Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jaime Mulet Martinez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Edgardo Riveros Marin
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hosain Sabag Castillo
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RETIRO DE PROYECTO
- V. FÁCIL DESPACHO
- MONUMENTO EN MEMORIA DEL CARDENAL ANTONIO SAMORÉ. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
- MONUMENTO EN MEMORIA DEL CARDENAL ANTONIO SAMORÉ. Segundo trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Juan Nunez Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eliana Caraball Martinez
- Patricio Walker Prieto
- Victor Reyes Alvarado
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Edmundo Salas De La Fuente
- Eugenio Tuma Zedan
- INDICACIÓN
- MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE MINERÍA EN RELACIÓN CON LA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS. Proposiciones de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PARLAMENTARIO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- RECONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE DROGAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Pareto Gonzalez
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Lily Perez San Martin
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Velasco De La Cerda
- Roberto Leon Ramirez
- Exequiel Silva Ortiz
- Anibal Perez Lobos
- Salvador Urrutia Cardenas
- Juan Nunez Valenzuela
- Roberto Delmastro Naso
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Felipe Letelier Norambuena
- Jose Perez Arriagada
- Edgardo Riveros Marin
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jaime Orpis Bouchon
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Maria Isabel Allende Bussi
- Pablo Galilea Carrillo
- Jaime Mulet Martinez
- Edmundo Villouta Concha
- Claudio Alvarado Andrade
- Cristian Antonio Leay Moran
- Maria Pia Guzman Mena
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Masferrer Pellizzari
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓN QUE AFECTA A CARABINEROS DE CHILE. Retiro de proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Antonio Leal Labrin
- Adriana Munoz D'albora
- Salvador Urrutia Cardenas
- Anibal Perez Lobos
- Eugenio Tuma Zedan
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Felipe Letelier Norambuena
- Marina Prochelle Aguilar
- Jorge Soria Macchiavello
- Enrique Jaramillo Becker
- Guido Girardi Lavin
- Laura Soto Gonzalez
- Lily Perez San Martin
- Roberto Delmastro Naso
- Arturo Longton Guerrero
- Victor Barrueto
- Edmundo Villouta Concha
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- ANTECEDENTE
- ASIGNACIÓN PROFESIONAL A EMPLEADOS FISCALES CON ESTUDIOS SUPERIORES NO RECONOCIDOS. Oficios.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Krauss Rusque
- Edgardo Riveros Marin
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Velasco De La Cerda
- Juan Nunez Valenzuela
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Exequiel Silva Ortiz
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Roberto Leon Ramirez
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Seguel Morel
- Waldo Mora Longa
- Jaime Mulet Martinez
- Marina Prochelle Aguilar
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Eugenio Tuma Zedan
- Luis Pareto Gonzalez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Sergio Ojeda Uribe
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jaime Naranjo Ortiz
- Edmundo Villouta Concha
- Sergio Correa De La Cerda
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Masferrer Pellizzari
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- ANTECEDENTE
- RECONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE DROGAS.
- VIII. INCIDENTES
- CONSTRUCCIÓN DE DOS VÍAS EN PUENTE SOBRE EL RÍO BIOBÍO. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- CONGRATULACIONES POR ACUERDO SOBRE EL SALARIO MÍNIMO. Oficios.
- MEDIDAS EN FAVOR DE DESPEDIDOS DE EMPRESAS PESQUERAS. Oficios.
- DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. Oficios.
- TRASLADO DE MINISTRO DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT. Oficios.
- CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- ADHESION
- ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA INTENDENCIA DE LA SEXTA REGIÓN EN CARRETERA 5 SUR.
- ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN CELEBRADO EN CHILLÁN. Oficio
- CAMBIO DE ROL DE CAMINO EN DISTRITO 53. Oficio.
- MEDIDAS PARA COMBATIR NUEVA PLAGA QUE AFECTA AL SECTOR FORESTAL. Oficio.
- IRREGULARIDADES EN OBRA PÚBLICA EN OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- RECHAZO A POLITIZACIÓN DE PROBLEMA PLANTEADO POR DIPUTADO VÍCTOR PÉREZ.
- REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN “LOMA ALTA”, DE TOMÉ. Oficio.
- REPOSICIÓN DE ESCUELA Y AGUA POTABLE PARA TALCAMO. Oficios.
- AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE DOS VÍAS EN PUENTE SOBRE EL RÍO BIOBÍO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 6 de mayo de 1998
(Ordinaria, de 16.14 a 19.23 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana y del señor Naranjo Ortiz, don Jaime
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Retiro de proyecto 9
V. Fácil Despacho.
Monumento en memoria del Cardenal Antonio Samoré. Segundo trámite constitucional 9
VI. Orden del Día.
- Ampliación de facultades de la Fiscalía Nacional Económica. Primer trámite constitucional. (Continuación) 14
- Modificaciones al Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras. Proposiciones de la Comisión Mixta 21
- Modificación de los requisitos para ser elegido parlamentario. Primer trámite constitucional. (Continuación) 25
VII. Proyectos de acuerdo.
- Reconstitución de Comisión especial de drogas 31
- Comisión investigadora de situación que afecta a Carabineros de Chile. Retiro de proyecto de acuerdo 34
- Asignación profesional a empleados fiscales con estudios superiores no reconocidos. Oficios 36
VIII. Incidentes.
- Construcción de dos vías en puente sobre el río Biobío. Oficio 39
- Congratulaciones por acuerdo sobre el salario mínimo. Oficios 39
- Medidas en favor de despedidos de empresas pesqueras. Oficios 40
- Día internacional de la libertad de prensa. Oficios 40
- Traslado de ministro de la corte de apelaciones de Puerto Montt. Oficios 41
- Creación de nuevos juzgados de policía local. Oficios 42
- Accidente de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Intendencia de la Sexta Región en carretera 5 Sur 43
- Encuentro latinoamericano de educación celebrado en Chillán. Oficio 44
- Cambio de rol de camino en distrito 53. Oficio 46
- Medidas para combatir nueva plaga que afecta al sector forestal. Oficio 46
- Irregularidades en obra pública en Octava Región. Oficio 47
Pág.
- Rechazo a politización de problema planteado por Diputado Víctor Pérez 48
- Reparación de viviendas de población “Loma Alta”, de Tomé. Oficio 49
- Reposición de escuela y agua potable para Talcamo. Oficios 50
- Aumento de accidentes de tránsito. Oficio 51
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual comunica que ha tomado conocimiento de que S.E. el Presidente de la República ha resuelto retirar del Congreso Nacional el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Chile referido al Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el comercio y la inversión, suscrito en Washington en 1990. (boletín N° 335-10) 53
2. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto con urgencia calificada de “suma”, que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano. (boletín N° 914-07) 53
3. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, incorporando a los establecimientos que indica como entidades de educación superior reconocidas por el Estado. (boletín N° 1786-04) 71
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del Jefe de Bancada del Partido Demócrata Cristiano mediante la cual informa que en la Comisión de Derechos Humanos el Diputado señor Mulet reemplazará en forma permanente al Diputado señor Luksic.
-Del Diputado señor Riveros, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 7 de mayo en curso, para dirigirse a Costa Rica.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del ex Diputado señor Carlos Bombal, publicidad de Emeres S.A. de actividades distintas a las que tenía en su creación.
-De los Diputados señores Víctor Pérez, Bartolucci y José García, ejecución de diversas obras públicas adjudicadas a la empresa Pawic.
Ministerio del Interior
-De la Diputada señora Cristi, doña María Angélica, estación de transferencia de residuos sólidos en la comuna de Peñalolén.
-De los Diputados señores Jiménez y Coloma, proyecto de instalación de un depósito de basuras en la zona de Lonquén.
-Del Diputado señor Seguel y Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano, por la Democracia y Socialista, medidas para evitar aplicación de sanciones a funcionarios de Carabineros.
Ministerio de Minería
-Del Diputado señor Pedro Muñoz, plan de modernización de la Empresa Nacional del Petróleo.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del Diputado señor Gutenberg Martínez, políticas construcción de resaltos moderadores de velocidad.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del Diputado señor Vargas, subsidio para Comité San Lorenzo de la comuna de Cabildo.
-Del Diputado señor José García, estado de petición del Club Deportivo El Mirador, comuna Padre Las Casas.
-Del Diputado señor Kuschel, urbanización, bajada de aguas, evacuación de aguas lluvias y otros problemas de los edificios de la población Mirasol, comuna de Puerto Montt.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-De la Corporación, proyecto de ley de protección a las personas contra discriminación racial o étnica.
Municipalidad de Temuco
-Del Diputado señor Huenchumilla, diversos problemas pendientes en esa comuna.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (102)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
llende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Ignacio Walker.
Asistió, además, el Ministro de Hacienda subrogante, señor Manuel Marfán; el Ministro de Minería subrogante, señor César Díaz, y los Senadores señores Hosaín Sabag y Andrés Chadwick.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.14 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 13ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
RETIRO DE PROYECTO
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de su Excelencia el Presidente de la República relativa al retiro del Congreso Nacional del proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el de Estados Unidos, referido al Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el comercio y la inversión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
MONUMENTO EN MEMORIA DEL CARDENAL ANTONIO SAMORÉ. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto que autoriza erigir, en la ciudad de Punta Arenas, un monumento en memoria del Cardenal Antonio Samoré.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, es el señor Villouta.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 1393-04 (S), sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 12.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 36ª, en 2 de septiembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar los proyectos al término del Orden del Día, es decir, a las 18.00 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , por encargo de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación me corresponde informar el proyecto que autoriza erigir un monumento, en la ciudad de Punta Arenas, en memoria del Cardenal Antonio Samoré .
La idea central de la iniciativa es rendir un homenaje público a dicho Cardenal, mediante la erección de un monumento en la ciudad de Punta Arenas, en reconocimiento de los valiosos servicios prestados al país para lograr la firma del Tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina.
Deseo señalar, brevemente, los antecedentes de este alto dignatario de la Iglesia.
El Cardenal don Antonio Samoré nació el 4 de diciembre de 1905, en Bardi, Italia. Ingresó al Seminario Menor Diocesano a los once años de edad y pasó, a los dieciséis, al Seminario Mayor , donde se doctoró en teología. Más tarde, en el Ateneo Lateranense de Roma obtuvo su doctorado en derecho canónico. Recibió su ordenación sacerdotal el 10 de junio de 1928.
Llamado al servicio de la Santa Sede, en 1932 fue enviado como secretario a la Nunciatura Apostólica de Lituania y en 1938 pasó a la de Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial prestó servicios en la Secretaría de Estado. En 1947 fue destinado, en calidad de consejero, a la Delegación Apostólica en Estados Unidos.
El Papa Pío XII lo nombró arzobispo titular de Trinovo y nuncio apostólico en Colombia el 30 de enero de 1950. Recibió la ordenación episcopal el 16 de abril del mismo año. En ese país, la Universidad de Cauca, Popayán, le confirió el doctorado honoris causa.
Regresó al Vaticano en 1953, como secretario de la Sagrada Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, cargo en el cual dedicó atención preferente a los problemas religiosos de América Latina. Fue miembro de la comisión que preparó la I Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Río de Janeiro en 1955. Posteriormente, fue secretario, vicepresidente y presidente , sucesivamente, de la Pontificia Comisión para América Latina, instituida por el Papa Pío XII en 1958, siendo uno de los inspiradores y creadores del Consejo Episcopal Latinoamericano, más conocido como Celam.
Integró la comisión encargada de preparar el Concilio Vaticano II y la Comisión Conciliar para el apostolado de los laicos. Fue consultor de las Sagradas Congregaciones para la Doctrina de la Fe Consistorial e Iglesias Orientales, presidente de la Pontificia Comisión para Rusia, consiliario del Círculo de Roma y socio de la Diputación de Historia Patria de las Provincias Parmenses.
No obstante sus ocupaciones y cargos, el Cardenal Samoré nunca descuidó su actividad pastoral. Así, en Roma fue confesor del Oratorio de San Pedro y de la cárcel de Regina Coeli , y más adelante dirigió Villa Nazaret , institución fundada por el cardenal Tardini para la educación de jóvenes pobres. En Bogotá, Colombia , se destacó por su dedicación en favor de los más necesitados.
El Papa Pablo VI lo instituyó cardenal en el Consistorio el 26 de junio de 1967.
Como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, en 1968 participó en la II Asamblea del Episcopado Latinoamericano, efectuada en Medellín. Se desempeñó como uno de los tres presidentes de dicha Asamblea, inaugurada por el Papa Pablo VI en la Catedral de Bogotá.
Este Pontífice lo nombró, el 2 de noviembre de 1968, prefecto de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos. El 25 de enero de 1974 lo designó bibliotecario y archivero de la Santa Iglesia Romana. En el Consistorio del 12 de diciembre del mismo año, le adjudicó el título de la iglesia Suburbicaria de Sabina y Poggio Mirteto .
El 24 de diciembre de 1978, el Papa Juan Pablo II lo nombró enviado especial del Vaticano ante los gobiernos de Chile y Argentina, para dirimir la controversia surgida entre ambos países sobre la zona austral del canal Beagle. En aquella oportunidad, viajó a las capitales chilena y argentina, en las que desplegó una intensa actividad hasta conseguir, el 8 de enero de 1979, la firma del Protocolo de Montevideo, en virtud del cual ambas naciones aceptaron someter sus diferencias a la mediación de la Santa Sede, renunciando, así, al uso de las armas. A partir de ese momento, el Cardenal Samoré consagró todos sus esfuerzos a acercar las posiciones en conflicto, pero no alcanzó a presenciar la firma del Tratado de paz y amistad, puesto que falleció el 3 de febrero de 1983, antes de que éste se concretara.
Al ocurrir su deceso, se desempeñaba como miembro del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, y de las Sagradas Congregaciones para los Obispos, para las Iglesias Orientales y para la Evangelización de los Pueblos.
Su importante y exitosa misión de paz merece de más la decisión de nuestro Parlamento para erigir un monumento en su honor.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , no puedo menos que alegrarme por la erección de un monumento al Cardenal Samoré . Sin embargo, quiero llamar la atención de la Corporación respecto de dos situaciones.
La primera es que ha transcurrido bastante tiempo sin que se aprobara un proyecto sobre erección de monumentos. El último fue publicado como ley el 23 de febrero de 1998, en memoria del sacerdote Juan Bosco . En todo caso, desde el 5 de septiembre de 1990, cuando se autorizó la erección de dos monumentos -uno en Santiago y otro en Antofagasta- en memoria de don Edmundo Pérez Zujovic , ex Vicepresidente de la República , hasta hoy, existen 25 leyes aprobadas sobre esta materia, pero no más de cuatro o cinco erigidos.
Quizás, se debe a que la ley Nº 17.288, sobre monumentos nacionales, contempla, en el artículo 18, una norma que, a lo mejor, inhibe la construcción de los monumentos. Dice: “No podrán iniciarse trabajos para construir monumentos o para colocar objetos de carácter conmemorativo, sin que previamente el interesado presente los planos y bocetos de la obra en proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales y sólo podrán realizarse estos trabajos una vez aprobados por el Consejo, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes.
“La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de uno a cinco sueldos vitales, sin perjuicio de ordenarse la paralización de las obras”.
Primera traba: la presentación del proyecto, y, segunda, los recursos disponibles.
Cuando se aprobó el proyecto sobre erección de un monumento en memoria del Padre Juan Bosco , me llamó el Senador Juan Hamilton , autor de la moción, y me hizo presente -en esa época yo presidía la Comisión de Educación- que los recursos estaban disponibles y que, por lo tanto, no había problema alguno. Pero ése es un caso absolutamente excepcional.
Creo que estas iniciativas debieran ser estudiadas en las Comisiones de Hacienda y de Educación, pues si se quiere erigir monumentos en memoria de ilustres personas, es indispensable consultar los recursos, porque de otra manera se crean falsas esperanzas e ilusiones.
No estoy hablando del caso del Cardenal Samoré , cuya familia no está aquí, sino del de Edmundo Pérez , Jorge Alessandri , Eduardo Frei , Luis Bossay , Jaime Guzmán , Radomiro Tomic , Padre Alberto Hurtado , Bernardo Leighton , Juana Ross , Mario Recordón , teniente de Carabineros Hernán Merino Correa , Tucapel Jiménez , en fin. Creo que es muy peligroso dar falsas ilusiones a la gente diciéndole que aprobamos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, un proyecto que autoriza la erección de un monumento en memoria de determinada persona y que, transcurridos 5, 8 ó 10 años, el proyecto se transforme en letra muerta, porque no se ha cumplido con el artículo 18 de la ley de monumentos nacionales o, lo que es mucho más frecuente, no existan los recursos necesarios.
Por supuesto, daré mi voto favorable para aprobar la erección del monumento al Cardenal Samoré , ¡cómo no hacerlo!; pero si queremos legislar con alguna seriedad sobre el particular, la Mesa -encargada de determinar qué proyectos pueden ser autorizados- o la Sala, debieran establecer un mecanismo que exija a los patrocinantes indicar de dónde se obtendrán los recursos.
Por lo demás, el Reglamento de la Cámara así lo preceptúa. Cualquier proyecto que implique un costo debe señalar la fuente de los recursos.
Sería importante que la Cámara estudiara el financiamiento para la erección de futuros monumentos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señora Presidenta , como representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, no puedo sino apoyar en forma entusiasta la iniciativa de erigir un monumento, en mi ciudad de Punta Arenas, en homenaje al Cardenal Samoré .
Creo que las aprensiones del Diputado señor Errázuriz no se concretarán en este caso, ya que la moción fue impulsada por ex alumnos del Instituto Don Bosco, colegio salesiano de Magallanes.
Los miembros de esta Corporación, al igual que el país entero, recuerdan los álgidos y tensos momentos que vivieron los habitantes de Magallanes como consecuencia del eminente riesgo de estallido de una guerra con los hermanos argentinos. Esos mismos habitantes, por momentos aterrados en aquella época, hoy, agradecidos, tributan su más amplio respaldo a la iniciativa en comento.
El Cardenal Samoré -a quien el Papa Juan Pablo II le dijo: “Vaya usted a los dos países y evite a cualquier precio esa guerra”- y sus asesores confiaron siempre en que se produciría el milagro que permitiría encontrar el elemento justo para el adecuado arreglo del conflicto.
Agotador fue el peregrinar de este hombre que, a pesar de sus años, demostró poseer capacidad intelectual y fuerza anímica acordes con una negociación tensa y difícil, que buscaba, ni más ni menos, evitar una guerra.
Las páginas de la historia de nuestro país y, por cierto, las de la hermana República Argentina, ya recogen pormenorizadamente los antecedentes del conflicto y la actuación del Cardenal Samoré .
Hoy concurro con mi voto favorable para que las actuales y futuras generaciones de magallánicos y, por cierto, todos los chilenos, tengan la efigie de este noble Cardenal, para que nunca olviden a este hombre de Iglesia que, al igual que otros cardenales, como monseñor Casarolli , el Cardenal argentino Raúl Crematesta , el Cardenal Raúl Silva Henríquez , contribuyeron a lo más preciado de la convivencia social, la paz interna y externa de nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , en un mundo como el actual, global, interrelacionado, donde los esfuerzos de integración, como el Mercosur y otros, son particularmente especiales y fructíferos, cuesta recordar lo que vivió nuestro país a fines de la década del 70; específicamente, que haya sido prácticamente real un conflicto armado con la vecina nación de Argentina. Sin duda, para los que vivíamos en Magallanes en esa época, para los que éramos niños en diciembre de 1978, el conflicto con Argentina fue muy real; la posibilidad de una guerra fue absolutamente cercana. Por eso, la figura, el nombre y el recuerdo del Cardenal Samoré son especialmente significativos para todos los magallánicos. Para los que vivíamos en Magallanes, y que, como éramos niños, estábamos particularmente temerosos de la posibilidad de un conflicto bélico, el Cardenal Samoré , designado por el Papa el 24 de diciembre -como un verdadero regalo navideño para los magallánicos- fue un símbolo de paz que trabajó esforzadamente hasta llegar a materializar, en 1984, el Tratado permanente de paz y amistad con la República Argentina.
Por eso considero absolutamente necesario, justo y merecido que la comunidad nacional y, en especial en este caso, la comunidad magallánica y mi ciudad de Punta Arenas, rindan un homenaje a la figura del Cardenal Samoré con la erección de este monumento.
Quiero concurrir con mucho gusto a la posibilidad de agradecer, aunque sea a través de una efigie, en nombre de todo Chile, sobre todo de Magallanes, a la figura del Cardenal Samoré, artífice de la paz con nuestra hermana República Argentina.
Votaré favorablemente el proyecto y espero que sea también la intención de los diputados presentes.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , como lo expresaron los parlamentarios de los respectivos distritos de Punta Arenas, no cabe duda de que nuestra patria está en deuda eterna con el Cardenal Antonio Samoré ; más aún cuando él, en 1984, no pudo estar presente en la firma del Tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina porque había fallecido el año anterior.
En la discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Educación, en la cual participé, se recordó y clarificó que si no hubiera existido la capacidad y sabiduría, en primer lugar, de Su Santidad Juan Pablo II , al nombrar al Cardenal Samoré enviado especial del Vaticano ante los Gobiernos de Chile y Argentina, sin duda que se habría terminado en un conflicto bélico, y no sólo Punta Arenas habría tenido dificultades y problemas, como dijeron los parlamentarios que tan dignamente representan a esa ciudad, sino que también todo el país.
Por otro lado, a propósito de que el colega Maximiano Errázuriz es miembro titular de la Comisión de Educación, y fue asimismo su presidente , quiero recordar que, durante mis primeros ocho años como parlamentario, también me correspondió ser integrante y presidente de esa Comisión en representación de la bancada democratacristiana, y el motivo por el cual tomamos el acuerdo, en 1992, de que todos los proyectos de ley relativos a la erección de monumentos contaran con el visto bueno del Consejo de Monumentos Nacionales dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, fue porque en 1988 hubo que demoler un monumento en homenaje a los trabajadores chilenos levantado frente al Hospital del Trabajador en Santiago , por considerar que constituía una afrenta para ellos. Creo que así legislamos sobre un tema que dice relación con mantener la tradición y lo que han hecho por nuestra patria algunas personalidades. Y, desde un punto de vista ético, artístico y urbanístico, nadie más idóneo que los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales.
Por eso ha habido dificultades para la construcción de algunos monumentos que hemos aprobado; pero creemos que a veces su demora es en función de respetar en mejor forma nuestras tradiciones, dando un ejemplo a las generaciones futuras.
En nombre de la Democracia Cristiana, anuncio nuestra total y absoluta aprobación de este proyecto de ley, porque hace justicia a un gran hombre, como lo fue el Cardenal Samoré .
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señora Presidenta , quiero hacer un muy breve comentario del tema planteado por el Diputado Maximiano Errázuriz . Entiendo que no es bueno ni positivo que exista un conjunto de monumentos nonatos, es decir, aprobados en el Parlamento y reflejados solamente en un texto.
Soy contrario a que este aspecto se resuelva mediante el aporte de fondos del Estado para concretar las decisiones que aquí se adopten respecto de la construcción de monumentos. El hecho de que se apruebe el proyecto de ley y luego no se construya el monumento respectivo, está indicando que esa proposición no contaba con el suficiente respaldo ciudadano para ser acogida en el Congreso Nacional.
Creo que en el futuro, si algún tipo de resguardo es preciso adoptar, es el de contar con la certeza de que en el ámbito ciudadano exista la voluntad de contribuir económicamente a materializar la proposición que se impulsa a nivel del Parlamento.
Digo esto porque de las palabras del Diputado señor Errázuriz colegí que existiría la intención de que fuese el Estado quien resolviera los problemas derivados de la no construcción de monumentos que ya han sido aprobados por el Congreso Nacional. Eso me parecería un grave error. Desde luego, no deben destinarse recursos públicos para ese fin.
En cuanto al proyecto de ley en discusión, no podemos, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, sino expresar nuestro acuerdo, dado que la figura del Cardenal Samoré ha quedado enraizada definitivamente en nuestra historia por el cometido que llevó a cabo en un momento muy singular que vivió el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
-La votación no se pudo imprimir por error en la manipulación del sistema.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta , quiero dejar constancia de mi voto a favor.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Así quedará consignado, señor diputado .
Aprobado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
A continuación, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
Diputados informantes de las Comisiones de Economía y de Hacienda son los señores Tuma y Montes, respectivamente.
Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , este proyecto ya fue informado a la Sala, y varios señores diputados se refirieron a él.
En esa ocasión, la Oposición manifestó algunos reparos, pero en función de la importancia del fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, en conjunto con el Gobierno, todos hemos llegado a un protocolo de acuerdo que permitirá aprobar en general el proyecto y que vuelva a la Comisión, donde recogeremos las indicaciones propuestas, para que después se apruebe rápidamente en el Senado.
El acuerdo alcanzado por todos los sectores políticos en el seno de la Comisión de Economía permite iniciar un auspicioso proceso de reforma de la legislación sobre libre competencia. Celebrado en presencia del Ministro y del Subsecretario de Economía y de los parlamentarios de la Comisión, contempla dos propósitos:
lº Se consideró la urgente necesidad de aprobar el proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica, instrumento que se valora como esencial para garantizar la libre competencia en los diferentes mercados de bienes y servicios.
2º Para asegurar un pronto despacho de la iniciativa con un amplio acuerdo político, se concordó en la aprobación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados y en la presentación por parte del Ejecutivo de dos indicaciones. La primera, para sustituir la letra h) del artículo 27 del proyecto por una nueva, que contemple las facultades de investigación que otorga al Fiscal Nacional Económico el artículo 24, letra i), del decreto ley Nº 211, actualmente vigente, y la segunda, para constituir una comisión compuesta por el Ministro y el Subsecretario de Economía y el Fiscal Nacional Económico, con el objeto de encargarse de efectuar el encasillamiento de los funcionarios de la Fiscalía, en los términos contemplados en el artículo 1º transitorio del mismo proyecto.
Presentadas las indicaciones, el proyecto será aprobado en particular y despachado al Senado para que cumpla su segundo trámite constitucional.
Los representantes de las bancadas parlamentarias hemos solicitado al Ejecutivo información adicional respecto de la forma y oportunidad en que se otorgarán los beneficios remuneracionales que el proyecto contempla para los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica, la que será proporcionada por el Gobierno en la comisión técnica respectiva.
Asimismo, en el acuerdo se contempla la creación de una comisión técnica, integrada por representantes del Gobierno y de la Oposición en la Cámara de Diputados, que en el marco de las tareas que por encargo de su Excelencia el Presidente de la República lleve adelante la comisión de subsecretarios y superintendentes, que coordina el Subsecretario de Economía , con participación de la comisión de estudios para la reforma de la institucionalidad regulatoria del Estado, que dirige don Alejandro Jadresic , con el objeto de formular una propuesta a partir de la cual se pueda elaborar un proyecto de ley que permita la reforma y perfeccionamiento de la institucionalidad jurisdiccional que contempla el decreto ley Nº 211, esto es, la ley antimonopolios, en la dirección de crear una judicatura especializada en el ámbito económico -léase tribunales económicos-.
Estamos dando una muy potente señal, tanto los sectores de Oposición como de Gobierno, respecto de la necesidad de modernizar nuestra legislación para obtener una economía que dé garantías de competitividad y transparencia a los mercados.
Creemos que esta misma voluntad se expresará cuando se reciba en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el defensor del usuario, no sólo respecto de los derechos de las personas en relación con las grandes empresas monopólicas de servicios, sino también con los derechos de los ciudadanos referidos a su relación con los servicios del Estado, lo cual creará un conjunto de instrumentos que permitirán garantizar los derechos en el ámbito económico, de las empresas, de la pequeña y mediana empresa, ya que habrá un mercado transparente y, por supuesto, existirá la garantía de que el sistema económico se perfeccionará a través del otorgamiento de igualdad de oportunidades a sectores que no las tienen y de la libre competencia.
Por último, felicito a los parlamentarios miembros de la Comisión de Economía que participaron en el acuerdo, que refleja la voluntad de la Cámara de Diputados por lograr una legislación que asegure la transparencia del mercado y la competitividad de nuestra economía.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , la verdad es que hoy sólo estamos retomando la discusión general del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Fiscalía Nacional Económica, pues su tramitación estaba suspendida.
El motivo de la suspensión se debió a que nuestro sector estaba dispuesto a rechazar la idea de legislar, guiado por la voluntad política de avanzar en materias de Estado y terminar definitivamente con las modificaciones parciales a ciertos cuerpos legales.
Quiero recordar que entonces, tanto en la Comisión como en la Sala, íbamos a rechazar el proyecto porque sólo contenía una modificación muy parcial, sin duda, a uno de los entes encargados de resguardar la libre competencia, como es la Fiscalía Nacional Económica. No tocaba las comisiones preventiva y resolutiva.
En la actualidad, las materias económicas son cada día más complejas y difíciles de resolver y no es suficiente simplemente una Fiscalía Nacional Económica, una comisión preventiva y una comisión resolutiva, tal como están concebidas en el decreto ley Nº 211.
En esa oportunidad manifestamos que era fundamental, como primer paso de modernización del Estado, avanzar en la judicatura o tribunales económicos, como organismos especializados y autónomos no sólo para resguardar la libre competencia, sino también para incorporar dentro de sus facultades y de su competencia una serie de otras materias.
Con motivo de la suspensión de la tramitación, iniciamos las conversaciones con el Ejecutivo , en este caso representado por el Ministro de Economía , y después de semanas de trabajo hemos arribado a un acuerdo que nos parece satisfactorio, en términos de avanzar en la dirección que hemos propiciado.
Solicito que ese acuerdo se inserte en la versión, por cuanto es muy preciso. Establece un cronograma suficientemente claro, según el cual durante el primer trimestre de 1999 estaríamos discutiendo la existencia del tribunal económico y la judicatura económica, basados en un estudio conjunto que harán los técnicos del Ejecutivo y quienes somos parte del área económica en el Parlamento.
Con esto daremos una señal muy importante, que va más allá de la contingencia política. Los países terminan estancándose cuando sólo son capaces de mirar lo inmediato y no miran hacia adelante, hacia el mediano y largo plazo.
Sin duda, la existencia de un tribunal económico y de una jurisdicción especializada en materia económica es el primer paso hacia la modernización en esta área. Por eso, celebramos la existencia del acuerdo.
Tampoco hemos querido ser mezquinos. Se dota a la Fiscalía Nacional Económica de mayor cantidad de funcionarios y mejor remunerados.
El acuerdo, en síntesis, establece el aumento tanto de la planta como de las remuneraciones del personal y deja las materias sustantivas a la discusión del tribunal económico.
Por estas razones, mi partido aprobará la idea de legislar y hará todos los esfuerzos para tener como piso, respecto del tribunal económico, la libre competencia, en el entendido de que se abordarán materias aduaneras, tributarias y otras, como comisión de distorsiones, que son relevantes y que ojalá estemos discutiendo en el primer trimestre de 1999.
Asimismo, esperamos discutir en particular el proyecto la próxima semana, para despacharlo al Senado.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José ).-
Señora Presidenta , anuncio el voto favorable de los diputados de Renovación Nacional en esta iniciativa de ley que pretende fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. Lo hacemos en el entendido del acuerdo a que se refirió el Diputado señor Tuma y basándonos en las mismas consideraciones señaladas por el Diputado señor Orpis .
Estimamos que el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica a la mayor brevedad es un paso indispensable para garantizar mayor transparencia en los mercados internos y sancionar a quienes cometen infracción a la libre competencia.
Sin embargo, el problema de la libre competencia no es sólo de los mercados internos, sino también de los internacionales. Chile lo ha vivido y sufrido en carne propia con el ingreso de productos extranjeros fuertemente subsidiados por las tesorerías de sus países de origen.
Por lo tanto, adherimos plenamente a la idea de trabajar con los equipos técnicos respectivos para la creación de una judicatura económica que vele efectivamente por la libre competencia, por la transparencia de los mercados, por la competitividad en los productos, para que los precios sean reflejo de los costos y no del apoyo que las tesorerías de los países más ricos le pueden entregar a sus productores.
El papel regulatorio del Estado en materia de libre competencia para quienes creemos en el libre mercado y en un sistema de economía social de mercado, es un aspecto central, porque no puede seguir ocurriendo lo que sucede hoy, en que vemos desaparecer al pequeño comerciante, al pequeño agricultor, al pequeño industrial, porque la competencia que viene desde afuera o porque las grandes compañías nacionales los ahogan y terminan llevándolos a la quiebra.
Es necesario tener una legislación eficaz, que garantice la libre competencia y sancione oportuna y adecuadamente a quienes infringen las normas de la libre competencia. Eso estará mucho mejor garantizado en un tribunal de la libre competencia, en un tribunal económico, más que en la Fiscalía Nacional Económica en los términos en que actualmente se encuentra.
Por las razones señaladas, reitero que sumaremos nuestros votos a la idea de legislar y para que se produzca un mejoramiento de remuneraciones en la Fiscalía Nacional Económica, en el entendido de que será transitoria, mientras el Congreso Nacional se dedica a la discusión y despacho lo más pronto posible de un tribunal de la competencia que, en definitiva, es el organismo que estimamos que el país necesita.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Ramón Núñez .
El señor NÚÑEZ .-
Señora Presidenta , quiero anunciar, tal como lo han señalado y por las razones que han expuesto los Diputados señores Tuma , Orpis y José García , los votos favorables de nuestro Comité a este acuerdo político logrado por el gobierno y los Diputados de la Concertación y de la Oposición, para fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, aumentar su personal, crear los cargos de fiscalizadores, aumentar sus remuneraciones y otorgar una bonificación de estímulo por desempeño funcionario.
Creemos que con este acuerdo que hemos logrado respaldamos la labor que se ha realizado en la Comisión de Economía y resolvemos una dificultad que teníamos para seguir avanzando en el desarrollo del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señora Presidenta , es indudable que este proyecto se enmarca dentro de la función reguladora y fiscalizadora que le compete al Estado en una economía abierta de mercado y competitiva y que, de alguna manera, propende a establecer relaciones de equilibrio entre las empresas y entre éstas y los usuarios, pues el mercado forma parte del sector empresarial y, por cierto, los usuarios constituyen una parte importante. En consecuencia, los monopolios no sólo afectan a los empresarios, sino que también a los usuarios y consumidores.
En este marco es evidente que la actual legislación es absolutamente insuficiente si la comparamos con legislaciones más avanzadas que la nuestra. Incluso sus economías son menos desarrolladas que las de nuestro país.
Indudablemente, este proyecto constituye un avance, pero quiero dejar establecidas algunas aprensiones respecto de cómo quedan las regiones con esta iniciativa, porque las facultades de las fiscalías regionales quedan absolutamente iguales, y las facultades que puede legar el Fiscal Nacional en las regiones son insuficientes y restringen severamente la facultad investigativa de las fiscalías regionales.
Si uno observa detenidamente el proyecto, puede advertir que el Fiscal Regional no puede actuar como parte, representando el interés general de la colectividad.
En segundo lugar, no puede inspeccionar sin restricciones por sí o a través de funcionarios las operaciones, bienes, libros, estados de cuenta, archivo y documentación de toda empresa.
En tercer lugar, tampoco puede ejercitar la acción penal por sí o por delegados.
En cuarto lugar, no puede ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes inmuebles. Es decir, en este proyecto las facultades de las fiscalías regionales están severamente restringidas. En consecuencia, la situación de las regiones queda prácticamente igual.
Ahora bien, la economía del país también se está expandiendo a las regiones, y tenemos grandes empresas que hoy actúan en ellas. Sin embargo, dejar restringidas las facultades de las fiscalías regionales, de alguna manera, impide una sana y libre competencia en los mercados regionales.
Por eso, quiero dejar sentadas estas aprensiones para cuando el proyecto vuelva a la Comisión respectiva.
En todo caso, la bancada del PPD va a dar su apoyo a esta iniciativa, por estimar que es un avance en cuanto a tener mercados competitivos abiertos en una economía de mercado, como la que hoy tiene el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , a propósito de la intervención del Diputado don Aníbal Pérez , me gustaría aclarar un concepto importante que está involucrado en este acuerdo político.
En realidad, tal como señalé en mi primera intervención, en definitiva, se acordó que todas las materias sustantivas y de contenido, establecidas en el decreto ley Nº 211, serán radicadas para ser estudiadas cuando se cree el tribunal económico, cuyo proyecto de ley, como máximo plazo, debe quedar ingresado al Congreso el primer trimestre de 1999. Ello, porque este proyecto abordaba aspectos parciales.
Indudablemente, una legislación y un tribunal económico independiente, autónomo y con especialización va mucho más allá de hacer un par de modificaciones a las comisiones preventivas regionales o a la comisión resolutiva. Es un proyecto de mucho más largo aliento, más profundo.
De tal manera que grandes modificaciones a la actual estructura y en materia de contenido no van a existir, porque, básicamente, y en función de este acuerdo político, el proyecto apunta a dotar de mayor cantidad de personal a la fiscalía y a mejorar las remuneraciones; pero los aspectos sustantivos ya están siendo tratados actualmente por la Comisión Jadresic, en materia de modernización del Estado, y nos vamos a incorporar, tanto Gobierno como Oposición, para abordar el tema del tribunal económico.
De manera que en respuesta muy directa al Diputado don Aníbal Pérez , las grandes modificaciones, no sólo de libre competencia, las van a encontrar en el proyecto que genere la Judicatura Económica Especializada y Autónoma, que estaría ingresando el primer trimestre del próximo año como plazo máximo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , la bancada socialista también va a apoyar el acuerdo en que hemos participado, en el entendido de que el proyecto original del Ejecutivo buscaba fortalecer las facultades de la fiscalía, además de cambiar y fortalecer su régimen de personal y de remuneraciones.
En el transcurso del debate pasado, se llegó a la conclusión o se planteó con mucha fuerza la necesidad de hacer un cambio mucho más global de la institucionalidad para proteger la libre competencia de conductas anticompetitivas y de los abusos de posiciones monopólicas. En verdad, hay consenso en que es necesario fortalecerla y mejorarla, pero quiero señalar que el refrán “lo óptimo es enemigo de lo bueno” hay que tenerlo bien presente, porque esto puede demorar tanto tiempo que, al final, no contemos ni siquiera con una fiscalía con la agilidad necesaria para salir al paso a muchas prácticas anticompetitivas que existen y que se siguen postergando y dilatando.
Por eso quiero destacar el punto del acuerdo que dice que hay un plazo máximo de 60 días para que entre un proyecto en esta dirección, porque si esto se va a postergar uno o dos años y vamos a seguir con problemas de prácticas monopólicas en distintos mercados, ya sea de origen nacional o externo, en verdad no estaríamos tomando ahora una buena solución.
Estamos de acuerdo en reducir el proyecto a los aspectos de planta y de remuneraciones, en el entendido de que el plazo de 60 días efectivamente se va a cumplir y en que muy pronto vamos a tener un debate sustantivo para mejorar realmente la institucionalidad que existe. La situación irá siendo cada vez más compleja si esto no se aborda oportunamente.
En ese marco apoyamos el acuerdo. Nos hubiera gustado que el Ejecutivo hubiera estado presente en el debate de manera de ver el alcance más preciso del acuerdo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , como recordará la Sala, nosotros fuimos particularmente críticos -y lo ha recordado el Diputado señor Montes- de muchos aspectos del proyecto en su momento, y si hoy estamos dando nuestro apoyo a la idea de legislar es precisamente porque tenemos la misma línea de argumentación que el Diputado señor Montes.
Queremos tener un plazo para discutir bien aquellos aspectos que considerábamos equivocados o que constituían fallas. No queremos un proyecto que sea una solución parcial al tema.
Recuerdo que opinábamos que había problemas en la legislación sustantiva, en la legislación procesal y también en ciertas atribuciones que se le estaban confiriendo al Fiscal Nacional Económico.
Por eso, después de una discusión en comisiones, hemos querido apoyar la idea de legislar, pero en un claro compromiso con el Gobierno -por eso habría sido interesante que estuviera el Ejecutivo- para mejorar la discusión en comisiones, y con un plazo fijo, de estos tres aspectos: mejores tribunales, mejores figuras y atribuciones y facultades para la fiscalía desde el punto de vista moderno que le permitan cumplir su labor adecuadamente. Es decir, si estamos dando ahora nuestro acuerdo a la idea de legislar es porque pensamos que podemos trabajar conjuntamente para un sistema más eficiente, mucho mejor, que dé más garantías, que responda más a las realidades económicas actuales y también porque estamos de acuerdo en hacer esto en un plazo específico que nos permita -repito- tener mejores tribunales, mejores figuras sustantivas y también mejores atribuciones para la fiscalía.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
De acuerdo con lo acordado por la Sala, el proyecto se votará al final del Orden del Día.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación general el proyecto que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
Se deja constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Las indicaciones presentadas al proyecto en su primer trámite constitucional son las siguientes:
Artículo primero
1. Del Diputado señor Orpis, don Jaime, para sustituir, en el inciso segundo del artículo 21, que se reemplaza, la frase “de la exclusiva confianza del Presidente de la República ” por la siguiente oración: “quien será nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo de la mayoría de los senadores en ejercicio y durará en su cargo cuatro años. Será inamovible, salvo que proceda una causa legal”.
2. De la Diputada señora Caraball, doña Eliana y Diputados señores Walker, don Patricio; Reyes, don Víctor; Jiménez, don Jaime; Salas, don Edmundo y Tuma, don Eugenio, para agregar al final del artículo 23 que se reemplaza, dentro del acápite relativo a los requisitos relativos a los auxiliares, a continuación del vocablo “Básica” la frase “o la Educación Primaria”.
Artículo primero transitorio
3. Del Ejecutivo , con la aprobación de la Comisión de Hacienda, en orden a agregar el siguiente inciso cuarto: “Los funcionarios que reciban el beneficio indicado en el inciso anterior, no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en la Fiscalía Nacional Económica, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada en Unidades de Fomento más el interés corriente para operaciones reajustables.”.
MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE MINERÍA EN RELACIÓN CON LA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS. Proposiciones de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Minería, en relación con la superposición de pertenencias mineras.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 814-08, sesión 17ª, en 6 de mayo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 4.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta , quiero informar a la Sala en forma sucinta los acuerdos de la Comisión Mixta -a pesar de que en este trámite no hay diputado informante -, pues este proyecto comenzó a tramitarse hace un año y medio en el Senado y muchos de los actuales diputados no conocen su tenor ni lo resuelto por la Comisión Mixta.
Originalmente, esta iniciativa abarcaba cuatro puntos bastante importantes. El primero decía relación con la superposición de pertenencias mineras; el segundo con la publicación y la constitución de pedimentos o manifestaciones; el tercero con la prohibición de peritos mineros para mensurar un terreno ya mensurado, y por último, un tema tratado por la Cámara, que no vio el Senado y que después fue rechazado por la Comisión Mixta, relacionado con las pertenencias sobre nitratos y sales análogas.
Las proposiciones de la Comisión Mixta son bastante coherentes y fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, donde estaban representadas todas las bancadas políticas.
Se propone una modificación al artículo 27 del Código de Minería, el cual, como señalé con anterioridad, prohíbe las superposiciones. Mediante este artículo se faculta al juez para que vele por la observancia de esta prohibición.
También cabe destacar un tema bastante técnico que se trató, cual es que esta prohibición no dice relación con las autosuperposiciones que puede hacer cualquier minero que, teniendo mensurado su terreno, desea mensurarlo de nuevo. No hay prohibición sobre eso. Lo que se prohíbe es que haya una superposición sobre una pertenencia ajena, lo que ha derivado en una serie de juicios en los distintos tribunales del país.
En segundo lugar, se proponía modificar el artículo 50 en el sentido de crear un extracto del pedimento o de la manifestación y, de una u otra manera, modificar la publicación de dicho extracto.
La unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta coincidió en dejar esta materia tal como está en el Código Minero, porque hay una especie de cultura minera en términos de que los extractos, las manifestaciones o los pedimentos mineros sean publicados en los distintos boletines, y cualquiera innovación en la materia, en vez de ayudar, podría llevar a confusión.
En tercer lugar, el Código de Minería prohíbe al perito mensurar una pertenencia ya mensurada, pero no tiene sanción, lo que ha generado que algunos peritos se presten para esto, y como no hay sanción específica, pueden seguir ejerciendo esta labor o acción.
Al respecto, la Comisión estudió un texto aprobado por el Senado, el cual consigna que si a un perito mensurador se le sorprende ejerciendo estas acciones, nunca más podrá mensurar una mina. Es decir, era castigado a perpetuidad. La comisión consideró que el castigo era demasiado drástico y lo reemplazó por la prohibición de mensurar terrenos mineros por un lapso entre tres y seis años, especificando que tal inhabilidad lo es para llevar a efecto mensuras mineras y no para otras labores ajenas a la minería.
Finalmente, durante el trámite del proyecto en la Comisión de Minería de la Cámara, se pensó incluir el tema de las pertenencias sobre nitratos y otras sales análogas, lo cual generó mucha controversia. En la Comisión Mixta decidimos casi por unanimidad -si no me equivoco, hubo dos abstenciones- no incorporar ese título, por considerar que lo que se nos proponía, en lugar de solucionar el problema, podría constituir un elemento que lo agravara. Como es de conocimiento público, hay algunos juicios, casi todos en su última etapa, es decir, en la Corte Suprema; por lo tanto, abrir un proceso administrativo, podría generar conflictos que no solucionarían los problemas y evitarían alcanzar los objetivos buscados.
Es cuanto puedo informar y anuncio los votos favorables de la bancada de la UDI a la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Ministro de Minería .
El señor JIMÉNEZ ( Ministro de Minería ).-
Señora Presidenta , sólo cuatro palabras breves y directas.
El informe del Diputado señor Leay es absolutamente objetivo y exacto, de manera que no vale la pena que describa la forma en que queda el proyecto que se somete a la consideración de la Sala.
Sólo quiero agregar un juicio de valor. El Gobierno estima que aprobar el informe de la Comisión Mixta significa un paso adelante para el efectivo mejoramiento del ordenamiento minero, pues sin alterar la filosofía del código ni su sistemática, se refuerza en forma eficaz el principio de exclusividad.
El Gobierno está estudiando la posibilidad de insistir, por las vías constitucionales que correspondan, en un eventual artículo 8º transitorio. Respecto de dicho artículo se ha objetado la posibilidad de que pueda influir en juicios pendientes. Ahora bien, si se llega a la convicción técnica y jurídica de que efectivamente esta disposición puede ser aprovechada por las personas que actualmente están litigando ante los tribunales, evidentemente no se insistirá ni por la vía del veto ni de otra iniciativa.
En síntesis, tal como queda configurado según la descripción del Diputado señor Leay, el proyecto es un avance efectivo en el ordenamiento minero que ha sido tan propicio para el crecimiento de la industria minera y el incremento de las inversiones extranjeras en el sector.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.
EL señor LUKSIC.-
Señora Presidenta , quiero ser muy conciso en mi opinión.
Este proyecto de ley, que lleva mucho tiempo en tramitación, es de gran importancia especialmente para los pequeños mineros, quienes por no contar con la información y la defensa judicial requeridas, muchas veces se ven perjudicados con esto de las superposiciones mineras.
Por eso, creo que en la Sala existe el ánimo y la voluntad de votarlo favorablemente. No sé si es posible pedir la unanimidad, porque tengo entendido que el acuerdo es para votarlo a las l8 horas. ¿No es posible modificar tal acuerdo?
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
No hay acuerdo, señor diputado .
El señor LUKSIC.-
El proyecto es de la mayor importancia, en especial para la protección de los pequeños mineros.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señora Presidenta , coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en que éste, sin duda, es uno de los proyectos más relevantes para el sector minero del país.
Es importante para los pequeños y medianos mineros, porque hoy muchos de ellos se ven enfrentados a gente que, como consecuencia de los problemas que presenta la legislación vigente, superpone pertenencias mineras. Sus reclamaciones se tramitan en juicios sin fin, terminando por perder su propiedad minera.
Sin embargo, así como el problema afecta a los pequeños y medianos mineros, también grandes proyectos de inversión se han visto perjudicados por estas ambigüedades. Hay personas que, de mala fe, inventan litigios con la finalidad de demorar proyectos que significan millones de dólares y, por esta vía, obtienen considerables recursos.
Con este proyecto gana el país entero, porque prohíbe -a mi juicio, en forma tajante- la superposición de pertenencias mineras, y sanciona a los profesionales que intervienen en el proceso.
La actual legislación minera no es simple, y corregirla y perfeccionarla, a mi juicio, no ha sido una tarea fácil. Creo que la normativa que hoy nos rige, no obstante ser perfectible como cualquier obra humana, ha permitido que en nuestro país se hagan cuantiosas inversiones mineras. En el último período, en Chile se ha efectuado la mayor inversión minera de Sudamérica, y eso ha sido sobre la base de una legislación que ofrece condiciones propicias para que quienes invierten en el país se sientan seguros.
A mi juicio, este proyecto -tal como lo entendieron las Comisiones de Minería de la Cámara y del Senado y la Comisión Mixta- perfeccionará dicha legislación, le dará mayor seguridad y certeza y, sobre todo, evitará que se sigan produciendo los abusos descritos. Además, la iniciativa establece una obligación perentoria al juez que tramita el proceso: velar por la observancia de la prohibición de no superponer pertenencias mineras. Asimismo, se sanciona -y muy duramente- a los profesionales que intervengan en el proceso de constituir una pertenencia minera.
A quienes no se manejan en este tema, puedo explicarles brevemente que los profesionales que llevan a cabo la manifestación minera conocen a la perfección qué sitios, qué lugares y por qué pastas se han pedido, especialmente en algunas zonas. Por eso mismo, el proyecto dispone que “El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente, sufrirá la pena de prisión en cualquiera de sus grados a reclusión menor en su grado mínimo,”.
A mi juicio, con eso se genera una señal clara en la legislación, a fin de evitar que algunos profesionales, a pesar de saber que esa propiedad minera tiene dueño, constituyan una nueva.
Por último, quiero ser enfático sobre un tema que se discutió bastante aquí en la Cámara, producto de lo cual se llegó a un acuerdo final en la Comisión Mixta: el interés manifestado por el Ministerio de Minería de incluir en este proyecto el catastro salitral, mediante diversas disposiciones que permitían incluir aquellas propiedades no consideradas en dicho catastro.
En verdad, no obstante tratarse de un objetivo muy loable y positivo, creemos que no habría sido pertinente -así lo planteé en la Comisión- incluirlo en esta iniciativa por tratarse de un tema distinto. Pero lo que nos hizo más fuerza para excluirlo es que, últimamente, en el Parlamento se ha recurrido reiteradas veces a la mala práctica de dictar normas para zanjar derechos litigiosos. Así se hizo con beneficios que el Fisco debía a los profesores, y también en otros casos. Creo que eso no corresponde, pues para ello están los tribunales de justicia. Y en este tema, a pesar de que la disposición establece específicamente que este proyecto no genera nuevos derechos, en la práctica sí se generarían. Por eso, la Comisión Mixta acordó por unanimidad -espero que así ocurra en la Sala- excluir el tema, y espero que podamos tratarlo en el futuro.
Por lo tanto, por considerarlo un avance para la minería de Chile, pido a la Sala -si es posible- que apruebe por unanimidad este proyecto de ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, este proyecto también será votado al final del Orden del Día.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación la propuesta de la Comisión Mixta sobre el proyecto que introduce modificaciones al Código de Minería, en relación con la superposición de pertenencias mineras.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
El señor PALMA (don Andrés).-
¿No hay ningún señor diputado que esté inhabilitado para votarlo?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento, eso le corresponde calificarlo a cada uno.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
Aprobado.
Se deja constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor JIMÉNEZ ( Ministro de Minería ).-
Muchas gracias, señor Presidente y honorables señores diputados, por haber escuchado la opinión del Gobierno.
He dicho.
MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PARLAMENTARIO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
A continuación, corresponde continuar ocupándose del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Constitución Política de la República, en lo relativo a los requisitos para ser elegido parlamentario.
Tiene la palabra el Diputado señor Leal.
El señor LEAL .-
Señora Presidenta , esta discusión no es banal, puesto que se trata de eliminar una discriminación en contra de un sector relevante del país, al cual se le impide ser parte de uno de los poderes del Estado, cuyo único requisito debería ser gozar del apoyo de la ciudadanía. Se niega, así, la esencia del concepto moderno de ciudadanía del Estado basado en la representación.
Quiero subrayar que el Parlamento no es una academia que requiera más grados y títulos que ser ciudadano y tener apoyo popular; no es un club para personas selectas, a pesar de que de las palabras del Diputado señor Gustavo Alessandri se desprende que hay quienes se sentirían más cómodos en una especie de Cámara de los Lores, que los propios ingleses discuten en estos días cómo eliminar.
Quiero decir de paso, que a don Arturo Alessandri Palma , inspirador de la avanzada Constitución liberal de 1925, jamás se le habría ocurrido una exclusión de esta magnitud.
El Parlamento es el órgano de representación de la sociedad tal como es; nace para ser la expresión de los diversos sectores sociales, de las diversas ideologías, de los distintos intereses; nace como el terreno donde todo esto se coteja, se diferencia, busca consensos, expresa la pluralidad, la diversidad y el acuerdo. El Parlamento debe ser la voluntad de todos, de la cual nos hablaba Rousseau, y ello debe expresarse en su propia composición.
Así, negar el ingreso a él a quien no tiene educación media es una forma de “apartheid” social que restringe la representatividad del Parlamento, es instaurar un Parlamento censatario, anacrónico con la universalidad del mundo del fin del siglo, es establecer un tipo de monopolio del poder para determinados grupos de la sociedad, es retornar a los criterios de Constant, que señalaba que sólo la propiedad otorga a los hombres la capacidad de ejercitar derechos políticos, y sabemos que crecientemente el conocimiento es un tipo de propiedad, visión que ha sido ampliamente superada por las grandes revoluciones burguesas y por todo el pensamiento iluminista de los últimos doscientos años.
Lo imperfecto de nuestra democracia no dice relación sólo con los senadores designados y vitalicios y con la subvención que otorga la ley electoral a las minorías, sino que también es imperfecta porque es excluyente, porque discrimina, porque contiene criterios aristocratizantes y elitistas que, en el fondo, hacen que la política, crecientemente, sea una cosa de especialistas, de pocos, de un grupo de plutócratas que deciden por la mayoría y en su nombre.
La democracia, que desde Pericles en adelante ha sido concebida como el gobierno de los muchos, tiene reglas y principios que deben ser respetados para que se constituyan efectivamente en una democracia. Uno de ellos -y ésta es la conquista central de la Revolución Francesa- es el principio básico de la igualdad ante la ley. Ya en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre -francesa- señalaba: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y pueden optar de igual forma a todas las dignidades y cargos públicos sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos”.
Es decir, cuando se afirma esta discriminación en la composición de este Parlamento se niegan los principios cardinales del liberalismo político, lo que no es de extrañar, ya que la Constitución chilena de 1980 es fruto de un gobierno autoritario y antiliberal, pero resulta paradójico y triste que en nuestra Derecha chilena tan pocos estén dispuestos a defender los más elementales principios fundacionales del liberalismo.
¿Qué igualdad ante la ley puede haber en un sistema político donde usted es ciudadano y, en cambio, no puede ser parlamentario? ¿Qué igualdad hay ante la ley en un país donde se excluye a chilenos por razones socioeconómicas? ¿Qué representatividad existe en un Parlamento donde no hay minorías étnicas, donde las mujeres son escasas, donde la mayoría de los dirigentes sindicales, vecinales, campesinos, temporeros y muchos poetas y músicos populares no tienen derecho porque no tienen estudios medios para estar en el Parlamento?
Quiero decirle a los colegas parlamentarios que de este Parlamento no podrían haber formado parte ni Manuel Rojas, ni González Vera -Premios Nacionales de Literatura-, ni Violeta Parra , orgullo internacional de nuestra cultura, ya que ninguno de ellos cursó la enseñanza media. La propia Gabriela Mistral , Premio Nobel de Literatura, dio exámenes libres en la Escuela Normal y no cursó regularmente estos estudios. Ciertamente, la inteligencia, el talento, la imaginación no se compran en el mercado y hay miles de autodidactos que han sido ilustres parlamentarios, ministros y figuras de nuestra cultura, que estudiaron en la escuela de la vida y forjaron un preclaro pensamiento en la lucha social o en la creatividad artística.
Mantener esta discriminación significa profundizar la autorreferencialidad del sistema político. Significa transformar la política en una técnica para especialistas y en una competencia de elite, que se autorreproducen y se disputan entre ellos las cuotas de poder del Estado. Esto es completamente anacrónico con la democracia moderna caracterizada justamente por representar la extensión y eficacia de los derechos individuales de todos los ciudadanos.
Un sistema político que se genera y reproduce a sí mismo obliga a los excluidos a operar fuera del Estado, lo cual es una permanente amenaza para la estabilidad de un sistema democrático.
En la soberanía popular, el requisito verdaderamente válido para ser parlamentario, es ser elegido por nuestros propios pares. Pero hay quienes viven en su propio mundo y quieren reproducir el Chile de Las Condes y de la riqueza como si éste fuera el único Chile. Pero en este Chile, en el Chile real, hay más de un 50 por ciento de chilenos mayores de quince años que no tienen educación media. En este Chile real, son 1.241.532 los chilenos de entre 15 y 24 años con educación media incompleta. En la Quinta Región hay 110 mil chilenos entre estos grupos etarios con baja escolaridad. En la Región Metropolitana, 403 mil; en la Octava, 186 mil, por hablar sólo de algunas regiones del país.
El 85 por ciento de los obreros chilenos, el 90 por ciento de los campesinos no tiene educación media completa. Es decir, todo este universo en que hay dirigentes sindicales, poblacionales, campesinos, concejales, alcaldes, chilenos y chilenas de los más variados oficios, no puede ser miembro de este Parlamento, el cual no sólo rechaza las reformas laborales e impide que los trabajadores tengan mayores derechos a la sindicalización, negociación colectiva y un espacio que equilibre la gestión del modelo económico, sino que además limita los derechos políticos al obstaculizar el acceso a la representación parlamentaria.
Francamente, me parece que esto es una vergüenza, que debería corregirse por la dignidad y credibilidad del Parlamento.
Por ello, apoyo el proyecto de ley y pido a todos mis colegas que lo aprueben para terminar con esta discriminación y hacer un poco más democrática e integradora la vida institucional del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señora Presidenta , en 1990 presentamos este proyecto de ley en conjunto con los Diputados Andrés Aylwin , Rubén Gajardo , doña Eliana Caraball , Francisco Huenchumilla , Juan Concha , Edmundo Salas , Hernán Bosselin y Hosaín Sabag , y lo hicimos porque en los tiempos inmediatos al advenimiento del régimen democrático se había suscitado un gran debate sobre las exigencias de la enseñanza media y de saber leer y escribir.
En el siglo pasado, en las Constituciones Políticas de 1822, 1823 y 1828 se establecía el llamado voto censatario, pero en ninguna de sus disposiciones se exigía saber leer y escribir, y esos ciudadanos tenían derecho a votar y a ser elegidos.
Al respecto, debo recordar que don Andrés Bello sostuvo una gran discusión con otro jurista de su tiempo, a propósito de la supresión del derecho a sufragio de los analfabetos, y sostenía que eso no podía hacerse respecto de aquellos que ya habían obtenido el derecho a sufragio y que debía regir hacia adelante. Aún más, en el siglo pasado las constituciones fueron dando plazos para que madurara el proceso educativo y estas personas pudieran votar y ser elegidas.
Citaré un interesante párrafo de don José Manuel Irarrázaval , sobre el municipio autónomo cuando él, refutando a aquellos que no creían en la autonomía de las municipalidades señalaba: “Llevamos ya 80 años de menor edad, y parece que había ya sobrado tiempo de ser declarados mayores. Si nosotros continuamos -decía este autor- practicando las costumbres y marchando por los senderos del absolutismo no se divisará la posibilidad de adquirir en ningún plazo de años ni de siglos, los hábitos de la libertad”.
Este ilustre autor del siglo pasado señalaba que no obstante haber transcurrido 80 años de esperar que la educación llegara a todos los sectores, esto parecía una meta que jamás se podría alcanzar.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, hoy, el 5,4 por ciento de los mayores de cinco años de edad están en condiciones de saber leer y escribir; no era así en 1952, en que los analfabetos alcanzaban a un 25 por ciento de la población mayor de cinco años.
En consecuencia, en la actualidad, tenemos prácticamente un universo completo que sabe leer y escribir, y no parece racional exigir algo que colisiona en nuestra actual Constitución Política, porque mientras el artículo 13 dice que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva y que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieren -nada se dice de saber leer y escribir-; el artículo 44 exige tener enseñanza media para postular a diputado , o sea, en la propia Constitución hay una colisión entre la calidad de ciudadano y los requisitos para optar a un cargo de elección popular, en este caso, a parlamentario.
Más aún. Hoy, para ser Presidente de la República no se necesita tener enseñanza media ni tampoco se le exige saber leer y escribir; sin embargo, puede darse el caso de que una persona que ejerció el cargo de Presidente de la República , posteriormente, no pueda presentarse como candidato a diputado , por no tener enseñanza media, no obstante se diga que los presidentes de la República acumulan una tremenda experiencia y sabiduría que después pueden aplicar en las funciones parlamentarias.
Incluso, más de alguno podría ser Senador vitalicio sin saber leer ni escribir o, en su caso, careciendo de enseñanza media.
Asimismo, quiero recordar que los requisitos para ser elegido parlamentario o Presidente de la República, siempre estuvieron ligados al derecho a voto de los analfabetos.
El 6 de agosto de 1965, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados señalaba que “El derecho a sufragio de los analfabetos se justifica si se tiene presente que estas personas están sujetas a todas las cargas y obligaciones que impone el Estado y les afectan por igual la eficacia en la conducción de los negocios públicos y parece, en consecuencia, de absoluta equidad otorgarles la facultad de decidir respecto de las personas que van a influir en la marcha de los intereses públicos.
“Por otra parte, ello no constituye ninguna novedad en la legislación de los países que sufren atraso cultural en sus estructuras sociales más bajas. Es así como en América Latina actualmente sólo se prohíbe el derecho a sufragio de los analfabetos, aparte de Chile, en Brasil, Ecuador y Perú”.
Acercándonos a tiempos más recientes, quiero dar a conocer y recordar lo que Renovación Nacional, el 30 de noviembre de 1988, en un documento denominado “Proposiciones de Renovación Nacional para una reforma de la Constitución de 1980” -que recomiendo lea el Diputado señor Espina-, señalaba respecto de esta exigencia, en la letra d) de la página 248 lo siguiente: “Renovación Nacional estima que el requisito para ser elegido diputado o senador, relativo a la obligación de haber cursado enseñanza media o equivalente, no parece justificado ni conveniente”.
-Aplausos.
El señor ELGUETA.-
“No parece razonable marginar de la posibilidad de postular a los indicados cargos a numerosas personas que tienen sobradas condiciones para el ejercicio parlamentario, no obstante no haber cursado la enseñanza media”.
Pero cuando se conversó sobre este documento en la llamada “Comisión Técnica Renovación Nacional-Concertación”, sobre reformas constitucionales, en el segundo informe, del 15 de mayo de 1989, proponían reformas como la de la página 299: “La comisión técnica insiste en la inconveniencia de mantener el requisito de haber cursado enseñanza media”.
En consecuencia, éste no sólo ha sido un criterio de la Concertación, sino también de Renovación Nacional, y es bueno que lo cumplan.
Además, otro documento sobre reformas sugeridas por la comisión técnica, que figura en la página 323 de este libro, dice: “Esta Comisión Técnica Renovación Nacional-Concertación recomienda lo siguiente:
“Artículo 44.- Sustituirlo por el siguiente: “Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad el día de la elección y saber leer y escribir”.
Pero una nota de los integrantes de la Comisión señores Urzúa y Reymond, que deben ser conocidos en ese partido, proponen no incluir el requisito de saber leer y escribir.
Por lo tanto, sin necesidad de usar los razonamientos que aparecen en los programas de la Concertación, en el sentido de ampliar la posibilidad de que todos los ciudadanos chilenos puedan postular a estos cargos parlamentarios, sino que recurriendo a la lógica y a las propuestas de Renovación Nacional, que están documentadas antes de las elecciones de 1989 y con posterioridad al plebiscito -a lo mejor en esa época tenían miedo a la democracia y después lo fueron perdiendo, aceptando estas condiciones-, se le puede pedir que las sigan afirmando, porque son sanas para una estabilidad democrática.
Entre las personas que uno recuerda, hay numerosos ex parlamentarios. Así tiene que haber ocurrido en el pasado, porque había muchos agricultores que llegaban acá no tanto por reunir títulos académicos o universitarios, sino porque tenían una propiedad raíz. Ése era el fundamento del sufragio en el siglo pasado y no se exigía saber leer y escribir, hasta la Constitución de 1833, que, sin embargo, prorrogó esta exigencia por alrededor de 15 años.
No la exigía, porque en esa época de agricultores, se fijaron incluso para las épocas de las cosechas y de las siembras los períodos de las legislaturas ordinaria y extraordinaria, porque en un momento estaban legislando y en otro se encontraban en sus fundos. Venían acá y realizaban grandes y grandilocuentes debates entre personas de gran formación, que opinaban sobre los problemas del país, respecto de la paz y la guerra, en cuanto a nuestras fronteras, sobre una serie de temas institucionales o constitucionales, con gran sabiduría.
Incluso, en los partidos de Derecha hubo parlamentarios de gran cultura y saber que nunca tuvieron enseñanza media.
Aún más, hoy es conocida la exigencia de tener un certificado laboral. Por lo tanto, cuando en nuestro país no se quiere decir la verdad, se recurre al fraude. Entonces, si una persona se quiere presentar como candidato a parlamentario y sólo tiene tercera preparatoria o tercer año básico, obtiene un certificado de estudios laboral y con eso cumple con el requisito de la enseñanza media para postular a todos los cargos, hasta a Presidente de la República , pues allí ni siquiera se exige saber leer ni escribir, mucho menos haber cursado la enseñanza media.
En consecuencia, aquí hay una continuidad histórica, tradicional, que Renovación Nacional no pudo menos que aceptar en los documentos que he señalado y que recogemos, pues debo reconocer que la idea que presentamos en 1990 con los diputados que firmamos el proyecto, no provenía precisamente de nuestros bancos, sino que de la continuidad histórica de las propuestas de la Derecha, donde, si bien es cierto puede haber gente con mucho dinero, pero, a lo mejor, por ganarlo no tuvieron tiempo de ir a la escuela.
Así ocurrió en Viena, como recordé en la Comisión Investigadora de Codelco, cuando un joven, que siempre quiso ser monaguillo, fue rechazado por el cura porque no sabía leer ni escribir. Se amargó, tomó un barco y llegó a Estados Unidos, el país de las oportunidades, y se hizo inmensamente millonario. Cuando tenía como 50 años, tuvo que ir a firmar una escritura y el notario le dijo: “Señor, debe leer primero antes de firmar”. Él le contesto: “Yo no sé leer ni escribir”. Entonces, el notario, teniendo en vista su gran fortuna, le comentó: “¿Adónde habría llegado usted si hubiera sabido leer y escribir? Y él le replicó: “Habría sido monaguillo en una iglesia de Viena”.
Al revés de lo que piensa el Diputado señor Gustavo Alessandri , su antepasado hablaba de “mi querida chusma”. En esa época, don Arturo no le exigía a su electorado ni a los diputados que lo iban a apoyar en el Congreso grandes estudios académicos o haber hecho una tesis sobre determinadas materias, sino que él hablaba de “mi querida chusma”, y a los otros los llamaba “la canalla dorada”. Por algo él hacía esa distinción.
Ahora, al reconstituir la democracia entre todos, nos toca, en este punto, devolver a los chilenos -que a veces tienen que enfrentar guerras, cumplir con el servicio militar, pagar impuestos, celebrar contratos de trabajo, sobre todo porque hoy el analfabetismo ya no existe en Chile, la posibilidad de ser parlamentario sin tener que cumplir esta exigencia odiosa y discriminatoria.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA .-
Señora Presidenta , resulta triste ver que algunos diputados, como los que acaban de hacer uso de la palabra, echan por la borda todo el esfuerzo del país y del propio gobierno de la Concertación por mejorar la educación en Chile, porque en lugar de nivelar hacia arriba, lo están haciendo exactamente en el sentido contrario.
En un breve examen del tema de fondo, deberíamos llegar a lo que dice el Diputado señor Masferrer . No realicemos más esfuerzos ni aportes económicos para mejorar la educación, porque no tendría ningún sentido hacerlos si no se hace ninguna exigencia a quienes postulan al Parlamento, lugar donde debe darse la más rica y mejor discusión.
Mucho más serio sería -intentando ser coherente con la presentación de quienes han promovido el proyecto- eliminar todo tipo de exigencias para desempeñar algún trabajo, como requisitos de educación, incluso en el servicio público.
Entonces, claramente estamos frente a un contrasentido que no tiene, en la práctica, ninguna explicación razonable, salvo para aquellos que aún no dejan sus banderas, por más que se cambien de partido, y siguen insistiendo en los viejos, añosos, desprestigiados y fracasados modelos políticos.
El fundamento a fin de rebajar el requisito del nivel educacional para ser parlamentario, en orden a que se debe tener presente lo requerido para postularse a la Presidencia de la República, debería usarse en un sentido exactamente contrario. Es decir, debemos elevar el requisito educacional exigido para ser Presidente o, por lo menos, igualarlo al requerido para ser parlamentario. Allí, entonces, tiene coherencia y verdadero sentido la iniciativa de una sociedad que cree o estima que se va desarrollando.
Este proyecto es regresivo, no nos prestigiará y sólo intenta llevarnos a un pasado al que nadie, supongo, quiere volver a repetir o a cometer los mismos errores, porque todos estaremos contestes en que no es para enorgullecerse el hecho de que en la Cámara de Diputados, muchas veces, tuvieran mayor preponderancia los tinteros y la agresión por sobre las ideas.
Voy a rechazar el proyecto pensando en el beneficio de la sociedad, porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ojalá debieran estar siempre las mentes más brillantes del país.
Es cierto que mucha gente talentosa y capaz ha llegado al Congreso Nacional con gran esfuerzo y dedicación, pero estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí no hemos nacido con grandes recursos, pero con sacrificio, esfuerzo y la ayuda de nuestros padres, hemos podido tener una educación. En la práctica eso debe ser premiado y no lo contrario.
Por esta razón, reitero, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Hemos llegado al término del debate.
Se deja constancia de que están inscritos, para continuar la discusión del proyecto, los Diputados señores Hales, Rojas, Girardi, Pérez, doña Lily; Gutiérrez, Leay, Palma, don Osvaldo; Coloma, Alessandri, Van Rysselberghe, Ibáñez, Espina, Jiménez, Juan Bustos, Felipe Letelier, Huenchumilla, Hernández, Ojeda, Mulet, Luksic, Jocelyn-Holt y señora Caraball, doña Eliana.
¿Habría acuerdo en cerrar la inscripción para hacer uso de la palabra?
No hay acuerdo.
Queda pendiente la discusión del proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
RECONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE DROGAS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 21, de los Diputados señores Rincón, Reyes, Pareto, señorita Sciaraffia, doña Antonella; señor Martínez, don Gutenberg; señora Pérez, doña Lily; señor Acuña, señora Caraball, doña Eliana; señores Velasco, León, Silva, Pérez, don Aníbal; Urrutia, Núñez, Delmastro, Jiménez, Letelier, don Felipe; Pérez, don José; Riveros, Álvarez-Salamanca, Jarpa, Cornejo, don Patricio; Errázuriz, Sánchez, Muñoz, don Pedro; Naranjo, Orpis, Álvarez, señora Allende, doña Isabel; señores Galilea, don Pablo, Mulet, Villouta, Correa, Alvarado, Leay, señora Guzmán, doña María Pía; señores García-Huidobro y Masferrer.
“Considerando:
1º Que el tema de la droga, su consumo y tráfico ilícito constituye un tema de permanente preocupación e inquietud ciudadana;
2º Que en los períodos legislativos precedentes la Cámara de Diputados acordó la constitución de Comisiones Especiales para investigar acerca de la magnitud del problema de la droga en Chile, para legislar acerca del mismo y para hacer seguimiento permanente respecto de la eficacia de la normativa legal.
Que a raíz de lo anterior, en el período 1990-1994 la Cámara de Diputados tuvo participación relevante en la elaboración, discusión y aprobación de la actual Ley Nº 19.366 sobre tráfico ilícito de estupefacientes, y en el período 1994-1998 en la evacuación de un completo informe respecto de su aplicación y eficacia.
3º Que aún se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados los siguientes proyectos de ley, en razón de no existir Comisión competente para su conocimiento:
a) Pruebas de consumo de drogas para los choferes de la locomoción colectiva. (Boletín 1748-20).
b) Pruebas de consumo de drogas para funcionarios del Estado. (Boletín Nº 1751-07).
c) Prohíbe consumo de drogas a personas que cumplan funciones determinadas en el sector público o privado. (Boletín Nº 1752-07).
4º Que para formular una política de Estado coherente respecto a los distintos problemas que abarca el fenómeno de la droga en nuestro país, debe llevarse a cabo una labor coordinada entre los Poderes Ejecutivo , Legislativo y Judicial.
5º Que atendida la preocupación creciente que ha demostrado el Gobierno en materia de educación, lo que se ha traducido en una política de mejoramiento y globalización programática, se hace necesario incluir en los contenidos transversales de estudios una orientación adecuada respecto a la prevención del consumo de drogas en niños y adolescentes y sus perniciosas consecuencias.
6º Que actualmente la Cámara de Diputados participa como miembro invitado del Consejo Nacional contra los estupefacientes (Conace) e integra la Comisión Permanente Contra el Narcotráfico del Parlamento Latinoamericano “Parlatino”, en virtud de lo cual es pertinente y conveniente que la Corporación, continúe trabajando en el ámbito de la legislación y del seguimiento de las políticas y programas que forman parte del Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas.
7º Que entre las metas que se ha propuesto el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) para el año 1998, órgano dependiente del Ministerio del Interior y encargado a nivel gubernamental del problema de la droga en Chile, se encuentran:
-Fortalecimiento, desarrollo, difusión y análisis del conjunto de los componentes del Sistema Nacional de Información sobre Drogas, tendiente a optimizar y orientar los programas y proyectos de esta área.
-Promover el cumplimiento de los objetivos de la Política y Plan Nacional a través de la coordinación con los organismos encargados de la prevención del uso indebido de droga y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
-Incentivar la cooperación e intercambio internacional en materia de prevención del consumo indebido, el tratamiento de las personas afectadas por la drogadicción, y el control y fiscalización de drogas y estupefacientes.
Todas estas tareas requieren de una labor legislativa complementaria que permita el logro de los objetivos perseguidos.
8º Por último, que la Segunda Cumbre de las Américas incorporó en el Plan de Acción al cual deberán abocarse los Estados que suscribieron al Acuerdo Final, el combate a las drogas ilícitas como parte del programa de prevención y fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos, destinando recursos adicionales a este tema y reforzando con ello el compromiso internacional de una América libre.
En virtud de los antecedentes expuestos y de lo prescrito en los artículos 113 y 229 del Reglamento de esta Corporación, y demás normas pertinentes de este cuerpo legal, los diputados abajo firmantes, proponemos el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Reconstituir la Comisión Especial de Drogas, con vigencia hasta el término del actual período legislativo, y con el mandato expreso de abocarse a conocer las iniciativas legales sobre las materias que sean sometidas a consideración de la Corporación y de efectuar un seguimiento permanente de las políticas y programas que constituyen y forman parte del Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señora Presidenta , el consumo y tráfico ilícito de la droga constituye un tema de preocupación nacional. Los acontecimientos ocurridos en estos días así lo demuestran.
En los períodos legislativos precedentes existieron en la Cámara comisiones especiales para investigar el problema de la droga, lo cual demuestra el compromiso público, legislativo y de fiscalización con un tema, repito, de importancia nacional.
De hecho, la Cámara ha tenido participación relevante en la aprobación y promulgación de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, como también en la evaluación de los distintos programas implementados a nivel nacional, evacuando informes a través de las referidas comisiones especiales.
Sin embargo, aún se encuentran pendientes en la Cámara distintos proyectos relacionados con dichas materias, que es fundamental impulsar y tratar si queremos que el tema siga vigente en nuestra legislatura.
Además, para formular una política de Estado coherente, es necesario que el Poder Legislativo esté presente junto a los Poderes Judicial y Ejecutivo . Ello, a través de una comisión especial para el período legislativo 1998-2002.
También es claro que existe un compromiso internacional sobre el tema, pues si revisamos los últimos acuerdos de la Cumbre de las Américas, realizada en Chile, está incorporado específicamente en los convenios suscritos y en las agendas de los Presidentes de toda América, el que adquirirá mayor trascendencia en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Canadá, por entender que se trata de un tema esencial para fortalecer una América libre, pues la democracia en los Estados no sólo se fortalece por las instituciones que tienen, sino también en la medida en que son capaces, responsable y concertadamente, de abordar este tipo de temas.
La alarmante posición de Chile, que ya se sitúa en el quinto lugar a nivel internacional como consumidor de benzodiazepina y anorexígenos, da cuenta de una situación especial en nuestra sociedad, que revela la trascendencia del problema.
Por eso, diputados de todas las bancadas hemos promovido este proyecto de acuerdo, con el objeto de reconstituir la Comisión Especial de Drogas, con vigencia hasta el término del actual período legislativo, la que tendrá como funciones esenciales tratar las iniciativas propias de una comisión como ésta, las pendientes y otras, como también velar y fiscalizar adecuadamente los distintos programas que se están implementando y que han dado prueba de serio éxito en nuestro país, e incorporar activamente, sobre todo a través del Fondo Concursable Nacional, a la comunidad organizada.
Por todo lo expuesto, pido la aprobación unánime de la Sala para este importante proyecto de acuerdo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , apoyaré el proyecto de acuerdo, que también he patrocinado, pero, de alguna manera, quiero discrepar de la argumentación del Diputado señor Rincón, porque, efectivamente, este Parlamento dictó una ley sobre drogas, y después evacuó un informe evaluando los distintos programas.
En verdad, si uno analiza el texto de dicho informe, es bastante crítico respecto de los programas, independiente de que haya una serie de proyectos pendientes de discusión parlamentaria. De manera que considero fundamental retomar el informe que elaboró la propia Comisión de Drogas en la evaluación de la ley de drogas, para que, efectivamente, esos programas se apliquen como corresponde, porque hoy el fenómeno y la masificación de la droga está provocando efectos devastadores, sobre los cuales la sociedad chilena no ha tomado real conciencia.
Por lo tanto, es fundamental, al margen de retomar los proyectos pendientes, hacer una evaluación seria de los distintos programas que, reitero, fueron analizados en forma muy crítica en el informe de la Comisión de Drogas al evaluar el cumplimiento de la ley Nº 19.366, que dictó este Parlamento.
Por las razones expuestas, apoyaré la existencia de la mencionada Comisión y, ojalá, podamos seguir monitoreando como corresponde los distintos programas que se están realizando.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para impugnar el proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señora Presidenta , como no hay otra posibilidad reglamentaria para intervenir sobre el particular, solicito dejar establecido en la versión del boletín de sesiones que el proyecto de acuerdo se refiere a temas vinculados a la droga, sin perjuicio de aquellas materias que se refieran a la legislación en materia de tráfico de estupefacientes o drogas, que tradicionalmente hemos conocido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en conjunto con la Comisión Especial de Drogas cuando ésta existía.
Quiero que quede constancia de ello para aprobarlo por unanimidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
COMISIÓN INVESTIGADORA DE SITUACIÓN QUE AFECTA A CARABINEROS DE CHILE. Retiro de proyecto de acuerdo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 22, de los Diputados señores Ceroni, Ávila, Hales, señora Saa, doña María Antonieta; señor Leal, señora Muñoz, doña Adriana; señores Urrutia, Pérez, don Aníbal; Tuma, Sánchez, Letelier, don Felipe; señora Prochelle, doña Marina; señores Soria, Jaramillo, Girardi, señoras Soto, doña Laura; Pérez, doña Lily; señores Delmastro, Longton, Jeame Barrueto y Villouta.
“Considerando:
1. Las recientes manifestaciones efectuadas por mujeres y familiares de Carabineros a propósito de la entrada en vigencia de las modificaciones al DFL 2, Estatuto del Personal de Carabineros.
2. Que, producto de estas manifestaciones, la institución ha presentado querella por sedición impropia en contra de quienes resulten responsables de ellas, y además, ha hecho firmar a su personal un documento en que se comprometen a que ni ellos, ni sus cónyuges o miembros del grupo familiar participarán en nuevas manifestaciones, bajo apercibimiento de ser dados de baja si ello sucede.
3. Que, no obstante lo anterior, durante el día del aniversario institucional se produjeron protestas y manifestaciones protagonizadas por mujeres y familiares del personal de tropa, tras las cuales hubo varios heridos y detenidos. A ello se suman las acciones de protesta producidas durante ese día y los siguientes en las villas en que vive personal de la institución.
4. Que, además, un miembro activo de Carabineros denunció públicamente situaciones de maltrato, irregularidades y discriminación de la oficialidad en contra del personal subalterno de la institución.
5. Que lo anterior ha provocado un verdadero clima de inquietud pública ya que las explicaciones del Alto Mando y del Gobierno no son suficientemente comprendidas por la ciudadanía, agravado más aún cuando el país vive un momento en que se está cuestionando la situación de nuestra seguridad ciudadana y la confianza de las personas en sus organismos policiales.
Por lo tanto:
Los (as) diputados (as) abajo firmantes venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda formar una comisión investigadora, que se aboque a investigar acerca del origen y las causas del conflicto en que se ha visto envuelta la institución de Carabineros de Chile; acerca de la situación socioeconómica en que vive su personal, en especial el de nombramiento institucional; acerca de cuáles son los canales formales que existen en la institución para que su personal haga llegar sus inquietudes al Alto Mando; y acerca de si para detener el conflicto se han adoptado medidas atentatorias en contra de las garantías constitucionales del personal, sus cónyuges o sus familiares”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , teniendo en consideración que en la sesión de la mañana concordamos con algunos proyectos de acuerdo, particularmente con aquél en que solicitamos al Gobierno la creación de una comisión especial que se aboque a analizar una solución real al conflicto de Carabineros , los firmantes del proyecto de acuerdo hemos decidido retirarlo por estimar que la creación de dicha comisión permitirá cumplir con los fines esenciales del proyecto.
Por eso, con el consentimiento de todos los parlamentarios que lo firmaron, solicitamos formalmente su retiro.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Si le parece a la Sala, se retirará el proyecto de acuerdo.
Acordado.
ASIGNACIÓN PROFESIONAL A EMPLEADOS FISCALES CON ESTUDIOS SUPERIORES NO RECONOCIDOS. Oficios.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 23, de los Diputados señores Krauss, Riveros, señora Caraball, señores Velasco, Núñez, Bustos, don Manuel; señorita Sciaraffia, señores Rincón, Silva, Ortiz, León, Letelier, don Felipe; Seguel, Mora, Mulet, señora Prochelle; señores Acuña, Tuma, Pareto, Jarpa, Ojeda, Cornejo, don Patricio; Jiménez, Muñoz, don Pedro; Naranjo, Villouta, Correa, García-Huidobro y Masferrer.
“Considerando:
1. Que aproximadamente 5.000 trabajadores del Estado con gran sacrificio familiar, intelectual y económico han egresado o se encuentran realizando cursos universitarios con el propósito de mejorar sus niveles de rendimiento administrativo, prestar un mejor servicio a la comunidad y alcanzar superiores condiciones económicas y sociales;
2. Que este esfuerzo fue estimulado por la propia administración del Estado, que propicia una profesionalización del sector y una modernización de la gestión pública y por distintas Universidades que promovieron diversas carreras, a las que confirieron carácter profesional;
3. Que la Contraloría General de la República ha variado su criterio interpretativo, no reconociendo el carácter profesional de estos estudios, denegando el beneficio de la asignación profesional a que, se suponía, darían derecho en conformidad a lo establecido en el artículo 3º del decreto ley Nº 479, beneficio que corresponde a la política de incentivos al desempeño justificadamente sostenida por el Gobierno;
4. Que, hasta ahora, los requerimientos tendientes a resolver esta injusta situación formulados tanto ante el Supremo Gobierno como en la Contraloría General de la República por los interesados o la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) no han tenido éxito, encontrándose perjudicados no sólo en sus aspiraciones, sino también como efecto de los compromisos que debieron adquirir para financiar los cursos cuestionados.
La honorable Cámara de Diputados acuerda en conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento:
1. Remitir oficio al señor Contralor General de la República con el objeto de que informe a esta honorable Cámara acerca del criterio que el organismo contralor ha aplicado para denegar el beneficio de asignación profesional a los empleados fiscales que han cursado ciertos estudios superiores a los que no se ha reconocido calidad académica, y
2. Remitir oficio a su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Educación solicitándole arbitren las medidas administrativas o, si fuera necesario, propicien las iniciativas legales que correspondiere para que la situación que afecta a estos trabajadores del Estado sea urgentemente solucionada”.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Melero para plantear un asunto reglamentario.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , sin pronunciarme sobre el contenido del proyecto de acuerdo, me parece que la petición de remitir oficios al Presidente de la República y al Contralor General no es materia de un proyecto de acuerdo. A los señores diputados les corresponde, en virtud del número 1) del artículo 48 de la Constitución Política, pedir en Incidentes el pronunciamiento de la Sala al respecto. En ese tenor, el número 16 del artículo 1º del Reglamento de la Cámara es muy claro respecto de lo que se debe tratar en esta parte de la sesión.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , sin perjuicio de estar de acuerdo con lo manifestado por el Diputado señor Melero , me parece importante que la Sala sepa que ayer el Contralor General concurrió a una sesión de las Comisiones conjuntas de Hacienda y de Educación, en la cual expuso latamente el criterio del órgano contralor respecto del tema planteado en este proyecto de acuerdo. Por lo tanto, creo que él está de más, porque en las actas de la referida Comisión se encuentran los antecedentes requeridos.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , el planteamiento formulado por algunos señores Diputados tiende a disminuir aún más las ya jibarizadas facultades de que dispone la Cámara para cumplir sus funciones.
El número 1) del artículo 48 de la Constitución Política de la República dispone específicamente que es atribución exclusiva de la Cámara “con el voto de la mayoría de los diputados presentes” -es precisamente el procedimiento que consigna el artículo 113 del Reglamento-, “adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República ,...”. Ése es el sentido tradicional de los proyectos de acuerdo. Pero hoy, cuando estamos con facultades tremendamente menguadas, la Cámara pretende, todavía, autodisminuírselas. Me parece verdaderamente sorprendente, por decir lo menos.
Entrando al tema específico, el proyecto de acuerdo apunta a reunir los antecedentes pertinentes para que, en un proceso, la Cámara -que efectivamente ha estado considerando solucionar el problema que agobia a más de cinco mil trabajadores del Estado-, no uno de sus organismos ni una comisión mixta, disponga de los elementos para decidir en la eventualidad de que las soluciones no se den por la vía administrativa.
La verdad es que algunos señores diputados, en más de una oportunidad, se han referido al tema por políticas interpretativas de la Contraloría General de la República, que bien pueden haber sido explicadas -como lo ha hecho latamente el señor Contralor-, y de las cuales quedará testimonio en alguna comisión mixta -ni siquiera en una comisión permanente-; pero el problema radica en que se ha desconocido el derecho de obtener el incentivo al desempeño establecido en el artículo 3º del decreto ley Nº 479.
Esta situación afecta y agobia a aquellos trabajadores del Estado que no sólo han efectuado cursos con mucho sacrificio para mejorar sus niveles de rendimiento administrativo y condiciones personales, sino también para contribuir a los esfuerzos realizados por el Estado en cuanto a mejorar las condiciones de atención y de servicio a la comunidad.
Con ese propósito hemos pedido contar con los antecedentes pertinentes y requerir del Presidente de la República , no sólo en virtud de la normativa del Reglamento, sino que, además, de la atribución consagrada en la disposición constitucional citada -número 1) del artículo 48-, que nos informe acerca de las medidas que se van a tomar para solucionar ese problema, y si ellas no son administrativas, se envíe la iniciativa legal correspondiente.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , después de los fundamentos que planteó el Diputado señor Krauss , quiero ir al fondo del proyecto.
Más de cinco mil funcionarios públicos han hecho un gran esfuerzo para perfeccionarse, sobre la base de una visión de país. Cuando enfrentamos el desafío de hacer más eficiente y moderna la administración pública, los parlamentarios no podríamos sino estar realmente de acuerdo en contar para ello con cuadros técnicos y profesionales. Acá -repito- debemos reconocer, hidalgamente, que más de cinco mil compatriotas, funcionarios de la administración pública, han realizado un tremendo esfuerzo personal y familiar por superarse.
El proyecto de acuerdo es viable y pertinente, sobre todo por los grandes desafíos que tiene nuestro país. Por eso, estamos a su favor.
Además, quiero ratificar lo que dijo el Diputado señor Krauss : el peor error de nosotros sería minimizar cada vez más las pocas facultades de que disponemos.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, a medida que la tecnología avanza y se presentan mejores alternativas para discutir los temas, surgen nuevos procedimientos.
La Comisión de Hacienda convocó a una sesión, que se transmitió por el canal de la Cámara de Diputados a todo el país, en que el Contralor General, el Director de Educación Superior del Ministerio de Educación y otras personas dieron a conocer sus puntos de vista respecto de este tema, y se concluyó que había un problema por resolver debido a una inconsecuencia entre el afán de modernizar el Estado y la forma de promover el perfeccionamiento de los empleados públicos. A partir de ello se fijó una segunda sesión, que celebraremos en los próximos días, a la cual esperamos citar a los señores Orrego y Ramón Figueroa , a cargo de la modernización del Estado y de la Dirección de Presupuestos, respectivamente, con el propósito de buscar una solución.
Quiero decir al colega Krauss -por intermedio de su Señoría- que es bueno llevar adelante este proyecto para hacerle ver al Presidente de la República la necesidad de que haya preocupación; pero también es bueno que busquemos una solución de fondo. Por eso hemos establecido un procedimiento abierto, público, para meternos en el fondo, que dice relación con un tipo de formación no compatible con lo que aparece más coherente y que la Contraloría estimó necesario.
Valoro lo que ha hecho la Comisión de Hacienda con el aporte de la de Educación y, a pesar de que lo otro es algo complementario, me parece que debemos seguir adelante con lo que ya iniciamos.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Como ha terminado el tiempo de los proyectos de acuerdo, quedaría pendiente la votación de éste, salvo que hubiera acuerdo unánime para votarlo de inmediato.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor García-Huidobro para plantear un asunto reglamentario.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , quiero consultar a la Mesa si en la sesión de mañana trataremos el proyecto de ley sobre salario mínimo, que estaría para discusión inmediata. Sería importante que supiéramos si habrá sesión mañana en la tarde.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , todavía no ha ingresado el proyecto a la Cuenta, por lo que no puedo adelantar lo que ocurrirá de aquí a mañana.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , ¿qué información puede entregarnos?
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tengo entendido que el proyecto podría ingresar en cualquier momento del día. De manera que lo más probable es que mañana se dé cuenta de él a la Sala.
VIII. INCIDENTES
CONSTRUCCIÓN DE DOS VÍAS EN PUENTE SOBRE EL RÍO BIOBÍO. Oficio.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el Diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , represento al distrito 47, conformado por once de las trece comunas de la provincia de Biobío o, mejor llamada, de la capital forestal de Chile.
Diariamente aumenta el tráfico en el camino longitudinal cinco sur y, por desgracia, son muchos y cada vez más frecuentes los accidentes en dicha ruta. A unos ocho kilómetros al sur de Los Ángeles se encuentra el río Biobío, sobre el cual existe un puente que, por ser demasiado angosto, no permite que crucen simultáneamente dos vehículos pesados, de gran tonelaje. Los camiones deben pasar de a uno a la vez, y también son muchos los accidentes que allí han ocurrido.
En consideración a la posibilidad de que, en su actual estructura, se construyan bermas en ambos sentidos, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas a fin de que a la brevedad se habiliten las dos vías en ese puente sobre el Biobío, para evitar la repetición de accidentes en que se ven envueltos no sólo habitantes del sur de Chile, sino también muchos vehículos argentinos en tránsito hacia nuestros puertos. Esta es una urgente necesidad.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz y Felipe Letelier .
CONGRATULACIONES POR ACUERDO SOBRE EL SALARIO MÍNIMO. Oficios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Bustos.
El señor BUSTOS (don Manuel) .-
Señor Presidente , solicito que se envíen oficios al Presidente de la República , a los Ministros del Trabajo y de Economía, y a la Central Unitaria de Trabajadores, felicitándolos por el acuerdo a que se ha llegado hoy sobre el salario mínimo. Con ello se concreta un anhelo histórico y se demuestra que es posible, con diálogo franco y serio, hacerlo por tres años.
Es significativo que los trabajadores confíen en el Gobierno, en función de que en tres años mantendrá una inflación controlada bajo el 5 por ciento. Es una buena señal económica que permite a los empresarios apreciar el esfuerzo que hemos hecho.
Por lo tanto, en la lucha que los trabajadores han dado por muchos años, me interesa valorar el acuerdo a que se ha llegado.
Mis felicitaciones al Presidente de la República, a los ministros mencionados y a la Central Unitaria de Trabajadores.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Comité Demócrata Cristiano, del Comité de Renovación Nacional, del Comité Mixto, del Comité Socialista y del Comité del Partido por la Democracia.
MEDIDAS EN FAVOR DE DESPEDIDOS DE EMPRESAS PESQUERAS. Oficios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , quiero referirme a la situación que están viviendo los trabajadores despedidos de las empresas pesqueras de la zona norte, en particular de mi provincia, Iquique .
Más de 300 personas han sido despedidas, especialmente de Eperva y Coloso, lo que respondería a necesidades de las empresas, que tal vez pueden ser justificadas, por cuanto el fenómeno de El Niño realmente ha provocado menos pesca, menos captura y menos comercialización.
Pero la situación en que han quedado los trabajadores es muy precaria. Me he reunido con ellos y me han planteado la necesidad de buscar, a través del Ministerio de Educación, alguna ayuda para sus hijos.
La mayoría de los despedidos bordea los 50 años. Son muy jóvenes para jubilar y considerados muy viejos cuando buscan trabajo. Por lo tanto, necesitan apoyo para seguir brindando educación a sus hijos.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Educación, a fin de que se implemente un plan de becas en este sentido, y al Ministro del Trabajo para que estudie la factibilidad de un plan de egreso que, de alguna manera, contemple capacitación que abra posibilidades laborales.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Comité Demócrata Cristiano, del Comité de Renovación Nacional y del Comité del Partido por la Democracia.
DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. Oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , el 3 de mayo se celebró el día internacional de la libertad de prensa, instituido en 1993 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el objeto de reconocer los sacrificios y luchas realizados en pos de la información libre. Es, por tanto, una conmemoración de especial importancia para la democracia.
En efecto, la libertad de expresión, y como manifestación de ella la libertad de prensa, son elementos fundamentales del sistema democrático. Sin la posibilidad de exteriorizar las ideas de manera amplia, no existe pluralismo, y sin éste la convivencia en sociedad pierde un factor esencial para su desarrollo.
Con razón el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan , ha señalado a la Asociación Mundial de Periódicos que la mejor inversión contra la tiranía, la opresión y el abuso de poder es un ciudadano bien informado, precisamente porque conoce sus derechos y sabe defenderse.
Los chilenos bien sabemos cuánto sufre el cuerpo social cuando es conculcada la libertad de prensa por la censura, la autocensura o la manipulación para imponer la verdad oficial. Ésta fue la realidad que imperó en nuestro país durante los años de dictadura.
Por ello, la recuperación de la democracia en Chile ha generado la necesidad de fortalecer esta libertad fundamental, alejando los riesgos que pudieran afectarla.
Uno de los factores esenciales de su resguardo está en lograr un adecuado y moderno estatuto normativo, que coloque el acento en la expansión y promoción de esta libertad y no en una visión restrictiva que observa un peligro en su ejercicio.
Tenemos la oportunidad de establecer un criterio adecuado en la nueva ley de prensa, cuyo proyecto pronto conoceremos en tercer trámite en la Cámara.
También debemos preocuparnos de fortalecer la existencia de pluralismo en el sistema informativo. En tal sentido, no hemos de eludir el tratamiento de las dificultades económicas que enfrentan algunos medios de comunicación. Es un hecho que cuando desaparece uno, lo más probable es que se está afectando al pluralismo y favoreciendo la concentración en el sistema informativo. Ha sido importante que, como señal de preocupación, diversos sectores, más allá de posturas ideológicas, hayan reaccionado ante esta situación, ejemplarizada en la actitud asumida frente al diario La Época.
En Chile tenemos la posibilidad real de fortalecer el sistema informativo y la libertad de expresión. Existe la voluntad de las diversas instituciones y organizaciones de participar en este esfuerzo. Ello ha quedado de manifiesto en el debate desarrollado en torno de la nueva ley de prensa, en cuya elaboración han participado de manera activa el Colegio de Periodistas, la Asociación de Radiodifusores de Chile, la Anatel y la Asociación Nacional de Prensa.
Señor Presidente , solicito que, en el marco del Día Internacional de la Prensa , se envíe oficio de saludo a las organizaciones señaladas, haciendo nuestras las expresiones del señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas .
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
TRASLADO DE MINISTRO DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación que afecta a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la persona del ministro Mario Águila Benavides .
Dicho ministro fue trasladado a la Corte de Apelaciones de Chillán, en virtud de haber estrenado la Corte Suprema la facultad entregada en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución.
Anteriormente, esa norma facultaba las permutas, que asimismo debía autorizar el Presidente de la República , y en la reforma constitucional se cambió para que operara respecto de la Corte Suprema y, de esa forma, pudiera efectuar traslados, pero con dos requisitos: en primer lugar, la Corte Suprema debía ser citada especialmente a este efecto y, en segundo lugar, dictar una resolución fundada.
En el caso del ministro mencionado, en resolución de 16 de enero, complementada en marzo, se le trasladó a la Corte de Apelaciones de Chillán en calidad de fiscal. Sin embargo, no se ha cumplido ninguna de las situaciones previstas por la Carta Fundamental.
En primer lugar, se le aplicó el traslado como una sanción, en circunstancias de que éste sólo es procedente cuando el interesado lo pide, y, en segundo lugar, pese a que en diciembre fue en visita a Puerto Montt el señor fiscal de la Corte Suprema, quien, en su informe a ésta, no pidió ninguna sanción ni estableció ningún hecho que pudiera afectar a la conducta ministerial o a la honorabilidad de este magistrado.
En consecuencia, no se le podía trasladar como sanción. Sin embargo, la Corte Suprema lo ha hecho como medida disciplinaria, y ya he explicado que se reemplazaron las permutas entre funcionarios judiciales, las que eran voluntarias y se hacían con autorización del Presidente de la República .
Según la actual Carta Fundamental -lo dijo la propia señora Ministra de Justicia -, el traslado debe ser por las razones que ella señala y que apuntan a considerar esta institución como un mecanismo que, eventualmente, pudiera desnaturalizar la carrera funcionaria.
Se pensó que era prudente establecer en la disposición aprobada por el Senado la necesidad de que la decisión que adopte la Corte Suprema, en orden de trasladar a una persona de un tribunal a otro, fuese fundada.
Sin embargo, la resolución del caso no cumple con ninguno de estos tres requisitos. Es una sanción, y no puede ser. Debió haber sido fundada, y no se fundó. En seguida, tampoco se citó especialmente al pleno para estos efectos, puesto que en la primera oportunidad en que se aplicó la sanción, el 16 de enero y su complemento de marzo, la sesión de la Corte Suprema tuvo por objetivo efectuar nombramientos y aprobar ternas de otros funcionarios judiciales.
La resolución no se fundamentó, puesto que sólo cita un artículo que se refiere a las labores del señor fiscal. Además, alude a los documentos o antecedentes que él reunió en su visita a Puerto Montt.
Dado que la Corte Suprema, en una decisión absolutamente inconstitucional -no podía hacerlo-, castiga y sanciona a un señor ministro de la Corte , solicito que se envíe oficio, con copia de mi intervención en todos los casos, a la señora Ministra de Justicia , para que no dicte el decreto respectivo o, por lo menos, señale lo que corresponde efectuar; al Contralor General de la República , para que no se tome razón del decreto, y al señor Presidente de la Corte Suprema .
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.
CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , el 6 de enero de 1996 ingresó a la Cámara de Diputados el mensaje del proyecto de ley que crea diecisiete juzgados de policía local en las comunas que indica. Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y fue despachado el 18 de junio de 1996.
Posteriormente, pasó a la Comisión de Hacienda, donde actualmente se encuentra, debido a la solicitud de algunos diputados para agregar a la lista otros juzgados de policía local.
Desde esa fecha, el trámite del proyecto de ley no ha sufrido variación, lo que contrasta con el espíritu que el Ejecutivo tuvo para su envío: procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, preferentemente de la que habita en zonas aisladas, para cuyo objeto es indispensable facilitar el acceso a la justicia, en especial de nivel local.
La creación de todos esos juzgados se justifica, debido al aumento de las causas por leyes que les han dado competencia; por la necesidad de mayores ingresos municipales, y, fundamentalmente, por los nuevos requerimientos y exigencias que derivan de la modernización del Estado, que todos propiciamos, y, en este caso, de la justicia, donde se requiere expedición, eficacia y una buena administración y porque, además, es necesario que el proyecto se despache con el objeto de que no esté tanto tiempo en la Comisión de Hacienda.
Quiero mencionar todos los juzgados de policía local que han sido creados, a fin de que los señores diputados tomen conocimiento de esto y también puedan adherir al esfuerzo que estoy haciendo para que se dé real agilidad al proyecto. Son los siguientes: Pozo Almonte , Sierra Gorda , María Elena , Monte Patria, Vicuña, Nogales , Longaví , Coelemu , Vilcún , Lonquimay , Calbuco , Tiltil, San Pedro , Rancagua , Curicó , Talca, Chillán , Osorno , Estación Central, San Bernardo , Puyehue, Copiapó , La Serena, Viña del Mar, Puente Alto. Además, en virtud de la petición que los señores diputados hicieron a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, se agregarían 11 juzgados, para cuyo efecto se solicita y se espera la indicación del Ejecutivo.
Con el objeto de que se dé una pronta solución a este asunto y se resuelva lo más pronto posible la creación de estos juzgados, solicito que se oficie al Ministro de Hacienda para que dé trámite rápido y agilice el conocimiento de este proyecto y para que realice todas las diligencias necesarias para la expedición y envío de estas indicaciones a esta Cámara. También, al Subsecretario de Desarrollo Regional para que informe sobre el estudio y la autorización que habría dado para la creación de los once juzgados que están solicitando los señores diputados. Asimismo, que se oficie al Ministro del Interior y a la Ministra de Justicia para darles a conocer la situación de estancamiento de la tramitación de estos proyectos de ley.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Gutiérrez , Jiménez y del Comité de la Democracia Cristiana.
ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA INTENDENCIA DE LA SEXTA REGIÓN EN CARRETERA 5 SUR.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana y por dos minutos, tiene la palabra el Diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , ayer en la noche, en circunstancias en que funcionarios de la Dirección de Programación y Eventos de la Presidencia de la República coordinaban, conjuntamente con los de Gobierno Interior y Gobierno Regional de la Sexta Región, una futura gira del Presidente de la República por la zona, se produjo una colisión en la carretera 5 Sur, a la altura de Los Lirios, en la que un camión, que se salió de su pista de circulación, puesto que su chofer conducía en manifiesto estado de ebriedad, impactó lamentablemente al furgón en que se trasladaban los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Intendencia de la Sexta Región, incluido el Jefe de Gabinete del Intendente de la Sexta Región , don Javier Veloso , un chofer de la intendencia y un funcionario de relaciones públicas.
Desafortunadamente, los funcionarios sufrieron lesiones graves, con fracturas en sus piernas y algunos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Hoy están fuera de peligro, gracias a Dios.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero que la Corporación envíe un oficio al Ministro del Interior haciendo votos por la pronta recuperación de los funcionarios de ese Ministerio, de la Intendencia de la Sexta Región y del Gobierno Regional, pues, generalmente, cumplen funciones en jornadas extensas de trabajo y lamentablemente se han visto involucrados en esta situación. Como un reconocimiento a su labor y a sus padecimientos en la noche de ayer, creo importante que la Corporación envíe dicho oficio.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Rincón, dado que por esta circunstancia no se puede enviar un oficio, se remitirá su intervención al Ministro del Interior .
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN CELEBRADO EN CHILLÁN. Oficio
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez, por seis minutos.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , desde el 13 al 16 de abril pasado se efectuó en la ciudad de Chillán el Encuentro Latinoamericano de Educación, en el marco de la X Reunión de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlatino, oportunidad en la cual asistieron 36 congresistas representantes de los Parlamentos de Argentina, Aruba , Brasil, Cuba, Colombia , Ecuador , Guatemala, Honduras , México , Paraguay , Perú, Uruguay , Venezuela y del Parlamento Andino, constituyéndose de esa manera en la reunión de mayor asistencia que registra la Comisión.
A esa respuesta mayoritaria que, sin duda, es motivo de orgullo para los organizadores y la comunidad chillaneja y ñublensina en general, se agrega la profundidad de cada uno de los debates que contemplaron las seis sesiones en las cuales se dividió el encuentro y que versaron sobre el rol del Estado y los sistemas educativos modernos, los sistemas educativos y el desarrollo comunitario desde la perspectiva del medioambiente, del deporte y los medios de comunicación, los sistemas educativos existentes en la región y la educación como profundización de la democracia, temática plenamente pertinente con las preocupaciones de la comunidad americana y latinoamericana en particular, como ha quedado en evidencia en las reuniones realizadas al interior de la Segunda Cumbre de las Américas, donde la educación fue, precisamente, una de las áreas centrales del análisis que efectuaron los jefes de Estado y cuyos compromisos esperamos que se concreten para beneficio de esa inmensa masa ciudadana, que espera un aumento sustantivo en su calidad de vida.
De allí que las propuestas e ideas preliminares contenidas en los informes de cada una de las sesiones, son un aporte inicial que dejo en poder de la Mesa, para que cada uno de los colegas tenga la oportunidad de entregar sus opiniones sobre la temática tratada, con el propósito de llegar a conclusiones que serán, en definitiva, el pensamiento que este Parlamento llevará a la próxima reunión de la comisión, oportunidad en la cual saldrá la resolución y el acuerdo final de la décima reunión que acaba de concluir.
Señor Presidente, son variadas las ideas que pueden expresarse en esta materia, pero quiero referirme a la importancia y trascendencia de este encuentro, en especial por las circunstancias y el modo del trabajo adoptado.
En primer lugar, este evento es una muestra elocuente de que las actividades de esta naturaleza también pueden realizarse en regiones, donde el entorno hace que el trabajo resulte más grato y efectivo.
En segundo lugar, ha sido un encuentro eminentemente participativo, donde la comunidad, a través de las organizaciones deportivas, vecinales, profesores, directores de establecimientos educacionales, concejales, alcaldes, medios de comunicación, instituciones universitarias, se transformó en agente activo de los debates y análisis de los temas planteados, aportando una visión muy enriquecedora para los legisladores y especialistas presentes, precisamente por provenir de quienes sienten en forma directa los problemas y dificultades que se van produciendo y los efectos de las iniciativas que se aplican.
En tercer lugar, ha quedado de manifiesto el propósito descentralizador del trabajo parlamentario. Estoy cierto que es el espíritu que anima a cada uno de los integrantes de esta Corporación.
También se ha comprobado que la gente desea participar y siente la necesidad de contribuir en los temas que le son atingentes. De esa manera, se desvirtúan opiniones que con frecuencia hablan de cierta pasividad frente a la cosa pública, y nos permiten reafirmar la idea de que la gente se involucra en forma activa cuando la temática versa sobre aspectos relacionados con su vida diaria.
Son múltiples las enseñanzas que nos ha dejado este evento, no sólo en materias técnicas relativas al quehacer educativo, sino en lecciones de forma y de procedimiento, que me parecen importantes considerar en el contexto en el que la comunidad se sienta partícipe del devenir democrático.
Quiero concluir mis palabras, expresando a cada uno de ustedes y a quienes hoy no están con nosotros, la gratitud que siento en forma personal y de la comunidad, que me honro en representar, por haber respaldado la iniciativa de llevar este evento a Chillán.
Quienes compartieron esos cuatro días de trabajo, podrán contar la experiencia que vivieron y que como ñublensinos nos enorgullece, porque, aunque modestos y sencillos, somos dignos y capaces de asumir los más grandes desafíos.
No puedo dejar de reconocer la confianza y el apoyo que desde el primer momento nos brindó el Presidente de la Cámara de Diputados, lo que contribuyó en forma decisiva al éxito de este encuentro.
Oportuno es, además, destacar el trabajo serio y profesional de los funcionarios de la Cámara de Diputados que se trasladaron a Chillán: los señores José Vicencio Frías , Reinaldo Núñez Estrada , Patricio Velásquez Weeysse , Erika Sanhueza Escalona , Mario Romero Estrada , Patricio Olivares Herrera , María Eugenia Hevia Valdivia , Hernán Miranda Bravo y Raúl Castro Alvarado , quienes, encabezados por don Hernán Almendras Carrasco , abogado ayudante de la Comisión de Relaciones Exteriores y coordinador del encuentro, contribuyeron decididamente al éxito de esta décima reunión.
No puedo concluir mis palabras sin resaltar el compromiso y el aporte en la programación, organización y difusión del evento que tuvieron las universidades adventistas, la universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, los medios de comunicación de la provincia y de la región, el colegio de profesores de Ñuble, la Municipalidad de Chillán y de Coihueco, la Gobernación Provincial de Ñuble, la Compañía de Telecomunicaciones de Chile y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
A todos ellos, solicito se les haga llegar una nota de agradecimiento por su acción en esta trascendente actividad educacional.
Y termino expresando en nombre de todos los ñublensinos: gracias por permitirnos durante estos cuatro días ser sede de la educación latinoamericana.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados, en su nombre, junto con su intervención.
CAMBIO DE ROL DE CAMINO EN DISTRITO 53. Oficio.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , el miércoles 21 de abril recién pasado, intervine en esta Sala sobre un tema que a lo largo y ancho de nuestro país constituye un peligro constante y que dice relación con los accidentes de tránsito, factor altamente de mortalidad, causados principalmente por una falta de señalización adecuada, en especial en las zonas de curva en los caminos de una vía.
En mis viajes por el distrito 53, el cual represento, he advertido algunos avances significativos en materias viales; pero, al mismo tiempo, he constatado el deterioro de algunas rutas rurales, que requieren urgentes reparaciones, tanto de las vías como de las obras respectivas.
Tal es el caso del camino que une las localidades de Lanco, Trana , Meliquina , entre los caminos de Lanco y San José de la Mariquina, que corre paralelo a la ruta cinco, a unos 13 kilómetros de distancia. El camino que une a estas localidades se encuentra en la actualidad con serias dificultades en su transitabilidad, lo cual afecta a más de 60 familias y a unas 300 personas. Por dicho camino no pueden transitar vehículos de locomoción rural y los niños deben cruzar en bote el río Cruces para alcanzar la ruta cinco, a fin de tomar la locomoción para asistir a las escuelas.
El camino anteriormente descrito no es considerado para arreglos, reparaciones y mantenimientos por estar enrolado como camino privado, debiendo llevar a cabo su mantención los pequeños propietarios del sector, pero no se le pueden realizar reparaciones mayores por la permanente falta de recursos económicos, lo cual trae consigo los problemas mencionados.
En consecuencia, solicito oficiar al Ministro de Obras Públicas , con el objeto de que estudie la posibilidad de cambiar el rol de este camino, de modo que sea enrolado como camino público y no privado, como ocurre en la actualidad. Ello, por el bienestar de las esforzadas familias que durante largo tiempo han solicitado que dicho camino no tenga ese carácter, a fin de que durante todo el año puedan tener acceso a sus propiedades y desde ella sus niños puedan llegar a sus respectivos establecimientos educacionales en forma más expedita.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
MEDIDAS PARA COMBATIR NUEVA PLAGA QUE AFECTA AL SECTOR FORESTAL. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señor Presidente , quiero referirme a un tema que, a mi juicio, es bastante serio.
Tengo fundados antecedentes de que desde hace algunas semanas se ha venido detectando en el país una nueva plaga que afectaría al sector forestal. Se trata de un insecto coleóptero ingresado por la zona de los Andes, el que se alimentaría de las hojas del eucalipto.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Agricultura , a fin de que me informe sobre las medidas de control que se están tomando, qué tipo de difusión se está haciendo en la zona y cómo se impedirá su propagación. No vaya a ser cosa que en un tiempo más nos digan: “Mire, igual que en el caso de la polilla del brote, la gente que se dedica a las faenas forestales tendrá que acostumbrarse a vivir con esta nueva plaga”, lo que representa un costo importante, sobre todo en esta materia, precisamente cuando las plantaciones de eucaliptos en el país están creciendo en forma notable, no sólo en zonas de la cordillera de la costa, sino que en sectores de secano.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los comités Renovación Nacional, Socialista y UDI.
IRREGULARIDADES EN OBRA PÚBLICA EN OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en la sesión del 4 de marzo del año en curso denuncié la situación que estaban viviendo las comunas de Tucapel y Yungay, según informaciones que también me ha entregado el Diputado señor Rosauro Martínez .
Me refiero concretamente al proyecto de pavimentación del camino Huepil-Yungay, entregado a una conocida empresa de la zona, cuyos dueños -ciertamente mucho más conocidos- han sido favorecidos durante los últimos cuatro o cinco años con distintos proyectos estatales por un monto de alrededor de 10.000 millones de pesos. Este proyecto asciende a 1.400 millones de pesos.
Pues bien, la empresa Pawic -como lo informé el 4 de marzo recién pasado- dejó abandonado el proyecto, y sigue en la misma situación. El Diputado señor Rosauro Martínez me informó que lo visitó el fin de semana recién pasado, y se encuentra abandonado.
El 4 de marzo solicité a la Contraloría que nos informara si se había aplicado alguna sanción a la empresa Pawic ; si se le había cursado una multa; si seguía figurando en los registros públicos; si había alguna instancia del Gobierno que siquiera le hubiera dicho: “Por favor, les hemos dado mucha plata; hagan algo, porque tienen todo abandonado”.
Del informe de la Contraloría, se desprende claramente que la empresa Pawic -a los diputados que no son de la Octava Región les informo que pertenece a quien fuera presidente del Partido Demócrata Cristiano durante la época en que se le entregaron todos estos contratos- no ha sido sancionada, no se le ha aplicado ninguna multa, sigue figurando en los registros y -lo que es más grave- la Contraloría General de la República me informó que la inspectora fiscal de la obra, señora Vicky Fuentealba Goldberg , representó en forma reiterada al Ministerio de Obras Públicas -particularmente al Departamento de Construcciones de la Dirección de Vialidad y a la Dirección de Vialidad- los atrasos de la empresa, a fin de que terminara los trabajos.
Aquí tengo los oficios enviados. El de 21 de febrero de 1997, no tuvo respuesta; el de 23 de octubre de 1997, tampoco; el de 26 de noviembre de 1997, no tuvo respuesta; el de 3 de diciembre de 1997, tampoco; el de 15 de diciembre de 1997, sin respuesta; el de 10 de febrero de 1998, sin respuesta; el de 23 de febrero de 1998 -enviado en términos casi desesperados- tampoco tuvo respuesta; el de 4 de marzo de 1998, sin respuesta.
Entonces, tenemos un funcionario público que cumple su función e informa a su superior, quien -seguramente por vinculaciones políticas existentes- se queda absolutamente callado y permite que una obra del Estado, que cuesta a los chilenos l.400 millones y que necesitan las comunidades de Yungay y Huepil, se deje absolutamente abandonada.
¿Y cuándo se aplica -si puede llamarse así- una sanción? Recién el 16 de marzo se declara resuelto anticipadamente el contrato; es decir, sólo doce días después de que intervine en esta Sala y de que lo di a conocer a través de los medios de comunicación de la región, aparece ante los ojos de la opinión pública y de la Cámara de Diputados. Pero transcurrió un año después de que un funcionario público cumpliera con su deber -que seguramente no entendía de vinculaciones políticas no develadas, raras, extrañas, que existen en la Octava Región- sin que se tomara medida alguna, lo cual significó que la obra quedara abandonada, generando daños incalculables. Un proyecto que debía terminarse el año pasado, hoy se encuentra realizado apenas en un 40 por ciento.
He querido dejar constancia de esta situación -que me parece escandalosa-, dar a conocer la forma en que se manejan algunos asuntos en la Octava Región y demostrar que la permisividad ha sido la causa de que algunas personas lucren con fondos del Estado destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Quiero recordar que esta empresa ha participado en otros proyectos -que han sido escándalos incluso mayores- como el mejoramiento de barrios en Tomé y Coronel -repito que en los tres últimos años se adjudicó contratos por l0 mil millones de pesos- y en todos ha tenido problemas.
En la Octava Región hemos vivido una situación irregular, y gracias a la acción fiscalizadora y de algunos medios de comunicación -fuertemente criticados- se ha podido revelar la situación descrita.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas , señor Ricardo Lagos , a fin de nos explique algo muy simple: qué ha hecho el ministerio a su cargo para determinar la responsabilidad funcionaria de la señora Vicky Fuentealba Goldberg , inspectora fiscal de la obra, quien, en las fechas que mencioné, representó a la Dirección de Vialidad que la ejecución de la obra registraba atrasos incalculables, que estaba prácticamente abandonada, y pedía que se pusiera término al contrato. Sería bueno saber si eso tiene alguna sanción administrativa, porque en este tipo de cosas a lo mejor se termina sancionando a la señora Fuentealba por haber tenido la osadía de representar esta situación creada por una empresa, cuyo dueño tiene profundas vinculaciones políticas porque fue un alto dirigente de un partido de gobierno.
Por eso, pido que se oficie al Ministro Lagos para que nos diga si ha tomado alguna medida administrativa y si le parece bien el silencio de la Dirección de Vialidad ante los requerimientos de la inspectora fiscal de la obra.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités Renovación Nacional y Socialista.
RECHAZO A POLITIZACIÓN DE PROBLEMA PLANTEADO POR DIPUTADO VÍCTOR PÉREZ.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia, que ha cedido su tiempo al Diputado señor Alejandro Navarro.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , sin duda, la preocupación del Diputado señor Víctor Pérez debería ser compartida por toda la Cámara, dada la naturaleza del problema a que se refirió.
A pesar de que el Comité Socialista adhirió al oficio, creemos sin embargo, que el error del Diputado señor Pérez más allá de que la situación sea real y concreta, ha sido politizar el tema, al pretender que en una relación entre una empresa privada y el Estado existen intereses políticos. Creo que politizar el asunto no contribuye a solucionarlo.
Yo fui quien hizo la denuncia y pidió realizar las investigaciones correspondientes en el caso del proyecto de mejoramiento de barrios de Tomé en que participó la misma empresa. Sin embargo, tuve el cuidado de pedir que tales investigaciones se limitaran a establecer responsabilidades y sanciones y a proteger los intereses del Estado, y que la empresa tuviera un trato que se ajustara estrictamente a la relación que debe existir entre una empresa privada y el Estado.
También puedo tener juicios políticos, pero intentar una utilización política, con fines de perjudicar a la Concertación, desvirtúa la tarea fiscalizadora y hace que pierda credibilidad la acción fiscalizadora ejercida legítimamente por el Diputado señor Pérez , que al tener un contenido político, establece un cuestionamiento político, en circunstancias de que lo que hay que revisar a fondo es por qué una empresa puede lograr tal cantidad de contratos con el Estado sin que exista una fiscalización más efectiva.
Quería esta aclaración.
REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN “LOMA ALTA”, DE TOMÉ. Oficio.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , pido que, en mi nombre, se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo , a fin de que nos informe respecto de la situación que a continuación detallaré.
A través de los oficios ordinarios del Serviu Nºs 2.659, de 7 de abril, y 2.510, de 2 de abril del presente año, se informó que dicho servicio había llegado a un acuerdo con fecha 30 de marzo de 1998 con la Empresa Constructora Ferroprep para iniciar los trabajos de reparación de los departamentos de la población Loma Alta. Se trata de aproximadamente 800 departamentos que se entregaron hace un año en la comuna de Tomé, y que se encuentran dentro de los que sufrieron el rigor de los temporales, dejando al descubierto la precaria calidad de la construcción.
Junto con expresarme su preocupación, los dirigentes de dicha población me han hecho llegar todos los antecedentes del caso, por cuanto aparte de que comenzarán a realizarse trabajos de reparación, producto de la mala construcción de los departamentos, se llevarán a cabo trabajos complementarios para mejorar su calidad, entre otros, techado de los pasillos del segundo piso, por donde escurría el agua hacia los departamentos de los pisos inferiores.
Se ha planteado a los pobladores que se tomará como referencia para las reparaciones, lo ejecutado por dicha empresa en la población Mártires del Carbón, etapas 1 y 2, de la comuna de Coronel. Los dirigentes de la población Loma Larga se han trasladado a Coronel, han tenido conversaciones y han visitado en terreno los departamentos de la población Mártires del Carbón, lo que les ha permitido verificar que se trata de dos situaciones completamente diferentes, por la distinta ubicación geográfica de las poblaciones Mártires del Carbón y Loma Larga de Tomé.
En ese sentido, cabe señalar que las construcciones de la población Loma Larga se caracterizaron por la rotura de planchas de pizarreño en la techumbre de varios de los bloques, especialmente del actual bloque Nº 820 -antiguo Nº 5- en que se voló casi la mitad de la techumbre y que fue amarrado con cordeles en dicha oportunidad. Ello demuestra no sólo la violencia de los temporales que azotan a la Octava Región sino la necesidad de mejorar la calidad de las construcciones.
Hay un acuerdo de la directiva de la población Loma Larga de Tomé de no aceptar que se tome como base la reparación de las viviendas de la población Mártires del Carbón de Coronel. Textualmente, señalan lo siguiente: “Ofrecimiento que no aceptaremos por parte de esta directiva e insistiremos en que deben tomarse como base para las reparaciones de nuestras viviendas el informe de Decom -que es una consultora externa- y lo contenido en los oficios Nºs 3.347, de 12 de mayo de 1997 y 5.932, de 25 de agosto de 1997, ambos enviados por Serviu a la Empresa Ferroprep”.
Cabe señalar que lo que estoy relatando corresponde a compromisos que la Empresa Ferroprep asumió con el Serviu. Estuve presente en las diversas reuniones y visitas a terreno que se realizaron cuando se vivió el drama de los temporales, con departamentos que se llovían, se pasaban, se humedecían. En esa oportunidad, quedó al descubierto la gravísima situación de la calidad de las viviendas. Como consecuencia de ello, hubo acuerdos para reparar los departamentos -a la fecha aún no se inician los trabajos-, con una base completamente diferente a los informes técnicos que el propio Serviu tuvo a la vista en ese momento.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de la Vivienda , a fin de ver modo de obligar a la empresa a cumplir lo acordado, porque debido a la irresponsabilidad de empresas privadas se daña el prestigio e imagen de servicios públicos que están haciendo un gran esfuerzo para reponer su credibilidad, como es el caso del Serviu Octava Región y del Ministerio de la Vivienda en su conjunto. A pesar de los esfuerzos de los funcionarios públicos, el comportamiento de empresas privadas, que retardan los trabajos y establecen categorías diversas a las pactadas para efectuar reparaciones, ignorando la relación contractual, daña la imagen de ese Ministerio y la credibilidad del Serviu, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias.
Es necesario que el Ministerio nos informe sobre las fechas en que la empresa constructora Ferroprep va a iniciar los trabajos de mejoramiento de estándar, es decir, las obras adicionales que se realizarán, que son muy positivas y, a su vez, las reparaciones de los departamentos deteriorados que no se han ejecutado hasta la fecha. Esta demora tiene muy preocupados y molestos a los pobladores, pues se avecina un duro invierno para el sur de Chile -así lo señalan todos los informes científicos- por lo que es necesario que esos 820 departamentos estén terminados, debidamente reparados y las obras de mejoramiento de estándar realizadas antes de las lluvias; de lo contrario, después la empresa planteará que debido al mal tiempo le es imposible hacer los trabajos que eviten la humedad. Así, esto se seguirá prorrogando y causando daño a la integridad física de las personas, a su salud y a sus bienes, porque no hay que olvidar que muchos muebles de los pobladores se vieron deteriorados por la lluvia al volarse los techos.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
REPOSICIÓN DE ESCUELA Y AGUA POTABLE PARA TALCAMO. Oficios.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al Ministerio de Educación, para que nos informe respecto de los proyectos que tuviere en evaluación respecto de la reposición de la escuela de Talcamo, uno de los tantos establecimientos rurales que existen en el país, pero con la característica de estar en la frontera, es decir, entre la comuna de Florida -mi distrito- y la de Quellón.
La mayoría de los pobladores de Talcamo hace su vida regular en Florida pero, en definitiva, territorialmente, siguen perteneciendo a Quellón, y en su opinión, el municipio de Quellón no ha realizado las urgentes reparaciones o reposición que requiere la escuela de Talcamo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Educación y a la municipalidad de Quellón para que se sirvan informar respecto de los planes de reposición de la escuela de Talcamo y de la voluntad del municipio para incorporar esta escuela a la comuna de Florida, donde los habitantes de Talcamo realizan todas sus actividades económicas, laborales y sociales. El objetivo es que exista una mayor preocupación, ya que hasta ahora, por el hecho de estar en la frontera no recibe el apoyo de la municipalidad de Quellón que, en opinión de los propios dirigentes y pobladores con quienes estuve reunido el último domingo, la mantiene en el olvido. Por otra parte, la municipalidad de Florida, aunque tiene la voluntad de apoyarla, está imposibilitada administrativamente de hacerlo -dicha escuela no pertenece a su jurisdicción- y no ha podido invertir en ella.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , en segundo lugar solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas , especialmente a la Sección de Planeamiento, APR, Agua Potable Rural , a fin de que nos informe si Talcamo está incluida en los programas de agua potable rural para 1999, si existe proyecto de instalación, cuál es el monto y procedimiento que deberían seguir los habitantes de Talcamo para ingresar, ya que sus habitantes todavía no saben lo que significa el agua potable.
Conozco el procedimiento, pero quiero información oficial del Ministerio para constituir en Talcamo un comité de agua potable, que cuente con la asesoría directa de la oficina de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, a fin de llevar agua potable a dicho sector.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Oficio.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , por último, solicito que se oficie al Ministro de Educación , para que informe detalladamente sobre el número de accidentes en que se vieron involucrados estudiantes de enseñanza básica, prebásica, media y universitaria durante 1997. Las cifras con que contamos hablan de más de diez mil accidentados, y ahí hay una grave situación respecto del seguro de accidentes escolares, que pese al alto número de accidentes del tránsito, por su escasa difusión, no presta la utilidad tenida en vista por el legislador.
Asimismo, que nos informe cuántos de los accidentes producidos han sido detectados por el ministerio en el período comprendido entre marzo y mayo del presente año, a fin de conocer la situación e impulsar un proyecto de ley que despachó la Cámara de Diputados -del cual soy autor y que fue apoyado en forma unánime-, que establece la obligatoriedad de enseñar las normas del tránsito en la enseñanza básica y media. En la básica, disposiciones elementales para ser un buen peatón y en la media, disposiciones elementales para que los jóvenes cuenten con conocimientos básicos que les permitan ser buen conductor y buen pasajero.
No se trata de enseñar a manejar, existe unanimidad en que el problema clave de los accidentes del tránsito es de educación, y mientras no se ataque adecuadamente, seguirá teniendo los ribetes de drama que hoy tiene en Chile.
En tres años se han denunciado seis muertes causadas por el virus Hanta , el Ministerio de Salud ha hecho campañas nacionales sobre el tema que cuestan mucho dinero; sin embargo, en Chile hay una muerte cada cinco horas producto de accidentes del tránsito, es decir, cinco personas mueren diariamente por esta causa. Al parecer, nuestra sociedad ha perdido la capacidad de asombro y nadie se inmuta por esta situación, porque si a un chileno le dijeran que en cualquier país del mundo que quiere visitar se producen cinco muertes diarias producto de una enfermedad o de un hecho específico, tal vez no iría.
Aquí, el punto concreto y clave es que la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 32 años es la accidentalidad en el tránsito. Por ello, creo muy importante que el Ministerio de Educación nos informe detalladamente cuál ha sido su accionar respecto de los accidentes escolares del tránsito, a fin
de pedir una rápida tramitación en el Senado del mencionado proyecto de ley.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19.23 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 5 de mayo de 1998.
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha tomado conocimiento de un oficio de S.E. el Presidente de la República con el que comunica que ha resuelto retirar del Congreso Nacional el mensaje Nº 305-321, que contiene el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Chile concerniente al Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el Comercio y la Inversión, suscrito en Washington D.C., el 1º de octubre de 1990.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
2. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano. (boletín Nº 914-07)
“Honorable Cámara de Diputados,
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro.
Cabe señalar que el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, con calificación de "suma", en todos sus trámites.
El Senado, en sesión de fecha 10 de marzo de 1998, nombró como miembros de la referida Comisión Mixta a los honorables Senadores integrantes de su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Cámara de Diputados, por su parte, mediante oficio N° 183, de fecha 21 de julio de 1994, designó como integrantes de la misma a los honorables Diputados señores Juan Antonio Coloma Correa , Sergio Elgueta Barrientos , Alberto Espina Otero , Juan Pablo Letelier Morel y Aníbal Pérez Lobos .
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 15 de abril de 1998, con asistencia de sus miembros honorables Senadores señores Marcos Aburto Ochoa , Sergio Díez Urzúa , Juan Hamilton Depassier , Hernán Larraín Fernández y José Antonio Viera-Gallo Quesney y honorables Diputados señores Juan Antonio Coloma Correa , Sergio Elgueta Barrientos , Alberto Espina Otero , Juan Pablo Letelier Morel y Aníbal Pérez Lobos . Eligió, por unanimidad, como Presidente al honorable Senador señor Hernán Larraín Fernández , quien lo es también de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y acordó abocarse de inmediato al cumplimiento de su cometido.
Es dable mencionar que a las sesiones en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión Mixta, el honorable Senador señor Fernando Cordero Rusque y los honorables Diputados señores Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera y Antonio Leal Labrín .
Concurrieron, asimismo, la señora Ministra de Justicia doña Soledad Alvear Valenzuela y el asesor de dicha Secretaría de Estado , señor Claudio Troncoso Repetto .
Cabe señalar que vuestra Comisión Mixta, por unanimidad de sus miembros presentes, estimó que los artículos 3º y 4º contenidos en la proposición de la Comisión deben ser aprobados por las cuatro séptimas partes de los señores Diputados y Senadores en ejercicio, por recaer en materias propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Constitución Política del Estado.
-o-
A continuación, se efectúa una relación de las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión Mixta.
ARTÍCULO 1º
El artículo 1° consta de diversos literales por los que se introducen múltiples modificaciones al Código de Procedimiento Penal.
Letra b)
(Numeración de la Cámara de Diputados)
(Letra e), nueva, Senado)
(Letra f) numeración definitiva)
Mediante esta letra b) la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, modificó el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 253 vigente del mencionado Código dispone que ningún habitante de la República puede ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal, salvo el caso de delito flagrante.
Las modificaciones que la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, introdujo a este artículo consistieron en agregarle tres incisos.
El primero, ordena al funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión, antes de conducir a la persona detenida hasta la unidad policial, informarle oralmente de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos legales que le asisten. Estatuye, además, que el encargado de la primera casa de detención hasta donde sea conducida le deberá leer el acta de información de derechos del detenido, agregando que en el libro de guardia del recinto quedará constancia de dicha lectura y de la firma de la persona que se hallare detenida.
El siguiente inciso preceptúa que en todas las casas y recintos de detención existirá un cartel informativo de los derechos del detenido o aprehendido, el cual deberá estar a la vista y en condiciones de ser leído con facilidad por todo aquel que ingrese como detenido.
Finalmente, el último inciso que se agrega dispone que el texto del acta y cartel mencionados será fijado mediante decreto supremo y deberá contener una relación de los derechos consagrados en el número 5 del artículo 120 bis y en los artículos 293 y 294.
El Senado, en segundo trámite constitucional, consultó esta letra b) como letra e), nueva, sustituyendo su texto por otro que agrega los siguientes incisos al artículo 284 del Código de Procedimiento Penal:
“Todo detenido o preso, al momento de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención, deberá ser informado de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente. Se dejará constancia en el libro de guardia respectivo, de la forma en que se proporcionó la información, debiendo consignarse los nombres de los funcionarios ante quienes se haya cumplido esa exigencia. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que la detención o aprehensión se efectúen por orden judicial o de autoridad competente y no exista resistencia de parte del afectado, el funcionario aprehensor, al momento mismo de practicarla, deberá informar al detenido o preso de los derechos indicados y de la razón de su detención o aprehensión. En los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale, cuando la tuviere fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.
En todo recinto de detención policial y casa de detención, en lugar claramente visible del público, deberá existir un cartel destacado en el cual se consignen los derechos de los detenidos, cuyo texto y formato serán fijados por decreto supremo del Ministerio de Justicia.
El juez, al interrogar al detenido o preso, deberá comprobar si se dio o no cumplimiento a lo dispuesto en los dos incisos anteriores. En caso de comprobarse que ello no ocurrió, remitirá oficio con los antecedentes respectivos a la autoridad competente, para que ésta aplique las sanciones disciplinarias correspondientes y tendrá por no prestadas las declaraciones que el detenido o preso hubiere formulado ante sus aprehensores.”.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó el primero de los incisos recién transcritos, que se agregan al artículo 284.
Como puede observarse, la diferencia fundamental entre ambos textos radica en que la Cámara de Diputados propone informar al detenido de las razones de la detención y de los derechos que le asisten al momento mismo de privarle de su libertad. En cambio, el Senado plantea que ello se haga en la casa de detención a donde sea conducido.
El honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier expresó que los diputados estiman que esta disposición es de la esencia del proyecto, toda vez que implica decidir en qué momento se le niega a un ciudadano la posibilidad de ejercer determinados derechos y cuáles deben ser los requisitos que deben cumplirse para ello. En este sentido, sostuvo que para los diputados es fundamental que las personas reciban la información en el momento en que se les priva de libertad.
Hizo notar que la norma regula atribuciones de un funcionario -el policía- que sólo puede, en principio, detener únicamente en dos casos: frente a un delito flagrante o en cumplimiento de una orden judicial.
La detención por orden de un tribunal, precisó, no ofrece dificultad, no presenta discrepancias. En el primer caso, en cambio -delito flagrante-, la excepción no puede ampliarse excesivamente porque, de esa forma la norma general se debilitaría; si se incorpora en la excepción a los incapacitados, a los alcohólicos, a los drogadictos y otros casos similares, debe señalarse quién hace la calificación, cómo la hace y en qué momento. Por el contrario, una regla general sólida y clara evita confusiones y ayuda a crear una relación de confianza entre la población y las instituciones policiales.
Puso de relieve que ante esta norma, el Senado estuvo de acuerdo en recoger el principio que la Cámara de Diputados pretendía consagrar.
Explicó que, sin embargo, la discrepancia surge cuando el Senado se planteó la cuestión de cómo entregar la información en casos de detenciones masivas o en circunstancias que hagan riesgosa la diligencia, tanto para el éxito de la detención como para la seguridad del policía y del detenido.
Frente a lo anterior, la Cámara de Diputados rechazó la proposición del Senado con el objeto de tener la oportunidad de buscar una redacción para la norma que establezca el criterio general explicitado con las situaciones anormales o excepcionales de detenciones masivas u otras.
El honorable Senador señor Hamilton sostuvo que la discrepancia se supera con la fórmula planteada por el honorable Diputado señor Letelier , esto es, que por regla general debe hacerse saber el motivo de la detención y los derechos al momento mismo de practicarse la diligencia y, si ello no fuere posible o procedente -lo que ocurrirá en forma excepcional- se deberá cumplir con esta obligación en la unidad policial a donde sea conducido el detenido.
La señora Ministra de Justicia propuso, para superar la divergencia en análisis, sustituir el primer inciso del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal por el siguiente texto:
"El funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión deberá, antes de conducir a la persona detenida a la unidad policial, informarla oralmente de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente. Igual información deberá prestar al detenido o aprehendido, el encargado de la primera casa de detención policial hasta donde éste sea conducido, al momento de ser ingresado a ésta. Se dejará constancia en el libro de guardia respectivo, de la forma en que se proporcionó la información, debiendo consignarse los nombres de los funcionarios ante quienes se haya cumplido esa exigencia. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la detención efectuada en casos de delito flagrante, que por la cantidad de detenciones que sea necesario practicar, se dificulte el cumplimiento de la información de derechos al momento de la aprehensión o detención, podrá prescindirse de este trámite, debiendo informarle al detenido o aprehendido de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente al momento de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención. En los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale, cuando la tuviere fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.”.
El honorable Diputado señor Elgueta expresó su acuerdo con el texto propuesto por la señora Secretaria de Estado . Además, recordó a la Comisión Mixta lo que instrumentos internacionales estatuyen sobre esta materia: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el número 2 de su artículo 9º, dice:
“Toda persona detenida será informada en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada en su contra”.
El Pacto de San José de Costa Rica repite la misma norma en el artículo 7º, número 4.
Finalmente, hizo presente que de acuerdo al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, al haber sido ratificados por Chile estos instrumentos internacionales están vigentes en nuestro país. Por lo tanto, concluyó, el texto propuesto por la señora Ministra cumple tanto con estas exigencias como con el propósito que tuvo la Cámara de Diputados en el primer trámite.
El honorable Senador señor Viera-Gallo distinguió el motivo de la detención -que debe ser informado siempre en cumplimiento de los tratados internacionales recién citados- de los derechos del detenido. A juicio de su Señoría no existirían dificultades para entregar la información relativa a los motivos de la detención siempre en el momento en que ella se está cumpliendo, haya o no orden judicial. A su juicio, la dificultad estriba en fijar el momento en que se entrega la información acerca de los derechos del detenido. En cuanto a este punto precisó, por un lado, que el desacuerdo entre las Cámaras se produce al decidir si esta última información se debe entregar al practicarse la detención o antes de ser ingresado el detenido a la patrulla, pero resaltó, al mismo tiempo, el acuerdo bicameral en que, en todo caso, ello ocurra en el cuartel policial, donde existirá un cartel escrito en un lugar visible con la misma información.
En relación con la información sobre los derechos del detenido expresó su acuerdo con la proposición de la señora Ministra pero propuso agregar, también con carácter de excepción, el de la detención por conducción en estado de ebriedad.
El honorable Diputado señor Espina consideró que la proposición del Ministerio de Justicia recoge los planteamientos que se han formulado, pero no comparte la sugerencia del honorable Senador señor Viera-Gallo porque, de accederse a ella, se haría necesario regular un cúmulo de situaciones imprecisas o sutiles, tales como encontrarse bajo el efecto de drogas u otros casos que, en definitiva, debilitarían la norma general. Estimó que estos derechos deben ser puestos en práctica y el procedimiento de información debe cumplirse porque es de la esencia del buen funcionamiento de la labor policial que la ciudadanía sienta que la policía realiza su labor dentro de los márgenes de la ley y, de esta manera, sea vista como un factor de protección y no de intimidación.
El honorable Senador señor Hamilton planteó no eliminar la regla general, sino que ampliar la excepción prevista en la proposición planteada por el Ministerio de Justicia, complementándola, haciéndola más realista y flexible, agregándosele otros casos calificados que ameritan proceder en forma excepcional, como son los de violencia generalizada, balaceras, etc., en que resulta impracticable la entrega de información y altamente peligroso distraer al funcionario encargado de la diligencia. Destacó, asimismo, que, en ningún caso puede considerarse que entre tanto exista renuncia del detenido a sus derechos.
El honorable Senador señor Díez calificó de poco realista el texto propuesto por la Cámara de Diputados, en circunstancias de que, en su opinión, no existe una diferencia importante entre informar en el acto de la detención o en la casa de detención. Estima que dar explicaciones al detenido en el momento en que se practica la diligencia sólo sirve para distraer el esfuerzo de la policía que debe preocuparse de actuar en forma eficaz. Añadió que, además, si se consagrara esta exigencia ella podría ser usada para levantar acusaciones en contra de Carabineros por detenciones ilegales en razón de no cumplir esta obligación.
Por lo anterior, prefiere que, por regla general la información sea entregada en la unidad policial respectiva, donde se dejará constancia en un acta firmada por un funcionario responsable. Agregó que sólo una norma clara asegurará el desempeño eficiente de la función policial.
El honorable Diputado señor Cardemil manifestó que la proposición de la señora Ministra resuelve adecuadamente el punto en discrepancia, por cuanto ordena los elementos fijando una regla general y contemplando una excepción necesaria. Añadió que comparte el criterio del honorable Senador señor Hamilton , en el sentido de considerar también como excepciones ciertas situaciones complejas, a fin de no dejarlas fuera de la norma. Con este objeto, propuso modificar la excepción en el sentido de reemplazar el criterio de la cantidad por otro que aluda a dificultades objetivas que hagan necesario entregar la información en la casa de detención y no antes.
El honorable Senador señor Larraín afirmó que la hipótesis del delito flagrante es precisa y determinada, por lo que parece razonable estatuir que se debe señalar la razón de la detención al que está cometiendo el delito, pero que, en cambio, el caso de la detención masiva es difuso y presenta elementos comunes con otras situaciones. Por esto último, sugirió que la norma que consagre la excepción se explicite como aquélla en que las circunstancias que rodean el hecho -que pueden ser muy diversas- hacen impracticable entregar la información. Explicó que, en esos términos, sería, por un lado, una excepción más genérica, y, además, si bien autoriza postergar la entrega de la información, exige que ella debe, en todo caso, darse siempre.
El honorable Senador señor Hamilton advirtió que si para salvar el principio general se establece una norma muy estricta que busca dar la información siempre en el mismo momento de la detención, dicha norma, en la práctica, no será cumplida. Agregó que sería una forma muy ineficaz de asegurar el principio general, pues la convertiría en letra muerta, afectando la confianza que la comunidad debe tener en la Policía.
El honorable Senador señor Viera-Gallo manifestó ser de opinión de consagrar una excepción determinada, precisa pero genérica, porque los casos en que debe aplicarse son múltiples (personas heridas, casos de pánico, ebriedad, drogadicción, etc.). Asimismo, de este modo la norma se ajustaría de mejor forma a la realidad de nuestro país.
El honorable Diputado señor Espina adhirió a la proposición de señalar en la excepción que se obviará el trámite “en los casos que no sea posible hacerlo.”.
Sostuvo que nunca el principio general de informar al detenido puede constituir una obstrucción a la función policial. Al revés, lo considera básico, porque la forma de dar a la policía la autoridad para actuar con rigor es establecer preceptos que sometan su actuar a normas objetivas y precisas que, al mismo tiempo, garantizan al detenido que no está siendo objeto de una actuación arbitraria. Añadió que el ciudadano que es detenido sin conocer la causa de su detención reacciona con indignación y se siente atropellado.
El honorable Diputado señor Aníbal Pérez recordó que el sentido último de la norma aprobada sobre esta materia en la Cámara de Diputados es intentar cambiar la conducta que por tanto tiempo ha mantenido Carabineros y que tanto rechazo provoca en la ciudadanía. Para este efecto, expresó, la redacción de la norma en análisis debe ser lo más acotada posible y no debe dar margen a contingencias o interpretaciones que la desnaturalicen.
A continuación, recogiendo las distintas observaciones planteadas por los señores miembros de la Comisión Mixta, el representante del Ministerio de Justicia sustituyó su proposición para reemplazar la norma en discusión por el siguiente texto:
"Antes de conducir a la persona detenida a la unidad policial, el funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión deberá informarle verbalmente la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente. Igual información deberá prestar al detenido o aprehendido, el encargado de la primera casa de detención policial hasta la que sea conducido, inmediatamente de ser ingresado a ella. Se dejará constancia en el libro de guardia respectivo, del hecho de haberse proporcionado la información señalada, de la forma en que se prestó la información, y del nombre de los funcionarios que la proporcionaron y aquellos ante los cuales se entregó. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de delito flagrante en que por las circunstancias que rodean la detención o aprehensión no se pueda informar al sujeto de sus derechos al momento de la aprehensión o detención, la información se proporcionará inmediatamente de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención. En los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale, cuando la tuviere fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.”.
En relación con esta proposición, los honorables Senadores señores Díez y Viera-Gallo sugirieron sustituir la referencia al delito flagrante por otra que, en términos más amplios, abarque distintas circunstancias que dificulten la entrega de la información.
A este efecto, el honorable Senador señor Larraín propuso reemplazar la oración “en casos de delito flagrante en que” por el vocablo “cuando”, y las palabras “la aprehensión o detención”, la segunda vez que aparecen, por “de practicarla”.
Como resultado del debate reseñado, la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables Senadores señores Díez , Hamilton , Larraín y Viera-Gallo y honorables Diputados señores Coloma , Elgueta , Espina, Letelier Morel y Pérez Lobos , acordó aprobar el texto recién transcrito con las modificaciones sugeridas por el honorable Senador señor Larraín .
Letra c)
(Numeración de la Cámara de Diputados)
(Letra b) Senado)
(Letras b) y c) numeración definitiva)
Mediante esta letra, la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, suprimió los números 3º y 4º del artículo 260 del mencionado Código.
El artículo 260 vigente del Código de Procedimiento Penal dispone, en su inciso primero, que los agentes de policía están obligados a detener a los delincuentes que sean sorprendidos in fraganti. El inciso segundo de este precepto señala los casos en que los policías están autorizados para detener, mencionando, en el número 3º, “Al que anduviere con disfraz o de otra manera que dificulte o disimule su verdadera identidad y rehusare darla a conocer.”, y, en el número 4º, “Al que se encontrare a deshora o en lugares o en circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle malos designios, si las explicaciones que diere de su conducta no desvanecieren las sospechas.”.
Las modificaciones que la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, introdujo a este artículo -contenidas en los números 1 y 2 de la letra c) del artículo 1º- del proyecto aprobado por dicha Cámara consistieron en la supresión de los aludidos números 3º y 4º y en adecuaciones menores de puntuación.
El Senado, en segundo trámite constitucional, sustituyó los incisos primero y segundo del artículo 260 por los siguientes:
“Artículo 260.- Los agentes de policía están obligados a detener:
1º A todo delincuente de crimen o simple delito a quien se sorprenda in fraganti;
2º Al sentenciado a las penas de presidio, reclusión o prisión que hubiere quebrantado su condena, y
3º Al detenido o preso que se fugare.
La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio. En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso no le ha sido posible acreditarla, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266. El ejercicio abusivo de esta facultad o la negativa a dar facilidades para permitir la identificación serán sancionados disciplinariamente en los términos del inciso final del artículo 293.”.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó el inciso segundo, recién transcrito, del nuevo artículo 260 propuesto por el Senado.
En atención a que la eliminación del número 4º del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal -que consagra la denominada “detención por sospechas”- constituye uno de los aspectos centrales de la moción que dio origen al proyecto en discusión y, por otra parte, el nuevo inciso segundo propuesto por el Senado introduce en nuestro ordenamiento la institución conocida como “control de identidad”, la Comisión Mixta se abocó al análisis de ambas materias conjuntamente, con el propósito de explorar la posibilidad de encontrar una solución de consenso, que permita que la proposición que efectúe cuente con un respaldo ampliamente mayoritario en las dos Cámaras.
El honorable Diputado señor Letelier señaló que las normas en juego en esta discrepancia dicen relación con la idea matriz del proyecto, puesto que se refieren también a los derechos de los ciudadanos. Recordó que la institución del control de la identidad no existe actualmente en nuestro ordenamiento, sin perjuicio de estimar que puede ser prudente consagrarla para compatibilizar los derechos de las personas con las exigencias que plantea la necesaria mantención de un clima social de seguridad, y sugirió que, por razones metodológicas, se distinga, tanto en el debate como en la redacción de los textos que en definitiva se acuerden, entre control de identidad y las causales de detención.
Manifestó ser partidario de que exista una norma que permita a la policía pedir a las personas su identidad; al mismo tiempo, le parece que esa facultad no debiera producir temor ni molestia en la población.
Las dificultades, dijo, podrían surgir en caso de imposibilidad de acreditar la identidad, siendo el desafío de esta Comisión Mixta resolver esta situación sin atropellar los derechos de las personas ni obstaculizar el desempeño de la policía. A este respecto, indicó que, su posición es que la imposibilidad de acreditar identidad no debe ser sancionada.
El representante del Ministerio de Justicia, don Claudio Troncoso , destacó que en ambas Cámaras ha habido acuerdo para derogar la detención por sospecha, esto es, los números 3º y 4º del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal, connotando que la diferencia entre ellas radica en que la Cámara de Diputados, al tiempo que eliminó la detención por sospecha, amplió las hipótesis de flagrancia; en cambio, el Senado, luego de eliminar la detención por sospecha, consagró la figura del control de identidad.
A continuación, presentó un texto que busca superar las divergencias y conciliar los criterios de ambas Cámaras. De esta forma la proposición mantiene la norma aprobada por el Senado en segundo trámite sobre control de identidad, con las siguientes modificaciones:
a) Propone que en vez de ?indicios fundados?, como plantea el Senado, el control de identidad sea procedente cuando haya indicios fundados de que se ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito;
b) Permite solicitar la identidad a los testigos presenciales en caso de delito flagrante, en lugar de “cualquier persona que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito”, y
c) Por último, la proposición del Ministerio, en cambio, sólo sanciona a quien se niega a identificarse; en cambio el texto del Senado sanciona como falta la negativa de una persona a acreditar su identidad y la imposibilidad de acreditarla.
El texto de la proposición del Ministerio de Justicia es del siguiente tenor:
“La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona cuando existan sospechas fundadas de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo. La misma identificación podrá solicitar la policía en casos de delito flagrante a testigos presenciales que puedan suministrar informaciones útiles para la indagación de dichos delitos. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditar su identidad lo que ella podrá hacer por cualquier medio. En caso de negativa de la persona a acreditar su identidad, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266. El ejercicio abusivo de esta facultad o la negativa a dar las facilidades para permitir la identificación serán sancionados disciplinariamente en los términos del inciso final del artículo 293.”.
El honorable Senador señor Viera-Gallo coincidió en que la complejidad de este tema surge del hecho que se enfrentan por una parte, los derechos de los ciudadanos y, por la otra, el valor de la seguridad ciudadana.
Explicó que la Cámara de Diputados trató de resolver el problema consagrando como situación de flagrancia el acto preparatorio, es decir, al que se apreste “inequívocamente a dar comienzo a la ejecución del delito”, facultando así a la policía para detener personas consideradas peligrosas.
Continuó señalando que el Senado eliminó las formas de flagrancia contempladas en el nuevo artículo 263 aprobado en primer trámite y, en su lugar, introdujo el control de identidad. Por ello, postuló que se podría afirmar que la Cámara de Diputados adoptó un criterio más drástico que el Senado pues faculta para detener, mientras que el Senado sólo permite pedir la identificación, lo que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, estima insuficiente. Sin embargo, en los términos en que se propone esta institución, la estima bastante restrictiva; él cree que la policía debe tener, como norma general, la atribución de pedir la identificación y contar con la posibilidad de realizar operativos policiales dirigidos en contra de delincuentes.
El honorable Diputado señor Espina manifestó que en esta materia prefiere la proposición del Senado, a la que considera más correctamente orientada. En relación al texto propuesto por el Ministerio de Justicia, señaló que tenía las siguientes tres diferencias: no comparte la proposición en cuanto ella permite el control de identidad solamente cuando hay “sospechas fundadas”, puesto que en ese caso, en su opinión, la policía derechamente debiera proceder a detener.
En segundo lugar, le parece que no es el propósito del proyecto restringir el control de identidad sólo a los testigos presenciales de la comisión del delito flagrante. Opinó que se debe considerar también a los testigos de oídas, pues sus aportes pueden ser útiles en una investigación judicial; incluso más, sino coopera con la Policía suministrando las informaciones que posee podría ser pasivo de obstrucción a la justicia.
La tercera diferencia dice relación con la frase final del inciso que manda sancionar el ejercicio abusivo de la facultad de controlar identidad. En cuanto a este punto, sostuvo que la norma era innecesaria pues disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código de Procedimiento Penal y de la Ley Orgánica de Carabineros ya regulan estas situaciones.
A continuación, agregó que, a su juicio, la detención que contempla este inciso para el caso de negativa o imposibilidad de identificarse debe ser consagrada con el carácter de facultativa, toda vez que el policía, luego de ponderar las circunstancias del caso, puede desvanecer las dudas que motivaron el control.
Finalmente, manifestó su coincidencia con la proposición del honorable Diputado señor Letelier en cuanto a consagrar esta norma como un artículo aparte, separado, para no confundir las circunstancias que dan lugar a la detención con el control de identidad, que es una institución de naturaleza diferente.
El honorable Diputado señor Elgueta expresó que la legislación actualmente vigente ya otorga a la Policía la facultad de controlar la identidad al permitir detener a las personas que la disimulen o se nieguen a darla a conocer. Por lo anterior, expresó su desacuerdo con la proposición del Senado puesto que establecer el control de identidad en forma explícita en una norma especial afecta la libertad de permanecer en el territorio nacional y la de transitar en él.
Por otro lado, no comparte contemplar esta facultad para “casos fundados” sin indicar taxativamente cuáles son; si esto último no se hiciere, la Policía se constituiría, en la práctica, en un verdadero tribunal que resuelve ante sí detener a una persona o dejarla en libertad, en circunstancias que la Policía debe actuar en las distintas fases del iter criminis justificadamente y con criterios objetivos. De lo contrario, concluyó, se afectaría el principio de presunción de inocencia y la libertad de las personas.
El honorable Senador señor Hamilton advirtió que, en cualquier caso, la Policía nunca puede dejar detenida a una persona por imposibilidad de acreditar su identidad. La norma, añadió, califica tal hipótesis como una falta y, por tanto, la persona siempre quedará en libertad, si bien puede ser citada a comparecer ante el juzgado de Policía Local competente.
Los honorables Diputados señores Bustos, Letelier y Pérez manifestaron compartir, en principio, el texto aprobado por el Senado, pero no la facultad de detener a quien “no puede” identificarse, puesto que esa situación escapa a la voluntad del afectado y, por tanto, no constituye falta ni delito. En consecuencia, sostuvieron, no debe ser objeto de represión. Ante el dilema, insistieron, de optar entre la seguridad o la libertad personal, ellos prefieren la libertad.
Los honorables Senadores señores Díez y Larraín hicieron presente que en este caso hay un elemento de subjetividad que no es fácil regular. Afirmaron que, en efecto, sería ilusorio disponer que se detendrá solamente al que se niega a revelar su identidad porque sencillamente los delincuentes que no quieran identificarse sostendrán que no pueden hacerlo.
El honorable Senador señor Díez agregó que la necesidad de esta norma surge por una realidad concreta que indica que los niveles de delincuencia han aumentado en forma preocupante. La primera obligación del legislador es, a su juicio, defender los derechos de las personas, y el derecho humano fundamental -no debe olvidarse- es no ser víctima de delitos. Este derecho es de tal entidad que para hacerlo efectivo es razonable facultar a la Policía para controlar la identidad. Finalmente, expuso que un estado de peligrosidad social como el que vivimos actualmente impone, especialmente a los habitantes de las ciudades sobrepobladas, la exigencia de portar permanentemente su identidad.
El honorable Senador señor Cordero explicó que progresivamente a la Policía se le ha ido imponiendo un conjunto de restricciones que dificultan su actuar eficaz, afirmando que ello ha contribuido al surgimiento del clima de inseguridad que afecta actualmente a la ciudadanía.
Informó que entre los años 1992 y 1997 las detenciones por sospechas han disminuido desde 155.646, el primer año, a 10.765, en 1997, estimando que paulatinamente disminuirán todavía más. Asimismo, puso en conocimiento de la Comisión Mixta que los países limítrofes están llevando adelante un proceso inverso al que se vive en Chile, es decir, otorgando más herramientas para un mejor desempeño de sus servicios policiales.
Ante una consulta del honorable Senador señor Larraín en el sentido de si al suprimirse las normas sobre detención por sospechas se generaría una dificultad muy seria al funcionamiento de la Policía, el honorable Senador señor Cordero expresó que Carabineros de Chile aspira a contar con normas adecuadas que le permitan cumplir con su obligación de mantener el orden y la tranquilidad públicas. En este sentido, dijo, la norma del Senado sobre control de identidad sustituye razonablemente las que se derogan sobre detención por sospecha.
A continuación, el honorable Senador señor Larraín , en consideración a los planteamientos formulados por los señores miembros de la Comisión Mixta en relación a esta materia, solicitó intentar alcanzar un acuerdo en torno al texto aprobado por el Senado en el segundo trámite constitucional, para el inciso segundo del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal.
Para este efecto, puso en votación la primera parte de la norma aprobada por el Senado que dice: “La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio.”.
La mayoría de la Comisión Mixta, formada por los honorables Senadores señores Díez , Hamilton , Larraín y Viera-Gallo , y honorables Diputados señores Coloma , Espina, Letelier Morel y Pérez Lobos , aprobó este precepto. En contra votó el honorable Diputado señor Elgueta .
Enseguida, puso en votación la segunda parte de esta disposición, que expresa: “En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso no le ha sido posible acreditarla, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266.”.
La mayoría de la Comisión Mixta, formada por los honorables Senadores señores Díez , Larraín y Viera-Gallo y honorables Diputados señores Coloma y Espina aprobó este precepto. En contra de él votaron los honorables Diputados señores Elgueta , Letelier Morel y Pérez Lobos , quienes, como se explicó, eran del parecer de sacar de la norma el caso de quien, habiendo recibido las facilidades correspondientes, no le ha sido posible acreditar su identidad.
Luego, el señor Presidente de la Comisión puso en votación la frase final de este inciso segundo, que sanciona disciplinariamente, en los términos del inciso final del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, el ejercicio abusivo de la facultad de controlar identidad o la negativa a dar las facilidades para permitir la identificación.
La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables Senadores señores Díez , Hamilton , Larraín y Viera-Gallo y honorables Diputados señores Coloma , Elgueta , Espina, Letelier Morel y Pérez Lobos , aprobó este precepto.
Finalmente, por la misma unanimidad se acordó ubicar esta norma como nuevo artículo 260 bis.
Letra f)
(Numeración común ambas Cámaras)
(Letra g) numeración definitiva)
Mediante esta letra, la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, sustituyó el inciso segundo del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 293 vigente del aludido Código consta de tres incisos, en los que consagra un conjunto de derechos que favorecen al detenido. El inciso primero preceptúa que la detención, así como la prisión preventiva, debe efectuarse de modo que se moleste la persona o se dañe la reputación del procesado lo menos posible, agregando que la libertad de éste será restringida a lo estrictamente necesario para mantener el orden del establecimiento, asegurar su persona y no entorpecer la investigación.
El inciso segundo establece que el detenido o preso tiene derecho a que se informe a su familia, a su abogado o a la persona que él indique, el hecho de su detención o prisión.
Por último, el inciso tercero faculta al detenido para conferenciar con su abogado, en presencia del funcionario encargado del establecimiento policial o carcelario de que se trate, hasta por treinta minutos cada día sobre el trato recibido, las condiciones de su detención y los derechos que puedan asistirle.
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, sustituyó el inciso segundo de este precepto por el siguiente:
“El detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado, tiene derecho a que se dé noticia inmediata, por él mismo, por la policía o por el tribunal a cuya disposición estuviere, a su familia, a su abogado o a la persona que indique, en el plazo más breve posible y por los medios más expeditos, del hecho de su detención o prisión.”.
El Senado, en segundo trámite constitucional, sustituyó el inciso propuesto por la Cámara de Diputados y, además, agregó un inciso final nuevo al referido artículo 293.
El inciso segundo propuesto por el Senado es del siguiente tenor:
"El detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado, tiene derecho a que a la mayor brevedad y por los medios más expeditos posibles se informe a su familia, a su abogado o a la persona que indique, del hecho y la causa de su detención o prisión. El aviso deberá darlo el encargado de la guardia del recinto policial al cual fue conducido, o el secretario del tribunal ante el cual fue puesto a disposición, si no se hubiere dado con anterioridad.".
El nuevo inciso final que agrega el Senado reza como sigue:
"La negativa o el retardo injustificado en el cumplimiento de lo establecido en los dos incisos precedentes serán sancionados disciplinariamente con la suspensión del cargo, en cualquiera de sus grados, por la respectiva superioridad de la institución a la cual pertenezca el funcionario infractor o por la autoridad judicial que corresponda.”.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la sustitución del inciso segundo anteriormente transcrito.
En relación con esta discrepancia el representante del Ministerio de Justicia, durante el debate habido en la Comisión Mixta, propuso sustituir el Nº 1. de la letra f) por el siguiente texto:
"Aunque se encuentre incomunicado, el detenido o preso tiene derecho a que se informe inmediatamente por sí mismo, por la policía o por el tribunal a cuya disposición estuviere, a su familia, a su abogado o a la persona que él indique, en el plazo más breve posible y por los medios más expeditos, el hecho y la causa de su detención o prisión. En casos calificados y por motivos fundados tales como que el sujeto no se encontrare en condiciones de dar el aviso o existiese la sospecha fundada de que la comunicación personal del detenido pudiere frustrar investigaciones en curso, el aviso deberá darlo el encargado de la guardia del recinto policial al cual fue conducido, o el secretario del tribunal ante el cual fue puesto a disposición, si no se hubiere dado con anterioridad.".
Los honorables Senadores señores Larraín y Viera-Gallo consideraron que las excepciones previstas en la proposición anterior son subjetivas y, por lo tanto, su calificación quedaría entregada al criterio del funcionario que corresponda. Por esta razón y con el objeto de asegurar el cumplimiento del propósito que se busca con esta norma, propusieron, como forma de superar esta divergencia, establecer que el funcionario policial o judicial, según corresponda, efectúe la comunicación para dar aviso de la detención en presencia del detenido.
De esta manera, explicaron, se le da al detenido la seguridad de que se ha dado el aviso y, al mismo tiempo, se evita el riesgo de que el detenido use este camino para advertir a cómplices y así frustrar una investigación policial o judicial.
Para este efecto, sugirieron intercalar entre comas en el texto aprobado por el Senado, en segundo trámite, la oración “en su presencia” entre las frases “tiene derecho a que” y “a la mayor brevedad”.
El honorable Diputado señor Bustos solicitó que, además, se consagrara en la norma, como una obligación del funcionario encargado de dar aviso, que se debe dejar constancia de haberse efectuado la comunicación.
La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables Senadores señores Díez , Hamilton , Larraín y Viera-Gallo , y honorables Diputados señores Coloma , Elgueta , Espina, Letelier Morel y Pérez Lobos , aprobó las proposiciones de los honorables Senadores señores Larraín y Viera-Gallo y del honorable Diputado señor Bustos .
Por su parte, el honorable Diputado señor Letelier pidió dejar constancia de que la Comisión Mixta aprobó esta norma en la inteligencia de que, por tratarse de un derecho, la Policía ni el tribunal podrán excusarse de dar el aviso con el pretexto de que carecen de recursos.
Artículo 5º
(Numeración común ambas Cámaras)
(Artículo 5º numeración definitiva)
El artículo 5º del texto propuesto por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, modificó el número 5 del artículo 42 de la ley Nº 16.618, de Menores.
La referida disposición legal establece que se entiende que los padres se encuentran inhabilitados para tener el cuidado personal de los hijos cuando hubieren sido condenados por vagancia, secuestro o abandono de menores.
La modificación introducida por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, consistió en eliminar del precepto la palabra “vagancia”, por cuanto el artículo 4º de este mismo proyecto eliminó la figura de la vagancia como infracción entregada al conocimiento de los jueces de policía local.
El Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó el artículo 5º del proyecto.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la eliminación propuesta por el Senado.
La Comisión Mixta, luego de un breve debate, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables Senadores señores Díez , Hamilton , Larraín y Viera-Gallo , y honorables Diputados señores Coloma , Elgueta , Espina, Letelier Morel y Pérez Lobos , acordó aprobar el artículo 5º propuesto por la Cámara de Diputados al observar que la eliminación que dicho precepto propone es necesaria para guardar la debida coherencia entre los diversos cuerpos normativos de nuestro ordenamiento.
-o-
Por último, la Comisión Mixta por la unanimidad de sus miembros, honorables Senadores señores Díez , Hamilton , Larraín y Viera-Gallo , y honorables Diputados señores Coloma , Elgueta , Espina, Letelier Morel y Pérez Lobos , acordó efectuar las adecuaciones formales necesarias a fin de que los números que componen los artículos 1° y 2° del proyecto queden ordenados en forma correlativa.
-o-
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Comisión Mixta, tiene el honor de efectuaros la siguiente proposición, como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional:
ARTÍCULO 1°
Letra c) Cámara de Diputados
Letra b) Senado
Consultar como artículo 260 bis del Código de Procedimiento Penal, el texto propuesto por el Senado como inciso segundo del artículo 260 del mencionado Código.
ARTÍCULO 1°
Letra b) Cámara de Diputados
Letra e) Senado
Sustituir el primero de los incisos que el Senado ha propuesto agregar en el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, por el siguiente texto:
"Antes de conducir a la persona detenida a la unidad policial, el funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión deberá informarle verbalmente la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente. Igual información deberá prestar al detenido o aprehendido, el encargado de la primera casa de detención policial hasta la que sea conducido, inmediatamente de ser ingresado a ella. Se dejará constancia en el libro de guardia respectivo, del hecho de haberse proporcionado la información señalada, de la forma en que se prestó la información, y del nombre de los funcionarios que la proporcionaron y aquellos ante los cuales se entregó. Sin perjuicio de lo anterior, cuando por las circunstancias que rodean la detención o aprehensión no se pueda informar al sujeto de sus derechos al momento de practicarla, la información se proporcionará inmediatamente de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención. En los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale, cuando la tuviere fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.”.
ARTÍCULO 1°
Letra f) Ambas Cámaras
Sustituir el inciso segundo del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, por el siguiente:
“El detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado tiene derecho a que, en su presencia, a la mayor brevedad y por los medios más expeditos posibles se informe a su familia, a su abogado o a la persona que indique, del hecho y la causa de su detención o prisión. El aviso deberá darlo el encargado de la guardia del recinto policial al cual fue conducido, o el secretario del tribunal ante el cual fue puesto a disposición, si no se hubiere dado con anterioridad. Se dejará constancia de haberse dado el aviso.”.
ARTÍCULO 5º
Aprobar la proposición de la Cámara de Diputados.
-o-
A título meramente informativo, cabe hacer presente que, con la proposición de la Comisión Mixta incorporada, el texto de la iniciativa queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Penal:
a) Elimínase el N° 1 del artículo 18.
b) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 260 por el siguiente:
“Artículo 260.- Los agentes de policía están obligados a detener:
1º A todo delincuente de crimen o simple delito a quien se sorprenda in fraganti;
2º Al sentenciado a las penas de presidio, reclusión o prisión que hubiere quebrantado su condena, y
3º Al detenido o preso que se fugare.”.
c) Intercálase el siguiente artículo 260 bis:
“Artículo 260 bis.- La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio. En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si, habiendo recibido las facilidades del caso no le ha sido posible acreditarla, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 266. El ejercicio abusivo de esta facultad o la negativa a dar facilidades para permitir la identificación serán sancionados disciplinariamente en los términos del inciso final del artículo 293.”.
d) Sustitúyese el artículo 266, por el siguiente:
"Artículo 266.- Si el delito flagrante que se imputa a la persona detenida fuere alguno de los mencionados en el artículo 247, el funcionario encargado del recinto policial al que sea conducida deberá ponerla en libertad, intimándole que comparezca ante el juez competente a la primera hora de la audiencia inmediata, cumpliéndose uno de los siguientes requisitos: a) que el detenido acredite tener domicilio conocido, o b) que rinda en dinero efectivo una fianza de comparecencia ascendente a media unidad tributaria mensual si se tratare de una falta y a una unidad tributaria mensual si se tratare de un delito o cuasidelito. La fianza será recibida por el mismo funcionario y podrá ser depositada por el propio detenido o por cualquiera persona a su nombre.
Se darán al detenido las facilidades pertinentes para que pueda cumplir con cualquiera de estos requisitos.”.
e) Derógase el artículo 270.
f) Agréganse en el artículo 284 los siguientes incisos:
"Antes de conducir a la persona detenida a la unidad policial, el funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión deberá informarle verbalmente la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente. Igual información deberá prestar al detenido o aprehendido, el encargado de la primera casa de detención policial hasta la que sea conducido, inmediatamente de ser ingresado a ella. Se dejará constancia en el libro de guardia respectivo del hecho de haberse proporcionado la información señalada, de la forma en que se prestó la información, del nombre de los funcionarios que la proporcionaron y de aquellos ante los cuales se entregó. Sin perjuicio de lo anterior, cuando por las circunstancias que rodean la detención o aprehensión, no se pueda informar al sujeto de sus derechos al momento de la aprehensión o detención, la información se proporcionará inmediatamente de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención. En los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale, cuando la tuviere fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.
En todo recinto de detención policial y casa de detención, en lugar claramente visible del público, deberá existir un cartel destacado en el cual se consignen los derechos de los detenidos, cuyo texto y formato serán fijados por decreto supremo del Ministerio de Justicia.
El juez, al interrogar al detenido o preso, deberá comprobar si se dio o no cumplimiento a lo dispuesto en los dos incisos anteriores. En caso de comprobarse que ello no ocurrió, remitirá oficio con los antecedentes respectivos a la autoridad competente, para que ésta aplique las sanciones disciplinarias correspondientes y tendrá por no prestadas las declaraciones que el detenido o preso hubiere formulado ante sus aprehensores.".
g) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 293:
1. Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:
"El detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado, tiene derecho a que, en su presencia, a la mayor brevedad y por los medios más expeditos posibles se informe a su familia, a su abogado o a la persona que indique, del hecho y la causa de su detención o prisión. El aviso deberá darlo el encargado de la guardia del recinto policial al cual fue conducido, o el secretario del tribunal ante el cual fue puesto a disposición, si no se hubiere dado con anterioridad. Los funcionarios señalados dejarán constancia de haber dado el aviso.".
2. Agrégase el siguiente inciso final:
"La negativa o el retardo injustificado en el cumplimiento de lo establecido en los dos incisos precedentes serán sancionados disciplinariamente con la suspensión del cargo, en cualquiera de sus grados, por la respectiva superioridad de la institución a la cual pertenezca el funcionario infractor o por la autoridad judicial que corresponda.”.
Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:
a) Reemplázase el artículo 150 por el siguiente:
"Artículo 150.- Sufrirá las penas de presidio o reclusión menores y la accesoria que corresponda:
1° El que decretare o prolongare indebidamente la incomunicación de una persona privada de libertad, o usare con ella de un rigor innecesario, y
2° El que arbitrariamente hiciere arrestar o detener en otros lugares que los establecidos por la ley.".
b) Agrégase el siguiente artículo 150 A, nuevo:
“Artículo 150 A.- El empleado público que aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o consintiere su aplicación, será castigado con las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente.
Las mismas penas, disminuidas en un grado, se aplicarán al empleado público que, conociendo la ocurrencia de las conductas tipificadas en el inciso precedente, no las impidiere o hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello.
Si mediante alguna de las conductas descritas en el inciso primero el empleado público compeliere al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo de declaración o a entregar cualquier información, la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo y la accesoria correspondiente.
Si de la realización de las conductas descritas en este artículo resultare alguna de las lesiones previstas en el artículo 397 o la muerte de la persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere imputable a negligencia o imprudencia del empleado público, la pena será de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo a medio y de inhabilitación absoluta perpetua.".
c) Agrégase el siguiente artículo 150 B, nuevo:
"Artículo 150 B.- Al que, sin revestir la calidad de empleado público, participare en la comisión de los delitos sancionados en los dos artículos precedentes, se le impondrán las siguientes penas:
1º Presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, en los casos de los artículos 150 y 150 A, inciso primero;
2º Presidio o reclusión menor en su grado medio a máximo, en el caso del inciso segundo del artículo 150 A, y
3º Presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si se tratare de la figura del último inciso del artículo 150 A.
En todos estos casos se aplicarán las penas accesorias que correspondan.".
d) Deróganse el párrafo “XIII De la vagancia y mendicidad”, contenido en el Título VI del Libro II, así como los artículos 305 al 312 en él incluidos.
Artículo 3°.- Sustitúyese la letra d) del N° 2° del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, por la siguiente:
“d) De las causas por crimen o simple delito;”.
Artículo 4°.- Derógase el N° 7° de la letra c) del artículo 13 de la ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local.
Artículo 5º.- Sustitúyese el Nº 5º del artículo 42 de la ley Nº 16.618, que fija el texto de la Ley de Menores, por el siguiente:
“5º Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores;”.
-o-
Acordado en sesiones celebradas los días 15 y 22 de abril de 1998, con asistencia de sus miembros honorables Senadores señores Hernán Larraín Fernández ( Presidente ), Sergio Díez Urzúa , Juan Hamilton Depassier , y José Antonio Viera-Gallo Quesney , y honorables Diputados señores Juan Antonio Coloma Correa , Sergio Elgueta Barrientos , Alberto Espina Otero , Juan Pablo Letelier Morel y Aníbal Pérez Lobos .
Sala de la Comisión, a 30 de abril de 1998.
(Fdo.): NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ , Secretario ”.
3. Informe de Comisión Mixta. Modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, incorporando a los establecimientos que indica como entidades de educación superior reconocidas por el Estado. (boletín Nº 1786-04)
?Honorable Senado:
Honorable Cámara de Diputados:
La Comisión Mixta, constituida en conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.
El honorable Senado, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 1998, nombró como integrantes de la Comisión a los honorables Senadores señores Andrés Chadwick Piñera , Sergio Díez Urzúa , Roberto Muñoz Barra , Mariano Ruiz-Esquide Jara y Ramón Vega Hidalgo . Posteriormente, el honorable Senador señor Ruiz-Esquide fue reemplazado por el honorable Senador señor Hosaín Sabag Castillo .
Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, en sesión de 3 de marzo de 1998, designó al efecto a los honorables Diputados señores Nelson Ávila Contreras , Maximiano Errázuriz Eguiguren , José Miguel Ortiz Novoa , Jorge Ulloa Aguillón , Felipe Valenzuela Herrera . El honorable Diputado señor Errázuriz fue reemplazado en su oportunidad por la honorable Diputada señora Marina Prochelle Aguilar .
La Comisión Mixta se constituyó el día 21 de abril de 1998, con la asistencia de todos sus miembros.
Concurrió a la sesión en que vuestra Comisión analizó este asunto, el honorable Senador señor Jorge Martínez Busch .
En representación del Ejecutivo participó el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, don Raúl Allard Neumann .
La Comisión Mixta eligió por unanimidad como Presidente al honorable Senador don Roberto Muñoz Barra , y se abocó de inmediato al cumplimiento de su cometido.
-o-
Vuestra Comisión Mixta os hace presente que la proposición que más adelante os formula como un todo requiere ser aprobada con el quórum que la Constitución Política exige para las leyes orgánicas constitucionales, atendido que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
-o-
Las dificultades suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de la totalidad de las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley materia de este informe, recaídas en las letras a), b), c), d), e), f) y h) del artículo único y en su artículo transitorio.
-o-
Al inicio de la discusión de las divergencias suscitadas los honorables señores Diputados integrantes de la Comisión hicieron presente que la razón fundamental del rechazo a las enmiendas propuestas por el honorable Senado dice relación, más que con una cuestión de fondo, con la necesidad de conocer los fundamentos de la innovación propuesta por el honorable Senado, materializada mediante una Indicación de S.E. el Presidente de la República , que incorpora a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y a las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas entre las instituciones de educación superior a que se refiere el artículo 29 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (artículo único letra a) del proyecto propuesto).
Consultado por la Comisión respecto de los alcances de esta disposición, el representante del Ejecutivo precisó que la idea de incorporar a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y a las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas dentro de la categoría de instituciones de educación superior reconocidas por el Estado recoge y valora la antigua tradición educativa existente en esos centros de formación militar, por lo que desde este punto de vista el legislador no haría más que sancionar jurídicamente una realidad histórica.
En relación con lo anterior, y dado que algunos integrantes de la Comisión se mostraron interesados en conocer detalles referidos al reconocimiento y naturaleza que de acuerdo al proyecto (artículo único letra d) de la proposición que se consigna al final de este informe) tendrían los títulos otorgados por estas instituciones, el representante del Ejecutivo destacó que mediante esta normativa sólo se está facultando a la Academia y Escuelas de que se trata para conferir, al tenor de sus reglamentos internos, títulos profesionales inherentes a la naturaleza de la enseñanza que imparten para el cumplimiento de las funciones que les encomienda el artículo 90 de la Constitución Política. Por tratarse de títulos de carácter profesional suponen estudios previos de enseñanza media y la respectiva licencia secundaria que habilitan al alumno para proseguir estudios de nivel superior.
Resueltas las dudas planteadas, la unanimidad de los miembros de la Comisión se inclinó por aceptar el criterio propuesto por el Senado en el sentido de incluir a la Anepe y a las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas entre las entidades de educación superior regidas por el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y todas aquellas modificaciones que de ella se derivan según se explica a continuación, reseñándose para cada uno de los literales del artículo único del proyecto la divergencia producida entre ambas Cámaras y la resolución adoptada por la Comisión Mixta.
Artículo único
Introduce diversas enmiendas a la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Letra a)
La norma aprobada por la honorable Cámara de Diputados en primer trámite constitucional enmienda la letra d) del artículo 29, que señala las instituciones de educación superior que el Estado reconocerá oficialmente, agregando entre ellas a las Escuelas de Carabineros, de Suboficiales de Carabineros de Chile y de Investigaciones Policiales y al Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile.
El honorable Senado en segundo trámite reemplazó este literal por otro para incluir entre las instituciones de educación superior que enumera la letra d) del artículo 29, sin perjuicio de las citadas precedentemente que incorpora el proyecto original, a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y a las Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas .
La Comisión Mixta modificó esta norma en el sentido de sustituir la denominación “Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile” por “Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile”, a objeto de que la mención a esta entidad corresponda con su naturaleza, finalidades y funciones actuales. Cabe señalar que esta enmienda fue acordada además para todas aquellas normas del proyecto que aludan a este mismo establecimiento.
La Comisión acordó, asimismo, introducir una nueva norma permanente al proyecto, pasando el artículo único a ser 1º, destinada a salvar el problema de interpretación que pudiera derivarse del cambio de denominación de la entidad educacional de Carabineros citada, en virtud de la cual las referencias que la legislación y reglamentación vigentes realicen al Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile se entenderán hechas a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.
-Con las enmiendas reseñadas la Comisión por la unanimidad de sus miembros acordó mantener el texto propuesto por el honorable Senado, teniendo presente las consideraciones expuestas en el acápite anterior.
Letra b)
La norma aprobada por la honorable Cámara de Diputados en primer trámite constitucional reemplaza, en el epígrafe del párrafo 6º, relativo al reconocimiento oficial de los títulos y grados que otorgan los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, la alusión a esta última rama militar por otra a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El honorable Senado en segundo trámite reemplazó este literal por otro, para aludir en éste de una manera genérica a las “Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional”.
-Sometida a votación, la Comisión por la unanimidad de sus miembros fue partidaria de mantener el texto propuesto por el honorable Senado.
Letra c)
La norma aprobada por la honorable Cámara de Diputados en primer trámite constitucional agrega a la Policía de Investigaciones de Chile entre las instituciones que menciona el artículo 71, esto es, aquellas cuyo objetivo es formar profesionales y técnicos que deberán cumplir las funciones que consagra el artículo 90 de la Constitución Política.
El honorable Senado en segundo trámite sustituyó el artículo 71 por otro.
La disposición propuesta por la Cámara revisora mantiene el texto vigente del inciso primero del precepto de que se trata, que declara que los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de Carabineros desarrollan actividades docentes, de investigación y de extensión de nivel superior, con el objetivo que expresa, agregando entre aquéllos a los de la Policía de Investigaciones de Chile como lo hace el proyecto original.
Además, incorpora un inciso segundo, que precisa que la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos desarrolla actividades de docencia, investigación y extensión, destinadas a incrementar los conocimientos en materias de defensa y seguridad del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del sector privado.
-La Comisión por la unanimidad de sus miembros acordó mantener el texto propuesto por el honorable Senado.
Letras d), e) y f)
(Han pasado a ser letra d) en el texto del honorable Senado)
Los literales acordados por la honorable Cámara de Diputados en primer trámite constitucional modifican el artículo 72 con las siguientes finalidades, respectivamente:
-Incorporar al Instituto Superior de la Policía de Investigaciones entre las instituciones que indica el precepto, esto es, aquellas que podrán otorgar títulos profesionales y grados académicos de licenciado, maestría y doctor en los ámbitos inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales.
-Agregar un nuevo inciso al tenor del cual la Escuela de Carabineros y la Escuela de Investigaciones Policiales podrán otorgar títulos profesionales, de acuerdo con la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia.
-Eliminar del inciso segundo del artículo la alusión a los centros de formación técnica, como entidades de educación reconocidas por el Estado que otorgan títulos profesionales y grados académicos equivalentes a los que confieren las instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública a que esta norma se refiere.
El honorable Senado en segundo trámite reemplazó estos literales por otro, el cual sustituye íntegramente el artículo 72.
La norma sustitutiva mantiene el texto vigente de la norma, incorporando al Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile como lo propone la honorable Cámara de Diputados entre las entidades que la disposición menciona. Cabe recordar que la norma en vigor declara que las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas, las Academias Politécnicas Militar, Naval y Aeronáutica, la Escuela Técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile son entidades que podrán otorgar, además de títulos profesionales, toda clase de grados académicos en los ámbitos inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales.
En seguida, el Senado propone dos nuevos incisos. El primero de ellos señala que la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos podrá también conferir toda clase de grados académicos. El segundo, faculta a las Escuelas Militar, Naval, de Aviación, de Carabineros y de Investigaciones Policiales, en lo que corresponda a estudios superiores, para otorgar títulos profesionales inherentes a la especificidad de su función militar o policial, en conformidad con la naturaleza de la enseñanza impartida y en la esfera de su competencia.
Finalmente, la Cámara revisora mantiene como inciso cuarto el actual segundo con las modificaciones incorporadas por la honorable Cámara de Diputados, que considera equivalentes dichos títulos profesionales y grados académicos a los de similares características que otorguen las otras instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, como universidades e institutos profesionales.
-Con la misma enmienda descrita con ocasión del análisis del literal a), la Comisión por la unanimidad de sus miembros acordó mantener el texto que el honorable Senado consultara para esta disposición.
Letra h)
(Pasa a ser f) en el texto del honorable Senado)
La norma aprobada por la Cámara de origen incorpora un artículo 73 bis que faculta al Ministerio de Educación para certificar, a petición de interesado, la equivalencia de los títulos profesionales y técnicos conferidos por los establecimientos de enseñanza superior de la Defensa Nacional, con los de similares características que otorguen las demás instituciones de enseñanza superior reconocidas por el Estado.
El honorable Senado en segundo trámite enmendó el texto que se consulta para el artículo 73 bis entregando a un reglamento la determinación de las bases y el procedimiento a los que deberá ajustarse el Ministerio de Educación para establecer las referidas equivalencias.
Con motivo del estudio de esta disposición tuvo lugar en el seno de vuestra Comisión un intercambio de opiniones relativo a la conveniencia de entregar al Ministerio de Educación la facultad de que se trata.
Sobre el particular la tesis de mayoría sostuvo que existiría una contradicción entre el artículo propuesto y el inciso final del artículo 72, que considera equivalentes los títulos y grados académicos que otorgan las instituciones de educación superior de las Fuerzas dependientes de la Defensa Nacional con los de similares características que confieren las universidades e institutos profesionales.
Tuvo presente además que el artículo 19 de la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, autoriza a éstas para planificar, realizar estudios y cursos de nivel superior y otorgar al personal los correspondientes títulos técnicos, profesionales y grados académicos que correspondan, en los ámbitos inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales. Esta norma ha operado en lo relativo a homologación de estudios sin problemas hasta la fecha, razón por la cual la disposición en análisis sería innecesaria.
Por último, sostuvo que establecer esta exigencia para las instituciones a que se refiere el Título III de la ley Nº 18.962, implicaría afectar el principio de igualdad que debería regir en la materia entre todos los establecimientos de educación superior del país.
Por su parte, el voto de minoría opinó que si la facultad en cuestión sólo puede ser ejercida a petición del interesado y en su personal beneficio para facilitar su inserción en el mundo laboral civil, se justificaría la existencia de un órgano del Estado que examine la idoneidad de las mallas curriculares de las carreras ofrecidas y que conducen a la obtención de determinadas calidades profesionales, cualquiera fuera la naturaleza de la institución que las imparte. Concluyó señalando que por lógica dicho órgano debe ser el Ministerio de Educación.
-Sometido a votación este literal fue rechazado por mayoría con el voto de los honorables Senadores señores Chadwick , Díez y Vega y de los honorables Diputados señora Prochelle y señores Ulloa y Valenzuela , y el voto favorable a la norma de los honorables Senadores señores Muñoz Barra y Sabag y de los honorables Diputados señores Ávila y Ortiz .
Artículo transitorio
El precepto acordado por la Cámara de origen autoriza a los establecimientos de educación superior de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para convalidar aquellos títulos profesionales y técnicos que hubieren otorgado con anterioridad a la fecha de publicación de este proyecto en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con sus correspondientes normas orgánicas y de funcionamiento.
La Cámara revisora reemplazó la expresión “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” por “Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional”, en conformidad con lo acordado para la letra b) del artículo único.
-La Comisión por la unanimidad de sus miembros acordó mantener el texto propuesto por el honorable Senado.
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Tomando en consideración los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión Mixta por la unanimidad de sus miembros tiene el honor de formularos la Proposición que a continuación se consigna, la que, como se hiciera presente, deberá votarse con quórum de ley orgánica constitucional atendido que contiene normas de ese carácter, de acuerdo con lo expresado al comienzo de este informe.
-o-
En mérito de lo expuesto vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros salvar las divergencias producidas entre ambas Cámaras del honorable Congreso Nacional, mediante el texto que a continuación se transcribe. Cabe advertir que en el artículo 1º del texto que más adelante se transcribe se ha incluido la letra g), que pasó a ser e), del artículo único original, la cual no fue objeto de discrepancia:
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Título III de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:
a) Sustitúyese la letra d) del artículo 29, por la siguiente:
“d) Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; Academias de Guerra y Politécnicas; Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas; Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile; Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas ; Escuela de Carabineros y Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, y Escuela de Investigaciones Policiales e Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile.”.
b) Sustitúyese el epígrafe del párrafo 6º, por el siguiente: “Del reconocimiento oficial de los títulos y grados que otorgan los establecimientos de educación superior de las Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional.”.
c) Reemplázase el artículo 71, por el siguiente:
“Artículo 71.- Los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile desarrollan actividades docentes, de investigación y extensión de nivel superior, cuyo objetivo fundamental es formar profesionales y técnicos con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones que les encomienda el artículo 90 de la Constitución Política.
La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos desarrolla actividades de docencia, investigación y extensión, destinadas a incrementar los conocimientos en materias de defensa y seguridad del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del sector privado.”.
d) Sustitúyese el artículo 72, por el siguiente:
“Artículo 72.- Las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas, las Academias Politécnicas Militar, Naval y Aeronáutica, la Escuela Técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile y el Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile podrán otorgar, además de títulos profesionales, toda clase de grados académicos. En especial, podrán otorgar los grados de licenciado, magíster y doctor en los ámbitos inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales.
La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos podrá también otorgar toda clase de grados académicos.
Asimismo, la Escuela Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Aviación, la Escuela de Carabineros y la Escuela de Investigaciones Policiales, en lo que corresponda a estudios superiores, podrán otorgar títulos profesionales propios de la especificidad de su función militar o policial, según sea el caso, de acuerdo con la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia.
Estos títulos profesionales y grados académicos serán equivalentes, para todos los efectos legales, a los de similares características que otorguen las otras instituciones de educación reconocidas por el Estado, como universidades e institutos profesionales.”.
e) Intercálanse en el inciso primero del artículo 73, entre la palabra “Escuela” y la expresión “de Carabineros”, las locuciones “de Suboficiales”.
Artículo 2º.- Las referencias que la legislación y reglamentación vigentes hacen al Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile se entenderán efectuadas a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.
Artículo transitorio.- Los establecimientos de educación superior de las Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional a que se refiere la presente ley, podrán convalidar aquellos títulos profesionales y técnicos que hubieren otorgado con anterioridad a la fecha de publicación de esta normativa, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con sus correspondientes normas orgánicas y de funcionamiento.”.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el día 21 de abril de 1998, con asistencia de los honorables Senadores señores Roberto Muñoz Barra ( Presidente ), Andrés Chadwick Piñera , Sergio Díez Urzúa , Hosaín Sabag Castillo y Ramón Vega Hidalgo , y de los honorables Diputados señora Marina Prochelle Aguilar y señores Nelson Ávila Contreras, José Miguel Ortiz Novoa , Jorge Ulloa Aguillón y Felipe Valenzuela Herrera .
Sala de la Comisión Mixta, a 21 de abril de 1998.
(Fdo.): MARÍA ANGÉLICA BENNETT GUZMÁN , Secretario Abogado ”.