ciento, para los auxiliares.
2º El artículo 11 del proyecto consigna una asignación mensual de alta dirección, imponible. Esto favorece a los cargos directivos de mayor graduación, con un porcentaje variable que va desde un 30 por ciento a un 5 por ciento, según la importancia del cargo.
3º El artículo 12 dispone una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, no imponible, que se concede al veinticinco por ciento de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, de profesionales y de técnicos.
4º El artículo 14 establece la creación de cargos, para estructurar adecuadamente ocho cargos de directivos y cuatro de profesionales, quienes actualmente se desempeñan a contrata, por lo que no habría incremento de la dotación.
5º Se deroga la asignación especial mensual por dedicación exclusiva del presidente del Consejo.
6º Hay una sustitución de denominaciones y grados en los cargos de la planta directiva, a fin de adecuarlos a la real estructura de la institución. Artículo 15, letra b).
Se sustituyen cuatro denominaciones de jefaturas en dicha planta, aumentando el grado correspondiente en dos de ellas. Números 1, 2, 3, 4, de la letra b) del artículo 15.
7º Se establecen requisitos de ingreso y promoción para los cargos de la planta del Consejo.
8º Se declara que los cargos directivos grado 4 de la planta del Consejo de Defensa del Estado se considerarán equivalentes a los de jefe de departamento para el solo efecto de otorgárseles el carácter de cargo de exclusiva confianza.
9º Concursabilidad de cargo de promoción, establecido en el artículo 16 del proyecto.
Costos.
Año 1999, $ 1.749 millones; año 2000, en régimen, $ 1.926 millones.
Dirección de Presupuestos.
Favorece a sus ciento sesenta y tres funcionarios.
Nadie puede desconocer que la función que cumple esta Dirección -al igual que las dos instituciones señaladas anteriormente-, ha experimentado un gran incremento en su labor, tanto en extensión como en complejidad e importancia.
Hace un tiempo, se vio la necesidad de otorgar un reajuste especial a su personal. En virtud de ello, el proyecto establece los siguientes puntos:
1º Aumento, en un grado, de los cargos de planta y empleos a contrata de profesionales, de administrativos y de auxiliares. Artículo 20.
2º Incremento, para todos los estamentos funcionarios, de la asignación establecida en el artículo 11 de la ley Nº 19.041. Artículo 21.
3º Creación de doce nuevos cargos directivos en la Subdirección de Presupuestos -actualmente son ocho-, y de cuatro nuevos cargos en la Subdirección de Racionalización y Función Pública. Artículo 19.
4º Nuevas funciones. Artículo 23.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor diputado , le resta un minuto de su tiempo reglamentario. Le pido redondear la idea, a fin de abrir el debate.
El señor ORTIZ .-
Muy bien.
Concursabilidad de cargos de promoción.
Dicha concursabilidad está referida a las promociones de los cargos de carrera de la planta de directivos, y de los tres grados superiores de las restantes plantas.
Costo fiscal.
Año 1999, $ 573 millones; en régimen, año 2000, $ 542 millones.
Por lo limitado del tiempo, no abordaré otros puntos sobre este organismo; pero les sugiero a mis colegas analizarlos en el respectivo articulado.
Fuerzas Armadas.
Se faculta al Presidente de la República para modificar el Capítulo VI del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, sobre derechos del personal, mediante un decreto con fuerza de ley, el cual deberá dictar dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de publicación de la ley. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá crear, modificar, suprimir o refundir asignaciones, bonificaciones y gratificaciones. Asimismo, se establece que las diferencias que se produzcan en las remuneraciones se pagarán a contar del 1 de enero de 1999.
Para que también exista claridad sobre la materia, quiero informar que el tema de las Fuerzas Armadas fue ampliamente debatido en la sesión 25ª de la Comisión de Hacienda, realizada el 16 de marzo de este año, como consta en el acta. Debido a un problema de coordinación, no se cursó invitación al ministro de Defensa . Por eso ahora deberá explicar la forma en que se aplicará esta facultad que se otorga al Presidente de la República , y que significa un gasto fiscal anual máximo de 9.387 millones de pesos. Recalco lo del acta porque el detalle de las cantidades por repartición deberá ser dado a conocer por los ministros de Defensa y de Hacienda .
En cuanto a la racionalización estructural y funcional de instituciones, ello no implica un costo fiscal, puesto que sólo se pretende descentralizar su gestión.
La ley tendrá efecto retroactivo a contar del 1 de enero del año en curso.
En lo que respecta a las disposiciones transitorias, prácticamente todas fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados que participamos en la comisión.
Para terminar, sólo quiero agregar que el año 2001 este proyecto de ley tendrá un costo de 19.832 millones de pesos, y que los empleados beneficiados de la administración central del Estado serán 3.394 personas.
Es todo cuanto puedo informar, y la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación de este proyecto en general, para luego continuar con su discusión en particular, porque fue objeto de varias indicaciones.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito autorización para que puedan ingresar a la Sala el director y subdirector de Presupuestos y el asesor del Ministro de Defensa.
El señor PROKURICA.-
No, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , me gustaría atraer la atención del Diputado señor Prokurica, a fin de que escuche los aspectos que han motivado este proyecto de ley.
El señor PROKURICA.-
Lo estoy escuchando, señor ministro .
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Gracias, señor diputado .
Señor Presidente , el Diputado informante señor Ortiz hizo una relación muy detallada, rigurosa y completa de los alcances del articulado de este proyecto de ley que viene a materializar el acuerdo a que se llegó -avalado por los trece diputados mencionados por él- y que tendrá efecto retroactivo -si es aprobado por la Cámara y el Senado- desde el 1 de enero de 1999 para los servicios descritos y para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
No entraré a analizar su articulado, porque ya se dio una explicación concreta y detallada de ellos. ¿Cuál es la filosofía de esta iniciativa? Complementar, mejorar y modernizar lo que ya se hizo por la vía de los aumentos generales de remuneraciones anuales, provisionados en el Presupuesto de la Nación y ratificados por los acuerdos que, año a año, se han ido alcanzando con la Anef y las otras asociaciones gremiales del sector público en general.
Si miramos sólo una cifra, sobre la base de las bonificaciones, asignaciones, ajustes y reajustes y los movimientos de escalas, hoy tenemos en el sector público un promedio general que representa una remuneración global del orden del 60 por ciento superior a la existente en 1990, para el sector público central, y de casi el ciento por ciento en el caso de algunos sectores, como educación y salud. Es decir, ha habido un mejoramiento general de las rentas de este sector de empleados del país que con su esfuerzo y dedicación han ido mejorando la calidad de los servicios públicos para todos los ciudadanos.
Hemos ido avanzando, y en esto la Cámara de Diputados ha tenido activa participación, al brindarnos su concurso proyecto tras proyecto, y por eso quiero dejar constancia de mi agradecimiento. También hemos ido avanzando en la modernización de ciertos servicios y entidades estatales, asociando incrementos y cambios remuneratorios con elementos de gestión, competitividad, productividad y, sobre todo, con mejoramiento del servicio a los usuarios.
Esto se inició hace algunos años con los incentivos por desempeño individual e institucional, y ha sido parte constitutiva de los acuerdos alcanzados en otros proyectos. Así ocurrió con el Servicio de Aduanas, con diversas instituciones del sector salud, con el Poder Judicial y con algunos estamentos del Poder Legislativo.
Sin embargo, ha ido quedando un rezago constituido por niveles o estamentos críticos de algunos sectores de la Administración Pública central. De manera que esta iniciativa viene a subsanar la incorporación de esos sectores postergados a esta nueva filosofía general complementaria de los ajustes generales de remuneraciones. Por eso, en este caso se legisla para el Servicio de Impuestos Internos, Consejo de Defensa del Estado, Dirección de Presupuestos y, en el artículo 4º, relacionado con las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se establece un beneficio que complementa el decreto con fuerza de ley Nº 1, que significó un importante incremento -legislado también en este período del Presidente Frei- en beneficio de aquellos servidores públicos.
Este proyecto se inscribe dentro de un esfuerzo muy especial en un año en que todos los chilenos sabemos que hay una severa restricción en los ingresos fiscales y una condición muy estrecha del Presupuesto público, debido, entre otras cosas, a la enorme caída del precio del cobre. Pero, aun así, el Gobierno quiere seguir mejorando y avanzando en este proceso de modernización del sector público, básicamente, perfeccionando el sistema de incentivos -como lo describió el diputado informante - y ajustando los niveles de rentas a sectores homologables de los servicios y direcciones que contempla el proyecto.
Además -como se ha dicho-, se modifica el tipo de promociones, mediante concursos competitivos internos en diversas reparticiones, y se aprovecha para alcanzar cambios en las funciones y descentralización, tanto de la Dirección de Presupuestos, como en la modernización en que estamos embarcados de un servicio en particular: la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, DAE.
Una tramitación oportuna y ágil de este proyecto de ley beneficiará a una cantidad considerable de servidores públicos de los servicios mencionados, que han estado expectantes y que han concordado con el Gobierno en el espíritu general de esta iniciativa -como digo-, para legislar e implementar estas bonificaciones, asignaciones y ajustes en los servicios señalados y en las tres ramas de las Fuerzas Armadas con la oportunidad del caso.
Por último, agradezco a la comisión de Hacienda por el rápido tratamiento y despacho del proyecto, y solicito a la Sala que en el curso de esta sesión ojalá avancemos, por lo menos, en la aprobación general del mismo.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Ministro de Defensa Nacional , señor José Florencio Guzmán.
El señor GUZMÁN ( Ministro de Defensa Nacional ).- Señor Presidente , recogiendo la petición formulada por el Diputado informante , don José Miguel Ortiz, trataré brevemente de focalizar los criterios y, en seguida, señalar en líneas generales la forma en que se implementarán estos beneficios en el caso de las Fuerzas Armadas.
Como se sabe ampliamente, la política fiscal durante todo el período de los gobiernos de la Concertación ha estado enfocada preferentemente en los problemas de extrema pobreza, que se refleja en atender el gasto social, y en igualdad de oportunidades, básicamente, la reforma educacional y la infraestructura y seguridad pública, sin descuidar, obviamente, en el marco de la política económica general, los criterios de beneficio.
Esto ha implicado una reducción relativa de los aportes a Defensa, cuyo gasto, si bien ha aumentado, lo ha hecho en niveles bastante inferiores a las tasas de crecimiento del gasto fiscal y del producto interno bruto. En este análisis, se debe separar algo que se confunde con frecuencia, el gasto del Ministerio de Defensa Nacional, que incluye las policías y otras instituciones no relacionadas directamente con Defensa, con el gasto mismo de Defensa, que es el resultado de la suma de los gastos efectuados a través de los programas institucionales financiados con recursos públicos, considerando los presupuestos de las tres Subsecretarías: de Guerra, Marina y Aviación. Se incluye, por supuesto, la ley del cobre.
Dentro de este contexto económico fiscal, el personal de la Administración del Estado y sus servicios descentralizados ha recibido mejoras remuneracionales importantes durante este mismo período, que han significado reajustes por sobre el IPC y que, en particular, han beneficiado a sectores que presentaban un nivel de rentas muy bajo, como salud, educación, empleados municipales y personal del Poder Judicial .
Dentro de esta política, el personal de las Fuerzas Armadas recibió un aumento que se tradujo, a fines de 1995 y durante 1996, en un reajuste mayor que el resto de la Administración Pública, que significó un incremento adicional del 3,5 por ciento, y un bono compensatorio del aumento de las imposiciones de salud del 3,5 por ciento del sueldo imponible, para su equiparación con el 7 por ciento que rige para todo el resto. También en el marco de la ley de salud de las Fuerzas Armadas, se adicionaron algunos beneficios por este concepto específico.
De esta manera, se procuró compensar los menores aumentos relativos obtenidos por las Fuerzas Armadas en relación con los servicios de las áreas mencionadas, y que me permitiré señalar con cuadros comparativos cuando se trate más adelante el proyecto en detalle.
A partir de 1996, todos estos proyectos están enfocados con criterio orientado a una adecuada administración del personal, que permita el mejoramiento de la calidad, eficiencia y preparación de los funcionarios, estableciendo como política general beneficios o incentivos específicos. A través del DFL Nº 1, de 1997, se recogieron estos criterios, modificándose el sistema de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, con un aumento promedio de 6,2 por ciento sobre las remuneraciones, que se agrega al porcentaje de reajuste que recibió toda la Administración Pública, que fue del 6 por ciento y que se distribuyó privilegiando a las especializaciones más importantes para el quehacer institucional, como oficial de estado mayor, ingeniero politécnico, especialista en guerra electrónica, electricidad, control de fuego, artillería antiaérea, fotogrametría, mecánica, los que se agregaron a la lista, permitiendo el acceso a sobresueldos hasta a quienes acumularan dos especialidades. Ése era el prerrequisito indispensable para acceder a los beneficios del DFL Nº 1.
Estos criterios, que han sido concordantes con los establecidos para el bono de compensación de un 5,5 por ciento otorgado a los servicios centrales de la Administración Pública, se aplicaron a quienes no habían recibido beneficios especiales en el último decenio. Esto, sin duda, le ha dado un mayor incentivo a la preparación permanente del personal, como un camino para su superación y mejoramiento económico.
Obviamente, como lo explicaré después en detalle en la comisión y en la discusión en particular, esto está íntimamente ligado con todo el proceso de modernización que enfrentarán las tres ramas de las Fuerzas Armadas en el futuro.
Aquí viene el punto donde me centraré en lo que ocurrió y del porqué de este aumento complementario. Por efecto de las estructuras del personal y de los grados de especialización existentes, se produjo una distribución de los beneficios cuya estructura fue informada al Congreso, en el momento de la tramitación del proyecto de ley que entregaba las facultades para la dictación del nuevo DFL, concentrándose en quienes tenían las dos especialidades que mencioné, de un listado bastante amplio al que se podía acceder, que se hubieran graduado en academias de guerra o politécnicas, distribuyéndose en algunos servicios menores, entre sargentos y suboficiales.
¿Cuál fue su resultado? La Fuerza Aérea, con personal de alta especialización, tuvo un reajuste promedio del 11 por ciento, que benefició al 75 por ciento de su personal. En el caso del Ejército, con personal que tiene una especialización significativamente menor, éste tuvo un reajuste promedio de 4,5 por ciento, el que fue recibido por menos de la mitad de su personal, levemente menos, del orden del 46 por ciento. La Armada, a su vez, tuvo una situación intermedia, con un 5,5 por ciento de aumento promedio, y aproximadamente benefició a un 35 por ciento de su personal.
En consecuencia, la aplicación del DFL Nº 1 produce, sin duda, en virtud de la orientación de los incentivos a que he aludido, la concentración de los esfuerzos del personal para capacitarse y mejorar, de esta manera, su aporte a sus instituciones. Esto corre paralelo con un evidente aumento de todo lo que fue el aspecto formativo en los planes de modernización que las Fuerzas Armadas han emprendido, las que, por efecto de la cada vez mayor introducción de tecnología a través de sus planes de modernización, requieren personal mejor preparado y capacitado tecnológicamente, lo que tendrá como efecto que, a mediano plazo, cada vez más personal, dentro de las Fuerzas Armadas, tendrá acceso a los beneficios establecidos de manera permanente por el DFL Nº 1, de 1997.
Como lo señalaba, quedó un sector importante de personal que no fue beneficiado, el que se concentra, en general, en los grados más bajos de los escalafones. Asimismo, los sueldos en los niveles de entrada a los escalafones son bajos. Por esta razón, no se tuvo presente en ese momento, que se estaba desincentivando el ingreso a la carrera militar para que, desde ese mismo instante, pudiera ir perfilándose el recorrido a través del acceso formativo que les permitiera conquistar algunas de estas especialidades que les daban beneficios permanentes a través del DFL Nº 1.
Debo reconocer que, sin duda, en el caso de las Fuerzas Armadas, más allá de lo vocacional y económico, existe un incentivo paralelo en la carrera militar, que lo constituye un sistema de seguridad, en el concepto amplio de salud, de bienestar, con toda su desagregación, y también una mayor estabilidad y beneficios de jubilación.
¿Cuál es el beneficio de este agregado o adición específica? Este complemento al DFL Nº 1, de 1997, tiene por objeto superar problemas que se presentaron en su aplicación durante 1997. Por eso se faculta al Presidente de la República para que mediante este decreto ley a que hacía alusión el diputado informante , modifique la norma legal vigente, introduciendo los cambios para conformar los beneficios económicos. En concreto -y con esto termino- se propone crear una nueva bonificación asociada al número de trienios, que está definida como un porcentaje del sueldo base, que entregará un 18 por ciento a quienes ingresen, descendiendo a un 4 por ciento en los grados más altos que, obviamente, resultaron beneficiados preferentemente porque cubrían las especialidades requeridas en la aplicación del DFL Nº 1.
En consecuencia, este sistema corregirá lo anterior y permitirá que alcance a todo el personal, pero estará focalizado en quienes se encuentren en el inicio de sus carreras, buscando con ello mejorar las remuneraciones durante sus primeros años. De esta forma se compensará a quienes no recibieron beneficios a través del DFL Nº 1, de 1997. Así no se desvirtúa el sentido de esta norma, pues indicará claramente -con el correr del tiempo- que el camino inevitable para el progreso personal y económico estará ligado a la especialización técnica y profesional. En su oportunidad, mostraré el cuadro de codificación de cómo se distribuirá este beneficio en los distintos grados.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Antes de ofrecer la palabra, solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para que este proyecto sea visto por la comisión de Defensa antes de la próxima sesión en que lo trate la comisión de Hacienda.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , hemos sido convocados para debatir este proyecto de ley que otorga beneficios económicos a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al personal de Impuestos Internos, me alegro de que la ley de pensiones haya mejorado la situación de los 1.064 fiscalizadores y profesionales de este servicio, pero, lamentablemente, ni la ley de pensiones ni ésta resuelven el problema de los técnicos del Servicio de Impuestos Internos, que son 406 funcionarios.
El proyecto primitivo agregaba, entre los beneficiarios, a los administrativos y auxiliares, quedando fuera los fiscalizadores y técnicos. La ley de pensiones solucionó únicamente el problema de los fiscalizadores y profesionales -de lo cual me alegro mucho-, pero no el de los técnicos, que continuaron excluidos de dichos beneficios, que no pueden hacer carrera. Algunos ingresaron al Servicio en la década del 50 y nunca podrán llegar a ser fiscalizadores porque no tienen movilidad. El mayor costo sería sólo de un 2.3 por ciento del costo total del proyecto. En consecuencia, tratándose de una indicación que significa gasto, y que no puede ser presentada por un diputado , formulo un llamado al Ejecutivo para que por la vía de indicación al proyecto incluya a los técnicos entre sus beneficiarios. Se trata de una modificación justa, destinada a permitir la movilidad, a darle a los técnicos la posibilidad de que la carrera funcionaria se dé en todos los niveles.
Por cierto, votaré favorablemente el proyecto, pero con la inquietud que he señalado, que sé cuenta con el apoyo, si no de todas, al menos de la mayoría de las bancadas de la Corporación.
En lo que se refiere a su artículo 24, que faculta al Presidente de la República para dictar dentro del plazo de 180 días, contado desde la publicación de la ley, un decreto con fuerza de ley que modifique el Capítulo VI del Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas establecido en el DFL Nº1, de 1997, hay algunas facultades allí consignadas a las cuales me opongo categóricamente. Resulta muy peligroso e inconveniente otorgar la facultad de modificar o suprimir de manera unilateral algunos de los beneficios establecidos en dicho Capítulo VI. La facultad que se otorga en virtud de este artículo comprende la de crear, bonificar, suprimir, refundir asignaciones, bonificaciones y gratificaciones a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas afecto a este estatuto.
He suscrito una indicación junto a otros parlamentarios, destinada a eliminar la facultad de modificar y suprimir el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas por la voluntad del Presidente de la República a través de un acto unilateral, como es un decreto con fuerza de ley. Desde el punto de vista constitucional, un decreto con fuerza de ley es un instrumento legal, dictado por el Presidente de la República , que, dentro del orden jerárquico de las normas de derecho, tiene la misma fuerza y está en el mismo nivel que una ley. Por cierto, tiene una categoría superior a un decreto supremo, un reglamento o instrucción, pero sólo está por debajo de la Constitución Política o de una ley orgánica. Sin embargo, a diferencia de una ley que requiere debate parlamentario, discusión en Comisiones y en la Sala, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, un decreto con fuerza de ley equivale a una ley de la República dictada por una sola persona, en este caso, por el Presidente de la República , sobre una materia particular y puntual. En este caso, para crear, modificar, suprimir, refundir asignaciones, bonificaciones y gratificaciones a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas afecto a este estatuto.
Autorizar al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley equivale a darle un cheque en blanco. No tengo problema en otorgarle esa facultad en otras materias, pero considero peligroso dársela para modificar o suprimir asignaciones, bonificaciones y gratificaciones a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas afecto a este estatuto. Lo grave es que como un decreto con fuerza de ley equivale a una ley, si más tarde el Parlamento quiere modificar lo dispuesto por el Presidente de la República en él, no sólo se necesitará el acuerdo mayoritario del Senado y de la Cámara de Diputados, sino que se requerirá iniciativa del Presidente de la República , de modo que aun cuando todos los parlamentarios quisiéramos reponer alguna asignación, bonificación o gratificación que hubiere suprimido o modificado en virtud de este decreto con fuerza de ley, no podríamos hacerlo, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
En consecuencia, no tengo inconveniente en otorgar al Presidente de la República la facultad de dictar un decreto con fuerza de ley que cree o refunda asignaciones, bonificaciones y gratificaciones a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas afecto a este estatuto, pero no para modificar o suprimir las bonificaciones y gratificaciones.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Restan tres minutos para el término del Orden del Día. Hay siete diputados inscritos y sugiero a la Sala que continuemos el debate sobre este proyecto en la sesión del próximo martes en la mañana, hasta su total despacho, y procedamos a su votación al final del Orden del Día de esa sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Solicito asimismo el acuerdo de la Sala para que el proyecto sea visto el próximo martes, en la tarde, por la Comisión de Defensa, y el miércoles, en la mañana, por la de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a los señores diputados, los proyectos de acuerdo sobre el Tratado entre Chile y los Estados Unidos Mexicanos también se votarán en la sesión del martes próximo.
Acordado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Pido la palabra.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Deseo solicitar al señor Presidente que recabe el acuerdo de la Sala para tratar hoy dos proyectos de acuerdo. Uno, patrocinado por diputadas y diputados de todas las bancadas, que aborda la situación de las mujeres en Afganistán, y otro, también firmado por parlamentarios de diversos sectores, que plantea la preocupación de la Cámara por la crisis vivida por el pueblo paraguayo.
El señor MONTES ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para tratar los dos proyectos de acuerdos señalados?
El señor CORREA.-
Daría mi asentimiento en la medida en que, además, sean discutidos los que ya se encuentran en tabla.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El Diputado señor Correa plantea la posibilidad de acordar un tiempo adicional para tratar los dos proyectos a que se ha referido la señora María Antonieta Saa.
¿Habría acuerdo?
El señor ERRÁZURIZ.-
No, señor Presidente .
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo para cambiar el orden de los proyectos de acuerdo.
Para plantear una situación de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , no creo que haya inconvenientes para tratar los dos proyectos de acuerdo a que se ha referido la Diputada señora María Antonieta Saa si, además, se discute un tercero, por el cual se solicita al Presidente de la República que se abstenga de concurrir a la Novena Cumbre Iberoamericana por las razones que expresan los casi 40 diputados que lo han firmado.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para tratar los tres proyectos indicados?
No hay acuerdo.
INFORMACIÓN SOBRE DETENIDOS POR HECHOS DE VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS. (Continuación).
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
El proyecto de acuerdo Nº 199, de los señores Rojas y Alvarado, de la señora González, doña Rosa; y de los señores Bertolino, Pérez, don Víctor; Delmastro, Masferrer y Alessandri, no obtuvo quórum de votación, por lo cual se debe recabar el pronunciamiento de la Sala por última vez. En su parte resolutiva dice:
“Solicitar al señor Presidente de la República que informe a esta Cámara el número de detenidos por hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional y cuántos de ellos han sido puestos a disposición del tribunal competente, todo ello desde que entró en vigencia la ley Nº 19.237 hasta la fecha. Asimismo, que informe a esta Cámara si existe una evaluación acerca de la efectividad de la señalada ley y, en caso de existir, que remita dicha evaluación a la Cámara de Diputados”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Por no obtener el quórum de votación necesario, se
El señor PROKURICA.-
¿En qué número de oportunidades se ha votado el proyecto de acuerdo?
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Ésta es la tercera oportunidad.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
El proyecto de acuerdo Nº 199, cuando se votó por primera vez, obtuvo 26 votos por la afirmativa, 7 por la negativa y 4 abstenciones. Se repitió la votación y el resultado fue de 28 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y una abstención. Se llamó por cinco minutos y el resultado fue de 31 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y dos abstenciones. El Presidente tuvo dudas y repitió la votación, lográndose el siguiente resultado: 33 votos por la afirmativa, uno por la negativa y dos abstenciones.
La votación se ha repetido hace pocos instantes y el resultado es de 15 votos por la afirmativa, uno por la negativa y una abstención.
MODIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 114, DE VIVIENDA, SOBRE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 200, de los señores Correa, Alvarado, Monge, Pérez, don Víctor; Alessandri, García, don René Manuel; Recondo, Bertolino y Prokurica.
“Considerando:
1. La imperiosa necesidad de ir mejorando paulatinamente la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales, evitando así la emigración campo-ciudad.
2. La formación de numerosos villorrios rurales impulsada tanto por el sistema de subsidios como por el de las viviendas progresivas, los cuales quedaron sin pavimento al no ser exigible tal requisito por el Servicio de Vivienda y Urbanismo.
3. Que el decreto Nº 114, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1994, que reglamenta el Programa de Pavimentación Participativa, en su artículo 4º incluye solamente la población urbana.
4. El éxito que ha tenido este programa en diversos poblados urbanos del país y la urgente necesidad de extender este beneficio a muchos villorrios rurales.
Por las razones antes expuestas, venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
Solicitar al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo modificar el decreto Nº 114, de 12 de julio de 1994, que reglamenta el Programa de Pavimentación Participativa, haciéndolo extensivo a los sectores rurales”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , para evitar la migración del campo a las ciudades, cosa que ha estado ocurriendo irreversiblemente durante los últimos 30 años, es necesario mejorar la calidad de vida de los sectores rurales.
En los últimos años se ha evidenciado una construcción masiva de villorrios como consecuencia de los subsidios rurales. Han dado muy buen resultado y permitido que la gente se quede viviendo en el campo, con lo cual se evita la emigración del campo a la ciudad.
El pavimento participativo, establecido en disposiciones contenidas en el decreto Nº 114, del Ministerio de Vivienda, ha tenido éxito en los sectores urbanos donde se ha implementado. Ha permitido que se pavimenten sectores urbanos con rapidez y eso, sin duda, hay que celebrarlo.
Es necesario que este pavimento participativo pueda realizarse en sectores rurales, especialmente en los villorrios agrícolas, pero el decreto Nº 114, del Ministerio de la Vivienda, lo impide.
Por esta razón, he presentado el proyecto de acuerdo, con el objeto de solicitar al Ministro de Vivienda que lo modifique, para permitir con ello que también se pueda extender el beneficio del pavimento participativo a los sectores rurales.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Por no haber quórum, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
REANUDACIÓN DE VUELOS DE LAN-CHILE A LAS ISLAS MALVINAS. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz hasta por cinco minutos y medio.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , uno de los efectos prácticos de la detención que afecta al ex comandante en jefe del Ejército , en Londres, es la recomendación del Ejecutivo a las empresas aéreas de suspender sus vuelos a las islas Falkland o Malvinas, como una forma de presión y protesta frente a la decisión que adoptó, en su momento, el ministro Jack Straw de dar curso a la extradición, de acuerdo con el fallo inicial de los lores. Ello fue anunciado junto con diversas otras acciones diplomáticas y comerciales que constituyeron la respuesta del Estado ante dicho suceso.
Pues bien, dicha iniciativa fue acogida por LAN-Chile, empresa que cubre esa ruta y que ha suspendido, a partir de hoy, el itinerario a las Falkland, sin existir, luego de la eliminación de los vuelos de largo alcance de Edap, una alternativa aérea local, por lo que el transporte desde Magallanes por esa vía se encuentra sometido al arbitrio de un grupo empresarial que, a mi juicio, no debe ver en esta ruta sólo un beneficio comercial, por cuanto su carácter de exclusiva amerita un compromiso con el progreso de la región.
Ayer fue promulgada la llamada ley Austral, de larga tramitación parlamentaria, uno de cuyos objetivos es propender al progreso de la zona mediante el fortalecimiento del intercambio comercial y la prestación de servicios, incentivando el ingreso de recursos y la creación de empleos en la zona. La suspensión de los vuelos se opone claramente a estas ideas y constituye un retroceso inconveniente.
Estimo que dicha medida constituye un grave error, toda vez que significa una inadecuada mezcla de intereses políticos con el desarrollo de actividades económicas, lo cual perjudica a Magallanes . Esta mancomunión de intereses entre los sectores público y privado, que no se ha conseguido en muchas otras áreas para favorecer el desarrollo de la región, se logra en un caso puntual, en defensa de una sola persona, acarreando indudable perjuicio a toda la región de Magallanes.
La reflexión serena sobre los hechos, ajena al apresuramiento, debe motivar una revisión de esta medida.
En efecto, el Ejecutivo ha asumido con vigor la defensa judicial del ex comandante en jefe; ha recurrido a todas las instancias posibles para solucionar el caso, haciendo presentes sus argumentos al gobierno inglés y a la comunidad internacional.
Cualquier acción política debe definirse atendiendo sus efectos, tanto en la obtención del fin que se persigue como de aquellos conexos de tipo negativo.
Al respecto, puedo señalar, con toda convicción, que la suspensión de los vuelos no contribuye en forma alguna a la solución de este caso, toda vez que las islas pueden obtener sus insumos en otras naciones vecinas y por otras vías, pero sí ocasiona un perjuicio mucho mayor para diversos sectores económicos de Magallanes.
Resulta injusto que acciones que no se le piden al país, en general, se impongan a Magallanes, más aún en las actuales circunstancias, cuando afronta dificultades económicas.
Nadie ha propuesto suspender al Reino Unido y a España los vuelos comerciales procedentes de Santiago, por cuanto, sin duda, ésa sería una medida absurda e inconveniente. También lo es este pretendido boicot a las Falkland o Malvinas .
Puedo señalar, con toda franqueza, que la suspensión de los vuelos es una medida similar a aquella absurda negativa de ciertas autoridades comunales a suspender el aseo domiciliario de las legaciones diplomáticas involucradas, ya desechadas por burdas e inconvenientes. No es ésta la forma de presión que se requiere; no son éstas las medidas que contribuirán a solucionar el caso.
La suspensión de los vuelos pone en peligro una fuente de ingresos que se ha consolidado lentamente en el tiempo, dificulta la comunicación de no pocos compatriotas que laboran en las islas y arriesga la expansión de actividades comerciales cuyo horizonte es insospechado.
Se da la peculiar paradoja de que dos naciones, Argentina y el Reino Unido, recomponen sus vínculos, a pesar de haber protagonizado hace pocos años un cruento conflicto bélico. En tanto, nuestro país exagera un caso tan particular adoptando medidas que lesionan las relaciones bilaterales, en circunstancias de que esas relaciones las mantienen los otrora enemigos de guerra.
Fuentes vinculadas a las islas y a la embajada británica y ratificadas por empresarios magallánicos, han afirmado que la eliminación del tráfico aéreo privaría al país de unos cinco o seis millones de dólares anuales, buena parte de los cuales debería quedar en la región austral. Aun cuando la mayor parte del comercio se desarrolle por vía marítima, la suspensión de los vuelos podría ocasionar la paulatina pérdida de ese mercado como consecuencia de la competencia de países vecinos que, por cierto, se encuentran dispuestos a aprovechar la coyuntura.
A través de esta Cámara hago un llamado a reconsiderar la situación, solicitando al Gobierno y a Lan-Chile que reestudien este autocastigo y repongan los vuelos a las islas Falkland, que nada tienen que ver con el desarrollo de un caso judicial que se sigue a miles de kilómetros y respecto del cual el Ejecutivo ha actuado con singular energía y prudencia.
Por lo anterior, solicito oficiar, en mi nombre, al Presidente de la República , con el objeto de que se pueda analizar esta situación a la luz de los nuevos antecedentes del proceso y de las restantes acciones que el Gobierno desarrolla en la materia, considerando el impacto en la actividad regional que esta medida ocasiona y, en consecuencia, revocar la recomendación hecha por el Ejecutivo a las empresas aéreas, a fin de permitir la mantención de los vuelos entre Punta Arenas y las islas Falkland.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancada del Partido Socialista y de los Diputados señores Zarko Luksic , Edmundo Villouta , Leopoldo Sánchez , Exequiel Silva , Tomás Jocelyn-Holt , Víctor Reyes , Enrique Krauss , Juan Núñez , Manuel Bustos , Carlos Kuschel , Osvaldo Vega , Roberto Delmastro , Jaime Mulet , Miguel Hernández , Enrique Jaramillo y Mario Acuña .
FELICITACIONES A AUTORIDADES Y PUEBLO DE PARAGUAY POR SOLUCIÓN DE CRISIS POLÍTICA. Oficio.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , en días recientes la opinión pública internacional ha mostrado justificada preocupación por la situación política que se desarrollaba en la hermana República del Paraguay, país que tiene características peculiares, incluso desde el punto de vista de su organización política.
En los últimos años, Paraguay ha estado realizando un esfuerzo tendiente a consolidar, desde el punto de vista del principio de la libre determinación de los pueblos, una aproximación a la democracia, la que, al parecer, se veía afectada por los procesos dados a conocer en la prensa internacional.
Afortunadamente, el pueblo paraguayo ha mostrado una capacidad de reacción que debemos reconocer, por cuanto, recurriendo a su propia institucionalidad, estableció un mecanismo que le ha permitido superar las dificultades que enfrentaba, lo cual es altamente auspicioso para todo el esfuerzo democratizador que se desarrolla en nuestro continente.
Porque tenemos la esperanza de que, al igual que en otros países y respetando las características de cada uno de ellos, la democracia se empiece a situar en forma ojalá estable en nuestro continente, en nombre del Comité de la Democracia Cristiana solicito que se despache una comunicación al nuevo Presidente de la República del Paraguay , señor Luis González Macchi ; al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados, para manifestarles nuestra satisfacción por la salida democrática a las dificultades que enfrentaban y, además, a fin de transmitirles nuestros deseos de éxito en la gestión de consolidación de la democracia, que aparece como una de las tareas esenciales que los han inspirado y que han decidido asumir.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, en nombre del Comité Demócrata Cristiano y con la adhesión de los Diputados señores Delmastro , Vega , Kuschel , Sánchez y Jaramillo .
HOMENAJE AL PROFESOR GASTÓN GILBERT BAETTIGG, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Oficio.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente , el 17 de febrero recién pasado dejó este mundo terrenal mi colega, camarada y amigo, Gastón Gilbert Baettigg , con quien, en el transcurso de nuestras vidas, logramos consolidar una gran amistad.
Por eso, el 17 de marzo, a un mes de su fallecimiento, en la Iglesia María Auxiliadora , Gratitud Nacional, nos juntamos sus amigos y sus alumnos.
Se expresaron hermosas palabras para recordarlo: Manuel Fábrega , antiguo funcionario del Ministerio de Educación, dijo: “A lo largo del camino que recorrí con Gastón, siempre hubo instancias de diálogo que aportaron a nuestro mutuo crecimiento como personas”.
Gabriel de Pujadas, presidente del Departamento de Educación de la Democracia Cristiana, expresó que para él fue un camarada y un gran educador.
Ernesto Livacic Gazzano , Premio Nacional de Educación , ex subsecretario de Educación , con una frase lo dijo todo: “ Gastón Gilbert , siempre presente”.
El profesor Santiago Quer Antich , secretario general ejecutivo del Centro de Perfeccionamiento , señaló: “Una lucha, una trayectoria”.
Sergio Aguilera , ex dirigente del gremio de profesores, destacó su visión proyectiva y su recorrido gremial.
Su querida cooperativa Credumontt, de la cual fue uno de sus fundadores -yo me honro de ser su socio hasta el día de hoy-, le hizo un reconocimiento que quedó resumido en la siguiente frase: “Trabajando siempre por el bienestar y desarrollo de nuestra familia educativa”.
No pudo superar la cruel enfermedad que lo aquejó en los últimos años, pero en esta pequeña reflexión que hago como amigo y colega de Gastón no puedo dejar de reconocer su trayectoria en la docencia, como profesor normalista, como pedagogo en Historia y Geografía, titulado en la Universidad Católica, y como director general de Educación , cargo que desempeñó en forma brillante durante cuatro años, cuando se recuperó la democracia.
En especial, quiero recordar que durante veinte años, hasta el día de su fallecimiento, fue presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Educadores Manuel Montt Ltda . Fue un apóstol y luchador del cooperativismo. En tiempos difíciles, ésta fue una de las pocas cooperativas que mantuvo su lugar y estuvo, efectivamente, a disposición de miles de profesores en el país.
En el fondo, Gastón fue un servidor público. Creía en la justicia social, vivía la doctrina social de la Iglesia y trataba de practicarla, como profesor normalista, como militante de la Falange Nacional y, hasta el día de su muerte, como militante del Partido Demócrata Cristiano.
Por eso, rindo homenaje al profesor, al dirigente gremial, al dirigente sindical y al presidente de una cooperativa formada exclusivamente por funcionarios del Ministerio de Educación.
Solicito que mi intervención se haga llegar al actual presidente de la Cooperativa Credumontt, como el reconocimiento de un integrante del Poder Legislativo a la trayectoria de Gastón Gilbert en sus 66 años de vida.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, en nombre del Comité Demócrata Cristiano y con la adhesión de los Diputados señores Víctor Reyes , Jaime Mulet , Enrique Krauss , Miguel Hernández , Enrique Jaramillo , Leopoldo Sánchez , Pedro Muñoz , Mario Acuña y Osvaldo Vega .
RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Miguel Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , nuevamente me referiré a un tema que he planteado en reiteradas oportunidades desde que fui elegido diputado : a la importante obra de infraestructura de riego para la Región de La Araucanía.
He tomado conocimiento de que la Dirección de Obras Hidráulicas la está postulando para el proceso presupuestario del año 2000. Concretamente, solicita 5 mil millones de pesos para iniciar la construcción de su primera etapa. El total de la inversión que demanda el proyecto alcanza a 18 mil millones de pesos. Actualmente, se está realizando un estudio de impacto ambiental que esperamos sea positivo para no tener dificultades y poder financiar dicha obra, que es de mucha importancia para nuestra región.
Los beneficiados con esta primera etapa son tres mil propietarios, de los cuales, según información del Ministerio de Obras Públicas, aproximadamente el 40 por ciento son campesinos mapuches y minifundistas que desarrollan una agricultura de subsistencia. Habrá de entenderse el beneficioso efecto de dicha obra para estos modestos campesinos, como también para un sinnúmero de medianos y grandes agricultores, que esperan con ansiedad que este proyecto, cuya tramitación data de aproximadamente 40 años, se consolide y concrete en el más corto plazo.
Pero hay un elemento adicional que justifica la ejecución de esta obra. Según la información de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, puede significar la contratación de 700 hombres-mes. De tal forma que, junto con resolver un problema de infraestructura de riego para mejorar las condiciones de la agricultura y atender a muchos campesinos minifundistas y mapuches, soluciona un problema muy delicado que se vive en la Región de La Araucanía y en el resto del país: la cesantía.
Por ello, solicito que se oficie, en mi nombre, al Ministro de Obras Públicas para incluir esta petición, ya hecha por la Dirección de Obras Hidráulicas de dicha cartera, en la ejecución presupuestaria del año 2000.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Galilea, don Pablo ; Delmastro , Mora , Jaramillo , Mulet , Longton , Kuschel , Sánchez y Acuña .
MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN COMUNAS DE LA TERCERA REGIÓN. Oficios.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , el 11 de marzo del presente año, el Presidente de la República dirigió un discurso a la nación con ocasión del quinto aniversario de su Gobierno. En un texto llamado “Fortalecimiento de los programas sociales intensivos en generación de empleo y capacitación y de prestaciones sociales a los cesantes”, estableció una serie de criterios generales, líneas de acción y programas destinados a paliar la grave cesantía que viven, especialmente, algunas comunas del país.
En ese discurso, se estableció que para dicho objetivo se iban a destinar 36 mil millones de pesos a través de reasignaciones de recursos.
En las ciudades que represento, las comunas de Vallenar, Freirina, Caldera y Tierra Amarilla se han visto fuertemente afectadas por la cesantía. En Vallenar alcanza a alrededor de 13 por ciento; situación similar viven Freirina, Huasco y Caldera, que, a raíz de la crisis que afecta al país, fundamentalmente por el precio del cobre, han sido más resentidas que el resto del país.
Dentro de su propuesta, el Presidente estableció un cronograma para que los gobiernos regionales reasignen recursos, previa propuesta de proyectos por parte de los concejos de las comunas a que hice referencia. En dicho cronograma se dispuso que al 31 de marzo, o sea, hoy, debería estar completo el listado de estos nuevos proyectos de inversiones comunales, fundamentalmente dirigidos a absorber mano de obra, ya aprobados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
He sido informado que algunas comunas del distrito que represento no han cumplido con la rapidez que establece el cronograma.
Dada la gravedad de la situación que afecta particularmente a Vallenar, solicito que se oficie, en forma urgente, al ministro del Interior , con el objeto de que recabe información al Intendente de la Tercera Región , en su calidad de Presidente del Consejo Regional de Atacama , sobre los denominados “programas nuevos de rápida aplicación”, fundamentalmente en lo que dice relación con el “Fondo de Desarrollo de Obras Comunales”, ya que, como señalé, los programas de absorción de mano de obra deberían estar presentados por los municipios y aprobados por el Consejo Regional en marzo, y por la Subdere, el último día de marzo.
Asimismo, pido que se adjunte al oficio copia de esta intervención y también se envíe a los concejos de las comunas que represento, que se encuentran gravemente afectadas por la cesantía: Vallenar , Huasco, Freirina, Caldera, Tierra Amarilla y Alto del Carmen.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Galilea, don Pablo ; Martínez, don Rosauro ; Kuschel , Sánchez , Prokurica , Jaramillo y Acuña .
SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y NECESIDADES DE CONCÓN. Oficios.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Renovación Nacional ha cedido parte de su tiempo a la UDI, y ha aceptado que primero intervenga el Diputado señor Ibáñez .
Tiene la palabra su Señoría.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , la comuna de Concón fue creada hace sólo dos años, sin resolver varios y graves problemas que están afectando su desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes, por lo que urge solucionarlos.
Por otra parte, en el breve lapso de los últimos tres años, la población de Concón ha crecido en 50 por ciento, básicamente debido a las construcciones que ha realizado el Serviu en esa comuna. En su mayoría, se trata de gente que proviene de otras comunas, por lo cual esta creciente población todavía no logra un nivel de integración que permita una convivencia fructífera y sana para todos. Además, su infraestructura es la misma que tenía cuando era un barrio aislado de Viña del Mar.
Todo ello le ha significado graves problemas a sus habitantes en educación y salud, pues la demanda sobrepasa largamente la capacidad de los respectivos establecimientos comunales.
Una de las necesidades más acuciantes de los habitantes de Concón en estos momentos es disponer de una real seguridad ciudadana y acceso a sistemas de justicia locales, dado que los índices delictuales se han elevado en forma alarmante, en los que se incluyen varios homicidios cometidos en las últimas semanas y meses, los cuales se han constituido en noticias de carácter nacional.
Por eso, solicito que se remitan los siguientes oficios:
Al señor ministro de Defensa Nacional , para que el señor General Director de Carabineros de Chile considere aumentar el personal de la Subcomisaría de Carabineros de Concón, por ser muy insuficiente el destacado actualmente para cubrir las necesidades de la comuna, e instruya perentoriamente que esos funcionarios no se ocupen en actividades culturales, deportivas o de cualquier tipo en comunas vecinas, como suele ocurrir en la actualidad.
Asimismo, para que el señor Director General de la Policía de Investigaciones considere la creación de una unidad de dicho servicio en la citada comuna.
A la señora ministra de Justicia , reiterándole un oficio anterior que le remití al respecto, para que envíe al Congreso Nacional, con la mayor urgencia, un proyecto de ley que cree un juzgado de policía local en dicha comuna.
Y a los señores ministros de Educación, de Salud y de Hacienda , con el objeto de que se destinen recursos presupuestarios suficientes para que la ilustre municipalidad de Concón pueda construir a la brevedad un liceo, especialmente de enseñanza media técnico-profesional, y una nueva escuela de enseñanza básica, y amplíe el consultorio de salud existente.
Finalmente, solicito que se envíe copia de mi intervención y de estos oficios al alcalde de la comuna de Concón, como a la señora presidenta de la Unión comunal de juntas de vecinos de esta comuna.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen.
MEDIDAS ECONÓMICAS EN FAVOR DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable Diputado señor Osvaldo Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , en esta oportunidad tengo que referirme a un tema que ya hicimos presente hace algún tiempo en la Cámara. Me refiero al desastre económico que sufre mi región debido a la baja en más del 50 por ciento de un año normal que ha afectado a su producción. Longaví , Retiro y Parral , dedicadas al cultivo del arroz, han sufrido los efectos de la sequía de que tanto hablábamos en el mes de noviembre, ya que su producción de 1999 alcanza sólo al 50 por ciento de lo que autorizó sembrar la Comisión de Riego, es decir, asciende sólo a la mitad del 60 por ciento de un año normal, lo que es un desastre.
Por otro lado, la chacarería también corrió la misma suerte, por la sencilla razón de que también está sufriendo la falta de agua, lo que ha significado que la producción de maíz es sumamente inferior a la de años normales.
Peor aún es la situación de las tierras de secano, porque, en el caso de la vitivinicultura, si bien es cierto ha mejorado el producto de exportación, la cooperativa de la región de Cauquenes cosechaba anualmente 14 millones de kilos de uva, en tanto que este año solamente ha alcanzado una producción de 7 millones de kilos de uva, lo que constituye un desastre.
Estas situaciones inciden prácticamente en toda la economía de la región, como el transporte, el comercio y las personas en general.
Por tal razón, el Ejecutivo debe tomar medidas de inmediato, ya que el desastre económico ocasionado por la sequía ha dejado a la gente sin dinero para pagar ni siquiera los intereses de sus compromisos o sus contribuciones, ni para trabajar el próximo año; esto es, no tienen cómo subsistir.
Por eso solicito que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Hacienda , con el objeto de que se preocupen de este tema, porque la producción agrícola de la Séptima Región está totalmente liquidada, lo que impedirá a su población cumplir con sus obligaciones.
Asimismo, pido que el Ejecutivo , a través de la Superintendencia de Bancos, hable con la banca particular para sensibilizarla respecto de la situación que vive la gente de la Séptima Región.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los dos oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS FISCALES EN LA UNDÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero referirme a la errada política del Ministerio de Bienes Nacionales en cuanto al arrendamiento de bienes fiscales a centenares de pobladores que viven en los más recónditos lugares de la geografía de Aisén. Lo plantearé a partir de un caso extremo y particular que sucede en la comuna de Villa O’Higgins, donde el poblador Raúl Alarcón Cea ocupa 190 hectáreas fiscales desde hace 7 años en el sector de Entrada Mayer. Aunque estos terrenos son chilenos, estaban siendo explotados por una estancia argentina antes de que el señor Alarcón tomara posesión de ellos. El Ministerio de Bienes Nacionales le cobra aproximadamente 120 mil pesos al año, lo que no parece ser muy relevante; sin embargo, para un poblador que tiene como capital 10 vacas y 20 ovejas, y que debe alimentar a 11 hijos, realmente representa una fortuna en esas latitudes.
El sacrificio de la gente que hace soberanía, como el señor Alarcón , debe ser premiado, a lo menos, no cobrándole el arrendamiento fiscal antes señalado. Pobladores pobres como el antes mencionado, cuidan con su presencia nuestro territorio. Cobrarle por ello representa claramente una injusticia. Es evidente la tremenda diferencia que existe entre las políticas de Estado de la República de Argentina y de nuestro país en relación con sus zonas aisladas, ya que mientras la primera los incentiva con subsidios de real cuantía en infraestructura pública, lo que permite el asentamiento poblacional, nosotros, con reacciones lentas y contradictorias, dejamos en el más completo desamparo a compatriotas que viven en esos apartados rincones.
Si realmente queremos defender nuestra soberanía y conseguir un desarrollo armónico del país, tenemos que partir por ayudar a los pobladores que viven en esas aisladas comunas, mediante la modificación de muchas políticas nacionales, como el arrendamiento de terrenos fiscales, las que no guardan ninguna relación con la realidad de las zonas extremas.
Por lo anterior, solicito oficiar a la Ministra de Bienes Nacionales , adjuntando copia de mi intervención, con el objeto de que nos informe respecto de la cantidad de arrendamientos fiscales suscritos en la Undécima Región y la estimación de los recursos a recaudar por ese concepto.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que lo señalen a la Mesa.
ENCUENTRO DE LOS ORGANISMOS REGIONALES Y SUBREGIONALES CON PROGRAMAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , durante los días 4, 5 y 6 de marzo pasado, se efectuó en Sao Paulo , Brasil, el Encuentro de los Organismos Regionales y Subregionales con Programas en Ciencia y Tecnología que operan principalmente en Latinoamérica, organizado por el Parlamento Latinoamericano y el Convenio Andrés Bello, en el marco de la XI Reunión de la Comisión de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlatino , evento al cual asistí en mi condición de miembro de la Comisión de Educación de la Corporación.
En ese contexto, deseo informar a la honorable Cámara los resultados de ese Encuentro.
En efecto, como los colegas parlamentarios saben, la Comisión de Asuntos Culturales, Educación Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, en sus reuniones periódicas viene trabajando diferentes aspectos que comprenden el ámbito temático de su competencia. De allí su interés por conocer y tratar en profundidad la realidad de la ciencia y tecnología en la región, en conjunto, en esta oportunidad, con el Convenio Andrés Bello.
Para ese propósito se invitó a un grupo de especialistas, entre los cuales destacan el Director de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la Unesco para América y el Caribe, doctor Francis Lacayo ; el representante de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Americanos, doctor Héctor Herrera , y el Presidente de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y Coordinador de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur, ingeniero Luis Alberto Lima .
Como sabemos, la ciencia y la tecnología adquieren cada vez mayor importancia, por sus características de factores fundamentales para asegurar una mejor calidad de vida y posibilitar un desarrollo humano sustentable, tarea que, por cierto, constituye el desafío central del próximo siglo, y que nuestros países deben asumir decididamente.
En ese contexto, se informó detalladamente de la “Conferencia sobre Ciencia y Tecnología para el siglo XXI: un nuevo compromiso”, a realizarse en Budapest entre el 26 de junio y el 1 de julio próximo.
Es esperanzador para la humanidad -y así se espera en la cita de Budapest- comprobar el consenso que se ha ido produciendo, al reconocer que el nuevo contexto en el mundo obliga a redefinir colectivamente, a través del pacto social que expresaba el doctor Lacayo, el nuevo estatus y el nuevo rol de la ciencia y tecnología, sobre la premisa de que los objetivos fundamentales y más nobles de la ciencia, así como de las sociedades, son la paz internacional y el bien de la humanidad.
De allí que uno de los ejes centrales que se abordarán en esa cita cumbre, se exprese a través de la frase: “La ciencia para el conocimiento; el conocimiento para el progreso, y el progreso para el desarrollo sustentable y la paz”.
En el marco de esos análisis se insertaron las diferentes ponencias que enfocaron el tema desde el punto de vista legislativo: el rol de la universidad, como promotora de la investigación científica, y las experiencias de algunos países de la Región en la materia.
Una vez concluidas las ponencias y producido el debate, se adoptó el siguiente acuerdo del Encuentro:
1. Establecer un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional del Parlamento Latinoamericano y del Convenio Andrés Bello, por medio del intercambio permanente de información.
2. Iniciar de manera concertada un estudio de armonización legislativa en ciencia y tecnología en los ámbitos regional y subregional, que lleve a propuestas concretas de homologación y coordinación de normas.
Por su parte, la Comisión de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología adoptó como Acuerdo de la XI Reunión:
1. Impulsar el trabajo conjunto para que, a través del Parlamento Latinoamericano, logremos aprovechar los esfuerzos que se hacen en cada uno de nuestros países en la investigación científica y desarrollo tecnológico.
2. Salvaguardar la libertad de investigación y el sentido social de la ciencia y tecnología en la generación del conocimiento y su aplicación en la lucha contra la miseria, el hambre y la desigualdad social.
3. Solicitar a nuestros gobiernos el aumento en el porcentaje del producto interno bruto que se otorga a la ciencia y al desarrollo científico tecnológico, dándole prioridad nacional a esta inversión.
Termino esta breve cuenta de mi asistencia al Encuentro de la XI Reunión de la Comisión de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, dejando a disposición de la Mesa los siguientes documentos:
La Cooperación de la Unesco en Ciencia y Tecnología: la Ciencia en y para la sociedad;
El Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo;
Compendio de Leyes;
Documento de la reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur;
Proyecto Sistema Centroamericano de relación universidad-sector productivo;
El Papel de las Universidades Latinoamericanas como promotoras de la investigación científica;
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;
La Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo en México, y
Acuerdo del Encuentro.
He dicho.
RECONSIDERACIÓN DE DISMINUCIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS ESCOLARES EN COMUNAS DE LAS REGIONES DÉCIMA, UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que le resta al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , pido que se oficie al señor ministro de Educación y, por su intermedio, a la directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para que se sirvan revisar la reasignación y disminución de raciones alimenticias de desayuno y almuerzo en las comunas de Calbuco, Cochamó , Maullín , Puerto Montt, en las que se redujeron en 2.600, y me dicen que lo mismo ocurrió en las comunas de Cochrane, Chile Chico, Puerto Aisén y Magallanes . Sé que también hay disminuciones en otras comunas de la Décima Región.
Me preocupan particularmente los casos de Maullín, comuna prioritaria del Programa de Superación de la Pobreza, donde se redujeron las raciones, a pesar de esta circunstancia, y de Cochamó, que es comuna fronteriza.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Sánchez , Jaramillo , Osvaldo Palma , Rosauro Martínez , Pablo Galilea y Víctor Pérez .
RÉPLICA A DECLARACIONES DE DIPUTADOS SOBRE RESPONSABILIDADES EN HOMICIDIO DE TUCAPEL JIMÉNEZ.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, en conjunto con el de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , con ocasión de las diligencias ordenadas por la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio de don Tucapel Jiménez , dos diputados de la Democracia Cristiana, señores Manuel Bustos y Seguel , hoy en la mañana, en una conferencia de prensa, han realizado un acto que para nosotros constituye una maniobra politiquera, burda, deleznable y cobarde.
Es politiquera porque, después de diecisiete años, se pretende montar una campaña de infamia pública contra personas absolutamente inocentes que, como autoridades de la época al momento de tan horrible crimen, solicitaron de inmediato la designación de un ministro en visita y pusieron a disposición de la autoridad judicial la posibilidad de que ello se investigara. Quiero destacar, por ejemplo, declaraciones de prensa del hijo de Tucapel Jiménez, que así lo expresan con toda claridad.
Es politiquera, por lo tanto, porque se trata de obtener alguna ventaja absolutamente mezquina.
Es una maniobra burda, porque los argumentos que ambos diputados expresaron ante los medios de comunicación no tenían ningún sustento, ya que el principal consistió en que el actual Senador Sergio Fernández , por el hecho de haber sido ministro del Interior de la época, tenía que saber absolutamente todo de ese crimen.
Es más, los diputados dijeron que, incluso en el actual gobierno, el subsecretario del Interior informa al ministro del Interior, antes de las 8 de la mañana, sobre todo lo que ha pasado durante la noche. En consecuencia, dicho ministro, por estar enterado de todo, tiene responsabilidad política.
Es tan burdo que uno podría decir, con ese mismo argumento, que el actual Diputado Enrique Krauss , ministro del Interior en la época del asesinato del Senador Jaime Guzmán , es responsable político de ese suceso, a raíz del cual esta Cámara guardó hoy un minuto de silencio.
Es burdo, absolutamente, porque carece de toda lógica, y nosotros lo rechazamos con la mayor energía posible. No es dable argumentar con razones tan inconsistentes.
Es también deleznable y cobarde, porque, sin duda, mediante la sistemática y reiterada exposición de falsedades ante los medios de comunicación, se induce a la opinión pública a creer que ambos senadores tienen responsabilidades penales en el caso, y ello permite revivir las tácticas usadas desde siempre para incitar a la comisión de actos terroristas contra las personas calumniadas.
Quiero recordar que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva , en un discurso que pronunció en el entonces Teatro Caupolicán, expresó que el asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic fue precedido de una campaña, infamante y calumniosa -similar a la que hoy denunciamos-, de decir a la opinión pública -en ese caso- que don Edmundo Pérez Zujovic tenía responsabilidades penales y políticas en una serie de actos absolutamente lamentables que ojalá el país no reviva.
Hace pocos días, en la televisión, el precandidato presidencial de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar , ratificó esos hechos, y hoy nadie puede negar que igual campaña de denuestos, de ataques malintencionados e injustificados, precedieron al asesinato de Jaime Guzmán .
Junto con rechazar con la mayor energía posible esta actitud -reitero- burda, cobarde y deleznable de los Diputados Manuel Bustos y Seguel, queremos manifestar en esta Sala nuestra preocupación porque se utiliza, a través de los medios de comunicación, el fácil expediente de calumniar e infamar a terceros, de hacer creer a la opinión pública que éstos, por el solo hecho de acatar una resolución de una ilustre Corte de Apelaciones de presentarse a rendir informes, son absolutamente responsables de poner eventual término a ese procedimiento; manifestar nuestra preocupación porque, en definitiva, esas formas de campaña, esas actitudes políticas -insisto- cobardes y deleznables, ya las hemos vivido; este país ya las ha conocido, y fueron esos hábitos los que se transformaron en precursores de la violencia introducida en Chile por la extrema izquierda antes de 1970, cuyas trágicas consecuencias todos hemos sufrido.
Por lo tanto, rechazamos -repito una vez más- la cobardía de los Diputados Seguel y Manuel Bustos; pero también manifestamos nuestra preocupación por el procedimiento que ellos han utilizado para dar a conocer el hecho. No hay duda de que ello causa efectos en la opinión pública, incide en las opiniones de personas y, como ha sucedido en los casos que he mencionado, da motivación, fundamento y argumento a aquellos que quieren tomar la justicia por sus propias manos y que utilizan la violencia como método de acción política.
He dicho.
EXENCIÓN DE PAGOS DE ARRENDAMIENTO E IMPUESTO TERRITORIAL A HABITANTES DE ZONAS FRONTERIZAS.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
En el turno del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , quiero sumarme al planteamiento que ha formulado el Diputado señor Pablo Galilea con relación a los cobros por arrendamiento que hace el Ministerio de Bienes Nacionales en zonas fronterizas.
En Aisén, Undécima Región, hay una cantidad importante de gente que vive muy pobremente, hace patria todos los días en zonas de frontera y que, en justicia, debiera estar eximida del pago mencionado. Es más, debiera pagársele precisamente por hacer soberanía en esos lugares.
Son criterios y consideraciones que se han presentado muchas veces sin lograr el eco adecuado, como la serie de propuestas que se discutió al respecto, las que, finalmente, no fueron recogidas en el Plan Austral promulgado ayer por el Presidente de la República.
No obstante, la idea es elaborar un proyecto de ley que reconozca el importante rol de soberanía que cumplen pobladores u ocupantes de esos sectores que -repito- viven muy precariamente y que los exima no sólo del pago de arrendamiento, sino también del impuesto territorial.
PERJUICIOS POR PESCA EXCESIVA DE LA MERLUZA AUSTRAL. Oficios.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , quiero plantear también una situación que considero de la mayor gravedad, si es que efectivamente se confirma: la aparente -por las cifras y datos que manejo- permisividad de las autoridades del sector pesquero, en particular de la Décima Región de Los Lagos, frente a empresas pesqueras y a presiones de algunos sindicatos de pescadores artesanales, a quienes se les habría permitido desembarcar la especie merluza austral o del sur por sobre las cuotas globales asignadas por la Subsecretaría de Pesca.
La especie merluza austral está declarada, desde hace algún tiempo, en plena explotación. Como consecuencia de la sobreexplotación de que ha sido víctima durante los últimos casi veinte años, en que el ciento por ciento de la biomasa original se ha reducido a veinte por ciento, el aumento de la cuota de extracción pone en riesgo la sobrevivencia de la especie -que se exporta en un ciento por ciento al mercado español- y causa un grave impacto económico en la gente que vive de su extracción y su comercialización.
De fuentes completamente fiables he recibido la información de que la autoridad pesquera ha permitido, de alguna manera, que en los últimos meses se hayan extraído recursos en exceso.
Así, en enero, la cuota global asignada a la Décima Región era de 250 toneladas y se habrían desembarcado 680 toneladas.
En febrero, era de 400 toneladas y, sin embargo, se pescaron 650 toneladas.
Se estima que en este mes se pescarán en exceso 110 toneladas, con el consiguiente perjuicio a la sustentabilidad a que está sometido este valioso recurso, que, como dije, se encuentra en régimen de plena explotación.
En Aisén, Undécima Región, la autoridad pesquera se esmera en hacer cumplir con celo, a veces con excesivo celo, la ley general de Pesca, por lo cual no es aceptable que la misma administración actúe con criterios tan dispares entre una y otra zona del país.
Cuando se discute con fuerza en el medio pesquero del país la necesidad de profundizar los instrumentos de gestión y de control regionales de los recursos hidrobiológicos, con una nueva regulación de una zona de pesca contigua, me parece un pésimo precedente actuar en la forma en que aparentemente se estaría haciendo, de ser fidedignas las cifras que he señalado -creo que lo son-. No me corresponde emitir juicios sobre el origen de esa diferencia de políticas institucionales entre las regiones Décima y Undécima, pero sí debo advertir que tal actitud resulta preocupante, por sus incidencias claras en la viabilidad futura del recurso y las alteraciones de precio que ello provoca en el mercado, efecto que ocasiona un daño patrimonial a muchos pescadores artesanales, especialmente de Aisén, de las zonas de Puerto Aguirre, Melinka , Puerto Cisnes, Chacabuco, entre los centros poblados más importantes de la región. Como consecuencia del fenómeno de la marea roja, que se ha entronizado en el litoral de Aisén, la extracción de la merluza del sur se ha constituido ahora en la actividad principal de dichos centros poblacionales.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre al ministro de Economía , adjuntándole copia de mi intervención, a fin de que me informe respecto de las razones de la subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca para permitir esta pesca excesiva, por sobre la cuota legal fijada mensualmente.
Asimismo, pido enviar copia de mi intervención al intendente de la Undécima Región y al Gobernador Provincial de Aisén .
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Enrique Jaramillo , Pablo Galilea , Rosauro Martínez y de quien habla.
REITERACIÓN DE PROPUESTA SOBRE REPOSICIÓN DE FERROCARRILES. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , hace algunas semanas explicité en la Sala una inquietud de miles y miles de personas, en especial de habitantes del sur del país, que anhelan que Chile recupere algo fundamental: el servicio de ferrocarriles.
Se dice que con constancia se llega al éxito. Espero que tengamos la suficiente para lograr consensos.
No hace mucho tiempo, otros colegas también se expresaron en este sentido. Y en el período parlamentario anterior se formó una comisión especial de la Cámara de Diputados, la que, lamentablemente, no cumplió su cometido.
Mi intervención de hace algunas semanas representó una de las tantas inquietudes dadas a conocer sobre el tema desde hace más o menos quince años, en la prensa y en diversas instancias oficiales. Mis palabras tuvieron -por lo que siento un orgullo muy personal- repercusión en amplios sectores, lo que ha sido corroborado con muchísimas expresiones de adhesión de gente de provincias.
En dicha ocasión, pedí a la Mesa enviar oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para solicitarle que nos hiciera llegar el resultado de los estudios llevados a cabo por ese Ministerio sobre posibles costos de una red ferroviaria que cubriría el trayecto de Santiago-Puerto Montt.
Algunos días después, tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones sobre ese anhelo de millones de personas. Sin embargo, no me satisfizo la visión con que mi amigo, el ministro , enfocaba el tema de la reposición de los servicios ferroviarios.
A esta necesidad indiscutible del país, se anteponía la crisis asiática, un conjunto de prioridades surgidas de ésta, las complejidades del parque de transporte de carga y pasajeros, y no el beneficio indiscutido del servicio, de la seguridad en el tránsito y de la descontaminación.
El 14 de diciembre de 1995, su Excelencia el Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , formulaba una verdadera declaración de principios:
“1º Hemos decidido recuperar para Chile el servicio de ferrocarriles.
“2º Tenemos el propósito de brindar un servicio eficiente y moderno a todos aquellos compatriotas que por diversas razones, familiares o de trabajo, deben trasladarse dentro del territorio nacional.
“3º Tenemos que reconocer que hoy en día alrededor de un 80 por ciento de la población habita en la zona centro sur del país. La mayoría de estas ciudades disponen de conectividad ferroviaria, que se encuentra muy deteriorada, pero con altas potencialidades de utilización.
“4º Nuestras altas y sostenidas tasas de crecimiento traen aparejados aumentos de ingresos y legítimos deseos de las personas por movilizarse a lo largo del país, lo cual significa una mayor demanda potencial para esta tecnología de transporte.
“5º Nuestro país está embarcado en un irreversible esfuerzo de regionalización.
“6º A todos estos factores debe sumarse la recuperación del ferrocarril, como un medio moderno y efectivo de transporte terrestre.
“7º Sobre estas bases, tenemos la certeza de que la recuperación del servicio de pasajeros estimulará la sana competencia con los otros medios de transporte de pasajeros.
“8º De no disponer de una alternativa ferroviaria eficiente y oportuna, tendremos que enfrentar elevados índices de congestión en las carreteras y en los accesos de las ciudades, como asimismo un aumento de los accidentes y de la contaminación de nuestro medio ambiente”.
Por desgracia, sus últimas palabras se han visto horrorosamente comprobadas. Repito: el ferrocarril al sur es una necesidad para los chilenos, es una responsabilidad y obligación para el Estado.
Al respecto, he intercambiado opiniones con algunos diputados. Invito a quienes quieran tratar el tema, a sumarse a esta obligación de todos los chilenos.
Pero no son cifras imposibles, decimos solemnemente, en el tema económico. Chile debe tener su ferrocarril, con el que volverán, ahora, los mismos sueños de quienes lo disfrutamos, en los jóvenes de las actuales generaciones y en las futuras; pero, sobre todo, llegará la comodidad, el reconocimiento de un derecho, así como la seguridad ciudadana, la seguridad de vida, en el transporte que hoy anhelamos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito reiterar mi petición al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones .
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz , Sánchez , Rosauro Martínez , Kuschel y de quien habla.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 19.17 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede. (boletín Nº 2315-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
I. LA AUTOMARGINACIÓN ELECTORAL.
Como se ha constatado públicamente, un importante número de chilenos, aun reuniendo los requisitos de fondo habilitantes para sufragar, se encuentran imposibilitados de hacerlo, por no encontrarse inscritos en los registros electorales, formalidad indispensable para hacer efectivo el derecho a sufragio.
En estas circunstancias, de no mediar la inscripción referida, alrededor de un millón y medio de chilenos no podrá participar en las elecciones presidenciales del presente año y, eventualmente, tampoco en las municipales del próximo, si la situación señalada persiste.
II. EL DEBER DEL ESTADO.
La participación del mayor número posible de chilenos en los eventos electorales, constituye un elemento que ciertamente imprime mayor legitimidad y respaldo al sistema democrático en su conjunto. En tal sentido, es que el Estado está obligado a desplegar todos los esfuerzos necesarios para asegurar que efectivamente tales eventos se caractericen, no sólo por su transparencia y objetividad, sino también por una alta convocatoria ciudadana.
En este contexto se enmarcan, por ejemplo, las campañas que ha desplegado el gobierno, en los medios de comunicación, llamando particularmente al segmento más joven de nuestro país, a incorporarse al proceso político de generación de las autoridades y representantes de la ciudadanía, a través de su inscripción en los registros electorales.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo ha estimado oportuno complementar estos esfuerzos mediante reformas legales que posibiliten la incorporación de los no inscritos al cuerpo electoral de ciudadanos, creando mejores condiciones para que este segmento de la población pueda acceder con mayor facilidad al cumplimiento de este requisito de formalidad, que el sistema electoral chileno exige para ejercer el importante derecho político que implica el sufragio.
III. EL PRESENTE PROYECTO.
Para estos efectos, el presente proyecto de ley propone, en esencia, establecer el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras que operan en todas la comunas del país y, al mismo tiempo, permitir que tales organismos puedan funcionar, excepcionalmente, en lugares distintos de su sede habitual, trasladándose a aquellas localidades de la comuna en donde pudiera optimizarse la inscripción de personas que no hayan cumplido con dicha exigencia.
Complementariamente, y con el propósito de asegurar la necesaria armonía entre el nuevo régimen de funcionamiento de las juntas inscriptoras versus la diversidad de la realidad comunal, se introduce un criterio de flexibilidad en la aplicación de la nueva normativa. Ello se traduce en facultar a las representaciones regionales del Servicio Electoral, tanto para el establecimiento segregado del nuevo régimen de doble jornada, como para calendarizar los días y lugares de funcionamiento fuera de la sede habitual de dichas juntas.
Por consiguiente, en mérito de las consideraciones precedentes, vengo en someter a la consideración de esa honorable Corporación, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral:
1. Agrégase, en el artículo 4º letra b), a continuación del punto final (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 bis de la presente ley.”.
2. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 14, las expresiones “un miembro en calidad de suplente” y “pueda reemplazar”, por “hasta tres miembros en calidad de suplentes” y “puedan reemplazar”, respectivamente.
3. Modifícase el artículo 21, de la siguiente manera:
a) Reemplázase su inciso primero, por el siguiente:
“Cada uno de los miembros de las Juntas tendrá derecho a un honorario de tres vigésimos de unidad tributaria mensual por cada día de sesión a que asista, más un tercio de milésimo de unidad tributaria mensual por cada inscrito. Estos honorarios estarán exentos de todo impuesto.”, y
b) Sustitúyese, en su inciso tercero, las expresiones “las sesiones” por “los días de sesiones” y “cada una de esas sesiones” por “cada días de sesiones”.
4. Modifícase el artículo 22, de la siguiente manera:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
“Artículo 22.- Las Juntas Inscriptoras funcionarán durante los siete primeros días hábiles de cada mes, en doble jornada, entre las 9 y las 13 horas, y entre las 15 y las 19 horas. No obstante, si al término de cualquiera de estas jornadas normales de funcionamiento, aún se encontraren presentes personas que requirieren su inscripción, las Juntas continuarán funcionando, pero no más allá de las 14 ó 20 horas, según corresponda.”;
b) Agrégase en su inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración final: “El Director del Servicio Electoral podrá, además, excluir a una o más Juntas Inscriptoras del sistema de funcionamiento en doble jornada establecido en el inciso anterior, en los casos y formas que lo autorizan para suspender su funcionamiento, no obstante lo cual, las Juntas excluidas deberán funcionar durante cuatro horas diarias, a lo menos.”, y
c) Sustitúyese el inciso tercero, por el siguiente:
“Durante los noventa días anteriores al cierre del período de inscripciones a que se refiere el inciso siguiente, las Juntas Inscriptoras funcionarán todos los días hábiles, en la forma establecida en el inciso primero. El Director del Servicio podrá disponer que todas o algunas de las Juntas funcionen en días feriados en sustitución de días hábiles, como asimismo excluirlas del funcionamiento en doble jornada, en los casos y en las formas establecidas en inciso anterior, no obstante lo cual, las Juntas excluidas deberán funcionar durante cuatro horas continuas, a lo menos.”.
5. Agrégase el siguiente artículo 22 bis:
“Artículo 22 bis.- Durante los días lunes en que les corresponda funcionar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, las Juntas Inscriptoras funcionarán, exclusivamente y en horario continuado entre las 9 y las 15 horas, en un recinto distinto de aquel en que lo hacen habitualmente, con el objeto de facilitar la inscripción de las personas, asegurando el libre acceso al recinto habilitado de toda persona que requiera su inscripción.
El recinto a que se refiere el inciso anterior será determinado por el Director Regional del Servicio , 15 días antes, a lo menos, de aquel en que se inicie el período de inscripciones respectivo y deberá estar ubicado dentro del territorio jurisdiccional de la respectiva Junta.
El Director Regional del Servicio deberá hacer pública una programación trimestral de funcionamiento de la Junta Inscriptora en recintos distintos de aquel en que habitualmente funciona, mediante avisos o carteles que deberán fijarse en lugar visible de dicho recinto y de las respectivas municipalidades. Corresponderá a la Municipalidad del lugar en que funcione la respectiva Junta Inscriptora, asegurar el adecuado transporte de los miembros de la Junta y de los materiales necesarios para la inscripción, entre la sede comunal y el lugar distinto en que hubiere de funcionar, tanto al inicio como al término de la correspondiente jornada.
El Director Regional deberá comunicar a Carabineros de Chile la programación de funcionamiento de las respectivas Juntas Inscriptoras fuera de sus lugares habituales, con el objeto de coordinar las medidas destinadas a garantizar la seguridad y el orden público durante el proceso de inscripción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, el Director del Servicio , mediante resolución fundada que se publicará en el Diario Oficial, podrá eximir a determinadas Juntas Inscriptoras de lo dispuesto en este artículo, cuando la cantidad de población, las dificultades de comunicación u otra razón fundada lo haga aconsejable y, en tal caso, la Junta deberá funcionar en el lugar en que habitualmente lo hace, y dentro de los horarios señalados en el inciso primero del artículo anterior.”.
6. Agrégase en la letra a) del artículo 74, a continuación de la palabra “corresponda” y precedida de una coma (,), la frase “de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 bis y 24 de esta ley”.
Artículo 2º.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el año 1999, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Público del presupuesto vigente para dicho año.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; RAÚL TRONCOSO CASTILLO , Ministro del Interior ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.556,
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE SISTEMA
DE INSCRIPCIONES ELECTORALES Y SERVICIO ELECTORAL
El proyecto de ley del rubro, que contiene un período extraordinario de funcionamiento de las juntas inscriptoras, que funcionarán desde el 17 de mayo al 13 de agosto de 1999, representa un mayor gasto fiscal estimado de alrededor de M$ 204.000, considerando la inscripción de cerca de 850.000 ciudadanos. El artículo 2º de esta iniciativa dispone que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con reasignación de los recursos contemplados en el presupuesto vigente del Servicio Electoral. En lo que no alcanzare se suplementará dicho presupuesto desde la provisión para financiamientos comprometidos del Tesoro Público del presupuesto del sector público del año 1999, ítem 50-01-03-25-33.104.
(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos ”.
Gastos de funcionamiento de juntas inscriptoras año 1999:
Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.556.
Considera un aumento de los honorarios para el personal que trabaja en las juntas inscriptoras. Se cancelaría $ 3.876 (3/20 de una UTM) por día, por trabajador, sin distinción entre período ordinario o extraordinario.
Nuevo cálculo:
Período normal: 415 juntas X 3 integrantes X 35 días X $ 3.876 M$ 168.897
514 juntas X 3 integrantes X 74 días X $ 3.876 M$ 442.760
842.980 inscrito X 3 integrantes X $ 9 M$ 22.760
M$ 633.940
Recursos contemplados en el presupuesto M$ 430.213
(honorario a $ 2.584)
Déficit M$ 203.727
Moción de los Diputados señores León, Álvarez-Salamanca , Venegas , Navarro , Espina, García-Huidobro , Rojas, Rocha y la Diputada señora Adriana Muñoz .
Promoción de los educandos de acuerdo a su aprendizaje. (boletín Nº 2313-04)
“Considerando:
1. Que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mejor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece.
2. Que la Constitución asegura el derecho a la educación y a los padres el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, como asimismo el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para éstos. Una Ley Orgánica Constitucional establece los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza básica y media y señala las normas objetivas de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento.
3. Que la enseñanza básica es el nivel educacional que promueve fundamentalmente el desarrollo de la personalidad del alumno y una capacitación para su vinculación e integración activa a su medio social, a través del aprendizaje de los contenidos mínimos obligatorios que se determinan en conformidad a Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y que le permiten el proceso educativo formal.
4. Que corresponde al Presidente de la República , por Decreto Supremo, dictado a través del Ministerio de Educación Pública, previo informe favorable del Consejo Superior de Educación, establecer los objetivos fundamentales para cada uno de los años de estudio de las enseñanzas básica y media, como asimismo de los contenidos mínimos obligatorios que facilitarán el logro de los objetivos formulados.
5. Que corresponde al Ministerio de Educación Pública diseñar los instrumentos que permitan el establecimiento de un sistema para evaluación periódica tanto en la enseñanza básica como en la media, del cumplimiento de los objetivos fundamentales y de los contenidos mínimos de esos niveles. Su aplicación periódica debe ser previo a la aprobación del Consejo Superior de Educación.
6. Que el Tribunal Constitucional al ejercer el control de Constitucionalidad de la ley Nº 18.962 declaró que, en el artículo 15, la frase “Con todo tales límites de edad podrán ser distintos tratándose de enseñanza de adultos y de la especial o diferencial, los que se especificarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación Pública”, era una norma de ley ordinaria y por lo tanto no le correspondía a dicho Tribunal pronunciarse sobre ella.
7. Que el decreto 183 del Ministerio de Educación Pública establece las edades mínimas de ingreso a la enseñanza de adultos y a la enseñanza especial o diferencial, considera que es propósito esencial de dicho Ministerio ayudar solidariamente a la búsqueda de soluciones individuales en casos de niños, jóvenes y adultos con carencias sociales, físicas, sensoriales o intelectuales, que le faciliten la incorporación a la vida normal de la sociedad, tanto en sus aspectos educacionales como laborales.
8. Que como antecedente podemos señalar que el DFL 5291, publicado el 19/05/1930, establecía en su artículo 2º que todo niño de uno u otro sexo y de siete a quince años cumplidos, estaba obligado a asistir a la escuela con el fin de recibir la educación primaria correspondiente y el grado de especialización vocacional, siempre que continúe el cumplimiento de la obligación en el primer ciclo de educación secundaria. Además, el artículo 5º establecía que se consideraban cumplidas las obligaciones de los artículos precedentes, (de la ley), si se proporcionaba a los menores en sus casas, la educación correspondiente a los tres primeros grados de la enseñanza primaria, con arreglo a los respectivos programas aprobados por el Presidente de la República .
9. Que el decreto Nº 62 del 27/04/83 del Ministerio de Educación Pública que fija el texto actualizado y refundido de diversos reglamentos sobre evaluación y promoción escolar y sobre otras disposiciones relativas a esta materia, en su artículo 3º establece que “durante el proceso enseñanza-aprendizaje deberán realizarse actividades de reforzamiento permanente, con el fin de atender las dificultades que presenten los alumnos. Asimismo, podrán desarrollar otras actividades para atender a los intereses de los alumnos más aventajados”.
Este decreto establece en su artículo 11º que los alumnos de 4º año de educación básica que, a juicio del respectivo profesor, no hubieran logrado los objetivos mínimos correspondientes a castellano y/o matemáticas, serán sometidos, durante las dos últimas semanas del año lectivo a una adecuada ejercitación de las técnicas instrumentales básicas, en dichas asignaturas. El artículo 17º del mismo cuerpo legal establece que para que un alumno sea promovido debe aprobar todas las asignaturas. No obstante ello, los alumnos de 1º a 3º año de educación general básica que cumplan con el requisito de asistencia serán igualmente promovidos, salvo casos debidamente justificados. A los alumnos de 4º año de educación general básica se les exige para ser promovidos castellano y matemáticas, y a los alumnos de 1º a 6º año de las escuelas de educación general básica unidocente y bidocente, que hubieran cumplido con la asistencia exigida.
Por su parte, el artículo 19º del mismo cuerpo legal establece: “Los alumnos de las escuelas de Educación Diferencial o especial, con deficiencias auditivas, visuales, motoras o con problemas graves del lenguaje oral -sin compromiso en el área intelectual- que hubieren superado su dificultad específica y se encontraren en condiciones de integrarse a la Educación General Básica común, ingresarán al curso que expresamente se indique en el certificado extendido por la Dirección del plantel de origen o a primer año de Educación Media Humanística Científica, en los casos que así se acreditare”. El mismo criterio se emplea para alumnos adultos que cursan la educación general básica y media humanística científica.
10. Que el decreto Nº 40, del 24 de enero de 1996, del Ministerio de Educación Pública, entre las consideraciones señala que, “el compromiso del actual Gobierno de garantizar la libertad de enseñanza y de asegurar la real vigencia del principio de igualdad de oportunidades educacionales significa que los establecimientos deben ofrecer una educación que, sobre una base común de carácter nacional, dé al mismo tiempo cuenta de los intereses y expectativas de las diferentes comunidades escolares”.
En la introducción de dicho decreto se plantea la conveniencia de poner al día la enseñanza que imparte el sistema, en la perspectiva de los esfuerzos por la modernización del país y la resolución de los grandes desafíos de índole económica, social y cultural que enfrenta la sociedad chilena en la proximidad del tercer milenio.
Otro numeral señala que, la actualización curricular, da prioridad al deber que tiene toda enseñanza de contribuir simultáneamente a dos propósitos: Primero, el desarrollo personal pleno de cada uno de los chilenos y chilenas, potenciando al máximo su libertad y sus capacidades de creatividad, iniciativa y crítica. Segundo, el desarrollo equitativo, sustentable y eficiente del país. Ambos propósitos no se excluyen uno a otro, sino que convergen en la finalidad de contribuir al desarrollo integral y libre de las personas en contexto económico y social que, por el nivel de desarrollo alcanzado, potencia las posibilidades de esa libertad, creativa, iniciativa y crítica. Señala que el nuevo marco curricular lo orienta el principio de que el aprendizaje debe tener lugar en una nueva forma de trabajo pedagógico, que tiene por centro la actividad de los alumnos, sus características y conocimientos previos. Señala que centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza exige, adicionalmente, desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adoptadas a los distintos sistemas y estilos de aprendizaje de un alumnado heterogéneo, y reorientar el trabajo escolar desde su forma actual predominantemente lectiva, a una basada en actividades de exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como colaborativamente y en equipo.
Plantea que se busca superar la excesiva uniformidad que han tenido los tradicionales contenidos de la enseñanza, con el propósito de ampliar la oferta de servicios y permitir a los padres elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos dentro de una gama amplia de opciones educativas, pero con una base común.
Se busca, con la educación chilena, estimular el desarrollo pleno de todas las personas, promover su encuentro respetando su diversidad, y, sobre dicha base, formarlos tanto dentro de valores que revistan de sentido ético a la existencia personal, como en la disposición para participar y aportar, conforme a su edad y madurez, en una convivencia regida por la verdad, la justicia y la paz.
11. Que ninguna norma establece el tratamiento educacional que debe brindarse a niños talentosos, aquellos que presentan altos desarrollos en algunas áreas, pero déficit en otras, y superdotados, aquellos esencialmente armónicos y equilibrados, con gran estabilidad emocional, es decir dotados en forma integral en sus desarrollos afectivo social, psicobiológico e intelectual. Alumnos que en la actualidad aparecen marginados por el sistema educativo al no brindárseles la oportunidad que el sistema ofrece para todos los niños con deficiencias de aprendizaje. Esto, sin duda, produce daño a la dignidad de estas personas y a sus padres.
Para remediar esta desigualdad presentamos a la honorable Cámara de Diputados a fin de que acoja a tramitación y apruebe el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Art. 1º Modifícase la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza en lo siguiente:
Agrégase al Art. 15 un nuevo inciso que establece lo que sigue: “Sin perjuicio de lo anterior, el educando que demuestre tener capacidades, conductas y competencias de carácter comprensivo, operativo y valorativo superiores a las exigidas para un nivel educativo podrá ser promovido, en cualquier época del año escolar, si sus padres o tutores lo autorizan, al nivel superior que le corresponda según sus capacidades, conductas y competencias”.