Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Alfonso Zuniga Opazo
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Miguel Hernandez Saffirio
- Alejandro Navarro Brain
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Maria Isabel Allende Bussi
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- TRAMITACIÓN Y DESPACHO DE PROYECTO DE LA TABLA.
- VI. FÁCIL DESPACHO
- RESTABLECIMIENTO DE FERIADO BANCARIO. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- DEBATE
- RESTABLECIMIENTO DE FERIADO BANCARIO. Tercer trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE BIENES FISCALES ASIGNADOS A COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO. Alcance del inciso cuarto del artículo 113 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- DEBATE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Felipe Valenzuela Herrera
- Sergio Aguilo Melo
- Jaime Naranjo Ortiz
- Felipe Valenzuela Herrera
- Maria Isabel Allende Bussi
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Ignacio Balbontin Arteaga
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Sergio Morales Morales
- Guido Girardi Lavin
- Sergio Aguilo Melo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Alejandro Navarro Brain
- Pacifico Encina Romero
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Carlos Montes Cisternas
- Eugenio Tuma Zedan
- Felipe Letelier Norambuena
- Anibal Perez Lobos
- Juan Pablo Letelier Morel
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Exequiel Silva Ortiz
- Sergio Ojeda Uribe
- Homero Gutierrez Roman
- Fanny Pollarolo Villa
- NOMBRAMIENTO DE DON JUAN SOMAVÍA ALTAMIRANO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Rocha Manrique
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Perez Arriagada
- Samuel Venegas Rubio
- Dario Paya Mira
- Ivan Moreira Barros
- Juan Nunez Valenzuela
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Adriana Munoz D'albora
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eliana Caraball Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Eugenio Tuma Zedan
- Waldo Mora Longa
- Felipe Letelier Norambuena
- Roberto Leon Ramirez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ACUERDO DE LOS COMITÉS PARA RESOLVER TEMA DE LA TRAMITACIÓN Y VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO.
- RECHAZO A TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, RELIGIOSA O ÉTNICA.
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Alfonso Zuniga Opazo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Jose Makluf Campos
- Baldo Prokurica Prokurica
- Pablo Galilea Carrillo
- Alfonso Vargas Lyng
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Fanny Pollarolo Villa
- Lily Perez San Martin
- Eliana Caraball Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jose Maria Lorca
- DEBATE
- MEDIDAS EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Adriana Munoz D'albora
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Dario Paya Mira
- Arturo Longton Guerrero
- Marina Prochelle Aguilar
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Jaime Naranjo Ortiz
- Eliana Caraball Martinez
- Baldo Prokurica Prokurica
- Claudio Alvarado Andrade
- Cesar Diaz-munoz Cormatches
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DE INCOMPATIBILIDADES LEGALES QUE AFECTAN A TRANSPORTE PÚBLICO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pablo Lorenzini Basso
- Sergio Ojeda Uribe
- Anibal Perez Lobos
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Homero Gutierrez Roman
- Juan Masferrer Pellizzari
- Enrique Jaramillo Becker
- Miguel Hernandez Saffirio
- Haroldo Fossa Rojas
- Marina Prochelle Aguilar
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eliana Caraball Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Claudio Alvarado Andrade
- Roberto Delmastro Naso
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PORTADA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Exequiel Silva Ortiz
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Dario Paya Mira
- Felipe Letelier Norambuena
- INTEGRACIÓN
- IX. INCIDENTES
- APLICACIÓN DE SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL. Oficio.
- MEDIDAS PARA PREVENIR INUNDACIONES EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN COMUNA DE PEÑALOLÉN. Oficio.
- OTORGAMIENTO DE PENSIÓN PROPORCIONAL A COTIZACIONES A AFILIADOS AL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Oficio.
- OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN DE TÍTULO A TÉCNICOS UNIVERSITARIOS. Oficios.
- PAVIMENTACIÓN DE VÍA CALETERA EN FUTURA CARRETERA “GENERAL SAN MARTÍN”. Oficio.
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE VERTEDERO EN LONQUÉN. Oficio.
- IMPROCEDENCIA DE QUERELLA EN CONTRA DE ALCALDE DE COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA . Oficios.
- MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
- ACCIONES POR CONTAMINACIÓN DE BAHÍA DE SAN VICENTE. Oficios.
- MANTENCIÓN DE LA PESQUERÍA DEL JUREL EN SAN ANTONIO. Oficio.
- RÉPLICA A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 4ª, en martes 24 de marzo de 1998
(Ordinaria, de 11.06 a 15.09 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y de la señora Muñoz D'Albora, doña Adriana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- FÁCIL DESPACHO
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
Archivo de proyectos 10
V. Acuerdos de los Comités 10
Tramitación y despacho de proyecto de la Tabla 11
VI. Fácil Despacho.
Restablecimiento de feriado bancario. Tercer trámite constitucional 11
VII. Orden del Día.
Ampliación de facultades de la Fiscalía Nacional Económica. Primer trámite constitucional 15
VIII. Proyectos de acuerdo.
-o-
- Preferencia para tratar proyecto de acuerdo 34
-o-
- Constitución de Comisión investigadora de bienes fiscales asignados a Comandancia en Jefe del Ejército. Alcance del inciso cuarto del artículo 113 del Reglamento 35
- Nombramiento de don Juan Somavía Altamirano como Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 41
-o-
- Acuerdo de los Comités para resolver tema de la tramitación y votación de los proyectos de acuerdo 42
-o-
- Rechazo a todo tipo de discriminación política, social, religiosa o étnica 43
- Medidas en favor del adulto mayor 45
Pág.
- Eliminación de incompatibilidades legales que afectan a transporte público 47
-o-
- Integración de Comisión Mixta 49
-o-
IX. Incidentes.
- Aplicación de sistema de telefonía móvil. Oficio 49
- Medidas para prevenir inundaciones en la Décima Región. Oficios 50
- Instalación de estación de transferencia de residuos sólidos domiciliarios en comuna de Peñalolén. Oficio 50
- Otorgamiento de pensión proporcional a cotizaciones a afiliados al Instituto de Normalización Previsional. Oficio 51
- Otorgamiento de asignación de título a técnicos universitarios. Oficios 52
- Pavimentación de vía caletera en futura carretera “General San Martín”. Oficio 53
- Rechazo a instalación de vertedero en Lonquén. Oficio 54
- Improcedencia de querella en contra de alcalde de comuna “Pedro Aguirre Cerda”. Oficios 55
- Medidas para el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota. Oficio 57
- Acciones por contaminación de bahía de San Vicente. Oficios 58
- Mantención de la pesquería del jurel en San Antonio. Oficio 59
- Réplica a expresiones del Presidente de la Unión Demócrata Independiente 60
X. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos (boletín Nº 1978-13) 65
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República quien, de conformidad con las facultades que le confiere el inciso tercero del artículo 52 de la Constitución Política de la República comunica que ha resuelto retirar de la actual convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (boletín Nº 2119-06) 65
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del Diputado señor Ascencio quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 25 de marzo en curso.
2. Oficios:
-De las Comisiones de Defensa Nacional; Agricultura, Silvicultura y Pesca; Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente; Vivienda y Desarrollo Urbano; Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; Ciencias y Tecnología, y de Familia por los cuales comunican que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedieron a elegir como Presidentes a los Diputados señores Encina, Hernández, Navarro, señora Caraball, señores Ojeda, Jarpa y señora Allende, respectivamente.
-De las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y de Familia que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Corporación, solicitan a la Sala el archivo de los siguientes proyectos, por haber transcurrido dos años sin que exista un pronunciamiento acerca de ellos:
-Moción del Diputado señor Errázuriz, que modifica la Ley de Matrimonio Civil en lo relativo a las causales de nulidad (boletín Nº 1307-18).
-Moción de los Diputados señores Elizalde, Hamuy y Sabag, que modifica la Ley de Menores en lo relativo a las notificaciones (boletín Nº 1406-18).
-Moción del Diputado señor Bombal, que dicta normas sobre protección a la criatura en gestación y amparo de los derechos de la personalidad (boletín Nº 1583-18).
-Del Jefe de Bancada del Partido por la Democracia, mediante los cuales comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del Reglamento de la Corporación, el Diputado señor Letelier, don Felipe, será reemplazado en forma permanente, en la Comisión de Ciencias y Tecnología, por el Diputado señor Barrueto, y el Diputado señor Barrueto será reemplazado en igual forma, en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, por el Diputado señor Letelier, don Felipe.
-Del Ministro Secretario General de la Presidencia por el cual comunica que S.E. el Presidente de la República acordó aprobar el archivo del proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo al pago de los permisos de circulación (boletín Nº 698-15).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (112)
(Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
-Asistió, además, el Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Álvaro García.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 32ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 33ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente , es más bien por una omisión de la Cuenta y quizás de futuras Cuentas.
Hace 12 días, se puso un artefacto explosivo en las oficinas del Diputado señor Jorge Ulloa, que causó serios daños a esa propiedad y a otras aledañas.
Sin duda, el objetivo del ataque terrorista fue amedrentar el trabajo político, legislativo y distrital de un diputado y amenazar a quienes trabajan con él en el distrito.
Han pasado 12 días y la Mesa y la Corporación han guardado absoluto silencio sobre el hecho. La lectura es totalmente clara: los diputados de Oposición que sufran atentados terroristas no cuentan con el apoyo político de la Mesa ni de la Corporación, y la Mesa no está preocupada de que se investiguen los hechos.
Por lo tanto, después de 12 días, pido a la Mesa que se pronuncie sobre este hecho, que considero grave, puesto que fue profusamente difundido por todos los medios de comunicación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , debe terminar su intervención porque no es materia de Cuenta.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Para terminar, en el boletín de prensa que la Cámara reparte a todos los diputados, no aparece. Que un diputado sufra un atentado terrorista en una sede parlamentaria es una noticia que no tiene importancia.
Por ello, solicito que la Mesa se pronuncie al respecto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En su oportunidad, podría comentar los llamados y consultas que hemos hecho.
Como el tema no es materia de Cuenta, lo podemos tratar en Comités o en Régimen Interno.
El señor VILCHES.-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente , el punto 2 del oficio de su Excelencia el Presidente de la República señala que ha retirado de la convocatoria a la legislatura extraordinaria del Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.
¿El oficio viene concebido en términos de retirar el proyecto sólo de este período de sesiones extraordinarias o de toda tramitación legislativa?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Secretaría me indica que es sólo para retirarlo de esta legislatura extraordinaria.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Se ha solicitado el archivo de proyecto por parte de las Comisiones de Agricultura y de Familia.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , solicito se excluya de la relación correspondiente a la Comisión de Agricultura el proyecto signado con el Nº 3, porque la materia de que trata es de mucho interés y tiene relevancia para los productos con denominación de origen, especialmente los agrícolas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá al archivo solicitado salvo el indicado por el Diputado Prokurica.
Acordado.
Solicito el acuerdo de la Sala para el archivo de proyectos solicitado por las Comisiones de Trabajo y de Educación, que estuvieron comprendidos en la Cuenta de la Sesión 1ª.
Acordado.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , entiendo que ya se recabó el acuerdo para aprobar la sugerencia de la Comisión de Familia de archivar ciertos proyectos. Por una inadvertencia nuestra no nos opusimos, pero quiero dejar constancia de que no estamos de acuerdo en archivar la moción del ex Diputado señor Bombal, que dicta normas sobre protección a la criatura en gestación y amparo de los derechos de personalidad. Nos parece que es una señal nefasta que la Comisión de Familia archive un proyecto de esa importancia.
He dicho.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Reunidos los Jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Gutenberg Martínez, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Considerar en la Tabla de Fácil Despacho de la presente sesión las modificaciones del Senado al proyecto que restablece el feriado bancario;
2. Tratar en la Tabla de Fácil Despacho del día de mañana miércoles las modificaciones del Senado al proyecto que condona intereses y multas a adquirentes de edificaciones municipales que indica;
3. Destinar la sesión ordinaria del jueves a conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de la normativa aplicable a los traspasos de acciones de grupos controladores de empresas y el rol de las entidades administrativas que tienen por misión regularlas.
Para tal efecto, se concederán hasta 30 minutos para la entrega del respectivo informe, distribuyéndose el resto del tiempo proporcionalmente entre las bancadas, y
En dicha sesión se suspenderán los tiempos destinados a proyectos de acuerdo e Incidentes.
4. Autorizar la agregación del tiempo que corresponde al Comité Mixto, en la hora de Incidentes, al Comité de la Unión Demócrata Independiente, alternadamente.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente , en los acuerdos de los Comités respecto de la sesión especial sobre la Comisión Enersis, a celebrarse el próximo jueves, se habla de dos informes, pero sólo hay un diputado informante , elegido por la unanimidad de la Comisión. Por lo tanto, no procede hablar de dos informes.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No teníamos esa información y pensamos que podía haber dos informes. Al no haber dos, se destinará tiempo sólo para el que corresponde.
TRAMITACIÓN Y DESPACHO DE PROYECTO DE LA TABLA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente , en el N° 12 de la Tabla figura el proyecto que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de diversos decretos leyes.
Soy partidario del proyecto y así lo voté cuando lo trató la Cámara. Sin embargo, el Senado le introdujo una serie de modificaciones de extraordinaria importancia.
Debo recordar que el texto original restituía bienes a personas particulares, a entidades laborales y organizaciones gremiales y que el Senado incorporó la restitución de bienes confiscados a los partidos políticos.
También estoy de acuerdo en eso, pero ello significará que una serie de instituciones quedarán absolutamente desprotegidas.
Por lo tanto, solicito que antes de que sea tratado por la Sala, el proyecto pase a la Comisión de Hacienda, a fin de reunirnos con las autoridades correspondientes y ver en detalle la situación en que quedará cada una de las instituciones que se verán privadas del inmueble que vienen ocupando por muchos años.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Me permito complementar la petición del Diputado señor José García, si la Sala lo tiene a bien, en el siguiente sentido: que el proyecto pase a la Comisión de Hacienda y se fije como fecha para su tratamiento en Sala, hasta su total despacho, el martes 5 de mayo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. FÁCIL DESPACHO
RESTABLECIMIENTO DE FERIADO BANCARIO. Tercer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En Fácil Despacho, corresponde pronunciarse respecto de las modificaciones del Senado al proyecto que restablece el feriado bancario.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2125-05, sesión 3ª, en 19 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en el segundo trámite constitucional del proyecto que modificaba la Ley de Bancos, el ex Senador Sebastián Piñera presentó una indicación que ponía término al feriado bancario que regía por ley desde 1965, con lo cual afectó a 45 mil funcionarios bancarios, de los cuales 8 mil laboran en el Banco del Estado. En el tercer trámite constitucional, tanto en la Comisión de Hacienda de nuestra Corporación como en la Sala, rechazamos por unanimidad esa modificación.
En esa oportunidad, se hizo especial hincapié en el tema del feriado bancario. Pero, la interpretación que dimos al artículo 38, sobre atención de público los sábados y el 31 de diciembre, a raíz de la exposición del Superintendente de Bancos en la Comisión de Hacienda , nos llevó al convencimiento de que nunca sucedería el hecho de que los funcionarios bancarios tuvieran que atender público el 31 de diciembre.
La realidad fue diferente. Pocos días antes de esa fecha nos encontramos con la sorpresa de que los bancos pretendían que los funcionarios atendieran público y, además, se preocupasen del término del balance de 1997.
Por eso, se presentó una iniciativa para explicitar el artículo 38 de la ley general de Bancos -recuerdo a los señores diputados que después de promulgada la ley se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, que fijó su texto fundido-, la que fue tramitada rápidamente en la Comisión de Hacienda y en la Sala. Se dijo que se había cometido una injusticia muy grande, porque ése no fue el espíritu del legislador, lo cual consta en la historia fidedigna de la ley.
Aprobamos la modificación al artículo 38, en virtud de la cual se estableció que por ningún motivo se atendería público el 31 de diciembre ni los sábados de cada semana. El Senado, que cumplió su segundo trámite la semana recién pasada, introdujo un inciso que consigna que puede hacerse en circunstancias extraordinarias, con autorización del Superintendente.
Al respecto, sostuvimos conversaciones con todos los dirigentes sindicales, tanto del Banco del Estado como de los bancos privados, quienes concuerdan en que el nuevo inciso regula claramente el tema en cuestión.
Nuevamente hago hincapié en que el espíritu de la ley es que el 31 de diciembre y los sábados los funcionarios no están obligados a trabajar, a menos que pase algo muy excepcional, que esperamos nunca suceda.
Por lo anterior, en nombre de la bancada democratacristiana manifiesto nuestro acuerdo con las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , anuncio el voto favorable de los diputados de Renovación Nacional a las modificaciones introducidas por el honorable Senado.
Tal como recordaba el Diputado señor Ortiz , en la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Bancos, nuestro espíritu fue el que figura en el texto aprobado por la Cámara, es decir, mantener como feriado el 31 de diciembre y que los sábados sólo se atienda público en forma excepcional, para lo cual los bancos requerirán la autorización de la Superintendencia. Lamentablemente, por algún error en alguna parte del proceso legislativo esto no quedó reflejado así y la ley no salió conforme al espíritu de nuestra Corporación y de la mayoría del Senado.
Las modificaciones del Senado restituyen la situación original aprobada por la Cámara, razón por la cual reitero nuestro voto favorable a ellas.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , tal como lo señaló el Diputado señor José García , lo que hace el texto del Senado es corregir un error que se cometió cuando se tramitó el proyecto que modificaba la Ley de Bancos.
Como recordarán los señores diputados, se trató de establecer la posibilidad de que los funcionarios de instituciones financieras trabajaran los sábados. Recuerdo que fue en esta Cámara, en particular el Diputado señor Longueira , quien se opuso terminantemente a que los trabajadores de instituciones financieras, trabajasen los sábados, aduciendo consideraciones relacionadas con la vida en familia de los chilenos y por la realidad existente en nuestra sociedad de hoy.
Lamentablemente, se cometió un error, pues el texto aprobado se prestaba para distintas interpretaciones, y ahora el proyecto en debate lo corrige, manteniendo el espíritu original de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, nuestro partido concurrirá con sus votos favorables a la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en verdad el Senado de la República ha hecho dos cambios en esta materia:
El texto de la Cámara de Diputados establecía una disposición prohibitiva, en el sentido de que los bancos y sociedades financieras no atenderán al público los sábados de cada semana y el 31 de diciembre.
Sin embargo, el texto del Senado dice: “Salvo autorización del Superintendente en la forma indicada en el inciso anterior,”. El inciso anterior dispone que el Superintendente “Podrá, además, sin las limitaciones y formalidades indicadas, pero en las condiciones que señale, autorizar a las empresas bancarias para que presten determinados servicios fuera de los días y horas de atención obligatoria al público.”
En consecuencia, una norma prohibitiva se transforma en una permisiva, pues queda entregado a juicio del Superintendente si se atiende público los sábados de cada semana y el 31 de diciembre.
Quiero aclarar el punto, para que se entienda que el criterio de la Cámara fue prohibir la atención de público en esos días y que el Senado transformó la disposición en una norma permisiva.
El segundo cambio se refiere al artículo 2º del proyecto propuesto por la Cámara. Allí se incurrió en un error al agregar al artículo 111 del Código de Comercio la expresión final “y 31 de diciembre de cada año”, después de la frase “los días sábado de cada semana”.
El Senado tuvo razón al eliminar el ar-tículo, pues se trata de una mención a una ley bastante antigua. Según las notas que aparecen en el Código de Comercio respecto del artículo 111, el inciso segundo fue agregado por una ley de 22 de septiembre de 1943, modificado por la ley Nº 16.324 y por la propia Ley de Bancos.
En consecuencia, al suprimir el artículo 2º, el Senado corrigió el error en que incurrió la Cámara.
Señalaré una tercera observación sobre esta materia, que ya comenté cuando se trató el proyecto en la Cámara de Diputados.
Se señala que los sábados de cada semana y el 31 de diciembre de cada año no son festivos o feriados para todos los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio. O sea, son feriados o festivos para los efectos del pago de las letras y sus protestos.
Pero ¿qué pasa con otros documentos que son habituales en la vida comercial como los cheques? Esta disposición y el artículo 111 del Código de Comercio -referido a la aplicación de la ley general-, disponen que las obligaciones de pago se suspenderán los sábados, domingos y el 31 de diciembre. Sin embargo, el artículo 23 de la ley de Cuentas corrientes y cheques señala tres plazos para presentar un cheque a cobro: uno de 60 días, otro de 90 días y otro de tres meses.
Siempre se ha producido discusión en los tribunales cuando se presentan documentos mercantiles de la cuenta corriente bancaria al término de los 60 días corridos, interrumpidos o no por los sábados y el 31 de diciembre, porque, si se estimaran hábiles los 60 días que señala la ley de Cuentas Corrientes bancarias, querría decir, a pesar de lo que establece la Ley de Bancos, que los sábados y el 31 de diciembre se estarían cumpliendo precisamente al término de los 60 días corridos y no se tomaría en cuenta esa suspensión.
De manera que quedará latente el problema de que, en un caso, el portador del cheque cuenta con más plazo y, en otro, con menos plazo, según el criterio que se adopte. Por eso, cuando el proyecto se trató en la Cámara lo estudié en profundidad e hice esta observación. El Senado debió haber revisado este criterio para evitar duplicidad de interpretaciones entre lo que dispone la ley de Cuentas corrientes bancarias y cheques, la Ley de Bancos y el Código de Comercio. Cuando planteé esta cuestión, se me contestó que en el artículo 2º, que ahora el Senado suprime, estaba resuelto el problema, porque ahí se mencionaba el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, este problema sigue pendiente.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , considero que la modificación del Senado no innova en nada respecto de lo que aprobamos en la Cámara en materia de fondo, porque la autorización que le otorga a la Superintendencia estaba establecida en el inciso anterior al cual hace referencia la citada enmienda. Por lo tanto, no hay ningún cambio sustantivo. En esa perspectiva, voy a contribuir a aprobarla.
Pero quiero aprovechar esta reflexión de la Cámara de Diputados para expresar que este privilegio de los bancos, hoy no tiene ninguna justificación técnica, como en el pasado, cuando se originó. Me parece que no debe ser un privilegio, sino una norma común y que debiéramos abocarnos a reflexionar sobre el tema de fondo: ¿deben los empleados y trabajadores laborar durante los sábados, domingos y festivos? Ahora existe un número importante de chilenos que está obligado a hacerlo.
En la Cámara se habla, muchas veces, de la situación de fragilidad de la familia chilena, de la necesidad de espacio, de la comunicación entre padres e hijos, de crear una nueva manera de vivir más sana y saludable. Entonces, lo que estamos reponiendo para los trabajadores bancarios, por la vía de la ley, debiéramos hacerlo no sólo para ellos, sino también para tantos otros chilenos que hoy están obligados a trabajar los sábados, domingos o festivos, sin que ello constituya una necesidad perentoria para la sociedad.
Si el proyecto para los empleados bancarios es aprobado por unanimidad en la Corporación, espero que en esa misma forma seamos capaces de apoyar a otros trabajadores chilenos.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado al artículo 1º del proyecto que restablece el feriado bancario.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobadas las modificaciones del Senado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
VII. ORDEN DEL DÍA
AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
Diputado informante de la Comisión de Economía es el señor Tuma, y de la Comisión de Hacienda, el señor Montes.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2105-03, sesión 9ª, en 21 de octubre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, sesión 2ª, en 18 de marzo de 1998. Documentos de la Cuenta Nºs. 10 y 11, respectivamente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito la autorización para que puedan ingresar a la Sala el fiscal nacional, señor Rodrigo Asenjo, y el jefe de la División Jurídica del Ministerio , señor Luis Sánchez.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Tuma, informante de la Comisión de Economía.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , paso a informar el proyecto de ley, iniciado en un mensaje del Presidente de la República , que fortalece la Fiscalía Nacional Económica, al cual ha dado su aprobación, en primer informe, la Comisión de Economía de la honorable Cámara.
La Comisión escuchó, en audiencia pública, las observaciones sobre la iniciativa del ministro secretario general de la Presidencia , señor Juan Villarzú ; del fiscal nacional económico, señor Rodrigo Asenjo ; de los académicos señores Eduardo Engel , Guillermo Patillo y Ricardo Paredes ; de representantes del Instituto Libertad y Desarrollo y de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica.
A su vez, recibió por escrito las opiniones de la Confederación de la Producción y del Comercio y de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Chile.
El proyecto de ley en informe está destinado a fortalecer las facultades de la Fiscalía Nacional Económica, órgano que forma parte de la institucionalidad antimonopólica de que dispone el país, regulada a través del decreto ley Nº 211. Dicho cuerpo legal establece las normas para la promoción y defensa de la libre competencia, con el propósito de prevenir y sancionar las prácticas monopólicas contrarias a este principio.
Esta normativa contempla drásticas sanciones a la conducta monopólica o al abuso de posición dominante, castigando a todo aquel que ejecute o celebre, tanto individual como colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida la libre competencia en las actividades económicas, tanto internas como externas.
La institucionalidad antimonopólica chilena está integrada por las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica.
La iniciativa legal en comento, como señalé, está orientada a fortalecer las funciones de la Fiscalía Nacional Económica, otorgándole nuevas atribuciones y mejorando su estructura interna.
Esta Fiscalía es un servicio público desconcentrado, se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Economía y está dirigido por el fiscal nacional.
Sus funciones fundamentales son instruir las investigaciones para fiscalizar las infracciones a la libre competencia; actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante la Comisión Resolutiva o los tribunales de justicia; requerir de la Comisión Resolutiva y de las Comisiones Preventivas el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones, y velar por el total y fiel cumplimiento de los fallos e instrucciones que dicte la Comisión Resolutiva o los tribunales de justicia en las materias referidas a la libre competencia.
La institucionalidad antimonopólica se inspira en los principios de libertad económica para emprender iniciativas, amparados en la Constitución Política de la República y en las normas que conforman el orden público económico en Chile.
La libre competencia es un bien jurídico esencial para resguardar la libertad empresarial y el sano desarrollo de la economía. El Ejecutivo , en su mensaje, expresa que el perfeccionamiento del mercado y la garantía que la competencia supone para la libertad de empresa son las condiciones para la intervención de los poderes públicos en la actividad económica de los particulares. Por ello, el resguardo de la libre competencia está encomendada a los poderes públicos, entendiendo esta acción como una protección de este principio y no como una restricción a él.
En esta perspectiva, el Ejecutivo fundamenta la iniciativa que ha sometido a consideración de la honorable Cámara de Diputados.
Los miembros de la Comisión coincidimos plenamente con el Ejecutivo en su criterio, contenido en el mensaje, de entender que el proyecto es el inicio del proceso de modernización de la institucionalidad antimonopólica en nuestro país. Así, entendemos que próximamente se despachará al Congreso Nacional un proyecto que aborde de manera integral la modernización de la legislación antimonopólica.
En este compromiso concurrimos a aprobar la iniciativa que permitirá, en el corto plazo, encarar en mejor forma los conflictos que se suscitan en el mercado y que muchas veces ponen en riesgo su transparencia, comprometiendo la competitividad de nuestra economía.
El proyecto, que fortalece la Fiscalía Nacional Económica, en lo central otorga mayor autonomía a ese servicio, aumenta sus facultades para investigar, incrementa la planta de profesionales y hace más estrictos los requisitos de ingreso; crea una planta de fiscalizadores y aumenta las remuneraciones. Dichas materias están contenidas en 33 artículos nuevos permanentes y 6 transitorios.
Considera los siguientes aspectos más relevantes:
Otorga a la Fiscalía Nacional Económica la calidad de servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Establece que el cargo de fiscal nacional tiene la calidad de funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República.
Se reemplaza el requisito exigido para ser fiscal, de cinco años de antigüedad en posesión de título de abogado, por el de diez años de antigüedad o tres años en el servicio.
Con el propósito de profesionalizar la planta de personal, establece la dedicación exclusiva e incorpora requisitos especiales para acceder a los cargos de planta. Se aumenta la dotación de funcionarios de 38 a 60.
Asimila el régimen de remuneraciones del personal de la Fiscalía a las disposiciones aplicadas a las instituciones fiscalizadoras. Se le otorga como incentivo, la asignación de porcentaje variable contemplada en el artículo 17 de la ley Nº 18.091. Dicha asignación está orientada a asimilar la remuneración del personal del organismo con los sueldos que se pagan en el mercado por funciones homologables; se calcula a partir del sueldo base más la asignación de fiscalización. Su porcentaje se fija anualmente mediante decreto supremo y tiene un tope de 200 por ciento. Asimismo se incorpora una bonificación de estímulo por desempeño, que se pagará al 25 por ciento de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, profesionales y fiscalizadores de mejor desempeño en el año anterior.
Reafirmando la autonomía que confiere el proyecto a este organismo, se otorga al fiscal nacional la facultad de ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles y, en general, sobre el patrimonio del servicio.
Por otra parte, se fortalece la capacidad de investigación de la Fiscalía, al establecer que la policía de Investigaciones deberá poner a disposición del fiscal nacional el personal que éste requiera para el cumplimiento del cometido que le encarga la ley, pudiendo ahora encargar diligencias específicas y disponer que las investigaciones tengan el carácter de reservadas.
Se impone la obligación de reserva a los funcionarios de la Fiscalía respecto de los antecedentes de que puedan tener conocimiento en el ejercicio de sus labores.
En el ámbito procedimental, se incorporan las siguientes modificaciones:
a) La decisión y medidas acordadas por las comisiones preventivas regional y central se notificarán por cédula.
b) Se amplía, de tres a cinco días, el plazo para reclamar ante la comisión resolutiva de las decisiones y medidas acordadas por dichas comisiones.
c) Se extiende, de tres a siete días, el plazo de que disponen las comisiones preventivas regional y central para informar del recurso interpuesto contra sus decisiones.
Pero en el ámbito de las funciones y facultades del fiscal es donde se introducen las principales modificaciones al organismo fiscalizador. Éstas permiten precisar, de mejor forma, sus atribuciones para actuar en una investigación.
En el ámbito regional, el fiscal nacional podrá delegar algunas de sus facultades en los fiscales regionales. A su vez, se contempla la posibilidad de que pueda encomendar, a funcionarios del servicio, realizar determinadas acciones específicas.
Una de las innovaciones más importantes es la facultad de inspeccionar sin restricciones, por sí o a través de funcionarios que designe al efecto, las operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, archivos y demás documentación de toda empresa, entidad u organización que desarrolle actividades que pudieren infringir las normas sobre la libre competencia, contenidas en el artículo 27, letra h), página 48 del presente informe.
También se faculta al fiscal para solicitar a los administradores, representantes o dependientes de las empresas o instituciones señaladas, los datos, antecedentes, explicaciones o informaciones que estime necesario conocer para el debido ejercicio de sus funciones.
Asimismo el fiscal podrá citar a declarar a todas las personas mencionadas y a las que hubieren ejecutado o celebrado con ellos contratos o conocieren de actos o convenios de cualquier naturaleza respecto de hechos o situaciones cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones, respetando -claro está- los fueros de estos procedimientos.
Para garantizar el correcto ejercicio de esta facultad, los representantes de las personas jurídicas o las naturales a quienes se ocasione perjuicio, podrán solicitar a la comisión resolutiva que se deje sin efecto la medida.
El ingreso de la presentación dejará sin efecto inmediato el requerimiento.
Sobre esta materia, la Comisión sostuvo un amplio debate antes de dar su aprobación a las citadas normas. Algunos señores parlamentarios hicieron presente sus objeciones respecto de la inconveniencia de aprobar tan amplias atribuciones, puesto que, a su juicio, dicho precepto vulneraría las garantías constitucionales, expresamente las contenidas en el artículo 19, Nº 5, de la Carta Fundamental. En dicha norma se establece que las comunicaciones y documentos privados sólo podrán interceptarse “en los casos y formas determinados por la ley”.
La norma propuesta por el Ejecutivo colisionaría con el texto constitucional, según sostienen algunos señores diputados, puesto que en ella se otorga la facultad, sin restricción, de inspeccionar las operaciones, bienes, libros, estados de cuentas, etcétera.
En el mismo sentido, hicieron presente sus observaciones los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio.
Sobre esta materia, es oportuno señalar que las nuevas facultades otorgadas a la Fiscalía Nacional están incorporadas en el ámbito de las atribuciones de otros organismos fiscalizadores y regulatorios.
Al efecto, cabe indicar que las superintendencias tienen la facultad de examinar todos los libros, cuentas, archivos y documentos de los entes que fiscalizan, e incluso pueden solicitar su entrega.
En el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, las superintendencias también pueden pedir la ejecución de balances y estados financieros y citar a declarar a cualquier persona que tenga conocimiento de algún hecho que se requiera aclarar para su fiscalización.
El proyecto no hace otra cosa que asimilar las atribuciones de estos servicios a la Fiscalía Nacional Económica.
Sobre los recursos de que dispondrá, sólo me cabe mencionar que están comprendidos en la ley de Presupuestos de la Nación los ingresos y demás sumas en dinero que se perciban por concepto de aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales, aquellos originados en asesoría que preste el servicio y los derechos por concepto de certificados y documentos que debe extender, materias que abordará con mayor precisión el colega señor Montes, Diputado informante de la Comisión de Hacienda .
Respecto de la votación, los artículos 21, 22, 27 y los incisos primero, segundo y tercero del artículo 1º transitorio, fueron aprobados por la mayoría de los parlamentarios de la Comisión de Economía.
Los artículos 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30 A, 30 B y 30 C, fueron aprobados por la unanimidad de sus miembros.
Sólo fue objeto de modificación el artículo 1º transitorio, cuyo inciso cuarto fue suprimido por la mayoría de los señores parlamentarios.
Dicha norma se refiere a la imposibilidad de reincorporarse al organismo por un lapso de cinco años que se impone a los funcionarios que no sean encasillados y que reciban las indemnizaciones correspondientes, salvo que devuelvan el monto percibido.
Los artículos 30 y 30 A son normas de carácter orgánico constitucional. El primero otorga atribuciones para recibir e investigar denuncias por actos que importen infracción a la presente ley; y el segundo, modifica las competencias de los tribunales de justicia al otorgarle la atribución de sancionar a quienes entorpezcan las investigaciones instruidas por la Fiscalía.
Al finalizar el informe, me permito reiterar la importancia que tiene para la institucionalidad antimonopólica del país y, por ende, para el mantenimiento de la libre competencia de una sana economía la aprobación de la presente iniciativa, que, por lo demás, como lo consigna el Ejecutivo en el mensaje, recoge la inquietud que la propia Cámara de Diputados y el honorable Senado han expresado, en el sentido de modernizar nuestra legislación económica en materia antimonopólica.
En las condiciones y urgencias antes expuestas, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad la idea de legislar contenida en el proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
En consideración a la importancia de esta iniciativa legal y dada la unanimidad expresada por todos los sectores políticos y económicos del país, es opinión de la Comisión solicitar a la honorable Cámara aprobar este proyecto de tanta urgencia para la economía nacional.
No puedo concluir el informe sin reconocer y agradecer el trabajo profesional y diligente desarrollado por el secretario de la Comisión, señor Luis Pinto , y por la señora Marisol Arrayet , asistente de la misma.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Montes, Diputado informante de la Comisión de Hacienda .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , el informe de la Comisión técnica ha sido bastante amplio y preciso, por lo que me limitaré a algunas materias correspondientes a la de Hacienda.
Como sabemos, en 1959 se promulgó la ley Nº 13.305, orientada a proteger la libre competencia de las conductas anticompetitivas y de los abusos de posición monopólica.
En 1973, se dictó el estatuto legal de la libre competencia: el decreto ley Nº 211. En él se contemplan tres órganos: la comisión resolutiva, que conoce y sanciona las situaciones que constituyan infracciones al decreto ley Nº 211; las comisiones preventivas, que se pronuncian ante consultas sobre el impacto en la libre competencia de actos o contratos, velan por la libre competencia y adoptan medidas preventivas a petición de la Fiscalía, y la Fiscalía Nacional Económica, cuya misión es investigar los hechos que afectan la libre competencia y representar el interés general ante las comisiones y los tribunales.
El proyecto pretende una reforma parcial del decreto ley Nº 211 y se limita a buscar el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
Como dijo el Diputado señor Tuma, la iniciativa se orienta en dos sentidos: por un lado, fortalecer la facultad de la Fiscalía y, por otro, el régimen de personal y remuneraciones.
La Comisión de Hacienda se limitó a tomar conocimiento de las materias propias de su ámbito.
En lo que se refiere a las atribuciones y deberes del fiscal nacional, que se enumeran en el artículo 27, la Comisión aprobó las amplias facultades que se establecen en la letra j), para la administración del patrimonio del servicio.
También, por mayoría, aprobó que cuando las transacciones sean superiores a las dos mil uefes, requerirán de resolución del Ministerio de Hacienda.
Asimismo aprobó el inciso segundo del artículo 29, que declara exenta de impuesto a la fiscalía, por sus escritos y actuaciones ante las comisiones y los tribunales de justicia.
El proyecto especifica las fuentes de financiamiento de la Fiscalía como servicio público descentralizado. Señala que se incorporarán a su patrimonio no sólo, como era hasta ahora, el aporte previsto en la ley de Presupuestos, sino otros bienes, tales como las costas y otras sumas que obtenga de los procedimientos en que participe; los ingresos que reciba por convenio de asesoría o de investigación con universidades u otras instituciones académicas; los derechos que cobre por certificados y copias de sus expedientes o los de las comisiones, y los bienes e ingresos de otra naturaleza que reciba a cualquier título.
Se deja en claro que las multas que aplique la comisión resolutiva por infracciones serán de beneficio fiscal y no ingresarán al patrimonio de la fiscalía.
En relación al régimen de personal y remuneraciones, se proponen bastantes innovaciones tendientes a dotar a la Fiscalía de recursos humanos suficientes en número y calificados profesionalmente para el adecuado ejercicio de sus atribuciones legales, y a motivar la excelencia funcionaria y la permanencia en el servicio.
En primer lugar, se reestructura la planta de personal. Se aumenta moderadamente la dotación permanente de personal de la Fiscalía Nacional Económica, de 31 a 50 personas -con las contratas llega a 60-, la que ha disminuido en el número de cargos de plantas fijado originalmente por el decreto ley Nº 211, de 1973. Asimismo se profesionaliza la planta por el expediente de exigir requisitos adicionales por sobre los comunes de ingreso a la Administración Pública, establecidos en el Estatuto Administrativo y orientados a la posesión de diversos niveles de estudios, según cada rango y período de experiencia profesional en el servicio público.
En segundo lugar, se establece un nuevo régimen de remuneraciones del personal de la Fiscalía. En el proyecto se explicita que será el que corresponde a las instituciones fiscalizadoras. Hasta ahora, dicho personal percibe la asignación de fiscalización prevista en el decreto ley Nº 3.551, de 1981. La iniciativa incorpora la asignación de la ley Nº 18.091, de 1981; ésta es de porcentaje variable, según escalafón y grado y se calcula sobre el sueldo base y la asignación del decreto ley Nº 3.551. De esta manera, se homologa el régimen de remuneraciones de la Fiscalía al de otros servicios, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. También se consagra el criterio de cálculo de la asignación de la ley Nº 18.091, incorporado a ella por la ley Nº 19.301, de 1994, en el sentido de que a este efecto deberán tenerse en cuenta las remuneraciones que se pagan por funciones homologables a las de los favorecidos, tanto en el sector público como en el privado.
En tercer lugar, el proyecto contempla una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, la que se pagará con cargo a la asignación de la ley Nº 18.091, al 25 por ciento de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, profesionales y fiscalizadores de mejor desempeño, según el resultado de sus calificaciones anuales.
En la Comisión surgieron dudas y preocupaciones por la aplicación del modelo uniforme de bonificación de estímulo por desempeño a todo el sector público. El servicio de que se trata es bastante pequeño y el 25 por ciento de los definidos no son más de 7 personas. Por lo tanto, no asegurará que el conjunto de la institución, a través de este estímulo, tendrá un mejor desempeño. Además, surgió la duda de por qué este bono no se extendía al resto del personal, a los administrativos y técnicos, porque una unidad de trabajo depende del conjunto de los miembros y no sólo de una parte de ellos. Éste es un viejo tema. Sólo el Ejecutivo tiene iniciativa al respecto.
La Comisión lo aprobó por mayoría, pero algunos honorables colegas hicieron presente sus aprensiones.
Finalmente, con relación al régimen de personal y remuneraciones, se estableció, como ya se ha dicho, algo muy importante: la dedicación exclusiva. Consecuente con el aumento de remuneraciones que representan estos cambios, el proyecto exige dedicación exclusiva a sus personales de planta y a contrata, imponiéndoles la incompatibilidad con el ejercicio de toda función en la Administración del Estado, salvo los cargos docentes, hasta un máximo de 12 horas semanales. Tampoco podrán prestar servicios como trabajadores dependientes o como profesionales o técnicos, a personas naturales o jurídicas que puedan ser objeto de la acción de la Fiscalía.
En definitiva, se busca un régimen de remuneraciones de acuerdo con las funciones que debe desarrollar la Fiscalía. Respecto de los fiscalizadores, ello es muy importante, ya que existe el riesgo de que éstos sean influidos en su relación con las grandes empresas, en las cuales sus remuneraciones son considerablemente mayores.
Es difícil mantener profesionales en la Fiscalía con niveles de remuneraciones distintos de los aquí consignados.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 10 de marzo de 1998, estima que el proyecto significará un mayor gasto anual de 696.299 miles de pesos y, por única vez, de 46.520 miles de pesos.
Ello se descompone en un mayor gasto por aumento de dotación, de 38 a 60 cargos, de 312.612 miles, y en la aplicación de la asignación concedida por la ley Nº 18.091, sustituida por la ley Nº 19.301, a los personales de planta y a contrata de la Fiscalía Nacional Económica. Con cargo a esta asignación, también se paga la bonificación de estímulo, por 383.687 miles.
La indemnización para el personal titular de cargos de planta que no resulte encasillado se estima en 46.520 miles.
Es todo cuanto puedo informar.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , tal como lo he señalado en más de una oportunidad con motivo del estudio de distintas iniciativas legislativas, el tema de los organismos de fiscalización es uno de los más importantes desde un punto de vista económico. Lamentablemente, este proyecto no resuelve la problemática en que incide. Así ocurrió también con la comisión de distorsiones y con la propia Superintendencia de Telecomunicaciones, ya que, desde que se logró el acuerdo político, llevamos esperando más de tres años.
Reafirmo que la discusión y el cambio legislativo en esta materia se encuentran pendientes. En las últimas dos décadas se han producido cambios notables en la actividad económica; sin embargo, respecto de la libre competencia, nuestra legislación prácticamente no ha tenido ninguna modificación en los últimos 25 años.
Esta realidad obliga a cambios profundos y de fondo. Es evidente que en la actualidad -y desde hace bastante tiempo- el sector privado se ha constituido en el verdadero motor del desarrollo de nuestro país, con una economía abierta al mundo, en que el Estado ha dejado de tener un rol productivo y donde las relaciones económicas se hacen más complejas; por lo tanto, es necesario contar con un contrapeso eficaz, especializado y autónomo, representado por lo que, a nuestro juicio, debería ser la judicatura en materia económica.
En este contexto discutimos hoy el proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
Por lo tanto, al analizar la discusión general de la iniciativa, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es si el actual proyecto de ley responde o no a este desafío. En efecto, el proyecto no innova en absoluto en una legislación que, en materia de libre competencia, está absolutamente obsoleta, ya que lleva 25 años sin cambios.
El decreto ley Nº 211, de 1973, crea la Fiscalía Nacional Económica, y según su artículo 6°, en lo relativo a libre competencia no sólo opera como un organismo autónomo, sino en conjunto con las comisiones preventiva y resolutiva, encargadas de prevenir, investigar, corregir y reprimir los atentados en contra de la libre competencia y los abusos por parte de quienes ocupen una posición monopólica. Es decir, nuestra legislación, a pesar de estar obsoleta, es un todo armónico compuesta por las comisiones preventiva y resolutiva, y por la Fiscalía Nacional Económica.
Al analizar el proyecto, llama la atención que sólo se legisle respecto de la Fiscalía Nacional Económica, en circunstancias de que el decreto ley N° 211 consagra un conjunto de instancias llamadas a resguardar la libre competencia, las que evidentemente constituyen un todo armónico, por lo que deben revisarse legislativamente en su conjunto, ya que tanto el sistema general contemplado en el decreto ley N° 211, como cada una de las instituciones que lo componen, tienen grandes debilidades, de las cuales me gustaría señalar algunas.
En primer lugar, si se analiza el articulado del decreto Nº 211, se puede concluir, en general, que estamos en presencia de organismos que ejercen jurisdicción, especialmente las comisiones preventiva y resolutiva.
Principios básicos y fundamentales de los organismos que ejercen jurisdicción deben ser su independencia y su autonomía económica respecto de otros Poderes del Estado.
En el mencionado cuerpo legal no se cumple ninguno de dichos presupuestos, tan elementales y básicos, respecto de la Fiscalía Nacional Económica, ni tampoco de las comisiones preventiva y resolutiva.
Para tal efecto, debemos examinar la procedencia de sus integrantes.
Las comisiones preventiva y resolutiva están integradas, entre otros, por funcionarios públicos, es decir, pertenecientes a un Poder del Estado: las comisiones preventivas regionales, por los Seremis; la comisión preventiva central y resolutiva, por representantes de los Ministerios de Economía o de Hacienda.
El cargo de fiscal nacional económico es de exclusiva confianza del Presidente de la República . Es decir, en materia de libre competencia el Poder Ejecutivo tiene influencia decisiva en un organismo que ejerce jurisdicción y cuyo presupuesto básico debería ser su autonomía.
En la práctica, si el Poder Ejecutivo o el fiscal -que es de confianza del Presidente de la República - quiere iniciar cualquier investigación o realizar cualquier denuncia, cuenta desde la partida con dos votos en la comisión central preventiva y resolutiva.
A similar conclusión se llega si se analiza la situación presupuestaria de estos organismos, especialmente de las comisiones preventiva y resolutiva. Estos cargos son ad honorem. Se sesiona una vez a la semana. No requieren de exclusividad y, en términos administrativos, son absolutamente dependientes de la Fiscalía Nacional Económica. No olvidemos que tanto el relator como el secretario de las comisiones preventiva y resolutiva son funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica.
Por las razones expuestas, sería muy importante que el cargo de fiscal nacional económico dejara de ser de exclusiva confianza del Presidente de la República , y fuera un cargo autónomo y su titular tuviera carácter inamovible.
En segundo término, si analizamos el contexto del decreto ley Nº 211, concluiremos que es imprescindible perfeccionar este cuerpo legal respecto de las conductas que sanciona. La realidad de hoy es muy distinta de la de hace dos décadas, y si examinamos el conjunto de disposiciones incluso podríamos afirmar que muchas de ellas adolecen de dudosa constitucionalidad.
Por todas las razones expuestas, nuestra bancada quiere señalar al Ejecutivo que nos asiste el convencimiento de que la reforma en materia de libre competencia debe ser mucho más profunda y visionaria que el proyecto que se nos ha presentado. Soy claro y categórico en que nuestra bancada dará el respaldo político para elaborar una iniciativa de esa envergadura, inclusive si ella conlleva una eventual reforma constitucional sobre la materia.
Hemos llegado a la convicción de que es necesario crear una jurisdicción en materia económica por tratarse de relaciones cada vez más complejas y de mayor especialización. Por ello, somos partidarios de instituir los tribunales económicos. Los aspectos de gran complejidad técnica suelen no ser analizados en profundidad por los tribunales de justicia, porque no son especialistas. No contar con la especialización y asesoría necesaria conspira contra la adecuada solución de los problemas sometidos a su fallo.
Es más: la existencia de tribunales de primera instancia, que son juez y parte; la falta de independencia respecto de los organismos fiscalizadores; la carencia de instancias de apelación, y la lentitud generalizada de los procesos en este ámbito, significan un pesado lastre para el desarrollo eficiente y moderno de nuestra economía. Por ello, los especialistas han recomendado en reiteradas oportunidades la necesidad de contar con un tribunal superior, especializado en el área económica, de manera de suplir las deficiencias anotadas.
Como lo señalé, planteamos la creación de la judicatura económica, del tribunal económico, el cual tendría como misión fundamental conocer y fallar las causas de marcada incidencia económica, pero manteniendo en un principio las primeras instancias de conocimiento existentes en la actualidad; por ejemplo, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y comisiones preventivas, para luego avanzar a la sustitución también de esa primera instancia por tribunales especializados.
La organización de esta judicatura se basaría en ciertos aspectos de la actual comisión resolutiva que han tenido resultados convenientes. Este tribunal económico se estructuraría como un tribunal de segunda instancia, es decir, al nivel de las cortes de apelaciones, con el objeto de conocer los recursos que se presentaren respecto de fallos en materias tributarias, aduaneras, de protección al consumidor; y de primera instancia en materias relativas a la libre competencia y a los recursos de reclamación suscitados en el mercado de capitales y monopolios naturales.
Su integración sería mixta, de manera de contar con integrantes con especialización económica: economistas, ingenieros con especialización en organización industrial y jurídica: abogados en el área y jueces de corte con dedicación exclusiva.
Para la sustanciación de las causas, se seguiría un procedimiento similar al establecido en el decreto ley Nº 211, en especial en cuanto a la amplitud de los medios de prueba susceptibles de ser utilizados.
Para la defensa del interés público involucrado se propone establecer la existencia de fiscales especializados en las áreas más importantes: libre competencia tributaria y arancelaria, protección al consumidor, etcétera, que cumplen funciones semejantes a la Fiscalía Nacional Económica, pero con mayor asesoría técnica y dependientes del tribunal económico.
Los fiscales deberían ser elegidos de entre personas que cumplan requisitos objetivos y estrictos, con un procedimiento que evite su subordinación al Gobierno o al Congreso Nacional. Por ejemplo, podrían ser nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y tener cierta autonomía para evitar que sean objeto de presiones por los particulares o por el Gobierno.
La organización de las fiscalías debería ser flexible; asimismo, tener una dotación máxima y un presupuesto suficiente para contar con personal idóneo. Para evitar la proliferación de las causas deberían establecerse consignaciones previas por parte de los recurrentes, para no comprometer la rapidez de la resolución de las causas por la pronta saturación de esos tribunales.
En síntesis, creemos que uno de los grandes temas de hoy es la modernización del Estado -así lo he advertido a través de los medios de comunicación-. Personalmente, me asiste la convicción de que en esta materia no se ha avanzado prácticamente nada, porque un punto esencial es la creación de una judicatura especializada de carácter económico.
En la vida política existen oportunidades, y ésta es la ocasión de plantear derechamente la existencia de los tribunales económicos, de la judicatura económica, y no seguir insistiendo en proyectos que ya llevan décadas y que están absolutamente desfasados en relación con los notables cambios acaecidos en materia económica.
Estamos dispuestos a dar nuestro respaldo político al Gobierno para la creación de la judicatura económica; sin embargo, con la misma claridad, expresamos que como no aprobamos proyectos de ley que no innovan en absoluto, rechazaremos la idea de legislar sobre esta materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Álvaro García, Ministro de Economía .
El señor GARCÍA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señora Presidenta , quiero ratificar muy brevemente lo señalado por los dos diputados informantes respecto de las características del proyecto, y referirme a algunas de las observaciones formuladas por el Diputado señor Orpis.
En primer lugar, coincido con los tres parlamentarios, en cuanto a que esta iniciativa busca legislar sobre un aspecto fundamental de nuestra economía de mercado. Esta economía, que ha dado positivos resultados en el país, se hace más eficiente y equitativa si los mercados operan bien; y entendemos que es función del Estado velar por el buen funcionamiento de la competencia y, por lo tanto, por la transparencia de los mercados. Asimismo, creemos que debe intervenir en la regulación de aquellos que no operan de manera competitiva y asegurarse de que consumidores y usuarios tengan ciertos derechos que puedan hacer valer en el mercado, y prevenir situaciones, como el deterioro medioambiental, que surge de una mala operación del mismo.
Probablemente, ésta es una de las innovaciones económicas más importantes que hemos de completar en los próximos años, y el Presidente Frei ha señalado que una de las prioridades de su Gobierno es avanzar en esa dirección. Por eso, muchos parlamentarios participaron en el Foro de Desarrollo Productivo del año pasado, donde dimos a conocer los elementos centrales de una macromodernización del Estado en esta materia, que busca modernizar las funciones y las características de la institucionalidad responsable de promover y velar por la libre competencia, así como también de aquella que dice relación con la regulación de los mercados imperfectos, con la fiscalización en el cumplimiento de la normativa, especialmente en materia de servicios de utilidad pública y de medio ambiente, y con la posibilidad de que la ciudadanía pueda representar sus derechos e intereses ante las distintas instancias públicas.
En este aspecto hemos continuado trabajando al interior del Foro de Desarrollo Productivo, con la participación de los distintos estamentos del sector privado: empresarios, consumidores y trabajadores interesados en este tema. Hemos invitado a los parlamentarios a ser parte de esta labor -evidente-mente, la invitación sigue abierta-, y he convenido con el Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara traer esta discusión al Parlamento, a través de un seminario en el que se dé cuenta de los avances logrados, aprovechando así la buena disposición que el Diputado Orpis ha manifestado, a fin de avanzar en una materia que -coincido con él- es clave para la modernización del Estado y de nuestra economía.
Se trata de un proyecto extraordinariamente ambicioso que toca una diversidad de temas, algunos de los cuales existen en la actual institucionalidad pública; en cambio, hay que innovar en otras materias en forma bastante radical. Nuestra primera postura es que esta modificación debe ser parte de una visión coherente del rol del Estado en este aspecto.
Por eso, lo primero es construir una visión, ojalá compartida, de cuál es la relación entre Estado y mercado, y cuál es la institucionalidad que debe velar por la buena operación de los mercados, a fin de complementar la acción de éstos cuando sea requerida.
Estamos trabajando activamente en esta materia, y a fines del primer semestre nos hemos propuesto tener una propuesta general que, como decía, cuenta con la participación del sector privado y de importantes expertos internacionales en la materia, y, ciertamente, nos beneficiaríamos con la opinión del Parlamento para elaborar un proyecto definitivo.
Como se trata de una materia compleja que tocará una diversidad de instituciones públicas, no hemos querido dejar de avanzar en lo que a nuestro juicio, del Parlamento -reflejado en las últimas discusiones presupuestarias- y del sector privado -como lo dije en las comisiones- es urgente: fortalecer la actual institucionalidad para que cumpla en plenitud sus actuales atribuciones. Esto, evidentemente, no prejuzga sobre la posibilidad de modernizarla; sin embargo, existe coincidencia absoluta en el país sobre la importancia de la Fiscalía Nacional Económica y la necesidad de que cumpla a cabalidad las atribuciones que ya tiene.
En ese sentido, este proyecto es un anticipo del proceso de modernización más pleno que queremos implementar, y nos parece urgente aprobarlo, ya que la actual legislación permite al Estado cooperar en la buena operación de los mercados y, a nuestro juicio, atenta contra ello la precariedad de la institucionalidad de la Fiscalía Nacional Económica y de las comisiones antimonopolios.
Por lo mismo, como bien lo precisó el Diputado señor Tuma, vemos que éste es un paso en el proceso que debe ir más allá en muchos aspectos coincidentes con lo señalado por el Diputado señor Orpis.
No abundaré sobre las características del proyecto, que no busca otra cosa que incrementar la planta y las remuneraciones; hacer más exigentes las características de quienes trabajan en la Fiscalía Nacional Económica; homologar las atribuciones del fiscal con las de otros funcionarios públicos que cumplen labores similares de carácter sectorial; apoyar, a través de la constitución de una unidad de trabajo sobre la materia, la labor de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, así como también fortalecer técnicamente la labor que cumplen las fiscalías regionales.
Creemos que éste es un paso importante -por cierto, no puede ser el único- en la idea de cumplir con la ley actual, de facultar institucional y profesionalmente a la Fiscalía para que ejerza su rol de velar por la libre competencia.
Quiero solicitar a los parlamentarios que aprueben el proyecto, en la perspectiva de un proceso de trabajo que esperamos sea conjunto y que modernice toda la institucionalidad responsable de velar por el buen desarrollo de los mercados y, en definitiva, por los intereses ciudadanos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señora Presidenta , luego de la gran connotación que su Excelencia el Presidente de la República dio en su último discurso al país al proyecto en debate, me parece que éste debe merecer especial atención de la Cámara.
Se habla de “fortalecer” la Fiscalía Nacional Económica. Tal vez, sería más propio tratar de perfeccionarla, pues fortalecer significa simplemente darle más poder, que puede transformarse en fuerza bruta que actúe sin orden ni concierto y menos con justicia o equidad.
Con el fin de evitar aquello, el Ejecutivo propone normas procesales que garanticen el debido proceso consagrado en el inciso quinto del Nº 3º del artículo 19 de la Constitución, las que, ciertamente, vamos a apoyar.
Se ha dicho aquí que el proyecto otorga a la Fiscalía Nacional Económica el carácter de servicio público descentralizado y le da la estructura establecida en los artículos 25 y siguientes de la ley Nº 18.575.
El inciso primero de la letra h) del nuevo artículo 27 del decreto ley Nº 211, de 1973, viola el Nº 5º del artículo 19 de la Constitución Política, el cual asegura “La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.” Y agrega que “El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.
El inciso primero de la letra h) del nuevo artículo 27 establece como facultad del Fiscal Nacional “Inspeccionar sin restricciones, por sí o a través de los funcionarios que designe al efecto, las operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, archivos y demás documentación de toda empresa, entidad u organización que desarrolle actividades que pudieren infringir la presente ley, y requerir de sus representantes, administradores, asesores o dependientes, los datos, antecedentes, explicaciones o informaciones que estime necesario conocer para el debido ejercicio de sus funciones, quienes estarán obligados a prestar la colaboración y entregar los antecedentes solicitados”.
La contravención de la norma constitucional precitada se configura por el hecho de que mientras ésta permite examinar las comunicaciones privadas en los casos y formas determinados por la ley, el proyecto, en cambio, otorga la facultad sin restricción, lo cual significa que podrá hacerlo en todo caso.
Según la Constitución, la ley puede señalar los casos y formas en que puede ser inspeccionada la documentación privada; pero lo que la ley no puede -el proyecto de ley lo propone- es otorgar una facultad amplia para cualquier caso, es decir, siempre y en todo lugar.
En vez de acotar los casos, el proyecto otorga una facultad amplia que no hace otra cosa que eliminar en su contexto la garantía constitucional, pues ésta exige que la ley determine los casos y formas específicos en que se puede proceder, lo que se opone a una facultad amplia y, además, discrecional.
Lamento mucho que durante la discusión del proyecto en la Comisión de Economía se haya rechazado una indicación del Diputado señor Orpis , para eliminar la expresión “sin restricción”; por lo tanto, permanece en la iniciativa.
Sobre la materia es bueno recordar que cuando se despachó el proyecto sobre lavado de dinero, se otorgaron facultades similares al Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a actuar sin restricciones. Requerido el Tribunal Constitucional, en fallo de 4 de enero de 1995, sostuvo que la disposición era abiertamente inconstitucional. De manera que no quisiéramos caer en ese mismo vicio con ocasión de esta iniciativa.
En mi intervención mencionaré párrafos completos e ideas claras contenidos en el informe de la Comisión de Economía que, en mi concepto, representan la buena doctrina. Advierto que he hecho mías ideas que otros diputados ya sostuvieron y las he reproducido parcial o íntegramente.
Por ello, prescindiendo de los monopolios naturales, por ejemplo, servicios de luz, de teléfonos, etcétera, cuyas tarifas se fijan por ley, me parece que hay unanimidad en considerar que los otros monopolios son altamente inconvenientes.
Para nosotros, al igual que lo ha estimado el derecho actual europeo, la verdadera receta contra el monopolio es la apertura de los mercados y la eliminación de las barreras de entrada. Si aceptamos leyes y autoridades antimonopólicas es porque puede haber situaciones en que el mercado no sea lo suficientemente abierto y competitivo; pero no puede perderse de vista que la corrección de las prácticas monopólicas debe lograrse por la vía de eliminar la barrera de entrada a los mercados y no por la de permitir su establecimiento y luego, crear autoridades con atribuciones para investigar y sancionar las conductas monopólicas. Reitero, la verdadera receta contra el monopolio es la apertura de los mercados y la eliminación de las barreras de entrada. Eso es combatir el monopolio con medidas de fondo que ataquen directamente el problema.
Otros señalan que la legislación antimonopólica debe ser residual, esto es, existir sólo en la medida en que las barreras de entrada no hayan podido eliminarse por razones ineludibles, al menos en el corto plazo.
El sistema antimopólico vigente en Chile, como aquí también se ha señalado en forma reiterada, data de hace más de dos décadas. Si bien ha sido objeto de modificaciones puntuales, requiere de un estudio y de una reformulación para ponerlo al día de acuerdo con las necesidades actuales de la economía.
Ciertamente, nos tranquiliza lo anunciado por el Ministro de Economía , en orden a que enviará muy rápidamente nuevas disposiciones legales que tiendan a este fin, porque, indudablemente, es nuestra opinión -al igual como lo ha sostenido el Instituto Libertad y Desarrollo-, que el proyecto en estudio dista mucho de constituir esa reformulación, pues sólo se refiere a uno de los elementos del sistema, el que acusa diversas falencias, vicios y dudas sobre su concepción.
El Diputado señor Orpis ha señalado que un aspecto esencial de todo órgano que dicte sentencias, ya sea en el orden judicial o administrativo, es la independencia para juzgar, lo que es efectivo; si se carece de ella, la persona que sufrirá los efectos de un juzgamiento, no contará con la primera y principal garantía.
También se ha dicho que la integración de las comisiones preventivas regionales y de la Comisión Resolutiva en la ley vigente carece de independencia, porque -se puede comprobar- están constituidas mayoritariamente por funcionarios dependientes del Presidente de la República .
Por su parte, el Fiscal Nacional es de exclusiva confianza del Presidente de la República, calidad que se hace expresa en el proyecto.
Para los efectos de la independencia, es conveniente recordar que actúa como secretario de la Comisión Resolutiva un abogado de la planta de la Fiscalía Nacional; como relator, otro profesional de la misma planta. Como no se exige que se excluya a quien tomó parte en la investigación efectuada, es posible que un profesional dirija la investigación, redacte el informe que suscribe el Fiscal y, luego, actúe como secretario, más probablemente como relator, ante la Comisión Resolutiva.
Sin duda, debe estudiarse la posibilidad de que tanto las comisiones preventivas como las resolutivas sean organismos permanentes, con integrantes rentados, designados con criterio técnico por autoridades independientes mediante un mecanismo de consulta que asegure la imparcialidad del integrante elegido. Ello también es válido para la Comisión Resolutiva, que merece ser un tribunal con miembros permanentes y dedicados al estudio de materias propias de su competencia.
Este exactísimo argumento lo entregó en la Comisión de Economía el señor Tomás Flores .
Además, existe otro aspecto importante dentro del concepto de autonomía de los órganos de la libre competencia: la necesaria e indispensable separación entre la función investigadora y la resolutiva, tal como se acaba de establecer en la reforma al Código de Procedimiento Penal.
Finalmente, en cuanto a la planta, estimamos que es preferible que el Fiscal cuente con recursos para subcontratar los estudios y asesorías que estime necesarios para el cumplimiento de sus fines.
La subcontratación es una política más eficiente que un aumento de planta, y los señores diputados conocen las razones, por lo que no vale la pena explicarlas nuevamente.
Esta atribución, no obstante, está bien establecida en el proyecto de ley respecto de los organismos públicos, pero no parece ser la intención de acudir a especialistas privados independientes y que no pertenezcan permanentemente a la Fiscalía.
Renovación Nacional, por mi intermedio, y con el sincero deseo de colaborar en el perfeccionamiento de esta legislación, se ha permitido reproducir estas ideas que han tenido la paciencia de escuchar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , Chile lleva más de veinte años en un proceso extenso de reformas económicas. En los últimos ocho, hemos avanzado en un modelo social de mercado en el cual se ha fortalecido el papel del Estado, sin alterar el rol y el peso desarrollado por el sector privado. A nadie le cabe duda de que es el mercado y los agentes privados quienes realizan las principales tareas económicas en el país.
Uno de los objetivos fundamentales de la política económica y de los agentes privados es alcanzar crecientes grados de competitividad del mercado. Pero éste no actúa en el vacío. Por el contrario, se desarrolla en un marco institucional cuya regulación y adecuado funcionamiento es responsabilidad del sector público.
En este contexto, debemos reconocer que nuestra institucionalidad antimonopólica ha quedado rezagada en comparación con la evolución que ha experimentado la economía.
En efecto, la legislación antimonopólica en nuestro país, regulada a través del decreto ley Nº 211, data de la década de los 70, y no ha sufrido modificaciones que permitan adecuarla a los cambios surgidos en el mercado interno y en el contexto mundial.
La experiencia internacional ha demostrado que los grandes negocios a nivel global atraviesan por fases de consolidación. Basta citar los casos de la industria editorial y la de la defensa. Estas tendencias, en muchos casos, han terminado ahogando la libre competencia. Por eso, las autoridades antimonopólicas son las llamadas a frenar este proceso y garantizar el mantenimiento de las leyes del mercado, que todos dicen adscribir pero no siempre respetar.
Seamos claros. La rentabilidad a la que aspiran algunos inversionistas es incompatible con la existencia de mercados perfectamente competitivos.
Es más, destacados académicos han llegado a sostener que la institucionalidad que regula un segmento del mercado es más importante para sus rentabilidades de largo plazo que su propia gestión.
Muchas veces los esfuerzos de una buena administración se disipan y se pierden en un mercado pobremente estructurado. En este contexto, la institucionalidad antimonopólica es reconocida a nivel planetario como una herramienta clave y poderosísima para influir positivamente en la estructura de los mercados de una economía.
En Chile, la fortaleza de la legislación antimonopólica se ha radicado en su carácter general, pero ello no puede confundirse con vaguedad. Lo que ha constituido una virtud de la legislación, con la especialización de los ámbitos económicos, se está transformando en un debilidad que hace más vulnerable nuestra competitividad.
Sus disposiciones son un cuerpo de orientación para quienes deben interpretarla. Por ello, es fundamental asegurar que la institucionalidad antimonopólica cumpla efectivamente con los objetivos que una economía sana y en desarrollo demanda.
La promoción de la competencia, la eficiencia de los mercados, la libertad de emprender y la protección de los consumidores constituyen, sin duda, metas inherentes a la legislación de defensa de la libre competencia y bajo estas orientaciones debemos debatir la eficacia actual y futura de la legislación que las regula.
Desde esta perspectiva, entendemos que el proyecto de ley que fortalece las facultades de la Fiscalía Nacional Económica es el inicio de una revisión y modernización integral de la legislación que defiende la libre competencia.
En la tramitación de esta iniciativa esperamos obtener el compromiso del Ejecutivo para despachar, a la brevedad posible, un proyecto de ley que permita redefinir las orientaciones y alcances de la legislación antimonopólica, fortalecer la acción de todos sus organismos, ampliar sus ámbitos de acción, promover la autonomía de éstos y generalizar la profesionalización y especialización de quienes los integran.
La intervención del señor Ministro de Economía ha dejado muy en claro la voluntad del Gobierno de seguir avanzando en esta materia, de tal manera que no me cabe duda de que después de este primer paso vamos a continuar reformando nuestra legislación antimonopólica para adecuarla a la modernidad que requiere el mercado chileno y el internacional.
Para ser franco, estimamos realmente insuficiente el proyecto, porque de perdurar estas modificaciones parciales se corre el riesgo de desequilibrar el funcionamiento de los organismos antimonopólicos. Por ello, me alegro de que en la Sala haya consenso tanto de los parlamentarios de Oposición como de la Concertación y del Gobierno, en el interés de adecuar nuestra legislación a las exigencias del mercado.
No obstante ello, me parece muy importante respaldar con decisión y responsabilidad esta iniciativa, porque estamos convencidos de que sus disposiciones permitirán, en un corto plazo, dar respuesta a los conflictos que hoy se suscitan en el mercado, y que, con el desarrollo de nuevas áreas de nuestra economía, tales como los servicios sanitarios, puertos, concesiones y telecomunicaciones, que se acrecentarán, poniendo en tensión nuestra legislación económica.
Aspiramos a una legislación que consagre la autonomía de la institucionalidad antimonopólica, propuesta que concita un amplio consenso entre autoridades de Gobierno, sectores gremiales y parlamentarios de ambas Cámaras.
En Chile están dadas las condiciones para crear un tribunal económico especializado, considerado en las bases programáticas del segundo gobierno de la Concertación, en el capítulo sobre “Competencias y Regulación”. Entendemos el tribunal económico como un órgano autónomo del Estado, de última instancia, destinado a conocer y resolver sobre las causas económico-adminis-trativas que se tramitan en las instituciones públicas competentes en esta materia. El organismo debe estar integrado por profesionales de reconocida idoneidad en materia económica y jurídica, dedicación exclusiva y con una adecuada remuneración que garantice el fiel ejercicio de su cargo; su generación debe emanar de un sistema institucional en el cual participen los tres poderes del Estado.
Junto a la creación de esta instancia superior e independiente, debemos procurar la modernización de los actuales organismos que conforman la institucionalidad antimonopólica. Ello significa fortalecer la acción de las comisiones preventivas y resolutivas, mediante una alta especialización de sus integrantes, con recursos necesarios para disponer de asesorías técnicas y con una remuneración adecuada para sus integrantes.
Las comisiones antimonopólicas son organismos que deberían participar activamente en el rediseño de los marcos regulatorios, aportando la experiencia en ellas acumulada respecto de la aplicación de la legislación económica, y han de ser los asesores naturales de los organismos fiscalizadores y promotores de la actualización de nuestra legislación antimonopólica. Este nuevo rol presupone lograr autonomía suficiente respecto del gobierno de turno.
La bancada del Partido por la Democracia apoya y respalda en forma decidida este proyecto que fortalece la acción de la Fiscalía, puesto que permitirá, en un corto plazo, actuar con mayor eficacia en los conflictos de intereses que se presentan en el mercado y que tensionan la institucionalidad antimonopólica, como quedó demostrado recientemente en materia tarifaria en el sector de las telecomunicaciones.
No es posible pretender que nuestro mercado sea competitivo y transparente si no se dota a los organismos reguladores de las facultades y recursos necesarios para acometer sus funciones.
La facultad de solicitar antecedentes que se le otorga al fiscal, en la práctica implica homologar las atribuciones de este servicio regulador con otras entidades fiscalizadoras que disponen de iguales prerrogativas, como las que ha confirmado recientemente el señor Ministro de Economía ; facultades que nunca han sido objetadas en su constitucionalidad y, sobre todo, han sido aplicadas con racionalidad y prudencia.
En su intervención, el Diputado señor Gustavo Alessandri planteó y reclamó la inconstitucionalidad de esta normativa.
A mi juicio, nadie puede escandalizarse porque un organismo regulador del Estado, que debe fiscalizar a los agentes productivos que controlan casi el 80 por ciento de la economía del país, cuente con las atribuciones mínimas de investigación, disponga del auxilio eficaz de la policía y que su personal reciba los estímulos y retribuciones salariales acordes a sus responsabilidades y desempeños. Digámoslo con claridad, ¿esta-mos o no dispuestos a otorgar herramientas, instrumentos y facultades a un organismo tan importante como la Fiscalía Nacional Económica para lograr esa transparencia en el mercado que, en forma permanente, todos los sectores estamos reclamando?
La iniciativa en debate permite precisar y mejorar algunas atribuciones que ya están contenidas en la actual normativa: velar por las resoluciones de los tribunales de justicia, actuar como parte representando el interés general de la colectividad, investigar y fiscalizar las infracciones, solicitar la colaboración de los funcionarios públicos, requerir información a los servicios públicos y también a los particulares. Son todas atribuciones que permitirán perfeccionar y fortalecer la acción de la Fiscalía y que, por lo demás, las tienen todas las superintendencias. Entonces, no veo por qué hoy algunos parlamentarios plantean la inconstitucionalidad y su oposición a una normativa que, efectivamente, le da un instrumento a este organismo para perfeccionar los mercados.
Los sectores empresariales, vinculados especialmente a las bancadas de la Oposición, han señalado en reiteradas oportunidades la necesidad de aprobar una iniciativa como ésta. Sin embargo, lamento que hoy el Diputado señor Orpis haya anunciado el rechazo de la UDI a la idea de legislar.
Solicito que la bancada de la UDI demuestre mayor consecuencia con el planteamiento público que permanentemente manifiesta respecto de la transparencia en los mercados y la necesidad de fortalecer los organismos reguladores.
El primer paso que estamos dando en este proceso debería ser aprobado para demostrar consecuencia respecto de lo que manifestamos, pues resulta contradictorio lo que se dice en los medios de comunicación y lo que se hace y se vota en la Cámara de Diputados.
En materia de personal, el proyecto no hace otra cosa que adecuar la planta de funcionarios, incorporando sistemas de incentivos y estímulos de productividad de los cuales disponen otros servicios públicos.
Sobre esta materia, reitero mi discrepancia con el criterio de la Comisión de Economía, que eliminó el inciso cuarto del artículo 1º transitorio, que establecía el impedimento de reincorporarse al servicio a aquellos funcionarios que no quedaran encasillados y percibieran la indemnización pertinente a menos que, previamente, devolvieran la indemnización percibida.
Insisto en el criterio del Ejecutivo , por cuanto estimo que estamos frente a un caso de alejamiento del servicio que se produce luego de un encasillamiento que estamos aprobando, donde se contempla un aumento de la planta, se lleva a cabo un proceso de calificación y que, por lo demás, da derecho a una indemnización por años de servicio, precisamente en compensación a que ese funcionario no haya tenido la calificación adecuada. Es una sana norma de administración que este beneficio se otorgue sólo a aquellas personas que se desligan definitivamente de la institución. Ahora, quienes deseen permanecer o asimilarse a una nueva relación contractual, tienen la opción de hacerlo, pero reintegrando los montos percibidos. De lo contrario, afectaríamos seriamente la transparencia del proceso y desvirtuaríamos el sentido del beneficio de la indemnización. Precisamente, por razones de transparencia el Ejecutivo ha propuesto esta normativa.
Por lo anterior, anuncio mi respaldo a la indicación presentada en la Sala por la Comisión de Hacienda para reponer dicho inciso.
Reitero la importancia de la modernización de la institucionalidad antimonopólica para el futuro de nuestra economía. Así lo ha entendido el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, quien a través de ésta y de otras iniciativas -como la del defensor del usuario-, impulsará el mantenimiento a largo plazo de la competitividad de nuestro mercado.
Muchos sectores productivos, como la industria textil, la del calzado, los productores lecheros, han expresado su insatisfacción por los resultados de las investigaciones llevadas a efecto a través de los organismos antimonopólicos, sobre todo por la dilación de la investigación y el tiempo que demoran en emitirse los informes.
Si la Fiscalía Nacional Económica hubiera estado dotada de las facultades que hoy estamos analizando, su acción frente a las distorsiones ocurridas en estos segmentos del mercado hubiese sido, sin duda, más eficaz y oportuna.
Todos los sectores políticos han expresado su respaldo y solicitado medidas que fortalezcan nuestra competitividad.
Éste es el momento de demostrar consecuencia con lo planteado por los sectores políticos en torno del perfeccionamiento del mercado y de plasmar el compromiso con el desarrollo productivo de largo plazo de nuestro país, el que depende, en gran medida, de la eficacia de la institucionalidad antimonopólica, que hoy inicia un proceso de modernización.
Termino anunciando el voto favorable de nuestra bancada.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , desde la promulgación de la famosa ley Sherman, en 1890, en Estados Unidos, toda la legislación destinada a proteger distintos valores, como la libre competencia, la competencia leal, ha tenido una progresiva ampliación, un gran crecimiento, no sólo en cuanto a nuevas figuras económicas, sino a su concreción en distintas legislaciones.
Así ha sucedido en nuestro país. Bajo el imperio de la ley Nº 13.305 se estudiaron 121 casos, cantidad que aumentó considerablemente con el decreto ley Nº 211. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos podido observar asuntos muy relevantes en materia de competencia: en el mercado aéreo, en las telecomunicaciones, en determinada legislación sobre farmacias, servicios públicos, etcétera.
Pero esta ampliación no ha sido sólo territorial o relativa a nuevos regímenes jurídicos, sino también de las figuras perseguidas. Desde la figura inicial, en 1890, en que se perseguían los “trust”, los grandes grupos económicos -por ejemplo, el de los ferrocarriles, de los combustibles o del algodón-, hemos pasado a una legislación con muchísimas más figuras, absolutamente desconocidas en la época, como los acuerdos colusorios, las prácticas predatorias, los acuerdos de integración horizontal, los de integración vertical, etcétera. La práctica de abuso de una posición dominante era totalmente extraña a los legisladores, no sólo de 1890, sino también a los legisladores chilenos de 1974.
Sin duda, el nuevo marco requiere mayor fiscalización y análisis de estas conductas por parte de los organismos del Estado.
Hoy, el Gobierno nos pide mayores poderes para ello. Creemos que lo ha hecho de mala manera. Como lo han señalado otros señores diputados, nuestro sistema antimonopolio está sustentado en tres grandes pilares, con lo que se está produciendo un quiebre de la delicada relación entre ellos.
Antes de proveer nuevas facultades para el fiscal, era imprescindible modificar las conductas que contempla nuestra normativa antimonopolio. Por ejemplo, existen figuras penales que no han tenido aplicación práctica alguna. El decreto ley Nº 211 contiene figuras criminales que no se han podido aplicar por adolecer de problemas de inconstitucionalidad; figuras administrativas demasiado amplias, que no respaldan ni dan seguridad a las personas que desarrollan actividades económicas en cuanto a las posibilidades que tienen al incurrir en infracciones y ser sancionados por la ley.
Nuestra legislación data de 1974. Ni siquiera ha recogido todas las nuevas tendencias de los últimos años en materia de antimonopolio. Por ejemplo, el análisis económico del derecho; la jurisprudencia de la Dirección General N°4, de la Unión Europea; la jurisprudencia actual de la Organización Mundial del Comercio, la vivencia empírica respecto de fusiones o de prácticas colusorias.
Tenemos una legislación sustantiva absolutamente atrasada, poco preparada para responder a nuevas realidades de mercado y que, sin duda alguna, da gran inseguridad a todos aquellos que desean desarrollar una actividad económica. Por lo tanto, junto con solicitarnos facultades, debió analizarse de inmediato la legislación sustantiva que ese fiscal, con mayores atribuciones, aplicará.
Es imprescindible modificar y mejorar aquellos órganos que deben resolver -las comisiones resolutivas- sobre lo que el fiscal ha investigado.
En la actualidad, estas comisiones adolecen, al menos, de dos graves defectos:
Por una parte, falta de independencia. Como lo han señalado algunos de los honorables diputados, están integradas en su mayor parte por personas que corresponden al Poder Ejecutivo . Además, no cuentan con recursos suficientes y, por último, la Fiscalía tiene una presencia permanente en muchas de sus decisiones. Por lo tanto, no dan garantía de independencia al momento de conocer esta mayor investigación que ha hecho el fiscal con sus nuevas atribuciones.
Por otra parte, no tienen capacidad técnica. La composición de las comisiones preventivas y resolutivas, que probablemente era la adecuada para 1974 -creo que cumplieron bien su misión- no lo es para el mercado de 1998. Falta una preparación mucho más técnica de sus integrantes.
Por eso, concuerdo totalmente con la idea que debió haberse presentado ahora y no en programas, de ir buscando un tribunal de la competencia o directa y claramente un tribunal económico.
Ésas son las dos grandes ideas que nos llevan a no apoyar el proyecto.
Queremos más fiscalización y mayor control del mercado para evitar prácticas monopólicas, pero ello no es posible hacerlo a través de nuevas atribuciones si no se ha revisado la legislación de fondo que aplicará el fiscal ni la composición y la forma de fallar de las comisiones.
Se nos dice que hay otros países que tienen una legislación muy similar.
En el caso de la legislación más moderna en estas materias, de la Unión Europea, todos los funcionarios son autónomos, totalmente prescindentes de los gobiernos. En cuanto a la legislación americana, la sección primera de la Federal Trade Commission Act, de 1914, señala que el principal órgano que va a cautelar la libre competencia es la Federal Trade Commission, formada por cinco comisionistas, propuestos por el Presidente pero con el consentimiento del Senado, que tienen un plazo en sus funciones y, además, nunca puede haber más de tres de sus integrantes del mismo partido político. Es decir, se dan ciertas garantías de imparcialidad.
Se nos dice que esperemos, que después se presentará la legislación sustantiva, la más adecuada para los tribunales.
No sólo quiero recordar los famosos casos de los decretos leyes N°s. 520 y 338, que quedaron esperando durante más de 50 años la legislación sustantiva que se iba a aplicar, sino también deseo señalar, muy claramente, que desde mediados de los años 60 estamos esperando la legislación que creará los tribunales de justicia tributaria de primera instancia. En la actualidad, el Servicio de Impuestos Internos, a través de sus directores regionales o abogados a cargo, falla en primera instancia. En la historia fidedigna de la ley se decía que era una medida temporal que sólo duraría alrededor de 12 meses. Llevamos más de 30 años esperando -con responsabilidad de todos los gobiernos- esos tribunales.
Por lo tanto, partir otorgando atribuciones antes de haber visto la legislación de fondo y el nuevo funcionamiento de los tribunales, aparte de ser una mala técnica legislativa, me parece muy peligroso, pues están en juego los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
El proyecto en concreto, además, tiene una serie de imperfecciones.
Me parece extraño que se diga que no contiene vicios de constitucionalidad.
La letra h), nueva, al decir que puede inspeccionar sin restricciones, por sí o a través de los funcionarios que designe, las operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, archivos, etcétera, establece una clara infracción constitucional al N° 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Al mismo tiempo, contiene claras infracciones a las normas del debido proceso.
El fiscal podrá citar; ordenar a Investigaciones, directamente, sin la participación de un tribunal, sin un juez independiente que diga que puede hacerlo, para que realice estudios y que, además, éstos tengan el carácter de reservados.
Por otra parte, no hay ninguna garantía de la reserva de información que tendrá la Fiscalía e, insisto, podrá revisar toda la correspondencia, libros, proyectos y contratos de una empresa, con el gravísimo riesgo político y económico que eso conlleva.
Por otra parte, el proyecto contiene gran cantidad de elementos que me parecen inadecuados -como la nueva figura de los fiscalizadores regionales- y que lo único que lograremos con ellos es mayor burocracia en lugar de mayor aplicación de las normas de libre competencia. Este sistema puede ser usado para perseguir políticamente mediante la molestia constante de la solicitud de información, porque el fiscal tiene atribuciones muy amplias. Él, que es un órgano investigativo, hoy puede citar o pedir investigaciones sin concurso del tribunal, lo que, además, me parece un atentado constitucional a las normas del debido proceso.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , lamentablemente, ha llegado a su término el Orden del Día.
La discusión deberá continuar mañana y su Señoría podrá iniciarla y explayarse durante el resto de los quince minutos a que tiene derecho, puesto que el señor Secretario me ha indicado que su Señoría ocupó ocho minutos y fracción.
-Queda pendiente la discusión.
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tuma para plantear un asunto reglamentario.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , quiero solicitar, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo relacionado con la alta valoración que le merece a la Cámara la reciente elección del embajador señor Juan Somavía Altamirano como nuevo Director de la Organización Internacional del Trabajo.
Me parece importante que esta Sala sea oportuna en dar una señal internacional de reconocimiento al respecto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la solicitud del Diputado señor Tuma.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Paya por una cuestión reglamentaria.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , solicito que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala respecto de la petición del Diputado señor Tuma .
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo mediante el cual se felicita al señor Somavía por su elección como nuevo Director de la OIT?
Acordado.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE BIENES FISCALES ASIGNADOS A COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO. Alcance del inciso cuarto del artículo 113 del Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , en relación con el proyecto de acuerdo que quedó pendiente en la sesión pasada, más allá de su contenido y de si las modificaciones que se le han introducido satisfacen o no las objeciones hechas desde un punto de vista constitucional, pido que la Mesa se pronuncie en el sentido de si su texto actual constituye un nuevo proyecto de acuerdo y si, en ese caso, en conformidad con el Reglamento, debería votarse al final de los asuntos en tabla. Porque de lo contrario, nos encontraríamos con la situación de que la redacción de cualquiera de ellos puede ser modificada en cualquier momento y sin las firmas de sus patrocinadores originales.
Como este hecho reviste alcances importantes, me gustaría que la Mesa clarifique su criterio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , la práctica es que quienes han presentado proyectos de acuerdo los puedan modificar antes de su votación.
Ya lo discutimos respecto del fondo la vez pasada.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , ¿ése es el criterio de la Mesa? Porque, por esta vía se puede cambiar en forma sustantiva el contenido de un proyecto de acuerdo. En la práctica, uno podría presentar en el futuro un texto sobre cualquier cosa para ganar un lugar o reservar un espacio en la discusión de los proyectos de acuerdo y luego sustituirlo completamente por otro distinto el día de mañana. Entonces, el problema no es menor.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Pediré el acta para revisar el acuerdo adoptado en la sesión correspondiente.
El señor VALENZUELA.-
Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , yo fui quien redactó y presentó el proyecto de acuerdo que está creando el problema.
En la reunión anterior se planteó el problema de inadmisibilidad. No tuvimos oportunidad de demostrar que el proyecto es admisible, pero, con el fin de evitar ese problema, utilizando el procedimiento usual, le hemos hecho modificaciones para no permitir siquiera que se plantee dicha inadmisibilidad.
No obstante, como estoy tan seguro de que el proyecto no está dirigido precisamente a atacar a la persona o sus bienes, lo cual preocupa a quienes lo han impugnado, estoy dispuesto a que se acoja la objeción y se analice derechamente la iniciativa en su forma original.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, el tema es importante y deberé esperar el acta para ver qué dice. Dado que eso significa una demora, puesto que deberán traerla, suspendo la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Señores diputados, en el acta de la sesión 2ª, del miércoles 18 de marzo, se expresa, en la parte pertinente: “Atendido a que sólo resta un minuto y medio, la Mesa y los Comités acordaron dejar pendiente el tratamiento de los proyectos de acuerdo para la sesión ordinaria del martes de la próxima semana”.
Debo dejar constancia de que aquí sólo estamos haciendo precisiones reglamentarias antes de entrar a discutir los proyectos de acuerdo.
En ese contexto, como se ha pedido a la Mesa precisar un criterio, las disposiciones respecto de los proyectos de acuerdo figuran en el numeral 8º, artículo 113, del Reglamento, que en su párrafo final dice:
“La discusión de cada proyecto y sus modificaciones se hará en el término de diez minutos, del que usarán, por mitad, hasta dos diputados pertenecientes a Comités de distintos partidos que la apoyen, y hasta dos, en iguales condiciones, que lo impugnen”.
Es decir, la disposición habla del debate de cada proyecto y sus modificaciones. La Corporación, en la práctica, ha estimado que las modificaciones se sometan al conocimiento de la Sala, interpretando así la disposición del artículo. Dado que se han expresado dudas al respecto, la Mesa, de acuerdo con las facultades reglamentarias, prefiere que las resuelva la Corporación y, por tanto, le solicita su pronunciamiento.
Hay dos interpretaciones. Una, que a juicio nuestro los proyectos de acuerdo se tratan con sus modificaciones y, por consiguiente, para los efectos prácticos del proyecto en discusión posterior así debería ser votado, y, otra, en el sentido de que las modificaciones, para ser incluidas en un proyecto de acuerdo, requieren de la unanimidad de la Sala o de lo contrario se entiende como un proyecto nuevo que ingresa en el orden siguiente.
Ofrezco la palabra por cinco minutos a alguien que quiera sostener una u otra interpretación. La Sala resolverá después.
Tiene la palabra el Diputado señor Paya para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor PAYA.- Señor Presidente, hay tres temas distintos.
Quiero formular la pregunta de si formalmente se dio por iniciada la discusión del proyecto de acuerdo en cuestión el otro día, puesto que cambia completamente la circunstancia si ya iniciada su discusión se le introducen modificaciones con posterioridad, situación en la que temo nos podamos encontrar, porque el artículo 113 alude a la posibilidad de que, presentado un proyecto de acuerdo, antes de entrar a debatirse, sus autores puedan hacerle las modificaciones que estimen pertinentes.
El segundo es un tema formal. Pido que se me informe si todas las personas que suscribieron el proyecto original concurrieron también a las modificaciones.
El tercero es de fondo, y quiero plantearlo más allá, incluso, de la posibilidad de que se discuta hoy el proyecto de acuerdo.
De permitirse modificaciones de esta manera, a partir de mañana cualquier bancada o diputado , por método, podría presentar cualquiera cosa, una página de la Biblia, por ejemplo, como proyecto de acuerdo, con el ánimo de asegurarse un cupo permanente para su discusión, y cinco minutos antes de la sesión, reemplazarlo por otro texto, lo cual, obviamente, vulneraría el espíritu del Reglamento.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , me referiré a su primera inquietud, puesto que entiendo que las otras se agrupan dentro de las respuestas dadas por la Mesa.
Leí el final del acta de la sesión anterior, que dice: “Atendido que sólo resta un minuto y medio, la Mesa y los Comités acordaron dejar pendiente el tratamiento de los proyectos de acuerdo para la sesión ordinaria del martes de la próxima semana.” No se alcanzó a discutir el proyecto de acuerdo. La discusión radicó en si la Mesa tiene o no facultades para pronunciarse.
En lo segundo, hay dos interposiciones -la primera, referida a que los proyectos de acuerdo se votan con sus modificaciones, y la segunda, a que las eventuales modificaciones hacen que el proyecto de acuerdo pierda su orden de tratamiento y se incorpore como nuevo al final de los anteriores- por lo cual la Mesa ha solicitado el pronunciamiento de la Sala.
El señor VALENZUELA.-
Pido la palabra para un asunto reglamentario.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , creo que aquí caben dos posiciones: una, que son aceptables las modificaciones que se formulan al proyecto de acuerdo con posterioridad a su presentación, y la otra, de no acogerse la anterior, que simplemente se desechen y se vote como se presentó. Lo demás sería dilatar el problema, ya que de esa manera el día de mañana se podrían inventar otros antecedentes y estaríamos toda la vida sin resolverlo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , primero, la Mesa otorgará la palabra a propósito de las dos interpretaciones. En seguida, veremos sus consecuencias directas.
Para sostener el criterio de que los proyectos de acuerdo se votan con sus modificaciones, tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , ha sido norma en la Cámara, durante dos períodos, que cuando se presenta algún tipo de dificultad en la redacción de un proyecto de acuerdo, sobre todo cuando se ha iniciado su discusión -en mi opinión, en este caso está claro que la discusión se suspendió porque no iba a alcanzar el tiempo-, tiene prioridad en el primer lugar de la sesión siguiente.
Se hizo el cambio de redacción, precisamente, para facilitar su discusión y se suspendió la sesión para llegar a acuerdo. Por eso, pensé que el nuevo texto correspondía a eso.
De manera que, en mi concepto, debe tratarse de inmediato, con las correcciones hechas. Si el Diputado señor Valenzuela quiere que se trate como se presentó inicialmente, habría más dificultades, dado que no se pueden investigar las propiedades o bienes particulares de una persona.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para fundamentar la tesis distinta, tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , sólo quiero plantear que los firmantes de un proyecto de acuerdo deben concordar para hacerle modificaciones. Por lo tanto, el que está en cuestión no puede ser modificado porque varios de los que lo suscribieron ya no pertenecen a esta Corporación, por lo cual no podría haber unanimidad.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Diputado señor René Manuel García , ése es otro tema.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
No es otro tema.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , estamos precisando otro tema. Le pido, por favor, que se remita al que está en discusión.
El señor GARCÍA, don René Manuel .-
Señor Presidente , ése es el tema principal, porque se requiere la unanimidad de los firmantes del proyecto de acuerdo para ser modificado y muchos ya son ex diputados. Es decir, claramente, no podría modificarse. Por ese solo hecho, ¿qué pasaría? Sería otro proyecto de acuerdo y no el original.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
El debate no es infinito.
Los señores diputados saben para los efectos de fijar una posición que cuando la Mesa solicita a la Sala un pronunciamiento, se ofrece la palabra a alguien que afirme un criterio y después a quien afirme otro.
Voy a entender que el alegato del Diputado señor René Manuel García fue una cuestión de Reglamento y no para fundamentar la segunda interpretación.
Para hacerlo, tiene la palabra el señor Coloma.
El señor COLOMA .-
Señor Presidente , en el Reglamento hay temas que son discutibles y otros que no lo son. Éste, categóricamente, está dentro de los segundos, porque jamás en la Cámara ha habido dudas respecto de este punto específico.
No sólo el artículo 113 del Reglamento se refiere al proyecto de acuerdo. El Nº 16 del artículo 1º lo define: es una “proposición que cinco o más diputados presentan por escrito a la Sala con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones...”.
¿Qué supone el hecho de que el Reglamento exija que sea por escrito? Que el tenor del proyecto de acuerdo debe ser suficientemente explícito para saber con exactitud qué se está debatiendo, al contrario de la tesis, que se planteó en su momento, de que pudiera ser oral, de que no fuera determinado en su esencia, para permitir su elaboración durante la discusión.
El Reglamento establece que debe ser escrito, y es absolutamente indubitado que cualquier modificación hace que sea un proyecto de acuerdo distinto, a lo menos, con dos características.
En primer lugar -y tiene razón el Diputado señor René García -, debe ser acordado por todos los suscriptores, por una razón muy clara. Podría uno de los firmantes no consentir su modificación, pero, en la historia del proyecto de acuerdo, aparecería como patrocinante del texto modificado, lo cual sería absolutamente indebido y contrario al respeto y dignidad de los parlamentarios.
En segundo lugar, en todo evento, requiere ser modificado mucho antes para ser evaluado.
Respecto de este punto, no serviría para nada la correlación de los proyectos de acuerdo que se lleva en la Secretaría, porque bastaría con ocupar determinados números para tener ciertas precedencias, y modificar el texto antes de la discusión y aplicarlo a cualquier tema relevante de actualidad.
A nosotros se nos entrega una carpeta con los proyectos de acuerdo presentados por escrito, y esto no serviría para nada si antes o durante la discusión se modifican los fundamentos o el texto mismo. No tendría sentido este hecho.
Por eso, insisto en que hay temas que pueden discutirse y otros que no. La exigencia de que el proyecto de acuerdo sea presentado por escrito es, precisamente, para hacerlo indubitado. Así, se evita la incertidumbre que ocasionaría su modificación en cualquier momento, lo que haría perder su perspectiva.
En todo evento se requiere la unanimidad de los patrocinantes para modificar un proyecto de acuerdo A, ya que a alguno podría achacarse un texto Z, lo que sería absolutamente indebido.
Por último, se dio lectura en la Sala al proyecto de acuerdo A, y ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, para este efecto, podría discutirse un proyecto de acuerdo Z, porque eso restaría seriedad a una facultad importante de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La primera interpretación consiste en que el proyecto de acuerdo se vota con sus modificaciones, y la segunda, que en caso de modificaciones, pierde la prelación y debe tratarse como uno nuevo.
En votación el primer criterio, es decir, que los proyectos se votan con sus modificaciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación la segunda interpretación.
-Durante la votación.
Un señor DIPUTADO .-
¿Tiene algún sentido, señor Presidente?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Sí, tiene sentido, porque, a juicio de esta presidencia, en caso de ser aprobada la segunda, podría entenderse como complementaria de la primera.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, en ambos casos, mi voto no ha quedado registrado en el tablero por un problema en el sistema electrónico.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se corregirá, señor diputado , pero, de acuerdo con las normas reglamentarias, como su voto no incide en los resultados, no se invalidarán las votaciones practicadas.
La Sala se ha pronunciado por la interpretación de que los proyectos de acuerdo se votan con sus modificaciones, sin perder el orden.
El Diputado señor Paya ha solicitado información respecto de los firmantes del proyecto de acuerdo y de los firmantes de su modificación.
Ruego al señor Prosecretario responder esa consulta.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
La modificación ha sido presentada por los señores Naranjo, Valenzuela y Aguiló, y el proyecto de acuerdo fue presentado por los señores Naranjo, Valenzuela, señora Allende; Acuña, Balbontín, Elgueta, Morales, Girardi, Aguiló, Ascencio, Navarro, Encina, Muñoz, Montes, Tuma, Letelier, don Felipe; Pérez, don Aníbal; Letelier, don Juan Pablo; Jocelyn-Holt, Silva, Ojeda, Gutiérrez, y señora Pollarolo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela, por una cuestión de Reglamento.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , nos interesa analizar el contenido de fondo del proyecto de acuerdo y no los asuntos procesales ni las leguleyadas. Para evitar que nos enfrentemos a problemas de esa naturaleza, hemos preferido postergar el análisis de fondo del tema, en la seguridad de que no sólo perseguimos atacar la forma indebida en que algunas personas se han apropiado de bienes fiscales, sino, además, cambiar el sistema, porque creemos que la democracia se afianza no sólo eliminando a los senadores designados, sino también defendiendo el patrimonio nacional.
En razón de ello, retiramos el proyecto de acuerdo para presentarlo nuevamente en abril.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Retirado el proyecto de acuerdo.
NOMBRAMIENTO DE DON JUAN SOMAVÍA ALTAMIRANO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo relacionado con el Embajador señor Somavía, sobre el cual existe unanimidad para despacharlo ahora.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 4 de los señores Mesías, Rocha, Jarpa, Pérez Arriagada, Venegas, Paya, Moreira, Núñez, Bustos, don Manuel; Muñoz, doña Adriana; García, don René Manuel; Ceroni, Correa, Hales, Ortiz, Caraball, doña Eliana; Díaz, Tuma, Mora, Letelier, don Felipe, y León, que dice:
“En el día de ayer ha culminado un largo camino, iniciado por el Presidente Aylwin Azócar y continuado por el Presidente Frei Ruiz-Tagle que, mediante las activas gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, permitió la realización de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la incorporación de Chile como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el ejercicio de la presidencia del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Ayer, fue elegido Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Embajador de Chile ante la ONU, don Juan Somavía Altamirano. Ha sido un merecido reconocimiento a nuestro país y, en lo personal, a tan distinguido Embajador.
Por lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de Acuerdo:
La Cámara de Diputados expresa a S.E. el Presidente de la República , al señor Ministro de Relaciones Exteriores y a todo el personal de ese Ministerio, sus congratulaciones por la importante y significativa elección del Embajador don Juan Somavía Altamirano, como Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), culminación de un arduo trabajo que comprometió generosos esfuerzos del Gobierno, y hace llegar a tan destacado e ilustre Embajador, sus más cálidas y fraternales felicitaciones”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo al cual se ha dado lectura.
-Durante la votación.
El señor COLOMA .-
Cuestión de Reglamento, señor Presidente . ¡Esto no puede terminar así!
El señor PAYA.-
Suspenda la sesión.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se suspenderá la sesión luego de la votación del proyecto de acuerdo.
Si tiene problemas con el sistema, Diputado señor Van Rysselberghe, puede emitir su voto en forma oral para que se compute.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se deja constancia del voto favorable del Diputado señor Van Rysselberghe.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
ACUERDO DE LOS COMITÉS PARA RESOLVER TEMA DE LA TRAMITACIÓN Y VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma , por una cuestión de Reglamento.
El señor COLOMA .-
Señor Presidente , cualquiera persona que lea la versión de esta sesión pensará que estamos todos locos, lo cual no es útil ni deseable.
Aquí hay una cuestión de Reglamento pendiente, respecto de la cual su Señoría señaló que había dos interpretaciones. De pronto se retiró el proyecto de acuerdo. Sin embargo, no puede quedar en el aire la interpretación de la Mesa sobre el tema de fondo; esto es, si es posible modificar un proyecto de acuerdo por personas que no lo han suscrito. Es importante que nos diga si la Mesa considera válida la interpretación “a” o “b”, sin perjuicio de lo que ocurra con el proyecto mismo, ya que no puede quedar en el acta ni en nuestra mente una duda que nunca se zanjó.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Mesa zanjó el tema de los proyectos de acuerdo y sus modificaciones. Si en algún momento se da el caso, es pertinente que la Mesa deba absolver una consulta respecto de una modificación, pero como no está planteada en este momento, porque el proyecto de acuerdo ha sido retirado, no tiene por qué pronunciarse, ya que la Mesa no está para contestar cuestiones hipotéticas.
Tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , para mantener el orden de la sesión, su Señoría le dio a la intervención del Diputado señor René García el carácter de cuestión de reglamento, siendo que ella tuvo que ver precisamente con la materia, ya que objetó que un proyecto de acuerdo fuera modificado con firmas distintas de las de quienes lo suscribieron originalmente. De manera que la cuestión de reglamento no es hipotética ni teórica. En consecuencia, la pregunta del Diputado señor Coloma es pertinente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cualquier diputado tiene derecho a pensar sobre cuál debe ser la respuesta más conveniente de la Mesa en materia reglamentaria; sin embargo, en virtud de sus atribuciones, cuando un punto está planteado en relación con un trámite, la Mesa está obligada a absolver la consulta. Sin embargo, no somos fuente de consultas respecto de situaciones hipotéticas. En este momento no está planteado el tema y, por tanto, no corresponde discutirlo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El Jefe de Comité de la UDI me solicita suspender la sesión.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se reanuda la sesión.
En relación con el tema global de los proyectos de acuerdo y del pronunciamiento solicitado a la Mesa, reunida ésta con los Comités acordaron abocarse al estudio del tema, para los efectos de entregar una propuesta a la Sala durante la próxima semana legislativa.
RECHAZO A TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, RELIGIOSA O ÉTNICA.
El señor MARTÍNEZ, don GutenbergEl señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ZÚÑIGAProyecto de acuerdo Nº 590, de los señores Bayo, Makluf, Prokurica, Galilea, Vargas, Kuschel, señoras Pollarolo, Lily Pérez y Caraball y señores Díaz y Delmastro: “Considerando: 1. La creciente globalización observable en todo tipo de actividades, tales como las de carácter político, social, religiosas y étnicas. 2. El conocimiento en todos los ámbitos de variados ejemplos de presión que permiten detectar incrementos de actividades, conductas y actos que tienden a profundizar o a reavivar discriminaciones de tipo étnico, filosófico y religioso. 3. El número creciente de jóvenes estudiantes y profesionales extranjeros que visitan o se avecinan en Chile, quienes necesitan seguridad en una vida libre de discriminación. 4. Lo establecido en la Constitución Política, que en diversas disposiciones asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y prohíbe diferencias arbitrarias, en concordancia con los tratados internacionales que rechazan toda forma de discriminación. En base a las consideraciones precedentes, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de acuerdo 1. Ratificar en todas sus partes las normas constitucionales y legales vigentes, garantizando la no discriminación de ninguna especie. 2. Rechazar toda inducción o todo acto atentatorio en contra de las disposiciones mencionadas.”
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para rechazarlo.
El señor ÁVILA.- Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , no diría estrictamente para rechazarlo, sino para expresar mi estupor por su conclusión, que dice: “Ratificar en todas sus partes las normas constitucionales”.
Francamente, resulta inútil recordar a los ciudadanos, mediante un proyecto de acuerdo, que deben acatarse las normas constitucionales, puesto que es de estricto sentido común que debe ser así. Por lo tanto, no se requiere este mecanismo para recordarlo.
He dicho.
El señor LEAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- ¿Es para argumentar en contra?
El señor LEAL .- Señor Presidente , sólo quiero hacer un alcance.
Me habría gustado que en este proyecto de acuerdo se hubiera incorporado el género, porque en él se habla de la discriminación política, social, religiosa o étnica, pero no de la relación hombre-mujer, respecto de la cual hay una serie de proyectos en el Parlamento que aún no se aprueban.
Eso es todo.
La señora CRISTI.-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora CRISTI .-
Señor Presidente , sólo para decir que en esta Sala no debería existir discriminación respecto de las intervenciones. Cuando hemos tratado de rectificar alguna situación referente a un proyecto, nunca se nos ha dado la palabra. Sin embargo, dos diputados de la Concertación intervinieron no para aprobar ni para rechazar, sino para dar su opinión, que ni siquiera era de Reglamento.
Gracias.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación.
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
MEDIDAS EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 1, del señor Gutenberg Martínez, señora Adriana Muñoz; señores Naranjo, José Antonio Galilea, Paya, Longton, señora Prochelle; señores René Manuel García, Ceroni, Correa, Ortiz, señora Caraball y señores Prokurica, Alvarado, Díaz y Delmastro:
“Considerando:
Que, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Caracterización Socio-Econó-mica (Casen 1996), referida a la información social y económica de los adultos mayores del país, que comprende a las personas de 60 y más años de edad -de acuerdo a los criterios que propone para estos efectos las Naciones Unidas-, se constata que esa categoría comprende el 10,5% de la población nacional.
Que, del porcentaje antedicho, el 10,8% lo constituyen los adultos mayores pobres -indigentes y pobres no indigentes-, y el 89,2% los adultos mayores no pobres.
Que, cuando se analiza el proceso de envejecimiento poblacional y su impacto en los ámbitos económico y social, surge la preocupación por aspectos vinculados a la previsión social. Actualmente, el 72,9% de la población mayor jubilada o pensionada es atendida a través del Instituto de Normalización Previsional (INP), y el 11,4% es atendida por el sistema radicado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Por su parte, el 14,5% de los adultos mayores percibe el Subsidio de Pensión Asistencial -$ 23.415,68- (monto básico a contar de enero de 1998).
Que, por su parte, es relevante considerar el sistema de salud al cual está adscrito este segmento poblacional, atendido que es la etapa de la vida en que, por lo general, se produce una mayor necesidad de atención de salud. El 76,9% recibe atención a través del sistema público, el 4,7% del sistema de las Fuerzas Armadas, el 8,8% del sistema de Isapres y el 7,9% lo hace en forma particular -no tiene un sistema de salud que le cubra sus necesidades-.
Que, del total de la población chilena, el 25% de los jefes de hogar está constituido por personas mayores de 60 años. Este es un antecedente importante de considerar cuando se intenta implementar cualquier programa para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
Que, la Política Nacional para el Adulto Mayor, aprobada por el Comité de Ministros del Área Social de Gobierno, en marzo de 1996, fijó como meta “lograr un cambio cultural en toda la población que signifique un mejor trato y valoración de los Adultos Mayores en nuestra sociedad, lo que implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y, alcanzar mejores niveles en la calidad de vida para todos los Adultos Mayores.” Todo ello se basa en los principios fundamentales de la equidad y de la solidaridad intergeneracional, y que tienen por objeto, entre otros, lograr la autovalencia y el envejecimiento activo.
Que, la política en favor del adulto mayor reconoce y torna necesario, especialmente, la participación del Estado en su rol subsidiario y en el apoyo a los sectores que por sí solos no pueden afrontar las situaciones de dificultad que se le presentan a una persona que ha alcanzado una edad avanzada. Se exige del Estado un rol regulador y coordinador de las acciones, tanto de éste, como del sector privado y de la sociedad civil en su conjunto.
Que, teniendo presente que un porcentaje mayoritario de adultos mayores pertenece a una clase media del país, quienes, generalmente, viven de una pensión -que es notablemente inferior al sueldo que obtenían en su vida laboral activa- y que, en su gran mayoría, poseen un inmueble -en el cual habitan- y un automóvil, y que han perdido su capacidad real para ser beneficiarios de créditos bancarios por no contar con otros medios para responder de las deudas que no sea su casa habitación.
Que, para salvar tal situación, se hace necesario que el Estado intervenga, aunque sea dictando normas de incentivo para que los privados creen los mecanismos que coadyuven a mejorar la calidad de vida de este segmento social.
Que, se hace necesario crear un sistema de financiamiento complementario a las pensiones que reciben los adultos mayores como forma de paliar la precaria situación económica en que se encuentran en esta etapa de la vida. Tal financiamiento puede ser compartido tanto por el sistema público como privado y, también por un mecanismo de autovalencia, donde participe el adulto mayor directamente pero por canales que se creen por los demás sectores activos y financieros de la sociedad. A modo de ejemplo, debiera estudiarse algún sistema en que los bancos y demás instituciones financieras establezcan líneas preferenciales de crédito para la tercera edad, exenciones de impuestos en ciertos rubros, créditos a través de los cuales los afectados puedan entregar el bien raíz que poseen a cambio de una suma de dinero fija (especie de renta vitalicia), pero manteniendo un derecho de usufructo vitalicio del mismo, de tal manera que luego del fallecimiento, la institución que celebró el contrato acceda al bien, en recompensa a lo que otorgó en vida de la persona. Asimismo, podría aplicarse el sistema de leasing como mecanismo que solucione el problema que se ha planteado en los considerandos anteriores. Estos, u otros sistemas alternativos, se hace necesario estudiar con las finalidades antedichas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al Presidente de la República con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva disponer el estudio de medidas que permitan favorecer al adulto mayor en la última etapa de su vida, de tal manera que el Ministerio de Hacienda o, en su caso, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, dicten instrucciones o propongan sistemas alternativos a los actualmente vigentes, si los hubiere, especialmente en lo referente a beneficios bancarios y acceso al crédito, teniendo presente los considerandos expuestos en el presente proyecto de acuerdo.”
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
ELIMINACIÓN DE INCOMPATIBILIDADES LEGALES QUE AFECTAN A TRANSPORTE PÚBLICO.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 2, de los Diputados señores Juan Pablo Letelier, Lorenzini, Ojeda, Aníbal Pérez, René Manuel García, José Antonio Galilea, Gutiérrez, Masferrer, Jaramillo, Hernández, Fossa, señora Prochelle; señores Ceroni, Correa, Ortiz, señora Caraball y señores Díaz, Alvarado y Delmastro:
“Considerando:
1) Que ha sido motivo de permanente preocupación el mejorar los niveles de seguridad y calidad de los servicios de transporte público en nuestro país.
2) Que se ha procurado, no sin dificultades, ordenar los diversos servicios de transporte público dentro de los marcos legales existentes, clasificando a éstos según sus particularidades y ubicación geográfica.
3) Que en el marco de este esfuerzo ordenador, las autoridades de transporte han establecido en el D.L. N° 212 un conjunto de nuevas exigencias a los empresarios del transporte colectivo, quienes en general han hecho significativos esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios por ellos brindados.
4) Que este cuerpo legal estableció en su Artículo 6 que el transporte público se agrupara en tres categorías:
a) Servicios urbanos de transporte público de pasajeros, entendiéndose por tales los que se prestan al interior de las ciudades o de conglomerados de ciudades cuyos contornos urbanos se han unido. El radio que comprende una ciudad o un conglomerado de ciudades, según sea el caso, podrá ser determinado para estos efectos por los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones;
b) Servicios rurales de transporte público de pasajeros, entendiéndose por éstos los que sin superar los 200 kms. de recorrido, exceden el radio urbano, con excepción de los indicados en la letra c) siguiente;
c) Servicios interurbanos de transporte público de pasajeros, entendiéndose por éstos los que superan los 200 kms. de recorrido, y los que sin exceder los 200 kms. unen la ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras ubicadas en la V Región.
5) Que tras el objetivo general de contribuir al mejoramiento de la seguridad en los servicios de Transporte Público se establecieron nuevas normas en la Ley General de Tránsito, en particular, respecto a los nuevos requisitos para obtener los permisos de conducir.
6) Que asimismo se ha revisado el Código de Trabajo introduciendo modificaciones a las normas referidas a los trabajadores del transporte público, con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito en las carreteras, estableciendo, de acuerdo a una clasificación de los tipos de transporte público, derechos referidos a los períodos de descanso para algunos choferes del transporte público.
7) Que para efectos laborales y de acuerdo a lo establecido en los artículos 25 y 26 del Código de Trabajo, los servicios de pasajeros se clasifican en urbanos e interurbanos, estableciéndose que:
a) “Es interurbano el servicio destinado a transportar pasajeros entre una o más ciudades o localidades que están ubicadas en ciudades o áreas urbanas diferentes, y.”
b) “Es urbano en general, el servicio de locomoción colectiva que alternadamente recoge y deja usuarios en los paraderos del trayecto o recorrido constituido por calles o vías de una determinada ciudad o área poblacional”.
8) Que la clasificación de los tipos de transporte público establecido en el D.L. N° 212, difiere de la clasificación establecida en el Código de Trabajo, existiendo tres categorías en el D.L. N° 212 y sólo dos categorías en el Código de Trabajo.
Vistos:
Que a raíz de una buena intención de fiscalizar el cumplimiento de las normas del Código de Trabajo, la incompatibilidad existente entre las normas establecidas en el D.L. N° 212 y el Código de Trabajo, está generando una situación altamente discriminatoria y conflictiva, en perjuicio del transporte público rural.
Que la interpretación parcial que algunos fiscalizadores del trabajo le están dando al espíritu de las normas del Código de Trabajo respecto a las normas sobre los servicios de transporte entre las comunas cabeceras y sus comunas vecinas, los cuales son recorridos inferiores a los 200 kilómetros, está generando un cuadro de alta conflictividad, dado que se está exigiendo al transporte rural las mismas condiciones que a los transportes interprovinciales.
Los abajo firmantes proponen a la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo:
1) Oficiar al Presidente de la República , con el objeto de solicitar su respaldo a la Moción Parlamentaria destinada a eliminar la incompatibilidad entre las normas del D.L. N° 212 y el Código de Trabajo.
2) Oficiar al Ministro del Trabajo y a la Directora Nacional del Trabajo, con el objeto de que deje sin efecto las multas cursadas al Transporte Rural, surgidas de las discrepancias en las normas entre el D.L. N° 212 y el Código de Trabajo”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para integrar con los Diputados señores Elgueta, Silva, Cardemil, Paya y Felipe Letelier, la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias producidas en el proyecto que modifica la ley de Tránsito.
Acordado.
IX. INCIDENTES
APLICACIÓN DE SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Por indicación del jefe de Comité, tiene la palabra, por dos minutos, el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , recientemente hemos sido testigos del conflicto suscitado por la medida precautoria decretada por la honorable Comisión Resolutiva Antimonopolios, que impide a la filial de telefonía móvil de CTC, es decir, Startel , comercializar el llamado “calling party pay plus”.
Muchas voces se han alzado en favor de la libre competencia y de las ventajas que los usuarios dejarían de percibir ante la decisión de la autoridad. Por ello resulta altamente necesario que la opinión pública conozca los criterios en que se basa el verdadero sistema tarifario denominado “calling party pay”, que en estos momentos estudia la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como una forma de hacer más justo el cobro de las llamadas entre celulares y teléfonos móviles.
En primer lugar, considero que la autoridad tiene toda la razón al proponer el sistema “calling party pay”, es decir, el que llama, paga, en el sistema telefónico nacional. Este sistema se fundamenta en el hecho de que quien origina una llamada expresa su voluntad de hacerlo y, por lo tanto, está dispuesto a asumir su costo total.
Cuando realizamos una llamada internacional, sabemos que su costo es mayor que el de una local. Del mismo modo, cuando llamamos a un usuario móvil, sabemos que es más caro que hacerlo a un teléfono fijo. Sin embargo, al intentar llamar a un usuario móvil estamos expresando nuestra decisión de ubicarlo donde quiera que éste se encuentre, y al hacerlo estamos aceptando el mayor costo que ello implica.
Sobre la base de este razonamiento, creo que el Gobierno tiene toda la razón al establecer el referido “calling party pay”, que ha sido aplicado con mucho éxito en otros países latinoamericanos. Además, hay que tener presente que el suscriptor de telefonía local es libre para decidir efectuar la llamada a un teléfono móvil, pudiendo, incluso, bloquear la posibilidad de que se cursen esas llamadas desde su teléfono, de acuerdo con el reglamento del servicio telefónico actualmente vigente.
Ahora bien, el “calling party pay plus” que plantea la CTC y Startel no cobra al usuario de la red fija el costo de la llamada a un usuario móvil por el uso de la red móvil. Por lo tanto, alguien debe asumir el costo, y quien en definitiva terminará pagándolo será el usuario móvil. Este pago no corresponde a una decisión de este usuario, sino a la de un tercero que decide llamarlo. Startel plantea que este pago tampoco lo cobra el usuario móvil. Entonces, según esta empresa, nadie paga por el uso de la red móvil en una llamada originada en la red fija.
Ante esta situación, me pregunto: ¿Cómo se recupera el costo del uso de la red móvil en esta llamada? Si no lo recupera, el precio será nulo y, por lo tanto, es menor que el costo. Esto se llama dumping, práctica que sólo puede efectuarla un monopolio dominante, tanto en la telefonía fija como en la móvil. Así, el “calling party pay plus” significa para el usuario un beneficio temporal mientras exista una seudocompetencia. Sin embargo, su felicidad durará muy poco, porque el sistema de telefonía móvil se monopolizará por la desaparición de la competencia, como lo han señalado todos los actores del sector y como se dijo durante el intenso debate que hubo en la Cámara, con motivo de la creación de los multicarrier.
De esta manera, y en muy poco tiempo, debido al monopolio subirán los precios y se cobrará lo que se quiera al usuario móvil por no encontrarse este servicio público sujeto a fijación tarifaria.
Cuando un monopolio dice estar luchando por los usuarios con un tipo de fijación de precios que no cubre todos los costos de la prestación de un servicio, ésta no se ajusta a la realidad de largo plazo; sólo se está luchando por los intereses propios, fortaleciendo a la larga su monopolio y tratando de eliminar toda la competencia del sector.
Solicito enviar mi intervención a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, encargada de crear el “calling party pay”.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se accederá a la solicitado por su Señoría.
MEDIDAS PARA PREVENIR INUNDACIONES EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , solicito que se oficie a los Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas y al Intendente de la Décima Región de Los Lagos , a fin de que, aunque sea a estas alturas del año, tomen algunas prevenciones, con el objeto de evitar las constantes inundaciones que se producen en particular en Puerto Montt, Calbuco , La Pasada, Carelmapu, Alerce y Correntoso .
Durante todos estos años, se ha culpado al gobierno militar de no haber realizado las obras respectivas; sin embargo, el tiempo ha seguido transcurriendo y todos los inviernos, incluso a veces con las lluvias de verano, se inundan muchos lugares urbanos y rurales.
En consecuencia, solicito el envío de estos oficios.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vice-presidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN COMUNA DE PEÑALOLÉN. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi .
La señora CRISTI .-
Señora Presidenta , quiero plantear una situación realmente grave que se ha suscitado en la comuna de Peñalolén. La Empresa Nacional de Aseos, Enasa , publicó en el Diario Oficial del 13 de enero de 1998 un proyecto para establecer una estación de transferencia de residuos sólidos domiciliario en dicha comuna.
Lo más execrable de la iniciativa es que el lugar donde se ejecutarían las obras de la estación de transferencia está en un sector residencial, a 200 metros de un hospital y en una zona que el plano regulador ha determinado como residencial.
En el mismo proyecto publicado en el Diario Oficial , Enasa reconoce que esta instalación producirá partículas contaminantes que generarían malos olores y que para evitarlas se tomarán las medidas consignadas en el proyecto. Incluso, se dice que la obra tendría un costo de 5 millones de dólares, para lo cual Emeres habría llamado a una licitación pública en septiembre de 1997.
Mi gran sorpresa es cómo la empresa publica en el Diario Oficial un proyecto que, primero, tiene por objeto construir una estación de transferencia en un terreno que no es de dominio ni de Emeres ni de Enasa, sino particular; segundo, se ubicará en un sector que el plano regulador ha determinado como residencial; tercero, está próxima a un hospital, y cuarto, se instalará en un sector donde el impacto vial es tremendo, toda vez que al día pasarían 270 camiones colectores de basura de 25 toneladas cada uno.
Ello, sin duda, causó en la comuna una verdadera reacción de la ciudadanía, la que, con razón, se movilizó para que a continuación el señor alcalde interviniera y planteara que el municipio no está de acuerdo con la situación, pues es imposible instalar una estación de transferencia en un barrio residencial.
Lo más sorprendente de la propuesta de Enasa es que no considera la determinación del plano regulador ni las características del sector, sino la respuesta del estudio de impacto ambiental.
La irresponsabilidad de la empresa en publicar este proyecto en el Diario Oficial, estableciendo un lugar determinado para instalar la estación de transferencia, sin haber consultado a las autoridades competentes, ni siquiera a las juntas de vecinos u otras organizaciones, es una demostración de que en la Región Metropolitana el aseo se maneja en las peores condiciones.
Quiero que se oficie a Enasa o a Emeres para consultarles por qué han publicado en el Diario Oficial un proyecto improcedente, a raíz del cual la comunidad ha reaccionado movilizándose para expresar su categórica repulsa.
Se trata de una absoluta irresponsabilidad del Servicio Nacional de Aseo y, por tanto, de Emeres, que es la empresa que maneja toda la situación del aseo domiciliario en Santiago.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por la señora diputada .
OTORGAMIENTO DE PENSIÓN PROPORCIONAL A COTIZACIONES A AFILIADOS AL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José ).-
Señora Presidenta , quiero expresar mi preocupación por el alto rechazo de solicitudes de pensiones de jubilación de las personas afiliadas al Instituto de Normalización Previsional.
Tengo información oficial emanada del propio INP en que señala que en 1996 se presentaron 42.272 solicitudes de jubilación, de las cuales fueron denegadas 21.757, esto es, el 51 por ciento.
Respecto de la causa de su negativa, el INP señala el incumplimiento del requisito del número mínimo de semanas de afiliación: 520 para mujeres y 1.040 para varones.
Es preciso tener presente que existe un número significativo de personas que cumplen el requisito de edad exigido para jubilar a través del INP, pero que no alcanzan a completar el número de semanas requeridas para pensionarse.
El problema radica en que la única solución existente para esas personas es solicitar la devolución de sus fondos, la cual resulta ridícula, por cuanto el INP reintegra las cotizaciones previsionales al valor nominal, sin reajustes ni intereses de ninguna especie; por lo tanto, los afectados deben gastar más en los documentos que deben presentar que en el monto que obtienen por devolución.
Conozco el caso de una viuda que solicitó los fondos cotizados por su esposo, por casi 22 años, en la ex Caja de Empleados Particulares. El INP le comunicó que el monto por devolver asciende a 719 pesos, todo ello después de años de tramitaciones.
Por consiguiente, solicito se oficie al Ministro del Trabajo y Previsión Social , con el fin de que se estudie la situación de todos aquellos afiliados al INP que, cumpliendo con los requisitos de edad para jubilar, no tienen la densidad de semanas respectivas y, dado que se trata de personas ancianas, muchas de ellas en situación de pobreza, incluso de indigencia, se estudie para ellas una pensión proporcional a las semanas que efectivamente cotizaron.
OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN DE TÍTULO A TÉCNICOS UNIVERSITARIOS. Oficios.
El señor GARCÍA (don José ).-
Señora Presidenta , denuncio en la Sala una situación extraordinariamente grave, porque constituye prácticamente una estafa.
Sucede que a lo largo del país, muchos funcionarios públicos han convenido con distintas universidades la realización de carreras de técnico universitario con mención en las más diversas especialidades: aspectos sociales, de construcción, etcétera.
Sucede que, originalmente, los alumnos que siguieron estas carreras y obtuvieron títulos de técnico universitario, invocaron, de acuerdo con el pronunciamiento de diversas oficinas de contralorías regionales, el derecho a cobrar la asignación de título. Sin embargo, hace algunos meses, a fines del año pasado, la Contraloría General de la República procedió a dictar una normativa general, porque se produjo un desorden generalizado en esta materia.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).- Diputado señor García, ha concluido el tiempo de su Comité.
El Diputado señor Melero le concede dos minutos del tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente.
El señor GARCÍA (don José) .-
Gracias, Diputado señor Melero .
La Contraloría General concluyó que el grado de técnico universitario no da derecho a cobrar esta asignación profesional y, por lo tanto, muchos funcionarios se verán en la obligación, incluso, muchas veces, de devolver estos valores. Ésta es una situación extraordinariamente grave y es contraria al espíritu del Gobierno, en el sentido de que los funcionarios públicos se capaciten para brindar una mejor atención al público.
Por lo tanto, solicito se oficie a los Ministerios de Hacienda y de Educación, para que se estudie esta materia y se resuelva favorablemente, otorgándoles a estos funcionarios que han realizando los estudios pertinentes, la asignación de título profesional, conforme a lo que convinieron con las universidades respectivas.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista e Independientes.
PAVIMENTACIÓN DE VÍA CALETERA EN FUTURA CARRETERA “GENERAL SAN MARTÍN”. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Melero .
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , ocupo este tiempo para referirme a una situación de interés para los habitantes de la provincia de Chacabuco, y no por ello menos importante para los eventuales usuarios de la autopista que unirá Américo Vespucio con Los Andes , a través de buena parte del proyecto de la ruta “General San Martín”.
Como es de conocimiento público, el Supremo Gobierno licitó la construcción de esas obras, y el proceso se encuentra muy avanzado. A raíz de ello, el 28 de agosto recién pasado, a instancias del gobierno comunal, de los parlamentarios y de la comunidad, el Subsecretario de Obras Públicas, don Guillermo Pickering , asistió a exponer el trazado de la ruta y la forma como se materializará la iniciativa.
Producto de esta situación, surgió la inquietud de un grupo importante de propietarios y de habitantes del sector Santa Luisa , ubicado aproximadamente en el kilómetro 21 de la Carretera San Martín, respecto de las condiciones en que se entregaría una de las caleteras de la ruta principal, en especial porque no se considera la pavimentación de la pista del costado oriente, en circunstancias de que sí lo está la del sector poniente.
Dicha situación obligaría a centenares de habitantes de la zona -propietarios, escolares, etcétera- a transitar varios kilómetros por un camino de tierra hasta el peaje Chicureo-Las Canteras contemplado en el proyecto.
El sector urbano de Santa Luisa -su Señoría lo conoce como ex parlamentaria por el distrito- es muy antiguo en Colina y dado que siempre ha vivido en armonía con los pobladores rurales instalados allí desde hace varias generaciones, con los nuevos propietarios y la actividad agrícola -muy relevante-, e inmobiliaria, que está creciendo, no encuentro explicación lógica alguna que justifique pavimentar la caletera de un sector y no también la que está enfrente. Según la respuesta técnica que se ha recibido esto se solucionaría con un compactado y, además, se regaría todos los días para evitar el polvo y su deterioro.
En concreto, salvo que el Ministro de Obras Públicas entregue una información convincente al respecto, no nos parece que sea relevante el costo de pavimentar y sí un servicio de regadío diario de mantención de la caletera, en circunstancias de que, al final, éste resultaría más oneroso que pavimentarla de una vez por todas.
En representación de la comunidad de Santa Luisa, que me ha planteado su inquietud y que comparto en lo personal -en cuanto a que esta medida representa un retroceso más que un progreso en la construcción de una carretera de tanta importancia como ésta, con una inversión de muchos millones de dólares-, debo expresar que a nadie convence el argumento de que la no pavimentación del tramo señalado genere algún tipo de ahorro.
En virtud de lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos , para que, a la brevedad, nos informe si se pavimentará o no la pista caletera del sector poniente a la altura del kilómetro 21 de la Carretera General San Martín. En caso contrario, si las bases no lo contemplan así, que indique cuáles son las razones que motivaron esa medida y, al mismo tiempo, pedirle una reunión con la autoridad comunal y los afectados, con el objeto de buscar alguna forma de financiamiento -si ése es el problema- para ejecutar esta obra en buenas condiciones.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
RECHAZO A INSTALACIÓN DE VERTEDERO EN LONQUÉN. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA .-
Señora Presidenta , durante los últimos días, se ha vuelto a suscitar en la prensa un debate sobre la eventual ubicación de un vertedero en Lonquén, en el cual se depositarían los residuos, restos, basura, de más de dos millones de chilenos, provenientes de comunas ajenas a Lonquén, comuna de Talagante.
Soy un convencido de que estamos en presencia de uno de los más graves atentados contra una comunidad, que se está cometiendo a vista y paciencia de muchas autoridades y sin que mucho se esté haciendo para evitarlo.
Un grave atentado, porque hablamos de la comuna de Talagante, a la que pertenece Lonquén , localidad de cinco mil habitantes, que recibirá más de 40 mil toneladas, ¡40 mil toneladas!, de residuos provenientes de sectores a los cuales, por cierto, no pertenece la comuna afectada.
No cabe duda de que un vertedero es un elemento que afecta gravemente la calidad de vida de las personas que allí habitan. Se está hablando de cientos de camiones que a diario pasarán por las comunas agrupadas en Emeres para ir a dejar sus sobras en Lonquén, como si fuera el patio trasero de la región.
Cuando uno se enfrenta a una injusticia de estas características, tiene el derecho y el deber de reclamar en esta Cámara, porque es el lugar político donde puede representar a la autoridad lo que una falta de decisión, que no es culpa del actual Gobierno, sino que data desde hace mucho tiempo, genera en la gente común y corriente de este país.
No es posible que estas cosas se puedan hacer a la vista y paciencia de todos.
Quiero graficar la situación ante los parlamentarios presentes: 22 comunas del sector sur de la Región Metropolitana tienen problemas con la basura, se agrupan y generan una especie de monopolio para decidir qué hacer con la basura. Entonces, se les ocurre mandarla a la comuna 23, a Lonquén, lejos, donde ellas no sientan los olores ni les provoque ninguna distorsión. Hacen una fuerte inversión, para cuyo efecto llaman a licitación, con el fin de ver quién les cobra menos por llevar la basura allá.
En este trámite, obviamente nadie le ha preguntado su opinión a la municipalidad de Talagante. Al parecer, no hay norma alguna que obligue a consultar a la alcaldesa o a los concejales, de todos los partidos políticos, lo que tienen que decir al efecto, sino que deben dejar hacer, y los sectores pro vertedero esperan que se queden todos tranquilos para enviar las 40 mil toneladas mensuales durante 25 años.
Esto está pasando hoy y puede ocurrir el día de mañana en cualquiera de los lugares que los parlamentarios representan.
Quiero dejar en claro que el Diputado señor Jiménez , del mismo distrito que represento, comparte mi inquietud, al igual que el ex Diputado señor Sota, porque éste no es un tema político, sino que tiene que ver con el futuro de miles de personas que hoy viven angustiadas en la zona.
Los vamos a defender con todo. Lo estamos haciendo. Se están llevando a cabo las presentaciones, de acuerdo con los mecanismos vigentes, pero quiero ir un poco más allá.
Deseo aprovechar esta tribuna para hacer algunas peticiones concretas.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , se acabó el tiempo del Comité de la UDI.
El señor COLOMA.-
Pido un minuto para terminar.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vice-presidenta).-
Tiene un minuto, su Señoría.
El señor COLOMA .-
En primer lugar, que se defina, de una vez por todas, un plan moderno de tratamiento de basura en el país. No podemos seguir apilándola; debemos dar un incentivo distinto, modernizar los mecanismos para tratarla y transformarla en energía, como se hace en todos los países modernos. Tenemos que avanzar hacia eso y no dar respuestas de tercera categoría: que junten la basura en un lugar donde griten pocos.
Quiero pedir formalmente a la autoridad, a la Comisión Antimonopolios, a través del Ministerio de Economía, que revise las bases de licitación, porque el dictamen Nº 1.001 estableció que cualquier licitación que Emeres plantee respecto del tratamiento de la basura debe pasar por la comisión respectiva para ver si se garantiza realmente la libre competencia y los derechos de las personas.
En las próximas sesiones continuaré refiriéndome al tema, porque frente a injusticias como ésta uno no puede callar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional, Demócrata Cristiano, PPD y Socialista.
IMPROCEDENCIA DE QUERELLA EN CONTRA DE ALCALDE DE COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA . Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el turno del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , recientemente la opinión pública se vio impactada por el fallecimiento del dirigente democratacristiano don José Macías Triviño , presidente de la colectividad en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quien, producto de un infarto agudo, falleció sin atención médica.
La desesperación y el dolor de amigos y familiares ante la emergencia médica que enfrentaba el señor Macías , se vio acrecentada por la ausencia del personal de turno del Servicio de Atención Primaria y de Urgencia de la mencionada comuna.
Este lamentable hecho no hace otra cosa que reflejar la situación de desamparo en que se encuentran los habitantes de las comunas más pobres de nuestro país respecto del resguardo de su salud, sobre todo en condiciones de emergencia.
El caso de don José Macías se suma al del niño Fernando Melipil , quien falleció por negligencia médica, y al del menor Manuel Ignacio Cortés , que debió esperar cinco horas antes de ser operado de apendicitis aguda, y al de todas aquellas personas que no disponen de un cheque en garantía o un servicio de salud privado que contemple atenciones de emergencia.
La ausencia de los funcionarios de turno es inexcusable. Por eso, se justifican plenamente las drásticas y oportunas medidas adoptadas por el alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, don Juan Saavedra , quien procedió de inmediato a destituir a los funcionarios involucrados e interpuso una querella contra quienes resulten responsables del delito de abandono de funciones del Servicio de Atención Primaria de Urgencia del municipio. Su reacción es una clara señal de que, en este caso, no se echará tierra sobre los hechos, se investigará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el rigor de la ley. Esta actitud del edil merece nuestro respaldo y reconocimiento, pues se distancia de aquellas prácticas de eludir los conflictos, bajarles el perfil o, simplemente, encubrir las conductas reprochables de funcionarios públicos por temor al escándalo.
Pero no puede haber mayor escándalo que la muerte de una persona, producto de la negligencia y del actuar irresponsable de funcionarios públicos, quienes están precisamente para servir a los ciudadanos.
Con la misma fuerza con que resalto el actuar ético y conforme a derecho del alcalde, señor Juan Saavedra, debo rechazar, en mi nombre y en el de la bancada del Partido por la Democracia, la actitud del Diputado señor Rodolfo Seguel.
Aquí no se trata de justificar a nadie. La pérdida de un familiar, de un amigo o de un camarada de partido en estas circunstancias, o en cualquiera otra, no tiene explicación alguna. Sólo queda esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es la acción de mínima reparación de respeto a la dignidad humana y a sus deudos.
Por estas mismas consideraciones morales y éticas, no puedo calificar sino de reprochables y morbosas las acciones públicas emprendidas por el Diputado señor Rodolfo Seguel . No es posible transformar una tragedia tan dolorosa como la muerte de una persona querida, en una bandera política para desprestigiar a la autoridad comunal, porque no milita en el mismo partido, y posicionarse en la opinión pública o en su distrito.
Nuestra acción como parlamentarios debe custodiar los valores éticos y el respeto a la vida.
El Diputado señor Seguel sabe perfectamente que las responsabilidades penales que pretende perseguir en la persona del alcalde de Pedro Aguirre Cerda no tienen futuro porque éstas son responsabilidades personales. En nuestro derecho no existe responsabilidad penal por hecho ajeno.
El artículo 2314 del Código Civil establece la responsabilidad civil, es decir, la indemnización por daños y perjuicios por parte de quien ha cometido el delito. En este caso, se puede reclamar la indemnización por perjuicio al municipio, puesto que de él dependen los funcionarios involucrados, pero sería un despropósito intentar perseguir esta responsabilidad en la autoridad.
Con este descriterio, el día de mañana los ciudadanos afectados por negligencia médica o negación de atención en los servicios médicos públicos, podrían perfectamente demandar al Ministro de Salud . O sea, en cada uno de los conflictos que los particulares tienen con el Estado, debería involucrarse la responsabilidad penal o civil de las máximas autoridades. Nadie en su sano juicio puede aceptar como correcto o lógico este razonamiento.
De hecho, creo que ni el mismo colega diputado está convencido de los fundamentos de las acciones que anunció en contra de la primera autoridad de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Su actuar sólo se explica como un desafortunado perfilamiento político.
Los parlamentarios tenemos múltiples oportunidades para concitar la atención de la opinión pública y de nuestros electores, mediante propuestas legislativas o gestiones que beneficien a la comunidad. No es necesario utilizar un hecho tan sensible como la muerte de una persona para alcanzar notoriedad pública. Hacerlo sólo contribuye al desprestigio de la acción política, que nos cuesta tanto reponer en nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito que se envíe copia de mi intervención al Ministro de Salud, al alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, a los concejales y al Diputado señor Rodolfo Seguel, quien no se encuentra presente en la Sala.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta , pido que se oficie al Ministro del Interior , en su calidad de Presidente del Comité Interministerial para el Desarrollo de las Provincias de Arica y Parinacota, a fin de que se convoque a dicho Comité, a nivel de ministros, para definir en un corto plazo las acciones que refuercen y continúen el avance del plan estratégico de desarrollo de dichas provincias, dado que la mayor parte del programa original se ejecutó y es necesario precisar los nuevos problemas y soluciones, pues la dinámica del cambio exige no permanecer estático, especialmente en las zonas en que se están gestando cambios muy importantes derivados del fenómeno de integración macrorregional. Por ejemplo, las crecidas de los ríos Lluta y San José , que hace pocos años no influían mayormente en el turismo, pero hoy sí, sobre todo el San José , son un factor de tremendo impacto negativo, al extremo de poner en riesgo todo el desarrollo turístico del sector costero norte, el de mayores posibilidades de crecimiento, orientado al mercado boliviano.
Además, existe el problema del acopio de desechos minerales, como consecuencia de la labor minera de empresas nacionales y extranjeras, los que al depositarse en sitios de rápido poblamiento o de ubicaciones riesgosas pasan a convertirse en un grave problema de contaminación y de salud, lo que se ha evidenciado con los desechos de Promel en Arica y en Copaquilla. También es necesario estudiar a fondo lo que sucede con los acopios minerales bolivianos en el puerto de Arica para adoptar una solución definitiva que dé certeza en cuanto a eliminar los riesgos de contaminación y de salud, y que pongan a nuestro puerto en el nivel de seguridad que necesita.
Otro tema se refiere al camino de Arica a La Paz, que significa un gran logro para la integración con Bolivia y Brasil, que necesita mejorarse en sus tramos más conflictivos, especialmente entre los kilómetros 100 a 130, que cada año se dañan con las lluvias altiplánicas, y en el trazado de mayores curvas, entre cuesta el Águila y Arica.
Este camino está recibiendo un aumento exponencial de tránsito, de 27 veces en dos años, y todo señala que cada vez tendrá más movimiento, más aún si sabemos que Brasil pronto podrá comunicarse con Arica a través de esta carretera.
Arica y Parinacota, como toda comunidad viva, necesitan estar en proceso de adaptación constante, y por eso su plan estratégico de desarrollo debe ser reevaluado y adaptado en forma permanente con la rapidez que las circunstancias exigen.
Por otra parte, tenemos necesidad de mejorar la ley Nº 19.420, que creó incentivos para el desarrollo de Arica y Parinacota, ya que consideramos que esta importante ley es siempre perfectible. Por ello, hemos pedido al Ejecutivo patrocinio para varias indicaciones que puedan incorporarse al texto de la Ley Austral, que incentiva el desarrollo de Aisén y Magallanes , y, así como en la ley Arica hubo normas que beneficiaron a la Zona Austral, dadas las varias semejanzas que tienen por ser zonas extremas, es oportuno, durante la tramitación de la ley Austral, mejorar algunos aspectos de la ley Arica.
Por todo esto, y para considerar otros temas también importantes, como evaluar el proceso de descentralización de funciones y competencias de la Gobernación de Arica, es muy útil y necesario que el Cidap se reúna las próximas semanas y tome decisiones respecto del reforzamiento del plan estratégico de desarrollo, de llevar mejorías de la ley Arica-Parinacota y del avance de la descentralización, entre otros.
Señora Presidenta, pido que se adjunte al oficio el texto de mi intervención.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio en la forma señalada por su Señoría.
ACCIONES POR CONTAMINACIÓN DE BAHÍA DE SAN VICENTE. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señora Presidenta , aproximadamente el 12 de marzo, en la bahía de San Vicente, ubicada en la comuna de Talcahuano Octava Región, se produjo un hecho que conmocionó el ambiente marítimo: la filtración de petróleo que contaminó gravemente las aguas de la bahía. A pesar de que hubo una pronta respuesta de la Armada, la situación continúa plenamente vigente, pues las primeras investigaciones realizadas por la Armada determinaron que la causante del problema sería la nave “Alborada”, que el 26 de julio de 1987 -hace más de diez años-, naufragó cerca de la costa cuando se dirigía desde Lota a Ventanas, en la Quinta Región , con un cargamento de 17.300 toneladas de carboncillos. La nave está hundida a una profundidad aproximada de 105 metros. Se presume -no está claramente establecido- que en sus estanques de combustible tiene 400 mil litros de petróleo, y la filtración, desde el primer avistamiento de la Armada, realizado el jueves 12 de marzo, amenaza y ya ha contaminado gravemente el litoral y la costa de Talcahuano, iniciándose una situación de emergencia ambiental que, en mi opinión, debería abordarse en forma adecuada.
Por las razones expuestas, pido que se oficie al Ministro de Defensa Nacional para que nos informe en forma clara y detallada acerca de las medidas adoptadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, en relación con este derrame de combustible de la motonave Alborada . De acuerdo con lo establecido en el decreto ley Nº 2.222, de 1978, del Ministerio de Defensa, en su Título IX señala que es deber de la autoridad marítima iniciar acciones legales contra los que resultaren responsables por derrames de hidrocarburos como lo serían el propietario, el armador u operador de la nave en cuestión.
En ese mismo sentido, quiero que la Directemar señale por qué no se han aplicado las medidas preventivas que establece el Convenio sobre prevención de contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, suscrito por Chile en Londres, el 29 de diciembre de 1972, como asimismo el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de aguas y por hidrocarburos, del 29 de noviembre de 1969, aprobado mediante el decreto ley Nº 1.808, de 1977, y promulgado por decreto supremo Nº 475, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También quiero que la Directemar nos informe sobre las medidas técnicas adoptadas en 1987, cuando ocurrió el siniestro, qué costos significaron y si en esa oportunidad se iniciaron acciones legales. A su vez, si en 1998 se dedujeron acciones como lo establece la ley de navegación, contra el dueño, el armador o el operador de la nave o artefacto naval que produjo la descarga, para perseguir responsabilidades por los daños causados.
Además, que la Directemar nos señale a cuánto asciende el costo de las acciones que la Armada está llevando a cabo por este concepto y si los seguros que originalmente tenía la nave están vigentes y serán aplicados; o de lo contrario, si hay posibilidad de iniciar acciones legales para que pague quien tiene responsabilidad, porque parece insólito que después de diez u once años emerja este problema y la Armada deba gastar cuantiosos recursos para asegurar la limpieza del mar.
Quiero repetir lo que ha aparecido en la prensa, en cuanto a que son importantes los gastos en que está incurriendo la Armada por este hecho. El dispersante es caro y a ello hay que agregar la destinación de personal, combustible, movilización de unidades y desgaste de elementos. Es muy poco probable, se señala, que a esta altura opere algún tipo de seguro. Pero hay que hacer todos los esfuerzos legales y estoy pidiendo expresamente que Directemar los realice.
Reitero, que la Directemar nos remita detalladamente todos los informes que determinen el origen del hecho, el costo de las operaciones realizadas, las acciones legales que he señalado y, esencialmente, si se ha logrado determinar con exactitud cuánto petróleo existe hoy en la nave y qué medidas técnicas se pueden tomar para contener su derrame.
A su vez, si la Armada cuenta con los recursos necesarios o si tiene algún plan que requiera de mayores recursos para enfrentar y poner fin a esta amenaza o situación de emergencia.
Pido también que se oficie a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre si proceden los gastos en que ha incurrido la Armada para combatir este tipo de siniestros y, en definitiva, si ante la imposibilidad de obtener el pago del armador u operador por su responsabilidad, tales gastos están acordes con las leyes vigentes, si se practicaron las acciones legales o si la Contraloría General de la República u otro organismo puede deducirlas contra quienes resultaron responsables, con el fin de que se hagan cargo de los costos que hoy el Fisco, la Armada, está asumiendo.
Asimismo, pido que se oficie al Consejo de Defensa del Estado para que nos informe si se hicieron efectivos en forma oportuna los seguros de la nave, con el objeto de resguardar el patrimonio nacional, en especial, de la Armada, o el bien nacional de uso público como es el mar, y si el hecho ocurrido está o no afectando recursos fiscales.
Por último, pido también que se oficie al servicio de salud de Talcahuano y a la Comisión Regional del Medio Ambiente para que nos entreguen un informe detallado de las acciones que cada uno de esos organismos han llevado a efecto sobre esta grave situación sucedida en Talcahuano.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
MANTENCIÓN DE LA PESQUERÍA DEL JUREL EN SAN ANTONIO. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señora Presidenta , mi intervención de hoy es para denunciar la falta de sensibilidad del Ministro de Economía y de agilidad del Subsecretario de Pesca para resolver los problemas relacionados con la pesquería del jurel en la Quinta Región y, en especial, en la provincia de San Antonio.
Desde 1997 se han decretado reiteradas vedas para la captura de dicha especie, frustrando con ello los sueños que mucha gente de San Antonio tuvo gracias a la iniciativa del fallecido Diputado señor Akín Soto , en el sentido de incorporar una norma transitoria en la ley de pesca para incorporar plantas y una flota encargada de alimentarlas, con el propósito de disminuir el alto grado de cesantía que había en San Antonio y que en ese momento alcanzaba a alrededor de un 30 por ciento.
En la actualidad, casi debido a situaciones de comportamiento oceanográfico, se ha reducido el tamaño de la referida especie. Por esa razón se han dispuesto reiteradas vedas que han llevado a la quiebra o a cerrar antes de quebrar a más del 50 por ciento de las empresas establecidas allí, lo que ha significado el despido de más de 2.000 trabajadores, la angustia de su familia y la de la comunidad. Ellos son nuestros amigos y vecinos, y están viviendo realmente una situación dramática.
También es necesario que en esta oportunidad se adopte -como en 1993 y en 1996- por el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca alguna resolución que permita la captura de la especie jurel sin considerar la talla mínima exigida actualmente y, naturalmente, estableciendo una cuota de subsistencia de alrededor de 30 ó 35 por ciento de lo que se capturaba en tiempos normales, como una manera de que la industria pesquera siga operando en San Antonio. De esa manera, las empresas que han cerrado sus puertas podrán nuevamente funcionar y dar trabajo a gran parte de los actores de este quehacer, puesto que la gente de San Antonio no tiene otras fuentes de trabajo. El grado de preparación tradicional, por factores socioeconómicos y de otra naturaleza, impiden al sanantonino tener un grado de educación que le permita emigrar a otros lugares para realizar actividades diferentes cuando las situaciones laborales así lo ameritan.
Por las razones expuestas, porque éste es un caso de calamidad social, pido que se oficie al señor Ministro del Interior para que intervenga y regularice, por lo menos un tercio de la posibilidad de mantener nuestra industria pesquera, a fin de que no se cierre definitivamente y se pierda este tesoro que llegó a establecerse en San Antonio y a solucionar el problema a mucha gente que perdió su trabajo por situaciones muy particulares, en mayor grado que muchos otros chilenos, como desastres de la naturaleza y otras eventualidades que comprimieron su vida, pero que, como consecuencia del esfuerzo, de la creatividad de los sanantoninos, habían logrado emerger y estar en mejor nivel.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría.
RÉPLICA A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo de la bancada democratacristiana, tiene la palabra el Diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señora Presidenta , con inusitada soberbia, no exenta de fanatismo -aquel sentimiento que era la religión de las fieras, como decía Voltaire-, el presidente designado de la UDI, Diputado Pablo Longueira Montes , ha formulado declaraciones a la prensa en que, con reiterada pertinacia, ha sostenido que el principal objetivo en la conducción de su colectividad se constituirá en lograr el desaparecimiento de la Democracia Cristiana.
Podríamos haberle respondido en los mismos medios de comunicación. Así es como ahora se concibe, por algunos, la forma de hacer política. Sin embargo, porque entendemos que el principal foro de la democracia está situado precisamente aquí, en el Parlamento, del cual el señor Longueira y el diputado que habla formamos parte, hemos optado por hacerlo en este recinto y en esta oportunidad con poca concurrencia de colegas, por razones aparentemente gastronómicas.
Situar posiciones políticas con seriedad, y en la perspectiva de la responsabilidad que nos compete como personeros de nuestros respectivos partidos, siempre debería quedar registrado en los anales de esta Corporación. Ella no ha sido simple testigo, sino protagonista esencial de la historia de nuestro país, sin perjuicio de que la coyuntura noticiosa, naturalmente, recoja esas posiciones.
Corresponde saludar como un loable esfuerzo el hecho de que la UDI inicie su primer intento de renovación de que se tenga noticia; que, al menos, en lo que da a entender el presidente designado, consiste en que la UDI desea volver a terreno, quiere cambiar el estilo, sustituir el lenguaje y construir un programa de gobierno.
Los democratacristianos creemos que esto es absolutamente necesario para la política chilena. La UDI debe cambiar todos esos aspectos y otros referidos a su visión del país.
La renovación de la Derecha que representa la UDI es una necesidad de la estabilidad democrática.
Por cierto, los democratacristianos no estamos de acuerdo con la UDI ni en su estilo, ni en su lenguaje, ni en el elitismo que la ha caracterizado y que su presidente designado desea mantener por más tiempo. El objetivo político de esta renovación “a lo Longueira” consistiría en recuperar a la clase media que, según él, habría sido abandonada por la Democracia Cristiana y conquistar a los jóvenes para el servicio público, es decir, para la política.
Aquí surgen las dudas y se establecen las contradicciones sobre la supuesta renovación de este partido de extrema derecha. Y estas contradicciones de la UDI lo son con su historia y con su comportamiento errático para conjugar la teoría y la práctica.
La UDI -sabemos- surgió del movimiento gremialista de la Universidad Católica, que se planteó como alternativa al gobierno de la Unidad Popular. Declaró en sus principios su rechazo a la política y a los políticos; desprestigió gratuitamente a instituciones y personas, adjudicándoles ser representantes de una pasión desenfrenada por el poder. Su crítica la hizo a todos los políticos. Y esto recuerda el discurso del actual senador vitalicio, progenitor de la UDI, ambos sin dar explicaciones se constituyen como partido para reivindicar y defender la obra y la herencia de la dictadura. Pasan a ser los adalides de las democracias protegidas y sus mentores intelectuales.
Por último, la UDI pretende ser el vocero oficioso de las Fuerzas Armadas.
Todos estos roles autoasumidos por la UDI la convierten en el partido político situado más a la derecha del espectro político chileno. Es el extremo que se cae del mapa. Lo paradójico es que efectivamente la UDI produce efectos negativos en el desprestigio de la política, pues es capaz de reunir grandes recursos económicos, logra convencer por períodos relativamente cortos a un conjunto de personas acerca de su vocación apolítica, para luego quedar al descubierto en sus afanes de poder, con lo cual debilitan la credibilidad del sistema político y de los políticos. Son el mejor representante de la antipolítica.
La Democracia Cristiana estima un deber de sanidad moral y política, demostrar que esta estrategia sólo busca debilitar la capacidad de acción y de participación de la ciudadanía que aspira a adquirir el poder legítimo del voto y tener la capacidad de resolver sus problemas concretos, de calidad de vida, de igualdad de oportunidades, en síntesis, de justicia social con la cual la Democracia Cristiana se ha identificado y por la cual ha luchado por tantos años.
El mecanismo simplón propuesto en la utopía de Longueira, de tener un “people meter” en cada casa para que la gente vote segundo a segundo, sólo cabe en las mentalidades fanáticas del mercado, que creen que la vida de la humanidad se reduce a los intereses, que ven el discurso histórico de manera fugaz, fatuo y vacío de sentido ético.
Estas orientaciones de sentido ético son las que definen la política de los humanistas, en especial la de los democratacristianos. Por cierto, la Democracia Cristiana rechaza tajantemente los cesarismos plebiscitarios que configuran la dictadura por la vía de consultas, en la que el gobernante define en forma arbitraria el menú de elección. En cambio, somos abiertos partidarios de que la soberanía popular se exprese a través del plebiscito. De hecho, queremos que el Presidente de la República tenga la facultad de convocar a la ciudadanía para resolver los problemas pendientes, que la UDI se resiste a enfrentar.
Así como la UDI está en transición perpetua hacia su democracia interna, simultáneamente se rehúsa a preguntarle al pueblo acerca de cómo terminamos esta transición a la democracia, para que la gente disponga de las facultades político-institucionales que le permitan defender sus derechos y resolver sus problemas.
Así, se engaña a la ciudadanía al presentar una caricatura de la política y se pretende ser la clase de los no políticos realizadores, que no representan intereses personales ni de empresas, ni de grupos económicos en su acción finalmente política. Por fortuna, la gente en Chile no es tonta.
Es claro que los que no confían ni creen en su pueblo, carecen de fe democrática, le temen a la gente; lo que explica que se relacionen con ella de manera torcida. La UDI lo demuestra con su sinuosa línea política. Se dice gremial, pero es partido; dice representar a los pobres, y es financiada y dependiente de los ricos; dice ser demócrata, pero defiende el autoritarismo; dice querer la unidad, y el presidente designado confiesa que su objetivo de la década ha sido hacer desaparecer a su principal aliado; dice querer mirar hacia el futuro, pero defiende el 11 de septiembre para seguir dividiendo a los chilenos con feriados sombríos; dice querer ilusionar a los jóvenes, y los transforma en productos de mercado.
El tema es más complejo. De todos los planteados en la renovación utópica del presidente designado de la UDI, es reiterativo repetir la gran y contradictoria obsesión que les asiste: quieren ser como la Democracia Cristiana y, al mismo tiempo, quieren hacernos desaparecer.
Las imitaciones, desde luego, siempre fracasan. La “marcha de la patria joven” no es reproducible por un partido de extrema derecha, como es la UDI. La “marcha de la patria joven” que quiere emular el señor Longueira fue hecha por demócratas, por jóvenes de todos los estratos sociales del país, en especial por los jóvenes pobres, los jóvenes campesinos, los estudiantes de los sectores medios. Ellos veían que el mensaje de don Eduardo Frei Montalva era la esperanza de cambio que representaba sus intereses en la visión de país de 1964. En cambio, la UDI representa, y ha representado, posiciones conservadoras de los grupos privilegiados del país, los que le temen a la democracia y se cobijan a la sombra del dictador, que es el verdadero líder de la Derecha.
La creencia de que la clase media sufre de amnesia es un error más de los fanáticos del mercado como utopía. La gente recuerda, y la clase media chilena sabe que cuando la UDI estuvo a cargo de la economía, ella fue postergada y que lo que existe hoy es muy distinto a los años de dictadura, cuando mandaba la UDI.
Nos gustaría que en su proceso de renovación la UDI tomara lo mejor de la historia de la Democracia Cristiana, la cual se sincroniza con la historia de todos los partidos democráticos de Chile: que elijan a sus representantes en elecciones, que estén dispuestos a profundizar la democracia, que busquen ennoblecer la política, aquella que el Papa Pío XII declaró que constituía la forma más alta de caridad cristiana después del estado religioso; que se abran al debate ético-político que exige nuestra historia y, por lo tanto, nuestro futuro; que asuman, sin vergüenza, el rol de defender a los sectores más pudientes del país, con los cuales se identifican, avalando incluso los egoísmos de los poderosos. En resumen, si quieren copiarnos algo, compartan con nosotros las bases del pensamiento democrático y sean consecuentes, al menos, en un porcentaje con el ejemplo democrático entregado por la Democracia Cristiana a lo largo de su historia.
Si no se logra una renovación democrática real de la Derecha chilena y los extremistas continúan con sus pretensiones de hacernos desaparecer, se encontrarán, como siempre, con un partido tolerante y pluralista, pero firme y decidido para gobernar, para luchar por sus principios y por la democracia, capaz de asumir la discusión ideológica planteada por la UDI de manera soterrada, sobre la base de nuestros fundamentos doctrinarios humanistas y cristianos.
Cuando el señor Longueira amenaza con desaparecimientos y destrucciones está demostrando que hay sectores políticos del país que no han aprendido nada de las lecciones del pasado, que se quedaron en esas visiones, porque probablemente han vivido desde la cómoda posición de esbirros de quienes ejercían el poder absoluto con autoritarismo y desprecio por la persona de los demás.
La Democracia Cristiana no estuvo entre ellos y se comprometió sin tregua por la recuperación democrática y la defensa de los derechos humanos.
Nuestra experiencia, ciertamente dolorosa, nos confirmó que posiciones como las que asume el señor Longueira representan proyectos excluyentes que pretenden la destrucción efectiva, como él amenaza, y el desaparecimiento de determinados sectores de la opinión pública nacional.
Así se produjo el colapso institucional de 1973, que la inmensa mayoría de los chilenos no quisiera repetir.
El país debe entenderse notificado de que la propuesta de la UDI que encarna su actual designado presidente, no acepta el pluralismo, en el cual, a quienes somos cristianos, nos corresponde animar las realidades “y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia” en las palabras de “Sollicitudo rei socialis”.
Con ese sentido la Democracia Cristiana, a lo largo de su historia, ha defendido el derecho a expresarse, a manifestarse y a tener espacio para todos los sectores de la política chilena.
Por eso nos pronunciamos, en un momento crucial, contra la dictación de la ley de defensa de la democracia, y en este mismo simbólico hemiciclo, Radomiro Tomic , en mayo de 1948, pronunció su histórico discurso que concluyera con la desconcertante y profunda palabra de Peguy que aún nos requiere: “Señor, te busco porque ya te he encontrado”.
Por eso hemos ejercido la defensa irrestricta de quienes eran perseguidos, encarcelados, torturados, desterrados, asesinados o desaparecidos en la trágica noche de la dictadura.
Por eso impusimos la eliminación del texto constitucional vigente del artículo 8º, que excluía del ordenamiento institucional y hasta de la actividad laboral a quienes profesaran ideas que se supusieran contrarias a determinadas concepciones de sociedad.
Por eso planteamos el reemplazo del sistema binominal de elecciones, en razón de que su aplicación margina de representatividad a sectores que deberían tener cabida proporcional en el Congreso.
Por eso lucharemos irrestrictamente porque el señor Longueira y su partido tengan la posibilidad de expresarse y cotejarse. No nos interesa que desaparezca, porque no tenemos una concepción totalitaria de la política. Hace tiempo aprendimos que la regla de oro del cristiano es dar la vida por los demás.
Los chilenos nos necesitamos unidos los unos a los otros. El mundo nos necesita unidos. Aún queda un largo camino para alcanzar un orden verdadero fundado en la libertad, una paz que sea fruto de la justicia.
La Democracia Cristiana, a pesar de las intenciones del señor Longueira , no va a desaparecer. Desde hace más de 60 años constituimos una opción política de contenido cristiano.
Hemos conocido triunfos y derrotas, éxitos y fracasos, aciertos y errores. Hemos pasado desde la aurora a la aurora sin cono-cer jamás el atardecer, como también decía Tomic . Y, por encima de las grotescas amenazas, seguiremos en la realización de nuestro compromiso con los pobres, los postergados, los que tienen hambre y sed de justicia que son nuestra opción preferencial. Y seguiremos tratando de ser articuladores del equilibrio político; buceadores de los acuerdos de gobernabilidad, rompientes de los tercios excluyentes de los cuales el señor Longueira implícitamente se declara adicto.
Aceptamos el desafío: ni la UDI ni nadie nos va a hacer desaparecer, salvo Dios y el pueblo.
Quisieron que la Falange Nacional de don Eduardo, de Leighton, Garretón, Palma y Reyes Vicuña desapareciera recurriendo, incluso, a la jerarquía de la Iglesia, y no lo consiguieron.
Durante la dictadura hubo jefes de seguridad -que hoy discuten públicamente sobre la calidad de los venenos- que anunciaron que, desaparecido el Partido Comunista, correspondía destruir a la Democracia Cristiana.
En cumplimiento de ese objetivo, que en la esquizofrenia reinante algunos pudieron considerar final, persiguieron y detuvieron a nuestros dirigentes. Los asesinaron y condenaron a la peor de las muertes: la del exilio. Y aquí estamos, vivos e íntegros. Comprometidos con el proyecto de la Concertación que ha dado dos buenos gobiernos al país y que le dará, ciertamente, un tercero.
En los proyectos políticos de la Democracia Cristiana y de la Concertación no figura el desaparecimiento de nadie, como persona ni como grupo.
Es importante que el Diputado señor Longueira y la UDI sigan dando a conocer su visión totalitaria y excluyente del país, marcada por el despotismo ilustrado del régimen al que fueron clonados.
Las aparentes posiciones de caballeros cruzados o templarios -el Diputado señor Longueira las asume para anunciarnos que nos va a hacer desaparecer- han perdido prestancia al subirse no a un brioso corcel, como corresponde, sino a un caballo de palo, y al portar la fotografía del general Pinochet, en vez de la venerable imagen de San Ignacio de Loyola.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 15.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos. (Boletín Nº 1978-13).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el inciso tercero del artículo 52 de la Constitución Política de la República, tengo el honor de comunicar a V.E. que he resuelto retirar de la actual Convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sustituyendo el sistema binominal. (Boletín Nº 2119-06).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”