Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- INFORME SOBRE NORMATIVA APLICABLE A TRASPASOS DE ACCIONES DE GRUPOS CONTROLADORES DE EMPRESAS.
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Luis Pareto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Bustos Huerta
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- PAREO
- Adriana Munoz D'albora
- Alberto Espina Otero
- Arturo Longton Guerrero
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Rafael Arratia Valdebenito
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Longueira Montes
- Anibal Perez Lobos
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- PAREO
- DEBATE
- INFORME SOBRE NORMATIVA APLICABLE A TRASPASOS DE ACCIONES DE GRUPOS CONTROLADORES DE EMPRESAS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 6ª, en jueves 26 de marzo de 1998
(Ordinaria, de 10.44 a 13.12 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana.
Presidencia accidental de la señora Prochelle Aguilar, doña Marina.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 6
III. Actas 6
IV. Cuenta 6
V. Objeto de la sesión.
Informe sobre normativa aplicable a traspasos de acciones de grupos controladores de empresas 6
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto que modifica el decreto supremo (S) Nº 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada. (boletín Nº 2155-02) 36
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (78)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El acta de la sesión 1ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 2ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
INFORME SOBRE NORMATIVA APLICABLE A TRASPASOS DE ACCIONES DE GRUPOS CONTROLADORES DE EMPRESAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En la presente sesión corresponde conocer el Informe de la Comisión Especial Investigadora de la normativa aplicable a los traspasos de acciones de grupos controladores de empresas y el rol de las entidades administrativas que tienen por misión regularlas.
Ofrezco la palabra por media hora al Diputado informante de la Comisión, señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señora Presidenta , el 19 de agosto de 1997, esta Cámara de Diputados celebró una sesión especial para tratar lo que en ese momento se denominó el “negocio del siglo”, el traspaso de la propiedad del holding Enersis a la sociedad española Endesa .
El debate que en esa oportunidad hubo en esta Sala motivó una serie de opiniones y la decisión de la Corporación de constituir una Comisión especial para que elaborara un informe amplio sobre la normativa en que se encuadra ese tipo de operaciones como la asociación entre las empresas Enersis y Endesa-España-, la oferta pública de acciones por las cuales se consolidó, la forma de control de las sociedades y, asimismo, que examinara el rol de las entidades administrativas cuya misión es regularlas en el plazo de 90 días.
Se estableció que dicha Comisión tendría igual conformación que las comisiones permanentes. Se constituyó el 3 de septiembre de 1997, eligió presidente a quien les habla y en el transcurso de su cometido celebró trece sesiones, más una reunión de trabajo con un grupo de accionistas minoritarios que, si bien tuvo la formalidad de una sesión, no fue ratificada por la Comisión con posterioridad.
El informe que los señores diputados tienen en su poder es bastante completo y felicito a la secretaría de la Comisión por su calidad, porque contiene casi todos los elementos relevantes de la discusión habida.
Sólo quiero destacar que, lamentablemente, uno de los debates más importantes en el seno de la Comisión no quedó registrado en la versión taquigráfica, porque en ese momento aún no se incorporaba el equipo de taquígrafos. Fue justamente en la sesión constitutiva de la Comisión donde se fijaron sus alcances; la discusión, que fue muy rica y en la que participaron todos los miembros, se orientó con precisión al trabajo que debía desarrollar y los límites que la legislación imponía. Hay una versión abreviada en el informe; pero quiero llamar la atención de la Cámara en el sentido de que el trabajo de la Comisión estuvo permanentemente cruzado por las dos posiciones que se señalan en la página 3 del informe. Allí se dice que “Los señores Escalona, Latorre , Palma, don Andrés , y Pizarro se manifestaron partidarios de que la Comisión conozca en detalle los diversos aspectos que dieron origen a la operación comercial, materia de la investigación de la Comisión, para luego analizar el papel que le ha correspondido a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en el control de esta operación, conforme a las normas legales y reglamentarias que rigen sobre la materia.”
Por otra parte, también se dice que “Los señores Cardemil , Coloma y Schaulsohn se expresaron en el sentido de que corresponde delimitar la competencia de la Comisión sólo en el ámbito de investigar las actuaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones , en cuanto a su participación en esta operación comercial, dado que la Cámara de Diputados carece de atribuciones para investigar las actividades del sector privado”.
En la Comisión no hubo discusión acerca de este último aspecto; sin embargo, se generó una muy profunda en cuanto a qué otros antecedentes podía recabar para poder informar sobre su investigación de las actuaciones de las superintendencias, organismos administrativos encargados de fiscalizar este tipo de operaciones, como asimismo sobre las limitaciones o ventajas que pudiera tener la legislación respecto de dichas operaciones.
Esto fue zanjado en el trabajo práctico por el hecho de que cursamos invitaciones tanto a las autoridades del sector público como a personeros del sector privado. La mayor parte de ellos concurrió a la Comisión. Hubo algunos destacados personeros del sector privado, como los señores José Yuraszeck y Marcos Zylberberg , que no concurrieron a la Comisión; pero sí lo hicieron los directores de Enersis, los ejecutivos de Endesa-España y los presidentes de la Bolsa de Comercio y de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. También asistieron representantes de los accionistas minoritarios, abogados especialistas en relaciones comerciales y los funcionarios públicos encargados de la fiscalización de esta clase de operaciones.
En ese sentido, el trabajo de la Comisión fue bastante completo y los señores diputados pueden examinarlo en el informe.
Con motivo del trabajo desarrollado por la Comisión se recibió una cantidad muy significativa de antecedentes. Los principales documentos están consignados en las primeras 44 páginas del informe. Quiero destacar los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid, España, acerca de la operación realizada aquí; los de la Superintendencia de Valores y Seguros y los de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, que contienen una relación de la operación de compra de acciones de las empresas Chispas y del Grupo Enersis por parte de Endesa-España, la participación de las empresas Chispas en la sociedad Enersis , el impacto que esta operación podría haber tenido en la participación de los distintos fondos de pensiones en las empresas de este grupo, etcétera. Pero, al mismo tiempo, en el informe está consignado el acuerdo de alianza estratégica entre Endesa-España y la empresa Enersis , que motivó una amplia discusión pública en el país. Del conocimiento y de los alcances de dicha discusión se determinó dejar sin efecto dicho acuerdo.
Pero, en los últimos días nos hemos enterado de que hay un nuevo acuerdo de alianza estratégica entre Enersis y Endesa-España; sin embargo, este nuevo acuerdo, del cual sólo tenemos información por la prensa, no figura en el informe porque la Comisión había terminado su cometido antes de que se produjera esta corrección a la alianza estratégica entre las dos sociedades.
También, aunque no está consignado en el informe de la Comisión, hay gran cantidad de antecedentes sobre cómo se fue estableciendo esta negociación entre Enersis y Endesa-España.
Cuando concurrieron a la Comisión los ejecutivos de Endesa-España, fueron consultados por diversos señores diputados -según se señala en el informe- respecto de los antecedentes económicos y de la manera en que habían llegado a concretar el acuerdo de alianza estratégica que finalmente fue rechazado tanto por la sociedad Enersis como -diría- por la sociedad chilena.
Esos antecedentes, que son muy interesantes y que podría ser muy valioso debatirlos en otro momento, tal vez también por esta Corporación, están a disposición de los señores diputados en las actas y en los antecedentes complementarios; no están consignados en el informe, pero sí en términos de poder revisar la correspondencia entre los ejecutivos de Enersis y de Endesa-España, previa a la firma del acuerdo que motivó la discusión de esta Sala, en agosto de 1997, y a nivel nacional, durante varios meses.
En ese sentido, de los antecedentes recibidos por la Comisión se desprende que efectivamente el acuerdo de alianza estratégica no fue consumado en pocos días o en pocas horas, como en algún momento se señaló por la prensa, sino tras varios años de negociaciones. Ahora, mi impresión es que la realizada en 1996 no fructificó, probablemente, por desacuerdo en el precio, pero no por su contenido, porque de la correspondencia examinada por la Comisión -dis-ponible en las actas y archivos- se puede concluir en que el tipo de alianza que se intentó establecer en 1996 es el mismo que se realizó en 1997 y que después se desechó.
Como señalé hace un momento, a la Comisión concurrieron diversas autoridades públicas y personeros del sector privado.
Entre las primeras puedo nombrar al Superintendente de Valores y Seguros y al fiscal de la Superintendencia de Valores y Seguros, señores Daniel Yarur y Pedro Mattar , respectivamente, quienes, además de exponer, entregaron sus respuestas a un cuestionario exhaustivo que preparó la Comisión para resolver dudas respecto del tipo de operaciones que estaba estudiando.
Tanto las consultas de la Comisión como las respuestas escritas de la Superintendencia de Valores y Seguros a ese cuestionario figuran en las páginas 15 y 21 del informe.
Concurrieron también el Fiscal Nacional Económico, señor Rodrigo Asenjo ; el abogado señor Juan Agustín Figueroa ; el entonces Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , señor Felipe Sandoval , y el entonces fiscal de la misma, don Raúl Donckaster ; el Su-perintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , señor Julio Bustamente , y el Subsecretario de Hacienda , señor Manuel Marfán , quien hizo una exposición en representación del Ministro de Hacienda -el cual a la fecha en que fue convocado se encontraba fuera del país-.
Asimismo, asistieron el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago , señor Pablo Irarrázabal , y el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones , señor Pedro Corona , en representación de sus respectivos gremios; el director de Enersis , señor Felipe Montt , y el presidente del consejo de administración de Endesa-España , señor Rodolfo Martín Villa , quien concurrió acompañado de un equipo asesor.
La síntesis de sus intervenciones se encuentra en el informe que los señores diputados tienen en sus manos.
Asimismo, junto con los Diputados señores Baldo Prokurica , Juan Carlos Latorre , Ignacio Balbontín , Eugenio Tuma y Alberto Cardemil , sostuvimos reuniones con el señor Mark Klugman quien asumió la vocería de los accionistas minoritarios de las sociedades denominadas Chispas. Con el propósito de entregar su visión y una síntesis de dicha reunión, también se consigna en el informe. Si bien no fue formal, como he señalado, presentamos la versión taquigráfica a la Comisión.
Después de escuchar a estas personas y conocer los antecedentes, la Comisión se abocó a resolver las proposiciones que debía someter a consideración de la Corporación.
Quiero destacar que se convino, en enero, por unanimidad, mandatar a su presidente, en este caso el diputado informante, para que presentara una proposición de conclusiones.
Efectivamente, se entregó, y los diputados miembros de la Comisión acordaron volver a reunirse para tener una discusión acabada de ellas y resolver, en definitiva, cuáles serían aprobadas y cuáles no.
Cuando eso correspondió, también se presentó una proposición que tiene como base la que había formulado el presidente , pero que contiene elementos diferentes en dos o tres puntos y suprime algunos contenidos en aquella. Fue elaborada por el Diputado señor Juan Antonio Coloma .
La Comisión se abocó al estudio de ambas conclusiones y procedió a votarlas.
En este caso, quiero agregar -pues puede ser relevante para la manera de proceder de la Sala-, que no hay una sola conclusión, sino un conjunto de ellas sobre materias diferentes, que la Comisión se abocó a resolver por separado.
Así, se discutió el ámbito y alcances de la Comisión investigadora y se resolvió de determinada manera.
Posteriormente, se abordaron la regulación de la oferta pública de adquisición de acciones y toma de control de las sociedades, y los aspectos que dicen relación con conflictos de interés. Todo esto se resolvió de determinada manera. Lo mismo respecto de la protección de accionistas minoritarios, uso de información privilegiada, elección de directores en las administradoras de fondos de pensiones; de normas que hacen efectiva la responsabilidad de directores y gerentes de sociedades anónimas y de la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros, organismo del Estado encargado de velar por el cumplimiento de la legislación y por el buen desarrollo de este tipo de operaciones.
Tanto en la proposición aprobada como en la rechazada hay elementos coincidentes. Ambas están in extenso en el informe que tienen los señores diputados a su disposición. Las conclusiones rechazadas están entre las páginas 152 y 158, y las aprobadas, entre las páginas 158 y 167.
Quiero destacar que hubo coincidencia en cuanto a los alcances de la actuación de las comisiones investigadoras. En ese sentido, la Comisión se atuvo estrictamente a lo que corresponde según la legislación. Si tomó conocimiento de antecedentes y escuchó opiniones de las partes interesadas, fue con el propósito de dar cumplimiento al mandato entregado por la Sala, y no por extender su ámbito de acción a un aspecto que legalmente no era de su competencia.
No obstante, también quiero expresar que la Comisión rechazó realizar una evaluación crítica de la operación desarrollada por los anteriores directores del consorcio Enersis con Endesa-España -como había sido mi proposición-, ya que se señalaba que la operación, denominada en su momento como “el negocio del siglo”, adoleció de clara falta a la ética social chilena, por cuanto no era aceptable -esto es lo que rechazó la Comisión- que un grupo de ejecutivos de una empresa pública se encargara de su venta a privados y fueran ellos mismos los adquirentes, y no en una proporción mayoritaria, de una forma societal tal que resultaron los directos controladores y beneficiarios de esa operación.
También se manifestaba que este tipo de operaciones tampoco podría ser realizada hoy en el país -como sí lo fue en el pasado-, y se vinculaba -tal cual ocurrió en el debate en la Sala de la Corporación- este defecto de origen con el resultado cuestionado de la operación Enersis .
La Comisión consideró, mediante votación, que el ámbito de actuación de las comisiones investigadoras era adecuado a lo que habíamos realizado. De igual modo, también en una votación mayoritaria, se rechazó realizar un juicio político sobre las características de esta operación en su momento.
Respecto de la evaluación de la legislación y de los organismos que deben velar por su cumplimiento, la Comisión aprobó una cantidad de opiniones sobre la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Ratificó el principio de que la actuación de este organismo no puede ser en substitución de la actuación de los agentes privados, sino que debe intervenir una vez que los privados han desarrollado su cometido.
Destaco que esta discusión fue muy profunda en la Comisión, por cuanto, al apreciar los hechos, en el debate muchas veces surgió la inquietud o duda, inclusive el interés de parte de algunos de sus miembros, en orden a dotar a la Superintendencia de Valores y Seguros de facultades -todos coincidimos en ello-, pero de facultades que podrían incidir en las intervenciones de los privados. Es decir, que la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros fuera previa a la de los privados, fuera restrictiva de sus actuaciones.
Sin embargo, respecto de cómo debe enmarcarse la legislación de este tipo, la Comisión acordó ratificar que los negocios entre los privados después se pueden fiscalizar, si están de acuerdo con la reglamentación y la ley, si no han afectado intereses de grupos minoritarios, o si hay conflicto de interés o no. Pero son los propios agentes privados quienes deben tomar las decisiones sobre el tipo de operaciones que deben realizar.
En ese sentido, en la Comisión se recalcó -está en las conclusiones- que hay que dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Superintendencia de Valores y Seguros, las que no deben inhibir o interferir en las operaciones entre los privados.
Entre las facultades que la Comisión acordó revisar a fin de proponer una mayor autoridad -si pudiera decirse- de la Superintendencia de Valores y Seguros, se destaca lo relativo al artículo 54 de la ley, por el cual se obliga a quien se proponga adquirir el control de una emisora a informar de su propósito al público en general, indicando, a lo menos, el precio y condiciones de las negociaciones a efectuarse, todo ello mediante una comunicación escrita a la Su-perintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa.
Sin embargo, esto es algo insuficiente para regular el mercado. Pero hay una propuesta de lo que se denomina oferta pública de acciones, contenida en la página 163 del informe. Se señala que es necesario definir lo que se entiende por oferta pública de acciones y precisar la diferencia entre esa oferta y la toma de control; que la toma de control regule el plazo en el cual se deben mantener las condiciones que se ofrecen a los distintos accionistas para comprar sus acciones; el prorrateo de la oferta de compra, la resolución de las diferencias de precios entre series de acciones, de qué manera esto puede ser regulado; y que en el momento en que se comunique una oferta pública de acciones, pueda ser revisada por parte de la autoridad para los efectos de que cumpla con todas las disposiciones legales pertinentes.
En otro orden de cosas, en la Comisión no hubo acuerdo para proponer una revisión de la elección de los directores por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Fue uno de los temas más discutidos. Sin embargo, no alcanzó acuerdo al respecto.
¿Por qué fue uno de los temas más discutidos? Concretamente, porque en el caso que estamos analizando, si bien no se incurrió en una ilegalidad, hubo una situación que no es del todo acorde con el espíritu de la legislación. Las administradoras de fondos de pensiones se vieron en la obligación -tal vez para defender los intereses que representan- de entrar, directa o indirectamente, en negociaciones con los controladores del holding Enersis para elegir los directorios de las empresas Endesa y Enersis .
La ley es taxativa al señalar que las administradoras de fondos de pensiones no pueden tomar control de las sociedades ni tampoco negociar la elección de los directorios con sus controladores.
Sin embargo, en el caso concreto que suscitó la constitución de la Comisión, de cuyo trabajo informo, resultaba imprescindible resolver en conjunto el problema del directorio de Endesa con la sociedad Enersis, para que la primera continuara siendo filial de la segunda, ya que Endesa es filial de Enersis porque hay cuatro directores de ella, que, a la vez, son directores de Endesa.
De no haber sido así, la situación económica habría resultado diferente. No digo mejor o peor, sino distinta. Posiblemente, la incertidumbre que podría haberse generado en el mercado hubiera afectado tanto a Endesa como a Enersis en sus valores patrimoniales.
Ese tipo de situaciones no está resuelto por la ley, porque ella establece taxativamente que no puede entrarse en esas negociaciones. Pero, si las mismas no se desarrollaban, podría haber habido un daño patrimonial de esas sociedades, en las cuales había inversiones muy importantes por parte de las administradoras de fondos de pensiones.
En esa perspectiva, si bien la Comisión no aprobó una proposición sobre una forma concreta de resolver estos aspectos, este punto fue uno de los más debatidos en el trabajo de la Comisión, justamente por la implicancia económica y política en cuanto a la administración de estas sociedades, relacionadas con el tema que estuvimos estudiando.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Diputado señor Palma , lamentablemente ha terminado su tiempo.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Puedo hacer uso también del tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
¿Habría acuerdo de la Sala para que continúe con su exposición el Diputado señor Andrés Palma?
Acordado.
Puede continuar, señor diputado .
El señor PALMA (don Andrés) .-
La Comisión abordó también la necesidad de avanzar respecto de la legislación vigente.
En otros aspectos -hay dos proposiciones diferentes, pero también coincidencia en las mismas-, la Sala tendrá que resolver sobre lo que se puede proponer.
En materia de normas sobre conflictos de interés y responsabilidad de los gerentes y directores hacia las sociedades anónimas abiertas, es necesario avanzar y perfeccionar la legislación.
En el trabajo de la Comisión, pudimos constatar que los directorios de las sociedades no siempre tenían plena, directa e inmediata información de lo que estaba acaeciendo con sus empresas. Eso fue testimoniado en el seno de la Comisión por directores de la sociedad Enersis . Al mismo tiempo, por la información entregada por escrito a la Comisión, pudimos percatarnos de que actas de sesiones de directorios realizadas en julio y a comienzos de agosto, no fueron revisadas por el directorio hasta bastante entrado el mes de septiembre, aun cuando éstas eran relevantes porque concedían poderes y autorizaciones. Incluso los directores de las mismas sociedades señalaron que sólo en el momento en que conocieron las actas se percataron de que, a lo mejor, había una contradicción, una dificultad.
Entonces, es necesario perfeccionar la normativa para que los directores tengan plazos perentorios para asumir las responsabilidades que ejercitan en el seno de los directorios; por ejemplo, poniendo plazos determinados, fijos y precisos para que las actas de los directorios sean aprobadas, y que no haya un plazo indefinido, como ocurre hoy, según la legislación, en que el acta de una sesión de directorio es posible que sea redactada por el secretario, pero aprobada y firmada por los directores meses después de celebrada esa sesión.
Por eso, debemos innovar en esa materia porque eso irá haciendo efectivamente responsables a los directores de la conducción de la empresa, cosa que hoy se diluye por la costumbre de no actuar dentro de los plazos prefijados. Esto es muy relevante para las sociedades anónimas abiertas que tienen hoy un importante patrimonio de fondos de pensiones, porque allí se están jugando las pensiones de todos quienes estamos afiliados al sistema vigente desde los años 80.
En esa misma perspectiva, la Comisión consideró interesante proponer la creación de comités de auditoría, particularmente en los directorios de estos consorcios, de los “holding”, de sociedades como Enersis y también de Endesa, en los que suelen ocurrir dos fenómenos que para la Comisión son relevantes de analizar y resolver en una legislación futura.
Suele ocurrir que hay información relevante que requiere un seguimiento permanente, yo diría al día, por parte del directorio, y no a la espera de una nueva sesión. Eso se ha resuelto, en algunos casos, con la creación de comités de auditorías que hacen el seguimiento de decisiones importantes del directorio, las cuales, muchas veces, deben ser implementadas por los gerentes de las sociedades.
Enersis, en este caso, acordó crear un comité de auditoría para asociarse con Endesa-España. Este es un juicio que se tramita en los tribunales de justicia a causa de las multas cursadas por la Superintendencia de Valores y Seguros y apeladas por los principales ejecutivos de dichas sociedades. Se debe decidir si estos comités de auditoría han funcionado o no y si su respaldo es legal o sólo revocable por decisión del directorio. En ese ámbito, resulta interesante la proposición de la Comisión por el hecho de que es frecuente en este tipo de operaciones que haya un holding y una filial, ambos con integraciones de directorios similares y con participación de administradoras de fondos de pensiones y del grupo controlador.
Es interesante constatar o afirmar que, a veces, suelen existir importantes conflictos de interés por parte de los directores. En ese sentido, es muy relevante que los directores expongan ante el directorio los posibles conflictos de interés, y que un comité de directores -podría ser el de auditoría- también haga un seguimiento de los eventuales conflictos.
Si estas normas estuvieran vigentes, a lo mejor gran parte del conflicto suscitado por la asociación de Enersis con Endesa-España -revocada finalmente por los directorios de ambas empresas en agosto del año pasado-, se habría podido evitar.
Finalmente, quisiera destacar la proposición de la Comisión en cuanto a legislar para hacer efectiva la responsabilidad de los directores y de los gerentes de sociedades anónimas frente a sus accionistas. Hoy, virtualmente, los accionistas minoritarios no tienen capacidad de acción frente a la resolución de un directorio donde hay un grupo controlador poderoso. Ellos pueden “ir en la parada” en las decisiones de la sociedad, pero no tienen verdadera capacidad para fiscalizar, ya que su conocimiento de las resoluciones de los directorios es muy limitada.
Es efectivo que las actas de los directorios están disponibles para los accionistas, pero sólo unos días antes de efectuarse la junta general, y no pueden acceder a ellas en forma permanente a través de algún mecanismo.
Al mismo tiempo, si un accionista considera dañado su patrimonio por una resolución del directorio puede entablar una demanda contra los directores, de acuerdo con la legislación vigente, pero con cargo a su patrimonio y en su sola representación, porque no puede actuar en representación de otros accionistas en la eventualidad de que también hubieren resultado dañados. Por lo tanto, ese tipo de demanda es prácticamente imposible en nuestra estructura legal de sociedades.
En el caso en análisis, Enersis y Endesa-España son sociedades con patrimonios de entre 3.500 a 5.500 millones de dólares. Si un pequeño accionista, o conjunto de accionistas, considera que el directorio actuó dañando su patrimonio, debe rendir caución por millones de pesos, en circunstancias de que, muchas veces, el patrimonio comprometido es muy inferior al monto de la fianza. No existe una norma, como en otras legislaciones que tuvimos a la vista durante el trabajo de la Comisión, que establezca que si un accionista actúa en contra del directorio de la sociedad en la cual tiene participación, los demás se pueden asociar a esa demanda y, en proporción al beneficio resultante de ella, beneficiarse con dicha asociación. Eso existe en otras sociedades, donde se ha buscado perfeccionar la legislación para proteger a los pequeños accionistas. Ello no existe en la nuestra y es algo sobre lo cual debemos legislar en el futuro.
Creo haber abordado los principales temas que debatimos en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada en agosto pasado para tratar este tema. Los señores miembros de la Comisión podrán complementar, discutir o rebatir lo que he expuesto ante esta Sala.
Por último, quiero destacar que muchos de los diputados que participamos en la Comisión ya no integran esta Sala, como los ex Diputados señores Ignacio Balbontín , Carlos Dupré , Iván de la Maza , Camilo Escalona , Andrés Allamand , Raúl Urrutia, Juan Carlos Latorre , Jorge Pizarro , Rubén Gajardo , Jorge Schaulsohn y la señora Rebolledo . Ciertamente, también hay otros que participaron y que continúan en ejercicio, como los señores Andrés Palma, Sergio Elgueta , Alberto Cardemil, Juan Antonio Coloma , Alfonso Vargas , Arturo Longton , Carlos Vilches , Víctor Reyes , Darío Paya , Francisco Bartolucci , Zarko Luksic , Gabriel Ascencio y Baldo Prokurica .
Sin duda, como Comisión, hubiéramos querido -así lo intentamos- que este debate se hubiera producido antes de la instalación de la nueva Sala, a fin de que pudieran participar todos los diputados señalados, quienes ya no forman parte de la Corporación. Ello no fue posible por razones de tiempo.
Quiero finalizar mi intervención agradeciendo a estos diputados su trabajo y aporte. Muchos de ellos fueron los que, en algunos casos, llevaron el trabajo pesado en el seno de la Comisión, Por eso, quiero agradecerles ahora su labor y, de una u otra manera, rendirles un homenaje.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Diversos Comités me han planteado la posibilidad de aprobar el informe sin debate previo.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Pareto.
El señor PARETO .-
Señora Presidenta , no cabe la menor duda de que, más que el informe que hemos escuchado, el debate nacional que se produjo con motivo de esta negociación causó, incluso, alarma pública.
No es mi ánimo personalizar ni buscar responsables, pero es indiscutible que esto no sólo daña al país, sino, además -y así lo reconocieron los dirigentes empresariales- al sector privado, porque cuando se trata de corrupción, también debemos hablar de corruptores. Y todos repudiamos la corrupción, venga de donde venga: de estas bancas o de cualquiera otra.
La negociación con España tuvo una falta de transparencia increíble. Tres o cuatro personas obtuvieron utilidades irregulares que afectaron al país y a millones de chilenos afiliados a las AFP. Esto no puede pasar inadvertido; éste no es un caso más; es uno de los escándalos -diría- más grandes de los últimos años.
Aquí se está acusando a un funcionario. La Contraloría General está invadida -lo ha reconocido el Contralor- de cientos y cientos de solicitudes del Parlamento para realizar investigaciones por 500 mil u 800 mil pesos. En este caso, se trata de una transacción de cientos de millones de dólares, cuyas características ni siquiera los directores de Enersis conocieron, y por eso han sido destituidos.
Esto amerita una profunda reflexión. Tengo buena opinión de don Carlos Cáceres, quien, cuando fue ministro , designó a don José Yuraszeck para que, en su oportunidad, interviniera la empresa, de la cual, posteriormente, se transformó en uno de sus más grandes accionistas. No creo que el señor Yuraszeck haya actuado con total transparencia; creo que aquí hay una persona responsable. Me alegro de que hoy don Carlos Cáceres esté presidiendo esa empresa, porque es un hombre respetable. Pero no podría afirmar lo mismo de quien dirigió y fue el zar de la energía chilena, puesto que se ha dado el lujo -no creo que con esto afecte a ningún parlamentario- de decir públicamente que financió campañas electorales, por lo menos, la municipal. Queremos preguntar si lo hizo de su bolsillo o con cargo a las utilidades ilegítimas que obtuvo por esta negociación. Es bueno decir esto. ¿Por qué negarlo cuando todo el país lo sabe?
Por otra parte, creo que también hay gran responsabilidad de los directores de las AFP designados por éstas como sus representantes ante Enersis. Felizmente, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley -esperamos contar con la colaboración de todos, sin distingos políticos- para modificar la integración de los directorios de las AFP, puesto que en ninguno de ellos hay representantes de los trabajadores; todos están formados por grupos económicos ajenos a los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, cuando llegue aquí, vamos a saber cómo se vota dicho proyecto, que es indiscutible y urgente.
También hemos visto la misma actitud en España, cuyo Congreso de Diputados demostró interés por averiguar qué sucedió. Lamentablemente, en su oportunidad, no se reunió allá el quórum necesario. Pero es bueno que se diga que ésta fue una operación negra y hasta con características tenebrosas.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , debo expresar, en primer lugar, que el informe que rindió el Presidente de la Comisión Especial Investigadora ha sido correcto, ajustado a derecho y refleja muy bien un trabajo intenso de dicha Comisión, que fue -permítaseme decirlo- y está siendo una buena labor, de la cual puede enorgullecerse sanamente nuestra Corporación.
La Comisión Especial Investigadora, respecto de la cual hubo muchas dudas -in-cluso las tuve en el momento en que se discutió su formación-, surgió a la luz pública en medio de un intenso y apasionado debate, del que nos da algunas muestras, haciendo planteamientos legítimos desde su punto de vista, el Diputado señor Pareto . Ése era el ambiente que existía en la Cámara: de cuestionamiento de un negocio entre particulares extraordinariamente difuso, en que la información iba llegando a retazos, en que no se sabía qué responsabilidades estaban involucradas.
Por lo tanto, el trabajo de la Cámara resultaba mucho más difícil, puesto que debía diagnosticar objetivamente la situación que provocaba preocupación pública; precisar su función fiscalizadora -cuestión muy delicada, de acuerdo con nuestro sistema de convivencia económica, social y política libres-, y formular propuestas concretas para prevenir y mejorar nuestra legislación al respecto. Esto se ha hecho bien, y así lo demuestra este informe.
En segundo lugar, mi convencimiento -lo planteo en esta Cámara, que es política- de que nuestro sistema de economía social de mercado ha funcionado bien, por la activa responsabilidad de los privados y los entes públicos, que deben mantener el marco dentro del cual se desenvuelve la actividad privada. Esto es lo que se ha dado en llamar normas del orden público económico para progresar en justicia, cumpliendo dichas normas y persiguiendo el bien común y particular, que es lo que corresponde a la actividad privada.
Ayer leía a un notable tratadista europeo que afirma algo que me llamó la atención. Él dice que ser partidario de la economía social de mercado sin aceptar que existan quiebras y negocios que se deben investigar, porque son confusos, y crisis bursátiles, es lo mismo que ser cristiano sin aceptar que exista el infierno o el purgatorio. Y eso es efectivo, porque en un sistema de economía social de mercado hay quiebras, negocios oscuros y crisis bursátiles, producto de causas indefinidas, y eso hay que investigarlo.
Ahora bien, ¿qué nos compete? No nos incumbe negar el infierno ni el purgatorio, sino prevenir para que el menor número de personas caiga en esta situación de infierno o purgatorio, de crisis bursátil o negocios oscuros. Ahora, si ello ocurre, que vayan al infierno los que son efectivamente culpables y que los inocentes no experimenten situaciones punibles. El sistema -repito- ha funcionado bien. Es efectivo que la prensa denunció los aspectos oscuros de la negociación; los empresarios echaron a andar su propio sistema de detección de irregularidades, de faltas a la ética, y denunciaron aspectos que no aparecían claros; los accionistas y directorios exigieron responsabilidades, y también la Cámara de Diputados. Y debo reconocer hidalgamente que tenían razón los diputados que pidieron la creación de esta Comisión Investigadora, pues su acción permitió que la entidad pública destinada a fiscalizar, es decir, la Superintendencia de Valores y Seguros, funcionara mejor y más activamente.
Estábamos ante un negocio al que todos dieron su visto bueno: el Superintendente y los ministros de Hacienda y Secretario General de Gobierno . Con posterioridad, se fue advirtiendo que había cuestiones no aclaradas que debían investigarse. Se pone en marcha el sistema, los privados y las autoridades funcionan bien, y hoy la Cámara está conociendo un buen trabajo de resumen sobre lo que debemos corregir y las responsabilidades involucradas. Como chileno y diputado me felicito de haber realizado un buen trabajo y de que esto haya funcionado bien.
En tercer lugar, creo que es un aporte importante -y ha hecho bien el Presidente de la Comisión al plantearlo- que en el informe se precise extraordinariamente bien cuál es la función de la Cámara de Diputados respecto de esta materia.
Como ciudadanos y personas podemos tener los juicios éticos y políticos que queramos; pero constituidos como Cámara de Diputados, cuando ejercemos la facultad constitucional de fiscalizar, debemos atenernos a la Constitución y a las leyes. La función de esta Cámara no es fiscalizar los negocios entre particulares, sino los actos del Gobierno.
Los particulares, es decir, los privados, compran, venden, opinan, hacen negocios y los comentan, porque desarrollan sus actividades de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad. Y uno es libre de hacer lo que quiera.
Cuando juramos respetar la Constitución y las leyes, quedamos sujetos al principio de la legalidad, y sólo podemos hacer lo que no nos está expresamente prohibido. En esta materia, por mucho juicio ético que tengamos, nos corresponde fiscalizar los actos del Gobierno. Consiguientemente -como se consigna en el informe de la Comisión-, de acuerdo con los artículos 48 y 7º de la Constitución, que consagra el principio de la legalidad, nos compete fiscalizar dichos actos y, concretamente, fiscalizar a los fiscalizadores; es decir, si las superintendencias habían cumplido su rol. Asimismo, por ser tarea de la Cámara, nos corresponde estudiar la normativa aplicable a estos negocios, que nos parecían extraños y ameritaban una investigación, en representación de la ciudadanía; proponer disposiciones que llenen los vacíos legales, fundamentalmente en cuanto al ejercicio de las facultades fiscalizadoras de las superintendencias, a las ofertas públicas de acciones y su normativa, a las responsabilidades de los directores, a la responsabilidad sobre uso de información privilegiada cuando alguien es director y socio a la vez y, por lo tanto, tiene una doble responsabilidad; y analizar el eventual problema que pudiera existir en materia de relaciones indebidas, es decir, de conflictos de intereses entre la calidad de socio y la de director.
Por lo tanto, todos los juicios -éticos, políticos, etcétera- que aquí podamos dar son válidos, pues estamos ejerciendo nuestro derecho; pero en materia de fiscalización estamos planteando exactamente lo que debemos hacer y decir.
El informe analiza la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros y la normativa que la rige. En primer lugar, consigna que hay vacíos en la ley -por ejemplo, en el artículo 54 de la ley sobre valores y seguros-, enumera con claridad los que debemos corregir y propone las normas que se han de dictar.
En segundo lugar, respecto de la actuación de la Superintendencia, analizamos cómo ejerció el superintendente sus escasas facultades fiscalizadoras, y concluimos que, si bien éste y el fiscal dicen que no tenían mayores facultades, es necesario reconocer que esta materia es susceptible de interpretaciones jurídicas diversas.
En consecuencia, es muy importante que frente a futuras operaciones que pudieran presentarse en el mercado de valores, con características similares a la “Opa” llevada a cabo dentro del marco de operaciones entre Enersis y Endesa-España, la Superintendencia ejerza en forma más oportuna sus facultades de fiscalización.
Pedimos en el informe que, en el futuro, el Superintendente debiera tener una actitud más activa para reducir los grados de confusión que estas operaciones generan, y así permitir su normal desarrollo.
Igualmente, decimos que nos parece indispensable que el Ministerio de Hacienda, entidad a través de la cual la Superintendencia se relaciona con el Gobierno, lleve a cabo una investigación de los procedimientos utilizados en este caso, con el objeto de obtener su rectificación en todo aquello que sea subsanable por la sola vía administrativa.
Con posterioridad, como Comisión, planteamos un conjunto de normas que constituirán un futuro trabajo legislativo de la Cámara para perfeccionar el mercado chileno de valores; para definir mejor lo que es una oferta pública de acciones; para introducir mecanismos de perfección y equidad respecto de todos los agentes económicos que intervienen -compradores y vendedores-, sin olvidar a los grupos de accionistas minoritarios.
Por otra parte, proponemos normas que regulen mejor los conflictos de intereses y la responsabilidad de los directores y gerentes de las sociedades cuando tienen tales conflictos con su calidad de accionistas. Igualmente, se sugieren normas que hagan más efectiva y clara la responsabilidad de los directores y gerentes de las sociedades anónimas.
Repito: primero, estamos en presencia de un trabajo eficiente de la Cámara de Diputados; segundo, debemos estar tranquilos, porque el sistema funcionó bien, tanto en el ejercicio de las responsabilidades de los privados como de las autoridades que deben mantener el orden público económico, y tercero, la función de la Cámara se ha ejercido responsablemente, conforme a derecho y sentando precedentes muy importantes para su futura gestión. Las cuestiones anexas a este informe son válidas, pero corresponden a la órbita de las opiniones particulares y no a lo que la Cámara está obligada a hacer por la Constitución y la ley.
Concluimos con definiciones claras con respecto a la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Superintendente, y hacemos algunas recomendaciones.
Finalmente, estamos cooperando a la buena marcha de nuestra economía, con transparencia, con ejercicio de la responsabilidad, con resguardo de todas las normas jurídicas propias de la producción y de la compraventa de acciones y de bienes y servicios, planteando una serie de perfeccionamientos del mercado de valores y una serie de normas que regulen el conflicto de intereses y establezcan mejor la responsabilidad de los directores y gerentes de estas sociedades anónimas.
Esperamos que lo sucedido nos haya servido de lección, que hayamos cooperado y que este episodio, que ya está discurriendo por los cauces normales, marche bien. La mejor forma de superar esta crisis es recuperar la confianza en los negocios que estaban desarrollando estas sociedades anónimas y que la Cámara cumpla bien sus funciones, como lo está haciendo.
Espero que cuando la Cámara apruebe el informe, hayamos cooperado al establecimiento de mejores normas que rijan este tipo de negocios en el Chile del futuro.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señora Presidenta , al iniciar mi intervención, me referiré a un tema que no es menor, que ha constituido parte importante del debate de nuestra Comisión, como se ha dicho en la Sala tanto por el diputado informante como por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Me refiero al ámbito de competencia de nuestras facultades fiscalizadoras, consagradas en el artículo 48 de la Carta Fundamental, que señala:
“Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 1) Fiscalizar los actos del Gobierno”, delimitando así, a nuestro juicio, claramente, las esferas de atribuciones en materias fiscalizadoras, excluyendo de ellas a las personas privadas, ya sean naturales o jurídicas.
De esta forma, la Comisión Investigadora destinó, en primer lugar, sus principales esfuerzos a determinar si en el denominado caso Enersis-Endesa las autoridades fiscalizadoras, entendiéndose por tales la Superintendencia de Valores y Seguros y las demás reparticiones públicas involucradas, incurrieron en incumplimiento de los deberes que les entrega la ley.
En segundo lugar, constituyó especial preocupación -y creo que se hizo un gran trabajo, como lo ha dicho el Diputado señor Cardemil - el analizar y revisar la legislación vigente, a fin de detectar la existencia de vacíos o imperfecciones que dieran lugar a conductas impropias que afectaren los intereses de los inversionistas, materia en la cual propone los perfeccionamientos pertinentes para el caso de comprobarse tales deficiencias.
En el análisis del primero de los temas, la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y el artículo 2° de la ley N° 18.046, de sociedades anónimas, entregan, sin duda, a la Superintendencia la responsabilidad de fiscalizar a las sociedades anónimas abiertas y a todas las personas y sociedades que participen en el mercado de valores de oferta pública, como también las transacciones que en él se realicen y, en general, velar por el cumplimiento de todas estas normas legales.
Por lo tanto, no cabe duda alguna de que en el caso aludido correspondía a ella velar por la corrección de la transacción en comento para que se cumpliera con toda la normativa legal.
Sin embargo, resulta indispensable explicar a qué está referida la obligación de la Superintendencia, ya que reiteradamente se confunde su obligación o rol de cautelar que todos los inversionistas cuenten con la información necesaria para que puedan adoptar sus decisiones, con la de proteger a los inversionistas, en el sentido de examinar si lo que hacen les conviene o no.
Esta modalidad de regulación que recoge nuestra legislación supone una fiscalización técnica y selectiva, en la medida en que las entidades que participan deben remitir periódicamente al mercado y, por ende, a la autoridad fiscalizadora, toda aquella información relevante para los inversionistas.
Sin embargo, del análisis del caso de la alianza estratégica de Endesa y Enersis-España se desprende que la regulación financiera de nuestro país ha demostrado tener vacíos para resolver adecuadamente diversos temas que, producto del sinnúmero de posibilidades que se producen en el mundo de los negocios, se han ido generando.
Entre otros, podemos mencionar la toma de control de una empresa o sociedad, la oferta pública de adquisición de acciones, los conflictos de intereses, el uso de información privilegiada en sociedades anónimas, la tipificación de delitos, las sanciones penales y la protección de accionistas minoritarios.
Entonces, resulta evidente que en los últimos 20 años nuestro país ha tenido importantes cambios en su mercado de capitales, como también que la legislación vigente ha apuntado a desarrollar en forma más eficiente la relación entre quienes cuentan con recursos para invertir y aquellos que tienen proyectos que financiar.
En Chile, la normativa vigente tiende a poner especial énfasis en la regulación de los conflictos de intereses y en el uso de información privilegiada en la administración de fondos de terceros. Esta última materia necesita, a mi juicio -y así lo ha considerado también la Comisión- un especial perfeccionamiento.
Al mismo tiempo, teniendo en vista el caso específico que dio origen a esta Comisión, es indispensable mejorar la legislación en lo relativo a las operaciones para tomar el control de una empresa a través de las denominadas “Opas”, pues ellas no están definidas específicamente en la ley, lo que dificulta, sin duda, la demarcación de las normas que las regulan.
Por otra parte, es conveniente exigir el envío de una comunicación previa a la Superintendencia de Valores y Seguros que incluya todos los antecedentes y características de la “Opa”, para que este organismo fiscalizador, dentro de un plazo prudencial, pueda determinar si la operación cumple con las normas legales vigentes.
También es aconsejable la exigencia de un plazo previo a la “Opa”, para que los inversionistas tengan un mínimo de información a su inicio, de manera de permitir la aparición de ofertas competidoras. Asimismo, debe establecerse un plazo mínimo de duración de la “Opa” y las condiciones esenciales para facilitar la competencia de las ofertas de compra.
Tema distinto, pero sobre el que también es necesario tener especial cuidado, es la diferenciación de precios entre acciones, que por supuesto poseen características distintas, ya sea de derechos políticos, como es el derecho a voto, o sólo económicos, como es el derecho a las utilidades.
Lo anterior es una realidad en todos los mercados de valores actuales. Es indispensable que estas diferencias y características especiales sean explícitas y, además, conocidas en forma previa y desde un principio por los inversionistas.
Mención aparte merece lo relacionado con la divulgación y reserva de la información de las empresas.
En este tema es fundamental establecer con mayor fuerza la obligación de revelar todos los antecedentes relevantes para el inversionista, a fin de que exista la mayor igualdad posible para los distintos agentes del mercado, ya que, sin duda, esta vía constituye el mejor camino para prevenir y evitar el mal uso de información privilegiada.
En esta misma materia, y del análisis de los antecedentes, queda de manifiesto la necesidad y conveniencia de sistematizar y unificar la normativa vigente.
También resulta necesario revisar las normas referidas a los conflictos de intereses y responsabilidades de gerentes y directores de las sociedades anónimas abiertas. Se debe adecuar la legislación vigente en materia de sociedades anónimas, ya que, a nuestro juicio, ésta fue concebida para una realidad distinta, sin la complejidad que existe hoy.
Entonces, es recomendable precisar, en primer lugar, las exigencias de divulgación de información de los directorios y crear la figura de instituciones como los comités de auditoría. En este mismo sentido, es necesario mejorar tanto la legislación en lo relativo a las funciones de los auditores externos, de sus requisitos y obligaciones, como el contenido de los dictámenes y la inscripción en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Por último, es fundamental referirse a la normativa vigente sobre las responsabilidades de los directores y gerentes de las sociedades anónimas.
En este ámbito, y de la comparación con legislaciones de otros países también desarrollados en el tema, aparecen deficiencias, en especial de los mecanismos con que cuentan los accionistas para fiscalizar la labor que cumplen sus gerentes y directores. Si bien es cierto que la legislación pertinente establece con claridad la responsabilidad de éstos, no parecen idóneos, a mi juicio, los mecanismos para hacerla efectiva, porque se entrega a cada accionista la posibilidad o decisión de interponer acciones legales cuando estimen que han sido lesionados sus intereses; pero muchas veces eso resulta hipotético, ya que esto sólo se hace justificable cuando el monto de la inversión compensa los gastos y carga que implica el ejercicio de las acciones ordinarias.
De esta manera, podríamos decir que es necesario y conveniente crear mecanismos más ágiles y eficientes, de forma que la responsabilidad, tanto de gerentes como de directores, se haga efectiva en la práctica.
Desde ya, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional al informe.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , en verdad, el tema en estudio se remonta a 1981, cuando yo era gerente de administración y finanzas del holding Chilectra . Por lo tanto, toda la historia que antecede a este informe no sólo la conozco, sino que la tengo documentada.
Por desgracia, no pudimos investigar dicha privatización como otras posteriores en las que no participé, pero, si se pudiera entrar al tema, habría más de un escándalo.
En esa época, don José Yuraszeck , que venía de Mideplán, fue contratado por el que habla -por insinuación del entonces presidente - como gerente general de Chilectra Metropolitana.
Por encargo de la Corfo, efectué las gestiones necesarias para llevar adelante el proceso de privatización de Chilectra -Chil-quinta en esa época-, Chilgener y Chilectra Metropolitana, que dependían de un holding.
Se llamó a licitación pública. Se procedió a contratar los servicios necesarios para realizar los estudios y valorizaciones. Entre quienes participaron estuvo Sebastián Piñera , en representación de Citicorp. Lo digo, para mostrar el nivel de quienes actuaron. Se hizo una valorización económica de las tres compañías y resultaron, técnicamente, valores razonables.
En ese entonces, en reuniones en la Corfo entre el ministro de la época, el gerente general de Corfo y José Yuraszeck , se alteraron los valores y dijeron que para hacer capitalismo popular -entre comillas- los valores no eran vendibles y los disminuyeron en porcentajes altísimos. Así se enajenaron dichas empresas. Los primeros que pagaron estos valores fue el equipo de Yuraszeck y los 8 o diez ejecutivos que le acompañaban.
Cuando me opuse a firmar los primeros cheques contra las indemnizaciones por años de servicio -y de eso hay constancia escrita-, fui relevado de las funciones y se nominó a quien me seguía en el cargo, don Mario Chechelnitzki , subgerente de finanzas, quien junto a Rubén Díaz Neira , vicepresidente ejecutivo de la época, también se negó.
Aquí se manejó el mercado. Hay instrumentos de la época en los cuales consta que nos daban instrucciones sobre qué días tirar las acciones a la Bolsa para ir subiendo el precio de mercado, en este caso, para bajarlo.
Al final, resultó que quienes intervinieron en la operación del año pasado, adquirieron un paquete importante a través de los trabajadores, a quienes les mostraron un precio irrisorio. Es evidente que fue un buen negocio para todos y por eso, salvo el que habla y el señor Chechelnitzki, todos los demás, los cinco mil trabajadores del grupo empresarial compraron acciones.
En eso participó el Ministro de la Corfo de la época, se intervino la Bolsa, hecho ilegal, porque no se pueden manejar los precios de las acciones en la Bolsa; sin embargo, hubo instrucciones a los agentes de valores en ese sentido.
Si quisiera podría entregar todos los antecedentes, pero, sin duda, no es el momento. Esto partió como un negocio del cual el que habla fue sacado de Chilectra y desviado a otro que algún día comentaré, Colbún-Machicura, donde sólo alcancé a estar tres meses, por lo mismo.
No hay dudas de que el informe debe ser aprobado. Quiero rendir un homenaje a Juan Carlos Latorre por su valentía al abordar este tema. Todavía no a Andrés Palma , porque el asunto aún no termina.
En cuanto a las privatizaciones, a lo mejor mis colegas del Gobierno no van a estar de acuerdo conmigo -yo fui contralor de la Emos hasta hace un par de meses-, pero podemos hablar de empresas públicas que deberían manejarse como privadas, con el mismo control de la Superintendencia, pero no en términos generales.
Comparto lo que decía un colega respecto de las auditorías. Fui auditor durante muchos años, conozco el tema. Una cosa es la auditoría externa, que no sirve, pues consiste en tres visitas al año donde solamente se ven cifras, pero no la gestión, y otra, la auditoría interna.
Hay que fortalecer la contraloría interna, porque en estas sociedades anónimas la Contraloría General de la República sólo tiene capacidad de recomendar, no puede obligar. Hay que fortalecer las contralorías internas, pero independientes, pues hoy se están haciendo negocios en las empresas públicas, tal como se hicieron en 1981, con inversiones cuantiosas de 2 mil, 4 mil -en el caso de la Emos, 30 mil- millones de pesos al año. Si bien algunas licitaciones son públicas, siempre postulan dos o tres firmas, en procesos que no son claros.
Más allá de los partidos políticos, en la transparencia de las privatizaciones hay una responsabilidad de Gobierno. Voy a oponerme y a estar encima de todas las privatizaciones de las sanitarias que se realicen, porque la experiencia y el olfato indican que, quizás, vamos a repetir lo mismo que pasó en 1984 y 1985 con el grupo Chilectra .
Este informe, que debe ser aprobado, es el inicio. Creo que todavía es muy amplio y general. Por eso decía que a mi camarada Andrés Palma espero rendirle un homenaje más adelante, cuando esto se afine más. Sin duda, las influencias de los grupos económicos en empresas públicas y privadas hoy están vigentes.
Como participante del proceso, siento frustración al ver cómo terminó. Estamos a doce o trece años, pero si se revisan los valores de privatización de esas empresas se advierte cómo a los seis meses, costaban dos, tres o cuatro veces más, que era un valor anunciado.
Quiero dejar en claro que ésta es la manera de trabajar que nos corresponde como Cámara, independiente de nuestras filiaciones, para que nuestro país avance en su modernización. Pero, sobre todo, debemos proteger a los pequeños accionistas -me refiero a las empresas públicas y, específicamente, al caso de las sanitarias, de la Emos-. Debemos tener cuidado, porque a veces funcionarios públicos o directores nominados política y no técnicamente, igual que en 1981 -estoy haciendo un símil-, siguen instrucciones sin entender lo que están haciendo.
Hay que fortalecer la contraloría interna en lugar de los auditores externos, porque ellos analizan más los aspectos generales y no la gestión.
Hoy estamos realizando un gran avance, pero todavía no es suficiente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA .-
Señora Presidenta , después de varios meses de trabajo y de distintas reuniones en el seno de la Comisión -es necesario recordar su nombre, porque no es menor: Comisión Especial Investigadora de la normativa aplicable a los traspasos de acciones de grupos controladores de empresas y el rol de las entidades administrativas que tienen por misión regularlas-, estamos llegando al análisis de su informe en esta Sala.
Es bueno reconocer que se trata de un informe serio, que estudió con personalidad, decisión y claridad lo que debía, sin caer en la tentación de revisar actos o emitir calificaciones o juicios de carácter ético-político que, por cierto, escapan por completo a la misión que tenemos como parlamentarios.
He oído con atención algunas de las intervenciones anteriores y las respeto, porque estamos en una Cámara política, pero nada tiene que ver con el centro de esta Comisión y las razones por las cuales se constituyó.
Se habla de las privatizaciones. Aquí hubo una comisión investigadora de las privatizaciones, en 1992. Formé parte de ella, y no obtuvimos ninguna conclusión que pudiera entenderse como crítica a ese proceso.
Entonces, decirlo después de cinco, seis u ocho años, parece fácil; pero hubo una comisión investigadora del tema. Otra cosa es querer sacarle provecho político, formular una acusación al aire, denigrar a una o más personas. Lo concreto es que como Cámara cumplimos con nuestro rol en ese momento y, en particular ahora en que, afortunadamente, estamos llegando al término de esta actuación.
Junto con esta consideración previa, que me parece importante, quiero dar algunas explicaciones complementarias al informe rendido por el Diputado señor Andrés Palma que, en general, apunta a lo que fue la discusión sobre algunas de las conclusiones del informe, que en su momento me correspondió redactar.
Lo primero, porque puede fijar una pauta de acción futura en el Parlamento, es precisar -lo dijo bien el Diputado señor Andrés Palma , porque fue una discusión interesante- el ámbito de acción de las comisiones investigadoras.
Esto que hoy parece relativamente fácil, en la parte de la redacción fue objeto de una muy tensa discusión al momento de constituir la Comisión Investigadora, porque tiene que ver con lo siguiente: qué debemos investigar, para qué nos constituimos. Aquí es donde, a mi juicio, se ha sentado una especie de jurisprudencia para las futuras comisiones investigadoras.
En la Comisión se definieron en forma muy precisa los dos ámbitos de acción que una comisión investigadora puede tener. Y no por arbitrariedad, sino porque recurrimos a lo que la Constitución, que siempre debemos respetar, establece en forma precisa.
Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos de Gobierno. Para su ejercicio nos entregan algunos elementos, entre los cuales figura la comisión investigadora.
En doctrina, dicho sea de paso, generalmente una investigación termina en acusación constitucional cuando, por naturaleza, en el acto del gobierno investigado un funcionario ha incurrido en una acción reprochable.
Esa misión sagrada que la ciudadanía entrega a la Cámara de Diputados no es arbitraria. Nos otorgan facultades y posibilidades de castigar, pero nos imponen exigencias.
La Cámara de Diputados no puede investigar a cualquier particular, víctima o sujeto de un negocio entre privados. Sería -y creo que estuvimos cerca de caer en ese error- una grave transgresión al espíritu de la norma constitucional pretender transformar a esta Corporación en una especie de juez ético, moral y legal, respecto de lo que hacen los particulares, porque ahí acaba el principio de la separación de poderes, en el cual el país se ha sujetado. El día en que esta Cámara se sienta habilitada para referirse a acciones entre particulares, termina la justicia independiente en Chile y nos transformamos en voceros de nuestro leal saber y entender. Hay quienes pueden estar en desacuerdo con la operación, y otros no, pero, en el ámbito de los particulares, debemos respetar la autonomía que ello implica y entregar a los tribunales de justicia la facultad de resolver los conflictos que se puedan suscitar. Lo anterior queda plenamente ratificado en el informe.
Es importante destacar que se actuó de acuerdo con el número 1) del artículo 48 de la Carta Fundamental y, no está de más decir, en armonía con el inciso segundo del artículo 7º -que nos enseñan cuando estudiamos derecho- que dice: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”
Este es el principio que, creo, quedó bien reflejado en el informe final que entregamos. Fuimos a los actos del gobierno y no escapamos a otros que a veces resultan atractivos para involucrarse. Nuestra intervención en una crisis entre particulares -en el fútbol o en cualquier negocio- sería nefasta e iría más allá de las contingencias políticas que existan.
Pero en el informe fuimos un poco más allá, porque también entendemos que es un ámbito propio de la Cámara de Diputados analizar y revisar la legislación vigente. Esta es una tarea, una función, un deber permanente de esta Corporación, porque nuestra misión es legislar.
La ley manda, prohíbe o permite, pero no siempre los mandatos, las prohibiciones y los permisos están adecuados a las realidades. Muchas veces la realidad se produce antes o es precursora de conductas que después son censurables. Por lo tanto, es fundamental racionalizar y normar en el momento oportuno.
Esto fue lo que hicimos en la Comisión Investigadora. Ver dónde estaban los actos del gobierno vinculados a esta operación -por cierto los hay, particularmente respecto de la Superintendencia- y, sobre todo, cuál es la legislación -bastante abundante- que es necesario modificar después de lo conocido.
¿Qué hicimos en el informe? Desmenuzar ambas funciones. En lo que se refiere a la actuación de la Superintendencia, concurrió el Superintendente y sus abogados y nos pusimos de acuerdo en varios elementos, algunos críticos -es bueno decirlo-, y otros claramente reveladores de una falta de legislación.
Primero vimos cuál es la legislación adecuada. Al respecto, hay una conclusión en el informe que es fundamental subrayar, porque en eso estábamos todos de acuerdo.
Nuestra legislación, aunque avanzada en relación con la de otros países de la región, ha mostrado vacíos para resolver adecuadamente diversos temas, como toma de control de una empresa, oferta pública de adquisición de acciones, conflictos de interés en sociedades anónimas, tipificación de delitos y sanciones penales, protección a accionistas minoritarios y elección de directores por parte de las AFP.
Existe debilidad en la legislación chilena respecto de los nuevos fenómenos que ocurren en el mundo y que dicen relación, quizás, con las facultades de la Superintendencia, la cual señala que esa carencia le impide poder resolver muchos de los conflictos que se le presentan.
La primera proposición de la Comisión es “avanzar en la legislación de una sólida y moderna institucionalidad reguladora, que sea capaz de enfrentar con éxito futuros desafíos en la regulación, de forma tal que nuestro mercado de capitales otorgue las garantías y confianza que se merecen los inversionistas”.
La primera conclusión es que tenemos una realidad. Ante este caso, nos damos cuenta de que nos falta legislación, de que estamos atrasados y de que no la hemos modernizado. Eso, obviamente, es una debilidad común y debemos partir reconociendo esa realidad.
En segundo lugar, definimos lo que, a nuestro juicio, es la función de la Superintendencia. Aquí la explicó especialmente bien el diputado informante , porque hay distintos puntos de vista. Algunos plantean la tentación de que la Superintendencia debe ser como el papá de los negocios, lo que implica que cualquiera operación que se realice debe contar con su visto bueno, la regulación por un organismo público. Eso quizá da seguridad, pero es nefasto desde el punto de vista operativo y, obviamente, frena todo el desarrollo de la economía mundial actual; tanto, que los países, en general, van evolucionando su legislación hacia lo que proponemos, cual es que la función no es proteger a los inversionistas en cuanto a examinar si lo que hace les conviene o no -porque eso está dentro del ámbito de los particulares- o determinar qué valor tiene tal o cual instrumento -puesto que se pueden cometer todo tipo de distorsiones involuntarias-, sino que -y esto es importante- asegurarles que cuentan con la información necesaria y prometida para que puedan adoptar sus decisiones.
Esta definición apunta en el sentido correcto; eso es lo que debe hacer la Superintendencia. Sabemos que nos falta legislación. Bueno, ahora veamos cómo la hacemos.
Pero aquí tenemos un aspecto que no es menor. La Superintendencia explica que no tenía facultades. Sabemos que en la legislación falta mucho por hacer sobre la materia y que la ley no interviene en casos como éstos donde existen transacciones que tienen origen en la oferta pública de acciones.
La Comisión concluye en que la Superintendencia, en una aplicación amplia, tiene que ser mucho más activa para captar esas señales de confusión que ocurren en el mercado. De la lectura del artículo 1º de la ley del Mercado de Valores debe entenderse que muchas veces sí tiene facultades para operar y dar la información necesaria y prometida para que puedan adoptarse decisiones.
Creo que esto constituye una debilidad que fue reconocida y, obviamente, tenemos que superar.
En todo caso, como conclusión, la Comisión señala que frente a una situación de esta naturaleza o similar, “y existiendo claridad de que se trata de una oferta pública, la Superintendencia debiera tener una actitud más activa para reducir dichos grados de confusión y permitir así el normal desarrollo de operaciones de este tipo”.
Entonces, hablamos en forma adecuada de definición del ámbito de acción y de fiscalización de actos de Gobierno.
En cuanto a la legislación propiamente tal, aquí tenemos, para mejor comprensión, tres líneas de argumentación:
En primer lugar, regulaciones del mercado de valores susceptibles de perfeccionamiento.
Fueron muy importantes las distintas intervenciones de los funcionarios públicos al respecto, particularmente del señor Marfán , quien asistió a la Comisión y dio algunas luces que nos ayudan a ilustrar por qué falta legislación y qué habría que hacer sobre la materia.
La conclusión inicial es que hay que regular las “Opa”. Hoy todos hablan de la “Opa”; los diarios aparecen haciendo ofertas y el mundo funciona respecto de estas opciones que para el mercado son muy importantes. Pero, en Chile, no están definidas. Entonces, proponemos definir la “Opa”. Tengo entendido que el Gobierno va a enviar un proyecto sobre la materia y, si no, parece fundamental que quienes fuimos parte de la Comisión ayudemos a elaborarlo.
Nuestra legislación no define lo que se entiende por “Opa”, lo que dificulta la demarcación del ámbito de normas que la regulan y por eso queremos y proponemos definirla.
Además, pedimos los siguientes perfeccionamientos:
-Exigencia de comunicación previa a la Superintendencia de Valores y Seguros, con inclusión de los antecedentes y características de la “Opa”, con el objeto de que ésta, dentro de un plazo acotado -porque tampoco es indefinido-, pueda determinar si ella no infringe las normas legales aplicables.
-Exigencia de un plazo previo a la “Opa”, de manera de velar por que todos los inversionistas tengan el mínimo de información requerida a su inicio y para permitir la aparición de ofertas competidoras, que es otro tema que abordamos ampliamente en la Comisión.
-Exigencia de un plazo mínimo de duración de la “Opa”, con el objeto de asegurar la competencia con las ofertas que pudieren aparecer.
-Facilitar la competencia de las ofertas de compra.
Estas sugerencias no son menores, porque se refieren a una profunda transformación del mercado de valores.
Asimismo, dentro de la regulación del mercado de valores, proponemos innovar en la divulgación y reserva de la información de las empresas. Es necesario establecer con mayor fuerza en la legislación la obligación de divulgar todos los antecedentes que sean relevantes para los inversionistas, de manera de evitar una asimetría en la información disponible para los distintos agentes del mercado. O sea, regular que la información sea equivalente, equiparable, simétrica, entre las partes que intervienen en la operación.
Por último, también proponemos la conveniencia de sistematizar y unificar -tengo entendido que esta propuesta se tomó del informe del Diputado señor Andrés Palma - las normas existentes en esta materia, porque su interpretación resulta difícil, cuando no contradictoria. Por ejemplo, las sanciones establecidas en la ley de Valores y en el decreto ley Nº 3.500 tienden a ser distintas a pesar de ser figuras muy semejantes, por lo que es conveniente darles un tratamiento más homogéneo.
Aquí, entonces, nos encontramos con normas del mercado de valores que son susceptibles y urgentes de perfeccionar.
Dentro del aspecto legislativo, abordamos en forma separada las normas sobre conflictos de interés, que son significativos. También consideramos fundamental y proponemos la necesidad de adecuar la ley de Sociedades Anónimas, particularmente en relación con los gerentes y directores que tienen que ver con conflictos de interés.
En ese sentido, proponemos delinear con mayor precisión las exigencias de divulgación de información establecidas respecto de los directorios e incorporar la existencia de instituciones tales como los comités de auditoría -que fueron explicados por otros parlamentarios que me precedieron en el uso de la palabra-. Asimismo, dar mayor especificidad a las normas que regulan las funciones de los auditores externos, las cuales, sin perjuicio de ser distintas a las de los comités de auditoría, a nuestro juicio, también deben tener regulaciones mucho más modernas, conforme con las realidades económicas de hoy.
Por último, hubo unanimidad en las normas que deben existir para hacer efectivas las responsabilidades de directores y gerentes de sociedades anónimas. Notamos aquí también “algunas deficiencias respecto a los mecanismos con que cuentan los accionistas para fiscalizar el desempeño de los gerentes y directores de las sociedades de que forman parte.” y proponemos regular esos mecanismos que hoy no existen -o existen en forma muy insuficiente- en el siguiente sentido:
-Analizar la posibilidad de crear mecanismos de mayor agilidad y eficiencia para que los accionistas puedan operar. Aquí hay un amplio número de posibilidades. Hoy es difícil que los accionistas minoritarios puedan actuar respecto de estos temas frente a los accionistas mayoritarios. Por ejemplo -no está en el informe-, hoy, en algunos países como Estados Unidos, los accionistas minoritarios pueden recurrir en nombre del resto de los accionistas y si esos accionistas no concurren con los gastos suficientes o necesarios, el producto del reclamo se lo lleva aquel que lo formuló, lo cual constituye una especie de “llevar en el coche” al resto de los accionistas. Poder obtener los beneficios si éstos no concurren con los gastos es una forma eficiente de control y no genera distorsiones de competencia.
-Incluir en la ley la exigencia de que las sociedades anónimas abiertas deban mantener a disposición de los accionistas las actas de directorio correspondiente al trimestre anterior -lo cual no está regulado-, por un plazo razonable, a partir de la fecha en que deben informar su “Fecu” correspondiente al mismo período. Ésta es una innovación no menor respecto de la actual legislación.
Por último, a nuestro juicio, resultaría conveniente fijar un plazo perentorio, a contar de la fecha de realización de la respectiva sesión, para que los inspectores de cuentas o las empresas de auditoría tengan acceso a las actas de directorio.
Éste es un resumen apretado, pero real, de un estudio importante que se nos encargó y que espero se traduzca finalmente en normas nuevas sobre la materia.
Insisto en que considero fundamental precisar el ámbito de acción y que ésta fue una discusión seria. Puede haber matices, personas que apunten en diferentes direcciones, pero no es menor entender que esto está regulado. Nosotros somos los primeros que debemos respetar las disposiciones constitucionales y legales, y adecuarnos a circunstancias que muchas veces no nos gustan, porque quizás uno, por esencia y en defensa de legítimos intereses, tiende a involucrarse en acciones que escapan del ámbito de su competencia; pero es peligroso tratar de considerarse jueces éticos, valóricos, morales y legales respecto de lo que un particular puede hacer o no, sobre todo si se trata de una persona de grandes méritos, éxitos o logros, o por el contrario, es exactamente lo inverso. Desde una perspectiva, es como mirarse en blanco o negro. Para eso están los tribunales y hacia allá tenemos que orientar la legislación. La estamos modernizando en la Comisión de Constitución, a fin de que ellos cumplan mejor con su rol. Sin embargo, los tribunales también requieren de leyes y las que hoy tenemos sobre la materia no son adecuadas, suficientes ni modernas.
Nos falta regular el mercado de valores, las “Opa”, las facultades de la Superintendencia, las relaciones de las sociedades anónimas, el tema de los directores, que es apasionante e importante si uno está pensando en el país del futuro y quiere cumplir con lo que juró hace pocos días, cuando se comprometió a ser un parlamentario que respetará la Constitución y las leyes.
Por eso, con la satisfacción del deber cumplido por parte de la Comisión, proponemos aprobar este informe convencidos de que dará pie a una legislación moderna que el país requiere con urgencia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Bustos.
El señor BUSTOS (don Manuel).-
Señora Presidenta, sólo quiero hacer un par de reflexiones sobre un tema que ha afectado gravemente a los trabajadores.
Me preocupa que aquí se haga toda una discusión orientada más bien hacia el tema jurídico que, por cierto, comparto -en cuanto a que existen gran cantidad de irregularidades y que en el futuro deberemos buscar la forma de hacer más eficiente este tipo de control-, pero no estoy de acuerdo en no darle la importancia debida a un negocio entre particulares, que siendo legítimo, estando dentro de la economía social de mercado, involucre a millones de pequeños accionistas, a los trabajadores vinculados con las AFP, quienes han sufrido una enorme pérdida que hasta hoy los sigue perjudicando.
Por lo tanto, no es menor decir que no debe interesarnos lo que hacen los privados. Tal vez, podría no preocuparnos el negocio de cualquier privado siempre que sus inversiones no involucren recursos de los trabajadores o recursos cautivos, pero respecto del caso investigado, quiero dejar establecida mi protesta en cuanto a que hubo claramente un negocio con malas intenciones; y fue de tan malas intenciones que el primer acuerdo a que llegó el señor Yuraszeck con los españoles tuvo que dejarse sin efecto para corregir los errores cometidos, y las sanciones que se aplicaron indican que el negocio no fue transparente ni honesto.
Desde ese punto de vista, entonces, es bueno que seamos capaces de reconocer -unos y otros- que el mercado tiene ventajas, pero también desventajas. Basta con ver cómo algunos grupos se están haciendo ricos a costa de los que tienen menos.
Por eso, creo que este informe adolece aún de precisiones mucho más claras. Debió haber tenido, de alguna manera, algunas recomendaciones referidas a sanciones para aquellos grupos económicos que han hecho de sus negocios una forma de engañar a gran número de personas, a pequeñísimos accionistas, que al final no pueden recurrir de queja a ninguna parte y, sencillamente, deben presenciar cómo sus fondos de pensiones han perdido importantes porcentajes de utilidades.
Sería bueno discutir, algún día, sobre la política social de mercado, los grupos y la honestidad de algunos empresarios, porque, quizás hay muchos temas que nos ayudarían no sólo a plantear que la Cámara debe investigar lo que hace el Gobierno, sino que también tratar de evitar que los privados hagan lo que quieran cuando sus operaciones involucren a cientos de miles o millones de chilenos.
He dicho.
La señora PROCHELLE (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señora Presidenta , en primer lugar quiero señalar que si en algo han concordado todos y cada uno de quienes han intervenido, es en el reconocimiento de la existencia de serios vacíos legales en torno al problema. Desde ya, eso permite que hoy tengamos, por lo menos, una perspectiva de ese negocio, que puede ser positiva o negativa, pero está claro que no se han cometido ilegalidades. Y esto es lo central.
Muy distinto es la apreciación subjetiva que el Diputado señor Pareto hizo respecto del señor José Yuraszeck , que la considero absolutamente inaceptable, por varias razones.
En primer lugar, porque, sin duda alguna, se trata de una de las personas que intervinieron en un trabajo que significó la elevación de una empresa chilena al rango de transnacional, cuya consecuencia fue dar fortaleza económica a nuestro país en el exterior. Por lo tanto, no se puede personalizar una situación de esta naturaleza.
En segundo lugar, por los aplausos de los propios trabajadores cuando el señor Yuraszeck abandonó su cargo. Esto marca la diferencia con quienes se llenan la boca con los trabajadores, pero cuando son empresarios o están a cargo de alguna empresa, son criticados por ellos mismos.
En consecuencia, es importante dejar en claro que se pueden tener distintas apreciaciones, sobre todo si se reconoce la existencia de vacíos legales; pero, en la Cámara no puede denostarse o denigrarse a personas que, si han cometido errores -como lo hemos hecho todos-, ha sido en forma involuntaria. Por eso, tienen la posibilidad de defender su honor, y para eso están los tribunales.
He dicho.
La señora PROCHELLE (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señora Presidenta , ahora hablaré como diputado , no como informante de la Comisión. El debate de hoy ha sido menos ardoroso que el de agosto del año pasado, cuando los diputados democratacristianos planteamos la denuncia sobre este caso.
Hicimos bien los diputados de la Concertación que solicitamos una sesión especial de la Cámara e hizo bien la Corporación al tratar un tema de interés nacional, con muchas aristas. A nadie le cabe duda.
Si no se hubiera hecho la denuncia ni constituido la Comisión, tal vez el curso de acción hubiera sido muy diferente. No digo que se haya resuelto el problema, pero es muy importante que se debatan temas de interés nacional. Es el lugar que corresponde. La Cámara es el único organismo plena y exclusivamente representativo de la voluntad de todos los chilenos.
Si el problema se suscitó sólo por la alianza entre Enersis y Endesa-España o venía de antes, es algo en lo cual, obviamente, no hay consenso.
Soy de los que creen -y lo he afirmado en la Sala varias veces- que la alianza entre Enersis y Endesa-España, que ya fue rechazada y modificada por los propios accionistas de Enersis -dieron la razón al debate que planteamos en agosto-, no habría sido posible si Enersis no se hubiera constituido de la manera en que se hizo.
No es aceptable para una sociedad democrática -no importa si la Comisión especial llegó a conclusiones o si la acción fue legal o no- que ocurran hechos como los acaecidos en la constitución del grupo Enersis y que se consumaron en el momento de la operación Enersis Endesa-España . Tampoco es aceptable que los representantes del pueblo guarden silencio frente a acontecimientos de esa magnitud.
Discrepo de mi colega Lorenzini, que ve muchos peligros en las privatizaciones que vienen por la forma en que pueden desarrollarse, porque, por ejemplo, la experiencia de las privatizaciones de Edelnor y Colbún demuestra que no fueron de la misma manera que la de Chilectra en los años 80.
¿Qué habría pasado hace tres años si se hubiera privatizado Colbún y la hubieran comprado sus propios ejecutivos a través de una sociedad en la cual ellos mantenían el control, ni siquiera la propiedad accionaria? Habría sido un gran escándalo. Los diputados de Oposición habrían pedido sesiones de la Cámara para fiscalizar. La Constitución y la ley orgánica del Congreso impiden fiscalizar lo ocurrido antes del 11 de marzo de 1990, pero no así lo acontecido después, y duele cuando siguen defendiendo lo que es un escándalo.
Es un escándalo que defiendan lo que hizo el grupo controlador de Chispas hace 10 ó 12 años, al constituir estas sociedades, para quedarse con una de la cual no eran dueños. Es un escándalo que se hayan vendido la sociedad a ellos mismos, a través de un conjunto de artimañas jurídicas que hizo que los socios no tuvieran voz ni voto.
Eso es un escándalo, y hay que decirlo ahora igual que hace 10 años. Hoy tenemos más claridad, porque la operación Enersis Endesa-España puso de relieve su valor.
Alguien puede decir que a los señores Yuraszeck y Zylberberg les pagaron más de 100 millones de dólares a cada uno por sus menos de 0,001 por ciento de las sociedades Chispas que poseían, porque tenían el control político. Pero ¿cuándo adquirieron ese control? ¿Pagaron por eso? Nunca. Estructuraron una sociedad que no compraron y después se remuneraron en proporción al poder político por ella.
Eso es un escándalo, y me duele que los diputados de la UDI y de Renovación Nacional sigan negando este hecho y diciendo que está dentro de la ley y, por lo tanto, que está bien.
Si queremos construir un país decente, sólo decente, no podemos callar esto. Tampoco podemos callar que los vendedores fueron e hicieron una oferta única de venta, porque el señor Yuraszeck, como está acreditado en las cartas que nos entregó Endesa-España para la operación de 1996 en la Comisión, con su propia firma, propuso esta forma y no otra. En las comunicaciones le preguntan si pueden negociar otra forma. No hay otra; no se pueden comprar las acciones de Enersis, sino sólo las de Chispas, por una razón muy simple, que también, una vez más, hay que decirla aquí.
Si vendían las acciones de Enersis, el poder político que tenían en las sociedades Chispas, en mi opinión, mal habido cuando privatizaron Chilectra y a través del cual controlaban Enersis , se hubiera repartido entre todos los accionistas de Enersis, en proporción con el capital. Por lo tanto, quienes tenían el 0,001 por ciento de él y que obtuvieron 100 millones de dólares, se hubieran llevado sólo 700 mil dólares, que era lo que tenían en la sociedad.
¿Es eso escandaloso o no? ¿Negociaron en función del interés que representaban o del propio?
Han sido multados, pero se equivoca el Diputado señor Ulloa al decir que no hubo ilegalidades. La apelación de las multas está pendiente en los tribunales de justicia, y esperamos que demore menos de los 15 años que demoró el caso del Banco Hipotecario, del año 1982, que se falló en primera instancia recién en 1997. Ellos fueron multados por la Superintendencia por haber faltado a la ley. Es facultad y obligación de esta institución. Han apelado -en Chile existe ese derecho- a los tribunales de justicia.
No se desprende del trabajo de la Comisión ni de la Cámara de Diputados o de los organismos públicos encargados de fiscalizar que no hay ninguna falta a la ley. No es así. Hay faltas. Están acreditadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, organismo competente para acreditarlas y denunciarlas.
No es tarea de la competencia de la Comisión, por lo que no nos abocamos nunca a ello, ni siquiera a conocer las faltas posibles. Pero la opinión pública sabe de las multas de 30 ó 40 millones de dólares, que en total suman alrededor de 100 millones de dólares, es decir, casi la tercera parte de la operación en la cual ellos participaron. Su apelación está en los tribunales, pero ahí hubo faltas.
Más allá de lo que está en los tribunales, insisto en que la constitución de esas sociedades posibilitó algo que va en contra de las normas de la sana convivencia, aunque sea legal.
El debate no sólo se ha hecho en la Cámara de Diputados entre parlamentarios de la Concertación y de Oposición. En el seno del mundo empresarial, por lo menos en dos instancias se realizó. Se dieron los mismos argumentos y no salieron bien parados Yuraszeck, Zylberberg y sus socios.
En un debate promovido por generación empresarial, al cual fue invitado el señor Yuraszeck, grandes empresarios de Chile lo increparon. Hombres de derecha, ex ministros de Pinochet le dijeron que estaba mal lo que había hecho.
También trascendió un debate muy importante e interesante. Hubo versiones públicas de lo que allí ocurrió. Algunas fueron más escandalosas que otras, pero todas igualmente graves y descalificatorias de la operación. Se produjo en el seno de la Confederación de la Producción y del Comercio y en el Consejo de la Sociedad de Fomento Fabril.
Por eso, no se trata de que únicamente la Concertación le diga a la derecha: “este prohombre que ustedes tenían actuó mal”, ya que el propio mundo empresarial y actores políticos de la derecha han señalado lo mismo.
También un ex senador de la derecha se sumó a las críticas. Luego convino un acuerdo para no llegar a los tribunales, pero criticó la operación y exigió ser remunerado conforme con lo que le correspondía por su participación en los capitales y no según lo propuesto. Todos saben que estoy hablando del ex Senador Sebastián Piñera , accionista de Inversiones Luz.
Entonces, es evidente que la operación adolecía de vicios desde su origen y afectaba -si digo la ética, alguien podrá preguntarse, ¿con qué derecho hace un juicio ético el señor Andrés Palma?-, por lo menos, las normas habituales de relación entre los chilenos para decir que hemos actuado con decencia.
En consecuencia, como Cámara de Diputados no podemos callar estos hechos. Hicimos bien al hacer la denuncia; hicimos bien al tener la sesión; hizo bien el señor Klugman y el grupo minoritario de accionistas de Enersis que representaba, quienes constituyeron un comité de accionistas para denunciarlo; hicieron bien, después de mucho tiempo, la junta de accionistas de Enersis al pedir la renuncia a los directores, y el directorio de Enersis al pedir la renuncia al gerente general. Porque la destitución del señor Yuraszeck no fue obra de la Cámara de Diputados ni de los actores políticos de la Concertación, sino del directorio de Enersis que le pidió la renuncia a su gerente general y de los accionistas de Endesa que pidieron la renuncia al directorio y presidente de Endesa .
Por eso, no digamos aquí que esto no puede ser dicho en la Cámara de Diputados. Todo lo contrario: debe ser dicho en ella. Hay un motivo político, ético, moral y un interés nacional, por lo que se debe reafirmar esta conducta. Estuvo bien lo que hicimos.
Sin embargo, es obvio que no todos han actuado bien en esta operación. Estuvieron mal Yuraszeck, Zylberberg y los socios gestores, quienes se aprovecharon de una situación de poder, cuya sanción definitiva está pendiente en los tribunales de justicia.
Hubo uso de información privilegiada, lo que es sancionado por la Superintedencia de Valores y Seguros y que está pendiente, porque todos apelan. Al respecto, lamento que por mayoría se rechazase una de las proposiciones que presenté como presidente de la Comisión , mayoría formada por los diputados de Oposición y el ex diputado señor Jorge Schaulsohn , de la Concertación. Lamento que hayan rechazado innovar la legislación para consignar las multas.
Denantes decía que el fallo en primera instancia del caso BHC ha demorado quince años. Si en este caso ocurre eso, en las multas de 24 ó 40 millones de dólares, los afectados seguirán usando y multiplicando esa plata, la que después de quince o veinte años más, cuando deban pagar, será irrelevante. Entonces, ¿qué sentido tiene la sanción, si ellos saben que será irrelevante? Pero la Derecha, y en este caso, el ex Diputado señor Schaulsohn , no aceptaron que propusiéramos -aquí ni siquiera estamos legislando, sino planteando la idea de legislar- que las multas deban ser consignadas, para que tengan sentido efectivo, para que los juicios no tarden quince o veinte años. Al contrario, que se fallen rápido, porque el único interés del afectado en este caso, es que el juicio tarde lo más posible. En cambio, si tuviera que consignar la multa, estaría preocupado de que el juicio se fallara justa y rápidamente, a fin de recuperar sus recursos o de no tener que comprometer recursos mayores aún.
A mi juicio, es lamentable esa actitud, pero hubo uso de información privilegiada y -también las multas lo consignan- actuación en beneficio propio y no de la sociedad representada.
Éste es uno de los aspectos más escandalosos de esta situación, que fue analizado por la Comisión. Un director, en este caso un gerente o un presidente de un directorio, firma un contrato con otra empresa que tomará el control de la sociedad, y no sólo fija su remuneración y su posición de poder en la nueva sociedad, sino, además, perjudica en forma expresa a la sociedad que preside. Estoy hablando del contrato de asociación estratégica en el que el señor José Yuraszeck , gerente general y suscriptor del contrato, se remuneraba en un monto mayor que otros accionistas. Además, fijaba su remuneración y su posición de poder por un período de 5 ó 7 años, según las condiciones. Pero, al mismo tiempo, inhibía a la sociedad que él presidía, Endesa Chile, de desarrollar proyectos, de ampliar sus fronteras, de realizar negocios con otras sociedades que no fueran sólo Endesa-España que, de esa manera, no sólo pasaba a controlar indirectamente a Endesa Chile, sino que le ponía un techo de desarrollo. Y el señor Yuraszeck era presidente del directorio de Endesa Chile . ¿A quién representaba en esa negociación? ¿Representaba el interés de Endesa Chile, que presidía, o sólo su interés particular? Por eso está sancionado y los tribunales resolverán, pero, mi opinión personal y la del directorio de Endesa Chile y de su junta de accionistas -que le pide que renuncie a la presidencia y lo destituye como director- es que actuaba en su propio beneficio y no en el de la empresa que representaba.
Sin duda, estas decisiones no son banales ni baladíes, sino que son importantes desde el punto de vista de la ética de los negocios, de la justicia en las relaciones económicas y también del interés de la mayoría de los ciudadanos chilenos que depositan sus ahorros en las administradoras de fondos de pensiones, dado que éstas tienen un tercio de la propiedad de dichas empresas. Y si se le imponía un coto en su desarrollo a Endesa Chile, entonces los fondos depositados en ellas, iban a caer, como efectivamente ocurrió, pero ahora se están recuperando, producto de un nuevo acuerdo; entonces, iban a ser afectados los intereses de todos los chilenos.
Eso no puede obviarse en un debate de este tipo, ni tampoco el que las administradoras de fondos de pensiones hicieran mal dos cosas en la elección de los directores: uno, porque eligieron directores que no son independientes, incluso he criticado la elección de los actualmente vigentes de Enersis y de Endesa; y dos, porque son directores asociados a grupos, a las mismas administradoras de fondos de pensiones, a grupos empresariales y a sectores políticos, pues en ellas hay directores que están en representación política y no de los intereses de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones.
En consecuencia, los directores de las AFP son mal elegidos y es algo que debe ser criticado. Pero no sólo eso, sino que eligieron directores y se lavaron las manos respecto de las empresas en las cuales elegían directores, como diciendo: “está bien, hagan lo que quieran”. ¿Dónde está la responsabilidad de los directores de las AFP, en velar por el comportamiento de los directores que eligen? Y después querían reelegir a los mismos directores que habían dicho que no habían leído el acta que ellos habían suscrito, a los mismos que habían dicho que habían otorgado un poder, pero que no habían tenido plena cabalidad del alcance del poder y que recién -dicen ellos- se enteran, un mes y medio después de consumada la firma de la alianza estratégica, vinieron a conocer los detalles. Esos mismos directores pretendían ser reelectos por las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, aquí hay una irresponsabilidad total de las administradoras, lo que significa que los chilenos debemos mirar con mucha atención lo que ocurre en ellas, porque el sistema puede ser positivo; hay quienes dicen que no, pero si las administradoras actúan sólo pensando en sus bolsillos, entonces el sistema funciona mal. El interés de los trabajadores está desprotegido, como efectivamente lo estuvo en el caso de la alianza entre Enersis y Endesa-España, como ha quedado comprobado.
Así como nosotros actuamos bien, esos actores lo hicieron mal. Por eso reviste tanta importancia lo que concluyamos en esta sesión, porque si renunciamos de antemano a revisar el sistema de elección de directores de las AFP, como ocurre en el informe de mayoría en la Comisión, simplemente, estamos diciendo: “saben, los directores electos por las AFP actuaron bien”. Y no actuaron bien. Es evidente que no resguardaron el interés de los trabajadores afiliados al sistema de fondos de pensiones en el caso de esta operación. ¿Y por qué vamos a tener la garantía de que después van a actuar bien? ¿Quién nos garantiza que en el futuro lo harán, si ni siquiera estamos dispuestos a modificar, ¡y perdónenme!, pero con una proposición bastante sensata, la elección de los directores de las administradoras de fondos de pensiones? ¿Por qué no podemos crear una lista de personas, independiente de los grupos económicos, de los controladores de los fondos de pensiones, de los grupos en los cuales se invierten los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, un conjunto de profesionales que se dediquen exclusivamente a representar los intereses de los trabajadores? Si ello ocurre en otros ámbitos de la economía, si ello ocurre con quienes fiscalizan a las sociedades privadas, si ello ocurre con los encargados de las liquidaciones de las sociedades, si ello se está proponiendo, por parte de la Derecha, para que ocurra en la discusión de las situaciones que afectan la competencia, si ello lo podemos hacer en otros ámbitos, ¿por qué no en las administradoras de fondos de pensiones? Tengo claro por qué no; porque detrás de los directorios de las administradoras de fondos de pensiones hay un poder político muy grande, y la Derecha no está dispuesta a renunciar. Ésa es la verdad de por qué rechaza ese aspecto. No porque los directorios funcionen bien; no porque en esta operación haya quedado claro que el sistema funciona bien, sino porque aquí hay un poder político muy importante, que se traduce tanto en recursos económicos -como se ha confesado por parte del mismo señor Yuraszeck, y hubo una alusión anterior en esta Sala a esa situación-, como por el poder político que significa, a través de las administradoras de fondos de pensiones, manejar un conjunto de empresas, con decisiones de inversión, de contratación, de intervención en los mercados.
Si queremos pensar en grande, en el futuro, con los niveles de decencia que aspiramos y que se declaran, entonces, debiéramos estar dispuestos a revisar estas normativas.
¿Por qué no revisar también el sistema de preferencias accionarias? La mayoría de la Comisión -insisto- integrada por diputados de Derecha y el ex Diputado don Jorge Schaulsohn , se negó a revisar las preferencias accionarias. ¿Qué significa esto de las preferencias accionarias? Miremos este mismo caso, analicémoslo con un poquito de detenimiento. Hay una serie de acciones B, de las sociedades llamadas Chispas que poseen, en su conjunto, un 0,06 por ciento del capital de las Chispas, las que, a su vez, poseen el 28 por ciento de Enersis; es decir, la serie B de las Chispas posee, más o menos, un 0,1 por ciento de la propiedad de Enersis. Y ese porcentaje elige la mayoría del directorio de Enersis. ¿Esto es lógico?
Para los que creen en los senadores designados, vitalicios y similares puede ser muy lógico; para los que creemos en la democracia, no. Para los que creen en el capitalismo popular, no. Tampoco es lógico que un 0,01 por ciento de la propiedad de una sociedad como Enersis pueda elegir la mayoría del directorio, como ocurre en el caso que estamos comentando. Pero es más grave todavía, con el 0,01 por ciento de la propiedad de Enersis se elige también la mayoría del directorio de Endesa, que es una sociedad mucho más grande que Enersis: 5.500 millones de dólares es el capital bursátil de Endesa contra 3.500 millones de dólares del capital bursátil de Enersis.
Entonces, resulta que tenía -esto es como el compra huevos- un 0,06 por ciento de la propiedad de una sociedad que tiene un 28 por ciento de otra, y con ese 0,06 por ciento elige el directorio de esa otra, pero no sólo de esa otra, sino también de su filial, en la cual Enersis tiene un 30 por ciento. O sea, con el 0,003 por ciento de la propiedad de Endesa se elige la mayoría del directorio.
¿De qué capitalismo estamos hablando? De un capitalismo bastante centralizado. Esto se parece más a las sociedades centralizadas del ex Estado soviético que al capitalismo popular que pregonaban los gestores de esta sociedad. Es decir, aquí existen unos burócratas, unos señores que constituyeron una sociedad, y con un 0,003 por ciento del capital manejan la sociedad y eligen la mayoría del directorio. ¿Eso tampoco estamos dispuestos a revisarlo? ¿También es decente, razonable y sensato que eso ocurra? Pues bien, como digo, la mayoría de la Comisión, integrada por quienes he señalado, se opuso a que viéramos esto.
También rechazó la posibilidad de consignar multas, y de analizar una serie de aspectos relacionados con la oferta pública, que parecen muy sensatos. Por ejemplo, que no existan dos precios en la oferta pública para una misma serie de acciones. Aquí ya no hablamos de las acciones B, que tienen poder político, sino de las acciones A. Cuando Endesa-España hizo la oferta pública de compra de acciones de las Chispas, les fijó tres precios diferentes: uno más alto para los empleados, amigos, socios gestores y compadres; otro, para los que poseen acciones que pueden vender en la bolsa, y un tercero, para los fondos de inversión de las administradoras de fondos de pensiones, que no pueden transar en la bolsa.
¡Esto es absurdo! Si se hace una oferta de compra de acciones, ¿por qué esos tres precios? La única explicación lógica, en este caso concreto, es que allí había una objetivo político menor -o politiquero, podríamos decir, para no insultar la política-: premiar a los que habían estado en la misma operación, porque así pasarían a la nueva sociedad llamada Euroluz, para convertirse en los reyes o los zares de la energía en España. ¿Por qué razón debemos mantener esa lógica? ¿Por qué la Comisión rechaza una propuesta tan elemental como decir: “Al mismo bien, el mismo precio”, si legislamos en materia de oferta pública de acciones?
En esta materia, creo que la mayoría de la Comisión no tuvo una disposición positiva, la capacidad de mirar los hechos más allá del interés particular del grupo que estaba siendo afectado.
Termino diciendo que me gustaría que la Sala aprobara el voto de minoría; sin embargo, hay toda una discusión sobre si ello es posible o no desde el punto de vista reglamentario. Hay algunos aspectos de ese voto, a los cuales he hecho referencia, que me parecen discutibles.
A pesar de eso, el trabajo de la Comisión fue rico y provechoso y creo que hicimos un servicio al país al plantear esta discusión. Partí afirmando que lo hicimos bien, porque no cabe duda de que hoy podemos hacer una reflexión que no cabía hace ocho meses, cuando nadie discutía sobre la ética en los negocios. Incluso, ha habido seminarios sobre la ética de los negocios, convocados por la Confederación de la Producción y el Comercio.
Hace ocho meses, nadie discutía los derechos que podía tener alguien como Yuraszeck, en el caso de las Chispas, para controlarlo todo. Hoy podemos hacer una reflexión al respecto. Hace ocho meses, algunas personas o grupos económicos se consideraban ejemplares y hoy han desaparecido. No es que hayan sido cuestionados; simplemente, han desaparecido. Tienen recursos, podrán emprender nuevos negocios y, probablemente, crear grandes empresas; pero como grupos, como paradigma de lo que debe ser una gestión empresarial en el país, han desaparecido, y creo que eso es bueno.
Pienso que como Cámara de Diputados no podemos obviar la realidad en que vivimos ni dejar de expresar una legítima inquietud de la mayoría de los ciudadanos que representamos. Para algunos, todo lo que hemos señalado respecto de esta operación -llamada en sus orígenes “el negocio del siglo”- era como hablar en chino; pero la gente sencilla entendía que esto no era transparente. Creo que ello ha quedado acreditado por los hechos, no por la acción de la Cámara de Diputados. En cierta medida, sólo contribuimos a establecer que esto no era transparente, que no estaba bien hecho y que la operación debía ser cuestionada.
Me alegro de haber participado en el cuestionamiento de esa operación y posibilitado un acuerdo, una nueva manera de abordar este negocio; en definitiva, de haber contribuido a mejorar -espero- la situación de los negocios en nuestro país, posibilitando que sean más acordes con la ética y con nuestra manera de ser como chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma .
El señor COLOMA .-
Señora Presidenta , en dos minutos me referiré a dos omisiones del Diputado señor Andrés Palma y haré dos reflexiones.
Primera omisión: si vamos a hablar de los trabajadores, hagámoslo en serio. Los trabajadores de las AFP invirtieron 600 millones de dólares en esas empresas, y hoy tienen tres mil millones de dólares.
Segunda omisión: respecto del control de las Chispas, tan mencionado, solicité los informes -están los antecedentes- de cuándo se logró, y la última modificación y aprobación de la Superintendencia es de 1992. O sea, en el Gobierno de la Concertación se produjo la modificación de estatutos que generó -no sé cómo definirlo- todas las irregularidades, desfalcos, etcétera. Entonces, no hay que omitir nada cuando se quiere decir la verdad.
A continuación, las dos reflexiones, que podrían ser 52. ¿Por qué creemos que el voto de mayor fuerza tiene que estar amparado y se pueden hacer divisiones? Porque es el signo de la modernidad, del mercado; porque en el mundo entero las acciones -lo hemos discutido con el Diputado señor Andrés Palma - tienden a diferenciarse entre la búsqueda de utilidades y el control. Lo contrario es ir contra la ley de la oferta y la demanda.
Segunda reflexión; hay algo que me parece más grave, y por eso quiero destinarle los últimos treinta segundos.
Nada más peligroso que lo dicho por el Diputado señor Andrés Palma . Él afirma que es necesario consignar las multas que uno reclama. Eso es simplemente dejar de creer en el derecho; es pagar la multa por una sanción sin haber sido condenado. ¿Cuál es el derecho mínimo de una persona? Primero, ser juzgada y, después, condenada.
Lo mismo ocurre en materia tributaria. La Cámara aprobó, hace poco tiempo, un proyecto exactamente a la inversa: había que disminuir el monto de las consignaciones para poder hacer un reclamo, porque si uno reclama tributariamente miles de millones, no existe ninguna posibilidad de consignar esa suma.
No quiero entrar en polémica.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor COLOMA.-
Hemos ocupado demasiado tiempo, pero al menos en estos dos minutos he querido referirme a estas dos omisiones y hacer dos reflexiones.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Secretario dará cuenta de los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
En la Secretaría se han registrado los siguientes pareos: la Diputada señora Adriana Muñoz con el Diputado señor Alberto Espina; el Diputado señor Arturo Longton con el Diputado señor Mario Acuña; el Diputado señor Rafael Arratia con el Diputado señor Mario Bertolino; el Diputado señor Pablo Longueira con el Diputado señor Aníbal Pérez y la Diputada señora María Angélica Cristi con el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación el informe de la Comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 31 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vice-presidenta).-
Aprobado el informe de la Comisión.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:
Bustos (
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 13.12 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica el decreto supremo (S) Nº 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina, que fijó la planta de oficiales y empleados civiles de la Armada. (boletín Nº 2155-02)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley, destinado a aumentar en una plaza el grado de Vicealmirante en el Escalafón de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales, y en una plaza el grado de Contraalmirante en el Escalafón de Oficiales de Abastecimiento.
El Escalafón de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales de la Armada de Chile, es el de mayor antigüedad, pertenece a la clasificación de línea, de armas, y su función primordial es la de ejercer actividades de mando, combate, estado mayor, técnicas y logísticas de acuerdo con su especialidad, tanto a bordo como en tierra. Para ello, dichos oficiales cuentan con una adecuada preparación y experiencia en el ejercicio profesional de todas las técnicas de guerra naval, siendo también los responsables de la operación y mantención preventiva y correctiva del material naval.
Es el único Escalafón cuya carrera profesional está definida desde el grado de Guardiamarina hasta el de Almirante, y por lo tanto, de sus filas proviene el Comandante en Jefe de la Armada y la mayoría de los Oficiales Generales que conforman el Alto Mando Naval , constituyendo la columna vertebral de la Institución.
Por otra parte, dentro de los escalafones de Oficiales de línea de la Armada, existe el Escalafón de Oficiales de Abastecimiento, cuya carrera profesional está definida desde el grado de Guardiamarina a Contraalmirante de Abastecimiento. La función primordial de este escalafón es desarrollar actividades relativas a la administración del Abastecimiento y a las Finanzas de la Institución. Incluye funciones ocasionales de Mando y Asesoría, de acuerdo con su especialidad, teniendo también relevancia para el quehacer profesional de la Institución.
Dentro de la dinámica institucional y como una forma de ejercer un mejor control de los recursos financieros disponibles, acorde con los avances técnicos experimentados en este campo, la Armada ha iniciado las gestiones necesarias para modificar su orgánica propia, a objeto de crear la Dirección General de Finanzas de la Armada y la Dirección de Presupuesto de la Armada, bajo el mando de Oficiales Generales pertenecientes al Alto Mando Naval , entidades que se consideran imprescindibles para lograr la debida armonía en la modernización de la estructura orgánica institucional.
En este contexto, el presente proyecto de ley propone modificar el decreto supremo (M) secreto Nº 220, de 1979, que fija la planta de Oficiales y Empleados Civiles de la Armada, a fin de aumentar una plaza en el grado de Vicealmirante en el escalafón de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales, y una plaza en el escalafón de Oficiales de Abastecimiento, en el grado de Contraalmirante. De este modo, los Oficiales Generales que ocupan dichas plazas asumirán el mando, en calidad de Director General de Finanzas de la Armada y de Presupuesto de la Armada , respectivamente.
El mayor gasto que irrogue la aplicación de la presente ley, será de cargo del presupuesto de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo costo total en moneda de 1997, asciende a $11.000.000 anuales.
En consecuencia, y teniendo presente la imperiosa necesidad de que dicha Institución cuente con estos nuevos organismos para ejercer un mejor control de los recursos financieros disponibles, en concordancia con los avances técnicos experimentados en este campo, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º, párrafo A.-, del D.S. (S) Nº 220, de 1979, de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional , en la forma que se señala:
a. Sustitúyese en el Escalafón de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales, frente al grado de Vicealmirante , el guarismo “6” por “7”.
b. Sustitúyese en el Escalafón de Oficiales de Abastecimiento, frente al grado de Contraalmirante de Abastecimiento, el guarismo “1” por “2”.
Artículo 2º.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, será de cargo del presupuesto de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional .”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; RAÚL TRONCOSO CASTILLO, Ministro de Defensa Nacional ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda .”