Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL DELITO DE VIOLACIÓN. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ignacio Perez Walker
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Francisco Bartolucci Johnston
- Maria Pia Guzman Mena
- Laura Soto Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL DELITO DE VIOLACIÓN. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ADELANTO DE REAJUSTE DE PENSIONES. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Longueira Montes
- Julio Dittborn Cordua
- Carlos Recondo Lavanderos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Juan Antonio Coloma Correa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADELANTO DE REAJUSTE DE SUELDOS A CARABINEROS DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Longueira Montes
- Julio Dittborn Cordua
- Carlos Recondo Lavanderos
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Dario Paya Mira
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Pablo Galilea Carrillo
- Juan Antonio Coloma Correa
- Alfonso Vargas Lyng
- Rosauro Martinez Labbe
- Marina Prochelle Aguilar
- Claudio Alvarado Andrade
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Luis Monge Sanchez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Dario Molina Sanhueza
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Masferrer Pellizzari
- Eduardo Diaz Del Rio
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jorge Soria Macchiavello
- Baldo Prokurica Prokurica
- Cristian Antonio Leay Moran
- Ivan Moreira Barros
- Patricio Melero Abaroa
- Victor Perez Varela
- Sergio Correa De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN A REGLAMENTO DE PESCA DEPORTIVA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rafael Arratia Valdebenito
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Eliana Caraball Martinez
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Roberto Delmastro Naso
- Ignacio Perez Walker
- Luis Pareto Gonzalez
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Patricio Walker Prieto
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Salvador Urrutia Cardenas
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Eduardo Diaz Del Rio
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Juan Pablo Letelier Morel
- Rosauro Martinez Labbe
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Joaquin Palma Irarrazaval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADELANTO DE REAJUSTE DE PENSIONES. (Continuación).
- VIII. INCIDENTES
-
INFORMACIÓN SOBRE COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES POR LA FUERZA AÉREA DE CHILE. Oficio.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Antonio Leal Labrin
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TELEFÓNICO. Oficio.
- CONTAMINACIÓN DEL LAGO LANALHUE POR ACCIDENTE DE CAMIÓN DE TRANSPORTE PETROLERO. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LOS ÁNGELES. Oficio.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- Manuel Rojas Molina
- Victor Perez Varela
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ADHESION
- TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO DESDE CALETONES. Oficios.
- MANTENCIÓN DE SÉPTIMA REGIÓN EN PLAN PILOTO DE AMPLIACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Oficios.
- AUMENTO DE CUPOS DE SUBSIDIOS PARA PROVINCIAS DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- AUMENTO DE TURNOS DE PROFESIONALES EN SERVICIOS DEL INSTITUTO MÉDICO LEGAL. Oficios.
- ADHESION
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Rafael Arratia Valdebenito
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Lorenzini Basso
- Miguel Hernandez Saffirio
- ADHESION
- AMNISTÍA A INFRACTORES DE LA LEY Nº 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Rafael Arratia Valdebenito
- Antonella Sciaraffia Estrada
- ADHESION
- OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO PARA PISAGUA. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO DESDE CALETONES. Oficio.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Carlos Caminondo Saez
- Antonio Leal Labrin
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Manuel Rojas Molina
- Victor Perez Varela
- ADHESION
- INDEMNIZACIÓN ADEUDADA POR EXPROPIACIONES EN EL CAMINO DE COMUNA PADRE LAS CASAS. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE RED VIAL DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- SERVICIO LOCAL MEDIDO EN NUEVAS INSTALACIONES TELEFÓNICAS. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FRENTE A DELITOS TRIBUTARIOS DE INVERSIONES BILBAO. Oficio.
- PUBLICACIÓN DE CARTA DE EX PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA. Oficios.
- MAYORES RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL HOSPITAL BASE DE COIHAIQUE. Oficios.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Antonio Leal Labrin
- ADHESION
- APOYO A RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE EMPRESA METRÓPOLIS INTERCOM.
-
INFORMACIÓN SOBRE COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES POR LA FUERZA AÉREA DE CHILE. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Gutenberg Martinez Ocamica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 8ª, en martes 16 de junio de 1998
(Ordinaria, de 11.11 a 15.58 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
JUSTICIA MILITARÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Acuerdos de Comités 9
VI. Orden del Día.
Modificaciones a la legislación relativa al delito de violación. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión mixta 9
VII. Proyectos de acuerdo.
- Adelanto de reajuste de pensiones. (Continuación) 53
- Adelanto de reajuste de sueldos a Carabineros de Chile 53
- Modificación a reglamento de pesca deportiva 56
VIII. Incidentes.
- Información sobre compra de pasajes nacionales e internacionales por la Fuerza Aérea de Chile. Oficio 59
- Antecedentes sobre cumplimiento del reglamento telefónico. Oficio 60
- Contaminación del lago Lanalhue por accidente de camión de transporte petrolero. Oficios 60
- Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas en Los Ángeles. Oficio 61
- Transporte de ácido sulfúrico desde Caletones. Oficios 62
- Mantención de Séptima Región en plan piloto de aplicación de la reforma procesal penal. Oficios 63
- Aumento de cupos de subsidios para provincias de la Séptima Región. Oficio 64
- Aumento de turnos de profesionales en servicios del Instituto Médico Legal. Oficios 64
- Amnistía a infractores de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios. Oficios 65
- Obras de mejoramiento urbano para Pisagua. Oficio 66
- Construcción de carretera para transporte de ácido sulfúrico desde Caletones. Oficio 67
- Indemnización adeudada por expropiaciones en el camino de comuna Padre Las Casas. Oficios 67
Pág.
- Construcción y rectificación de red vial de la Décima Región. Oficio 69
- Servicio local medido en nuevas instalaciones telefónicas 70
- Antecedentes sobre actuación del Servicio de Impuestos Internos frente a delitos tributarios de Inversiones Bilbao. Oficio 71
- Publicación de carta de ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Oficios 72
- Mayores recursos financieros y materiales para el hospital base de Coihaique. Oficios 73
- Apoyo a recurso de protección en contra de empresa Metrópolis Intercom 75
IX. Documentos de la Cuenta
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas. (boletín N° 2175-01) 77
- Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos:
2. Modifica el artículo 46 del Código de Justicia Militar. (boletín N° 85-07) 77
3. Modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad. (boletín N° 1760-13) 78
4. Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.862, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para introducir el estudio de la ley de tránsito en los programas de educación. (boletín N° 1807-04) 79
5. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Alceste Pier Giovanni. (boletín N° 2040-17) 82
6. Moción de la Diputada señora Muñoz, doña Adriana, y del Diputado señor Martínez, don Gutenberg, que modifica el artículo 15 del Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados. (boletín N° 2187-16) 85
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio del Interior
-Del Diputado señor Molina, recepción de obra Villa Choapa, comuna Illapel.
-De los Diputados señores Vargas e Ibáñez, límite intercomunal Concón-Quintero.
Ministerio de Hacienda
-Del Diputado señor Paya, adquisición boeing 737-522 para la Fuerza Aérea.
Ministerio de Educación
-De la Diputada señora Lily Pérez, costos de útiles escolares.
-De los Diputados señores José García, Vargas, Osvaldo Palma, Correa, Ibáñez y Diputada señora Pérez, doña Lily, remuneraciones para el personal no docente de los establecimientos educacionales.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del Diputado señor Kuschel, cierre de la caleta San Agustín, comuna de Calbuco.
-Del Diputado señor Seguel, sanciones a personal de Carabineros.
-De la Diputada señora Lily Pérez, retén Los Jardines, comuna La Florida.
-Del Diputado señor Huenchumilla, vigilancia policial en sector de comuna de Temuco.
-De la Corporación, plan modernización de Carabineros.
Ministerio de Obras Públicas
-Del Diputado señor Kuschel, construcción y mejoramiento caminos provincia de Llanquihue.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-Del Diputado señor Kuschel, distribución regional de fondos y recursos de destino personal.
Ministerio de Salud
-Del Diputado señor Navarro, análisis tóxicos empresa Promel; controles a operadores de instrumentos radioactivos.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del Diputado señor Montes, gestión presupuestaria de este Ministerio.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del Diputado señor Soria, problemas surgidos a empresarios chilenos que operan por el paso de Jama.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Del Diputado señor Encina, resultados concursos Fosis.
Intendencia Región Los Lagos
-Del Diputado señor Kuschel, construcción de gimnasio en islas de la X Región.
Municipalidad de Combarbalá
-De la Diputada señora Muñoz, doña Adriana, catastro de organizaciones comunitarias.
Municipalidad de Temuco
-Del Diputado señor José García, situación que afecta a la Fundación Tierra y Esperanza.
Municipalidad de Tomé
-Del Diputado señor Navarro, número de bibliotecas públicas en esa comuna.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (105)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Jaime Naranjo
-Asistieron, además, la Ministra de Justicia , señora Soledad Alvear; el Ministro Secretario General de Gobierno , señor José Joaquín Brunner, y el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Juan Villarzú.
-Concurrió, también, el Senador señor Jorge Pizarro y el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Claudio Troncoso.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Martínez, don Gutenberg, adoptaron los siguientes acuerdos:
1º Tratar y despachar, en el Orden del Día de la presente sesión, las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.
2º Incorporar a la tabla de la presente sesión el proyecto que concede por gracia la nacionalidad chilena al sacerdote Alceste Piergiovanni.
3º Conformar la tabla de la sesión de mañana con los siguientes proyectos:
-El que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad, y
-El que modifica la ley orgánica constitucional de enseñanza, para introducir el estudio de ley de tránsito en los programas de educación.
4º Conceder 10 minutos al honorable Diputado señor Felipe Valenzuela, presidente del grupo binacional, al término del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles, para rendir homenaje al Estado de Israel por cumplirse 50 años desde su fundación.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL DELITO DE VIOLACIÓN. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión mixta.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sobre las modificaciones introducidas en el Senado, boletín Nº 1048-07, sesión 1ª, en 2 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Ministra de Justicia , señora Soledad Alvear, solicita la autorización de la Sala para que pueda ingresar a la misma el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Claudio Troncoso.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan) .-
Señor Presidente , de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento, la Comisión se ha pronunciado sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, que fluye del análisis comparativo con el proyecto aprobado por esta Cámara. Además, tal como se le solicitó, propone una recomendación sobre la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas.
La Comisión contó con la asistencia y la colaboración permanente de don Claudio Troncoso, asesor del Ministerio de Justicia. A la vez, tuvo a la vista un extenso y detallado informe del Instituto de la Mujer, en el que se analiza cada una de las modificaciones propuestas por el Senado.
Por otra parte, la iniciativa no contiene disposiciones de quórum calificado, ya que la Comisión estuvo de acuerdo con el Senado en la eliminación de un nuevo inciso que se agregaba al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales que otorgaba competencia, en materia de divorcio, a los jueces del crimen, lo que implicaría una grave distorsión de sus atribuciones, y recomienda no aprobar los nuevos artículos 142 C y 372 bis, modificatorios del Código Penal, en los cuales se establece la pena de muerte por parte del Senado, e, igualmente, el nuevo inciso segundo del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, sobre reserva de identidad.
Líneas generales de la propuesta.
Como se recordará, el proyecto que esta Cámara aprobó en lo fundamental, implica una modificación de los delitos contra la libertad ambulatoria y la libertad sexual; respecto de estos últimos, con especial atención en los aspectos procesales, materias todas que estaban muy deficientemente reguladas en el Código Penal. Sin embargo, el Senado le introdujo grandes modificaciones, cambiando en gran medida la sistematización y el contenido de las disposiciones aprobadas por esta Cámara.
Si bien en muchas ocasiones la Comisión recomienda el rechazo de las modificaciones propuestas, ello no significa estar en desacuerdo total, sino ver la necesidad de conjugar aspectos aprobados por esta Cámara con los del Senado.
Análisis particular de las modificaciones más sustanciales.
En primer lugar, delitos contra la libertad ambulatoria.
Se recomienda rechazar las enmiendas del Senado, aunque ellas resultan mejores desde una perspectiva de técnica legislativa, en cuanto se inician con un delito base de secuestro, que se agrava en el caso de la privación de libertad que dure más de tres días o por la imposición de condiciones. Además, se crea un delito calificado de sustracción de menores, que también se agrava por la imposición de condiciones.
Por último, tanto en el caso del secuestro como en el de la sustracción de menores, dentro de una buena técnica legislativa, se establece una atenuante cuando se pusiere término a la privación de libertad sin grave daño para la víctima. Sin embargo, y por eso se recomienda su rechazo, hay problemas en cuanto a las penas, sobre todo en lo que se refiere a la rebaja de edad de 18 a 10 años en la sustracción de menores, porque contraviene la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile, que establece, precisamente, que la edad del niño llega hasta los 18 años.
Por otra parte, se recomienda el rechazo del artículo 142 C, que impone la pena de muerte, pues como señaló la mayoría de la Comisión y siguiendo el criterio de la doctrina y la jurisprudencia, el tipo legal es un principio garantista de carácter formal, con lo cual el Senado está creando un nuevo tipo penal que establece la pena de muerte, lo que contraviene el Pacto Americano de Derechos Humanos de Costa Rica, suscrito y ratificado por Chile, que señala que cualquiera de los países suscribientes no puede crear en el futuro nuevos tipos penales que contemplen la pena de muerte.
Por otra parte, es importante destacar que se recomienda, tal como lo hace el Senado, la supresión de todas las disposiciones sobre el rapto, y la del nuevo artículo 358 aprobado por la Cámara, en razón de que se estima que el bien principal jurídicamente protegido es la libertad ambulatoria; por lo tanto, dicho hecho queda comprendido en las nuevas disposiciones establecidas por el Senado respecto del secuestro, en cuanto el juez podrá estimar como una agravación dentro del marco penal el rapto de una persona ejecutado contra su voluntad y con miras al abuso sexual.
En seguida, consideró los delitos contra la libertad sexual. Como se recordará, el proyecto en análisis hace un cambio radical de sistematización, distinguiéndose entre agresiones sexuales graves, como la violación y el estupro, y menos graves, como los abusos sexuales.
En relación con la violación, se rechazó la propuesta del Senado, en especial porque no se está de acuerdo con la forma de determinar las circunstancias de la violación, pero ello no significa que no se acepten algunas proposiciones, como determinar en forma más precisa los modos del acceso carnal, agregando al acceso vaginal y anal que propone el Senado, el bucal que propone la Comisión, y dejar en una disposición aparte, en el artículo 362, la violación de la persona hasta los doce años, si bien se rechaza la redacción propuesta por el Senado por contener los mismos defectos que tenía aquella para mayores.
No se estima apropiada y se rechaza la disposición del artículo 362 A) propuesta por el Senado, relativa al estupro o violación, pues contiene conceptos indeterminables, como la autodeterminación sexual, y además porque provocaría graves problemas de interpretación de la violación y el estupro.
En cuanto al estupro, se recomienda su rechazo, si bien se estima apropiado legislar el estupro por prevalimiento, tal como lo hace el Senado, pero debería agregarse el estupro por engaño que contemplaba la Cámara, con el objeto de tener un delito global y completo respecto de todas las formas de estupro que se pueden producir en la realidad.
Por su parte, se recomienda rechazar la supresión del nuevo artículo 365, que establece el Senado, en razón de que ello significa volver al texto primitivo del Código Penal antiguo, que sanciona la homosexualidad voluntaria entre mayores, la llamada sodomía simple, por estimarse que, en tal caso, no se afecta la libertad sexual. Por el contrario, sí se afecta con una disposición sancionatoria de la sodomía simple.
En cuanto a los abusos sexuales, si bien se rechazan algunas disposiciones, en particular por razones de palabras o remisiones a artículos rechazados, se aprueba la sistematización general propuesta por el Senado.
El punto más debatido en la Comisión y que seguramente también lo será en la Sala es el relativo al acoso sexual.
La mayoría de la Comisión recomienda aprobar la supresión propuesta por el Senado, pues se estima que, desde una perspectiva jurídico-penal, aquellos hechos relevantes están recogidos en el estupro por prevalimiento y engaño, propuesto por ambas Cámaras; los demás hechos que no tuviesen esa relevancia sólo deberían tener una significación en el derecho laboral, en las causales de terminación del contrato o de indemnización por despido indirecto.
Éstos son los aspectos más fundamentales. Sin embargo, hay una serie de otras modificaciones en relación con el Código Penal.
En primer lugar, en cuanto a las disposiciones procesales establecidas en el referido código, se recomienda el rechazo de las disposiciones propuestas por el Senado, por cuanto se estimó que no favorecen a la víctima de estos delitos, que es precisamente lo que se busca con la reforma. Así, por ejemplo, el hecho de que la prueba se rija por las reglas de la sana crítica y no en la forma tasada en que se hace en la actualidad, lo cual impide la comprobación tanto del hecho punible como de la participación. Del mismo modo, por ejemplo, las reglas especiales de protección a la víctima que, sin fundamento plausible, el Senado propone suprimir.
En cuanto a las normas civiles establecidas en el Código Penal, recomienda aprobar la disposición sobre indemnización y afección a la patria potestad propuesta por el Senado, por estimar que tiene una mejor técnica legislativa que la formulada por la Cámara.
A su vez, el Senado propuso una disposición especial para los casos en que sigue la muerte a la agresión sexual. La mayoría de la Comisión recomienda su rechazo por el solo hecho de contener la pena de muerte, ya que, tal como se señaló anteriormente, contraviene el Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, considera conveniente establecer una disposición al respecto, pues con ello se elimina la posibilidad de responsabilidad objetiva a que llega la legislación actual que afecta todos los principios garantistas, reconocidos en los pactos internacionales y en nuestra propia Constitución, en el artículo 19, Nº 3.
En relación con el incesto, no se acoge la propuesta del Senado, pues se desvirtúa el concepto al ampliarlo a otro tipo de figuras.
Por último, hay una serie de reformas referidas a otros cuerpos legales, en cuanto a otorgar más protección a la víctima. En virtud de ello, se aprueba una proposición del Senado en orden a sustituir el artículo 30 de la ley Nº 18.216, con el objeto de poner más condiciones a los beneficios penitenciarios.
En cuanto a las enmiendas relacionadas con el Código de Procedimiento Penal, en general, la Comisión rechaza las proposiciones del Senado, puesto que las aprobadas por la Cámara son más garantistas respecto de la víctima, en cuanto a ampliar los delitos de acción mixta, a aceptar informes periciales de otros establecimientos hospitalarios y no sólo del Servicio Médico Legal, a las nuevas reglas respecto del careo para evitar una nueva victimización de la persona ofendida, a la supresión de las inhabilidades, justamente, para poder probar el delito cometido.
En cuanto a las reformas de disposiciones del Código Civil, en general, la Comisión determinó aprobar las enmiendas del Senado que suprimen ciertos artículos, por cuanto su contenido ha quedado como sanciones accesorias en el Código Penal, en especial, en lo que se refiere a la patria potestad.
En cuanto a las reformas al Código Orgánico de Tribunales , como se dijo al principio, la Comisión estuvo de acuerdo con el Senado en suprimir el nuevo inciso que se agregaba al artículo 171, que modificaba la competencia, pues el juez del crimen no podría conocer de los juicios sobre divorcio, por no estar éstos incluidos dentro de sus atribuciones generales.
En relación con la ley de matrimonio civil, se recomienda rechazar las proposiciones del Senado, por estimarse que es necesario introducir diversas modificaciones en cuanto a señalar nuevas causales de divorcio o separación, dada la significación que para tales efectos tienen las agresiones sexuales.
En suma -como lo señalamos al principio-, el Senado hizo múltiples enmiendas, la mayoría de las cuales la Comisión recomienda rechazar. Sin embargo, ello no implica que no se acojan muchos de sus criterios, que tienen que ser conjugados con las proposiciones de la Cámara, a fin de lograr una modernización del texto existente y garantizar una más amplia protección del bien jurídico libertad sexual y, sobre todo, de la víctima.
Por eso, destacamos en especial las modificaciones de carácter procesal.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , hemos dividido los temas relacionados con este proyecto que vamos a abordar. No obstante compartir la mayoría de los criterios de la Comisión, haré referencia a tres artículos que sería conveniente que fueran analizados por la Comisión mixta.
En primer lugar, el 141, que se refiere al rapto de fuerza y secuestro. El artículo aprobado por el Senado dice: “El que privare a otro de su libertad, será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados”. Su inciso segundo establece que “La pena será de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, si la privación de libertad se prolongare por más de tres días”.
Al hacer un análisis más profundo del tema, se llega a la conclusión de que tres días de retención temporal pueden resultar excesivos para vencer la resistencia de la persona retenida. En ese sentido, se hizo una proposición que comparto: establecer sólo dos días de retención para los efectos de subir la pena. De manera que el inciso segundo debería decir: “si la privación de libertad se prolongare por más de dos días”. Es una propuesta formulada también por el Instituto de la Mujer, y sería relevante tenerla en cuenta, porque no es lo mismo retener con fuerza, por ejemplo, a un infante de marina, que a una persona de 90 años, caso en el cual tres días es demasiado tiempo.
Otro tema relevante es el relativo a la violación o abuso sexual con homicidio. En el análisis hecho en la Comisión se llegó a la conclusión de que era mejor no considerar como un tipo especial de delito cuando, además de la violación, se cometía homicidio, caso en el cual deberían aplicarse las normas relativas al concurso de delito. Me parece mucho más clarificador y más fácil para los jueces, aplicar una pena cuando el delito está claramente tipificado, sin perjuicio de que la disposición aprobada por el Senado establece la pena de muerte, que es bastante discutible. En todo caso, ése es un tema relacionado con la penalidad.
En ese sentido, existe una responsabilidad objetiva, ya que no se distingue el dolo de la culpa. Es decir, el violador, tenga o no la intención de cometer homicidio, por el sólo hecho de cometerlo, se hace acreedor a la penalidad establecida para el delito. Por eso, sería importante conservar la proposición de la Cámara. La propuesta de la Comisión es rechazar el artículo 372 bis, por lo que creo debería mantenerse la tipificación del delito de violación con homicidio.
Otro tema relevante -aprobado por la Comisión- es el relativo a las medidas cautelares. El Senado propone suprimir la facultad del juez de adoptar algunas medidas cautelares, lo que resulta muy peligroso. La reforma propuesta por el Ministerio apunta, precisamente, a que, frente a un caso de violación o de cualquier delito de carácter sexual, el juez pueda adoptar algunas medidas cautelares durante el transcurso del proceso -por ejemplo, alejar al culpable de la víctima-, de manera que se hagan efectivas antes de dictarse la sentencia. La Comisión propone que este tema sea estudiado por la Comisión mixta, y así debería aprobarlo la Sala.
Otro asunto importante es el del artículo 142, que se refiere a la sustracción de menores.
Es importante señalar que la pena vigente de presidio mayor en sus grados medio a máximo es exageradamente alta y no se condice con la estructura global del Código Penal. La penalidad propuesta para este delito es más acorde con la mencionada estructura -reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo- y, además, llena un vacío legal, por cuanto en la legislación vigente se da el absurdo de que la sustracción de un menor tiene mayor pena que el rapto. Además, la edad establecida para el sujeto pasivo de este delito es de 10 años, y si se produjere entre los 10 y los 18 años, se incurre en abandono de hogar, que tiene una pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados.
Sería conveniente discutir en forma más acabada la relación que existe entre ambos delitos, con el objeto de precisar los límites conceptuales de las figuras penales con los bienes jurídicos que se protegen. Además, el rapto de seducción se desplaza a la inducción de abandono de hogar.
Por esas razones, soy partidaria de aprobar el artículo 142 y de rechazar la proposición de la Comisión, respecto de los artículos 372 bis y 141.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
Señor Presidente , sin duda, estamos discutiendo un proyecto de la mayor importancia -como lo es éste relativo a la violación y delitos sexuales-, que lleva varios años de tramitación en la Cámara y en el Senado, durante la cual ha sido objeto -era de esperar, dada la complejidad del tema- de diversas innovaciones y modificaciones.
En su origen, la iniciativa se relacionaba fundamentalmente con el delito de violación. Con posterioridad, se amplió a los delitos sexuales en general; es decir, a aquellos delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas, que no sólo comprenden la violación, sino que también el estupro, el abuso sexual, etcétera.
Al analizar las modificaciones del Senado, vemos que ha ido incluso más lejos, abarcando delitos como el secuestro y la sustracción de menores, que atentan contra la libertad de las personas, lo que nos ha parecido una innovación muy interesante.
Por eso, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó, por unanimidad, recomendar a la Sala la aprobación de algunos de esos artículos, porque los delitos mencionados requerían una mejor sistematización y tipificación, sin perjuicio de considerar -tal como lo señaló el diputado informante - que debe mantenerse una edad inferior a los 18 años, tanto en atención a los tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño, como porque así está establecido en la actualidad, lo que justifica plenamente mantener la edad de menores de 18 y no de 10 años, como lo propone el Senado.
Pero en este breve lapso de que dispongo quiero concentrarme en lo que, a mi juicio, es lo medular del proyecto que estamos conociendo. Y en relación con esos criterios, debemos aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por el Senado a un proyecto que, por lo que hemos visto, de todos modos irá a Comisión mixta, y es necesario que así ocurra, a fin de clarificar y dilucidar algunas cuestiones que han sido objeto de especial debate tanto en la Cámara como en el Senado.
¿Cuál es, a mi juicio, el sentido verdadero, último y auténtico de este proyecto de ley tan importante? Ni más ni menos que establecer una sanción efectiva para los delitos sexuales -particularmente el de violación-, respecto de los cuales hoy existe verdadera impunidad.
Quiero dar un solo ejemplo, que nos impresionó mucho desde que empezamos a conocer el proyecto en la Cámara. Según un estudio, en Chile se producen alrededor de 22 mil casos de violación al año, de los cuales la inmensa mayoría ni siquiera es denunciada; más del 80 u 85 por ciento de estos delitos ni siquiera llega a conocimiento de los tribunales de justicia, y de los que llegan -aproximadamente, uno de cada seis-, sólo el 1,5 por ciento recibe una sanción. Es decir, lo que como órgano legislativo constatamos en materia de violación y delitos sexuales -puesto en términos positivos, en materia de libertad sexual de las personas-, es que en Chile hoy existe una virtual impunidad.
En segundo lugar -tal vez, lo más importante del proyecto-, más allá de perfeccionar en forma adecuada la tipificación de estos delitos: secuestro, sustracción de menores, violación, estupro, abuso sexual, etcétera, el tema medular, aquello que, a nuestro juicio, incide de manera más importante en esta suerte de impunidad generalizada, es la inutilidad, el carácter absolutamente defectuoso del procedimiento penal aplicado en estos casos.
Me explico. La tendencia natural de la opinión pública y de nosotros mismos como legisladores ante casos de violación -inclu-so, algunos seguidos de muerte- o de otros delitos sexuales, es plantear que se suban las penas, como si fuera la forma más efectiva de sancionarlos. Pues bien, no es ése el sentido del proyecto, ni ha sido el parecer de la Cámara ni del Senado. Hoy estos delitos sexuales tienen penalidades suficientemente altas, y no debemos insistir en buscar allí la solución a esta situación de impunidad. Por ejemplo, en nuestra legislación el delito de violación equivale, en términos prácticos, al de homicidio, y las penalidades pueden ir de 15 a 20 años de presidio. Por lo tanto, ya son suficientemente altas.
¿Cuál es nuestra constatación? Que a pesar de ser muy altas las penas que sancionan delitos como el de violación, en la práctica son absolutamente ineficaces. ¿Por qué? Porque el procedimiento penal impide formular la denuncia -la víctima no se atreve a hacerlo porque la legislación no le da facilidades para ello- y, sobre todo, ata de manos al juez, impidiéndole llevar a cabo una adecuada investigación de estos delitos.
Por eso, aspectos tan importantes como la privacidad o la reserva respecto de la víctima y del denunciante y de la propia tramitación de estos procesos tan delicados, fueron recogidos en el trabajo de la Cámara y del Senado, para que las personas que han sido víctimas o que han tenido conocimiento directo de estos delitos se atrevan a denunciarlos.
En segundo lugar, permitir que los parientes sean testigos hábiles en este tipo de delitos, ya que hoy están impedidos de serlo en virtud de las reglas generales. En Chile, el 70 por ciento de las violaciones o delitos sexuales se cometen dentro del hogar; no obstante, los parientes son testigos inhábiles. Por ello, debe efectuarse la correspondiente modificación a fin de que puedan declarar, porque su testimonio resultará esclarecedor para perseguir la responsabilidad de quienes atentan contra la libertad sexual de las personas.
En tercer lugar, las reglas generales sobre apreciación de los medios de prueba hacen que hoy el juez esté atado de manos y le sea muy difícil su tarea al respecto. Por ello, estamos planteando la innovación fundamental de que el juez pueda apreciar según las reglas de la sana crítica. Es decir, que tenga mayor libertad o flexibilidad, no arbitrariedad, ni capricho, pero sí disponer de medios de prueba en forma más efectiva y apreciarlos de manera más flexible, con mayor libertad para sancionar realmente al responsable.
En cuarto lugar, medidas de protección a la víctima y al denunciante para que esto sea efectivo; que los establecimientos de salud puedan realizar los exámenes correspondientes, etcétera. En definitiva, la opción, tanto de la Cámara como del Senado, ha sido innovar en materia de procedimiento más que en las penas.
Señor Presidente , me referiré brevemente a dos aspectos importantes. Aquí no se está despenalizando la sodomía -como suele decirse o entenderse-, sino las relaciones sexuales entre homosexuales mayores de 18 años, sostenidas en privado y libremente consentidas.
Es legítimo tener un juicio de reproche moral respecto de ese tipo de relaciones, pero no podemos establecer una sanción penal para quienes las sostengan, porque el derecho penal es “última ratio”, es decir, actúa cuando todo lo demás ha fracasado. Por eso, sólo se está despenalizando la relación sexual entre homosexuales mayores de edad, libremente consentida y en privado, caso en el que estimamos que no tiene sentido la sanción penal.
Por otra parte, quienes somos contrarios a la pena de muerte y partidarios de aplicar en términos efectivos el Pacto de San José de Costa Rica y los tratados internacionales suscritos por Chile, que impiden o recomiendan no incluir pena de muerte donde haya nuevos tipos delictivos -en la práctica, éste lo es-, creemos que las altas penalidades no son la forma más efectiva de sancionar estos delitos. Ya dijimos que a pesar de que hoy las penas para la violación son equivalentes a las del homicidio -puede llegar hasta 15 ó 20 años-, resultan absolutamente ineficaces. Pretender que por instaurar la pena de muerte en este tipo de delitos podremos perseguir y sancionar con mayor eficacia los delitos sexuales, es desconocer toda la evidencia empírica de que disponemos y la experiencia comparada, que nos demuestran que la clave para sancionarlos en mejor forma no es aumentando las penas, sino modificando procedimientos anacrónicos, obsoletos, que impiden a la víctima y a quienes tienen conocimiento de ellos, denunciarlos y, al juez, investigar de manera efectiva.
Por ello, recomendamos a la honorable Cámara acoger la sugerencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y aprobar sus proposiciones para facilitar que en la Comisión mixta se resuelvan de manera adecuada los temas que puedan quedar pendientes, producto de la discusión.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci .
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , en beneficio del tiempo y de la paciencia de los señores diputados, haré mías las explicaciones generales dadas por el Diputado señor Bustos, don Juan , informante del proyecto, y las consideraciones generales hechas por el Diputado señor Ignacio Walker .
El Senado y la Cámara buscan perfeccionar una legislación antigua sobre la materia. En su discusión, en definitiva, llegaremos a un entendimiento que la mejore. Hay que rescatar y destacar el esfuerzo que hace el Congreso Nacional para modernizar este título del Código Penal y disposiciones de otros cuerpos legales.
Sin embargo, tengo algunas precisiones que me parece de la mayor importancia formular.
Como bancada aprobaremos en general las proposiciones de la Comisión; pero tenemos algunas reservas, básicamente, dos. La primera dice relación con el delito de secuestro con resultado de muerte y al de violación con resultado de muerte. La Comisión sugiere eliminar la pena de muerte; es decir, el violador que mata o el secuestrador que mata no podrían ser condenados a pena de muerte. Tema objeto de largos debates y al cual no me referiré nuevamente, porque lo hemos hecho más de una vez en esta Sala. Yo votaré por mantener la pena de muerte en la violación con resultado de muerte y en el secuestro con resultado de muerte, como actualmente existe. Ésa es mi posición; cada diputado , en conciencia, asumirá la suya.
Quiero sí que cada diputado tenga claro y no se equivoque respecto de que el famoso Pacto de San José de Costa Rica impide mantener la pena de muerte. Se ha leído mal -no hago ninguna imputación que resulte odiosa a los señores diputados- porque no impide en absoluto que mantengamos la pena de muerte, a pesar de las modificaciones que estamos introduciendo.
El mentado Pacto señala en su artículo 4º -leo textual la frase correspondiente-: “Tam-poco se extenderá la aplicación de la pena de muerte a los delitos a los cuales no se les aplica actualmente”. No a los nuevos delitos que se creen, y tanto al delito de violación como al de secuestro con resultado de muerte se les aplica actualmente.
De manera que aunque modifiquemos el tipo -que es lo que estamos haciendo-, definamos en forma diferente el secuestro, pongamos un elemento agravante, lo determinemos en tal o cual sentido, y hagamos lo mismo con la violación, en cuanto a que ahora no la definimos, la redactamos de manera diferente, le agregamos nuevos elementos, le quitamos otro, al final son los mismos delitos: el de violación y el de secuestro. Por lo tanto, no estamos violentando el Pacto de San José de Costa Rica por el hecho de que le demos una redacción distinta a la tipificación del mismo delito. No lo estamos variando, siguen siendo secuestro y violación, y actualmente se sancionan con pena de muerte.
Quiero reiterar y dejar clarísimo que el Pacto de Costa Rica que, constitucionalmente nos obliga de acuerdo con todo lo que se ha explicado, se aplica en el sentido que he señalado, y en este caso sólo estamos modificando la redacción, pero manteniendo el mismo delito; aunque modifiquemos la redacción, y eliminemos tal o cual artículo sobre el secuestro o la violación, lo tipifiquemos en tres disposiciones distintas, es el mismo delito y, por consiguiente, podemos mantener la pena de muerte.
El segundo tema que creo de trascendencia es el de la sodomía, aspecto al cual ya se ha referido con bastante claridad el Diputado señor Ignacio Walker . En el numeral 13, voy a rechazar la proposición del Senado, de manera de eliminar en Chile el delito de sodomía, en el sentido expresado por el colega. No puede configurarse como delito el que personas mayores de edad, mantengan relaciones libremente y sin escándalo. Distinto es que uno tenga tal o cual posición -como muy bien dijo el diputado - respecto de la sodomía o de la homosexualidad, pero no se puede catalogar de criminales a los homosexuales porque es una decisión adoptada entre mayores de edad y en forma libre.
Sé que hay colegas que piensan diferente, pero expongo el tema -y así lo hizo el Diputado señor Ignacio Walker - para que cada uno lo medite. Disponemos de tiempo para decidir. En todo caso, si la sodomía se ejerce respecto de menores de 18 años, igual queda criminalizada. Ése no es el tema. Así como si se realiza en público, con escándalo, de igual modo constituye un delito.
El tema es otro. ¿Está cada uno de los señores diputados dispuesto a considerar criminales a los homosexuales mayores de 18 años que libre, privadamente y sin escándalo, viven su vida de acuerdo a como ellos la entienden? Eso lo decidirá cada señor diputado .
Votaré por desechar el delito de sodomía en nuestro país en los términos que he explicado, manteniéndolo cuando se ejerce respecto de un menor de 18 años. Ése sí que es un delito porque, a mi juicio, constituye perversión.
En cuanto al artículo 5º -del que estamos pidiendo votación separada-, sólo tiene sentido si se aprueba lo referente a la violación con resultado de muerte; en tal caso habrá que aprobar la proposición del Senado al respecto.
He entregado un escrito que luego podemos cotejar y ver bien, respecto del cual estoy pidiendo votación separada, precisamente, para que cada señor diputado decida sobre los delitos de sodomía, secuestro con resultado de muerte y violación con resultado de muerte.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , estamos discutiendo un texto fundamental, contenido en un proyecto que ya lleva varios años en el Parlamento y que merece toda nuestra preocupación.
Es importante visualizar que la violencia sexual es un atentado contra los derechos humanos, porque vulnera la dignidad y la libertad de las personas, coartando el derecho de elegir con quién, cuándo y cómo se quiere tener actividad sexual. Es un abuso de poder que se ejerce sobre personas que están en una relación de subordinación o indefensión respecto del agresor, y produce daños físicos y psicológicos de difícil reparación. La violencia sexual es un acto abominable que no merece tolerancia alguna bajo ninguna circunstancia.
Se ha mencionado aquí que, mayoritariamente, la agresión sexual no es el acto de un psicópata o de un impulso irrefrenable, sino un abuso de poder realizado sobre una persona cercana y en desventaja frente al agresor.
En ese sentido, hay cifras de 1997, por ejemplo, en la Región Metropolitana, en que el 80,4 por ciento de los delitos sexuales son cometidos por familiares o conocidos.
En el abuso sexual a que son sometidos los niños, se debe tener en cuenta el aforismo legal “in dubio pro reo”, de manera que en esta legislación, en la duda, estemos a favor del niño, porque éstos son los grandes indefensos frente a las agresiones sexuales.
Quiero referirme específicamente a dos o tres artículos que la Comisión recomienda aprobar, pero que muchos de nosotros, después de analizar el tema a través de la acción del Instituto de la Mujer, con gentes del Cavas, de Corsat, de Domus, de abogados con práctica judicial en la materia, que constituye un aporte muy importante para el Parlamento -y creo que es inédito en este sentido-, consideramos que deben ser rechazadas las modificaciones propuestas por el Senado.
Por ejemplo, el Senado rechaza el artículo 362 de la Cámara de Diputados, que considera una agravante de la responsabilidad criminal el que la víctima sea ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente o hermano del autor, o bien que se trate de una persona que estuviera a su cuidado o se encontrare en situación de dependencia.
Nos parece del más alto interés rechazar la enmienda del Senado, a fin de que la norma sea analizada en Comisión mixta, porque de acuerdo, por ejemplo, a las normas del Código Civil, los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorro, auxilio y ayuda mutua. En este contexto, deben darse las relaciones sexuales entre los cónyuges. La obligación de procreación debe, en todo caso, supeditarse a lo anterior: al respeto. Es decir, no puede argumentarse que existe el débito conyugal frente al delito de violación y debe procederse conforme con las reglas generales y considerarse un mayor disvalor, por razones de parentesco, que si lo hubiera cometido un tercero ajeno a la relación.
Por este motivo, se debe reafirmar la regla general del Código Penal, estableciendo que es agravante de la responsabilidad criminal el que el autor del delito sea el cónyuge de la víctima.
En el caso de violación incestuosa, también existe un especial deber de cuidado entre ciertos parientes consanguíneos, más aún si dependen económicamente de alguno, deber que no tiene un tercero. Por eso, se estima que el disvalor es mayor y adicionalmente existe el riesgo de descendencia incestuosa, lo que es lo mismo referido al estupro.
En tercer lugar, establecer que es una agravante, como medio comisivo par todas las circunstancias de la violación, violencia o intimidación, hallarse la persona privada de sentido, en situación que le impida resistir, y abusar de su enajenación para cometer el estupro, el engaño, el estupro de prevalimiento, valiéndose del estado de desamparo, dependencia o de la relación de custodia. Todos estos actos representan un mayor disvalor cuando tienen carácter incestuoso.
Cuarto, una agravante, como la ya propuesta, protegerá mucho más a la víctima que la penalización de un delito de coautoría, como el incesto, en que también se inculpa a la víctima.
Por eso creemos que debe rechazarse la supresión del artículo 362, propuesta por el Senado.
Otro punto importante dice relación con el artículo 366-C, aprobado por el Senado y que la Comisión recomienda aprobar. Sugerimos rechazarlo por lo referente a la acción de significación sexual o producción de material pornográfico.
En ese sentido, es muy importante destacar que se ha avanzado en la materia; sin embargo, el delito sólo se ha concebido para los menores de doce años, dejando en la indefensión a los mayores de esa edad.
El tema debe revisarse, porque la producción de material pornográfico es mucho más grave que la distribución. Utilizar a las personas para producir estos materiales o para llevar a cabo el delito de significación sexual no es sólo una coacción en los mayores de doce años. Pensamos que esta norma se debe rechazar, en contra de lo que recomienda la Comisión.
Con respecto al párrafo del incesto, también debemos rechazarlo, porque en la tipificación de los delitos se establece un hechor y una víctima, pero, en el caso del incesto, a ambos se les considera coautores.
En quinto lugar, es importante tener presente que en la mayoría de los casos, cuando se produce una violación incestuosa, la que casi siempre es reiterada, puede ocurrir, por temor reverencial, que la víctima consienta. Es el ejemplo típico de lo que ocurre con un padre o padrastro violador.
En sexto lugar, en este contexto, la existencia del tipo penal del incesto le sirve al hechor como resguardo de protección de una eventual punibilidad, dado que si anteriormente ha sido violador y ahora no lo es, pero ha ejercido cierta presión, inculpa también a quien ha sido la víctima.
En séptimo lugar, las distintas circunstancias de la violación, del estupro y del estupro de prevalimiento con intimidación, de hallarse la víctima privada de sentido, etcétera, son medios comisivos que, debidamente especificados, protegen adecuadamente la figura penal cuando es incestuosa, mucho más que en el delito propiamente tal de incesto.
En octavo lugar, podría establecerse una agravante o calificante si la relación fuese incestuosa cuando se cometiere el delito de violación, estupro o estupro de prevalimiento. Por eso creemos que se debe rechazar el párrafo sobre el incesto, porque siendo calificado como un delito de coautoría, en verdad es muy difícil que se llegue a denunciar, máxime si se encuentra considerado en otras partes de nuestra legislación. Además, debemos poner atención en que los tipos penales queden bien descritos.
En cuanto a la penalidad, estoy de acuerdo con lo que decía el Diputado Ignacio Walker, en orden a que más bien el procedimiento es el que debe resguardarse y, en algunos casos, hay penalidades muy bajas. Debemos preocuparnos de ese aspecto.
Es relevante que muchos artículos vayan a Comisión mixta, porque se deben revisar conceptos. Es la última oportunidad que tenemos de profundizar en todo el trabajo realizado durante dos años.
Asimismo, el 20 por ciento de los casos de violencia doméstica en que participa el cónyuge o el conviviente -comprobado a través de investigaciones hechas por el Servicio Nacional de la Mujer- termina en violación. Por ello, es fundamental e importante establecer esta circunstancia agravante, porque si ya el delito de violación es absolutamente terrible, lo es mucho más cuando la persona que viola a otra es aquella que le ha jurado resguardarla y respetarla. Es realmente un hecho de una indignidad tremenda.
Esperamos, entonces, que podamos rechazar algunos artículos para que la Comisión mixta los analice en profundidad.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , el tema de los delitos sexuales y, específicamente, el de violación es muy sentido por las mujeres, pues ataca la parte más íntima de nosotras. Nos sentimos muy ligadas y muy en deuda con aquellas mujeres que han sido víctimas de estos delitos.
Hay antecedentes que nos permiten señalar que, a pesar de los grandes esfuerzos hechos en esta última década por que exista mayor denuncia, investigación y sanción de los culpables de los delitos de violación, estupro, incesto y abusos deshonestos, aquello no ha sucedido.
En concreto, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en esta década para facilitar la posibilidad de que las mujeres denuncien y continúen adelante con el juicio, efectuados a través de la creación de la Comisaría de la Familia, del Cavas, institución que creó Investigaciones de Chile para tratar los delitos y abusos sexuales, no ha habido ninguna variación en las estadísticas. Cualesquiera que sean los parámetros que se tomen, ya sea las denuncias a Carabineros, las causas que ingresan a los tribunales de justicia, los delitos investigados, todo se mantiene constante en la década 1987-1997.
Sabemos que los números reales de las violaciones y otros abusos sexuales son desconocidos. Las cifras negras fluctúan, según algunos estudios, entre el 75 y el 90 por ciento, lo que nos da, si consideramos las causas por violación ingresadas a los tribunales de justicia, cifras reales entre diez mil y 23 mil al año.
Debo señalar también, en términos estadísticos, que el delito de violación, cuando es denunciado y continuado el juicio por la víctima, es uno de los que reciben mayor cantidad de condena. Tiene un 11,6 por ciento de posibilidades de condena, y es el que tiene menores posibilidades de sobreseimiento temporal, junto con el homicidio, con un 69 por ciento.
Si miramos el perfil del condenado, éste no nos brinda ninguna característica específica. Pueden ser solteros, casados, con o sin hijos; lo único que destaca es su bajo nivel de educación y su falta de capacidad humana, en la medida en que son temporeros o trabajan como independientes.
Las conclusiones de los datos estadísticos señalan que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido fructíferos; segundo, que tenemos una alta cifra negra. Si calculamos las probabilidades de condena y de denuncia, tenemos que de cien casos de violación, en el mejor de los casos sólo tres reciben sanción. Les pido que pongan atención a esta cifra: de cien violaciones, en el mejor de los casos, sólo tres reciben sanción.
También hay falta de especificidad en cuanto al perfil del condenado, hecho que nos confirma que el violador puede ser cualquiera y reafirma la hipótesis sostenida en tantos trabajos, en el sentido de que la gran mayoría de las violaciones que no llegan a ser denunciadas es por el conocimiento, cercanía o parentesco entre la víctima y el victimario.
¿Cuál es la importancia del proyecto?
En primer lugar, tipifica en forma amplia el delito de violación y lo aplica a hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, en todo tipo de penetración.
Es importante recalcar que el Senado limitó el delito de violación, de incesto y otros, sólo a la penetración sexual anal o vaginal. Creemos, sobre todo ahora que se amplía la penalidad por violación a hombres, que también se incorpore la vía oral.
Otro adelanto del proyecto es que tipifica en forma concreta, sin eufemismos, las conductas de estupro, abuso sexual e incesto. Todo ello perfecciona el principio de la legalidad penal.
Pero la mayor relevancia del proyecto -en lo que nos interesa, las señales que se daba en cuanto a las estadísticas, que no han variado en una década, a pesar de los esfuerzos hechos para que se denuncie- está puesta en las materias procedimentales.
El proyecto permitirá que la víctima no sufra lo que se llama el segundo proceso de victimización. Eso de ir primero a Carabineros, luego a los tribunales y contar ante los actuarios, una y otra vez el proceso de humillación a que fue sometida, atenta contra su privacidad más profunda.
Debemos evitar esta segunda victimización. Para ello, se amplían las posibilidades de pruebas. Ya no será necesario atenerse a la prueba regulada, tasada, del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que los medios de prueba podrán ser apreciados en forma flexible, de acuerdo a los criterios de la sana crítica.
Esto lo limitó el Senado sólo a que se compruebe por medio de la sana crítica la participacion de los culpables. Creemos que para probar un delito de tanta dificultad se requiere que las normas flexibles de la sana crítica se apliquen también a la comisión del hecho. Por eso, proponemos rechazar la proposición del Senado.
También son importantes la prohibición de careo entre la víctima y el victimario, y la obligación de guardar reserva de la identidad de la víctima. Al respecto, creemos que esta medida debe ampliarse, además, a la identidad de los parientes, y por eso llamamos a rechazar la norma, porque nada sacamos con que en los diarios aparezcan las iniciales de la víctima de violación, si en la misma información figura el nombre o apellido del padre, de la madre o de un pariente cercano.
Son importantes las medidas cautelares de protección a la víctima, no sólo como las limitan en el Senado, a una vez que se pronuncie la condena, sino también durante la tramitación de la causa. Es necesario asegurar la práctica de exámenes médicos y de pruebas biológicas y sicológicas, como primeros exámenes, cuando una víctima llega a un hospital o clínica de urgencia. El Senado también limitó en este sentido las pruebas, al hablar sólo de exámenes físicos, susceptibles de comprobación médica. Creemos que para poder comprobar este tipo de delitos y sancionar a los culpables, se requiere ampliar mucho más los primeros exámenes que se realizan a la víctima, sin burocracia, sin necesidad de enviarla a ella o copia de los exámenes al Servicio Médico Legal, sino que, comprobado el delito, pase directamente al tribunal.
El proyecto permite que en los delitos sexuales no rijan las inhabilidades de testigos, propias del Código de Procedimiento Penal, y que se fundan en razones de edad, parentesco, convivencia o dependencia, porque, como muy bien lo decía la Diputada señora Saa , el 70 por ciento o más de estos delitos se llevan a cabo por personas conocidas o parientes.
Señor Presidente , formulé una propuesta de votación del proyecto en la cual sugiero acoger, en general, la recomendación de la Comisión, acordada en un 99 por ciento por unanimidad. Hay sólo cuatro artículos que, a mi juicio, merecen una votación separada: el 142 C, el 372 bis, que se refiere a la pena de muerte -aquí cada uno de los señores diputados votará, según su conciencia, a favor o en contra de la eliminación, en este caso, de la pena de muerte-; el que tiene que ver con el delito de sodomía, el cual, a mi juicio, también debe quedar a la libertad de conciencia de cada uno. Estoy de acuerdo con la norma propuesta por la Cámara, porque el delito de sodomía, tal cual está establecido hoy es obsoleto -lleva más de treinta años sin aplicarse- y vulnera el principio penal de la legalidad. En cuanto a la tipificación del delito, no contiene concreciones exactas de las conductas ilícitas: no hay dolo, no hay víctima ni victimario. Las normas que propone la Cámara permitirán que, efectivamente, se aplique la sanción en la medida en que signifique la corrupción o desviación de los hábitos sexuales en menores de edad.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Entiendo que su Señoría propone votar en forma separada los Nºs 1, 13 y 22 del artículo lº.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
El Nº 1, nuevo, agregado por el Senado, que sustituye el artículo 142 C; el Nº 13, que modifica el artículo 365, de la sodomía; el Nº 17, que reemplaza el artículo 369, sobre la exigencia de querella para el caso de violación entre cónyuges, a la cual no me pude referir por falta de tiempo; y el Nº 21, que reemplaza el artículo 372 bis, que también plantea el tema de la pena de muerte.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, como se ha destacado, el proyecto introduce una reforma muy importante al Código Penal en materia de delitos sexuales.
En primer término, me referiré a la objeción del Diputado señor Bartolucci respecto de los delitos tipificados en la iniciativa, como el secuestro seguido de lesiones graves o de muerte y la violación seguida de muerte, que establecen la pena máxima. Él afirmó que ello no contrariaba los pactos internacionales vigentes suscritos por Chile. El señor diputado incurre en un error en esta materia, pues las disposiciones señaladas describen de otra manera los delitos sancionados con pena de muerte.
No iré al detalle, pero quiero señalar que el 17 de junio de 1991 la Corte Suprema conoció un recurso de amparo deducido por don Francisco Javier Errázuriz Talavera en materia de delitos bancarios. Al reformarse la ley de bancos, específicamente el artículo 59, no obstante que se habían cambiado sólo tres palabras, la Corte estimó que se trataba de un nuevo delito. En consecuencia, al no señalarse en la citada ley que había una etapa intermedia en que el delito seguía teniendo ultractividad, se estimó que se trataba de uno nuevo y por ello acogió el recurso.
Aquí nos encontramos exactamente en la misma situación. Por ejemplo, el actual artículo 141 señala “El que sin derecho encerrare”; el propuesto por el Senado dice “El que privare a otro”, o sea, suprimió la expresión “el que sin derecho”. Después, la norma vigente habla de “El que con motivo u ocasión del secuestro”, pero ahora se suprime la expresión “El que con motivo”, que es una circunstancia distinta de la “ocasión”.
Por lo tanto, la tipificación de los delitos está modificada, son figuras típicas distintas. Eso es lo que dicen tanto el Pacto de San José de Costa Rica como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ambos vigentes y ratificados por Chile.
Aquí no se ha eludido -como dijo el Diputado señor Bartolucci - la aplicación de dichos pactos internacionales. Queremos aplicarlos. De acuerdo con la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema, en la especie se trata de nuevos delitos tipificados de manera distinta y por tal razón no pueden contener la pena de muerte.
Aparte de lo anterior, es necesario que el proyecto vaya a la Comisión mixta, para concordarlo con la materia a que me estoy refiriendo, porque no contiene disposición alguna que establezca la ultractividad de la ley penal que pretendemos modificar o derogar. Puede ocurrir que una persona esté procesada y acusada por el delito de violación, concebido en la forma actual en nuestro Código Penal; pero, si el proyecto se convierte en ley y no existe una disposición transitoria, esa persona puede ser absuelta o sobreseída, por tratarse de tipos penales distintos.
Ésa es una razón por la cual el proyecto debe ir a Comisión mixta, con el objeto de que allí se redacte una disposición transitoria que permita concordar los hechos anteriores a la vigencia de la nueva ley con el tipo penal antiguo, de manera que la normativa que estamos modificando o derogando tenga ultractividad.
Como se ha dicho, el artículo 1° también debe ir a Comisión mixta, no obstante que la Comisión recomienda aprobarlo, porque se ha suprimido la expresión “el que sin derecho”. Algunos señalan que éstos son, simplemente, elementos normativos y no del tipo de la conducta penal. Sin embargo, nuestro Código Penal los usa en forma habitual, por ejemplo, las expresiones “ilegal”, “arbitraria”, “indebidamente”, “en forma ilí-cita”, “sin título legítimo”, “sin derecho”, “sin motivos justificados”, “fuera de los casos previstos en la ley”.
Puede ocurrir que un padre encierre a su hijo y que nadie piense que está cometiendo un delito, o que frente a un delito flagrante un particular detenga a otra persona y a nadie se le ocurra que lo está secuestrando.
Entonces, esas conductas que a simple vista son legítimas, en la práctica procesal pueden significar que una persona tenga que demostrar su inocencia después que estar procesada o acusada, luego de varios meses.
Por esa razón, el artículo 1° completo debe ir a Comisión mixta. Además, porque rebaja las penas, especialmente respecto del secuestro de los menores de 18 años, lo cual, sin duda, trae consecuencias respecto de otras materias, incluso de las acciones derivadas de este delito, de la prescripción y, en definitiva, contraría también la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país.
Quiero formular algunos comentarios sobre la eliminación por parte del Senado de lo que se llama la aplicación de la sana crítica.
En efecto, el Senado la deja para un solo aspecto de las dos coordenadas del proceso penal: la descripción del hecho punible y la participación.
En la Cámara de Diputados señalamos que ambos aspectos deberían estar sometidos a la regla de la sana crítica, esto es, a un examen que se hace mediante la ciencia y la lógica. Algunos autores definen la regla de la sana crítica como aquella que conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la sana razón, la ciencia y la lógica, y no como en la actualidad, en que existe una prueba regulada y tasada por la ley, con la cual, en la práctica, se dejan en la más absoluta impunidad los delitos sexuales, sobre todo el de violación.
Respecto de este delito, las estadísticas señalan que entre 1986 y 1996 -diez años-, de las causas terminadas sólo tienen sentencia condenatoria el 1,4 por ciento, y que el sobreseimiento temporal alcanza al 75,1 por ciento en diez años. En consecuencia, la mayoría de los delitos de violación en el país quedan impunes. Ello se debe exclusivamente a la ausencia de pruebas determinadas por la ley que, como dije, son reguladas, y el legislador le asigna a cada una de ellas un especial valor. Con las normas de la sana crítica y las procesales que la Cámara aprobó en su oportunidad, y que el Senado rechazó en parte -como las pruebas biológicas-, no me cabe la menor duda de que nos encontraremos en presencia de un procedimiento que dará lugar a un examen mucho más preciso, verdadero o real, acerca de la comisión de estos delitos tan difíciles de investigar y de probar.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , éste es un día de mucho aliciente en lo personal, dado que en 1992 presentamos el primer proyecto de ley que modificaba la legislación sobre los delitos de violación y de sodomía. Básicamente, tipificaba el delito de violación para facilitar su comprobación y lograr sanciones más eficaces.
Con posterioridad, el Gobierno envió un proyecto casi idéntico que agregaba los abusos sexuales. Evidentemente, mejoraba el primer proyecto; pero hubiera sido muy grato que, reconociendo nuestro esfuerzo, sólo le hubiere formulado las indicaciones necesarias. Desgraciadamente, no se hizo así; pero, de igual manera, reconforta saber que las materias que más se han destacado en el proyecto que discutimos hoy, sobre el delito de violación, son originarias de nuestra iniciativa.
No fue fácil entrar a estudiar un asunto tan complejo, porque, no siendo abogados penalistas, lo elaboramos analizando las denuncias de las madres, de las víctimas, de las personas de la comunidad afectadas por este delito, quienes se daban cuenta de que era imposible sancionarlo. No se denunciaba porque era tan engorroso e indigno comprobarlo, y, de hecho, a la larga, la ciudadanía veía cómo los violadores se paseaban por las calles y seguían cometiendo fechorías por la imposibilidad de encarcelarlos.
En ese sentido, las principales propuestas rescatadas del primer proyecto tienen que ver con la facilidad para denunciar el delito y, si bien, hoy, aproximadamente, el 10 por ciento de los delitos se denuncia, sólo el 3 por ciento de ese porcentaje es procesado, lo que se mejora con el proyecto.
Por otra parte, muy importante fue lograr que el juzgado velara por la privacidad de la víctima. Un día, yo estaba en un juzgado del crimen donde había muchas personas esperando, y escuché que el actuario citaba: “Que pase la violada de Renca”. Es fácil imaginar lo que esa manera de identificar significa para la dignidad de cualquiera persona.
El proyecto garantiza la seguridad y la privacidad de la víctima y, además, impide el careo con el victimario, situación bastante dramática, especialmente en el caso de menores.
El hecho de que el delito se pueda comprobar en distintas clínicas u hospitales lo hace más denunciable. Hasta ahora sólo se considera al Instituto Médico Legal como la única instancia para comprobarlo; pero todos sabemos que en muchos lugares se encuentra lejos o, en otros casos, está cerrado el fin de semana, y, así, una persona que es violada, por ejemplo, un viernes, no tiene cómo probarlo. El nuevo proyecto amplía la forma de constatarlo mediante la concurrencia -reitero- a otros lugares médicos, sean consultorios u hospitales.
Es importante también todo lo que tiene que ver con la situación de los menores de edad. Junto con el proyecto del Gobierno propusimos, en el caso de víctimas de estupro -hoy la violación es a las personas, hombres y mujeres; pero, especialmente nos preocupan los niños y niñas-, que se fijara la edad de 14 años para configurar el delito. Todos sabemos que hoy se ha configurado cuando la mujer tiene 12 años y el hombre 14, como edad máxima; en verdad, no entendemos las razones, porque no es tan claro cuándo una u otro alcanza la pubertad. Pensar que una menor de 14 años no es una niña es un absurdo, y quienes tienen hijas de esa edad así lo podrán asumir. Una niñita de 12 años es una guagua, y otra de 14 años también lo es. Por eso, queremos pedir que se reconsidere la igualdad de edad para hombres y mujeres en los delitos de violación.
El proyecto original hacía una propuesta relacionada con la rehabilitación, que, con posterioridad, no se consideró. Nada sacamos con legislar en materia de delitos tan graves como la violación si no existe rehabilitación; porque sabemos que un violador tiene patologías psíquicas importantes y que no se va a recuperar por el solo hecho de estar en la cárcel. Por el contrario, el estar allí en contacto con otros reos, muchas veces le significa disponer de un amplio lugar donde seguir cometiendo sus fechorías. Incluso, proponíamos que en la cárcel se hiciese un esfuerzo para rehabilitar a esas personas. Más aún, deberían existir recintos separados para los reos por delitos de violación, a fin de proteger al resto de los delincuentes.
Nuestra Comisión de Constitución rechazó tres artículos propuestos por el Senado, a los cuales me referiré porque los considero importantes.
En primer lugar, la supresión de las medidas de protección. Eso, a mi juicio, es muy delicado, porque una de las razones por las cuales el delito no se denuncia es el temor. Muchas personas -hombre, mujeres, madres, amigos, vecinos-, en especial cuando se trata de proteger a menores -niños y niñas-, que son los más afectados, no se atreven a hacer la denuncia por temor a represalias, a castigos o amenazas, etcétera. Entonces, es urgente y necesario que el proyecto considere que al formularse la denuncia el juez debería conceder medidas de protección, como alejar al delincuente de la casa, del hogar, del colegio, ya que está probado que el 70 por ciento de los delitos son cometidos por conocidos -no por desconocidos en la calle- que viven en la misma casa, barrio o sector.
Asimismo, en el proyecto original propusimos una disposición relacionada con las personas que cometen delito de violación a sabiendas de que son portadoras de una enfermedad infecciosa que pudiera causar la muerte. No se especificó el Sida, porque se asumió que podrían devenir otras enfermedades causantes de muerte; pero la idea era que la comisión de un delito de violación por una persona portadora de Sida se considerara como circunstancia agravante. Más de alguno de nosotros ha escuchado las noticias de que delincuentes que han violado a mujeres en sus propios hogares, son portadores de esa enfermedad; o sea, es igual que dispararles en el corto o mediano plazos.
Pero, incluso, más adelante se podría pensar en qué pasa con aquellas personas que, a sabiendas de que son portadoras de Sida, tienen relaciones sexuales con otras, lo cual evidentemente, no es materia de esta iniciativa; pero podría serlo de otra.
Los artículos 142 y 372 suprimen la pena de muerte en los delitos de violación y secuestro con homicidio. Creo que el país ha tenido suficientes muestras de dramas en que ha habido violación con homicidio y las víctimas siempre han sido menores de edad. Todos recordamos el caso dramático de Cupertino Andaur, quien violó y asesinó a un niño en forma alevosa. Todo Chile se conmocionó, y ese delincuente, acusado de homicidio, con la agravante de violación, sancionado con la pena de muerte, fue indultado por el Presidente de la República .
Posteriormente, hubo otros casos; pero, sinceramente, creo que en los casos de violación y muerte de menores de edad amerita la pena de muerte y, por lo tanto, en conciencia, voy a votar a favor de mantenerla.
Por último, el proyecto, sin duda, ayudará a tomar conciencia de la gravedad del delito de violación; pero no será suficiente si no somos capaces de enseñar a los adultos, a los jóvenes y niños del país, a respetar a los demás, a saberse cuidar, proteger, defender y a qué pueden esperar de los mayores; que los niños no se confundan por las caricias o cariños que les puedan entregar incluso sus familiares. Si no hay claridad, verdad, y no se dicen las cosas por su nombre, la ley no resolverá todos los problemas. Creo que tenemos esa tarea pendiente y, en tal sentido, el respeto a las personas, a las relaciones afectuosas y sexuales son muy importantes.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, el acuerdo fue que el proyecto se votará al término del Orden del Día, esto es, a las 13.15 horas, y restan por intervenir ocho señores diputados. Me permito sugerir a la Sala que hasta las 13.15 horas rija el Reglamento, es decir, que los discursos tengan una duración máxima de 10 minutos; en seguida, conceder cinco minutos a cada uno de los señores diputados inscritos hasta el momento y proceder a votar.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , ¿podría ser acogida la propuesta de votación de la Diputada señora Guzmán?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señora diputada , en su minuto veremos cómo votamos.
Entonces, con los diputados inscritos se cierra el debate. Para constancia de la Sala, están inscritos la Diputada señora Allende , doña Isabel; el Diputado señor Moreira; las Diputadas señoras Pollarolo, doña Fanny, y Soto, doña Laura; los Diputados señores Rincón, Letelier, don Juan Pablo; Luksic, Rocha, Cardemil y la Diputada señora Pérez, doña Lily.
Tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , sin lugar a dudas, un proyecto de esta naturaleza trata, en definitiva, de preservar -y, en ese sentido, creo que la Cámara, de alguna manera, lo logra cabalmente- la integridad de las personas, su dignidad y libertad, procurando que la justicia aplique penas suficientemente eficaces cuando se cometan delitos que atentan contra esos valores.
Se ha expresado aquí -comparto algunas de las consideraciones generales del Diputado señor Ignacio Walker - que los estudios demuestran que no sólo con elevar las penas se conseguirá reducir o disminuir la cantidad de delitos, de los cuales, sin duda, la violación es uno de los más graves.
Es importante que al discutir las discrepancias con el Senado -las cuales, seguramente, se van a resolver en la Comisión mixta-, demos señales claras a la sociedad de que asumimos que la frecuencia de los delitos sexuales en el país, entre ellos la violación, será muy alta, mientras no haya un cambio cultural, mientras este tema no se discuta y sociabilice a temprana edad en los niños, y mientras no se reconozca la gravedad que ella implica, sobre todo si se considera que, por el actual procedimiento penal, había, hasta ahora, una doble “victimización”.
En resumen, estamos entrando en una materia que nos va a permitir hacer rectificaciones, muy sustantivas, que apuntan a lo esencial: la dignidad, la libertad y la integridad del ser humano.
Dentro de estas consideraciones generales, quiero referirme al tema específico del acoso sexual, definido por algunos como todo acercamiento de tipo sexual, físico o verbal, no deseado por la persona que lo sufre; o que existe en el momento en que se presentan algunas de las siguientes conductas: cuando la sumisión a la conducta de acoso se convierte de manera implícita o explícita en una condición para acceder al empleo o centro de estudio; cuando la sumisión o el rechazo por parte de una persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones que afectan a esa persona en el empleo o centro de estudio; cuando dicha exigencia interfiere en el desempeño de su trabajo, creando un ambiente hostil u ofensivo.
Cualquiera de estas consideraciones manifiesta, con claridad, el significado del acoso sexual.
Es cierto que en Chile hay medios legales para que la mujer, generalmente la principal víctima -no la única-, pueda defenderse del acoso sexual; pero son muy precarios, y por eso difiero de lo que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, porque me parece que debiera ser un delito penal y que no sólo esté configurado en el ámbito laboral.
El proyecto es importante en cuanto amplía el sujeto víctima a hombre o mujer. Desde luego, es muy positivo como aproximación, aparte de ser más equitativo, más allá de que, evidentemente, las mujeres son las principales víctimas.
Por otra parte, los estudios demuestran la insuficiencia de la solución para abordar el acoso sexual sólo por la vía de las sanciones laborales, ya que en nuestra legislación esto existe y su impacto ha sido nulo, pues los datos indican que, aproximadamente, el 20 por ciento de las mujeres sufre de acoso sexual.
Por otro lado, datos proporcionados por el Sernam, a través de la Contraloría General de la República, indican que muy pocos casos fueron denunciados en la administración pública y municipal. Desde luego, esas escasas denuncias no llegaron al final.
¿Por qué el legislador sólo va a sancionar esa conducta en el caso de que el autor sea empleado público? ¿Acaso no es igualmente reprochable cuando es de un particular? Este argumento es importante para quienes sostenemos que el acoso sexual es una conducta que siempre debe ser sancionada penalmente.
La incorporación de una figura general de acoso sexual permitiría sancionar conductas que no sólo se realizan en el ámbito laboral. Esto es muy importante, porque sabemos -reiteradas veces- de denuncias acerca de que en centros educacionales y en otros existe también este tipo de conductas.
Una mirada rápida, por lo demás, a la legislación comparada y al derecho internacional demuestra que en diversos países -son muchísimos los que lo reconocen- esto ha sido sancionado. Incluso, la Unión Europea formuló una recomendación relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, así como un código de conducta para combatir el acoso sexual. En aras del tiempo, no me detendré en la cantidad de ejemplos que tenemos.
Por lo tanto, es menester que la punición del acoso sexual resulte a todas luces significativa, ya que permite proteger bienes que queremos, como es la integridad de la persona, su libertad sexual y su integridad psicológica, la que, evidentemente, en una situación de hostigamiento no se logra y que, además, ocasiona daños.
Es muy importante que en un ambiente de trabajo, educacional o en otro no exista este tipo de conductas; asimismo, lo es pensar que los efectos adicionales que desencadenaría la penalización del acoso serían positivos en la medida en que también puede ser preventiva, ya que la denuncia genera un notable cambio de actitud del victimario, como todos lo sabemos y hemos conocido en otros casos; verbigracia, en la ley de violencia intrafamiliar.
Si observamos la escasa cantidad de casos que se denuncian y la inexistencia de sentencias que se pronuncian sobre el acoso sexual, necesariamente llegaremos a la conclusión de que es importante legislar. En ese sentido, no olvidemos la función educativa de la ley y el cambio de cultura y de hábito que puede generar su dictación.
En el caso de dictarse un tipo penal general de acoso sexual, puede ocurrir algo similar al caso de la ley de violencia intrafamiliar, en el cual las denuncias aumentaron explosivamente después de su publicación. Fue creciendo la toma de conciencia ciudadana. Lo mismo queremos ahora.
Si aprobamos en forma general el delito de acoso sexual, junto con las normas ya mencionadas sobre empleados públicos y el perfeccionamiento de sanciones laborales frente al hostigamiento, crearemos un marco jurídico global más eficaz para combatirlo y, entre otras cosas, protegeremos legalmente a la víctima, enviando, como hemos dicho, una señal clara a la sociedad acerca de la ilicitud de este tipo de conductas; incentivaremos las denuncias de las víctimas, tanto al interior de los ámbitos laborales u otros, y, desde luego, provocaremos una cabal toma de conciencia.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Resta un minuto a su Señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en el minuto que me queda, quiero agregar que las vías administrativa y laboral no son excluyentes de la penal. Al contrario, las tres resultan complementarias, y éste es un tema importante, porque no quiero hacerme cargo de los argumentos de quienes dicen que esto ya está previsto en el Código del Trabajo. Yo contesto: “No, porque evidentemente es importante que sean complementarias. No son incompatibles, al contrario”.
Asimismo, es importante destacar que el acoso sexual no es sólo una conducta seguida en el plano de la superioridad, porque también puede darse entre iguales en un ámbito laboral o educacional, y es un error considerar únicamente la posibilidad de un superior jerárquico.
Una investigación efectuada por el Centro de Estudios de la Mujer, en Santiago, revela que el 20 por ciento de las mujeres encuestadas ha sufrido de asedio sexual en el trabajo; el 84 por ciento reconoció la existencia de este problema con dimensiones y características sociales; el 85 por ciento de la muestra opinó que el hostigamiento sexual no les permite trabajar con tranquilidad.
Finalmente, el 84 por ciento afirmó que el asedio las perjudica, las humilla y las limita en su desarrollo profesional.
Por todas estas razones -y con esto concluyo-, es muy importante que ojalá la Cámara, en conciencia, acoja estos argumentos y dé a este delito categoría penal.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra la Ministra de Justicia.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( Ministra de Justicia ).-
Señor Presidente , luego de escuchar a las señoras y señores diputados que han intervenido, creo importante formular tres precisiones en el debate que se ha suscitado respecto de las modificaciones a un proyecto tan aportador y tan interesante. Me sumo, desde luego, a la satisfacción que produce debatirlo casi al culminar su tramitación en el Congreso Nacional.
El país sabe muy bien que estamos empeñados en una profunda modificación del sistema de administración de justicia y que hemos privilegiado las que corresponden al Código de Procedimiento Penal, por todas las razones que se han dado en esta misma Sala en tantas ocasiones.
Sin embargo, teniendo en consideración la necesidad de modificar el Código Penal, haciendo una revisión sustantiva de los tipos penales y de las penas que en éste se consignan, hemos debido adelantarnos a esa necesaria discusión que tendrá que suscitarse en el Congreso Nacional para modificar el conjunto del derecho penal, a fin de abordar el capítulo de los delitos sexuales. ¿Y por qué? Permítaseme tan sólo un minuto para explicitarlo.
Son tan aberrantes las cifras que arrojan los estudios que ha realizado la Universidad Católica en relación con este tipo penal, que ellas modifican, en lo sustantivo, los parámetros que, sobre la materia, el legislador tuvo en consideración hace un siglo.
En efecto, cuando se legisló respecto de los delitos sexuales, se pensó, y muy en particular en relación con la violación, en una persona desconocida, que lo perpetraría de noche, en un sitio eriazo o vacío. Desgraciadamente, los antecedentes revelan datos completamente distintos.
Es dolorosa la situación, pero un porcentaje muy alto de los agresores corresponde, precisamente, a padres o familiares cercanos o conocidos de las víctimas, que, muchas veces, durante períodos muy largos cometen el delito de violación sin dejar las secuelas y daños que, según pensó el legislador, siempre quedarían. Y lo más dramático es que el 71,5 por ciento de las víctimas son menores de edad. Según las estadísticas, de esa cantidad, el 7,3 por ciento son menores de cuatro años.
Las cifras son de tal grado impactantes, que nos obligaron a adelantarnos a la necesaria modificación del Código Penal que deberá realizarse para recoger la cruda realidad.
Estas consideraciones deberían estar presentes en los textos que se aprueban en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Desde el punto de vista de la prueba, como muy bien se ha explicitado, y de la motivación que debe existir en el conjunto del procedimiento para los efectos de facilitarlo y de que las víctimas se atrevan a hacer las denuncias, estimamos acertado, como Ejecutivo , el análisis, realizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que sugiere a la Sala que se someta a consideración de la Comisión mixta el conjunto de artículos explicitados en el informe, que en aras del tiempo no repetiré.
Sin perjuicio de lo anterior, creo necesario que también vayan a Comisión mixta los artículos 141, 142, 142-A, 142-B y 142-C del boletín comparado, en atención -se ha explicado- a que deben concordarse con otras normas relativas a materias muy importantes, como la Convención de los Derechos del Niño, en relación con la edad, que establece un límite de 18 años, las que no han sido consideradas. Creemos importante advertirlo para que sean acuciosamente debatidos.
En atención a que algunos diputados se han referido a la pena de muerte contemplada en los artículos 142-C y 372 bis, haré mención al tema.
No quiero ahondar sobre todos los argumentos que se han dado en torno de la pena de muerte. Lo cierto es que el país está dividido en esta materia.
Sin embargo, es importante señalar, una vez más, que, a nuestro juicio, el principio del derecho de la vida no admite jamás excepción de ninguna naturaleza. Así como estamos en contra del aborto, estamos en contra de la pena de muerte.
Nunca debe ser relativizado un valor tan importante como es la vida de un ser humano, y cualquiera que sea el delito que se cometa -como por desgracia se perpetran en nuestro país-, hay otras sanciones extremadamente graves, como el presidio perpetuo.
Ninguna razón justifica ante la sociedad que haya que matar a una persona para hacer justicia. El Estado, al aplicar tal pena, relativiza, a mi juicio, un valor que jamás debe admitir excepción alguna.
Por último, me permito señalar que la semana pasada asistí a la reunión de ministros de justicia del Mercosur , realizada en Buenos Aires, donde siempre este debate está vigente y hay muy buenas razones para argumentar en un sentido u otro.
Me ha parecido importante, por la actualidad del tema, traer a esta Cámara lo publicado en torno al debate sobre las ejecuciones legales en el mundo. Leeré tan sólo un párrafo de Alberto Armendáriz, publicado en el diario La Nación, de Buenos Aires, el domingo 14 de junio recién pasado.
¿Qué nos dice respecto del eventual error judicial? ¡Por Dios que es importante tener en consideración que, frente a un eventual error judicial, una vez aplicada la pena de muerte jamás puede ser revertida!
Dice el artículo -y es una cifra que hemos señalado en otras ocasiones-, que sólo en Estados Unidos, donde las estadísticas son más asequibles, desde 1900 hasta ahora, 23 personas fueron ejecutadas por error y 349 fueron indebidamente condenadas a muerte y debieron ser liberadas.
A continuación, agrega: “Además, en los Estados Unidos, al menos 54 personas con deficiencia mental fueron ejecutadas”. Se aplicó la pena de muerte frente a un error judicial, en un acto completamente irreparable.
Se argumenta también -aquí hay algunas buenas razones- respecto del efecto disuasivo de la pena de muerte. Me permito rebatir el argumento, citando nuevamente el artículo que señalo: “En los Estados Unidos, desde que se reimplantó la pena de muerte, en 1976, el número de ejecuciones ha sido cada vez mayor, pero el índice de criminalidad se ha mantenido casi invariable”.
Estudios realizados en ese país han demostrado que en los Estados en los que la pena capital es aceptada no tienen cifras de criminalidad bajas. Incluso, en muchos de ellos ha crecido la cantidad de homicidios desde la implantación de la pena de muerte. Tales son los casos de Florida y Georgia.
Cito las cifras: en 1979, Florida reincorporó la pena capital y a partir del año siguiente su índice de homicidios fue uno de los más altos de que se tenga memoria.
Georgia, que volvió a realizar ejecuciones en 1983, al año siguiente vio incrementada su tasa de homicidios en un 20 por ciento.
A la inversa, en Canadá, el índice de homicidios bajó de 3,1 por cada cien mil habitantes en 1975, un año antes de abolir la pena de muerte, a 2,1 en 1993. Por lo tanto -concluye-, no existe una correlación directa entre la aceptación de la pena de muerte y la reducción de la criminalidad.
Me ha parecido importante, dado el debate producido esta mañana, reproducir los argumentos explicitados que están en el debate mundial y que serán materia de votación en esta Cámara.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , la legislación no es algo abstracto, detrás de ella hay un conjunto de valores y principios. Para mí, lo lógico es que los principios queden plasmados en la ley, hay una cuestión ejemplarizadora. Por eso, en lo que se refiere a la despenalización de la sodomía, estoy por mantener lo que la ley dice hoy, porque lo lógico es que las relaciones se den entre un hombre y una mujer.
Es importante sostener que ha habido un esfuerzo por perfeccionar el Código Penal en distintas materias, pero la ley no puede tender a legitimar una cuestión anormal para que pase a ser normal, la ley debe ser ejemplarizadora.
Últimamente se ha hablado mucho de construir igualdad. Me sumo a ello, respetando las diferencias, pero no a este costo. La ley debe ser ejemplarizadora, y me parece que el mal menor es lo que hoy se establece en ella. Aquí hay una minoría. No se trata de perseguir a los homosexuales, pero tampoco se puede legitimar conductas anormales. Esta Cámara no puede seguir siendo permisiva, invocando “legalismos”. Vivimos en una sociedad enferma que necesita de caminos, y por una cuestión de ejemplo, éstos debe darlos la ley.
En concreto, no estoy dispuesto a despenalizar la sodomía; tampoco lo están varios diputados de la UDI, como el señor Orpis , por una cuestión de principios y de consecuencia.
Sin embargo, hay un tema que debe concitar el interés del país. Aquí hay una paradoja. Se habla de tolerancia cero respecto de los delitos menores, y de indulto, respecto de los delitos mayores. Ésta es una paradoja de la Concertación. No estamos por rebajar penas. Hay que enviar señales firmes, directas y claras. Muchas veces, la impunidad la da la debilidad de la ley. Incluso, en reiteradas oportunidades se respetan más y hay más preocupación por los derechos de los delincuentes que de las propias víctimas. Lamentablemente, ése es el énfasis que se le da a estos temas en la Concertación: hay una especie de complejo, de temor, frente a las penas más duras.
Por eso, en materia de violación con resultado de muerte y de secuestro con resultado de muerte, por principios, mantengo mi decisión de mantener la pena de muerte. Sin más adjetivos que eso.
Rebaja de penas. Ésa es la señal que hoy estamos dando. La autoridad tiene mecanismos legales: el indulto, que tanto ha defendido la Concertación, es una alternativa frente a la pena de muerte. Y eso, obviamente, debe asumirlo el Presidente de la República .
¿Qué le puedo decir a la señora Yolanda Uribe , cuya hija fue violada y asesinada, cuando en esta Cámara se discute esta iniciativa? ¿Le voy a decir: “Mire, señora Yolanda , de acuerdo con lo que demuestran las estadísticas, esta Cámara considera que las penas duras no disminuyen el delito”? Cada uno de nosotros -perdonando la expresión- sabe dónde le “aprieta el zapato”. Como parlamentario no estoy dispuesto a premiar a los delincuentes y, en estas materias, insisto, soy partidario de la pena de muerte.
Aquí se dan muchas cifras. ¿Por qué no se dan las cifras de quiénes cumplen en Chile penas perpetuas? A los siete, ocho, nueve o diez años los violadores y asesinos salen en libertad. Para la pena de muerte se usa el indulto presidencial, y aquí no se cumple la cadena perpetua. A mi juicio, con estas conductas se insiste en legitimar la permisividad.
Aquí hay una cuestión de sentido común. Todo el esfuerzo que distintos parlamentarios le han imprimido a esta ley en orden a perfeccionarla se va a perder, cuando esta Cámara apruebe estas disposiciones. La lectura para el país será: rebaja de penas. Los chilenos y las víctimas demandan lo contrario. No estamos por las rebajas de penas, y eso es lo que hoy, al parecer, una mayoría circunstancial pretende aprobar.
Como parlamentario, no estoy dispuesto a ser cómplice de una cuestión de esta naturaleza. Es grave. Lamentablemente, la Concertación se ha caracterizado por la rebaja de penas, y pareciera que el mayor énfasis en estas materias es, en vez de estar con las víctimas, estar con el delincuente.
Por eso, no daré mi aprobación a la despenalización de la sodomía y, con mi voto, mantendré la pena de muerte para aquellos secuestradores y violadores que van dejando su huella, imponiéndose finalmente -aunque sea muy dura la palabra- la impunidad en el país.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , ante un proyecto de ley de enorme importancia, tengo altas coincidencias respecto de lo que la Comisión aprobó y rechazó. Sin embargo, indiscutiblemente, tengo algunos desacuerdos que ya han sido expresados por las Diputadas señoritas Saa , Sciaraffia , y señora Allende.
Antes de referirme a algunos desacuerdos que no se han mencionado, haré una primera aproximación a este proyecto que tiene que ver con una percepción de debilidad del mismo.
Desde su origen, y durante el debate en esta Cámara y en el Senado, ha habido una debilidad que se manifiesta en que la mirada desde la infancia, desde los niños y las niñas, ha sido muy débil. Me alegro mucho de la intervención de la señora Ministra de Justicia en este sentido.
Hay una deuda pendiente que este proyecto nos la hace evidente. Señora Ministra , aquí se necesita un código de la infancia. La ley de menores es tremendamente arcaica e insuficiente y no tiene ninguna relación con lo que nos demanda la Convención por los Derechos de los Niños.
Frente al tema de los delitos sexuales, sin duda, la violación, el abuso cometido contra los niños es el peor, el más grave. Aún más, cada cierto tiempo nos sentimos muy impactados por las informaciones entregadas por los medios de comunicación. Se está conociendo un poco más, pero sabemos -y las cifras lo dicen- que es la punta de un iceberg. Sabemos que en este minuto están violando y abusando de niños y niñas, algunos muy pequeños. Conocemos el caso tremendo de Colonia Dignidad, donde, por años, se ha abusado sexualmente de niños. Además, sabemos que en nuestro país y en el extranjero la pederastia, el uso de niños y niñas para estas formas de pornografía, de excitación sexual a través de ella -y no es una expresión de los sectores populares y de la gente primitiva, sino que cada vez se ve más ligado a la sofisticación del mundo de la riqueza-, es un tema tremendamente presente.
Nuestra legislación es muy débil e insuficiente y no tuvo la mirada hacia la infancia; no fuimos capaces de colocarla. Estamos ante ello.
En este sentido -creo que la Ministra ya lo mencionó acá-, el número 13 nuevo, y muy especialmente el artículo 366 A, deben ser rechazados en las modificaciones del Senado. En ese número, la Comisión rechazó algunas y aprobó otras. En mi opinión, todas deben ser rechazadas. Sobre todo, el 366 A, por la relación que tiene con los niños y las niñas. Es muy grave esta rebaja de penas.
En general, creo que los problemas no se solucionan con penalización. Sin embargo, en este caso, no puedo estar de acuerdo en que se rebajen las penas.
Actualmente, el llamado abuso deshonesto parte con una pena mínima de 541 días. Según la modificación del Senado, se sanciona con presidio menor en cualquiera de sus grados. Es decir, desde 61 días. Además, desaparecen las agravantes específicas, cuestión que es muy grave, pues habitualmente se considera como atenuante la irreprochable conducta anterior.
Entonces, en lugar de avanzar, existe un retroceso en perjuicio de las víctimas, porque se tenderá a aplicar la sanción y no tendrán compensación las agravantes. En la práctica, los abusadores de niños y niñas sufrirán una pena similar al hurto de baja cuantía, al robo sin amenaza, a los pequeños daños a la propiedad. Además, esto se contradice con los propósitos de rehabilitación de los agresores sexuales, puesto que los dejarán en libertad de inmediato; no se va a tomar ninguna medida rehabilitadora.
Por lo tanto, me parece que este artículo debe ser rechazado y revisto por la Comisión mixta.
Por otra parte, estoy de acuerdo -me parece que también lo mencionó la señora Ministra - con rechazar todo el número 1, nuevo, que sustituye los artículos 141, 142 y 142 bis, por los artículos 141, 142, 142-A, 142-B y 142-C.
El artículo 142 -que la Comisión recomienda aprobar- establece el límite de edad de 10 años. Considero importante que el Senado haya igualado a hombres y mujeres, porque la Cámara estableció una diferencia que nunca compartí. Aquí se iguala hacia abajo, criterio que no me parece adecuado y creo que debe revisarse.
Pero hay otro punto -quizás sea el vacío más importante, y no sé si existe alguna posibilidad de que se revea en la Comisión mixta- que tiene que ver con el problema de fondo. ¿Quién denuncia el abuso sexual de que son objeto niños y niñas, en la mayoría de los casos, al interior de la familia? ¿Quién lo denuncia? ¿Quién representa a la víctima?
Ahí tenemos un terrible problema, y la cuestión es que no podemos esperar que se apruebe el proyecto que crea el ministerio público y la fiscalía de la infancia. Sabemos que ésa es la solución, pero pasará mucho tiempo y mientras tanto hay que hacer algunas reformas.
El artículo 369 regula los actos de violación cometidos por un cónyuge o conviviente en contra del otro, y me parece muy bien que la Comisión proponga rechazar las modificaciones del Senado, porque resulta absurdo colocar una serie de reglas. Por eso, me referí a este artículo en relación con el problema de la infancia que estoy planteando: transforma el delito en acción privada y aumenta su invisibilidad.
En todo caso, lo que quiero subrayar es que, tratándose de niños y niñas, el problema se mantiene. Entonces, estamos frente a un delito de acción mixta, cuando debería ser, por lo menos, un delito de acción pública; es decir, que cualquiera persona que haga la denuncia pueda representar a la víctima ante el juez.
Lo acabo de ver en mi distrito. Un vecino vio por una rasgadura de la muralla cómo un familiar abusaba sexualmente de una pequeñita, y se le presentó un tremendo problema: se atrevió a denunciar, pero después ¿quién representa a la víctima?
Por lo tanto, quiero hacer presente que, junto con valorar tremendamente este proyecto, puesto que significa avances muy importantes, lamento que en el tema de la infancia nos quedemos en deuda. Ojalá, este problema se corrija en la Comisión mixta que deberá conformarse.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
De conformidad con el Reglamento, correspondería cerrar el debate.
Sin embargo, rige el acuerdo adoptado por la unanimidad de la Sala, que consiste en otorgar la palabra, hasta por cinco minutos, a los siguientes Diputados que se encuentran inscritos: señora Laura Soto, señores Rincón, Juan Pablo Letelier, Luksic, Rocha, Cardemil y señora Lily Pérez.
Por lo tanto, la votación se efectuaría, aproximadamente, a las 14 horas.
Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , creo que el país todavía recuerda el caso del niño Anfruns, que nos mantuvo en vilo durante seis días, nos conmovió y, finalmente, nos horrorizó.
Cuando en esa época se procesó a cierta persona, surgieron las dudas que recorrieron todo el país y que creo que todavía subsisten: que se condenó a un menor de 16 años, que, al final, cumplió una pena muy breve en atención a su minoridad.
Posteriormente, ocurrió otro caso muy parecido, que también nos horrorizó: cuando se procesó a Andaur. En esa ocasión, los jueces aplicaron pena de muerte, porque había violación y homicidio. Los jueces acordaron por unanimidad aplicar la pena de muerte, la que fue reconsiderada por el Presidente de la República después de estudiar acuciosamente el proceso.
¿Por qué digo esto? Porque ese proceso me llamó mucho la atención. Un amigo muy cercano -a quien le creo mucho-, le preguntó al Presidente Frei por qué indultaba en el caso Andaur, y él le respondió que había llegado al convencimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las penas no pueden ser aplicadas en abstracto; ellas tienen que considerar a la víctima y al victimario, que son seres humanos.
El Diputado señor Bartolucci defiende la pena de muerte y sostiene que el Pacto de San José de Costa Rica está mal interpretado por nosotros, que decimos que debe ser necesariamente aplicado. A lo mejor, no es un problema de aplicar tal o cual convención, sino de evolución de la humanidad. El Diputado señor Bartolucci sabe -hemos estudiado casi en las mismas universidades; por lo menos, en la misma región- que, desde Beccaria, en el mundo se ha producido una iluminación y que la pena de muerte y las penas crueles como la tortura han sido dejadas de lado, no sólo por los principios -tan importantes-, sino por inútiles, y no sólo por eso, sino por la forma en que se entienden: primero, porque no disuaden a nadie, y segundo, porque pueden ser objeto -como dijo la Ministra - de un error judicial, y esto sí que es grave.
Por eso traje a colación los casos del niñito Anfruns y de Andaur: en ambos hubo muchas legítimas sospechas de que no eran los autores del delito, y creo que cuando hay un error judicial, tratándose de la pena de muerte, ésta es irrevocable.
Y me refiero no solamente a Beccaria. A continuación, quiero leer, a modo de recuerdo, un pequeño párrafo que dice así: “La pena de muerte es necesaria, dicen los partidarios de la antigua y bárbara rutina; sin ella no hay freno bastante poderoso contra el crimen. ¿Quién lo os ha dicho? ¿Habéis calculado todos los resortes por los cuales las leyes penales pueden actuar sobre la sensibilidad humana? El legislador que prefiere la muerte y las penas atroces a los medios más suaves que están en su poder, ultraja la delicadeza pública, debilita el sentimiento moral en el pueblo que gobierna, semejante a un preceptor torpe que, por el frecuente empleo de castigos crueles, embrutece y degrada el alma de su alumno; en fin, gasta y debilita los resortes del gobierno, queriendo extenderlos con más fuerza”.
Esto que acabo de leer no es de hoy; corresponde a un discurso de Robespierre. Creo que habría que meditar sobre esto que fue dicho hace bastante tiempo. En verdad, resulta muy grave que nosotros, como legisladores, estemos estableciendo la pena de muerte en un debate razonado; es decir, nuestra responsabilidad es muchísimo más grave aún que quien la aplica, e involucra una tremenda irresponsabilidad, porque obligamos al juez a que cumpla la ley que estamos dictando.
Por lo tanto -como dijo la Ministra -, aquí hay una cuestión muy importante de principios: la evolución de la humanidad y la inutilidad de la pena de muerte.
Alguien me preguntó, qué dijo el Presidente Frei . Dijo: “Llegué al convencimiento”, y creo que eso es muy importante; él llegó al convencimiento.
Por eso, nuestra bancada no está por aprobar este artículo que establece la pena de muerte.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , la visión del colega Moreira es tan reduccionista, retrógrada y oscurantista, que no queda más que señalar que aquí no se trata de premiar o no premiar a los delincuentes, no es impunidad versus sanción; el tema es: pena capital versus otra pena, que sea más justa y que se adecue a la finalidad que toda pena debe perseguir.
Está claro que con la pena capital -ha sido un poco el centro del debate- no se persigue corrección alguna ni menos una reparación. La pena capital no devuelve la vida al que está muerto, y aun cuando algunos recurren al arrepentimiento como argumento, ello tampoco constituye corrección. El arrepentimiento sólo puede ser el principio de la corrección, pero el arrepentimiento no es esencial para la rehabilitación del delincuente. Eso es lo que persigue la pena, pero al cortar la vida, en ese mismo minuto muere la posibilidad de corregir al delincuente.
Otro argumento fuerte que se sostiene es que la sociedad y el Estado tienen derecho a proteger a sus ciudadanos. Pero no es la vida del delincuente la que pone en riesgo a la sociedad, sino la posibilidad de que quede en libertad quien ha cometido un delito terrible. Este argumento tampoco es fuerte. Pero se han dado muchos más, como la posibilidad del error judicial -muy bien esbozado, como ejemplo concreto, por la Ministra de Justicia-, que también permiten concluir que la pena de muerte debe ser rechazada.
Por todos los argumentos esgrimidos aquí, me sumo al rechazo de la pena de muerte, que se pretende mantener como castigo para algunas figuras delictivas de nuestro Código Penal. Además, me sumo a quienes apoyan la posibilidad de que la Comisión mixta estudie lo señalado por la Ministra y por mis colegas de bancada.
Llamo a revisar el tema, a mantener la discusión y a rechazar en forma categórica la pena de muerte, puesto que el valor de la vida siempre debe ser defendido. Éticamente, la sociedad debe estar por sobre el delincuente, no por debajo de él; debe asumir una clara posición de defensa de los valores del hombre y, sobre todo, de la vida, la que no puede ser cortada como sanción de quien ha delinquido, por muy dolorosa que sea la situación que en un momento dado convoque a la sociedad. Nuestra sociedad no es un circo romano; no puede constituirse en tal ni demandar penas de muerte para castigar hechos horrendos, que puedan generar terribles y traumáticas situaciones. Quienes legislamos -y los jueces, que deben aplicar sanciones-, debemos estar objetivamente por sobre el impacto que socialmente genera una situación violenta o un delito con grado de violencia terrible, que termina con la muerte de la víctima.
Por eso, llamo a mis colegas a rechazar categóricamente la pena de muerte, así como cualquier otro tipo de sanción penal que se estudie.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , voy a exponer tres ideas.
En primer lugar, considero absurdo que de una ley que procura tipificar los delitos sexuales, se excluya -por ser complejo- el acoso sexual. Es cierto que es un delito difícil de probar, pero no cabe duda de que hay una práctica social difundida en el país, que agrede la integridad psicológica y física, en particular, de la mujer trabajadora. Sería un error, una actitud cómoda, especialmente de esta Corporación -compuesta en su mayoría por hombres-, no asumir este desafío de tipificar un delito que va mucho más allá de lo que contempla la legislación actual.
No es correcto remitir esto sólo al Código del Trabajo; sí lo es, en un esfuerzo modernizador, entender que no estamos frente al estupro, sino ante otro tipo de práctica social que debe ser configurada y debidamente sancionada.
Hago mía la reflexión de la Diputada señora Allende, insistiendo en que es necesario que la Comisión de Trabajo de la Corporación asuma con altura de miras una moción cuya tramitación está detenida hace más de un año.
En segundo lugar, respecto de la pena de muerte, hay algunos que con gran liviandad dicen: es importante mantener el artículo 142-C o el artículo 372 bis, que, en el fondo, establecen la pena capital.
Los argumentos de que no es una pena que rehabilite, que no es disuasiva, que existe la posibilidad del error judicial, son conocidos y no quiero insistir en ellos. Quiero llamar a mis colegas de la Oposición a un acto de consistencia. Cuando dicen y decimos que la Constitución establece la defensa de la vida en todo tipo de situación, quiero comprender por qué, a renglón seguido, se dice que el Estado puede ser asesino, es decir, tener la excepción y matar. No encuentro coherencia en ese planteamiento. El derecho a la vida no admite excepción alguna, y relativizarlo por la comisión de cierto tipo de delitos, no hace sino abrir la puerta a una actitud ambivalente de esta sociedad respecto a un principio tan básico como el consagrado en el número 1 del artículo 19 de la Constitución: el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física de las personas, que el Estado debe resguardar.
Respecto de los delincuentes que violan y causan la muerte de una menor, por cierto, visceralmente, uno reacciona y les desea lo peor; pero, sin perjuicio de ello, la Corporación debe tener la capacidad de actuar no con el estómago ni con las emociones solamente, sino con la razón de Estado. Una sociedad moderna no crece si abre la puerta a la excepción de cometer el asesinato legal justificándolo con que el Estado, en ciertos casos, puede matar.
Soy partidario de que, de una vez por todas, se erradique la sanción de la pena de muerte de estos dos casos en que aún existe en nuestra legislación...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Un minuto, señor diputado .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
...por cierto, estableciendo todo tipo de agravantes cuando los delitos sean cometidos contra menores, pero nunca llegando al nivel de transformarse en cómplices de asesinos, como son las personas que los cometen.
Por último, quiero hacer mía la reflexión de la Diputada señora Pollarolo . Necesitamos un código especial para la infancia, que disponga quién defiende a los menores que son violados o golpeados.
Hace dos años se presentó una moción que propone modificar el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, a fin de hacer algo muy sencillo: eliminar el requisito del pago de la fianza de calumnia con el objeto de que alguien pueda defender a los niños atacados y violados. Hago un llamado para que avancemos con gestos concretos y que esta moción, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sea puesta en tabla y se despache, a fin de que alguien -hasta que tengamos un Código más global para la infancia- asuma la defensa de los niños.
Estas normas, en algunas materias son bastante retóricas porque, en el 70 por ciento de los casos, los actos o delitos sexuales se cometen contra menores, pero no hay nadie que los pueda defender o que quiera defenderlos con las normas vigentes.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , me sumo a las palabras de felicitación al proyecto que estamos estudiando, en el sentido de que ordena los delitos sexuales, tanto en lo que se refiere a las penas como a los tipos penales. Sin embargo, creo que, al igual que algunas señoras diputadas que me han antecedido en el uso de la palabra, no ampara ni protege debidamente la situación de los niños.
Desde nuestro punto de vista, creemos que se vulnera gravemente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que prescribe que las legislaciones de los Estados deben atender al interés superior del niño que, en este caso particular, requiere de un efectiva tutela penal, de manera que delitos tan graves, como los abusos deshonestos, realmente no queden impunes.
De manera bastante sintética, quiero señalar en qué disposiciones de la iniciativa se observa una desprotección a los niños.
En primer lugar, la modificación del Senado al artículo 142, que trata la substracción de menores, claramente excluye a los niños de la esfera de protección, desde el momento en que se rebaja la edad del menor de 18 a 10 años. Asimismo, dicha disposición no incluye como agravantes las agresiones sexuales -mantiene como tales el homicidio y las lesiones- a menores de 18 y mayores de 10 años. Sólo hace mención a los menores de 10 años.
En similar situación está el artículo 366 -que mencionó la Diputada señora Fanny Pollarolo -, referido a los abusos deshonestos. Como se ha dicho, se elimina la agravante de responsabilidad penal cuando la víctima sea menor de 12 años. Por lo tanto, en la práctica, se legisla a favor de los delincuentes sexuales de menores ya que, como es sabido, en la mayoría de los casos de abusos deshonestos a menores de 12 años, se acoge la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior del agresor establecida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal.
Según estadísticas fidedignas, el 31,8 por ciento de los abusos deshonestos son cometidos contra menores de 10 años. Hoy existe la posibilidad de evitar el efecto minimizador de la pena por aplicación de la atenuante que ya he mencionado.
En el artículo 367 también hay clara desprotección hacia el menor, ya que se elimina el delito de corrupción de menores, de manera especial en lo relativo al agente corruptor; lo que sucede, concretamente, en el caso del dueño de un “topless”, que contrata menores de edad para su negocio.
También ocurre cuando éstos viven en un ambiente de promiscuidad sexual, donde existe clara responsabilidad de los padres que, en este caso, actúan como agentes corruptores. Por ejemplo, el “profeta” de Peñalolén. Lógicamente, sus hijos viven en un ambiente de promiscuidad, cuestión contemplada en el delito de corrupción de menores.
Al menos, estas tres disposiciones deberían rechazarse a fin de proteger a los menores.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , lamento conocer estos proyectos de ley sólo cuando llego a la sesión, sin haber tenido el tiempo suficiente para hacer un análisis más acabado. Pero ésa es nuestra mecánica.
Respecto de la iniciativa en estudio, me preocupa fundamentalmente el tema de las penas que establece, que no son las que en definitiva aplican los jueces, porque las toman como un punto de referencia y se mueven, como en un cálculo matemático, considerando las circunstancias atenuantes y agravantes, de manera que es muy posible que nos veamos expuestos a saber que, en determinada ocasión, algún presidio mayor que hayamos aprobado como la pena correspondiente a cierto tipo delictual, se convierta en un presidio menor, en cualquiera de sus grados, por efecto de este juego que el magistrado debe hacer de las distintas circunstancias del delito, y que, por supuesto, afectan al delincuente.
Asimismo, noto en el proyecto el seguimiento de este mismo razonamiento; algunas penas son excesivamente bajas. Es necesario revisar esta materia. Por ejemplo, los artículos 363 y 366 disponen que quien, abusivamente, realizare una acción sexual distinta al acceso carnal con una persona mayor de doce años será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados. Es decir, el juez debe manejarse entre los 61 días y los cinco años.
El artículo 366-A, dispone -qué grave es esto- que quien realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de 12 años -fíjense, qué daño puede causar a una niña para toda su vida un tío “cariñoso”, como lo hemos visto en muchos casos, aun cuando no concurran las circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados.
Si consideramos que ese delincuente tiene una irreprochable conducta anterior y procura reparar el mal causado, será sancionado con una pena ridícula. Esta es una materia que necesariamente debemos analizar.
Dejo hasta aquí el tema de las penas, pero solicito a aquellos señores diputados que nos representen en la Comisión mixta, que lo hagan con la ponderación y criterio que estamos pidiendo.
El tema de la pena de muerte se nos cruza permanentemente, y lo hemos debatido desde el primer período parlamentario. Estoy dispuesto a discutirlo como también su posible abolición, pero mientras en el país no exista un presidio perpetuo real, no haya una disminución de penas provocada por algún acontecimiento histórico, como la visita, supongamos, de su Santidad o porque llegamos al nuevo siglo o porque asume un nuevo Presidente de la República , no podría pensar en una disminución de la pena que actualmente existe.
En todo caso, me alegro de que hayamos asumido el estudio de una materia tan trascendental para la familia chilena. Creo que Chile entero reconocerá el esfuerzo del Congreso Nacional por dotar al país de una ley que realmente tipifique y castigue delitos de esta gran gravedad.
Reitero: enviamos el proyecto de ley a la Comisión mixta, confiando en el criterio y en la ponderación de los señores diputados que deben representarnos.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , sin duda se trata de un buen proyecto de ley, en cuanto a modernizar y actualizar el Código Penal. No obstante, deseo intervenir respecto de dos cuestiones.
La primera, la abolición de la pena de muerte y, la segunda, la despenalización de las relaciones homosexuales o sodomía.
Es clásico en las aulas de derecho el debate entre los que admiten la legitimidad de la pena de muerte y los que la rechazan. Podríamos estar mucho tiempo discutiendo sobre lo mismo.
Los argumentos en pro y en contra se reducen a un tema aquí planteado: el derecho a la vida, que es absoluto, ¿admite o no excepciones? Muchos dicen que no y así lo hemos oído esta mañana. Otros, analizando las mismas disposiciones legales, entendemos que admite excepciones y es evidente. El derecho a la vida, siendo absoluto, admite la excepción de la legítima defensa y cualquiera, dentro de los márgenes jurídicos de la legítima defensa, puede dar muerte a otro ser humano, porque la vida de uno está en función de la del otro. Es lo mismo que en el caso de una guerra justa, nadie podría sancionar a quien, defendiendo a su país, mata a otro.
La situación de la sociedad respecto del victimario es exactamente la misma. En este caso, muchos planteamos el derecho a la vida, que es absoluto, pero se relativiza, en términos concretos, respecto del derecho que la sociedad tiene para sancionar al que es causante, en casos muy calificados, de delitos atroces.
Pero éste no es sólo un debate académico. En pocos minutos más tendremos que resolver si abolimos o no la pena de muerte respecto de quien cometa el delito de violación con muerte o de secuestro con muerte. Aquí hay una cuestión de señal pública a la sociedad.
No tengo duda de que muchos diputados votarán con quien habla, en cuanto a que, por razones doctrinarias y prácticas, hay que mantener la pena de muerte, aplicada con justicia en casos muy restrictivos, en estos dos delitos graves, que ocurren en nuestra sociedad en mayor cantidad de la que creemos.
Respecto del delito de sodomía, entiendo que se trata de una cuestión delicada. No creo que nadie tenga derecho a ser peyorativo o a juzgar cuestiones que están en la intimidad de las conciencias. Nosotros somos legisladores y no moralistas, de manera que debemos resolver sobre una disposición concreta, que nos propone una solución de compromiso, a mi juicio, muy incoherente, muy mal hecha, acerca de las dos alternativas que tenemos.
La primera, que es más o menos la que el Presidente de la República proponía en su mensaje, se plantea en los siguientes términos: ¿mantenemos o suprimimos una discriminación legal respecto de las relaciones homosexuales?
¿Qué se nos sugiere votar, con un sincretismo bastante apurado? Que hagamos lo que está en la mitad. Es decir, que penalicemos las relaciones homosexuales entre un adulto y un menor de 18 años. Ésta es una mala solución, por varios motivos que están muy bien descritos en los informes.
¿Qué se trata de proteger aquí?
Si se pretende proteger el libre desarrollo de la sexualidad del adolescente, entonces la seducción homosexual debe ser sancionada en los mismos términos que la seducción heterosexual, cuando sea constitutiva de engaño o abuso.
Si queremos proteger al adolescente del abuso, ¿por qué lo vamos a proteger sólo de la relación homosexual y no de la heterosexual? De hecho, aquí se produce una clara discriminación entre el trato de la heterosexualidad y la homosexualidad. Entonces, debería restringirse más: sancionar a la persona que tenga una considerable diferencia de edad con el menor.
Podría darse el caso de que, usando este artículo, se sancione la relación homosexual entre una persona que recién ha cumplido 18 años y otra que, por pocos meses, no los ha cumplido todavía. Esto es incoherente de manera manifiesta, porque estamos eludiendo la decisión que nos compete, cual es si discriminamos o no respecto de la homosexualidad.
Como quiero tratar el tema con respeto y no lo tengo claro, mientras no haya una disposición mejor, me quedo por mantener la actual. Como señal social, estimo que debe mantenerse la norma del Código Penal.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , sin duda la aprobación del proyecto es un avance trascendente y sustantivo para nuestro país respecto de materias que históricamente han sido ocultas, privadas y han estado básicamente en el entorno de las familias, muchas de las cuales han sido destruidas producto de un problema tan grave como la violación, que involucra un doble delito: uno, lo constituye el acto mismo de la violación y, el otro, la tramitación a que están sujetas las víctimas. Es decir, toda su investigación policial y el engorroso proceso judicial.
Quiero referirme a un asunto muy importante, que el proyecto no resuelve, a pesar del avance que significa, como algunos parlamentarios ya lo han señalado. Me refiero al origen de una violación. Creo que tiene que ver con la disociación que existe en nuestra cultura y en la sociedad chilena respecto del ejercicio de la sexualidad, el amor y el respeto.
Sin duda, una violación es un acto de fuerza no sólo delictual, sino de fuerza y de sometimiento de una persona a otra por medio de la fuerza física, sea ésta un hombre, una mujer, un niño, una niña o una persona mayor. También en el país muchos ancianos son afectados por violaciones, tema que tampoco ha sido abordado en la forma de-bida.
Además, aunque sea un hecho doloroso, debemos asumir que al interior de los matrimonios y de las convivencias también existe la violación. Éste no es un asunto menor, que ya se ha debatido y que no debemos desconocer.
También quiero referirme a la despenalización de la sodomía. En ese aspecto, estoy con lo señalado por el Diputado señor Bartolucci . El Estado no tiene por qué entrometerse en las relaciones sexuales entre dos adultos, aunque éstas sean de carácter homosexual.
Una cosa muy distinta es la relación que puede forzar un adulto mayor de dieciocho años a un niño, a un adolescente, a la que pueden tener dos personas adultas, mayores de edad. Creo que ahí el Estado no tiene por qué intervenir, por tanto, sí soy partidaria de la despenalización de la sodomía.
Para terminar, quiero referirme a dos asuntos. El primero, a las denuncias que, si bien es cierto, ha sido tratado en este proyecto, no es menor.
La mayoría de las violaciones no son denunciadas, porque quienes recepcionan las declaraciones, ya sea en la posta o en Carabineros de Chile, generalmente son hombres y no mujeres. Esta cuestión la he conversado, incluso, con el General Ugarte. Muchas mujeres, que son las que llegan a las postas o a las comisarías, no denuncian las violaciones porque son carabineros los que toman las declaraciones y ellas no tienen la confianza ni la soltura suficiente para detallarle la forma de la violación. Por tanto, éste es un asunto que también nosotros debemos analizar.
En segundo lugar, aquí se ha suscitado un debate respecto de la pena de muerte. Éste es un asunto tan relevante para la sociedad chilena, que no puede ser motivo de discusión de pocos minutos. Creo que se debe realizar un debate que nos lleve a una reflexión profunda.
Por mi parte, no tengo la verdad absoluta ni me siento una iluminada en estos temas, que me llenan de contradicciones, por eso quiero que después tengamos un debate en profundidad sobre estos temas. Obviamente, prefiero la cadena perpetua por sobre la pena de muerte, pero tengo que reconocer que, en casos calificados, como los que se ven en materia de violación con resultado de muerte, soy partidaria de la aplicación de la pena de muerte.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cerrado el debate.
Señores diputados, de las intervenciones efectuadas en la Sala, la Mesa ha registrado doce peticiones de votación separada, en el contexto de asumir las recomendaciones que contiene el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ya sea para aprobar o rechazar enmiendas o modificaciones del Senado.
Me permitiré reseñarlas, de manera que si hay algún tipo de perfección, se haga presente en la Sala.
1) Para el Nº 1 del artículo 1º. Hubo distintas intervenciones que pedían votación separada respecto de los artículos 141, 142, 142-C, etcétera. Por lo tanto, sería una sola votación separada del todo.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Si no hay acuerdo en que la votación sea del todo, habría que dividirla en una del 142-C y otra del resto de las normas contenidas en el Nº 1 del artículo 1º.
¿Habría acuerdo?
Acordado
2) Para el Nº 8 del artículo 1º.
3) Para el Nº 12 original que el Senado propuso suprimir.
4) Para el Nº 13.
5) Para el Nº 15.
6) Para el Nº 17.
7) Para el Nº 22, antes 21, el que se refiere al artículo 372 bis, que se discutió latamente.
8) Para el Nº 23, nuevo.
9) Para el Nº 24, sobre la norma referida al incesto.
10) El artículo 2º.
11) Los números 3 y 4 del artículo 2º.
12) El artículo 5º, nuevo.
Ésas son las peticiones de votación separada que registra la Mesa.
Solicito el acuerdo de la Sala para someter a una sola votación el resto de las normas contenidas en el informe, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la propuesta de la Comisión respecto de las modificaciones del Senado, con excepción de los doce acápites que se votarán en forma separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el artículo 142-C, contenido en el Nº l del artículo lº. La Comisión propuso rechazarlo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 55 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Rechazada la propuesta del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación los artículos 141, l42, l42-A y l42-B, contenidos en el Nº 1 del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 77 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazada la modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el N° 8 del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobada la modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Bustos (
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el N° 12 del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 1 abstención.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor Mora.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, no pude votar.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Indique cuál es su votación, señor diputado .
El señor LEAL.-
Por el rechazo, señor Presidente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Al producirse un empate de 46 votos por la afirmativa y 46 por la negativa, más una abstención no hay votos suficientes para aprobar la norma. Eso es de acuerdo con el Reglamento.
En todo caso, como un señor diputado no había votado y eso podía incidir, se agregará su voto.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
Un señor DIPUTADO .- Aquí hay otro señor diputado que no votó.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Como hay otros señores diputados que no votaron, se repetirá la votación.
En votación el Nº 12 del artículo 1º. El Senado propone suprimirlo, y la Comisión de Constitución acordó aprobar dicha supresión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobada la modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor HALES.-
Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HALES .-
Señor Presidente , sugiero que el procedimiento de hacer referencia al número, al artículo y a la página del boletín comparado, sin necesidad de leerlo, lo siga utilizando en la votación de los próximos artículos, para evitar confusiones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En cada votación la Mesa ha indicado página y número, pero hay diálogos simultáneos que inducen a confusión.
El señor MOREIRA.-
Pido la palabra, por una cuestión reglamentaria.
El señor ELGUETA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Por una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el Diputado señor Moreira y después, el Diputado señor Elgueta .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , un téngase presente: me parece que éste no es el procedimiento, porque la votación no puede repetirse después de efectuada, menos en los términos en que se hizo. Si seguimos permitiendo esta forma de conducir las votaciones, se puede sentar un precedente.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Mesa no tiene el mismo criterio.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , complementando lo que dice el Diputado señor Hales , sería conveniente que la Mesa señale si nos vamos a guiar por los números de la Cámara o del Senado, porque el Nº 13, por ejemplo, ha pasado a ser 12 en las enmiendas del Senado. Entonces, allí se producen los errores.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Estamos votando las modificaciones del Senado. En consecuencia, ése es el numeral que debemos usar. El informe de la Comisión de Constitución propone aprobarlas o rechazarlas.
En votación el Nº 13 del artículo lº. La Comisión propone rechazar la modificación del Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazada la modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor Leay.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar el Nº 15 del artículo lº. El Senado propone suprimir el artículo 366, nuevo, y la Comisión sugiere aprobar la modificación.
En votación.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , ¿se votó el Nº 14, que contiene el artículo 366-A?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No está pedida la votación separada de esa norma, señora diputada . En su oportunidad se verá.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
La Diputada señora Pollarolo habló extensamente acerca de eso.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señora diputada , al comienzo de la votación leí con calma las doce disposiciones sobre las que se pidió votación separada. Pedí el acuerdo de la Sala y ésta lo dio en forma unánime. Eso es lo que votaremos.
En votación la modificación del Senado que propone suprimir el número 15.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 45. Hubo 4 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación la proposición del Senado en el sentido de sustituir el número 17. La Comisión sugiere su rechazo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
^@#@
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación la propuesta del Senado en cuanto a suprimir el número 22 del artículo 1º que dice relación con el artículo 372 bis. La Comisión sugiere rechazar dicha propuesta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 61 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , cuando usted sometió a votación el numeral 22 -o 21-, hizo mención a la página 21 y no a la 20, pero no sé si su Señoría sometió a votación el artículo 373, bis. Digo esto para que quede claramente establecido. Hice la consulta con el señor Secretario y, como en ambas páginas se señalan números 22, puede haberse originado una confusión y pido que el señor Secretario nos informe si se rechazó o no la mantención de la pena de muerte estipulada en la página 20.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , hice la mención a que se refiere su Señoría, en términos de que la ubiqué en la página 21; pero, a su vez, expresé que se refería al artículo 372, bis, que está contenido en ambas páginas.
Para mejor claridad de la Sala, entenderíamos que votamos el agregado establecido en la página 21 del comparado.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Al momento de la votación, cuando se me pidió identificar el artículo, dije “Número 22 de la página 21”. El señor Juan Pablo Letelier hace presente que no dije que, además, figuraba en la página 20.
Por esa razón, para evitar cualquier tipo de dudas, procederé a poner en votación el número 21 -contenido en la página 20-, que ha pasado a ser 22 y que también dice relación con el artículo 372, bis. La Comisión propuso rechazarlo.
Por lo tanto, en votación el Nº 21, que ha pasado a ser Nº 22, contenido en la página 20 del informe comparado, que la Comisión propuso rechazar.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Rechazada la propuesta de modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el numeral 23 que, de acuerdo con el texto del Senado, en el caso de aprobarse el anterior, pasaría a ser número 24:
“Ha destacado con letra cursiva el epígrafe de la siguiente forma:
“9. Del incesto.”
La Comisión sugiere su aprobación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar la modificación del Senado al artículo 2º, que la Comisión recomienda aprobar.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar, en el artículo 2º, los números 3 y 4 que el Senado ha propuesto suprimir, pero que la Comisión recomienda aprobar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Finalmente, corresponde pronunciarse respecto de la proposición del Senado para agregar un artículo 5º, nuevo, que la Comisión sugiere rechazar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 71 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Rechazada la propuesta de modificación del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo para plantear una cuestión de Reglamento.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , existe una confusión debido a una votación que fue realmente compleja, la del Nº 14, y quiero pedir a la Mesa que lo votemos nuevamente. Hubo referencias, especialmente de varios señores diputados en relación con el artículo 366-A, donde la rebaja de la pena, tratándose de niños, de menores, es muy grave. Es una solicitud, reconociendo que fue un error de nuestra parte, pero, por ser el tema de mucha importancia, se hace necesario un pronunciamiento al respecto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Como dicho número está aprobado, se requiere el acuerdo unánime de la Sala para volver a votarlo.
¿Habría acuerdo unánime para proceder así?
Acordado.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se votará, entonces, en el numeral 14, sólo el artículo 366-A.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , también se omitió, en el mismo número 14, el artículo 367, donde se elimina la expresión “o corrupción”. Hay suficiente acuerdo para incorporarla. No está en el epígrafe, sino que dentro de la disposición del artículo 367 actual, que se suprime.
Propongo, con la venia de la Sala, votarlo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Está votado, señor diputado .
Se aprobaron todas las propuestas de la Comisión, con excepción de aquéllas en que se pidió votación separada. En esa materia no se pidió votación separada y, por tanto, se aprobó lo que su Señoría indica.
En votación el artículo 366-A, que corresponde a una parte del número 14 del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 91 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Rechazada la propuesta de modificación del Senado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Propongo integrar la Comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia relativa al delito de violación, con los señores Walker, don Ignacio; Elgueta y Bartolucci, y las señoras Pía Guzmán y Laura Soto.
Acordado.
Ha terminado el Orden del Día.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
ADELANTO DE REAJUSTE DE PENSIONES. (Continuación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde votar un proyecto de acuerdo que está pendiente.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Es el Nº 50, de los señores Longueira, Dittborn, Recondo, Álvarez, Ibáñez y Coloma, entre otros señores diputados, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E. el Presidente de la República que tenga a bien patrocinar una indicación que cambie la fecha del reajuste a los jubilados al 1° de enero de 1999, con cargo a estos mayores ingresos obtenidos por la adjudicación de la concesión del tramo Santiago-Talca de la ruta 5”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo la Diputada señora
ADELANTO DE REAJUSTE DE SUELDOS A CARABINEROS DE CHILE.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 51, de los Diputados señores Longueira, Dittborn, Recondo, Ibáñez, Álvarez, Paya, Álvarez-Salamanca, Galilea, don Pablo; Coloma, Vargas, Martínez, don Rosauro; señora Prochelle, doña Marina; Alvarado, Kuschel, Bertolino, Delmastro, Monge, García, don René Manuel; Molina, Palma, don Osvaldo; Masferrer, Díaz, Errázuriz, Soria, Prokurica, Leay, Moreira, Melero, Pérez, don Víctor, y Correa, que dice:
“Considerando:
1. Que todos los sectores políticos del país compartimos que la crisis vivida hace algunas semanas por Carabineros de Chile se debe en gran medida a los bajos sueldos de los miembros de dicha institución.
2. Que el Congreso aprobó el proyecto de ley que modifica el D.F.L. 2 otorgándole facultades a S.E. el Presidente de la República para reajustar las remuneraciones de dicha institución.
3. Que por falta de recursos el mayor costo de la implementación del mencionado reajuste se dividió en dos cuotas. Una de 8.000 millones de pesos al momento de publicarse la ley (abril de 1998) y los restantes 6.500 millones a partir del 1° de enero de 1999.
4. Que lo anterior impidió otorgar en un 100% el reajuste al personal, generando protestas de los familiares más directos de los carabineros.
5. Que el Estado licitó la concesión del tramo Santiago-Talca de la ruta 5 obteniendo ingresos inesperados, no contemplados en la ley de Presupuestos, del orden de los 97 millones de dólares.
6. Que adelantar el reajuste postergado para Carabineros de Chile tiene el costo de 6.500 millones de pesos (14.5 millones de dólares).
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que, usando la facultad ya otorgada por el Congreso Nacional, instruya al Ministro de Hacienda la asignación de los 6.500 millones de pesos con cargo a los ingresos obtenidos por la adjudicación de la concesión del tramo Santiago-Talca de la ruta 5”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el señor Longueira .
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , el propósito del proyecto de acuerdo es manifestar al Presidente de la República la voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados -espero que así sea- de adelantar la mitad del reajuste a Carabineros, aprobado por el Congreso en el proyecto de ley que modificó el decreto con fuerza de ley Nº 2.
Como todos sabemos, gran parte de los problemas que ocurrieron hace algunas semanas con Carabineros proviene del otorgamiento parcial del reajuste establecido en virtud de la facultad que se concedió al Presidente de la República . En efecto, el pago de la segunda cuota -6.500 millones de pesos-, quedó postergado para el 1º de enero de 1999.
En atención a que se obtuvieron, como lo señala el proyecto de acuerdo, recursos extras por la concesión del tramo Santiago-Talca -se esperaba obtener alrededor de 30 millones de dólares; pero el adjudicatario, finalmente, pagó 126 millones de dólares-, que no estaban contemplados en la ley de Presupuestos, se podría financiar con creces, hoy, el ciento por ciento del reajuste a Carabineros.
Cuando se conoció la magnitud de la crisis de esta institución, todos manifestamos nuestra voluntad de buscar financiamiento para mejorar las remuneraciones de su personal. Por lo tanto, dichos recursos extras debieran destinarse a cubrir los 6.500 millones de pesos, es decir, entre 14 y 15 millones de dólares, que, aproximadamente, cuesta adelantar para este mes el ciento por ciento del reajuste a Carabineros.
Debo agregar que para ello no se requiere un proyecto de ley nuevo. Como el Presidente de la República está facultado, sólo basta un decreto del Ministerio de Hacienda para que Carabineros reciba ahora, y no a partir del 1º de enero, el ciento por ciento del reajuste aprobado.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo habla por sí mismo. Recoge la voluntad mayoritaria de todos los sectores, expresada cuando se vivió la crisis. Es una forma de compromiso para mejorar, lo antes posible, la situación remuneracional del personal de esa institución.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señora Presidenta , nuevamente la Derecha intenta mostrar un rostro que no tiene, el rostro de preocupación por los funcionarios públicos, por los más pobres, es decir, el rostro de la equidad.
En este caso, al igual que en el proyecto de acuerdo anterior, ella pretende administrar el Estado, y para eso debe ganar las elecciones presidenciales. ¡Entonces podrá hacerlo a través de iniciativas de ley y no de proyectos de acuerdo! Sabe que está dando una señal que no podrá cumplirse y que, en realidad, constituye un acto de demagogia.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pero, en realidad, ha sido habitual en la Derecha la demagogia, la falta de contenidos.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PALMA (don Andrés) .-
En definitiva, quiere -y las exclamaciones de molestia que se escuchan en la Sala confirman mi aseveración- que la gente crea que ella se preocupa de lo social, de los pobres y de los funcionarios públicos, aunque sea a través de proyectos de acuerdo que, en la práctica, no tienen ningún valor.
Cuando estuvo en el gobierno no hizo las cosas que pretende realizar mediante proyectos de acuerdo, y cuando, avanzado el próximo siglo, acceda al gobierno -porque algún día llegará, por lo menos cuando abandone la demagogia-, tampoco las llevará a la práctica.
Mientras siga con la demagogia, no llegará al gobierno y sólo concurrirá a la Sala a aprobar proyectos de acuerdo, para después decir: “Ven, nosotros queremos dar recursos para los pensionados; nosotros queremos dar recursos para los Carabineros; nosotros queremos dar recursos para los mapuches; nosotros queremos dar recursos para la infraestructura y el desarrollo regional.” Pero cuando se presentan proyectos de ley con recursos para reajustes de Carabineros o para el desarrollo regional, no toda la Derecha los vota a favor.
En proyectos de ley con financiamiento sensato, permanente, razonable, la gran mayoría de la Derecha ha votado en contra, como sucedió la semana pasada con el de pensiones. Prácticamente toda la UDI y un número significativo de diputados de Renovación Nacional -es cierto que parte importante de RN votó a favor del financiamiento del proyecto-, votaron en contra de las normas de verdadero financiamiento de las pensiones.
Entonces, para blanquearse o intentar blanquearse -porque, en realidad, no lo va a conseguir- ante la opinión pública, ante los pensionados, ante los funcionarios públicos, la Derecha plantea un proyecto de acuerdo que dispone fondos cuyo destino tiene otro propósito. Y lo sabe, porque cuando se discutió el proyecto de ley que posibilita las concesiones, se recalcó -mi colega de distrito, Diputado señor Jaime Orpis , fue muy enfático en la materia- que las platas que se obtuvieran por infraestructura se gastaran en infraestructura; que el fisco, en definitiva, no dispusiera de estos recursos para otras actividades, de manera que no fueran impuestos. Ahora, pide que se usen como tales recursos excedentes de infraestructura.
El Gobierno ha dicho que con ellos creará un fondo de infraestructura para subvencionar nuevas concesiones, de mayor costo que las otorgadas. Por lo tanto, esos recursos están destinados, y la proposición de la Derecha es demagógica y no tiene sentido.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto de acuerdo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
MODIFICACIÓN A REGLAMENTO DE PESCA DEPORTIVA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 52, de los Diputados señores Arratia, Jiménez, señora Caraball, doña Eliana; señorita Sciaraffia, doña Antonella; señores Ojeda, Olivares, Ortiz, Villouta, Sánchez, Delmastro, Walker, don Ignacio; Pareto, Mulet, Kuschel, Walker, don Patricio; Álvarez, Urrutia, Velasco, Gutiérrez, Cornejo, don Patricio; Jarpa, García, don René Manuel; Díaz, Errázuriz, Letelier, don Juan Pablo; Martínez, don Rosauro; Acuña, y Palma, don Joaquín, que dice:
“Considerando:
1. Que la pesca deportiva puede constituirse en una forma eficiente de contactar, comunicarse y, en definitiva, proteger la naturaleza.
2. Que el ecoturismo o el turismo no contaminante alimentado por chilenos o extranjeros puede constituir una industria limpia de impredecibles proyecciones ecológicas y económicas, en especial porque significa una oferta deportiva de pesca a europeos y americanos del norte en períodos de verano y vacaciones para ellos, y de baja turística (invierno) para el hemisferio sur.
3. Que las regiones beneficiadas son, en general, ricas en recursos ecológicos de pesca deportiva y pobres en recursos agroindustriales, mineros y de servicios, lo cual implica falta de trabajo.
4. Que el actual reglamento de pesca deportiva, atendiendo a las zonas del país, variedades y hábitat de peces, calendario de desove, cantidad del recurso y otros, establece un calendario de pesca variable según cada situación, lo cual cautela el recurso y su preservación fijando cuotas.
Los diputados abajo firmantes vienen en proponer a la honorable Cámara el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
1. Oficiar al señor Director Nacional de Pesca y a quien proceda, para que instruya agregar al reglamento vigente de pesca deportiva, la autorización para la práctica de pesca deportiva en todos los ríos, lagos, cursos de agua, mares interiores del territorio nacional, durante todo el año calendario y sin restricción de especies, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que la pesca se practique sólo con mosca artificial y anzuelo sencillo sin rebarba, para no producir daño al pez, utilizando las diferentes técnicas de pesca deportiva en cualquiera de sus formas (orilla, embarcado o de arrastre).
b) Que el pez sea regresado al agua sin provocarle daño.
Todo lo anterior entendiéndose que en los períodos actualmente autorizados para la pesca deportiva, la norma vigente de cuotas de extracción y técnicas de pesca no serán modificadas”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Arratia .
El señor ARRATIA .-
Señora Presidenta , el motivo que, en primer lugar, me ha llevado a presentar este proyecto de acuerdo radica, de manera fundamental, en que en las regiones Décima, Undécima y Duodécima se vive una situación de depresión por falta de trabajo.
En segundo lugar, es sabido que las técnicas modernas de pesca que se practican especialmente en los países del norte, permiten devolver el pez al agua sin haberle causado daño. Esto permite que, durante sus vacaciones, los turistas del hemisferio norte concurran al hemisferio sur a pescar y a dejar aportes económicos importantes para nuestra región. De esta forma se complementaría la idea que actualmente sustenta la Ministra de Bienes Nacionales y que se pondrá en práctica a fines de este año, de desarrollar el ecoturismo, para lo cual se licitarán alrededor de 24 parques nacionales a lo largo del país.
A mi juicio, ésta es una idea complementaria de la de la Ministra de Bienes Nacionales y del actual Gobierno. Por eso, solicito la aprobación de este proyecto de acuerdo, que va en beneficio directo de la gente más humilde de regiones pobres.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señora Presidenta , uno de los potenciales de la zona descrita por el Diputado señor Arratia , autor de este proyecto de acuerdo, es el ecológico, así como su ambiente y el turismo asociado a él. A partir de ello, la posibilidad de pesca con mosca -pesca deportiva sin la captura de la especie-, es una alternativa muy importante que puede potenciar la pesca deportiva y, por ende, el ecoturismo asociado a ella dentro del desarrollo y de las posibilidades económicas de esta zona. Desde ese punto de vista, apoyo el proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta, este proyecto se inspira en una noble iniciativa, porque plantea favorecer la pesca deportiva, practicada por muchos aficionados, tanto nacionales como extranjeros. Pero las cosas hay que considerarlas desde el punto de vista de sus resultados.
En lo personal, me gusta mucho ir a pescar y creo que durante los últimos años los lagos y ríos se han repoblado de salmones y de truchas, lo que ha permitido que pasen a ser lo que dicen hoy los diputados firmantes: un centro de atracción turística.
Sin embargo, quienes visitamos estos lugares hemos visto situaciones bastante complejas. Hoy, en el Lago Llanquihue -por citar uno de los más grandes-, la pesca con carnada viva se ve durante los 365 días del año, sin ningún control. Entonces, este proyecto de acuerdo, aunque se inspira en muy buenas intenciones, no tendrá la debida fiscalización y, por lo tanto, se depredará todo lo que se ha podido generar en recursos de esta naturaleza, y como se podrá pescar todo el año, nadie, en definitiva, cumplirá la exigencia -ni nadie vigilará su cumplimiento- de que, por ejemplo, el anzuelo no tenga rebarba, característica de la pesca deportiva. Es imposible fiscalizar eso. Por tanto, provocaremos un daño ecológico y material y destruiremos una fuente turística que se ha recuperado en el país durante los últimos años y que se había perdido porque se destruyó el recurso, producto de que se pescó sin medida alguna durante los 365 días del año y, en definitiva, no quedó ni un solo pez en los lagos y ríos. Como consecuencia de los cultivos de salmones, reaparecieron estas especies en nuestros ríos.
Por lo tanto, pese a su buena intención, la aplicación del proyecto de acuerdo destruiría absolutamente la pesca deportiva en los ríos y lagos del sur de Chile.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señora Presidenta , entiendo la buena intención del proyecto de acuerdo; pero, al igual que el Diputado señor Leay, temo mucho que cause un grave perjuicio a una actividad deportiva que se ha ido incrementando en forma importante en los lagos del sur.
A los argumentos del Diputado señor Leay de que el control de la norma que se propone será muy dificultoso, quiero agregar -me considero entendedor de la materia- que hay un porcentaje muy importante de peces que, aun siendo capturados a través del procedimiento de la pesca con mosca y con anzuelo sin rebarba, por el estrés a que se ven sometidos, termina muriendo o con un grado de incapacidad de reproducción.
Por lo tanto, esto puede echar a perder el buen pie en que está la pesca deportiva en los lagos y ríos del sur de Chile. El remedio que se busca para reactivar una zona deprimida puede afectar gravemente una actividad que en la actualidad se realiza con mucho éxito en algunas épocas del año y que trae recursos a las regiones del sur.
Por las razones expuestas y entendiendo la buena intención del proyecto, me veo en la obligación de rechazarlo.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor LEAY.-
Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta , fue muy extraño el resultado de la votación del proyecto de acuerdo, porque figura votando el Diputado don Andrés Palma , quien no está presente en la Sala.
Un señor DIPUTADO .-
Hay varios más.
El señor LEAY.-
Dado que aparecen votando muchos diputados que no están en la Sala, solicito que se suspenda la sesión por un minuto para revisar esto y que se repita la votación.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
No procede, porque como se han retirado muchos diputados de la Sala, no tenemos el universo de parlamentarios de hace algunos instantes.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta , puedo asegurar que el Diputado señor Andrés Palma no estaba en la Sala y que figuró votando.
La votación está viciada, y como no puede repetirla ahora -lo que entiendo-, solicito que se repita, en forma normal, durante los proyectos de acuerdo de la próxima sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
No hay acuerdo.
Señor diputado, lo que sí podemos hacer es entregar y revisar la lista de la votación.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta , no se requiere acuerdo de la Sala, puesto que la votación está viciada.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , terminó la hora de proyectos de acuerdo. Estamos actuando sin ajustarnos al Reglamento.
La Mesa considerará su argumentación. Revisaremos la votación y procederemos en consecuencia.
VIII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE COMPRA DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES POR LA FUERZA AÉREA DE CHILE. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señora Presidenta , el Diputado señora Ávila me ha solicitado un minuto y medio. Por su intermedio, se lo concedo.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ávila .
El señor ÁVILA .-
Señora Presidenta , solicito que la Contraloría General informe a esta Corporación sobre las compras de pasajes nacionales e internacionales efectuadas por la Fuerza Aérea de Chile durante la gestión institucional como Comandante en Jefe del General don Fernando Rojas Vender , con indicación de:
1) En qué proporción tales adquisiciones favorecieron a la firma Exprinter y quiénes se encargan de la cartera Fach en dicha empresa.
2) Que se especifique el número y monto de todas las contrataciones y/o adquisiciones que, con licitación pública o sin ella, han favorecido al señor Conrado Ariztía , como persona, o a empresas donde tenga participación.
3) Que se investigue quién realizó proyectos y decoración del Hospital Fach por sumas de 11 y 70 millones, respectivamente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ascencio y Leal.
ANTECEDENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TELEFÓNICO. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO .-
Señora Presidenta , solicito que se envíe oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que la Subsecretaría nos informe sobre el cumplimiento del reglamento telefónico que ha llevado adelante, especialmente en cuanto a la naturaleza de las investigaciones efectuadas y sanciones impuestas a las diversas compañías que han infringido ese cuerpo legal.
La Compañía de Teléfonos de Chile, CTC, ha sido objeto de cuestionamiento por no cumplir con la cuenta única telefónica y por incluir en ésta rubros indebidos.
En consecuencia, pido, en primer lugar, que se envíe a esta Cámara toda la documentación que permita establecer cuáles son las infracciones al reglamento telefónico en que han incurrido tanto la compañía mencionada como las demás.
En segundo lugar, que informe respecto del reglamento de reclamos telefónicos, el que, sin duda, permitirá al usuario, mediante acciones legales, hacer una defensa adecuada de sus derechos frente a las compañías telefónicas. Como dicho reglamento es esencial, solicito que, si fuera posible, se nos envíe copia del mismo antes de su ingreso a la Contraloría General y las razones por las cuales aún no se ha cumplido este trámite.
He dicho.
La señora MUÑOZ doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
CONTAMINACIÓN DEL LAGO LANALHUE POR ACCIDENTE DE CAMIÓN DE TRANSPORTE PETROLERO. Oficios.
El señor NAVARRO .-
Señora Presidenta , solicito que se oficie a la Armada de Chile, Cuarta Zona Naval, con el objeto de que informe sobre los gastos en que ha incurrido en la extracción de la mancha de petróleo Diesel en el lago Lanalhue, a raíz del accidente de un camión de la empresa Apex.
Asimismo, que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Octava Región nos informe pormenorizadamente respecto de este grave accidente, ya que los alcaldes de las comunas de Contulmo, Tirúa y Cañete, y muchos testigos, han señalado que el derrame de los 8.000 litros de petróleo, más los 1.500 litros de bencina, no se produjo por el volcamiento del camión, sino tres días después, durante las maniobras que, de manera irresponsable y negligente, realizaron empleados de Apex. En efecto, al ejecutarlas, impidieron el transvase, lo que provocó el derrame que ha dañado este cuerpo de agua, considerado uno de los más limpios de la Octava Región.
Asimismo, recabo que se oficie al Servicio de Salud Arauco, del Ministerio de Salud; al Servicio Agrícola y Ganadero, y al Servicio Nacional de Pesca -que ha estado en terreno- para que nos informen sobre las acciones que han realizado respecto de esta grave contaminación.
Asimismo, a la Superintendencia de Bomberos o a Bomberos de Cañete, respecto del rol que les cupo inmediatamente después del accidente y sobre los informes entregados.
Finalmente, a la Siat, a Carabineros y al Ministerio del Interior, con el objeto de determinar cuál fue la acción de Carabineros durante este accidente, la supervisión que ellos realizaron, y si hubo informe de la Siat, ya que se nos ha señalado que no lo emitió y que el camión fue retirado sin que la Superintendencia de Combustibles pudiera constatar las condiciones de seguridad del mismo y del envase donde viajaba el combustible.
Por último, solicito que la totalidad de los informes se envíen a la brevedad, especialmente respecto de los costos que esto está irrogando para cada uno de los servicios que he mencionado. Como consecuencia de la irresponsabilidad de una empresa privada, la Armada de Chile ha debido cubrir con su patrimonio -y sigue haciéndolo- los gastos de instalación de una base en el lago Lanalhue, a fin de combatir eficientemente, con gran dedicación y con funcionarios muy preparados, la grave contaminación que afecta a ese lago de la provincia de Arauco, en la Octava Región.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LOS ÁNGELES. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ ( don José ).-
Señora Presidenta , hace algunos días discutimos en la Sala el problema de la contaminación ambiental de Santiago. Sin duda, es un tema muy importante, como también lo es la forma creciente en que cada día se están contaminando los suelos agrícolas y las aguas de canales, esteros y ríos de nuestro país.
En realidad, deberíamos exigir en forma más rigurosa a todas las empresas que se instalan cerca de los lechos de esteros y ríos que traten adecuadamente sus aguas y no las contaminen cada vez más, como acontece en estos días. Creo que la Conama, el Corema y los servicios de salud deben cumplir en forma más rigurosa con su obligación de controlar y sancionar drásticamente a quienes no cumplan efectivamente con los compromisos adquiridos de antemano. Residuos sólidos y, muchas veces, productos químicos son derramados en las aguas de canales, esteros y ríos, debido a lo cual la flora y fauna acuáticas van desapareciendo poco a poco.
Por otro lado, me inquieta que las empresas sanitarias del país no se preocupen de instalar -diría en forma masiva- plantas de tratamiento de aguas servidas.
En esta oportunidad, quiero referirme a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbio . Hace algún tiempo, el Intendente de la Octava Región , señor Martín Zilic , anunció públicamente que en el transcurso de este mes se iniciarían los trabajos de construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Los Ángeles, a fin de descontaminar las aguas del estero Quilque, que atraviesa la ciudad de oriente a poniente y riega gran parte de las tierras de la provincia de Biobío, que corresponden a las mejores series de suelo existentes en el país. Allí se cultivan masivamente las hortalizas que consume la población y, por consiguiente, el proceso de contaminación resulta realmente preocupante.
He sabido en estos días que esa planta no se construirá durante el presente año, porque no hay autorización del Ministerio de Hacienda, lo que es de extrema gravedad para la ciudad de Los Ángeles, que represento en el Parlamento.
Por consiguiente, solicito que se oficie al Ministro de Hacienda , con el objeto de que autorice a Essbio de la Octava Región para que contrate los créditos necesarios y proceda a la construcción de esa planta que tanto necesitan la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores.
Creo que todo cuanto podamos invertir en mejorar la calidad de las aguas servidas que vemos permanentemente en muy malas condiciones en los diferentes lugares del país, significa una inversión que redunda en mejores condiciones de vida para nuestra población. Por consiguiente, descontaminar las aguas es dar mejores condiciones de salud a nuestra población y, especialmente, a los niños que muchas veces contraen afecciones que terminan con consecuencias fatales. Reitero que invertir en descontaminar es invertir en salud.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Fossa , Rojas , Víctor Pérez , Sánchez y Errázuriz .
TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO DESDE CALETONES. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta , quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar públicamente un hecho que, en parte, ya ha trascendido a la opinión pública y que, a mi juicio, constituye un grave atentado y un peligro para la comunidad y el medio ambiente: el plan de descontaminación que Codelco se apronta a iniciar en la localidad de Caletones.
En efecto, desde mayo se encuentra en marcha blanca el proyecto de descontaminación de Caletones, que consiste en transportar ácido sulfúrico desde esa localidad hasta San Antonio , para trasladarlo desde allí al norte del país. Ello significa que diariamente transitarán por nuestra zona -me refiero a los distritos representados por los colegas Edgardo Riveros y Sergio Velasco , con quienes hemos trabajado en este tema- cuarenta camiones, con 30.000 litros de ácido sulfúrico cada uno.
Tal vez, esto no nos preocuparía mayormente si no hubiéramos constatado en el terreno que las condiciones viales de la ruta que seguirá ese transporte -transitoriamente por tierra mientras Codelco logra trasladar el ácido a través de ferrocarriles- no son las más adecuadas.
Por eso, quiero llamar la atención sobre el grado de desinformación de la comunidad de los distritos afectados acerca de este proyecto, que pone en riesgo la vida de la gente que vive en esos lugares. Digo esto, porque Codelco ha tenido la precaución de transportar el ácido sulfúrico con las máximas condiciones de seguridad por la carretera del cobre, en horarios en que no movilizan a su personal. Sin embargo, el traslado del ácido por las localidades de San Bernardo, Calera de Tango , Peñaflor , Talagante , Melipilla , hasta llegar a San Antonio , es efectuado en un horario en que los vecinos llevan a sus hijos al colegio o se dirigen a sus lugares de trabajo.
He querido dar a conocer el grado de peligrosidad del proyecto, porque dichos vehículos pueden transformarse en camiones de la muerte -así han sido llamados- y producir gran daño a la población y al medio ambiente de la zona, al transportar un ácido que puede ser muy peligroso al reaccionar con el agua, sobre todo en esa zona en que hay muchos ríos y canales de regadío.
Por eso, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas , a fin de que nos informe si las rutas G-34, el tramo Calera de Tango, Peñaflor , Talagante; 5 Sur, desde Rancagua hasta Calera de Tango , y 78, desde Peñaflor hasta San Antonio , están en condiciones de atender el tránsito adecuado de esos camiones. En caso de no ser así, que nos comunique si el Ministerio está en condiciones de invertir allí para asegurar el tránsito de esos vehículos sin peligro para la población; a los alcaldes de Calera de Tango, Peñaflor , Talagante, El Monte, Melipilla y San Antonio , con el objeto de que nos hagan saber su opinión y posición, respecto del tema; a los cuerpos de bomberos, a Carabineros y servicios de salud de las comunas mencionadas, para que nos informen si poseen la infraestructura, tecnología de punta y preparación requeridas para enfrentar un eventual accidente en el transporte del ácido.
Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes de las comunas indicadas a fin de que la pongan en conocimiento de sus concejos y ojalá sea debatida, comunicándoles mi personal rechazo al transporte de ácido sulfúrico, sin que se tomen los resguardos necesarios: la reparación de las vías por las cuales se transportará el ácido sulfúrico; eventualmente, la puesta en práctica, desde ya, de su traslado a través de ferrocarriles, o -una tercera alternativa- la construcción de un “aciducto” de Caletones a San Antonio.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
MANTENCIÓN DE SÉPTIMA REGIÓN EN PLAN PILOTO DE AMPLIACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el Diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , deseo referirme a dos temas que afectan a la Séptima Región.
En días pasados, el presidente de la Corte Suprema anunció en Carahue la decisión de mantener a las regiones de Coquimbo y de la Araucanía como zonas pilotos en las que se comenzará a aplicar la reforma al sistema procesal penal, agregando que para ello sea realidad sólo falta la ratificación del Congreso.
En verdad, más que la ratificación del Congreso, entiendo que es un proyecto que debe ser discutido previamente; por lo tanto, no es un tema cerrado. En caso contrario, nuestro aporte como parlamentarios estaría de más.
En su oportunidad, según fuentes del Ministerio de Justicia, una de las propuestas sería la Séptima Región; sin embargo, sin razones ni explicaciones, nos han dejado fuera. Se ha mencionado que la decisión del Ejecutivo se fundamenta en estudios técnicos que se efectuaron por conducto del citado ministerio, a los cuales no hemos tenido acceso, ni tampoco la ciudadanía de la Séptima Región.
Éste no es un tema sobre el cual sólo les corresponda opinar a especialistas o académicos. Estamos en presencia de toda una región ilusionada, que debería ser una de las designadas en atención a sus méritos. Tenemos las mejores ventajas comparativas: fácil acceso de los juzgados a la capital regional, una adecuada estructura de tribunales, jueces con experiencia y, sobre todo, conocimiento del denominado juicio oral, además del apoyo de todo el colegio regional de abogados. Todas las instancias regionales: académicas, gremiales, políticas y técnicas han venido demostrando con hechos, desde hace bastante tiempo, su interés por ser parte de este plan piloto.
De conformidad con lo anterior, solicito que se oficie a la Ministra de Justicia, con el objeto de que se nos haga llegar el estudio técnico utilizado como base para adoptar la decisión.
Asimismo, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que no incluya en el proyecto a las regiones designadas para el plan piloto, de manera que ello sea el resultado de la discusión de todos los antecedentes, tanto en la Cámara como en el Senado.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
AUMENTO DE CUPOS DE SUBSIDIOS PARA PROVINCIAS DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor LORENZINI .-
El segundo tema al que deseo referirme es la grave situación producida por la carencia de viviendas que existe en la Séptima Región, sobre todo en las comunas rurales.
Hoy existen más de 7 mil postulaciones vigentes a subsidios, pero sólo se está asignando un promedio no superior a 300 cupos al año, lo que, sin lugar a dudas, es completamente insuficiente para superar el déficit habitacional, objetivo que el Ministerio de Vivienda se ha propuesto alcanzar en un plazo de cinco años.
Además, nuestra región tiene una ruralidad muy superior a la del resto del país, lo que significa que haya muchos adultos mayores cuyos hijos han emigrado a la ciudad, lo que les impide contar con recursos suficientes para reparar sus viejas casas de adobe o para optar al subsidio.
En razón de lo expuesto, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo , con el objeto de que evalúe la posibilidad de incrementar el mínimo de cupos atribuidos a la Séptima Región, especialmente a la provincia de Talca, como asimismo para que se estudie la implementación de un nuevo tipo de subsidio de 10 UF, por una sola vez, para la reparación de viviendas del adulto mayor en sectores rurales.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
AUMENTO DE TURNOS DE PROFESIONALES EN SERVICIOS DEL INSTITUTO MÉDICO LEGAL. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el Diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO (don Patricio) .-
Señora Presidenta , un problema que aqueja a un sector importante de la población de nuestro país, que se ve menoscabada cuando fallece un familiar, es el que se produce por muerte que no puede ser certificada médicamente y que requiere, por lo tanto, una autopsia médico-legal.
En estas circunstancias, los deudos se ven acosados por los agentes de las empresas de los servicios funerarios que no trepidan en realizar todo tipo de gestiones y transacciones para efectuar el funeral y cobrar por los servicios, en los cuales engloban, incluso, las acciones tendientes a conseguir el certificado de defunción.
Pero lo más grave es lo que dice relación con la situación que se produce cuando el fallecimiento acaece un viernes o en vísperas de festivos, cuando no es posible efectuar la autopsia médico-legal los sábados, domingos o festivos, y más serio aún en los llamados feriados largos de Semana Santa, Fiestas Patrias, Pascua y Año Nuevo, en que los cadáveres permanecen por varios días, sin ser entregados a sus deudos.
Quiero llamar la atención sobre este hecho que ha significado algunos actos al margen de la legalidad, al actual personal del Servicio Médico Legal, en concomitancia con agentes de servicios funerarios, para recibir pagos ilegales, que son materia de sumarios, que en este momento se están llevando a cabo.
Por eso es que creo necesario que el Servicio Médico Legal, dependiente del Ministerio de Justicia, disponga que sus médicos legistas puedan actuar sábados, domingos y festivos, al menos en la mañana de cada uno de esos días, para efectuar las necropsias, y los cuerpos puedan ser entregados prontamente a sus familiares para que efectúen los ritos funerarios correspondientes y la sepultación en plazos razonables y no tengan que sufrir largas y penosas esperas que ahondan el dolor, particularmente en estos casos en que, por lo general, están rodeados de alguna situación trágica, producto de algún accidente, suicidio o violencia.
Por esta razón, solicito que se oficie a la Ministra de Justicia para que disponga los recursos humanos, confeccione los roles de turno necesarios en todas aquellas ciudades y capitales de provincia que se requiera para llevar a cabo estas acciones, así como al Ministro de Hacienda para que disponga los fondos correspondientes en el presupuesto del Servicio Médico Legal, a fin de poder pagar las remuneraciones del personal que se haga cargo de estas funciones.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la Diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los Diputados señores Arratia , Delmastro , Lorenzini y Hernández .
AMNISTÍA A INFRACTORES DE LA LEY Nº 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández, por cuatro minutos.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señora Presidenta , solicito que se envíe un oficio al Ministro del Interior pidiendo el envío de un proyecto de ley, de un artículo único, para conceder amnistía a todas las personas que durante la última elección parlamentaria hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126 y 139 de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.
Mi solicitud se fundamenta en que, actualmente, los juzgados de policía local reciben miles y miles de denuncias que deben tramitar y que deben ingresar en los correspondientes libros de los tribunales; enseguida hay que confeccionar una cantidad importante de carátulas para contenerlas, y hacer las resoluciones que deben ser firmadas cada una por el juez, y por último despacharlas a través de Carabineros de Chile.
Comprenderán que el tiempo y los recursos que utilizan, tanto el Poder Judicial, los juzgados de policía local como Carabineros de Chile, realmente son de una cuantía inmensa.
¿Con qué objeto? La experiencia demuestra que un bajísimo porcentaje de esas denuncias tienen un efecto práctico. La mayoría de los denunciados tiene causales justificadas de por qué no cumplió con el deber de votar, y como dije, un bajísimo número se traduce en infracciones y en multas que las personas deben pagar.
Por ello, reitero la petición del oficio para que el Ministerio del Interior y el Ejecutivo dispongan el envío de un proyecto de ley con esas características.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Lorenzini , Arratia , y de la Diputada señorita Sciaraffia .
OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO PARA PISAGUA. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia, por cuatro minutos.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señora Presidenta , aprovecho la hora de Incidentes para plantear una preocupante situación que vive Pisagua, pueblo ubicado en la comuna de Huara de la provincia de Iquique y, muchas veces, sólo conocido por hechos muy tristes. Es tan antiguo que su origen se remonta a la época precolombina. Allí se realizó el primer desembarco durante la Guerra del Pacífico. A pesar de su gran antigüedad y belleza -tiene también un potencial turístico muy grande-, lamentablemente es un poblado que se siente abandonado, ni siquiera se le ha dotado de luz eléctrica; no existe alcantarillado; hay una gran necesidad de subsidios habitacionales rurales; hace mucho se prometió mejorar el camino de acceso a Pisagua. Lamentablemente, ninguna de esas cosas se han llevado a cabo.
Quiero llamar la atención de mis colegas y contarles que desde el año pasado se aprobó y autorizó un monto de 240 millones de pesos para realizar la conexión al sistema interconectado del Norte Grande. Es decir, que desde el año pasado existen los recursos para que Pisagua cuente con luz eléctrica. Lamentablemente, por un problema jurídico, de la falta de una cooperativa eléctrica, no se ha podido concretar.
Además, en la región se está llevando a cabo un plan integral de desarrollo de las caletas, pero no ha llegado a Pisagua.
Los problemas de este poblado requieren de la urgente preocupación del Gobierno, ya se encomendó a una comisión del gobierno regional sacar adelante los planes de mejoramiento y desarrollo de Pisagua. Lamentablemente, hasta el momento no hay noticias.
Por lo anterior, solicito, por su intermedio, que se envíen los siguientes oficios:
1. Al Ministro del Interior, a fin de que nos informe sobre los avances experimentados por la comisión que vela por el desarrollo de Pisagua.
2. Al Ministro de Planificación y Cooperación, a fin de saber cómo se llevará a cabo este proyecto que, de empezar a ejecutarse, debería tener una demora de sólo cuatro meses -está aprobado desde el año pasado-, y que se informe por qué no se ha concretado el proyecto de interconexión, que mantiene a Pisagua, todavía, sin luz eléctrica.
3. Al Ministro de Obras Públicas, para que nos informe acerca de cuándo se iniciarán las obras del camino de acceso.
4. Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que nos informe cuándo se pavimentará el sector central de Pisagua, cosa pendiente y prometida, y qué posibilidades hay de aumentar los subsidios rurales y de entregarlos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO DESDE CALETONES. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rafael Arratia .
El señor ARRATIA .-
Señora Presidenta , frente a la gravedad del problema que significa la contaminación en Santiago, no puedo dejar de referirme a las palabras emitidas hace un rato por el Diputado señor Jaime Jiménez .
Si bien es cierto que el transporte de ácido sulfúrico desde Caletones -cuya planta de descontaminación empieza a funcionar este mes- hasta el puerto de San Antonio es un problema grave y que existen razones que justifican la preocupación por la inseguridad que implica, no lo es menos que, conscientemente, no podemos aceptar que 1.500 toneladas de ácido sulfúrico, en forma de anhídrido sulfuroso, estén cayendo sobre la cordillera central y la ciudad de Santiago.
Tampoco podemos aceptar que, diariamente, se dejen caer 8 toneladas de arsénico sobre Santiago y la cordillera central.
Por lo tanto, reconociendo que el problema es grave y delicado, pido la buena voluntad de los parlamentarios y de las autoridades de las zonas comprometidas en el transporte de ácido sulfúrico, a fin de que pongamos todo lo que está de nuestra parte para solucionar este problema de la contaminación de la capital, de 5 millones y medio de habitantes.
No está de más decir que es uno de los principales problemas que afectan al país.
En segundo lugar, quiero plantear una solución para el transporte de ácido sulfúrico.
Solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República , para que, a través del Ministerio de Obras Públicas, con la participación de Codelco, de los parlamentarios y de la Comisión de Medio Ambiente, estudie la factibilidad de la construcción de un camino especial para el transporte de ácido sulfúrico desde Caletones , vía ruta del Gringo, Alhué , Navidad y puerto de Matanzas, que habría que construir.
Debo manifestar que la tonelada de ácido sulfúrico para descontaminar Santiago tiene un costo de 14 dólares y su precio de venta, un valor de más de 80 dólares. Por lo tanto, sólo con los beneficios, se podría financiar la construcción de esta carretera y del puerto de Matanzas.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Delmastro , Caminondo , Leal , Sánchez , Rojas, y Pérez, don Víctor .
INDEMNIZACIÓN ADEUDADA POR EXPROPIACIONES EN EL CAMINO DE COMUNA PADRE LAS CASAS. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José ).-
Señora Presidenta , en primer lugar, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para expresarle el beneplácito de la Región de la Araucanía, de su Colegio de Abogados, magistrados, funcionarios del Poder Judicial , universidades y académicos por el anuncio formulado el 21 de mayo pasado, de que las Regiones Novena y Cuarta iniciarían la reforma al sistema procesal penal en calidad de regiones pilotos; en igual sentido, pido que se oficie a la señora Ministra de Justicia .
Señora Presidenta , nuestra Constitución Política, en su artículo 19, Nº 24, consagra el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
Los incisos tercero, cuarto y quinto agregan que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por los tribunales.
A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar -y subrayo- previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley.
Estoy en condiciones de denunciar que el Ministerio de Obras Públicas procedió a expropiar, aproximadamente, a 110 particulares en la comuna de Padre Las Casas, Región de la Araucanía , con el propósito de ensanchar y asfaltar el camino Padre Las Casas-Niagra, obras que se encuentran concluidas desde hace ya varios meses, tomando posesión de los inmuebles expropiados, sin que hasta la fecha se proceda al pago de la respectiva indemnización, como lo ordena nuestra Constitución Política, por el daño patrimonial causado.
Es mi deber agregar que el 90 por ciento de las familias afectadas es mapuche, quedando demostrado, una vez más, que el respeto por el pueblo mapuche es sólo parte del discurso oficial, pero no se traduce en hechos concretos y reales, como en este caso, a los derechos que legítimamente les corresponden y sobre los cuales esperan su cancelación desde hace dos años.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas , a fin de que informe en qué forma ha dado cumplimiento a las disposiciones del decreto supremo Nº 294, de 1984, que fija el texto refundido de la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas y de la ley de caminos, la cual establece las atribuciones para proceder a expropiar. Asimismo, en qué forma -detallada-mente-, ha dado cumplimiento a las disposiciones del decreto ley Nº 2.186, que aprueba la ley orgánica del procedimiento de expropiaciones, indicando los decretos supremos o resoluciones donde se contengan los actos expropiatorios, la individualización de los bienes objeto de la expropiación, el rol de avalúo, para los efectos de la contribución territorial y todos los antecedentes que digan relación con la expropiación de que han sido víctimas esas familias del camino Padre Las Casas-Niagra, indicando los valores de tasación y la fecha de pago del patrimonio del cual han sido privados.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE RED VIAL DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo , por tres minutos.
El señor CAMINONDO .-
Señora Presidenta , me referiré a algunas situaciones que afectan a la red vial de la Décima Región, provincia de Valdivia.
La Corporación para el Progreso y Desarrollo de La Unión, en 1994, con la ayuda de la Ilustre Municipalidad y la de un conjunto de industrias y vecinos visionarios, contrató a la firma de ingenieros Inecom, de Santiago, con el objeto de que efectuara un estudio comparativo y de factibilidad para construir un camino entre el puerto de Corral y la ruta 5.
Dicho estudio arrojó como resultado que la ruta más lógica sería la vía que se denominó Al Pacífico, la cual uniría a la ruta 5 Rapaco , Santa Elisa y Corral, ya que dicho trazado se extiende por un cordón cordillerano que tiene drenajes naturales, por lo cual el camino sólo necesita dos puentes, uno sobre el río Futa y otro sobre el estero de La Piedra, además de algunas alcantarillas de menor envergadura.
En cambio, el actual camino a Corral, que el Ministerio de Obras Públicas denomina de penetración, de 49 kilómetros, necesita una inversión de mil millones de pesos sólo en el rubro puentes, mientras que el camino Al Pacífico demanda únicamente una inversión de 425 millones de pesos en sus 85 kilómetros.
En resumen, en el camino Al Pacífico se invierten cinco millones de pesos por kilómetro de camino, y en el de penetración, 20 millones de pesos por kilómetro.
Por último, el kilómetro pavimentado del camino de penetración cuesta 40 millones más que el de Al Pacífico.
Desde el punto de vista de los costos, no hay duda alguna de que el camino Rapaco , Santa Elisa , Corral es el más barato, tanto en su construcción como en su posterior mantención. Además, acerca el sector comprendido entre Temuco y Osorno hacia el Pacífico, facilita el paso desde Argentina por Puyehue y por el paso de Huahún. En definitiva, es una palanca para el turismo de las regiones Novena y Décima.
También deseo referirme a la situación de los caminos por los cuales se transporta la madera. En la actualidad, gran cantidad de camiones sacan sus productos desde la cordillera de la Costa y deben pasar obligadamente por La Unión para llegar a la ruta 5, con el consiguiente deterioro de las calles de esa ciudad.
Las empresas forestales de la zona han hecho importantes reforestaciones, por lo que se espera que aumente el número de vehículos de pesado tonelaje que, al no existir otras rutas, deben pasar por la ciudad, por lo cual es necesario habilitar caminos para sacar la madera sin deteriorar las calles.
Según lo señalado por la Corporación para el Progreso y Desarrollo de La Unión, la solución a este problema sería la rectificación y pavimentación del camino desde el sector de El Mirador, camino a Huincoya, hasta el sector de Santa Elisa, empalmando con el camino que une Rapaco con Corral.
Asimismo, construir un puente sobre el río Llollelhue e igualmente uno sobre la línea férrea, ya que estos dos puentes, además de beneficiar el camino de la madera y el camino a Corral, agilizarían el acceso norte de La Unión a la ruta 5.
En razón de lo expuesto, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas , adjuntándole copia de mi intervención, con el objeto de que:
1. Se estudie la factibilidad de construir el camino ruta 5 al puerto de Corral por el sector ruta 5 Rapaco , Santa Elisa , Corral.
2. Se rectifique y pavimente el camino desde el sector de El Mirador, camino a Huincoya, hasta el sector de Santa Elisa, empalmando con el camino que une Rapaco con Corral, y
3. Se estudie la posibilidad de construir un puente sobre el río Llollelhue en el sector de Rapaco, e igualmente uno sobre la línea férrea.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Roberto Delmastro .
SERVICIO LOCAL MEDIDO EN NUEVAS INSTALACIONES TELEFÓNICAS. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , hace dos años presentamos un proyecto destinado a eliminar los cargos fijos en los servicios básicos, como luz, agua, teléfono y gas.
El proyecto se trató en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Asistieron representantes del Gobierno y de las empresas afectadas. Avanzó, a pesar de que las autoridades de Gobierno no manifestaron mayor interés en que se aprobara.
Sin embargo, hubo una materia en la que existió consenso. Se aprobó en la Cámara y contó con el beneplácito del Gobierno y de las empresas telefónicas. Esta parte del proyecto pretendía evitar lo que hoy le ocurre a muchos abonados: que en sus cuentas de teléfono aparezcan llamadas de larga distancia que nunca han realizado.
Hoy, en la casa de una persona de La Pintana, de Puente Alto o de cualquier lugar del país le instalan una línea telefónica y empiezan a aparecer llamadas de larga distancia y no tiene cómo probar que no las ha efectuado. Si el abonado representa esta situación, la compañía sostiene: “Señor, tal día a tal hora, usted llamó a Japón, lo que está registrado en nuestra computadora”. Si el usuario le dice que estuvo en el extranjero y le muestra su pasaporte, ésta le contestará que, a lo mejor, alguien tenía llave de su domicilio y efectuó el llamado.
La proposición aprobada por la Cámara, como digo, apunta a que todo nuevo teléfono que se instale incluya sólo el servicio local medido, salvo que la persona solicite expresamente que le habiliten los llamados a larga distancia nacional o internacional o los servicios 700. Si no consta por escrito la petición del abonado para ello y aparece un llamado de larga distancia, responderá la compañía y no el abonado. Aún más, el proyecto establece que, respecto de los actuales suscriptores de las empresas telefónicas, tendrán un plazo de ciento ochenta días para que indiquen a la compañía si quieren algún servicio adicional al servicio local medido. Si nada manifiestan, se entenderá que tienen interés sólo en éste.
La proposición, que ha contado con el acuerdo de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, de las autoridades de Gobierno respectivas y de las empresas telefónicas, todavía no se materializa a pesar de que el encargado de la Compañía de Teléfonos de Puente Alto, oficina que se inauguró la semana pasada, dijo que ya se estaba poniendo en práctica, lo que a mí no me consta ni creo efectivo.
Por lo anterior, solicito se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que informe si las empresas telefónicas están o no instalando, respecto de los nuevos abonados, teléfonos sólo con servicio local medido y únicamente, si el abonado manifiesta su intención de tener acceso a otros servicios adicionales, se le conceden.
En segundo lugar, en qué va la propuesta de que a los actuales abonados se les dé un plazo para optar entre el servicio local medido y otros servicios.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FRENTE A DELITOS TRIBUTARIOS DE INVERSIONES BILBAO. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señora Presidenta , la semana pasada la Cámara de Diputados analizó el informe de la Comisión investigadora del escándalo Serviu-Inver-siones Bilbao . En ella desarrollamos lo que, a nuestro juicio, era el conjunto de torpezas que había realizado un servicio público, que no hay duda, no era fruto del error; que había un móvil claramente oculto y que se incurría, de una u otra manera, en acciones ilegales y antirreglamentarias que beneficiaban a una determinada empresa: Inversiones Bilbao. Y lo expresábamos con respecto al Serviu de la Octava Región .
Hoy quiero hacer mención a otro servicio público que, a mi juicio, está omitiendo o generando acciones poco diligentes que, de una u otra manera, también benefician a Inversiones Bilbao. Y me refiero al Servicio de Impuestos Internos.
Algunos hechos: en marzo de 1997, incluso el propio intendente de la Octava Región , don Martín Zilic , pidió públicamente al Servicio de Impuestos Internos que se hiciera parte de todos los procesos criminales e interpusiera las querellas por delito tributario.
Es más, en esa misma época, el entonces Director Regional de Impuestos Internos expresó que el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción le había solicitado informe acerca de materias tributarias, de modo que ese Servicio pudo advertir la posibilidad de la comisión de delitos tributarios y se podía hacer parte de la investigación criminal para conocer los antecedentes, como lo autoriza el artículo 162 del Código Tributario.
¿Qué ocurrió en lo sucesivo? El Servicio de Impuestos Internos se tomó todo el tiempo del mundo y sólo a comienzos de este año anunció públicamente que presentaría una querella criminal, por dos razones: primero, porque Inversiones Bilbao había omitido facturar y, con ello, enterar el IVA en arcas fiscales. Y, en segundo lugar, porque el señor Wörner había recibido ingresos, como abogado, que no había declarado. Imaginamos que eso está en plena tramitación, porque nada se ha informado al respecto.
Queremos hacerle algunas preguntas a Impuestos Internos. La primera es ¿por qué ese Servicio no ha emitido los giros correspondientes, toda vez que, de acuerdo con el artículo 24 del Código Tributario, en el caso de impuestos de recargo, como el IVA, puede incluso omitir la primera citación y liquidación? ¿Acaso este servicio no quiere recuperar los dineros fiscales? ¿O no será que, conforme con los artículos 93, 96 y 97, Nº 11, del Código Tributario, el retardo en el entero de impuestos de recargo, requiere apremio personal, es decir, el arresto del contribuyente? Por lo que sabemos, el señor Wörner jamás ha sido arrestado por esta causa; aunque sí por otras.
Todo esto nos llama profundamente la atención. ¿Por qué estas omisiones en el caso del señor Wörner Tapia ? ¿Se actuaría así con otro contribuyente?
Segunda pregunta al Servicio de Impuestos Internos: ¿Cuándo va a emitir los giros para verificar en la quiebra de Inversiones Bilbao los derechos fiscales, que tienen privilegio legal? ¿Acaso va a esperar que se repartan los activos de la quiebra para que todo quede en el papel como completamente inútil?
Tercera pregunta. Todos sabemos que es imposible que el señor Wörner Tapia haya gastado cuatro millones de dólares sin que ni un solo peso haya arribado a sus bolsillos, a los de su familia o a los de sus cercanos. Es más, los diarios publicaron informaciones en orden a que cientos de millones sí llegaron a sus bolsillos.
Tengo una carta del estudio de don Fernando Saenger , abogado de los pobladores estafados por Wörner Tapia , que manifiesta que está en su conocimiento que se encuentra acreditado en el proceso que el señor Wörner Tapia hizo numerosos retiros de dinero desde Inversiones Bilbao para él y su familia, y no existen antecedentes en autos de que hayan sido declarados y pagados los impuestos correspondientes. Por razones del secreto del sumario, no se puede saber, en el evento de que tales dineros no hayan sido tributados, si el Servicio de Impuestos Internos dedujo o no las querellas.
También queremos preguntar al Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con el conocimiento que ellos tienen del sumario, ¿Wörner incluyó esos ingresos en sus declaraciones anuales de renta? Como creemos que no lo hizo, ¿por qué Impuestos Internos no procedió igual que en el caso de Juan Pablo Dávila, que por no incluirlos ya está condenado?
Esto es muy importante, porque todos sabemos que, de acuerdo con el artículo 162 del Código Tributario, si el Servicio de Impuestos Internos o el Consejo de Defensa del Estado no consideran estos hechos en sus querellas o denuncias de delitos tributarios, los tribunales de justicia nada pueden hacer, porque quedan atados de manos.
Entonces, es muy importante para nosotros que el Servicio de Impuestos Internos responda estas preguntas, porque, hasta ahora, se genera todo un vacío y la sospecha de que estas omisiones o falta de diligencia están favoreciendo al señor Wörner Tapia , al igual que las irregularidades del Serviu, para hacerse, como dijo la Cámara, ilegalmente de cuatro millones de dólares mediante la estafa a modestos pobladores.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PUBLICACIÓN DE CARTA DE EX PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira .
El señor LONGUEIRA.-
Señora Presidenta, solicito insertar en el texto de esta sesión la carta remitida por el ex Presidente Eduardo Frei Montalva al ex Ministro Leighton.
Los chilenos debemos agradecer al diario “La Segunda” el haber publicado un documento tan importante, que permite que los jóvenes del país conozcan parte de la verdad de lo ocurrido durante el gobierno de la Unidad Popular y, como lo señaló el ex Presidente Frei Montalva en dicho documento, las motivaciones que llevaron a la ciudadanía y a los chilenos a pedir a las Fuerzas Armadas que intervinieran el 11 de septiembre de 1973.
Lamento sinceramente las cartas de oposición y de crítica no sólo de la Fundación Eduardo Frei , sino también del Partido Demócrata Cristiano, porque ellas reflejan la intencionalidad de que los chilenos no conozcan la verdad.
Una carta como ésta es un documento que no sólo debe ser público, sino que, si fuese posible, yo lo haría una lectura obligatoria de los jóvenes chilenos. Ahí está reflejada la voluntad de un pueblo. En la carta, el ex Presidente Frei le expresa al ex ministro de su propio gobierno, don Bernardo Leighton , una serie de hechos que creo muy importante que la juventud chilena conozca.
Basta destacar del texto que, transcurridos dos años del pronunciamiento militar y leída una vez más la carta que le remitiera a Mariano Rumor, no le cambiaría una coma. Por lo tanto, demuestra la vigencia de todo ese texto en otro documento que ya el país ha conocido: la carta enviada por el ex Presidente Frei a Mariano Rumor .
A mi juicio, la Democracia Cristiana demuestra temor de asumir la responsabilidad que tuvo en el 11 de septiembre de 1973. Por eso, muchas veces los chilenos no entienden que, por ejemplo, el Ministro Villarzú haya sido un alto funcionario del gobierno militar.
La verdad es que la Democracia Cristiana, al igual que la inmensa mayoría de los chilenos, llamó a las Fuerzas Armadas a rescatarnos y evitar una dictadura comunista y socialista, como la que vivieron muchas naciones del mundo que no contaban con Fuerzas Armadas como las que tenía Chile.
Considero muy importante que dicha carta se conozca, se lea, se distribuya. ¡No le temamos a la verdad! Por eso, me extraña y sorprende la crítica por su publicación de quienes llaman a conocer la verdad, a no tener temores.
Solicito que se oficie a la Fundación Frei para que exhiba también las otras dos cartas que se mencionan en el texto que le habría mandado don Bernardo Leighton al ex Presidente Frei, pues considero fundamental que los chilenos conozcamos esa parte de la historia.
Por último, pido insertar la carta mencionada en la versión de sesiones, a fin de que sea un documento oficial y quede en la historia del Congreso. Además, solicito oficiar al director del diario “La Segunda ” haciéndole llegar mis felicitaciones y agradecimientos por la valentía de haber publicado un documento histórico como éste, cuya lectura no se debe temer. Por el contrario, hay que disfrutarla.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría; pero, de acuerdo con el artículo 117 del Reglamento no se puede insertar el documento mencionado, porque usted optó por hacer uso de la palabra. La norma dice que los diputados podrán optar entre usar la palabra o entregar por escrito sus intervenciones.
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , pero eso no obsta a que la próxima semana lo solicite como usted lo plantea.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
La próxima semana puede ser, pero no ahora, pues ya hizo uso de la palabra en el tiempo que corresponde a su Comité.
MAYORES RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL HOSPITAL BASE DE COIHAIQUE. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señora Presidenta , con mucha preocupación debo referirme a los difíciles momentos por los que atraviesa el hospital base de Coihaique, principal centro hospitalario de la región de Aisén, debido a un fuerte déficit presupuestario.
Como tantas veces se ha dicho en la Sala, las particularidades de Aisén, derivadas de su baja densidad poblacional, de su geografía accidentada y tortuosa, que provoca aislamiento, y del rigor de su clima, conducen a que el sistema público de salud tenga otras especificidades que lo diferencian orgánica y funcionalmente del resto de los servicios del país.
En Aisén tiene fundamental importancia la atención primaria de salud en las apartadas zonas rurales, lo que ha obligado a que este nivel de prestaciones médicas sea aún de cargo del Servicio de Salud, organismo de la administración central, desconcentrado territorialmente y no dependiente de los municipios, como sucede en la mayor parte del país.
Por otra parte, la distancia que separa a la capital regional, Coihaique, de las capitales de las regiones vecinas ha obligado a estructurar un hospital base capaz de satisfacer autónomamente, sin el concurso de otros centros de salud, las necesidades de atención médica especializada, mediante la creación de servicios clínicos altamente complejos y especializados, como son las unidades de cuidados intensivos para adultos y neonatos, el servicio de cirugía laparoscópica, un laboratorio de alta tecnología, servicios de imagenología y una unidad de diálisis para el tratamiento de los enfermos renales crónicos.
Según un reciente estudio realizado por consultores externos a la administración, existe un mayor costo asociado a la prestación de servicios médicos en la zona, que asciende al menos a un 54 por ciento en relación con la Región Metropolitana. Esto, producto de la distancia de la zona central del país donde se concentran los recursos humanos y materiales, o sea, los insumos médicos y terapéuticos.
Recordemos que el hospital base de Coihaique está a 500 kilómetros de distancia de otro hospital de similares características, el de Puerto Montt, a 1.000 kilómetros del de Punta Arenas y a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la República Argentina, lo que da una relación del aislamiento que existe en la región y de la importancia de contar con dicho hospital base, con las especialidades principales.
La mantención histórica de un mismo presupuesto anual para el Servicio de Salud de Aisén, que sólo es reajustado según la depreciación anual de la moneda, y la falta de reconocimiento de este mayor costo asociado de la gestión de salud en la región ha provocado una situación de emergencia presupuestaria que importa un déficit financiero operacional de al menos 25 millones de pesos mensuales, lo que amenaza con manifestarse en la falta progresiva de insumos médicos fundamentales o en restricciones operacionales severas, como cerrar la unidad de diálisis u otras unidades o servicios clínicos complejos de alto costo operativo.
La situación es tan complicada que en la actualidad la Central de Abastecimiento pretende obligar al hospital a firmar un convenio de pago por la deuda de arrastre, lo que resulta prácticamente imposible.
Todo lo anterior demuestra la gravedad de la situación de Aisén, pues si no se soluciona el problema financiero y la deuda de arrastre, se verá obligado a cerrar una serie de especialidades médicas, con la gravedad y riesgo asociados para la salud.
Por lo tanto, solicito que se oficie, con la mayor urgencia, al Ministro de Salud , adjuntándole mi intervención, para que dé cuenta de las medidas que esa Cartera ha adoptado con el fin de hacer frente a la situación planteada, e informe respecto de los presupuestos aportados por el nivel central, incluyendo al Fondo Nacional de Salud y al Servicio de Salud de Aisén, en los últimos años presupuestarios.
Asimismo, solicito que se envíe copia de esta intervención al Intendente de la Undécima Región , al Secretario Regional Ministerial de Salud , al Director del Servicio de Salud y al director del hospital base de Coihaique.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Delmastro y Leal.
APOYO A RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE EMPRESA METRÓPOLIS INTERCOM.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leal .
El señor LEAL .-
Señora Presidenta , deseo expresar mi apoyo al recurso de protección interpuesto por la comisión de abogados del Partido por la Democracia en contra de Metrópolis Intercom, en virtud de los actos arbitrarios e ilegales cometidos por dicha empresa en perjuicio de todas las personas que reciben el servicio de televisión por cable de dicha compañía y que violan la legalidad de nuestro país al aplicar un tipo de censura que reduce los espacios culturales y las libertades personales.
Metrópolis Intercom es una sociedad anónima dedicada a prestar el servicio de televisión limitado por cable. En síntesis, tal prestación consiste en que esta empresa contrata en el extranjero y en el país señales de diversas cadenas, estaciones y canales de televisión, que la recurrida recoge y transmite a sus abonados a través de un sistema de cable conectado a sus domicilios. Ello, por una suma mensual de dinero que paga el abonado, es decir, cada cliente de Metrópolis contrata este servicio con el objeto de recibir el contenido exhibido por las diversas cadenas o estaciones de televisión que la recurrida empresa tiene contratado.
El número y tipo de señales que Metrópolis mantiene en línea depende de la contratación que ella hace de estos servicios y que ofrece a sus clientes, lo cual debe estar guiado por criterios técnicos de calidad y económicos, pero en ningún caso por decisiones arbitrarias basadas en fundamentos ideológicos o valóricos propios de quienes dirigen la empresa.
En las mismas condiciones generales se especifica que la empresa sólo podrá suspender o interrumpir una o más señales, aumentar o disminuir, así como cambiar la programación y sus horarios de transmisión por razones técnicas u operacionales o cuando sus contenidos sean contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público.
Las limitaciones legales sobre el contenido de las transmisiones televisivas están establecidas en la ley Nº 18.838, cuya última modificación general corresponde a la ley Nº 19.131, de 1992, sobre el Consejo Nacional de Televisión, y de manera indirecta en las disposiciones sobre censura cinematográfica, inciso final del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política, y en el decreto ley Nº 679, de 1974, sobre normas de calificación cinematográfica.
Recuerdo que corresponde al Consejo Nacional de Televisión velar por que los servicios de televisión se ajusten estrictamente al correcto funcionamiento a que se refiere el artículo 1º de la ley del Canal Nacional de Televisión y el penúltimo inciso del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Estas son las únicas disposiciones aplicables al contenido de las transmisiones televisivas y, como se desprende claramente de ellas, la única censura previa aplicable a las obras cinematográficas es la del respectivo Consejo de Calificación, y la única limitación para la exhibición televisiva de las películas calificadas por dicho Consejo, consiste en que las calificadas como para mayores de 18 años sólo puedan ser transmitidas en horario nocturno, entre las 22 y 06 horas.
Ninguna norma habilita para la censura, mutilación o recorte de este material fílmico, y menos para la censura de señales completas por motivos que van mucho más allá de las limitaciones establecidas por la ley. Así ha procedido Metrópolis Intercom en el último tiempo.
Quiero manifestar que, a mi juicio, dicha empresa ha incurrido en las siguientes transgresiones a la ley:
a) Censurar películas transmitidas por las cadenas o estaciones de televisión contratadas y ofrecidas por su servicio, incluso autorizadas y calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica, omitiendo su transmisión a pesar de haber sido anunciadas en la programación publicada por la misma empresa.
b) Censurar parcialmente películas con el supuesto objeto de adecuarlas a las normas de emisión.
c) Censurar diversos programas que transmiten las señales, sin justificar dicha actuación de manera precisa, con motivos técnicos o disposiciones legales.
d) Inclusive, con fecha 1° de junio, eliminar de las señales exhibidas a América Dos, televisión argentina, básandose, conforme lo señalado en forma pública por su representante, en criterios valóricos propios de la empresa, que califica como familiares.
La amplitud y vaguedad del criterio aplicado ha llevado a la empresa a suspender la transmisión de películas por contenidos calificados en forma arbitraria, que no gustan a la compañía o a sus censores, no obstante ser transmitidos en horario posterior a las 22 horas. Con el mismo criterio fue censurado en enero de este año el programa De a dos, transmitido por la señal América Dos , a las 24 horas, para luego, en junio, suprimir totalmente la transmisión de dicha señal.
Con esto, Metrópolis Intercom viola el artículo 19 de la Constitución y reafirma un criterio de censura que resulta completamente inaceptable. En este sentido, creo que debemos seguir luchando por erradicar de nuestra Carta Fundamental la censura cinematográfica.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 15.58 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas. (Boletín Nº 2175-01).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 10 de junio de 1998
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica el artículo 46 del Código de Justicia Militar, con la siguiente modificación:
Artículo único
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 46 del Código de Justicia Militar:
“Los Secretario de Juzgados , además, tendrán las atribuciones y responsabilidades señaladas en los números 1º, letras a) y c); 2º, 3º y 4º del artículo 455, e inciso primero del artículo 456, ambos del Código Orgánico de Tribunales, respecto de los procesos afinados y sobre los libros y documentos que existan en los tribunales regidos por este Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, inciso final, del decreto con fuerza de ley Nº 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública.”.”.
-o-
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1129, de 27 de enero de 1993.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 12 de junio de 1998
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad, con las siguientes modificaciones:
Artículo único
Número 1
Letra a)
La ha suprimido.
Letra b)
Ha pasado a ser número 1 del artículo único, con el siguiente texto:
“1. Agrégase en el artículo 194, el siguiente inciso final, nuevo:
“Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de embarazo, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no en estado de gravidez.”.”.
-o-
Ha incorporado los siguientes números 2 y 3, nuevos:
“2. Suprímese el inciso final del artículo 201.
3. Modifícase el artículo 203, del modo siguiente:
a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión inicial “Los establecimientos” por “Las empresas”.
b) Reemplázase en el inciso tercero la frase “los establecimientos a que se refiere el inciso primero”, por “los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero”.”.
-o-
Número 2
Ha pasado a ser número 4, sin enmiendas.
-o-
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1024, de 3 de abril de 1996.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
4. Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para introducir el estudio de la ley de tránsito en los programas de educación. (boletín Nº 1807-04-2)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a emitir su segundo informe acerca del proyecto de ley de la referencia, originado en una moción de la Diputada señorita María Antonieta Saa Díaz y de los Diputados señores Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, Alejandro Navarro Brain , Exequiel Silva Ortiz , Jorge Ulloa Aguillón , Felipe Valenzuela Herrera y Edmundo Villouta Concha , y también de la ex Diputada señora Mariana Aylwin Oyarzún y del ex Diputado señor Claudio Rodríguez Cataldo .
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la honorable Cámara en su sesión 59ª ordinaria, de fecha 15 de julio de 1997, con todas las indicaciones presentadas y admitidas a tramitación en la Sala, que constan en la respectiva “hoja de tramitación” elaborada por la Secretaría de la Corporación, y sobre las indicaciones que eventualmente se presentaren en el curso de la discusión particular en la Comisión.
Conforme lo establecido en el artículo 288 del Reglamento, el segundo informe reglamentario debe hacer mención expresa de las siguientes materias:
1. De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones o indicaciones en el segundo informe.
En esta situación se encuentran los números 1, 3 y 4 del artículo único del texto del proyecto propuesto en la parte final de este informe.
2. De las disposiciones calificadas como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
El artículo único en su totalidad tiene rango de ley orgánica constitucional.
3. De las disposiciones suprimidas.
No hay.
4. De las disposiciones modificadas.
En este segundo trámite reglamentario, se han modificado los siguientes números del artículo único del proyecto.
Nº 2
Este número modifica el artículo 10 -de la referida ley-, que establece los objetivos generales perseguidos por la enseñanza básica, respecto de los estudiantes que egresen de ella.
El texto despachado por esta Comisión en su primer informe, para los efectos de su aprobación por la Sala, intercala, en dicha norma orgánica constitucional, una nueva letra e) del siguiente tenor, pasando la actual letra e) a ser f):
“e) Desarrollar la comprensión e importancia del respeto a las normas del tránsito.”.
El Diputado señor Jaime Orpis , durante la discusión general del proyecto en la Sala, formuló una indicación para intercalar, a continuación de la nueva letra e) que este número inserta, una letra f), nueva, del siguiente tenor:
“f) Desarrollar a partir del nivel básico la enseñanza en prevención de droga”.
Nº 5
Modifica el artículo 13 -de la misma ley-, referente a los requisitos mínimos de egreso que deberán alcanzar los estudiantes que egresen de la enseñanza media, para el logro de los objetivos generales perseguidos por ese nivel de educación.
El texto despachado por la Comisión en su primer informe, intercala una nueva letra e) del siguiente tenor, pasando las actuales e), f), g) y h) a ser f), g), h) e i), respectivamente:
“e) Adquirir los conocimientos que les permitan respetar la vida y la salud de las personas, a través de una conducta como conductores segura y responsable;”.
Durante la discusión general del proyecto, en la Sala, nuevamente el Diputado señor Jaime Orpis , formuló una indicación para incorporar, en este artículo, a continuación de la nueva letra e), que este número intercala, una letra f), nueva, del siguiente tenor:
“f) Adquirir los conocimientos sobre los daños que provoca la droga en la salud de las personas.”.
Las indicaciones del Diputado Orpis, por estar ambas referidas a una misma materia, la que dice relación con la prevención y el combate que, a todo nivel, debe darse en contra de las drogas, fueron tratadas en forma conjunta por la Comisión.
Durante la discusión de las mismas, se analizó la posibilidad de que pudieran estimarse apartadas de la idea matriz, o central del proyecto, debiendo, en consecuencia, ser declaradas inadmisibles. Empero, ello no ocurrió así, porque la Comisión estimó que el propósito que persiguen, de desarrollar la enseñanza en la prevención de las drogas y de adquirir los conocimientos que permitan a los educandos el respeto por la vida y la salud de las personas, tiene íntima relación con el número 1 del artículo único del proyecto en informe, el que, al modificar el inciso final del artículo 2º de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, referente a los deberes que el Estado tiene en relación con la educación, agrega a ellos, precisamente, el deber de “promover el respeto a la vida y a la salud de las personas”.
En consecuencia, sometidas a votación, por separado, ambas indicaciones, fueron aprobadas por cinco votos a favor y dos en contra.
Quienes votaron en contra señalaron que lo hacían por considerar que las leyes orgánicas constitucionales sólo deben contener o dictar principios generales y, por tanto, no deben incluir disposiciones con objetivos tan específicos como el estudio de la ley del tránsito o la prevención del consumo de drogas, lo que es más propio de una ley común o de un reglamento.
5. De las disposiciones nuevas introducidas.
No hay.
6. De las disposiciones que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
No hay.
7. De las indicaciones rechazadas por la Comisión.
No hay.
8. De las indicaciones declaradas inadmisibles.
No hay.
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En mérito de las consideraciones expuestas y de las que en su oportunidad os dará a conocer el señor diputado informante , esta Comisión os recomienda aprobar el proyecto, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la honorable Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan y que se incluyen en el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:
1. Intercálase, en el inciso final del artículo 2º, después de la palabra “niveles”, la siguiente frase, seguida de una coma (,): “promover el respeto a la vida y a la salud de las personas”.
2. Modifícase el artículo 10 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese, en la letra d) la coma (,) que sigue al vocablo “ciudadanos” por un punto y coma (;) y elimínase la conjunción copulativa “y” que la sigue, y
b) Intercálanse, después de la letra d), las siguientes nuevas letras e) y f), pasando la actual letra e) a ser g):
“e) Desarrollar la comprensión e importancia del respeto a las normas del tránsito.”.
“f) Desarrollar, a partir del nivel básico, la enseñanza en prevención de droga, y”.
3. Agrégase, al final de la letra e) del artículo 11, la siguiente oración: “crear hábitos de respeto a la vida y salud de las personas a través de su actuar como peatones, y”.
4. Intercálase una nueva letra d), del siguiente tenor, en el artículo 12, pasando las actuales d) y e) a ser e) y f), respectivamente:
“d) Conocer y valorar la importancia del respeto a las normas del tránsito;”.
5. Intercálanse, en el artículo 13, después de la letra d) las siguientes nuevas letras e) y f), pasando las actuales e), f), g) y h) a ser g), h), i) y j), respectivamente:
“e) Adquirir los conocimientos que les permitan respetar la vida y la salud de las personas, a través de una conducta como conductores segura y responsable;”.
“f) Adquirir los conocimientos sobre los daños que provoca la droga en la salud de las personas.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 10 de junio de 1998.
Se designó Diputado informante al señor Homero Gutiérrez Román .
Acordado en sesión de fecha 9 de junio de 1998, con la asistencia de los señores Diputados Sergio Velasco de la Cerda ( Presidente ), Nelson Ávila Contreras , Homero Gutiérrez Román , Rosauro Martínez Labbé , María Victoria Ovalle Ovalle , María Antonieta Saa Díaz , Felipe Valenzuela Herrera , Edmundo Villouta Concha y Patricio Walker Prieto .
(Fdo.): ANDRÉS LASO CRICHTON, Secretario de la Comisión ”.
5. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote italiano Alceste Piergiovanni Ferranti . (boletín Nº 2040-17)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los señores García-Huidobro , Chadwick , Letelier, don Juan Pablo , Pérez, don Aníbal , Karelovic , Hurtado , Coloma , Espina, Errázuriz y señora Matthei .
La idea fundamental o matriz de este proyecto es otorgar la nacionalidad chilena, por especial gracia, consultada en el número 5º del artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile, al sacerdote italiano, don Alceste Piergiovanni Ferranti .
Para aprobar esta iniciativa legal, la Comisión informante tuvo en consideración los criterios generales que deberían tenerse en cuenta para dar curso a iniciativas de esta naturaleza, acordados en la sesión 95ª , de fecha 06 de agosto de 1997.
Dichos criterios son los siguientes:
a. Que el beneficiario haya prestado servicios o haya entregado beneficios notables al país;
b. Que estos servicios notables se hayan brindado por un tiempo prolongado;
c. Que se considere la edad del beneficiario, ya que en general es un reconocimiento a una persona que ha hecho toda una vida en Chile, que se siente chileno y que no opta a la nacionalidad chilena porque tendría que renunciar a su nacionalidad de origen;
d. Que sea un líder o guía en su comunidad y que ésta lo reconozca como tal, y
e. Que se trate de personas que no utilicen ese beneficio con un fin ajeno al que se le concedió, que no se preste, por ejemplo, para una situación comercial transitoria y que, en términos generales, no se comercialice esta concesión.
Para información de la honorable Cámara, se indican a continuación los antecedentes personales del beneficiario:
Datos biográficos.
El Padre Alceste, nació en la localidad de Tuscania, Italia, el 28 de marzo de 1929. Tiene a esta fecha 69 años de edad. Ingresó muy joven al Seminario de San Juan Leonardi, de la Orden Madre de Dios.
Sus primeros estudios los realizó en Toscana; los continuó en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo los títulos de Licenciado en Filosofía y Teología.
A los 25 años de edad, en 1954, es ordenado sacerdote y los dos años siguientes se desempeñó en el Orfelinato Pío XI, que funcionaba en la casa natal del futuro Papa Aquiles Ratti .
A fines de 1956, se le destina para ejercer su ministerio en Chile
Su labor en Chile.
A los pocos meses de su llegada a Santiago, a petición de “Caritas Chile”, junto con el Padre Baldo Santi , realiza importantes actividades en la organización de colonias y campamentos que favorecen a miles de niños y jóvenes de escasos recursos provenientes de distintos lugares del país.
La responsabilidad de estas labores fue asumida más tarde por el Instituto Chileno de Colonias y Campamentos (Icyc), en el que se designa al Padre Alceste como Vicepresidente Ejecutivo . Cabe destacar que bajo su conducción, cada año este instituto atendía a cinco mil niños, lo que permitió proyectar esta labor al vecino país del Perú.
El padre Alceste desempeñó un papel esencial en la organización y realización de estas actividades, no sólo en la formación de líderes y dirigentes provenientes de todo el país, en la creación y mantención de una infraestructura material para la realización de las colonias, sino que también en la mística que infundía a sus colaboradores para la realización de un trabajo desinteresado al servicio de los niños más necesitados del país.
El año 1969, el Padre Alceste es trasladado a Quinta de Tilcoco, donde inicia su labor educacional en la Escuela Particular Nº 3 Daniel Ortúzar. Allí, gracias a su empeño se ampliaron los cursos de 4º a 6º básico, completando la enseñanza primaria; más tarde, amparada en la reforma educacional del año 1965, la escuela extiende sus cursos hasta el 8º año básico, agregándose además un primer año de enseñanza media, orientada hacia la agricultura, que entrega a sus alumnos al final de año, un certificado de práctico agrícola, terminando por transformarse al año siguiente en Escuela Agrícola, en beneficio de numerosos jóvenes, que pudieron incorporarse a ocupaciones agroindustriales o a otras actividades del mundo laboral de nuestro país.
El año 1970, fundó los hogares de menores de Quinta de Tilcoco y San Alfonso. En un principio fueron 48 los niños acogidos en la señorial casa “El Parque”, en su mayoría provenientes de la calle. Con pocos recursos materiales pero con mucho amor y esfuerzo, inició la tarea de brindar un hogar a estos niños.
En 1983, crea la aldea juvenil Mater Dei, que otorga continuidad a la vida de los adolescentes provenientes de la sección “El Parque” en un ambiente a cargo de un matrimonio. Esta casa actualmente funciona en Santiago, con el nombre de “Casa de Pre-egresados de Gorbea”, en la cual los jóvenes se preparan para enfrentar la vida, capacitándose tanto en una profesión determinada, como en valores y actitudes que favorezcan su inserción en el mundo laboral.
En 1986, el Padre Alceste obtiene recursos para la construcción de una sala cuna; una infraestructura moderna y funcional, acoge desde entonces a los lactantes que requieren protección, cuidados y mucho amor.
En 1989, inaugura el Parvulario Hogar de la Primavera, donde se acoge a 64 niños que provienen de la demanda exterior y del nivel lactante.
El Padre Alceste , consciente de la necesidad de organizar la defensa de los más débiles, realiza una labor destacada en Feniprom (Federación de Instituciones privadas de protección a los menores), llegando a ser su presidente durante 25 años y formando parte del Directorio hasta la fecha; integra, asimismo, los consejos de Coname (ex Soname), donde defiende a los niños y a las Instituciones que los protegen.
El Padre Alceste ha sido un pionero de la adopción en Chile, como la óptima alternativa para los niños abandonados. En efecto, ha sido un incansable luchador ante los Jueces, Ministros, Congreso Nacional y toda autoridad relacionada con el tema, para motivarlos frente a la patética realidad de niños que crecen sin familia.
En 1991, da inicio a una obra en favor de la infancia desvalida, en una de las comunas más pobres de Chile, La Pintana en Santiago, donde crea el Centro de atención diurna San Juan Leonardi, que atiende a 130 niños en riesgo social.
En 1993, en el Centro de Protección de Menores de Quinta de Tilcoco , crea un espacio para las niñas que provienen del Parvulario Hogar la Primavera, como una manera de evitar los efectos traumáticos del traslado. En una infraestructura acorde a su condición femenina se crea la residencia familiar Mater Dei, que tiene por objetivo ser una casa que imite de la mejor forma posible una familia, preparando a las niñas para la vida cotidiana.
El mismo año 1993, crea en el Colegio La Primavera, un proyecto que se hace realidad para beneficiar a los más pequeños, evitándoles las distancias, el frío y la discriminación temprana. El colegio se encuentra abierto a la comunidad, obteniéndose los beneficios inherentes a la integración recíproca.
En 1995, el Colegio La Primavera inaugura la primera etapa de su infraestructura independiente y en 1997, concluye la última etapa, con el primer ciclo de enseñanza básica.
En medio de toda esta labor social, no olvida la formación religiosa, con cuyo propósito construye el Oratorio del Ángel, que el Padre Alceste describe como un rinconcito destinado a la oración y meditación de niños y adultos.
También en 1995, crea y da inicio al Programa de Colocación Familiar Santa María de la Infancia, que se constituye en una respuesta familiar al drama de los pequeños abandonados.
En la actualidad, el Centro de Protección de Menores de Quinta de Tilcoco alberga en sala cuna a un total de 18 niños, en Parvulario a 64, en el Parque a 75, en la Residencia familiar femenina a 21 niñas y en colocación familiar a 23 niños, sumando un total de 201 niños. En todos estos centros se siente el cariño, apoyo y comprensión del Padre Alceste y del personal que él ha formado para la atención de dichos menores.
Estudio del proyecto en la Comisión.
La Comisión, durante el transcurso de la tramitación de este proyecto de ley, recibió copia del Decreto Exento Nº 739 de la I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco, de 19 de diciembre de 1995, por el que se declara Hijo Ilustre de la Comuna al Padre Alceste Piergiovanni Ferranti , por su numerosa y abnegada labor, en beneficio de los más necesitados, por su entrañable amor a los niños, reflejado en su obra y por su permanente preocupación por toda la comunidad de Quinta de Tilcoco. Este Decreto fue aprobado por la unanimidad del Concejo Municipal. También se le hizo llegar seis cintas de video que muestran parte de su labor.
Los autores de la moción con que se inicia este proyecto de ley manifiestan que “resulta de toda justicia otorgar la nacionalidad por gracia a este incansable sacerdote, el que se ha entregado por entero en beneficio de los niños de nuestro país”.
La Comisión, teniendo en consideración los criterios adoptados para el tratamiento de esta clase de iniciativas legales, coincidió con sus autores, en que existían méritos suficientes para aprobar el otorgamiento de la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote Alceste Piergiovanni Ferranti .
Para los efectos reglamentarios, se deja constancia de que el proyecto en análisis no contiene normas de carácter orgánico constitucional y no necesita ser conocido por la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, aprobó en general y particular, por unanimidad, esta iniciativa legal, y con las motivaciones reseñadas, propone a la Honorable Cámara dar su asentimiento al proyecto de ley en informe, en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote italiano, don Alceste Piergiovanni Ferranti ”.
-o-
Se designó Diputado informante al honorable señor Alejandro García-Huidobro Sanfuentes .
Tratado y acordado en sesión celebrada el día 10 de junio de 1998, con asistencia de los señores Diputados Sergio Ojeda ( Presidente ), Gustavo Alessandri , Mario Bertolino , Jaime Orpis , Jorge Soria , Eugenio Tuma y Enrique Van Rysselberghe . Asistió, además, el honorable Diputado , don Alejandro García-Huidobro .
Sala de la Comisión, a 10 de junio de 1998.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión ”.
Moción de la Diputada señora Adriana Muñoz y del Diputado señor Gutenberg Martínez .
Modifica el artículo 15 del Estatuto del personal de la Cámara de Diputados. (boletín Nº 2187-16)
Desde la dictación del Estatuto del personal de la Cámara de Diputados, por diversas razones, se le han introducido una serie de enmiendas destinadas a buscar un mayor perfeccionamiento de sus normas y contenidos.
Una de las principales preocupaciones ha sido la de permitirle al personal ascender conforme al mérito y antigüedad que posean dentro de sus respectivos escalafones, para lo cual se ha tratado de que las exigencias académicas sean uniformes y proporcionadas a las funciones que en cada caso se cumplen.
Se ha notado que tal equivalencia y proporcionalidad en la exigencia de requisitos no es simétrica en algunos escalafones lo que ha producido situaciones de iniquidad manifiesta. Uno de estos casos sucede con los contadores públicos y generales, a los que el Estatuto limita al ejercicio de determinados cargos. No obstante, en los hechos, mucho del personal que labora en la Tesorería de la Corporación posee tal calidad profesional y de no corregirse esta situación, a futuro, no podrán acceder a cargos de nivel superior, muchos de los cuales son detentados por funcionarios con sus mismas calidades académicas.
En mérito de lo anterior, propongo a la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de enmienda del Estatuto del personal de la Cámara de Diputados:
“Moción
Artículo único.- Modifícase el artículo 15 del Estatuto del personal de la Cámara de Diputados en los siguientes términos:
1. Agrégase en la letra a) de los requisitos establecidos para el cargo de Director de Finanzas , a continuación de las palabras “contador auditor” las expresiones “o contador público o contador general”.
2. Incorpórase en la letra a) de los requisitos establecidos para el cargo de Jefe de Finanzas , luego de las palabras “contador auditor” las expresiones “o contador público o contador general”.
3. Introdúcense en los requisitos fijados para el cargo de Jefe de Presupuestos y Jefe de Remuneraciones , respectivamente, a continuación de la expresión “contador auditor” las palabras “o contador público o contador general”.
4. Agrégase en la letra a) de los requisitos establecidos para el cargo de Profesional 1º, luego de las palabras “contador auditor” las expresiones “o contador público o contador general”.