Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Cantero Ojeda
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA, SOBRE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jose Garcia Ruminot
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INDICACIÓN
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA, SOBRE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Luis Pareto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- DEBATE
- PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL PARLAMENTO CULTURAL DEL MERCOSUR.
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- FIJACIÓN DE PENSIONES EN UNIDADES DE FOMENTO. (Continuación).
- ADELANTO DEL REAJUSTE DE PENSIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Longueira Montes
- Julio Dittborn Cordua
- Carlos Recondo Lavanderos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Orpis Bouchon
- Dario Paya Mira
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Pablo Galilea Carrillo
- Alfonso Vargas Lyng
- Marina Prochelle Aguilar
- Victor Reyes Alvarado
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Patricio Melero Abaroa
- Juan Masferrer Pellizzari
- Osvaldo Palma Flores
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jorge Soria Macchiavello
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Baldo Prokurica Prokurica
- Cristian Antonio Leay Moran
- Rosauro Martinez Labbe
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REFORMA DEL SISTEMA DE FILIACIÓN.
- DÉFICIT PRESUPUESTARIOS EN DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE COMUNAS DE UNDÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- Pablo Galilea Carrillo
- ADHESION
- INFORME DE COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE ALCANCES DE DECRETO Nº 140. Oficios.
- PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS. Oficio.
- ADHESION
- Victor Reyes Alvarado
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- REIVINDICACIÓN MORAL Y SOLIDARIDAD CON EL DIARIO “LA ÉPOCA”. Oficio.
- DECLARACIÓN DE ZONAS LIBRES DE ENFERMEDADES DE LA PAPA A LAS REGIONES DÉCIMA Y NOVENA. Oficios.
- ADHESION
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edgardo Riveros Marin
- Osvaldo Palma Flores
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Victor Reyes Alvarado
- ADHESION
- REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE TALCAHUANO. Oficios.
- SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL PARA FAMILIAS DE ALTO DEL CARMEN. Oficio.
- MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL VALLE DE ELQUI. Oficios.
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- FIJACIÓN DE PENSIONES EN UNIDADES DE FOMENTO. Oficio.
- REPACTACIÓN DE DEUDAS DE PEQUEÑOS PESCADORES ARTESANALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA CIUDADANÍA Y FINANCIAMIENTO DE ELECCIONES PRIMARIAS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre la firma de la “Declaración de institucionalización del diálogo interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile”.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Edgardo Riveros Marin
- Maria Isabel Allende Bussi
- Carlos Caminondo Saez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Cristian Antonio Leay Moran
- Arturo Longton Guerrero
- Juan Masferrer Pellizzari
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Victor Perez Varela
- Victor Reyes Alvarado
- Salvador Urrutia Cardenas
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Edmundo Villouta Concha
- Enrique Krauss Rusque
- Patricio Walker Prieto
- Sergio Ojeda Uribe
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Rosauro Martinez Labbe
- Felipe Valenzuela Herrera
- Antonella Sciaraffia Estrada
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Montes Cisternas
- Andres Palma Irarrazaval
- Exequiel Silva Ortiz
- Fanny Pollarolo Villa
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Luis Pareto Gonzalez
- Enrique Krauss Rusque
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Edmundo Salas De La Fuente
- Felipe Valenzuela Herrera
- Jaime Rocha Manrique
- Sergio Velasco De La Cerda
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Claudio Alvarado Andrade
- Gustavo Alessandri Valdes
- Eduardo Diaz Del Rio
- Mario Bertolino Rendic
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 7ª, en miércoles 10 de junio de 1998
(Ordinaria, de 16.12 a 19.33 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas 8
IV. Cuenta 8
V. Fácil Despacho.
Modificación del artículo 113 del Reglamento de la Cámara, sobre tramitación de proyectos de acuerdo 8
VI. Orden del Día.
Suspensión de inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Primer trámite constitucional 15
-o-
Participación en reunión del Parlamento Cultural del Mercosur 35
-o-
VII. Proyectos de acuerdo.
- Fijación de pensiones en unidades de fomento. (Continuación) 38
- Adelanto del reajuste de pensiones 38
VIII. Incidentes.
- Reforma del sistema de filiación 41
- Déficit presupuestarios en departamentos de educación municipal de comunas de Undécima Región. Oficio 42
- Informe de Comisión de Vivienda sobre alcances de decreto Nº 140. Oficios 43
- Prestación de servicio de transporte público por vehículos no autorizados. Oficio 45
- Reivindicación moral y solidaridad con el diario “La Época”. Oficio 45
- Declaración de zonas libres de enfermedades de la papa a las regiones Décima y Novena. Oficios 46
- Realidad social, política y económica de Talcahuano. Oficios 47
- Subsidio habitacional rural para familias de Alto del Carmen. Oficio 49
- Medidas en favor de pequeños agricultores del valle de Elqui. Oficios 50
- Fijación de pensiones en unidades de fomento. Oficio 50
Pág.
- Repactación de deudas de pequeños pescadores artesanales de la Décima Región. Oficio 51
- Problemas que afectan a la ciudadanía y financiamiento de elecciones primarias 52
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana referido a la firma de la Declaración de institucionalización del diálogo interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile 55
2. Moción del Diputado señor Velasco, Diputada señorita Sciaraffia, doña Antonella, y Diputados señores Gutiérrez, Villouta, Krauss, Walker, don Patricio; Ojeda, Martínez, don Gutenberg; Martínez, don Rosauro, y Valenzuela, que establece el reconocimiento de la educación parvularia en la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. (boletín N° 2183-04) 63
3. Moción de los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Montes, Palma, don Andrés; Silva y Diputadas señoras Pollarolo, doña Fanny; Allende, doña Isabel, y Saa, doña María Antonieta, que modifica el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal para garantizar el derecho de los menores a la defensa jurídica. (boletín N° 2184-07) 65
4. Moción de los Diputados señores Pareto, Krauss, Ascencio, Jiménez, Salas, Valenzuela, Rocha, Velasco, Ceroni y de la Diputada señora Saa, doña María Antonieta, que elimina el 11 de septiembre como feriado legal. (boletín N° 2185-06) 67
5. Moción de los Diputados señores Orpis, Alvarado, Alessandri, Díaz, Bertolino y Álvarez, que modifica el artículo 213, número 15, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ampliando el ámbito de competencia de la Comisión de Derechos Humanos. (boletín N° 2186-16) 70
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD Y 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Jaime Naranjo Ortiz.
-Asistió, además, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, señor Andrés Wallis, y el Senador señor Carlos Cantero.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.12 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA, SOBRE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto que modifica el Reglamento de la Corporación en lo relativo a la tramitación de proyectos de acuerdo.
Solicito al Diputado señor José Miguel Ortiz que se sirva presidir la sesión, porque me corresponde informar el proyecto.
-El Diputado señor José Miguel Ortiz pasa a presidir la sesión en forma accidental.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento es el señor Gutenberg Martínez.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2172-16, sesión 23ª, en 19 de mayo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 12.
-Informe de la Comisión de Régimen Interno, sesión 4ª, en 9 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente , me corresponde dar cuenta del proyecto de modificación del Reglamento de la Corporación, aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
La iniciativa se refiere a los proyectos de acuerdo, que, como la Sala recordará, en más de una ocasión han generado dificultad en su tratamiento por alguna de las siguientes razones: dudas respecto de las normas aplicables, en cuanto a los procedimientos de votación y de quórum; forma de modificación de los textos, una vez presentados los proyectos, y normas sobre suspensión de su tratamiento y retiro.
Asimismo, en una sesión de comienzos de año hubo una larga discusión acerca de si la presidencia tenía o no facultades para declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de acuerdo, por lo cual presentamos una enmienda al artículo 113 del Reglamento, que fue conocida, discutida y aprobada en general por la Comisión de Régimen Interno.
Básicamente, las modificaciones que se propone introducir al artículo 113, y cuya aprobación recomendamos a la Cámara, son las siguientes:
En primer lugar, se considera un límite de cinco diputados como autores del proyecto de acuerdo. Por tanto, el resto lo firman en calidad de adherentes. La figura de “autores” busca indicar a quiénes corresponde la iniciativa, por decirlo en términos simples, a los dueños del proyecto de acuerdo.
La duda fue planteada en la Sala. Cuando un proyecto de acuerdo es firmado por veinte, treinta o cuarenta diputados y quiere ser modificado, no existe un procedimiento claro que indique si dos o tres pueden solicitarlo o deben concurrir todos los que lo presentaron.
Los colegas recordarán que muchas veces se adoptan acuerdos antes de que el proyecto sea discutido o votado, y no hay una norma aplicable clara para su enmienda.
Sobre esa base, se establece el concepto de autores, en el número de cinco. Implica que ellos serán los únicos que podrán modificar el proyecto de acuerdo antes de su lectura.
Una vez que se haya leído -ésta es otra regla-, será inmodificable.
Los autores serán los únicos que tendrán la facultad de pedir la exclusión o suspensión del tratamiento de un proyecto de acuerdo, el que mantendrá el lugar en la prelación que exista de acuerdo con el orden de ingreso.
Esta temática fue discutida y aprobada unánimemente por la Comisión.
Además, se debatió una propuesta que tuvo su fundamento en una discusión en la Sala, en que destacados colegas, fundamentalmente de la UDI, plantearon que los presidentes de la Cámara tenían atribución para declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de acuerdo.
Se recogió dicha propuesta en el proyecto de modificación, pero en la Comisión se sostuvo que las facultades de los parlamentarios son suficientemente restringidas como para que, además, se genere una nueva restricción: la facultad al presidente de la Sala de declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de acuerdo o de las eventuales adiciones o modificaciones de que fuera objeto.
Por dicha razón, la Comisión de Régimen estuvo de acuerdo, por unanimidad, en que no es conveniente entregar atribuciones al Presidente de la Cámara para declarar la improcedencia de un proyecto de acuerdo y la eventual inadmisibilidad de las enmiendas de que sea objeto.
A ese respecto, se dejó constancia, por la unanimidad de sus miembros, de que el Presidente de la Cámara no ha tenido ni tiene la facultad para declarar improcedente un proyecto de acuerdo, y que, como ya he señalado, se considera inconveniente otorgársela.
Sobre esta base, las modificaciones específicas de los incisos primero y segundo del artículo 113, cuya nueva redacción está en el informe que los señores diputados tienen a su disposición, se remiten a refundir las disposiciones antiguas de los incisos primero, segundo y tercero, que regulan la duración, presentación y sesiones en las cuales se conoce el proyecto de acuerdo.
El inciso tercero establece la categoría nueva de autores, con la limitación de cinco.
El inciso cuarto establece que los autores son los únicos que pueden adicionar y modificar el proyecto o solicitar su suspensión o retiro.
El inciso quinto mantiene los términos originales del anterior inciso cuarto, con el agregado del vocablo “adiciones”.
Finalmente, se resuelve una situación que ha dado origen a dificultades en la aprobación de los proyectos de acuerdo en la Corporación. Se establece que, una vez practicadas tres votaciones en una sesión, si no es despachado, se vota nuevamente en la siguiente, y en el caso que tampoco lo sea, se entenderá rechazado.
La Comisión de Régimen Interno hace este conjunto de propuestas en el espíritu de intentar aclarar y superar dificultades prácticas, que, más de alguna vez, han generado discusiones en la tramitación de los proyectos de acuerdo en la Corporación.
Por estas razones, me permito solicitar la aprobación de la Sala al proyecto de modificación del Reglamento.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Según el Reglamento de la Corporación, pueden hablar, hasta por cinco minutos, dos señores diputados que estén a favor de la modificación planteada, y hasta por cinco minutos dos señores diputados que estén en contra.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pido la palabra.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, quiero hacer una consulta previa al diputado informante, pues tiene que ver con la votación a favor o en contra del proyecto.
El inciso segundo establece algo que no sé si es concordante con lo que planteó el señor Gutenberg Martínez : que los proyectos de acuerdo deberán ser suscritos por, a lo menos, cinco diputados.
Entiendo que esa norma atenta contra los derechos de los parlamentarios.
El máximo que pueden suscribir un proyecto de ley, me parece correcto. Por lo tanto, el concepto que debería incluirse en este caso es de cinco diputados, a lo más, en calidad de autores, ya que un parlamentario no tiene por qué estar obligado a buscar a otros autores.
Si ése es el espíritu, pido que haya voluntad para modificar esta parte por unani-midad, a fin de despachar hoy las modificaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , en realidad, lo mío, más que una pregunta, es una sugerencia.
Sin perjuicio de concordar con las modificaciones que se pretende introducir al Reglamento, pienso que para la presentación de los proyectos de acuerdo es preferible que sean diez los diputados autores, y no cinco como se propone.
¿Cuál es la razón? En la Cámara están representados, si mal no recuerdo, siete partidos políticos, y muchas veces hay proyectos de acuerdo que es bueno que sean suscritos por un representante de cada uno de ellos.
Por esa razón, el número de cinco me parece insuficiente. Si lo dejamos en diez, sería concordante con el máximo para presentar mociones y permitiría una mayor base de apoyo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , mi consulta es muy breve.
Al tenor de lo que ha indicado el señor diputado informante , se habría negado la posibilidad de que el Presidente de la Cámara califique los proyectos de acuerdo. Sin embargo, en la mañana, la mayoría aprobó uno absolutamente inconstitucional, ya que dio destino forzoso a un tributo. Decía algo así: “lo que se recaude por este tributo será destinado a tal efecto”. Las palabras podrán ser otras, pero el espíritu era ése.
Entonces, ¿no sería más conveniente que el Presidente de la Cámara , en casos de abierta inconstitucionalidad, califique los proyectos de acuerdo?
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , se sabe que la mayoría de los proyectos de acuerdo que se presentan son inconstitucionales. Por lo general, en ellos se pide al Ejecutivo el envío de proyectos de ley. Si se analiza su contenido, en el 99 por ciento de los proyectos de acuerdo se pide que, “si lo tiene a bien” el señor Ministro o su Excelencia el Presidente de la República , mande un proyecto de ley. En consecuencia, si el Presidente de la Cámara calificara su constitucionalidad, no habría proyectos de acuerdo.
Creo que no procede una facultad en este sentido.
El señor OJEDA.-
Pido la palabra.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Para aprovechar la media hora de Fácil Despacho, otorgaré la palabra al diputado informante para que absuelva las cuatro consultas que se han formulado, y después podrán intervenir, por cinco minutos en cada caso, quienes se han inscrito para hablar a favor y en contra.
El señor OJEDA .-
¿Por qué no me quiere dar la palabra, señor Presidente ?
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
¿Es consulta?
El señor OJEDA.-
Sí, señor Presidente.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Concreta y precisa, sin discurso, por favor, para aprovechar el tiempo.
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Su Señoría no puede ponerme condiciones para que yo intervenga.
Señor Presidente, tengo una inquietud y una duda. Por lo general, además de sus autores, los proyectos de acuerdo son apoyados por los coautores, de cuyos nombres queda constancia. Pero, ahora se divide la situación: hay autores y adherentes.
Al respecto, para los efectos del currículo, quiero consultar sobre las anotaciones en la hoja de vida. ¿Los adherentes al proyecto de acuerdo no van a figurar como actualmente ocurre?
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, como esta parte no compete al informante, sino que es administrativa, de todas maneras, si se aprueba la reforma, seguirán figurando algunos como autores y otros como adherentes.
Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente , el espíritu es el que su Señoría ha dicho. No hay modificaciones al registro. Va a quedar anotada la respectiva participación en cada proyecto de acuerdo.
Por otra parte, los proyectos de acuerdo siempre son suscritos por un número suficiente de personas, por así decirlo -más o menos diez, habitualmente-, porque todos sabemos que debe generarse cierto consenso para que tenga alguna viabilidad.
En ese espíritu, se buscó el número de cinco en la categoría de diputados autores, que da capacidad de gobierno al proyecto de acuerdo. No hubo razones para calificar el máximo o delimitar el número de adherentes.
En la práctica, creo que hay dos criterios respecto de lo que han planteado los Diputados señores José García y Juan Pablo Letelier , respectivamente, en cuanto a colocar la exigencia de diez, a lo menos -de solvencia, de respaldo, por decirlo de algún modo-, o dejar la posibilidad abierta, sin mínimo.
Advierto el asentimiento del colega José García.
En esa tónica, podría dejarse sin efecto el mínimo y, por lo tanto, los proyectos de acuerdo podrían ser suscritos hasta por un diputado , pero se considerarán autores hasta cinco, porque se da un problema práctico.
Muchas veces, el proyecto de acuerdo es firmado por quince diputados, por ejemplo, y si en un momento se requiere que sea modificado y no concurren a ello los quince -a mi juicio, un punto de vista de interpretación reglamentaria-, no debería ser modificado. Es decir, se desea que quienes sean objetivamente autores, tengan la capacidad de discernir si el proyecto se adiciona, se enmienda, se modifica, se suspende o se retira, y cinco parece un número que permite al proyecto una cierta maniobrabilidad durante su discusión. Con diez, se produciría nuevamente el problema que teníamos, esto es que, ante la rigurosidad de algún señor diputado o señora diputada , se necesitarían demasiados acuerdos para modificarlo.
En cuanto a la constitucionalidad, los principios que analizamos fueron los siguientes:
En primer lugar, nuestras facultades están suficientemente restringidas.
En segundo término, cuando la Sala acuerda algo a través de un proyecto de acuerdo, en la mayoría de los casos se asume que está haciendo uso del derecho de petición y, por lo tanto, no tiene más significado que eso. Sobre esa base, a través de un proyecto de acuerdo se puede hacer llegar al Ejecutivo cualquier petición, ya que no se está disponiendo del ejercicio de una determinada norma.
Por otro lado, nos pareció exagerado suprimir nuestro propio derecho a petición. Si cualquier ciudadano puede hacer uso de ese derecho, por qué razón los diputados no pueden pedir algo en forma colectiva. Ello no significa disponer la ejecución de un acto o generar una determinada norma respecto de la cual no se tienen facultades.
Sobre esas dos bases, estimamos que no era conveniente facultar al Presidente de la Cámara de Diputados para declarar la admisibilidad o la inadmisibilidad de un proyecto de acuerdo.
Me permito sugerir, si la Sala lo tiene a bien, la modificación del inciso segundo del artículo 113 que propone la Comisión en la parte que establece que “los proyectos de acuerdo deberán ser suscritos por cinco a lo menos,”, y dejar abierta la posibilidad de que pueda ser suscrito hasta por uno, manteniendo la norma en el sentido de que se considerará autores a los cinco diputados que figuren en el proyecto con esa calidad.
Con ello, se permite que todos puedan presentar proyectos de acuerdo sin ningún límite, y en el caso de que lo firmen muchos, especificar quiénes son sus autores.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señores diputados, restan nueve minutos para el término de Fácil Despacho. Si ofrezco la palabra para hablar cinco minutos a favor y cinco en contra, quedará pendiente la votación.
Por ello, propongo a la Sala aprobar por unanimidad la reforma al artículo 113 de nuestro Reglamento, con la modificación que acaba de plantear el señor diputado informante , quien, además, es autor de la moción.
¿Habría acuerdo para proceder de esta manera?
El señor PROKURICA.-
No.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay acuerdo.
Para hablar a favor de la modificación, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , el proyecto en discusión ordena y resuelve un problema de frecuente ocurrencia en esta Corporación. En ese sentido, me parece una buena solución, pues el Reglamento debe ayudar a resolver las dificultades que se presentan en nuestro trabajo cotidiano, lo que se desprende de la propia lectura de la proposición.
Hay proyectos de acuerdo firmados por muchos señores diputados -en ocasiones, por la mayoría- y durante su discusión se les hacen observaciones o se les quieren introducir modificaciones para lograr acuerdos, que a veces no alteran su esencia, pero, sin la firma de los suscriptores, ello es imposible.
Lo que esta iniciativa pretende es hacer similar el proyecto de acuerdo a un proyecto de ley, en cuanto a que puede ser retirado por su autor -otro diputado puede hacerse cargo de la moción-, en definitiva, él tiene propiedad sobre su contenido. Lo que se quiere es identificar a los autores del proyecto de acuerdo.
Ciertamente, hemos discutido muchas veces que los proyectos de acuerdo no tienen la misma jerarquía que los proyectos de ley, y es muy bueno que así sea -de su diferencia sería conveniente dar una información mucho más acabada a la opinión pública-; en consecuencia, porque son distintos, es imposible exigir a un proyecto de acuerdo los mismos requisitos que debe cumplir un proyecto de ley.
Me parece muy razonable la modificación que ha propuesto el Diputado señor Gutenberg Martínez en su condición de informante y autor de la moción, en el sentido de que los autores del proyecto de acuerdo puedan ser desde uno hasta cinco, y el resto aparecer como adherentes. Creo que esto facilitará nuestro trabajo, particularmente en el momento de su discusión.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Para impugnar la moción, tiene la palabra el Diputado señor García, don José , quien, además, acaba de presentar una indicación a la Mesa.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , quiero insistir en mi propuesta, en el sentido de que puedan ser de uno hasta diez los diputados autores de un proyecto que, reitero, lo hace similar a las exigencias de una moción parlamentaria.
En segundo lugar, muchas veces es necesario que los proyectos estén firmados por representantes de los distintos partidos políticos y, además, por parlamentarios independientes.
Tengo la impresión de que en nada dificulta el tratamiento del proyecto de acuerdo si sus autores son diez, sin perjuicio de que puede ser firmado por un número indeterminado de parlamentarios. Actualmente, muchas veces sucede que quienes lo firman, después ni siquiera concurren a su discusión. En cambio, al establecer un máximo de diez como autores, ésos serán responsables, por lo menos, de estar presentes en el momento de su debate y votación, además de hacer las correcciones antes de que el proyecto se lea en la Sala, como es la sugerencia que nos ha hecho el señor Presidente de esta Corporación.
Insisto, diez no es un número exagerado, si se piensa que somos 120 diputados, y permite una mayor representación y respaldo a los proyectos de acuerdo. Por lo tanto, insisto en que debemos dejarlo en esa cifra y no en cinco.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana, (Vicepresidenta).-
El señor Secretario dará lectura a una indicación que ha presentado a la Mesa el Diputado señor José García.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación es del Diputado señor José García y tiene por finalidad reemplazar en el inciso segundo la expresión “por cinco diputados a lo menos” por “por diez diputados a lo más”, y en el inciso tercero reemplazar la expresión “cinco diputados” por “de uno y hasta diez diputados”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se va a dar lectura a una nueva indicación llegada a la Mesa.
EL señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación es del Diputado señor Maximiano Errázuriz, y dice: “Agrégase al inciso segundo lo siguiente: “No serán admisibles proyectos de acuerdo contrarios a la Constitución Política o a las leyes de la República”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
-Se abstuvo el Diputado señor
.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Despachado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros .
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas es el señor Felipe Letelier.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2074-15, sesión 32ª, en 13 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 4ª, en 9 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta , como una cuestión previa, quiero señalar que hoy tuvimos una sesión especial para tratar el tema de la contaminación en Santiago, que tiene una enorme vinculación con este proyecto.
La Cámara de Diputados ha estado muy preocupada por la situación del medio ambiente. Por ello, los señores Palma, don Andrés ; Palma, don Joaquín ; Montes , Longueira y Ortiz , y los ex Diputados señores Pérez, don Ramón ; Gajardo , Chadwick , Jürgensen y la señora Aylwin, doña Mariana , presentaron una moción por la cual se suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros , proyecto que paso a informar.
Su Excelencia el Presidente de la República calificó su urgencia de “suma”, en todos sus trámites.
Para el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Claudio Hohmann Barrientos y del Subsecretario de Transportes , señor Andrés Wallis Garcés , quien se encuentra en esta Sala en su calidad de Ministro subrogante .
Además, estuvieron presentes los dirigentes sindicales de las siguientes organizaciones:
La Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Automóviles de Alquiler de Chile, Fenatach ; la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de taxis colectivos, básicos y similares de la Sexta Región, Feretacol, y la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Taxis Colectivos de Chile, Conatacoch.
Antecedentes generales.
La moción destaca que es un hecho público y notorio el explosivo crecimiento del parque automotor producido en los últimos años y el evidente efecto negativo que dicho crecimiento ha tenido en materia de congestión vehicular y contaminación atmosférica. Particularmente grave es la actual sobredimensión del parque de taxis en cualquiera de sus modalidades y, prácticamente, en todas las regiones del país.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1990, en todo el país se otorgaron 55.909 permisos de circulación para taxis, mientras que en 1996 esa cifra se elevó a 104.127, lo que representa para ese período un incremento de prácticamente el ciento por ciento, equivalente a una tasa de crecimiento promedio del 11 por ciento anual, muy superior a la de cualquier otro indicador en el mismo período.
A modo de información, es preciso señalar que es requisito indispensable para la prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros inscribir en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros todas las modalidades de dichos servicios. Tal exigencia se aplica, obviamente, al servicio de transporte de pasajeros que se realiza mediante taxis, en cualquiera de sus modalidades.
En el reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros se dispone que el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros está conformado por los registros regionales, que están a cargo de las secretarías regionales ministeriales de transportes y telecomunicaciones. Además, se indica que se debe solicitar la inscripción ante dichas secretarías para que un vehículo funcione como taxi, especificándose, entre otros aspectos, el tipo de vehículo y la modalidad de servicio que prestará. Las modalidades posibles son: taxi básico, taxi colectivo y taxi de turismo. Además, existe la posibilidad de solicitar el reemplazo del vehículo inscrito por uno nuevo, cambiar la modalidad de los servicios prestados y cambiarse de un registro regional a otro.
La inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros deberá mantenerse vigente, existiendo la posibilidad de su cancelación por diversas causales.
Finalmente, se establece que no existen causales de fondo que impidan la inscripción del servicio o de vehículos de taxis en el Servicio Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, pudiendo efectuarse por cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos señalados en el reglamento. A su vez, la suspensión del registro está prevista únicamente como sanción por incumplimiento de exigencias reglamentarias.
Por lo tanto, el proyecto de ley trata de innovar en cuanto a vincular la inscripción de los taxis en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros a un problema de fondo, cual es la contaminación y la congestión, y a disponer la suspensión de un derecho particular en beneficio del interés nacional.
Fundamentos del proyecto.
En la moción se indica que, a raíz del explosivo crecimiento que ha tenido en el país el parque de taxis, es de suma urgencia adoptar medidas conducentes a frenar este nivel de aumento. Sin embargo, las medidas definitivas que deban adoptarse no están del todo claras. Por una parte, se propone controlar el incremento del servicio, o planificarlo de acuerdo con las necesidades de la población y el crecimiento de las ciudades. Por otra, se indica que el incremento de los vehículos destinados a taxis debe realizarse en concordancia con el desarrollo de otras demandas de la población, particularmente la que exige un medio ambiente libre de contaminación y ciudades descongestionadas, siendo esta situación especialmente relevante para la salud de la ciudadanía.
Lo anterior explica la urgente necesidad de buscar una solución, aunque no sea definitiva, pero que al menos congele o mantenga el problema en su actual dimensión, a fin de no agravar la situación mientras la autoridad encuentra la solución definitiva.
Constitucionalidad del proyecto.
Los autores de la moción proponen suspender, por el plazo de dos años, la inscripción de taxis básicos y colectivos en el Registro Nacional de Servicio de Transportes de Pasajeros .
La iniciativa se vincula con algunas libertades y derechos garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ellos son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (número 1); la igualdad ante la ley (número 2); el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; la libertad de trabajo; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y la seguridad de que los preceptos legales que, por mandato de la Constitución, regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza no podrán afectar los derechos en su ausencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
La moción propone un plazo que tiene por finalidad establecer una medida excepcional que no afecte la libertad de trabajo ni la libertad para desarrollar cualquier actividad económica en su esencia, sino que solamente las restringe específicamente, como lo permite en forma expresa el artículo 19, numeral 8, inciso segundo, al preceptuar que “la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.
Por su parte, la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , establece en su artículo 2º, letra ll), un concepto muy amplio de medio ambiente definido como “el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.
En relación con la colisión que pudiere presentarse entre los derechos mencionados, todos de rango constitucional, los patrocinantes señalan que la protección del medio ambiente y, en consecuencia, la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas, constituyen derechos fundamentales de mayor entidad que la libertad de trabajo y la libertad económica, en atención a los bienes jurídicos que cada uno de esos derechos o libertades tutelan. Por otro lado, el interés general y el bien común deben primar por sobre el interés individual de los particulares. Es, precisamente, ese interés general y común el que no sólo justifica, sino que, además, exige la restricción de los derechos individuales cuando haya colisión entre ellos.
Agregan que, en todo caso, ni las actividades económicas ni laborales se verán afectadas de hecho por la medida propuesta, ya que el sector económico de los taxis se encuentra sobredimensionado y, por lo tanto, con baja productividad.
En la discusión del proyecto surgieron serias discrepancias respecto de su constitucionalidad, razón por la cual la Comisión acordó solicitar un informe en derecho al doctor en derecho constitucional, señor Humberto Nogueira Alcalá .
El profesor Nogueira realizó un profundo análisis sobre la constitucionalidad del proyecto y emitió la siguiente síntesis referencial:
1. La Constitución constituye un texto sistemático y armónico, que debe ser interpretado como una unidad.
2. Todos los preceptos de la Carta Fundamental tienen el mismo rango de normas jurídicas constitucionales, pero unos derechos o bienes constitucionales pueden limitar a otros, pudiendo algunos de ellos limitar el ejercicio de otros, cuando así está especificado en el texto constitucional. A su vez, en caso de conflicto aparente, debe realizarse la adecuada ponderación de los derechos.
3. Los derechos fundamentales tienen un carácter limitado, por su específico ámbito, a la realidad a la que la Constitución los delimita. Los límites externos no son ámbitos de derecho como lo son, entre otros, los derechos de los demás, la moral, el orden público, la seguridad nacional, el bien común.
4. Los órganos del Estado, a través de la ley, están obligados a concretar el bien común, lo que supone cargas o deberes de las personas, con el objeto de concretar tal objetivo.
5. Las limitaciones en el ejercicio de los derechos fundamentales por el proyecto de ley en análisis se ajustan plenamente al texto constitucional, que autoriza en forma expresa restricciones específicas y limitaciones para conservar el patrimonio ambiental.
6. El proyecto se ajusta al principio de proporcionalidad y a los principios de perseguir un fin legítimo, utilizar un medio adecuado y proporcionado.
7. El proyecto no otorga facultad discrecional alguna a la administración, cuya conducta está claramente predeterminada por el proyecto de ley.
8. No se afecta a ningún titular del dominio, por lo cual no se afecta el artículo 19, número 24, de la Constitución Política. Lo más que podría afectarse eventualmente son meras expectativas, las cuales no están protegidas por el ordenamiento constitucional.
En resumen, el profesor Nogueira planteó que el contenido del proyecto en análisis no merece objeción alguna de constitucionalidad.
Ideas matrices o fundamentales del proyecto.
La idea matriz o fundamental del proyecto es suspender, por dos años, la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros , a fin de mantener el parque vehicular de taxis colectivos y básicos en su actual dimensión.
Con ello, se persigue que el incremento de los vehículos destinados a taxis se realice en concordancia con el desarrollo de otras demandas de la población, particularmente la que exige un medio ambiente sano y ciudades descongestionadas.
Artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.
La Comisión estimó que el proyecto no contiene normas de esta índole.
Artículos del proyecto que, de conformidad con el artículo 220 del Reglamento, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
La Comisión consideró que el proyecto no contiene artículos que deban ser conocidos por dicha Comisión.
Discusión y votación en general del proyecto.
Concurrió a la discusión general del proyecto el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Claudio Hohmann , quien expuso el parecer del Ejecutivo sobre el particular. Asimismo concurrieron los representantes de las organizaciones mencionadas al comienzo de este informe.
La Comisión aprobó en general la iniciativa por mayoría de votos, dejando pendiente su discusión particular en espera de las indicaciones que se formulen.
Discusión y votación particular del proyecto.
La iniciativa en informe consta de un artículo único. Su inciso primero suspende, por el plazo de dos años, la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros , con el objeto de mantener el parque vehicular de taxis colectivos y básicos en su actual dimensión.
Su inciso segundo dispone que esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo, cambio de modalidad o de inscripción de una región a otra, de los taxis actualmente inscritos en el Registro mencionado, conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La Diputada señora Eliana Caraball y los Diputados señores Pareto , Felipe Letelier y Salas formularon indicación para introducir las siguientes modificaciones en el inciso segundo del artículo único.
1. Para eliminar la frase final ?de conformidad con las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones?, pasando a ser punto la coma que la precede.
2. Para agregar la siguiente oración final: “La renovación de los taxis básicos y colectivos contemplada en el artículo 3º transitorio, del decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sólo podrá hacerse con vehículos de una cilindrada mínima de 1.500 centímetros cúbicos”.
El artículo 73 del decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones exige para los taxis colectivos motores de 1,8 litros de cilindrada como mínimo. No obstante ello, el artículo 3º transitorio del mismo cuerpo legal permite reemplazar taxis ya inscritos por vehículos de 1,5 litros de cilindrada, posibilidad que expirará el 31 de diciembre de 1999.
Por lo tanto, la indicación tiene por objeto obtener, de alguna forma, la prórroga de la norma del artículo 3º transitorio hasta la extinción del plazo que se establece en el proyecto en estudio.
Los patrocinantes de la indicación señalaron que la suspensión de inscripción de nuevos taxis propuesta, durará sólo 24 meses. Suponiendo que este proyecto quede despachado por el Congreso durante el segundo semestre de este año, la prohibición durará hasta el segundo semestre del año 2000. Agregaron que si durante ese tiempo se permite que la renovación de taxis colectivos se pueda hacer con vehículos de 1,5 litros de cilindrada, no se sobrepasará más allá de seis meses el plazo que fijó el artículo 3º transitorio del decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, lo cual no es mucho. Por lo tanto, no se presume que exista mayor problema en aprobar el proyecto y la indicación.
Los patrocinantes de la indicación señalaron que ésta tiene por objeto dejar abierta la posibilidad de inscribir taxis en aquellas comunas en las que no existan taxis ni registro de tales al 31 de marzo de 1998.
Finalmente, el artículo único del proyecto fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión.
Es todo cuanto puedo informar.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde discutir en general y en particular el proyecto.
Antes de ceder la palabra, recuerdo a los señores diputados que el proyecto debe ser despachado al término del Orden del Día, es decir, a las 6 de la tarde, porque su trámite constitucional vence el viernes 12 de junio.
Ruego a los señores diputados que hagan una exposición de no más de cinco minutos, para dar la mayor posibilidad de participación.
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , cuando se defiende un proyecto, se debe hacer con fuerza, entusiasmo, cariño y coraje, pero siempre decir la verdad.
Se dice que el propósito del proyecto es restringir el parque de taxis y se hace toda una retórica respecto de la contaminación de Santiago, tema que fue objeto de una sesión especial esta mañana.
Quiero decir a la Sala que el proyecto nada tiene que ver con eso, por una razón muy sencilla: los taxis no catalíticos ya tienen su restricción en el Gran Santiago, y los catalíticos no la tienen; es decir, con este proyecto o sin él, los 35 mil taxis de Santiago quedarán sujetos a las mismas normas vigentes hoy.
En segundo lugar, como se prendió la luz de alarma, el proyecto ya no tiene ninguna importancia, porque existen antecedentes de que hay más de 50 mil taxis nuevos con patente, listos para ser lanzados al mercado y ya inscritos en el Ministerio de Transportes. En consecuencia, ¿cómo paramos esto si ya se encendió la luz de alarma y esos taxis están listos?
Es indudable -y hay que ser ciego para no darse cuenta- que los que están dentro del sistema quieren que se congele, porque ya lo están.
Pero aquí hay un problema grave -y no voy a discutir si el proyecto es o no constitucional-: dilucidar por qué se ha producido el fenómeno de que todo el mundo quiere ser taxista.
¿Habrá tanta plata o sueldos tan buenos en el país que la gente no tiene necesidad de buscar otro trabajo? Digo esto porque el taxi ha sido un complemento financiero para la familia. Hay gente que se ayuda en sus horas y días libres trabajando como taxista.
Además, hay mucha gente que saca un vehículo como taxi por el precio de la patente. Para que los honorables colegas sepan, cualquiera sea la marca del auto en cuestión, si es para taxi, la patente cuesta una unidad tributaria mensual, sin importar el valor del auto.
En consecuencia, en este proyecto debemos proponer una reglamentación. Aquí se nos dice, por ejemplo, que en Santiago hay 35 mil taxis, cosa que es verdad; que esa ciudad tiene 4 millones de habitantes, lo que también es verdad y, además, que en Nueva York hay 12 mil taxis para 15 millones de habitantes, lo cual es verdadero. Pero lo que no se cuenta es que en Nueva York están absolutamente reguladas las condiciones para ser taxista, dónde debe establecerse, cómo tiene que hacerlo. Allí lo caro es la plaquita que se pone arriba del auto, que cuesta 150 mil dólares. Aquí no hay restricción. Usted va a la compraventa, compra un auto y mañana sale a “taxiar”.
En consecuencia, hay que hacer un ordenamiento del sistema y no restringir la inscripción por dos años. Las dos veces que el señor Ministro asistió a la Comisión, se comprometió a mandar un borrador de reglamento para ver cómo se iba a regular esta actividad, y no ha enviado nada, no sabemos cómo va a ser.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener la voluntad de no perjudicar a la gente y no restringir, porque hay sólo un informe constitucional. Por extraña coincidencia, el que llegó a la Comisión era justamente a favor, pero no se pidió otro que dijera: “El proyecto, ¿es constitucional o no? Por lo tanto, si esta iniciativa contraviene las normas de la Constitución que aseguran la libertad de trabajo -aunque sea un sistema regulatorio-, solicito que la Mesa se pronuncie respecto de la constitucionalidad de la iniciativa, porque con ese mismo pretexto se puede decir que hay exceso de abogados, de médicos o de personas que ejercen cualquier profesión en el país y, por esa razón, congelar su número por un par de años.
En realidad, no se va a restringir nada, porque es sólo un par de años. En consecuencia, ésta es la primera punta de iceberg para empezar a poner trabas a la libre iniciativa, a la libertad de trabajo y a la equidad, de la que tanto se ha hablado. Entonces, ¿cuál es la equidad? ¿Favorecer a los que están adentro y no dejar entrar a los demás? Por tanto, solicito que antes de seguir adelante, por los argumentos que he dado, por los antecedentes que manejamos los miembros de la Comisión, la Mesa se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto.
Como bancada de Renovación Nacional hemos decretado libertad para que los diputados voten en conciencia y vean si realmente están tratando los temas que tanto han defendido.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
La Mesa recogerá su observación, señor diputado .
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señora Presidenta , las palabras del Diputado señor René García me ahorran muchas explicaciones respecto del proyecto que presentamos en julio del año pasado diputados de prácticamente todas las bancadas. Entre ellos, quiero destacar al ex Diputado señor Andrés Chadwick , hoy Senador de la República , cuyo conocimiento y vinculación con las normas constitucionales que rigen el país creo que nadie podrá poner en discusión.
Señalo esto, porque el tema de la constitucionalidad fue parte de la discusión que tuvimos antes de presentarlo y, habiendo hecho una revisión del texto, el entonces Diputado señor Chadwick consintió en firmarlo, porque estimó que era constitucional. No lo haría en caso contrario.
Sin embargo, lo que decía el Diputado señor René Manuel García tiene mucho que ver con lo que ha pasado con esta iniciativa. Efectivamente, la presentamos en julio del año pasado, durante la legislatura ordinaria, y en la Comisión, que integra el Diputado señor René García , fueron poniéndole obstáculos, obstáculos y más obstáculos para que no se tramitara. Después, el Gobierno lo incluyó en la legislatura extraordinaria, calificó varias veces su urgencia y recién, como dice el informe, el 24 de marzo de este año empezó a tramitarse.
Sin duda, bastó el anuncio y presentación del proyecto para que comenzara el efecto del cual se queja ahora el Diputado señor García, don René Manuel , de que mucha gente anticipó las compras o inscripción de taxis, a fin de evitar que este proyecto pudiera restringir su adquisición, pero, como se ha manifestado en otras oportunidades en la Corporación, y como se dice en términos jurídicos, nadie se puede beneficiar de su propio dolo. En este caso no hay dolo, pero ciertamente ha habido una obstrucción en la discusión de la iniciativa. Habría sido mucho más fácil si hubiera llegado pronto a la Sala y al Senado y se hubiera resuelto si habrá o no congelación. Pero se postergó la discusión, generando beneficios económicos sobre la base del uso de las expectativas de determinadas personas. En eso hay responsabilidad de parte de quienes obstruyeron la tramitación del proyecto.
Ahora, ¿cuál es el fondo del proyecto? El motivo no es que alguien maneje un taxi, sino, como muy bien lo describió el Diputado señor René García , que el tema de los taxis y del transporte público en las grandes ciudades trae consigo un impacto ambiental importante, de salud, de estrés ciudadano significativo. Respecto de los taxis, no tenemos la reglamentación a la cual aludía el Diputado señor René García , y tampoco disposiciones legales que permitan generarla.
Entonces, parlamentarios de distintas bancadas vimos que una alternativa era dar un tiempo para generar dicho ordenamiento o regulación, discutir cuál es la regulación que necesita el país y, mientras tanto, dejar las cosas como están; es decir, congelar el número de taxis para después discutir una reglamentación.
El proyecto tiene sentido en la medida en que generemos un espacio en el cual razonemos colectivamente sobre cómo resolveremos el problema que se origina. Eso es algo que necesitamos y sobre eso no tenemos acuerdo y, en algunos casos, ni siquiera coincidencia, por cuanto existen muchas dudas sobre cuál debe ser la solución.
¿Se debe congelar definitivamente? ¿Es adecuada la solución de Nueva York, a que aludió el Diputado René García ? ¿Se debe subir el precio de las patentes de los taxis?, tema que también tocó el Diputado René García . ¿Se debe limitar el uso de los taxis, como ocurre en otras ciudades del mundo, o los permisos de circulación para los que entren al centro de la ciudad sean diferentes de aquellos que operan en el área no céntrica?
En síntesis, debemos discutir el tema de fondo, para poder resolverlo. En este sentido, el proyecto es una medida transitoria que pretende generar una solución que en nuestra sociedad aún nadie tiene contemplada.
Me alegro de la coincidencia producida entre parlamentarios de diferentes partidos en la presentación del proyecto y espero que con esa misma coincidencia lo despachemos hoy, a fin de generar este espacio para un ordenamiento definitivo de la ciudad y dar solución al tema de salud, tan significativo como los vinculados con la contaminación y con lo que genera congestión, estrés e, incluso, la situación de muchos choferes de taxi, que se ven afectados por la competencia debido al exceso de vehículos en las calles, lo que ocurre en la mayor parte de las ciudades del país cuando alguien ingresa en esa actividad.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señora Presidenta , nuestra Corporación aborda hoy una moción parlamentaria de particular significación.
Quiero responder a algunas afirmaciones del Diputado señor Andrés Palma , en el sentido de que gran porcentaje de los integrantes de la Comisión de Transportes somos nuevos y le hemos dado un tratamiento rápido y bastante diligente al proyecto. Quienes obstruyeron su estudio y discusión no hemos sido quienes estamos trabajando en esa Comisión.
En efecto, la materia objeto de esta iniciativa constituye una sentida aspiración de los gremios de taxistas, una de muchas medidas necesarias destinadas a la solución de los problemas ambientales y de tránsito urbano que afectan a diversas ciudades del país.
Asociación y sindicatos de taxistas venían reclamando, desde hace mucho tiempo, medidas para limitar el ingreso de nuevos vehículos.
Con dicho objeto, se formularon diversas proposiciones, y las autoridades optaron por producir este efecto, indirectamente, a través del aumento de la cilindrada de los vehículos.
Tal medida, además de demostrar ser cuestionable por su eficacia, como señala la propia necesidad de esta iniciativa, en la práctica se tradujo en una complicación para el actual taxista y no impidió significativamente el acceso a nuevos operadores.
La urgencia de limitar el parque, atendiendo el clamor del gremio taxista, es evidente. Para ninguno es un misterio el explosivo aumento del parque automotor en el país.
El crecimiento económico de éste, como también la extensión y la facilitación del crédito, ha posibilitado a muchos chilenos acceder, entre otros bienes de consumo y capital, a un vehículo. Lo anterior, siendo la consecución de un anhelo de muchas familias, acarrea problemas conexos de trascendencia.
En efecto, el aumento del parque referido ocasiona congestión y contaminación, por lo que resulta indispensable adoptar medidas que permitan regular dicha situación.
El proyecto que estudiamos se orienta en esa dirección, en un área específica, cual es el parque de vehículos de alquiler. Existen índices claros al respecto. Así, de cerca de 55 mil permisos de circulación para taxis otorgados en 1990, sube a 104 mil en 1996.
Quiero rectificar una cifra dada por el Diputado señor René Manuel García . En Santiago, a diciembre de 1996, hay 49.620 taxis y no 35.000.
Ello da cuenta de un crecimiento que excede a cualquier parámetro indicador de la actividad económica nacional y, por cierto, las propias necesidades de transportes.
Así, esta iniciativa legal, que consta de un simple artículo, se orienta en los dos sentidos precisados anteriormente.
En primer lugar, constituye una medida menor, pero una de muchas posibles en orden a proteger el medio ambiente, mediante la regulación de las muchísimas fuentes de contaminación.
Evidentemente, según lo veíamos esta mañana en la Corporación, se requieren otras medidas con este fin, atendida la magnitud del problema.
En un segundo orden, tal como lo exponen los patrocinantes del proyecto, se trata de regular la sobreoferta del transporte de alquiler y, con ello, la competencia desleal entre los agentes.
En este punto, resulta necesario apelar a la responsabilidad del gremio ante esta medida, consistente en no entender ésta como un privilegio que pudiera impulsar el alza en las tarifas. El interés del gremio en el proyecto nos hace confiar en que ello no ocurrirá.
Señora Presidenta, no quisiéramos que esta medida sea un avance aislado, sino que sostenemos que debe complementarse en el futuro.
La suspensión por dos años de la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros , debe servir para adoptar nuevas medidas en el sector transporte público que permitan su perfeccionamiento.
No quisiéramos que en dos años más nos encontráramos estudiando, apresuradamente, una posible renovación de esta medida excepcional. Estos dos años deben ser un plazo suficiente para estudiar e implementar algunas medidas complementarias.
En efecto, son pocos los países en que estas materias gozan de la liberalidad económica con que se expresan en nuestro país, la que es aconsejable e inofensiva en muchas áreas, pero inadecuada en otras, principalmente en los servicios básicos, como el transporte.
La naturaleza del tema y la implicancia que ella tiene para la comunidad hacen que generalmente exista una eficaz regulación, la que, velando por la existencia de un parque de transporte público eficiente, impida que éste sea excesivo y contribuya a acrecentar la congestión y la contaminación. Así, se resguarda la calidad de los servicios y se garantiza la existencia de medidas de seguridad suficientes.
Esperamos que estos dos años sean propicios para la adopción de nuevas y urgentes iniciativas que favorezcan el transporte público, regulando a los diversos agentes involucrados y no sólo a uno de sus gremios, y garanticen a la comunidad un servicio eficiente, de calidad y seguro.
En particular, resulta importante la adopción de medidas que regulen también el acceso al mercado de buses y microbuses; se aliente, definitivamente, el transporte ferroviario de acuerdo con la geografía del país; se facilite la reconversión de los sistemas de combustión de los vehículos, acogiendo modernas tecnologías, más económicas y menos contaminantes; se impulse el mejoramiento de la calidad del parque y se perfeccione la vialidad e infraestructura urbana, con miras a su óptima utilización.
En el entendido de que este es un primer paso en este sentido, manifiesto mi apoyo a la moción.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta , en realidad se pueden buscar muchos argumentos para rechazar la moción. Hemos escuchado argumentos de inconstitucionalidad; de que la norma se puede interpretar como una prohibición, aunque temporal, pero no una regulación, y de que sus fundamentos no se ajustan a los supuestos establecidos en la Constitución.
Se podrá argumentar que nadie puede decir con certeza cuál es el número adecuado de taxis, aunque sí lo sabemos.
Se podrá aducir, por ejemplo, que se colocan barreras al desarrollo de una actividad económica lícita y que, con los efectos económicos que ello produce, el hecho de estar inscrito en el registro pasará a ser un bien económico transable.
Se puede argüir también, como comentario final de quienes están en desacuerdo con esta moción, que el proyecto vuelve a abrir la puerta para la aplicación de restricciones al desarrollo de las actividades económicas, creando mercados cerrados que, en definitiva, favorecen a los pocos beneficiados que logran entrar, pero que se perjudica a la comunidad en general.
Estos son los argumentos, entre otros, de quienes están en desacuerdo; pero, en la práctica, quienes apoyamos esta moción, que ha concitado el interés de muchos parlamentarios y que, de alguna manera, el Presidente de la UDI, Diputado Pablo Longueira , llevó adelante en su momento, tiende a buscar una norma regulatoria de excepción.
Cuando hablamos de restringir un parque automotor, estamos hablando de una situación temporal y no permanente. Eso no significa que continuaremos con la política de las postergaciones y que en dos años más, una vez aprobado el proyecto, nuevamente estemos prorrogando esta misma situación.
Verdaderamente, aquí se desea dar una señal clara. Hoy hemos tocado distintos temas relacionados con la congestión vehicular, con la contaminación. Todo ello -y el proyecto también lo hace de alguna forma indirecta- contribuye al beneficio común en que estamos todos empeñados, de tal manera que creemos que se trata de una iniciativa importante en un momento delicado.
El bien común ha concitado el interés de distintas bancadas. Aquí no se restringe la libertad de trabajo. Lo que se está haciendo es elaborar pronto, junto a las autoridades correspondientes y al Poder Legislativo, normas que tiendan a regularizar el parque automotor de taxis.
En los países más desarrollados estas normas están establecidas en una serie de reglamentos que tienden a regular el ejercicio libre de esta profesión.
Por eso, en el entendido de que hay muchos parlamentarios que quieren hablar a favor y atendida la importancia de la norma, cuando ya queda poco tiempo para el término del Orden del Día, más todavía si queremos que el proyecto no siga “durmiendo” en el Congreso Nacional, anuncio nuestros votos favorables.
Se trata de una iniciativa tremendamente importante, y nosotros no debemos, de ninguna manera, seguir postergándola.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Insisto en la concisión de las intervenciones de los señores diputados, pues hay quince inscritos y nos queda media hora para concluir el debate.
Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señora Presidenta , por esa razón, y porque nos interesa votar hoy el proyecto, seré muy breve.
Como integrante de la Comisión de Obras Públicas, me siento muy contenta de estar discutiendo este proyecto, el que aprobaremos no sólo porque se trata de una moción de distinguidos colegas parlamentarios, sino porque su materia es de la mayor importancia.
Es evidente que el crecimiento del parque automotor ha afectado la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, tanto en materia de congestión vehicular como de contaminación atmosférica. En relación con este tema, cabe señalar que los taxis levantan cuatro veces más polvo contaminante que los buses. Particularmente grave es la actual sobredimensión del parque de taxis, tanto básicos como colectivos. En cifras del INE y de la Sectra, sólo en la Región Metropolitana, entre 1990 y 1997, se incrementó en 151 por ciento el número de taxis; esto es, de 21.425 a 53.851, en números absolutos. Estos porcentajes se repiten, en la práctica, en todas las regiones.
En ese mismo período, el número de buses disminuyó en un 44 por ciento; es decir, de 13 mil a 9 mil, en números absolutos.
Tales antecedentes dan un fundamento muy claro al proyecto que dispone, como medida excepcional y en función de la gravedad del problema, la suspensión de las inscripciones de taxis, en cualquiera de sus modalidades, por dos años, plazo que deberá utilizar el Ministerio de Transportes para dictar normas y reglamentos que establezcan, de una vez por todas, un orden racional en el sistema de inscripción, vinculándolo al problema de fondo, cual es la contaminación y congestión.
Por lo tanto, la iniciativa suspende un derecho particular en beneficio del interés general.
Señora Presidenta , por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Edgardo Riveros .
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
su Señoría puede hacer uso de la interrupción hasta por dos minutos.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta, sólo para precisar tres aspectos relacionados con el proyecto.
Primero, la naturaleza jurídica de la suspensión, la cual es por un plazo determinado, el que debe ser aprovechado para cumplir un objetivo concreto. Me parece que el objetivo está claramente expresado en la presentación de la moción: llegar a una regulación definitiva acerca del tema que nos preocupa.
En segundo lugar, se establece de manera evidente la posibilidad y la facultad del Estado para regular las actividades. Ese aspecto no tiene ningún factor de límite que pueda ser consignado. Todo lo contrario, está avalado de manera amplia por las normas constitucionales y legales. Por ello, aprovechando el tiempo que dure la suspensión, en este plano se debe ejercer la actividad reguladora del Estado en la materia.
Por último, es importante destacar que se desea privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares, hecho considerado en los informes jurídicos solicitados y en el de la Comisión. Ello es importante, sobre todo en el ambiente existente, donde parece primar sólo el interés individual por sobre el de la comunidad.
Es importante hacer esta distinción en la discusión de un proyecto de esta naturaleza. Es evidente que aquí se desea privilegiar el bien común por sobre el interés individual, lo que es necesario destacar en forma muy clara.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Recupera la palabra la Diputada Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Gracias, señora Presidenta.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , después del completísimo informe del Diputado señor Letelier, don Felipe y de las distintas intervenciones, seré bastante breve.
Quienes formulamos el proyecto buscamos que se asuma el acelerado crecimiento del parque de taxis y sus efectos negativos sobre la contaminación ambiental y congestión vehicular.
Hay consenso respecto del crecimiento sobredimensionado e inorgánico del parque de taxis. Se han dado cifras: de 54.909 taxis que había en l990, pasamos a 114.663 en 1997. Sólo entre 1994 y 1995 esta cifra aumentó en casi 20.000, de los cuales 11.000 fueron a la Región Metropolitana. La Quinta Región también tuvo un crecimiento muy alto.
El proyecto propone que durante dos años se congele la cantidad de taxis existentes, con el objeto de hacer formulaciones de política coherentes a fin de establecer soluciones de fondo. Hoy no está claro en el Ejecutivo , tampoco entre nosotros, cuál es la solución más permanente y de fondo para que haya un crecimiento proporcional, orgánico, que no provoque los problemas ambientales y de congestión que se han señalado.
En la mañana debatimos ampliamente sobre la contaminación en Santiago y los problemas que existen en el país. Está claro que el tema del transporte público es central y que mientras no haya una respuesta de fondo a su organización, seguirá creciendo el número de vehículos particulares y factores que contaminan más y que provocan, en conjunto, la congestión.
Tampoco hay una formulación muy precisa respecto de cómo se enfrentará el tema del transporte público. Se pueden concebir formas mixtas, con una planificación y un ordenamiento territorial del transporte por parte del sector público, y gestores privados con un determinado diseño y desarrollo del método, de la vía segregada, etcétera.
Esa formulación es fundamental para enfrentar el problema de la contaminación en las ciudades. En ese marco, necesariamente hay que inscribir a los taxis básicos y colectivos y definir el papel que cumplirán.
Es obvio que el proyecto debe despacharse lo más rápido posible. Cuando fue presentado, a mediados del año pasado, pensamos que tendría suma urgencia y se tramitaría rápidamente. Al no ser así, se han provocado las distorsiones señaladas y, además, efectos secundarios, como que en algunas comunas se mantenga el déficit. En verdad, debe haber un período muy limitado para no provocar ese efecto negativo, porque el excedente de taxis no es homogéneo a lo largo del país, pues hay ciudades con otras situaciones.
Quiero aprovechar la ocasión para hacer ver al Ministro del ramo que el tema del transporte escolar sigue pendiente.
Hace más de cinco años la Cámara despachó un proyecto para regular y autorregular el transporte escolar; el Senado lo rechazó y hoy está en comisión mixta. Lleva cuatro años ahí y no se ha tramitado, porque se espera que el Ejecutivo haga una propuesta. El asunto ha sido discutido con los transportistas escolares, quienes desean que haya más regulación, tanto en el crecimiento como en la manera de asegurar que se ajusten a determinados estándares de funcionamiento y de calidad.
Quiero hacer ver al Ejecutivo que no puede dilatarse más la tramitación de dicho proyecto y que es necesario que formule una propuesta para aprovechar la coyuntura de que está en la comisión mixta, a fin de dar una mejor solución a este sector del transporte, en función de los intereses generales de las ciudades y también de los de la educación.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Ministro subrogante de Transportes , señor Andrés Wallis.
El señor WALLIS ( Ministro subrogante de Transportes ).-
Señora Presidenta , en primer lugar, deseo expresar la complacencia del Ejecutivo por la iniciativa presentada. Sin lugar a dudas, aborda un tema de suma trascendencia para el país y, de alguna forma, recoge el sentir no sólo del Gobierno, sino de vastos sectores que se desarrollan en torno al transporte.
El proyecto es perfectamente consecuente con la política de transportes del Gobierno, razón por la cual se le ha dado suma urgencia y, de alguna forma, el Ejecutivo lo ha patrocinado.
Es importante recordar, como decía el Diputado señor Montes, que a principios de la década, en 1990, había 56.000 vehículos de alquiler circulando por el país. Hoy existen 125.000.
Quiero también mencionar que no ha ocurrido lo que planteó el Diputado señor García, don René Manuel, en el sentido de que hay 50 mil vehículos esperando ser inscritos en los registros. Ciertamente, esos vehículos no están, pues si estuvieran los habríamos registrado en las inscripciones que llevamos a diario en el Ministerio de Transportes.
Lo que sí ha ocurrido es que, a partir de la presentación de esta propuesta, han aumentado los niveles de inscripción respecto de los récords históricos y, por lo mismo, se le ha dado suma urgencia, pues esperamos que no siga aumentando en forma tan acelerada la inscripción de taxis.
De estos 125 mil vehículos, 57 mil se ubican en la Región Metropolitana, y cerca de 70 mil están distribuidos en las distintas regiones del país. Quizás los casos más complicados están en las ciudades de Iquique y Rancagua, donde el parque de taxis y colectivos supera todo lo razonable. En Valparaíso y Viña del Mar hay 14 mil de estos vehículos.
Estas cifras nos hacen tener plena confianza en que la medida de restringir el parque, que viene aumentando periódicamente en alrededor de 10 por ciento, alivianará un poco la carga que tienen las ciudades, lo cual nos permitirá reorganizar el transporte de este tipo de vehículos.
¿Quiénes son los interesados en la medida? De alguna forma, nos hemos ido relacionando con los distintos gremios vinculados con el sector transporte. Detrás del proyecto han estado presentes los gremios que representan a los colectivos, a los taxis básicos, a los servicios de buses urbanos y a los de buses interprovinciales.
También están interesados en el proyecto los alcaldes. Hemos conversado con la mayoría de ellos, en particular con la Asociación de Municipalidades, en su capítulo de transportes. Ellos desean que esta medida se implemente lo más pronto posible.
¿Cuáles son los compromisos que, de alguna forma, asume el Ministerio de Transportes a partir de la iniciativa? ¿Qué haremos durante estos dos años?
El mismo proyecto lo establece y plantea en su penúltimo párrafo de la introducción, que cito textual:
“Por último, debo señalar también que el carácter excepcional y transitorio de esta medida se justifica mientras se adopten medidas o se creen instrumentos que solucionen de modo integral los desequilibrios descritos, tiempo que es necesario darse sin que empeore el problema del crecimiento inorgánico actual”.
Al respecto, el Ministerio ya ha encomendado un estudio, que está en marcha, que incorpora en forma especial a los usuarios. Normalmente, las políticas de transporte han estado diseñadas desde el punto de vista de la ingeniería y de los gremios. En este caso hemos incorporado a los usuarios, para preguntarles cuáles son las características y calidades de los servicios que esperan se les presten.
Además, estamos trabajando con las comunas de las distintas regiones, de forma de establecer paraderos para taxis y trazados especiales para los colectivos. También estamos analizando la experiencia internacional para ver la mejor forma de regular el sistema sin generar privilegios ni competencias desleales que afecten la actividad.
Respecto de la constitucionalidad del proyecto, se han expresado distintas opiniones. Sólo quiero recordar lo citado por el diputado informante , pues en un informe preparado especialmente y solicitado por la Comisión, se consigna que la Constitución establece restricciones y limitaciones específicas en función del beneficio ambiental. En este caso, el beneficio ambiental es uno de los aspectos buscados a partir de la publicación de la ley en tramitación.
También es importante destacar que es un proyecto no discrecional, pues no faculta a la autoridad para establecer ningún tipo de granjerías.
Sólo me resta manifestar el beneplácito del Ejecutivo por el hecho de que el proyecto haya sido presentado con tanta representatividad, pues la moción fue suscrita por parlamentarios de las distintas bancadas. Además, ya estamos embarcados en diferentes proyectos, que esperamos se concreten durante estos dos años, para no tener que pedir una prórroga al cabo de ese período, porque sería contrario a la política que queremos establecer.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luis Pareto .
El señor PARETO.-
Señora Presidenta, seré breve, en homenaje al tiempo y en aras del pronto despacho del proyecto.
Pero antes de votarlo favorablemente, deseo dejar constancia de sus bondades. Cabe hacer resaltar lo importante que es en política que iniciativas que favorecen a la gran mayoría de la ciudadanía sean consensuadas por personas y diputados con diferencias políticas muy profundas. Ésta es una demostración de cómo funciona la democracia, porque el proyecto ha sido firmado por parlamentarios de Oposición y de Gobierno y tiene un gran respaldo. Es así como se hace democracia; es así como al tratar los problemas con seriedad se pueden obtener beneficios para todos.
En verdad, el proyecto no es improvisado. Los diputados que recién integramos la Comisión de Obras Públicas dedicamos largas horas a escuchar a los taxistas y confederaciones de todo el país, para llegar a la conclusión de que es positivo y de interés nacional.
Aquí no existe posibilidad de que el taxista pierda su trabajo; por el contrario, se le da estabilidad. Tampoco se está improvisando. Al revés, esto tiene una duración de sólo dos años, porque el Gobierno, mediante el Ministerio de Transportes, adquiere el compromiso ante el Parlamento de presentar dentro de ese plazo un estudio profundo de lo que sucede en la actualidad y consensuar con los interesados una solución definitiva.
Por lo tanto, a fin de dar facilidades para que se pueda votar a la brevedad posible, no seguiré dando argumentos que avalen mi posición favorable al proyecto.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira .
El señor LONGUEIRA.-
Señora Presidenta, quiero entregar algunos antecedentes y aclarar ciertos argumentos que se han dado acerca de la motivación que tuvimos quienes presentamos el proyecto.
Desde hace bastante tiempo venía conversando con el Ministerio de Transportes sobre la posibilidad de presentar una iniciativa de esta naturaleza. Cuando el Diputado señor Palma me lo planteó, la presentamos por razones bastante distintas de las que, de alguna forma, se señalan hoy día.
Quiero dar a conocer por qué fui partidario de presentar el proyecto con el Diputado señor Palma y otros parlamentarios que después lo suscribieron. No tiene absolutamente nada que ver con el problema de la contaminación -estoy convencido de que ésta durará bastante más de dos años- y relacionarlo con ella me parece un argumento bastante inaceptable para sostener una iniciativa de esta naturaleza, que pretende suspender temporalmente las licencias para transporte público por la vía de taxis individuales o colectivos.
Además, quiero aclarar, para quienes tengan dudas constitucionales, que no es primera vez que esto se hace. En la legislación sobre instituciones bancarias y financieras restituimos la posibilidad de otorgar licencias bancarias, que estuvieron restringidas por cierto tiempo. Después de la crisis de 1980, el Gobierno de la época consideró que debía impedirse el otorgamiento de nuevas licencias, con el fin de ordenar el sistema financiero; pero nosotros volvimos a dar esa posibilidad en nuevos instrumentos: en las modificaciones introducidas en la ley de bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, no es primera vez que esto ocurre. Lo que sucede es que hoy lo estamos haciendo para los taxis colectivos. En el sistema bancario se suspendió por más de una década el otorgamiento de licencias, hasta que estuvo saneado en la forma que hoy todos podemos observar.
Por lo tanto, para aquellos -algunos que están cerca de mí- que les crea algún problema, desde el punto de vista de los principios, de los valores, no lo debieran tener, porque no es primera vez que esto existe.
Sí, quiero señalar que un proyecto de esta naturaleza, de acuerdo con el número 23º del artículo 19 de la Constitución Política, requiere de quórum calificado y su Señoría debiera mencionarlo. No tengo dudas de que el Senado lo considerará de esa manera, puesto que la disposición constitucional señala claramente el caso que estamos legislando.
También quiero señalar cuáles son las motivaciones de la presentación del proyecto.
Hoy nos encontramos en una situación de colapso en materia de transporte de taxis. Existe un gran número de taxistas piratas que no se rigen por ninguna norma. Su aumento explosivo, debido a que para mucha gente es una gran opción adquirir un taxi después de jubilar o de recibir una indemnización, ha contribuido a que hoy estén colapsadas innumerables comunas y, en verdad, haya un caos absoluto. De esta actividad laboral viven miles de personas de nuestra clase media. Son pequeños trabajadores independientes. Pero, hoy -insisto-, estamos en un caos absoluto y por eso pedimos dos años de suspensión, porque no se requiere más tiempo.
Lamentablemente, reconozco que la única duda que tengo para suscribir un proyecto de esta naturaleza es la certeza de que, en dos años más, algunos parlamentarios o el Gobierno estarán presentando otro proyecto para prorrogar por un plazo mayor. Por eso, quiero que se establezca, de alguna forma, que esta ley será de quórum calificado, como -repito- lo señala el numeral 23º del artículo 19.
Quiero insistir en que el objetivo de la suspensión temporal no es por el problema de la contaminación, porque no tengo ninguna duda de que, no obstante el plan que hemos conocido todos estos días, el problema va a continuar mucho más allá del plazo de suspensión.
Queremos establecer nuevas reglas, otra forma de otorgar permisos a los taxistas colectivos, a fin de regular todos los “piratas” que existen en Santiago y en las comunas, los cuales están afectando significativamente una actividad que puede ser el sustento de miles de familias, en la medida en que tengamos condiciones más estables y reguladas, que permitan que funcione mejor y que garantice también, de mejor forma, la libertad de trabajo. Ésa fue la motivación.
Por eso, cuando suscribimos el proyecto, establecimos que dos años era un plazo suficiente.
Lamento, al igual que otros parlamentarios, que el Gobierno no haya calificado en su momento la urgencia del proyecto, como se lo pedimos, porque ello generaría un escenario de especulaciones que, tarde o temprano, induciría a la petición de más licitaciones o solicitudes que las históricas, que, en hora buena, hoy tiene urgencia.
Pero, quisiera el pronunciamiento de la Mesa, porque, yo, por lo menos, quiero ser muy claro. Así como voy a suscribir el proyecto, si alguna vez se presenta una indicación, moción u otro proyecto para aplazar o modificar el plazo, me voy a oponer, porque en dos años podemos establecer nuevas normas para fomentar la libertad, regular en forma adecuada y disponer reglas claras para una actividad de la cual, como se ha dicho, viven prácticamente más de 200 mil personas.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , hemos estado discutiendo y formulando propuestas respecto de la descontaminación de Santiago. Ahora estamos haciendo propuestas y discutiendo un proyecto que tiende a descongestionar las grandes ciudades del país.
Quiero felicitar a los autores de este proyecto por el espíritu que los ha inspirado para resolver el problema de congestión vehicular en las principales ciudades del país. Pero también quiero decir que hemos estado dando vueltas sobre el tema y no apuntamos a su fondo.
El fondo de la cuestión, que hoy agobia a los ciudadanos y al Gobierno, es una Constitución Política que no permite otorgar a las autoridades las facultades necesarias para que puedan tomar medidas en bien del interés general por sobre el particular.
Este proyecto, que en sus ideas matrices apunta a resolver el problema de congestión vehicular o de contaminación atmosférica en algunas ciudades, señala asimismo -en sus fundamentos- que esto ocurre prácticamente en todas las regiones del país. La expresión “prácticamente” quiere decir que no se presenta en todas las regiones. Si nosotros vemos su realidad, nos vamos a dar cuenta de que en muchas comunas no hay congestión ni contaminación atmosférica. Entonces, ¿a título de qué estamos imponiendo una normativa prohibitiva para determinadas localidades que no tienen congestión o contaminación?
Nosotros debemos legislar en función de compatibilizar las necesidades de la población y el crecimiento de las ciudades con el hecho de que podamos descongestionar y asegurar un medio libre de contaminación. Desde ese punto de vista, creo que el proyecto es arbitrario con las comunidades que no tienen ese problema.
¿Qué va a ocurrir durante estos dos años cuando en alguna de esas localidades o comunidades se quiera instalar un taxi básico o colectivo? En la actualidad, a través del programa Chile Barrio, se están realizando asentamientos humanos que van a requerir de servicios de taxis colectivos o básicos, entonces ¿por qué a ciudadanos que viven en esos sectores poblacionales o rurales los vamos a obligar a pagar un permiso que será el gran negocio de quienes hoy están inscribiendo autos casi sin estar en la actividad?
Estoy de acuerdo en que una ley prohíba o limite el crecimiento del parque automotor en aquellas ciudades donde existan problemas; pero no veo la razón de hacerla extensiva a distintas comunidades rurales. Desde ese punto de vista, junto a otros parlamentarios, apoyaríamos fuertemente la iniciativa que tienda a limitar el crecimiento automotor en aquellas ciudades o localidades afectadas.
Cuando se plantea que no hay problemas de constitucionalidad, uno de los argumentos del profesor de derecho constitucional invitado, a quien la Comisión de Transportes le pidió un informe al respecto, es que el proyecto se ajusta al principio de proporcionalidad. ¿Que proporcionalidad tiene la prohibición con aquellas comunas sin congestión vehicular ni amenaza de contaminación atmosférica? ¿Que proporcionalidad puede tener el hecho de que nosotros, como Cámara de Diputados, prohibamos a determinadas localidades rurales la libertad de poner un servicio de taxis porque el problema aqueja a Temuco, a Concepción o a Santiago?
Quiero hacer notar lo altamente inconveniente de la iniciativa, desde el punto de vista de que sólo está concebida para las grandes ciudades y de que no da cuenta de la diversidad que existe en distintas localidades rurales del país.
Por eso, votaré en contra del proyecto, en el convencimiento de que -como dijo otro señor parlamentario-, al cabo de un año más habrá intereses corporativos y parlamentarios que presentarán mociones tendientes a prolongar este plazo de vencimiento. Si en un año no hemos sido capaces de sacar adelante un proyecto de sólo un artículo, menos vamos a ser capaces de resolver un proyecto marco que envíe el Ejecutivo después de un gran estudio integral. Todavía no tenemos la más mínima sospecha de su propuesta. La materia es muy compleja y el Ejecutivo carece de facultades para promoverla. Necesariamente, tendremos que hacerlo por ley. Pero -reitero-, estoy convencido de que si en un año no fuimos capaces de despachar un proyecto de un solo artículo, menos vamos a ser capaces de despachar una iniciativa de naturaleza tan integral. Como, del mismo modo, hace cinco años que está en el Congreso el proyecto que regula el transporte escolar.
Insisto en que votaré en contra del proyecto, porque me parece que es arbitrario, en cuanto a que impone restricción o prohibición a otras localidades que no tienen la misma realidad de las grandes ciudades.
Señora Presidenta, el Diputado señor Ceroni me ha pedido una interrupción. Con su venia, se la concedo.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , sea breve, porque debemos proceder a votar el pro-yecto.
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , quiero expresar mi rechazo absoluto al proyecto. Me parece que es extremadamente injusto y que se ha hecho para la Región Metropolitana, sin considerar, en ningún caso, la situación de las regiones, en general, que necesitan fuentes de trabajo, una de las cuales, muchas veces, para gente muy sencilla, es tener un taxi para mantener a la familia.
Creo que los argumentos del proyecto son favorables y entendibles para la Región Metropolitana, pero no para el resto del país, pues sólo apunta a continuar con el crecimiento de ese monstruo que es Santiago y con una agonía que en definitiva deberá solucionarse de una u otra forma.
Me opongo porque encierra una gran injusticia; discrimina abiertamente en contra de muchos habitantes del país; atenta contra la libertad de trabajo y de todo ciudadano a elegir una actividad económica -apelo a los señores diputados para que consideren ese derecho-. Lo rechazo en forma clara y decidida.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el Diputado señor Felipe Letelier, informante de la Comisión de Obras Públicas.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta , apelo a la Corporación como ente del Estado. Estamos obligados a velar por el bien común de la nación.
Soy diputado de una zona rural y puedo reclamar, con legítimo derecho, que más del 50 por ciento de las comunas que represento no tienen taxis, y no por ello, hoy, en esta Corporación, voy a anteponer intereses particulares.
El señor TUMA.-
Ellos también son ciudadanos, igual que los de Santiago.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Sí, son ciudadanos, pero el proyecto nos permite ordenar a lo largo de todo el país.
Aprovecho la presencia del Ministro de Transportes subrogante para señalarle que no sólo estoy preocupado por el explosivo crecimiento de los taxis, sino también por quienes los conducen, y al respecto le propongo la creación de una escuela especial para taxistas, con el fin de que, de alguna manera, aprendan a tratar al público.
Valorizo altamente el apoyo mayoritario que concita el proyecto.
Señora Presidenta , el Diputado señor Alvarado me ha pedido una interrupción.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , estamos a un minuto del término de la discusión en general y en particular del proyecto, y procede votarlo.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , ¿qué pasa con los diputados que estábamos inscritos?
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Voy a leer la lista, señor diputado .
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta, la Mesa no ha dado respuesta a si las normas del proyecto son de quórum especial o no.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , la Mesa ha señalado que el proyecto no contiene normas o disposiciones de quórum calificado.
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , quiero dejar constancia de que nosotros tenemos una opinión distinta y, obviamente, la vamos a hacer presente en el trámite del proyecto en el Senado. Precisamente, el ex Diputado señor Chadwick , quien fue uno de los que lo suscribieron, me planteó claramente que requería de quórum especial; por lo tanto, si la decisión de la Mesa es que sea una ley simple, veremos qué ocurre en el trámite que resta al proyecto. Pero -reitero-, no compartimos ese criterio.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , está en su perfecto derecho a dejar establecido su reparo en relación con las disposiciones de quórum especial; pero la Mesa considera que no es así.
Estaban inscritos los Diputados señores Francisco Encina, Alfonso Vargas, José Miguel Ortiz, Joaquín Palma, Miguel Hernández, señorita Antonella Sciaraffia, señores Gustavo Alessandri, Samuel Venegas, Ricardo Rincón, Arturo Longton y señora Victoria Ovalle.
¿Habría acuerdo para que puedan hacer llegar sus intervenciones, por el plazo de una semana, para incorporarlas en la versión?
Acordado.
-El discurso que se acordó insertar es el siguiente:
El señor VENEGAS .-
Señora Presidenta , el explosivo crecimiento del parque automotor producido en los últimos años y el consiguiente efecto en materias de contaminación y congestión, el sobredimensionamiento del parque de taxis básicos y colectivos en todas las regiones del país y la abundante oferta de servicios de transporte público de taxis básicos y colectivos, lo cual genera una alta competencia entre los oferentes, han llevado a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a despachar con celeridad la moción que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros . Aun cuando en el proyecto original la medida era sugerida para la Región Metropolitana, se estimó necesario extenderla a todo el país, ya que en todas las regiones el problema de la congestión complica mucho la vida, tanto de las autoridades que deben tratar de regularlo -sin tener para ello las herramientas jurídicas que se lo permitan, ni contar las ciudades con la infraestructura vial suficiente para hacer frente al excesivo crecimiento de sus parques vehiculares y particularmente los de servicios de taxis colectivos, básicos y de turismo-, como, asimismo, para las personas que ven aumentados considerablemente los tiempos que utilizan en sus traslados, lo que va en directo menoscabo de su tiempo de descanso y de convivencia familiar.
Debemos considerar, además, que este aumento, entre otras razones, ha sido producto de que muchas personas que han jubilado han invertido sus desahucios en taxis de cualquier modalidad para crear una plaza de trabajo a sus hijos o nietos, que en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación y conocimientos suficientes, ni con las cualidades psicológicas que requieren quienes deben cumplir con la delicada labor de ser conductores del transporte público de pasajeros. Esto último ha dado lugar a numerosos accidentes, muchos de ellos con resultado de muerte, debido a que estos conductores inexpertos, en forma irresponsable, desarrollan velocidades más allá de lo aconsejable y permitido o realizan maniobras descuidadas o riesgosas en su afán de competir por pasajeros, ya que muchos de ellos circulan el 65% o 70% del tiempo sin pasajeros. Otros desarrollan esta actividad como una complementación económica a su actividad normal; por consiguiente, a veces la desempeñan en condiciones físicas deplorables, pues lo hacen después de sus jornadas laborales, aumentando los riesgos de accidente por esta causa.
Por otra parte, resulta importante destacar que debemos regular esta actividad que en muchos casos da lugar a una competencia desleal entre estos móviles y los buses y taxibuses que atienden a las poblaciones periféricas del país y que prestan adicionalmente un servicio de utilidad pública al transportar a una gran cantidad de escolares del nivel básico en forma gratuita y a los de la enseñanza media, a tarifas muy reducidas, situación que no ocurre con los taxis en ninguna de sus modalidades. Además, cabe considerar que esta competencia desleal ha generado en algunos casos el retiro de ciertos recorridos de buses y taxibuses, quedando la comunidad a merced de los taxis colectivos o básicos que circulan a tarifas que en muchos casos superan en un 200% o más a la de los buses.
Más grave aún es el hecho de que cuando ya no tienen competencia descuidan el servicio y lo realizan en los horarios que ellos estiman conveniente, dejando, a quienes viven en esos lugares, sin el adecuado, periódico, continuo y necesario transporte público, y exponiendo, en algunas poblaciones del país, a esas personas a ser víctimas de la delincuencia, ya que deben esperar tiempos exagerados en los paraderos o bien caminar hacia sus hogares a altas horas de la noche.
Personalmente he decidido dar mi respaldo a esta iniciativa por lo referido precedentemente y, además, por el compromiso del Gobierno, a través del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , de que, en el plazo que establece la presente ley, se estudiará la situación y se generará un cuerpo normativo que regule el transporte público de pasajeros, cautelando, a la vez, los intereses propios de cada región y que reglamente, además, las características, requisitos y condiciones que deben cumplir quienes desarrollan esta actividad del transporte público de pasajeros.
Por lo tanto, señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación general y particular el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado en general el proyecto. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Ministro de Transportes subrogante.
El señor WALLIS ( Ministro de Transportes subrogante).-
Señora Presidenta , en nombre del Ejecutivo, quiero agradecer la votación.
Sin duda, éste es un proyecto de alta importancia para el Gobierno, como ya lo manifesté, y esperamos que con la máxima celeridad sea tramitado en el Senado, de forma tal de aplicar la ley y evitar que ocurra lo que algunos han augurado en cuanto a una explosiva inscripción tardía de taxis.
He dicho.
PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL PARLAMENTO CULTURAL DEL MERCOSUR.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para referirse a su participación en la reunión del Parlamento Cultural del Mercosur, tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señora Presidenta , deseo referirme a los resultados del Cuarto Encuentro de Legisladores del Mercosur , realizado en Brasilia, el 27 y 28 de mayo pasado, evento al cual, como miembro de la Comisión de Educación, asistió su Presidente , el Diputado señor Sergio Velasco , y quien habla.
En efecto, como los colegas parlamentarios saben, el Parlamento Cultural del Mercado Común del Sur, más conocido por la sigla Parcum, es un organismo constituido por senadores y diputados miembros de las comisiones de cultura de los poderes legislativos de los países miembros y asociados del Mercosur: Argentina, Brasil , Uruguay , Paraguay , Bolivia y Chile, y cuyos objetivos, según se estableció en el primer encuentro realizado en noviembre de 1996, son armonizar, intercambiar, promover, investigar y desarrollar todos los temas vinculados con la vida cultural del Mercosur que tengan lugar en el ámbito parlamentario de la región.
Como sabemos, el Tratado de Asunción, firmado en 1991, que dio origen al Mercado Común del Sur, contempló aspectos relativos a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, así como materias arancelarias y comerciales en general. Es decir, el tratado continúa la constante histórica de postergar o, mejor dicho, no considerar, en estos procesos de integración regional, los aspectos culturales y socioculturales de los países que lo integran.
En atención a esa deficiencia y a que la cultura es un elemento fundamental para avanzar con reales posibilidades de éxito hacia una integración efectiva y hacer de mecanismos como el Mercosur herramientas válidas y sustentables en el tiempo, nace la idea, bajo este mismo alero, de constituir un organismo cultural que agrupe a los países miembros.
A ese respecto, la opinión del inspirador de la integración europea, Jean Monnet , acerca de aquella experiencia, cuando expresa: “Si tuviera que recomenzar de nuevo, comenzaría por la educación y la cultura”, adquiere, como lección histórica inmediata y vigente, la mayor importancia, pues resulta ser un elemento imprescindible de considerar si queremos, de verdad, hacer realidad el desafío integrador que tenemos, que va más allá del ámbito económico y comercial de los países del sur y que, por cierto, se extiende a nuestra América Latina en su conjunto.
He querido hacer este preámbulo para señalar el contexto en el cual se desenvuelve el Parlamento Cultural del Mercado Común del Sur.
Este cuarto encuentro, como es comprensible, estuvo orientado básicamente a la organización interna del Parlamento y a los mecanismos destinados a establecer las formas de relación con el resto de las entidades, cuyo ámbito de acción, precisamente, en mayor o en menor medida, se toca con la cultura.
En ese ámbito, después de dos días de debate, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
1. Aprobar el reglamento interno del Parcum.
2. Aprobar la integración de la Comisión Ejecutiva del Parcum, donde nuestro país tiene -y con orgullo lo digo, porque es un reconocimiento a la Cámara de Diputados y a la nación chilena- la Vicepresidencia, cargo que le corresponderá desempeñar a nuestro colega Presidente de la Comisión de Educación , Diputado Sergio Velasco de la Cerda.
Las tareas de todo organismo en formación requieren de la máxima cooperación, y me asiste la convicción de que, como Cámara de Diputados, entregaremos toda nuestra capacidad para hacer de ésta una instancia real, que, más allá de las visiones que cada uno pueda tener, nos permita continuar por la senda de trabajar con constancia para transformar la cultura en una herramienta eficaz de superación de las divisiones y de avance hacia una integración real de nuestros pueblos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco .
El señor VELASCO .-
Señora Presidenta , en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación , tuve el alto honor de representar a la honorable Cámara de Diputados en el Cuarto Encuentro del Parlamento Cultural del Mercosur, Parcum, efectuado en Brasilia los días 27 y 28 de mayo.
Fue una excelente oportunidad para la Cámara de Diputados de Chile, toda vez que permitió consolidar nuestra presencia en una instancia parlamentaria que tiene una honda significación, propia de nuestros pueblos del Mercosur.
Normalmente, la cultura no es tema prioritario de los tratados internacionales. Por lo general, éstos se centran en acuerdos de carácter económico, de transacciones de mercaderías y facilidades aduaneras. Éste es un caso distinto.
Parlamentarios de Brasil, Argentina, Uruguay , Paraguay y los asociados Bolivia y Chile, nos reunimos específicamente para buscar y acordar acciones que nos permitan rescatar la cultura perdida de nuestros respectivos pueblos. Sin duda, ésta es de un valor inconmensurable, ya que, como países, no hemos tenido la fuerza para conservarla y preservarla, ni menos proyectarla.
Chile no escapa de esta realidad. La nación está en deuda con la cultura, lo que amerita un conocimiento vasto sobre la legislación que existe y tomar la experiencia de nuestros países hermanos del Mercosur para corregir nuestras omisiones.
La inversión en cultura en Chile es paupérrima, en comparación con los esfuerzos y presupuestos que existen en estos países del Mercosur.
De la misma forma, la cultura tiene rango ministerial y es preocupación preferencial del Estado. Por ello, solicito al Gobierno que envíe con máxima celeridad el proyecto de ley que le dé estructura a la actividad cultural nacional, como también un verdadero reconocimiento a los agentes culturales chilenos.
Este no es un tema insignificante. De hecho, la discusión fundamental de los legisladores y la responsabilidad de ellos es mayúscula, en tanto y cuanto las influencias foráneas en nuestras raíces latinoamericanas cada día son más penetrantes.
La Cámara de Diputados de Chile se ha integrado al Parlamento Cultural del Mercosur. No como Parlamento asociado, sino con todos los derechos y plenos deberes. Por consiguiente, tenemos que tomar una definición clara de cuál va a ser nuestro proceder y nuestro accionar en los parlamentos del mundo a los cuales nos encontramos asociados.
Debe existir una política de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Cámara respecto de privilegiar al Mercosur en todas sus instancias. Ya lo hemos logrado en el Parcum.
Nuestros hermanos parlamentarios, principalmente brasileños y uruguayos, nos envían señales claras respecto de que nuestro Gobierno debe tener una mayor injerencia en el Mercosur.
En efecto, nuestra Ministra de Justicia se reúne en Buenos Aires con sus pares del Mercosur, y Chile será el país anfitrión el próximo año de la sesión especial del Foro Económico Mundial, organismo que reúne a los empresarios más importantes del mundo.
Hace pocos días, en esta Cámara, se realizó un encuentro de alcaldes de ciudades relacionadas con el Mercosur.
En resumen, hay múltiples iniciativas que tienen que nacer de nuestra capacidad para poder posicionarse en esta instancia subregional.
Fuimos recibidos en sesiones en las salas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República de Brasil. Ambos presidentes detuvieron su trabajo para referirse a nuestra presencia.
No cabe duda de que los parlamentos integrantes del Mercosur dan un valor enorme a las acciones legislativas que ejecutan los diputados y senadores encargados de esta área. No sólo por la alta participación, sino también por el apoyo económico y de personal permanente que prestan las corporaciones para realizar un efectivo y óptimo trabajo.
Tengo la impresión de que en esta materia de suma importancia nos hemos quedado atrás o no le hemos dado la atención que se merece.
Por ello, solicito al señor Presidente que tenga a bien pedir un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para tomar un cauce definitivo.
Fue gratificante para la Cámara de Diputados de Chile recibir los elogios y las felicitaciones de nuestros colegas parlamentarios respecto de la iniciativa originada en esta Corporación del Parlamento Juvenil.
Por ello, se solicitó oficialmente por el Senador nacional de Paraguay , señor Secundino Núñez , Vicepresidente de la Comisión de Educación del Parlatino, que se cursen invitaciones a representantes parlamentarios del Mercosur para participar en las Segundas Jornadas Temáticas que se realicen en esta Cámara de Diputados, o, al menos, que se les envíe la documentación pertinente para asimilar tan valorada y trascendente actividad de cultura cívica en la juventud.
Le entregaremos al señor Presidente copia de los acuerdos, actas y resoluciones tomadas. Fueron dos días de arduo trabajo, siendo esto un mentís para aquellos que maliciosa o malintencionadamente señalan en los medios de comunicación que los parlamentarios salen a turistear y a evadir sus responsabilidades. Nada más lejos de la verdad.
Aprovecho la oportunidad de pedir, si su Señoría y la Sala lo estiman conveniente, que se envíe un oficio al Ministro de Relaciones Exteriores , agradeciendo a todo el personal de la Embajada de Chile en Brasil; un oficio a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de Brasil, y al Presidente del Parcum , senador nacional de Argentina , don Carlos Leonardo de la Rosa , por las finas atenciones de que fuimos objeto.
Por último, creo que es indispensable que esta Cámara de Diputados otorgue todas las facilidades posibles, el apoyo técnico-financiero y de personal para poder desempeñar correctamente el alto cargo que se nos ha conferido en la Vicepresidencia del Parcum.
He dicho.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
FIJACIÓN DE PENSIONES EN UNIDADES DE FOMENTO. (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Señor Presidente , corresponde tratar el proyecto de acuerdo Nº 49, del cual sólo quedó pendiente para esta sesión su votación, ya que en la anterior no se reunió el quórum requerido.
El señor VILLOUTA.-
Pido la palabra por una cuestión reglamentaria.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , tengo en mi poder el proyecto de acuerdo Nº 54, que se refiere al mismo tema, con la única diferencia que se solicita estudiar la factibilidad de una iniciativa sobre el tema.
En consecuencia, me gustaría saber cuál de los dos vale, porque las materias son las mismas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Desde un punto de vista formal, los dos.
Sin embargo, el Diputado señor Errázuriz solicitó a la Mesa que, si la Sala lo tenía a bien, se diera por retirado el proyecto de acuerdo Nº 49.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
ADELANTO DEL REAJUSTE DE PENSIONES.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-Proyecto de acuerdo Nº 50, de los Diputados señores Longueira, Dittborn, Recondo, Álvarez, Ibáñez, Coloma, Orpis, Paya, Álvarez-Salamanca, Galilea, don Pablo; Vargas, señora Prochelle, doña Marina; señores Alvarado, Kuschel, Bertolino, Delmastro, García, don René Manuel; Melero, Masferrer, Palma, don Osvaldo; Díaz, Soria, Errázuriz, Prokurica, Leay y Martínez, don Rosauro
“Considerando:
1. Que actualmente se tramita en el Congreso Nacional el proyecto de ley que reajusta las pensiones sólo a partir del 1º de enero del 2000.
2. Que la Comisión de Trabajo de la honorable Cámara rechazó los artículos 12 y 13 de dicho proyecto por considerar que el mencionado reajuste se debiera adelantar.
3. Que el Estado ha recibido 126 millones de dólares por la adjudicación de la concesión del tramo Santiago-Talca, teniendo contemplado en la ley de Presupuestos sólo 30 millones, lo que permite disponer en forma extraordinaria de 97 millones de dólares adicionales que no estaba contemplado recibirse.
4. Que el costo de adelantar el reajuste al 1º de enero de 1999 es de 75 millones de dólares, por una sola vez.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República , que tenga a bien patrocinar una indicación que cambie la fecha del reajuste a los jubilados al 1º de enero de 1999, con cargo a estos mayores ingresos obtenidos por la adjudicación de la concesión del tramo Santiago-Talca de la Ruta 5”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , si bien es cierto la Cámara despachó ayer el proyecto de reajuste de pensiones, este proyecto de acuerdo fue presentado con anterioridad y pretende básicamente adelantar su vigencia con recursos frescos obtenidos de la adjudicación de la concesión del tramo Santiago-Talca de la Ruta 5.
Según la ley de Presupuestos, la estimación por las obras de ese tramo se calcularon en aproximadamente 30 millones de dólares y la institución que obtuvo dicha concesión terminó adjudicándosela por un monto de 126.000.000 de dólares.
Como todos sabemos, el Ejecutivo acogió el planteamiento de la Comisión de Trabajo que rechazó las disposiciones que establecían el otorgamiento del reajuste para el 1º de enero del año 2000, y el espíritu de todos es no sólo hacerlo efectivo a partir del 1º de octubre de 1999, sino desde el momento en que se cuente con recursos.
En realidad, frente a este tipo de proposiciones el contraargumento siempre consiste en señalar la falta de recursos para su financiamiento. Por eso hemos querido presentar este proyecto de acuerdo, a fin de que la Cámara le manifieste al Ejecutivo la voluntad de adelantar del 1º de octubre al 1º de enero de 1999 el otorgamiento del reajuste, lo que significa un costo menor al indicado en el proyecto de acuerdo, incluso, sobrarían recursos. Al respecto, hago presente que éste es un gasto que se hace por una sola vez, porque el proyecto de ley contempla financiamiento para los años siguientes.
Por lo tanto, el costo de adelantar un año el reajuste de las pensiones, que no son las mínimas, desde el 1º de enero del 2000 al lº de enero de 1999, sería exactamente de 75.000.000 de dólares. En consecuencia, puede hacerse con los 97.000.000 de dólares adicionales que recibió el Fisco con la adjudicación citada.
En definitiva, le proponemos al Ejecutivo , en forma seria, la fuente de los recursos para adelantar y priorizar este reajuste a los sectores más postergados, los jubilados. Como recordarán los señores parlamentarios, ayer se aprobó que los pensionados que no reciben pensiones mínimas percibirán este reajuste a partir del 1º de octubre de 1999.
Por lo tanto, esperamos que la Cámara apruebe este proyecto, ya que, de procederse como lo sugerimos, el reajuste de las pensiones se otorgará desde el 1º de enero de 1999.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra, hasta por dos minutos, para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , parte de los fundamentos que esgrimiré los ha señalado el principal diputado patrocinante de la moción en discusión. Efectivamente ayer, en la tramitación del proyecto que reajusta las pensiones, se aprobó anticipar en cuatro meses la fecha de su otorgamiento. Estos aumentos y mejoramientos representan una cantidad bastante importante de fondos, por lo que no podemos apoyar un proyecto cuando el Gobierno ya demostró su buena disposición al anticipar su otorgamiento en cuatro meses.
Por otra parte, el Ejecutivo es el que debe definir las políticas económicas y las fechas de vigencia y pago de los reajustes. De manera que votaré en contra, porque la situación está solucionada en gran medida.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , resulta francamente conmovedora la sensibilidad social que hoy exhibe el Diputado señor Longueira .
¡Qué bueno habría sido para Carabineros de Chile que este mismo sentimiento lo hubiese manifestado y concretado cuando ocupó responsabilidades en el gobierno militar! Por desgracia, en esa época no tenía la perspicacia que exhibe hoy. Pero, por principio, me opongo a estos gestos retóricos hechos para la galería. Se sabe perfectamente que esta propuesta es inviable. No es posible llevarla a cabo.
El Diputado señor Longueira lo sabe, por su experiencia como diputado integrante de la Comisión de Hacienda . Sin embargo, hace este gesto sólo por un afán demagógico, frente al cual uno no puede dejar de oponerse.
He dicho.
El señor FOSSA.-
Pido la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , para hablar a favor de un proyecto de acuerdo, se ofrece la palabra al comienzo de su discusión, cosa que hice.
¿Habría acuerdo unánime de la Sala para que intervenga el Diputado señor Fossa en los dos minutos que restaban para hablar a favor del proyecto de acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente , no comparto la opinión del colega Ávila , porque no se trata de hacer demagogia.
En la Comisión de Trabajo expuse la necesidad de anticipar, cuanto se pudiese, los aumentos de pensión. Se ha adelantado, pero no cabe duda de que la fecha seleccionada, curiosamente, es poco antes de las elecciones presidenciales. Una vez más, esta situación se presta para hacer propaganda política. Creo que los pensionados se merecen otra cosa, no pueden vivir de las expectativas, no se les puede decir que el aumento se les pagará dentro de año y medio, sino que debe hacerse lo antes posible.
Repetiré lo que en ese momento se le solicitó al Ministro de Hacienda: hagamos un esfuerzo para que se pague lo antes posible, porque desde hace mucho tiempo, los pensionados tienen sus esperanzas basadas en dicho aumento.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, l6 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Nuevamente, no hay quórum.
Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VIII. INCIDENTES
REFORMA DEL SISTEMA DE FILIACIÓN.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, el principio de igualdad en dignidad y derechos constituye el fundamento de todo nuestro ordenamiento constitucional vigente y, por ende, de nuestra convivencia.
Así, es preciso considerar que, de acuerdo con lo que dispone el número 2 del artículo 5º, de la Carta Fundamental, forman parte de nuestro ordenamiento constitucional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que prohíben todo tipo de discriminación.
También conviene tener presente que el número 2 del artículo 19 de la Constitución eleva al rango de garantía la igualdad ante la ley, señalando que en Chile no habrá personas ni grupos privilegiados y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
Por ello, decimos con claridad que lo que está en juego en el debate, en la aprobación o rechazo del proyecto de filiación, es el tipo de país que deseamos construir para el futuro, el cual no podrá ser diferente del concepto de ser humano que lo inspirará.
Así, el dilema queda planteado en los siguientes términos. ¿Queremos un país en que a todos sus habitantes se les reconozca la plena dignidad de seres humanos o sólo se otorgará este reconocimiento a un grupo de ellos? Este brutal dilema nos recuerda aquella categorización de los seres humanos que emplearon los nazis: los humanos plenos y los subhumanos. Ello inspiró uno de los crímenes más horrendos cometidos por seres humanos: el holocausto, como también el concepto de razas inferiores, cuyo destino ineludible era la esclavitud, y el de razas superiores, cuya misión era la de ocupar el papel de señores de tales esclavos.
¡Qué poca comprensión de estos principios de igualdad está demostrando parte de nuestra sociedad! Al parecer, los largos años de dictadura militar la ha privado de todo vestigio de conciencia ética. ¡Cuán lejos de todo concepto de humanidad se encuentra! ¡Cuán distante está de la evolución moral que la humanidad ha tenido en estos últimos años!
No existe nada más injusto y, por lo mismo, más odioso e intolerable que establecer discriminaciones por actos que una persona no ha realizado. Asimismo, no hay nada más despiadado que discriminar a seres caracterizados por su debilidad e indefensión, como es el caso de los niños. Se trata de conductas abusivas, repulsivas para cualquier conciencia civilizada. Discriminar al indefenso, al débil, es un acto de cobardía, que ninguna sociedad puede exhibir con orgullo ante nadie. Sin embargo, el actual sistema de filiación existente en nuestro país, al privar de ciertos derechos a quien no ha elegido nacer en una situación en que sus padres no se encuentran ligados por el matrimonio, es el resultado de convertir la cobardía en una virtud. Ése es su verdadero fundamento.
Pero el debate ha traído a la luz otro aspecto preocupante que nos afecta como país. En él ha quedado en evidencia una noción de familia empobrecida y mezquina: la mayor preocupación de quienes se oponen a la reforma del sistema de filiación es cómo se repartirá la herencia entre los hijos legítimos y los que no lo son.
Esta discusión nos está señalando que la familia, para esta parte de la sociedad chilena, es una cuestión meramente patrimonial. Para ellos, la familia es una unidad de acumulación de riqueza o de bienes materiales, una instancia económica, cuya principal finalidad es concentrar capital. Es decir, el motivo para fundar una familia es el negocio; no se toman en cuenta para nada los afectos y el amor que sirven de base a la relación de familia, entrando a ocupar un lugar totalmente secundario.
La familia fundada en el amor hoy puede ser una madre sola con sus hijos, un padre solo con ellos, las uniones de hecho, los abuelos con sus nietos y el adoptante con el adoptado. Esta familia también constituye el núcleo de la sociedad y no reconocerlo sería mezquino, arbitrario y tremendamente injusto.
El proyecto sobre filiación se inscribe en los esfuerzos por crear una sociedad más justa, más fraterna, especialmente con los seres más vulnerables. Las cifras entregadas por el Servicio de Registro Civil sobre el porcentaje de hijos naturales que nacen en el país, nos revela a las claras que un número creciente de niños y jóvenes chilenos verán cercenados sus derechos, al ser víctimas permanentes de todo tipo de discriminación y segregación. ¿Es éste el país que queremos construir?
Gracias al cielo, en este tema tan importante para la sociedad y para la consolidación de la democracia, el máximo exponente de la Iglesia Católica chilena ha acudido en ayuda de los más débiles y desprotegidos, al recordar que todos los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿qué duda cabe que deben ser considerados iguales en derecho y dignidad ante la ley y la sociedad?
Por último, los chilenos no podemos olvidar que nuestro padre de la patria, Bernardo O’Higgins , fue un hijo natural al que la oligarquía criolla llamaba con desprecio “el huacho Riquelme ”. Sin embargo, nuestro país nació a la vida como nación independiente gracias a su sacrificio y valor.
¡Qué triste homenaje rendimos a su figura con el actual régimen de filiación y la oposición a cambiarlo!
He dicho.
DÉFICIT PRESUPUESTARIOS EN DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE COMUNAS DE UNDÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sánchez .
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , en mi rol de parlamentario, me ha tocado conocer en terreno la problemática financiera del departamento de educación municipal de Puerto Ingeniero Ibáñez, de la Undécima Región.
Me he reunido con diversos sectores sociales de la comunidad, lo que me ha permitido constatar que, paulatinamente, se ha ido produciendo una disminución de la población, especialmente en la matrícula escolar, que en 1983 era de 830 alumnos y, a la fecha, de 473. Es decir, se ha registrado una disminución del 43 por ciento, lo que ha impactado en el manejo financiero del departamento de educación municipal, acumulándose un déficit mensual que se ha incrementado de tal manera, que actualmente alcanza a 24 millones de pesos, como consecuencia de la baja subvención escolar recibida.
Esta situación creciente ha generado alarma pública y desgano en esa comunidad, que cuenta con cinco escuelitas en Puerto Ingeniero Ibáñez, Cerro Castillo, Bahía Murta , Río Tranquilo y en Puerto Sánchez, al ver que los esfuerzos orientados a la reforma, equidad y calidad de la educación no están llegando a todos los hijos de nuestra tierra.
En ese sentido, se hace necesario revisar y conocer la forma en que el Gobierno está entregando los recursos, a fin de otorgar una educación equitativa para todos los niños chilenos, especialmente de las zonas extremas, y no generar una educación de primera, segunda, tercera o cuarta categoría, como ocurre en la comuna de Puerto Ingeniero Ibáñez.
Tengo la sensación de que esta situación se hace extensiva a muchas comunas aisladas del país, las cuales, debido al deterioro de la situación productiva y laboral, están sufriendo un déficit financiero permanente, que atenta contra el proceso de modernización educacional en el que estamos empeñados.
Por lo tanto, se hace necesario que el Ministerio de Educación defina políticas que vayan en beneficio de las comunas más pobres de regiones como la nuestra.
No basta con exhibir buenos índices del Simce; se trata de generar buenas y mejores oportunidades para los niños de Aisén, que constituye una vasta porción de nuestro territorio, donde a diario se hace patria y soberanía.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Educación, a fin de que nos informe cómo enfrentará este creciente problema, que va en un sentido contrario al que el Gobierno ha definido como política educacional.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Fossa y Pablo Galilea .
INFORME DE COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE ALCANCES DE DECRETO Nº 140. Oficios.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , en el diario “La Segunda” de hoy, se da a conocer un problema que afecta a la Sexta Región, relativo a las atribuciones que tendrían las autoridades de vivienda de esa región en el programa habitacional de viviendas progresivas, primera etapa, modalidad privada.
“La Segunda” no recoge en forma correcta el problema en discusión en la región, porque él nada tiene que ver con el gobierno regional -quizás, se interpreta así por las opiniones que da una pobladora-, ni tampoco -como equivocadamente insinúa el titular- con el uso político de los subsidios.
Don Carlos Muñoz Parra , Seremi de Vivienda de la Sexta Región , y don Carlos Araya , Director del Serviu , son dos buenas personas a quienes respeto mucho. Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a si tienen facultades legales respecto de este proyecto. Ésa es la materia que quiero dar a conocer a la Corporación y que fundamentará mi petición de oficio.
Reitero que aquí no hay un problema del gobierno regional, ni un asunto de mal uso de los subsidios, como consecuencia de corruptelas o engaños. Quiero dejar muy claro que ésa es mi convicción.
Lo que ocurre es lo siguiente. Tanto dentro del programa de viviendas progresivas, modalidad privada, como en los programas de subsidios unificados y subsidios rurales, el Ministerio de Vivienda entrega certificados de subsidios. El criterio aprobado por el Congreso es asignar a cada región, cada año, una cantidad de recursos para la materialización de los programas, y los decretos que los regulan establecen de manera explícita la forma de postulación y selección.
El decreto Nº 140 regula el programa de viviendas progresivas, primera etapa, modalidad privada, y establece que cualquier ciudadano de la región que sea dueño de un terreno, que reúna los antecedentes legales y que postule a través del Ministerio de Vivienda, tiene derecho a participar en la selección. Para tal efecto, el elemento determinante del puntaje exigido es la necesidad socioeconómica que se desprende de la encuesta CAS 2. Se trata de un sistema que en los últimos siete años ha operado -permíta-seme decirlo- muy bien. Es un sistema muy transparente, donde -valga la forma simple de decirlo- gana “el más mejor”. Quien tiene más necesidades obtiene mayor puntaje, y a quien tiene más puntaje se le asigna el subsidio.
Pues bien, en la Sexta Región, el Seremi de Vivienda y el Serviu, han estimado que tienen una atribución -es lo que está en discusión- que yo creo que no tienen: la de distribuir los subsidios a priori y en determinadas cuotas a las comunas que ellos eligen, sin tomar en cuenta la encuesta CAS y los puntajes de las personas que postulan.
En la Sexta Región, hay 33 comunas, y ellos han elegido, de una forma muy peculiar, 12 comunas, asignando un número de subsidios a cada una. Tengo la impresión de que no poseen esa atribución, pero ellos alegan que sí la tienen, en virtud de una norma supletoria del decreto Nº 140, que regula las viviendas progresivas, primera etapa, modalidad privada. A mi juicio, no están facultados para actuar así por cuanto en dicho decreto ya están establecidas la forma de postulación y la asignación de los subsidios. Por ende, no rige otra norma supletoria, no tienen esa facultad supletoria, por cuanto en el decreto Nº 140 ya está estipulada la forma de postulación y de asignación de subsidios. Por ende, no corre otra norma supletoria, porque éstas ya están explicitadas en el reglamento que regula las viviendas progresivas, primera etapa, modalidad privada.
A mayor abundamiento -porque uno se podría hacer el leso en estas materias-, conozco algunos comités que potencialmente serían beneficiados con la distribución que ha querido hacer la Seremi de Vivienda, y sé que, en buena ley, se ganarían los subsidios, a los cuales tienen derecho, pero, si queremos ser responsables, debemos garantizar, como poder fiscalizador, que las normas legales se respeten en aras de resguardar la transparencia del accionar público. Reitero, no hago cuestionamiento de un uso partidario de esos subsidios. Tampoco el gobierno regional está involucrado en este debate sobre si la Seremi tiene facultad legal para distribuir a algunas comunas, en forma a priori y en cantidades predefinidas, subsidios de los programas privados. Por tanto, lo que está en discusión son las atribuciones.
El decreto supremo Nº 62, en el cual las autoridades de Vivienda quieren basar su accionar, es el reglamento de las viviendas básicas y no de las progresivas, primera etapa, modalidad privada.
En tanto existe una diferencia de interpretaciones, solicito que se oficie a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para que estudie esta materia y nos dé su interpretación al respecto, por cuanto, en conversaciones con algunos de sus integrantes -la Diputada señora Eliana Caraball y los Diputados Víctor Pérez y Patricio Hales -, me han encontrado razón en los juicios que he emitido. Por tanto, es importante esa opinión.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , en Incidentes no corresponde solicitar el envío de un oficio a una Comisión de la Corporación.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , entonces, pido que se oficie a la Presidencia de la República y a la Contraloría para que nos informen cuál es la interpretación correcta de la aplicación de este reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados, en los términos expuestos por el señor diputado .
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , plantearé algunas observaciones sobre un tema que está en el ámbito del proyecto de ley, originado en moción parlamentaria, que hoy hemos despachado en primer trámite constitucional, pero que tiene rasgos específicos. Me refiero a una situación anormal, con claros visos de ilegalidad, que se está produciendo en la Región Metropolitana -temo que se esté extendiendo a otras regiones del país-, esto es, la prestación de servicio, como taxis colectivos, de vehículos no autorizados, como es el caso de taxis básicos o, incluso, automóviles particulares.
En el país existe una clara normativa para la regulación del transporte de pasajeros, así como también de su sistema de fiscalización, todo ello tendiente, entre otros objetivos, a resguardar la seguridad de los usuarios.
En relación con ello, cabe destacar lo dispuesto en el decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta los servicios nacionales de transporte público de pasajeros. En el caso específico de los taxis colectivos, la normativa vigente precisa una serie de exigencias de recorrido, estado especial de los vehículos y una cilindrada mínima de 1.800 centímetros cúbicos, entre otros aspectos. De esta forma, quienes no reúnen las condiciones señaladas y prestan servicio para el cual no están autorizados, no sólo afectarían la seguridad de los usuarios, sino que también son fuente de competencia desleal.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que adopte las medidas de coordinación necesarias con los organismos públicos pertinentes y las municipalidades, y asimismo, ordene aplicar en forma estricta la reglamentación vigente, en particular lo dispuesto en los artículos 7º, 20, 38, 72 y 87 del decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Víctor Reyes y José Miguel Ortiz.
REIVINDICACIÓN MORAL Y SOLIDARIDAD CON EL DIARIO “LA ÉPOCA”. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Víctor Reyes.
El señor REYES.-
Señor Presidente, intervengo en esta ocasión para referirme a dos temas distintos.
En primer lugar, solicito de la Corporación una expresión de reivindicación moral y de solidaridad para con el diario “La Época”, su dirección y su equipo periodístico, por las situaciones que les ha correspondido enfrentar con motivo del rol jugado por ese medio en relación con el escándalo público que hoy afecta al Hospital Militar.
En efecto, “La Época” ha sido víctima del “error” de haber denunciado, primero que nadie, los oscuros negocios que se desarrollaban al interior de dicho establecimiento institucional, hecho ocurrido en 1994, cuando procedió a informar acerca de una investigación que se desarrollaba en el Hospital Militar por la existencia de irregularidades y de presunto fraude.
Dicha información, como es de rigor, fue desmentida en forma categórica por la dirección del hospital y por el propio Ejército. Más aún, se imputó al diario “La Época” el delito de sedición impropia, por lo que se vio arrastrado a la justicia militar y para cuyo desistimiento fue necesario un avenimiento que obligó al medio a rectificar la información, a pesar de la convicción de su director y periodistas acerca de la veracidad y consistencia de la misma.
El tiempo se ha encargado de dejar las cosas en su lugar y de hacer justicia a “La Época”, ya que el país ha sido profusamente informado en estos días acerca de los resultados de la investigación, que sí existía y sólo estaba aplastada, como también de los negocios al interior del Hospital Militar y del papel que en ellos correspondía no sólo a empresarios privados que actuaban como proveedores, sino también a destacados personeros del Ejército de Chile, hoy en retiro.
Por lo señalado, solicito que, en mi nombre, se haga llegar una nota de adhesión al señor director del diario “La Época”, reconociendo en ese medio y en sus periodistas la plena validez de sus denuncias en el caso del Hospital Militar, e instándoles a seguir cumpliendo, con la misma valentía y coraje, la noble misión de informar con veracidad y objetividad, con lo cual honran la profesión periodística y la irrenunciable función de los medios de comunicación.
Junto con ello, expreso también mi solidaridad con el periodista señor Jorge Molina , quien ha sido objeto en estos días -por el mismo tema- de amenazas e intimidaciones para inhibirlo del cumplimiento y pleno ejercicio de su deber profesional, lo que, por cierto, es absolutamente inaceptable y debiera repugnar la conciencia democrática del país.
Asimismo, solicito que se transcriba a “La Época” y al señalado periodista esta intervención.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención.
DECLARACIÓN DE ZONAS LIBRES DE ENFERMEDADES DE LA PAPA A LAS REGIONES DÉCIMA Y NOVENA. Oficios.
El señor REYES.-
Señor Presidente , en segundo lugar, quiero destacar una reciente resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, referida a la declaración de las regiones Novena y Décima como zonas libres de enfermedades de la papa.
En el caso de la Décima Región, dicha resolución tiene particular importancia, ya que son alrededor de 20 mil hectáreas las que se destinan a la producción de dicho tubérculo, y son centenares las familias de pequeños agricultores que encuentran en esa producción y en su comercialización su fuente de subsistencia. Además, por tratarse ahora de productos libres de plagas, se abren importantes oportunidades de comercialización, en especial, a través de la exportación de semillas y de papas de consumo, que ya se inició el año pasado hacia Brasil y se proyecta extenderla este año a la República Argentina. Creo que esto habla muy bien de los servicios públicos del agro que han participado en este programa, en particular del Servicio Agrícola y Ganadero y del Indap, así como de los pequeños productores y de sus organizaciones en la Décima Región, que han tomado estos programas, los han aplicado, lo cual les ha permitido obtener importantes logros que les abren tan promisorias expectativas.
Por lo expuesto, solicito que, en mi nombre, se oficie al señor Ministro de Agricultura para que, por su intermedio, se haga llegar, tanto al Servicio Agrícola y Ganadero como al Instituto de Desarrollo Agropecuario, y en particular a las direcciones regionales de la Décima Región de ambos servicios, mis felicitaciones por este logro, que coloca en muy alto sitial la labor de estos servicios del agro en este ámbito de la producción de esa región.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviarán las notas y oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Cornejo , Ortiz , Riveros , Palma , Hales y Alvarado.
REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE TALCAHUANO. Oficios.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por nueve minutos, el Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , Talcahuano, ciudad-puerto, es sin discusión, una de las más importantes del país, pero, por otro lado, es una de las comunas más pequeñas de la región, con una superficie de sólo 148,2 kilómetros cuadrados y una población de 277.752 habitantes a la fecha, según las proyecciones del INE, lo cual la constituye en una de las comunas más densamente pobladas del país, a excepción de la Región Metropolitana.
La ubicación estratégica de Talcahuano y las condiciones naturales de sus bahías motivaron la decisión nacional de instalar en su territorio la Segunda Zona Naval, con la más importante base naval de defensa del país, la cual cuenta con el astillero de la Armada, el mayor de la costa del Pacífico de América del Sur.
En el territorio comunal, se encuentra el aeropuerto Carriel Sur, único de la región y alternativo para vuelos internacionales. Cuenta con el complejo portuario Talcahuano-San Vicente , el más importante del país que, en 1996, movilizó el 17 por ciento de la carga nacional.
Su condición de ciudad industrial surge en 1946, cuando, por decisión nacional, se instala en la comuna la empresa siderúrgica Huachipato, la cual, en la actualidad, forma parte del complejo industrial complementado por la industria petroquímica y de derivados del petróleo, la del cemento y también la metalmecánica.
Hoy existen catorce empresas pesqueras, las que en 1996 desembarcaron el 35 por ciento total de captura en nuestra patria.
Lo anterior dio origen a la creación de más de seiscientas industrias pequeñas y medianas, hoy relacionadas y anexas al complejo industrial.
Lo mencionado define los roles de esta ciudad-puerto, que es militar, industrial, pesquera y comercial.
La existencia de todas estas actividades económicas y su producción permite decir que Talcahuano aporta el 50 por ciento del PIB de la Octava Región. Pero Talcahuano es la comuna de los contrasentidos. A pesar de toda la riqueza que genera, es una de las 75 comunas más pobres del país: índice de pobreza, según la Casen de 1996, 23,6 por ciento; indigentes, 7,3 por ciento; pobres, 16,3 por ciento; viviendas libres del pago de impuesto territorial, 92 por ciento -es decir, sólo lo paga el 8 por ciento de las viviendas de la comuna de Talcahuano-; asentamientos irregulares, 22; índice de escolaridad, segundo año medio; promedio de ingresos, 106 mil pesos.
En esta condición de ciudad pobre, ha sido incluida en los programas especiales, como Chile Barrio y Plan de Superación de la Pobreza, entre otros.
Esta situación fue el motivo por el cual Talcahuano, en una de las tantas alcaldías del gran hombre público Leocán Portus , buscó recursos extraordinarios e hizo posible, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que se efectuaran grandes obras públicas, como el alcantarillado, la construcción de una serie de obras, tales como el hospital Las Higueras, edificios públicos, estación de ferrocarriles, el gimnasio La Tortuga, mejoramiento del alumbrado público y la urbanización de diferentes poblaciones, entre otras obras, las cuales ayudarían a mejorar las condiciones que en ese tiempo tenía la ciudad.
El Presidente de la época, Eduardo Frei Montalva , reconoció que Chile tenía una gran deuda con Talcahuano y, junto a la representación parlamentaria de ese entonces, promulgó en 1964 la Ley Bicentenario, con la cual se otorgaron recursos del presupuesto nacional a la ciudad por un período de 10 años.
En la década del 70, durante el gobierno militar, se eliminaron todas las leyes de excepción, con lo cual Talcahuano perdió una importante fuente de recursos que permitían aminorar el impacto de la inactividad económica.
En 1992, luego del advenimiento de la democracia, siendo alcalde nuevamente Leocán Portus , se invirtieron recursos municipales en desarrollar instrumentos de planificación orientados a crear las condiciones y generar las capacidades locales para recuperar a Talcahuano para su comunidad, la región y el país.
Es así como se elaboró el Plan Estratégico, el Plan de Desarrollo Comunal, el Plan de Desarrollo Urbano, y se encuentra en su fase final el Plan Regulador, con su correspondiente estudio de impacto ambiental.
Pero aquí hay una cosa muy cierta: en 1995, como parte de un convenio entre la municipalidad y la Conama, se desarrolló un programa piloto (“Prat”) para la recuperación ambiental de Talcahuano. En 1996 se promulgó la ley de Bases del Medio Ambiente.
Los resultados de la primera etapa del “Prat” muestran que la inversión pública sectorial en este ámbito es casi nula al compararla con la inversión que el sector privado -90,6 millones de dólares- y la municipalidad han hecho, de acuerdo con los compromisos adquiridos.
En una segunda etapa, la Conama, en conjunto con la municipalidad, presentará al consejo de Ministros, a fines de junio, un estudio con las áreas prioritarias y proyectos importantes a realizar en Talcahuano, con el objeto de que efectivamente se asignen recursos para la realización de los mismos.
En 1996, Eduardo Frei Ruiz-Tagle , actual Presidente de la República , al contestar el discurso del alcalde Leocán Portus , reconoció públicamente que Chile seguía teniendo una deuda con Talcahuano. Por eso, el 5 de junio recién pasado se firmó un protocolo de acuerdo, que se llamó “Demanda de Talcahuano”, con las firmas de los Senadores Sabag, Viera-Gallo y Augusto Parra ; de los Diputados Jeame Barrueto y Ulloa , y de los concejales, para formalizar la decisión de trabajo conjunto.
Este protocolo, “Demanda de Talcahuano”, lo agrego al acta de la sesión de hoy.
Para terminar, solicito, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, en el mío propio y en el del Diputado Edmundo Salas , en nuestra condición de antiguos militantes de la Democracia Cristiana, y como un reconocimiento a la gran entrega y labor que ha cumplido la municipalidad, normalmente dirigida por Leocán Portus Govinden , oficiar, en primer lugar, al Presidente de la República para que acceda, a través de los presupuestos fiscales correspondientes, a satisfacer la demanda de Talcahuano. Agrego al acta la serie de proyectos, con el objeto de que se estudie la forma de llevarlos a efecto en los próximos dos años.
Por otro lado, solicito enviar oficio al Consejo de Ministros, a fin de que apoye el plan de recuperación ambiental de Talcahuano -cuyo costo es de alrededor de 120 millones de dólares-, que ha sido preparado en conjunto con la Conama y cuenta con la aprobación del concejo comunal y del consejo regional.
Hace dos días, el diario “El Sur”, de Concepción, dedicó exclusivamente su editorial al gran tema “Descontaminación de Talcahuano”.
De esa forma, estaríamos entregando, por un lado, todo lo que han dado los trabajadores, las personas, los hombres públicos de Talcahuano al erario de la región y también del país.
Solicito enviar copia de estos oficios, como también de mi discurso, como un reconocimiento a la labor pública de Leocán Portus, al municipio de Talcahuano, como asimismo a los tres senadores y a los dos diputados mencionados.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL PARA FAMILIAS DE ALTO DEL CARMEN. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero referirme a una situación que está ocurriendo en mi distrito y que dice relación con distintas comunidades que han quedado fuera del programa de subsidio rural.
En primer lugar, una de las aspiraciones más anheladas de la gente, especialmente de la que vive en la ruralidad, es tener su casa propia.
En este caso específico, se trata de 24 familias de la comuna de Alto del Carmen que durante 1997, a causa de un aluvión, perdieron sus casas, sus enseres y todo lo que tenían. Gracias a Dios, al advertírseles a tiempo del peligro, no perdieron sus vidas.
Estas 24 familias, con la ayuda del municipio, han podido subsistir este tiempo, pero necesitan con urgencia una casa propia. Con este objetivo, la alcaldesa, señora Carmen Bou , y los funcionarios municipales ayudaron a estas familias a postular al subsidio habitacional rural, de tal forma de obtener una solución definitiva.
Sin embargo, aparecidas esta semana en los medios de comunicación escritos las nóminas de las personas a quienes se les ha adjudicado el subsidio habitacional rural, estas 24 familias no figuran, a pesar de su extrema necesidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, vengo en solicitar se oficie al señor Ministro de Vivienda para que, al tenor de estos antecedentes y de los que seguramente desde el municipio se le enviarán, pudiera arbitrar las medidas necesarias que logren corregir lo que, a mi juicio, es una tremenda injusticia. En este caso, sé que los ministros tienen un margen de subsidios que pueden adjudicar a última hora.
De la misma forma, le solicito prestar especial atención para 10 casas de la localidad de Domeyko y 14 de las localidades de La Arena y de San Félix, de la misma comuna de Alto del Carmen.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL VALLE DE ELQUI. Oficios.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , me quiero referir a la situación por la que están atravesando los pequeños productores agrícolas del valle de Elqui.
Todos sabemos de la situación que ha vivido nuestra región durante los últimos cuatro años. Primero, estuvo afectada por la sequía y en el transcurso de un año pasó a ser zona de catástrofe, en primer lugar por falta de agua, y luego por exceso de ella, porque hubo temporales; después, debió enfrentar un terremoto.
Al no poder trabajar y, por ende, producir, los pequeños productores agrícolas se encuentran en una situación angustiosa, porque no han podido servir sus compromisos con Indap durante cuatro años, la que los ha clasificado como deudores morosos.
Sabedores de que ellos poseen superficies pequeñas, preferentemente en sectores altos del valle, donde no tienen alternativas de cultivos periódicos, sino generalmente anuales, como vid, tanto para pisco de consumo nacional como de exportación, no han podido conseguir los ingresos necesarios para cumplir sus obligaciones y volver a tener acceso al crédito.
Ellos no tienen a quién recurrir; no son sujetos de crédito bancario ni de la institución con que el Estado cuenta para asesorarlos o darles las facilidades para que puedan trabajar y mantener a sus familias. Por eso, se ha hecho una serie de gestiones, pero no se han obtenido los resultados esperados.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los señores Ministros de Agricultura y de Hacienda para que tomen en cuenta esta situación y dispongan medidas especiales, que les permita a estos agricultores volver a tener acceso al crédito, considerando que su incumplimiento es producto de situaciones originadas por la naturaleza.
Cabe recordar que se declaró zona de catástrofe a nuestra región. Por lo tanto, sobre la base de esa declaración, creemos de justicia que se dicte alguna disposición que permita a esta gente volver a trabajar y a producir para que cumplan sus compromisos.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría con la adhesión de los Diputados señores Prokurica y Fossa.
FIJACIÓN DE PENSIONES EN UNIDADES DE FOMENTO. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, hace un rato, en un proyecto de acuerdo, tocamos aspectos relacionados con los pensionados, con la gente mayor.
Quiero contarles a mis distinguidos colegas que tengo una petición concreta de los pensionados de la Octava Región, hecha a través de un coordinador, un pensionado muy antiguo, don Eduardo Zúñiga , hombre que ha dedicado toda su vida a promocionar y a coordinar la situación de este sector.
Este caballero, a quien le rindo desde esta tribuna un pequeño homenaje por su esfuerzo, es un jubilado de las Fuerzas Armadas, me ha hecho llegar permanentemente sus inquietudes en nombre de una gran cantidad de ellos.
Quiero pedir que se estudie la factibilidad de un proyecto de ley que establezca la fijación de las pensiones en unidades de fomento; que las pensiones y montepíos del INP, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile se paguen en unidades de fomento y no se haga discriminación alguna de reajustes y de pagos que, normalmente, son una vez al año en moneda absoluta, lo cual no les permite gozar del beneficio verdadero del reajuste, como en las AFP. Inclusive, el bono de reconocimiento también debería reajustarse en unidades de fomento.
Si bien he formulado esta petición para la Octava Región , a solicitud de mi gran amigo Zúñiga , quiero hacerla extensiva a todos los pensionados del país, porque ellos no sólo están esperando su reajuste, sino también que, en justicia, se les otorgue en unidades de fomento.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
REPACTACIÓN DE DEUDAS DE PEQUEÑOS PESCADORES ARTESANALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , quiero exponer una situación que hace unos días me manifestaron los pescadores artesanales de la Décima Región sur, en especial de la provincia de Chiloé, circunscrita fundamentalmente a la comuna de Ancud.
Debo recordar que, en 1994, las condiciones climáticas adversas provocaron en muchas familias de pescadores un serio y grave perjuicio económico. Se hundieron sus embarcaciones, perdieron sus elementos de trabajo, sus compresores, equipos de buceo, etcétera. En definitiva, quedaron a brazos cruzados debido a las inclemencias del tiempo.
En aquella oportunidad, se realizaron diversas gestiones, ante diferentes autoridades y organismos gubernamentales, con el propósito de permitir que esa gente de mar siguiera desarrollando su actividad laboral. Así, se logró un convenio de crédito, con el Banco del Estado, a fin de que pudieran reponer los elementos de trabajo perdidos. Se llegó a condiciones bastante favorables: créditos individuales, a 48 meses plazo, no reajustables, a una tasa promedio de 1,6 por ciento, en cuotas trimestrales.
Como se trata de una actividad realizada por pequeños empresarios, sujeta a muchos altibajos, lo más importante radica en que el préstamo fue respaldado por el fondo de garantía para la pequeña empresa, Fogape, en un 70 por ciento, y el 30 por ciento restante lo asumió el Fosis. El Banco, como mecanismo de seguridad adicional, constituyó en prenda el equipamiento de trabajo y exigió el aval de un pescador artesanal.
Han transcurrido prácticamente tres años, y la situación de la pesca artesanal, en vez de mejorar, se ha ido deteriorando. Las cuotas de extracción son cada vez más restrictivas, las vedas más extensas, los términos de intercambio para la exportación de productos del mar han decaído, y el fenómeno de la marea roja ha significado que estas personas vean con angustia que su fuente laboral -en consecuencia, sus ingresos familiares-, decae paulatinamente. Y la caída de sus ingresos les impide cumplir, en forma oportuna, el pago de las cuotas de los créditos de emergencia otorgados en 1994.
Pero aquí viene lo que preocupa. Si bien recurrieron al crédito como una forma de salvar y continuar su actividad laboral, hoy la propia crisis del sector hace imposible cumplir estos compromisos, y los créditos, no obstante estar garantizados -reitero- en un 70 por ciento por el fondo de garantía para la pequeña empresa y en un 30 por ciento por el Fosis, el Banco del Estado, ante las primeras o segundas cuotas impagas, ha optado por iniciar demandas ejecutivas en contra de los pescadores artesanales, embargándoles no sólo la prenda que entregaron en su oportunidad, sino, fundamentalmente, los enseres de sus casas.
Esta situación tiene a muchísimas familias sumidas en la desesperación. Por ello, quiero apelar al buen juicio de las autoridades que contribuyeron a entregar ese crédito de emergencia y solicitar se oficie al Ministro de Mideplan , con el propósito de que el Fosis tome conocimiento de la situación que acabo de exponer y se busque algún mecanismo, en conjunto con el Banco del Estado, de reprogramación de los créditos.
Es absurdo que si existe una garantía real y efectiva, como la del Fogape y el aval del Fosis, se estén embargando los escasos bienes que poseen estas familias de pescadores.
En consecuencia, lo que corresponde hacer, cuando el Banco tiene su fuente de repago prácticamente asegurada, es renegociar, pactar nuevas condiciones, y no presionar con medidas que angustian a mucha gente esforzada y trabajadora del sur austral de nuestro país que, por desgracia, no tiene otra actividad que desarrollar.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA CIUDADANÍA Y FINANCIAMIENTO DE ELECCIONES PRIMARIAS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , hace unos instantes, a través de un llamado por mi teléfono celular, el presidente de una de las juntas de vecinos de mi distrito me dijo que estaba viendo por televisión esta sesión de la Cámara en la hora de Incidentes. Me preguntaba cómo era posible que los parlamentarios de la Concertación que solicitaban recursos al Gobierno para diversas obras en regiones, fueran tan inconsecuentes. Precisamente, es el tema que voy a tocar.
Hace algún tiempo, los diputados de la Unión Demócrata Independiente formulamos una solicitud al Presidente de la República , específicamente el 21 de mayo, en su quinto Mensaje ante el Congreso Pleno.
Como es natural, cuando habla frente al país, genera razonables expectativas en la opinión pública, que sufre problemas urgentes, graves, que afectan la vida y la seguridad de amplios sectores populares y de la clase media.
Una vez más la ciudadanía, después de ese Mensaje, sigue observando atónita que la atención de salud en los servicios de urgencia atraviesa una de sus más agudas crisis; que la seguridad pública se ve afectada por las manifestaciones que se generaron en su oportunidad con la policía, pues la sensibilidad del país en esta materia le dice que algo está pasando, porque vemos que priman las noticias policiales, y en cada momento hay más incertidumbre, intranquilidad y miedo. Miedo es la palabra. Miedo de salir a las calles. Los canales de televisión, por decirlo así, hacen nata mostrando la astucia y habilidad de los delincuentes para robar.
Vemos que no hay recursos para las distintas necesidades legítimas del país -no se pueden subsanar todas-, pero siempre se buscan y encuentran los fondos para las cuestiones de índole política. Pareciera que la Concertación está más preocupada del financiamiento de las campañas políticas -invocan la transparencia; no sé de qué transparencia me hablan- y se postergan y postergan las decisiones que son importantes para el país.
Si no hubiese sido por la presión que generó la Oposición, no se habría adelantado la aplicación de la ley de incremento de pensiones que aprobamos ayer y habría seguido postergada para 1999, año de elecciones.
Vemos que hay recursos para financiar la creación de una tercera vuelta presidencial, que elegantemente llaman primarias. Lo más lamentable es que sin pudor alguno demuestran no sólo que su única preocupación es resolver los problemas electorales de la Concertación, sino también su incapacidad para ponerse de acuerdo en un candidato. Ése es el tema de la Concertación. Lo único que desean es que todos los chilenos financiemos la solución de su conflicto interno.
¿Dónde están las propuestas para resolver los problemas reales de la gente? A quienes proponemos solucionarlos, nos acusan de “cosistas”.
Hoy leí al azar algunos diarios, en los cuales aparece el Presidente Frei , en los Estados Unidos, dando recetas para reanimar la economía chilena, las que ni siquiera han sido consensuadas o acordadas en Santiago. Pero su Excelencia el Presidente de la República , en otro importante viaje, da esas lecciones. Curiosamente no aquí, sino afuera.
Los senadores de la Concertación discuten la defensa de un polémico manifiesto político. Por último, ya en una lucha frontal al interior de la Concertación, aparece el Senador Zaldívar, candidato de la Democracia Cristiana a la Presidencia , quien, no dudo, será el candidato de la Concertación, porque ya vemos las fricciones que existen al interior de la coalición que gobierna nuestro país. Se dice que Zaldívar abre fuego contra Lagos, porque su presencia en un futuro gobierno afectaría la gobernabilidad del país. Es decir, estos socios ni siquiera están concertados, sino que se desautorizan a sí mismos.
Nosotros le solicitamos al Presidente de la República que, por favor, no defraude las expectativas del país. La verdad es que su Excelencia no escucha lo que el pueblo le pide. Le pedimos que no se prestara como instrumento de los partidos políticos para apoyar el proyecto de ley de primarias, porque ello sería una vergüenza, un verdadero golpe en el rostro de los chilenos necesitados. Un golpe a las soluciones de los problemas que se señalan a cada rato, como los de salud.
Un solo ejemplo: el costo de las famosas primarias alcanza a 16 millones de dólares, más de 8.500 millones de pesos. ¡Qué curioso! Si el Gobierno envía un proyecto de esta naturaleza es porque existen los recursos. Con 8.500 millones de pesos, según el Presidente del Colegio Médico , se solucionaría la mitad de los problemas de implementación de los servicios de urgencia, porque con alrededor de 16 ó 17 mil millones de pesos se resuelve la crisis.
La mitad de esos recursos existen para financiar primarias políticas. Bueno, el Presidente de la República , de una vez por todas, debe tomar una decisión que no es política, sino moral: o financia el problema político de la Concertación, o destina esos recursos a resolver cualquiera de las necesidades urgentes del país, como las que he señalado. Y la verdad es que el Presidente de la República , cuando le quedan dos años, cuando puede terminar con un gobierno ejemplar, tiene la oportunidad de actuar con esa dignidad que nosotros le solicitamos y no dejarse utilizar.
Por eso proponemos: Sí, hagamos primarias; pero no políticas, sino sociales, donde la gente vote por proyectos que solucionen sus necesidades; no para resolver problemas políticos.
El país aspira a que en los últimos años del gobierno de la Concertación no se sigan posponiendo las legítimas aspiraciones de los chilenos sin voz, sólo por mezquinos intereses partidistas y ambiciones de poder que no se condicen con los sentimientos de generosidad y de preocupación que, en forma permanente, nuestro Presidente invoca en favor de los más desposeídos. Es decir, aquí se configura la más clara inconsecuencia.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , le quedan 30 segundos. Le ruego no abusar de nuestro tiempo.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , espero que tenga la misma generosidad -y no discriminar en el tiempo- que ha demostrado con otros parlamentarios de los partidos Socialista y Demócrata Cristiano que, en Incidentes, se han excedido en más de cuatro o cinco minutos, situación que consta en las actas correspondientes.
Finalmente, sin el ánimo de polemizar en estos últimos minutos, en que nos encontramos varios parlamentarios de la Concertación y de la Oposición, quiero señalar que es hora de asumir la responsabilidad con una señal que permita no seguir frustrando y llevando desesperanza a millones de chilenos que esperan que el Presidente de la República no se convierta en cómplice y, por el contrario, diga ¡basta! Basta al despilfarro de millones de pesos que se gastan inmoralmente en opulencia y en perversas iniciativas que desprestigian y sepultan el valor que debe tener el servicio público.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , consulté con la Secretaría y me ha manifestado que el tiempo ha sido el mismo para todos los parlamentarios. La Mesa se caracteriza por su generosidad.
No sé si el Diputado señor Moreira quiere enviar un oficio al presidente de la junta de vecinos que lo llamó por celular. Si nos indica su nombre, la Secretaría lo hará encantada.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , haré llegar en forma inmediata a la Secretaría el nombre completo y la dirección del dirigente vecinal que hace unos instantes me llamó. Asimismo, quiero señalar que no soy de los diputados que necesitan oficios para representarle a la gente el sentir de todo un pueblo contra un gobierno que no cumple con la ciudadanía.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Muy bien, señor diputado . Se agradece su opinión.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19.33 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre la firma de la “Declaración de institucionalización del diálogo interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile”.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana acordó, en sesión de esta fecha, informaros de la firma de la “Declaración de Institucionalización del Diálogo Interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile”, hecha en Santiago, el 1° de junio de 1998.
De esta manera se ha concretado una iniciativa parlamentaria chilena que empezó a gestarse el año 1992, cuando la delegación parlamentaria, integrada por los honorable Diputados Andrés Chadwick Piñera y Gutenberg Martínez Ocamica y por los honorables Senadores Ricardo Núñez Muñoz y Mario Ríos Santander , propuso a la delegación para América del Sur del Parlamento Europeo, la constitución de un comité de trabajo especial entre la Delegación y el Congreso Nacional de Chile, cuya tarea principal sería analizar temas relativos a las prácticas del comercio exterior.
Dicha iniciativa fue adoptada unánimemente por la honorable Cámara, en su sesión del 1º de septiembre del mismo año, al acordar la constitución en su seno de un Grupo Interparlamentario Chileno-Europeo, lo que, sin embargo, no fue posible concretar debido a que en la época no estaba en las prácticas del Parlamento Europeo el establecimiento de vínculos especiales con Parlamentos nacionales.
En tales circunstancias, la iniciativa resurgió a nivel político-gubernamental en el marco de las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo entre las comunidades europeas, sus Estados Miembros y la República de Chile con miras a la celebración de un Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar una asociación de carácter político y económico entre la Unión Europea y Chile.
Desde entonces, el establecimiento de un mecanismo de cooperación e intercambio permanente entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo pasó a ser admitido como un componente institucional indispensable para el diálogo político entre las Partes, cuya institucionalización los Ministros de Relaciones Exteriores de los quince Estados Miembros de las Comunidades Europeas y el de Chile, más el representante de la comunidad europea, se comprometieron a apoyar, según lo expresaron solemnemente en la declaración sobre el “Diálogo a nivel parlamentario”, que el 21 de junio de 1996, formularon en Florencia, Italia, como documento anexo del referido Acuerdo Marco.
Posteriormente, el 7 de abril de 1997, en la Primera Reunión sobre diálogo político Chile-Unión Europea los quince Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Unión Europea y el de Chile, reiteraron la conveniencia de impulsar el diálogo parlamentario entre nuestro Congreso Nacional y el Parlamento Europeo.
De este modo, el proceso de consultas formales que iniciaron ambos Parlamentos tuvo respaldo político al más alto nivel de decisión gubernamental y fundamento jurídico dado en compromiso anexo a un tratado internacional, como lo es el Acuerdo Marco de cooperación ya señalado.
En dicho proceso, la honorable Cámara estuvo representada por su Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y el honorable Senado por su Comisión de Relaciones Exteriores.
El primer encuentro entre ambos parlamentos tuvo lugar durante el desarrollo de la XIII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina, efectuada en Caracas, Venezuela, entre el 19 y 22 de mayo de 1997.
En seguida, el 30 de octubre de 1977, tuvo lugar en Santiago, en el Palacio Ariztía, una reunión de trabajo entre miembros de ambos Parlamentos, al término de la cual se emitió un comunicado conjunto sobre el Diálogo Interparlamentario entre la Unión Europea y Chile, en el que se delinearon los principios políticos que lo debían orientar y se ratificó el compromiso de institucionalizarlo.
En esa reunión de trabajo, el Parlamento Europeo estuvo representado por la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para América del Sur y Mercosur, Diputada señora Ana Miranda de Lage , acompañada por los Diputados señora María Somoza Martínez , señora Mair Eluned Morgan , señor Andrea Manzella y señor Javier Pomés Ruiz . El Congreso Nacional de Chile estuvo representado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado señor Gutenberg Martínez Ocamica , la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, señorita María Antonieta Saa Díaz ; el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Senador señor Gabriel Valdés Subercaseaux ; el Presidente en ejercicio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, Diputado señor Carlos Dupré Silva , y los Senadores señores Arturo Alessandri Besa e Ignacio Pérez Walker .
Finalmente, en consultas efectuadas en enero de 1988, en Bruselas, entre la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para América del Sur y Mercosur, Diputada señora Ana Miranda de Lage , y el Presidente en ejercicio de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios se convino en que el instrumento de institucionalización, sobre la base de los principios enunciados en el referido comunicado conjunto, sería suscrito en Chile, en junio del presente año, por la Presidenta de la señalada delegación y por los presidentes de las comisiones que habían representado al Parlamento chileno. Para tal efecto se efectuaría una ceremonia solemne presidida por el Presidente del Parlamento Europeo , Diputado señor José María Gil-Robles Gil-Delgado , y los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile.
En la forma convenida, el 1° de junio de 1998, en la ex Sala de Sesiones del Senado, en Santiago, se efectuó la ceremonia solemne de firma de la “Declaración de Institucionalización del Diálogo Parlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile”, entre la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de América del Sur y Mercosur, honorable Diputada señora Ana Miranda de Lage , y los Presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, honorable Senador Jaime Gazmuri Mujica , y de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados de Chile, honorable Diputado Edgardo Riveros Marín .
Los discursos que en tal oportunidad pronunciaron el Presidente del Parlamento Europeo , Diputado señor José María Gil-Robles ; y los Presidentes del Senado, Senador señor Andrés Zaldívar Larraín , y de la Cámara de Diputados, Diputado señor Gutenberg Martínez Ocamica , se adjuntan a este informe.
Asistieron, además, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, los honorables Senadores Jorge Pizarro Soto y Sergio Romero Pizarro . De los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados asistieron los honorables Diputados Isabel Allende Bussi , Gustavo Alessandri Valdés ; Carlos Caminondo Sáez , Carlos Abel Jarpa Wevar ; Cristián Leay Morán ; Juan Masferrer Pellizzari , Antonella Sciaraffia Estrada , y Salvador Urrutia Cárdenas .
Participaron también los señores Embajadores de la Comisión Europea y de los países miembros de las Comunidades Europeas, Directores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Académicos de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile y periodistas.
El texto de la declaración de institucionalización del diálogo interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile se adjunta al final de este informe.
En lo sustancial, en ella ambos Parlamentos dejan constancia de su voluntad de apoyar el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre Chile, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, compartiendo los principios de la democracia representativa como única forma de Gobierno que garantiza la vigencia del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales.
Expresan su respaldo decidido al desarrollo de mecanismos destinados a avanzar en el establecimiento de un nuevo espacio de relaciones entre la Unión Europea y Chile, a través de la negociación, suscripción y aplicación del Acuerdo Marco de Cooperación que sirve de antecedente jurídico y político a la declaración suscrita en Santiago.
En ese contexto, ambos Parlamentos resuelven iniciar el diálogo interparlamentario en reuniones institucionalizadas regulares, anuales y alternadas, en Europa y Chile, en las que se tratarán todas las materias de interés común, especialmente, aquellas contenidas en el citado Acuerdo Marco de Cooperación.
En la reunión de trabajo celebrada previamente, los presidentes de la delegación del Parlamento Europeo para América del Sur y Mercosur y de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de Chile y de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados de Chile, más los señores diputados asistentes, convinieron en lo siguiente:
1º Efectuar la primera reunión del diálogo parlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile en el mes de enero de 1999, en Bruselas, conciliando las siguientes con las Conferencias Interparlamentarias Unión Europa-América Latina, que celebran, cada dos años, el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano.
2º Colocar en la tabla de la primera reunión las materias siguientes:
a) Evaluación de la aplicación dada al Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar una asociación política y económica entre la Comunidad Europea, sus Estados Miembros y Chile, para lo cual se concertarán las reuniones que correspondan con los órganos técnicos y políticos de las Comunidades Europeas.
b) Análisis de las nuevas perspectivas de la cooperación europeo-chilena a la luz de las realidades económicas actuales de las Partes.
c) Estudio de la participación política de la mujer, y
d) Intercambio de experiencias sobre la participación europea y chilena en las instancias del Mercosur.
Se convino que estas materias no excluyen otras, como sería, por ejemplo, el análisis de las repercusiones que tendrá en el comercio bilateral el establecimiento del euro como moneda única europea.
-o-
Acordado en sesión del 2 de junio de 1998, con asistencia de los señores Diputados Riveros Marín, don Edgardo ( Presidente de la Comisión), Allende Bussi , doña Isabel ; Caminondo Sáez, don Carlos ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Leay Morán, don Cristián ; Longton Guerrero, don Arturo ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Palma Irarrázaval, don Joaquín ; Pérez Varela, don Víctor ; Reyes Alvarado, don Víctor , y Urrutia Cárdenas, don Salvador .
Sala de la Comisión, a 2 de junio de 1998.
(Fdo.). FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión”.
DECLARACIÓN SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO ENTRE
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONGRESO NACIONAL DE CHILE
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, y la Presidenta de la delegación para las relaciones con los países de Sudamérica y Mercosur del Parlamento Europeo, atendiendo al patrimonio histórico y cultural que une a sus pueblos y con el propósito de apoyar el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estados miembros:
Compartiendo los principios de la democracia representativa como única forma de Gobierno que garantiza la vigencia del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales;
Interesados en fortalecer los esfuerzos de sus respectivos países para consolidar la paz y la seguridad internacionales conforme con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
Manifestando su interés por promover relaciones privilegiadas entre sus sociedades, para afianzar procesos de desarrollo sostenible en los que la preservación del medio ambiente constituya una prioridad impostergable,
Convencidos de que sólo un sistema económico inspirado en la solidaridad puede garantizar la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos;
Compartiendo el interés por promover el desarrollo social con equidad y justicia en un ambiente de solidaridad entre todos los actores sociales;
Persuadidos de la necesidad de otorgar una atención preferente a todas las iniciativas orientadas a fortalecer los intercambios entre sus pueblos en los ámbitos de la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología;
Reiterando su interés por fortalecer el Diálogo Interparlamentario a través de mecanismos que consensualmente se determinen entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile;
Reconociendo el apoyo que el Parlamento Europeo ha otorgado en el pasado reciente al proceso de transición democrática en Chile, conforme a su tradición histórica;
Destacando el respaldo decidido que tanto el Parlamento Europeo como el Congreso Nacional de Chile han brindado al desarrollo de mecanismos destinados a avanzar en el establecimiento de un nuevo espacio de relaciones entre la Unión Europea y Chile, a través de la negociación, suscripción y aplicación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y Chile, suscrito en Florencia en junio de 1996;
Resuelven:
Ratificar el compromiso de institucionalizar el Diálogo Interparlamentario contemplado en la declaración anexa al Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y Chile;
Iniciar este Diálogo en reuniones institucionalizadas regulares, en principios anuales, de manera alternada en la Unión Europea y en Chile, entre las respectivas Delegaciones del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional de Chile;
Contribuir con este Diálogo a mejorar el nivel de comprensión mutua de las realidades existentes en ambas partes;
Impulsar, a través de sus recomendaciones, los trabajos que el Gobierno de Chile y la Comisión Europea realizan, con vistas de alcanzar el objetivo final establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito en Florencia en junio de 1996, esto es, el establecimiento de una asociación política y económica entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y Chile, realizando un análisis y seguimiento de dicho instrumento;
Abarcar en este Diálogo todas las materias de interés común y, en particular, aquellas contenidas en el citado Acuerdo Marco de Cooperación;
Las partes estudiarán de común acuerdo la posibilidad de establecer un vínculo entre este diálogo y otros mecanismos de diálogo interparlamentario que el Parlamento Europeo o el Congreso Nacional tengan con otros actores regionales.
Por el Congreso de Chile.
Senador Jaime Gazmuri, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Diputado Edgardo Riveros, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados de Chile.
Por el Parlamento Europeo.
Diputada Ana Miranda de Lage, Presidenta de la Delegación para las relaciones con los países de Sudamérica y Mercosur
Santiago , lunes 1° de junio de 1998”.
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO,
DON ANDRÉS ZALDÍVAR , EN LA CEREMONIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO ENTRE EL PARLAMENTO
EUROPEO Y EL CONGRESO NACIONAL DE CHILE
“Santiago, lunes 1° de junio de 1998
Es para mí un honor presidir esta ceremonia mediante la cual el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile suscribimos la declaración de institucionalización del diálogo interparlamentario. Se trata de un momento especial para todos nosotros, pues estamos materializando una iniciativa que se fue gestando hace mucho tiempo y que ha motivado diversos encuentros de nuestros representantes a cargo de las materias vinculadas a las relaciones exteriores, ya sea aquí en nuestra tierra, o bien en Bruselas.
En junio de 1996, Chile y las naciones miembros de la Unión Europea suscribieron un “Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar, como objetivo final, una asociación de carácter político y económico”. Se trató, ciertamente, de un hito histórico en las relaciones chileno-europeas. El nuevo acuerdo supera amplia y sustancialmente aquel que fue suscrito en 1990, tanto en el objetivo mismo que persigue -en este caso se habla de “asociación”-, como en su ámbito de aplicación, ya que ahora abarca las relaciones políticas, económicas, comerciales y de cooperación.
Fue en junio de 1996 también cuando el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la suscripción del acuerdo de nuestro país con la Unión Europea. El informe emitido entonces por el Parlamento Europeo destacó especialmente la conveniencia de que en este nuevo acuerdo se lograra institucionalizar el diálogo político a nivel parlamentario entre sus miembros y del Congreso Nacional chileno. Desde entonces, los contactos interparlamentarios tendientes a concretar esta idea se sucedieron con progresiva frecuencia. Y hoy, al institucionalizar oficialmente este diálogo interparlamentario, no podemos dudar de la utilidad de dichos encuentros.
Señores parlamentarios:
Para el Congreso Nacional chileno es especialmente significativa la formalización de este diálogo con su contraparte europea. Los parlamentarios somos, por definición, los representantes de la voluntad popular. También somos los portadores de nuevas ideas y, como legisladores, nos corresponde plasmarlas en los marcos jurídicos y políticos pertinentes.
El fortalecimiento de las relaciones políticas de los países de la entonces Comunidad Europea y América Latina fue el rasgo distintivo de la década de los años 80 en términos de las relaciones europea-latinoamericanas. El avance del proceso de democratización en América despertó el interés y la simpatía de importantes sectores europeos. Los nuevos regímenes democráticos que llegaron al poder en la región buscaron activamente el apoyo económico y político europeo. Si bien sus expectativas no siempre se vieron cumplidas plenamente, las relaciones políticas entre las dos regiones registraron importantes avances. Europa tiene hoy una presencia política y social muy sólida en América Latina.
Sabemos, porque lo hemos presenciado en la historia reciente de nuestras relaciones mutuas, que el Parlamento Europeo ha ejercido un papel clave en este sentido. Sin la labor incansable y entusiasta del Parlamento Europeo a favor de esta causa, las relaciones europeo-latinoamericanas no habrían alcanzado el nivel y categoría que presentan en la actualidad. Sin la dedicación y compromiso desinteresado de tantos parlamentarios europeos, la Unión Europea no habría desarrollado una parte muy significativa de las múltiples acciones que emprenden día a día en América Latina.
Ahora, en el contexto de la formación de nuevas alianzas y espacios económicos en el mundo entero, América Latina está interesada en explotar nuevos vínculos con las instituciones europeas. Se trata de construir una nueva relación, que resulte más fecunda, diversificada y eficaz, una verdadera relación asociativa entre las dos regiones, que supere la relativa pasividad actual. Los vínculos parlamentarios no pueden estar ausentes de este esfuerzo.
Chile, y estoy cierto que interpreto a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso Nacional, tiene el mayor interés en fortalecer sus vínculos con la Unión Europea. Decir que nuestro país mantiene excelentes relaciones políticas con los países europeos no es mera retórica. Compartimos valores comunes con los que se identifican gran parte de nuestras fuerzas políticas y de la opinión pública.
Estamos convencidos de que este activo común de nuestra relación con Europea deben aprovecharse debidamente. Nuestra afinidad debe expresarse en un vínculo más estrecho, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, tanto en términos políticos como económicos. El acuerdo firmado en 1996, representó un paso de gran relevancia para facilitar el camino, todavía largo, hacia una asociación de carácter político y económico entre Chile y las quince naciones europeas que han formado el mercado integrado más grande del mundo. Este acuerdo parlamentario constituye un nuevo paso en esa misma dirección.
Chile y Europea pueden más que nunca avanzar en una asociación madura y productiva. Para este desafío, Chile está dispuesto. Europa siempre ha estado presente entre nosotros, en la política, en la economía, en la cultura y, también, en la sangre.
Sabemos que en la búsqueda de esa nueva relación, podemos contar con el Parlamento Europeo. Lo sabemos por la solidaridad que nos demostraron en otros tiempos; por el apoyo que le han otorgado a los programas de cooperación con América Latina en general y con Chile, en particular, por el interés que siguen demostrando en nuestras a veces complejas experiencias políticas; y por el permanente contacto que mantenemos a través de nuestros partidos e internacionales políticas, nuestras organizaciones no gubernamentales y tantas otras instancias en que nos encontramos y cooperamos intensamente.
Asumamos, como parlamentarios, la hermosa tarea de impulsar el establecimiento de una nueva relación entre Europa y Chile. El mecanismo del Diálogo Interparlamentario que estamos institucionalizando hoy representa un instrumento notable para alcanzar esta meta.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS DE CHILE, SEÑOR GUTENBERG MARTÍNEZ OCAMICA ,
EN LA CEREMONIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO
INTERPARLAMENTARIO ENTRE EL PARLAMENTO EUROPEO
Y EL CONGRESO NACIONAL DE CHILE
“Santiago, lunes 1° de junio de 1998
Señor Presidente del Parlamento Europeo, don José María Gil-Robles , señoras y señores:
Para nuestra Cámara de Diputados, esta ceremonia representa un avance muy significativo en las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile.
La firma de este documento de institucionalización es mucho más que el seguimiento de los acuerdos de Florencia, aspecto ya muy relevante; éste constituye un símbolo de políticos y parlamentarios que deseamos caracterizar nuestras acciones, con los principios de la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
Todos valoramos y promovemos el crecimiento económico y el libre comercio y todos favorecemos las políticas que permitan las mejores y mayores integraciones entre las naciones.
Pero la relación entre el Parlamento Europeo y nuestro Congreso Nacional tiene además otra perspectiva, ésta es la de reivindicar el sentido de la política y de entender que la democracia, sus principios y su práctica, debe estar incorporada activa y decididamente en las políticas internacionales.
El texto que hoy suscribimos, habla de derechos, libertades, medio ambiente, igualdad de oportunidades y equidad.
Por eso este acto refleja contenidos especialmente simbólicos.
Los acuerdos entre la Unión Europea y Chile tienen historia y trasfondos que muchos de los presentes recordarán.
Éstos constituyen la manifestación de aquella voluntad política democrática, que es la única capaz de darle a las relaciones entre los pueblos estabilidad, confianza y durabilidad.
Ésa es la fuerza de esta declaración, los parlamentos no tan sólo somos parte activa de las relaciones internacionales, sino que en este caso, además, contaremos con mecanismos propios, concretos, periódicos y directos de diálogo y acuerdo interparlamentario.
Estamos contentos con este paso.
Aquí estamos parlamentarios europeos y chilenos; aquí en esta sala existe un ambiente de comunidad, sé que percibimos las sensaciones propias de quienes saben que tienen mucho en común.
Creo que la amistad cívica está presente en esta ceremonia. Es la confianza entre políticos que quieren la democracia y el bienestar de sus pueblos, junto a otros pueblos y a toda la humanidad.
Muchas gracias”.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,
SEÑOR JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO ,
PRONUNCIADO DURANTE LA CEREMONIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO ENTRE EL PARLAMENTO
EUROPEO Y EL CONGRESO NACIONAL DE CHILE
(VERSIÓN ESTABLECIDA SEGÚN SU GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA)
“Santiago, lunes 1° de junio de 1998
Excelentísimo señor Presidente del Senado , Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados; Excelentísimos señores Embajadores; honorables señores Presidentes de las Comisiones competentes; señores diputados y diputadas, amigos todos:
Antes de referirme, brevemente, al tema que hoy aquí nos ocupa, permítanme decir la gran emoción que siento al estar hoy sentado en un hemiciclo que presidió por última vez en la Cámara democrática del Senado uno de los hombres que constituyen el ideal de mi juventud, don Eduardo Frei Montalva . Realmente, pensar que en todo el tiempo transcurrido desde aquellos momentos, por todas las vicisitudes, por que han atravesado mi propio país y Chile para llegar a una consolidación de la democracia, ello me inspira una emoción profunda y, al mismo tiempo, la satisfacción de pensar que la racionalidad democrática puede también triunfar sobre toda clase de irracionalidades y que la voluntad de entendimiento entre los hombres puede triunfar sobre situaciones difíciles.
Y un ejemplo de esta voluntad de entendimiento es el acto que hoy vamos a realizar: es el acto de dos Parlamentos que manifiestan la voluntad de entenderse de los ciudadanos que respectivamente representan. Es un acto que representa el interés especial del Parlamento Europeo, que lo introdujo, por primera vez, en el Acuerdo Marco con Chile al que acaban de referirse mis colegas parlamentarios. Es un interés por mantener un diálogo que sea más que el diálogo de los intereses comerciales, en sí importantísimo y base de relaciones; un diálogo que hable de los aspectos ambientales, los aspectos culturales y, sobre todo, de los aspectos comunes; porque, como acabamos de oír acertadamente en las intervenciones que me han precedido, el diálogo parlamentario cada vez se va imponiendo como una manifestación indispensable entre naciones o conjuntos de naciones. Es un diálogo, un cambio de impresiones, que responde al sentimiento de que los representantes de los ciudadanos hablen entre sí, discutan entre sí, debatan sus respectivos intereses, sus respectivos problemas, y lleguen a acuerdos, lleguen a compromisos que tiendan, mediante ese proceso democrático, a un mundo cada vez más unido.
No necesito recordar que el Parlamento Europeo, si en algo se ha comprometido en algún momento, ha sido en el diálogo político con Chile. En la ejemplar transición chilena, que ha seguido muy de cerca, el apoyo que ha podido prestar al diálogo continuo que hoy se formaliza, no es la primera vez que se manifiesta. El Parlamento Europeo ha sido especialmente consciente de que con Chile le une una comunidad mucho más profunda que un simple diálogo parlamentario. Es una comunidad de aspiraciones, de ideales; es una común búsqueda de un mundo donde haya más entendimiento y menos confrontación.
Por eso, el Parlamento Europeo ha condenado enérgicamente todos los experimentos nucleares; pero no ha querido sólo quedarse en la condena de los experimentos nucleares. Los experimentos nucleares son el mejor ejemplo de un mundo donde el recelo predomina sobre la comprensión, donde el odio tiene todavía predominancia sobre lo que es la voluntad de amistad, la voluntad ecológica. Y el ejemplo de la Unión Europea es que estas tendencias pueden salvarse. Estas tendencias pueden salvarse con una voluntad de entenderse día a día.
Y eso es reflejado en que el Parlamento Europeo quiere constituir con las demás partes del mundo, con América Latina, y muy especialmente con la nación chilena, un entendimiento de cómo avanzar por el camino de una democracia sólida.
Por tanto, en este acto confluyen muchos hitos. Es un acto sencillo, porque la democracia es sencilla; no tiene tanta retórica como otro sistema, pero, sin embargo, tiene la retórica profunda de la comprensión de los distintos pueblos, de su entendimiento, de su voluntad de avanzar juntos por el camino de la paz y de la prosperidad para todos.
Que Dios les bendiga. Muchas gracias”.
Moción de los Diputados señores Velasco , Gutiérrez , Villouta , Krauss , Patricio Walker , Ojeda , Gutenberg Martínez , Rosauro Martínez , Valenzuela y la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
Reconocimiento de la educación parvularia en la ley orgánica constitucional de enseñanza. (boletín Nº 2183-04)
“Valparaíso, mayo de 1998
Uno de los hechos más impactantes ocurridos en el último tiempo en el sistema educacional, es el aumento, sin precedentes, del número de niños matriculados en el nivel de educación parvularia.
En el año 1960, sólo el 2% de la población infantil, de la edad correspondiente, estaba inscrito en el nivel parvulario. En el año 1996 ese porcentaje había aumentado un 25%. Sólo en el último año se han incorporado 12 mil niños más a la atención preescolar. En la actualidad, 111 mil preescolares son atendidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 55 mil por Integra, 4 mil por el programa “Conozca a su hijo”, y alrededor de 224 mil por establecimientos educacionales subvencionados. Es decir, de haber tenido una mínima expresión en el marco educacional, la educación parvularia ha llegado a ser en poco tiempo, una parte importantísima del sistema y en proceso de crecimiento.
El notable desarrollo de la educación preescolar o parvularia se puede atribuir, en gran medida, a la fuerte demanda del grupo familiar por la atención de los niños que todavía no tienen el requisito de edad para ingresar al sistema formal de enseñanza, en el primer año de educación básica, a los 6 años de edad. Se debe, al mismo tiempo, a los enormes cambios que ha sufrido en la organización familiar, en la cual ambos padres desarrollan actividades laborales que los alejan del hogar, haciendo imprescindible el cuidado y atención de los niños por terceros. Actualmente se considera una desventaja para los niños que ingresan al primer año de educación básica, el hecho de no haber asistido previamente a un jardín infantil, ya que éste les entrega ciertas destrezas y habilidades para un buen aprendizaje y una buena adaptación en el nivel de educación básica. Ésta es una razón más para considerar que este nivel de enseñanza va a tener un crecimiento muy pronunciado y rápido en los próximos años.
El valor que se asigna a la educación parvularia, puede ser conocido también por medio de la demanda que los distintos estratos socioeconómicos solicitan a este nivel de enseñanza. En la actualidad el 48,4% de los niños del quintil de mayores recursos económicos, asiste a un jardín infantil o escuela de párvulos. Por otro lado en el quintil de menores recursos económicos, sólo lo hace el 22,3% de la población.
Llama la atención que este importante segmento de la educación nacional, no cuente con ninguna referencia, ni en nuestra Constitución Política de 1980, ni en la Ley Orgánica de Enseñanza. Diríamos que más bien es un concepto que se omite, seguramente con el ánimo de no comprometer al Estado con un nuevo nivel de su responsabilidad educacional.
El presente proyecto de ley trata de corregir esa omisión que, en las condiciones actuales se convierte en una seria limitante de nuestro sistema educacional. Es así como el art. 19 de los derechos y deberes constitucionales, en el Nº 11, señala que “una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse a cada uno de los niveles de la educación básica y media, y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento”.
Por su parte, la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, en su art. Nº 1, señala que “la presente Ley Orgánica Constitucional fija los requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles de educación básica y educación media y así mismo regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento”.
Nuevamente se omite el concepto de educación preescolar o parvularia. Los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del mismo cuerpo legal, se refieren en extenso al nivel de educación básica y educación media, sin mencionar en ningún momento la educación parvularia.
Pensamos que esta omisión es más bien el producto del incipiente estado de desarrollo en que se encontraba ese nivel educativo, y a las dificultades del momento para apreciar su fuerte desarrollo posterior.
Sin embargo, a lo largo de nuestra historia educacional, diversos cuerpos legales han hecho referencia a escuelas o cursos de párvulos. En este aspecto podemos citar las siguientes referencias:
1) La ley de instrucción primaria obligatoria, D.F.L. 5.291, del 22 de noviembre de 1929, que dice en su art. 42: “Habrá escuelas o cursos de párvulos para niños de ambos sexos que no hayan cumplido los 7 años”.
2) El D.L. Nº 17.301 de 1970, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en su art. 3º especifica que “Se entiende por jardín infantil, todo establecimiento que reciba niños durante el día, hasta su ingreso a la educación básica. La Junji tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervisar la organización y funcionamiento de los jardines infantiles”.
3) El Decreto Supremo Nº 8.143 de 1980, que se refiere al “reconocimiento de los establecimientos particulares de Educación Parvularia, de nivel medio y nivel de transición, como cooperador de la función educacional del Estado”.
4) El D.S. Nº 8.144 de 1980, sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos, se refiere a la educación parvularia y segundo nivel de transición, como así mismo a la educación básica y media en cuanto a mínimo y máximo de alumnos que pueden atender.
En consecuencia, consideramos que el nivel de educación pre-básico o parvulario, debe tener una connotación clara en nuestra Constitución Política y en la Ley Orgánica que regula nuestro sistema educacional. Esta connotación se hace urgente dado el crecimiento vertiginoso que está adquiriendo este nivel de enseñanza, y porque su omisión en los textos básicos legales actúa como una discriminación negativa. Con el fin de superar esta omisión y darle al nivel de educación parvularia el lugar que le corresponde en el contexto general de educación, proponemos el siguiente
PROYECTO DE LEY
Art. 1º.- Modifícase la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza en lo siguiente:
“Agrégase al Art. 1º, después de la palabra Enseñanza, y antes de Básica, la palabra Parvularia”.
Moción de los Diputados señores Juan Pablo Letelier , Montes, Andrés Palma , Silva y las Diputadas señoras Pollarolo , Allende y Saa.
Modifica el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, para garantizar el derecho de los menores a la defensa jurídica. (boletín Nº 2184-07)
1. La Cumbre Mundial por la Infancia realizada en septiembre de 1990 con la participación de más de 70 mandatarios de todo el mundo, suscribió la declaración para la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño.
Este hecho constituyó un paso de gran importancia para generar más conciencia a nivel planetario respecto a los Derechos de la Infancia así como el imperativo de que en cada país se tomen las medidas necesarias para hacer de éstos una realidad.
2. Comprometidos con la defensa de los derechos de los niños y a la luz tanto de los alarmantes datos que recientes estudios entregan en relación al maltrato de niños en nuestro país, así como de la experiencia práctica de profesionales e instituciones comprometidas con la defensa judicial de menores, se considera menester iniciar múltiples esfuerzos legislativos destinados a garantizar plenamente los derechos de los menores.
3. Que la protección de la niñez constituye uno de los principales objetivos a que debe tender todo orden jurídico y político civilizado y moderno, atendida la entidad y relevancia social y humana que la naturaleza de este tema importa para el futuro, desarrollo y progreso de todos.
4. Que constatamos con alarma que recientes estudios, tanto nacionales como internacionales, sustantivamente coincidentes, exhiben índices altísimos del maltrato que está afectando a nuestra niñez, lo que da cuenta de un gravísimo y complejo fenómeno cuyos dañosos efectos pueden proyectarse por generaciones en nuestra sociedad.
5. Que un estudio del Fondo para la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (Unicef), de junio de 1994, demuestra que el 64% de los niños chilenos sufre algún tipo de maltrato físico y/o psíquico significativo, lo cual implica que en nuestro país al menos uno de cada dos niños se encuentra en tan aberrante situación.
6. Los menores constituyen un porcentaje mayoritario de las víctimas de determinados delitos, así por ejemplo tratándose de delitos sexuales dicha cifra es superior al 70% (73,2% Estadísticas 1995, 48º Comisaría de Asuntos de la Familia , Policía de Carabineros de Chile).
7. Cuando los delitos son cometidos por personas que tienen la tuición de las víctimas menores, dichos adultos buscarán el ocultamiento de los hechos, dificultando e impidiendo su denuncia e investigación policial y judicial, como consecuencia lógica de la responsabilidad penal que les cabe y que intentarán eludir.
8. Existen víctimas menores que se encuentran en particular vulnerabilidad frente a determinados delitos, tales como la corrupción y la explotación sexual (prostitución infantil), al carecer de adultos que ejerzan roles de tuición (menores en situación de vagancia y abandono).
9. La necesidad de representación de las víctimas menores en el proceso penal surge de los supuestos fácticos señalados, a los que se une la necesidad de equilibrio procesal frente a la actividad de frecuente negación e impugnación de medios probatorios que desarrollan los abogados de los adultos inculpados o procesados en el respectivo juicio penal.
10. La ausencia de representación de los menores víctimas en el proceso penal debe ser considerada como uno de los factores que incide de manera relevante en los elevados porcentajes de sobreseimiento y absoluciones que favorecen a los inculpados y procesados en delitos cometidos contra menores (98% en delitos de facilitación y promoción de corrupción y prostitución de menores; 87% en delitos de violación y abusos deshonestos. Estadísticas Anuario de Justicia, INE 1989).
11. Las víctimas menores tienen una necesidad adicional de representación en el proceso penal cuando los delitos son cometidos en el contexto intrafamiliar, por las siguientes razones:
a) Necesidad de obtener oportunamente medidas de protección que el Juez del Crimen puede decretar respecto de la víctima (art. 7 del Código de Procedimiento Penal, art. 7 de la ley Nº 19.235).
b) Ante la negación o retardo de dichas medidas por el Juez del Crimen y ante las limitaciones que para su concesión tiene el Juez de Menores (taxatividad del art. 29 de la ley Nº 16.618), se hace necesario que en el proceso penal se intente obtener medidas de aseguramiento que signifiquen “contención temporal” del agresor inculpado o procesado (detención o prisión preventiva), al existir incluso riesgo vital para la víctima.
En la actualidad existe dificultad procesal para que una persona que no tenga la representación legal del menor víctima pueda actuar en un proceso penal en representación de su interés, por la exigencia normativa establecida en el artículo 94 Nº 6 del Código de Procedimiento Penal que obliga a ofrecer y constituir fianza de calumnia, lo cual significa:
1. Demora en la actuación procesal en favor del menor víctima, pues la fianza debe ser calificada, determinada en su cuantía y luego constituida, lo que implica trámites que pueden significar incluso días de tardanzas, dependiendo de cada tribunal y de sus respectivas “prácticas procesales”. (arts. 98 y 99 del Código de Procedimiento Penal).
2. Puede ocurrir que se exija una fianza de depósito efectivo en la cuenta corriente del tribunal, por una cuantía a la cual sea imposible acceder, lo que eventualmente cerraría la posibilidad de ingresar al proceso penal en representación del interés del menor víctima.
3. En el evento de que se acoja la modalidad de fianza personal de calumnia, es posible que se objete la solvencia del fiador, o bien que sólo se le acepte para un número limitado de querellas, no siendo siempre fácil conseguir personas dispuestas a servir de fiadores de calumnia.
La exención de fianza de calumnia no implica debilitar la protección del ciudadano ante el ejercicio arbitrario o indiscriminado de acciones penales, pues en modo alguno se altera la responsabilidad civil que corresponde según las reglas generales, ni tampoco se altera la responsabilidad penal por el delito de querella calumniosa establecido en el artículo 211 del Código Penal.
Desde una perspectiva real, la posibilidad de ejercicio de acciones penales derivadas de delitos cometidos contra menores, quedará siempre limitada, pues actuar en un proceso penal además del riesgo legal asumido frente a una eventual responsabilidad civil y penal, implica tener un compromiso de acción en favor de los menores con la consiguiente dedicación de tiempo y recursos materiales.
El Servicio Nacional de Menores tiene actualmente limitaciones en su Ley Orgánica (DL 2.465 de 16 de enero de 1979) para actuar judicialmente, al quedar expresa y limitadamente señaladas las materias en que puede deducir una acción penal (Art. 17), por lo cual en carácter de tal no podría estimarse comprendido entre los servicios incluidos en el art. 100 Nº 4 del Código de Procedimiento Penal. Los abogados que hoy actúan en programas de estudio de los problemas de maltrato y abuso sexual de menores así como en tareas de asistencia a menores víctimas de tales situaciones, deben cumplir el requisito del art. 94 Nº 6 cuando intervienen judicialmente.
La exención de fianza permitiría que tanto profesionales de Sename como de instituciones colaboradoras de su gestión, pudieran actuar judicialmente en el estado actual de la legislación, mientras se desarrollan fórmulas que modernicen en su conjunto el sistema de administración de justicia penal.
Por todo lo anterior, los parlamentarios que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase el siguiente numeral 5, al artículo 100 del Código de Procedimiento Penal:
“Nº 5: Los que ejerzan la acción penal derivada de delitos cometidos contra menores y del delito de asociación ilícita que pueda afectar a menores”.
Moción de los Diputados señores Pareto , Krauss , Ascencio , Jiménez , Salas, Valenzuela , Rocha , Velasco , Ceroni y de la Diputada señora María Antonieta Saa.
Elimina el 11 de septiembre como feriado. (boletín Nº 2185-06)
I. ANTECEDENTES.
El 11 de septiembre se encuentra establecido como feriado por la ley Nº 18.026. Constituye uno de los varios feriados que consagra nuestra legislación.
En el último tiempo, el Parlamento ha tenido ocasión de discutir no sólo la supresión de este feriado, sino el traslado a los días lunes a varios otros.
Lo que justifica la presentación en esta oportunidad del presente proyecto de ley, radica en que en este año se cumplen 25 años desde el 11 de septiembre de 1973. Ello otorga la perspectiva histórica suficiente para abordar un debate serio y profundo sobre la justificación de este feriado.
II. FUNDAMENTOS DE LA SUPRESIÓN.
Existen variados argumentos para sostener la eliminación del 11 de septiembre como feriado nacional. Entre otras razones, podemos anotar las siguientes:
1. No se enmarca en ninguna de las categorías de feriados.
Nuestra legislación contempla una gran cantidad de feriados. En primer lugar, se encuentran los feriados de connotación religiosa, entre ellos Semana Santa, Corpus Christi, 29 de junio, 15 de agosto, 1º de noviembre y el 8 y 25 de diciembre. En segundo lugar, se encuentran las fiestas nacionales, es decir; el 18 y 19 de septiembre y el 21 de mayo. En tercer lugar, están las conmemoraciones internacionales de ciertos acontecimientos. En esta categoría se encuentra el 1º de mayo y el 12 de octubre. En cuarto lugar, están las fiestas nacionales. En esta situación se encuentra el 1º de enero. Finalmente, existen feriados de otra naturaleza, como los domingos, los días de votación, el feriado bancario.
En ninguna de estas categorías se encuentra el 11 de septiembre. Éste constituye una categoría aparte, aislada de las demás. Por lo mismo, no tiene ni el sentido ni el contenido de los otros feriados, pues ninguno de ellos recuerda enfrentamientos entre chilenos. El 11 de septiembre equivale a hacer feriado el día de las batallas de Concón y Placilla .
2. La perspectiva de futuro.
La supresión del 11 de septiembre no es una afrenta a las Fuerzas Armadas y al Ejército en particular. Éste tiene su día, el 19 de septiembre en que el país entero celebra sus glorias. Ambas fechas no tienen comparación. Dentro de cincuenta años, las generaciones futuras seguirán rindiendo pleitesía al 19 de septiembre, pero les parecerá absurdo el 11 de septiembre. Para aquellos que les ha tocado vivir el 11 de septiembre directamente o sus efectos, éste podría tener sentido, pero a medida que la perspectiva histórica aumenta evidentemente pierde significación. Por lo mismo, todo aconseja no mantenerlo como feriado.
Es más; la generación que protagonizó el 11 de septiembre le debe a las generaciones futuras dejar saneado el pasado, arreglar los conflictos, superar las divisiones. No puede hipotecar el futuro de personas que no participaron en las decisiones o en las omisiones de entonces.
En consecuencia, por el futuro es que el 11 de septiembre debe ser suprimido, pues esta fecha encarna el pasado, con sus traumas, heridas y divisiones. El futuro, en cambio, debe presentarse abierto, limpio, lleno de desafíos e inquietudes.
3. El feriado: una calificación histórica apresurada.
Existe consenso, o al menos coincidencia de opiniones, en todos los sectores de la sociedad nacional, en torno a un aspecto central de los acontecimientos del día 11 de septiembre de 1973.
En efecto, no obstante que algunos le dan el carácter de movimiento de liberación y que para otros representa justamente lo contrario, todos consideran que en ese momento histórico se concentran multiplicidad de fallas, errores, equivocaciones, odiosidades y antagonismos al interior de nuestra sociedad. De ese modo, a pesar de que el sentido de la “conmemoración” puede ser distinto, incluso radicalmente diferente, lo que se conmemora resulta idéntico en este punto para todos.
A partir de esta visión común sobre lo ocurrido el 11 de septiembre, pueden existir, como de hecho existen, diversas interpretaciones acerca de su necesidad, su sentido, su resultado, su valía o demérito. Pero si lo común para la mayoría de los ciudadanos chilenos es que esa fecha es demostrativa de profundas divisiones, antagonismos y errores, éste debe ser el aspecto que ilumine o ilustre la conveniencia de su celebración.
No parece prudente que se festeje un acontecimiento que para todos, o al menos la mayoría, tiene esa significación. Es más, parece extraño a la naturaleza humana congratularse de los errores del pasado; resulta incoherente con la necesidad de perfeccionamiento de las sociedades, con la intención general de corregir y superar nuestros defectos y construir hacia el futuro.
En el mismo sentido, la existencia de distintas visiones o interpretaciones acerca de la valía o perjuicio de lo acaecido en esa fecha, el hecho de que para unos sea motivo de dolor y duelo y para otros lo sea júbilo o alegría sólo demuestra que no existe un juicio histórico sobre su sentido y naturaleza.
Por el contrario, si se analizan las distintas visiones sobre sus efectos, su necesidad y su sentido, se puede observar que hasta ahora sólo existen opiniones personales o subjetivas sobre la materia, acercamientos más o menos objetivos e ilustrados por la personal experiencia o conocimientos de tales sucesos.
Ello no es un error ni una incapacidad de nuestra sociedad, sólo representa o expresa la necesidad de un juicio histórico sobre lo ocurrido en nuestro país en las últimas décadas, alejado de los antagonismos y divisiones que dicha fecha implica.
Para ello es imprescindible permitir que sea la historia quien efectúe un juicio, que los procesos evolutivos naturales de toda sociedad generen una visión completa, global, desapasionada e integral de los acontecimientos del pasado. Este juicio, claro está, no puede ser suplido por una ley. Es más; la prematura calificación legal de estos sucesos, antes de que la historia proporcione esa evaluación global, constituye un obstáculo para los necesarios procesos sociales que nos llevarán a esa visión común y desapasionada de un hecho reciente que aún nos divide.
En este sentido, la falta de esa visión o juicio histórico, permite apelar a aquello que ahora, en estos días, es común a todos o a la gran mayoría, es decir, que los hechos del 11 de septiembre de 1973 concentran o expresan un cúmulo de errores, equivocaciones, divisiones y antagonismos entre los chilenos. Esta sola consideración es fundamento suficiente para la eliminación de su carácter de feriado nacional. Nadie quiere, o al menos, nadie sanamente debería querer, festejar una fecha que refleje crisis, división y enfrentamiento en una sociedad.
4. Modernización del país.
Tal como quedó demostrado más arriba, tenemos una gran cantidad de feriados. Este Parlamento ha intentado trasladar varios feriados de los días martes, miércoles o jueves, al día lunes. Los feriados en medio de la semana afectan los niveles de productividad y la actividad comercial, interrumpen la semana escolar e impiden un efectivo desarrollo del turismo interno.
El 11 de septiembre tiene una connotación para todos los chilenos que no la da el hecho de que sea feriado. Todos saben lo que fue el 11 de septiembre de 1973; todos tienen su opinión. El carácter feriado de ese día no transforma esa realidad.
Ello fundamenta su eliminación. Si el feriado no agrega nada, corresponde suprimirlo. Nuestro país debe avanzar en tener los feriados estrictamente necesarios y sacar de su agenda aquellos que no tienen una clara significación.
En mérito de todo lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Derógase la Ley Nº 18.026”.
Moción de los Diputados señores Orpis , Alvarado , Alessandri , Díaz , Bertolino y Álvarez.
Modifica el artículo 213 número 15 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ampliando el ámbito de competencia de la Comisión de Derechos Humanos. (boletín Nº 2186-16)
En la actualidad junto al tema de derechos humanos cada día más están cobrando mayor importancia lo que ha pasado a denominarse “Los derechos ciudadanos”.
Esta realidad no es más que la expresión de los profundos cambios que está experimentando la sociedad actual. En el pasado prácticamente el monopolio de la participación ciudadana se realizaba a través de los partidos políticos en un mundo marcado por las diferencias ideológicas.
Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, las ideologías han perdido vigencia. La consecuencia de este nuevo escenario se traduce en que se han creado organizaciones de distinta naturaleza, más bien vinculadas a ciertos elementos comunes que representan los intereses de quienes forman parte de ella. Entre sus integrantes se produce un fenómeno de transversalismo político. Haciendo una comparación de lo que existía en el pasado con el presente se puede señalar que desde un sistema prácticamente único de expresión ciudadana se ha pasado un sistema en que la expresión ciudadana se hace a través de múltiples organizaciones, con creciente legitimidad entre la ciudadanía. Esto es lo que ocurre hoy en nuestra sociedad.
Esta nueva realidad lamentablemente no ha sido asumida por los poderes públicos. Lo lógico en este nuevo escenario es darle cabida a estas expresiones; de lo contrario, la actividad política quedará aún más desfasada.
La presente moción tiene por objeto precisamente darle cabida al interior del Poder Legislativo de manera muy concreta a las distintas expresiones ciudadanas, es decir, que el conjunto de la ciudadanía sea individualmente considerado o a través de sus organizaciones pueda recurrir a una Comisión de la Cámara de Diputados, ya sea para denunciar alguna irregularidad, para plantear una inquietud o para defender un derecho. De esta instancia podrían surgir investigaciones en el ejercicio de la facultad fiscalizadora o que los propios parlamentarios puedan asumir esa idea como propia y materializarla a través de un proyecto de ley o plantear al Poder Ejecutivo , Judicial o Contraloría las observaciones que estime pertinentes.
PROYECTO DE LEY
Para modificar el Nº 15 del artículo 213 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados para reemplazar la denominación “Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía” por la siguiente:
“Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Derechos Ciudadanos”.
Valparaíso, junio 10 de 1998.