Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESION
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Adriana Munoz D'albora
- SECRETARIO DE LA SESION
- Carlos Loyola Opazo
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Alfonso Zuniga Opazo
- PRESIDENTE DE LA SESION
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
- INCORPORACIÓN DE PROYECTO A LA TABLA.
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- V. FÁCIL DESPACHO
- FRANQUICIAS A ADQUIRENTES DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- DEBATE
- FRANQUICIAS A ADQUIRENTES DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. Tercer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- DEBATE
- ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE AUTORIZACIÓN DE VIAJES DE MENORES DE EDAD. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- ENMIENDAS AL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE, “INTELSAT”. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- ENMIENDAS AL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE, “INTELSAT”. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- DEBATE
- ACUERDO ENTRE CHILE Y PORTUGAL SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA RADIOAFICIONADOS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Caminondo Saez
- DEBATE
- CAMBIO EN LA TABLA.
- ESTATUTOS DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- ENMIENDA A LA CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- DEBATE
- MEJORAMIENTO ECONÓMICO PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- DEBATE
- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ELIMINACIÓN DE REQUISITO PARA POSTULAR AL SUBSIDIO HABITACIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Felipe Valenzuela Herrera
- Carlos Montes Cisternas
- Sergio Aguilo Melo
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Perez Arriagada
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Adriana Munoz D'albora
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eliana Caraball Martinez
- Roberto Delmastro Naso
- Exequiel Silva Ortiz
- Roberto Leon Ramirez
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Sergio Ojeda Uribe
- Jorge Soria Macchiavello
- Ivan Moreira Barros
- Miguel Hernandez Saffirio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DE REQUISITO PARA POSTULAR AL SUBSIDIO HABITACIONAL.
- VIII. INCIDENTES
- FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO A NECESIDADES Y ANHELOS DE LA CIUDADANÍA. Oficio.
- CENSURA INFUNDADA A PRESIDENTA DE COMISIÓN DE MINERÍA.
- REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO A POBLADORES DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. Oficio.
- ADHESION
- Zarko Luksic Sandoval
- ADHESION
- ADHESIÓN A EXPRESIONES DEL DIPUTADO MOLINA.
- DÉFICIT ALIMENTARIO EN SECTORES DE LA TERCERA EDAD.
- INGRESO DE LA POLICÍA A LA EX “COLONIA DIGNIDAD”.
- ANTECEDENTES SOBRE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ENAP. Oficio.
- ESTADO DEL PROCESO POR ASESINATO DE TUCAPEL JIMÉNEZ ALFARO. Oficio.
- ENVÍO DE PROYECTO SOBRE FONDO DE EXTENSIÓN SINDICAL. Oficio.
- ACCIONES PARA ABORDAR TEMAS DE INTERÉS SOCIAL.
- PROLONGACIÓN DEL METRO HASTA MAIPÚ. Oficio.
- SANEAMIENTO DE CANALES EN COMUNAS DEL DISTRITO 20. Oficios.
- LEGIMITIDAD REGLAMENTARIA DE CENSURA A PRESIDENTA DE COMISIÓN DE MINERÍA.
- NUEVO ACCESO VIAL PARA IQUIQUE. Oficios.
- RECHAZO A VERTEDERO EN LONQUÉN. Oficios.
- ADHESION
- Juan Antonio Coloma Correa
- ADHESION
- PETICIÓN DE ANTECEDENTES A LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. Oficio.
- APLICACIÓN DE PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN CHILLÁN. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE CIERRE DE BANCO GANADERO DE AISÉN. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rosauro Martinez Labbe
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- SITUACIÓN DE MIEMBROS DE EX “COLONIA DIGNIDAD”.
- REBAJA DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE COMUNA PADRE LAS CASAS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 5ª, en miércoles 25 de marzo de 1998
(Ordinaria, de 16.03 a 19.29 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y de la señora Muñoz D'Albora, doña Adriana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII. INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
-o-
- Archivo de Proyectos 9
- Plazo a Comisión para informar 9
- Incorporación de proyecto a la Tabla 9
-o-
V. Fácil Despacho.
Franquicias a adquirentes de edificaciones municipales. Tercer trámite constitucional 10
VI. Orden del Día.
- Ampliación de facultades de la Fiscalía Nacional Económica. Primer trámite constitucional. (Continuación) 11
- Acuerdo entre Chile y Argentina sobre autorización de viajes de menores de edad. Segundo trámite constitucional 19
- Enmiendas al acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, “Intelsat”. Segundo trámite constitucional 21
- Enmiendas al acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, “Intelsat”. Segundo trámite constitucional 22
- Acuerdo entre Chile y Portugal sobre concesión de licencias para radioaficionados. Segundo trámite constitucional 24
-o-
Cambio en la Tabla 26
-o-
- Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte. Segundo trámite constitucional 26
Pág.
- Enmienda a la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Segundo trámite constitucional 28
- Mejoramiento económico para el personal de la Contraloría General de la República. Primer trámite constitucional 34
VII. Proyectos de Acuerdo.
- Eliminación de requisito para postular al subsidio habitacional 41
VIII. Incidentes.
- Falta de respuesta del Gobierno a necesidades y anhelos de la ciudadanía. Oficio 44
- Censura infundada a presidenta de Comisión de Minería 45
- Regularización de títulos de dominio a pobladores de la comuna de Pudahuel. Oficio 46
- Adhesión a expresiones del Diputado Molina 47
- Déficit alimentario en sectores de la tercera edad 48
- Ingreso de la policía a la ex “Colonia Dignidad” 48
- Antecedentes sobre proyecto de modernización de Enap. Oficio 49
- Estado del proceso por asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro. Oficio 50
- Envío de proyecto sobre fondo de extensión sindical. Oficio 50
- Acciones para abordar temas de interés social 51
- Prolongación del metro hasta Maipú. Oficio 51
- Saneamiento de canales en comunas del distrito 20. Oficios 52
- Legitimidad reglamentaria de censura a presidenta de Comisión de Minería 52
- Nuevo acceso vial para Iquique. Oficios 53
- Rechazo a vertedero en Lonquén. Oficios 53
- Petición de antecedentes a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Oficio 54
- Aplicación de programa de pavimentación participativa en Chillán. Oficios 55
- Antecedentes sobre cierre de Banco Ganadero de Aisén. Oficio 56
- Situación de miembros de ex “Colonia Dignidad” 57
- Rebaja de tarifas eléctricas y cambio de clasificación de comuna Padre Las Casas. Oficios 57
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual inicia la tramitación de un proyecto de ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. (boletín Nº 2152-07) 59
2. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que concede asignaciones especiales transitorias y beneficios al personal de la Contraloría General de la República. (boletín Nº 2136-05) 75
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-De la Diputada señora González quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 28 de marzo en curso.
2. Oficios:
-De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano mediante el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación, para que se le otorgue un plazo de sesenta días con el objeto de emitir el informe respecto del proyecto de acuerdo para investigar la calidad de la construcción de las viviendas afectadas por los temporales del invierno próximo pasado.
-De las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Constitución, Legislación y Justicia, las que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Corporación, solicitan a la Sala el archivo de los proyectos que en anexo se acompañan, por haber transcurrido dos años sin que exista un pronunciamiento acerca de ellos.
Contraloría General de la República
-Del Diputado señor Ávila, aplicación del Iva a las prestaciones de aseo, recolección, transporte y disposición de basura.
Ministerio del Interior
-Del Diputado señor Longton, no envío de dotación de la Policía de Investigaciones a la comuna de Cartagena.
-Del Diputado señor Soria, dificultades surgidas a empresarios chilenos que operan por el Paso de Jama, Primera Región .
-Del ex Diputado señor Munizaga, infracciones a las obligaciones funcionarias establecidas en la ley Nº 18.834.
Ministerio de Educación
-Del Diputado señor Ortiz, Proyecto Mece para la educación superior.
Ministerio de Agricultura
-Del Diputado señor Soria, soluciones a problemas de aluviones.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-De la Corporación, estudio de modificación a pensiones de viudez del antiguo sistema de previsión.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del Diputado señor García-Huidobro, calidad aguas del río Cachapoal.
-Del Diputado señor Girardi, calificación ambiental proyecto Río Cóndor, de Forestal Trillium Ltda.
-De la Corporación, normativa legal sobre comunidades agrícolas.
Programa de Reconocimiento al Exonerado Político
-Estadísticas al 28 de febrero de 1998.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (101)
(Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.03 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 1ª de la actual legislatura queda a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Constitución, Legislación y Justicia solicitan el archivo de los proyectos indicados en su comunicación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Social solicita que se le otorgue un plazo de 60 días para emitir el informe correspondiente sobre la calidad de la construcción de las viviendas afectadas por los temporales de invierno.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INCORPORACIÓN DE PROYECTO A LA TABLA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor García, don José.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , solicito la unanimidad de la Sala para incorporar a la tabla de la presente sesión un proyecto, con urgencia calificada de “suma”, despachado ayer por la Comisión de Hacienda, referido a un mejoramiento de remuneraciones para los funcionarios de la Contraloría General de la República.
Si así se acuerda y lo despachamos, la próxima semana, que será distrital para la Cámara, el Senado podría aprobarlo en segundo trámite, convirtiéndose en consecuencia, en ley de la República dentro de muy poco tiempo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tengo la impresión de que hubo acuerdo unánime de la Comisión de Hacienda en ese sentido. El informe todavía no ha llegado. Por eso, el proyecto no se pudo incluir en la Cuenta.
Si le parece a la Sala, el proyecto se tratará hoy sobre tabla, tan pronto se reciba el informe, con el compromiso de votarlo al término de la sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Molina, sobre la Cuenta.
El señor MOLINA .-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación ocurrida ayer en la Comisión de Minería. A nuestro juicio, se ha faltado gravemente al Reglamento de la Corporación al efectuarse una reclamación que adolece de legitimidad en contra de la presidenta de la Comisión de Minería .
La elección de presidente de la Comisión se ajustó al Reglamento. Antes de asumir su cargo la señora diputada electa fue objeto de una reclamación que vulnera tanto la letra como el espíritu del Reglamento de la Cámara, cuyo artículo 209, inciso primero, señala: “Un diputado miembro de la Comisión podrá reclamar de la conducta del presidente ”.
En este caso, la reclamación se efectuó sin mediar acción alguna de parte de la presidenta, razón por la cual solicito que la Mesa se pronuncie acerca de si la censura de que fuera objeto la diputada , aprobada en la Comisión, se ajustó al Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , lamentablemente, ni siquiera el informe de la Comisión en que da cuenta de lo señalado por su Señoría está incluido en la Cuenta. Por lo tanto, no tengo Cuenta ni antecedentes respecto de los cuales deba pronunciarme.
El señor MOLINA .-
Señor Presidente , quiero consultarle en qué momento de la sesión o en qué oportunidad se puede considerar lo que estoy planteando, sobre lo cual sería bueno que la Mesa se pronunciara.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , puede hacer su planteamiento en la Hora de Incidentes o a través de su Comité en la Comisión de Régimen Interno o en reunión de Comités.
El señor MOLINA.-
Pero, señor Presidente...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Señor diputado, es lo que le puedo contestar a su consulta.
V. FÁCIL DESPACHO
FRANQUICIAS A ADQUIRENTES DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. Tercer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que condona intereses y multas a adquirentes de edificaciones municipales que indica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 525-05, sesión 3ª, en jueves 19 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , las modificaciones del Senado amplían lo aprobado por la Cámara, puesto que el texto primitivo facultaba a los concejos para condonar los intereses y multas generados por la mora en el pago del precio pactado en los contratos de enajenación y de arrendamiento de locales. En cambio, el Senado ha aceptado, además, que se puedan reprogramar, hasta por doce meses, esas deudas y, asimismo, faculta para condonar los intereses, reajustes y multas generados por el no pago oportuno de las mismas.
Por otro lado, en el artículo 3º del Senado se señala que los deudores que opten por acogerse al sistema de reprogramación deben firmar un convenio, y si éste no se cumpliera, perderían todo lo convenido.
Lamentablemente, el proyecto, tanto en el texto aprobado por la Cámara como en el del Senado, no incluye un artículo transitorio que se refiera a los juicios de cobro por las deudas atrasadas, y tal como está redactado sólo tendrá vigencia en el futuro y no incidirá en los juicios ya iniciados. Incluso, muchos pueden haber terminado, quedando sólo la ejecución de la sentencia mediante el remate. De allí que habría sido interesante -estoy a favor de la propuesta del Senado- haber incluido en el proyecto una norma que resuelva la situación de aquellos deudores que están siendo ejecutados, o que están a punto de ser rematados, permitiéndoles la celebración de los convenios a que se refiere el proyecto, a fin de paralizar los juicios o suspender los remates, en su caso.
En consecuencia, formulo esta observación pero estoy con la propuesta del Senado, que es mucho más amplia que la de la Cámara.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
VI. ORDEN DEL DÍA
AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión, en primer trámite constitucional, del proyecto que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
Estaba haciendo uso de la palabra el Diputado señor Álvarez, a quien le restaban 12 minutos, y estaban inscritos los Diputados señores José García, Riveros, José Antonio Galilea y Ceroni. Además ahora se han inscrito los señores Ortiz y Aníbal Pérez.
Por lo tanto, retoma el uso de la palabra el Diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , ayer estaba recapitulando una serie de antecedentes que justifican nuestra intención de oponernos a este proyecto, y quiero recordar algunos de ellos.
En primer lugar, tenemos muy claro que existe la necesidad de ampliar las facultades de la Fiscalía y de mejorar la operatividad y funcionamiento del sistema de legislación antimonopolio. Sin embargo, ayer expresaba objeciones en este aspecto. Creo que el Gobierno ha partido mal al entregar mayores facultades sólo a un organismo, rompiendo así el delicado equilibrio que tiene nuestra organización antimonopólica. Quiero insistir en que me parece absolutamente imprescindible modificar los cuerpos legales antes de otorgar mayores facultades a la fiscalía económica.
Lo primero que debemos modificar -co-mo lo señalaba ayer- es nuestra legislación sustantiva; es decir, la legislación de fondo, que contempla las figuras por las cuales una empresa o una persona natural pueden ser perseguidas: haber atentado en contra de alguno de los derechos que protege nuestro decreto ley Nº 211, que básicamente son la libre competencia y la competencia leal.
Señalaba que nuestros ilícitos, básicamente establecidos en los artículos 1º y 2º, son demasiado amplios; incluso ha habido al respecto problemas de inconstitucionalidad. Por eso, dicho cuerpo legal, que en su origen buscaba establecer sanciones penales, prácticamente no ha tenido ninguna aplicación, y durante estos más de veinte años de existencia nos hemos limitado a aplicar sanciones administrativas.
Señalaba que es necesario modificar ese decreto no sólo por problemas de inconstitucionalidad, por afectar la seguridad, la justicia y la libertad de las personas que desarrollan actividades económicas, sino también porque en estos veinticuatro años se ha producido un enorme avance y modernización en las figuras económicas. No sólo tenemos que figuras como el monopolio, el trust, ya no son las más importantes a perseguir, sino que son mucho más relevantes los acuerdos colusorios, los acuerdos de integración vertical, los acuerdos de integración horizontal, las prácticas monopólicas abusivas. También hemos tenido un considerable avance desde el punto de vista de la investigación empírica en cuanto a las consecuencias de una determinada norma.
Creo que es absolutamente imprescindible aplicar a nuestra legislación principios tan avanzados como el análisis económico del derecho, la experiencia de la Unión Europea sobre la materia, la experiencia de la Organización Mundial de Comercio y toda la evidencia de recientes casos de fusiones y del efecto que produce en el mercado la “criminalización” de estas conductas. Hoy es absolutamente evidente, como tendencia mundial, el intento de despenalizar este tipo de conductas, dejándolas expuestas sólo a una sanción administrativa con la multa correspondiente.
Quiero llamar la atención de la Sala sobre lo imprescindible que resulta tener figuras muchísimo más precisas, porque probablemente ésta es el área del derecho donde estamos más claramente a punto de juzgar y sancionar intenciones. Si se analiza la única diferencia que existe entre que una empresa baje sus precios y que se lo impida la legislación antimonopolios, es que estamos prejuzgando que en el futuro tendrá la intención -habiendo ganado el monopolio hoy- de subir los precios. Es decir, estamos en un reino muy peligroso: juzgando las intenciones de las empresas.
Entonces, junto a este cuerpo legal sustantivo que debemos modificar -porque la función del fiscal es aplicar las normas y determinar si se ha cometido alguna infracción- es absolutamente imprescindible modificar el funcionamiento de aquellos órganos que resuelven; es decir, básicamente las comisiones preventivas y las resolutivas. Debemos dotar a estos cuerpos de mayor independencia, porque la mayoría de ellos está sujeto a designaciones del Ejecutivo , por lo que no existe una adecuada independencia para las personas o las empresas. Por otra parte, carecen de los recursos necesarios para investigar y, además, hay una activa presencia de la Fiscalía en muchos casos, por ejemplo, por la vía de relatores o investigadores.
Creo que es absolutamente imprescindible ir hacia una mayor independencia y capacidad técnica. Nuestra legislación -insisto- de 1974, que fue adecuada en su momento, hoy no responde a las necesidades, y no lo hace porque no tiene los tribunales, los organismos decisorios básicos o necesarios para aplicarla. Creo que debemos ir hacia tribunales de la competencia o, más aún -como lo hemos propuesto hoy- hacia tribunales económicos que analicen las materias tributarias, arancelarias, de cambio, bancarias, de superintendencia, etcétera.
Éstos son los dos grandes criterios que nos hacen decir que no debemos legislar ahora, que estamos dispuestos a hacerlo en el futuro, pero siempre y cuando sea dentro de un marco o reforma que incluya también la reforma a la legislación sustantiva, que es la legislación por aplicar, y la procesal, es decir, los organismos que deberán aplicar estas normas.
Ayer comentaba que se han analizado las atribuciones de nuestra Fiscalía en relación con las de otros países, y daba el caso de Estados Unidos. Se discutía que en otros países son órganos administrativos de la propia administración los que aplican el derecho. Eso es correcto.
Tenemos el caso alemán en que el Bundeskartel regula toda la legislación de los carteles, o el Kartelrecht, que es la legislación antimonopolio; pero es un organismo, primero, mucho más independiente porque es nombrado con acuerdo del Parlamento y, segundo, con una ley muchísimo más específica. Lo mismo ocurre en Inglaterra con la M.M.C., Monopoly and Merger Commission , también autónoma, designada con acuerdo de la Cámara de los Comunes y, sobre todo, con una ley antimonopolios mucho más específica que la chilena. Por último, dentro de la Unión Europea, está el caso de la Dirección General Nº 4, que no sólo es uno de los instrumentos más modernos de aplicación del derecho antimonopolio, sino que también sus integrantes tienen la obligación de estar más allá de toda duda razonable y deben ser independientes.
Por otro lado, se decía que esperáramos, que le diéramos un voto de confianza al Gobierno, que aprobáramos hoy estas numerosas facultades de fiscalización y que en el futuro podríamos aprobar la legislación sustantiva y mejores tribunales. Creo que no podemos aceptar esta técnica legislativa, porque pone en riesgo los derechos de las personas y es una mala técnica: no sabemos cuándo el Gobierno presentará los proyectos, no sabemos si serán aprobados, y aun cuando se presentaren dentro de un plazo cercano, la Fiscalía tendría durante mucho tiempo las atribuciones señaladas en el proyecto.
Se nos pide un voto de confianza, pero no podemos darlo; no podemos esperar dichos proyectos, porque estamos jugando con los derechos de los ciudadanos. Esta iniciativa, por la vía de otorgar mayores facultades al fiscal, afecta derechos ciudadanos básicos, constitucionales, como el debido proceso, la libertad, la inviolabilidad de la correspondencia, la propiedad, etcétera. No tenemos derecho a ceder estas facultades constitucionales inherentes a los ciudadanos; no podemos dar mayores atribuciones a la Fiscalía, porque con ello colocamos en riesgo la propiedad, la libertad, la justicia y la seguridad de las personas.
Junto a estas dos grandes razones para no apoyar este proyecto de ley, debemos detenernos, además, en las atribuciones que se están concediendo.
En primer lugar, la atribución contenida en la letra h) del artículo 27, que establece que el Fiscal podrá inspeccionar por sí o a través de los funcionarios las operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, etcétera, sin restricciones, es una enorme intromisión en la vida privada y de las empresas, que sólo puede aceptarse si la concede un tribunal independiente. Estoy de acuerdo en que en ocasiones puede ser necesario solicitar toda la información de una empresa, los libros y las cartas; sin embargo, ello debe hacerlo mediante un tribunal independiente, autónomo, y no por la sola decisión del fiscal. Lo mismo rige para su facultad de citar compulsivamente a declarar y de ordenar investigaciones específicas e, incluso, reservadas.
Alguien comentaba que éstas son atribuciones que tienen, por ejemplo, las superintendencias. Considero que es una aseveración un tanto ligera. En primer lugar, ellas no tienen atribuciones tan directas como las señaladas en el proyecto; en segundo lugar, las dos más importantes, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros no regulan todo el mercado, sino que lo hacen personas o instituciones concretas: los bancos por una parte, y las sociedades anónimas abiertas, por la otra. Por último, ambas superintendencias regulan o vigilan derechos mucho más específicos, como la legislación bancaria, la de seguros, la de valores. Con un cuerpo normativo tan específico como ése, es posible conceder mayores atribuciones a la superintendencia, pero con un cuerpo tan abierto como el decreto ley Nº 211, lo único que hacemos es otorgarle facultades que el día de mañana pueden ir en contra de la justicia y de la libertad. A eso se agrega una serie de normas que me parecen absolutamente inadecuadas, como la creación de figuras de fiscalizadores, en circunstancias de que considero que solicitar los informes a la Fiscalía es labor técnica de los privados. No existe ninguna garantía de reserva de la información que una persona puede estar obligada a dar -según este proyecto- una vez citada compulsivamente por el fiscal y, sin duda, esto puede ser usado perfectamente para perseguir de manera política o para que la competencia se entere de secretos de alguno de sus rivales.
En caso de aprobarse este proyecto, tendríamos el peor de los mundos: el día de mañana cualquier ciudadano o elector podría decirles: “Acabo de ser citado y tengo que comparecer compulsivamente ante el tribunal; tengo que llevar toda mi información”. La única respuesta que ustedes podrían darle sería: “Estamos esperando que el Gobierno presente el proyecto para tener una mejor legislación de fondo o una mejor legislación de los tribunales; pero, por ahora, tiene que concurrir, y la única alternativa es presentar un recurso ante la Comisión Resolutiva”. Quiero recordarles que dicha Comisión está integrada por un ministro de la Corte Suprema , un jefe de servicio, designado por el Ministro de Hacienda , un jefe de servicio, designado por el Ministro de Economía , un decano de una facultad de economía y un decano de una facultad de derecho, elegidos por sorteo. Es decir, no hay un adecuado tribunal para defenderse ante la posible violación a los derechos, porque al menos dos de los integrantes son del mismo órgano fiscalizador o pertenecen a la misma administración.
Por otra parte, se nos piden mayores recursos: 696 millones de pesos en régimen y más de 46 millones de pesos en el primer momento. Estamos dispuestos a que se entreguen mayores recursos a la Fiscalía; lo consideramos necesario. Pero, al mismo tiempo, creemos absolutamente imprescindible que se nos explique por qué entre 1994 y 1997 de los treinta y ocho cargos de la planta, ocho no han sido llenados; o, por ejemplo, por qué de los 4 millones 541 mil pesos dados en los últimos cuatro años para capacitación del personal, sólo se han ocupado 242 mil pesos; o que de los 11 millones de pesos dados para la compra de equipos de computación, sólo se han invertido 5 millones 222 mil pesos. Al menos, tiene que explicársenos por qué no se ha usado la planta que hoy existe y todos los recursos entregados a fin de defender la libre competencia.
Por otro lado, en muchas ocasiones resulta mucho más barato, como sistema, contratar estudios técnicos antes de aumentar considerablemente las plantas. Sin perjuicio de ello, en esta materia estamos dispuestos a llegar a acuerdos para aumentar la planta y dar más atribuciones económicas a la Fiscalía.
Termino señalando que no nos oponemos a legislar sobre la materia; no nos oponemos a dar mayores facultades a la Fiscalía; sí nos oponemos a la idea de legislar respecto de este proyecto, porque nos parece que, aparte de los vicios de inconstitucionalidad que hemos señalado, da amplias facultades, desequilibra el sistema antimonopolio y no da adecuadas garantías.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , ha terminado su tiempo.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , dispongo del tiempo de mi segundo discurso. En todo caso, termino de inmediato.
No estamos dispuestos a dar más facultades ni más recursos a la Fiscalía hasta que se mejore nuestra legislación de fondo, hasta que al menos existan nuevos órganos decisorios con tribunales técnicos y absolutamente independientes y hasta que la Fiscalía sea un organismo mucho más imparcial, para lo cual solicitamos que, a la larga, el fiscal sea un funcionario designado con acuerdo del Senado.
No daremos mayores facultades ni más recursos hasta que no se den mejores garantías de libertad para que, en el ejercicio legítimo de derechos inalienables, se desarrollen actividades económicas y empresariales en el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , particularmente relevantes son las características y condiciones del órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a resguardar la libre competencia en el país.
Es natural que el organismo fiscalizador esté dotado de independencia respecto de la administración y al margen de influencias del ámbito privado. Para ello, su autonomía es un factor esencial.
Otro rasgo básico es la oportunidad y eficacia de su acción. Para cumplir con ello, el fiscalizador debe poseer potestades suficientes para investigar y llevar a cabo los procedimientos que motivan dicha acción.
Por otra parte, es necesario establecer los mecanismos de defensa de los eventuales afectados, de tal forma que las resoluciones garanticen un debido proceso.
Por último, sin pretender dar por agotadas las características del organismo, es esencial que existan las condiciones para que los profesionales y técnicos vinculados al organismo fiscalizador estén sujetos a los regímenes de responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades que aseguren su imparcialidad. Para cumplir con este objetivo, es preciso establecer adecuadas remuneraciones, que permitan dedicación exclusiva y desarrollo profesional. Muchas veces, las plantas de funcionarios no son llenadas precisamente por las bajas remuneraciones del sector público. Ésta es una realidad que todos conocemos y que no se puede esgrimir como argumento para limitar los recursos, porque lo que se busca es, a través de la mejoría de las rentas, tener personas interesadas en ocupar estos cargos con eficiencia y calidad profesional.
Para cumplir a plenitud los rasgos descritos, es urgente establecer cambios tendientes al fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, organismo establecido en nuestro país en el sistema de resguardo de la libre competencia, adecuándolo a los cambios y desarrollo producidos en nuestra economía. El proyecto en discusión obedece a esta necesidad.
Tal cual fuera expresado en la Comisión por el actual fiscal económico, la iniciativa se orienta a mejorar las condiciones de trabajo de la Fiscalía como servicio público, con la finalidad de informar a las comisiones antimonopolio para que ellas emitan el pronunciamiento que estimen procedente, apreciando los hechos y fallando en conciencia.
Por ahora, el proyecto se limita a modificar el estatuto orgánico del servicio y no altera las reglas del juego que los agentes del mercado conocen respecto de la libre competencia.
No se refiere a las comisiones, por cuanto ello es parte de una reforma mayor y que, naturalmente, considera la creación de un tribunal nacional económico.
En este punto me quiero detener un momento, para aclarar algunas observaciones que hemos escuchado en este debate, en el sentido de que en las comisiones antimonopolios tienen mayoría los funcionarios de Gobierno.
Si nos remitimos a lo expresado en los textos legales, debemos concluir que esta afirmación no es correcta. El artículo 7º del decreto ley Nº 211 señala la integración de las comisiones preventivas regionales. En ellas hay dos funcionarios de gobierno y dos personas por completo ajenas a él.
El artículo 10 indica los integrantes de la comisión preventiva central, formada por dos funcionarios de gobierno y tres personas por completo ajenas a él.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , ¿le concede una interrupción al Diputado señor Alessandri?
El señor RIVEROS.-
Sí, señora Presidenta .
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Hasta por dos minutos, tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señora Presidenta , es exacto lo que señala el señor diputado , pero con una salvedad: la legislación vigente establece que el empate lo dirimirá el presidente de la comisión. Pero como la mitad de ella es siempre nombrada por el Gobierno, éste dirimirá el empate dos a dos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Puede continuar su Señoría.
El señor RIVEROS.-
Existe otra instancia, la de la Comisión Resolutiva, formada por un Ministro de la Excelentísima Corte Suprema , dos jefes de servicio -funcionarios de gobierno- y dos decanos universitarios. Es decir, de cinco integrantes, tres son ajenos por completo al Gobierno. Por eso, hablar en términos generales y plantear las cosas como aquí las hemos escuchado, no es correcto.
Pareciera que los mayores reparos que se han escuchado en la Sala en contra del articulado de la iniciativa dicen relación con la calidad de funcionario de la exclusiva confianza del fiscal nacional económico y con las atribuciones que se le asignan a éste.
Para evitar suspicacias, el proyecto actualiza la calidad de funcionario -de este fiscal- de exclusiva confianza del Presidente de la República . Digo actualiza, porque el decreto ley N° 3.551, de 1980, en sus artículos 2° y 3°, y luego la ley general de Bases de la Administración del Estado modificaron tácitamente la norma del artículo 21 del texto actual, en el sentido de que este funcionario dejaba de ser de libre designación para pasar a ser de confianza. En este punto, entonces, nada se modifica, sino que se actualiza la redacción de la ley, con el objeto de hacerla integral y autocontenida.
Respecto del tema de las atribuciones, si se analiza comparativamente el texto del artículo 24 de la ley vigente y el artículo 27 del proyecto en examen, apreciamos que no existen mayores diferencias, sino que éstas se adecuan, eliminando citas a cuerpos legales ya derogados; otras se redactan con mayor claridad y, por último, otras se precisan como formas de garantía frente a los agentes económicos del mercado, que pueden ser objeto de la acción de este servicio.
Los mayores cambios dicen relación con la facultad de declarar reservadas las investigaciones. Esto ocurre por un principio elemental de transparencia, atendida la información que se reúne y procesa en una investigación de esta especie.
Por su parte, el inciso segundo de la nueva letra h), que ha sido criticado en el debate, consagra expresamente la facultad de citar personas a declarar.
Aquí hay mucha sensatez. Por años -y de esto es testigo el personal de servicio y los tres fiscales que han existido- la Fiscalía siempre ha citado a declarar personas y los convocados siempre han concurrido a hacerlo. Por ello, aquí sólo se consagra expresamente una facultad, que aun sin texto expreso de ley, el fiscal siempre ha empleado, por ser uno de los medios indispensables para indagar conductas y actividades presumiblemente contrarias a la libre competencia.
A mayor abundamiento, debemos agregar que se crea un recurso nuevo, de fácil y expedita tramitación, que interpone quien se siente afectado por un requerimiento del fiscal, por estimarlo abusivo o ajeno a sus investigaciones o que, de cualquier forma, pudiera producirle un perjuicio. La sola interposición del recurso suspende automáticamente el requerimiento formulado por el fiscal.
Me pregunto, ¿qué más garantías se pueden entregar a los agentes económicos? Los que critican estas facultades, ¿han estudiado con detención este especialísimo recurso? Para contestar estas preguntas, desearía que se tuviera presente lo que se ha señalado sobre integración de la Comisión Resolutiva.
Quien sostenga que esa Comisión no es independiente del fiscal, ofende gratuitamente a un ministro del más alto tribunal de la República , a los decanos universitarios y a dos jefes de servicios de la Administración Pública que, por último, tienen la misma jerarquía del fiscal.
Respecto de las alegaciones de inconstitucionalidad de este precepto, vamos nuevamente a un texto expreso. Lo que se pretende inspeccionar son operaciones, libros, archivos y demás documentos de empresas, entidades y organizaciones que desarrollan actividades económicas garantizadas en el Nº 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Pareciera que quienes han alegado esta inconstitucionalidad han leído en forma parcial el inciso primero de este numeral. Olvidan que el derecho a desarrollar estas actividades económicas existe en la medida en que esto se haga respetando las normas legales que las regulan.
Aquí estamos en presencia de esas normas legales y lo hemos estado desde la dictación del decreto ley Nº 211, de 1973. La garantía constitucional Nº 5 del artículo 19 no puede impedir a los organismos encargados de investigar situaciones contrarias al interés público, que puedan revisarse antecedentes propios de la actividad económica, objeto de la indagación.
La ley que regule la protección de la libre competencia puede perfectamente establecer, como lo hizo hace muchos años, la obligación a quienes desarrollan actividades económicas de someterse a las potestades de inspección radicadas, por ley, en el órgano encargado de investigar conductas contrarias a la libre competencia, pilar fundamental de la actividad económica.
Por último, esta facultad se encuentra expresamente contemplada en otros organismos fiscalizadores sectoriales del Estado, no habiendo sido jamás objeto de acusaciones de inconstitucionalidad.
A nuestro juicio, el contenido del proyecto cumple con el objetivo de perfeccionar las características de autonomía, mejoramiento en la oportunidad y eficacia de la acción fiscalizadora, de garantía de un debido proceso y de fortalecimiento profesional y técnico del personal encargado de esta importante tarea. Y si uno analiza la particularidad de las normas, necesariamente llega a una conclusión de esa naturaleza.
En síntesis, encontramos oportunos y adecuados la presentación y los aspectos que norman el proyecto en discusión. Por ello, concurriremos a su aprobación con nuestro voto favorable.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José ).-
Señora Presidenta , ayer, de la intervención del Ministro de Economía y de varios señores Diputados, entre ellos don Eugenio Tuma y don Gustavo Alessandri , quedó claro que estamos en presencia de un proyecto insuficiente -calificado así por el Gobierno y por todos los sectores políticos-, incompleto y que no toca aspectos esenciales que garanticen la libre competencia.
De una u otra manera, todos han hecho alusión a la necesidad de que la Comisión Resolutiva tenga dedicación exclusiva; por lo tanto, que sea remunerada para tales efectos. Todos hemos coincidido en la necesidad de entregar independencia a la Fiscalía Nacional Económica para que nadie ejerza presiones sobre ella a fin de que actúe en un sentido o en otro, mucho menos para perseguir a determinadas empresas.
También se ha planteado la necesidad de incorporar en la legislación nuevos ilícitos y sus respectivas sanciones, y de hacer compatible nuestra legislación con las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Estimo que es perfectamente posible llegar a un acuerdo que involucre a todos los sectores políticos, que demuestre fehacientemente nuestra voluntad de luchar por la libre competencia, por la eliminación de los monopolios y de todas las otras formas de imperfección de los mercados, y que cuando éstas existan sean debidamente sancionadas. Por lo tanto, si disponemos de algunos días más para conversar estos temas con el Ministro de Economía , creo que podremos lograr los acuerdos necesarios.
Represento un distrito de la Novena Región, en la cual en varias oportunidades sus productores se han visto afectados por actuaciones monopólicas u oligopsónicas de diferentes conglomerados económicos. Hemos debido golpear las puertas de la Fiscalía Nacional Económica, precisamente para garantizar la libre competencia y proteger a la gente que representamos: pequeños y medianos agricultores, comerciantes e industriales que ven cómo estos monopolios u oligopsonios pasan por alto la legislación y destruyen sus fuentes laborales.
Eso nos ha permitido conocer muy de cerca la realidad de la Fiscalía Nacional Económica, razón por la cual somos absolutamente partidarios de los mejoramientos económicos contenidos en el proyecto en estudio.
Creemos indispensable que tanto el fiscal nacional económico como sus funcionarios perciban rentas acordes con el mercado, para terminar con la situación actual, pues basta que se inicie una determinada investigación para que la empresa investigada contrate al funcionario, lo haga renunciar a la Fiscalía e impida que se lleve a cabo la investigación.
Queremos enviar al país una señal clara: estamos por la libre competencia; estamos contra los monopolios y los oligopsonios.
Por las razones expuestas y en virtud de la facultad que nos confiere el artículo 111 del Reglamento, solicito que se aplace la discusión general del proyecto, con el fin de iniciar conversaciones y negociaciones con el Ministro de Economía en los próximos días para presentar en la Sala un texto que recoja los planteamientos que todos hemos formulado, de fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, aprobado por unanimidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición del Diputado señor García.
No hay acuerdo.
En votación.
-Durante la votación:
El señor FOSSA.-
Señor Presidente , le ruego tomar en cuenta mi voto favorable.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Así se hará, señor diputado .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobada.
Queda aplazada la discusión del proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
-Votó por la negativa el Diputado señor
ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE AUTORIZACIÓN DE VIAJES DE MENORES DE EDAD. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para la supresión de la legalización consular de venias y autorizaciones de viajes de menores de edad.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Masferrer.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1916-10 (S), sesión 30ª, en 7 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer .
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el tratado bilateral denominado “Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina para la supresión de la legalización consular de venias y autorizaciones de viajes de menores de edad”, suscrito en Buenos Aires, el 26 de abril de 1996.
El proyecto de acuerdo es una clara demostración de la cada día mayor integración de dos países que, más allá de los tratados de carácter comercial y económico, también se preocupan de normar materias que tienen una relación directa con los problemas de la gente común. Este convenio es un ejemplo de lo que digo.
La Dirección General de Investigaciones y Carabineros de Chile, en cumplimiento de las normas sobre extranjeros en Chile, pueden impedir el ingreso al país de los menores de 18 años que viajen sin ser acompañados de su padre, madre o guardador y carezcan de autorización escrita de uno de ellos o del tribunal competente, debidamente refrendada por autoridad chilena.
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil dispone las formalidades que deben revestir los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile, para que conste el carácter público y la veracidad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los agentes diplomáticos o consulares chilenos correspondientes.
Los gobiernos de Chile y de Argentina han estimado que la exigencia de estas formalidades no favorece la fluidez de la circulación de personas y el intercambio turístico entre ambos países, no obstante el permanente propósito de facilitar el tránsito de personas y, así, lograr un más efectivo proceso de integración entre las dos naciones.
El acuerdo busca flexibilizar estos procedimientos, eliminando las legalizaciones en las venias o autorizaciones de viaje de los menores de edad argentinos y chilenos o menores extranjeros residentes en cualquiera de los dos países que viajen al territorio del otro Estado.
El propósito anterior se logra al suprimir la exigencia de la intervención o legalización consular en las situaciones antes descritas y reconocer, como válido para el ingreso o egreso de menores al territorio del otro país, las venias o autorizaciones otorgadas ante las autoridades internas competentes, debidamente refrendadas según la legislación de cada parte.
El proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión como en la Sala del honorable Senado y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara lo aprobó en la misma forma y os recomienda que adoptéis igual predicamento.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votó por la abstención la señora
ENMIENDAS AL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE, “INTELSAT”. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde pronunciarse, en segundo trámite constitucional, sobre el proyecto de acuerdo referido a las enmiendas a la letra f) del artículo XVII del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Intelsat.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, es el señor Salvador Urrutia.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1567-10 (S), sesión 31ª, en 12 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 7.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , paso a informar lo decidido por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo referido a la enmienda al Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, “Intelsat”.
La referida organización busca agilizar y mejorar su funcionamiento, dado que, como lo aclararemos a continuación, la norma que se modifica tenía una grave falla de tipo jurídico, pues toda enmienda al estatuto debe producir efecto ni antes de 8 meses ni después de 18 meses, a partir de la fecha en que hubiera sido aprobada por la Asamblea de las Partes, lo cual creaba un gran problema, pues cuando se cumplía el plazo de 18 meses la enmienda ya no podía aplicarse, por cuanto, en la mayor parte de los países que necesitan ratificación parlamentaria, el proceso demora mucho más que ese plazo.
La enmienda tiene por objeto decir sólo que no entrará en vigencia antes de 8 meses de aprobada por la Asamblea de las Partes, de manera que, sea cual fuere el tiempo que demoren los Estados en ratificarla, entre en aplicación, sin obligar, como ocurría hasta ahora, a reiniciar el trámite a partir de la aprobación de la Asamblea de las Partes, si se cumplía el plazo.
La enmienda en cuestión representa un mejoramiento administrativo grande en cuanto a la rapidez con que las modificaciones pueden ser aplicadas al estatuto de la organización.
Sobre esa base, la Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, aprobó el proyecto de acuerdo y recomienda hacer lo mismo a la Sala.
Debo dejar en claro que esta enmienda fue aprobada por la unanimidad de los 139 estados que forman la Organización, de manera que existe absoluto acuerdo internacional sobre la necesidad de efectuarla.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votó por la abstención el señor
La señora SOTO (doña Laura).-
Punto de Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , me he percatado de que hay un problema en el sistema electrónico, puesto que no marca mi voto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ruego a los señores diputados que revisen sus celulares, porque si están abiertos interfieren el sistema de votación.
En todo caso, me indican que en la votación última la Diputada señora Soto aparece votando a favor en la hoja computacional.
ENMIENDAS AL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE, “INTELSAT”. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo aprobatorio de las enmiendas a los artículos I, II, VIII, IX y XVI del acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por satélite, “Intelsat”.
Diputado informante es el señor Salvador Urrutia.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1842-10 (S), sesión 31ª, en 12 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , debo rendir el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores respecto de las enmiendas que se harán a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, “Intelsat”. Se trata de enmiendas múltiples a los artículos I, II, VIII, IX y XVI que apuntan a generar mayor apertura y transparencia a la participación de los diversos estados que conforman esta organización.
En un breve resumen, informo a la Sala que Intelsat es una organización satelital comercial que está abierta a todos los países del mundo. Actualmente la integran 139 países y está estructurada, entre otros órganos, por la asamblea de partes, en que están representados los países por sus ministerios de relaciones exteriores; por la reunión de signatarios o de empresas públicas o privadas que manejan el negocio de las telecomunicaciones satelitales, quienes participan representados por un signatario por país y eligen a los gobernadores que constituyen la junta de accionistas, que adopta a su vez las decisiones y nombra la estructura administrativa y ejecutiva.
El problema que existe hasta ahora en esta organización es que sólo puede haber un signatario por país, es decir, una empresa pública o privada, lo cual, en cierta forma, crea un monopolio de representación. El caso chileno es muy clarificador. Entel es el signatario que representa a nuestro país ante Intelsat y sólo a través de aquélla pueden tener participación las otras empresas de telecomunicaciones, como Bellsouth, CTC Mundo y Chilesat, las cuales, aunque han adquirido acciones y realizado inversiones en Intelsat, no pueden participar directamente en la reunión de signatarios.
Naturalmente, esta situación se repite en todo el mundo.
Por ello, la principal modificación que se plantea, de la cual surgen todas las demás, consiste en que cada país no sólo sea representado por un signatario, sino por no menos de uno. Ello abre el campo a que cada país pueda intervenir a través de varios signatarios y, en el caso chileno, podrían participar -repito- las cuatro empresas que actualmente están en el negocio de las telecomunicaciones por satélite y no sólo Entel . Esa situación, naturalmente, distorsiona y crea conflictos de intereses que es conveniente corregir, para lo cual Intelsat ha solicitado en forma unánime a todos sus estados partes que aprueben estas modificaciones, a fin -repito- de abrir la participación a todas las empresas de cada país que deseen hacerlo y, al mismo tiempo, dar mayor transparencia a su actividad.
En mérito de lo anterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, acordó por unanimidad recomendar a la Sala aprobar dichas modificaciones.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , quiero, por su intermedio, consultar al diputado informante sobre qué empresas nacionales interesadas o con representación en el país fueron consultadas, porque la competencia es cada día mayor respecto de la necesidad de espacios que ocupan los satélites para los servicios que se están entregando.
Además, creo que el proyecto, por su contenido e importancia, debería haberse enviado a la Comisión de Ciencias y Tecnología.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , la Comisión de Relaciones Exteriores no citó a ninguna de las empresas involucradas en este proceso, pero sí tomó en cuenta las opiniones del Gobierno, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la División de Planificación Estratégica y Estudios, y del Departamento Internacional de Telecomunicaciones de dicho Ministerio, los cuales están a favor del proyecto, como también todos los signatarios del mundo, porque las enmiendas fueron aprobadas en forma unánime por los 139 participantes.
Por lo tanto, en la Comisión, hubo un absoluto consenso al respecto, y dimos por sentado que las cuatro empresas chilenas que participan en Intelsat -que, repito, son Entel, Bellsouth, CTC Mundo y Chilesat- estaban de acuerdo, por cuanto no hicieron llegar ningún tipo de observaciones.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Prokurica y
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Aguiló,
ACUERDO ENTRE CHILE Y PORTUGAL SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA RADIOAFICIONADOS. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo relativo al tratado celebrado entre los gobiernos de las Repúblicas de Chile y Portuguesa sobre concesión de licencias para radioaficionados.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Carlos Caminondo.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1730-10 (S), sesión Nº 31ª, en 12 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, celebrado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Portugal para la concesión de licencias de radioaficionados, adoptado en Lisboa mediante cambio de notas de fechas 9 y l4 de junio de 1945, respectivamente.
Nuestro país ha celebrado diversos acuerdos de esta naturaleza, tales como los suscritos con Argentina, Brasil y Uruguay, todos fundados en el principio de la reciprocidad internacional y en el pleno respeto, por una parte, de la legislación nacional vigente en materia de radiodifusión, y, por otra, de la reglamentación internacional que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha establecido para regular las radiocomunicaciones internacionales.
En el caso específico del Acuerdo en informe, se trata, en lo sustancial, de que los chilenos o portugueses poseedores de una licencia de radioaficionado en vigor, concedida por las autoridades de su país y que operen una estación de radioaficionado también autorizada por dichas autoridades, puedan ser facultados por la autoridad administrativa competente del otro país, a título de reciprocidad, para operar esa estación en el territorio de este país, a condición de ser residentes en él y de someterse a sus disposiciones legales y a las normas internacionales correspondientes.
A los chilenos o portugueses en tránsito, poseedores de licencia de radioaficionados en vigor en su país de origen, podrán concedérseles licencias temporales.
Las autoridades administrativas chilenas y portuguesas quedan facultadas para imponer restricciones, negarse a cancelar las autorizaciones concedidas en las condiciones o términos fijados por la legislación de cada país.
Por último, las partes convienen en que las disposiciones de cualquier convenio multilateral que entre en vigor sobre la materia, prevalecerán sobre las disposiciones de este convenio. Se trata de la preeminencia que tienen los convenios que se celebran periódicamente en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Este instrumento entrará en vigencia en la fecha de la última notificación de haberse dado cumplimiento a las formalidades internas. En nuestro ordenamiento constitucional, es previo a la ratificación de este tratado que él sea aprobado por el Congreso Nacional, ya que no se trata de uno de los acuerdos que el inciso segundo del Nº 1) del artículo 50 de la Constitución Política exime del trámite parlamentario.
Permanecerá en vigor por tiempo indefinido y podrá ser denunciado por cualquiera de las partes -incisos segundo y tercero del Nº 6 de las notas-.
Por último, hago presente que la Comisión de Relaciones Exteriores decidió, por unanimidad, recomendar a la Sala la aprobación de este convenio en los mismos términos en que lo hizo el Senado.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Mora y
CAMBIO EN LA TABLA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo relativo a la Resolución A. 735 (18), adoptada por la asamblea ordinaria de la Organización Marítima Internacional, OMI, para enmendar los artículos 16, 17 y 19, letra b), del convenio constitutivo de dicho organismo internacional, proposición que figura en el Nº 6 del Orden del Día.
Solicito el acuerdo de la Sala para cambiar el orden de tratamiento de los proyectos de acuerdo, abocándonos al conocimiento del Nº 7 de la tabla.
Acordado.
-o-
ESTATUTOS DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto de acuerdo relativo a los Estatutos del Consejo iberoamericano del deporte.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Carlos Abel Jarpa.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1777-10 (S), sesión 31ª, en 12 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 10.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, enviado por su Excelencia el Presidente de la República a consideración del Congreso Nacional, se refiere al tratado multilateral denominado Estatutos del Consejo iberoamericano del deporte, adoptado en Montevideo el 4 de agosto de 1994.
El establecimiento de un Consejo iberoamericano del deporte se viene propiciando, según señala el mensaje, desde la Declaración de Santiago de Chile, suscrita el 8 de julio de 1990 por los organismos gubernamentales de deportes de los países de la región.
En 1993, los representantes de los organismos deportivos gubernamentales de la mayoría de los países iberoamericanos, reunidos en México, formularon la Declaración de México, reiterando su voluntad favorable a la creación de dicho consejo.
El 4 de agosto de 1994, los plenipotenciarios de Argentina, Bolivia, El Salvador, España , México , Paraguay , Uruguay y Chile, se reunieron en Montevideo, para aprobar los estatutos sometidos a vuestra consideración, en cuyo preámbulo dejan solemne constancia de los propósitos fundamentales que los animan.
En primer término, expresan que “el deporte representa una actividad social y cultural de importancia para los países y que se constituye como un medio de desarrollo de la cooperación pacífica entre las naciones iberoamericanas”.
También manifiestan su reconocimiento “de que el deporte se ha convertido de un fenómeno social a un fenómeno cultural de masas más importante de este siglo, que puede ser practicado por los individuos sin distinción de color, raza, sexo o clase social, para cumplir con el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales del hombre”.
Los estatutos que adoptan constan de 35 artículos, cuyo contenido normativo, en lo sustancial, dice lo siguiente:
El Consejo iberoamericano del deporte, CID, se crea como una organización intergubernamental integrada por los Estados iberoamericanos que ratifiquen o se adhieran a estos estatutos. Su objeto es “propiciar el desarrollo del deporte en los países de Iberoamérica a través de la cooperación y el establecimiento de mecanismos de acción común en materia deportiva”, para lo cual se le dota de “personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos e intervenir en toda acción judicial o administrativa en defensa de sus intereses”.
Para lograr dicho objeto, el consejo promoverá el intercambio de recursos humanos y técnicos, de conocimiento y documentación; la cooperación en el campo de la capacitación técnica y del mejoramiento del nivel deportivo, y la ética en el deporte y en la práctica del juego.
Además, propiciará el análisis comparado y la armonización de los marcos jurídicos e institucionales del deporte y redactará, aprobará, pondrá en práctica y, en su caso, modificará la Carta iberoamericana del deporte.
Por último, impulsará la colaboración con otras organizaciones deportivas internacionales -artículo 3-.
Los órganos del consejo serán:
La asamblea general, máximo órgano representativo del CID, integrada por todos sus miembros -artículos 7 al 10-.
El presidente y el vicepresidente serán cargos honoríficos, elegidos por la asamblea general por dos años y reelegibles por una vez.
El territorio de los países iberoamericanos se divide en tres regiones: la región 1, que corresponde a México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras , El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá ; la región 2, que comprende a Colombia, Venezuela, Bolivia , Ecuador , Perú, Chile, Argentina, Brasil , Paraguay y Uruguay, y la región 3, que comprende España y Portugal -artículo 15-.
El comité ejecutivo estará integrado por dos delegados de las regiones 1 y 2 cada una, y uno de la región 3, elegibles por los miembros que componen cada región. Estos delegados, en lo sustancial, coordinarán las actividades que se encomienden a la región y fomentarán la realización de proyectos regionales -artículos 16 a 19-.
El secretario ejecutivo es un órgano permanente, cuyo mandato dura tres años; deberá ser elegido por la asamblea general de entre los candidatos que presenten los Estados miembros del CID; su elección se realizará a título personal; su cargo será remunerado, y sus funciones serán, esencialmente, las propias que este tipo de funcionario cumple ordinariamente en las organizaciones internacionales -artículos 20 a 23-.
Las comisiones de trabajo se constituirán por decisión de la asamblea general y tendrán por objeto el estudio de temas específicos, y la preparación y ejecución de programas de actividades; estarán compuestas, a lo menos, por tres miembros del consejo -artí-culos 24 al 26-.
El presupuesto del CID será anual y será aprobado por la asamblea general, a proposición del secretario ejecutivo -artículo 27-.
Los recursos económicos del consejo consistirán en aportes que efectúen sus miembros; en donaciones que puedan hacerle otras personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y cualquier otro ingreso que, en forma de subvenciones, ayudas o de cualquier otro modo pueda recibir. No se aceptarán ingresos que menoscaben la independencia del Consejo o que sean incompatibles con sus fines -artículo 28-.
La sede del Consejo se establecerá en su primera asamblea general y deberá corresponder al país sede del presidente. Por acuerdo de la asamblea, podrá trasladarse la sede del Consejo a cualquier otro Estado miembro. Los gastos que se originen por la ocupación y mantenimiento del inmueble en que se encuentre la sede, así como los de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, serán de cargo del Estado miembro que acoja dicha sede a través de sus respectivos órganos deportivos gubernamentales -artículo 29, Nºs. 1 y 3-.
Los estatutos podrán ser modificados por la asamblea general -artículo 30-.
Concluido el examen del tratado multilateral en tramitación, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar su aprobación, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo sancionó el honorable Senado, que son los siguientes:
“Artículo único.-
Apruébanse los “Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte”, adoptados en Montevideo, República Oriental del Uruguay , el 4 de agosto de 1994, por los que se crea el Consejo Iberoamericano del Deporte.”
Para los efectos de los Nºs. 2 y 4 del ar-tículo 287 del Reglamento de la Cámara, se consigna que este tratado no establece normas de rango orgánico constitucional ni de quórum calificado, ni de aquellas que deba conocer la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
ENMIENDA A LA CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. Segundo trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Salvador Urrutia.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1838-10 (S), sesión 30ª, en 7 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, aprobado por el Senado, se refiere a la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer.
El comité es el órgano ejecutivo y de composición restringida de la convención, el que, de acuerdo con el texto actual del párrafo 1 de su artículo 20, se reúne todos los años, por un período que no excede de dos semanas, para examinar los informes que le presenten los Estados partes sobre el estado de aplicación de este instrumento internacional. En efecto, una vez al año, los 23 miembros, que representan a todas las partes, deben reunirse, habitualmente en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a fin de analizar, en dicho lapso, todo lo que ha ocurrido en el mundo respecto del avance de la eliminación de la discriminación contra la mujer en cada país.
Como este plazo -de dos semanas-, produce rigidez en el funcionamiento del comité, la asamblea de las partes decidió eliminarlo, proponiendo que se modifique para que sea discrecional y decidido cada vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que financia las reuniones, los gastos de secretaría y los servicios y proporciona el local.
Por eso, la propuesta hará más eficiente el trabajo del comité y facilitará su evaluación acerca de la discriminación de la mujer en el mundo.
Naturalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo en forma unánime y propone a la Sala hacerlo de igual forma.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI .-
Señor Presidente , obviamente, mi partido está por apoyar este proyecto de acuerdo, porque en Chile y en el mundo se requieren instancias que se preocupen de la no discriminación de la mujer.
Sin embargo, cuando tratamos estos proyectos debemos ser consecuentes con lo que pasa en nuestro Parlamento. De hecho, por mucho tiempo hemos tenido serios problemas para aprobar iniciativas que van en beneficio de la mujer. Sin ir más lejos, resulta insólita la polémica producida en estos días con la exigencia del test de embarazo como requisito para ser contratada en las distintas áreas del quehacer laboral. Es un hecho real, lo que constituye un atentado contra la maternidad y los derechos de la mujer.
A la opinión pública, en particular a las mujeres, les ha parecido algo increíble que se produjera este debate. ¿Cómo puede pensarse que en la actualidad a la mujer se le exija el test de embarazo para su contratación? En el Código del Trabajo hay una disposición relacionada con el tema de la discriminación. De acuerdo con ella, la petición de este test es una exigencia inconstitucional y significa un abuso contra la maternidad y las mujeres.
Por otra parte, la Comisión de Familia y la Sala han aprobado por unanimidad proyectos que van en directo beneficio de la mujer y que llevan largo tiempo esperando su despacho por el Senado. Uno de ellos es el que regula en forma expedita la entrega de alimentos provisorios, protege el derecho de las mujeres a recibir pensión por sus hijos e intenta evitar que los alimentantes evadan su obligación. Esa iniciativa lleva más de un año esperando ser tratada en el Senado. El proyecto sobre adopción está hace más de dos años en esa Cámara. Otro que también espera ser tratado es el que regula y protege, en especial a la mujer y a los niños, del delito de violación.
Es decir, debemos ser consecuentes. Si estamos por apoyar este proyecto, es aquí donde primero debemos velar por los derechos de la mujer.
Quiero citar dos ejemplos más que demuestran que debemos actuar en ese sentido.
Hace muchos años la Unión Parlamentaria Internacional, a la que asisten parlamentarios de todo el mundo, planteó que todos los países deben incluir por lo menos a una mujer en su delegación. Creo que son pocas las mujeres que hemos tenido la oportunidad de asistir a dicho Congreso en el último tiempo.
En el Parlatino, Parlamento Latinoamericano, que funciona con cinco comisiones, Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene representación femenina en la Comisión de la Mujer.
Por lo tanto, aparte de señalar que apoyaremos el proyecto, solicito a su Señoría, como Primera Vicepresidenta de la Cámara y como mujer, que vele por que estos derechos -que nos competen y son necesarios- sean realidad en el Congreso Nacional.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señora Cristi , comparto su posición, pero sabemos que se trata de una lucha muy larga y que debemos dar todas juntas.
Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO .-
Señora Presidenta , me sumo a lo expresado por la Diputada señora Cristi y, al mismo tiempo, quiero agregar otra iniciativa que duerme en el Senado. Se trata del proyecto de filiación, relacionado con el respeto a la maternidad, a la mujer y a los hijos.
De manera que adhiero al envío de un informe de esa naturaleza.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL.-
Señora Presidenta , con mucha alegría veo que se aprobará este proyecto de acuerdo y quiero manifestar nuestra adhesión a la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque, por desgracia, este país, que se precia de moderno, en cuanto a la no discriminación de las mujeres está bastante atrasado, hecho corroborado por las dos señoras diputadas que me han precedido en el uso de la palabra.
Se habla mucho de defender a la familia, pero nos olvidamos de que la mujer es la madre de la familia. En el campo laboral, experimentamos una discriminación demasiado evidente. Así lo demuestra la petición del certificado de embarazo para su contratación.
Por otra parte, es fundamental que el proyecto sobre filiación sea pronto aprobado por el Parlamento, porque la discriminación de los hijos es un tema que afecta mucho a las mujeres. Sería una manera de expresar que efectivamente estamos en contra de todas las formas de discriminación; en este caso, contra la mujer.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señora Presidenta , al igual que los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, considero muy importante aprobar este proyecto. Básicamente, porque en Chile la mujer es muy discriminada, no sólo ella, sino la maternidad.
En materia laboral, aquí se ha dicho que a muchas mujeres se les condiciona el ejercicio del trabajo por el test del embarazo o el pregnosticón. Además, no se les respeta el derecho a disponer del tiempo para dar alimento a sus hijos.
En materia de salud, también son discriminadas. En las isapres, por ejemplo, por el mismo plan de salud de los hombres, a la mujer se le considera de alto riesgo. Y por ello, debe cotizar un valor superior al que pagan los varones.
Además, no siempre las mujeres embarazadas reciben una atención gratuita en los servicios de salud.
En materia educacional, lamentablemente, también se producen discriminaciones. Por ejemplo, las adolescentes embarazadas son expulsadas de los liceos, incluso de las universidades.
Por eso, considero que el proyecto debe ser aprobado. Sin embargo, debemos complementar las normas con otras modificaciones legales para que, en definitiva, en materia laboral, educacional, de salud, de filiación, la mujer, particularmente en lo que se refiere a la maternidad, deje de ser discriminada.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor René García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , cuando hablamos de favorecer a la mujer me aterra que los señores diputados no digan la verdad sobre lo que piensan.
Nadie está a favor de la discriminación de la mujer, pero puede suceder algo muy peligroso. ¿Qué pasa cuando buscan trabajo y el aviso dice que solamente se necesitan hombres? Es decir, muchas veces por falta de cultura, puede actuarse contra la mujer.
Al respecto, en la Comisión de Trabajo hubo una larga discusión sobre el tema. La verdadera discriminación surge cuando todos estamos integrados y tenemos conciencia y respeto de la parte esencial de la mujer.
Por ejemplo, me daría una lata enorme -es una manera de decir- ver a una mujer cargando sacos, ya que, por lógica, es un trabajo que no se le da a una mujer y no por discriminarla, sino por delicadeza.
¿En qué no se debe discriminar? En los sueldos. En la inteligencia que se le atribuye al hombre por sobre la mujer. Es odioso, por ejemplo, pedirle la prueba del embarazo. Indudablemente, eso atenta contra la dignidad de la persona. Pero hay que tener presente que cuando más leyes se dictan para favorecer a la mujer, más se le puede perjudicar.
En Alemania, por ejemplo -y lo digo con conocimiento de causa-, se dictaron leyes en forma indiscriminada para favorecer a las mujeres. Y al final, ¿qué pasó? La fuente laboral, las empresas, no les daban trabajo. Frente a esa realidad, tuvieron que abolir muchas leyes.
Por eso le pido a la Diputada señora Saa , a quien le interesa tanto el tema, que vea la legislación comparada, porque esto lo analizamos en la Comisión de Trabajo en el primer año de parlamentarios. No es un tema menor.
Voy a votar favorablemente el proyecto, porque creo sinceramente que la mujer no tiene ninguna diferencia con el hombre para optar a un cargo de gerente o para desempeñarse en otros trabajos, incluso a veces los realizan en forma más eficiente. Reconozco que administran mejor los dineros y los bienes materiales.
Pero no digamos las cosas a medias, porque establecer muchas disposiciones en beneficio de las mujeres puede resultar contraproducente, y las empresas pueden abstenerse de darles trabajo, precisamente por las exigencias que se fijan por ley.
Además, me alegra que haya muchas colegas parlamentarias, porque eso demuestra una sola cosa: se lo han ganado. Las cosas se ganan y no se dan por ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA .-
Señora Presidenta , me alegra que se haya planteado esta enmienda a la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque podremos allegar datos y presentar demandas respecto de la no discriminación de la mujer.
Como hay muchos problemas pendientes, se necesitan más días de reunión, para tratarlos. Sobre el tema de la no discriminación ha habido cuatro conferencias mundiales, la última en Beijing, donde se reconoció que sin igualdad efectiva de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, no hay progreso posible; no hay sociedades de democracia real ni la posibilidad de un desarrollo sustentable, claro y humano.
Me alegro que muchos de nuestros colegas estén interesados en este tema y traten de avanzar; pero tenemos cosas pendientes que no hablan bien de nuestro país. Por ejemplo, todavía no logramos solucionar la discriminación realmente perversa y odiosa -diría- contra un gran sector de mujeres trabajadoras, las de casa particular. Ellas aún no tienen derecho a un subsidio maternal.
Por otra parte, hemos visto cómo el Senado ha cambiado una disposición, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, que multaba a los empresarios que exijan el test de embarazo para optar a un trabajo. Cuando vuelva el proyecto a esta Cámara, tendremos la oportunidad de eliminar esa disposición, que constituye una discriminación odiosa contra la mujer por su maternidad. Me pregunto, ¿los hijos son sólo de las mujeres?
Otro tema que está pendiente en esta Cámara es respecto de la participación real de las mujeres en política. El Diputado don René Manuel García ha dicho que las cosas no deben lograrse a través de una ley, sino que hay que ganárselas. Las mujeres chilenas nos hemos ganado la participación política, no sólo las trece diputadas, porque no creo que en Chile haya sólo trece mujeres capaces de serlo; hay muchas más. Pero ¿qué pasa? En los partidos existen muchos escollos y mentalidades antiguas que impiden que haya más candidatas. No me cabe la menor duda de que la sociedad apoya a las mujeres en su participación en política. No tengo los datos de la Oposición, pero sí los de la Concertación: un 12 por ciento de sus candidatos fueron mujeres, y obtuvimos el 17 por ciento de los votos.
No hay igualdad de oportunidades para las mujeres para participar en política como corresponde. Hay muchas más que las trece diputadas y las dos senadoras que participamos en la acción de las decisiones políticas de la sociedad.
Por eso, es importante fijar mecanismos que corrijan las injusticias que da la cultura, en este caso de los partidos políticos, que no alcanzan a visualizar la necesidad de dar igualdad de oportunidades a las mujeres, como lo planteado en el proyecto presentado en el período pasado por las seis diputadas de la Concertación, más el apoyo de algunos diputados, en orden a modificar la ley de votaciones y escrutinios, la ley de partidos políticos y la ley orgánica municipal, a fin de asegurar un porcentaje de candidaturas, no de puestos a elegir, iniciativa que puede hacer variar esa mentalidad anticuada, patriarcal y machista existente en muchos partidos políticos, que impide que las mujeres lleguen a ser candidatas.
Por tal motivo, encuentro positivo que, con ocasión de esto, nos demos cuenta de que junto con la necesidad de tener más tiempo para avanzar en el diagnóstico y en la descripción de los problemas, es necesario hacer un recuerdo de los temas que faltan.
Por último, el Senado aún no aprueba el proyecto sobre igualdad de las mujeres, establecida en forma expresa en la Constitución Política de la República; por lo mismo, creo que, por la unanimidad de la Sala deberíamos solicitar al Gobierno su inclusión en la legislatura extraordinaria.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily ).-
Señora Presidenta , trataré de ser breve porque la mayoría de las colegas ya han hablado bastante respecto de este asunto.
Más que referirnos a las formas de discriminación contra la mujer, preferiría que habláramos de un país donde hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
No soy partidaria de la discriminación positiva en ninguna de sus formas, pero sí de las acciones positivas hacia las mujeres. Creo muy importante que en todo orden de cosas -salud, vivienda, educación, cultura, etcétera-, las mujeres tengan, por sus méritos, capacidades, trabajo y no sólo por su sexo, igualdad de oportunidades.
Aquí se ha mencionado que hay numerosos proyectos estancados en el Parlamento. Pero quiero decir algo respecto de los gestos. Me parece que no sacamos nada con estar en un Parlamento donde sólo se hacen declaraciones de buenas intenciones sobre estas materias.
Un ejemplo claro. Soy una mujer joven, en edad fértil y por lo tanto puedo tener muchos más hijos. He preguntado si en la Cámara hay sala-cuna y se me ha respondido que no la hay ni para las funcionarias ni para las parlamentarias. No es un tema menor, y ya que estamos hablando de eliminar las discriminaciones y de dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, podríamos abocarnos a resolver este tema. Debemos empezar a dar ejemplos y a concretar cosas aquí y no sólo quedarnos en buenos discursos.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
MEJORAMIENTO ECONÓMICO PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde ocuparse hasta su total despacho del proyecto de ley que concede asignaciones especiales y otros beneficios al personal de la Contraloría General de la República.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Dittborn.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2136-05, sesión 31ª, en 3 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 2 de esta sesión.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , por primera vez me toca informar a la Sala sobre este proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda, que concede asignaciones especiales transitorias y otros beneficios pecuniarios al personal de la Contraloría General de la República.
El proyecto tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , cuya urgencia fue calificada de “suma” para su tramitación legislativa.
Durante su estudio, asistieron a la Comisión, el Contralor General de la República, don Arturo Aylwin y otros funcionarios de alto nivel de la Contraloría. También concurrieron, especialmente invitados, el presidente , el vicepresidente, el secretario y el asesor de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República.
Como su nombre lo indica, la iniciativa tiene por objeto conceder asignaciones especiales y otros beneficios al personal de la Contraloría General de la República dentro del proceso de modernización de la gestión de dicha entidad fiscalizadora, que abarcará también una adecuación estatutaria y del sistema de remuneraciones del personal.
El proyecto contiene seis artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
La iniciativa pretende enfrentar transitoriamente las limitaciones coyunturales de las remuneraciones del personal de la Contraloría General, otorgándole dos asignaciones que regirían hasta la entrada en vigencia de la nueva planta funcionaria.
El Contralor, don Arturo Aylwin, fue especialmente directo al afirmar que muchos funcionarios de alto nivel se estaban retirando de la Contraloría y que era muy difícil para ese organismo conseguir personal del mismo nivel debido a las bajas remuneraciones. Por lo tanto, a su juicio, el proyecto era importante.
La normativa propuesta no modifica texto legal alguno, no obstante que en parte concede a los funcionarios de la Contraloría algunos de los beneficios que mediante la ley Nº 19.553 fueron otorgados al resto del sector público, como consecuencia del acuerdo entre la Anef y el Gobierno.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estima el costo total del proyecto en 1.542 millones de pesos, para 1998, y en 1.428 millones de pesos, para 1999. No leeré su detalle porque creo que carece de interés, salvo que alguien lo pida, y en ese caso puedo explicitarlo con mayor detenimiento.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda.
A continuación, se procedió a la discusión y votación en particular.
Se formularon varias indicaciones al articulado. La primera establece una fecha límite de vigencia de la ley, de manera de obligar al Gobierno a presentar al Parlamento el proyecto definitivo de modernización de la Contraloría General de la República, que debería incluir no sólo mejorías en las remuneraciones de sus funcionarios, sino también cambios en sus atribuciones y en la forma de operar. Por ejemplo, se habló de que era muy importante analizar la conveniencia de fiscalizar ex ante los actos de la administración pública versus fiscalizarlos ex post, y que eso podía ser un cambio de importancia en una modernización de más largo aliento.
Por eso se aprobó, por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda, que esta mejoría económica que hoy estamos tratando fuera limitada en el tiempo, fijándose hasta el 31 de diciembre de 1998 el período de vigencia de la ley.
Otra indicación, formulada por el diputado que habla, apunta a que estas mejorías de remuneraciones fueran imponibles, y no como venían en el proyecto original del Ejecutivo. Creo que es muy mala costumbre de todos los Gobiernos, desde hace muchos años, proponer aumentos de remuneraciones no imponibles, porque ello implica que cuando los funcionarios jubilan, sus pensiones son muy inferiores al sueldo que percibían en actividad. Por lo tanto, hay que proponer nuevos proyectos para mejorarlas.
Lamentablemente, mi propuesta fue rechazada en forma rotunda; en cambio, sí se aprobó otra indicación, presentada por el Diputado señor Lorenzini , que menciona explícitamente que se acepta que los aumentos sean no imponibles, precisamente por su carácter transitorio, dado que -como dije anteriormente- este proyecto de ley regirá, en el caso de ser aprobado, sólo hasta el día 31 de diciembre de 1998.
Para no aburrir a los colegas con la lectura de todo el proyecto que contiene las ideas que acabo de reseñar, aquí termino mi informe.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Según lo acordado por la Sala, corresponde despachar el proyecto dentro del Orden del Día. Como está por concluir, propongo a la Sala que intervenga, hasta por cinco minutos, un diputado por bancada.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría, el Diputado señor Ortiz, hasta por cinco minutos.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , trataré de ser lo más sucinto posible sobre algo que ha sido un tema recurrente desde 1990 a la fecha y que dice relación con las remuneraciones, en este caso, del personal de la Contraloría General de la República.
Tal como lo expresó, el diputado informante debuta en estas lides. Planteó la situación de las indicaciones presentadas, pero no dio a conocer el informe presupuestario, que es su responsabilidad, del costo del proyecto y que fue uno de los temas más debatidos en la Comisión.
¿Por qué expreso esto? Porque me correspondió plantear algo que ha sido una especie de norma para los diputados que desde hace algún tiempo integramos la Comisión de Hacienda: que en el artículo 2º transitorio, que tiene que ver con el financiamiento, no se especifique claramente cuánto aporta el Tesoro Público, ítem destinado al financiamiento de proyectos especiales de aumento de remuneraciones. Pues bien, ayer lo reiteramos una vez más, porque no queremos aprobar un proyecto que, en el fondo, signifique quitarle recursos al presupuesto ordinario de la Contraloría General de la República para 1998.
Por eso, me parece bien que después de esas intervenciones -también ratificado por la unanimidad de los diputados presentes- la Dirección de Presupuestos actualizara su informe original y reconociera que hay un aumento de 455 millones de pesos por concepto de incentivo al retiro, lo que se traduce en un mayor gasto fiscal de 113 millones.
Digo esto por algo que es muy claro. Me impresionó muchísimo la intervención del Contralor General de la República, don Arturo Aylwin Azócar , que planteó dos hechos preocupantes.
En primer lugar, los profesionales no se han interesado por participar en los últimos concursos a que ha llamado esa institución fiscalizadora, exclusivamente porque las remuneraciones son bajas en comparación con las del mercado.
En segundo lugar, actualmente hay 42 funcionarios que han cumplido todos los requisitos para jubilar -edad y años de servicio-, pero no quieren hacer uso de ese beneficio, porque ello significaría ver reducidas sus rentas a alrededor de la mitad. Aún más, se dio como ejemplo que si el actual Contralor General de la República se acogiera a jubilación, su pensión sería igual a la renta de un jefe de división. Otro señor diputado puso el caso de un contralor regional, que al jubilar prácticamente reduce sus ingresos a la mitad, en circunstancias de que está llegando a la tercera edad y los gastos, especialmente los relativos a salud, son más altos.
Esto me impresionó mucho y por eso consideré necesario que en el artículo 1º transitorio se aumentara en la Comisión de Hacienda de seis a ocho meses el tope de remuneraciones que se otorgará a los funcionarios de la Contraloría que jubilen, se les pidiera la renuncia o hicieran dejación voluntaria de sus cargos.
También se informó que en los últimos meses varios gremios han recibido incentivos especiales para provocar el llamado “tiraje a la chimenea”, y que los funcionarios se vayan con una indemnización digna que les permita hacer alguna inversión rentable después de una vida entregada al servicio público.
Me parece que el proyecto da uno o dos pasos hacia adelante.
Nos inquietaba el tema de lo imponible y todos los parlamentarios lo tocamos en la Comisión, donde se presentó una indicación al respecto.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , le restan treinta segundos.
El señor ORTIZ .-
Termino de inmediato.
Por eso, no somos partidarios de otorgar en lo sucesivo ningún aumento de remuneraciones que no sea imponible, pero el jefe de la División Toma de Razón solicitó que el aumento especial no fuera imponible, toda vez que a la mayoría de las personas que podrían jubilar no les beneficia una mayor imponibilidad.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Terminó su tiempo, señor diputado .
El señor ORTIZ.-
En nombre de la Democracia Cristiana, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta , anuncio el voto favorable de los diputados de Renovación Nacional al proyecto de ley que concede asignaciones especiales transitorias y otros beneficios al personal de la Contraloría General de la República.
Estimamos de la mayor justicia que estos servidores del Estado, encargados de llevar la contabilidad de la Nación y de fiscalizar que los actos de la administración se hagan conforme a derecho, tengan las remuneraciones acordes con sus altas responsabilidades.
De igual manera, nos parece de plena justicia establecer un incentivo monetario equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes por cada año de servicio en la institución, con un máximo de ocho.
Hubiésemos querido que este incentivo monetario fuera aún mayor, como ha ocurrido, por ejemplo, con los profesionales de la educación, los funcionarios de Corfo, los de Emporchi y los de Enacar. Valoramos que el Gobierno haya aceptado aumentar el tope del incentivo de seis a ocho meses, pero esperamos que, durante la tramitación del proyecto en el Senado, se consiga elevarlo todavía más.
Por otra parte, es importante considerar que los funcionarios de la Contraloría, al igual que otros servidores del Estado que tienen alta responsabilidad y, en consecuencia, ocupan los grados más altos de la administración, se ven inhibidos de jubilar por el sistema antiguo de pensiones porque, a pesar de que cotizan por una suma que bordea los 900 mil pesos, al jubilar su pensión se reduce a 600 mil.
Ésta es una materia que estimamos debe corregirse para permitir la renovación de los funcionarios públicos.
Finalmente, y con el propósito de lograr que el Gobierno envíe durante el año un proyecto definitivo sobre remuneraciones de los funcionarios de la Contraloría, hemos suscrito una indicación para señalar que las asignaciones especiales que el proyecto concede regirán sólo hasta el 31 de diciembre de 1998.
Termino reiterando nuestro apoyo a esta iniciativa.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , hemos tomado conocimiento del proyecto a través de la completa relación que ha dado el diputado informante , como asimismo por los antecedentes aportados por quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Se trata de un sector muy desmejorado en sus remuneraciones, al cual se pretende otorgar un reajuste con una estructura muy parecida al concedido a la Anef, pero mejorado. En esos términos, la bancada socialista también votará favorablemente el proyecto.
El mejoramiento no es imponible por el hecho de que tiene carácter transitorio, no obstante que la mayoría de la Comisión considera que debería serlo en la medida en que sea permanente.
En el debate de la Comisión quedó muy en claro que la situación no se resuelve con el proyecto; que es algo de transición, parcial, y que el problema de la Contraloría no es sólo cuestión de aumentar remuneraciones. El tema de fondo es que para modernizar el Estado es fundamental hacer lo propio con la Contraloría, y eso está pendiente.
El ánimo de la Comisión es otorgar hasta el 31 de diciembre este reajuste transitorio, con el objeto de poner en un pie forzado la situación, de manera que el Ejecutivo se ponga de acuerdo con la Contraloría y haya una propuesta de proyecto que no sólo signifique un aumento de planta y un reajuste de remuneraciones, sino de modernización del conjunto de la institución.
El concepto de control vigente hoy no tiene mucho que ver con la situación actual del mundo: la computación, procedimientos, etcétera. Se habló de conceptos, del tema de cuándo se controla, que es muy decisivo. Ya en Nueva Zelanda, por ejemplo, se está aplicando un control ex post, por lo menos, en muchos servicios, y en Chile se sigue manteniendo un procedimiento casi de aduana, que todo tiene que pasar por un determinado tubo, sin que necesariamente eso asegure la fluidez.
En el caso de pavimentos participativos, por ejemplo, estamos a fines de marzo, y todavía no se comienza a ejecutar el presupuesto de 1998. Es cierto que hay un problema del Ministerio de Hacienda, pero también de la Contraloría; es decir, somos un Estado que tiene restricción en esa materia.
También el hecho de que la Contraloría no tenga facultades para sancionar, sólo para recomendar sanciones, es un problema muy serio, porque hay municipios que no han aplicado las sanciones que ella ha planteado.
Termino diciendo que los miembros de la Comisión están conscientes de que aquí hay un problema serio y que, al más breve plazo, se debe elaborar un proyecto de modernización de la Contraloría. Se nos informó que el Gobierno encargó al Ministro Villarzú esta iniciativa y el acuerdo de la Comisión era solicitarle que estuviera presente en esta sesión para que explicara sus ideas fundamentales y su itinerario, para asegurar que en el curso del año se inicie su trámite legislativo.
La bancada del Partido Socialista votará favorablemente el proyecto, entendiendo que el problema de fondo hay que enfrentarlo en el curso del año.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señora Presidenta , la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente la iniciativa. Sin embargo, este tipo de esfuerzos que hace el Estado por dotar de mayores recursos al ente contralor, si no se inscriben en un efectivo proceso de modernización, resultarán sal y agua en poco tiempo, desde el punto de vista de la verdadera eficacia que la ciudadanía reclama.
Pienso que la Contraloría, por ser el órgano que constitucionalmente está facultado para ejercer la función fiscalizadora, debe contar con plena autonomía para desarrollar su labor. Ésta no la logrará si no cuenta con una fuente presupuestaria segura. Es preciso, en consecuencia, devolver a esta institución la autonomía financiera que alguna vez tuvo.
Como se recordará, la Contraloría participaba de una fracción del presupuesto nacional y, con ello, no tenía que ir a golpear, cada año, las puertas al Ministro de Hacienda . Fue el momento de esplendor que vivió este organismo a lo largo de su historia: adquirió prestancia, majestad y autoridad para cumplir con su función. Como sabemos, en los últimos años, este organismo, fundamental para la marcha del Estado, empezó a experimentar un sensible deterioro, precisamente como consecuencia de haber sido despojado de esta garantía con que contaba constitucionalmente.
La falta de autonomía financiera atenta contra los tres pilares fundamentales en que descansa el rol de la Contraloría: la independencia, la autonomía y la imparcialidad.
En mi concepto, el fortalecimiento de la Contraloría debe ser preocupación esencial del Parlamento en los términos que señalo.
Ayer, en una conferencia de prensa, el señor Contralor se quejó de la asfixia a que lo sometía este Parlamento por las numerosas peticiones intrascendentes, según las calificó. Me sorprende que un Contralor General de la República se queje porque un Poder del Estado, como éste, colabore en su función. Nosotros, con las denuncias y con los antecedentes que muchas veces solicitamos a la Contraloría, estamos coadyuvando a la función fiscalizadora del Estado.
La asfixia del Contralor viene, más bien, por la burocratización del organismo, por la falta de agilidad que observa en muchos de sus cometidos y porque, efectivamente, como consecuencia del deterioro económico, ha ido sufriendo sistemáticamente la erosión de sus cuadros profesionales mejor preparados.
Estamos frente a una grave crisis de la fiscalización en Chile, y ésta se expresa con extraordinaria fuerza, y yo diría, con dramatismo, en la Contraloría General de la República. Es preciso producir allí rectificaciones de fondo, para que cumpla, de manera cabal, con el rol que la Constitución le consagra.
Espero, más adelante -no es ésta la oportunidad- abordar este aspecto con más profundidad.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Terminó su tiempo, señor Ávila .
El señor ÁVILA .-
Señora Presidenta , tal como usted lo señala, mi tiempo expira y yo muero con él.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , en representación de la UDI, suscribo enteramente las palabras del Diputado señor Montes, que considero muy precisas, concretas, relevantes e importantes para este tema.
Como bancada, aprobaremos el proyecto, lamentando, eso sí -tal como lo hicimos en la Comisión-, que sea un proyecto parche, que no soluciona para nada el problema de largo plazo de la Contraloría y que se arrastra desde hace muchos años, si no décadas.
La modernización del Estado es un proyecto pendiente que, lamentablemente, durante los años de Gobierno de la Concertación no se ha abordado en forma importante, y la Contraloría ha sido víctima de esta falencia.
Tan parche es el proyecto que estamos tratando, y que la UDI apoyará, que una indicación unánime de la Comisión de Hacienda establece que los beneficios que se otorgan vencen el 31 de diciembre de este año.
Sinceramente, espero que la Comisión de Hacienda y la Sala no tengan que ver antes del 31 de diciembre de este año un nuevo proyecto parche que postergue tales beneficios. Ojalá tengamos la ocasión de analizar en profundidad los problemas que aquejan a este importante servicio del Estado.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señora Presidenta , sin duda, la Contraloría constituye un complemento insustituible de nuestra función fiscalizadora.
Fue creada hace muchos años, a instancias de una comisión extranjera que llegó al país, y se transformó en una institución que ha servido de ejemplo a muchos países latinoamericanos. Fuimos los pioneros en la creación de este organismo fiscalizador.
Creo que, sin la Contraloría, nos expondríamos a situaciones de corrupción. Gracias a los esfuerzos que ella realiza podemos, de alguna manera, controlar los insoslayables excesos que se producen en el manejo de recursos públicos.
En varias oportunidades he debido recurrir a la Contraloría Regional de Concepción. Aprovecho esta instancia para expresar mi reconocimiento a ese organismo, pues no consideran intrascendentes los llamados de los parlamentarios, como aquí se ha dicho, sino que, por el contrario, tienen una atención preferente y se destina un inspector de inmediato -o más de uno si es necesario- para investigar las situaciones que se plantean y que afectan, en la mayoría de los casos, a gente muy modesta.
Consideramos muy importante el trabajo que desarrollan sus funcionarios, y como conocemos también sus penurias económicas, los diputados del Partido Radical Social Demócrata apoyaremos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por mejorarles su condición económica.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo que resta a Renovación Nacional, tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor Alberto Espina .
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta , he escuchado con mucha atención las intervenciones de los diputados de la Concertación y comparto el contenido de ellas, pero no deja de ser paradojal que todos admitan y reconozcan -incluso así se hace en el informe- que ésta es una solución de parche, provisional, que no resuelve los problemas de fondo de la Contraloría, los que se arrastran desde hace muchos años. Incluso, se señala la necesidad de dictar una nueva planta funcionaria, un plan de modernización y un régimen estatutario y de remuneraciones moderno.
Hace ocho años que la Concertación viene sosteniendo exactamente lo mismo.
No deja de ser sorprendente que en la discusión del proyecto, los parlamentarios oficialistas, que son los encargados de solicitar a su Gobierno que envíe el proyecto definitivo de modernización de la Contraloría, a lo mejor de buena fe, rasguen vestiduras y sostengan que es necesario modernizar dicho organismo.
Llevamos ocho años en el Congreso y en la Comisión de Constitución se ha señalado en reiteradas oportunidades que el proyecto será enviado. La Contraloría General de la República está totalmente colapsada: las remuneraciones de sus funcionarios, como lo dice don Arturo Aylwin , están fuera de todo marco competitivo para contratar profesionales de alto nivel; sus facultades, como lo han reconocido los propios parlamentarios de la Concertación, son limitadas, y resulta imposible llevar adelante auditorías en forma eficiente en los servicios públicos, porque no cuentan con atribuciones, competencia ni personal, y se siguen elaborando y enviando proyectos, a nuestro juicio positivos, pero insuficientes.
Ésta es una Cámara política, y las responsabilidades políticas hay que asumirlas. Si en ocho años no se ha modernizado la Contraloría General de la República, la responsabilidad corresponde al Gobierno y a sus parlamentarios. Espero que dentro de un año no nos encontremos de nuevo con otro proyecto que prorrogue por un año los beneficios que se establecen en el actual y sigamos con una Contraloría colapsada, con un país con alarmantes índices de corrupción, según lo reconoce el propio contralor, porque las autoridades de Gobierno no toman el toro por las astas, no modernizan la institución ni permiten a las empresas públicas tener transparencia, recursos y publicidad en su gestión.
En consecuencia, aprobamos el proyecto, pero decimos con toda claridad que es insuficiente, que no resuelve los problemas de fondo de la Contraloría, que el Gobierno sigue postergando una iniciativa legal que debería haberse enviado hace ocho años, como se prometió y, en definitiva, otra vez nos encontramos con que las cosas hay que dejarlas para más adelante, cuando podrían hacerse ahora.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA.-
Pido la palabra, por un asunto reglamentario.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA .-
Señora Presidenta , creo que las reglas del juego son muy importantes para las buenas relaciones entre nosotros. Ayer ya tuvimos una discusión reglamentaria sobre algunos puntos. El acuerdo que su Señoría sometió a nuestra consideración fue que hablaba un diputado por bancada hasta por cinco minutos, y no cinco minutos por bancada. En tal caso, incluso podría haberse distribuido el tiempo entre cinco diputados por bancada.
Aquí se ha quebrantado ese acuerdo. Lo hago presente sólo para los efectos de que en el futuro las reglas del juego sean claras.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
ELIMINACIÓN DE REQUISITO PARA POSTULAR AL SUBSIDIO HABITACIONAL.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-Proyecto de acuerdo Nº 3, de los señores Naranjo, Valenzuela, Montes, Aguiló, Tuma, Pérez, don José; Ascencio, Cornejo, don Aldo; señora Muñoz, doña Adriana; señores Martínez, don Gutenberg; Ceroni, Correa, Hales, Ortiz, señora Caraball, señores Delmastro, Silva, León, Muñoz, don Pedro; Ojeda, Soria, Moreira y Hernández
Proyecto de acuerdo
“Considerando:
1. Que uno de los principales objetivos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha sido otorgar a las personas de escasos recursos mayores posibilidades de poder acceder a los diversos programas del subsidio habitacional.
2. Que con anterioridad para postular al subsidio habitacional una persona sólo requería certificar ante notario la renta que percibía, lo cual aseguraba el pago de los dividendos, ya que las propias estadísticas demuestran un bajo índice de morosidad.
3. Que en los últimos meses el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cambió dicha modalidad, estableciendo ahora como requisito para que una persona postule, que presente las 3 últimas liquidaciones de sueldo y las 3 últimas colillas de pago de sus imposiciones ante el I.N.P., A.F.P. u otra caja previsional.
4. Que este nuevo requisito perjudica a la gente más modesta y especialmente a aquellos que realizan trabajos informales o de temporada, siendo los más afectados los temporeros, viudas, montepiadas, madres solteras y mujeres dueñas de casa.
5. Que debido a esta situación todas estas personas se ven absolutamente imposibilitadas de poder hacer realidad el sueño de contar con una casa propia, lo cual contradice no sólo los objetivos centrales del programa de subsidio habitacional, sino también los del Gobierno, de terminar con la pobreza en nuestro país.
6. Que por tanto es necesario que las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo eliminen este nuevo requisito y establezcan el anterior, de tal forma que una persona para postular al subsidio habitacional, sólo certifique ante notario su renta.
7. Por las razones anteriormente expuestas, los diputados firmantes solicitamos a esta honorable Cámara que apruebe el siguiente
Proyecto de acuerdo:
La honorable Cámara de Diputados solicita a su Excelencia el Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que instruya al Ministro de Vivienda y Urbanismo , con el fin de que se elimine el requisito establecido para que una persona pueda postular al subsidio habitacional, de tener que presentar sus 3 últimas liquidaciones de sueldo y sus 3 últimas colillas de pago de sus imposiciones, y se restablezca como válida la certificación ante notario de la renta que percibe”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Naranjo .
El señor NARANJO.-
Señora Presidenta, he estimado pertinente presentar el proyecto de acuerdo en debate, al cual han adherido diputados de las diferentes bancadas, porque se ha producido una situación muy complicada para las personas que postulan al subsidio habitacional.
Hasta hace algún tiempo, la norma era que todas las personas acreditaran sus ingresos con un certificado ante notario, lo cual permitía postular al subsidio habitacional tanto a las personas que trabajaban en el sistema formal como en el informal.
Sin embargo, ahora el Ministerio de Vivienda estimó conveniente acreditar los ingresos de las personas a través de las últimas liquidaciones de sueldo o del pago de las imposiciones. Esto ha significado que un número importante de trabajadores del área informal, como los temporeros o las jefas de hogar, no puedan postular al subsidio habitacional.
Por lo tanto, pido que se solicite al Ministro de Vivienda y Urbanismo, y muy especialmente al Presidente de la República, que se restablezca el sistema anterior, mediante el cual la gente, a través del certificado ante notario, acreditaba sus ingresos.
Entiendo la posición del Ministerio de Vivienda, que desea garantizar el pago de los dividendos, pero nada asegura que por el hecho de acreditar la renta, la gente pague el dividendo. Hasta hace algún tiempo, tanto la que estaba en el sistema formal como en el informal pagaba dividendos, de manera que me parece justo acoger la petición de muchas personas y restablecer el sistema anterior.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señora Presidenta , vamos a apoyar el proyecto de acuerdo, pero creo conveniente decir que frente al Gobierno de la Concertación, muchos quedamos desconcertados. No me parece que los diputados de esa coalición, para expresar sus opiniones o formular peticiones a un ministro de la misma Concertación, como el de Vivienda, tengan que valerse del expediente de un proyecto de acuerdo.
Llevo varios años de actividad política, y siempre he pensado que dentro de un gobierno concertacionista, en que existe acuerdo para actuar de determinada manera, no es necesario recurrir al expediente de los proyectos de acuerdo de la Cámara de Diputados, sino que es más sencillo, pura y simplemente, expresarle al ministro del ramo la inquietud y, sin duda, el problema será resuelto de inmediato, porque el ministro es un hombre pensante, que merece todo nuestro respeto y creemos que también debe ser respetado por los diputados de la Concertación.
Con todo, gustosos prestaremos nuestro apoyo al proyecto de acuerdo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta ).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Melero .
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , cuando el Ministerio de Vivienda implementó esta medida, pensó bien en el futuro y en la estabilidad del sistema de postulación habitacional, cuyo éxito también se basa en que los deudores beneficiarios paguen el monto de la deuda en el plazo que se establezca.
Si bien es cierto que para muchos puede resultar difícil acreditar su situación de sueldos a través de la modalidad impuesta por el ministerio, no es menos cierto que el antiguo sistema del certificado ante notario, induce a muchos a falsear sus rentas y, por consiguiente, a aumentar la morosidad, con un efecto doblemente pernicioso, pues la persona se ve en riesgo de perder la vivienda y, por otro lado, evita que nuevos postulantes puedan acceder al sistema, porque hay deudas pendientes.
El problema de la modalidad que se plantea radica en que es exclusiva y excluyente. En cambio, la fórmula que propicio es más bien intermedia: quienes tienen cómo certificar rentas, porque reciben una liquidación mensual, que sigan con ese sistema de acreditación, y sólo a quienes no tienen la calidad de empleados, porque son temporeros, aunque muchos tienen contratos, o empleados informales, como taxistas, se les dé la oportunidad de hacerlo ante notario. Pero dejar ese sistema para todos, me parece que ahonda el problema. Por consiguiente, la solución que se propone no es la adecuada.
No sé si los patrocinantes del proyecto estarán dispuestos a flexibilizar la norma, en el sentido de dejarla para este tipo de personas y mantener la obligación de presentar la liquidación de sueldo a quienes tienen contrato de trabajo. Eso me parece responsable y solidario con el sistema de postulación habitacional, porque logra que vaya disminuyendo la morosidad en ese sentido.
Por eso, si no se avanza en esta medida, anuncio mi voto, al menos, de abstención.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
De acuerdo con la discusión reglamentaria que sostuvimos ayer, quedó establecido que no se pueden hacer modificaciones a los proyectos de acuerdo; así que es un tema en debate que tenemos pendiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señora Presidenta , nunca imaginé que alguna vez iba a estar de acuerdo con el Diputado Melero , pero le asiste la razón. Por lo tanto, deseo pedirle al diputado que presentó este proyecto que pueda ser modificado en el sentido que explica el Diputado Melero , con quien -repito- concuerdo plenamente en este aspecto.
Pienso que, ni tan calvo ni con dos pelucas, estamos acá en una situación y nos vamos a la otra extrema, en circunstancias de que hay que esforzarse en buscar el necesario punto de equilibrio. No por una arbitrariedad se decidió, por parte del Ministerio, asumir esta modalidad. Entonces, perfectamente podríamos mejorar el proyecto de acuerdo en el aspecto que he indicado.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
VIII. INCIDENTES
FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO A NECESIDADES Y ANHELOS DE LA CIUDADANÍA. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señora Presidenta , durante mi campaña, recorriendo las comunas de la costa pobre de la Araucanía -me refiero a Pitrufquén, Freire , Imperial, Carahue , Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra-, recogí el testimonio de todos sus habitantes acerca de los problemas que los aquejan y, en ese sentido, conjuntamente con los dirigentes de las organizaciones comunitarias representativas de las comunas y localidades señaladas, elaboramos una carta para el Presidente de la República , en la cual se le pide una respuesta sobre nuestros problemas. Básicamente, en dicha carta le propusimos lo siguiente.
En primer lugar, la condonación total de las deudas de los pequeños agricultores que accedieron a un crédito a través del Indap. En este punto es importante señalar que los pequeños agricultores reciben ayuda del Banco Mundial para sanear sus títulos de dominio; sin embargo, respecto de sus deudas no ha habido respuesta clara ni definitiva.
Me pregunto: ¿De qué sirve, entonces, que la propiedad esté regularizada legalmente si su propietario tiene deudas -no por no querer pagar-, a causa de la mala situación existente en la agricultura? No quisiera pensar que se les ayuda a sanear la propiedad con el objeto de que sea más fácil llevar a cabo una ejecución forzosa.
A otros sectores productivos, como los pequeños mineros, se les han condonado sus deudas o parte de ellas. Actualmente, existe en la Cámara un proyecto sobre condonación de deudas a los pequeños acuicultores, que voté favorablemente hace unos días. Pregunto: ¿La agricultura, cuándo? El aforismo jurídico dice que a igual razón debe haber igual solución.
En segundo lugar, en dicha carta pedimos precios más justos para los agricultores y mayores subsidios para el mundo rural, como existen en la mayoría de los países integrantes del Mercosur, del Nafta, de la Comunidad Económica Europea y en otros.
Esa carta se la entregamos personalmente al Presidente Eduardo Frei en una visita que efectuó a Pitrufquén en el período de campaña electoral. De más está decir que hasta hoy no tenemos una respuesta directa ni indirecta. No busco que el Presidente de la República me conteste, pero sí que tenga alguna deferencia para con los habitantes de las comunas de mi distrito. Ellos merecen, por lo menos, una respuesta para saber qué les depara el futuro, la cual, en todo caso, están esperando desde hace mucho tiempo. Parece que en Chile los pobres siguen esperando.
Cabe señalar que cuando se trata de temas políticos la respuesta del Presidente es rápida, categórica y con gran cobertura; pero no por ello deja de ser contradictoria. Es así como el Gobierno, en plena campaña electoral, habló de una reforma al sistema binominal. Transcurridas las elecciones y cuando dicho proyecto de reforma se encontraba en tabla para su estudio en la Comisión de Gobierno Interior -de la que formo parte-, fue retirado por el mismo Gobierno sin explicación alguna. No quiero creer que este tema fue utilizado con fines simplemente electorales. Parece que tampoco los temas políticos se tratan con la debida seriedad, sino que con criterios de oportunidad y de conveniencia política.
Por otra parte, nos hemos impuesto por la prensa de cómo el mismo Presidente ha criticado a un alcalde cuya gestión se ha caracterizado por ser eficiente y por estar siempre consultando sobre sus problemas, necesidades y anhelos a quienes representa, es decir, sobre temas prioritarios. Sin embargo, el señor Presidente busca ampliar sus facultades para convocar a plebiscito, no con el objeto de consultar a las personas sobre temas de primera prioridad, sino sobre aquellos que sólo interesan a las cúpulas políticas; no a la juventud, a los pobres y, en general, a la gente sencilla de esta Nación a quienes creo representar. Ellos no comen de estos megatemas.
Para terminar, solicito que se oficie al Subsecretario del Interior a fin de que señale las razones por las cuales se retiró el proyecto de reforma del sistema de votación binominal.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio en nombre de su Señoría.
CENSURA INFUNDADA A PRESIDENTA DE COMISIÓN DE MINERÍA.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Darío Molina.
El señor MOLINA .-
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero llamar la atención de la honorable Cámara sobre la situación producida ayer en la Comisión de Minería, ocasión en la cual fue votada y aprobada una reclamación contra la presidenta, Diputada señora Rosa González -electa en la sesión de constitución de dicha Comisión-, sin que mediara ninguna razón.
Señalé que el artículo 209 del Reglamento de la Cámara dispone que la censura opera respecto de la conducta del presidente. Sin embargo, una vez electa la señora González de acuerdo con ese Reglamento, luego de dos votaciones sucesivas en las que hubo empate con el Diputado Waldo Mora , se procedió al sorteo resultando electa la diputada que, como dije, sin mediar razón alguna, ayer fue censurada.
Estimo tremendamente grave para nuestra Corporación que se vulnere de esta manera el Reglamento porque sienta un precedente nefasto. Creo que muchas veces hemos dado motivo para que la opinión pública tenga mala opinión sobre los políticos que integran el Parlamento, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones de este tipo.
El Reglamento que se ha dado la Corporación es para respetarlo y no para obtener ventajas políticas, por cuanto en un minuto se puede perjudicar el buen desempeño que debe existir para tratar los temas en Comisiones, como la de Minería, que generalmente son técnicos.
También quiero manifestar mi preocupación al respecto, porque este hecho puede impedir en el futuro las buenas relaciones que deben existir entre los señores diputados para poder trabajar en esa Comisión por el bien de Chile y de la minería. Digo esto porque represento a la zona de Illapel, que hoy tiene muchísimos problemas con la pequeña minería. Insisto en que me gustaría ver entre los miembros de dicha Comisión muy buena disposición para trabajar con sentido técnico por el bien y el progreso de la minería del país.
Termino mis palabras señalando que en ellas no hay ningún ánimo en contra del Diputado Waldo Mora , quien postuló a la presidencia en representación de la Concertación. Le tengo gran respeto y aprecio y deseo que se entienda absolutamente que, por la responsabilidad que nos cabe a todos los diputados en el resguardo y respeto del Reglamento de la Corporación, dejo planteada esta situación como un precedente que no debe volver a ocurrir en el futuro.
He dicho.
REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO A POBLADORES DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Melero .
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , quiero referirme, en particular, a una situación que afecta a un número importante de modestas familias de la villa “Paulo VI” de la comuna de Pudahuel.
Esta población, que data desde 1978, tuvo su origen en la erradicación del campamento Nueva Matucana, ubicado -entien-do- en la comuna de Quinta Normal, mediante el plan denominado “Confraternidad II”.
En septiembre de ese año, llegaron las familias a la comuna de Pudahuel, a través de un mecanismo en que los terrenos que ocupaban en el campamento Nueva Matucana se entendían como parte de pago de los nuevos terrenos y viviendas que se les entregaban en la villa “Paulo VI”, de Pudahuel, con el fin de que su valor se prorrateara dentro del saldo.
Así fue como comenzaron a financiar su deuda mediante el pago de un servicio habitacional en la municipalidad de Pudahuel, para, posteriormente, pasar a ser deudores del Serviu. Pero esta situación se ha prolongado desde la fecha de erradicación hasta el presente año, sin que hayan podido tener una solución definitiva en los títulos de dominio que merecen, dado el tiempo transcurrido -más de 20 años-, los pagos efectuados y los terrenos de la población Nueva Matucana, que aportaron originalmente.
En una reunión sostenida con pobladores de ese sector, me he enterado de que el Servicio de Vivienda y Urbanización, en febrero de 1995, a través de la Subdivisión de Operaciones Habitacionales y del Departamento de Propiedades, dictó la resolución Nº 467, por la cual, tomando en consideración los aspectos que he señalado, se procedió a otorgar títulos de dominio a cuatro familias del mencionado sector, en circunstancias de que aún permanecen cerca de cien familias sin contar con la resolución definitiva.
Con el fin de aclarar estos aspectos, buscar una solución después de 20 años y otorgar títulos de dominio a quienes aún carecen de ellos, solicito, por su intermedio, que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo con objeto de que informe de lo siguiente:
En primer lugar, sobre cuál es la situación de deuda en que se encuentran las familias de la villa “Paulo VI”, de la comuna de Pudahuel, que -como he señalado- originalmente tenían terrenos en la población Nueva Matucana.
En segundo lugar, por qué razón la resolución Nº 467, de febrero de 1995, sólo otorgó títulos de dominio a cuatro familias, en circunstancias de que hay muchas otras que aún no han podido acogerse al beneficio, situación que no es entendida por los habitantes.
En tercer lugar, cuáles son los pasos que su ministerio podría llevar adelante en conjunto con el municipio de Pudahuel para sanear definitivamente la situación de la villa Paulo VI.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Zarko Luksic
ADHESIÓN A EXPRESIONES DEL DIPUTADO MOLINA.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Restan dos minutos a la Unión Demócrata Independiente.
El señor MELERO.-
Señora Presidenta, con su venia, cedemos ese tiempo a la bancada de Renovación Nacional.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches .
El señor VILCHES .-
Señora Presidenta , deseo adherir a las palabras del diputado de la Unión Demócrata Independiente respecto de lo acontecido en la Comisión de Minería, donde reglamentariamente había sido elegida la señora Rosa González como presidenta. Es un hecho inédito en la Cámara y una vergüenza la que nos ha tocado vivir. Contradice la relación de respeto entre los parlamentarios la censura, pese a no haber cometido ningún error. El gran pecado de la señora González es ser independiente y de minoría. La Concertación avasalló, porque tiene una mayoría transitoria; pero las cosas cambiarán.
La Concertación ha pasado la locomotora por encima de la Oposición, lo cual ha quedado demostrado en la Comisión de Minería, donde fue censurada y sacada del cargo de presidenta la Diputada señora Rosa González , representante del primer distrito, de Arica.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Adhieren a sus palabras los parlamentarios que lo manifiestan.
Ha terminado el tiempo de la UDI.
DÉFICIT ALIMENTARIO EN SECTORES DE LA TERCERA EDAD.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señora Presidenta , cada vez que se tratan temas sobre carencias sociales, los especialistas nos dicen que es necesaria la elaboración de planes estratégicos y no restringirse a propuestas de particularidades sobre ellas.
Así, en el caso de los adultos mayores, nuestros viejos -y hablemos sin eufemismos para referirnos a ellos- cada uno de los tratados de análisis de su situación nos ha llevado a discursos excesivamente generales. En muchos casos, no terminan en proposiciones que resuelvan carencias parciales de particularidades que están afectando a nuestros viejos.
Hoy, al revés del consejo de los especialistas en materias sociales, quiero hacer una observación respecto de un aspecto parcial, particular, cual es la subalimentación de los adultos mayores.
En Chile, ha aumentado la cantidad de nuestros viejos -enhorabuena, y celebramos que haya cambiado ese segmento etario-, pero existe gran pobreza en ese sector. Alrededor del 10,5 por ciento de los chilenos son mayores de 60 años; pero el 1 por ciento de la población chilena son ancianos pobres, y el 5 por ciento de los chilenos pobres son mayores de 60 años. Las cifras indican que la pobreza afecta al 23 por ciento; pero en el caso de los mayores de 60 años son ciento setenta mil los chilenos que viven en pobreza, y el 2,3 por ciento en indigencia.
Los adultos mayores están subalimentados. Les faltan alimentos en cantidad y calidad. No son capaces de proporcionarse las dietas que necesitan a su edad o por sus enfermedades, lo cual les provoca desequilibrio nutricional, en cuanto al magnesio y exceso de azúcar.
Muchas veces, hacen mal uso del dinero asistencial por pudor, que les impide utilizarlo en su alimentación y prefieren ayudar al grupo familiar. A menudo, se autoinhiben para pedir alimentos cuando viven en familia; cuando viven solos y abandonados, pierden el apetito y sufren depresión. En este sentido, las cifras son dramáticas en las ciudades, principalmente, porque es muy raro que un anciano emigre al campo, como lo es en el caso de cualquier chileno.
Existen disponibilidades y estamos elaborando una propuesta. Hemos hecho estudios para reasignar recursos y entregar a los ancianos una alimentación complementaria. Sin embargo, estas ayudas sociales dependen de la elaboración de un plan estratégico y demorarán en llegar a nuestros viejos. Es probable que en muchas áreas haya que esperar grandes estudios y observaciones.
Por eso, en el plano de la alimentación, es necesaria una proposición de carácter particular.
He dicho.
INGRESO DE LA POLICÍA A LA EX “COLONIA DIGNIDAD”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , como diputado representante del distrito 40 y especialmente de la comuna de Parral, no puedo dejar de referirme a la acción de la policía que, como se informó ayer, por instrucciones del ministro en visita, Hernán González , ingresó al recinto de la ex “Colonia Dignidad.
No hay duda de que debemos destacarla, al igual que el comportamiento del ministro en visita, quien ha llevado el proceso con gran celo, y hecho todos los esfuerzos para ubicar a Paul Schäfer, sindicado responsable de delitos tan graves como el abuso deshonesto de menores.
Pienso que la acción emprendida permitirá solucionar un problema que tiene en jaque el ordenamiento jurídico de nuestro país. La permanencia de la policía en el interior de ese recinto, sin la menor duda, posibilitará que muchas de las personas que allí habitan, incluso víctimas del sistema de vida y del propio Paul Schäfer, presenten nuevas denuncias. Además de que con ellas se logrará ubicar a Paul Schäfer, se ha hecho pública la actitud agresiva de muchos de los colonos. Hemos sido testigos de cómo un grupo de cinco, al intentar impedir el ingreso de la policía, incluso agredió a un carabinero. Entre ellos, figuraba el hermano de un fugitivo muy importante: me refiero a Pedro Pablo Salvo , mellizo de Pedro Juan Salvo , quien huyó con su hijo para evitar que el juez pueda interrogarlo y someterlo a exámenes para comprobar si también fue víctima de Paul Schäfer, como denunció la madre.
He querido referirme al tema porque creo que la acción que se está desarrollando da esperanzas de detención de Paul Schäfer, a fin de que el país sepa la verdad de lo que ocurre, se ponga término a un enclave que durante muchos años ha sido nefasto para la comunidad de Parral y la gente que la integra se pueda reinsertar en una vida normal.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ha terminado el tiempo del PPD.
ANTECEDENTES SOBRE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ENAP. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señora Presidenta , he tomado conocimiento y analizado el proyecto de la Empresa Nacional del Petróleo, documento que consagra una alianza estratégica entre la administración de Enap y los trabajadores, representados por la directiva de Fenatrapech .
Sin embargo, los contenidos y alcances del acuerdo no son conocidos por la totalidad de los trabajadores. Si bien es cierto que los contenidos generales apuntan a garantizar la viabilidad y éxito de la empresa, se observa, comparándolos con los de otros procesos de modernización implementados, ausencia de ideas específicas de cómo enfrentar los desafíos complejos que se enmarcan en conceptos teóricos, como rediseño organizacional, venta de activos prescindibles, endeudamiento razonable sin aval del Estado, asociaciones con terceros en proyectos específicos que no comprometan la propiedad de la empresa, incorporación de capital de terceros a la propiedad de Sipetrol, etcétera.
Las enunciaciones vertidas en el documento son gravitantes. Determinarán el tipo, modelo y efecto que causará el proceso de Enap, no sólo en cuanto a su recurso humano, sino también a su rol estratégico en la economía de nuestro país y, fundamentalmente, en la Región de Magallanes
Respecto de Enap Magallanes, el documento en cuestión plantea que ésta debe seguir siendo una empresa que aporte significativamente al desarrollo de nuestra zona. Señala que la reducción en la producción de petróleo crudo obliga a optimizar el recurso del gas natural y a un profundo esfuerzo de mejorar su gestión y reorientación de su actividad. Agrega que se pondrá énfasis en el desarrollo de nuevos negocios.
Me preocupan todos los aspectos ambiguos del documento y, principalmente, lo que sucederá con Enap Magallanes, tanto en cuanto a sus trabajadores como al rol que cumple o deberá cumplir en el desarrollo regional. Además, estoy convencido de que estos procesos que viven las empresas del Estado deben ser ampliamente informados y consensuados con todos los actores de nuestra sociedad.
Por eso, pido que se oficie al Ministro de Minería para que envíe antecedentes del proyecto de modernización de la Empresa Nacional de Petróleo, a fin de emitir opiniones más versadas al respecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
ESTADO DEL PROCESO POR ASESINATO DE TUCAPEL JIMÉNEZ ALFARO. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Manuel Bustos.
El señor BUSTOS (don Manuel) .-
Señora Presidenta , el 25 de febrero de 1982 se cometió en Chile un asesinato político brutal: el sindicalista Tucapel Jiménez Alfaro fue torturado y degollado por agentes de la dictadura.
Fue un asesinato con mensaje. El régimen de la época no aceptaba el llamado a la unidad que estaba haciendo el compañero Jiménez . Eso lo sabemos todos. Así lo han reconocido, directa o indirectamente, importantes personeros del régimen militar.
Pero esa brutal realidad se hace más vergonzosa frente al hecho de que, a más de 16 años de cometido, ese crimen sigue sin resolverse.
Un Parlamento democrático no puede aceptar que el caso vaya muriendo con el tiempo, hasta que llegue el momento en que sea incómodo traerlo al debate. Ese día habrán logrado la impunidad los asesinos de Tucapel y los enemigos de la democracia que mandaron matar a un hombre justo.
Mi intervención persigue dos objetivos. En primer lugar, reactualizar el tema. Y lo haré una y otra vez, porque la memoria histórica así lo exige.
Fui el último dirigente que la noche anterior a su muerte estuvo con él preparando un documento de unidad de los trabajadores. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, no llegó a la cita en que suscribiríamos dicho acuerdo.
En segundo lugar, solicito que se oficie al Presidente de la Corte Suprema para que nos informe de la situación actual del proceso y en qué nivel están las investigaciones.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
ENVÍO DE PROYECTO SOBRE FONDO DE EXTENSIÓN SINDICAL. Oficio.
El señor BUSTOS (don Manuel) .-
Señora Presidenta , solicito que se oficie al Ministro del Trabajo , para que nos envíe con urgencia el proyecto del fondo de extensión sindical.
Los fondos -más de dos millones de dólares- están consultados en el presupuesto de 1998 para capacitación de los trabajadores; pero, por ineficiencia, por demora burocrática en el Ministerio, han pasado los meses y no se ha enviado al Parlamento el proyecto que regule la forma de emplear esos fondos.
Dicha demora produce un grave perjuicio, porque los trabajadores organizados y las instituciones que les entregan capacitación no pueden hacer uso de ellos.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministro del Trabajo para que, en forma urgente, envíe dicho proyecto a esta Cámara.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
ACCIONES PARA ABORDAR TEMAS DE INTERÉS SOCIAL.
El señor BUSTOS (don Manuel).-
Señora Presidenta, haré un par de reflexiones.
Quizás, los temas más preocupantes en las campañas de quienes hemos sido recién elegidos son los sociales.
Todo el mundo habla de las pensiones. Por lo menos, hay una señal positiva de parte del Gobierno. Desgraciadamente, deberemos tratarla con éste con mayor precisión, para anticipar los pagos de esas pensiones y no que se efectúen en diciembre o en enero, porque una buena señal, a los pocos días, termina siendo, a lo menos, dificultosa para mucha gente.
Está el tema de los consultorios médicos de los municipios. Aún hay muchas personas que a las seis de la mañana esperan poder pedir hora para ser atendidas a las nueve de la mañana, gente adulta mayor de setenta u ochenta años. En los consultorios de Renca, Huechuraba y Conchalí hay, en aquella hora, filas de gente que espera ser atendida.
Nosotros, que hemos visto estas situaciones y conversado con la gente, pensamos allegarles recursos y plantear al Gobierno posibilidades ciertas de una modernización, que mejore la gestión y entregue los recursos para personal, médicos, remedios y tecnología. Un computador puede dar las horas de consulta en cualquier momento del día y no a las seis de la mañana.
También me preocupa enormemente el problema de la vivienda. El Gobierno ha cambiado el subsidio habitacional con respecto a los programas PET, para trabajadores, a través de los cuales, mientras estuve en la CUT, entregamos, con rapidez, más de 7 mil viviendas. El Gobierno subió el programa de 350 a 460 UF, pero mantiene el mismo subsidio.
Sería bueno plantear una petición concreta al Gobierno: que suba el subsidio de 90 a 120 ó 130 UF, porque también ha aumentado el crédito bancario. Antes, un trabajador con 150 mil pesos de sueldo podía postular a un crédito bancario para optar a ese tipo de vivienda; en la actualidad no lo puede hacer con menos de 200 mil pesos de sueldo, por lo que hay una enorme cantidad de gente que, en forma automática, está quedando fuera de un programa que es expedito y muy aceptable.
También me preocupa mucho el tema de la deuda previsional, porque es un escándalo. He pedido los informes. Los empresarios tienen cerca de 100 millones de dólares de nuestro dinero. Son cotizaciones descontadas mensualmente de las remuneraciones, pero que no se ingresan a las instituciones previsionales.
Quisiera que tratáramos el tema con la mayor urgencia.
Por último, invito a los colegas parlamentarios a formar una bancada social, para abordar estos temas en conjunto y con el mayor ánimo.
He dicho.
PROLONGACIÓN DEL METRO HASTA MAIPÚ. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luis Pareto .
El señor PARETO.-
Señora Presidenta, me referiré a dos temas que afectan a comunas de mi distrito.
Los diputados conocemos el problema de la ruta 68. Quienes usan esa arteria para llegar al Congreso pueden haber advertido lo dificultoso que es llegar desde la calle República hasta Pajaritos por el alto tráfico en el sector.
Se encuentran en estudio algunas alternativas para prolongar el Metro de Santiago, lo cual deberá decidir próximamente el Presidente de la República.
Existe la imperiosa necesidad de que una de estas líneas sea asignada a la prolongación de la línea del Metro, desde Estación Central hasta Maipú . Por lo tanto, pido que se oficie al Presidente de la República , a fin de que considere esta posibilidad, pues es un clamor de esta comuna, la de mayor crecimiento de la Región Metropolitana, que hoy ya tiene sobre 420 mil habitantes, y es la que dispone aún de terrenos para seguir creciendo, por lo que en no más allá de siete u ocho años superará los 700 mil habitantes.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
SANEAMIENTO DE CANALES EN COMUNAS DEL DISTRITO 20. Oficios.
El señor PARETO .-
Señora Presidenta , deseo dar a conocer un drama que afecta a una de las comunas que represento: el zanjón de la Aguada, que ha cobrado muchas vidas, especialmente de niños, y que recibe, por desgracia, el paso del canal Ortuzano , que depende de los canalistas del Maipo.
En consecuencia, es conveniente que, de una vez por todas, esta Cámara se aboque al estudio legislativo sobre el poder económico y arbitrario con que los canalistas del Maipo hacen abuso de las prerrogativas que les ha otorgado la ley, al mantener arbitrariamente este canal Ortuzano , que atraviesa las comunas de Cerrillos, Maipú y Estación Central, y cuyas aguas son las mismas con que se riegan las hortalizas que se venden, especialmente, en la Vega Central y en otros mercados de la Región Metropolitana.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al Ministro de Salud , para que proceda en forma urgente e inmediata a clausurar dicho canal, y al señor Ministro de Obras Públicas para que estudie la posibilidad de abovedar lo que resta del zanjón de la Aguada, porque éste y aquél constituyen un peligro público que afecta prácticamente a más de un millón de habitantes. Cabe agregar que existe un compromiso presidencial, en una visita que el Primer Mandatario efectuó al sector.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
LEGIMITIDAD REGLAMENTARIA DE CENSURA A PRESIDENTA DE COMISIÓN DE MINERÍA.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señora Presidenta , quiero referirme a las expresiones vertidas por los Diputados señores Darío Molina y Carlos Vilches respecto de lo que ayer sucedió en la Comisión de Minería, a raíz del reclamo formulado contra la Presidencia de la Diputada señora Rosa González Román . En verdad, el reclamo deducido por un diputado de la Concertación se ajustó absolutamente a lo que dispone el artículo 209 del Reglamento de esta Corporación, el que en caso alguno exige fundamentación del mismo. Por lo demás, el tema fue discutido y votado en la Comisión, que aprobó la censura por 7 votos contra 5.
Por último, no es efectivo que no haya habido fundamentación de la censura, pues, a mayor abundamiento, el Diputado señor Valenzuela -que no está presente-, aunque no lo exige el Reglamento, sostuvo la reclamación de todas formas.
Por eso, nos parece improcedente lo señalado por los Diputados señores Molina y Vilches . Aquí no ha habido una aplanadora o una locomotora que ha pasado la Concertación, sino que se ha ejercido la mayoría que le da el pueblo en esta Cámara y que también la tienen los diputados de la Concertación en la Comisión de Minería.
No les quepa la menor duda de que tanto los diputados de nuestra bancada como los de la Concertación, trabajaremos activamente y respetaremos los derechos de la minoría, ya que todos pertenecemos a regiones mineras, las que representaremos efectivamente.
He dicho.
NUEVO ACCESO VIAL PARA IQUIQUE. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada Antonella Sciaraffia.
La señora SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señora Presidenta , quiero referirme a un tema muy sensible y que preocupa mucho a la gente de Iquique -ciudad pujante y que crece a un ritmo muy acelerado-, cual es que su única vía de acceso es la que la une con Alto Hospicio, lugar habitado por cerca de 40 mil habitantes, y por la cual circulan alrededor de 10 mil vehículos diarios, por lo que actualmente se encuentra colapsada.
Dicha situación ha evidenciado la necesaria construcción de una segunda vía de acceso. Sabemos que en nuestra provincia las autoridades han estado preocupadas de ello. Sin embargo, hace tres años se encomendó a una consultora el estudio de una alternativa para esta segunda vía. Recibida su proposición, se encargó el estudio de su costo. Sin embargo, sólo en 1997 se supo que el costo era excesivo, por lo que se haría un nuevo estudio.
En enero de este año estuvo en la provincia el Ministro Ricardo Lagos , quien nos informó que se encargaría un nuevo estudio, que se terminaría en agosto. Lamentablemente, tengo entendido que hasta el momento no se ha iniciado, menos pensar en su licitación. Lo peor es que la semana pasada el Seremi de Obras Públicas de la zona presentó al Consejo Regional cuatro nuevas alternativas.
Creo que es demasiado grave lo que está viviendo la gente de Iquique. Esa vía diariamente colapsa y se producen accidentes que dejan aisladas a ambas ciudades. Alto Hospicio carece de hospital, y los 40 mil habitantes quedan sin acceso al Hospital Regional de Iquique.
Por las razones expuestas, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas para consultarle acerca de cuál será la solución de este problema, en qué estado de avance está el estudio que se comenzaría a hacer y la razón de las cuatro nuevas alternativas.
Dentro del mismo tema, también ha intervenido el gobierno regional, el cual suscribió un convenio de programación con Obras Públicas, destinado a financiar la construcción de esta segunda vía, lo que hasta el momento tampoco ha dado resultado.
Por lo tanto, pido que se envíe oficio al intendente de la Primera Región , a fin de que informe sobre el avance de las gestiones y sobre cómo se resolverá este problema, que aqueja y preocupa a la gente de Iquique y de Alto Hospicio, y cuya urgente solución es deseada por todos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
RECHAZO A VERTEDERO EN LONQUÉN. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señora Presidenta , en primer lugar, solicito que los oficios pedidos por el Diputado señor Pareto y la Diputada señora Sciaraffia sean enviados con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana.
En segundo término, quiero referirme a una situación de extraordinaria gravedad para nuestro país, en particular para el distrito que represento.
El inciso primero del artículo 1º de la Constitución Política de la República señala que todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en este caso, los hechos demuestran lo contrario. Hace pocos días, Emeres , Empresa de Residuos Sólidos de la Región Metropolitana , se adjudicó en forma condicionada a la aprobación definitiva de la Corema, el depósito de las basuras de Santiago, en una comuna y sector del distrito 31 de la provincia de Talagante.
Esto ha generado gran impacto en la opinión pública, porque, a mi juicio, es susceptible de dos consideraciones muy importantes. Una, de carácter ético, puesto que en las inmediaciones del lugar donde se pretende enclavar el depósito de basura fueron dinamitados hermanos nuestros cuando no existía democracia en el país. Se violó el primero de todos los derechos, cual es el derecho a la vida. Pero también tiene impacto económico, tanto para los empresarios como para los trabajadores del sector agrícola y exportadores de frutas que se verán afectados con la medida.
Por lo tanto, pido que se envíen los siguientes oficios:
Al Ministro de Educación, a fin de que nos informe acerca de las medidas tomadas para hacer cumplir el decreto que declara monumento nacional a los Hornos de Lonquén y su entorno.
A los Ministros de Agricultura y Economía, a fin de que nos informen sobre la evaluación técnica, económica y social que significaría la aprobación de la adjudicación.
A los Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura, con el objeto de que nos informen sobre la aprobación del cambio de uso de suelo, y al Ministro de Vivienda para que nos comunique si el plan regulador interprovincial de Talagante está aprobado.
A la Corema, a través del Intendente de Santiago, su presidente, con el objeto de que antes de decidir reciba a la alcaldesa de Talagante y al alcalde de Isla de Maipo, a las juntas de vecinos de ambas comunas y al sector privado, los cuales serán afectados por tales medidas.
Asimismo, que se pida un informe de su posición respecto de este tema al Gobernador de Talagante ; al sector privado; al Servicio Nacional de Agricultura; a Fedefruta, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las consideraciones éticas que he señalado.
Por último, a la alcaldesa de Talagante, al alcalde de Isla de Maipo -en representación de la comunidad- y a las juntas de vecinos de Lo Herrera y Lonquén, a fin de que emitan sus opiniones al respecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Coloma.
PETICIÓN DE ANTECEDENTES A LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz .
Restan 30 segundos a su Comité.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , sólo para pedir que se oficie al Ministro de Defensa , a fin de que Dipreca, por intermedio de esa Secretaría de Estado, me haga llegar el listado de los actuales jubilados, pensionados y montepiadas de Gendarmería de Chile, con motivo de un estudio previsional que se está realizando.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría, con la adhesión de la bancada democratacristiana.
APLICACIÓN DE PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN CHILLÁN. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ , ( don Rosauro).-
Señora Presidenta , en nuestra condición de parlamentarios permanentemente estamos recogiendo las inquietudes y dificultades que, de una u otra forma, inciden en la calidad de vida de las personas que forman parte de las comunidades que aquí representamos.
Quisiéramos dedicarnos más a entregar propuestas que a denunciar problemas; en verdad desearíamos abocarnos de lleno a nuestra tarea legislativa y no a tener que referirnos a hechos que involucran a determinados servicios públicos por incumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, la realidad nos indica otra cosa y, aunque sea lamentable, muchas veces he tenido que levantar mi voz aquí para señalar situaciones que comprometen el bienestar de la gente y generan desconfianza en sus autoridades.
En esta oportunidad, deseo plantear dos casos relativos al programa denominado Pavimentación Participativa, destinado -según el decreto supremo Nº 114, de 1994, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo- a reducir el déficit de pavimentación de calles y pasajes, permitiendo la incorporación, a su financiamiento, de los particulares beneficiados y de los municipios, en la forma que el mismo decreto lo establece.
Es oportuno reconocer que este programa ha solucionado múltiples problemas de pavimentación en cada sector de nuestros pueblos y ciudades. Es común observar el entusiasmo de los vecinos por constituir comités, a fin de trabajar y reunir los dineros con que contribuirán al proyecto, recursos que, junto al aporte municipal y al del Serviu, permitirán finalmente realizar la obra.
El primer caso a que aludo dice relación con la demora del inicio de los trabajos en las calles Manuel Montt y Miraflores, de la población Chillancito, en el sector oriente de Chillán.
No obstante que el 26 de diciembre de 1996 los vecinos entregaron la suma de 3.161.500 pesos, los trabajos aún no se inician. De allí que es comprensible la inquietud de los integrantes del comité, pues ellos han dado estricto cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos por la autoridad; es más, hicieron un aporte mayor al mínimo exigido para obtener mayor puntaje en el proceso de calificación y más celeridad en la ejecución de los trabajos. Sin embargo, ello no ha ocurrido, y según denuncian en carta al Ministro de Vivienda y Urbanismo , ni siquiera han recibido una explicación del Serviu por esta tardanza de un año y tres meses.
Por tal motivo, pido que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que informe sobre las razones de este atraso y la fecha y plazos de ejecución de las obras de pavimentación de las calles Manuel Montt y Miraflores.
El segundo caso corresponde a la calle Echaurren de la población Simón Bolívar , sector sur, también de Chillán. Allí la situación reviste mayor gravedad, debido a que la obra fue adjudicada y el plazo de término de los trabajos venció hace ya más de tres meses. En efecto, la obra tenía un plazo de ejecución de cinco meses, de julio a diciembre de 1997; pero extrañamente, según la denuncia del propio comité, que tengo en mi poder, la empresa Belco , que se adjudicó la obra, apenas lleva un mes de trabajos. Según lo pude comprobar personalmente, la calle presenta un estado tal, que resulta totalmente comprensible la indignación de las personas que allí viven, dados los perjuicios que ocasiona una vía cerrada durante tanto tiempo. Cuando la gente hace esfuerzos para tener mayor bienestar y las obras resultan interminables y los plazos vencidos, cuesta encontrar, si es que las hay, explicaciones valederas.
Algunas de las consecuencias que los vecinos están sufriendo se han traducido en la imposibilidad de guardar sus vehículos; en dificultades para la extracción de basura domiciliaria y traslado de los enfermos; en problemas para el aprovisionamiento de los almacenes, y en la ocurrencia constante de accidentes de niños y ancianos por el deplorable estado en que se encuentran las veredas y calles.
Dada la gravedad de este hecho, el incumplimiento manifiesto del contrato y la pasividad de las autoridades del Servicio de Vivienda y Urbanización, solicito que se oficie al Contralor General de la República con el objeto de que disponga una amplia investigación de lo ocurrido en las calles Manuel Montt y Miraflores, de la población Chillancito; y Echaurren , de la población Simón Bolívar , ambas de Chillán, y establezca las responsabilidades correspondientes.
Creo francamente que esto es una burla para un conjunto de familias que han hecho enormes sacrificios para lograr un mejor vivir, y que se encuentran en la indefensión total, porque nadie asume esta situación. Por ello, resulta imperioso investigar a fondo lo que allí está ocurriendo, determinar responsabilidades y aplicar la ley en la forma más drástica posible.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional.
ANTECEDENTES SOBRE CIERRE DE BANCO GANADERO DE AISÉN. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta , en mi calidad de diputado por Aisén , quiero manifestar mi preocupación por el término de las actividades del Banco Ganadero, dependiente de la empresa filial Corfo , Sacor . Esa decisión, justificada por razones financieras y económicas, no guarda relación alguna con la necesidad de fortalecer el desarrollo de la región ni menos con el apoyo al pequeño y mediano ganadero, sector que atraviesa por una severa crisis.
El Banco Ganadero es una efectiva herramienta para capitalizar un sector de la economía regional que, desde el punto de vista social, es el más importante para Aisén.
Como las razones que se esgrimen por parte de Sacor para terminar con sus operaciones son básicamente económicas, pido que se oficie al Ministro de Economía , adjuntando copia de mi intervención, a fin de que informe sobre la cantidad de indemnizaciones voluntarias pagadas, dietas de directores, gastos administrativos centralizados en Santiago y los estados financieros de los últimos cinco años.
De acuerdo con información extraoficial, en esta materia existen, a lo menos, claras negligencias administrativas. En la región, ninguna autoridad de Gobierno -intendente, Seremi de Agricultura- justifica esta medida.
Asimismo, que se pida la reconsideración de la medida antes señalada, pues atenta contra el desarrollo del sector ganadero, en particular, y de la región de Aisén, en general.
El Estado, cumpliendo con su rol subsidiario y recogiendo las particularidades de la región en torno a la ganadería, ha implementado una serie de programas subsidiados, tales como fertilización y establecimiento de praderas, limpieza de palizadas muertas, transferencia tecnológica, etcétera.
Sin embargo, parece un contrasentido que el Banco Ganadero estatal, administrado por Sacor , termine sus operaciones en un contexto en que el propio Presidente de la República ha manifestado interés por desarrollar zonas aisladas mediante la ley austral, y en el cual su agenda social marca especial énfasis en atender a los más necesitados, inconsecuencia que demuestra claramente desarticulación en las políticas del Estado.
El Banco Ganadero fue creado en 1983 para atender al pequeño ganadero, y será cerrado de no rectificarse esta medida por el Gobierno de la Concertación que -se dice- ayuda a los más necesitados.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches , Rosauro Martínez y Masferrer .
SITUACIÓN DE MIEMBROS DE EX “COLONIA DIGNIDAD”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señora Presidenta , sin el ánimo de defender a los dirigentes de la ex Colonia Dignidad e independientemente de los delitos que ellos hayan cometido, quiero llamar la atención sobre los niños, mujeres, hombres y ancianos que allí viven, quienes merecen un trato digno, puesto que tienen derechos como todo ciudadano.
Muchos de quienes vimos las imágenes de televisión sentimos pena por las muchísimas personas -quizás la mayoría- que fueron tratadas como culpables, a pesar de no tener culpa alguna. Ellas tienen una visión deformada del mundo exterior, fabricada por sus dirigentes a su antojo. Para ellos, nosotros somos los malos, que los acosamos y acorralamos.
De manera que debemos preocuparnos de darles a conocer la realidad; de su salud mental, y no tan sólo de hacerlos sentirse culpables de los delitos de algunos. Todo el país espera una solución que ha tardado demasiado tiempo, pareciendo ya un tema eterno.
He dicho.
REBAJA DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE COMUNA PADRE LAS CASAS. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
Restan dos minutos a su Comité.
El señor GARCÍA (don José ).-
Señora Presidenta , quiero solicitar el envío de dos oficios.
El primero, a la Comisión Nacional de Energía, con el propósito de que informe acerca del estado en que se encuentra la rebaja de las tarifas eléctricas para la comuna de Padre Las Casas, conforme a la nueva clasificación de comunas hecha por el Ministerio de Economía, basándose en un informe de la Comisión Nacional de Energía.
El segundo, al Ministro de Salud, con el objeto de que informe sobre las razones que se tuvieron en cuenta para clasificar a la nueva comuna de Padre Las Casas como urbana no pobre, para los efectos de los ingresos que deben percibir, a fin de cubrir el sistema de atención primaria de salud.
Dicha clasificación no corresponde a la realidad de la comuna y le significa un enorme perjuicio económico, puesto que le representa un ingreso per cápita de sólo 759 pesos, en lugar de los 1.020 que le correspondería si se clasificara correctamente como rural pobre.
Por otro lado, Fonasa sólo le reconoce a la municipalidad de Padre Las Casas 26.814 beneficiarios, en circunstancias de que la población de la comuna es de 55.108 habitantes, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, y que la población inscrita para los efectos de determinar los ingresos fue de 37.521 personas.
Quiero agregar que Padre Las Casas tiene un porcentaje de ruralidad del 47 por ciento de su población, según el censo de 1992, y el 44 por ciento de su población es pobre.
Por lo tanto, corresponde que sea clasificada como comuna rural pobre y, en consecuencia, que se le entreguen recursos suficientes para brindar una buena atención primaria de salud.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19.29 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. (Boletín Nº 2152-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
La modernización del sistema de justicia constituye uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno, cuyo fundamento último radica en la necesidad de consolidar una democracia basada en el respeto a los derechos de las personas y en la efectiva vigencia del Estado de Derecho.
En este marco de definiciones, corresponde explicitar que la modernización del sistema de justicia supone una política omnicomprensiva cuyo eje sea la adecuación de las instituciones que conforman tal sistema, a los procesos de desarrollo político, social y económico del país.
Nuestra institucionalidad fundamental relativa al sistema de enjuiciamiento criminal data del siglo pasado, y muchos de los principios rectores corresponden a construcciones precoloniales. Esta realidad se ve refrendada al revisar el texto del mensaje del actual Código de Procedimiento Penal, el cual, reconociendo las bondades del sistema acusatorio, optó por estructurar un sistema inquisitivo escriturado, en atención a la falta de recursos de ese momento histórico.
La constatación explícita del legislador de la época se encontraba, no obstante, acompañada de la convicción que tal modelo constituiría una fórmula transitoria, de emergencia, que daría lugar a un sistema de enjuiciamiento criminal oral con entes diferenciados encargados de la investigación y el juzgamiento.
Han pasado más de cien años y dicho sistema, que ha permanecido en sus rasgos más esenciales, por fin está siendo modificado.
El Gobierno se encuentra firmemente convencido de la necesidad de modificar el actual sistema de enjuiciamiento criminal, basado en un juicio oral público ante jueces de derecho, que consagre y garantice los principios de inmediación, imparcialidad y publicidad. Asimismo, se requiere estructurar un sistema de instrucción informal que asegure una investigación eficiente y desburocratizada encargando la misma al Ministerio Público.
De esta forma, se busca asentar efectivamente el principio elemental y básico de imparcialidad y separar las funciones de investigación y juzgamiento, quedando radicada la primera en el Ministerio Público y la segunda en los jueces del juicio oral.
Con el objeto de desarrollar y complementar la reforma constitucional recientemente aprobada mediante la Ley Nº l9.519, de septiembre pasado, que creó el Ministerio Público, el Gobierno envía a trámite parlamentario el presente proyecto de ley orgánica cuyos rasgos más importantes son los siguientes:
I. UBICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.
De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI-A, que la reforma aludida en el párrafo anterior introdujo a la Carta Fundamental, el Ministerio Público se concibe como un órgano constitucional autónomo y jerarquizado, al que se otorga plena independencia para el cumplimiento de sus funciones.
II. FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público tiene, como se ha señalado, la función de investigar y, en su caso, de ejercer y sustentar la acción penal pública en representación de la comunidad, función que debe desarrollar con estricta sujeción a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes.
También debe promover y resguardar los derechos de las víctimas durante el curso del proceso penal. Asimismo, debe investigar no sólo los hechos que agravan la responsabilidad del imputado, sino también los hechos y circunstancias que eximan, atenúen o extingan tal responsabilidad.
En el marco de la investigación que le corresponderá desarrollar, dirigirá la actuación de la policía, con el objeto de recabar los antecedentes necesarios y suficientes para fundar sus decisiones.
Esta reforma al sistema procesal penal, otorga al Ministerio Público diversas facultades para el ejercicio de su función de persecución penal. Es así como, se consagran los mecanismos o medidas destinadas tanto a poner fin anticipadamente a las denuncias o investigaciones, y a buscar salidas alternativas al proceso, que se señalan a continuación:
1. Desestimación del caso concreto. El fiscal podrá desestimar una determinada denuncia en la medida que ella no presente caracteres de delito.
2. Archivo provisional. El fiscal podrá archivar una denuncia en la medida que no existan antecedentes para iniciar la investigación criminal.
3. Suspensión condicional del procedimiento. El fiscal podrá solicitar al juez de control de la instrucción, previo acuerdo de la persona imputada, la suspensión condicional del procedimiento cuando considere que el imputado cumple con los requisitos para optar a alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad señalados en la ley Nº 18.216. El juez de control de la instrucción deberá, antes de resolver acerca de la petición, oír a la víctima y al querellante. Para optar a esta medida, el imputado deberá cumplir determinadas condiciones que fijará al efecto el juez de control de la instrucción.
4. Acuerdos reparatorios entre víctima y victimario. El fiscal podrá instar a poner término al proceso por la vía de acuerdos reparatorios entre la víctima y el victimario, siempre que exista consentimiento libre de ambas partes y pleno conocimiento de los derechos que asisten tanto a la víctima como al imputado. Esta medida sólo podrá ser aplicada para los casos de delitos que afecten bienes jurídicos susceptibles de apreciación pecuniaria, o se tratare de delitos culposos que no hubieren producido resultados de muerte o afectaren en forma permanente y grave la integridad física de las personas. Estos acuerdos deberán ser los antecedentes y pruebas necesarias aprobados por el juez de control de la instrucción.
Reunidos los antecedentes y pruebas necesarias, el Fiscal Nacional deberá formular la correspondiente acusación para ser conocida por el tribunal competente.
III. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Ministerio Público se encuentra integrado por el Fiscal Nacional, los fiscales regionales, y los fiscales adjuntos. Además de dichos órganos se contempla un consejo asesor del Fiscal Nacional.
1. El Fiscal Nacional. La dirección del órgano corresponde al Fiscal Nacional, quien es el jefe superior del mismo y responsable de su funcionamiento. Entre sus principales funcio-nes se encuentra la de formular anualmente la propuesta y criterios de persecución penal para el año correspondiente. Asimismo, debe controlar la marcha general de los casos entregados a los diversos fiscales.
Además, le compete proponer las políticas públicas necesarias para el mejoramiento del sistema penal así como las modificaciones legales que considere relevantes en materia de persecución criminal y resguardo de los derechos de las personas.
Debe destacarse, que al Fiscal Nacional se otorga la facultad de asumir directamente la conducción de casos particulares que por su especial relevancia nacional, la complejidad de su investigación o su trascendencia, así lo exijan. Esta facultad podrá ser delegada en abogados de la Fiscalía Nacional que él designe.
En lo que se refiere a la designación del Fiscal Nacional, se ha optado por un sistema de participación de los tres poderes del Estado.
En efecto, él será nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que proponga la Corte Suprema. El nombramiento realizado deberá ser aprobado por los dos tercios de los Senadores en ejercicio.
El mecanismo de designación propuesto permite dotar a la figura del Fiscal Nacional de un amplio consenso y legitimidad social, lo cual se ve refrendado por el hecho que la quina que conforma la Corte Suprema tiene como requisito previo un concurso público de antecedentes y, en el sistema de elección, se permite a cada ministro de la Corte Suprema votar por tres personas distintas.
El Fiscal Nacional contará con un Consejo asesor, denominado Consejo General, integrado por el propio Fiscal Nacional y los fiscales regionales.
Las funciones del Consejo General se centran en proponer al Fiscal Nacional las políticas para la persecución penal pública, de recursos humanos y de planificación. Además, dicho Consejo deberá informar sobre diversas materias, exigiéndose al Fiscal Nacional que funde las resoluciones que dicte cuando éstas son contrarias a la opinión emitida por el Consejo General.
3. Los fiscales regionales. Dentro de la estructura del órgano, se encuentran los Fiscales Regionales, cuya función es dirigir al Ministerio Público en la región que han sido asignados, siendo el jefe del servicio en la respectiva región.
Debe conocer y resolver todas aquellas reclamaciones que los intervinientes en un procedimiento determinado formulen respecto de las actuaciones desarrolladas por cualquier fiscal adjunto. Asimismo, debe entregar al Fiscal Nacional su punto de vista y propuestas sobre aspectos regionales que incidan en la formulación de la política criminal anual que debe preparar el Fiscal Nacional.
4. El Fiscal Adjunto. En la organización del Ministerio Público se encuentra, asimismo, la figura del Fiscal Adjunto, quien es el abogado que bajo la dependencia directa del Fiscal Regional, interviene y litiga en los procesos en nombre del Ministerio Público.
IV. SISTEMAS DE CONTROL Y RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Este tema, unido a la ubicación institucional del Ministerio Público, constituye el centro del debate en la legislación comparada.
Como se ha señalado precedentemente, el Ministerio Público se sitúa como un órgano constitucional autónomo poniendo de relieve la importancia del sistema de control y responsabilidades al que se encuentre sujeto.
De ahí que el proyecto establezca un conjunto de controles, entre los que se encuentran fundamentalmente los siguientes:
1. Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
2. Los fiscales adjuntos tendrán responsabilidad disciplinaria.
3. El Fiscal Nacional y los fiscales regionales pueden ser removidos por la Corte Suprema a petición del Presidente de la República , o por solicitud de diez o más diputados previa declaración de su mal comportamiento.
4. El control judicial y jurisdiccional que, respecto de las actuaciones de los fiscales, posee el juez de control de la instrucción. A éste corresponde, durante el desarrollo de la investigación, intervenir en todas aquellas ocasiones en las que se afecte o pueda afectar a través de las actuaciones o resoluciones del Ministerio Público, un derecho personal o garantía constitucional de las personas.
V. CONSIDERACIONES FINALES.
El proyecto de ley del Ministerio Público que mediante el presente Mensaje se somete a la consideración del honorable Congreso Nacional, constituye el complemento necesario e indispensable del proyecto de reforma constitucional aprobado por ambas ramas del Parlamento y del nuevo Código Procesal Penal, actualmente en discusión en el Senado, luego de su aprobación en la honorable Cámara de Diputados.
De esta forma, el Supremo Gobierno manifiesta una vez más con hechos concretos la voluntad de llevar adelante el proceso de modernización del sistema judicial como tarea prioritaria y como exigencia de la profundización de nuestro sistema democrático.
Asimismo, e inspirados en la necesidad de otorgar plenas garantías a los inculpados en los procesos penales y dotar de eficacia a las investigaciones criminales, este proyecto constituye un avance de nuestro Estado de Derecho.
Con el envío de esta iniciativa a trámite parlamentario, se completa una primera fase de reformas al sistema procesal penal.
Finalmente, en el curso del presente año, se enviará a trámite legislativo el proyecto de defensoría pública que constituye el complemento y contrapeso necesario al proyecto que en este acto se presenta.
Por consiguiente, tengo el honor de someter a la consideración de esa honorable Corporación, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
EL MINISTERIO PÚBLICO, FUNCIONES Y PRINCIPIOS
QUE ORIENTAN SU ACTUACIÓN
Artículo 1º.- El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito y los que determinan la participación punible del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley y con las excepciones que ella misma contempla. De igual manera, le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.
Artículo 2º.- El Ministerio Público deberá desarrollar sus funciones con estricta sujeción a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes.
Artículo 3º.- En sus actuaciones, los fiscales del Ministerio Público deberán ceñirse estrictamente a criterios de objetividad, velando por la correcta aplicación del derecho. En consecuencia, investigarán con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que configuren el delito o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen.
Artículo 4º.- En el ejercicio de la acción penal pública, conforme a lo dispuesto en la presente ley, el Ministerio Público se entenderá representado por cualquiera de los fiscales que intervenga en ella.
Artículo 5º.- Los órganos del Ministerio Público son responsables de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República y en la presente ley.
Artículo 6º.- El Ministerio Público sujetará su actuación a efectivos criterios de desconcentración funcional y territorial, que considerarán la realidad político-administrativa, judicial, social, económica y geográfica del país.
Artículo 7º.- El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que perturben, restrinjan o priven el ejercicio de los derechos que la Constitución Política asegura al imputado o a terceros, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad policial deberá cumplir de inmediato y sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.
TÍTULO II
RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 8º.- Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados con ocasión del ejercicio de sus funciones de conformidad a lo regulado en la presente ley, incluidos los abogados de la Fiscalía Nacional que actúen como delegados del Fiscal Nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 20 letra i).
El Fiscal Nacional no tendrá responsabilidad disciplinaria.
Artículo 9º.- Para hacer efectiva la responsabilidad criminal de un fiscal del Ministerio Público, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, será menester que la causa en que se supone cometido el delito esté terminada por sentencia firme o se haya suspendido o sobreseído definitiva o temporalmente y, además, que se haya declarado la admisibilidad de la querella de capítulos, con arreglo a las disposiciones del Título V del Libro III del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 10.- Sin perjuicio de lo anterior, cualquier interesado podrá poner en conocimiento de las autoridades superiores respectivas del Ministerio Público los hechos que se consideren del delito o falta que merezca sanción disciplinaria.
El Fiscal Regional respectivo, previo informe del Consejo General, podrá suspender de sus funciones al Fiscal Adjunto contra quien se haya planteado la acusación, hasta que se resuelva su responsabilidad. En el mismo informe, dicho Consejo General propondrá el Fiscal que investigará el delito imputado. El Fiscal Regional deberá fundar sus resoluciones cada vez que éstas fueren distintas de lo propuesto en el informe del Consejo General.
En los casos previstos en los artículos anteriores, la prescripción se entenderá suspendida mientras no se puede hacer efectiva la responsabilidad de acuerdo a lo señalado en los mismos.
Artículo 11.- Las infracciones de los fiscales adjuntos a los deberes y prohibiciones que la ley les impone, serán sancionadas por el Fiscal Regional respectivo, de oficio o a requerimiento de parte, previa audiencia del afectado, con alguna de las siguientes medidas:
Amonestación privada;
Censura por escrito;
Rebaja de medio sueldo por el lapso de un mes, y
Suspensión de funciones hasta por dos meses, con goce de medio sueldo.
La resolución del Fiscal Regional será siempre revisable por el Fiscal Nacional.
Artículo 12.- Las infracciones en que incurrieren los fiscales regionales y los coordinadores especializados a que se refiere el artículo 20, letra i), serán sancionadas por el Fiscal Nacional, con las medidas indicadas en el artículo anterior, previa audiencia del afectado, pudiendo, además, disponer la suspensión temporal del Fiscal de que se trate. El Fiscal Nacional dictará estas resoluciones previo informe del Consejo General, el que, para tales efectos, se integrará sin el Fiscal denunciado. Si la resolución del Fiscal Nacional es contraria a lo propuesto en el informe del Consejo General, aquella deberá ser fundada.
Artículo 13.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República , de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, previa audiencia del afectado. La Corte Suprema conocerá el asunto en pleno especialmente convocado al efecto. Para acordar la remoción, deberá reunir el voto conforme de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio. La resolución producirá efectos de inmediato y por el solo ministerio de la ley.
La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.
Artículo 14.- El Fiscal Nacional deberá rendir en audiencia pública, en forma personal y una vez al año, una cuenta de las actividades del Ministerio Público. Para tal efecto deberá elaborar una memoria en la que señalará, específicamente, las dificultades e inconvenientes habidos en el funcionamiento del servicio y las propuestas concretas para mejorar la gestión. Asimismo, incluirá las estadísticas básicas de la gestión del servicio en el período respectivo. A esta audiencia deberán concurrir los fiscales regionales y directores de las distintas divisiones de la Fiscalía Nacional. A ella serán invitados los presidentes del Senado, de la Corte Suprema y de la Cámara de Diputados; los Ministros del Interior, Justicia y Defensa, y las demás autoridades y personas relacionadas con las materias de que se ocupa el Ministerio Público y que determine el Fiscal Nacional.
Una copia de la memoria será enviada al Presidente de la República , al Congreso Nacional y a la Corte Suprema. Copias de la misma se mantendrán a disposición del público en las Fiscalía Nacional y Regionales.
TÍTULO III
DE LOS FISCALES Y EL CONSEJO GENERAL
Párrafo 1º
Normas generales
Artículo 15.- Integran el Ministerio Público:
a) El Fiscal Nacional;
b) Los fiscales regionales y,
c) Los fiscales adjuntos.
Habrá, además, un Consejo General que actuará como asesor del Fiscal Nacional, de acuerdo en lo dispuesto en la presente ley.
Párrafo 2º
Fiscal Nacional
Artículo 16.- El Fiscal Nacional es el jefe superior del Ministerio Público y responsable de su buen funcionamiento. Las atribuciones del Ministerio Público se entienden conferidas al Fiscal Nacional, quien las ejercerá personalmente o a través de los distintos órganos de la institución, de conformidad a la ley.
Artículo 17.- Para ser Fiscal Nacional se requiere:
a) Ser ciudadano chileno con derecho a sufragio;
b) Tener por a lo menos diez años el título de abogado;
c) Tener, al momento del nombramiento, a lo menos cuarenta años de edad cumplidos y no más de sesenta y cinco, y
d) No estar sujeto a ninguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en esta ley.
Artículo 18.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República , a propuesta en quina de la Corte Suprema, y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República , la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El nuevo nombre de la quina será electo por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema.
Para formar la quina, la Corte Suprema convocará, con la debida anticipación y mediante publicaciones en el Diario Oficial y, a lo menos, en dos diarios de circulación nacional, a un concurso público de antecedentes. La Corte Suprema designará una comisión integrada por a lo menos cinco de sus miembros, la que deberá citar a una audiencia pública, que se anunciará a través de una publicación en un diario de circulación nacional con cinco días de anticipación. A esta audiencia concurrirán los candidatos a integrar la quina y su objetivo será entrevistarlos y evaluar su idoneidad para el cargo. Finalizada la audiencia, la comisión informará al pleno de sus resultados.
La Corte Suprema formará la quina en una misma y única votación, en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por tres personas. Resultarán electos quienes obtengan las cinco primeras mayorías. De producirse empate, éste se resolverá mediante sorteo.
La elección del Fiscal Nacional se realizará, a más tardar, sesenta días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones o dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que el Fiscal Nacional haya dejado de servir su cargo por razones diversas a la expiración del plazo legal.
El Fiscal Nacional será inamovible, durará 10 años en su cargo y no podrá ser designado para el período siguiente.
Artículo 19.- Corresponde al Fiscal Nacional:
a) Fijar anualmente los criterios para la elaboración de una política de persecución penal, oyendo previamente a cada uno de los fiscales regionales;
b) Dictar el o los reglamentos que ordene esta ley.
c) Dictar las instrucciones generales necesarias para la mejor organización del Ministerio Público y su oportuna, adecuada y eficaz actuación;
d) Controlar el funcionamiento de las fiscalías regionales. Con todo, le estará vedado disponer la práctica de actuaciones específicas en casos particulares, sin perjuicio de su facultad de asumirlos directamente de acuerdo a lo dispuesto en la letra i) del presente artículo;
e) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, las políticas públicas para el mejoramiento del sistema penal y las modificaciones legales que estime necesarias para una más efectiva persecución de los delitos y un mejor resguardo de los derechos de las personas;
f) Dar cumplimiento, en el mes de marzo de cada año, a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley;
g) Elaborar la propuesta de presupuesto anual del servicio, de inversión y de gasto de los fondos respectivos;
h) Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio Público. Esta función podrá delegarla en los fiscales regionales;
i) Asumir directamente la persecución penal en los asuntos que por su relevancia nacional requieran de una conducción especial y de los delitos cuya investigación que por su complejidad y trascendencia, así lo exigieren. Esta función podrá delegarla en el o en los abogados de la Fiscalía Nacional que él designe, quienes, con el nombre de coordinadores especializados, asumirán la causa.
Tanto la asunción directa como la delegación requerirá informe previo del Consejo General. Si la resolución del Fiscal Nacional fuere contraria a las opiniones contenidas en dicho informe, ésta deberá ser fundada.
j) Participar en el nombramiento y remoción de los fiscales regionales.
k) Ejercer las restantes atribuciones que la ley le confiera.
Artículo 20.- La Fiscalía Nacional, para la ejecución de las tareas que en cada caso se consignan, contará con una Unidad de Administración General la que estará a cargo de un Administrador General quien deberá velar por el funcionamiento administrativo de la Fiscalía Nacional a través del país y tendrá a su cargo el funcionamiento de todas las divisiones y funcionarios administrativos de la misma.
Sin perjuicio de las demás divisiones que el Fiscal Nacional pueda crear de acuerdo a las necesidades del servicio, las divisiones que componen la Fiscalía Nacional y las funciones que les corresponden, son las siguientes:
a) División de Recursos Humanos, encargada de la generación de programas de capacitación, del diseño de políticas de incentivos, de estructurar sistemas de bienestar y de elaborar los programas y sistemas de reclutamiento, selección y evaluación del personal;
b) División de Evaluación, Control de la Gestión y Desarrollo, encargada de velar por la adecuada gestión de las diferentes unidades del Ministerio Público según niveles de eficiencia, celeridad y responsabilidad; de elaborar planes de desarrollo; confeccionar programas de inversión, y promover la modernización de la institución en sus diversos aspectos;
c) División de Finanzas, encargada de prestar asesoría al Fiscal Nacional en la elaboración y administración del presupuesto, y de supervisar la labor administrativa del Ministerio Público a través del país.
d) División de Informática, encargada de crear y mantener en operación programas computacionales que permitan mantener la información diaria entre las distintas oficinas que componen el Ministerio Público así como el acceso expedito a esta información para las demás instituciones que, vinculadas al Ministerio Público, forman parte del sistema de enjuiciamiento criminal, según los rangos predeterminados por el Fiscal Nacional.
e) División de Estudios Legales y Criminológicos, encargada de efectuar investigaciones y estudios legales y criminológicos que le encomienden las autoridades superiores del Ministerio Público, y de asesorar al Consejo General y al Fiscal Nacional para la elaboración de propuestas de políticas de persecución penal pública.
Además, el Ministerio Público contará con un equipo de Relaciones Públicas y Asesoría Comunicacional responsable de programar y llevar adelante las relaciones públicas y comunicaciones de la Institución e informar públicamente, previa determinación del Fiscal Nacional, de las principales actividades y casos del Ministerio Público.
En el desempeño de su cargo, el Administrador General responderá directamente al Fiscal Nacional.
Artículo 21.- Los fiscales regionales deberán prestar especial apoyo a los fiscales coordinadores especializados a que se refiere el artículo 19 letra i). El Fiscal Nacional dictará instrucciones generales destinadas a coordinar la relación entre los fiscales coordinadores especializados y los fiscales regionales correspondientes.
Corresponderá asimismo a los fiscales regionales comunicar al Fiscal Nacional cada vez que en la región respectiva se presente algunos de los asuntos a que se refiere la letra i) del artículo 19.
Para asumir los casos determinados que se les asignen, los fiscales coordinadores especializados contarán con equipos de trabajo bajo su dependencia directa. Los fiscales que integren estos equipos podrán actuar en todo el territorio nacional y sus vinculaciones con el fiscal coordinador respectivo se regirán por las normas que regulan las relaciones entre los fiscales adjuntos y los fiscales regionales.
Cuando en una región exista más de un fiscal regional, corresponderá también a los fiscales coordinadores especializados coordinar el trabajo entre éstos en materias correspondientes a su área de designación. Para estos efectos, los fiscales coordinadores especializados deberán adoptar todas las medidas tendientes a prestar apoyo a las fiscalías regionales para las cuales hubieren sido designados.
Artículo 22.- El Fiscal Nacional será subrogado por el Fiscal Regional que designe. A falta de designación, será subrogado por el Fiscal Regional más antiguo. Sin perjuicio de lo anterior y mientras asuma el fiscal subrogante, el cargo será desempeñado por el fiscal regional metropolitano más antiguo.
Párrafo 3º
Consejo General
Artículo 23.- El Consejo General estará integrado por el Fiscal Nacional, quien lo presidirá, y por los fiscales regionales. Para los efectos del ejercicio de la facultad señalada en la letra a) del artículo 24, integrarán también el Consejo, sólo con derecho a voz, los coordinadores especializados a que se refiere el artículo 19 letra i).
Artículo 24.- Corresponde al Consejo General:
a) Proponer al Fiscal Nacional políticas para la persecución penal pública;
b) Proponer al Fiscal Nacional, las políticas de recursos humanos y de planificación de desarrollo;
c) Colaborar con el Fiscal Nacional en la preparación de la memoria anual de actividades que debe presentarse al país, y
d) Asesorar al Fiscal Nacional en las restantes materias que éste solicite y cumplir las demás funciones que éste o la ley le asigne.
Artículo 25.- El Consejo General sesionará ordinariamente cada sesenta días, sin perjuicio de reunirse extraordinariamente, cuando así lo requiera el Fiscal Nacional o la mayoría de sus miembros.
El quórum para sesionar será la mayoría de sus integrantes con derecho a voto y sus acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes.
Párrafo 4º
Fiscales regionales
Artículo 26.- Los fiscales regionales dirigirán al Ministerio Público en la región o parte de la región a su cargo. Serán los jefes del respectivo servicio y responderán de su gestión a nivel regional.
A los fiscales regionales les corresponde el ejercicio de la acción penal pública, por sí o por medio de los fiscales adjuntos que se encuentren bajo su supervisión.
Para el ejercicio de sus atribuciones, los fiscales regionales podrán organizar los recursos humanos y materiales de la región o parte de la región, de la manera que parezca más conveniente para realizar una gestión eficaz, conforme a las instrucciones generales del Fiscal Nacional.
Artículo 27.- Para ser Fiscal Regional se requiere:
a) Ser ciudadano chileno con derecho a sufragio;
b) Tener el título de abogado por a lo menos cinco años;
c) Tener a lo menos treinta años de edad cumplidos, y
d) No estar sujeto a ninguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en el Título V de esta ley.
Artículo 28.- Habrá al menos un Fiscal Regional en cada región del país. En la Región Metropolitana habrá al menos cuatro fiscales regionales.
En las regiones en que exista más de una Fiscalía Regional, la distribución territorial y la sede de cada una de ellas será determinada por el Fiscal Nacional en base a las comunas de la región.
Artículo 29.- A los fiscales regionales les corresponden, especialmente, las siguientes obligaciones y facultades:
a) Dictar las instrucciones generales y particulares necesarias para el correcto funcionamiento del servicio y para el adecuado desempeño de los fiscales adjuntos en los casos en que deban intervenir;
b) Conocer y resolver todas aquellas reclamaciones que cualquiera de los intervinientes en un procedimiento pueda formular respecto de la actuación del Ministerio Público en la región y de cualquier fiscal adjunto en particular, siempre que la ley no reserve explícitamente su resolución para ante algún otro órgano del servicio;
c) Conducir la gestión administrativa del Ministerio Público en la región. En consecuencia, deberá velar por el eficaz desempeño del personal a su cargo, administrará el presupuesto del servicio y confeccionará y propondrá al Fiscal Nacional el presupuesto regional.
d) Presentar al Fiscal Nacional, al menos una vez al año, un informe que contenga las dificultades e inconvenientes habidos en el funcionamiento del servicio regional y las propuestas concretas para mejorar la gestión regional, así como su opinión y sugerencias respecto del mejoramiento o reformulación de políticas de persecución penal en razón de las características de su región.
e) Proponer para la aprobación del Fiscal Nacional, las oficinas locales que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del servicio de la región.
Artículo 30.- El Fiscal Regional deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el Fiscal Nacional, tanto en cuanto a los criterios para el ejercicio de la acción penal pública, como a la administración del servicio.
Con todo, el Fiscal Regional podrá objetar su aplicación en razón de ser manifiestamente ilegales o contrarias a las políticas generales aprobadas. La objeción deberá ser formulada por escrito al Fiscal Nacional, salvando así su responsabilidad.
El Fiscal Nacional conocerá la objeción y podrá modificar la instrucción. Si insiste en su primitiva decisión, deberá solicitar la opinión del Consejo General. De no acogerla, deberá fundar su resolución, la que se hará extensiva respecto de todos los demás fiscales regionales, y será aplicada por todos los órganos del Ministerio Público, asumiendo el Fiscal Nacional la plena responsabilidad.
Artículo 31.- Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte Apelaciones de la respectiva región. Si en la región existe más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la de más antigua creación.
Las ternas se formarán en una misma y única votación, en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por dos personas. Resultarán elegidos quienes obtengan las tres primeras mayorías. De producirse un empate, éste se resolverá mediante sorteo.
Para formar las ternas, el Fiscal Nacional convocará a un concurso público de antecedentes con la debida anticipación y mediante publicaciones en el Diario Oficial y, a lo menos, en dos diarios de circulación regional. La o las Cortes de Apelaciones designarán una comisión integrada por al menos tres de sus miembros, la cual citará a una audiencia pública, que se anunciará a través de un diario de circulación regional con cinco días de anticipación, a la que concurrirán los candidatos a la terna. El objetivo de dicha audiencia será evaluar la idoneidad de los candidatos. Finalizada la audiencia, la comisión informará al pleno de sus resultados.
Esta forma de designación se aplicará en las regiones en que haya más de un Fiscal Regional, para el nombramiento de cada uno de ellos.
Artículo 32.- La designación del Fiscal Regional se realizará, a más tardar, sesenta días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones o dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que el Fiscal Regional haya dejado de servir su cargo por razones diversas a la expiración del plazo legal.
Los fiscales regionales durarán diez años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.
Artículo 33.- Durante el mes de enero de cada año, los fiscales regionales deberán rendir, en audiencia pública, una cuenta de la gestión en la región, incluyendo en ella una descripción de las principales actividades del servicio en el período de que se trata; las dificultades e inconvenientes habidos en el funcionamiento del servicio regional; un resumen estadístico del mismo y propuestas concretas para mejorar la gestión regional, así como también su opinión y sugerencias respecto de mejoramiento o reformulación de políticas de persecución penal en razón de las características de su región.
En los casos en que exista más de una fiscalía regional en la respectiva región, la cuenta anual será presentada en conjunto por los respectivos fiscales.
A esta audiencia pública concurrirán los fiscales adjuntos y fiscales coordinadores especializados que funcionen en la región y serán invitados a ella los miembros del poder judicial con asiento en la región, del gobierno regional y municipal respectivos, y cualquier otra persona o autoridad que los fiscales regionales determinen.
Deberá remitirse copias de la cuenta al Fiscal Nacional, a la Intendencia Regional y las Cortes de Apelaciones de la respectiva región, todas las cuales serán públicas. Además, copias de la misma deberán encontrarse a disposición del público en la fiscalía regional y en todas ellas cuando exista más de una.
Artículo 34.- Cada Fiscal Regional designará al fiscal adjunto llamado a subrogarlo. En caso de no haber designación, lo subrogará el fiscal adjunto más antiguo de la región o del territorio de su competencia cuando en ésta exista más de un Fiscal Regional.
Párrafo 5º
Fiscales adjuntos
Artículo 35.- Existirán fiscales adjuntos, quienes podrán intervenir directamente en los procesos penales en nombre del Ministerio Público.
Artículo 36.- Los fiscales adjuntos desempeñarán sus funciones de tales en las fiscalías de acuerdo con las instrucciones que determine el Fiscal Regional respectivo.
Los criterios de distribución de casos que deberá llevar cada fiscal adjunto, serán determinados en el Reglamento.
Artículo 37.- Los fiscales adjuntos estarán obligados a obedecer las instrucciones del Fiscal Regional, sean éstas generales o se refieran a uno o más casos en particular.
Sin embargo, el Fiscal Adjunto podrá objetar una instrucción del Fiscal Regional cuando considere que existe una ilegalidad. Esta objeción será presentada por escrito al Fiscal Regional que haya dado la instrucción.
Formulada la objeción, el Fiscal Regional podrá acogerla y permitir que el fiscal adjunto actúe según su opinión. Asimismo podrá rechazarla y remover al fiscal adjunto del conocimiento del caso o, rechazarla por decisión fundada e insistir en el cumplimiento de la instrucción, asumiendo la plena responsabilidad. En este último caso, el fiscal adjunto podrá ejercer la facultad que le otorga el artículo siguiente.
Artículo 38.- Cualquier fiscal adjunto podrá reclamar ante el Fiscal Nacional cuando considere que alguna medida del Fiscal Regional afecte injustificadamente el ejercicio de sus funciones. En tales casos, el Fiscal Nacional podrá obligar al Fiscal Regional a modificar su decisión, oyéndolo previamente.
Esta misma facultad tendrán los fiscales adjuntos cuando, de conformidad al artículo anterior, consideren que una instrucción del Fiscal Regional es ilegal.
Artículo 39.- Los fiscales adjuntos serán designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del Fiscal Regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público. Los concursos se regirán por las instrucciones que al efecto dicte el Fiscal Nacional e incluirán exámenes escritos, orales y una evaluación de los antecedentes académicos y laborales de los postulantes.
Las instrucciones que se dicten para los concursos públicos serán incorporadas en el llamado al mismo, el que será convocado mediante avisos que deberán publicarse al menos dos veces en días distintos en un diario de circulación nacional y dos en un diario de circulación regional.
Artículo 40.- Para ser Fiscal Adjunto se requiere:
a) Ser ciudadano chileno con derecho a sufragio;
b) Ser abogado, y
c) No estar sujeto a ninguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en esta ley.
Artículo 41.- Los fiscales adjuntos serán evaluados anualmente por el Fiscal Regional respectivo, de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte el Fiscal Nacional, las que señalarán los criterios objetivos que permitan un examen adecuado del desempeño de sus funciones. Las instrucciones y los criterios objetivos a que se alude precedentemente deberán ser puestos a disposición de cada Fiscal Adjunto, manteniéndose para tal efecto copia de los mismos en las fiscalías regionales.
A partir de la evaluación realizada, el Fiscal Regional deberá proponer la ubicación de cada uno de los adjuntos en el escalafón.
El Fiscal Nacional podrá solicitar al Consejo General que informe si en el proceso de evaluación, se han seguido las instrucciones dadas por él. El Consejo General podrá sugerir al Fiscal Nacional cambios en las ubicaciones propuestas.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá al Fiscal Nacional sancionar el escalafón para el año siguiente.
Artículo 42.- Los fiscales adjuntos podrán ser removidos cuando, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, su rendimiento haya dejado de ser satisfactorio o haya incurrido en una transgresión grave de los deberes del servicio.
Artículo 43.- Los fiscales adjuntos podrán ser removidos por el Fiscal Nacional a solicitud de Fiscal Regional. Previamente, el Fiscal Regional deberá notificar personalmente al Fiscal Adjunto de la solicitud, entregándole copia de la misma, la que deberá contener, a lo menos, los cargos y hechos que los constituyen. El Fiscal Adjunto tendrá un plazo de diez días contado desde la notificación, para presentar sus descargos ante el Fiscal Regional. Recibidos éstos, el Fiscal Regional deberá remitir al Fiscal Nacional la solicitud de remoción y los correspondientes descargos si se hubieren presentados.
El Fiscal Nacional resolverá sobre la remoción, previa audiencia del afectado, debiendo siempre fundar la resolución que remueva al Fiscal Adjunto.
Artículo 44.- Los fiscales adjuntos cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad.
TÍTULO IV
INHABILIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 45.- Se aplicarán a los fiscales del Ministerio Público las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 194 y 195 del párrafo XI, Título VII del Código Orgánico de Tribunales.
Artículo 46.- Los fiscales del Ministerio Público deberán representar por escrito su inhabilidad dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de tomar conocimiento de la causal que los afecta, y, desde ese momento, deberán abstenerse de toda actuación personal en el caso respectivo. Con todo, si de esa inactividad se siguiere perjuicio para la investigación, deberá solicitar que se designe a otro fiscal para que asuma temporalmente el asunto y practique u ordene practicar las diligencias que correspondan.
Artículo 47.- Si la implicancia o recusación fuere solicitada por un interviniente en el procedimiento, éstas deberán realizarse verbalmente o por escrito. En este caso, el Fiscal seguirá tramitando la causa respectiva, hasta que se resuelva la implicancia o resolución.
Artículo 48.- La implicancia de oficio, o la solicitud de implicancia o recusación planteada por alguno de los intervinientes en el procedimiento, deberá ser resuelta dentro de quinto día de recibida la solicitud respectiva.
Si la resolución del superior declara la concurrencia de la causal de implicancia o recusación invocada, se deberá asignar el caso a otro Fiscal para que inicie o continúe la tramitación del asunto en que recae. Si la resolución rechaza la concurrencia de la causal, el Fiscal originario mantendrá la titularidad del caso.
Artículo 49.- Las inhabilidades que afecten a un Fiscal Adjunto, serán presentadas ante el Fiscal Regional respectivo para su conocimiento y resolución, salvo que se trate de los fiscales coordinadores especializados, caso en el cual podrán ser presentadas ante el Fiscal Nacional o ante el Fiscal Regional del domicilio del interviniente que la haya representado. El Fiscal Regional deberá remitirla al Fiscal Nacional para su conocimiento y resolución.
La resolución que acepte o rechace la concurrencia de la causal de inhabilitación invocada, no será susceptible de reclamación alguna.
TÍTULO V
INCAPACIDADES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
Artículo 50.- No pueden acceder al cargo de Fiscal:
a) Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad;
b) Quienes no cuenten con salud o las condiciones físicas necesarias para el ejercicio del cargo;
c) Los que se hallaren acusados o hayan sido condenados por crimen o simple delito;
d) Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley, y
En el caso de sobrevenir alguna de las causales contempladas en este artículo, el fiscal será removido de su cargo. Tratándose del Fiscal Nacional, la declaración de incapacidad deberá ser realizada de conformidad a esta ley.
En el caso de las situaciones previstas en la letra c), la declaración de incapacidad y la remoción se realizarán una vez que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. Con anterioridad a ello, el Fiscal podrá ser suspendido de sus funciones con goce de media remuneración equivalente a la mitad de la remuneración.
Artículo 51.- No podrán desempeñarse en una misma Fiscalía Regional, los cónyuges y las personas vinculadas por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ni los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Estas incompatibilidades también regirán entre los fiscales que integran el Consejo General y entre el Fiscal Nacional y cualquier otro miembro de la institución.
Artículo 52.- No podrá existir relación conyugal ni parentesco de consanguinidad o de afinidad en la línea recta o en la colateral hasta el segundo grado inclusive, entre el Fiscal a cargo de un asunto y el juez de control de la instrucción o de alguno de los miembros del tribunal del juicio oral ante quienes aquél deba desempeñar sus funciones.
Artículo 53.- Las funciones del Ministerio Público son incompatibles con todo otro empleo remunerado, con excepción de las de docente de los establecimientos de educación media o superior del Estado, reconocidos por éste o de las Municipalidades, en cualquiera de sus modalidades, o de otros institutos o establecimientos de enseñanza dependientes de servicios públicos o instituciones privadas, hasta por un límite de seis horas semanales.
La compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas que no haya podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles.
Artículo 54.- Los funcionarios del Ministerio Público estarán afectos a las siguientes prohibiciones:
a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no estén legalmente investidos, o no les hayan sido delegadas conforme a la ley;
b) Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción;
c) Actuar directa o indirectamente contra los intereses del Estado o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un hecho que afecte directamente al funcionario, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción;
d) Intervenir en los tribunales de justicia como parte personalmente interesada, testigo o perito, respecto de hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en procedimiento en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin previa comunicación a su superior jerárquico;
e) Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su conocimiento o resolución, o exigir para esos efectos, documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes;
f) Solicitar, hacerse prometer, o aceptar, en razón del cargo o con motivo de las funciones que le corresponde desempeñar, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza, para sí o para terceros;
g) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales;
h) Realizar cualquier actividad política dentro de la institución o usar su autoridad, cargo o los bienes de la misma para fines ajenos a sus funciones, e
i) Organizar sindicatos en la institución.
Las infracciones a este artículo, serán sancionadas con las medidas señaladas en el artículo 11.
TÍTULO VI
CAPACITACIÓN
Artículo 55.- El Ministerio Público deberá ofrecer programas destinados a la capacitación de sus integrantes, los que deberán ser aprobados por el Fiscal Nacional, pudiendo ser propuestos por los fiscales regionales. Dichos programas siempre deberán garantizar un acceso igualitario de los funcionarios del servicio.
Para la realización de los programas de capacitación, se llevará a cabo una licitación, al que podrán postular instituciones públicas o privadas y personas naturales, nacionales e internacionales. El Ministerio Público podrá ejecutar directamente la capacitación o la podrá realizar a través de convenios con terceros, debiendo fundar, en ambos caos, su decisión.
El reglamento determinará el monto de los recursos anuales que se destinarán a actividades de capacitación así como su periodicidad, formas de selección de los alumnos, bases de los concursos; licitación de fondos y los niveles de exigencias mínimas que se requerirá a quienes realicen la capacitación.
Artículo 56.- Los funcionarios que como consecuencia de la participación en los programas de capacitación se vean impedidos de desempeñar las labores de su cargo, conservarán el derecho a percibir las remuneraciones correspondientes.
La asistencia a cursos obligatorios de capacitación fuera de la jornada ordinaria de trabajo, dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo efectivo de asistencia a clases.
Artículo 57.- Los funcionarios seleccionados para seguir cursos de capacitación tendrán la obligación de asistir a éstos desde el momento en que hayan sido seleccionados para ello y los resultados que obtengan deberán ser considerados para la evaluación de su desempeño.
Los funcionarios que postulen a programas de capacitación financiados por el servicio, deberán garantizar su permanencia en la institución por un período que se estime adecuado para retribuir el beneficio recibido.
TÍTULO VII
PRESUPUESTO
Artículo 58.- El Ministerio Público se sujetará a las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado.
Corresponderá al Fiscal Nacional presentar, anualmente, una proposición del presupuesto del servicio para ser incluida en la Ley de Presupuestos.
TÍTULO VIII
DEL PATRIMONIO
Artículo 59.- El patrimonio del Ministerio Público estará formado por los siguientes bienes:
a) Los aportes que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos y en otras leyes generales o especiales;
b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título, y
c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.
El Ministerio Público no podrá recibir donaciones de ningún tipo.
TÍTULO FINAL
NORMAS GENERALES
Artículo 60.- Las normas e instrucciones dictadas por el Fiscal Nacional son obligatorias para todos los órganos de la institución y tienen carácter público.
Artículo 61.- El Fiscal Nacional podrá contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando las necesidades del servicio así lo requieran para un período de tiempo determinado.
Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de esta ley.
Artículo 62.- Los funcionarios del Ministerio Público tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida, su integridad física o psíquica, o su honra, con motivo del desempeño de sus funciones.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Justicia ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda .”
INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
MENSAJE Nº 11-337
La aplicación del presente Proyecto de Ley no importará gasto fiscal durante el Ejercicio Presupuestario del año 1998.
(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos .”
2. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que concede asignaciones especiales transitorias y otros beneficios al personal de la Contraloría General de la República. (Boletín Nº 2.136-05)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Arturo Aylwin , Contralor General de la República ; Gustavo Sciolla y doña Patricia Arriagada , Jefe de la División Toma de Razón y Abogada asesora de la Contraloría General de la República, respectivamente.
Concurrieron también, especialmente invitados, los señores Rafael Reyes , Javier Navarrete , Óscar Arévalo y Antonio Zapata , Presidente , Vicepresidente , Secretario y Asesor, respectivamente, de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República.
I. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
La iniciativa tiene por objeto, como su nombre lo indica, conceder asignaciones especiales y otros beneficios al personal de la Contraloría General de la República dentro del proceso de modernización de la gestión de dicha entidad fiscalizadora que abarcará también una adecuación estatutaria y del sistema de remuneraciones del personal.
El proyecto propuesto contiene seis artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
II. IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
La iniciativa pretende enfrentar transitoriamente las limitaciones coyunturales de las remuneraciones del personal de la Contraloría General de la República, otorgándoles dos asignaciones que regirían hasta la entrada en vigencia de la nueva planta funcionaria. La primera es de carácter general y, como tal, favorece a todo el personal de la citada institución. La segunda, beneficia a quienes se encuentran en las plantas Directiva, Profesional, de Fiscalizadores y de Jefaturas.
Con iguales fundamentos se conceden a tales funcionarios los beneficios otorgados por la ley Nº 19.553 al resto del sector público, que comprenden una bonificación adicional al bono de escolaridad, el aporte a los Servicios de Bienestar, estímulos especiales por desempeño en la Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones, e indemnización por cese para acogerse a jubilación, con las adecuaciones pertinentes.
III. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.
La normativa propuesta no modifica texto legal alguno, no obstante que en parte concede a los funcionarios de la Contraloría General de la República algunos de los beneficios que mediante la ley Nº 19.553 fueron otorgados al resto del sector público, como consecuencia del acuerdo entre la Anef y el Gobierno.
IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estima el costo del proyecto en 1.542 millones de pesos para 1998 y en 1.428 millones de pesos para 1999, de acuerdo con el siguiente detalle:
Ítem 1998 1999 En régimen
Mill. $ Mill. $ Mill. $
Asignación General y Asignación 1.301 1.301 1.301
de complemento
Incentivo al retiro 228 114 0
Extensión de beneficios de la ley Nº 19.533 13 13 13
Total 1.542 1.428 1.314
Con fecha de hoy, la Dirección de Presupuestos actualizó su informe original, en relación a la indicación del Ejecutivo al artículo 1º transitorio que se consigna más adelante, estimando un compromiso financiero por una sola vez de $ 455 millones, por concepto del componente incentivo al retiro, lo que se traduce en un mayor gasto fiscal de $ 113 millones.
V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
El señor Contralor General de la República expresó a la Comisión su preocupación por el deterioro de las remuneraciones que afectaría al organismo contralor, lo cual se manifiesta en el desinterés de profesionales calificados por ingresar a la Contraloría y en la fuga de funcionarios con experiencia en busca de mejores oportunidades laborales. Esta realidad tiene un significado presente y otro que se inserta en los objetivos de modernización de la institución de más largo alcance.
Se planteó que mientras se resuelve el problema permanente vinculado a la dictación de una nueva planta funcionaria, un plan de modernización y un régimen estatutario y de remuneraciones moderno, la iniciativa propuesta satisface expectativas vigentes del personal de Contraloría, las que serían de justicia, ya que los beneficios son en parte similares a los contemplados en la ley Nº 19.553.
Los representantes de la Asociación de Empleados de la Contraloría manifestaron interés en un pronto despacho del proyecto, no obstante formularle algunas observaciones puntuales. Hicieron hincapié en que la indemnización propuesta en el artículo 1º transitorio no sería estímulo suficiente para incentivar a jubilar a quienes cumplen en la actualidad con los requisitos necesarios para hacerlo y profundizaron sobre situaciones especiales de la estructura funcionaria que están impidiendo una renovación de sus cuadros.
Los representantes del Ejecutivo destacaron el trabajo realizado con las autoridades de la Contraloría, durante el año 1997, para estructurar un plan de modernización a 3 ó 4 años que incorpore metas de gestión y un mejoramiento significativo de las remuneraciones de su personal, lo que dio lugar a una solución más inmediata que recoge el proyecto en informe con carácter transitorio.
Los miembros de la Comisión debatieron, entre otros aspectos, la conveniencia de efectuar una efectiva modernización de la Contraloría en un tiempo razonable, acotando los efectos del proyecto en el tiempo. Se estimó que la indemnización del artículo 1º transitorio era insuficiente para alcanzar resultados y que el artículo 2º transitorio no precisaba en detalle el origen de los recursos para sufragar el mayor gasto fiscal.
Sometido a votación en general el proyecto fue aprobado por unanimidad.
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
En relación con este párrafo cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º, se concede a todo el personal de la referida institución, desde Fuera de Grado (F/G) hasta el grado 23, una asignación mensual del monto que se indica, para cada grado en forma decreciente.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º, se otorga al personal de las Plantas de Directivos, Profesionales, Fiscalizadores y Jefaturas, o asimilados a ellas, una asignación mensual de complemento, del monto que se señala para cada grado, desde F/G hasta el grado 15, también de manera decreciente.
En el inciso segundo, se precisa que las asignaciones antes referidas no serán imponibles ni servirán de base para la determinación de ninguna remuneración o beneficio, con excepción de la asignación del artículo 12 de la ley Nº 19.041 que corresponde a las entidades fiscalizadoras que indica.
El Diputado Dittborn, don Julio , formuló una indicación para sustituir el inciso segundo, por el siguiente:
“Las asignaciones de que trata este artículo y el artículo 1º serán imponibles pero no servirán de base para la determinación de ninguna remuneración o beneficio, con excepción de la asignación del artículo 12 de la ley Nº 19.041.”
Puesta en votación la indicación precedente fue rechazada por 1 voto a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones.
El Diputado Lorenzini, don Pablo , formuló una indicación para agregar, en el inciso segundo, entre las palabras “imponibles” y “ni” las expresiones “, por su carácter de transitorias”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
Puesto en votación el artículo 2º fue aprobado por 9 votos a favor y una abstención.
Por el artículo 3º , se concede al personal que se desempeñe en la Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones una asignación no imponible de $ 127.200 anuales que se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, siendo los montos proporcionales al tiempo trabajado.
El Diputado Dittborn, don Julio , formuló una indicación para eliminar la palabra “no” entre las expresiones “asignación” e “imponible”, la cual fue rechazada por 1 voto a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones.
El Diputado Lorenzini, don Pablo , formuló una indicación para agregar entre las palabras “imponible” y “de” las expresiones “, por su carácter de transitoria,”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
Puesto en votación el artículo 3º fue aprobado por unanimidad.
Por el artículo 4º, se otorga al personal de la Contraloría una bonificación adicional al bono de escolaridad del artículo 15 de la ley Nº 19.533, de $ 10.000 por cada hijo que cause este derecho cuando la remuneración bruta sea igual o inferior a $ 200.000 mensuales.
En el inciso segundo, se establece la incompatibilidad de esta bonificación con otro beneficio similar.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Por el artículo 5º, se otorga un aporte extraordinario al Servicio de Bienestar de la Contraloría que ascenderá al 10% del aporte máximo señalado en el artículo 23 del decreto ley Nº 249, de 1974, que corresponda al 1 de enero de 1998.
Sometido a votación este artículo fue aprobado en forma unánime.
Por el artículo 6º, se dispone que el proyecto entrará en vigencia a contar del 1 de enero de 1998.
Los Diputados señores Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Galilea, don Pablo ; García, don José ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Huenchumilla, don Francisco ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos , y Palma, don Andrés , formularon una indicación para agregar a continuación de “1998”, la frase “y producirán efecto hasta el 31 de diciembre de 1998.”
Puesto en votación el artículo 6º con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.
Por el artículo 1º transitorio, se establece un incentivo monetario para los funcionarios de planta que estén en condiciones de obtener jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, el que no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.
En el inciso segundo, se hace extensivo el beneficio para aquellos funcionarios a contrata que reúnan los requisitos señalados.
En el inciso tercero, se dispone que los funcionarios que cesen en sus cargos por aplicación de esta normativa no podrán ser designados en la Contraloría durante los cinco años siguientes al término de su relación de trabajo, a menos que devuelvan el beneficio percibido, en las condiciones que indica.
El Ejecutivo formuló una indicación en los siguientes términos:
1) Para sustituir, en su inciso primero, la expresión inicial “Durante los años 1998 y 1999”, por la oración “Durante el plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley,”, y
2) Para sustituir, en su inciso primero, la expresión “con un máximo de seis,” por “con un máximo de ocho,”.
Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º transitorio, se establece que el mayor gasto que irrogue el proyecto se financiará con recursos contemplados en el presupuesto de la Contraloría General de la República, siendo de cargo de la partida Tesoro Público aquella parte no cubierta con la primera.
Puesto en votación este artículo fue aprobado en forma unánime.
VII. CONSTANCIAS.
1. Disposiciones del proyecto que deben aprobarse con quórum especial
No hay.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas
Del Diputado Dittborn, don Julio , a los artículos 2º y 3º .
3. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad
El artículo 2º .
4. Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VIII. CONCLUSIÓN.
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que os dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Concédese a todo el personal de la Contraloría General de la República una asignación mensual por el monto que se señala para cada grado:
GRADO MONTO
F/G $ 161.665
1-B 127.778
2 123.210
3 115.630
4 109.091
5 103.942
6 96.209
7 91.768
8 86.133
9 81.320
10 76.608
11 67.206
12 59.237
13 52.206
14 46.260
15 40.971
16 36.066
17 28.256
18 24.185
19 19.892
20 16.442
21 13.493
22 11.300
23 10.139
Artículo 2º.- Otórgase al personal de la Contraloría General de la República que pertenezca o se encuentre asimilado a las plantas de Directivos, Profesionales, Fiscalizadores y Jefaturas, una asignación mensual de complemento, del monto que se indica para cada grado:
GRADO MONTO
F/G $ 107.776
1 B 85.185
2 82.140
3 77.087
4 72.728
5 69.294
6 64.139
7 61.178
8 57.422
9 54.214
10 51.072
11 44.804
12 39.491
13 34.804
14 30.840
15 27.314
Las asignaciones de que tratan este artículo y el artículo 1º no serán imponibles, por su carácter de transitorias, ni servirán de base para la determinación de ninguna remuneración o beneficio, con excepción de la asignación del artículo 12 de la ley Nº 19.041.
Artículo 3º.- Concédese al personal de la Contraloría General de la República que se desempeñe en la Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones una asignación no imponible, por su carácter de transitoria, de $127.200 anuales, la que se pagará en cuatro cuotas iguales que vencerán el día 1 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos por percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.
Artículo 4º.- Concédese al personal de la Contraloría General de la República una bonificación adicional al bono de escolaridad que otorga el artículo 15 de la ley Nº 19.533, de $10.000 por cada hijo que cause este derecho, cuando, a la fecha de pago del bono, los funcionarios tengan una remuneración bruta igual o inferior a $200.000 mensuales. Esta bonificación se pagará con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se someterá, en lo demás, a las reglas que rigen dicho bono.
La bonificación de que trata el inciso precedente será incompatible con otro beneficio similar que legalmente pudiere corresponderle a este personal.
Artículo 5º.- Otórgase un aporte extraordinario al Servicio de Bienestar de la Contraloría General de la República que ascenderá al 10% del aporte máximo a que se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 249, de 1974, que corresponda al 1 de enero de 1998.
Artículo 6º.- Las normas de la presente ley entrarán en vigencia a contar del 1 de enero de 1998, y producirán efecto hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Disposiciones transitorias
Artículo 1º.- Durante el plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley, los funcionarios de planta de la Contraloría General de la República que reúnan los requisitos para obtener jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, a quienes se les pidiere la renuncia o hicieren dejación voluntaria de sus cargos, con el objeto de acogerse a alguno de estos beneficios, tendrán derecho a un incentivo monetario, equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de ocho, el que no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.
Podrán acogerse a las disposiciones de este artículo aquellos funcionarios a contrata que reúnan las exigencias del inciso primero, que en los tres últimos años anteriores al 1 de noviembre de 1997 no hayan cambiado la calidad jurídica de su designación, pasando desde un cargo de planta a un empleo a contrata, y que, además, no hayan experimentado modificación en su grado de contratación con posterioridad a esa fecha.
Los funcionarios que cesen en sus cargos por aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrán ser designados en ninguna calidad jurídica, ni aun sobre la base de honorarios, en la Contraloría General de la República, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.
Artículo 2º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos que se contemplen en el presupuesto de la Contraloría General de la República y, en lo que no alcanzare, con cargo a aquellos que se consulten en la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.”.
Sala de la Comisión, a 25 de marzo de 1998.
Acordado en sesión de fecha 24 de marzo de 1998, con la asistencia de los Diputados señores Palma, don Andrés ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Galilea, don Pablo ; García, don José ; Huenchumilla, don Francisco ; Jaramillo, don Enrique ; Kuschel, Carlos Ignacio ; Longueira, don Pablo ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos , y Ortiz, don José Miguel .
Se designó Diputado Informante al señor Dittborn, don Julio .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión .”