Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Patricio Alejandro Hales Dib
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA EXPULSIÓN Y POSTERIOR MUERTE DEL EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE HAROLD GILBERT LIEBERMAN FORBSTEIN. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL VERTEDERO DEL FUNDO LEPANTO, COMUNA DE SAN BERNARDO, POR LA EMPRESA METROPOLITANA DE RESIDUOS SÓLIDOS, EMERES.
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA EXPULSIÓN Y POSTERIOR MUERTE DEL EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE HAROLD GILBERT LIEBERMAN FORBSTEIN. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS HANTA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Julio Dittborn Cordua
- Claudio Alvarado Andrade
- Cristian Antonio Leay Moran
- Roberto Delmastro Naso
- Jorge Ulloa Aguillon
- Victor Perez Varela
- Manuel Rojas Molina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS HANTA.
- VII. INCIDENTES
- HOMENAJE A LA CIUDAD DE VALLENAR EN EL 210º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
- DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONARIOS DE LA SEREMI DE AGRICULTURA Y DE INDAP DE TEMUCO. Oficio.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- IRREGULARIDADES EN PROGRAMAS PET Y DE VIVIENDA PROGRESIVA EN SERVIU DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- EXIGENCIA DE MARCAS DETERMINADAS EN ÚTILES ESCOLARES. Oficio.
- INTEGRACIÓN TURÍSTICA DE PANGUIPULLI.
- ALCANCE A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO RENÉ MANUEL GARCÍA.
- REUBICACIÓN DE IMAGEN VENERADA EN YUMBEL. Oficios.
- RECHAZO A EXPRESIONES DEL DIPUTADO RENÉ MANUEL GARCÍA.
- MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO Y RÁPIDO DE LAS CONDENAS. Oficios.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- INCONVENIENCIA DE SUPRESIÓN DE ENSEÑANZA DE FRANCÉS EN NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Lily Perez San Martin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 33ª, en miércoles 13 de enero de 1999
(Ordinaria, de 16.07 a 20.08 horas)
Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg; Pérez Lobos, don Anibal y Mesías Lehu, don Iván.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 10
III. Actas 10
IV. Cuenta 10
-o-
Permiso constitucional 10
-o-
V.Orden del Día.
- Informe de la Comisión Especial Investigadora de la expulsión y posterior muerte del empresario estadounidense Harold Gilbert Lieberman Forbstein. (Continuación) 10
- Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la administración del vertedero del fundo Lepanto, comuna de San Bernardo, por la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres 19
VI.Proyectos de acuerdo.
Información sobre medidas adoptadas para evitar el contagio del virus Hanta 44
VII.Incidentes.
- Homenaje a la ciudad de Vallenar en el 210º aniversario de su fundación 45
- Denuncia sobre irregularidades administrativas de funcionarios de la Seremi de Agricultura y de Indap de Temuco. Oficio 46
- Irregularidades en programas PET y de vivienda progresiva en Serviu de la Décima Región. Oficio 49
- Exigencia de marcas determinadas en útiles escolares. Oficio 50
- Integración turística de Panguipulli 50
- Alcance a intervención del Diputado René Manuel García 51
- Reubicación de imagen venerada en Yumbel. Oficios 53
- Rechazo a expresiones del Diputado René Manuel García 54
- Medidas para el cumplimiento efectivo y rápido de las condenas. Oficios 55
- Inconveniencia de supresión de enseñanza de francés en nuevos programas de estudio. Oficio 57
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda (boletín Nº 2298-05) 59
2. Moción de la Diputada señora Pérez, doña Lily, que prohíbe la exigencia de determinadas marcas en las listas de útiles escolares (boletín Nº 2297-04) 91
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación del Diputado señor Hales, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 20 de enero en curso, para dirigirse a Estados Unidos de América.
2. Oficios:
Corte Suprema
-Del Diputado señor Tuma, registro de profesionales abogados.
Contraloría General de la República
-Del Diputado señor Rocha, situación financiera contrato Municipalidad de Lota y Empresa Ingemet.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-De la Diputada señora Rosa González, procedimientos de facilitación fronteriza para parlamentarios de zonas extremas.
-De los Diputados señores Urrutia, Núñez, Ortiz y Diputada señora Marina Prochelle, proyecto costero-caminero que une Arica con el Puerto de Ilo.
Ministerio del Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del Diputado señor Recondo, situación legal de directivos de Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Villa Almagro Ltda., disuelta por la Subsecretaría de Economía.
Ministerio de Hacienda
-Del Diputado señor Kuschel, antecedentes comerciales vecinos comuna Calbuco, por deudas contraídas en el Banco del Estado de Chile; plazo para pago de impuestos de importación de almacenes particulares; reducción monto contribuciones de bienes raíces agrícolas valles de comunas Cochamó-Hualaihué.
-Del Diputado señor Ávila, venta de paquetes accionarios de las AFP durante 1998; deuda impaga del Diputado señor Van Rysselberghe con el Banco del Estado.
-Del Diputado señor Vega, condonación deudas de pequeños y medianos agricultores de la zona central.
-Del Diputado señor Seguel, situación tributaria empresa Groshaus y Cía. Ltda.
Ministerio de Educación
-De la Diputada señora Fanny Pollarolo y Diputado señor Gutiérrez, cobertura y evaluación de Jocas.
Ministerio de Defensa Nacional
-De los Diputados señores Pablo Galilea, Kuschel, Delmastro, Fossa, Villouta, Urrutia, Jaramillo, Leal y Diputada señora Eliana Caraball, medidas para evitar coincidencia de fechas PAA y llamado servicio militar.
-Del Diputado señor Huenchumilla, control de artes marciales.
Ministerio de Obras Públicas
-Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, proyectos en comuna de Pencahue.
-De los Diputados señores Mulet, Fossa, Navarro, Ortiz y Vilches, proyectos absorción mano de obra en la Tercera Región.
-De los Diputados señores Valenzuela y Jaramillo, ingreso de proyectos mineros al sistema de evaluación de impacto ambiental en la Primera Región.
-Del Diputado señor Navarro, plaza de peaje Chaimávida, Octava Región.
-Del Diputado señor Huenchumilla, defensas río Cautín, localidad de Labranza, Novena Región.
-Del Diputado señor Delmastro, camino Lanco-Trana-Meliquina, Octava Región.
-Del Diputado señor Melero, proyecto Santiago-Colina-Los Andes, Regiones V y Metropolitana.
-De los Diputados señores Gutiérrez, García-Huidobro, Velasco, Villouta, Lorenzini, Osvaldo Palma, Delmastro, Ortiz y Diputada señora Eliana Caraball, estudio de ingeniería Ruta 115-Ch sector Puente Armerillo-Paso Pehuenche , Séptima Región.
-Del Diputado señor Kuschel, instalación planta maderera y puerto en el sector Ilque, comuna de Puerto Montt.
-De los Diputados señores Kuschel, Fossa y Delmastro, inversiones en el período 1998-1999 en la Décima Región.
-De la Corporación, camino Talca-Constitución, Séptima Región.
Ministerio de Salud
-De la Corporación, red nacional de prevención cáncer a la laringe.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los Diputados señores Gutiérrez, Lorenzini, Rincón, Patricio Walker y Diputadas señora Lily Pérez, Antonella Sciaraffia y Eliana Caraball, creación departamento social en Empresa Inverca S.A.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-De los Diputados señores Pedro Muñoz, Urrutia, Encina y Diputada señora Adriana Muñoz, solicitud de retiro de urgencia al proyecto que modifica la ley general de Pesca.
-De la Corporación, calificación de urgencia a tramitación de proyecto de ley del deporte.
Bomberos de Chile
-Del Diputado señor Molina, partidas presupuesto 1999.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Patricio Cornejo, Andrés Palma y Edmundo Salas.
-Asistió, además, el Senador Hosaín Sabag.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.07 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 26ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 27ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el Diputado señor Patricio Hales ¿Habría acuerdo?Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA EXPULSIÓN Y POSTERIOR MUERTE DEL EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE HAROLD GILBERT LIEBERMAN FORBSTEIN. (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial encargada de investigar la medida de expulsión y posterior muerte del empresario estadounidense Harold Lieberman.
Al respecto, ya se ha dado a conocer el informe e iniciado su debate, restando los tiempos a los Comités que se señalan en la tabla.
Sugiero a la Sala efectuar la votación de los dos informes que se conocerán en la sesión de hoy al término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , ya ha pasado bastante tiempo desde que en la Comisión Investigadora hicimos un análisis sobre la expulsión del señor Harold Lieberman .
Después de hacer un acucioso estudio de los antecedentes, el informe de mayoría que emitió la Comisión estableció que la medida de expulsión, tal como lo había determinado la Corte de Apelaciones, se ajustaba a derecho y que no ha existido ningún tipo de abusos u otra razón que no sea estrictamente jurídica para tomar la decisión de expulsar del país al señor Lieberman .
Aparte de las circunstancias en las cuales se produjo el suicidio y de que efectivamente existieron acusaciones y un proceso judicial penal que se llevaba en Estados Unidos, en el que se le atribuía una serie de delitos, se hizo un proceso de extradición y se investigaron esos hechos para determinar si se entregaba al señor Lieberman al gobierno norteamericano, en calidad de detenido, para que se le procesara. Sin embargo, la corte consideró que no existían antecedentes como para dar lugar a su extradición, sin perjuicio de lo cual él solicitó una visa de residencia, la cual no se le otorgó porque no cumplía con los requisitos para ello y, además, por ser prófugo de la justicia norteamericana.
Por estas razones, en la Comisión llegamos a esa conclusión y, desde los puntos de vista constitucional y de probidad, hemos concluido que aquí no han existido disposiciones arbitrarias y que, por el contrario, la medida de expulsión estuvo bien tomada y que el Ministerio del Interior procedió de acuerdo con sus facultades, ajustado a la ley de extranjería. Si el señor Lieberman decidió suicidarse es algo lamentable, pero en ello no tuvo ninguna incidencia la decisión de ese Ministerio.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero denunciar la irregularidad en el tratamiento de este informe, porque no es posible que hayamos iniciado su tratamiento el 11 de noviembre, y dos meses después lo sigamos discutiendo para entrar a votarlo sólo hoy, al término del Orden del Día.
Por lo menos en los ocho años que llevo en esta Cámara, nunca se había procedido en la forma en que ahora se ha hecho. Llamo la atención a la Mesa por el tratamiento irregular del informe, lo que, desde luego, le resta seriedad no sólo a la investigación realizada por quienes hemos formado parte de la Comisión, sino que también a la Cámara de Diputados, en general, por cuanto produce desconfianza su proceder.
Por otra parte, la expulsión del señor Harold Lieberman ha constituido un caso especial, ya que no puede asimilarse a las que regularmente decide el Ministerio del Interior, facultado por la ley de extranjería. Lo especial consiste en que el decreto que la dispuso estuvo precedido de una sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema de Chile, la que, luego de un proceso que duró cuatro años, negó la entrega del mencionado ciudadano norteamericano ante la solicitud del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, más allá del problema de si el Ministerio del Interior estuvo o no facultado, de acuerdo con la ley de extranjería, para dictar el decreto de expulsión, o incluso de la circunstancia de que la Corte Suprema haya admitido la legalidad de dicha medida administrativa, esto es, en cuanto estaría prevista en la ley de extranjería, se mantiene el problema de si al procederse así se ha transgredido un tratado internacional como el existente entre Chile y Estados Unidos desde 1902.
Por último, es absolutamente claro para la Comisión investigadora, por lo menos para el diputado que habla, que la decisión última, relativa a la expulsión de un extranjero basada en la ley de extranjería, no corresponde al Ministerio del Interior, sino a la Corte Suprema, lo cual no merece la menor duda desde el momento en que la mencionada ley, en su artículo 89, prevé la facultad de un extranjero a quien se le exhibe un decreto de expulsión del país dictado por el Ministerio del Interior para reclamar ante la Excelentísima Corte Suprema. Si esta Corte examina el caso y resuelve que no ha lugar a la expulsión del extranjero por las razones jurídicas que ella determine, el Ministerio del Interior debe acatar esa decisión.
Por otro lado, desde nuestro punto de vista, ha quedado en evidencia que el ex Subsecretario señor Velasco actuó en forma arbitraria al expulsar al señor Lieberman , que en este país no se protegen los derechos de las personas y, finalmente, que el Gobierno chileno ha cedido ante las presiones de Estados Unidos.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , solicito que se recabe la unanimidad de la Sala para que, compartiendo la petición del Diputado señor Longton , al término del debate, votemos el informe de inmediato, a fin de finiquitar el tema. Estimo que el Diputado señor Longton tiene razón y no creo que nadie se vaya a oponer a esto.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , al inicio de la sesión, la Mesa solicitó el acuerdo de la Sala para que ambos proyectos se votaran al final del Orden del Día; pero si la Sala, en forma unánime, revoca el acuerdo, podríamos acceder a la petición del señor Ulloa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente, hace un largo tiempo, la Comisión especial encargada de investigar acerca de la medida de expulsión y posterior muerte del empresario estadounidense don Harold Lieberman , llegó a una conclusión de mayoría. Pero, previamente, lo que se buscaba era investigar la actuación de los funcionarios públicos vinculados o que tuvieron relación con la expulsión y posterior muerte de este ciudadano norteamericano.
También comparto lo expresado por el Diputado señor Longton respecto de la demora con que se está tratando este informe en la Cámara de Diputados, en circunstancias de que se aprobó, por mayoría, en Comisión, hace exactamente dos meses.
Ahora bien, partamos por señalar que esta investigación fue motivada y originada básicamente por una intervención pública bastante histriónica, por decir lo menos, de un señor abogado que hizo una serie de denuncias públicas que, en la práctica, aparecían muy serias, por lo que, en virtud de ello, me da la impresión de que el Diputado señor Longton pidió la designación de una Comisión investigadora, lo que posteriormente ratificó la Cámara.
Dentro de las intervenciones, el abogado don Hernán Montealegre Klenner formuló varias aseveraciones que resultaron carentes de veracidad -o mentiras, para decirlo claramente-, porque no se pudieron probar. Luego, continuó con una serie de planteamientos que hoy, después de dos meses, al contrastarlos con su intervención en otros hechos de connotación pública, han demostrado la completa incoherencia de su actuación. Señaló, por ejemplo, que en materia de extradición lo que siempre debía imponerse era la territorialidad de la ley. Sin embargo, hasta hace apenas unas semanas decía cosas distintas. Asimismo, en la Comisión expresó que “en una extradición hay un doble engranaje”. “De ahí la importancia de la institución, porque cuando se pide la extradición se ejerce una acción internacional, es decir, el Estado requirente ejerce una petición internacional que está prevista en un tratado internacional. Si esta acción de petición no estuviera prevista en un tratado o en el derecho internacional, Estados Unidos no podría pedir a la persona”. En este caso, debe haber un tratado expreso.
En verdad, cuando él intenta aplicar esa misma norma en otros casos, sostiene exactamente lo contrario.
Por otra parte, dice: “Ahora, como el señor Lieberman no se encontraba en los Estados Unidos, que es el país requirente, se invocaron los tratados de extradición, circunstancia en la que se procura poner en armonía el interés del país requirente, cual es juzgar un delito cometido en él, y el del país requerido, cual es defender su soberanía, ya que el extranjero avecindado en Chile está protegido por la totalidad de nuestra legislación, que tiene una jurisdicción criminal territorial”. Éste es otro de los tantos argumentos esgrimidos por el señor abogado que, en la práctica, ha resultado ser un verdadero misil que se ha vuelto contra él, porque después ha dicho exactamente lo contrario.
Agregó en la Comisión: “Hay que tener presente que los tratados de extradición se someten a tal punto a la jurisdicción del Estado requerido, que el requirente puede juzgar a la persona que solicita sólo por aquellos cargos que han sido acreditados”.
Está claro que, al parecer, la actuación va a depender más de los intereses del defendido que de la norma que se quiere aplicar.
En la práctica, las aseveraciones del abogado Montealegre implicaban un compromiso del entonces Subsecretario del Interior , señor Belisario Velasco , y lo involucraba como un funcionario que estaba bajo las órdenes o influencia del gobierno de los Estados Unidos.
Cuando la Comisión invitó al señor Belisario Velasco , éste demostró que eran mentiras y falsedades absolutas las aseveraciones del profesional respecto de los dichos que, supuestamente, el señor Velasco le habría comentado. Incluso más, señaló que conocía al señor Montealegre desde hace más de veinte años y que, en virtud de tal conocimiento, jamás se atrevería a contarle un secreto.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una situación que significa, única y exclusivamente, que estamos frente al caso de un ciudadano norteamericano que ingresó al territorio chileno cuando la justicia norteamericana todavía no declaraba que había sido partícipe de actos ilícitos en su país. Por lo tanto, el señor Lieberman ingresó a Chile como una persona sin antecedentes. Sin embargo, a los pocos días llegaron los antecedentes del gobierno estadounidense, que lo requería en su territorio por acciones criminales e ilegales. En esa circunstancia, la extradición no operó. Pero cuando él solicitó quedarse en el país, el Gobierno, por intermedio del Ministerio del Interior, correctamente a mi juicio, le denegó la residencia y le señaló la necesidad de salir del país. Esto significó, en la práctica, que el señor Lieberman tomara decisiones lamentables en contra de su vida. Nunca pudimos acreditar más de lo que todos en la Comisión pudimos apreciar: que hubo un descuido de quienes estaban a cargo de la protección de este ciudadano. Jamás se logró acreditar que algún funcionario ejerciera influencias o que hubiesen llegado funcionarios del FBI a intervenir en nuestro país.
Por lo tanto, los diputados de la Unión Demócrata Independiente votaremos a favor el informe de mayoría de la Comisión Especial que, básicamente, exonera a don Belisario Velasco y a otros funcionarios no individualizados, porque nunca obtuvimos pruebas de lo que se les acusaba.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales, quien cuenta con seis minutos de su bancada, más dos del Partido Radical.
El señor HALES .-
Señor Presidente, la bancada del Partido Radical Social Demócrata nos ha pedido incluir sus opiniones en nuestro informe.
Las palabras del Diputado de la UDI, honorable señor Ulloa , han clarificado el trabajo limpio de la Comisión, en el sentido de que las acusaciones -razón por la cual se formó la Comisión Especial Investigadora, a la cual concurrimos con nuestro trabajo y votos- sobre supuestas irregularidades en la actuación del Gobierno no eran efectivas. El Diputado señor Ulloa lo ha dicho con claridad.
Incluso, se señalaba que el Subsecretario del Interior de la época, señor Belisario Velasco , actuó de manera tan irregular que habría ejercido presiones indebidas para que no se cumpliera con la justicia, y que el Gobierno chileno estaría no solamente violando los derechos humanos, como se dijo en la primera parte de la acusación, sino obedeciendo instrucciones -¡vaya paradoja!- de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Era una alianza un tanto extraña, pero la imaginación de quienes fundamentaron la acusación así lo indicaba. Los hechos se aclararon en la Comisión de manera completa.
Quiero felicitar en particular el trabajo que desarrolló el presidente de la Comisión , señor Roberto León , quien permitió efectuar las intervenciones en profundidad y, por supuesto, el trabajo del Diputado Aldo Cornejo , que entregó el informe a la Sala, en el cual se clarifican los hechos.
Nuestra bancada desea dejar consignado que aprobó y apoyó la idea de formar una comisión investigadora, aun cuando se trataba de una acusación en contra de un acto del Gobierno. No nos inspiró un interés partidista; no estábamos ni estaremos jamás dispuestos a un doble discurso en la idea de defender supuestamente los derechos humanos de quienes comparten nuestras ideas, ni de otros, ni aunque las violaciones a los derechos humanos las cometiera nuestro Gobierno. No es así. No tenemos doble discurso y responsabilizaremos siempre a quien sea, aunque fuere partidario nuestro.
Por eso, ¡vaya extrañeza! Hasta se publicaron los nombres de quienes concurrimos a la votación para apoyar el proyecto del Diputado señor Longton de investigar lo sucedido con el señor Lieberman .
La verdad ha quedado clara en el informe. Bien lo dijo el Diputado señor Ulloa . Se probó que el señor Belisario Velasco había actuado correctamente. Sin embargo, hacemos notar que hubo un descuido de parte de los funcionarios de Investigaciones, que dejaron solo a este señor, prófugo de la justicia, que estaba desesperado. Los hechos indicaban que al señor Lieberman se le negó el permiso de residencia que solicitó y que el 19 de febrero la Corte Suprema rechazó el recurso que presentó para reclamar contra el rechazo de su petición.
En realidad, el señor Lieberman había sido buscado por operaciones fraudulentas por 30 millones de dólares en una supuesta estafa a algunos ancianos en Estados Unidos. Su hermano estaba siendo buscado, y su cuñada fue detenida en 1997 por porte de cocaína. Su hermano viajó a Estados Unidos y se declaró culpable de los hechos que se le imputaban, y el señor Lieberman intentó eludir la justicia; pidió permiso para quedarse y se le negó; recurrió a la Corte y ésta le denegó el recurso. O sea, no es sólo el Gobierno.
De manera que la idea de que, según los acusadores, estarían coludidos el Gobierno de Cuba, la Corte Suprema, Belisario Velasco, el Gobierno chileno, Estados Unidos, y todos contra el suicida, no tiene asidero alguno.
En realidad, hay algo increíble. Se accedió a la petición del abogado del señor Lieberman para que éste pudiera pasar la noche en un lugar diferente del cuartel de Investigaciones, porque no se cuenta con los calabozos adecuados en Policía Internacional y en Extranjería; es decir, no tenían dónde alojarlo, y dada la edad del señor Lieberman , se aceptó que alojara en el hotel Foresta y después en un departamento de su propiedad. Eso es irregular y por eso hay un sumario.
Después, cuando lo dejaron en el departamento, en un momento quedó solo. Alguien inventó la idea de que los detectives pusieron a su alcance un frasco con cianuro y que lo habrían incitado al suicidio. En realidad, no hay ningún antecedente que pruebe siquiera que haya existido cianuro, ni menos la presión indebida de una colusión de gobiernos en contra del empresario.
Valoro el hecho en dos sentidos. En primer lugar, cuando un diputado de Renovación Nacional presentó esta propuesta para investigar la medida de expulsión y posterior muerte del empresario estadounidense, esta bancada votó a favor de esa investigación, y no nos marginamos por el hecho de que la idea fuera de un diputado de Renovación Nacional . En segundo lugar, valoro las expresiones del Diputado señor Ulloa , quien, a la hora final de expresarse en este informe que, efectivamente, el Gobierno actuó correctamente y que los hechos de la acusación no eran ciertos, concurrió, con honorabilidad, a votar a favor del mismo.
Esto nos lleva a pensar que no es posible que Extranjería y Policía Internacional tengan que recurrir a una solución de tipo doméstico y nada menos que a cargo del detenido, como lo es contratar una habitación en un hotel para alojarlo en condiciones razonables y humanas, lo que confirma la constante denuncia de que nuestras policías carecen de los recursos suficientes.
Destaco tres grandes conclusiones del informe. Primero, la vocación de investigar siempre cualquier denuncia de un hecho que implique una posible violación de los derechos humanos; segundo, la falta de recursos de Investigaciones, y tercero -quizás la más importante-, el hacer resaltar la respuesta del señor Nelson Mery cuando se le preguntó si hubo descuido: “Sí, hubo descuido”. Es raro encontrar un Director General de Investigaciones que responda de esa manera en una Comisión Investigadora al preguntársele si determinados detectives podrían haber vigilado con mayor acuciosidad. Él invocó el Código de Ética, el cumplimiento, la seriedad, el rigor, el esfuerzo de Investigaciones; pero, con la misma honestidad, dijo que en ese minuto los funcionarios descuidaron sus deberes.
Me alegro de que esta investigación haya terminado bien, clarificando los hechos; todos lamentamos, desde el principio hasta el fin, la muerte del señor Lieberman . Asimismo, valoramos que la Cámara haya investigado esta situación, conducta que sin duda tendrá respecto de cualquiera otra materia del mismo carácter.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro hasta por cuatro minutos.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente, sin duda, esta Comisión especial tuvo algunas repercusiones que fueron más allá del campo estrictamente jurídico, es decir, de esclarecer si el Estado chileno tenía la facultad de negar la permanencia en Chile a un ciudadano extranjero.
Esta situación derivó en el lamentable suicidio del señor Lieberman , hecho que, sin duda, todos lamentamos y nos causó profunda preocupación, porque Chile se ha caracterizado por acoger feliz y cordialmente a todos los extranjeros.
Sin duda, este hecho causó preocupación pública. Por ese mismo motivo, votamos favorablemente la proposición del Diputado señor Longton de investigar la situación, a fin de saber con exactitud cuál fue el procedimiento legal que siguió el Gobierno de Chile para negar la residencia o permanencia en Chile del señor Lieberman .
Votamos favorablemente esa presentación, aun cuando significaba investigar a nuestro Gobierno, al de la Concertación, porque entendemos que en materias de política exterior que involucran tanto la entrada o salida de ciudadanos extranjeros como el respeto de sus derechos humanos, debe haber máxima transparencia.
La situación que afectaba al señor Lieberman y a su hermano involucraba una eventual estafa en Estados Unidos a un grupo de jubilados que había ahorrado para invertir en el área inmobiliaria. Habiendo quebrado su empresa, el señor Lieberman abandonó Estados Unidos cuando había acciones legales pendientes y se iniciaba un procedimiento judicial para impedir su salida. Él salió un día antes de que los tribunales norteamericanos determinaran que no podía abandonar el país por motivos judiciales y eligió venir a Chile.
La investigación fue pasando por diversas fases y no se fue centrando en si la muerte del señor Lieberman había sido responsabilidad de Investigaciones, sino que derivó en si había existido una actitud arbitraria de parte del Ministro del Interior subrogante , señor Belisario Velasco . Gran parte del debate estuvo centrado en demostrar si la autoridad había procedido con arreglo a nuestra juridicidad. En el debate de la Comisión especial quedó expresamente establecida la discrecionalidad de la facultad del Estado chileno para aceptar o no la residencia o permanencia de un ciudadano extranjero; o sea, esa permanencia puede ser denegada sin siquiera expresar fundamento u opinión. Si bien es así y uno puede compartir o no ese pronunciamiento o si habría que revisarlo, lo obrado se ajustaba a derecho. Por lo tanto, la autoridad, al denegar esa permanencia, no incurrió en ningún acto de arbitrariedad.
En la Comisión especial quedó suficientemente claro que tampoco hubo intención de persecución o intención política alguna que pudiera recaer en responsabilidades directas del ministro subrogante o de algún funcionario de Gobierno. Los hechos demostraron que hay un complejo proceso en cuyo desarrollo nuestro país debe establecer condiciones y aclaraciones de cómo, en la actualidad, ingresan capitales. Por ejemplo, pudimos concluir que el señor Lieberman ingresó, mediante el mecanismo que opera en la materia, más de un millón de dólares para hacer inversiones.
Si bien la Comisión ha concluido -voy a votar favorablemente el informe de mayoría- que aquí no hubo falta a la legalidad y que estuvo acorde a derecho lo obrado por el Gobierno, hay un tema pendiente: el sumario interno de Investigaciones. El señor Nelson Mery señaló en la Comisión que había aspectos sobre los cuales no podía informar por ser materias del sumario interno, por lo que estimo que será importante, aun después de haber votado este informe, tener antecedentes para saber en qué concluyó el informe interno de Investigaciones, toda vez que, sin duda, allí hubo falta de acuciosidad, que repercutió negativamente sobre la institución, lo cual no debe volver a ocurrir, más aún en temas como éste.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, deseo referirme a lo aseverado por el Diputado señor Ulloa, quien no sé si es abogado del señor Velasco.
Considero que el tema es lo suficientemente grave como para no confundirnos con la tesis jurídica que él trae a colación respecto del proceso de extradición y la posterior expulsión del señor Lieberman. De alguna manera, el honorable colega está rebatiendo fundamentos jurídicos que el abogado señor Hernán Montealegre , en su oportunidad, empleó a favor de la privación de libertad del señor Pinochet en Londres. Creo que aquí no hay que confundir las cosas. Si bien puede haber aversión al señor Montealegre , no hay que mezclar las animosidades personales por las tesis sustentadas en causas que no son las nuestras, con los principios que están envueltos en este caso concreto: el suicidio del señor Lieberman .
Aquí hay una responsabilidad clara, ya que la Corte Suprema, después de cuatro años, denegó la extradición del señor Lieberman solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, quien fue expulsado posteriormente por un decreto administrativo. Si eso no es abuso, si allí no se está actuando en contra de las personas, ¿qué es?
Los diputados oficialistas podrán decir muchas cosas, pero un ciudadano norteamericano se suicidó en este país, porque aquí no se le dieron las suficientes garantías para poder vivir libremente. Éste es el punto.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, sólo quiero formular tres precisiones muy concretas.
En primer lugar, que esta investigación de la Cámara no se generó porque el señor Lieberman era un ciudadano norteamericano que vino a Chile y se suicidó en lamentables circunstancias, sino que se originó en una solicitud del Diputado señor Arturo Longton , de Renovación Nacional, porque había razones fundadas para sostener que, en este caso, habrían existido tanto algún tipo de intervención de ciertas autoridades de Gobierno, como negligencia de parte de Investigaciones de Chile.
Por lo tanto, es muy importante precisar por qué se designa en la Cámara de Diputados esta Comisión investigadora, que también me tocó integrar, como a varios otros diputados presentes en esta Sala.
En segundo lugar, tal como decía el Diputado señor Hales -aun cuando él va a votar a favor el informe de mayoría y yo lo voy a rechazar-, aquí existió negligencia de parte de los funcionarios de Investigaciones de Chile, y así lo reconoció su propio Director, el señor Nelson Mery , en su oportunidad. Lamentablemente, hasta este minuto no tenemos el resultado de los sumarios instruidos a los tres o cuatro funcionarios que estuvieron vinculados a este caso.
En tercer lugar, hay un punto muy importante, no mencionado esta tarde en la Sala: los eventuales vínculos que tienen ciertos personeros de Gobierno con agentes de la FBI, quienes, al parecer, no es primera vez que operarían en nuestro país, ya sea a través de relaciones formales o informales. Esto no lo pudimos determinar en esta Comisión especial, ya que cuando consultamos por la presencia de la FBI en la toma de declaraciones a que fue sometido, en el cuartel de Investigaciones, el ciudadano norteamericano señor Lieberman , se negó aquella injerencia; pero después esa negación fue contradicha por otros funcionarios.
Quiero hacer estas precisiones, porque el informe de mayoría, redactado por diputados de Gobierno, aun cuando contiene argumentos muy atendibles, no aborda un aspecto muy importante: las responsabilidades de los funcionarios de Investigaciones y las que, eventualmente, les caben a funcionarios de Gobierno.
Ante esa situación, anuncio el voto en contra de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente, en primer lugar, ante la pregunta de cómo se origina la investigación sobre este tema, creo conveniente tener presente algo que sostuvimos en el desarrollo de la investigación: el verdadero origen de esta Comisión es el reclamo en contra de un decreto de expulsión emanado de la autoridad competente; en este caso, del Ministro del Interior subrogante.
Esta investigación tiene un mal origen, porque ese decreto de expulsión fue reclamado en su momento por el señor Lieberman tanto ante la corte de apelación respectiva, como ante la Corte Suprema, y ambos tribunales resolvieron no dar lugar a dicho reclamo. En consecuencia, cabe señalar que lo obrado por la autoridad competente se ajustaba a derecho.
Más allá de consideraciones de índole personal o humanitarias, lo fundamental radica en que el origen de esta investigación emana de una resolución judicial de nuestros tribunales, adversa al reclamo de un ciudadano norteamericano.
Digo que nació mal, porque el artículo 73 de la Constitución previene expresamente, en relación con el Poder Judicial , que la Cámara de Diputados no puede, “en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Por lo tanto, el núcleo central de la investigación era el contenido de una resolución judicial adversa a una determinada persona.
En consecuencia, es menester aprovechar la oportunidad en que se debate este informe para que, de una vez por todas, la Cámara se pronuncie respecto de esta materia, porque es un mal precedente que constituyamos comisiones especiales para investigar el contenido de resoluciones judiciales -que a algunos pueden no gustarles-, porque eso significa violentar el estado de derecho.
En segundo lugar, tampoco es posible sostener que porque hubo una sentencia favorable al requerido en un proceso de extradición, la autoridad competente, en este caso el Ministro del Interior subrogante, don Belisario Velasco, estaba inhibido de dictar un decreto de expulsión, toda vez que son dos cosas absolutamente distintas, y una no produce efecto en la otra. Eso lo ratificaron dos sentencias: la de la Corte de Apelaciones y, posteriormente, la de la Corte Suprema.
De manera que no cabe ninguna duda de que aquí operó el estado de derecho, ya que se dictó un decreto que el más alto tribunal de la República declaró ajustado a la legalidad vigente.
Por lo tanto, la sentencia o resolución judicial, por lo que expresamente manda el artículo 73 de la Constitución Política, hay que respetarla.
En cuanto a los hechos, en la Comisión todos coincidimos -y así lo consigna expresamente el informe- en que los funcionarios policiales encargados de la custodia del señor Lieberman actuaron con descuido grave. En consecuencia, ese comportamiento, a juicio de la Comisión, amerita alguna sanción, la que, naturalmente, tendrá que determinar la autoridad competente; en este caso, la superioridad de Investigaciones, que -lo supimos desde que la investigación se inició- estaba incoando un proceso de carácter administrativo.
En síntesis, respecto de los hechos y no del derecho, la Comisión ha arribado a conclusiones que esperamos recoja la autoridad administrativa competente; pero, en lo sustancial -reitero-, no es posible ni es bueno para la vigencia del estado de derecho que la Cámara constituya comisiones investigadoras para impugnar o desconocer el contenido de resoluciones judiciales que todos estamos obligados a respetar.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Del tiempo del Comité de Renovación Nacional restan dos minutos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Del Comité de la Democracia Cristiana restan seis minutos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se llamará a votar a los señores diputados por cinco minutos.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se reanuda la sesión.
Corresponde votar el informe de la Comisión.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , ¿votaremos el informe de mayoría?
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , hay un solo informe, cuyas conclusiones constan a fojas 72.
El señor ULLOA .- ¿Me permite?
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , ocurre que en el informe hay dos opiniones. Entonces, le pido clarificar cuál es la que está sometiendo a votación.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , para los efectos formales se vota el informe de mayoría; pero, en el fondo, se vota el único informe de la Comisión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Aprobado el informe de la Comisión especial.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Díaz y
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL VERTEDERO DEL FUNDO LEPANTO, COMUNA DE SAN BERNARDO, POR LA EMPRESA METROPOLITANA DE RESIDUOS SÓLIDOS, EMERES.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres, del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines.
Diputado informante es el señor Pablo Lorenzini.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 23ª, en 1 de diciembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 8.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el señor Lorenzini hasta por 20 minutos.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, en octubre de 1997, veinte señores diputados presentaron un proyecto de acuerdo a la honorable Sala con el propósito de constituir una Comisión especial investigadora sobre la administración que hace Emeres del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo. La Comisión debería evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos para el cierre, así como también fiscalizar el comportamiento de todas las autoridades que debían autorizar los permisos.
El informe escrito, que está a disposición de los honorables colegas, contiene una minuciosa descripción del trabajo realizado, de manera que, en ese sentido, entraré derechamente a exponer los principales aspectos de las materias investigadas.
Como cuestión previa, preciso a los honorables diputados que la “Empresa Metropolitana de Disposición y Tratamiento de Basuras Limitada”, también denominada “ Empresa Metropolitana de Residuos Limitada ” y, en la práctica, más conocida como Emeres, se constituyó en agosto de 1986 por catorce municipios que a la sazón depositaban sus basuras y desperdicios en el vertedero Lo Errázuriz , ubicado en la comuna de Estación Central. Para tal efecto, dichos municipios procedieron en conformidad a una autorización que les otorgó el Ministerio del Interior el 14 de abril de 1986, dictada en virtud de normas constituciones y legales pertinentes que permitían crear empresas municipales o intermunicipales para atender necesidades imprescindibles que no pudieran ser satisfechas por particulares. En esta materia, la Comisión observó que la autorización dada por el Ministerio del Interior determina que el objeto de Emeres es la administración y operación por cuenta de sus municipios socios de cualquiera de los lugares que éstos tengan para la disposición final de basuras y desperdicios, y para el tratamiento, comercialización y disposición de ellos. Sin embargo, en la escritura pública de constitución, los municipios socios convinieron en que Emeres puede ejecutar, además, obras para la industrialización de sus basuras y desperdicios, y, en general, se le faculta para celebrar cualquier negocio relacionado, directa o indirectamente, con los anteriores, y que los socios acuerden dentro del ámbito de la competencia municipal.
Ese procedimiento le ha parecido jurídicamente objetable a la Comisión, si se considera que las normas que regulan las actividades económicas del Estado y de sus organismos son de derecho público y no admiten una aplicación extensiva, más aún si, en este caso, en el artículo 55 del decreto ley Nº 1.289, de 1975, que sirve de fundamento a esta autorización, está implícito el reconocimiento del rol subsidiario del Estado en las actividades empresariales comprendidas en el objeto de Emeres.
Por este motivo, la Comisión propone, en la primera de sus conclusiones, que la honorable Cámara acuerde solicitar a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre si hay ampliación del objeto social de Emeres en su escritura de constitución y, para el evento de que ello fuere ilegal, que investigue los actos y contratos realizados en virtud de tal ampliación, persiga su nulidad y la responsabilidad de las autoridades municipales o públicas que los hubiesen celebrado.
El actual presidente de Emeres , alcalde de la Municipalidad de San Miguel , en un informe de gestión de la empresa durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997, entregado al Consejo el 2 de mayo de 1998, da cuenta de que al término del año completo de operaciones, la empresa alcanzó una utilidad de alrededor de 480 millones de pesos, lo que representa un incremento patrimonial de casi un 37 por ciento respecto del período inmediatamente anterior.
Por otra parte, añade que la empresa, al igual que en el período anterior, no ha recurrido al sistema financiero para cumplir con sus compromisos operacionales.
Las relaciones de Emeres con sus trabajadores se rigen por un contrato colectivo que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 1999. De acuerdo con el libro de remuneraciones de 1996 y 1997, puesto a disposición de la Comisión, Emeres , en diciembre de 1996, remuneró a 135 trabajadores y el gasto mensual por ese concepto ascendió a $ 79.418.968. Y en diciembre de 1997 remuneró a 128 trabajadores con un total de haberes mensual ascendente a $ 106.943.194.
Según estos antecedentes, se observa una leve reducción de personal en 1997 respecto de 1996; sin embargo, el gasto por concepto de remuneraciones aumenta en un 35 por ciento.
Además, llama la atención a la Comisión que quien actúa como gerente general y representante legal de Emeres en contratos, convenios y recursos judiciales en 1995, 1996 y 1997, recibe $ 2.779.671, en diciembre de 1996, y $ 9.661.547, en diciembre de 1997, lo que significa una diferencia de 250 por ciento entre un año y otro.
El libro de remuneraciones de 1996 y 1997 se recibió en respuesta a un requerimiento de la Comisión, en el cual se solicitó informe sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios que tiene Emeres , así como de los viajes que dicho personal ha efectuado dentro del país o al extranjero durante los últimos tres años en misiones encomendadas por Emeres, así como de las finalidades que los han justificado, de los informes entregados al regreso y de los viáticos pagados por esta causa.
Del examen del libro señalado no es posible deducir la información requerida. Respecto de las comisiones al extranjero, el gerente general de Emeres respondió en términos amplios, sin aportar las precisiones solicitadas, en el sentido de que ellas fueron hechas para cumplir con objetivos vinculados directamente a las finalidades sociales y relativas al tema de interés para la actividad de la empresa, en seminarios, talleres, ferias, etcétera.
Afirmó, asimismo, que actualmente la Contraloría General de la República está revisando esos antecedentes y, por lo tanto, no nos pudo entregar la documentación de respaldo al respecto.
Tal afirmación nos parece una excusa inexplicable, ya que hay antecedentes que demuestran que Emeres, en septiembre de 1998, solicitó a la Contraloría que se abstuviera de entregar a la Comisión antecedentes que el organismo contralor tuviere sobre las actividades de la empresa.
Esa solicitud, que, sin duda, obstruyó la investigación de la Comisión, y que pretendió utilizar el organismo contralor como una instancia de protección, fue rechazada por la Contraloría General, ya que ella no sólo respondió diversas consultas de la Comisión sobre los actos de administración de Emeres, sino que le anunció a ésta que oportunamente informará a la honorable Cámara del resultado de las auditorías que actualmente efectúa en la empresa.
Por otra parte, debo informar que Emeres obtuvo, en 1997, de la autoridad tributaria la liberación del impuesto al valor agregado por las operaciones correspondientes a los servicios de recepción y tratamiento de los residuos sólidos, por lo que solicitó la devolución de los impuestos pagados en exceso para ser abonados a los clientes que los soportaron. Sin embargo, Emeres no informó a la Comisión acerca del monto de las devoluciones obtenidas ni de la efectividad de los abonos hechos a los clientes. Más aún, en publicaciones de prensa recientes se ha informado del inicio de acciones judiciales por parte de municipios socios, específicamente de la municipalidad de Cerrillos, para obtener el pago de los referidos abonos.
En tal situación, la Comisión, en otra de sus conclusiones, propone a la honorable Cámara solicitar a la Contraloría General de la República que efectúe las investigaciones necesarias para determinar el monto de las devoluciones de impuestos obtenidas por Emeres y los abonos que ha hecho a los municipios socios.
Asimismo, la Comisión solicitó a Emeres, el 20 de agosto de 1998, el plan maestro de gestión del vertedero Lepanto cuya existencia había sido afirmada personalmente a la Comisión por el presidente de Emeres . Sin embargo, la respuesta dada por escrito en comunicación posterior fue que tal plan no existe y que actualmente se estudia su formulación.
Emeres no aportó las precisiones requeridas por la Comisión sobre costo unitario y total de este plan, especialmente de su aplicación en el municipio de Cerrillos, sosteniendo que la demora en la entrega de los antecedentes obedeció a que ellos obraban en poder de los fiscalizadores de la Contraloría General de la República, en proceso de verificación en los respectivos municipios.
Como puede ver la honorable Cámara, nuevamente Emeres pretextó la fiscalización de la Contraloría para justificar la no entrega de antecedentes requeridos por la Comisión.
Por estos motivos y otros que se detallan en el informe que los señores diputados tienen a su disposición, la Comisión propone en sus conclusiones solicitar a la Contraloría General de la República un informe acerca de cómo es efectivo que las auditorías que ella efectúa en Emeres han impedido a esta empresa entregar los antecedentes solicitados por la Comisión y aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los directivos o empleados de Emeres que resulten responsables de obstruir la investigación ordenada por la honorable Cámara.
El aspecto central de la investigación llevada a cabo por la Comisión en relación con el vertedero Lepanto y las condiciones en que asumió Emeres los convenios celebrados y los recursos administrativos y judiciales, los expondré a continuación.
En primer lugar, debo informar que el vertedero Lepanto se inició en 1978, después del cierre del vertedero “La Cañamera”, en virtud de una resolución del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma , que autorizó a don Florencio Velasco para instalar un relleno sanitario en el fundo Lepanto, de su propiedad, con la prohibición de recibir residuos industriales sin la autorización expresa del servicio.
Conforme a dichas normas sanitarias, el vertedero debe estar ubicado a más de 300 metros de viviendas y a más de 600 metros de poblaciones. Los antecedentes recibidos por la Comisión señalan que el dueño del fundo Lepanto ha hecho un loteo, llamado La Herradura, a menos de 600 metros en línea recta del vertedero, según lo expuso el concejal de San Bernardo señor Efrén Osorio . El Sesma confirmó este antecedente, al sostener que en el sector La Herradura las casas están ubicadas aproximadamente a 500 metros lineales del vertedero.
Por su parte, el Comité pro cierre del Vertedero Lepanto declaró que representa a vecinos del sector que viven a escasos 90 metros del sector.
La resolución Nº 7.973, de 1990, aprobó para el relleno sanitario Lepanto dos etapas: un sector poniente, de 11,8 hectáreas (etapa I), y otro de 6,5 hectáreas (etapa II), actualmente en operación.
En la ejecución del segundo contrato, en 1994, y antes del cierre del vertedero Lo Errázuriz , Emeres presentó a la Comisión Regional del Medio Ambiente el proyecto de ampliación del vertedero Lepanto, que fue rechazado por las observaciones surgidas desde las diferentes instituciones y servicios públicos que participaron en el proceso de evaluación de su impacto ambiental. Entre ellas, podemos nombrar a la Secretaría Regional de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Cooperación, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, incluyendo al SAG y al Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables; el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, todas ellas componentes del Corema Región Metropolitana, coordinadas por la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana.
El Intendente de la Región Metropolitana , en su calidad de Presidente del Corema RM, no sólo rechazó el proyecto de ampliación del relleno sanitario Lepanto, sino que, además, conforme al artículo 24 de la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, dispuso que ningún organismo competente en materia de permisos específicos podría otorgar las autorizaciones de su competencia para el referido proyecto.
Ante el cierre del vertedero Lo Errázuriz , por la situación de insalubridad generalizada que generaba su funcionamiento, y del rechazo por la Conama RM de los rellenos sanitarios que se trató de establecer en reemplazo en Montenegro y Rungue , Emeres propuso la utilización del vertedero Lepanto como una solución transitoria, a la espera de otras alternativas.
La transitoriedad del vertedero Lepanto, como una solución al cierre de Lo Errázuriz, también es reconocida por el Director Regional de la Conama, por el ex Intendente Regional de la Región Metropolitana , actual Ministro de Salud , señor Álex Figueroa , y por el presidente del Comité pro cierre del vertedero Lepanto, señor Héctor Moya .
La comunidad de San Bernardo y sus autoridades municipales, confiadas en la transitoriedad de la medida, la aceptaron como gesto de solidaridad con las comunas afectadas por el cierre del vertedero Lo Errázuriz . Por ello, se ha sostenido que la permanencia de Emeres en Lepanto compromete la fe pública en la seriedad y responsabilidad de las autoridades involucradas en las decisiones que originaron esta situación, como lo han reconocido el ex intendente y el actual intendente de la Región Metropolitana, señores Germán Quintana y Ernesto Velasco , respectivamente.
Fue el Sesma el que ordenó a los municipios que dejaran de depositar la basura domiciliaria y demás desperdicios en el relleno sanitario Lo Errázuriz y hacer la totalidad de sus vertidos en Lepanto, contrariando, de hecho, por la vía de la intensificación de las operaciones del relleno sanitario Lepanto, el mandato perentorio que contenía la parte final de la resolución del intendente de la Región Metropolitana , en su calidad de presidente del Corema , en orden a que ningún organismo competente podría otorgar autorizaciones en favor del proyecto Emeres para ampliar Lepanto.
Los antecedentes expuestos muestran que el deterioro ambiental importante que sufre la comunidad de San Bernardo tiene su origen inmediato en las resoluciones del Sesma, pero también debemos reconocer allí la responsabilidad que Emeres tuvo en su gestación, dado que propuso el traslado del vertedero Lepanto y, además, efectuó los estudios preliminares del caso con un año de anticipación a la medida, a lo menos, como se desprende de las declaraciones que formula en los contratos de arriendo que en los años 1994 y 1995 celebró con la Sucesión Velasco.
A lo anterior se agrega que tales estudios preliminares y la proposición se hacen sin consulta con las autoridades comunales o los representantes de organizaciones sociales de la comunidad sambernardina.
Este uso intensivo amplió, sustancialmente, la magnitud de las operaciones del vertedero Lepanto al momento de ser autorizado en 1990; sin embargo, esta medida se adoptó sin los informes de los servicios técnicos competentes.
Es así como el SAG informó a la Comisión que su opinión técnica es que tanto el funcionamiento de vertederos como las faenas de extracción de áridos son incompatibles con la protección de los recursos naturales renovables del sector del fundo Lepanto, por lo que no deben continuar.
El Secretario Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo también informó a la Comisión que esa Secretaría no ha tenido participación directa en las actividades que se desarrollan en Lepanto.
También se consultó al director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al director de la Conama sobre la intervención que les cupo en la autorización y control del vertedero Lepanto . Ambos funcionarios informaron que no les cupo intervención alguna en la autorización de Lepanto.
Acerca del control sanitario del vertedero Lepanto durante la administración y operación de Emeres, el Sesma informó que, desde septiembre de 1995, se ha fiscalizado en forma periódica el funcionamiento del vertedero Lepanto , a fin de verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente, producto de lo cual ha cursado cuatro sumarios sanitarios: dos en 1996, uno en 1997 y uno en el curso del año, básicamente por deficiencias sanitarias en el control de los residuos y por no cumplimiento de resoluciones emanadas de la autoridad sanitaria.
Después de informar acerca de los actos de la administración de Emeres en el vertedero Lepanto y de las condiciones de transitoriedad con que ella asume la operación de dicho vertedero, ahora daré cuenta de los diversos convenios celebrados por Emeres y de los actos de autoridad que han tenido por objeto el cierre del vertedero Lepanto .
En primer lugar, está el acta de acuerdo, firmada por los alcaldes de los municipios pertenecientes a Emeres, en la que acordaron, por primera vez, el cierre definitivo de Lepanto el 30 de septiembre de 1997.
El gobierno regional, según lo informó el ex Intendente de la Región Metropolitana , señor Germán Quintana , trabajó activamente por el cumplimiento de esta acta de acuerdo, lo que no se logró porque el presidente de Emeres llamó a licitación para construir un nuevo vertedero sólo el 30 de agosto de 1997, en el límite del plazo convenido para el cierre del vertedero Lepanto .
A la situación anterior, el ex Intendente de la Región Metropolitana agregó que Emeres y la Municipalidad de San Bernardo, que no suscribieron dicha acta de acuerdo, celebraron, con posterioridad, sin conocimiento del gobierno regional, convenios especiales que contemplan otras fechas.
Efectivamente, en julio de 1997, Emeres y la municipalidad de San Bernardo celebraron un convenio compensatorio por los impactos ambientales negativos que para la comunidad local producía el funcionamiento del vertedero, especialmente en materia de transporte y tratamiento de residuos, aceptando de manera tácita que el vertedero mantuviera sus operaciones hasta el 31 de diciembre de 1997.
Sin embargo, el 22 de diciembre del mismo año, el Concejo de San Bernardo aprobó un convenio transaccional celebrado entre la municipalidad de San Bernardo y Emeres, cuyo objeto fue precaver un eventual litigio entre las partes en relación con el vertedero.
En virtud de este convenio, Emeres se obligó a poner término a la explotación del vertedero Lepanto, en beneficio de sus municipios socios, “a más tardar el 31 de diciembre de 1998”. Además, se obligó a poner en operación, al 30 de mayo de ese año, a lo menos dos estaciones de transferencia para el tratamiento de los residuos sólidos que se disponen en el vertedero Lepanto , y a presentar ante las autoridades administrativas competentes, antes del 31 de diciembre de 1997, el plan de cierre del referido vertedero.
Por otra parte, ante la evidencia de que Emeres no pondría término a sus actividades en el relleno sanitario el 30 de septiembre de 1997, el alcalde de San Bernardo , con el acuerdo unánime del concejo, dispuso, mediante decreto, la clausura a la actividad de recepción y disposición final de residuos y basuras de Emeres, en el fundo Lepanto , por no contar con patente municipal que la ampare, dejada sin efecto, con posterioridad, por resolución judicial.
También se ha intentado el retiro de Emeres del vertedero Lepanto mediante el recurso de protección interpuesto por doña Norma Hennig y otros vecinos de la comuna de San Bernardo, y por los Diputados señores Acuña , Girardi y Navarro en contra de Emeres y Sesma .
Como podemos ver, por diversas vías se ha tratado de obtener que Emeres ajuste su operación en el vertedero Lepanto a la condición de transitoriedad con que fue aceptado su ingreso. Han fracasado los acuerdos celebrados por sus directivos, los actos de autoridad edilicia y los recursos judiciales. Más aún, Emeres no ha dado cumplimiento a su compromiso de poner en ejecución el plan de retiro de Lepanto y pretendería mantener sus operaciones en este vertedero más allá de los plazos convenidos.
Emeres fundamenta su propuesta en que no necesita estudios de impacto ambiental para habilitar áreas, para recibir basura, por haber sido autorizado su funcionamiento en forma completa por la resolución Nº 7.973, de 1990, pero el Sesma respondió que dicha propuesta debía someterse al Sistema de estudio de impacto ambiental.
Con su nueva propuesta, Emeres mantendría sus actividades en dicho vertedero, según lo declaran sus directivos, por dos años más, si se le aprobara la proposición de ampliar en 16 hectáreas el actual vertedero.
Señor Presidente , a juicio unánime de la Comisión, las pretensiones de Emeres no responden en absoluto a la transitoriedad de su ingreso al vertedero Lepanto, no atienden a la buena fe y solidaridad con que la comunidad de San Bernardo aceptó tal medida y, por último, no honran los compromisos públicos contraídos para salir del vertedero el 31 de diciembre de 1998.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Advierto a los asistentes a las tribunas que les está prohibido, por Reglamento, hacer manifestaciones.
Por lo tanto, les ruego que se abstengan. De lo contrario, me veré en la obligación de hacerlas desalojar.
Puede continuar el señor Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Enseguida, me referiré a los planes en estudio en vista del eventual cierre del vertedero Lepanto.
El Sesma informó a la Comisión que a nivel de gobierno regional y en coordinación con los municipios, se están estudiando alternativas para enfrentar cualquier situación derivada del término de la vida útil de Lepanto.
Técnicamente, se estima que él debiera producirse, a más tardar, en febrero de 1999, por colmatación de los espacios autorizados por la resolución correspondiente, de manera que la adopción de decisiones sobre las alternativas en estudio no admite mayor dilación.
En primer lugar, el Sesma y el intendente de la Región Metropolitana han propuesto alcanzar una solución transitoria por medio del relleno sanitario “Loma Los Colorados”.
El Sesma señaló que para hacer posible esta alternativa, se requiere de nuevas estaciones de transferencia, dado que la de Quilicura no tendría capacidad suficiente.
El intendente de la Región Metropolitana ha sostenido que la única solución real es la ampliación del relleno sanitario “Loma Los Colorados”, cuyo estudio de impacto ambiental ya está aprobado.
Por unanimidad de los diputados presentes en la sesión de la Comisión en que se aprobaron las conclusiones de esta investigación, se acordó proponer a la honorable Cámara que solicite al intendente, al Sesma y a Emeres que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva una solución transitoria, sea la propuesta por el Sesma o por el intendente u otra alternativa a evaluar.
Quiero dejar constancia de que los honorables colegas Luksic y Mora manifestaron su desacuerdo con dicha solución transitoria, por compartir plenamente la oposición de la comunidad de Tiltil a la ampliación del vertedero “Loma Los Colorados”.
Es más, expresaron su discrepancia con ella, por estimar que su implementación crearía una situación monopólica en el mercado, que ya ha sido objetada por la comisión preventiva central.
Frente a estas opiniones, debemos dejar en claro que el acuerdo de la Comisión sólo pide adoptar las medidas necesarias para ejecutar una solución transitoria.
Otras alternativas son las soluciones definitivas en base a la multiplicidad de vertederos y de estaciones de transferencia que tiene en estudio el gobierno regional.
El intendente expresó a la Comisión que está en estudio y harán las modificaciones al plan regulador metropolitano, a fin de hacer viable tales proposiciones con cinco, seis o siete estaciones de transferencia, o las que técnicamente se consideren necesarias.
Para este efecto, se sectorializará la región. Primero, en agrupaciones intercomunales, por número de habitantes y tonelaje de basura; y, segundo, mediante la atención de la red vial básica de la ciudad, para determinar dónde pueden ser instaladas estaciones de transferencia que soporten una carga de mil quinientas toneladas al día, concordantes con el plan y viables con una política de mercado transparente.
En la Comisión se estimó que los proyectos preliminares deberían contemplar, a lo menos, cuatro elementos fundamentales: responder a las condiciones ambientales, operar con tecnología de punta, ser accesibles económicamente a los municipios y fomentar la participación ciudadana en la separación de los residuos de origen.
También la Comisión se refirió a los vertederos ilegales.
Durante las visitas que efectuó a terreno, pudo constatar la existencia de varios sitios en la precordillera de las comunas de Puente Alto y de La Florida que están siendo usados como depósitos finales de residuos domiciliarios, sin autorización ni control sanitario.
En el informe, que está en poder de los honorables colegas, se proporcionan los antecedentes sobre su distribución por comuna, con indicación de su superficie y capacidad estimada.
Por la magnitud creciente del problema, la Comisión juzga que es urgente que la autoridad sanitaria efectúe, en las comunas de San Bernardo y de La Florida, inspecciones “in situ” y ordene los sumarios sanitarios correspondientes. Incluso, sugiere que se inicien las acciones legales conducentes a sancionar a los responsables.
Además, se estima conveniente que la honorable Cámara solicite al Presidente de la República el financiamiento del proyecto de restauración de vertederos ilegales en la Región Metropolitana.
Aun cuando he mencionado a la mayoría, las doce conclusiones de la Comisión se relacionan, en primer término, con el objeto, personal y administración de Emeres, y en segundo lugar, con los puntos específicos sobre el funcionamiento del vertedero Lepanto y con las soluciones alternativas a su cierre.
Por último, por su afinidad con la materia investigada, se formulan conclusiones sobre la extracción de áridos y los vertederos clandestinos.
En el plano normativo, la Comisión, después de haber tomado conocimiento de la situación generada en torno del vertedero Lepanto y de haber estudiado sus aspectos técnicos, económicos y normativos involucrados en la materia, reafirma su convicción de que la protección del medio ambiente constituye una preocupación prioritaria de las sociedades modernas.
La Comisión comparte el juicio que sostiene que esta preocupación nace de la necesidad vital de construir un futuro social basado en un entorno ambiental sano, que permita la armonización entre el legítimo interés de desarrollo económico y la preservación del medio natural, todo ello en el interés de ir mejorando la calidad de vida de la población.
Al participar de esa filosofía, la Comisión admite que el legislador se convierta en un catalizador de primera magnitud y asuma una responsabilidad capital a la hora de enmarcar las pautas que deben regir el desarrollo normativo que garantice un crecimiento sostenible.
En ese espíritu, la Comisión formula a la honorable Cámara sus proposiciones normativas para determinados aspectos relacionados con la materia investigada, sin perjuicio de reconocer que en el orden constitucional vigente, la iniciativa legal para establecer el régimen jurídico nacional aplicable a la recolección, disposición, tratamiento, comercialización e industrialización de los residuos sólidos corresponde exclusivamente al Presidente de la República .
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ?
Su Señoría se ha excedido en tres minutos del tiempo asignado. Por lo tanto, le ruego redondear su informe.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, primero, la Comisión sugiere reglamentar el artículo 78 del Código Sanitario, pendiente desde hace treinta años, por lo que su aprobación es indispensable para complementar el régimen jurídico aplicable al funcionamiento de los rellenos sanitarios.
De modo que la Comisión propone a la honorable Cámara solicitar al Presidente de la República que dicte, a la brevedad, el reglamento del artículo 78 del Código Sanitario.
Segundo, la Comisión estima necesario otorgar facultades al gobierno regional para determinar la ubicación geográfica de los sitios utilizables como rellenos sanitarios.
En esta materia, destaco que la honorable Cámara acordó, el 11 de julio de 1997, el archivo de un proyecto de ley, originado en una moción de varios señores diputados, muchos de ellos presentes, cuyo objetivo era agregar, en el artículo 20 de la ley Nº 19.175, una atribución al gobierno regional para determinar, cuando lo estime necesario y oyendo previamente a los municipios involucrados, la ubicación geográfica de los rellenos sanitarios.
La Comisión propone desarchivar el referido proyecto y solicitar al Presidente de la República su inclusión, con urgencia, en la actual convocatoria a sesiones del Congreso Nacional.
Tercero, exigir un estudio de impacto ambiental en toda actividad de extracción de áridos, por lo cual la Comisión estima necesario modificar la ley general de bases del medio ambiente, concretando su proposición con una moción que ha sometido a la consideración de la honorable Cámara.
La comunidad de San Bernardo, en un gesto de solidaridad ciudadana encomiable, aceptó en 1995 que Emeres dejara transitoriamente los residuos domiciliarios de determinados municipios en el vertedero Lepanto, en virtud de convenios celebrados con esta empresa que suponían la buena fe de las partes y la real voluntad de poner término a las operaciones el 31 de diciembre de 1998.
Lo informado muestra claramente que tal voluntad pareciera no existir de parte de Emeres, ya que es de público conocimiento que su proyecto es mantenerse en el vertedero Lepanto, no obstante el deterioro de la calidad de vida que sus operaciones han provocado en la población de San Bernardo, por la severa contaminación ambiental que han ocasionado.
Por ello, al terminar, llamo a los honorables colegas a que aprueben las conclusiones y proposiciones normativas que se formulan, para que, en lo esencial, se corrijan las irregularidades que se detectaron en la administración de Emeres, se obtenga el cumplimiento de sus compromisos con la comunidad y se regule en el futuro una actividad que muestra vacíos normativos, como los que se han descrito en el informe.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, en verdad, el diputado informante ha dado debida cuenta del trabajo de la Comisión, por lo que hay poco que agregar. Sin embargo, quiero destacar dos aspectos que creo que preocupan a todos los colegas. Uno se refiere a la fe pública y el otro al respeto a la legalidad.
En primer lugar, respecto a la fe pública, quiero señalar que lo natural es que se cumplan los compromisos que se asumen. Para eso se asumen.
Emeres llegó a Lepanto, supuestamente en forma transitoria, como consecuencia de la emergencia provocada por el cierre de Lo Errázuriz, y quienes dieron testimonios en la Comisión están contestes en ese hecho. De ello también hay prueba documental. En primer lugar, el acta de acuerdo firmada el 28 de junio de 1996, que fijó el 30 de septiembre de 1997 como fecha para que Emeres dejara de operar en Lepanto o hiciera todo lo posible para que así ocurriera.
En segundo lugar, el acta firmada -al no cumplirse lo acordado- para que Lepanto terminara su funcionamiento el 31 de diciembre de 1998. Desgraciadamente, no se cumplió lo estipulado. Sin duda, hay aquí un hecho concreto y específico que afecta la fe pública.
El otro aspecto es el respeto a la legalidad. Lepanto funciona como vertedero en virtud de una resolución del Sesma, de 1990. De acuerdo con la autorización del servicio sanitario, el volumen de depósitos de residuos que está recibiendo hace que no pueda seguir funcionando más allá de febrero próximo. Toda pretensión de extender sus operaciones está al margen de las normas y del claro pronunciamiento de las autoridades competentes.
Tenemos a la vista la resolución dictada por el Intendente en su calidad de presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana , de 3 de febrero de 1995, en la cual, después de detallados considerandos que tienen que ver básicamente con el ordenamiento territorial de la Región Metropolitana y en particular de San Bernardo, resuelve rechazar el proyecto de relleno sanitario en Lepanto de Emeres, presentado a la Corema Región Metropolitana con el estudio preliminar de impacto ambiental, sitio para disposición final de residuos sólidos urbanos, proyecto de relleno sanitario Lepanto.
Agrega el Intendente en su resolución que, una vez emitida ésta -reitero, es del 3 de febrero de 1995-, ningún organismo competente en materia de permisos específicos podrá otorgar las autorizaciones de su competencia para el proyecto de relleno sanitario de Lepanto. Todo esto basado en el artículo 24 de la ley Nº 19.300.
El pronunciamiento de la autoridad obedece a la presentación hecha por Emeres “Estudio preliminar de impacto ambiental, sitio para disposición final de residuos sólidos urbanos, proyecto relleno sanitario Lepanto ”. Dado que lo presentó Emeres , no es válido argumentar que la autorización de 1990 cubría toda la operación de Lepanto. Si así hubiese sido, Emeres no habría solicitado, en 1994, autorización al servicio ambiental.
Es muy importante tener en cuenta este elemento cuando se alega -insisto- que la autorización de 1990 abarcaría la actual operación de Lepanto. La verdad sea dicha, la autorización de 1990 es para el sitio donde está actualmente el vertedero, el cual, de acuerdo con el volumen de basura que está recibiendo -reitero-, alcanzaría a operar sólo hasta febrero próximo.
Por eso, los puntos referentes al resguardo de la fe pública y de la legalidad deben tenerse presente al momento de votar el informe.
Por último, me referiré a las causas que producen la situación que comentamos, discutimos y analizamos hoy, y que pueden estar presentes a lo largo del territorio nacional.
Una de las causas que producen basurales de la naturaleza de Lepanto está dada por la forma en que se extraen áridos en nuestro país. En efecto, en virtud de un resquicio de la ley minera, hay gente que comienza a extraer áridos en busca de determinado metal, pero no lo encuentra después de haber hecho un forado de determinadas dimensiones. Como es optimista, sigue buscando y al final tenemos hectáreas que se transforman en tremendos forados. Primero, les sirve para vender el árido y después lo cubren de la única manera -o una de las que se ha seguido- rentable que han encontrado, pero sin respetar las normas ambientales mínimas: lo rellenan con basura. Ése es el origen de muchos vertederos.
Por eso, quienes votamos por unanimidad el informe de la Comisión -y para complementarlo-, presentamos un proyecto de ley destinado a que todo proceso de extracción de áridos sea sometido a estudio de impacto ambiental. Por esa vía pretendemos evitar la formación de vertederos que no tan sólo provocan impacto ambiental, sino también un impacto vial de magnitud, sobre todo cuando se forman por razones de emergencia, como ocurrió en Lepanto al cerrarse el vertedero de Lo Errázuriz.
En resguardo de la fe pública y de la legalidad, respaldo y anuncio mi voto favorable al informe.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Reitero a los asistentes en tribunas que, de acuerdo con el Reglamento, está prohibido hacer manifestaciones. Si ellas continúan, me veré obligado a ordenar su desalojo.
El señor ÁVILA .-
No amenace tanto, señor Presidente . No es necesario.
El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, como se ha dicho, diputados de todos los partidos con representación en la honorable Cámara estimaron conveniente constituir una Comisión especial que se abocara al estudio de la labor que venía desarrollando la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres , en el vertedero ubicado en el fundo de Lepanto, comuna de San Bernardo.
Desde su inicio, la Comisión fue presidida en forma encomiable por el Diputado señor Pablo Lorenzini , quien logró imprimirle un sello de tecnicidad y profesionalismo que nos llevó a aprobar por unanimidad la totalidad de sus acuerdos.
Los señores diputados habrán podido apreciar, tanto por el informe entregado por el Diputado señor Lorenzini como por su texto escrito, cuán profundamente se estudió el caso sometido a investigación y análisis por la Cámara. En él podrán observar que se estudiaron todas las posibilidades; incluso, se transcribe una interesante legislación extranjera que nos será de gran utilidad en el futuro.
No quiero volver sobre lo mismo, pero sí desearía reiterar algunos hitos.
Como se desprende del informe, solicitamos que la Cámara acuerde enviar diversos oficios a la Contraloría General de la República y a otros organismos del Estado, requiriendo que se siga el procedimiento que allí se señala, puesto que nuestra investigación no pudo ser concluida porque Emeres se ha resistido permanentemente a entregar los antecedentes que solicitamos en forma reiterada.
Desde mi punto de vista, Emeres ha actuado en forma deplorable. Como lo dije en alguna otra oportunidad, esa empresa no administra una vaca lechera, sino que toda una lechería en plena producción, pero en beneficio de algunos personajes. Sus ingresos son enormes y sus “gastos”, impresionantes. Con todo, declara utilidades superiores al millón de dólares al año.
Como se ha dicho tantas veces, la empresa se ha negado a entregar información sobre viáticos, contratos, viajes al extranjero, etcétera. Hay un grupo de directores -aunque no todos- y algunos funcionarios -tampoco todos- que son privilegiados. Como lo señaló el diputado informante , el gerente general percibió, solamente en el mes de diciembre del 1997, la suma de 9.661.547 pesos, aumentando en más del 250 por ciento la renta percibida en diciembre del año anterior. Por cierto, no pudimos precisar qué aconteció en 1998.
Esta situación de privilegio contrasta con las condiciones inexplicables en que deben trabajar quienes prestan servicios en el botadero de Lepanto, donde ni siquiera existen servicios higiénicos aceptables.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, quiero solicitar que, en mi nombre, se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que investigue cuánto le cuesta a Emeres traer aquí a este distinguido grupo de personajes que vienen a gritar desde las tribunas.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ALESSANDRI.-
A mi edad no me afectan los gritos ni me alarman las pifias, así como tampoco me seducen los aplausos.
Quiero señalar que en Emeres no existe ni nunca ha existido un plan maestro. Asimismo, nos resultó imposible investigar el proyecto de contenedores y conocer sus costos ni dónde ni cómo fueron adquiridos; sólo supimos que había muchos de marca Otto, lo que llevó a señalar a algunas personas que se trataría de un nuevo cuento de don Otto.
Todo el proceso de la basura, que mueve enormes sumas de dinero pagado por cada uno de los ciudadanos que recurren a ese servicio, incluso de los sectores más modestos, huele mal, huele muy mal; huele peor aún que los propios basurales.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ALESSANDRI.-
Por cierto, algún día desearíamos desenredar esta maraña, porque ella afecta a toda la comunidad.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ?
El señor ALESSANDRI.-
¡Que griten, no más!
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Aunque le moleste al Diputado señor Ávila, por última vez advierto a los asistentes a las tribunas que no aceptaré nuevas manifestaciones; de lo contrario, los haré desalojar.
Puede continuar su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , para finalizar, queremos pedirle a la Cámara que apruebe nuestro informe y que permita continuar la investigación por el tiempo y en la forma que determine.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, los diputados que integramos la Comisión Especial Investigadora efectuamos diversos recorridos en el terreno. Quiero informar que no sólo aprobamos por unanimidad el informe -como lo señalaron los Diputados Edgardo Riveros, Pablo Lorenzini y Gustavo Alessandri -, sino que, además, desarrollamos un trabajo serio de muchos meses, al cual integramos la reflexión y la investigación.
Considero importante decir esto, porque aquí no existe el ánimo de buscar culpables sólo porque sí. Como digo, se trata de un trabajo serio, y creo que son muy respetables las opiniones contrarias al resultado de la investigación. Por supuesto, puede que no todo el mundo esté de acuerdo; pero lo mínimo que se puede exigir en la Cámara es que exista respeto hacia quienes hemos llevado a cabo un trabajo, en el cual han participado diputados de distintas bancadas.
Quiero señalar muy brevemente las razones por las cuales consideramos que existen contradicciones en las actuaciones y declaraciones de la empresa Emeres.
En primer lugar, estamos conscientes de que, más allá de que esta empresa está cuestionada a nivel de Región Metropolitana y nacional, no existe un plan maestro para el tratamiento de la basura. Hoy, en nuestro país no existe -es una verdad importante que hay que aceptar, más allá de las responsabilidades individuales- un plan maestro para el tratamiento de la basura.
Respecto del tema puntual de Emeres-Lepanto -como se ha dicho muy bien aquí-, todos los testimonios entregados y los documentos que nos hicieron llegar la Intendencia, la propia empresa Emeres , los vecinos y la comunidad que participó en la Comisión, nos indican que la empresa llegó a Lepanto por un tiempo transitorio y debido a una situación de emergencia. Entendemos que fue así y también -seguramente en una primera instancia- que no hubo ningún ánimo de la empresa -como lo dijo el Diputado señor Riveros - de vulnerar la fe pública. Pero, sin lugar a dudas, se excedieron los plazos, y ésa es una verdad que no se puede negar.
Asimismo, es importante destacar algo que no se ha mencionado. Emeres es una empresa privada, pero constituida por corporaciones de derecho público, como son las municipalidades, que funcionan con recursos públicos. Pues bien, resulta que esa empresa privada, constituida por corporaciones de derecho público que son financiadas con el dinero de todos los chilenos, cada vez que la Cámara se lo solicitó, se negó a dar información respecto de sus utilidades, a pesar de que no nos pusimos en la hipótesis de que se estuvieran utilizando en mala forma los recursos o que existiera una malversación de fondos; siempre solicitamos información sobre sus utilidades, boletas de honorarios y remuneraciones de las personas que trabajan allí. Al solicitar dicha información, no hacemos otra cosa que cautelar los recursos fiscales, los recursos públicos, los recursos de la gente de San Bernardo y de todos los municipios que integran el directorio de la empresa.
Respecto de esto último, no solamente no se nos envió la información, sino que -da mucha pena decirlo- los representantes de la empresa actuaron con mucha prepotencia, y mediante inserciones en periódicos de circulación nacional -pagadas por esta empresa privada que maneja recursos públicos, es decir, dinero de todos los contribuyentes-, a fin de desmentir o desvirtuar ciertas afirmaciones formuladas por los integrantes de la Comisión Especial.
Por lo tanto, éste no es un asunto político. Quiero destacar que los integrantes de la Comisión pertenecen a distintas bancadas, y estamos ciertos de que el presidente de Emeres es de un partido oficialista. Sin embargo, los diputados, tanto de Oposición como de Gobierno, tuvimos plena coincidencia en que es muy importante, por un asunto de transparencia, de fe pública, de probidad, aclarar, ante los ojos de los vecinos de San Bernardo y de la comunidad en general, qué pasaba con las platas, las utilidades y los honorarios que paga Emeres.
Además, si bien hoy puede defenderse con un poco de pasión lo que pasa en Emeres-Lepanto, hay cosas que la comunidad no sabe, como, por ejemplo, que hace cuatro meses viajaron a Suecia 15 personas, alcaldes y concejales de distintos partidos políticos, para conocer el tratamiento de las basuras en ese país, con plata de Emeres y con cargo a sus propios municipios.
Ésas son cosas que, obviamente, tenemos que considerar en un tema que es serio, y no hay que hacerlo con ligereza, sino con profundidad. Al respecto, quiero decir que Renovación Nacional también va a apoyar el informe leído por el Diputado señor Pablo Lorenzini , porque lo que se busca es dar transparencia a un asunto que hoy aparece cuestionado; no se trata de una caza de brujas.
Finalmente, si la Contraloría determina que no hay una cosa de fondo que sea reprochable, pido a los diputados, con la misma fuerza -para no afectar a las personas involucradas en esta empresa-, que en esta misma Corporación se dé testimonio de ello.
Ése es el sentido y el objetivo de las comisiones investigadoras: buscar la transparencia, la probidad, y tratar, de alguna forma, de expresar cuáles son los sentimientos de la comunidad, porque, como parlamentarios, tenemos que representar los intereses de quienes se sienten afectados, como sucede hoy con muchas personas de San Bernardo.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira .
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , en verdad quiero ser bastante más explícito en mi intervención: el vertedero Lepanto debiera estar cerrado hace ya bastante tiempo.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, es muy importante y le pido, por su intermedio, a los sambernardinos que se encuentran en las tribunas que, por lo menos, me escuchen. Es de mucha utilidad que los parlamentarios que los representamos seamos consecuentes en nuestro distrito y en esta Sala.
Por eso, al igual como lo he hecho siempre, quiero decir las cosas en forma muy clara. Es una vergüenza que el vertedero Lepanto siga funcionando.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , le pido que no desaloje las tribunas. Lo único que pido a quienes están en ellas es que, por lo menos, me escuchen, y si quieren pifiar, lo hagan todos juntos al final de mi intervención.
En relación con Lepanto, San Bernardo, que tiene 300 mil habitantes, ha sido de una generosidad con el resto de las comunas del Gran Santiago que muy pocas pueden exhibir.
Al cierre de los dos vertederos que había en el Gran Santiago, este pequeño vertedero se convirtió en la solución del problema. La comunidad de San Bernardo, representada por los miembros del concejo, donde estaban presentes todos los partidos políticos, acordó recibir la basura de 24 municipios de Santiago, en un gesto que, sin lugar a dudas, es muy valioso y habla muy bien de todos los representantes de la comunidad sambernardina en el municipio, porque es evidente que este vertedero -en el corazón de la comuna- genera profundas distorsiones en el tránsito y en la calidad de vida que han debido soportar los habitantes de San Bernardo.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LONGUEIRA .-
Respecto de este vertedero existía el compromiso oficial de las autoridades del gobierno central, de la intendencia, de Emeres, de los dueños del fundo, de ser cerrado el 31 de diciembre de 1995. Así lo acreditan los documentos analizados en la investigación realizada por esta Comisión.
Emeres , tal vez la única empresa en Chile que es un monopsonio -es decir, tiene control de la demanda, porque maneja la basura que se produce en 24 comunas del Gran Santiago y, adicionalmente, controla la oferta, que es el hoyo donde se bota la basura-, que no prestó ninguna colaboración a la investigación, como está acreditado en el informe, ha impedido que el Gran Santiago tenga una política de desarrollo de los vertederos, que permita la existencia de varios de distinto tamaño, en diversos lugares y con diferente tecnología, para dar solución global al problema de la basura en el Gran Santiago.
Evidentemente, es imposible que un sector se desarrolle, si estos 24 municipios controlan, administran la recolección de la basura y, simultáneamente, tienen en San Bernardo el mejor lugar -porque es el que han usado durante todo este tiempo- para depositar la basura de dichos municipios.
El segundo semestre de 1995, Emeres firmó un contrato de arriendo por veinte años -sabiendo que todos los acuerdos suscritos daban por cerrado el vertedero a fines de ese año- con la familia propietaria del fundo. Lo señalo para que tengamos una idea de la magnitud de lo significa este negocio, ya que el gerente general de la empresa en la visita que hizo la Comisión al fundo Lepanto y al vertedero, reconoció que el año pasado, de enero a octubre -la visita fue en los primeros días de noviembre-, Emeres había pagado, sólo por arriendo, por botar basura en el hoyo, 8 millones de dólares.
¿Por qué la comunidad de San Bernardo, después de la emergencia producida por el cierre de los dos vertederos, aceptó prorrogar la existencia del depósito de basura de Lepanto? Nuevamente no se ha cumplido lo estipulado y sigue en marcha el vertedero que, adicionalmente -creo que es importante señalarlo-, no tiene las autorizaciones legales para operar como tal en el sector donde está ubicado. Tanto es así que en el contrato de arriendo que la familia propietaria del fundo firmó con Emeres, uno de los requisitos era que esa empresa obtuviera del consejo regional las modificaciones necesarias del plano intercomunal del Gran Santiago para poder continuar depositando basura en el fundo Lepanto . Por lo tanto, desde todo punto de vista, es un vertedero absolutamente ilegal.
La comunidad sambernardina, que ya bordea los 300 mil habitantes, ha debido sufrir el empobrecimiento de su calidad de vida. Por las calles de San Bernardo transitan diariamente más de 700 camiones que llegan a botar desperdicios al fundo Lepanto y, finalmente, nadie ha cumplido los compromisos ni la palabra, porque, además, existen documentos para poner cierre a este vertedero, pero es evidente que nunca se le pondrá término porque es un gran negociado mantenerlo abierto.
Les quiero decir a los amigos que están en tribunas que en la vida es muy importante ser consecuente. Sería mucho mejor sacar aplausos fáciles, pero debemos pensar en todos los sambernardinos que no están en la Sala. Son muchos los que esperan tener una ciudad que les dé mejor calidad de vida, pero es evidente que mientras continúe funcionando el vertedero Lepanto en San Bernardo, jamás lograremos que efectivamente esas condiciones mejoren para todos por igual, no sólo para algunos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Reitero al público asistente a las tribunas que está prohibido realizar manifestaciones; de lo contrario, los haré desalojar inmediatamente.
Puede continuar señor diputado .
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente, a todos los asistentes a las tribunas que hacen comentarios y solicitan que diga la verdad en forma completa, les manifiesto que no tengo ningún problema en atenderlos mañana en mi oficina -todos saben que está en la plaza de San Bernardo-, a las 19 horas, por cuanto el tiempo de que dispongo ahora no me permitirá hacer una exposición en profundidad.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión.
Señor Edecán, le ruego hacer desalojar las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor PARETO .-
Señor Presidente, sé que tiene facultades para hacer desalojar parte de quienes se encuentran en las tribunas, pero no me parece recomendable que sólo se haga respecto de un sector y quede otro.
Por lo tanto, considero inaceptable esa medida. Por respeto a los miembros de la Mesa recientemente elegidos y a la misma, me limitaré a formular sólo esta observación, pero advierto que si se produce una manifestación al continuar la sesión, me veré en la obligación de censurar la Mesa.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hales .
El señor HALES.-
El artículo 88 del Reglamento indica claramente que si el Presidente lo estima pertinente, podrá despejar, total o parcialmente, las tribunas.
Tanto en la Cámara como en el Senado, en situaciones más prolongadas, se ha desalojado de las tribunas a las personas que realizaban manifestaciones.
Comprendo la opinión del Diputado señor Pareto , no la estoy juzgando y valoro su preocupación, pero no quiero que se cometa una injusticia. Estoy simplemente planteando una cuestión de Reglamento y no dando un juicio de valor.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira .
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente, es bastante complejo hacer, a estas alturas, una exposición completa. Pero lo que nos ha ocurrido en esta sesión es el reflejo de las distorsiones absurdas que están ocurriendo, desde hace mucho tiempo, en la comunidad sambernardina. Son fruto de una situación ilegal que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Creo que el trabajo que hizo la Comisión, especialmente el presidente de ella, nos permitió evacuar un gran informe sobre la administración de Emeres en este vertedero de Lepanto.
Me hubiese gustado una decisión de la Comisión mucho más tajante, en el sentido de que el vertedero debe ser cerrado lo más pronto posible, por cuanto no reúne ninguno de los requisitos exigidos para este tipo de instalaciones sanitarias.
Adicionalmente, resulta irritante para aquellos que hemos participado desde hace muchos años en distintos acuerdos para poner término a este vertedero, comprobar cómo se ha abusado de la paciencia de las autoridades comunales, de los parlamentarios, en fin, de todos aquellos que han sido, de alguna forma, parte de estos acuerdos.
En el trabajo de la Comisión se ha hecho imposible investigar a Emeres, cuestión fundamental para dar una solución definitiva, en el largo plazo, al problema de los depósitos finales de la basura en el Gran Santiago. Se trata de poner pronto término a la gestión de esta empresa, que genera una distorsión tremenda en el sector, más todavía cuando, tal como lo ha señalado el diputado informante , ha sido imposible conocer con transparencia su funcionamiento. Recién la Contraloría General de la República está haciendo algunas investigaciones.
Por eso solicito en forma excepcional -no sé cuál es el mecanismo para hacerlo- que se agregue un tercer acuerdo a las proposiciones de la Comisión, en el sentido de que se prorrogue el plazo de funcionamiento de ésta por 90 días más, con el objeto de recibir toda la información solicitada en el segundo acuerdo del informe. Como se trata de una propuesta unánime de todos los miembros de la Comisión y dado que es demasiado relevante la información que se está solicitando a distintas reparticiones públicas en el numeral 2, me parece que carece de sentido que esta Comisión termine su vigencia con este informe.
Por esa razón, propongo incorporar un tercer acuerdo a los que viene planteando la Comisión, que sería del siguiente tenor: “Prorrogar la vigencia de la Comisión Especial Investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, con el propósito de recibir toda la información solicitada en el numeral anterior, evacuando posteriormente un nuevo informe, que deberá ser presentado a la honorable Cámara dentro de los próximos 90 días”.
Sería mucho más serio que la Comisión hiciera esta proposición, la cual espero que sea acogida por todos. La situación en el fundo Lepanto no ha terminado. Hay fechas que nuevamente no se han cumplido, como el cierre que se iba a llevar a cabo a fines del año pasado; hay iniciativas para que el vertedero continúe en actividad, y me parece que una Comisión que ha funcionado muy bien, presidida por el Diputado Pablo Lorenzini , debiera recibir la información solicitada y emitir un informe final, para que la Sala se pronuncie sobre él en marzo.
Por eso, pido que, en el momento de votar, se recabe el acuerdo de la Sala para incorporar al informe este tercer acuerdo.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente, me corresponde exponer la posición del Partido por la Democracia en relación con el informe de la Comisión Especial Investigadora de la gestión que ha realizado la empresa Emeres en el vertedero de Lepanto, en la comuna de San Bernardo.
El texto del informe y la relación oral del mismo, efectuada por el Presidente de la Comisión, ha sido tremendamente claro e ilustrativo respecto de las circunstancias en que Emeres ha efectuado su labor.
Quiero ahondar en algunos puntos que considero relevantes y que merecen un juicio político claro de parte de mi bancada parlamentaria.
En primer lugar, quiero expresar nuestra coincidencia con el voto unánime de la Comisión, en relación con el reclamo que se hace por la falta de cooperación de los directivos de Emeres, cuando no derecha obstrucción, al trabajo de la Comisión.
No es posible que en democracia se atente en contra de un principio básico de la institucionalidad, cual es el control político que la Constitución deja en manos de la Cámara baja.
Creemos que el hecho de excusarse para entregar antecedentes, normalmente financieros, en una supuesta acción paralela de la Contraloría General de la República y, al mismo tiempo, pedirle al órgano contralor que no entregue antecedentes de la entidad fiscalizada a la Comisión, importa una grave acción que no puede justificarse de manera alguna.
Es más, incluso puede que no existan irregularidades en el manejo económico de la empresa, pero este verdadero despropósito de los directivos da pie a la especulación y a la sospecha, y denota una falta de transparencia que, a nuestro juicio, es inaceptable.
Corresponderá a la Contraloría General de la República, según lo propone el informe, determinar si esta acción importa una falta administrativa perseguible por la vía disciplinaria.
Pasando al fondo del informe, la Comisión se ha preocupado de analizar con algún detalle la juridicidad de Emeres en tanto empresa pública de origen municipal. Sobre este particular, es pertinente precisar lo siguiente.
Nos parece importante, en el marco de una política de autonomía municipal y de descentralización administrativa, que los municipios ejerzan sus facultades asociativas en términos políticos, y en ese aspecto coincidimos con lo obrado.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta al menos cuestionable que en el marco tan restrictivo que impone la Constitución Política de 1980 para la actividad empresarial del Estado y de sus organismos, se haya podido considerar que se cumplía la obligación de la Carta Fundamental de que existiera una ley especial autorizante de la existencia de la empresa pública Emeres .
La Contraloría, como el propio gobierno militar, estableció que bastaba como precepto autorizante la entonces ley de municipalidades y administración comunal.
A nuestro juicio, ello no es tan exacto, toda vez que en el texto y en el espíritu de la norma establecida por el constituyente del ’80, se disponía que una ley especial, de quórum calificado, expresamente debía autorizar la existencia de la empresa.
Se podrá estar a favor o en contra de la norma constitucional. Es más, soy partidario de modificarla justamente por restrictiva, pero estando vigente no corresponde sino darle plena vigencia, respetando con ello el estado de derecho.
En esta materia, resulta del todo cuestionable que al momento de constituirse la empresa como sociedad comercial de responsabilidad limitada, se haya ampliado su objeto a labores conexas al depósito y tratamiento de basura, y ello es justamente lo que le ha permitido, por ejemplo, vender biogás a empresas particulares.
En cuanto al origen de Lepanto y a su administración, el informe es muy ilustrativo, pues entrega una detallada relación respecto de la vida de este relleno sanitario. De ello se desprende que Emeres ha tratado de afrontar un complejo problema, como es el depósito de desechos sólidos urbanos, tal vez sin contar, al principio, con el apoyo del resto del aparato público, lo que cambia substancialmente con el advenimiento de los gobiernos democráticos. Y es más, recién en 1990, el Servicio Metropolitano del Ambiente autoriza al propietario a operar una parte del predio como relleno sanitario fijando reglas claras y precisas de operación y sometiéndolo a controles sanitarios estrictos, lo que no existía antes de 1990.
No podemos dejar de señalar que fruto de la escasa conciencia medioambiental del gobierno militar, es poco o casi nada lo que se avanza sobre un tema tan relevante. De parte de las autoridades de gobierno no se vislumbra ninguna señal de precaución, y menos de planificación, en torno de un problema que terminó por estallar en medio de un proceso de redemocratización del poder local en Chile.
Desde esta perspectiva, resultaría injusto sostener que Emeres no ha cumplido una enorme función social, sobre todo si se considera que presta servicio a las comunas más pobres de la Región Metropolitana, situadas en la zona sur del Gran Santiago. Su trabajo ha sido fundamental para evitar un colapso sanitario y medioambiental en la capital de la República.
Los problemas y las divergencias de juicio se presentan cuando se analiza, por una parte, la forma en que Emeres se ha relacionado con su entorno, la cual ha sido tremendamente incumplidora con su compromiso de cierre del vertedero Lepanto, que desde un inicio partió como una solución temporal de urgencia.
En ese marco es que la municipalidad de San Bernardo y su comunidad, que sufre los daños directos del impacto que sobre el medio ambiente tiene la presencia de un basural, una y otra vez se ha visto retrasado el cierre del vertedero, aduciendo siempre responsabilidades ajenas, como falta de aprobación de otros rellenos sanitarios de reemplazo; mas en el informe no se aprecia un esfuerzo serio, real y profundo por buscar una solución viable y, muy por el contrario, y pese a la opinión contraria de múltiples organismos con competencia medioambiental, ha tratado de mantenerse, e incluso en estos últimos meses, de ampliarse.
Sobre este particular, resulta claro, después de leer con detalle el informe, “Que ha habido una actitud que linda en la rebeldía respecto de los organismos superiores competentes en la materia, como la Comisión Regional del Medio Ambiente e incluso de la Intendencia y del gobierno regional; pero también resulta chocante ver cómo ha faltado la necesaria coordinación entre los organismos públicos involucrados para hacer frente a Emeres. No es posible que pese a una resolución expresa del Intendente regional, como presidente de la Corema metropolitana, en el sentido de que queda prohibido a los servicios emitir resoluciones que importen la posibilidad de ampliación y continuación del vertedero de Lepanto, el Servicio de Salud del Ambiente apruebe la ampliación de la superficie del depósito”.
Otro punto importante es el nulo cumplimiento de la normativa vigente en el plano regulador y comunal de Santiago, que establece claramente que la zona en que está asentado el fundo Lepanto no es apta para faenas de acopio de residuos y para la explotación de áridos.
En esta materia, ha faltado la decisión de muchas autoridades para impedir que el plan intercomunal se haya transformado durante tantos años en letra muerta, con los consiguientes daños a los recursos naturales, al suelo y a la especulación inmobiliaria, por cierto.
En fin, uno y mil problemas, uno y mil episodios, acuerdos, convenios, recursos judiciales, pero Lepanto sigue ahí y la solución definitiva para el tratamiento y depósito de la basura de la zona sur de Santiago aún no se encuentra, pero existe la posibilidad de superar este estado de cosas. Así lo consigna el acabado informe que estudiamos.
Las soluciones tienden a hacer coincidir múltiples factores, muchas veces contradictorios, ¡qué duda cabe de ello! Por una parte, los vecinos y sus representantes y autoridades, que no quieren la instalación de vertederos en sus comunas; por otra parte, los rigurosos estándares medioambientales que se exigen a los proyectos; el tema de los costos económicos, que no es menor para los municipios pobres de Santiago, etcétera.
Las soluciones a que aludíamos se podrían basar en el establecimiento de múltiples vertederos, altamente tecnificados, en zonas claves de la Región Metropolitana, con lo cual se terminaría con un sistema inequitativo, en virtud del cual una o más comunas, normalmente las geográficamente más cercanas al centro...
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Un minuto, señor diputado .
El señor SÁNCHEZ .-
...soportan los efectos de la instalación de estas montañas de basura compacta. Para ello se requiere, por una parte, una fuerte inversión que, sin duda, debe ir a nivel central, pues los municipios, sobre todo los pobres, no cuentan con recursos para ello. Además, que la potestad para determinar la localización de estos centros de acopio o de transferencia a los depósitos finales sea entregada a la autoridad de nivel superior, que bien podría ser el mismo gobierno regional, o derechamente el nivel central, toda vez que este último no puede escabullirse de un tema tan trascendente como es la calidad de vida de la población, ni aun a pretexto de la vigencia del modelo de descentralización administrativa del país.
No puedo dejar de rescatar de este informe el esfuerzo enorme por abordar íntegramente un tema lleno de aristas, muy polémico, más aún sin contar con el apoyo de la entidad fiscalizada.
El esfuerzo de la Comisión ha redundado en el cumplimiento exacto de un mandato de esta Sala, y en ello, sin duda, ha tenido especial trascendencia la persona del secretario de la Comisión, señor Federico Vallejos , jurista destacado, reconocido por sus pares por su valer profesional y su prudente criterio. Vaya, en justicia, un reconocimiento personal para él.
Por último, cabe indicar la necesidad urgente de plantear legalmente un plan de ordenamiento territorial que determine hacia dónde van las ciudades. Este tema es de la mayor importancia. Si no se hace, se transformará en un problema de la mayor gravedad. Dentro de dicho ordenamiento también debe contemplarse un plan territorial que considere los espacios y lugares potenciales para destinarlos a vertederos.
Por supuesto, no me cabe sino anunciar el voto afirmativo de la bancada del Partido por la Democracia a este informe.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, han pasado casi dos años desde que esta Corporación acordara iniciar una investigación sobre el tratamiento que se está dando al problema de la basura en la Región Metropolitana y, sobre todo, respecto de la forma en que las distintas autoridades están cumpliendo con sus obligaciones para entregar a la ciudadanía un informe fiel y transparente sobre las causas de los problemas que hasta el día de hoy se suceden en este tema.
Este conflicto público -por llamarlo de alguna manera- que ha visto la ciudadanía en los dos últimos años, donde unas y otras autoridades se han recriminado mutuamente, por cierto no se puede calificar de feliz.
Por ello, este informe acucioso en que trabajó la Comisión ayudará a efectuar un diagnóstico global de un problema cuya solución se hace cada día más urgente, pues aqueja a la población de 21 comunas del Gran Santiago; pero, por sobre todo, nos interesa hacer más transparente la gestión de las autoridades frente a los ciudadanos, objetivo esencial de la facultad fiscalizadora de esta Cámara.
Como lo han reiterado distintos colegas, el primer gran responsable, para decirlo con claridad, es Emeres. Del tenor de este informe se desprende claramente la falta de voluntad de esa empresa en dar una solución definitiva al problema originado por la actividad y el cierre de Lepanto. Su intención verdadera está clara. Ante el inminente cierre de Lo Errázuriz, como aquí se ha dicho, nunca tuvo la intención de trabajar en forma transitoria, pues, en ese caso, a nadie se le ocurriría celebrar un contrato de arrendamiento por 21 años y, además, por 80 hectáreas, en circunstancias de que hasta el momento la autorización era sólo por 17. Nadie arrienda una superficie que excede el uso y donde están involucrados cientos de millones de pesos si no está pensando en un proyecto de mediano y largo plazo. Es decir, Emeres ocultó, desde el primer momento, sus reales intenciones.
Asimismo, debemos considerar que Emeres se constituyó ante las autoridades como empresa responsable de todo lo que se refiere a la disposición y tratamiento de los residuos sólidos de la ciudad.
También llama la atención en el informe -y no queremos dejar de mencionarlo- la absoluta falta de claridad en la determinación de las competencias de las diversas autoridades en un tema tan fundamental. No es posible entender cómo, a pesar de la prohibición de la Comisión Metropolitana del Medio Ambiente de otorgar autorización para ampliar las actividades de Lepanto, de hecho, por resolución del Sesma, se haya aumentado de siete a 21 las comunas que vierten su basura en dicho vertedero, e incrementado de 50 mil a 100 mil toneladas la basura, y de 1.700 a 14.400 los viajes de los camiones recolectores, con el explosivo impacto y las graves consecuencias que ello genera. Tampoco tiene explicación la orden de ampliación de las actividades del vertedero Lepanto sin consultar al SAG ni al Ministerio de Vivienda.
Se ha sugerido -idea que comparto- que no sólo debemos oficiar a la Contraloría General, sino que, si es necesario, la Comisión prorrogue su mandato hasta recibir el informe de ese organismo, de manera de elaborar una conclusión fehaciente basada en lo que ella nos explicite.
Por lo tanto, podemos destacar la falta de eficacia, eficiencia y transparencia de Emeres, y la descoordinación de las autoridades, lo cual ha dañado la fe pública, pues lo que se anunció como transitorio se ha transformado en una práctica permanente. Entonces, no sólo no se cumplen los plazos, sino que también tenemos desconocimiento absoluto de si existe o no un plan de cierre. Claramente no lo hay, con todas las consecuencias de lo ya expresado.
También recojo lo que señala la Comisión en su informe, pues sería muy importante transferir a las intendencias la facultad de definir los lugares en los cuales funcionarán los vertederos; reglamentar su funcionamiento y regular los procesos de licitación, con participación de todas las autoridades competentes.
Hemos concluido que el proceso de extracción de áridos, originario de los vertederos ilegales, debe ser regulado y pasar por la evaluación de impacto ambiental, tanto los de residuos industriales como no industriales. Con eso daremos un gran paso.
No puedo dejar de mencionar, en una mirada más global y de largo plazo, la falta de una política nacional y regional en una materia tan trascendental para el país como el tratamiento de residuos domiciliarios e industriales. Son variadas y complejas las tecnologías existentes. Sin embargo, nuestro país adolece de una gran insuficiencia al respecto. Más aún, se configura una paradoja, pues, por un lado, recién el año pasado se aprobó el primer plan sobre “Política de residuos sólidos, plantas de transferencia y vertederos” y, por otro, conscientes de que estamos viviendo cierta emergencia, resulta incomprensible la postergación del proyecto “Restauración de vertederos ilegales en la Región Metropolitana”. Espero que la primera acción del Ejecutivo sea la reposición de dicho proyecto.
En resumen, es necesario cerrar el vertedero Lepanto a la brevedad; debemos actuar con mucha más claridad, transparencia, participación de la comunidad, coordinación de las instancias públicas; utilizar las tecnologías de punta, pero, sobre todo, respetar las condiciones medioambientales y la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos del Gran Santiago.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, aparte de las consideraciones señaladas, tanto por el diputado informante como por los colegas que apoyan el informe, quiero referirme a una de las recomendaciones que, desde mi punto de vista, me parece totalmente injusta, apreciación que también comparte el Diputado señor Melero .
La recomendación 9ª del informe sugiere “aprobar el relleno sanitario Loma Los Colorados como alternativa al vertedero Lepanto”. Se expresa que se trata de una medida transitoria. Creo que sus autores fueron poco creativos al proponer nuevamente depositar la basura en el sector norte de la Región Metropolitana, concretamente en Tiltil. Son innumerables las iniciativas, los esfuerzos de las compañías, de los municipios y de las autoridades por lograr que el sector norte de la Región Metropolitana se transforme en un macrovertedero.
Se asevera que el vertedero Lepanto se estableció, desde 1995, como solución transitoria. Pues bien, ahora los “creativos” sugieren establecer un vertedero transitorio en Tiltil, mientras se busca un nuevo lugar. ¿Estamos hablando de una transitoriedad de tres o cuatro años? Hay una flagrante contradicción en esto. Si se trata de esa transitoriedad, nos oponemos rotunda-mente.
Por otra parte, cuando se habla del traslado de la basura del vertedero de Lepanto al relleno sanitario de Tiltil, como dice la recomendación, estamos hablando de 4.000 toneladas diarias, de viajes entre 60 y l00 kilómetros, de 1.200 camiones diarios de ida y vuelta, o sea, de congestión, de contaminación y de un peligro real. ¿Qué sucede si en la ruta 5 ocurre un accidente que impida trasladar la basura? Se producirá una verdadera catástrofe.
Además, ¿quién va a pagar el costo que significa enviar la basura de las comunas de la zona sur hasta el norte de la ciudad? ¿Quién va a pagar el transporte en esos 60 ó l00 kilómetros? ¿Nuevamente el Estado o los vecinos, en su mayoría gente pobre que ya tiene problemas para pagar el retiro de la basura, como sucede en Pudahuel, San Miguel, San Bernardo , La Pintana? ¿Ellos tendrán que pagar el costo que significa trasladar la basura de la zona sur al norte?
Considero una verdadera insolencia presentar una recomendación de tal naturaleza, que me parece absolutamente inviable. Además, de aprobarse -lógicamente no será aceptada por las autoridades- la idea de enviar la basura hacia la zona norte, a Tiltil, se estaría contraviniendo la norma que prohíbe la constitución de monopolios. Al formularla, la Comisión especial incurre en una ilegalidad, pues infringe expresas disposiciones legales vigentes, como el decreto ley Nº 211, que establece sanciones cuando se configura una clara y flagrante situación de monopolio.
Hay una serie de dictámenes de la Comisión Preventiva Central y resoluciones de la Comisión Resolutiva -organismos dedicados, precisamente, a prevenir y sancionar la constitución de monopolios-, en los cuales se consigna que el envío de la basura o el establecimiento de un solo vertedero constituye una clara situación de monopolio.
En mi calidad de diputado por el distrito que incluye a Tiltil, me parece que es el colmo que nuevamente dicha comuna pague el costo de la basura de la Región Metropolitana. Exigimos a las autoridades centrales y regionales dar una solución definitiva al tema de la basura de esa Región, habilitando urgentemente un terreno en la zona sur para instalar un vertedero.
Cerrar el vertedero Lepanto mientras no haya una alternativa real en la zona sur, es una irresponsabilidad que traerá tremendas consecuencias en el costo de la basura y en contaminación y congestión. Además, es una medida absolutamente insolidaria, que atenta contra la compensación territorial que debe haber en la Región Metropolitana.
Por consiguiente, anuncio mi voto en contra de este informe.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez hasta por dos minutos.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, espero que, después de mi intervención, el Diputado señor Luksic cambie su voto, porque quiero denunciar ante mis honorables colegas que la empresa Emeres actúa como empresa de gángsteres. Una de las personas que desde las tribunas gritó insolencias a los diputados que hicieron suyo el informe, dejó abandonado este archivador rotulado “Emeres”. Leeré lo que dice: “Por disposición de la gerencia general, el siguiente personal deberá encontrarse el día miércoles 13 de enero a las 7 horas de la mañana en la empresa, a fin de concurrir al Congreso en Valparaíso”. Firmado en Estación Central con fecha 12 de enero de 1999 por el señor Benedicto Soto Rivas , jefe de terreno de la empresa Emeres . Ahí está la lista, que pondré a disposición de la honorable Cámara y de la Mesa, de las 20 personas que han venido a gritar.
Además, pido que se oficie a la Contraloría General para investigar, porque esto es netamente una actuación gangsteril. ¡Alguien financió la venida de estas personas y ello está acreditado en esta carpeta!
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, me sorprenden los comentarios de mi colega Luksic. No sé si a veces la política llega a estos niveles. Que me perdone mi camarada diputado, pero él tuvo la oportunidad de hacer sus descargos en la Comisión. No quiero malentender el resto de las palabras que expresó respecto del trabajo de la Comisión, pero tengo las listas de asistencia a las 24 sesiones de la misma. Nos reunimos durante más de seis meses y visitamos terreno. Allí es el lugar donde se hacen los aportes. Para eso son las comisiones de trabajo de la Cámara; no para aparecer hoy.
Señor Presidente, ¿sabe cuántas veces el camarada y honorable Diputado señor Luksic asistió a la Comisión?: una vez.
Entiendo lo que está defendiendo; pero la Comisión especial en ningún minuto ha recomendado que recurramos al vertedero que él señala. Lo que hemos dicho es que recogemos las sugerencias del señor intendente y las del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma .
Hace algunos días, el señor intendente desmintió lo que afirmó en la Comisión -tenemos documentos de respaldo-: que, ante la imposibilidad de ampliar la actual estación, la única solución real es la ampliación del relleno sanitario, en forma transitoria, de la “Loma Los Colorados”, cuyo estudio de impacto ambiental ya está aprobado.
Esta Comisión ha sido tremendamente responsable y objetiva. Lo único que hemos dicho es que, como una de las alternativas -que sería transitoria y que no es de esta Comisión, sino proposición del Sesma y del intendente-, se considere el relleno sanitario de Tiltil u otras para agilizar el traslado desde Lepanto a cualquier otro lugar.
Por lo tanto, me parece errado atribuir a esta Comisión algún tipo de suspicacia, y si había alguna duda sobre su proceder, se debió plantear en ella.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, sólo quiero aclarar a la Corporación y al Diputado señor Lorenzini que el hecho de no haber participado en las sesiones de la Comisión, en la cual fui oficialmente reemplazado, no me inhibe de opinar sobre una recomendación del informe.
Establecer como reemplazo transitorio el relleno sanitario “Loma Los Colorados”, de Tiltil, es una recomendación irresponsable, porque, entre otras cosas, se contradice con uno de los argumentos centrales del informe: que el vertedero Lepanto fue concebido como solución transitoria, pero ocurre que ya cumplió cuatro años de funcionamiento. Entonces, es irresponsable decir que el depósito de basuras en Tiltil será transitorio. ¿Lo transitorio será también cuatro o cinco años?
Rechazo la recomendación en comentario, porque es irresponsable, injusta y poco creativa. En lugar de ello, lo lógico habría sido pedir a las autoridades regionales y locales habilitar un terreno en la zona sur para reemplazar al vertedero Lepanto .
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Sólo falta que haga uso de la palabra el Comité del Partido Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, deseo que la Sala se pronuncie respecto de mi solicitud de enviar estos antecedentes a la Contraloría General, los que, obviamente, serán parte del informe de esta Comisión especial.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, ha llegado a la Mesa una petición por escrito, firmada por parlamentarios de distintas bancadas, para agregar al acuerdo de la Comisión lo siguiente:
“3. Prorrogar la vigencia de la Comisión especial investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, con el propósito de recibir toda la información solicitada en el numeral anterior, evacuando posteriormente un nuevo informe que deberá ser presentado a la honorable Cámara dentro de los próximos 90 días”.
Solicito la unanimidad de la Sala para acoger esta solicitud.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, estábamos abocados a aprobar o a rechazar el informe de una Comisión investigadora. Lo lógico es que se vote ese informe, ya que el debate ha concluido. Los diputados que firman la proposición pueden formar otra comisión, pero, reglamentariamente, agotada la discusión sobre este informe, debemos votarlo obligatoriamente.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En primer lugar, vamos a votar ese informe; sin embargo, diputados de diferentes bancadas han formulado la petición que acabo de leer, cuya aprobación necesita la unanimidad de la Sala.
¿Hay acuerdo para aceptarla?
No hay acuerdo.
En segundo lugar, vamos a tratar la petición de la Diputada señora Lily Pérez, quien ha solicitado que se oficie a la Contraloría General con el objeto de recabar antecedentes sobre el contenido de la carpeta que quedó en las tribunas de la Corporación y según la cual funcionarios de Emeres concurrieron a la Cámara con fondos de esa empresa.
También se requiere la unanimidad de la Sala para aprobar esta petición.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la Diputada señora Lily Pérez?
Acordado.
Corresponde votar el informe de la Comisión.
El señor Prosecretario dará a conocer los pareos.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Se encuentran registrados los siguientes pareos: el señor Bartolucci con el señor Venegas; el señor Andrés Palma con el señor Orpis; el señor Rocha con el señor Alvarado, y el señor Krauss con el señor Vilches.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En votación el informe de la Comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS HANTA.
El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Debo informar a los señores diputados que se encuentra pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 187, cuyos patrocinantes han pedido su postergación.
Por su parte, los patrocinantes del proyecto de acuerdo Nº 188 han solicitado que no se trate en la presente sesión.
En consecuencia, corresponde tratar el proyecto de acuerdo Nº 189, de la Diputada señora González, doña Rosa, y de los Diputados señores Dittborn, Alvarado, Leay, Delmastro, Ulloa, Pérez, don Víctor, y Rojas:
“Considerando:
1. Que es de público conocimiento que Chile, especialmente en su zona sur, ha sido azotado por el virus Hanta, el que es transmitido por una especie determinada de roedores.
2. Que el virus Hanta implica una fuerte afección pulmonar que ha significado la muerte de muchas personas que lo han contraído. Respecto de los pocos casos que han sobrevivido a este virus, ello ha sido después de una larga estadía en centros hospitalarios y estando siempre al borde de la muerte.
3. Que es necesario que el Gobierno siga implementando las medidas que puso en práctica para detectar las zonas de mayor contagio y para evitar el mismo.
4. Que desde que se implementaron tales medidas no se conoce su impacto, es decir, si ellas han resultado exitosas o es necesario implementar otras.
Por tanto,
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor Presidente de la República que informe detalladamente a esta Cámara acerca del resultado de las medidas puestas en práctica para evitar el contagio del virus Hanta”.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
En votación.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
HOMENAJE A LA CIUDAD DE VALLENAR EN EL 210º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA (de pie).-
Señor Presidente , en esta oportunidad deseo rendir un homenaje, desde esta alta tribuna, a la ciudad de Vallenar, tierra que me vio nacer, al haberse cumplido, el 5 de enero en curso, 210 años desde que fuera fundada, como villa en el lugar que ocupaba la aldea de Paitanás, por don Ambrosio O’Higgins , marqués de Ballenary, padre del Libertador de la Patria . El 24 de octubre de 1834, a solicitud del parlamentario de la zona, don José Agustín Cabezas , el Congreso Nacional accedió a entregarle el título de ciudad.
Vallenar tiene 50 mil habitantes, está ubicada geográficamente al sur de la Tercera Región y en el centro de la provincia de Huasco, de la cual es su capital. Es conocida por su actividad minera, especialmente por el fierro, y por sus productos agrícolas, entre los cuales destacan el pisco y el pajarete, como típicos de la zona.
Su característica fundamental y -diría- su principal riqueza, es su gente, la que con personalidad aguerrida ha debido soportar los altibajos de la vida de una zona minera que, al igual que nuestro desierto, florece cuando se abre una nueva faena de esta actividad.
Desde allí hemos atravesado por largos años de pasividad económica y continuas crisis, esperando, con la fantasía del minero, que retornen los años buenos.
Así es Vallenar, y hoy hago propia esta oportunidad para formular un urgente llamado a las autoridades de Gobierno para que, a la mayor brevedad, impulsen lo que tanto hemos solicitado: programas que tengan por objeto combatir el severo desempleo que hoy la tiene sumida en la situación más dramática de que se tenga conocimiento en los últimos 30 años, de manera que se logre aumentar la inversión pública y privada y obtener recursos adicionales para ir en ayuda de los más desposeídos.
Ya es hora de que termine la incomprensión histórica de los gobiernos que no han sabido valorar los esfuerzos de una zona y de su gente, que tanto han aportado a Chile y que tan poco han recibido de sus autoridades.
Son muchas las ideas que hoy se vienen a mi mente y que se mezclan con recuerdos de la niñez y de la juventud vividas en mi querida tierra, y que en esta ocasión se funden en el deseo de que sobrevenga un futuro mejor, en que la prosperidad y el bienestar lleguen a sus habitantes.
Estos anhelos se plasman en las estrofas del himno de Vallenar, que dice: “Vallenar, Vallenar , en la historia de Atacama, con ribetes de heroísmo está escrito tu pasado, y hoy, tus hijos esforzados van alegres y optimistas, tras las metas relucientes que señala el porvenir”.
He dicho.
DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONARIOS DE LA SEREMI DE AGRICULTURA Y DE INDAP DE TEMUCO. Oficio.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente, el 10 de diciembre del año pasado hice una denuncia respecto de la Seremi de Agricultura y de Indap de Temuco, que causó bastante revuelo en la zona; pero lo curioso de esta denuncia es que no se han dedicado a contestarme mis acusaciones, sino que se han defendido en forma somera, tratando las cosas en contexto y, en verdad, el problema sigue vigente.
Estas denuncias no son ni por ambición personal ni por salir en los diarios ni mucho menos, sino por una razón muy sencilla: para que la plata que se destina al Indap y a las instituciones del agro, llegue a las instituciones del agro y no quede enredada en las manos de ciertos personajes que están dirigiendo la Novena Región en esa zona desde 1990.
Por ejemplo, una de mis denuncias es que en Pitrufquén fue contratada una señora con ocho meses de embarazo. Ella mandó una carta diciendo que se ganó un concurso público, el 13 de julio de 1997, que tenía seis meses y medio de embarazo, que efectivamente fue contratada y que posteriormente, por una complicación, tuvo que abandonar su trabajo durante un par de meses por prescripción del médico Tulio Piña González . Sí, es cierto. ¿Y qué dijeron? Que yo me oponía al contrato de mujeres embarazadas. Eso es absolutamente falso y lo desmiento categóricamente en esta Sala, porque he votado favorablemente todos los proyectos que tienen que ver con dar más beneficios a la mujer, sobre todo si se trata de convenios con la OIT.
Pero, con la misma fuerza con que los señores del Indap están defendiendo a la señora Ximena Osorio , yo también quiero denunciar que no tuvieron ningún miramiento para despedir a dos funcionarias del área de Pitrufquén, una con cinco meses de embarazo y la otra con una guagua de tres meses. Ahí no hubo ningún miramiento, ni con la OIT ni con el embarazo; simplemente, les caducaron el contrato, y los documentos respectivos los tengo en mi poder.
Digo que el señor José Cartes , actual Seremi de Agricultura de Temuco, fue condenado dos veces por la Contraloría General de la República cuando estaba a cargo del crédito español. Él dijo que ha sido funcionario intachable, que nunca ha tenido nada; pero, posteriormente, reconoce que efectivamente fue condenado dos veces por la contraloría interna del Indap y, lo que es peor -que lo sepan los honorables colegas-, él apela de esa resolución de la contraloría y ésta no ha lugar y confirma su sentencia. Es decir, una vez más tengo razón de que ese señor fue condenado y de que fue ratificada su condena por la Contraloría.
Pero sigamos.
Digo que el señor Víctor Gárate no tiene título conocido. No lo tiene y sigue trabajando en la Seremi.
El señor Ismael Toloza es otro activista y me salen en el diario diciendo que estoy equivocado, que tiene título de nutricionista y está trabajando en el Indap.
Quiero que estas cosas no se repitan. Denuncio esto porque tengo todos los recortes de los diarios.
Digo que el señor Silva fue condenado con cárcel por el 2º juzgado y hoy trabaja en la Seremi, y me dice el señor Marambio , jefe máximo del Indap, que efectivamente había sido condenado, pero que está devolviendo los dineros. Pero, ¡por favor, señor Marambio , no somos cabros chicos! Los dineros ya se devolvieron porque eso sucedió en 1997 y el señor Silva sigue siendo funcionario del Indap, hoy en vacaciones.
Después, denuncio que el señor Miguel Alegre, del Indap, entre otras diligencias, ocupa el jeep para ir a dejar a los niños al colegio. Como consecuencia, hoy -me alegro- el jeep se guarda en los recintos del Indap y no se ocupa para esos fines.
Digo que hay una asociación entre la gente del Indap y se me responde que la pruebe. Los señores que son abogados y los que no lo son saben que hay sociedades de hecho. Voy a contar una pequeña historia.
El señor Guillermo Quiroga, cuando era jefe del Indap en la Novena Región , contrata al señor José Cartes , actual Seremi, para que se hiciera cargo del crédito español. Posteriormente, el señor Quiroga es trasladado y asume el señor Agustín Cox . Al señor Cox lo reemplaza el señor Alegre, pero lo curioso es que el señor Quiroga también había contratado al señor Alegre. El señor Quiroga sale del Indap de Temuco por problemas en licitaciones de riego con sus dos socios, señores Sigifredo Manríquez y Carlos Riffo ; lo trasladan, se va a unos estudios públicos en Santiago y, posteriormente, a La Serena, como jefe del área del Indap de esa ciudad. ¿Y con quiénes viaja el señor Quiroga ? Con sus dos socios, señores Riffo y Manríquez . De La Serena lo echan en la misma forma como en Temuco y vuelve a esta ciudad, estando ahora el señor Alegre en el Indap. Pero, ¿qué hará el señor Quiroga ahora? Es asesor externo del Indap junto con los señores Riffo y Manríquez . Otras vez se demuestra que trabajan juntos.
¿Y quién es el señor Cartes hoy, contratado por Quiroga? Seremi de Agricultura de Temuco. Vale decir, esta sociedad de hecho se ha estado moviendo, sin ningún asco, desde 1990 para estar en estos proyectos.
Pido más. Quiero también que me diga los nombres de quiénes se han sacado los proyectos de riego, chicos y medianos, en la Novena Región. Quiénes son y cómo se han licitado esos proyectos, puesto que de ello no se me ha dado respuesta.
Posteriormente, sale mi colega Acuña defendiendo al señor Cartes . Yo lo entiendo. Cómo no lo va a defender si su jefe de campaña, empleado y candidato a concejal por Curarrehue, es el señor Agüero , que estaba a cargo del crédito español en ese lugar, hoy actual jefe en Pucón. ¿Quién le hace las reuniones al señor Acuña en la zona? El señor Agüero . En consecuencia, tiene que defenderlo. Cómo no va a defenderlo si en esta misma asociación hay empresas de transferencia tecnológica a cargo de concejales; hay señoras de parlamentarios que tienen dichas empresas, todas dependientes del Indap. Encuentro lógico que mi colega Acuña los defienda; pero que no mienta; porque está defendiendo sus intereses personales para que le hagan reuniones en el campo, y no a los agricultores de la zona.
Ésos son los temas que hoy tenemos que aclarar, sobre todo en una zona que va a ser calificada de zona de catástrofe. Ojalá que así sea.
Pero, cuando analizo esta situación, quiero decir más. ¡Cómo no lo va a defender cuando tengo en mi poder una carta firmada que dice:
“Al Partido Demócrata Cristiano: Los funcionarios del Indap de la Novena Región que suscriben en calidad de militantes o simpatizantes de la Democracia Cristiana...”. Se trata de veinticuatro funcionarios que defienden al señor Alegre. Uno de ellos es el señor Agüero , jefe de campaña de Mario Acuña ; otro, el señor Quiroga , a quien la Contraloría condena porque tenía a un señor a contrata, que no era funcionario de planta, a cargo de los programas de riego en La Serena.
En Temuco, desde hace 9 años, tiene ese cargo don Tito Jensen, que tampoco es funcionario del Indap, por cuanto está a contrata.
Por consiguiente, las denuncias que he hecho son serias, con documentación, con toda base y están a disposición de los diputados que las quieran ver.
Señor Presidente , ¿me creería lo que le voy a decir? Ningún diputado de la zona se ha acercado a solicitar los documentos. Ninguno. Y le echan la culpa a dos señores -de cuyos apellidos no me acuerdo, pero figuran en los documentos- por haberme dado la información.
Yo no tengo por qué revelar mi fuente; pero sí -repito- los documentos que tengo son muy serios.
Después, el Diputado Monge hace una denuncia y los dos proyectos de riego en Malleco, Unión Venecia y Tranamán , absolutamente pagados, no están terminados y funcionando. Por lo tanto, quién da el pase para pagarlos. ¿Sigue esta asociación de hecho entre los señores Quiroga, Alegre y el Seremi?
Quiero pedir, formalmente, que se envíen a la Cámara de Diputados los nombres de los funcionarios de planta y a contrata de la Seremi de Agricultura y del Indap de la Novena Región, y los nombres de los dueños de los derechos de agua en la Novena Región, porque allí el agua tiene un mal olor tremendo. Por extraña coincidencia, el actual Seremi, don José Cartes , trabajaba en agua y no me extrañaría que también la tenga a su nombre, porque a dos personas que conozco se la ha ofrecido de un estero que sobrepasa su capacidad.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
La UDI me ha cedido tiempo, señor Presidente .
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Puede continuar su Señoría, en el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Por lo tanto, quiero decir que estoy defendiendo el honor y la plata de los agricultores, el honor de las instituciones del agro, las que fueron creadas para favorecerlo y no para pagar favores políticos, como se está haciendo hoy.
Si su Señoría va a estas zonas y pregunta sobre el Indap, nadie le hablará bien al respecto, porque sabe que las platas llegan a los bolsillos de sus amigos. Debido a ello, cuando estudiamos el Presupuesto, dijimos que los agricultores deberían contratar a sus asesores.
Cuando éstos no van a las reuniones, los van a buscar para que firmen como que están presentes, ya que, aunque estén ausentes, les pagan igual la transferencia tecnológica. La mayoría de quienes entregan transferencia tecnológica no se han mojado nunca los pies, porque no distinguen un toro de una vaca, pues es gente que está ahí para lucrarse de Indap, a costa de las necesidades de los pequeños agricultores.
Esas razones me han motivado a intervenir y no cesaré en mi afán hasta que esto se aclare y despeje, y los representantes de las regiones agrícolas veamos que Indap ha sido depurada y está al servicio de los agricultores.
Me asiste el temor de que la plata que se destinará a la región por su declaración de zona de emergencia o de catástrofe de nuevo sea utilizada para hacer negociados entre ellos.
Por eso, quiero que esas personas que están coludidas en una sociedad de hecho desde 1990 -como lo he afirmado-, dejen de pertenecer a instituciones públicas, de dirigir los destinos del agro, y designen gente responsable, independientemente del partido que sea y de lo que están haciendo, pero que trabajen en favor de los pequeños agricultores.
Por ello, le digo a mi colega Acuña que esto no está terminado, como se ha jactado en reuniones privadas, sino que está empezando, ya que estoy esperando la respuesta de Impuestos Internos , de los proveedores y de todos quienes han facturado a nombre de Indap, pues también ahí se han descubierto algunas cosas.
Por ese motivo, he querido hacer uso de estos minutos, para mi tranquilidad personal y de los agricultores, para que sepan que también hay diputados que los defienden y no sólo diputados que quieren lucrar a costa de su sensibilidad y pobreza.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Masferrer y de la bancada de Renovación Nacional.
IRREGULARIDADES EN PROGRAMAS PET Y DE VIVIENDA PROGRESIVA EN SERVIU DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente, en julio de 1998, hice algunas denuncias respecto de irregularidades que se estaban evidenciando en una serie de programas habitacionales del Serviu de la Décima Región, en particular en viviendas incluidas en el programa economía del trabajo, PET, en la comuna de Muermos, y adicionalmente en un proceso de adquisición de terrenos para la construcción de viviendas de 15,5 hectáreas, en la comuna de Purranque, además de irregularidades en los programas de viviendas progresivas privadas en una organización denominada Villa Panorámica, en la comuna de Osorno.
Con fecha 27 de octubre, la Contraloría General de la República y la Contraloría Regional de Los Lagos emitieron el informe preliminar Nº 83 de 1998, mediante el cual se acreditan las irregularidades que denuncié en su momento.
Como dicho informe recomienda el inicio de investigaciones sumarias en cada uno de los programas que enumeré, solicito que se envíe oficio a la Contraloría General de la República para saber si se han instruido sumarios respecto de dichas irregularidades y en qué etapa se encuentran. En caso de que se encuentren cerrados, que sean remitidos a la Cámara para nuestro conocimiento.
He dicho.
El tiempo restante de nuestra bancada, lo cedo al Comité de Renovación Nacional.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
EXIGENCIA DE MARCAS DETERMINADAS EN ÚTILES ESCOLARES. Oficio.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, deseo referirme a un proyecto, ingresado hace poco a la Cámara, para prohibir exigir determinadas marcas de útiles escolares en los listados que ya comienzan a circular en los colegios del país.
Por desgracia, en los últimos años, los padres y apoderados de colegios particulares, subvencionados y algunos municipalizados se han visto en la obligación de comprar una determinada marca de tijeras, de témpera, de lapiceras, etcétera. Es indudable que los padres siempre hacemos el mayor esfuerzo por comprar los productos de mejor calidad para nuestros hijos. Además, sabemos que algunas materias requieren una marca específica, la cual se sugiere, lo que es importante y respetable. Pero otra cosa muy distinta es que se exija a los padres, vulnerando su libertad de elección y de competencia, porque estas empresas, que son muy grandes, ofrecen dinero.
Tengo constancia de ello, mediante cartas que se envían a directores de colegios y a algunos profesores, a quienes se envía dinero en efectivo a cambio de que incluyan la exigencia de una determinada marca en la lista de útiles escolares.
Por ello, solicito enviar oficio al Ministro de Educación a fin de que apoye la iniciativa. Ojalá el Ejecutivo se haga parte de ella o la haga suya en su totalidad, pues es un proyecto de bien común, muy importante para que los padres conserven su libertad de elección y no exista discriminación en los colegios cuando un niño va con una marca distinta, y que el presupuesto familiar no se vea alterado por cosas que no deben pedirse en forma obligatoria, sino sólo como sugerencia.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INTEGRACIÓN TURÍSTICA DE PANGUIPULLI.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, en esta ocasión, quiero plantear algo positivo, ya que he visto situaciones que no me corresponde juzgar, pero sí hacer notar, pues este día ha sido un tanto agitado en el Congreso.
Quiero felicitar a la Asociación de Desarrollo Turístico conformada por las comunas de Curarrehue, Villarrica, Pucón y Panguipulli, de las regiones Novena y Décima.
Hace muy pocas semanas, cuando apoyábamos con entusiasmo las ideas de descentralización y regionalización propuestas por el Gobierno de la Concertación, en especial lo que concierne a la enorme capacidad y profesionalismo de los directores y ejecutivos regionales, así como al sentido de bien y de progreso de las fuerzas vivas de las diferentes zonas a lo largo del país, sentimos que estábamos haciendo un reconocimiento largamente postergado por el centralismo para el Chile olvidado.
Pues bien, la mencionada ley ha comenzado recién a caminar por las diversas instancias que se requieren para su aprobación final; pero su espíritu, es decir, el sentido de iniciativa regional, ha tomado vuelo y ha empezado a concretar proyectos que satisfagan sus necesidades y aspiraciones, aun antes de que el texto legal que los favorezca entre en vigencia.
Por eso, saludo la feliz iniciativa de la comuna de Panguipulli de participar en una asociación de desarrollo turístico con ciudades de otra región, sin que medien celos comerciales o exclusiones de cualquier naturaleza y sólo prime el afán de la optimización y racionalización de recursos naturales excepcionales, cuyo único resultado debe redundar en directo beneficio para las localidades partícipes y, por extensión, para el desarrollo turístico y económico del país.
Ha sido la de mis coterráneos una medida inteligente, realista, con amplio espíritu de cooperación regional; pero, como suele suceder -y esta impresión es muy personal, por lo demás-, acciones como ésta no resultan siempre del agrado de alguna de las autoridades del ámbito provincial, en este caso valdiviano.
A las autoridades y sectores progresistas de Panguipulli no les ha importado que dichas autoridades continúen dibujando prioridades desde su escritorio, sin compatibilizar las necesidades reales ni las urgencias de sus habitantes, y han salido a buscar, con resolución, el logro de sus expectativas con sectores de otra región, en los que han encontrado verdadera comunidad de intereses.
Esa decisión, ese esfuerzo, esa determinación de las mujeres y hombres de Panguipulli son los que este diputado por el distrito 54, de la Décima Región de Los Lagos, saluda y aplaude.
La región, que ha vivido desde siempre de la agricultura tradicional, pasa momentos de gran trascendencia económica. Tiene los otros atributos naturales que, sustentados debidamente como industria turística, han pasado a ser el sostén de la economía de importantes países. Por eso, si se pretende la reconversión y los afectados toman una determinación de independencia en este sentido, no cabe otra cosa que apoyarlos y estar junto a ellos.
Desde los inicios del período parlamentario, hemos ayudado a resolver problemas de infraestructura, como puentes, muelles, caminos, que son primordiales en todo proyecto turístico -lo dijo con ocasión del inicio de esta asociación, el Diputado señor René Manuel García , que también la ha apoyado-, para lo que hemos contado, en cada oportunidad, con la comprensión e interés de las autoridades nacionales -ministros, subsecretarios, directores-. Pero ahora habrá de requerir de una dimensión mayor de cobertura y de una estructuración previa y global del proyecto económico.
Felicitaciones y éxito a la integración turística de Panguipulli con ciudades de la Novena Región.
He dicho.
ALCANCE A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO RENÉ MANUEL GARCÍA.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en efecto, el Diputado señor René Manuel García, en la sesión del 10 de diciembre, dio a conocer un conjunto de irregularidades detectadas en el Indap de la Novena Región.
En esa ocasión, pidió el envío de oficios a la Contraloría y una serie de antecedentes que van a confirmar o a desmentir sus cargos. Sin embargo, todavía no se reciben las respuestas y no me parece adecuado, en uso del fuero y de nuestras facultades fiscalizadoras, duplicar la denuncia y atentar, de algún modo, contra la honra de personas.
Respeto y respaldo las facultades fiscalizadoras de los diputados, pero creo que no debemos abusar de ellas. En tan breve tiempo desde que pidió los antecedentes, no procede reiterar los ataques a dirigentes del agro.
No quiero hacer juicio de valor respecto de la materia a que se refirió el Diputado señor René Manuel García . Estoy a la espera de las respuestas y antecedentes que aporte la Contraloría para referirme al caso. Si corresponde perseguir la responsabilidad administrativa, incluso la civil, respaldaré las acciones o demandas legales.
Por eso, reitero: no me parece que, antes de recibir las respuestas, haya que denostar a personas que, de algún modo, ven afectada su honra.
En el punto 10 del conjunto de denuncias del Diputado señor René Manuel García , se indicaban supuestas irregularidades en la contratación de una ingeniera agrónoma.
La anomalía se configuraría, según señala, puesto que al momento de su contratación tenía ocho meses de embarazo, y la vincula con la militancia socialista de la afectada.
Reitero el derecho del Diputado señor René Manuel García de ejercer sus atribuciones fiscalizadoras, pero nuestra obligación es efectuar esta importante tarea con responsabilidad y rigor, particularmente cuando se compromete, de manera pública, la honra de las personas.
Por ello, me veo en el deber, también, de desvirtuar sus afirmaciones sobre esta materia. Es falso y poco serio tratar de relacionar esta contratación con una maquinación de índole político-partidista.
La profesional aludida fue contratada a honorarios, a través de un concurso público, sin que se requiriera. El director del servicio llamó a un concurso público, aun cuando tiene facultades para hacer una contratación directa. Postuló y resultó seleccionada.
Efectivamente, la profesional se encontraba con seis meses de embarazo, y no con ocho, al momento de ser contratada, condición que no constituyó impedimento para el desarrollo de sus actividades.
Aun con nueve meses de embarazo, tiene el perfecto derecho de postular a cualquier concurso, y también de ser seleccionada.
Con posterioridad, su estado de gravidez presentó complicaciones, razón por la cual, por prescripción médica, debió guardar reposo absoluto, situación que se extendió por dos meses y medio, y no por un año como erróneamente afirmó el Diputado señor René Manuel García .
También se equivoca al afirmar que la profesional milita en el Partido Socialista. Dicha aseveración es falsa, y esto se puede demostrar a través de una petición al servicio electoral.
Una y otra vez, los diputados de las distintas bancadas han expresado su preocupación por el uso...
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado, le solicito que redondee la idea, porque ha terminado su tiempo.
El señor TUMA.-
Bueno, comparto con la afectada sus exigencias de explicación y reparación públicas. El honorable colega le debe una explicación, no sólo a quien injustamente ha ofendido, sino que a todas las mujeres, puesto que, a las puertas del siglo XXI, resulta anacrónico, bajo cualquier circunstancia, fundamentar buenas causas, como es el celo por la probidad, en discriminaciones odiosas que lesionan valores tan fundamentales como la maternidad y el derecho a la vida, que la Derecha, paradójicamente, dice defender.
Un mínimo de cortesía, consecuencia y valor es reconocer el error y enmendar el daño causado.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista, que lo ha cedido al Comité de la Democracia Cristiana y se utilizará cuando corresponda.
REUBICACIÓN DE IMAGEN VENERADA EN YUMBEL. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente, Yumbel es una plácida ciudad ubicada en el centro de la Región del Biobío. Sus habitantes, un poco más de veinte mil almas, son gente de bien, culta y amante de sus tradiciones. Entre ellas, la veneración de su Santo Patrono, San Sebastián , es, sin duda, la de más arraigo general y la más respetada. Es comprensible. La imagen fue traída a Yumbel por los soldados españoles hace más de tres siglos, y, desde hace dos, se le atribuyen virtudes milagrosas, lo que ha determinado que durante los días previos y posteriores al 20 de enero de cada año, decenas de miles de peregrinos acudan a pedirle, honrarlo o agradecerle.
El templo que la alberga ha debido ser reconstruido o reparado después de cada terremoto, y, desde 1967, el arzobispado debió autorizar un nuevo campo de oración a cincuenta metros de distancia, pues las peregrinaciones crecían y crecían.
Esta gente, tan quieta y apacible, fue sacudida violentamente el martes pasado, cuando el titular de la parroquia del pueblo inició el traslado de la imagen del santo. La medida ya se había anunciado, pero las autoridades y las fuerzas vivas de Yumbel estaban dialogando con el señor cura, y tenían la esperanza de poder disuadirlo. No sucedió así, y el pueblo reaccionó con indignación no exenta de violencia. Finalmente, por la noche, e intentando que la acción pasara inadvertida, la imagen fue sacada de la iglesia y trasladada a un erial carente de las mínimas condiciones de salubridad, ubicado a ocho o nueve kilómetros de la ciudad.
Como diputado de la zona y, más aún, como hijo de Yumbel, esta situación me afecta profundamente. Cuando nací, hace más de sesenta años, San Sebastián llevaba casi tres siglos siendo venerado, generación tras generación, en el corazón del pueblo. No hay vecino de Yumbel que en su niñez no haya vibrado con las festividades que se celebran los 20 de enero y, desde 1950, también los 20 de marzo de cada año.
Comprendo perfectamente, entonces, el dolor y la indignación de mis conciudadanos, que sienten que los han despojado de su más precioso patrimonio. Sin embargo, nadie quiere que este lamentable episodio se transforme en una guerra santa, donde la violencia, que nunca se sabe a qué extremos puede llegar, reemplace al tino, la prudencia y el buen criterio.
El desarraigo ya está consumado. No quiero calificar la actitud del cura párroco. Seguramente, sus argumentos han de ser sólidos y convincentes. No obstante, pienso que las autoridades de la Iglesia debieran dar una amplia y satisfactoria explicación a los fieles de Yumbel, que ayude a restañar la herida que se les ha infligido y que permita que la resignación por la pérdida de su más cara tradición, acuda pronto a sus doloridos espíritus.
Es probable que con el tiempo, esto que se ve como tan dramático ahora, sea para mejor, que se trate sólo de un cambio de escenario, que el nuevo lugar se transforme en un santuario en forma, con todos los elementos que se requieren para recibir multitudes de fieles, y que se abran posibilidades de un comercio sano y pujante en sus alrededores, sin monopolios ni exclusivismos. También que permita levantar la declaración de “zona seca” en la ciudad de Yumbel que, a la postre, se traduce en más daño que beneficio.
En otras palabras, busquemos el lado positivo de esta situación que aparece tan injusta y cruel. El tiempo pasa raudo y si se actúa con voluntad progresista, podremos ver a Yumbel creciendo con entusiasmo y dinamismo, acercándose cada vez más a su Santo Patrono. Pidámosle este milagro.
Pero, para ello, las autoridades de la Iglesia deben estar abiertas a un diálogo constructivo, fraternal y tolerante con todas las partes involucradas en estas masivas festividades religiosas. Ellas deberán reconocer que la justa reacción de la ciudad no es motivada por intereses subalternos.
La ciudad, a través de tantos años y a pesar de la generosidad de fieles y peregrinos, nunca ha sido beneficiada. Muy por el contrario, sus calles carecen de pavimento y sus pobladores sufren el barro del invierno y el polvo y la tierra del verano; además, faltan establecimientos educacionales, entre otras múltiples carencias de ciudad digna pero pobre.
Formulo fervientes votos en el sentido de que se establezca pronto un fructífero diálogo entre la Iglesia, las autoridades de Yumbel y los fieles, para encontrar la fórmula que permita una justa armonía entre los intereses de todos, teniendo siempre presente y en todo momento, las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad.
Pido que se envíe mi intervención al señor alcalde de Yumbel y al cura párroco de la comuna.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Así se procederá, con la adhesión de los señores diputados que así lo soliciten en la Secretaría.
RECHAZO A EXPRESIONES DEL DIPUTADO RENÉ MANUEL GARCÍA.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Mario Acuña.
El señor ACUÑA.-
Señor Presidente, había hecho abandono de la Sala cuando habló el Diputado señor René Manuel García , pero dado el tenor de su intervención, solicité a mi bancada este tiempo y pedí al señor diputado que no se retirara.
En primer lugar, es falso, de falsedad absoluta, que algún parlamentario le haya solicitado los antecedentes que él dijo tener en su poder, en circunstancias de que yo se los solicité personalmente y en su propio escritorio. Me respondió que los tenía en su caja de fondos, en Temuco, pero que me los enviaría. Hasta hoy los estoy esperando.
En segundo lugar, quiero explicar a los colegas de dónde nace el malestar del Diputado señor René Manuel García . En la última semana de diciembre recién pasado di lectura a una carta reservada que el Seremi de Agricultura, señor José Cartes , dirigió al Presidente de esta Corporación , en descargo de la denuncia formulada por el señor René Manuel García en hora de Incidentes. Entre otras cosas decía -por lo demás, consta en actas de la Cámara- que ya que el señor diputado no la hizo en forma pública en la zona, sino solamente en esta Sala, con el amparo de su fuero parlamentario, se veía en la obligación de replicar por intermedio de una nota dirigida al Presidente de la Corporación , la que no pudo ser incluida en la Cuenta dado su carácter de reservada, como me manifestó el señor Gutenberg Martínez , a través del Secretario. En consecuencia, procedí a darle lectura, cuestión que, por lo que veo, molestó profundamente al colega.
El domingo recién pasado, en Temuco, el honorable Senador de la República don Jorge Lavandero y quien habla, junto a alcaldes y concejales de la Democracia Cristiana, dimos una conferencia de prensa en la cual asumimos la defensa de los miles y miles de pequeños agricultores de la Novena Región. En esa oportunidad, hicimos presente a los gobiernos regional y nacional la necesidad de aumentar el número de comunas declaradas zona de emergencia o de catástrofe a toda la Novena Región, al mismo tiempo que les solicitamos recursos que estimamos en tres y medio millones de dólares.
Es evidente que esta noticia fue muy bien recibida por los pequeños y medianos agricultores de nuestra región, situación que, al parecer, causó un tremendo malestar a mi colega René Manuel García .
Quiero decirle al señor René Manuel García que jamás defenderemos a quien haya incurrido en irregularidades en instituciones públicas y menos en nuestra región y que, por lo tanto, no defenderemos a los acusados antes de conocer los antecedentes que el señor diputado todavía no me entrega. Las disputas políticas, colega, son políticas, pero no puede manchar la dignidad y la honorabilidad de mujeres y hombres de su región, con quienes se encuentra a diario y con quienes comparte. Eso no es digno. El colega sabe perfectamente bien a qué me refiero: nosotros tenemos fuero parlamentario, y hace pocas semanas discutimos aquí una iniciativa relativa a las conductas parlamentarias.
La ofuscación demostrada por el colega no debe llevarlo a actuar de la forma en que lo hizo. Lo llamo a que mantenga la cordura, porque quien se ofusca pierde la razón. Quiero pedirle derechamente que recapacite sobre lo que está haciendo, puesto que es a él a quien esta situación le causará más dolores de cabeza.
Quiero dar sólo un dato como ejemplo. El señor Iván Agüero -como les consta a los colegas presentes, el Diputado René Manuel García dijo que era jefe de área- no es jefe de área de la comuna de Pucón, sino un modesto funcionario, padre de dos profesionales jóvenes -uno de ellos trabaja en la Fuerza Aérea-, casado con una honorable y distinguida dama de Pucón. De modo que el colega no puede venir a enlodar el prestigio de esas personas por el solo hecho de ser militantes del Partido Demócrata Cristiano. Lo mismo ocurre con otra gente.
Por eso, insto a los colegas presentes a que, a la brevedad posible, implementemos las nuevas normas sobre conductas parlamentarias y tengamos un verdadero código de ética. El honorable diputado tiene una irreprochable conducta. Y le digo honorable porque es honorable. Su padre, que también formó parte del Congreso Nacional, también fue honorable, y estoy seguro de que él no aprobaría sus prácticas.
Agradezco a mi Comité que me haya permitido ocupar estos minutos para decir algunas cosas, porque en la hora de Incidentes de la próxima sesión daré respuesta a todos y cada uno de los puntos tocados por el Diputado René Manuel García .
He dicho.
MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO Y RÁPIDO DE LAS CONDENAS. Oficios.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Rafael Arratia .
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , en estos momentos, en la calle Diego Portales , de Santa Cruz, se está realizando un acto de adhesión a la familia de la menor de diez años Camila López y, al mismo tiempo, de repudio por el atentado que significó su muerte.
Me refiero a este hecho tremendamente conmovido por lo que me ha tocado vivir en Santa Cruz.
Camila era una niña -como dije- de diez años. Estudiaba en el colegio “ María Victoria Araya ”, donde cursaba el quinto año básico. Era una niña llena de vida, vecina de la población Lautaro, de Santa Cruz. Su casa no distaba más de 60 metros de la Avenida Errázuriz, calle principal de la mencionada ciudad, y no más de 100 metros del hospital, lugar por el que circula mucha gente, todos los días y a toda hora.
El hecho sucedido el fin de semana recién pasado nos ha conmovido, no sólo porque se trata de un asesinato alevoso y por las circunstancias y la forma en que se perpetró, sino que, además, porque hubo una violación previa. Estos delitos fueron cometidos por un hombre de origen colombiano, que habría ingresado al país hace algunos años en calidad de turista, y que tenía a su haber una condena de 21 años por el asesinato con violación, precisamente, de un niño. Al momento de ingresar al país dicho personaje, se detectó droga en sus ropas. Sin embargo, no sabemos por qué se autorizó su ingreso al país, probablemente, como digo, en calidad de turista.
Cuando a la gobernación de Colchagua se le pidió su residencia definitiva, ésta le fue denegada debido a sus antecedentes penales. Por desgracia, hemos visto que, a pesar de estar en conocimiento de antecedentes tan dramáticos, dicho personaje no fue puesto en la frontera.
A través de los medios de comunicación, hemos escuchado las palabras del médico legista de Rancagua, quien, a pesar de estar acostumbrado a ver el dolor que provocan las deplorables condiciones en que llegan al Instituto Médico Legal de Rancagua muchas personas fallecidas, se conmocionó hasta el extremo de pedir justicia en forma dramática.
En el acto realizado en el cementerio de Santa Cruz, me tocó atender a la madre de Camila, la señora María Jesús Galdámez, y a su tía, Soledad Eliana Galdámez, quienes perdieron el conocimiento y sufrieron una crisis, debiendo ser trasladadas al hospital de Santa Cruz.
Hoy, todo el pueblo de Santa Cruz lamenta y llora la muerte de Camila. En este momento -como decía al iniciar mis palabras-, se está realizando un acto en la calle Diego Portales , precisamente en protesta por lo sucedido, y de adhesión al dolor de los familiares de la niña. Seguramente, son miles las personas presentes allí, porque es el homenaje a una pequeña de diez años, indefensa, que fue ultimada sin piedad.
En este momento de dolor, quiero manifestar -sé que lo hago en nombre de toda la Cámara, del pueblo de Santa Cruz y de los niños- mi adhesión, solidaridad y respaldo a su madre, María Jesús , a su tía Soledad, a su padre, don Luis López , y a don Luis Núñez , el pastor evangélico que acompañó a Camila a su última morada en una ceremonia muy emocionante.
Queremos rendir un homenaje y, junto con ello, dar un respaldo a los niños de nuestra patria que hoy, en pleno centro de ciudades importantes, como la de Santa Cruz, están expuestos, a plena luz del día, a este tipo de atentados violentos con resultado de muerte.
Por eso, como una forma de colaborar, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y a la Ministra de Justicia , señora Soledad Alvear , de quien hemos tenido un increíble apoyo, a fin de plantearle la necesidad de que las condenas se cumplan efectivamente; que sean adecuadas en el tiempo, permitiendo su cumplimiento a través de evaluaciones técnicas, y que el Presidente de la República no esté sujeto a presiones políticas o sociales, cuando se trate de indultar a personas condenadas a muerte, mientras esta pena no sea derogada, para lo que solicitamos lo siguiente:
En primer lugar, la creación de un sistema de ejecución de penas, bajo la tuición de un ministro o juez de cumplimiento de penas; la liberación del Presidente de la República de la facultad de indultar; la regulación de los permisos dominicales y diarios de los presos, todos ellos hoy día dependientes, en alto grado, de Gendarmería; la regulación de la libertad condicional, hoy de dependencia compartida entre Gendarmería, seremis, jueces y ministros.
En segundo lugar, que como complemento -en lo que respecta a los niños-, se dicte una ley de responsabilidad juvenil, que norme los delitos cometidos en mayores de 14 años, de tal forma que las penas sean adecuadas a la condición de desarrollo de los menores.
En tercer lugar, la creación de un sistema de evaluación de penas, en estricta relación con el sistema de ejecución de penas y la ley de responsabilidad juvenil.
Todo lo anterior, sumado a la reforma procesal penal en trámite y a las medidas sobre seguridad ciudadana enunciadas por el Presidente de la República , permitirá un cabal cumplimiento efectivo, rápido y dinámico de las condenas en nuestro país.
Hoy, estamos recolectando firmas en Santa Cruz para pedir no sólo que el procedimiento sea rápido, sino también efectivo y dinámico, a fin de que, a través de un ministro en visita, esto no se solucione en cinco años más, sino en un tiempo prudencial y justo, de modo que veamos que existe cumplimiento de la justicia, en especial cuando los afectados sean niños, como el caso de Camila, víctima de violación y de un asesinato dramático que hoy nos conmueve.
Quiero reiterar nuestro pesar al pastor Luis Núñez, a María Galdámez, su madre; a Luis López, su padre; al quinto básico del colegio “María Victoria Araya”; a sus compañeros, que ya no la verán, y a todo el pueblo de Santa Cruz, por este dolor que hoy nos acongoja.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Masferrer .
INCONVENIENCIA DE SUPRESIÓN DE ENSEÑANZA DE FRANCÉS EN NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. Oficio.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, realizo esta intervención también en nombre del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara , Diputado señor Sergio Velasco , y del integrante de dicha Comisión, en estos nuevos años, Diputado señor Edmundo Villouta .
Hace alrededor de quince días conversé con los dirigentes de la Asociación de Profesores de Francés de la Octava Región , con sede en la ciudad de Concepción, quienes me plantearon sus inquietudes por el efecto del inicio de los nuevos planes y programas de estudio de primer año medio, en los cuales el Ministerio de Educación optó sólo por el inglés como enseñanza del idioma extranjero, por lo cual, naturalmente, los profesores de francés están enfrentando un problema laboral.
Debido a esta situación, hoy en la tarde nos reunimos, junto con los Diputados señores Sergio Velasco y Edmundo Villouta, con la Asociación de Profesores de Francés a nivel nacional, que se encuentran participando en una jornada temática en la Quinta Región. Ellos nos demostraron, por escrito, que los despidos han comenzado a producirse por este motivo.
Tengo en mis manos fotocopia de la notificación a una docente de francés de la Quinta Región -que comenzó con una jornada de treinta horas de clases en un solo colegio-, en la que se le comunica que, a contar del 1 de marzo del presente año, las treinta horas se repartirán en tres colegios, lo cual le significará un gran problema de movilidad.
La citada asociación, desde hace bastante tiempo, está enfrentando este grave problema y, al respecto, sus dirigentes han tenido múltiples reuniones con las autoridades pertinentes del Ministerio de Educación.
Con fecha 2 de octubre del año pasado, el jefe de División de Educación General les planteó una posible salida. Les expresó que si ellos presentaban un programa de estudio, a nivel central, antes del 15 de octubre, con indicación de los establecimientos que desearan enseñar ese idioma, él se comprometía a aprobarlo. Además, ese programa podría ser aplicado en cualquier plantel educacional sólo si se cumplía el trámite de avisar a la secretaría ministerial respectiva.
La Asociación de Profesores de Francés, con fecha 14 de octubre de 1998 -aquí tengo un recibo firmado en que consta su recepción-, presentó un programa de estudio de francés de primer año medio. Lamentablemente, el 7 de enero del presente año, el jefe de División de Educación General , contestó -reconociendo que él había planteado esa solución- que era imposible aceptarlo porque había un estudio en derecho del departamento jurídico en el cual se establecía que carecía de facultad para ello. En vista de eso, sugirió proponer a la Secretaría regional metropolitana, para su aprobación, un programa de francés para primero medio, siempre y cuando estuviera de acuerdo el respectivo establecimiento, lo que también se hizo.
Tengo en mi escritorio un documento de fecha 11 de enero de 1999, es decir, de hace dos días, firmado precisamente por el Seremi de Educación de la Región Metropolitana, en que aprueba el plan y programa de estudio del idioma francés para el primer año de enseñanza media del Liceo de Aplicación, de la comuna de Santiago.
Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre y en el de los Diputados señores Sergio Velasco y Edmundo Villouta , al Ministro de Educación para que dé a conocer, por escrito, cuál es la solución definitiva para la enseñanza de francés en la malla curricular, desde quinto básico a cuarto medio.
La reforma educacional, de la cual somos muy partidarios, no puede significar cesantía para los profesores de francés. Por eso, el próximo lunes, los tres diputados mencionados tendremos una reunión de trabajo en el Ministerio de Educación para buscar, con caballerosidad y recepción atenta, como corresponde, una solución a este problema.
Este oficio al Ministro de Educación es de carácter perentorio, porque debe haber respuesta en los próximos días. También solicito que mi intervención se envíe a la presidenta de la Asociación de Profesores de Francés de Chile, señora Ingrid Díaz Mellado , cuya dirección es Merced 152, oficina 1-B, Santiago .
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y el texto de su intervención.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 20.08 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda. (boletín Nº 2298-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que introduce elementos de mejoramiento de la gestión, concede o incrementa determinados beneficios remuneratorios y efectúa ajustes a las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Ello hará posible resolver significativas diferencias de rentas con sectores homologables y asumir los serios problemas de captación, mantención y desarrollo de recursos humanos, además de corregir determinados aspectos estructurales críticos y específicos que estas instituciones enfrentan.
Con este mismo propósito se contempla una facultad delegada al Presidente de la República, para introducir modificaciones al D.F.L. Nº 1 (G), de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, se consultan normas destinadas a alcanzar mejoras en la productividad de instituciones del sector Hacienda, entre ellas, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
I. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
La tarea de fiscalizar se ha tornado cada vez más compleja y exigente, ya que la incorporación de tecnología en las empresas ha sido un proceso, en el último tiempo, de gran dinamismo en nuestra economía.
También es una función delicada que requiere de funcionarios entrenados, en lo profesional, en la atención a los contribuyentes y con una adhesión irreductible a los principios éticos y de probidad.
Siguiendo las políticas del Gobierno, el Servicio de Impuestos Internos ha estado empeñado en una tarea profundamente renovadora de sus procedimientos, estilos de gestión y también, obviamente, de su personal. Este proceso de modernización ha sido ampliamente reconocido por diversas autoridades, la prensa y los contribuyentes. Logros tales como el aumento sostenido de la recaudación tributaria, la disminución de las tasas de evasión, la mayor eficiencia en la fiscalización y las mejoras notables en la atención a los contribuyentes, hablan por sí solos del éxito en esta tarea y del alto esfuerzo que para los funcionarios del Servicio ha demandado este proceso.
Del mismo modo y a pesar del esfuerzo desplegado hasta el momento, la disminución de la evasión a guarismos equivalentes a los de países desarrollados, sigue estando pendiente como tarea y su reducción se ha transformado al interior del Servicio en un imperativo categórico. Cada vez existe mayor conciencia y coincidencia en la opinión pública y las autoridades políticas de la Nación, que hay una importante merma en los recursos del Estado, que no ingresan en arcas fiscales por este motivo. Cabe mencionar al respecto, que el SII, a través de diversos estudios, ha estimado la evasión tributaria en el país en más de US$ 4.000 millones anuales.
Para acometer estos nuevos desafíos, se debe perseverar en un proceso de modernización, que en esta etapa, necesariamente, debe estar aún más vinculado a un incremento significativo de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de servicio. Todos estos aspectos dependen en gran medida de las personas que conforman las plantas de funcionarios de este Servicio. En ese marco, la profesionalización de la función pública, la capacitación permanente del personal y los elementos de motivación, estímulo y adecuada remuneración, representan ingredientes imprescindibles para el éxito de este proceso.
Un hito en esta materia, lo constituyó la promulgación de la ley Nº 19.226, que incorporó al DFL Nº 6 de Hacienda , de 1991, una norma estableciendo como requisito para ser Fiscalizador tener un título universitario de Ingeniero Comercial , Contador Auditor o Administrador Público, lo que representó un paso fundamental en la profesionalización del Servicio. Actualmente, los profesionales cubren más del 80% de la Planta de Fiscalizadores. También la creación de la Planta de Técnicos, a través de la ley Nº 19.224, reforzó esta tendencia a la profesionalización de los funcionarios del Servicio.
Están además los profesionales, en cuya planta se encuentran los abogados, los ingenieros y otros profesionales, a quienes les corresponde desempeñar un rol cada vez más complejo y especializado, por lo que se requiere de expertos del mejor nivel y permanentemente actualizados en sus conocimientos.
Para generar un ambiente de trabajo exigente y que estimule la excelencia, es necesario proporcionar a los profesionales y demás funcionarios del Servicio, los incentivos necesarios para ello.
Sin embargo, en la situación legal actual no existen los mecanismos expeditos para incentivar a los funcionarios a mantener un desempeño óptimo a lo largo del tiempo, salvo el ascenso de grado, el que no depende únicamente de su desempeño, sino más bien, de la disponibilidad de vacantes en el grado superior. Si un funcionario debe esperar varios años (8 años o más en el caso del SII) para generarse un incremento de sueldo, obviamente se verá desmotivado a mantener un desempeño de excelencia por tanto tiempo.
Aquí está la base de un círculo vicioso, ya que en la realidad no es posible incentivar y, por lo tanto, se refuerza un ambiente desmotivante y sin orientación a resultados, en el que se hace muy difícil una gestión eficiente.
Adicionalmente, está el problema de los funcionarios que ejercen funciones de jefatura. Por un lado, se tiene la persistente brecha con las remuneraciones de mercado en los cargos de mayor responsabilidad y complejidad y, por otro, en el plano del desarrollo de carrera al interior del Servicio, el escaso incremento que representa en el sueldo un ascenso para un funcionario, al pasar de fiscalizador con experiencia a directivo. Paradojalmente, en numerosas ocasiones este ascenso implica un deterioro en los ingresos del funcionario. El mejoramiento que conlleva asumir las nuevas funciones, en general significa uno o dos grados más para el funcionario, que en aumento de ingresos, no le reportan más de 50 a 100 mil pesos adicionales. Estas sumas, en la percepción de los funcionarios, no compensan los gastos de vida en una nueva localización ni el asumir mayores responsabilidades. Además, si la promoción se da con un traslado desde una zona extrema hacia el centro del país, dicha diferencia puede ser inferior a la asignación de zona o del derecho a casa fiscal que percibía o gozaba en la localidad de origen.
Cabe hacer presente que con respecto a las diferencias de remuneraciones con el sector privado, el Servicio de Impuestos Internos ha encargado encuestas comparativas de remuneraciones desde el año 1994 a diciembre de 1997 para cargos equivalentes, a la empresa Price Waterhouse. Éstas han arrojado diferencias de hasta un 80% bajo el mercado en las remuneraciones de algunos cargos en el Servicio respecto a las que se pagan en la empresa privada. Si la comparación se hace con otras instituciones fiscalizadoras del sector público, el Servicio de Impuestos Internos aparece con sus remuneraciones disminuidas, como ocurre con la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de AFP y la de Servicios Sanitarios.
En el caso de la Superintendencia de Bancos, sus rentas oscilan entre un 5 y un 130% superiores a las rentas del S.I.I.
Algo similar ocurre con la ley Nº 19.479, de modernización del Servicio de Aduanas. En este caso, además de los beneficios por la vía de bonos de desempeño individual y bono por cumplimiento de metas, superiores a los porcentajes contemplados en el reciente acuerdo Gobierno-Anef, reflejados en la ley Nº 19.553, los funcionarios fueron favorecidos con una reestructuración de las plantas que los dejó, en general, gozando de grados superiores a los que detentan los funcionarios de Impuestos Internos, sobre todo en los escalafones de directivos de confianza y directivos de carrera.
Mas allá de señalar comparaciones con otras reparticiones del sector público, es de mayor significación resaltar aquellos elementos particulares del Servicio de Impuestos Internos, que le otorgan un carácter único, en el contexto de los servicios de la Administración del Estado.
1. En primer lugar, la ley Orgánica del SII establece una prohibición absoluta para los funcionarios de ejercer libremente su profesión o cualquier otra actividad remunerada. Esta prohibición, con sus características de masividad y rigurosidad, no existe en ninguna otra institución fiscalizadora.
Históricamente se han otorgado compensaciones por esta prohibición. Actualmente, en el caso del SII, no existe compensación alguna a esta prohibición, a pesar de su severidad.
Cabe señalar que otras instituciones tienen algún grado de prohibición, pero esta se refiere solamente a la expedición de informes de su especialidad o a litigar contra el Fisco. (Ej. Aduanas, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado ).
2. En segundo lugar, la función fiscalizadora del SII es cada vez más compleja y extensa. Comparada con la función fiscalizadora de Aduanas y de las Superintendencias, se tiene que ésta no sólo abarca algún sector específico de la economía (el comercio exterior, el sector financiero, las AFP, las Isapres, etc.) sino que también, respecto de su profundidad y complejidad, presenta diferencias significativas con los otros servicios fiscalizadores. Auditar en materias tributarias requiere de un profesionalismo y experiencia técnica que sólo es posible encontrar en grandes empresas auditoras.
3. En tercer lugar, Impuestos Internos debe proveer servicios de cumplimiento tributario a los contribuyentes y desplegar su acción fiscalizadora en todo el territorio nacional. Actualmente hay más de 70 puntos de atención que deben ser cubiertos con las evidentes necesidades de movilidad y emplazamiento de personal que esta acción requiere. Es significativamente distinto ejercer una acción de fiscalización concentrada en Santiago, que desempeñarla en localidades apartadas, bajo condiciones climáticas adversas y con dificultades de accesibilidad. Baste mencionar la fiscalización de productos primarios, el transporte de mercaderías, los sectores manufactureros, el sector agrícola y ganadero, el sector minero, etc.
4. En cuarto lugar, en su labor cotidiana, el SII debe interactuar, ya sea a propósito de su acción fiscalizadora o de su dimensión de servicio, con numerosas empresas e instituciones del país. Estas interacciones, dada la complejidad de los interlocutores, requieren disponer de un personal altamente especializado, el cual es extremadamente difícil de mantener en la institución. Como ejemplo de interlocutores, se pueden mencionar, entre otros, Empresas Auditoras especializadas en temas Tributarios, Estudios de abogados, Asesores Tributarios de Grandes Empresas , Empresas Transnacionales, Asociaciones empresariales y profesionales, Bancos e Instituciones Financieras, etc.
5. Adicional a su rol fiscalizador, el Servicio tiene por función administrar justicia tributaria en primera instancia. Esto representa una delicada tarea cuya complejidad no la posee ningún otro servicio público, salvo las Cortes de Apelaciones y Tribunales dependientes de la Justicia y el Servicio de Aduanas con sus Tribunales Aduaneros.
6. En el SII, se mantienen las bases de datos más grandes y complejas del país. Esto, unido a la complejidad de los procesos y sistemas computacionales que se administran en la institución, dan cuenta de una labor altamente especializada que requiere estar a la vanguardia en tecnología de punta.
7. El SII, a diferencia de las administraciones tributarias del resto del mundo, debe mantener permanentemente actualizada la base catastral de bienes inmuebles del país, para efectuar el cobro del impuesto territorial. Esto, que en general no ocurre en otras partes del mundo, pues existen órganos especializados para esta función, debe realizarse con la misma dotación de personal y utilizando los mismos equipos y recursos en infraestructura que el Servicio dispone para ejercer su acción fiscalizadora en todos los otros impuestos.
La base catastral, actualmente mantiene cerca de 3.500.000 propiedades, con su descripción física completa. La sola mención de esta cifra puede dar cuenta de la complejidad de esta labor.
8. Los funcionarios del SII deben mantener un alto estándar ético y una adhesión inquebrantable a los principios de la probidad administrativa en todas sus tareas. Por la naturaleza de su función, están permanentemente expuestos a ser sujetos de riesgo ético, aspecto que podría verse agudizado por una baja condición salarial. En su quehacer, el funcionario enfrenta con frecuencia la posibilidad de tener como interlocutor a un contribuyente que pudiese verse inclinado a disminuir su carga tributaria de manera poco ética.
9. Consciente del compromiso asumido por el Supremo Gobierno con la modernización de los servicios públicos, el SII a partir del presente año, ha asumido el compromiso público de garantizar un tiempo de espera máximo a sus usuarios en la mayoría de los trámites que deben cumplir en sus oficinas.
10. Recientemente, y en el contexto de los tratados de doble tributación que el país ha estado materializando con otras economías, el Parlamento tramitó una miscelánea tributaria (ley Nº 19.506) que le entregó facultades al SII para fiscalizar el cumplimiento de la ley tributaria chilena respecto de los ingresos generados en el exterior y de los convenios internacionales sobre exención de impuestos, eliminación de la doble tributación internacional y/o sobre los convenios de intercambio de información.
11. La ley faculta al Servicio para interpretar administrativamente la normativa tributaria en aquellas materias que no habiendo sido previstas por el legislador, requieran de instrucciones para ser aplicadas en la práctica, y de esta forma contribuir a facilitar el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes. Esta poderosa facultad interpretativa, que la poseen un escaso número de instituciones, representa una responsabilidad que requiere disponer de un cuerpo de profesionales altamente especializados en materias tributarias y con una vasta experiencia en el rubro.
Considerando lo expuesto, el Servicio de Impuestos Internos se ha planteado una estrategia orientada a sus fiscalizadores, profesionales, jefaturas y personal en general, a través de la cual sea posible estimularlos para la obtención de resultados en una forma estable y progresiva, que lleve finalmente a un cambio cultural que represente un compromiso sólido de sus funcionarios con el proceso de modernización y con el combate a la evasión tributaria. Esta estrategia se ha concretado en una propuesta, en la cual han sido invitados a participar los funcionarios a través de sus asociaciones gremiales y que contempla un conjunto de medidas que tienen por propósito generar las condiciones necesarias para la creación de un estilo y cultura moderna de gestión en el SII.
Considerando los antecedentes señalados, sobre todo lo que dice relación con una lucha frontal contra la evasión tributaria, complementaria a las medidas contenidas en la ley Nº 19.578 sobre incremento de pensiones y readecuación tributaria; a las diferencias significativas de renta con el mercado; a la necesaria equidad con otros servicios públicos fiscalizadores y lo pertinente que resulta introducir mecanismos de incentivo para mejorar la gestión del personal, el Gobierno ha elaborado una propuesta ligada a metas de resultados exigentes que se expone a continuación.
1. El Estatuto Administrativo establece que el ascenso se efectúa de acuerdo al orden que ocupan en el escalafón los funcionarios. El escalafón se confecciona anualmente de acuerdo al resultado del proceso de calificaciones del año anterior y de la antigüedad del empleado.
Si bien en la actualidad la provisión de cupos se puede realizar por concurso en los Fiscalizadores, de acuerdo a una jurisprudencia de la Contraloría, el proyecto presenta una oportunidad propicia para consagrar por ley la concursabilidad de los cargos en las plantas de profesionales y fiscalizadores, para así otorgar transparencia y certeza al desarrollo de carrera en esos escalafones. No se incluye al escalafón de Técnicos, porque la propia ley que le da origen, ley Nº 19.224, establece que los cargos en este escalafón deben ser llenados por concurso interno.
2. El Gobierno ha estimado oportuno proponer una asignación especial de carácter compuesto -parte fija, parte variable e incremento por desempeño individual- destinada al personal del Servicio de Impuestos Internos tanto de planta como a contrata, que represente un estímulo al cumplimiento del compromiso del combate a la evasión tributaria en el país.
Esta asignación, en su componente fija corresponde en parte a una compensación por las prohibiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.
En su parte variable, está ligada a un indicador de cumplimiento de metas institucionales de lucha contra la evasión y será proporcional al grado de cumplimiento de esas metas.
El incremento por desempeño individual mantiene las mismas condiciones y montos que los establecidos en la ley Nº 19.553.
La asignación especial de estímulo en sus componentes fija y variable, podrá fluctuar, en régimen, de un 16,5 a un 57,0% del sueldo base más la asignación de fiscalización y la asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717 y será de carácter imponible y tributable. Empezará a pagarse con vigencia al 1º de enero de 1999 y se aplicará gradualmente en tres años, en un 60% de sus valores para el primer año, en un 80% para el año siguiente y alcanzará su valor de régimen el 1 de enero del 2001.
3. Con el propósito de adecuar los niveles de ingreso a las plantas de administrativos y auxiliares a la naturaleza de la función fiscalizadora que le corresponde al Servicio y a su importancia estratégica en la obtención de recursos para el financiamiento del Estado, se propone una adecuación de dichas plantas, que responda al grado de responsabilidad que esos funcionarios tienen en la cadena de la fiscalización al interior del SII y a la creciente complejidad que han incorporado esos cargos, tras su proceso de modernización.
Las nuevas modalidades de atención de contribuyentes demandan un personal más preparado y compatible con las exigencias de tiempos máximos de atención garantizada. Además, la meta que se propuso el Servicio de resolver en una sola visita los principales trámites de los contribuyentes, requiere de funcionarios que resuelvan y tomen decisiones en tiempos mínimos con conocimiento y buena preparación. Hoy, muchos de los trámites y fiscalizaciones a que están expuestos los contribuyentes, se realizan a través de este personal y demanda de él eficiencia, rapidez y cordialidad.
La propuesta consiste en la eliminación de los dos últimos grados en la planta de administrativos y del último grado en la planta de auxiliares, repartiéndose las vacantes respectivas en los primeros grados de cada una de esas plantas, sin generarse por esta vía un aumento de la dotación.
Es decir, en el caso de la planta de administrativos, la eliminación de los dos últimos grados (21 y 22) daría origen a 146 nuevas vacantes a distribuirse en los grados 16 al 20, manteniéndose constante la dotación de esta planta.
Para el caso de las plantas de auxiliares y bajo el mismo tratamiento de apertura de vacantes en los grados superiores, la eliminación del último grado (grado 23) daría origen a 81 nuevas vacantes, a distribuirse entre los grados 19 al 21, permaneciendo la misma dotación.
4. La ley Nº 19.224 establece como único requisito de título para el ingreso a la planta de Técnicos en Fiscalización, el estar en posesión del título de Contador General, además de haber permanecido por tres años en la planta de administrativos. En la actualidad, numerosos funcionarios pertenecientes al escalafón administrativo, están cursando estudios en carreras técnicas relacionadas con las finanzas, la economía o la administración, cuya exigencia académica es tanto o superior a la obtención del título de Contador.
En virtud de lo anterior, se ha estimado conveniente abrir los requisitos de título para el ingreso a este escalafón, con el propósito de dar cabida a todos aquellos funcionarios que cursan o están por cursar, estudios en instituciones técnicas de nivel superior, reconocidas por el Estado, conducentes a la obtención de títulos en las disciplinas citadas. Todas estas carreras son afines a la naturaleza de la función del Servicio.
5. Actualmente en el SII, se aprecia una creciente dificultad en el reclutamiento, nombramiento, promoción y permanencia de jefaturas. En los estudios de renta encargados por el Servicio a empresas especializadas, es posible apreciar que las mayores distorsiones se presentan en los cargos de mayor responsabilidad, dándose la paradoja de que los profesionales que administran el Servicio, son quienes obtienen una mayor merma con respecto a las rentas de mercado. Los nombramientos en cargos directivos, en ocasiones representan aumentos de renta tan poco relevantes para los funcionarios, que no compensan el grado de responsabilidad que asumen y una vez que han asimilado esta experiencia de gestión, unido a sus conocimientos tributarios, pueden ser fácilmente reclutados por el sector privado.
En tales circunstancias, se propone una asignación para las jefaturas en un rango que va desde un 6% a un 48% del sueldo base, más la asignación de fiscalización y el artículo 4º de la ley Nº 18.717 para los funcionarios que desempeñándose como directivos, jefes o coordinadores, sean consignados por resolución del Director del Servicio .
Los cargos afectos a esta asignación y sus porcentajes respectivos, serán establecidos por el Director del Servicio a través de una resolución fundada en base a los siguientes criterios:
-Nivel de responsabilidad y complejidad del cargo.
-Disponibilidad presupuestaria total para el subítem en base a un monto global anual no superior a las 2.100 UTAs.
-Localización geográfica del cargo.
Esta asignación constituye una herramienta de gestión inestimable, por cuanto representa un estímulo al ejercicio de los cargos de dirección y jefatura ligado a una evaluación permanente en su desempeño. Tiene la ventaja que al ser una asignación adicional al cargo de planta del funcionario, resguarda la estabilidad de éste en el Servicio, pero a la vez representa un acicate a un buen desempeño en la función de supervisión. Es una asignación que está vinculada al cargo y no a la persona, de tal forma que si el funcionario lo hace mal, se devuelve a su cargo de origen y la asignación queda disponible para otro funcionario que lo reemplace.
Por otra parte, y en un hecho con escasos precedentes en la administración pública, la propuesta de esta asignación ha contado con el respaldo de los funcionarios del Servicio, porque visualizan en ella un mayor incentivo al desarrollo de carrera y un estímulo al ejercicio del cargo de jefe.
6. La ley Nº 19.553 establece una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecta la asignación de modernización. Esta asignación contiene tres componentes: una componente base que a partir del año 1999 alcanza a un 6%, una componente por cumplimiento de metas institucionales que llega a un 3% y una componente por desempeño individual.
Siendo esta bonificación un beneficio del cual ya gozan los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, se ha estimado necesario seguir manteniéndolo. En tal circunstancia, el beneficio contemplado en la ley Nº 19.553 de una bonificación compensatoria, en el caso del Servicio de Impuestos Internos y con el propósito de no incrementar los recursos comprometidos por este concepto, sólo afectará a 6 puntos porcentuales de la asignación especial de estímulo en su componente fija y a un máximo de 3 puntos porcentuales de su componente variable.
Como la componente por desempeño individual se mantiene en este proyecto en los mismos términos y montos que la establecida en la ley Nº 19.553, la bonificación compensatoria, en este caso, alcanzará a la totalidad de dicha componente.
II. CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.
El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto principal de su acción la defensa judicial de los intereses del Estado, considerando a éste no sólo restringido al Fisco y a los bienes materiales, sino que teniendo en cuenta toda su complejidad, extensión y evolución.
En este sentido, debe reconocerse al Estado de hoy como regulador y subsidiario, restringiendo ciertas libertades sólo para resguardar otras y actuando para fijar estándares, normalizar o coordinar en el ámbito de un orden público económico abierto.
En este contexto, el Consejo se inserta como abogado de los intereses del Estado, velando por perseguir la responsabilidad legal, civil y penal, que puedan derivar de los delitos cometidos en su contra, incluida la infracción de la debida probidad funcionaria. La falta de probidad no se limita a los daños materiales que pueda ocasionar, sino que incluye la infracción de otros deberes, cuando dicha infracción atenta contra los derechos superiores del Estado afectando bienes jurídicos supraindividuales.
Existe consenso en que el Consejo debe ser pequeño, pero no infradotado. Los intereses y fuerzas que se confrontan judicialmente con este organismo, en los más variados campos, despliegan ante los tribunales los más ricos y poderosos recursos. En este sentido, vale recordar que el Estado litiga con sujetos de derecho privado, naturales o jurídicos, que cuentan con la asistencia de profesionales del más alto nivel de excelencia y con cuantiosos recursos materiales y tecnológicos.
Es necesario destacar que el rol del Consejo ha venido cambiando, a la par que el Estado, y en sintonía con los problemas derivados de la propia evolución de la vida social. De ello resulta que existen áreas que han adquirido una notable importancia y otras, recientemente asignadas, que se caracterizan por su creciente trascendencia y complejidad, entre las que destacan:
1. La corrupción. En este ámbito, le corresponde una gran tarea y debe ser infatigable en perseguir las responsabilidades penales y civiles que correspondan.
La lucha contra la corrupción mediante la correcta evaluación de los antecedentes probatorios, la extrema reserva en su manejo y el buen criterio en la investigación y prosecución de las responsabilidades, es garantía y resguardo de la vigencia del Estado de Derecho y del respeto a la dignidad de todas las personas, impidiendo que poderes ocultos y fácticos compitan o se sobrepongan al país “legal” cercenando la certeza, seguridad e igualdad jurídicas.
2. El ámbito contencioso-administrativo. La ausencia de la especialización de los tribunales civiles tiene especial gravedad en materia contencioso-administrativa, que es en la que principalmente corresponde actuar al Consejo. Así, asuntos de derecho público son abordados por el juez común bajo la óptica del derecho civil, desconociéndose los avances que en estas materias ha logrado el derecho público moderno.
3. El campo del Derecho Administrativo. El Consejo representa al Estado en el resguardo de su actividad administrativa, por lo que debe asumir la defensa de los recursos de protección interpuestos en su contra, lo que incluye los gobiernos regionales, las municipalidades, los servicios públicos centralizados y descentralizados y las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritaria o igualitaria.
4. Medio Ambiente. El Consejo ha adquirido competencias en esta materia. La ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, establece por primera vez en Chile la denominada acción ambiental, para obtener la reparación del medio ambiente dañado, siendo el Estado, entre otros, titular de esta acción, en la que es representado por el Consejo.
A casi dos años de la dictación de esta ley, hay que reconocer que no se ha iniciado ninguna acción judicial; el Consejo ha carecido de los recursos humanos y materiales suficientes para abordar activamente la materia.
5. Crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Se trata de crímenes trascendentes y relevantes para la vida social y, como propios de organizaciones criminales, pueden impactar la estructura misma del Estado, el orden jurídico y los valores de una comunidad.
En virtud de la ley Nº 19.366, corresponde al Consejo de Defensa del Estado investigar y perseguir a estas organizaciones criminales.
Hay que enfatizar que el narcotráfico y el lavado de dinero son delitos sin fronteras, vinculados a organizaciones criminales de carácter internacional, con una fuerza criminológica, que es fuente abierta de corrupción y desregulación, pudiendo, entre otros efectos no menores, impactar estructuralmente el orden público económico de la nación.
En otro orden de ideas, hay que señalar que el Consejo ha visto progresivamente incrementadas sus actividades. Desde 1994, la carga de trabajo ha experimentado un crecimiento del 23%, donde los 15.969 procesos vigentes a ese año, se han transformado en 19.623 al mes de diciembre de 1997.
Asimismo, la complejidad, cuantía y trascendencia social de determinados juicios, obliga a encomendarlos casi en forma exclusiva a los pocos profesionales más experimentados.
No obstante lo anterior, la actividad del Consejo es reservada, segura y actualmente veloz en comparación con la rapidez de tramitación de los procesos judiciales del país. Esta velocidad -una de las metas del Consejo- ha ido en incremento y se manifiesta en que de 2.047 causas dadas de baja en el año 1994, se ha llegado a 11.597 en 1997.
Frente al panorama descrito, el nivel actual de remuneraciones asignado al Consejo de Defensa del Estado resulta insuficiente para dotar al servicio de especialistas y expertos. Tales expertos, en algunos casos, pueden ser sólo transitoriamente necesarios y para ello será suficiente un convenio ad hoc de honorarios. Sin perjuicio de ello, es menester contar con funcionarios permanentes idóneos en las tareas de coordinación y control. Por otra parte, algunas tareas como las de tráfico de drogas y lavado de dinero, y todas aquellas que requieren confidencialidad, secreto o estrategias, sólo pueden ser confiadas al plantel permanente, administrativamente responsable.
En estas circunstancias, es comprensible el desinterés de los profesionales de buen nivel para ingresar al Consejo, los cuales, aun teniendo vocación de servicio público, optan por otras alternativas que ofrece el sector privado exclusivamente por razones de índole económica.
III. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS.
Situación similar a la descrita para el Consejo de Defensa del Estado, es la que debe enfrentar la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
La labor que cumple la institución, altamente estratégica y en permanente incremento, trasciende el ámbito exclusivo de aquellas actividades asociadas a la formulación, aprobación, ejecución y control del Presupuesto del Sector Público, sino que, además, asiste al Ministro de Hacienda y demás autoridades en el manejo de las finanzas públicas y en el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos y participa activamente en el Plan de Modernización de la Gestión Pública impulsado por el Supremo Gobierno.
En efecto, la función técnico-profesional que cumple la institución, y muy especialmente bajo las últimas administraciones, 1990-1998, ha permitido la implementación adecuada de las políticas sociales, de empleo, ahorro, inversión, internacionalización de la economía y de modernización del sector público, resguardando debidamente los equilibrios macroeconómicos definidos por la autoridad.
Lo anterior se refleja en su decisiva participación en la elaboración, diseño e implementación de las políticas tanto en el ámbito económico-financiero, como en el área social. Ello se ha expresado, por ejemplo, en la reciente labor desarrollada por la Dirección, con motivo de la Agenda Social que encomendara el Presidente de la República al Ministro de Hacienda , la que debe ejecutarse en los últimos dos años de la actual administración.
Lo expuesto permite identificar características que le dan su identidad y perfil propios en la labor que desarrolla la institución.
La Dirección de Presupuestos es una institución que se caracteriza por ser altamente profesionalizada, ya que cuenta con equipos humanos, con un importante nivel de conocimientos y especialización en las áreas de las finanzas y la gestión públicas, los que son constantemente requeridos a actualizarse y a adaptarse con flexibilidad a la dinámica propia de este tipo de materias y a producir y utilizar información altamente calificada y de carácter reservado.
Por su parte, los usuarios de los servicios que proporciona la institución, lo constituyen preferentemente los Poderes del Estado, las autoridades públicas y las entidades del sector estatal, lo que se traduce en que la Dirección además tiene que asumir una labor constante de apoyo y asistencia técnica a la gestión que corresponde a dichas entidades, tanto en el ámbito de la ejecución de los programas y eventualmente en el ejercicio de sus funciones ordinarias. En este sentido, la labor de apoyo de la institución se manifiesta en la asesoría en materia de definición de estrategias e iniciativas tendientes a mejorar la gestión de los servicios, replicando experiencias internacionales y de otras reparticiones públicas.
En este contexto, y con motivo de los últimos ejercicios presupuestarios, desarrollados en el marco de los Protocolos de Acuerdo con el Congreso Nacional, la institución ha debido procesar y preparar un conjunto de información no sólo asociada a la ejecución presupuestaria, sino que también a temas de gestión, tales como evaluación de programas gubernamentales, indicadores de gestión, metas, definición de estrategias, etc., las que deben ser enviadas con una periodicidad mensual, trimestral y semestral al Congreso Nacional. Estos Protocolos han obligado a la Dirección de Presupuestos a asumir nuevas tareas y compromisos los que se han cumplido manteniendo casi inalterable la dotación del servicio.
En materia específicamente presupuestaria, la elaboración y aprobación de las Leyes de Presupuestos, ha exigido, como es usual, a todos los estamentos de la institución, una dedicación excepcional para absorber la sobrecarga de trabajo implícita, a lo que en los dos últimos años se agrega el despacho de los proyectos en el contexto de los referidos Protocolos.
En lo relativo al Plan de Modernización de la Gestión Pública que está impulsando el Supremo Gobierno, la Dirección de Presupuestos ha asumido importantes responsabilidades, tanto en forma directa como compartida con las demás instancias encargadas de estas materias, especialmente los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y del Interior y el Comité Interministerial de Modernización y su Secretaría Ejecutiva. En este orden de materias, se pueden señalar, a modo de ejemplo, las siguientes: el Plan Piloto con que se inicia en 1992 el proceso de modernización; la generación de un sistema de metas e indicadores de gestión de las instituciones públicas en la ley de presupuestos; incorporación de incentivos monetarios a los servidores públicos, ligados al buen desempeño individual e institucional; evaluación de programas sociales y de fomento; compromisos de modernización de los servicios; seminarios internacionales de modernización; guías metodológicas para asistir a los servicios en sus planes de modernización; estudio sobre clima organizacional en la administración pública; orientación e impulso de ejercicios de planificación estratégica en los servicios del Estado.
Como se ha mencionado en párrafos precedentes, la Dirección de Presupuestos ha debido asumir sus responsabilidades con un ostensible desnivel en materia remuneracional en relación a sectores e instituciones homologables, especialmente en los estamentos directivos y profesionales, lo que ha acarreado una situación marcadamente crítica, tanto por el insuficiente reconocimiento a la naturaleza y exigencias de la labor de quienes se desempeñan en la institución, como a los esfuerzos para retener elementos calificados e incorporar nuevos profesionales idóneos. La presente iniciativa legal pretende, precisamente, asumir estas limitaciones, contribuyendo además a enfrentar las actuales y futuras tareas de la Dirección, marcadamente incrementales tanto en volumen como en complejidad. Para estos efectos, incorpora elementos importantes de modernización del servicio por la vía de establecer la concursabilidad de los cargos de promoción y la especificación de las atribuciones de la institución en el ámbito del mejoramiento de la gestión pública y financiera.
IV. FUERZAS ARMADAS.
Durante el año 1997 y en virtud de la facultad otorgada al Presidente de la República mediante la Ley Nº 19.507, se dictó el D.F.L. (G) Nº 1 que estableció el nuevo Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
Dicho cuerpo legal, junto con actualizar y concordar la normativa del antiguo estatuto con la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, contempló también nuevos beneficios que significaron una mejora económica para sectores importantes del personal de las Fuerzas Armadas, vinculando dicha mejora con la especialización y el perfeccionamiento del personal, en la búsqueda de la excelencia en la función pública que le corresponde a las instituciones armadas.
No obstante lo expresado y como una forma de continuar fortaleciendo la carrera militar, se estima indispensable complementar el mejoramiento antes señalado, incorporando en esta oportunidad criterios que permitan incentivar el ingreso a la carrera militar y mantener, además, al personal que no tiene la especialización y perfeccionamiento académico tomado en cuenta en el D.F.L. (G) Nº 1, de 1997, para que las instituciones armadas cuenten con una estructura de personal adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
Para ello, se propone otorgar una facultad al Presidente de la República para modificar el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de la cual podrá otorgar beneficios económicos a dicho personal, radicando el esfuerzo en el segmento antes señalado.
V. RACIONALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE INSTITUCIONES.
El Gobierno, continuando con sus planes de modernización en la gestión de las entidades públicas en forma tal de incrementar su productividad y permitir una mejor asignación de los escasos recursos fiscales, viene en proponer normas orientadas a este propósito en el ámbito del Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados.
Uno de los casos, es la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, respecto de la cual se traspasan a los propios Servicios sus facultades de enajenación de bienes muebles e inventario de los vehículos fiscales, como una forma de racionalizar sus funciones, dejando sólo aquellas que le son propias para el cumplimiento de sus objetivos esenciales.
De esta manera, se descentraliza la gestión sobre los activos excedentarios, radicando su liquidación en cada Servicio, con el consiguiente traspaso de responsabilidades a sus directivos.
VI. ARTICULADO DEL PROYECTO.
El proyecto de ley que me permito someter a consideración del honorable Congreso Nacional, consta de veinticinco artículos permanentes y quince disposiciones transitorias.
1. Artículo Permanentes
a) Servicio de Impuestos Internos
El artículo 1º establece la concursabilidad de los escalafones de profesionales y fiscalizadores.
El artículo 2º establece la asignación especial de estímulo con sus tres componentes, vinculándose la componente variable a la consecución de metas institucionales de reducción de la evasión tributaria.
El artículo 3º señala el procedimiento de cálculo del porcentaje de cumplimiento del programa anual de reducción de la evasión.
El artículo 4º presenta los porcentajes de la asignación de estímulo en sus componentes fija y variable por escalafón y grado.
El artículo 5º establece las condiciones que debe cumplir el personal para tener derecho a la asignación.
El artículo 6º propone la readecuación de las plantas de administrativos y auxiliares, y modifica el requisito de título para el ingreso al escalafón de Técnicos.
En los artículos 7º y 8º se establece la asignación de supervisión, a qué funcionarios beneficia y sus montos totales.
El artículo 9º deja sin efecto la asignación de modernización en sus componente base e incremento por cumplimiento de metas institucionales de la ley Nº 19.553 y mantiene para el personal del SII, en el mismo monto, el bono de compensación por las deducciones por efectos previsionales y de salud.
b) Consejo de Defensa del Estado
El artículo 10 concede a los personales de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado, una asignación mensual de defensa judicial estatal, imponible para efectos de salud y pensiones, equivalente a los porcentajes que se señalan. Asimismo, se enumeran los estipendios sobre los cuales se aplicará esta asignación.
El artículo 11 otorga al personal de la planta de Directivos del Consejo de Defensa del Estado que se señala, una asignación mensual de alta dirección, imponible para efectos de salud y pensiones, equivalente a los porcentajes que se establecen, calculados sobre las remuneraciones consideradas para la determinación de la asignación mensual de defensa judicial estatal.
El artículo 12 confiere una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, no imponible, al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de Directivos, de Profesionales y de Técnicos, separadamente, de mejor desempeño en el año anterior. Para estos efectos, se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los funcionarios, de conformidad con las normas que los rigen en estas materias.
La cantidad que se pague por concepto de esta bonificación corresponderá a los porcentajes que se indican, aplicados sobre las remuneraciones consideradas para determinar la asignación de defensa judicial estatal establecida en el artículo 10º.
Se establece un precepto de importancia práctica, al disponerse que en caso de producirse empate en los puntajes de calificación entre varios funcionarios de una misma planta y cuando ello impida determinar el porcentaje del beneficio que corresponde a cada funcionario, dirimirá la Junta Calificadora Central.
El Presidente del Consejo, los Abogados Consejeros, los miembros de la Junta Calificadora Central y los delegados del personal ante las Juntas Calificadoras tendrán derecho, por concepto de este beneficio, al porcentaje correspondiente a sus respectivos cargos, sin que sean considerados para computar el 25% de los beneficiarios de esta bonificación.
Para tener derecho al beneficio, los funcionarios deberán estar calificados en Lista Nº 1, de Distinción, o en Lista Nº 2, Buena.
Los funcionarios beneficiarios de la bonificación, sólo tendrán derecho a percibirla durante los doce meses siguientes al término del respectivo proceso calificatorio.
La bonificación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Las restantes normas se refieren, fundamentalmente, al caso de los funcionarios con derecho a percibir el beneficio que sean sancionados con alguna de las medidas disciplinarias indicadas en el artículo 116 de la ley Nº 18.834, y a la situación del beneficiario que, por ascenso o por cualquier otro motivo, cambiare de grado con posterioridad al afinamiento del proceso calificatorio.
El artículo 13 estatuye que las asignaciones establecidas en los artículos precedentes, considerando el beneficio que representan, no se incluirán en la base de las remuneraciones a que se refiere el inciso décimo del artículo 12 de la ley Nº 19.041, que concede un incentivo por mayor recaudación tributaria.
El artículo 14 crea los cargos que indica en las plantas de Directivos y de Profesionales del Consejo de Defensa del Estado.
El artículo 15 introduce modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, derogando la asignación especial mensual por dedicación exclusiva del Presidente del Consejo , y sustituyendo denominaciones y grados en los cargos de la Planta Directiva.
El artículo 16 preceptúa que las promociones en los cargos de carrera de las plantas de Profesionales; de los cuatro niveles superiores de la planta de Administrativos, y de los dos niveles superiores de la planta de Auxiliares del Consejo de Defensa del Estado , se efectuarán por concurso de oposición interno, limitado a los funcionarios de planta que cumplan con los requisitos correspondientes y se encuentren calificados en Lista Nº 1, de Distinción, o en Lista Nº 2, Buena.
El artículo 17 declara para el solo efecto de darles el carácter de exclusiva confianza a que se refiere el artículo 7º de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que los cargos Directivos grado 4º de la planta del Consejo de Defensa del Estado contenida en el artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, se considerarán equivalentes a los de Jefe de Departamento .
El artículo 18 establece requisitos de ingreso y promoción para los cargos directivos de Jefe Departamento de Administración General , Jefe Subdepartamento de Planificación y Evaluación, Jefe Subdepartamento Administrativo , Jefe Subdepartamento de Contabilidad y Presupuesto, Jefe Subdepartamento de Informática , Jefe Subdepartamento de Recursos Humanos , Jefes de Sección y Jefe Oficina de Partes , Archivo General e Informaciones.
c) Dirección de Presupuestos
El artículo 19 tiene un doble propósito. El primero, es crear los cargos directivos inherentes a las nuevas Unidades que han sido establecidas por las razones oportunamente entregadas, los que de esta manera cumplirán las funciones que el ordenamiento jurídico les otorga en su calidad de Jefes de Subdepartamentos. El segundo propósito, es conceder el nivel de Jefes de Subdepartamento a todas las jefaturas de la Dirección de Presupuestos directamente relacionadas con la misión y objetivos que actualmente cumple la institución.
El artículo 20 aumenta en un grado las Plantas de Profesionales, de Administrativos y de Auxiliares, constituyendo el primer elemento con que se pretende lograr nuevamente homologar las remuneraciones de la Dirección de Presupuestos con las de las entidades fiscalizadoras.
El artículo 21, con igual propósito, aumenta para todos los estamentos funcionarios de la Dirección de Presupuestos, la asignación del artículo 11 de la ley Nº 19.041.
El artículo 22 establece un importante elemento modernizador en la Dirección de Presupuestos al preceptuar que los cargos de promoción, por norma general, serán provistos por concursos competitivos.
El artículo 23 consagra las funciones que la Dirección de Presupuestos asume, respecto del sector estatal, en el proceso de modernización de la gestión, en materia de información sobre finanzas públicas, objetivos e indicadores de gestión, evaluación de programas gubernamentales, balances anuales de gestión operativa y económica de los organismos y servicios públicos y estudios sobre finanzas públicas.
d) Fuerzas Armadas
El artículo 24 otorga una facultad al Presidente de la República para modificar el Capítulo VI, sobre los Derechos del Personal, del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, mediante un decreto con fuerza de ley que deberá ser dictado dentro del plazo de 180 días, de publicada la presente ley. En el ejercicio de esta facultad, podrá crear, modificar, suprimir o refundir remuneraciones, estableciéndose que las diferencias de rentas que se produzcan se pagarán a contar del 1º de enero de 1999.
e) Racionalizacion Institucional
El artículo 25, modifica la ley orgánica de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado con el propósito de derogar algunas facultades de esta Dirección referentes a la enajenación de bienes muebles y a la obligación de enrolamiento de vehículos motorizados a que se refiere su ley orgánica.
2. Disposiciones Transitorias
El artículo 1º establece normas sobre la vigencia de las disposiciones de la presente ley.
A este respecto se establece que los artículos que conceden mejoramientos remuneratorios, rigen a contar del 1º de enero de 1999, en tanto aquellos que recaen en otras materias, como modificaciones de planta y de requisitos, por norma general, inician su vigencia a contar del día primero del mes siguiente al de la publicación de la ley.
El artículo 2º dispone que la asignación de estímulo establecida en el artículo 4º y la asignación establecida en el artículo 7º para el Servicio de Impuestos Internos, durante los años 1999 y 2000, se multiplicarán por los guarismos 0,6 y 0,8, respectivamente, por cada uno de los grados que se señalan en dichas disposiciones. Tales guarismos deberán aplicarse por separado tanto a la parte fija como a la parte variable, para así conformar el monto de estas asignaciones en esos dos años.
Los artículos 3º y 4º establecen la forma de aplicar el porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de la evasión tributaria en los años 1999 y 2000, respectivamente, para los efectos de la concesión de la asignación de estímulo en su parte variable, con arreglo al procedimiento de cálculo dispuesto en las letras a), b) y c) del artículo 3º de esta ley.
El artículo 5º faculta al Director del Servicio de Impuestos Internos para eximir del requisito de promoción exigido a los funcionarios de la planta de auxiliares, que a la fecha de vigencia de la ley se encuentren ubicados en dicha planta, para efectos del reencasillamiento que se produzca en virtud del numeral 2.- del artículo 6º de esta ley.
El artículo 6º preceptúa que, durante el año 1999, los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado de los cargos que se señalan, percibirán la asignación de defensa judicial estatal a que se refiere el artículo 10, en un porcentaje inferior.
Del mismo modo, en dicho período, la asignación de alta dirección establecida en el artículo 11, se pagará rebajada en el 50% de los montos que corresponda percibir al respectivo funcionario.
El artículo 7º estatuye que los requisitos establecidos en la letra b) del artículo 18 para los cargos directivos de Jefes de Sección grado 7º E.U.S. del Consejo de Defensa del Estado, no serán exigibles a los funcionarios que actualmente ocupan dichos cargos.
El artículo 8º preceptúa que el Presidente del Consejo de Defensa del Estado encasillará, en el plazo de 60 días a contar de la publicación de esta ley, mediante la resolución correspondiente, a los funcionarios de grados 5º EUS e inferiores de la planta de Directivos, y a los personales de las demás plantas. El encasillamiento podrá efectuarse en un grado superior o inferior al que estuviere ocupando el funcionario, y en cualquiera de las plantas referidas en el artículo 37 del D.F.L. Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda.
El encasillamiento no podrá significar disminución de las remuneraciones que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, perciba el personal. Toda diferencia será pagada por planilla suplementaria, la que será reajustable e imponible en la misma forma en que lo sean las remuneraciones que compensa, y se absorberá por los incrementos que los funcionarios experimenten en sus remuneraciones permanentes, excepto los derivados de los reajustes generales de remuneraciones del sector público.
El encasillamiento regirá a contar del día primero del mes siguiente al de la publicación de esta ley y no se considerará ascenso para los efectos previstos en el artículo 6º del decreto ley 249, de 1974.
En el encasillamiento podrá excluirse un número de funcionarios equivalentes como máximo al 10% del total de cargos de la planta del Consejo de Defensa del Estado.
Los funcionarios no encasillados se sujetarán a las siguientes normas:
a) No tendrán derecho a los beneficios establecidos por esta ley.
b) Tendrán derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834.
c) Se entenderán cesados en sus cargos, para todos los efectos legales, a partir de la fecha de total tramitación de la resolución de encasillamiento.
Los cargos que quedaren vacantes luego del encasillamiento, serán provistos directamente por concurso público de oposición y antecedentes, no rigiendo a este respecto las normas sobre ascensos.
Las normas sobre promociones contenidas en el artículo 16, se aplicarán una vez efectuado el encasillamiento y el concurso público referido en el párrafo precedente.
El artículo 9º establece que la provisión de los nuevos doce cargos de Jefes de Subdepartamento, grado 4º, que se crean en la Dirección de Presupuestos, se efectuará dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, por medio de concursos internos abiertos al personal de planta y a contrata que cumpla con los requisitos exigidos para el desempeño de los mismos, los que se regularán por las normas que procedan del Estatuto Administrativo.
Asimismo, se indica que de no proveerse alguno de los nuevos cargos directivos en la forma descrita, la creación correspondiente quedará sin efecto.
El artículo 10 agiliza el procedimiento para hacer efectivas las modificaciones de grados y de denominaciones en las plantas del Consejo de Defensa del Estado y de la Dirección de Presupuestos, señalando que dicho trámite operará por el solo ministerio de la ley, sin perjuicio que posteriormente los respectivos Jefes Superiores, por medio de una resolución, dejen expresa constancia del nuevo grado que corresponda al cargo que desempeñan los funcionarios involucrados.
El artículo 11 asegura a los funcionarios cuyos cargos sean modificados en sus grados y/o denominaciones, su permanencia en el Servicio y la mantención de los derechos y prerrogativas que gozaban al momento de la entrada en vigencia de esta ley.
El artículo 12 aumenta en siete cupos la dotación máxima de personal fijada para el presente año a la Dirección de Presupuestos por la Ley de Presupuestos del Sector Público, a fin de completar totalmente los cuadros directivos de la institución.
El artículo 13 prescribe que los montos provenientes de la asignación de modernización en su componente base e incremento por desempeño institucional, establecidos en las letras a) y b) del artículo 3º de la ley Nº 19533, que se hayan cancelado a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a partir del 1º de enero de 1999, deberán ser imputados al monto de la asignación especial de estímulo establecida en el artículo 2º de esta ley.
El artículo 14 declara que las asignaciones de los artículos 10, 11 y 12, que favorecerán al personal de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado, son incompatibles, a contar del 1º de enero de 1999, con la asignación de modernización que les corresponda percibir en el caso de aprobarse el proyecto de ley que les otorga dicha asignación, actualmente en trámite ante el honorable Congreso Nacional.
Los montos percibidos por concepto de la asignación de modernización con posterioridad al 1º de enero de 1999, se imputarán a los mejoramientos que deriven de la aplicación de los artículos mencionados.
El artículo 15 y final, indica que la aplicación de la ley se efectuará con los recursos contemplados en el presupuesto vigente tanto del Servicio de Impuestos Internos como del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos o de las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, según corresponda, y de no ser posible utilizar esta fuente de financiamiento, total o parcialmente, se recurrirá al Tesoro Público.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Artículo 1º.- El ingreso a los cargos de planta del escalafón de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, se hará por concurso público y en el último grado vacante. La provisión de cargos en el resto de los grados, se realizará por concurso interno para aquellos funcionarios pertenecientes a la planta de Fiscalizadores. No obstante, el Director del Servicio podrá llamar a concurso público para llenar las vacantes en dichos grados, si por necesidades del Servicio así lo estimare conveniente.
La provisión de cargos en todos los grados de la planta de Profesionales, se realizará por concurso público.
En estas materias se aplicarán las normas del Párrafo 1º del Título II de la ley Nº 18.834, en lo que fuere pertinente.
Artículo 2º.- Establécese una asignación especial de estímulo por desempeño en el cumplimiento de metas de reducción de la evasión tributaria para el personal de planta y a contrata del Servicio de Impuestos Internos. Su monto total será variable de acuerdo al grado y escalafón al que pertenezca o se encuentre asimilado el funcionario. Dicha asignación se calculará sobre la cantidad que resulte de la suma del sueldo base asignado al grado respectivo, más la asignación de fiscalización establecida en el artículo 6º del D.L. Nº 3.551, de 1980, que le corresponda, y la asignación señalada en el artículo 4º de la ley Nº 18.717.
La asignación especial de estímulo contendrá las siguientes componentes:
a) Una parte fija o base.
b) Una parte variable por cumplimiento de la meta institucional de disminución de la evasión.
c) Un incremento por desempeño individual que se regirá según lo establecido por el artículo 7º de la ley Nº 19.553.
Los porcentajes de la asignación especial de estímulo para las componentes fija y variable señaladas en las letras a) y b) precedentes, serán los determinados en el artículo 4º de esta ley.
La componente fija de la asignación especial de estímulo, no será considerada como un haber permanente para efectos del cálculo del incentivo tributario a que se refiere la letra b) del inciso séptimo del artículo 12 de la ley Nº 19.041.
La parte variable, se calculará de acuerdo al porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de la evasión, determinado por el Ministerio de Hacienda a través de un decreto expedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, que deberá emitirse anualmente antes del 30 de marzo y tendrá vigencia a contar del 1º de enero del mismo año. Para los fines de establecer el porcentaje de cumplimiento, el Ministerio de Hacienda deberá atenerse al procedimiento de cálculo establecido en el artículo 3º de esta ley. Si por cualquier causa no se expidiere el decreto, se entenderá prorrogada para el período anual siguiente el porcentaje de cumplimiento vigente en el año inmediatamente anterior a aquel en que debió hacerse la determinación.
El pago de esta asignación en su componente fija, será mensual.
En cambio, la parte variable se cancelará en tres parcialidades anuales los meses de mayo, agosto y diciembre a los funcionarios en servicio a la fecha de pago. El monto a pagar en cada cuota será el equivalente al valor acumulado en el cuatrimestre calendario respectivo, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación en su parte variable. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el cuatrimestre respectivo, tendrá derecho a la asignación en su parte variable en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
Los montos que los funcionarios perciban por este concepto, serán imponibles para efectos de salud y pensiones, y se considerarán rentas del Nº 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para determinar las imposiciones y los impuestos a que se encuentra afecta la asignación en su componente variable, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.
Artículo 3º.- La modalidad de cálculo del porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de la evasión indicado en el inciso quinto del artículo precedente, será la siguiente:
a) La “Recaudación Base” inicial, será la del año 1997. Ésta alcanzó a la cifra nominal de $ 5.057.110 millones, que representan 211,497 millones de Unidades Tributarias Mensuales. Este último valor equivale a la suma de la recaudación efectiva en pesos nominales de cada mes, dividida por el valor de la Unidad Tributaria Mensual del mes correspondiente.
b) Para cada año, la “Recaudación Base” se calculará como la recaudación base del año anterior, multiplicada por la suma de los dos siguientes factores: factor uno, más la tasa de crecimiento que registre el Producto Interno Bruto el año respectivo, este último multiplicado por el factor 1,1.
c) La diferencia entre la “Recaudación Anual Efectiva”, expresada en unidades tributarias mensuales y determinada de acuerdo al subtítulo “Ingresos Tributarios” de la Ley de Presupuestos registrada el año anterior, habiéndose descontado la partida correspondiente a Comercio Exterior, y la “Recaudación Base”, determinada de conformidad a la letra b) de este mismo artículo, representará el aumento o disminución neta de la recaudación. Dicha diferencia, dividida por la “Recaudación Base” y llevada a porcentaje, representará el “Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva”.
d) El porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de la evasión a aplicar al incentivo, en su parte variable, a que se refiere el artículo 2º y cuyos montos se especifican en el artículo 4º de esta ley, quedará entonces así determinado:
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es menor que 0,86%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 0%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual a 0,86% y menor que 1,37%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 25%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual que 1,37% y menor que 1,89%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 50%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual a 1,89% y menor que 2,40%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 75%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual que 2,40%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 100%.-
Si con posterioridad a la publicación de esta ley entraren en vigencia leyes modificatorias de los impuestos, derechos y tributos que signifiquen modificaciones de los mismos, la recaudación base correspondiente a esa anualidad se incrementará o reducirá en la cantidad que resulte de dichas modificaciones.
La nueva recaudación base rectificada conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, será fijada mediante decreto del Ministerio de Hacienda expedido bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República ”, y servirá para los años posteriores con los incrementos a que se refiere la letra b) de este artículo.
Artículo 4º.- Los porcentajes de la asignación especial de estímulo en su componente fija y los porcentajes máximos de su componente variable, por escalafón y grado serán los siguientes:
IMAGEN 01
Artículo 5º.- No tendrán derecho a percibir esta asignación en su parte variable, los funcionarios calificados en Lista Nº 3, Condicional o Lista Nº 4, de Eliminación, en el período inmediatamente anterior al año de vigencia del respectivo decreto de Hacienda que fija el porcentaje de cumplimiento del programa. Asimismo, no tendrán derecho a percibir la asignación en su parte variable, los funcionarios que ingresen al Servicio, hasta que no hayan sido calificados de conformidad con las normas que los rijan para estos efectos.
Sin embargo, tendrán derecho a percibir la asignación, los funcionarios que no habiendo sido calificados en el período respectivo, en virtud de las normas legales vigentes, conserven la calificación del período anterior, y el Jefe Superior del Servicio , su subrogante legal, los miembros de la Junta Calificadora Central y los delegados del personal ante las juntas calificadoras.
Los funcionarios beneficiarios de la asignación especial de estímulo en su parte variable, tendrán derecho a su percepción durante el año calendario inmediatamente siguiente a aquel que se evalúa en la calificación.
El funcionario que por ascenso o promoción cambiare de grado o cargo dentro de un período de pago de la asignación, percibirá la asignación en relación a las remuneraciones que correspondan a su nuevo grado o cargo a contar del día 1º del mes siguiente al de la fecha de su ascenso o promoción, sin perjuicio de los reajustes legales de remuneraciones que pudieren corresponderle.
No tendrán derecho a percibir la asignación tanto en su componente fija como variable, los funcionarios que se acojan a permiso sin goce de remuneraciones, de conformidad al artículo 105 de la ley Nº 18.834, mientras dure el período de su ausencia.
Artículo 6º.- Modifícanse las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción en dichas plantas, establecidas mediante Decreto Supremo Nº 1.368, del Ministerio de Hacienda, de 1993, cuyo texto refundió el Decreto con Fuerza de Ley Nº 6, del Ministerio de Hacienda, de 1991, y sus posteriores modificaciones introducidas por el artículo 14 de la ley Nº 19.041, y las leyes Nºs 19.224 y 19.226, en los siguientes términos:
1. Planta de Administrativos.
a) Créanse los siguientes cargos:
Sesenta y cuatro cargos grado 16, cincuenta y seis cargos grado 17, cuarenta y seis cargos grado 18 y veintitrés cargos grado 20.
b) Suprímense los siguientes cargos:
Cuarenta y tres cargos grado 19, ochenta y seis cargos grado 21 y sesenta cargos grado 22.
2. Planta de Auxiliares.
a) Créanse los siguientes cargos:
Sesenta y seis cargos grado 19, treinta y nueve cargos grado 20 y dieciocho cargos grado 21.
b) Suprímense los siguientes cargos:
Cuarenta y dos cargos grado 22 y ochenta y un cargos grado 23.
3. Reemplázase la letra a) del párrafo segundo del número 4 del artículo 2º por la siguiente:
“a) Estar en posesión de un título profesional o técnico otorgado, en ambos casos, por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en las áreas de contabilidad, finanzas, administración o economía y pertenecer a la Planta de Administrativos de la institución en la cual debe haberse desempeñado a lo menos durante dos años, o”.
Artículo 7º.- Establécese en beneficio de los cargos de jefatura del Servicio de Impuestos Internos pertenecientes a la planta de Directivos y a las plantas de Profesionales y de Fiscalizadores en que se ejerzan funciones de supervisión, asignadas expresamente por Resolución del Director del Servicio , y en tanto cumplan dicha función, una asignación mensual, con vigencia anual, de carácter variable, calculada sobre la misma base a que se refiere la parte final del inciso primero del artículo 2º de esta ley. Para los fines de esta ley, en ningún caso podrá asignarse tareas de supervisión a más del 30% de los funcionarios que conformen las plantas de Profesionales y Fiscalizadores.
Los cargos afectos a esta asignación y los montos correspondientes, los que no podrán exceder del 48% ni ser inferiores al 6% del monto de la base de cálculo, serán determinados anualmente por cargo o grupo de cargos por el Director del Servicio , mediante resolución afecta al trámite de Toma de Razón por la Contraloría General de la República.
Para la determinación de este porcentaje, deberán considerarse, en todo caso, los niveles de responsabilidad y complejidad de los cargos desempeñados por los beneficiarios, así como el factor territorial de su desempeño.
El Director del Servicio de Impuestos Internos tendrá derecho a percibir la asignación máxima.
Los montos que los funcionarios perciban por este concepto, serán imponibles y se considerarán rentas del Nº 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, esta asignación no será considerada como un haber permanente para efectos del cálculo del incentivo tributario a que se refiere la letra b) del inciso séptimo del artículo 12º de la ley Nº 19.041.
Artículo 8º.- El monto global anual que deba pagarse por concepto de la asignación a que se refiere el artículo anterior, no podrá exceder en ningún caso de 2.100 Unidades Tributarias Anuales del mes de enero del año en que corresponda cancelar el beneficio.
Artículo 9º.- No le será aplicable al personal del Servicio de Impuestos Internos la asignación de modernización en su componente base e incremento por desempeño institucional establecidas en las letras a) y b) del artículo 3º y artículos 5º y 6º de la ley Nº 19.553.
El personal del Servicio de Impuestos Internos a que se aplica el artículo 2º de esta ley, tendrá derecho a una bonificación no imponible destinada a compensar, en parte, las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que esté afecta la asignación especial de estímulo en sus componentes fija y variable, y la totalidad del incremento individual establecido en la letra c) del artículo 3º de la ley Nº 19.553.
La parte a ser compensada afectará al 100% del incremento individual, a 6 puntos porcentuales de la asignación especial de estímulo en su componente fija y a 3 puntos porcentuales de su componente variable.
El monto de la compensación será el que resulte de aplicar a los guarismos indicados en el inciso anterior, los porcentajes señalados en las letras a), b), c) del inciso primero e inciso segundo del artículo 8º de la ley Nº 19.553, según el sistema o régimen previsional de afiliación del trabajador.
Esta bonificación compensatoria se calculará conforme a los límites de imponibilidad establecidos por la legislación vigente y a lo dispuesto en el inciso final del artículo 2º de esta ley.
TÍTULO II
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Artículo 10.- Concédese a los personales de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado, una asignación mensual de defensa judicial estatal, imponible para efectos de salud y pensiones, equivalente a los porcentajes que se señalan, calculados sobre el sueldo base, la asignación contemplada en el artículo 6º del Decreto Ley Nº 1.770, de 1977, las asignaciones establecidas en los artículos 17 y 18, y 19 de la ley Nº 19.185, la asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717, la asignación del artículo 36 del Decreto Ley Nº 3551, de 1980 y la asignación del artículo 3º del Decreto Ley Nº 479, de 1974, según corresponda en cada caso:
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Artículo 11.- Concédese al personal de la planta de Directivos del Consejo de Defensa del Estado que se señala, una asignación mensual de alta dirección, imponible para efectos de salud y pensiones, equivalente a los siguientes porcentajes calculados sobre las remuneraciones consideradas para el cálculo de la asignación que otorga el artículo anterior :
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Artículo 12.- Concédese a los personales de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado, una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, no imponible, la que se regulará por las normas que se pasan a expresar:
a) La bonificación corresponderá al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de Directivos, de Profesionales y de Técnicos, separadamente, de mejor desempeño en el año anterior;
b) Para estos efectos, se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los funcionarios, de conformidad con las normas que los rigen en estas materias;
c) En caso de producirse empate en los puntajes de calificación entre varios funcionarios de una misma planta y cuando ello impida determinar el 25% a que se refiere la letra a), dirimirá la Junta Calificadora Central. Un reglamento aprobado por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, determinará los procedimientos y criterios que deberá observar la Junta para estos efectos.
d) La cantidad que se pague por concepto de esta bonificación, corresponderá a los siguientes porcentajes aplicados sobre las remuneraciones consideradas para el cálculo de la asignación a que se refiere el artículo 10, que en cada caso corresponda percibir al respectivo funcionario:
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e) El Presidente del Consejo, los Abogados Consejeros, los miembros de la Junta Calificadora Central y los delegados del personal ante las Juntas Calificadoras tendrán derecho, por concepto de este beneficio, al porcentaje correspondiente a sus respectivos cargos.
Los beneficiarios a que se refiere esta letra no serán considerados para computar el 25% de los funcionarios señalados en la letra a);
f) Para tener derecho al beneficio los funcionarios deberán estar calificados en Lista Nº 1, de Distinción, o en Lista Nº 2, Buena.
g) Los funcionarios con derecho a percibir el beneficio que sean sancionados con alguna de las medidas disciplinarias indicadas en el artículo 116º de la Ley Nº 18.834, serán excluidos del pago de la asignación a contar de la aplicación de la sanción y por el lapso que reste para completar el período anual respectivo.
h) El beneficiario que, por ascenso o por cualquier otro motivo, cambiare de grado con posterioridad al proceso calificatorio, percibirá la asignación en relación con las remuneraciones que estaba percibiendo en el cargo que fue calificado, sin perjuicio de los reajustes legales de remuneraciones que pudieren corresponderle.
i) Los funcionarios beneficiarios de la bonificación, sólo tendrán derecho a percibirla durante los doce meses siguientes al término del respectivo proceso calificatorio;
j) La bonificación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo como resultado de la aplicación mensual de esta bonificación.
k) Para efectos tributarios, se entenderá que la cantidad pagada en cada cuota se ha devengado por partes iguales en cada mes del trimestre calendario respectivo.
Artículo 13.- Las asignaciones establecidas en los artículos 10, 11 y 12, no se incluirán en la base de las remuneraciones a que se refiere el inciso décimo del artículo 12 de la ley Nº 19.041.
Artículo 14.- Créanse en las plantas de personal del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, los siguientes cargos:
a) En la planta de Directivos, un cargo de Jefe de Departamento de Administración General , grado 3º; un cargo de Jefe Subdepartamento de Planificación y Evaluación, grado 4º; tres cargos de Jefe de Unidad , grado 4º; un cargo Jefe de Subdepartamento de Recursos Humanos grado 6º; un cargo de Jefe del Subdepartamento de Informática , grado 6º, y un cargo de Jefe Subdepartamento de Contabilidad y Presupuestos, grado 6º.
b) En la planta de Profesionales, cuatro cargos grado 7º.
Artículo 15.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda:
a) Derógase el inciso 2º del artículo 19.
b) En el artículo 37, sustitúyense las denominaciones y grados de los cargos de la Planta Directiva que se señalan, en la forma que se indica:
1. Jefe de Sección de Presupuesto , grado 7º E.U.S., por Jefe de Sección , grado 7º E.U.S.
2. Jefe de Subdepartamento de Personal , Bienestar y Administrativo, grado 6º E.U.S. por Jefe Subdepartamento Administrativo , grado 6º E.U.S.
3. Un cargo de Jefe de Oficina grado 9º E.U.S., por Jefe de Oficina de Partes , Archivo General e Informaciones, grado 8º E.U.S.
4. Jefe de Subdepartamento Procuraduría Corte Suprema y Tribunales Superiores de la Procuraduría Fiscal de Santiago, grado 6º E.U.S., por Jefe Procuraduría Corte Suprema y Tribunales Superiores, grado 5º E.U.S.
c) Suprímese en el inciso segundo del artículo 11 la expresión “y será el Jefe del Personal ”.
Artículo 16.- Las promociones en los cargos de las plantas de Profesionales; de los cuatro niveles superiores de la planta de Administrativos, y de los dos niveles superiores de la planta de Auxiliares del Consejo de Defensa del Estado , se efectuarán por concurso de oposición interno, limitado a los funcionarios de planta que cumplan con los requisitos correspondientes y se encuentren calificados en Lista Nº 1, de Distinción, o en Lista Nº 2, Buena.
El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo concurso, procediéndose en este caso a proveer los cargos mediante concurso público.
Los postulantes a un concurso tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República en los términos del artículo 154 de la ley Nº 18.834.
Los concursos se regularán, en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II de la ley Nº 18.834.
Artículo 17.- Declárase, para el solo efecto del artículo 7º de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que los cargos Directivos grado 4º de la planta del artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, se considerarán equivalentes a los de Jefe de Departamento .
Artículo 18.- Establécese para los cargos de la planta del Consejo de Defensa del Estado que se indican, los siguientes requisitos de ingreso y promoción:
a) Cargos directivos de Jefe Departamento de Administración General , grado 3º E.U.S. y Jefe Subdepartamento de Planificación y Evaluación, grado 4º E.U.S., deberán acreditar título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste y experiencia de cinco años en funciones propias del cargo.
b) Cargos directivos de Jefe Subdepartamento Administrativo , Jefe Subdepartamento de Contabilidad y Presupuesto, Jefe Subdepartamento de Informática , Jefe Subdepartamento de Recursos Humanos , todos grados 6º E.U.S., y Jefes de Sección grados 7º E.U.S., deberán acreditar título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste y experiencia de dos años en funciones propias del cargo.
c) Cargo directivo de Jefe Oficina de Partes , Archivo General e Informaciones, grado 8º E.U.S. requerirá los mismos requisitos establecidos para los cargos de Jefe de Oficina grado 9º E.U.S. en el DFL Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda.
TÍTULO III
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
Artículo 19.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la planta de personal de la Dirección de Presupuestos, adecuada por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1990:
a) Créanse en la Planta de Directivos de la Subdirección de Presupuestos, ocho cargos de Jefes de Subdepartamento grado 4.
b) Créanse en la Planta de Directivos de la Subdirección de Racionalización y Función Pública, cuatro cargos de Jefe de Subdepartamento grado 4.
Artículo 20.- Auméntanse en un grado los correspondientes a los cargos de las plantas y empleos a contrata de Profesionales, de Administrativos y de Auxiliares de las Subdirecciones de Presupuestos y de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11 de la ley Nº 19.041:
a) Reemplázase el párrafo “Directivos” por el siguiente:
“Directivos: Grados 1B, 2, 3, 4 y 5 de la escala de sueldos del decreto ley Nº 249, de 1974, 63% de la asignación de fiscalización correspondiente a los grados 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. No obstante, para los cargos Directivos grados 8, 11, 12 y 13 de la misma escala, los montos a percibir por esta asignación serán, respectivamente, de $ 186.056, $ 152.104, $ 135.092 y $ 125.823.”.
b) Reemplázase el párrafo “Profesionales” por el siguiente:
“Profesionales: Grados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la escala de sueldos del decreto ley Nº 249, de 1974, 52% de la asignación de fiscalización correspondiente a los grados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente.”.
c) Reemplázanse los párrafos “Administrativos” y “Auxiliares”, por el siguiente inciso:
“La Asignación para los cargos de Administrativos será respecto de los grados 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la escala de sueldos del decreto ley Nº 249, de 1974, de $ 132.012, $ 62.706, $ 101.577, $ 81.305, $ 60.467, $ 52.324, $ 43.831, $ 41.913, $ 24.545, $ 35.204, $ 25.708, $ 15.503 y $ 21.116, respectivamente. Para los cargos de Auxiliares, dicha asignación será respecto de los grados 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la misma escala, de $ 41.913, $ 35.725, $ 35.204, $ 25.708, $ 24.865, $ 21.116, $ 23.750 y $ 20.774, respectivamente.”.
Artículo 22.- Las promociones en los cargos de carrera de la Planta de Directivos y de los tres grados superiores de las restantes plantas de la Dirección de Presupuestos, se efectuarán por concursos de oposición interno a los que podrán postular los funcionarios de planta y los empleados a contrata que se hayan desempeñado en este Servicio por un lapso no inferior a cuatro años, que cumplan con los requisitos correspondientes y se encuentren calificados en Lista 1, de Distinción o en Lista 2, Buena, rigiéndose en lo demás por las disposiciones del artículo 10 de la ley Nº 19.479.
Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Hacienda, establecerá las normas que regularán estos concursos, en los que deberá tenerse en consideración las exigencias técnicas, de competencia, idoneidad y pertinencia necesarias para el desempeño de los cargos a los que se concursa.
Artículo 23.- Agréganse los siguientes números 22, 23, 24 y 25, nuevos, al artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija las disposiciones por las que se regirá la Dirección de Presupuestos:
“22.- Generar, difundir y proporcionar al honorable Congreso Nacional y a la ciudadanía en general, información periódica sobre las finanzas públicas del país, así como aquella requerida por organismos internacionales en virtud de acuerdos suscritos sobre estas materias.
23. Requerir, sistematizar y procesar, en la formulación del presupuesto anual, información acerca de los objetivos e indicadores de gestión, así como de evaluación de programas gubernamentales de los organismos y servicios regidos por el Título II de la ley Nº 18.575, promoviendo una mejor utilización de los recursos del Estado.
24. Orientar y supervisar la confección de balances anuales de la gestión operativa y económica y del cumplimiento de objetivos y metas, a que se hubieren obligado o que se les fijaren a los organismos y servicios referidos en el número anterior.
25. Realizar los estudios e investigaciones que considere necesarios para una mejor asignación y utilización de los recursos financieros del Estado, sean de ámbito nacional, regional o sectorial.”.
TÍTULO IV
FUERZAS ARMADAS
Artículo 24.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la fecha de publicación de esta ley, un decreto con fuerza de ley que modifique el Capítulo VI del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, establecido en el D.F.L. (G) Nº 1, de 1997.
La facultad que se otorga en virtud de la presente ley comprenderá la de crear, modificar, suprimir, refundir asignaciones, bonificaciones y gratificaciones a que tiene derecho el personal de las Fuerzas Armadas afecto a este Estatuto.
Las diferencias que se produzcan en las remuneraciones del personal como consecuencia de las modificaciones que se establecerán en el decreto con fuerza de ley que se dicte en ejercicio de la facultad a que se refieren los incisos precedentes, se pagarán a contar del 1 de enero de 1999.
TÍTULO V
RACIONALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE INSTITUCIONES
Artículo 25.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto Nº 404, de 29 de mayo de 1978, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 353, de 1960 :
I. A su artículo 1º:
A) Suprímense sus actuales incisos quinto, octavo, noveno y final.
B) Intercálanse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:
“A las entidades mencionadas en el artículo 18 de la ley Nº 18.575, con exclusión de las que señala el inciso segundo de dicha norma, corresponderá efectuar la enajenación de los bienes muebles utilizables y de los vehículos motorizados de transporte de pasajeros y de carga que se desee excluir de ellas, por licitación, pública subasta o venta privada, según lo que dispongan los reglamentos respectivos.
Corresponderá al Ministerio de Bienes Nacionales la enajenación de los bienes muebles que adquiera el Fisco por herencia, de acuerdo con el artículo 995 del Código Civil; y de las especies no incluidas entre las que menciona el artículo 132 del Código Penal, provenientes de procesos judiciales afinados.”.
II. A su artículo 12.- Suprímese su letra d), pasando las letras e), f), g), h), i), j), k), l) y m) a ser letras d), e), f), g), h), i), j), k) y l), respectivamente.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1º.- La presente ley regirá a contar del 1 de enero de 1999.
Las normas del artículo 12 entrarán a regir a contar del 1 de enero de 1999, sobre la base de los resultados del proceso calificatorio correspondiente al año 1998.
No obstante lo establecido en los incisos precedentes, los artículos 1º, 6º, 14, 16, 17, 18, 19, 22 y 25, regirán a contar del día 1 del mes siguiente al de la publicación de la presente ley.
Artículo 2º.- Durante los años 1999 y 2000, la asignación especial, cuyos porcentajes por grado y escalafón se señalan en el artículo 4º de esta ley, se multiplicarán por los guarismos 0,6 y 0,8 respectivamente, para cada uno de esos grados. Dichos guarismos deberán aplicarse por separado tanto a la parte fija como a la parte variable, para así conformar el monto total de la asignación en estos dos años.
Del mismo modo, se aplicará los años 1999 y 2000 la asignación establecida en el artículo 7º de esta ley, una vez que se hallare tomada de razón por la Contraloría General de la República, la resolución en que el Director del Servicio de Impuestos Internos fija los porcentajes de esta asignación.
Artículo 3º.- Con arreglo al procedimiento de cálculo establecido en las letras a), b) y c) del artículo 3º de esta ley, el porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de la evasión a aplicar el año 1999 a la asignación especial de estímulo en su parte variable, será determinado de la siguiente forma:
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es menor que 0,17%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 0%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual a 0,17% y menor que 0,29%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 25%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual que 0,29% y menor que 0,40%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 50%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual a 0,40% y menor que 0,52%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 75%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual que 0,52%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 100%.-
Artículo 4º.- Con arreglo al procedimiento de cálculo establecido en las letras a), b) y c) del artículo 3º de esta ley, el porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de la evasión a aplicar el año 2000 a la asignación especial de estímulo en su parte variable, será determinado de la siguiente forma:
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es menor que 0,60%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 0%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual a 0,60% y menor que 0,97%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 25%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual que 0,97% y menor que 1,35%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 50%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual a 1,35% y menor que 1,72%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 75%.-
-Si el Crecimiento Porcentual de la Recaudación Efectiva es mayor o igual que 1,72%, el porcentaje a aplicar a la asignación variable será 100%.-
Artículo 5º.- El Director del Servicio de Impuestos Internos podrá eximir del requisito de promoción exigido a los funcionarios de la planta de Auxiliares, que a la fecha de vigencia de esta ley se encuentren ubicados en dicha planta, para efectos del reencasillamiento que se produzca en virtud del numeral 2.- del artículo 6º de esta ley.
Artículo 6º.- Durante el año 1999, los funcionarios de los cargos que se señalan percibirán la asignación de defensa judicial estatal a que se refiere el artículo 10º en los porcentajes que se indican:
PLANTA/CARGOS GRADOS PORCENTAJE
IMAGEN 05
Del mismo modo, en dicho período, la asignación de alta dirección establecida en el artículo 11, se pagará rebajada en el 50% de los montos que corresponda percibir al respectivo funcionario.
Artículo 7º.- Los requisitos establecidos en la letra b) del artículo 18 para los cargos directivos de Jefes de Sección grado 7º E.U.S., no serán exigibles a los funcionarios que actualmente ocupan dichos cargos.
Artículo 8º.- El Presidente del Consejo de Defensa del Estado encasillará, en el plazo de 60 días a contar de la publicación de esta ley, mediante la resolución correspondiente, a los funcionarios de grados 5º EUS e inferiores de la planta de Directivos, y a los personales de las demás plantas. El encasillamiento podrá efectuarse en un grado superior o inferior al que estuviere ocupando el funcionario, y en cualquiera de las plantas referidas en el artículo 37 del D.F.L. Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda. Los funcionarios deberán reunir los requisitos exigidos para ocupar el cargo en que sean encasillados.
El encasillamiento no podrá significar disminución de las remuneraciones que, al 31 de diciembre de 1998, estuviere percibiendo el personal. Toda diferencia será pagada por planilla suplementaria, la que será reajustable e imponible en la misma forma en que lo sean las remuneraciones que compensa, y se absorberá por los incrementos que los funcionarios experimenten en sus remuneraciones permanentes, excepto los derivados de los reajustes generales de remuneraciones del sector público.
El encasillamiento regirá a contar del día 1 del mes siguiente al de la publicación de la presente ley, y no se considerará ascenso para los efectos previstos en el artículo 6º del decreto ley 249, de 1974, y el personal conservará, en consecuencia, el número de bienios que estuviere percibiendo, como asimismo, mantendrá el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
Podrá excluirse del encasillamiento un número de funcionarios que no exceda el 10% del total de cargos de la planta del Consejo de Defensa del Estado.
Los funcionarios no encasillados se sujetarán a las siguientes normas:
a) No tendrán derecho a los beneficios establecidos por esta ley.
b) Tendrán derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834.
c) Se entenderán cesados en sus cargos, para todos los efectos legales, a partir de la fecha de total tramitación de la resolución a que se refiere el inciso primero del presente artículo.
Los cargos que quedaren vacantes luego del encasillamiento, serán provistos directamente por concurso público de oposición y antecedentes, no rigiendo a este respecto las normas sobre ascensos. Estos concursos deberán realizarse dentro del plazo de sesenta días contado desde la fecha de vigencia del encasillamiento.
La aplicación del artículo 16 de la presente ley, regirá una vez efectuado el encasillamiento y concurso público a que se refieren los incisos precedentes.
Artículo 9º.- La primera provisión de los cargos creados por el artículo 19, se efectuará dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley, mediante concursos internos a los que podrán postular el personal de planta y a contrata de la Dirección de Presupuestos que cumpla con los requisitos correspondientes. Estos concursos se regularán por las normas establecidas en el Párrafo 1º del Título II de la ley Nº 18.834, en lo que sea pertinente. Si el funcionario seleccionado detentaba un cargo en calidad de titular, éste se suprimirá por el solo ministerio de la ley.
No obstante lo indicado en el inciso anterior y en el artículo 1º transitorio, un Jefe de Sector grado 5, que a la fecha de publicación de esta ley desempeñe labores de carácter directivo en el área de Infraestructura de la Subdirección de Presupuestos, será encasillado como Jefe de Subdepartamento grado 4, a contar del 1 de enero de 1999. El Director de Presupuestos deberá dejar expresa constancia de la situación antes descrita en la respectiva resolución de encasillamiento.
De no proveerse algún cargo conforme a los procedimientos indicados en los incisos anteriores, la creación del mismo quedará sin efecto.
Artículo 10.- Las modificaciones de grado y denominaciones dispuestas en la letra b) del artículo 15 y las modificaciones de grados establecidas en el artículo 20, operarán por el solo ministerio de la ley, sin perjuicio que mediante resolución del Presidente del Consejo de Defensa del Estado o del Director de Presupuestos , según sea el caso, se deje constancia de los nuevos grados que correspondan a los cargos de los funcionarios.
Artículo 11.- Los cambios de grado producto de la aplicación de los artículos 9º inciso segundo y 10 transitorios, no serán considerados, en caso alguno, como causales de cesación de funciones, de supresión o fusión de cargos, ni en general, de término de la relación laboral para ningún efecto legal. Tampoco constituirán ascensos para los efectos previstos en el artículo 6º del decreto ley Nº 249, de 1974, y el personal conservará, en consecuencia, el número de bienios que estuviere percibiendo, como asimismo, mantendrá el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.
Artículo 12.- Fíjase la dotación máxima de personal, para el año 1999, de la Dirección de Presupuestos en 170 cargos.
Artículo 13.- Los montos provenientes de la asignación de modernización en su componente base e incremento por desempeño institucional establecidos en las letras a) y b) del artículo 3º de la ley Nº 19.553, que se hayan cancelado a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a partir del 1 de enero de 1.999, deberán ser imputados al monto de la asignación especial de estímulo establecida en el artículo 2º de esta ley.
Artículo 14.- Las asignaciones de los artículos 10,11 y 12 de esta ley serán incompatibles, a contar del 1 de enero de 1999, con la asignación de modernización, en los términos establecidos en los artículos 1º, 3º, 5º, 6º y 7º y la bonificación del artículo 8º de la ley Nº 19.553, que legalmente pudieren corresponder al personal de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado.
No obstante lo indicado en el inciso anterior, los montos que percibiere el personal de planta y a contrata del Consejo de Defensa del Estado por concepto de dichos beneficios, a contar del 1 de enero de 1999, se imputarán a los incrementos de renta que resulten de la aplicación de los artículos 10, 11 y 12 de esta ley.
Artículo 15.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley para el presente año, será financiado con los recursos contemplados en los presupuestos del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos o de las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, según corresponda.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministro de Hacienda , con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto del Sector Público para el año 1999, suplementará los referidos presupuestos en la parte de dicho gasto que los servicios señalados no pudieren financiar con sus recursos.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ; JOSÉ FLORENCIO GUZMÁN CORREA , Ministro de Defensa Nacional ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE BENEFICIOS ECONÓMICOS
AL PERSONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS,
DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO,
DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y DE LAS FUERZAS ARMADAS,
Y DISPONE DE OTRAS NORMAS SOBRE RACIONALIZACIÓN
DEL SECTOR HACIENDA
Mensaje Nº 182-339
A) Servicio de Impuestos Internos.
El artículo 2º del proyecto de ley establece una asignación especial por desempeño en el cumplimiento de metas de reducción de la evasión tributaria para el personal de Planta y a Contrata del Servicio de Impuestos Internos.
El costo que representa la aplicación de este beneficio respecto del componente parte fija es de $ 2.148 millones para el año 1999; de 2.864 millones para el año 2000; y de $ 3.580 millones, en régimen, a partir del año 2001.
Respecto del componente parte variable de este artículo, el máximo de éste para el año 1999 sería de $ 1.893 millones; para el año 2000, de $ 2.524 millones y para el año 2001 de $ 3.155 millones.
El artículo 6º modifica las plantas de Administrativos y Auxiliares del Servicio de Impuestos Internos.
El costo que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 (6 meses) es de $ 296 millones, y en régimen, a partir del año 2000, es de $ 593 millones.
El artículo 7º establece una asignación de supervisión para los cargos de jefatura del Servicio de Impuestos Internos pertenecientes a la Planta de Directivos y a las Plantas de Profesionales y de Fiscalizadores.
El costo máximo que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 es de $ 389 millones; de $ 519 millones para el año 2000; y de $ 649 millones, en régimen, a partir del año 2001.
Respecto del Servicio de Impuestos Internos, el costo total máximo, en régimen, para el año 1999 alcanzaría a $ 4.726 millones. No obstante, el gasto adicional incluido en dicha cifra, es sólo de $ 3.562 millones, por cuanto se imputan $ 1.164 millones con cargo a recursos ya asignados como consecuencia de la aplicación de la ley Nº 19.553.
B) Consejo de Defensa del Estado.
El artículo 10 establece una asignación imponible de defensa judicial estatal para el personal de Planta y a Contrata del Consejo de Defensa del Estado.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 es de $ 1.444 millones; y un costo, en régimen, a partir del año 2000, de $ 1.734 millones.
El artículo 11 establece una asignación imponible de alta dirección para el Presidente del Consejo , Abogados Consejeros y Directivos grados 2º y 3º de la EUS, de la Planta Directiva del Consejo de Defensa del Estado .
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 es de $ 25 millones; y el costo, en régimen, a partir del año 2000, de $ 51 millones.
El artículo 12 establece una bonificación de estímulo por desempeño funcionario para el personal de planta y a contrata de Directivos, de Profesionales y de Técnicos del Consejo de Defensa del Estado.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 y en régimen, es de $ 129 millones.
El artículo 14 crea cargos en la Planta de Directivos y en la Planta de Profesionales del Consejo de Defensa del Estado.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 y en régimen, es de $ 10 millones.
El artículo 15 introduce modificaciones al DFL Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, consistente en la sustitución de denominaciones y grados de cargos de la Planta Directiva del Consejo de Defensa del Estado.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 y en régimen, es de $ 2 millones.
C) Dirección de Presupuestos.
El artículo 19 introduce modificaciones a la Planta del Personal de la Dirección de Presupuestos consistente en la creación de 12 cargos de jefes de Subdepartamento grado 4.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 y en régimen, es de $ 117 millones.
El artículo 20 aumenta un grado los cargos de las plantas y empleos a contrata de Profesionales, Administrativos y Auxiliares de la Dirección de Presupuestos.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 y en régimen, es de $ 16 millones.
El artículo 21 introduce modificaciones al artículo 11 de la ley Nº 19.041, consistente en incrementar la asignación de nivelación que le corresponde recibir al personal de la Dirección de Presupuestos.
El costo fiscal que representa la aplicación de este beneficio para el año 1999 y en régimen, es de $ 409 millones.
D) Fuerzas Armadas.
El artículo 24 faculta al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la fecha de publicación de la ley, un DFL que modifique el capítulo VI del estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, establecido en el DFL (G) Nº 1, de 1997.
El costo fiscal máximo que representa el ejercicio de la facultad más arriba indicada es de $ 9.387 millones.
E) Artículos transitorios.
El artículo 8º transitorio faculta al Presidente del Consejo de Defensa del Estado , para que en el plazo de 60 días contado desde la publicación de la presente ley, encasille a los funcionarios de grados 5º EUS e inferiores de la Planta de Directivos, y a los personales de las demás plantas.
El personal no encasillado tendrá derecho a la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, según lo dispone la letra b) del artículo 8º transitorio del presente proyecto de ley.
El costo fiscal que representa la aplicación de este artículo para el año 1999 y en régimen, es de $ 139 millones.
El artículo 12 transitorio incrementa en 7 cargos la dotación máxima de personal de la Dirección de Presupuestos para el año 1999.
El costo de tres de estos cargos está considerado en la aplicación del artículo 21 del presente proyecto de ley, y los cuatro restantes tienen un costo fiscal para el año 1999 (6 meses) de $ 31 millones.
F) Resumen.
El costo total máximo que representa la aplicación del presente proyecto de ley es de $ 15.271 millones para el año 1999; de $ 18.355 millones para el año 2000; y en régimen, a partir del año 2001, de $ 19.832 millones.
(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos ”.
2. Moción de la Diputada señora Lily Pérez .Prohíbe la exigencia de determinadas marcas en las listas de útiles escolares. (boletín Nº 2297-04).
1º La educación constituye una preocupación de primer orden para miles de familias.
2º Además de las insuficiencias estructurales y discriminatorias globales del sistema educacional, diversos aspectos contribuyen a dificultar a los padres brindar una mejor educación a sus hijos.
3º Es deber del Estado garantizar y desarrollar el derecho a la Educación.
4º Este derecho, por múltiples razones, se ve desmejorado; o abiertamente conculcado, por acciones y conductas que no permiten a los padres escoger las alternativas más convenientes de ahorro en la adquisición de los elementos necesarios para la educación de sus hijos.
5º En el proceso educativo son altísimos los costos que para la familia constituyen además de las matrículas y colegiaturas, la adquisición de uniformes y útiles escolares exigidos por algunos establecimientos educacionales en forma obligatoria.
6º La discrecionalidad observada en la exigencia de implementos escolares en algunos establecimientos educacionales hacen a sus alumnos, se explica porque mediante campañas se cambian listas escolares por premios o beneficios directos o indirectos a profesores, colegios o entidades de beneficencia.
7º En algunos casos se solicita al profesor que exija una marca condicionada a un beneficio social y no en base a las cualidades del producto que el educador requiere para su pedagogía.
8º Algunas empresas pretenden con estos procedimientos monopolizar la venta de listados de útiles escolares.
9º El Ministro de Educación atiende permanentemente reclamos hechos por los padres y apoderados relacionados con la situación, no impartiendo ninguna instrucción o reglamentación que impida este abuso.
Se propone a la honorable Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcese el siguiente inciso a la letra e) del artículo 6º, del DFL Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 2, de 1996, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales.
“Tampoco podrán imponerse condiciones, exigencias o características especiales a los útiles escolares que, para fines académicos, soliciten a los alumnos los respectivos establecimientos educacionales.
Un reglamento regulará la forma y características que deberán contener las listas de útiles necesarios para cada nivel escolar”.