Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE FISCALIZACION DE EMPRESAS ELÉCTRICAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Matta Aragay
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Sergio Paez Verdugo
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- DEBATE
-
HOMENAJE EN MEMORIA DE PADRE MARCELINO CHAMPAGNAT CON MOTIVO DE SU CANONIZACIÓN
- HOMENAJE : Sergio Romero Pizarro
- HOMENAJE : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- HOMENAJE : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- HOMENAJE : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS ELÉCTRICAS.
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Antonio Horvath Kiss
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Bitar Chacra
- Roberto Munoz Barra
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Rodolfo Stange Oelckers
- Marco Antonio Cariola Barroilhet
- Francisco Prat Alemparte
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Francisco Prat Alemparte
- Rodolfo Stange Oelckers
- Marco Antonio Cariola Barroilhet
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Marco Antonio Cariola Barroilhet
- Rodolfo Stange Oelckers
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Ominami Pascual
- Juan Hamilton Depassier
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Enrique Silva Cimma
- Benjamin Lavin Matta
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Edgardo Boeninger Kausel
- Sergio Paez Verdugo
- Juan Hamilton Depassier
- Alejandro Foxley Rioseco
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
-
FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE FISCALIZACION DE EMPRESAS ELÉCTRICAS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 39ª, en miércoles 12 de mayo de 1999
Especial
(De 11:58 a 21:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE,
Y JOSÉ RUIZ DE GIORGIO, PRESIDENTE ACCIDENTAL .
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA................................................................................¿¿¿........¿.....
II. APERTURA DE LA SESIÓN................................................................¿¿¿......
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS................................................................¿¿¿......
IV. CUENTA.................................................................................................¿¿¿.......
Acuerdos de Comités......................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 18.410 y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector eléctrico (2279-08) (se aprueba en general y particular)..............................................
Homenaje en memoria de Padre Marcelino Champagnat con motivo de su canonización (se rinde).............................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, de Economía , Fomento y Reconstrucción, y Presidente de la Comisión Nacional de Energía , y los señores Subsecretario de Economía y Superintendente de Electricidad y Combustibles.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:58, en presencia de 31 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 34ª, especial, y 35ª, ordinaria, en su parte pública, en 20 y 21 de abril del presente año, respectivamente, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 35ª, ordinaria, en su parte secreta, en 21 de abril del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", al proyecto de reforma constitucional que introduce modificaciones a los artículos 26, 27 y 84 de la Constitución Política de la República, sobre calificación de la elección de Presidente de la República y Tribunal Calificador de Elecciones. (Boletín Nº 2.314-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Seis, del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Stange, relativo al camino Chaitén-Coihaique.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Cantero, Cordero, Horvath, Parra y Ríos, referido a la Ley de Presupuestos.
Con los cuatro restantes da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos a predios en concesión en la zona austral; a construcción del camino Puerto Natales-Fiordo Staines; a la fijación de tarifas de agua potable rural, y al Parque Pumalín, respectivamente.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, con relación al Santuario de la Naturaleza "Las Petras de Quintero".
Del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta dirigidos por el señor Ministro del ramo a las autoridades que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Uno de las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto que modifica la ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2.279-08). (Véanse en los Anexos, documentos 1 y 2).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE FISCALIZACION DE EMPRESAS ELÉCTRICAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.410. Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector.
Los antecedentes sobre el proyecto (2279-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 4 de mayo de 1999.
Informes de Comisión:
Economía y Minería y Energía, unidas, sesión 39, en 12 de mayo de 1999.
Hacienda, sesión 39, en 12 de mayo de 1999.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En conformidad al acuerdo adoptado por los Comités en la sesión de ayer, se iniciará de inmediato el tratamiento de este proyecto.
La iniciativa se someterá a discusión general y particular a la vez, ya que es necesario despacharlo en el día de hoy. Según lo resolvieron los Comités, la presente sesión se empalmará con la ordinaria correspondiente a la fecha, y se suspenderá para tomar un descanso entre las 14 y las 15:30.
El señor PIZARRO.-
Propongo que la sesión se reanude a las 15, señor Presidente, en lugar de las 15:30.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se reanudará la sesión a las 15.
Acordado.
La votación correspondiente se iniciará a las 17, salvo que la discusión se agotara antes. Si así no sucediera, se prolongará esta sesión hasta la hora que sea necesario para el completo despacho del proyecto.
___________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito la anuencia de la Sala para que ingrese el señor Juan Pablo Lorenzini, Superintendente de Electricidad y Combustibles; el señor Luis Sánchez, Subsecretario de Economía , y el señor Carlos Carmona, Jefe de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia .
La señora MATTHEI.-
Estoy de acuerdo con la incorporación a la sesión del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles y el señor Subsecretario de Economía , señor Presidente ; no así con la del señor Jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia .
--Se accede al ingreso a la Sala de los señores Luis Sánchez y Juan Pablo Lorenzini.
___________________
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita, en su calidad de Presidente de las Comisiones informantes.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , dentro de las dificultades que presenta el informar un proyecto que se discutió hasta ayer en la noche, trataré en lo posible de entregar un resumen del trabajo de las Comisiones, y del informe resultante.
El objetivo de la iniciatiava es fortalecer el régimen de fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con el fin último de resolver por ahora y para siempre los problemas de déficit de generación eléctrica y los referentes a infracciones que puedan presentarse con motivo de esta legislación.
Se determinaron las conductas que constituyen infracción; se estableció la entidad de las diversas infracciones dividiéndolas en gravísimas, graves y leves, y se determinaron las sanciones, fijando multas, comiso, suspensión de la concesión y caducidad de la misma.
Se aprobó en general, por unanimidad, diría que un 90 por ciento de las disposiciones en estudio. Algunas fueron objeto de enmiendas de mayor o menor importancia. Se estableció por unanimidad una escala de multas que va desde un monto mínimo equivalente al valor actual de 25 mil pesos, hasta un máximo que alcanza a 3 mil millones de pesos.
Una de las disposiciones más discutidas fue aquella que establecía que, para los efectos del racionamiento, la sequía nunca sería causal de fuerza mayor. Después de ser analizada a fondo, se llegó a una norma que dispone que, si bien la sequía no constituye, por sí sola, causal de fuerza mayor, sí lo sería cuando viniera acompañada de elementos tales como su duración, su entidad u otros que agravaran el problema. Se estimó que no considerar en ningún caso la sequía como fuerza mayor significaba quizás infringir en forma total nuestra legislación civil, según la cual fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto a que es imposible resistir.
De haberse aceptado la redacción inicial, la sequía nunca podría conformar un imprevisto imposible de resistir, por lo que se podrían dar situaciones tan absurdas como que la sequía total de un lago (se puso el caso del lago Laja) convertiría a tres centrales hidroeléctricas en centrales secas impedidas de producir energía y sin ninguna escapatoria para evitar que, para cumplir con sus contratos, tuviesen que comprarla a productores excedentarios al precio de falla y entregarla a sus usuarios al precio de tarifa, lo que, posiblemente, significaría la quiebra de gran parte de las empresas.
Como digo, después de un largo debate, se acordó aprobar una disposición según la cual la sequía, por sí sola, no será causal de fuerza mayor, pero esta norma no establece en forma categórica que la sequía nunca configurará ese tipo de causal. En definitiva, cuando se produzca una situación de sequía acompañada de otros elementos que el afectado hará valer, éste podrá obtener, en un juicio declarativo, el reconocimiento de que la sequía es constitutiva de fuerza mayor precisamente por estar agravada debido a otras circunstancias. Se da el caso de la central hidroeléctrica Colbún, que en este momento tiene dos fallas: una por falta de agua, y otra porque su central termoeléctrica a gas se encuentra paralizada por haber sufrido un desperfecto de gran consideración. Ésta es, probablemente, la disposición que suscitó mayor debate.
En lo relativo a las multas, en principio se pretendió rebajar la máxima que permitiría la ley, ascendiente a 10 mil unidades tributarias anuales, equivalentes a 3 mil millones de pesos y a 6 millones de dólares. Se consideraba que para las hidroeléctricas con patrimonio de 600, 800 o mil millones de dólares, una multa de esa entidad no parecía perjudicial. Sin embargo, se tuvo presente también que para pagarla hay que tener esa suma en caja, lo que en la práctica no ocurre, pues para una administración atinada ello no resulta lógico. De ahí que multas tan elevadas efectivamente podrían llevar, en determinado momento, a la confiscación -por así decirlo- de una empresa.
Con todo, luego de discutirse el punto, se acordó mantener el nivel de las multas, pero con una escala que fluctúa entre los 25 mil y los 3 mil millones de pesos. De manera que el juez, dependiendo de las pruebas que se aporten, tendrá cierta discrecionalidad.
Como las multas serán aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se acordó establecer un proceso de reclamo interno, dentro de la misma entidad, y otro externo, para permitir que su resolución sea apelada ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, y si los afectados son varios y tienen domicilios en territorios jurisdiccionales distintos, ante la Corte de Apelaciones que corresponda al domicilio de la autoridad que haya dictado la resolución.
En este aspecto, se debatió el monto de la consignación exigida para interponer el reclamo. En principio, se contemplaba una consignación equivalente a la mitad de la multa impuesta, lo que de todas maneras podía significar un esfuerzo enorme. En efecto, en caso de aplicarse la multa máxima, que alcanza a los 6 millones de dólares, hubiera existido la obligación de consignar 3 millones de dólares para poder interponer el reclamo.
Como el proceso es breve (10 días para recurrir a la Corte de Apelaciones, la que, a su vez, dispone de 15 días para fallar), no resultaba aconsejable exigir una consignación de esa envergadura. En definitiva, en un ambiente de conciliación, se estableció una consignación equivalente al 25 por ciento del monto de la multa.
Los restantes artículos abordan en detalle otros aspectos, porque el proyecto no sólo se refiere al tema de las grandes empresas eléctricas, sino que también regula la actividad de los contratistas que efectúan instalaciones eléctricas y de gas a domicilio y, en fin, todo lo relativo a la mantención y producción de energía a través de la hidrología, el petróleo, el carbón y, en la actualidad, también el gas. Para estos casos se establecen asimismo multas que van desde el mínimo al máximo. Obviamente, aplicar una multa en unidades tributarias anuales a un instalador de calefones haría imposible el pago. Por eso, parece mucho más prudente, o una multa baja, si la infracción se considera leve, o una sanción más grave, que puede llegar hasta la cancelación de la autorización para desarrollar el trabajo de que se trate.
Esto es lo que puedo informar a la Sala, señor Presidente, atendido el poco tiempo de que he dispuesto.
Antes de terminar, sin embargo, deseo dejar constancia de algo que personalmente me atañe. En las Comisiones unidas me abstuve de votar la idea de legislar por poseer una cantidad más o menos apreciable de acciones de ENDESA y, en razón de ello, poder tener interés particular en que esa empresa lograra una mejor o peor situación. No obstante, consideré que no podía rehuir mi obligación de conocer la normativa planteada para contribuir a su estudio y al mejoramiento de cada una de sus disposiciones.
En todo caso, anuncio que ésta será mi última intervención en la materia porque, al igual que en las Comisiones, igualmente me abstendré de votar en la Sala por las razones que allí di.
Nada más, señor Presidente .
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , ya que el Honorable señor Zurita se va a abstener por el motivo que ha señalado, sería conveniente saber si otros señores Senadores también poseen acciones.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señora Senadora, eso es de responsabilidad de cada uno de los señores Senadores, quienes han prestado juramento en tal sentido. Sin embargo, me parece oportuno recordarlo, no sólo a propósito de este proyecto, sino para la discusión de cualquier otro.
El señor RUIZ (don José).-
¡Seríamos muy pocos los que podríamos votar ahora..!
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, atendida la urgencia del proyecto, los informes verbales de los Presidentes de Comisión resultan particularmente importantes.
Hecha esta prevención, paso a ceder la palabra al Honorable señor Foxley, en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , ante todo, declaro que no tengo acciones de ninguna empresa eléctrica.
Señor Presidente , el informe de la Comisión de Hacienda se refiere a aquellos aspectos del proyecto relacionados con los montos de las multas, así como también con dos materias adicionales: una, referente a la política de personal, que incide en las modificaciones propuestas a la estructura de la planta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y otra, a las enmiendas que se sugieren respecto de la interpretación del artículo 99 bis del D.F.L. Nº 1, de 1982, relativo al tema del racionamiento.
Seré muy breve. En materia de multas, la Comisión de Hacienda, después de revisar lo aprobado por las Comisiones de Minería y Energía, unidas, decidió no innovar y acogió las normas en los mismos términos.
En cuanto a las modificaciones propuestas al artículo 99 bis del referido cuerpo legal -como se sabe, autoriza al Ministerio de Economía para dictar un decreto de racionamiento en caso de producirse o proyectarse fundadamente un déficit de generación en un sistema eléctrico, como consecuencia de fallas prolongadas de centrales eléctricas o de situaciones de sequía-, la discusión se centró en el inciso cuarto, a partir de lo aprobado por las Comisiones Unidas, el día anterior, que prescribe que en "las situaciones de sequía o las fallas de centrales eléctricas que originen un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de un decreto de racionamiento, en ningún caso podrán ser calificadas por sí solas como fuerza mayor o caso fortuito.".
Al respecto, se produjo un extenso debate sobre la expresión "por sí solas", introducida por las Comisiones Unidas, debido a que existía una interpretación un poco ambigua acerca de lo que podía significar lo acordado por ellas. En particular, un señor Senador señaló que en los términos en que estaba redactada la oración "en ningún caso podrán ser calificadas por sí solas como fuerza mayor o caso fortuito.", no excluía la posibilidad de que si existiese una situación de sequía -una causal- y hubiese una falla en una central eléctrica -otra causal-, por ejemplo, la de Nehuenco, estaríamos ante un cuadro en el que se justificaría y sería legítimo aplicar el concepto de fuerza mayor. Vale decir, de acuerdo con esa redacción, en la situación actual, con racionamiento y con una falla en la referida estación, se justificaría aplicarlo en este momento.
La discusión se centró en si esto era o no era así. Y, básicamente, se plantearon dos maneras de enfrentar el tema. Hubo quienes sostuvieron que la redacción era suficiente y que no daba pie a esa interpretación. Otros señores Senadores estimaron necesario introducir una precisión en el texto acordado por las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas.
En este caso, también hubo dos versiones. Una, del Senador señor Ominami , tendiente a eliminar la frase intercalada "por sí solas", retrotrayendo así el texto a la formulación despachada por la Cámara de Diputados; y otra, de quienes preferimos mantener y respetar lo que, al parecer, había sido un acuerdo de las Comisiones Unidas, pero agregando una clarificación, que finalmente se convirtió en una indicación aprobada por la Comisión de Hacienda con los votos favorables de los Senadores señores Bitar , Boeninger y el que habla, y en contra, de los Honorables señores Prat y Matthei . Ella consiste en agregar, en el inciso cuarto, a continuación de "las situaciones de sequía o las fallas de centrales eléctricas que originen un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de una decreto de racionamiento, en ningún caso podrán ser calificadas por sí solas como fuerza mayor o caso fortuito," lo siguiente: "requiriéndose un tercer factor de déficit de gran significación para que adquiera tal categoría.".
El señor PÉREZ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor FOXLEY .-
Por supuesto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor PÉREZ .-
Deseo consultar al señor Presidente de la Comisión de Hacienda si dentro de las facultades que ella posee -a mi entender, comprende los asuntos de carácter financiero y todo lo relacionado con la hacienda pública- está la de interpretar, modificar o rectificar a las Comisiones Unidas especializadas en el tema que ahora debatimos.
El señor HAMILTON.-
Es la tradición del Senado.
El señor PÉREZ .-
No lo creo así.
El señor FOXLEY .-
Se discutió ese asunto, señor Senador.
El señor PÉREZ .-
Fui informado previamente por algunos Honorables colegas que participaron en esa Comisión, quienes me manifestaron que eso no se trataría.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Contestaré al Senador señor Pérez . Habría preferido que me dejara terminar, pues me falta muy poco. Tal vez después me referiré al punto mencionado por Su Señoría.
La segunda indicación, también aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Bitar , Boeninger y el que habla, y dos en contra, tiene por objeto asegurar que el mecanismo de compensaciones a los clientes que reciben el servicio eléctrico opere en cuanto se configure la situación descrita anteriormente, y que no sea postergado por acciones judiciales. Dice así: "En todo caso, el ejercicio de acciones jurisdiccionales para alegar caso fortuito o fuerza mayor, no obstará al pago de las compensaciones previstas en este artículo.".
En cuanto a la discusión habida en la Comisión de Hacienda respecto de la competencia de este órgano técnico para debatir o no esta norma, debo señalar que se argumentó -a mi juicio, en forma bastante convincente- que no sólo la tiene para examinar materias que producen impacto en la economía del país, sino también aquellas que impactan directamente en el erario. Además, existe un largo precedente en cuanto a que la Comisión de Hacienda puede y debe tratar este tipo de materias.
Eso en cuanto al artículo 99 bis.
En seguida, viene una serie de normas sobre personal. Se aprobó una tercera indicación del Ejecutivo, tendiente a aumentar de 159 a 174 cargos la Planta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Luego, se acogió otra, también del Ejecutivo , para incrementar la Planta de Profesionales de la Superintendencia en 20 cargos.
Asimismo, se aprobó una más del Ejecutivo, que establece que las Plantas de Directivos, de Profesionales y Fiscalizadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se proveerán, en lo sucesivo, mediante concurso público, con el objeto de elevar el nivel profesional de ese servicio, y de acuerdo con los planes de modernización de las organizaciones del Estado.
Sin embargo, hubo dos que fueron rechazadas. Mediante la primera, se pretendía suprimir 15 cargos en la Planta de Administrativos o de la Planta de Auxiliares. En realidad, se trataba de una supresión gradual, a medida que ocurriera el retiro voluntario de esas personas. Por medio de la segunda, se trataba de eliminar el cargo de Jefe del Departamento de Ingeniero Visitador.
Respecto de tales indicaciones rechazadas, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) había formulado un planteamiento contrario a ellas, cuestión que la mayoría de la Comisión consideró razonable.
En cuanto al financiamiento de la iniciativa, las cifras figuran en el anexo respectivo. El mayor costo fiscal que significará su aplicación para 1999 es de 314,9 millones de pesos y, en régimen, a partir del año 2000, 630 millones de pesos.
Es cuanto puedo informar sobre la materia.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , antes de opinar respecto del proyecto mismo, dejaré constancia de mi protesta por lo que considero una falta de deferencia hacia el Poder Legislativo. No es bueno para el prestigio ni para el régimen democrático que, como resultado de la prisa por sacar adelante una reforma legal en cuyas consecuencias nadie puede detenerse a pensar con serenidad, el Parlamento sea percibido por la ciudadanía como una suerte de buzón de otra autoridad del Estado. Es imprudente abusar de las urgencias, sobre todo cuando, como ocurre ahora, la influencia de esta iniciativa es dudosa si se desea dar solución al racionamiento del consumo eléctrico que sufre la población.
Dicho lo anterior, recordaré en esta Corporación un aforismo clásico: "gobernar es prever". Cuando la autoridad olvida ese concepto elemental, se condena a vivir al día, administrando lo mejor posible las sucesivas crisis. Esto ha ocurrido con el problema que nos ocupa. Nadie espera que las nuevas disposiciones legales puedan hacer llover. Tampoco se traducirán en la generación de siquiera un nuevo kilowatt. El sentido de las normas en discusión -todos lo entendemos- es otro.
Así las cosas, la ciudadanía espera una señal, como se suele decir ahora. Analicemos, pues, con buena voluntad el proyecto, pero situándolo en su verdadera dimensión; esto es, como un conjunto de medidas reactivas que no ayudarán a paliar la crisis actual, y sí pueden causar un daño difícil de reparar.
En efecto, constreñidos como estamos a despachar este asunto en una jornada, votando rápidamente, debiéramos concentrarnos en estudiar sus aspectos más relevantes, poniendo especial cuidado en limitar los perjuicios de carácter permanente que acarrearán fatalmente estas disposiciones de emergencia. En concreto, me refiero al debilitamiento del Estado de Derecho y al desincentivo de la inversión en generación de energía eléctrica para nuestro país.
En cuanto a lo primero, llamo la atención de los señores Senadores sobre las consecuencias que tendrá la flexibilidad con que se concibe la situación de fuerza mayor, que incluso lleva a indemnizar eventuales daños cuya causa no es imputable a las empresas generadoras o distribuidoras de electricidad. Asimismo, resulta dudosa la conveniencia de aumentar las facultades discrecionales de los inspectores de la Superintendencia respectiva, sin que, al mismo tiempo, se eleven sus responsabilidades por los abusos en que puedan incurrir.
Afortunadamente, hay consenso en estimar que la iniciativa no es la vía adecuada para modificar la planta del personal, sobre todo cuando la autoridad parece querer desprofesionalizar dicho servicio.
Por último, también constituye un debilitamiento del Estado de Derecho el condicionar, mediante una consignación previa, la facultad de las personas para recurrir a los tribunales de justicia cuando sean víctimas de una arbitrariedad por parte de la Administración Pública. Esto atenta contra un supuesto elemental del debido proceso y representa un retroceso para nuestro ordenamiento jurídico.
En cuanto a los negativos efectos que este cambio en las reglas del juego tendrá sobre la inversión, ¿quién puede engañarse? En el mediano plazo, el ritmo de crecimiento del sistema económico tiene, entre otros límites, la cantidad de energía eléctrica disponible. Necesitamos aumentar su generación. Para ello, debemos cuidar las fuentes existentes, ampliar la red del sistema interconectado nacional y unirla a la de los Estados vecinos.
En el fondo, necesitamos aumentar la capacidad de generación; es decir, atraer mayor inversión privada a ese sector. ¿Puede alguien creer que la inversión se estimula a través de medidas inorgánicas, meramente reactivas, adoptadas tarde y apresuradamente, cuando el fracaso de una gestión es ya inocultable? Aumentar la presión estatal sobre la actividad privada no parece ser la mejor receta para conseguir nuevos recursos. Resulta prudente fiscalizar -¡quién lo duda!-; pero esa actitud jamás reemplazará una política bien concebida, ordenada mediante reglas estables y tranquilamente aplicada.
Comprendo la ansiedad que provoca el proyecto. La sociedad chilena está indignada por los cortes del suministro eléctrico. Pero no debiéramos ceder a la tentación de confundir lo urgente -que tantas veces apenas roza la imagen política de algunos- con lo realmente importante, con los intereses permanentes y de largo plazo de la comunidad nacional. ¡No improvisemos comprometiendo su futuro!
Señor Presidente , en términos prácticos, quiero formular una indicación, en el sentido de que todas las modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos y a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que resulten aprobadas en esta sesión, tengan una vigencia limitada en el tiempo; por ejemplo, de dos años. Entonces, cuando esta emergencia se haya superado, habrá llegado el momento de evaluar su mérito y resolver sobre el particular con mayor calma y estudio. De ese modo, ayudaremos a sortear la actual coyuntura al Ejecutivo , pero quedará en claro que se trata de un régimen transitorio, lo que desalentará en menor grado a los inversionistas y atenuará las amenazas a los derechos de las personas que la iniciativa contiene.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si Su Señoría desea presentar alguna indicación al proyecto, debe hacerlo por escrito. La Mesa la recibirá con mucho agrado.
El señor CANESSA.-
Está bien, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente , este proyecto, largamente discutido y analizado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha concitado realmente la atención de la opinión pública, por decir relación a la crisis eléctrica. Las cifras y antecedentes técnicos fueron entregados en la Comisión -los hemos podido conocer- y, seguramente, se analizarán en detalle cuando se estudie en particular el proyecto.
Además, se realizó una sesión especial en esta Corporación para tratar el problema de la crisis energética, y el Gobierno ha aplicado medidas, un plan de contingencia especial, en uso del marco legal que lo autoriza, el cual es bastante restringido, por carecer el Estado de mayores atribuciones al respecto.
Asimismo, hemos conocido la reacción de la opinión pública frente a los cortes de energía. También, desde el punto de vista sicológico -por qué no decirlo-, el hecho de que haya llovido en los últimos días, lo que, de alguna manera, alivió un poco el problema, llevaría a pensar que la crisis se iba superando. Pero no cabe duda de que sigue plenamente vigente, y de no haber precipitaciones, los cortes de energía continuarán.
Por lo tanto, es bueno que nos aboquemos al estudio de las razones de fondo que hay detrás de la discusión del proyecto. Lo importante es saber cómo prevenir, cómo resolver la situación, y encontrar caminos, instrumentos y soluciones que nos permitan evitar estas crisis en el futuro.
Por eso, la iniciativa forma parte, como tercer elemento, del plan de contingencia fijado por el Presidente Frei , quien planteó, por un lado, la necesidad de incentivar el ahorro de energía por parte de la población; por otro, conminó a las empresas a invertir para producir más energía, y al Congreso Nacional le presentó el desafío de generar un marco regulatorio que permita a la autoridad actuar oportunamente. Tal es la importancia del proyecto que nos ocupa: tener la capacidad de prevenir y dictar medidas oportunas para enfrentar crisis como éstas.
¿Por qué hay esta necesidad? La razón es evidente: por no existir un marco regulatorio claro. Para nadie es un misterio que cuando se produjo la privatización del sector eléctrico, de este verdadero monopolio que significa el servicio de utilidad pública de la electricidad, no se dotó al Estado de un marco regulatorio que le permitiera fiscalizar, vigilar, intervenir e influir para que dicho servicio se entregue a los usuarios sin cortes y sin fallas de ningún tipo. Y eso está hoy en discusión en el Senado. No hay que perder de vista que ésa es la razón por la cual estamos legislando, y lo que se busca fundamentalmente con estos instrumentos es, por un lado, favorecer a los usuarios, y brindarles protección frente a esta actividad verdaderamente monopólica, y, por otro, sancionar adecuadamente a las empresas que o no cumplen o no prestan el servicio que corresponde, dañando con ello al país, al sector productivo, a las personas, a todos y cada uno de los chilenos.
Por ello, es importante dejar en claro que la iniciativa no procura, como han manifestado algunos sectores de Derecha, perjudicar a las empresas. Por lo contrario, pretende hacerles entender que deben invertir y entregar un servicio acorde con lo que se requiere.
Aquí se ha sostenido que el proyecto puede alejar las inversiones o hacer dudar a los empresarios en cuanto a invertir en este rubro. A mi juicio, éste es el sector productivo donde más utilidades es posible lograr. Ha quedado demostrado que es un gran negocio. Ayer asistimos a un ejemplo muy claro del interés de los inversionistas por este gran negocio que es la electricidad. Fuimos testigos de los remates de las acciones en la Bolsa de Comercio donde el capital foráneo invirtió una cantidad enorme de recursos para quedarse con este negocio que pareciera no ser tan malo. Francamente, no creo que nadie deje de invertir en esta área. Por el contrario, el interés que han demostrado las empresas por lo que pase con este proyecto, evidencia que esta actividad ofrece expectativas altamente importantes y positivas, y, por ello, los empresarios son los más interesados en seguir invirtiendo.
Y ésta constituye una de las razones por las que, sobre la base de los debates en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, se tiene derecho a dudar de las intenciones de los empresarios, los cuales, lisa y llanamente, dicen: "Nosotros, para solucionar el problema a la gente, tenemos que invertir más y, para hacerlo, requerimos o de subvención estatal o de alza de las tarifas". Esto es lo que derechamente han planteado las empresas durante la discusión de la iniciativa.
Y la pregunta obvia es la siguiente. ¿Qué pasa con las grandes utilidades de estas empresas eléctricas y sobre cuyas inversiones o reinversiones nunca han consultado ni al Gobierno ni menos a los usuarios? Es evidente que este sector ha tenido éxito, y que las inversiones, en muchos casos, han redundado en el aumento de la capacidad productiva de energía en el país. Pero también es cierto que, a pesar de tales inversiones, en momentos de crisis son insuficientes.
Creo, asimismo, que se ha tratado de obtener provecho político de esta situación, como se desprende de la sesión especial del Senado en que analizamos el problema. Con cierta liviandad se formularon afirmaciones como la siguiente: "En realidad, lo que sucede es que el Estado es mal o ineficiente administrador del modelo económico. El sector privado es exitoso, y si este último manejara asuntos como los relacionados con los mapuches, el suministro de energía eléctrica, y otros, todo funcionaría a la perfección". Pienso que, con igual derecho, puede plantearse la posibilidad de dejar que el modelo económico funcione libremente en áreas de servicio público tan importantes para la vida del país como el agua potable, la electricidad, combustibles, comunicaciones, etcétera. Con franqueza, creo que no, porque se presta para abusos, para que los usuarios dependan de la buena voluntad de los señores empresarios, los cuales, si quieren, invierten o no invierten, o deciden, en un momento determinado, que la inversión les sale más cara que pagar el famoso costo de falla. En la práctica, han optado por el racionamiento y no por la inversión. De modo que este planteamiento es indefendible, y debemos entender que es más importante que nunca lograr los objetivos generales contenidos en el proyecto.
¿Qué es lo que se busca? Como lo dije al principio, mejorar el marco regulatorio, entregar instrumentos eficaces para que la Superintendencia pueda adoptar medidas oportunas y evitar estas crisis. Con tal propósito, lo primero que propone el proyecto es la necesidad de que la Superintendencia cuente con la información adecuada para la correcta toma de decisiones frente a la crisis. Este aspecto no figura dentro del actual marco legal y es una herramienta fundamental sin la cual, prácticamente, se deja en la indefensión al sector público, a la sociedad entera, porque impide la actuación de la Superintendencia encargada precisamente de supervigilar esta situación.
¿Qué plantea, además, la iniciativa? En términos generales, la aplicación de sanciones por faltas cometidas por quienes participan en el sector eléctrico y que afecten la entrega de este servicio de utilidad pública en forma correcta, oportuna, eficiente, adecuada y barata. Y ahí viene el famoso tema de las multas. El proyecto pretende establecer sanciones o multas altas que produzcan un efecto disuasivo, a fin de que las medidas y decisiones que adopten los involucrados en el sector eléctrico sean las correctas y se evite el riesgo de que, por no hacer determinadas cosas, por los cortes, por falta de mantención, por no tomar los resguardos adecuados u operar buscando beneficios económicos en cada una de sus decisiones, no se cumpla, lisa y llanamente, el objetivo de las concesiones, máxime si actúan en un sector que es casi completamente monopólico. Por eso, la aplicación de multas de hasta 10 mil unidades tributarias anuales se torna tan simbólico.
Y llama la atención la fuerza, el interés, la actitud constante y sistemática de los Senadores que defendieron la opción de bajar las multas. ¿Qué se pretende con esto? Todos sabemos lo que ha pasado con el actual sistema, que fija multas de valor irrisorio. Las empresas, simplemente, no las pagan. Durante la discusión, el señor Superintendente nos proporcionó una cifra que realmente daba risa. De alrededor de noventa y tantas multas, sólo tres se han pagado. Las otras están pendientes en los tribunales. Y se trata de multas cuyos montos máximos alcanzan hasta trece millones de pesos, que no guardan ninguna relación con lo que significa, por ejemplo, el costo de un racionamiento para el país. Entonces, el aplicar sanciones por las faltas cometidas, que impliquen la entrega ineficiente de energía o fallas en el sistema eléctrico, es realmente importante. Y ésa es la razón por la cual en este proyecto también esas faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves. Y esto provocó un largo debate y no cabe duda de que durante la discusión particular las analizaremos.
Otro punto importante que aborda la iniciativa es la compensación a los usuarios, a la cual se refieron tanto el Honorable señor Foxley como el Senador Zurita . Hoy día no existe esa posibilidad. Es necesario que los consumidores tengan el derecho a ser compensados, y éste es un tema elemental, tal como lo es también el fijar racionamientos parejos, y, por supuesto, la necesidad de modernizar la propia Superintendencia desde el punto de vista de su personal y su actuación para que así pueda cumplir con los fines que aquí se le fijan, y que son extraordinariamente importantes.
Entonces, frente a tal cúmulo de situaciones objetivas, ¿cómo puede calificarse como error el envío de este proyecto al Parlamento por parte del Gobierno? ¿Cómo puede alegarse que se ha hecho con premura? Y así lo decía, en su crítica, el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Francamente, esas afirmaciones llaman la atención.
Me pregunto: ¿qué pasaría si no estuviéramos discutiendo este mismo proyecto en medio de una crisis, la que ha logrado sensibilizar fuertemente a la opinión pública y ha demostrado que el sistema, tal como está operando, no funciona? Antes de una crisis, o después de ella, en este país las cosas se olvidan. Los intereses que prevalecen son distintos. El lobby que han llevado a cabo las empresas en el Congreso ha sido brutal, por decir lo menos. En otros proyectos de ley de esta misma importancia, como el relativo al Código de Aguas, hemos sido testigos de una negativa sistemática al establecimiento del pago de patentes para aquellos usuarios que no utilicen las aguas. Y estamos hablando del tema eléctrico, que depende fundamentalmente de la producción hidrológica, o del uso efectivo de las aguas para la producción de energía eléctrica.
Entonces, plantear la inconveniencia de discutir este proyecto -así se ha dicho-, con premura o que el Congreso no puede legislar de este modo, no me parece un argumento serio, sino más bien una excusa. Francamente, puedo entenderlo tal vez en el caso del Senador que me antecedió, pues en otros tiempos no cabe duda de que se legislaba de manera distinta. Pero hoy día el objetivo del Parlamento es buscar soluciones, enfrentar los problemas, sobre todo en momentos de crisis.
Señor Presidente , me ha llamado mucho la atención el hecho de que los Senadores de Derecha al interior de las Comisiones, por muchas que sean sus discrepancias -todas legítimas-, hayan votado en contra de la idea de legislar. El proyecto fue aprobado en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, por cinco votos contra cuatro. Los cinco votos fueron de la Concertación, con lo cual se reafirmaba frente al país lo fundamental que era legislar en materia de fiscalización otorgando más facultades a la Superintendencia para actuar en este momento de crisis.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Los cuatro votos negativos fueron de la Derecha, pronunciamiento que significaba que no estaban dispuestos a legislar ni a que la ciudadanía pudiera contar con un marco regulatorio o instrumentos eficaces para protegerse en situaciones como a la que nos tienen sometidos las empresas eléctricas.
Creo que cada uno de los temas planteados en el proyecto tiene que ver con una cuestión de fondo, esto es, si estamos dispuestos, como Parlamento, a legislar para proteger a los usuarios, o lisa y llanamente algunos defienden intereses particulares.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , estamos discutiendo acerca de aprobar o rechazar la idea de legislar. En ese marco quiero hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, es evidente que la situación que hoy ha hecho crisis se prolonga desde hace cinco o seis meses. De manera que el apuro, la urgencia, aparece contraproducente sobre la base de que los alcances del proyecto enviado, su estructura, afectan facultades de la Superintendencia (aumenta sus atribuciones), y los alcances o efectos que éste tendrá en la sociedad chilena no se perciben si se legisla sujeto a la presión del tiempo. No es bueno que el Senado de la República -y el Congreso- legisle bajo esta presión respecto de una situación que pudo preverse con mucha antelación. Surge, entonces, el tema de la previsión, que es clave tanto para la autoridad a cargo como para los inversionistas o para los dueños de las empresas, y que, en el fondo, es lo que ha causado este problema. Un segundo aspecto se refiere a que esta legislación apresurada nos hace olvidar una idea que se halla presente en la discusión diaria: ¿se está preparando el país para hacer frente a la demanda de energía en los próximos años? Evidentemente, si se legisla en forma apresurada, es posible que muchas de las medidas que se aprueben desincentiven la inversión de quienes corresponde hacerla, los privados en este caso, de manera que permitan agregar nuevas fuentes de generación de energía que absorban el crecimiento del país. Si se piensa que Chile debe crecer alrededor de 4, 5 ó 6 por ciento -ojalá el 7 por ciento-, entonces surgirá la correspondiente demanda de energía, y si no hay incentivos para crear nuevas fuentes que cubran este vacío, el país periódicamente se verá sometido a estas "crisis", porque no se está incentivando la generación de nuevas fuentes que aporten el poder eléctrico necesario. Esto lleva a preguntarnos si la premura en legislar, que pudo haberse evitado, impide apreciar otra situación que es más importante aún, cual es cómo puede estimularse la creación de nuevas centrales generadoras de electricidad frente a un crecimiento y demanda permanentes. Esto indica que, a lo mejor, era más lógico haber concedido a Su Excelencia el Presidente de la República facultades extraordinarias precisas, enmarcadas, con un fin claro, para resolver este problema, que es puntual, y, simultáneamente, haber solicitado al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley de planificación, que incentivara la inversión.
Por otra parte, las críticas acerca de la falla de las empresas en prever esta situación conllevan, evidentemente, un hecho técnico. Los gerentes de operaciones no pueden haber apostado contra la inclemencia del clima para resolver la demanda. De modo que ahí hay una falta clara de profesionalismo que denuncio. La previsión es el elemento clave para poder cumplir.
Ahora bien, si se ha perdido la oportunidad de plantear incentivos para generar el poder eléctrico que demandará el crecimiento del país, si no se aceptó la idea de que el señor Presidente de la República contara con facultades extraordinarias para resolver el problema puntual, la pregunta es: ¿será posible que en el futuro se envíe una iniciativa que impulse la creación de nuevas centrales generadoras de electricidad sobre la base de un marco amplio en que la inversión de los privados y la responsabilidad correspondiente estén claras y las estimule? ¿Será posible recibir en el futuro un proyecto de ley que procure la búsqueda de nuevos combustibles -y no únicamente de los provenientes de residuos fósiles, como el petróleo, reactivando, en aquellos casos en que es posible, el uso del carbón pulverizado), con el objeto de contar con más poder eléctrico y, sobre todo, de incentivar la creación de fuentes no contaminantes, en consideración a un creciente problema en Chile? Por otra parte, ¿será posible prever el futuro -porque, insisto, estas crisis aparecerán periódicamente, si no se establece un marco claro- y meternos de lleno a la generación, o a su estudio, de plantas termonucleares? Porque el problema del agua es real, y es producto del calentamiento global de la tierra. El clima está cambiando, y ya no podemos esperar que llueva mañana, porque las condiciones de intercambio en la atmósfera están variando debido a ese calentamiento. Luego, ya no es posible depender sólo de la naturaleza para obtener la energía necesaria.
Estas situaciones me hacen plantear que esto, que es puntual, en el fondo revela carencia de una visión de modernización en torno a estas ideas.
Por último, hay un problema filosófico de fondo, que ya se mencionó. Se estima malo el sistema que permite a la empresa privada encargarse de la generación de energía. Creo que no. Es absolutamente positivo que sea así, porque, si se establece un marco que estimule la producción energética sobre la base del crecimiento del país y del establecimiento de nuevas centrales generadoras, la empresa privada va a responder, naturalmente, como digo, dentro de marcos en los cuales su responsabilidad esté claramente fijada y sean capaces de recibir sanciones cuando no cumplan.
En síntesis, primero, el apresuramiento en el despacho de esta legislación no es bueno; segundo, echo de menos una visión general orientada al establecimiento de un gran marco de incentivos para la creación de nuevas fuentes energéticas; y, tercero, este problema podía haberse solucionado en forma muy rápida otorgando facultades extraordinarias a Su Excelencia el Presidente de la República .
Pero si se trata de apoyar la idea de legislar, estoy de acuerdo en ello. Hago presente, sí, estas observaciones. Seguramente, como es normal, vamos a llegar a una solución, que no será la óptima, ni la más efectiva y, probablemente, atrasará el desarrollo.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , escuché con mucha atención la intervención de dos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. Y estoy confundido, pues plantearon la responsabilidad de este Parlamento en cuanto a no legislar apresuradamente. Pero, si no recuerdo mal, el Gobierno en el que tuvieron participación los referidos Honorables colegas fue el que privatizó las empresas eléctricas en forma sumamente acelerada, a valores que resultan ridículos si los analizamos hoy.
Y esa Administración no creó el marco regulatorio que hoy día el país reclama, porque sus autoridades sostenían que el empresario o la empresa privada velarían por respetar los derechos de los consumidores. Es evidente que ello no ha ocurrido.
En esta tan extraña privatización de las empresas eléctricas, quiero recordar (con envidia, por supuesto) que un empleado de ENDESA, el señor Yuraszeck -a quien felicito, porque es un hombre sumamente inteligente-, después se convirtió, por obra y gracia de esa política, en el principal dueño de esta empresa y llegó a ser su presidente , en una historia que todo el país conoce.
Por lo tanto, no hay que lavarse las manos y decir que los Gobiernos democráticos no han asumido su responsabilidad frente a una materia de esta naturaleza.
Aquí ha quedado al descubierto que recibimos este problema -entre otros- difícil de solucionar, incluso en este Congreso, por las razones que todos sabemos. Además, se han puesto al desnudo los inconvenientes de una legislación absolutamente deficiente.
Estamos en presencia de un buen negocio, según planteó un señor Senador que también me precedió en el uso de la palabra. Recuerdo que ENDESA ha obtenido utilidades por más de 300 millones de dólares en los dos últimos años de ejercicio económico (1997-1998). Entonces, cuando estas empresas reclaman por los costos que deben asumir -que pretenden traspasar a los usuarios, aunque les corresponde a ellas absorberlos-, yo les pregunto: si el negocio es tan malo, por qué en las últimas horas ENDESA-España compró ENDESA-Chile pagando intereses y un sobreprecio por las acciones transadas en la Bolsa.
La señora MATTHEI .-
¡Por el monopolio que van a tener!
El señor MUÑOZ BARRA.-
O sea, quiere decir que el negocio es muy bueno.
También quiero recordar que en el ámbito de las empresas distribuidoras de electricidad las ganancias son aún más cuantiosas. CHILECTRA apareció hace pocos días en un "ranking" como una de las que obtuvo las mayores utilidades en el último trimestre. Esto hay que decirlo con absoluta claridad, y no con juego de palabras, al momento de analizar el tema: mientras a los chilenos se les ha cortado la luz y hay racionamiento, una de las distribuidoras eléctricas -CHILECTRA- figura con la más alta utilidad de todas las empresas chilenas.
Pero digamos la verdad: aquí se está haciendo una especie de juego, porque las empresas desean que los costos los pague el Estado o los usuarios.
En esta historia, que se debe analizar en todos sus capítulos, hay que reconocer y recordar que ENDESA fue privatizada sin un adecuado marco de regulación. Ahí sí que se procedió rápidamente. Por eso las deficiencias aparecen a cada instante.
También reconozco que es una pena que se deba legislar bajo la presión de un racionamiento eléctrico. Pero, ¿qué pretenden Sus Señorías? Mejor es hacerlo ahora, y no enfrentar una nueva crisis para estudiar otra vez el problema.
A la luz de los acontecimientos, no cabe duda de que el sistema privado puede funcionar bien. Pero también es evidente ¿y así lo indican los hechos- que el Estado no puede descuidar su función reguladora. Frente al planteamiento de algunas personalidades en cuanto a que el Estado prácticamente no sirve para nada, debo señalar que eso es tan cierto que los funcionarios públicos relacionados con este problema se quejaron de que carecieron de información adecuada. O sea, se está revelando que el Estado debe tener una participación. Por ello, no se puede afirmar que aquí hay concepciones antiguas, estatistas o pasadas de moda.
Señor Presidente , quiero señalar en este debate que fue un error privatizar la empresa Colbún sin que antes se cambiara la legislación. No estoy sosteniendo que no se debió privatizar esta importante empresa eléctrica estatal. Pero al participar en el CDEC del SIC central, Colbún estatal disponía de toda la información que requería la Comisión de Energía. Y eso habría evitado muchos problemas.
Por otra parte, resulta penoso, para un país que soporta una distribución inequitativa de la riqueza, ver cómo las empresas se han enredado en una disputa acerca de quién tiene más o menos culpa del racionamiento, y cómo -esto hay que decirlo- las generadoras térmicas luchan por obtener una utilidad en la crisis. Esto ha quedado de manifiesto y así lo ha entendido todo el país. ¿Y cómo pretenden hacerlo? A través del costo de falla. Sinceramente, el pretender en esta emergencia insinuar siquiera la obtención de una ganancia de tal tamaño, aprovechando las circunstancias, es absolutamente inmoral, no es ético. Recurriré a un ejemplo: es como si después de un terremoto se permitiera la especulación y el lucro del que quedó con algún abastecimiento esencial para la población. El ejemplo sirve, porque en este caso se puede hacer una comparación.
Reconozco la falta de lluvias, que ha superado la crisis del periodo 1968-1969. Del mismo modo, doy cuenta de la ausencia de nieve. Sin embargo, como se ha demostrado, existen elementos técnicos que podrían haber suplido esa situación.
Por otro lado, cabe recordar los problemas que ha tenido Colbún con su planta de Nehuenco. Dicha planta despistó, por una no leal información, tanto a la autoridad como a las demás generadoras. Es una verdad que si ello no hubiere ocurrido no se habría producido el racionamiento, o éste habría sido muy puntual y menor. Habría constituido un absurdo generar más termoelectricidad, si Nehuenco hubiera estado funcionando. Su atraso obligó, señores Senadores, a gastar reservas de agua que habrían servido para el verano. Al no informar oportunamente y con certeza la fecha efectiva de la entrada en funcionamiento de Nehuenco, Colbún impidió que incluso las demás empresas previeran tal situación.
Estamos, entonces, frente a un hecho que debemos tener presente en la discusión y en nuestros análisis.
Hubo que esperar el llamado del Presidente Frei y la inminente aprobación de las modificaciones de la ley Nº 18.410 y del DFL Nº 1, Ley General de Servicios Eléctricos, para que los empresarios comenzaran a actuar como siempre debieron hacerlo para normalizar el sistema: comprando energía a los autoproductores libres. ENDESA, por ejemplo, anunció que iba a colocar en el sistema 200 megavatios, y cumplió. Por su parte, Gener informó que también compraría a los productores libres -lo que se viene a reconocer a última hora- energía que se decía que no existía, en circunstancias de que muchas personalidades sostenían que era posible adquirir más de 400 megavatios disponibles en el sistema, a fin de suplir la restricción causada por la sequía.
Por lo tanto, aquí hay responsabilidades que no se pueden eludir.
Ahora, no sabemos cuánto puede durar la sequía. Ojalá que la iniciativa en debate solucione el problema para el futuro.
Señor Presidente , quiero hacer presente una convicción. Chile no puede abandonar la hidroelectricidad, pues ella, aunque puede resultar más cara en la construcción de las centrales, es mucho más barata en su producción y, además, es nacional. Constituye casi la única reserva energética importante del país. El contar con seguridad absoluta en lo relativo al suministro obligará indudablemente a tener, además para el caso de sequía, una duplicación en termoelectricidad y en suministro extra para la emergencia. Eso deben entenderlo quienes hoy día controlan la energía y la distribución, y, por supuesto, ésta es una materia de la que estaremos muy pendientes.
En todo caso, aunque no sea el mejor camino legislar bajo la presión de la crisis y el descontento popular por el racionamiento, ha llegado el momento de introducir cambios profundos -y lo estamos haciendo- en la legislación y la política energéticas. El plan eléctrico de 1936, implementado por ENDESA y CORFO en la década siguiente, jugó un papel determinante en el adelanto nacional. Hoy es necesario encontrar técnicamente una adecuación a los tiempos que corren, de manera que al menor costo posible se logren otros 50 años de desarrollo en el sector.
Y en esta parte se requiere tener cuidado con los excesos técnicos o de algunos que se oponen a la construcción de nuevas plantas. Sin ellas, fatalmente Chile detendría su progreso.
Termino, señor Presidente , manifestando mi preocupación por la absoluta indefensión del consumidor -que se ha comprobado- en relación con el tema. No cabe olvidar que el suministro de electricidad, como los de teléfono, gas y agua, constituyen servicios públicos y, como tales, son de responsabilidad del Estado. Lo anterior no significa -para que no exista confusión- que deben ser ejercidos por el Estado, pero éste debe velar por que se otorguen en la mejor forma posible, sin fallas, y por que, cuando ellas se registren, el consumidor afectado obtenga una pronta reparación.
Es todo cuanto tengo que decir.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
En primer lugar, señor Presidente , quisiera pedir a mis Honorables colegas que tratáramos con altura y respeto el asunto en análisis. Lo digo porque se deslizan algunas insinuaciones -por las cosas que se sostienen, por los acentos que se ponen, por las omisiones en que se incurre- que creo que no son positivas para la consideración con la cual, dentro de la discrepancia, deben cumplir los Senadores. Ojalá que en ello se mantenga la diferencia que hemos exhibido siempre respecto de algunos miembros de la Cámara de Diputados.
Primeramente, se ha aludido a un "lobby" de las empresas. Pienso que, gracias a Dios, los involucrados en un proyecto de ley pueden participar en la etapa de su elaboración. En todo caso, deseo puntualizar a un Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra que la concurrencia respectiva a las Comisiones de Minería y Energía y de Economía, unidas, obedeció a una invitación de su señor Presidente , lo que me parece muy bien.
En seguida, se asevera que algunos señores Senadores defenderían intereses particulares. A mi juicio, se puede defender a la empresa privada, como motor del desarrollo, y, legítimamente, una idea que favorece el progreso del país. Porque también se podría decir que nuestros adversarios defienden multas altas, en relación con las atribuciones de un Superintendente, para cobrarlas o no cobrarlas, y que en ello se configura un factor de corrupción. Estimo que lo uno y lo otro se hallan muy lejos de la mente y la disposición de los integrantes del Senado.
En cuanto a que la Cámara de Diputados aprobó unánimemente el proyecto y a que surge una incoherencia con la forma como nosotros hemos procedido en las Comisiones, quisiera consignar que el articulado -que, a mi modo de ver, resultaba muy negativo como venía de la otra rama del Congreso- ha sido objeto de más de 40 modificaciones efectuadas por la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas. Por lo tanto, no solamente a los Senadores de estas bancas nos parecía mal el texto, sino también a quienes pertenecen al mundo de la Concertación.
Y, así, hoy quedan únicamente dos puntos discrepantes: a qué régimen de déficit se someten los clientes libres y el tan comentado artículo 99 bis.
Me referiré, señor Presidente , al origen de la iniciativa y a por qué juzgo que nos encontramos "amarrados" en ella. Y, con mucho respeto, deseo ocuparme en el discurso que Su Excelencia el Presidente de la República pronunció el 26 de abril recién pasado -hace poco más de dos semanas-, en el que señaló su interés de informar al país de los alcances de la crisis y de las medidas dispuestas para abordarla.
El Primer Mandatario expone que se sufre "la peor sequía del siglo, más intensa aún que la que se vivió en 1968". Agrega que se entra a "un segundo año en el cual las lluvias han sido insignificantes, producto de fenómenos climáticos". Subraya que "Los caudales de los ríos casi han desaparecido y los embalses han disminuido a niveles nunca antes vistos". Y hace presente que "La razón de esta anormalidad es la falta de agua para generar energía eléctrica", que "En épocas normales" -cito textualmente- "un 80 por ciento del total de la energía producida era de origen hidroeléctrico;" y que "hoy la sequía ha obligado a que mayoritariamente nuestra energía provenga de centrales térmicas.".
Con posterioridad, el Presidente , de una manera que estimo desafortunada e injusta, expresa que la culpa de la situación actual recae en las empresas eléctricas y que ha presentado una indicación -ello dice relación al artículo 99 bis- que "elimina la posibilidad de no pagar fundándose en una sequía mayor que la tenida en cuenta al fijar el precio de nudo. La consecuencia práctica será que las empresas deberán compensar a las personas por cualquier corte que sufran en período de déficit del sistema prescindiendo del factor hidrológico.".
En otra parte de su discurso señala: "Conscientes de que el país no podía depender sólo del agua para generar electricidad, trajimos el gas desde Argentina para alimentar nuestras centrales termoeléctricas. Gracias a ello, la generación térmica ha aumentado en más de cien por ciento en los últimos dos años. Si no hubiéramos hecho este esfuerzo, la situación hoy sería absolutamente dramática.".
Lo paradójico es que esas obras fueron ejecutadas por empresas relacionadas con las mismas a las que se acusa de no haber realizado las inversiones adecuadas. GasAndes, que construyó el gasoducto que llega a Santiago, es una entidad privada, sin participación del Estado, pero sí con la de Gener. Electrogás, que construyó y es dueña del gasoducto que llega a la Quinta Región, también es una empresa privada y en ella participan ENDESA y Colbún.
Y las nuevas centrales térmicas -que han significado, según el Primer Mandatario, duplicar la capacidad térmica en el último bienio- son Nueva Renca, de Gener; Nehuenco, de Colbún, y San Isidro , filial de ENDESA.
"Si no hubiéramos hecho este esfuerzo", dice el Presidente . Pero no fue Su Excelencia quien lo hizo: lo hizo la empresa privada, a la que, a raíz del proyecto, se inculpa como la responsable de todo lo que ocurre. Ciertamente, a ella le cabe una responsabilidad, mas si la iniciativa en discusión hubiera entrado en vigencia hace tres o cuatro años no se enfrentaría hoy un racionamiento.
Las reglas del juego han permitido que algunas empresas, efectivamente, por costos alternativos, recurrieran a la hidroelectricidad, teniendo presente que en determinado momento podían fundarse en algunas razones establecidas para la exención del suministro de energía. Habrían planificado sus contratos comerciales de otra manera si la ley en proyecto hubiera existido antes o si, como lo plantearon estas bancas en 1990, se contara con la interconexión con Argentina, respecto de lo cual el Gobierno de Chile todavía no logra armonizar con el Estado vecino los protocolos para poder operar.
En esta parte, señor Presidente , nos hallamos frente a un tema extremadamente complejo. En efecto, una disposición está cambiando con efecto retroactivo y empezará a aplicarse de inmediato. Pero los contratos que las empresas relacionadas con el sector firmaron previamente se encontraban bajo el "paraguas" de una normativa determinada. Y ello constituye una ley para las partes. No se pueden aplicar sanciones hoy por causas que en las disposiciones anteriores no provocaban tal consecuencia. Es algo muy relevante para defender los derechos de las personas afectadas.
Y, como decía el Senador señor Martínez , es importante mantener un equilibrio, una armonía y un respeto a las leyes, a las reglas del juego, porque hoy día podríamos solucionar un problema puntual; pero, al mismo tiempo, quizás, desincentivar las inversiones en el sector, con crisis mayores en el mediano o largo plazo.
Señor Presidente , otro tema que nos parece importante tener presente se refiere a las multas de hasta 10 mil unidades tributarias anuales. Una vez votada una indicación en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía unidas, señalamos que estábamos dispuestos a rectificar nuestra votación, siempre y cuando se lograra lo que finalmente se alcanzó gracias al acuerdo de todos los señores Senadores integrantes de aquélla: en primer término, precisar la tipificación y restringir los motivos de la sanción que puede alcanzar hasta 6,3 millones de dólares; en segundo lugar, delimitar las facultades y fundamentos del Superintendente para ejercer ciertas acciones, y, por último, establecer los resguardos del debido proceso, a fin de defender adecuadamente el derecho de los afectados.
Señor Presidente , hemos llegado a esta sesión sin un acuerdo respecto de dos temas muy importantes -como señalé al principio-, uno de los cuales -me refiero al artículo 99 bis-, parece más relevante que el otro.
Al no haber consenso y prevalecer la norma aprobada por la Comisión de Hacienda, eventualmente todos estos temas van a pasar a los tribunales de justicia. Ésa es una mala señal para el país, para los agentes económicos involucrados y para los usuarios a quienes todos queremos defender.
Desde ese punto de vista, me gustaría hacer hoy un nuevo esfuerzo para poder mostrar al país un acuerdo político en esta iniciativa que involucre uno o los dos temas en que hay discrepancia radical.
Aunque se hable de empresas ricas que obtienen utilidades muy grandes -lamentablemente, no está en la Sala en estos momentos el Honorable señor Muñoz Barra -, debe recordarse que aquéllas se fijan por ley, de acuerdo a un modelo, y que tienen un piso y un techo.
Pero, sobre todo, es importante defender los principios del Estado de Derecho y la no retroactividad de la ley, a fin de que a la larga no existan abusos por parte de la autoridad, aunque se trate de "un buen negocio" o de una buena sanción.
Cualquiera que sea la persona involucrada en este asunto, lo más trascendente es que, como legisladores, despachemos una ley justa que respete los derechos de las personas, adquiridos con anterioridad a la normativa que pretendemos aprobar ahora.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Advierto a la Sala que, por no estar presentes en este momento los Honorables señores Hamilton y Bitar, hará uso de la palabra el Senador señor Prat, luego de lo cual, procederé a suspender la sesión.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , cuando estamos legislando sobre una materia tan trascendente como la que rige la generación, distribución y consumo de energía eléctrica, debemos hacerlo con mucha visión de largo plazo y abstrayéndonos de elementos emocionales o de imagen política que pudieran estar influidos por el corto plazo y la contingencia. En definitiva, debemos aprobar un proyecto que no contenga normas inconvenientes.
Deseo ser muy preciso: echo de menos en esta iniciativa una fórmula que implemente incentivos y desincentivos (para el ahorro, el primero; y para el consumo, el segundo) frente al déficit de energía eléctrica. Al no existir, legislaremos sobre una materia que, pese a haber tenido una gran cobertura televisiva y en los medios de prensa, en el fondo, no va a solucionar la situación que el país vive. Probablemente influya para que posteriormente se establezcan los incentivos necesarios y el déficit actual no vuelva a ocurrir; sin embargo, no nos saca en mejor manera de la situación en que estamos. Curiosamente en la prensa de hoy el Ministro señor Biehl -quien nos acompaña en esta sesión- expresa su conformidad con propuestas del Decano de Economía de la Universidad de Chile, que apuntan a generar un mecanismo que premie el ahorro de energía eléctrica y castigue el consumo excesivo frente al déficit que exista, pero sólo para próximos eventos y no para el actual.
Por lo tanto, lo único que nos quedará después de aprobar el proyecto es rezar para que llueva, pues las normas de la futura ley no nos ayudarán a administrar la situación existente. Habrá que esperar acontecimientos posteriores para legislar al respecto, pues el actual aparece afectado por la coyuntura. Ésta es la primera carencia de la iniciativa que debemos resolver.
La segunda carencia se refiere a la forzada apreciación que se incluye respecto de la fuerza mayor. Es un hecho que la causal de fuerza mayor del artículo 99 bis de la ley vigente, a todas luces, parece haber sido superada por las circunstancias y puede no ser atendible. Todo indica que si esa causal no hubiera existido habría habido incentivos más fuertes para ayudar a solucionar el déficit producido por efecto de la sequía, para actuar más rápidamente en renegociar contratos con clientes libres, para liberar márgenes de energía disponible y para negociar la provisión de ella con autogeneradores. Seguramente, de no existir tal norma, las transacciones en el CDEC se habrían realizado a precios de escasez, produciéndose una relación más precisa entre los actores y no una conflictiva como la dada hasta hoy.
Por consiguiente, todo indica que debe corregirse la consideración de fuerza mayor del artículo 99 bis, pero lo importante es hacerlo sin generar elementos inconvenientes. Vale decir, si una disposición permite ampararse en la consideración de fuerza mayor más allá de lo conveniente para la industria y para el país, ello no puede llevar al extremo de que en el análisis que deba hacer el juez -pues la reclamación de dicha circunstancia siempre tendrá que ser alegada- queden excluidas las causales que puedan ser contribuyentes a una situación de fuerza mayor.
En otras palabras, el sistema de excluir a todo evento la condición de sequía, la falla prolongada o cualquier otra de los elementos que el juez está llamado a resolver de acuerdo con el artículo 45 del Código Civil adolece de la misma rigidez de la norma que se está modificando, pero en el extremo opuesto.
Por otro lado, en mi opinión, en el proyecto que tenemos a la vista debe evitarse la posibilidad de cualquier perjuicio en contra de los clientes libres, quienes hoy tienen contratos que en un sistema libre buscan acomodar la situación de cada cual al óptimo económico del conjunto.
Dicha situación, que es permitida por la ley actual y que se vería afectada por la vía de estas modificaciones, atenta contra la competitividad de nuestra economía. Las rigideces que incluyamos en esta área, como en cualquier otra, afectarán indefectiblemente a las empresas productoras de cobre, a las de corriente y, en general, a las que requieren de mayor competitividad para mantenerse en el mercado.
Por lo tanto, las rigideces que se propone introducir son atentatorias del bien común y del desarrollo del país, el cual pasa necesariamente por las condiciones de competitividad de las empresas, que son el motor de su economía.
Señor Presidente , en consideración a esos tres elementos centrales, creo que el proyecto debe ser corregido en este lapso. El primero de ellos, no contiene los incentivos para administrar la situación y hace que la iniciativa sea inconducente, de imagen, nacida a raíz de la caída de nueve puntos de la adhesión al Gobierno. Sin embargo, debemos hacer de esto algo que, al menos, nos permita administrar el caso puntual vigente.
Con respecto a otras materias que han tenido gran connotación pública -como el tema de las multas, por ejemplo-, ellas han quedado razonablemente resueltas mediante el trabajo de las Comisiones. Una multa de 6 millones de dólares aparece como absolutamente tropical si la resolución, arbitrariamente, queda entregada a una sola persona. Además existe una muy débil tipificación de los actos que constituyen causal de aplicación de aquélla y, por otro lado, se carece de procedimientos y de instancias de reclamación que pongan a la multa en el marco de un Estado de Derecho de un país que desea vivir en él.
Debido a la forma en que ha sido perfeccionado el sistema y morigerado el procedimiento de consignación, dicha multa, que originalmente resultaba inaceptable y -como dije- tropical, hija de la televisión, hoy día más bien parece atendible.
En consecuencia, cuando planteamos un rechazo a la idea de legislar, debe entenderse que estamos oponiéndonos a los elementos del proyecto que resultan altamente inconvenientes, y tan altamente inconvenientes que los debemos tener en consideración. En la medida en que las iniciativas se perfeccionan, puede ser acogida la idea de legislar; pero si esas modificaciones no se realizan, es imposible concurrir a su aprobación.
Señor Presidente , espero que en el lapso que media entre este instante y el momento de la votación podamos avanzar en el perfeccionamiento de los elementos que es necesario corregir, particularmente lo relativo a que la fuerza mayor no excluya del conocimiento del juez aspectos que pueden ser esenciales para su buena resolución; como también que el mecanismo que hoy día permite a los clientes libres celebrar contratos ajustados a sus realidades, contribuya a la competitividad de nuestras industrias, sin que éstas sean afectadas como se hace en la norma propuesta. Ojalá que, dejando de lado los problemas de imagen, podamos incorporar en este proyecto de ley una cláusula que posibilite administrar la situación de déficit de energía eléctrica en que estamos, incluyendo incentivos al ahorro y desincentivos al consumo.
Espero que durante el tiempo que media para proceder a la votación podamos avanzar en algo que sería muy conveniente para el país.
El señor PÉREZ .-
Señor Senador , ¿me concede una interrupción?
El señor PRAT.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto, Su Señoría.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez .
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , sólo deseo agregar algo a lo manifestado por el Senador señor Prat en lo que dice relación a los clientes libres.
A mi juicio, podemos crear un bumerán que ciertamente el Gobierno desea evitar, porque algunas empresas pueden recurrir ante los tribunales de justicia solicitando indemnizaciones sin alegar el costo alternativo que pueda tener la carencia de electricidad, sino que pidiendo una retribución equivalente al cobre que han dejado de producir, por ejemplo.
Lo anterior lo digo con conocimiento de causa, porque sé de un caso concreto, y lo haré presente ahora, al igual como se lo manifesté anteriormente al Ministro señor Landerretche . En mi región, en Mantos Verdes hay una empresa que cuenta con todo un sistema de lixiviación y con otros elementos que funcionan sobre la base de energía eléctrica, y que ha tenido problemas para poner en marcha su planta. De modo que para ella el tema energético eléctrico es extremadamente importante. Sus abogados han dicho que si se aprobaba una ley como ésta, podían recurrir de queja no en contra de la empresa generadora, sino del Estado, y solicitar a éste una indemnización equivalente al cobre que dejen de producir.
Señor Presidente , se trata de una materia extraordinariamente compleja. Como expresó el Honorable señor Prat, ojalá, evitemos que estos asuntos lleguen a los tribunales de justicia y que tratemos de resolverlos en la norma correspondiente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Deseo preguntar al Honorable señor Prat si ha terminado su intervención.
El señor PRAT.-
Sí, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo acordado, se suspenderá la sesión por hora y media, hasta las 15.
Recuerdo a la Sala que la votación del proyecto se iniciará a las 17. De manera que si los señores Senadores desean formular indicaciones, deben hacerlo antes de esa hora.
También deseo hacer presente a Sus Señorías que, conforme lo señalan las Comisiones unidas, el artículo 1º, número 10), es una norma de rango orgánico constitucional, como también el artículo 6º, según lo manifiesta la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, su aprobación requiere el voto favorable de 26 señores Senadores.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , para los efectos de la votación general, si una norma tiene rango orgánico constitucional, significa que toda el proyecto también debe ser aprobado con ese quórum.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Así es, señor Senador.
Se suspende la sesión hasta las 15.
___________________
--Se suspendió a las 13:32.
--Se reanudó a las 15:10.
___________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , un señor Senador ha dicho -y es cierto- que se ofreció al Presidente de la República legislar en la materia que estamos conociendo mediante un decreto con fuerza de ley, por delegación de facultades del Congreso. Sin embargo, el Primer Mandatario desechó esa posibilidad y envió el proyecto a tramitación legislativa. Ello nos ha permitido contribuir, responsable y circunstanciadamente, a la solución de la mayor crisis energética que ha sufrido el país.
Creo que fue una decisión acertada, toda vez que la discusión sobre tal delegación habría sido a lo menos tan difícil como ha resultado la de la presente iniciativa, y además con el riesgo de que al determinarse las facultades objeto de la delegación se hubiera limitado o impedido regular en esta materia.
Cabe preguntarse: ¿Se habría autorizado al Jefe del Estado para aumentar las multas hasta 10 mil unidades tributarias anuales, o bien se habría impuesto un tope de mil UTA, como se expresa en documentos entregados por Senadores de Oposición a la Comisión de Minería y Energía de esta Alta Cámara? ¿Se le habría permitido otorgar a los usuarios una compensación en los términos en que la contempla el proyecto? ¿Se habría accedido a que estableciera un procedimiento judicial expedito para reclamar sanciones? ¿Se le habría autorizado para contratar personas y, sobre todo, para ampliar las facultades del Superintendente ? ¿No se le habría discutido la posibilidad de colocar urgencia de "discusión inmediata" a esa iniciativa sobre delegación de facultades?
Creo que -más allá de nuestras discrepancias- hemos respondido al desafío que nos planteó el Presidente de la República dando muestras de responsabilidad al analizar en profundidad y en conciencia todas y cada una de las disposiciones de la presente normativa. Lo hemos hecho buscando el bien del país y especialmente el de la mayoría de la gente, es decir, el de los usuarios, que son los más débiles y vulnerables ante una crisis de estas dimensiones.
La crisis y sus causas
Estamos frente a una crisis originada fundamentalmente porque el país está viviendo la más grave sequía que registran nuestras estadísticas. La crisis no está superada por el hecho de que los cortes de energía se hayan suspendido, por lo menos momentáneamente; está al acecho y ello nos obliga a mantenernos vigilantes.
El agudo déficit de energía que se observa hoy en el Sistema Interconectado Central comenzó en noviembre del año pasado. Además, en ese mes, junto a la sequía falló la central termoeléctrica San Isidro y no entró a tiempo al sistema la de Nehuenco.
De esa manera, en términos muy simples, la crisis se originó, en primer lugar, porque, como consecuencia de la grave sequía, la demanda de energía superó la oferta de la misma.
En segundo término -y no menos importante-, debe señalarse a las empresas del sector, cuya responsabilidad resulta evidente. Ellas no han sido capaces de actuar en armonía, ni de superar sus discrepancias; tampoco han realizado las inversiones necesarias en forma oportuna; en ocasiones no han entregado a la autoridad la información requerida; a veces han desoído las órdenes del organismo que las coordina, y, en general, han antepuesto sus intereses comerciales al bien común de la población.
Igualmente, no puede soslayarse la responsabilidad que cabe a la autoridad, la que debió comenzar una campaña de ahorro de energía con la debida anticipación y pudo haber entregado las señales económicas pertinentes con mayor oportunidad.
Por último, los usuarios tampoco estamos marginados de toda responsabilidad, puesto que el consumo, durante el desarrollo de la crisis, en vez de bajar, ha subido casi en el mismo porcentaje del actual déficit del sistema.
No es éste el momento de determinar responsabilidades, sino fundamentalmente de encontrar soluciones.
La propuesta presidencial
El Jefe del Estado ha planteado al respecto tres grandes directrices:
1º) Una campaña de ahorro de energía que incluye a los sectores público y privado y que está en plena implementación.
2º) Una inversión por parte de las empresas para adquirir y producir 500 megawatts, la que, luego de una negativa inicial inexplicable, felizmente se ha venido realizando.
3º) Dotar al Estado de un mecanismo regulatorio que permita orientar y fiscalizar que el sistema eléctrico privado cumpla con sus objetivos.
Lo anterior explica que el proyecto en debate no sea la gran modificación del marco regulatorio que podríamos haber esperado, sino que se limite a abordar los aspectos puntuales que permitan superar la crisis.
En las circunstancias en que vivimos, si las empresas eléctricas -como ocurrió en el pasado- fueran estatales, no me cabe duda de que en estos instantes la Derecha estaría exigiendo su privatización. Sin embargo hoy, con respecto a las conductas que ellas han tenido, el Gobierno no está planteando su estatización, sino sólo exigiendo que actúen responsablemente ante la comunidad nacional.
No se trata de un servicio cualquiera. Es un servicio público de primera necesidad cuyo manejo ha sido entregado al sector privado.
Cuando no había sequía, las empresas obtuvieron grandes utilidades. Ahora que estamos en crisis, su deber es colaborar con el país, como lo han comenzado a hacer. Ninguna va a quebrar por hacer las inversiones que son necesarias. Considérese, sobre todo, que en las actuales circunstancias de crisis hemos visto cómo se pagan cifras récord para tomar el control de la principal generadora del país, creada por el Estado, y esas mismas sociedades están realizando simultáneamente cuantiosas inversiones en el exterior.
Sólo pedimos consecuencia y cumplimiento, "en las duras y en las maduras", del servicio público asumido.
Por las razones expuestas, el Gobierno intervino proponiendo este proyecto de ley, no para estatizar las empresas, sino para normar y dar las señales de inversión adecuadas.
Aquí no están en juego sólo futuras privatizaciones. Está en peligro la lógica del sistema.
El proyecto de ley
A mi juicio, el proyecto es positivo al menos por tres razones.
Primero, incorpora a los usuarios.
Hasta ahora todo parecía un asunto entre empresas. Se ha hablado de inversiones, de costo de falla, de rentabilidades, etcétera. El proyecto establece que la gente será compensada por la luz que no reciba. Así, a una familia que gasta 6 mil pesos al mes en luz y se le mantienen dos horas de racionamiento, le permitirá descontar 600 pesos de la boleta del próximo mes.
Segundo, da señales económicas claras.
Las empresas tienen que elegir entre compensar a los usuarios, o comprar turbinas o energía y evitar esa compensación. Se trata de una regulación por incentivos, no sólo por intervenciones directas de la autoridad.
El sector eléctrico no podrá quejarse de que se utilice un instrumento de mercado.
Tercero, tiene un impacto directo sobre la crisis.
Las empresas deben invertir ahora para evitarse compensar una vez que entre en vigencia la normativa en proyecto. Aquí se establecen multas disuasivas, que las obligarán a ajustarse a la ley y dar un servicio adecuado. Además, se robustece a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con más personal y mayores facultades. La autoridad necesita saber lo que está pasando y tener poder para fiscalizar efectivamente el sector.
Importancia para el usuario
Para los usuarios, que constituyen nuestra principal preocupación, el proyecto contiene importantes beneficios:
1) Aumenta las multas.
Se establece una multa de una a 10 mil Unidades Tributarias Anuales para las empresas, entidades o personas naturales sujetas a la fiscalización o supervisión de la Superintendencia, que incurran en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de las instrucciones u órdenes que imparta la Superintendencia. Con ello se pretende asegurar que no incurran en cortes.
2) Contempla un racionamiento parejo.
Se consigna que el déficit registrado en el sistema debe distribuirse proporcionalmente y sin discriminación de ninguna especie entre todas las empresas generadoras, tomando como base la globalidad de sus compromisos. Con eso se asegura que no habrá algunas ciudades con luz y otras sin ella.
3) Se establece el pago de compensaciones.
Se fijan dos tipos de compensaciones: por racionamiento y por cortes intempestivos.
Compensaciones por racionamiento
Las generadoras deberán traspasar a los distribuidores, y éstos a los usuarios, compensaciones -que se descontarán de las cuentas mensuales- por los cortes que se produzcan en caso de racionamiento.
Para los efectos de las compensaciones, las situaciones de sequía y las fallas de centrales eléctricas que originen un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de un decreto de racionamiento, no pueden ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito. Y los aportes de generación hidroeléctrica correspondientes a años hidrológicos más secos que los utilizados en el cálculo de precios de nudo, no constituirán límite para el cálculo de déficit, ni serán considerados como circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.
Compensaciones por cortes intempestivos
El proyecto establece que la interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los reglamentos, que afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión de distribución, debe ser compensada por los concesionarios.
La compensación equivale al duplo del valor de la energía no suministrada durante la interrupción o suspensión del servicio, valorizada a costo de racionamiento.
Dicha compensación es incrementada en los casos en que, a consecuencia de la interrupción o suspensión, el responsable obtuviere un beneficio cuantificable. El aumento podrá ascender hasta el doble del beneficio obtenido por el responsable.
Las compensaciones se efectuarán descontando las cantidades correspondientes en la facturación más próxima, o en las que determine la Superintendencia a requerimiento del respectivo concesionario. Se las abonará al usuario de inmediato, independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de los terceros que resulten responsables, y ellas procederán sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Derechos adquiridos y fuerza mayor
Finalmente, se ha sostenido que el proyecto podría afectar derechos incorporados a los contratos y que la fuerza mayor ya fue resuelta por la Corte Suprema en un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que falló en 1992.
Al respecto, sostengo lo siguiente:
a) Los concesionarios de distribución, conforme a la ley eléctrica vigente, están sujetos a los cambios de regulación (artículo 15). Por lo mismo, no podrían sustraerse a los cambios de esta normativa.
Si en un contrato no fuese considerado este aspecto, se contravendría una norma de derecho público. En tal virtud, ese contrato adolecería de objeto ilícito, de acuerdo con el artículo 1462 del Código Civil.
b) La energía eléctrica es un bien futuro. Se compra y se vende bajo la condición de existir. Mientras la condición no se cumpla, está suspendida, y los derechos asociados a ello también se hallan suspendidos, conforme al artículo 1489 del mismo Código.
c) El sistema prescinde de los contratos. En efecto, se vende no sólo energía, sino también potencia. Ello explica que una central térmica, en tiempos normales, le compre a las centrales hídricas, y que en épocas de crisis, ello opere al revés. Además, una central no produce cuando quiere, sino cuando el CDEC se lo ordena. Es el sistema que a menor costo cubre los compromisos comerciales en épocas normales. Si hay racionamiento, el precio del generador que no produce es el costo de falla.
Por otra parte, la diferencia entre la situación del fallo de la Corte Suprema recaído en el recurso de inaplicabilidad en 1992, y la del fallo que hoy nos ocupa, es evidente: en primer lugar, actualmente existe la obligación de compensación. En 1990 ella no existía y los contratos eran de años anteriores. En esa época, la sequía duró tres años (1989, 1990 y 1991) y las compensaciones se introdujeron en 1990.
En segundo término, la Corte Suprema cambió la historia jurisprudencial. En 1992, calificó la sequía como fuerza mayor. Hasta esa fecha, todos los autores la consideraban un hecho previsible y resistible.
El artículo 45 del Código Civil establece que es fuerza mayor o caso fortuito "el imprevisto a que no es posible resistir".
Aquí no se trata de un imprevisto. En Chile, la sequía no constituye un imprevisto. Ocurre cada determinado tiempo, y -diría- hasta con cierta regularidad. Es perfectamente posible resistirla -como lo están demostrando hoy las compañías-: se puede producir más energía, comprar, interconectar; en fin, hay distintas formas de resolver el problema, sin necesidad de llegar al racionamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor HAMILTON.-
Termino en seguida, señor Presidente.
Aprobación de la idea de legislar
No concibo que, en la grave situación por la que atraviesa el país, y teniendo en vista el mensaje del Presidente de la República , la aprobación unánime de la Cámara de Diputados, la expectación pública de los usuarios en torno a la iniciativa y el trabajo realizado por las Comisiones de Minería y Energía, de Economía y de Hacienda, pueda haber Senadores que, siguiendo la petición formulada por las empresas en su comparecencia ante el Senado, pudieran votar en contra de la idea de legislar en esta materia y privar al país de una herramienta vital para enfrentar la actual o futuras contigencias energéticas.
Por las razones sumariamente expuestas, votaré favorablemente el proyecto, convencido de su necesidad y utilidad y de que ayudará a paliar la actual crisis y a evitar las que pudieren sobrevenir a futuro.
___________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace brevemente en la presidencia el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
-Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Ruiz De Giorgio.
___________________
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , coincido en gran parte con lo que acaba de señalar el Senador señor Hamilton . No obstante ello, deseo referirme brevemente a la materia que nos ocupa.
En primer lugar, si uno analiza el Sistema Interconectado Central en tiempos normales, no podría decirse que hay imprevisión, ni del Gobierno ni tampoco de las empresas en cuanto a la capacidad instalada, que es -como escuchamos al comienzo del debate- 30 ó 40 por ciento superior a la demanda de tiempo normal. Ocurre que, generado un déficit por efecto, primero, de la sequía, y luego, por fallas de algunas centrales termoeléctricas como Nehuenco y otras, quedó de manifiesto que no hubo anticipación ni previsión suficientes de parte de las empresas para tomar medidas de resguardo -no necesariamente de inversión-, que les habría permitido evitar el racionamiento y los cortes de energía.
En definitiva, lo que parece haber primado en esta etapa al interior del CDEC han sido los conflictos comerciales, de intereses entre empresas, por sobre la necesidad que se produjo en una oportunidad anterior -en 1989, según entiendo- para tomar las medidas que permitieran resolver la crisis. Por lo mismo, así como algunas generadoras han contribuido, otras no lo han hecho.
En segundo término, deseo señalar claramente que con el proyecto en debate no se busca perjudicar a las empresas en general ni a alguna en particular, sino -seré muy sintético para no repetir lo que señaló denantes el Senador señor Hamilton - dar señales que las incentiven a tomar medidas que les permitan tener respaldo suficiente a futuro en caso de déficit. Esto último se expresa aplicando mayores multas como sanción a infracciones y, especialmente, evitando que el costo del racionamiento producido por el déficit sea cero. De ahí nace todo el problema relativo a las compensaciones, como la necesidad de acotar con más precisión y reducir los casos que puedan invocarse como fuerza mayor.
En tercer lugar, se trata de proteger a los usuarios mediante normas que aseguren y precisen su derecho a compensación cuando no hay provisión de energía y existe déficit sin que medie fuerza mayor.
En cuarto término, se busca fortalecer y hacer más eficaz la función fiscalizadora de la Superintendencia. Al respecto, deseo acotar, de paso, que lamento que se hayan rechazado diversas propuestas del Ejecutivo relacionadas con el fortalecimiento de la Superintendencia debido al desacuerdo generado con los funcionarios. A mi entender, algunas de las medidas rechazadas son muy necesarias y espero que prontamente puedan reponerse en otra iniciativa.
En cuarto lugar, resulta indispensable perfeccionar el sistema de reclamo, dado el aumento de las sanciones. O sea, que el procedimiento respectivo asegure el debido proceso.
Entiendo que todos los elementos contenidos en el proyecto y algunos otros que no he mencionado son necesarios y contribuirán a solucionar los problemas de déficit en breve plazo; otros forman parte de un buen funcionamiento del sistema en el futuro, a modo de correctas señales de precio, de incentivos, etcétera. En definitiva, constituyen una orientación para que las conductas comerciales y de inversión de las empresas se ajusten a las necesidades del país.
La iniciativa que nos ocupa no resuelve todas las dificultades ni está destinada a hacerlo. Y citaré solamente dos aspectos: primero, no se trata el problema de la independencia del CDEC -entiendo que un grupo de Parlamentarios se halla trabajando en esas materias, labor a la que ciertamente adhiero-; y, en segundo lugar, tampoco se solucionan los conflictos de poder vinculados a la integración vertical que se ha ido produciendo en el mercado. De manera que esas tareas quedarán pendientes.
Por último, quiero referirme brevemente a un problema concreto relacionado con el artículo 99 bis del proyecto. Dicha norma ha pretendido especificar que las fallas de centrales termoeléctricas y la sequía que originen déficit no constituyen causa de fuerza mayor o caso fortuito. Así la aprobó la Cámara de Diputados.
Después, como bien se sabe, en las Comisiones unidas de Economía y de Minería y Energía de esta Corporación, dado que algunos señores Senadores hallaron defectos en esa redacción, se introdujo la expresión "por sí solas", en el ánimo -yo mismo formulé la sugerencia- de aclarar que la sequía y la falla de una central específica (digamos Nehuenco o cualquier otra) no podían, en conjunto, ser consideradas como fuerza mayor, pues el fenómeno climático no alcanzaba tales características. En ello parece haber consenso.
Posteriormente, se vio que tal redacción no resolvía la ambigüedad básica. Entonces, la Comisión de Hacienda discutió el asunto y se presentó una indicación orientada a suprimir la expresión "por sí solas", que no obtuvo los votos afirmativos suficientes.
Por ello, junto con los Honorables señores Foxley y Bitar , presentamos una nueva indicación tendiente al mismo fin, para agregar, en el inciso cuarto del referido artículo, la frase "requiriéndose un tercer factor de déficit de gran significación para que adquiera tal categoría", o sea; para hacer posible invocar una causal de fuerza mayor de acuerdo con el artículo pertinente del Código Civil.
Por lo tanto, entiendo que esa indicación pretendía aclarar la misma intención de incluir tales conceptos en las Comisiones Unidas y, de ninguna manera, ella resulta contradictoria, sino que precisa y refuerza en ese aspecto el texto de la Cámara de Diputados, sin afectar el derecho de reclamo o la posibilidad de que cualquier reclamante pueda invocar el artículo 45 del Código Civil.
Pienso -y con esto termino- que el problema básico radica en que si se llegara a invocar ante el tribunal competente tal causal (derecho que todo reclamante tiene), las exigencias para declarar que efectivamente ha habido fuerza mayor deben ser más altas que en el pasado, a fin de promover las conductas que permitan contar con los resguardos necesarios que eviten los déficit en casos de crisis.
He dicho.
El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , deseo referirme al artículo 8º del Reglamento del Senado y, al efecto, hago mías las palabras del Senador señor Zurita cuando, con bastante transparencia y claridad, señaló que por tener acciones de una de las empresas aludidas se abstendría de votar. La propia Senadora señora Matthei realizó una consulta para saber si otros señores Senadores procederían de modo similar, en caso de estar en situación parecida. Al respecto, la referida norma dispone: "No podrán los Senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, sus ascendientes, sus descendientes, su cónyuge y sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, ambos inclusive.".
Destaco lo anterior, porque contribuye a la transparencia de la labor que desarrollamos y, en particular, teniendo en cuenta algunos hechos producidos en el Senado -de los cuales he sido testigo- en relación, por ejemplo, a ciertas votaciones relacionadas con el salitre o con actividades pesqueras, en donde también hubo cuestionamientos o planteamientos de naturalezas afines.
Por tratarse de una iniciativa que puede tener importantes implicaciones en la transferencia de recursos entre empresas y de una cuestión que, sin duda, está vigente, deseo hacer claridad al respecto, por ser una materia que concierne a todos los Senadores, tal cual se ha manifestado desde las distintas bancadas.
Quiero referirme brevemente a los asuntos más relevantes del proyecto para justificar por qué considero necesario dar este paso y votar.
El primer punto importante en discusión se relaciona con la seguridad de abastecimiento del sistema eléctrico. Estoy convencido de que lo que estamos debatiendo en la Sala como elemento fundamental, si consideramos alterar el artículo 99 bis para consignar que no se trata de un caso de fuerza mayor y que, por lo tanto, debe responderse frente a esta situación que suma la caída de terminales centrales térmicas o eléctricas en general más una sequía prolongada, significa que las empresas deben planificar sus inversiones de manera que abastezcan, incluso, en tales circunstancias, es decir, ante cualquier evento.
Tal decisión no pasa por dar solución a un problema de corto plazo. Y lo planteo a los Senadores de Oposición que han manifestado que podríamos estar en presencia de una injusticia por un cambio en las reglas del juego, en el sentido de que si hoy votáramos en contra de la disposición, estaríamos dejando al sistema eléctrico en condiciones similares a las que provocaron la crisis, al no tener niveles de seguridad de abastecimiento mayores. Por eso, pienso que en dos, tres o cinco años plazo una empresa hidroeléctrica o termoeléctrica va a tener tiempo para planificar de tal manera que, de producirse una sequía prolongada y fallan distintas centrales, no podrá argumentar que se trata de un problema de fuerza mayor y, por lo tanto, deberá responder ante ese evento.
El señor PÉREZ .-
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador ?
El señor BITAR.-
Con mucho gusto.
El señor PÉREZ .-
Pienso que Su Señoría ha dado en el clavo, porque lo que señala es absolutamente real.
Dicho de otra forma, si tres años atrás hubiéramos contado con el actual artículo 99 bis, los embalses estarían más llenos y no habría racionamiento, aunque la energía fuese más cara.
El tema es otro. Como hoy estamos analizando una nueva ley que se promulgará o publicará dentro de tres o cuatro días, las empresas que planificaron en el corto o mediano plazo su entrega de energía, hicieron su planificación considerando otras reglas del juego y, desde ese punto de vista, ellas podrían aducir, amparadas en la ley, causa de fuerza mayor, que hoy se la estamos suprimiendo, con efecto retroactivo, para los contratos.
Por lo tanto, con la misma lógica de Su Señoría -que comparto absolutamente-, creo que estamos vulnerando ciertos derechos que existían al amparo de la ley vigente, los cuales sirvieron de cimientos para los contratos que dichas empresas realizaron.
El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).-
Puede continuar haciendo uso de la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Gracias, señor Presidente.
El punto fundamental es que esta votación tiene que ver esencialmente con el interés nacional y con la necesidad de garantizar un funcionamiento de nuestro sistema eléctrico y, por lo mismo, de nuestra economía con niveles de seguridad superiores a los que hemos tenido hasta ahora.
Ése es el punto y, por lo tanto, votaré a favor del proyecto teniendo en consideración, esencialmente, esa materia.
Es cierto que algunos podrán reclamar del establecimiento de determinada retroactividad de la ley. No opino de ese modo; pero quien así pensara podría recurrir a los tribunales de justicia. Aun más, escuché en las Comisiones a varios señores Senadores de Oposición decir que muy probablemente las empresas optarán por esa vía. Bueno; no nos corresponde a nosotros decir lo ellas deben hacer; pero si concurrieran a la justicia, cometeríamos un error garrafal para los intereses nacionales si redujéramos el nivel de seguridad de abastecimiento eléctrico sin disponer de mecanismos legales que induzcan a las empresas a resolver el problema por medio de la ampliación de su capacidad instalada. Si no disponemos hoy de la facultad de multar a quien no abastece, perderíamos nuevamente los incentivos para sostener un abastecimiento seguro, como corresponde.
El sistema actual (y supongo que los señores Senadores de Oposición comparten este criterio) ha demostrado que una privatización con regulación deficiente es pésima para el país. Lo que debemos hacer es fortalecer la capacidad regulatoria, como sucede, por lo demás, en la mayor parte de los países desarrollados. Eso, a mi juicio, es lo fundamental.
No por evitar, o suavizar, o impedir la concurrencia a los tribunales vamos a caer -ésta es mi advertencia- en disminuir las condiciones de seguridad del abastecimiento, comprometiendo así el desarrollo futuro del sistema eléctrico.
El otro aspecto relevante es el relativo al fortalecimiento de las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Creo que es conveniente reforzarlas en los términos señalados en el proyecto, los que mayoritariamente fueron acogidos por unanimidad.
Sin embargo, debo expresar mi inquietud por la incorporación de algunos artículos relacionados con el personal; por ejemplo, los que posibilitan provisionar todos los cargos de las plantas directivas y profesionales mediante concurso público. Pienso que la fórmula contenida en el artículo 6º, aprobada con mi propio voto, expone a la gente a ser inmediatamente privada de sus cargos al llamarse a concurso público en condiciones no acordes con el Estatuto Administrativo. Éste es un asunto delicado que, a mi parecer, a lo menos, amerita una revisión.
Ayer votamos en la Comisión de Hacienda cinco o seis disposiciones que tienen que ver con los funcionarios públicos. Respecto de tres de ellas me pronuncié en contra. Aprobé la que estoy mencionando: el artículo 6º. Tengo mis observaciones al respecto, y es mi preocupación.
Si de todas maneras vamos a formular en otro proyecto indicaciones o sugerencias para modificar dichos preceptos, podría resultar más razonable incluir allí todo lo que dice relación al personal, en lugar de aprobar uno o dos y dejar los otros pendientes. En ese sentido, se podría suprimir el artículo 6º y dejarlo para revisión junto con los demás; o, si el Gobierno consiente en ello, modificarlo en la línea de lo que se estudió ayer en la Comisión de Hacienda respecto de los concursos públicos para el Consejo de Defensa del Estado, donde se establece, en una primera fase, el concurso interno; y de no cumplirse los requisitos y no se alcanzan los niveles requeridos, se lo puede declarar desierto, y sólo entonces optar por el concurso público.
A esa materia quería referirme y dejo planteada mi inquietud al respecto. Me inclino por que haya flexibilidad, mayor calidad. La Superintendencia debe reforzar su planta, mejorar sus rentas, adquirir mayor poder y mejor calidad para estar en condiciones de ejercer su función. No obstante, pienso que la forma como se ha planteado no dejó tiempo siquiera para conversar con las organizaciones de trabajadores, los que, sin duda, pueden contribuir en la tarea.
En todo caso, creo que en lo grueso debemos respaldar el proyecto, y lo votaré a favor en general. Luego, debe analizarse en particular el artículo 99 bis. También sugiero revisar su texto para decidir entre la redacción que le ha dado la Comisión de Hacienda y la propuesta por la Cámara de Diputados, que es más simple.
Dejo planteada mi solicitud ante el Gobierno. Creo que hay amplio consenso entre los señores Senadores de las distintas bancadas en cuanto a que debe venir un nuevo proyecto que adicione dos elementos tendientes a armar un buen sistema regulatorio, el primero de los cuales consiste en modificar el CDEC (Centro de Despacho Económico de Carga), entidad que tiene que ser independiente; no puede mantenerse bajo la dependencia de las empresas. Eso requiere de la presencia del sector público. El Presidente de la República lo señaló en su discurso, al hablar de "veedores públicos". Yo pienso que debiera tratarse de un representante permanente, para lo cual se debe introducir la modificación correspondiente.
El segundo elemento dice relación a la discusión generada por la compra por parte de ENDESA España de cerca del 60 por ciento de ENDESA Chile, más el control, a través de ENERSIS, del 70 por ciento de CHILECTRA. Eso conforma un cuadro obviamente atentatorio contra un buen desempeño de la competitividad de los mercados en la actividad eléctrica. Considero imprescindible proponer disposiciones similares a las aprobadas por el Senado para el sector sanitario, estableciendo límites para evitar los poderes monopólicos. En particular, en el caso del sector eléctrico, debe impedirse la integración vertical en los niveles de generación, transmisión y distribución, estableciendo normas más estrictas, al igual como se hace en países avanzados para facilitar la competencia y evitar el control abusivo.
En ambas materias (CDEC y no integración vertical, o su regulación), estimo indispensable el envío a la brevedad de un proyecto por el Ejecutivo . Si tales medidas pueden originarse en la iniciativa parlamentaria, deberíamos impulsar desde el propio Senado, como lo han hecho algunos Diputados en la Cámara, el proyecto correspondiente.
El señor LARRAÍN .-
¿Me concedería una interrupción Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor BITAR.-
Con mucho gusto, señor Senador.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , me referiré a un concepto que emitió el Senador señor Bitar y sobre el cual formuló un comentario el Honorable señor Pérez , con relación al efecto de las disposiciones que establece el proyecto en los contratos vigentes.
Sin ánimo de entrar al fondo del asunto, debo hacer presente, con respecto a la retroactividad, que no solamente la legislación es clara, sino que también lo es la jurisprudencia. Desde hace muchos años (la ley sobre Efecto Retroactivo de la Ley data de 1861) se ha establecido que en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. Lo dice expresamente el artículo 22 de dicho cuerpo legal.
De este modo, si cambia la legislación, en lo sucesivo las nuevas normas se aplican a los contratos que se celebren desde el minuto en que la nueva ley es promulgada. Si se le quiere dar efecto retroactivo, habrá que señalarlo expresamente. Y debe entenderse que, en tales circunstancias, se está frente a un problema que puede tener carácter expropiatorio. Ello, porque las razones por las cuales alguien celebra un contrato tienen que ver con las características que se encuentran vigentes al momento de su celebración. Y ellas las da la ley, más la jurisprudencia que la aplica. Es así para bien o para mal; no estoy pretendiendo sacar conclusión alguna referida al fondo del asunto, sino simplemente respecto del concepto.
La ley puede cambiar y fijar nuevas condiciones; pero si se pretende que mediante este proyecto vayan a cambiar las vigentes, ciertamente se incurrirá en un error. Debe entenderse que eso modificaría directamente un derecho incorporado al patrimonio de quienes celebraron los contratos. No puede, por lo tanto, verse modificado este derecho por una nueva normativa.
Hago este alcance estrictamente jurídico simplemente para evitar dificultades en la interpretación de la ley. Por cierto, se trata de una materia que será resuelta por los tribunales en el evento de que se quiera aplicar la norma. Pero dejo sentado el criterio, para que más tarde nadie sea movido a sorpresa.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , ante la observación del Senador señor Larraín no me cabe sino señalar que, si sobre la materia hubiera distintos puntos de vista, están los tribunales a los que obviamente habría que recurrir. El Senado, quiéralo o no, está imposibilitado de cruzarse en ese recurso. Pero el que se pueda o no recurrir a los tribunales, no quita que el problema de fondo -ésa es la argumentación fundamental que quiero plantear- es que aquí estamos decidiendo sobre el futuro del sistema eléctrico en términos de su seguridad de abastecimiento.
He dicho.
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , antes de entrar al estudio específico del proyecto, deseo hacer algunas consideraciones generales de índole político.
Yo recuerdo una anécdota que me ocurrió de niño. Un día le di muchas y circunstanciadas excusas a mi padre por no haber podido cumplir uno de sus encargos. Y él me dijo: "Si hubieses usado la misma diligencia e inteligencia que utilizas en las excusas, habrías hecho el encargo". El recuerdo me surgió ante la actuación del Gobierno en este caso, pues ha usado todas las argucias y excusas para no asumir la responsabilidad que le cabe en el problema que estamos viviendo.
Es cierto que nos encontramos frente a una sequía, pero también es cierto que el Gobierno vendió aguas e hizo que aquélla fuera más dura. Es cierto que las empresas, a pesar de toda su inversión y crecimiento, no han tomado todas las medidas necesarias, pero también es cierto que el Gobierno reaccionó tarde porque no creyó en la seriedad de la crisis.
Pero no es ése el problema que me preocupa fundamentalmente. De lo que se trata aquí es de las relaciones entre la empresa privada y los servicios públicos, que recién estamos tentando en el país con éxito: partieron con el Ministro Lagos y sus concesiones en materia de obras públicas. Ahora enfrentamos la primera crisis del sistema. Y, siendo así, en vez de responder con la tranquilidad y la proyección de futuro que debemos tener para que los privados se interesen en participar en los servicios públicos como forma de construir un Estado moderno, nos olvidamos de las garantías que deben tener para tomar parte en esos negocios.
Hay quienes nos acordamos de tales garantías o de que la Constitución exige un debido proceso; de un tratado internacional que contempla dos instancias; de una tendencia moderna de perfeccionamiento del Derecho para defender a las personas frente al Estado. Conforme a dicha tendencia, no cabe dar facultades amplias en materia económica a un solo funcionario, si se desea evitar toda corrupción, sino a organismos colegiados.
Pues bien, a nosotros, que hemos planteado esas cosas y que dijimos en la Comisión que, solucionados esos problemas, votaríamos a favor la iniciativa, se nos ha presentado, a veces por declaraciones inconsultas de los propios Ministros de Estado , como defensores de las empresas. Se ha dicho: "Espero que la Derecha no dé la impunidad a las empresas". ¡Ni a las empresas la impunidad, ni al que vende agua a destiempo la impunidad! ¡A nadie impunidad! Aquí la transparencia debe ser completa, y los únicos que la dan son los tribunales de justicia; no las autoridades unipersonales administrativas, que, en un mundo de corrupción, están siendo reemplazadas por tribunales colegiados. Y aquí mismo, en la Sala del Senado, rompiendo toda una tradición de respeto, se nos presenta como defensores intencionados o interesados de las empresas, en circunstancias de que la propia Comisión aceptó la inmensa mayoría de las disposiciones por unanimidad.
Establecimos normas del debido proceso; un proceso para el Superintendente , que redactó él mismo y que aceptamos. Pedimos que no se tuvieran que consignar las multas; no lo conseguimos. ¿Por qué lo pedimos? Porque ésa es la tendencia moderna, que nosotros mismos hemos establecido para los pagos a los jueces de policía local. ¡No hay ningún tratadista moderno, administrativo o constitucional, que no sostenga que el solve et repete es una reminiscencia del antiguo estatismo de la monarquía absoluta! ¿Por qué voy a tener que darle plata de mi patrimonio al Estado antes de que el poder que soluciona las controversias en ese Estado demuestre que estoy o no estoy en culpa? Lo hicimos presente en la Comisión. Tuvimos que transigir en el 25 por ciento de consignación, porque -excúsenme los señores Senadores- hay gente que sigue pensando según la tesis del año 1930 y que cree que el Estado tiene más derechos que las personas en materia de derechos esenciales. Dijimos que aceptábamos esa multa o cualquier multa o sanción siempre que, en definitiva, fueran los tribunales los que juzgaran los conflictos entre los particulares o entre los particulares y la Administración.
Cuando logramos corregir esos y otros fallos -darle la primera instancia a la Corte de Apelaciones; crear un tribunal de segunda instancia ante la Corte Suprema; respetar los derechos de los tribunales-, votamos a favor las multas, pero nos encontramos con que la Comisión de Hacienda también pertenece a los años 30.
El señor MORENO .-
Son estatistas
El señor PIZARRO .-
O marxistas...
El señor LAGOS.-
Están viejos...
El señor DÍEZ .-
¿porque nos dice que se deben pagar las compensaciones aunque haya recursos ante los tribunales. En consecuencia, el que decide si tengo que disponer de mi patrimonio es una autoridad administrativa; no son los tribunales...
El señor PIZARRO.-
Es que son estatistas...
El señor DÍEZ .-
Esa disposición es absolutamente contradictoria con el Derecho moderno y yo creo que, si no es inconstitucional, necesita, de todas maneras, ser aprobada con quórum especial.
El señor ROMERO.-
¡Imponga el Reglamento, señor Presidente!
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Deje hablar a su colega, señor Senador.
El señor DÍEZ .-
Por eso, señor Presidente , cuando llegamos a este proyecto.
El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).-
Se ruega a los señores Senadores pedir la palabra si desean intervenir.
El señor ROMERO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Está en el uso de la palabra el Honorable señor Díez . Si le concede una interrupción.
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto.
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero .
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, quiero pedirle que aplique el Reglamento de modo parejo, porque usted está presidiendo.
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Toqué la campana cuando se produjeron las interrupciones, señor Senador.
El señor ROMERO .-
No ha tocado la campana ni ha hecho lo que corresponde a la Presidencia : hacer respetar a la persona que está hablando; nada más.
El señor PIZARRO .-
Está un poco sordo el Senador señor Romero
El señor LAGOS.-
Tocó la de goma...
El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-
Toqué la campana, señor Senador, y si no la escuchó no es problema mío.
Puede continuar el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , estamos ante un asunto muy delicado. Todos queremos darle al Estado como tal -al concepto moderno que tenemos del Estado, no al anticuado, no a un funcionario solo que actúa sin preguntarle a nadie- armas para que realmente haga cumplir los requerimientos del bien común. Mientras más garantías se den; mientras más estén involucrados los tribunales, más fuerza moral tendrá el Estado, más transparente y más limpia será su acción.
Sin embargo, sabemos que somos un país en construcción, y que debemos ayudar a establecer las bases de esa construcción. Pues bien, una de ellas es la participación de los capitales privados, chilenos o extranjeros, en la satisfacción de las necesidades que tenemos hoy y de las que tendremos mañana, las cuales seguramente serán mayores. Los Senadores de Regiones sabemos cuánto cuesta extender las redes de energía para la electrificación rural, donde indiscutiblemente se necesitan capitales privados que no están obligados. El crecimiento que tendrá el país, proyectado por todos los candidatos presidenciales -Dios les dé la razón a todos, por lo menos en ese aspecto-, aumentará su demanda de energía. En consecuencia, se necesitará mayor inversión. Y, en mi opinión, la manera de conseguirla no es otra que la regla clara, honesta, la regla con la que se pueda reclamar. Es necesario que la legislación me proteja, no que me abrume; que no le dé poder a una persona -¡a una!- para clausurarme, en circunstancias de que, cuando yo vaya a reclamar, ya el daño estará causado; que no le entregue a una autoridad el poder de imponer una multa altísima, que yo estoy obligado a depositar en proporción alta para poder reclamar, conforme a un procedimiento que puede demorar semanas o, quizá, meses.
Por lo tanto, nuestro propósito no es la defensa de las empresas, sino cumplir con nuestra obligación: la defensa de los consumidores de hoy, pero también, de los de mañana. Con ese espíritu hemos ido construyendo en la Comisión un proyecto que, a mi juicio, venía de la Cámara en condiciones increíbles. El texto de aquélla decía: "Lo que no está resuelto por la ley será resuelto por el Superintendente ". La Comisión lo borró de inmediato, por 10 votos contra 1, porque se daba facultades legales, sin limitación, a esa autoridad administrativa, en contravención a la Constitución, que establece que las facultades de los servicios públicos las debe otorgar la ley.
Hemos ido corrigiendo y arreglando el proyecto. Contamos con una iniciativa satisfactoria, pero tenemos algunas dudas sobre ella, no en defensa de las empresas de hoy, sino del país del mañana, al cual debemos dotar de una capacidad importante para producir energía eléctrica. Algunas dudas -puede que esté equivocado, no soy técnico- se refieren a los clientes libres. No sé cuántas fábricas y empresas mineras son clientes libres. Pero no quisiera que se vieran afectadas por el racionamiento. No es igual lo que nos pueda pasar a nosotros como particulares que lo que le puede ocurrir a una empresa minera, que tiene contratos celebrados por entrega, que para precaverse ha celebrado contratos distintos con las generadoras y que, actualmente, si la dejamos en situación riesgo, tendrá que efectuar inversiones para poder suplir la energía que le falta. ¡Qué bueno!, dirá alguien. ¡Más energía instalada! ¡Más costos para productos que están compitiendo en el mundo de hoy! ¡Pérdidas de ventajas comparativas en la minería!
Estamos defendiendo a las empresas o al país? En una época de cesantía, estamos defendiendo el trabajo de la gente; en una época de mercados mundiales estrechos, estamos defendiendo el precio de nuestros productos para poder competir, aprovechando las ventajas que la naturaleza nos dio en muchas cosas. Con ese espíritu hemos abordado el proyecto de ley, no con otro.
Yo no me atrevería a decir que quienes votaron por que las multas se depositaran antes de reclamar son partidarios de crear situaciones de posible corrupción. ¡Eso está muy lejos de mí! Pero la verdad es que al Senado le corresponde examinar estas cosas en la debida proporción, no sólo en la proporción de hoy.
Yo comprendo que el señor Ministro debe solucionar el déficit de energía eléctrica existente hoy y que esto lo empuja. ¿Los derechos adquiridos? "A medias no más, porque tengo que solucionar lo de hoy". ¿La fuerza mayor, que es tan importante en los contratos internacionales, en los créditos del Banco Mundial, etcétera? "Hasta por ahí no más, porque yo necesito solucionar el problema hoy".
Ésas son nuestras dudas.
El problema no son las empresas de hoy, sino la estabilidad y seriedad con que Chile debe atenerse a las normas internacionales en materia de caso fortuito, de competencia de tribunales y de garantía para las inversiones. Porque eso es lo que garantiza el derecho de los consumidores. No nos hemos opuesto a la compensación a los consumidores. ¡Nada más lejos! Aquel que sufre un daño debe ser indemnizado; el que asume la obligación de dar un servicio debe darlo. Pero los incumplimientos deben ser básicamente imputables, ya sea por culpa o por dolo. La responsabilidad frente al daño puede ser de hecho. Como abogado, me cuesta aceptar una indemnización que no esté basada en el concepto de la imputabilidad.
Por lo expuesto, señor Presidente , votaremos a favor de este proyecto, que es distinto del despachado por la Cámara de Diputados. Creemos que gran parte de sus disposiciones son buenas, pero deberán ser modificadas en el futuro, porque tenemos poca experiencia en lo relacionado con las crisis entre la empresa privada y los servicios públicos. Asimismo, queremos pedir a los demás colegas que reflexionen junto con nosotros sobre aquellas circunstancias que nos preocupan, porque no deseamos que Chile se vea enfrentado otra vez a situaciones iguales o peores que la presente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , a causa de la crisis eléctrica, el país ha experimentado importantes pérdidas que, pese a los esfuerzos que se han hecho para cuantificarla, no será posible determinar en su exacta y total magnitud. Se ha dicho que por cada día de racionamiento el país deja de producir 11 millones y medio de dólares. Días atrás, la Sociedad de Fomento Fabril ha dado a conocer estimaciones de pérdida aún más alarmantes: 140 millones de dólares al mes. Por su parte, los analistas económicos han dicho que los efectos de la crisis energética terminarán afectando también los montos de la inversión extranjera, desde que se ha generado -y con razón- la imagen de que el país no garantiza a las empresas que se instalen en nuestro territorio un suministro continuo de energía eléctrica, hoy por hoy, insumo clave dentro de la producción.
En lo cotidiano, la población -es decir, todos y cada uno de los chilenos- ha visto alterado su normal funcionamiento: congestión vehicular y accidentes de tránsito, a raíz de semáforos que no funcionan; alimentos y medicamentos en descomposición, con el consiguiente riesgo para la salud; deterioro de artefactos eléctricos; mayor inseguridad ciudadana en las calles oscuras, y con carabineros distraídos en funciones extraordinarias de regulación de tránsito, etcétera.
La crisis en materia energética que afecta gravemente al país deriva de un conjunto de factores que es necesario analizar en profundidad, recoger la malograda experiencia y adoptar las medidas administrativas, legislativas y técnicas que nos permitan prever situaciones como ésta hacia el futuro. Es por ello que hoy estamos abocados a discutir este proyecto de ley que el Ejecutivo ha estimado necesario despachar en el plazo legislativo más breve. Sus ideas matrices apuntan, básicamente, en dos direcciones. Por una parte, a fortalecer el acceso de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a una información oportuna y veraz de parte de las empresas de generación y suministro, y, por otro, a elevar el monto de las multas ante diversas infracciones legales. Solamente una normativa robusta como la que se pretende establecer hará posible que la autoridad intervenga oportunamente frente a situaciones de anormal funcionamiento.
En el marco de esta discusión, conviene reflexionar acerca de las situaciones concretas que motivan la urgencia de esta iniciativa legal:
1.- La sequía no es la única causa de la crisis energética, aun cuando no cabe duda acerca de la fuerte incidencia que ha tenido, dejando al descubierto la vulnerabilidad del abastecimiento eléctrico en la zona comprendida en el Sistema Interconectado Central. En efecto, la sequía se ha hecho sentir con fuerza particularmente en la Región que represento, convirtiéndose la Séptima Región en el "epicentro" de este fenómeno. Un informe de la Dirección General de Aguas, de fecha reciente, da cuenta del dramático nivel de los embalses de la Séptima Región:
a) Colbún, con una capacidad de 1.544 millones de metros cúbicos y un promedio histórico de 1.086 millones de metros cúbicos, conserva a la fecha tan sólo 344 millones de metros cúbicos.
b) Laguna del Maule, que posee una capacidad de 1.420 millones de metros cúbicos, y un promedio histórico de 985 millones de metros cúbicos, mantiene en la actualidad una escuálida reserva de no más de 120 millones de metros cúbicos.
Estas cifras revelan con claridad que la sequía que vivimos ha superado con creces los perniciosos efectos de la peor sequía que se había registrado en Chile a fines de la década del sesenta.
A pesar de lo anterior -¡y en esto quiero ser muy categórico!-, la sequía está muy lejos de configurar una hipótesis de fuerza mayor o caso fortuito, como lo han pretendido las empresas generadoras eléctricas con el fin de eximirse de responsabilidad en este tema. En doctrina, el caso fortuito envuelve un elemento consustancial de "imprevisión". Aquí no hubo caso fortuito, pues la sequía no es un fenómeno "imprevisto", que se presenta de un día para otro, como un terremoto. El fenómeno de la Niña es un fenómeno climatológico que se viene estudiando hace más de cinco años, por lo que evidentemente pudieron tomarse los resguardos necesarios o, cuando menos, pudo haberse comunicado oportunamente a la autoridad la eventualidad de un colapso.
2.- Las empresas generadoras eléctricas y de suministro no pueden seguir eludiendo su responsabilidad. El informe de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que a comienzos de este año investigó los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país, dejó establecido que "algunas empresas tienen más contratos de los que pueden enfrentar en una situación difícil de anormalidad. Dichas empresas tendrían más compromisos de los que podrían vender, característica por la cual han sido denominadas "empresas deficitarias". En la práctica se produjo un conflicto porque ciertas empresas debieron comprar grandes cantidades de energía termoeléctrica, que usualmente son el respaldo del sistema." (página 9 del citado informe).
3.- Los directivos de las empresas eléctricas han puesto en duda el carácter de servicio público de dichas empresas (uno de ellos ha llegado a decir, con odiosa ironía, que no son empresas de "beneficencia"). Lamentablemente el artículo 8º del D.F.L. Nº 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, señala que las empresas de generación y transmisión no son servicio público, a diferencia de las empresas distribuidoras o de suministro eléctrico, según expresa el artículo 7º del mismo texto legal. La interpretación exegética de ambas normas conduce a un absurdo, por cuanto la autoridad podría exigir la obligación de suministro, pero no de generación; circunstancia anómala que no se presenta en el marco regulatorio de las empresas sanitarias.
A nuestro juicio, y más allá de cualquier interpretación, si bien las empresas involucradas se estructuran como sociedades anónimas (personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro), no cabe duda alguna de que prestan un servicio público y desarrollan, en consecuencia, una función pública dentro del país. En ese entendido, se encuentran obligadas a prestar un servicio continuo, ininterrumpido, de modo de no alterar el orden público ni la seguridad nacional.
Hasta ahora, las empresas generadoras eléctricas se han empeñado en deteriorar su imagen, insistiendo en la inadmisible política de "privatizar las utilidades y socializar las pérdidas". A decir verdad, los problemas actuales han dejado entrever el espíritu en extremo capitalista con que se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas durante la pasada década. Mientras ENDESA fue una empresa pública desarrolló políticas de planificación a largo plazo teniendo siempre en cuenta los diversos ciclos de sequía en el país, lo que le permitió generar respuestas rápidas en situaciones de extrema escasez hídrica.
4.- Los hechos vividos han dejado en evidencia la necesidad de buscar mecanismos que posibiliten a la autoridad (CNE y SEC) ejercer una adecuada coordinación entre las empresas generadoras que conforman los centros de despacho económico de carga. Esto último requiere facultades de imperio para imponer, sin posibilidades de resquicio legal o judicial, las medidas que se adoptan. Lamentablemente, la opinión pública ha presenciado la tozuda negativa de una importante empresa generadora de comprar energía a su competencia a "precio de falla", es decir, a un valor más alto que el de mercado, sin que a la autoridad le haya sido posible intervenir en la materia. Esto no puede volver a ocurrir.
A fin de evitar tal desorden, el proyecto en discusión fortalece la potestad fiscalizadora de la SEC, imponiendo la obligación de comunicar todo hecho relevante que pueda incidir en el abastecimiento o en la seguridad del mismo. En este mismo contexto, entrega al Superintendente facultades que le permiten citar a declarar, bajo apremio judicial, a los representantes y directores de las empresas fiscalizadas. Asimismo, garantiza a los fiscalizadores de la SEC el acceso expedito a todo tipo de instalaciones asociadas a los servicios eléctricos, incluidos los centros de despacho económico de carga. A estos últimos se les obliga, en tanto, a establecer registro de sus operaciones.
5.- El mayor perjuicio ha recaído, una vez más, en los pequeños consumidores residenciales que sólo ocupan un porcentaje mínimo del suministro global, en circunstancia de que los grandes clientes absorben el 70 por ciento del sistema eléctrico.
Desde el punto de vista del derecho del consumidor, evidentemente la legislación actual -que espero que sea modificada con el acuerdo de esta Sala- está violentando un principio de igualdad compensatoria. El artículo 99 bis del decreto con fuerza de ley N° 1 establece límite al pago de las indemnizaciones cuando la situación hidrológica es más seca que los precios de nudo, esto es, en años más secos que el registrado en 1968.
Por ello, anuncio desde ya mi voto favorable a la indicación formulada por el Ejecutivo , que permite obligar a las empresas eléctricas a compensar o indemnizar a las personas por cualquier corte que sufran en período normal o de déficit, prescindiéndose así del factor hidrológico.
Un acabado estudio preparado para la División de Medio Ambiente y Desarrollo de la CEPAL, titulado precisamente "Las Debilidades del Marco Regulatorio Eléctrico en Materia de los Derechos del Consumidor", destaca que "la omisión más seria detectada en el marco regulatorio del sector eléctrico -en relación al derecho a la reparación e indemnización- se refiere a los daños materiales y morales ocasionados por un desempeño deficiente de las empresas generadoras y distribuidoras en el suministro de energía eléctrica a sus clientes de consumo final".
6.- La actual crisis ha dejado de manifiesto la urgente necesidad de diversificar, al más breve plazo, las opciones energéticas. La potencia instalada de origen térmico ha crecido 77 por ciento en los últimos cinco años. En 1995 era de 758 megawatts, contra 3 mil 105 en la actualidad. Sin embargo, tales esfuerzos no han sido suficientes. Hoy existe un gasoducto con capacidad para siete centrales termoeléctricas, y tan sólo hay tres en funcionamiento. No debe descartarse tampoco, sin un análisis riguroso, la implementación de una política de fomento a fuentes renovables de energía, tales como solar, nuclear, eólica y geotérmica.
Lo cierto es que las empresas generadoras de energía eléctrica, hasta ahora, han hecho uso y abuso del recurso hídrico, en un país donde el agua parecía ser inagotable. Lo anterior ha provocado un fuerte impacto en la agricultura, pues ha disminuido sustancialmente el agua que permitía cubrir las necesidades de riego entre los pequeños agricultores.
Conforme a los datos entregados por la Dirección Regional de Aguas de la Séptima Región, los regantes hicieron uso de los recursos hídricos de la cuenca del Maule en una proporción que sólo alcanza al 60 por ciento de un año normal. Y en el tramo hidrográfico entre el río Claro y el Perquilauquén los agricultores utilizaron agua para riego en un porcentaje no superior al 25 por ciento de un año normal.
En este sentido, sería importante que la autoridad administrativa considerara la modificación de la resolución 105 de la Dirección General de Aguas, en términos de incorporar a la curva de variación estacional de riego una variable que, considerando las situaciones de escasez hidrológica extrema, contemple compensaciones para los regantes.
Por todo ello, es necesario regular adecuadamente la constitución de los derechos de aprovechamiento de agua, salvaguardando los intereses del agro. Con este fin, se requerirá que el Supremo Gobierno califique con "Suma Urgencia" el proyecto que modifica el Código de Aguas, el cual se encuentra pendiente en el Senado desde agosto de 1997.
7.- Hay consenso entre las autoridades sobre la necesidad de fijar un marco regulatorio claro y bien definido, tarea mucho más urgente tratándose de materias que revisten un alto grado técnico y que requieren de una robusta y especializada fiscalización por parte de la Superintendencia de Energía y Combustible.
Sobre este punto -como sabemos-, la iniciativa legal eleva las multas, en su grado máximo, de 500 UTM hasta 10 mil UTM. Esta política va en la dirección correcta, pues en la medida en que las empresas sepan de antemano que hay un costo por fallar, realizarán los esfuerzos de inversión necesarios para evitar incurrir en el pago de tan elevadas sumas de dinero. Hoy día, las empresas eléctricas, atendida la baja y ridícula cuantía de las multas, no efectúan los necesarios esfuerzos de inversión.
En consecuencia, atendido el análisis efectuado respecto de la situación que vive el país en lo relativo a la generación y suministro eléctrico, se hace necesario legislar sobre la materia con la mayor urgencia.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , quiero partir de la base de que hemos discutido un proyecto malo; presentado tarde, tras 10 meses de saber que estábamos entrando a una crisis, incluso -como señaló el Senador señor Matta - cinco años después de que se viene sufriendo el fenómeno del Niño, y recién ahora, hace pocas semanas, reaccionó el Gobierno; iniciativa que, además, no servirá para resolver esta crisis.
Digo que el proyecto es malo, y prueba de ello es que en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, su texto sufrió más de 40 modificaciones.
Afirmo que la iniciativa fue presentada a última hora porque, a pesar de que hubo cinco años con los fenómenos del Niño y de la Niña y diez meses claramente de sequía, recién en las últimas semanas se le formularon indicaciones.
Y sostengo que el proyecto no servirá para resolver esta crisis debido a que, en efecto, a pesar de haber sido calificado de "Discusión Inmediata" y de haberse publicitado ampliamente su tramitación, llevando al público a creer que esta iniciativa solucionará el racionamiento eléctrico y todos sus inconvenientes, lo peor de todo es que no resolverá ninguno de los problemas de corto plazo que nos afectan, y el racionamiento continuará, si no llueve.
Quiero desmentir la demagogia de algunos señores Senadores que han sostenido que no hay marco regulatorio. El marco regulatorio existe; fue pionero en el mundo, y ha constituido la base para el de muchos países que han seguido el mismo rumbo de privatización de la energía con posterioridad a la hecha en Chile. Pero en aquéllos, a partir de la experiencia, la regulación se ha ido perfeccionando a través del tiempo. En cambio, acá, a pesar de que han transcurrido nueve años del Gobierno de la Concertación, la misma autoridad ha entendido que no se requerían perfeccionamientos.
El Senador señor Bombal dará lectura a las opiniones del ex Ministro Jadresic sobre esta materia. Porque, en verdad, hasta seis meses antes de que cayera en nueve puntos la popularidad del Presidente de la República por causa del tema eléctrico, el Gobierno de la Concertación se vanagloriaba del sector energético en Chile. Y es así como el Jefe del Estado invitaba a los ejecutivos de las empresas eléctricas a todos sus viajes alrededor del mundo.
Durante la sesión especial que celebramos hace algunas semanas sostuve, además, que la propia autoridad había actuado pésimamente en el manejo de esta crisis. Vendió 216 millones de metros cúbicos de agua en julio y agosto pasado, cuando ya se sabía que la sequía iba a ser grave. Los vendió a un precio ridículo, sin poner condición alguna sobre un uso racional, y en un volumen enormemente superior al requerido para paliar el déficit existente en ese momento.
Para qué entrar también en el aparentemente oscuro proceso de compra de la turbina Siemens, realizado cuando Colbún era empresa estatal. La verdad es que la falla de dicha turbina ha sido fundamental en los cortes que han debido sufrir los chilenos. Se culpa de ello a la empresa privada, pero esas decisiones se adoptaron cuando -repito- dicha empresa pertenecía al sector público.
En cuanto a los altos precios pagados por ENDESA y que se atribuirían a la buena marcha de este sector, temo que ello se deba más bien a la expectativa de ganancias monopólicas que esperan obtener los españoles. De hecho, el señor Héctor López , ejecutivo de ENDESA-España, ha señalado que una de las razones para invertir en mercados latinoamericanos es su funcionamiento imperfecto, y aducen que ellos deben tomar posiciones ahora porque prevén que después será difícil que la autoridad revierta la situación descrita. Es decir, ante mercados imperfectos, ganancias monopólicas.
Por eso pagan lo que pagan: porque esperan obtener ganancias monopólicas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de la Concertación para prevenir estos monopolios? Hasta ahora, lo único que he visto es una acción aislada, valiente y muy solitaria del señor Fiscal Nacional. Nada más. No ha habido una sola iniciativa del Gobierno que pretenda poner coto a esta integración vertical, que puede dar origen a situaciones monopólicas. (Por eso, un grupo de Senadores de distintas tendencias políticas nos abocaremos a estudiar ese aspecto.). Frente a estos problemas, nuevamente el Ejecutivo no ha reaccionado ni a tiempo ni con eficiencia.
En lo que respecta al proyecto, quiero señalar que el punto relativo a las multas quedó tal cual queríamos, y estamos conformes. Desde el principio, aceptamos que los montos de las multas podían ser altos, pero sujeto a que las faltas estuviesen bien acotadas y tipificadas. No solamente perfeccionamos las que venían descritas como faltas gravísimas, sino que a instancia nuestra, de la Oposición, se incluyó una causal nueva de falta gravísima; es decir, sujeta a 10 mil U.T.A. La que introdujimos fue la de "proporcionar información falseada, que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios".
Esto, señor Presidente , es fundamental en el sano funcionamiento de los mercados, y no venía ni siquiera insinuado en el proyecto del Ejecutivo. De modo que no sólo hemos estado dispuestos a aprobar multas fuertes, sino que incluso a introducir nuevas causales; pero, obviamente, como lo dijimos desde un principio, todo ello condicionado a tipificaciones más claras, a consignaciones más razonables y a procedimientos administrativos y judiciales más justos que lo que venía propuesto en el proyecto del Gobierno.
Los puntos principales de discordia en este minuto están básicamente radicados en el artículo 99 bis y en lo referente a los trabajadores de la Superintendencia.
Los problemas en torno del artículo 99 bis son diversos. En primer lugar, hoy día, nos guste o no nos guste, rige una ley que declara que una sequía peor a la del 68 es fuerza mayor. Aquí no se trata de si nosotros creemos que es previsible o no lo es: la ley dispone que una sequía de ese tipo, es fuerza mayor. Y puede no gustarnos, pero la ley está.
En general, creo que todos hemos estado dispuestos a aprobar una norma que dictamine que en el futuro una sequía, por sí sola, no sea causa de fuerza mayor. Y me parece que aquí no ha habido mayor discusión. Obviamente, esto requerirá mayores inversiones, cambio de contrato y, posiblemente, alza en las tarifas. El problema es que el Gobierno pretende aplicar esta derogación de la sequía por sí sola como fuerza mayor a una situación de sequía que ya se produjo, y que se produjo cuando la actual ley aún está vigente. El Gobierno pretende hacer pagar compensaciones a las generadoras sosteniendo que, después de la promulgación de esta ley, la sequía por sí sola no será fuerza mayor. Pero lo que pasa es que hoy estamos viviendo los efectos de la sequía que, cuando ocurrió, sí estaba amparada por la ley como fuerza mayor. Y ésta es una discrepancia.
El Gobierno sabe que las empresas acudirán a la Justicia para sostener que no están obligadas a pagar las compensaciones, por lo dicho anteriormente. Y es por ello que consideramos que esta ley en proyecto no contribuirá a la solución de los problemas actuales, porque en vez de poder aplicar esas compensaciones, vamos a tener juicios interminables. Por ello, en su desesperación, a última hora de ayer han introducido una indicación que señala que aunque aleguen fuerza mayor, igual van a estar obligadas a pagar las compensaciones.
A nuestro juicio, dicha indicación es claramente inconstitucional, y dejo expresa constancia de la cuestión de inconstitucionalidad en esta materia.
Nosotros hemos estado dispuestos a dar al Gobierno las herramientas para manejar esta crisis. Se publicitó que el Ministro señor Biehl traía las indicaciones bajo el brazo el jueves pasado, después de una reunión con el propio Presidente de la República , para proporcionar al Ejecutivo esas herramientas, para manejar ahora este problema. ¡Parece que la carpeta se perdió, porque nunca llegaron las indicaciones!
El segundo punto en que hay discrepancia es en la definición de "fuerza mayor a futuro". En este sentido, se llegó a un acuerdo unánime en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, el que no incluye un tercer factor. La única intención de dicha indicación es la de que la sequía, por sí sola, y la falla prolongada, por sí sola, no constituían fuerza mayor.
Esta indicación, obviamente, es más exigente que lo que existe hoy día en el artículo 99 bis, porque, de acuerdo con éste, una sequía peor a la del 68 constituye, por sí sola, una causa de fuerza mayor. Y con esta indicación unánime no lo sería. Por lo tanto, es mucho más exigente. Sin embargo, desgraciadamente, después se ha desconocido ese acuerdo unánime a que se había llegado.
El tercer punto donde hay discrepancia es la disposición que pretende obligar a racionar también a los clientes libres. Y ruego, señor Presidente , que en este tema seamos consecuentes. Los clientes libres son empresas que pueden negociar libremente el precio y también las condiciones de entrega de electricidad. Cuando se arguye que es bueno racionar a las empresas para entregar energía a los consumidores generales, se comete un error, porque en realidad se va a quitar a algunos clientes libres para darles a otros clientes libres. Hoy en día las reglas del juego estipulan que si usted es cliente libre, puede pagar más si para su empresa la energía es vital. Por ejemplo, el otro día estuve en la Viña Francisco de Aguirre. Para ellos, la energía es vital, porque si se les sube la temperatura durante el proceso de fermentación, se les quema el vino y pierden la producción completa. Debo precisar que "quemar" es un término utilizado por los enólogos, no es que se queme en el sentido que todos conocemos, pero la producción se pierde por completo.
Para esa empresa, y para muchos otras, que trabajan con hornos que no pueden apagarse, es preferible tener contratos que las obliguen a pagar más por la energía, a cambio de la seguridad de efectivamente obtenerla. Similarmente, habrá otras empresas que pueden adecuar sus procesos productivos y soportar un corte de electricidad y que, por lo tanto, estarán dispuestas a pagar menos, ya que, en el fondo, estarán conformes en que sí se les racione. Pero precisamente porque las empresas son distintas y porque las necesidades de contar con una energía absolutamente asegurada también son distintas, debe existir la flexibilidad de contar con contratos diversos, con precios diferentes, en el caso de los clientes libres. No es racional aplicar a todos una misma norma. Quiere decir que aquellas que requieren energía a toda costa, en vez de asegurarse mediante contratos, deberán tener ahora cada una de ellas, si se aprueba esta norma, centrales que las puedan proveer, aunque el generador con el que ellas han contratado sea superavitario. Esto va a aumentar los costos de esas empresas, lo que es contrario a la competitividad y a las fuentes de trabajo de los chilenos.
Repito: lo peor es que esa energía que se les quitará a esos clientes libres, no será destinada sólo a los consumidores residenciales, a quienes todos, como es natural, queremos defender. También se dará energía a los grandes clientes libres y empresas que habían escogido tener un contrato más barato con una generadora más insegura. Se quitará energía a unas empresas grandes para darla a otras empresas grandes. Lo que pedimos es que en una situación de racionamiento, las generadoras, todas, las deficitarias y las que tienen energía, puedan negociar bajas de consumo con sus clientes libres para liberar energía para todos los usuarios. Pero que negocien con los clientes libres que pueden restringir su consumo, y no que estén obligados a cortar el suministro a las empresas que pueden perder toda su producción si les falta la energía.
Por otra parte, quiero anunciar que diversos Senadores presentaremos una indicación que introduce un último inciso en el artículo 99 bis. En su momento daré a conocer su texto. Pero mi impresión es que hay mayoría como para introducirla. Básicamente apunta a obligar a las empresas deficitarias a pagar el costo marginal que corresponda en un período de racionamiento, costo que puede corresponder al de falla.
Por último, quiero referirme a un tema que tiene que ver con las facultades que pidió el Gobierno para despedir al 35 por ciento de los trabajadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, lo que ha de permitir que personas a contrata ejerzan funciones de carácter directivo o de jefatura, con otorgamiento de otras facultades por el estilo, todo lo cual, a nuestro juicio, es un atropello a los funcionarios.
Estamos claros de que debe haber mayor flexibilidad para que los buenos funcionarios sean premiados con ascensos y con mejores remuneraciones, y que los malos funcionarios puedan ser removidos de la Administración Pública. Siempre lo hemos sostenido. Para ello, deberemos estudiar normas de carácter general, en conjunto con la ANEF, los funcionarios y el Gobierno. Y espero que trabajemos los Senadores de los distintos sectores, porque a todos nos interesa mejorar y modernizar la Administración Pública.
Sin embargo, las normas solicitadas las rechazaremos en su conjunto.
No puedo dejar de mencionar que resulta inaceptable que los funcionarios públicos tengan salarios menores a los que perciben los trabajadores del sector privado, porque se supone que tienen mayor estabilidad, y que posteriormente se les quite esa estabilidad, pagándoles una indemnización de sólo seis meses, cuando en el sector privado es de once. Es decir, los funcionarios públicos se llevan el peor de ambos mundos: bajas remuneraciones por una estabilidad que no es tal; y bajas indemnizaciones cuando son removidos de sus puestos conforme a facultades como la que el Gobierno pretende tener en esta materia.
Creo que no es la forma de legislar. Entiendo que se requiere una modernización en los servicios públicos. Conversé el tema con el Presidente de la ANEF , y me da la impresión de que ellos también se dan cuenta de que efectivamente se requieren modernizaciones, pero no estas facultades.
El señor ZALDÍVAR ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , teniendo presente la hora y la abundancia de argumentaciones que han fluido de la discusión, quiero hacer una primera consideración que no tiene que ver con el fondo del asunto, y que se refiere a la situación en que nos encontramos aquí, en un debate que, pese a ser de gran trascendencia nacional, de elocuencia y de rigor, sin embargo, no tendrá ninguna resonancia en Chile.
Esta Sala trabaja en secreto. A veces, da la impresión de que somos unos monjes trapenses. Respeto a los periodistas que se encuentran aquí; pero antiguamente un debate así producía mucho impacto en el país. El público sabía lo que hacíamos los Senadores y lo que decían los Ministros. En esta oportunidad, se han hecho diversas consideraciones; algunas han sido duras, pero todas dentro de un espíritu nacional admirable.
No es posible seguir con este ostracismo del Senado.
En segundo lugar, quiero dar a conocer lo siguiente. Ayer, a través de Internet, obtuve copia de una publicación del diario La Tribune de Genève, uno de los más importantes de Europa, que dice en un gran título: "Las autoridades de Chile persiguen a las inversiones españolas". El artículo comienza con una declaración que aparece entrecomillada del señor Rodolfo Martín Villa , Presidente de Endesa España y, desde ayer, Presidente y representante ejecutivo máximo de la generación de energía y distribución en Chile. Este señor, a quien no conozco -lo digo con respeto, pero creo que es importante darlo a conocer- dijo: "Somos víctimas de una verdadera persecución. Es una situación" -se refiere a Chile; el artículo es largo, pero son palabras textuales- "peor que la de la Unión Soviética.".
Considero muy grave esto, primero, porque es una falta de respeto, una insolencia para Chile; es una manera de entrar al país pagando una alta suma, lo cual implica que él sabe de negocios -como se ha dicho aquí, compra monopolio-, pero, al mismo tiempo, desconoce la realidad chilena. Creo que don Pedro de Valdivia tuvo más respeto por los indígenas cuando fundó Santiago , que el señor Martín Villa al momento de asumir el poder de la generación y distribución de la energía eléctrica en nuestro país. ¡Ojalá que en su viaje al sur no se encuentre con ningún Lautaro!
En cuanto a la comparación con la Unión Soviética, me inquieta, porque parece que se repite el caso de algunas personas o jueces que se sienten en el siglo XVI, y desde la Madre Patria se creen con derechos respecto a nuestro país. Él demuestra una incultura muy grande al compararnos con la Unión Soviética, y una pasión incontrolada en sus palabras. En ambas condiciones me preocupa como chileno que la electricidad de nuestro país pueda ser objeto también de una incultura o de una pasión.
No somos "hispanófobos", como dice el artículo, que no leeré entero. No lo somos. Creo que todos tenemos respeto por la Madre Patria.
El señor CORDERO .-
Yo no, señor Senador.
El señor VALDÉS .-
Yo sí lo tengo, señor Presidente . Tengo admiración por el Rey y respeto por su pueblo; tengo, además, raíces -y las reconozco- particularmente en Asturias y en otras regiones.
Me parece necesario señalarlo como desahogo natural frente a esta prepotencia que a veces llega aquí.
¿Qué destino tenemos quienes vivimos en un país que está en venta, y los que lo compran nos faltan el respeto y los que venden -como señaló el Presidente de la SOFOFA-, pasarán a ser rentistas? Preferiría a la Real Audiencia y a Felipe II, porque, en su tiempo, por último, estaba el Padre Las Casas. ¡Ahora, ni siquiera podemos traer a Lord Cochrane para que nos defienda!
Por eso -repito- aquí está el poder; aquí estamos los elegidos por el pueblo. El poder político hoy día tiene que enfrentar estos desatinos y riesgos de una globalización que comprendo y respeto. Y no le tengo miedo, porque la globalización debe ser considerada como un movimiento universal iniciado cuando Colón llegó al Caribe; pero en la medida en que seamos respetados y nos hagamos respetar. Y eso en el mundo moderno, en una economía libre, es difícil. Es el Estado el que debe preocuparse, pero más que éste, los ciudadanos. Debe haber una conciencia de que hay ciertas cosas que Chile no vende.
Y a propósito de esto, conversé ayer con el Senador señor Martínez Busch respecto de la noticia preocupante que llegó ayer en cuanto a que una gran estancia en Tierra del Fuego, vecina al Canal Beagle y a Ushuaia, fue vendida a quien hoy día posee cerca de 400 mil hectáreas en Palena y tiene el control de todos esos territorios. Pondremos algún límite a esta extranjerización que lleva a cabo un señor Tompkins, que compra, compra y compra. Toda Tierra del Fuego podrá ser de su total propiedad dentro de poco. ¿Por qué no?
Queridos colegas, hace algún tiempo, aquí tuvimos un debate arduo, apasionado, casi dramático, para defender unos cuantos kilómetros en Campos de Hielo; unos más, unos menos. También hemos rendido homenaje al Teniente Merino , quien murió por defender metros de frontera. ¿Qué línea divisoria nos va a quedar? En las grandes industrias, en los cementerios, en los servicios, en los bancos. Yo digo: "¡Cuidado!". La globalización, bien; pero hay que absorberla y abordarla con los ojos abiertos y con espíritu patriótico, el cual no vale la pena reducir solamente a la bandera, al himno y a la historia nacionales. Hay que tener también cuerpo y eso significa propiedad.
He visto legislaciones extranjeras que reservan para el país bosques, ciertos servicios esenciales, valores culturales, la televisión y la radio. Nosotros, en cambio, perdemos radioemisoras y vendemos canales televisivos. El día de mañana -no está excluido- se va a enajenar o pasar a manos extranjeras centenares de miles de hectáreas de bosque, porque son de empresas que en cualquier momento se venden o caen en manos foráneas.
Lo que he señalado no tiene que ver directamente con el fondo del debate; pero la situación que se nos viene encima me preocupa como chileno y me angustia como Senador.
Se trata de regular el sector eléctrico. La discusión ha sido legítima y rápida. Tal vez debimos tener más tiempo. Eso sí, debió estar siempre ausente de cualquier imputación o consideración que no fuera el mejor interés del país.
Se trata de un problema muy severo, delicado: ¿Cómo conciliar el bien público con el legítimo interés de las empresas? Ésa es una de las cosas más difíciles de lograr. En una competencia perfecta y abierta en países grandes, es relativamente fácil; en uno pequeño como Chile, realmente no contamos con la experiencia suficiente como para precisar exactamente los límites del Estado como garante del bien común y del legítimo interés de los empresarios, quienes, si no reciben los resguardos y dividendos que corresponden no se arriesgarán a invertir.
Hay ahí un elemento extremadamente delicado y dinámico, que hay que estudiar, y al cual la iniciativa le da una cierta solución.
Determinar quién fije el límite entre una cosa y otra y cómo se combinen es algo que sólo nos dará la experiencia. En esa materia, coincido mucho con mi estimado colega el Honorable señor Sergio Díez , aunque él pone más acento en el derecho de las personas que en el de la comunidad. En mi opinión, el equilibrio debe estar muy bien definido.
Por otra parte, a lo anterior se encuentra anexo el problema de las responsabilidades. Este asunto está tratado de distinta manera en el proyecto. Y, al respecto, hay algo que me preocupa: la fuerza mayor.
Los que hemos estudiado Derecho sabemos el valor que tiene el concepto de fuerza mayor o caso fortuito. Es aquello a lo cual uno no se puede oponer. Así, se considera fuerza mayor cualquiera catástrofe natural imprevisible. En Chile, los terremotos no están dentro de esa conceptualización, ya que son previsibles. Por eso, hay una legislación para resguardar la construcción de los edificios. Por tanto, se puede exigir responsabilidades en caso de terremotos.
Otros imprevistos siguen siendo de fuerza mayor en cuanto a su dimensión y extensión, lo cual es extremadamente delicado.
Por eso, acepto la fórmula expuesta en la tarde por el Senador señor Boeninger . No se si Su Señoría es el autor. Considero fuera de fuerza mayor la sequía (que debe ser calculada por las empresas dentro de los ciclos conocidos en los últimos años) y las fallas. Éstas normalmente no son de fuerza mayor, salvo casos excepcionales que también pueden ocurrir, como la colocación de una bomba en una central eléctrica. El hecho, que podría ser calificado de fuerza mayor o caso fortuito, ¿es de responsabilidad de la empresa? Eso podría pasar en cualquier parte.
Yo observé en Estados Unidos fallas de centrales atómicas. Evidentemente una central de esas características es de tan alto riesgo que la empresa que la construye y maneja debe tomar todos los resguardos y ser responsable de cualquier situación que ocurra. Pero, ¿qué sucede frente a un accidente, cualquier conato, una guerra civil o un atentado? En circunstancias especiales como las descritas, creo extremadamente delicado definir la fuerza mayor.
No excluyo que en la intención de este proyecto la sequía en sí, separada de otros fenómenos, pueda no ser considerada como fuerza mayor en un país como Chile, que progresivamente ha ido experimentando cambios de clima de manera uy rápida.
En mi opinión, las fallas también deben ser excluidas de la fuerza mayor, porque son de evidente responsabilidad de las empresas.Sin embargo, no descarto que la disposición pertinente pueda ser sometida a los tribunales, y que ellos apliquen los conceptos que están en la periferia de la fuerza mayor.
En todo caso, me parece bien que la materia pueda volver a discutirse. No cabe duda de que las empresas que tienen parte de responsabilidad en lo sucedido -por decirlo francamente- se dedicaron más a las excelentes inversiones en el extranjero, que a acumular potencia en nuestro país. A pesar de que hicieron su trabajo en la conexión con Argentina, creo que ellas deben responder ahora con mayor exactitud y corregir los defectos que tanto la autoridad como las empresas han reconocido: no haber mantenido un abastecimiento adecuado de energía eléctrica frente a situaciones difíciles, como el que ahora se produce en Chile.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , ¿puedo hacer una pregunta?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , se encuentra pendiente el problema relativo a la publicidad de las sesiones del Senado. Se dijo que el 1º de mayo estaría solucionado, pero desgraciadamente ello no ha ocurrido. Recuerdo a la Mesa que se trata de una materia muy importante para el país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, pedí a los Senadores encargados, señora Matthei y señores Páez y Viera-Gallo, la entrega del informe correspondiente. Me respondieron que ya tienen todo lo relativo a la prensa, quedando pendiente lo de la televisión, materia sobre la cual se encuentran trabajando. Apenas tenga en mi poder el respectivo informe lo daré a conocer a la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , las palabras que recién escuchamos al Senador señor Valdés sin duda revelan altura de miras en el análisis de estas complejas materias, altura respecto de la cual, desgraciadamente, el debate del proyecto en la Corporación ha estado muy distante.
Se ha vivido respecto de la iniciativa en análisis un clima beligerante, no habitual en el Senado. Ha habido un ambiente de descalificaciones, que tampoco es usual en esta Alta Tribuna y, además, un manejo publicitario -digámoslo con todas sus letras- de sectores del oficialismo que han querido estigmatizar las visiones que de uno y otro lado se han tenido, y particularmente en este caso, la de nuestra bancada.
A mi juicio, es una mala señal y un lamentable procedimiento en la Corporación, porque, junto a la caricatura y al estigma, se ha apoderado del discurso la falsedad, la omisión, y diría yo que sobre esta materia se han hecho muchas injustas imprecisiones. Se trataba de buscar un responsable que no fuera el verdadero, ya que la autoridad sí lo ha sido en la crisis. El Gobierno miró para el lado, no en su propia casa, y, en forma publicitaria, lo indicó: la empresa, los empresarios. Y concluyó: "Que sobre ellos caiga todo el peso de la ignominia, pues nosotros nos lavamos las manos, ya que, habiendo obtenido grandes utilidades, son los grandes responsables.".
Y, entonces, ante la ciudadanía, que se ve víctima de una situación mal manejada y de responsabilidad única de la autoridad, se expone la visión que se quiere presentar públicamente y se genera el clima ideal para estigmatizar, así como para eludir la actuación propia.
Señor Presidente , la crisis responde a un solo nombre, porque deriva de los 200 millones de metros cúbicos de agua que en su minuto la autoridad gubernamental regaló a una empresa privada. De no haber sido entregada esa cantidad, no se habría producido la dificultad en noviembre y el contenido de los embalses habría permitido encontrarse en las mejores condiciones para enfrentar el período de abril. Por lo demás, las propias empresas lo advierten, a su turno, al Gobierno. Y éste hace caso omiso de la circunstancia, prosiguiéndose con el uso de los embalses, que terminan en cotas absolutamente comprometedoras, particularmente para el riego. Cuando se ha regalado el agua de todos los chilenos por una decisión de la autoridad, ¿cómo se puede situar la responsabilidad en un solo lado, si también se halla en el otro, y muy severamente?
Por lo demás, hoy nadie quiere fijarla. Llegada la hora de establecerla, todos se corren. Y nuevamente se mira para el lado y se intenta eludirla.
Cuáles son las principales fuentes de agua con que se contaba? Precisamente, Laja y Maule , las dos que se entregan a vil precio, que se regalan. Por lo tanto, existe el derecho a preguntar por qué no ha mediado objetividad, claridad, para establecer con la verdad lo que ocurrió y asumir todos las responsabilidades: las empresas, si la tenían; la autoridad, si la tuvo. Naturalmente, se hubiera visto un clima distinto.
Viene el caso de Nehuenco y sucede otro tanto. Todavía hay oscuridad absoluta sobre ese tema.
Pienso, señor Presidente , que aquí se ha manejado con mucha habilidad todo el natural sentimiento de la ciudadanía al verse a oscuras, endosándose una responsabilidad y eludiéndola. El estigma se hace recaer en los empresarios.
Pero veamos qué decía el propio Gobierno respecto de estos últimos. Y cito textualmente lo señalado por la Comisión Nacional de Energía en diciembre de 1993, en su memoria sobre la actividad energética:
"El sector eléctrico nacional ha enfrentado con éxito el desafío planteado en los últimos años por el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica nacional. Este éxito, de gran mérito, si se consideran las altas tasas de crecimiento que ha experimentado el consumo de energía durante los últimos años, que alcanzó a un 10% durante el año 1992 y a un 22% total acumulado durante los tres últimos años," -gran logro del Gobierno- "y la aguda sequía que sufriera el país durante los años 1988, 1989 y 1990, años en los cuales se dictó un decreto de racionamiento que sólo motivó restricciones voluntarias de consumo," permitió sortear esa crisis en las mejores condiciones.
Y después se expresa que los esfuerzos importantes "realizados para separar los mercados de la generación, transmisión y distribución" ... "han contribuido a mejorar las condiciones de transparencia y competencia del sector.". ¡No lo están diciendo la SOFOFA, la Confederación de la Producción y del Comercio y todos esos organismos gremiales de empresarios! ¡Lo asevera exactamente el Gobierno, que se enorgullecía de la política eléctrica aplicada!
El texto añade: "A lo anterior se deben agregar las iniciativas de la autoridad tendientes al ahorro de energía desarrolladas a través de campañas para el uso eficiente de ella y del análisis de condiciones que permitan la realización de proyectos de cogeneración de energía eléctrica".
"Casi la totalidad de las inversiones de generación-transmisión necesarias para abastecer la demanda" -continúa el documento oficial- "han sido materializadas por empresas privadas, las que han utilizado con éxito algunos mecanismos de financiamiento externo tales como la emisión de ADRs y bonos. Es así como recientemente se conectaron al parque generador nacional alrededor de 800 MW". Y se detalla: Canutillar , Pehuenche, Alfalfal, Puerto Natales y otras.
Ésa era la impresión precisamente del Gobierno respecto de la empresa y del clima en que se trabajaba para enfrentar una sequía como la de 1989, el doble de grave que la del año en curso. Y, sin embargo, sólo muy al final se dictó un decreto de racionamiento, aplicado voluntariamente, porque antes no fue necesario gracias a la existencia de una gran coordinación, la misma que no se registró ahora.
Pero hay más. El propio señor Jadresic , entonces Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , de la Concertación, expone un año después en un artículo, refiriéndose al tema eléctrico:
"En este campo, la política eléctrica chilena y, en particular, su marco regulatorio, ha mostrado una gran efectividad. En los últimos años se ha producido una extraordinaria expansión de la oferta. Entre 1990 y 1994 se materializaron grandes proyectos de inversión por una cifra superior a los US$ 1.100 millones, que permitieron expandir la capacidad de generación casi en un 60%. Actualmente se encuentran proyectos en construcción por una cifra superior a los US$ 1.300 millones, que permitirán asegurar el suministro eléctrico para lo que resta de esta década.".
Ésa era la opinión del Gobierno de la Concertación acerca del desarrollo de las empresas eléctricas, las mismas que hoy son las parias a las que es preciso estigmatizar.
"A estos logros" -se agregaba- "se suman los buenos resultados que las empresas eléctricas chilenas han obtenido en sus esfuerzos por colocar títulos mercantiles en el exterior y, de esta forma, obtener recursos frescos para acometer sus proyectos de inversión en Chile y el exterior. Ello refleja muy bien la sólida imagen que no sólo el sector, sino toda la economía chilena" muestra en el exterior, de acuerdo con los índices exhibidos.
Y más adelante el señor Ministro puntualizaba que el propósito de mejorar la regulación no era el de acrecentarla, "como tampoco existe" -cita textual- "un afán por modificar una ley que en general ha dado buenos resultados. Lo que se busca es, básicamente por vía reglamentaria," -más de cuatro años de estudio del texto respectivo, para no producir ningún efecto en la crisis- "eliminar trabas a la inversión, la competencia y la iniciativa empresarial, por cuanto, en último término, ellas perjudican a los consumidores.
"Pero más allá de los mejoramientos que se pueda introducir en el marco regulatorio, la mejor receta para promover la eficiencia del sector es fortalecer la competencia de verdad, aquella que se da entre empresas innovadoras y dinámicas. Nuestros profesionales y empresarios han mostrado una gran capacidad en este campo.
"Es por ello, que esta autoridad regulatoria evalúa muy positivamente el empeño de las empresas estatales: de Edelnor, en su momento, y de Colbún y Codelco-Tocopilla, en la actualidad, por competir y desarrollarse recurriendo al capital privado para financiar su expansión. De esta forma se podrá ir consolidando un mercado cada vez más fluido, con un conjunto variado de empresas privadas compitiendo en igualdad de condiciones, en Chile y el exterior, y una actividad regulatoria que idealmente" -escuche bien el Senado- "debiera ir perdiendo importancia.".
Ése era el marco, Honorables colegas, en el cual las empresas se movieron. Ésa era la confianza que abrigaba la autoridad. Y ello explica que el Presidente de la República incorporara en sus viajes, precisamente, como una gran carta de presentación, a los empresarios del sector eléctrico, para mostrar al mundo lo que se estaba realizando en Chile.
Y no se olvide que los ex socios del Primer Mandatario, quien también fue un empresario antes de asumir su mandato, actuaban en el negocio eléctrico. Hasta ayer.
Entonces, por favor, ciñámonos a la verdad. Que todo el esfuerzo desplegado hasta ahora en el sector, de muy buena fe, asumiendo el país entero todo un gran éxito, no lo convirtamos de la noche a la mañana, por una crisis que ha sufrido, cuyo manejo ha adolecido de grandes defectos y en la cual tienen responsabilidades las autoridades y también los empresarios, en una "caza de brujas" donde incluso queramos sobrepasar el debido proceso y cambiar las normas procesales que por años han acompañado nuestra legislación.
Hay dudas, por ejemplo, respecto de cómo hacer efectivas las consignaciones. Cuando se debatió el proyecto relativo a las multas de policía local el Senado estableció, contra la opinión de la Cámara de Diputados -terminó imponiéndose este criterio-, que no era del caso consignar anticipadamente el valor de las multas. En esa ocasión, el Diputado señor Letelier expresó que había que asumir el texto que envió el Senado porque garantizaba el debido proceso. Lo señala un Diputado socialista. Para que exista un debido proceso, en materia de multas el criterio del Senado es claro: no se debe consignar previamente.
Este punto es discutible y puede ser analizado todo lo que se quiera, pero ¿por qué esta celeridad y esta descalificación si lo único que se pedía era más calma para elaborar una ley mejor y enfrentar mejor una crisis? Porque hoy día en la mañana se expresó en los noticiarios que estamos a horas de que se comunique un nuevo racionamiento. Otra vez observaremos que frente a esta realidad todo el aparato publicitario se vuelca a señalar los responsables. A estas alturas, no creo que los únicos responsables estén solamente en un sector, y pienso que el Senado no honra lo que es si se dedica exclusivamente a buscar determinada verdad en un lado y no la verdad total, donde todas las responsabilidades puedan hacerse efectivas, y los errores y omisiones puedan ser corregidos.
Se trata de hacer una buena ley, pero no una que estigmatice, que frene el desarrollo. Estamos hablando de energía eléctrica, que es todo el progreso futuro de Chile. No pongamos a esta palanca del desarrollo trabas inútiles de las que el día de mañana tengamos que arrepentirnos. Arreglemos, acomodemos, mejoremos, pero habría deseado que el Senado se hubiera transformado en la mesa donde todos los sectores estuvieran representados sin estigma alguno, analizando con profundidad cómo era posible salir de la crisis. Mañana, cuando se produzca el racionamiento, la ciudadanía habrá podido comprobar que con esta ley no se mejorará su situación inmediata, pero se le ha hecho creer que eso sucederá. Los chilenos sentirán frustración cuando les corten la luz, y responsabilizarán al Senado. Algunos se encargarán de señalar que la Derecha es la responsable; vendrá la mentira y la infamia de nuevo, pero la opinión pública debiera sacar la verdad. Por eso expreso que el Senador señor Valdés tiene mucha razón cuando señaló que este debate se debió haber llevado en forma mucho más abierta, mucho más profunda y en un tiempo mucho más razonable.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señores Senadores, ha llegado la hora fijada para votar, las 5 de la tarde; por lo tanto, procederemos a votar en general y particular el proyecto.
Han llegado indicaciones a la Mesa, que deberemos tratar. En este caso, de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento se dará por aprobado el proyecto en general y particular, y una vez aprobado se procederá a votar las indicaciones.
Los señores Senadores que se hayan registrado para fundamentar su voto lo harán en el orden de inscripción.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , algunos señores Senadores votaremos en contra de determinadas indicaciones del proyecto presentado por el Ejecutivo. ¿Cómo se procederá al respecto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se votará en general y en particular el proyecto, de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento, por tener urgencia de discusión inmediata, y luego se discutirán las indicaciones que se hayan formulado.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , quiero hacer una pregunta sobre materias reglamentarias.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , ¿por qué no consulta al señor Secretario?
Me estaba refiriendo a una indicación del Ejecutivo -la número 6- que fue incorporada ya al proyecto. Deseo que esa indicación sea votada aparte.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene que presentar indicación en ese sentido.
El señor MUÑOZ BARRA.- Está presentada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si Su Señoría así lo hizo, no hay problema.
El señor DÍEZ.-
De acuerdo con el artículo 164 del Reglamento, pida división de la votación en ese artículo, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , si entiendo bien, antes de comenzar la votación particular, se votaría en general.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Gracias señor Presidente . Por lo tanto, las indicaciones que requieran someterse a votación se verán después de votarse en general.
Ahí los señores Senadores del Partido por la Democracia podrán votar "en contra" de las indicaciones del Gobierno.
En seguida, señor Presidente , quisiera estar cierto de que la votación de este proyecto requiere quórum de ley orgánica constitucional, porque así se ha establecido cuando existen normas que tienen ese carácter.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Efectivamente, hay dos artículos que requieren dicho quórum.
Antes de iniciar la votación, y de acuerdo al derecho preferente que le otorga la Carta Fundamental, tiene la palabra el señor Ministro.
Le solicito que sea breve.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Lo seré, señor Presidente .
En primer término, obviamente, lo que no está en discusión en relación con este proyecto, es si se han realizado o no inversiones en el sector eléctrico.
En el sistema interconectado central, está instalada, en este momento, una capacidad termoeléctrica que corresponde, de estar funcionando, al 81 por ciento de la demanda. Adicionalmente, después del llamado del Presidente de la República , las empresas se han comprometido a instalar ya un 9 por ciento adicional. Es decir, el 90 por ciento termoeléctrico es lo que está comprometido o instalado.
En ningún momento o análisis de la situación hidroeléctrica, lo que producen las centrales de pasada -las que tienen embalse y las que no lo tienen- cae por debajo del 10 por ciento restante. Además, las propias empresas han reconocido que existe una disponibilidad de entre 5 y 7 por ciento adicional, proveniente de autoproductores (tengo la lista entregada por las empresas).
En consecuencia, en la situación que tenemos hoy -aún sin considerar el efecto del ahorro, el de los pactos que se puede hacer con los clientes o el de los incentivos que de pueden entregar a los clientes-, podríamos estar sin cortes, incluso con Nehuenco fuera.
Por consiguiente, pregunto: ¿estamos o no sin cortes en este momento? Lo estamos. En la actualidad, se está utilizando la capacidad de autogeneración que durante los 125 días en que hubo racionamiento no fue usada.
El señor MARTÍNEZ .-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro ?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Con la venia de la Mesa, por supuesto señor Senador .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría, pero quisiera que fuera breve.
El señor MARTÍNEZ .-
Es sólo para consultar al señor Ministro : con esos antecedentes ¿por qué la premura en la tramitación de este proyecto?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Precisamente eso es lo que iba a señalar en mi intervención, señor Senador.
No contestaré por qué dejó de haber suministro el 27 noviembre y tuvimos 125 días así, porque, pruebas al canto: 125 días. Pero ¿por qué ha habido racionamiento? Porque durante ese período no se instalaron las suficientes unidades de emergencia que, incluso, originalmente las empresas habían planteado. Sólo una empresa hizo el esfuerzo de instalar unidades de emergencia adicionales; porque no se contrató la energía de autoproductores que estaba disponible y se prefirió, en las situaciones ajustadas y vulnerables, utilizar al máximo los recursos de agua, que ya eran exiguos, en aquellas centrales de embalse que no tenían restricciones de riego; porque, asilándose en conflictos entre las empresas -y por las mismas razones que he señalado-, tampoco se incorporaron a una campaña de ahorro (estuvimos solitarios en ese llamado) y no hubo ningún diseño de incentivos para lograr una disminución del consumo de sus clientes, como el propio decreto de racionamiento lo sugiere entre las medidas posibles.
Pero no sólo ocurrió lo anterior, sino que, además, durante el mes y medio de racionamiento que hemos tenido, uno de los problemas centrales que se ha presentado entre las empresas obedece a que algunas no estaban cumpliendo las consignas de aquél, poniendo en serio riesgo el sistema. Son ellas mismas las que nos han pedido que intervengamos en el CDEC, para hacer transparente el cumplimiento del racionamiento y evitar que el sistema sea llevado a una situación de mayor vulnerabilidad.
En razón de ello, dos expertos escogidos por el conjunto de las empresas, con el respaldo de la Comisión Nacional de Energía y un representante de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, han venido auditando ese cumplimiento.
No es cierto que el proyecto no surtirá efecto. Y aquí respondo la consulta del Senador señor Martínez : hoy no tenemos cortes de suministro en la mayor parte del SIC porque la iniciativa se encuentra en discusión en el Congreso. Tal es la razón por la cual no se producen cortes, y no porque haya un déficit menor al de hace tres semanas.
El señor PÉREZ .-
Sigamos debatiéndola, entonces.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Eso lo sugerí en una reunión de la Comisión, donde dije que teníamos dos alternativas: o aprobar los instrumentos que la autoridad requiere, a fin de terminar con un racionamiento extraordinariamente negativo para el país, las actividades productivas y la población, o bien, discutir indefinidamente el asunto, manteniendo esta espada de Damocles sobre el sistema. Pero me parece que la última es la fórmula menos óptima y, por supuesto, menos duradera para la solución del problema.
El señor MARTÍNEZ .-
¡Es increíble!
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
El proyecto en estudio constituye un instrumento para superar esta crisis y evitar que otras se presenten en el futuro, porque repone una señal de precios fundamental para que las empresas privadas, a cuyo cargo está la producción, puedan -como se ha señalado- resolver el problema.
Sin embargo, en el transcurso de seis meses, nos hemos encontrado con todo tipo de argumentos y de conflictos, lo cual ha significado que ninguna de las empresas hace lo que debe, que algunas instalen capacidad adicional, o racionen a sus clientes libres y otras no lo hagan. Es un problema que termina resolviéndose sobre la base del incumplimiento generalizado: "si las demás no cumplen, yo tampoco".
Como se nos ha pedido que ordenemos esa situación, mediante este proyecto estamos solicitando facultades para tales efectos.
Ha habido inquietud por parte de los señores Senadores respecto de los clientes libres, que representan más del doble de todo el consumo residencial. Éstos, en ningún momento, durante la vigencia del decreto de racionamiento y de la resolución Nº 511 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que emparejaron el déficit y establecieron que ellos también debían contribuir desde el 1º de abril hasta la fecha, han dejado de hacer su aporte; pero a ninguno en particular se le ha pedido una contribución exactamente proporcional, por impedirlo las restricciones productivas.
El conjunto de clientes libres permite realizar un juego conforme al cual ciertos días unos aportan su cuota y en otros lo hacen unos distintos. En ciertos casos, existen las condiciones para hacerlo de manera permanente, y en otros, simplemente la contratación de energía de autoproductores permite cumplir con las cuotas de racionamiento cuando se ve afectada la actividad productiva.
El señor DÍEZ .-
¿Me concede una interrupción, señor Ministro ?
El señor LADERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Díez .
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , me alegra oír la declaración del señor Ministro , porque queda claro que lo relativo a los clientes libres no es una cosa matemática o exactamente igual para todos, pues existe libertad para que ellos se arreglen y no dificulten el estado de su producción.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Siempre ha sido así, señor Senador.
El señor DÍEZ .-
Entiendo el asunto; sin embargo, el texto tal cual está admite una interpretación distinta. Por eso, me alegro de sus palabras.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Si Su Señoría examina el texto, podrá observar que se establece una obligación a las empresas generadoras para distribuir la cuota de racionamiento entre el conjunto de sus clientes, sin excluir a ninguno. Insisto: la obligación le corresponde a ellas y no a cada cliente en particular.
Por lo demás, si analizamos la contribución de cada uno de nosotros, estoy absolutamente seguro de que no estamos aportando exactamente lo mismo, por diversas razones que no es del caso explicar, pero dicen relación a nuestra capacidad para sustituir consumos en ciertas horas y al hecho de que algunos tengan la ventaja de contar con aportes de autogeneración en su vecindario y, en consecuencia, no han sido objeto de suspensión del suministro, a pesar de existir racionamiento.
Además, el conjunto de clientes libres, mirado de esta manera, otorga la posibilidad de contribuir al racionamiento, pero mucho más la daría si las empresas generadoras se coordinaran para que todos los clientes libres del sistema puedan cumplir con esta restricción. En este sentido, conviene señalar que, en su momento, llegamos a un acuerdo con ellas, pero no tuvo feliz término. Consistía en considerar al conjunto de clientes libres para lograr un mayor juego. Sin embargo, dicho acuerdo, como ha ocurrido con muchos otros durante estos seis meses, no se cumplió.
Quiero finalizar mi intervención diciendo que lo relativo a las compensaciones no es sólo un aspecto de justicia para los usuarios, sino que también constituye una señal económica, en cuanto a que, así como resulta posible evitar el racionamiento, éste también tiene un costo y, en consecuencia, no es la alternativa ni la salida que el país desea.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito, por favor, que los manifestantes desocupen las tribunas.
Se suspende la sesión.
___________________
--Se suspendió a las 17:16.
--Se reanudó a las 17:18.
___________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Estaba haciendo uso de la palabra el señor Landerretche.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , deseo hacerle una consulta al señor Ministro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Estaría dispuesto a conceder esa interrupción?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Estoy por terminar mi exposición, señor Presidente . Pero si el señor Senador quiere preguntar algo, no tengo inconveniente.
El señor MARTÍNEZ .-
Entendí que ya había concluido.
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).-
No. Fui interrumpido.
El señor MARTÍNEZ .-
Entonces, la haré después.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , como estaba diciendo, las compensaciones no son sólo un tema de justicia. Son también una señal económica que permite incentivar el ahorro a través de esquemas menos onerosos para las propias empresas; estimular la contratación de autogeneración a autoproductores; completar la instalación de capacidad de emergencia e integrar a este esfuerzo a las que no lo han hecho, y, a mediano plazo, dar la señal para que se produzcan soluciones de carácter más estratégico como son la interconexión entre sistemas o entre países, y la incorporación de nuevas formas de generación.
Todo eso es tarea de las empresas. Así está establecido en el sistema eléctrico chileno.
Finalmente, quiero pedir a los señores Senadores legislar para resolver los problemas de esta crisis y para corregir los graves defectos de la regulación eléctrica que nos han impedido enfrentarla de manera adecuada, a fin de encarar las que se presenten en el futuro en forma más oportuna y consistente.
Solicito al Senado reafirmar el proyecto del Gobierno con perfeccionamientos y no con modificaciones que lo desvirtúen, y, en definitiva, aprobar una normativa que redunde en beneficio del país, de los usuarios, de los sectores productivos y, además, de la propia industria eléctrica.
El 17 de noviembre pasado, en reunión con los presidentes y gerentes generales de todas las empresas generadoras y distribuidoras, les señalé que los conflictos en que se encontraban involucradas, aparte causar un agravamiento de la situación y una incapacidad en el manejo de la crisis, hacían pensar en la necesidad de que ese bien fundamental que es el prestigio de la propia industria estuviera protegido desde afuera.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se encuentra pendiente la interrupción solicitada por el Honorable señor Martínez, a quien agradecería ser breve porque debe comenzar la votación.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , me sorprendió escuchar al señor Ministro iniciar su exposición diciendo que ahora hay energía disponible y que ella habría aparecido a raíz de la tramitación de este proyecto en el Congreso Nacional.
¿Eso significa que las empresas han respondido, bajo la presión de una amenaza, generando en alguna medida la energía eléctrica que falta?
Hago esta pregunta porque hoy tenemos energía; no hay racionamiento. En consecuencia, ¿a título de qué se da a la iniciativa una urgencia extraordinaria? Ésta obliga al Senado a resolver en corto tiempo un problema que trae aparejados dos aspectos sumamente graves, y por eso lo planteo.
Primero, se legisla bajo la presión del tiempo, que siempre ha sido una mala solución porque no todos los antecedentes se encuentran disponibles o son conocidos.
Segundo, se afecta el corazón de nuestro sistema de Derecho; es decir, el necesario equilibrio entre las facultades de la autoridad y el derecho de las personas a defenderse cuando exista la posibilidad, aunque sea hipotética, de que se cometan actos que las perjudiquen y, por lo tanto, se desconozcan sus derechos.
Considerando lo explicado por el señor Ministro , mi pregunta sigue en pie: ¿Por qué tanto apuro, en circunstancias de que apareció la electricidad suficiente para suplir el déficit?
Sería conveniente disponer de mayor plazo para elaborar una buena ley, pensando en el futuro. Porque no sabemos los alcances reales del texto en debate. Tampoco se intenta eludir la dictación de esta ley. No. Se trata de legislar en la mejor forma posible, dado que el propio señor Ministro acaba de expresar que ahora no es tan apremiante por haber surgido poder eléctrico suficiente.
Eso es lo que deseaba consultar, porque estimo que en esto hay un enorme contrasentido.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , contestaré con mucho gusto y en forma muy breve.
En primer lugar, las empresas han respondido -para decirlo de modo elegante- al llamado del Presidente de la República , que incluía el envío de indicaciones al proyecto y la calificación de máxima urgencia para su despacho.
En segundo término, no podemos estar sometidos a recaídas como la producida después del período en que no hubo racionamiento. Debemos entregar los instrumentos para garantizar la reposición de las reservas de energía que el país requiere para trabajar hacia delante.
En cuanto a una reforma global del marco regulatorio, ése es un tema diferente. Ahora estamos abocados a entregar las facultades mínimas que se precisan para manejar la emergencia de manera adecuada.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde votar.
Consulto a la Sala si habría acuerdo en el sentido de mantener las inscripciones para los efectos de fundamentar el voto, o se procede a votar en general el proyecto.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , pido que se respete el derecho de quienes estábamos inscritos y que por el excesivo tiempo ocupado por algunos señores Senadores en sus intervenciones no alcanzamos a participar en el debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay inconveniente.
El señor LARRAÍN.-
Que comience la votación con los oradores inscritos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se tomará la votación primero, en el orden de inscripción, a los señores Senadores que quedaron pendientes, para que fundamenten su postura.
El señor MORENO.-
Todos tenemos derecho a fundar el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En efecto, Su Señoría, pero se comenzará con los que se hallan inscritos. A continuación se llamará por orden alfabético, como se ha hecho en otras ocasiones.
El señor MORENO.-
Excúseme, señor Presidente , convendría aclarar que todos los señores Senadores tenemos igual derecho a fundar el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es, Su Señoría, y podrán hacerlo por no más de cinco minutos.
En votación general el proyecto.
-(Durante la votación).
El señor VEGA .-
Señor Presidente , concuerdo plenamente con la apreciación general de que un proyecto de ley tan importante como el que nos ocupa, que propone la modificación de la ley Nº 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y del DFL Nº 1, Ley General de Servicios Eléctricos, no constituye una solución directa a la presente crisis energética que preocupa a toda nuestra sociedad. Sin embargo, por lo extremo de la actual situación, me parece necesario que se agoten todas las instancias -directas o indirectas- para racionalizar un sector de nuestro desarrollo, muy complejo en su tecnología, costos e incidencia social.
Por las propias características de este sector, que fue objeto de privatización, no se genera aún la interacción necesaria para un empleo globalizado en situaciones como la presente, que, en alguna forma, pretende solucionar el artículo 2º, número 2), del proyecto, al reemplazar el actual artículo 99 bis del DFL Nº 1, de 1982.
La ley Nº 18.410 y el DFL Nº 1, de 1982, fueron modelos muy eficientes de regulación, pero en el momento preliminar de privatización del sector. Su origen se encuentra en la década de los 80, pero estas normativas en ningún caso fueron diseñadas para sostener el crecimiento explosivo e inorgánico de algunas áreas de nuestra economía y mucho menos para responder racionalmente a situaciones extremas como la presente. En este tipo de problemas, el buen manejo del Estado -como se señaló- es esencial. Sin embargo, deben existir las herramientas normativas adecuadas que lo posibiliten.
Éste sería el propósito del perfeccionamiento de la actual normativa que propone el proyecto en análisis. Fortalecer las facultades de regulación y fiscalización -algunas ya existentes-, con las modificaciones al artículo 3º de la ley Nº 18.410, como atribución preliminar para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en materia de certificaciones, cumplimiento de exigencias técnicas, verificación de costos de explotación, interpretación administrativa de las disposiciones legales y reglamentarias de su competencia, aplicación de multas, etcétera.
Por lo anterior, señor Presidente , si bien en mi opinión no es una buena práctica legislar ante una crisis, me parece que las Comisiones Economía, de Minería y Energía, y de Hacienda nos presentan un proyecto bien orientado, relativamente equilibrado, que recae sobre materias muy complejas que requieren normativas compatibles con la modernidad y globalización que hoy en Chile pretendemos alcanzar. No es una solución directa al problema -como se ha señalado-, pero constituye un perfeccionamiento legislativo importante que el Estado y los privados deben enfrentar en conjunto.
Por las razones expuestas, voto favorablemente en general el proyecto.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , me limitaré sólo a hacer algunas observaciones sobre el texto, en lo que dice relación a determinados aspectos jurídicos, dado el poco tiempo de que dispongo para fundamentar el voto.
Desde luego, aquí estamos frente a una iniciativa respecto de la que, como lo señalaron los Senadores señora Matthei y señor Bombal , si es la solución al problema eléctrico, extraña la razón por la cual no se planteó con la debida anticipación. Si la superación de la actual crisis, como se está comunicando a la opinión pública, dependía de más facultades o de más multas y sanciones que la ley en vigor no contempla, extraña por qué no se propuso antes. Porque, perfectamente, cuando se tuvo conocimiento de la gravedad que revestía la sequía, se pudo haber enviado un proyecto de esta naturaleza con el objeto de prever el problema. Sin embargo, no ha habido respuesta a ello. Las normas legales respectivas fácilmente podrían haberse remitido con oportunidad, con lo cual se habrían evitado muchos males.
Además, el proyecto parte de un supuesto falso, esto es, que las multas van a contribuir a solucionar el problema. Me parece que en el largo plazo ayudarían a agravarlo, porque, dado el tipo de multas y sanciones que se establecen, podrían desincentivar a las personas para invertir en este rubro.
Hay otros aspectos que también deseo destacar dentro del breve tiempo de que dispongo.
Varios señores Senadores que han intervenido señalaron que reclamar ante los tribunales es algo irregular, que el derecho que tienen los particulares en tal sentido es algo inconveniente. Eso, en mi opinión, es del todo equivocado. No corresponde a realidad alguna ni a ningún Estado de Derecho, por cuanto es de su esencia que cualquier sanción pueda ser reclamada. En la Sala se ha expresado que las empresas abusan o recurren al reclamo ante los tribunales, lo cual podría estimarse como algo indebido, en circunstancias de que constituye un derecho.
Por otra parte, en el terreno mismo de las normas, deseo hacer resaltar que la discusión tan rápida que se ha llevado a cabo sobre esta materia, habiendo dispuesto de todo el tiempo suficiente para estudiarla desde el momento en que se presentó la primera sequía el año pasado, originará una suerte interminable de conflictos legales. La imperfección, la mala construcción jurídica de las disposiciones -como las relativas al artículo 99 bis-, será la causa de numerosos juicios. Desde luego, lo concerniente a la retroactividad o irretroactividad de dicha norma va a prestarse para toda suerte de dificultades o interpretaciones. Porque es obvio que el hecho o caso fortuito ya producido no puede ser causante de sanciones. Si a la fecha de dictación de la ley el hecho fortuito ya se había producido, no puede dejar ser tal al día siguiente. Ése es un principio elemental en materia de Derecho, que, por lo que he escuchado decir a algunas autoridades, va a ser aplicado precisamente en esa forma. Es decir, va a pretenderse utilizar la circunstancia de que a partir de la dictación de la ley la sequía ya no es caso fortuito para los efectos de aplicar sanciones. Ello será fuente de conflictos, de dificultades, lo cual es preciso prever.
Por otra parte, todo el artículo 99 bis adolece de una falta de claridad conceptual enorme. Confunde "caso fortuito" con "fuerza mayor", los asimila, los considera sinónimos, en circunstancias de que la doctrina estima que son dos situaciones distintas. El caso fortuito es algo que no ocurre en forma normal, que sucede raramente, pero que es factible de prever y de superar; en cambio, la fuerza mayor no se puede evitar, ocurre por hecho de un tercero, incluso por acto de la autoridad. Por lo tanto, confundir "caso fortuito" con "fuerza mayor", haciéndolos sinónimos, va a dar lugar a numerosos juicios, interpretaciones y dificultades.
Por último, el inciso quinto del artículo 99 bis señala que "En todo caso, el ejercicio de acciones jurisdiccionales para alegar caso fortuito o fuerza mayor, no obstará al pago de las compensaciones previstas en este artículo." Esto es una aberración jurídica, por cuanto la responsabilidad va a surgir como consecuencia de la sentencia que así lo determine. Y no puede indemnizarse por algo respecto de lo cual todavía no se ha establecido la responsabilidad. Por lo tanto, inevitablemente ello será también una fuente permanente de conflictos.
Por otra parte, deseo formular una advertencia. Se ha dicho que sólo cuando se alegue caso fortuito o fuerza mayor ello no obsta al pago de compensaciones y, si se alega otra cosa, no deben pagarse las indemnizaciones previstas, lo cual constituye un contrasentido, una impropiedad y eso, a mi juicio, tiene que ser debidamente analizado y corregido.
El tiempo no ha sido suficiente para permitir un examen jurídico más cuidadoso de estas normas, que -repito-, atendida la magnitud de las multas, serán causa inevitable de graves conflictos que impedirán lograr el objetivo perseguido por el proyecto, que es procurar los medios que satisfagan las necesidades de energía del país.
He querido hacer presente estas observaciones; pero, por la premura del tiempo, dejo pendiente otras.
Voto a favor.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , la crisis que hemos vivido en este último período, a propósito de la cual el Gobierno ha enviado este proyecto de ley, ha demostrado, en un análisis que va más allá de su articulado, dos hechos muy importantes y necesarios de destacar. Por un lado, está clara la conveniencia de que el país debatiera acerca del rol del Estado en actividades como las desarrolladas por las empresas eléctricas. Creo que recién ha comenzado el debate, de manera que no concluirá a propósito de esta iniciativa, y de alguna manera quedará abierto. Y es bueno que, por lo mismo, a partir de esa situación logremos dar una visión que nos permita enfrentar el futuro con mayor capacidad de operación respecto de éstas y otras empresas más. El país está a punto de vivir un proceso de privatización en el área de las sanitarias y, al efecto, contamos con un marco regulatorio bastante más adecuado que el que ahora nos ocupa. Pero lo cierto es que aquí se ha hecho posible la discusión de un tema muy de fondo que es bueno enfrentar. Y no me extraña, ni mucho menos, que haya sucedido lo que todos hemos podido constatar. Está claro que el marco regulatorio de las empresas eléctricas no tiene nada que ver con el proceso de crecimiento, modernización y desarrollo que ha vivido la economía nacional. Durante el Régimen militar se sustentaba la idea de que era perfectamente posible que empresas de esta naturaleza desenvolverse prácticamente al margen de la capacidad regulatoria que siempre debe corresponder al Estado. Y eso nos obliga a enfrentar la modernización y mejoramiento del marco regulatorio, y es lo que estamos haciendo. Puede ser que se haga bien o mal; lo importante es que se trata de un proceso que se genera en función de las crecientes necesidades del país. Por eso, el proyecto de ley cumple adecuadamente el objetivo por el cual se envió al Parlamento.
Entre paréntesis, me gustaría que el tema de las urgencias lo abordáramos de una vez por todas, máxime si se considera que estas bancadas no son autoras de la Constitución de 1980, en virtud de cuyas disposiciones -excesivamente presidencialistas, como hemos sostenido en muchas oportunidades-, el Congreso aparece como elemento marginal en la discusión de proyectos como el que ahora se debate. Y estamos abiertos -personalmente lo he dicho reiteradamente- a tratar esta materia. Por lo demás, Parlamentarios de estas bancadas presentaron una iniciativa para mejorar este aspecto de la Carta Fundamental. Pero las urgencias, de la manera como se hallan constitucionalmente concebidas, no son producto de los Gobiernos democráticos, sino de la concepción con que se manejó este tipo de materias el Régimen militar.
Por eso, creo muy importante no hacer cuestión respecto al tiempo con que hemos contado, porque lo cierto es que perfectamente el Ejecutivo puede adecuarlo conforme a lo dispuesto en la Constitución.
El proyecto cumple adecuadamente sus objetivos, por dos razones. En primer lugar, porque enfrenta bien la crisis actual. Es posible que no lo haga en su integridad, ya que presenta matices distintos de los registrados en otras ocasiones. Pero, reitero, la aborda adecuadamente.
En lo fundamental, a contrario sensu de lo que muchos piensan, la iniciativa debería incentivar la inversión por parte de aquellos que tienen bajo su responsabilidad la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica. Porque, ¿cuál es la experiencia que vivimos en el norte del país? Ahí hay sequía permanente. Y ¿qué han hecho todos los inversionistas? Han invertido en empresas termoeléctricas, y curiosamente, en la actualidad, el país no tiene problemas de suministro de energía eléctrica en esa zona. ¿Por qué no se hizo lo mismo en el sur cuando se sabía claramente que habría sequía durante un largo período, dadas las características y la naturaleza del fenómeno de la Niña y los cambios climatológicos que está viviendo la humanidad? Y resulta que el norte, que en parte importante -hasta Taltal- se encuentra conectado con el SIC, curiosamente y por primera vez, se halla en condiciones de proporcionar energía eléctrica al resto del país, porque ahí se llevaron a cabo las inversiones respectivas, debido básicamente a que hubo una exigencia, la que derivó no sólo de la existencia de clientes libres, sino también del crecimiento notable de la población en ciudades significativas, como Antofagasta, Iquique y Arica.
Por lo tanto, la experiencia actual y la iniciativa en debate deberían ayudar a estimular las inversiones y no, como se ha dicho, a desincentivarlas. A la constatación de esta realidad debería conducirnos esta discusión.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Ya concluyo, señor Presidente .
En los últimos tres meses, el país, a pesar del ahorro realizado y de las medidas adoptadas, ha demandado energía en un poco más de un 7 por ciento, según los últimos datos. ¿Qué significa esto? Que, independientemente de la crisis actual, Chile requiere de más energía y eso, por lo tanto, importa mayores inversiones.
En mi opinión, el proyecto que nos ocupa enfrenta de manera adecuada la crisis actual, incentiva las inversiones donde se hacen necesarias y abre posibilidades para que el país empiece a generar una política energética que permita encarar el crecimiento de la demanda de los últimos años.
Voto a favor.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en esta materia y en términos generales, estimo peligroso que en Chile se siga reaccionando como un péndulo ante los distintos desafíos que se nos presentan.
Las facultades excesivas y discrecionales otorgadas a la Superintendencia, que incluso afectaban a su organización interna y su personal, tanto en la versión del proyecto del Ejecutivo como en el de la Cámara de Diputados resultaban exageradas y francamente inconvenientes.
El trabajo de las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, y de Hacienda ha centrado en buena medida el articulado. Sin embargo, el tema de que se trata debe ser analizado en un contexto más amplio, como el representado por la ley de aguas, el ordenamiento territorial y la propia normativa de la Comisión Nacional de Energía.
En lo referente a aguas, se deben considerar los caudales ecológicos mínimos para el medioambiente natural y cultural, el manejo integrado de cuencas y el pago de patentes. Ése será el modo de recuperar legalmente y corregir el error de la enajenación de este patrimonio nacional.
En lo relativo al ordenamiento territorial, cabe corregir la centralización en cuanto a la localización de personas y actividades, y dar oportunidades a la energía local característsica: solar y geotérmica en el norte; hidroeléctrica y de gas en el sur austral, por ejemplo.
En lo atinente a la Comisión Nacional de Energía, es necesario asegurar, por la vía de incentivos transparentes más que por la de castigos, la diversidad en orden a la provisión de energía en Chile, con un plan indicativo de obras que refleje una política de Estado en este sentido.
Chile tiene excepcionales condiciones naturales para generar energía, sea solar, geotérmica, eólica, de mareas, hidroelectricidad y carbón. Si a esto se suma la interconexión con países vecinos, como Argentina, que poseen petróleo y gas, los que irónicamente fueron nuestros en el siglo XIX -y no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, sino evitar que estas cosas vuelvan a suceder para no quedarnos sólo con la preocupación y la angustia, que en el fondo frenan el progreso en esta materia-, creemos que se puede avanzar, y mucho.
Sin embargo, en tal sentido no podemos estar sólo dependiendo de un único gasoducto, que puede ser muy vulnerable. Al contrario, debe apresurarse el segundo, por el sur, además de mejorar las condiciones de las Regiones de la zona y la interconexión eléctrica.
Este escenario podría armarse por parte de la empresa española si compra en el país vecino, lo que es altamente probable. Ello aseguraría su reconquista de América en un sentido colonial.
La visión de futuro debe estar presente en las decisiones de hoy. La no construcción de centrales térmicas tiende a agravar el conflicto, o a presionar nuestros problemas ambientales no bien resueltos en otros proyectos. Y si se desarrollan las potenciales hidroeléctricas, así y todo en el año 2015 empiezan a darse escenarios favorables para centrales nucleares, con todos los problemas no resueltos aún en ellas.
El aspecto ambiental juega también un papel relevante en el efecto invernadero por el anhídrido carbónico asociado, aspecto que debe incluirse en este plan indicativo. Sin embargo, en Chile no evaluamos y no hemos incluido las externalidades económicas. Estimamos que el proyecto es insuficiente en este sentido más global; sin embargo es necesario a fin de evitar que acciones individuales afecten el interés común.
También se han señalado los mecanismos y la legislación pendiente destinados a evitar la integración vertical y el tamaño excesivo de estas empresas.
Creemos que los aspectos de detalle en los mecanismos jurídicos de interpretación que se van a abrir en cuanto a las compensaciones, fuerza mayor y caso fortuito, y la consignación previa en cuanto a lo injusto que resulta, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas, necesariamente deben ser corregidos a través del proceso en particular que veremos en seguida.
En estos términos, con las aprensiones del caso, voto en general a favor.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , voy a votar favorablemente este proyecto porque me parece que sus disposiciones apuntan en la dirección correcta. Es evidente que no contiene una solución global, integral para el problema energético del país; pero entrega a la autoridad facultades importantes para garantizar una mejor administración de la situación.
A estas alturas de la discusión, es absolutamente evidente que son muy diversas las razones que explican el problema que el país ha enfrentado; y que una mínima ecuanimidad conduce a la identificación de responsabilidades compartidas. Considero una mala discusión aquella que concluye en juicios unilaterales respecto del Gobierno o de las empresas.
Hay responsabilidades compartidas en todo esto. Ello obliga a abrir un debate mucho más de fondo, del cual éste es solamente el comienzo, es una parte. No dispongo de tiempo para exponer las materias fundamentales con mayor detalle, pero son varias las que tendrían que formar parte del debate de fondo. Enunciaré los títulos, simplemente.
Debemos discutir cuál es la configuración más adecuada de la plataforma energética de Chile, una cuestión compleja, de gran profundidad; hay que analizar igualmente los niveles de seguridad de los que queremos disponer y que estamos dispuestos a financiar; debe examinarse la forma en que se articula lo privado y lo público, cuál es el concepto de servicio público que se aplica en el suministro de servicios eléctricos; tenemos que discutir lo referente al marco regulatorio. Y a esto quisiera dedicar los minutos que me restan para fundamentar mi voto.
Un aspecto que no debiera admitir discusión es la necesidad de contar con un marco regulatorio que signifique que las empresas tienen que cumplir con las normas establecidas, y la necesidad de que se supere la irracionalidad que existe hoy día, consistente en que a las empresas les conviene más pagar las multas que atenerse a la disposición vigente, simplemente porque las multas no son disuasivas, sino que ridículamente bajas. Ésa es una parte importante del proyecto que estamos corrigiendo.
Un segundo aspecto muy relevante tiene que ver con las compensaciones. En esto haré un alcance a la discusión planteada ayer en las Comisiones unidas, y posteriormente en la de Hacienda. Francamente, me parece que es una mala solución la que adoptaron, luego de una votación dividida, las Comisiones de Economía y de Minería, unidas. Ella consiste en establecer que, por sí solos, los factores de falla eléctrica y de sequía no pueden considerarse como elementos de fuerza mayor. La interpretación que se puede dar a esto es francamente inaceptable, y así se manifestó durante la discusión. Se dijo que, en efecto, una falla eléctrica por sí sola no puede ser esgrimida como argumento de fuerza mayor, y lo mismo se afirmó respecto de la sequía. Pero quedó indicado que juntas, copulativamente, sí podrían considerarse fuerza mayor. Eso conduce, simplemente, a transformar en letra muerta todo lo que hemos estado discutiendo.
Para hablar muy concretamente, de aplicarse al caso de Nehuenco la disposición adoptada en las Comisiones unidas, se podría concluir que, habiéndose producido una falla técnica en condiciones de sequía, esa empresa está simplemente dispensada del pago de compensación. Eso es para mí un abuso. Contradice abiertamente todo lo que hemos estado discutiendo en estos días; contradice la esencia del proyecto del Ejecutivo ; contradice la esencia de lo que la unanimidad de la Cámara de Diputados aprobó. Ésa es la razón por la cual se abrió una discusión distinta en la Comisión de Hacienda.
Creo que en esta Comisión se hizo un esfuerzo importante por mejorar la situación. Sin embargo, la solución entregada tampoco es satisfactoria, porque el hecho de incorporar simplemente un tercer factor significará ampliar el margen de incertidumbre de las normas que posteriormente sean interpretadas en los tribunales.
A mi juicio, debe quedar claramente establecido que la falla de una central no puede considerarse fuerza mayor, porque es responsabilidad de la empresa asegurar el adecuado suministro. Y si incumple esa responsabilidad, deberá otorgar al usuario la compensación correspondiente. De eso se trata el sistema. Es simplemente una cuestión de equilibrio. Por eso, con otros señores Senadores hemos renovado una indicación presentada en la Comisión de Hacienda que persigue restituir el proyecto original del Gobierno tal como fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , voy a votar favorablemente la idea de legislar, y, por razones de tiempo, asumo como propias las fundamentaciones expuestas por la Senadora señora Matthei y el Senador señor Díez , para efectos de la evaluación en general que se hizo del proyecto, con sus aspectos positivos y negativos.
Quiero aprovechar los minutos restantes para una reflexión sobre ciertas disposiciones del proyecto que, en mi opinión, vulneran disposiciones constitucionales, específicamente garantías de la Carta.
Está claro que se requiere de un arduo trabajo para hacer respetar y comprender las garantías constitucionales. Parece muy fácil acatarlas cuando las cosas se dan en normalidad. Pero la verdadera importancia de tales garantías, cuando deben ser respetadas en su mayor grado, se demuestra precisamente al enfrentar situaciones de emergencia, de crisis; y el verdadero valor de ellas está dado también cuando se entiende que se aplican en beneficio de todas las personas, cualquiera que sea aquella a la que se están refiriendo la ley o la Constitución.
A este respecto, hay que atender a dos disposiciones muy precisas que vulneran una garantía fundamental de la Carta. Por una parte la del artículo 99 bis, que establece la exigencia del pago de compensaciones como condición previa para ejercer el acceso a la jurisdicción ante un reclamo para alegar caso fortuito o fuerza mayor. La otra es la del artículo 19, que impone la consignación de un porcentaje de la multa para poder acceder a los tribunales de justicia. Estas materias, a mi modo de ver, vulneran el artículo 19, número 3º, de la Carta, en relación al artículo 19, número 26º.
¿Qué dice la primera de estas disposiciones? La Constitución asegura a todas las personas:" "3º La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.". Esto es lo que en doctrina se conoce como el "libre e igualitario acceso a la justicia", garantía que es piedra angular en un Estado de Derecho.
Y ya lo señalaba ayer a propósito de la contienda de competencia: ¿de qué sirve que la Carta Fundamental establezca garantías constitucionales, de qué sirve que se consagren los derechos fundamentales de las personas, si se imponen limitaciones, condiciones o requisitos que vulneran esas garantías y, en este caso, impiden el libre e igualitario acceso a los tribunales de justicia, que en un Estado de Derecho constituyen, precisamente, la herramienta para dar eficacia a los derechos de las personas?
Y aquí, señor Presidente, se están estableciendo condiciones.
Lo anterior es tan importante en nuestro régimen constitucional, que el artículo 19, que consagra los derechos fundamentales, termina señalando expresamente en su Nº 26, como norma de clausura, que los preceptos legales que regulen o complementen las garantías que la Constitución establece "no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.".
En mi concepto, aquí estamos frente a un caso claro y concreto de cómo a una garantía constitucional, como es el libre acceso a la justicia, se le están poniendo condiciones, tributos y requisitos que impiden su ejercicio y, en definitiva, que todos los ciudadanos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones. En efecto, se exige el pago de compensaciones antes de que pueda reclamarse de ellas ante los tribunales de justicia y de que éstos determinen si están debidamente establecidas o no; y se exige consignar una multa antes de poder requerir la intervención de los órganos jurisdiccionales para que resuelvan si ella ha sido impuesta en forma legal o en forma arbitraria.
Con disposiciones de este tipo, señor Presidente , se vulneran y debilitan los derechos constitucionales, y ello, aun a pretexto de estar afectados por una crisis eléctrica tan grave como la que estamos sufriendo y de entender que las empresas generadoras o distribuidoras de energía son entidades poderosas. Ése no es el problema: ni la crisis ni el poder, ni la anormalidad ni la debilidad. Las garantías constitucionales están concebidas en la Carta Fundamental para ser respetadas siempre.
Y, a mi juicio, señor Presidente , en las dos materias en cuestión se vulnera claramente el libre acceso a la justicia, consagrado en el artículo 19, Nº 3º, y además la garantía de resguardo con que se clausura ese artículo, establecida como Nº 26. Es decir, se trata de materias inconstitucionales.
Por tal motivo, y en la medida en que ellas no sean corregidas mediante indicaciones durante la discusión particular del proyecto, me veo en la obligación de hacer reserva de constitucionalidad respecto de las disposiciones pertinentes para los efectos de recurrir a la instancia correspondiente.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a esta iniciativa, a pesar de que tengo la más absoluta convicción de que la dictación de esta ley, una vez que ella sea aprobada, no va a resolver en absoluto la crisis energética que afecta al país. Pienso que se trata, más bien, de una cortina de humo que se ha querido levantar para ocultar las verdaderas responsabilidades que, en aquella parte que corresponde, hasta ahora han sido percibidas negativamente por la opinión pública ante el Gobierno.
Ése es, en definitiva, el motivo por el cual se ha impulsado esta iniciativa. Quiero recordar que el proyecto fue presentado por el Ejecutivo en diciembre del año recién pasado y que desde entonces y hasta fines de abril durmió el sueño de los justos, mes en que las encuestas demostraron que la percepción de la ciudadanía acerca del rol y la responsabilidad del Gobierno era negativa.
Había, pues, que cambiar ese ambiente de opinión pública, lo cual se hizo responsabilizando a las empresas, en lo que ellas pudieran tener de culpa, en lo que aquí ha ocurrido.
Estoy de acuerdo con el Senador señor Ominami en que en este problema no puede haber visiones unilaterales. Sin embargo, hay que ser justos: las visiones unilaterales han provenido de la autoridad oficial, que ha sindicado a las empresas como las únicas responsables de lo que ha sucedido. Y en eso hay maniqueísmo. Quizás algunas empresas tienen responsabilidad, pero aquí pareciera que todas ellas son exactamente iguales.
Lo que no se dice es cuál es la responsabilidad que cabe al Gobierno. ¿Quién responde -pregunto yo- por las cantidades de agua que fueron regaladas a una empresa a un décimo de su valor? ¿Qué medida ha tomado el Gobierno respecto de esa grave negligencia que afecta al patrimonio del país? ¿Quién es el responsable de que una Región como la Séptima, que ha sufrido la sequía más grave de su historia, no haya recibido un apoyo estatal real para solucionar los problemas de la gente más modesta?
¡No hay responsables!
Estamos de acuerdo: busquemos cómo mejorar la situación de fiscalización y responsabilización de las empresas. Pero hay que ser parejos. Yo todavía estoy esperando que alguien del Gobierno asuma sus responsabilidades y que aquellas personas que han sido negligentes paguen por sus culpas.
Este proyecto contempla, a instancias del Ejecutivo , la posibilidad de reducir hasta en 35 por ciento el personal que trabaja al interior de las oficinas que supervisan el ámbito eléctrico. Quiero preguntar por qué se sanciona y se pretende perseguir a las empresas, y no se dice al país que el Gobierno está actuando como el peor de los patrones porque simplemente, sin oír a los trabajadores, está buscando un mecanismo para excluirlos del sector público.
A mi juicio, señor Presidente , aquí estamos frente al típico caso de un problema donde ha habido ineptitud e incapacidad de la autoridad para resolver las dificultades. Prueba de ello son los propios conflictos que ha habido en el ámbito de la energía, en donde una secretaria ejecutiva renuncia, o es renunciada -no sabemos en qué condiciones-, generando ahí una gran duda acerca de qué es lo que ha estado pasando en el campo energético para resolver una crisis que durante mucho tiempo se dijo que en realidad no existía y que estaba totalmente controlada.
Además, la iniciativa presenta problemas jurídicos muy serios, ya planteados por diversos señores Senadores, en el plano constitucional y también en el puramente legal. No quiero repetirlos, pero sí decir que comparto plenamente esas inquietudes en lo que dice relación a los artículos 99 bis y 19, y agrego el artículo 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos, cuyo texto se sustituye, que abre la posibilidad de una ley penal en blanco, en la medida en que las infracciones sancionadas tengan carácter penal, cuestión que está expresamente prohibida por nuestra Constitución.
Finalmente, señor Presidente , deseo reiterar un concepto a propósito del problema de los contratos, abordado denantes por el Honorable señor Fernández. Aquí, por la mala calidad técnica con que está redactada la ley en proyecto y por la premura que últimamente ha surgido en legislar en esta materia, se van a suscitar numerosos conflictos. Pero no debemos olvidar que, conforme al correcto sentido e interpretación de las normas según conceptos propiamente civiles y de acuerdo a lo que ha sido la doctrina y la legislación en esta materia, las modificaciones que se introducen en el proyecto sólo serán operativas de aquí en lo sucesivo. De manera que si la autoridad cree que podrá aplicar la ley de inmediato y con efecto retroactivo, se va a encontrar con un sinnúmero de juicios que, obviamente, entrabarán el cumplimiento de la normativa.
Reitero que el proyecto está mal construido jurídicamente, por lo que espero que en la discusión particular podamos corregirlo e innovarlo, a fin de se convierta en una ley que, si bien no resuelva el problema, por lo menos sea eficaz en lo que venga de aquí para adelante.
Voto que sí.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
A continuación, el señor Secretario pasará lista de los señores Senadores que no han votado.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Estamos en votación, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Quiero aclarar un asunto, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Imposible. Estamos en votación.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , el Honorable señor Aburto se encuentra pareado.
El señor LARRAÍN.-
En este caso no rigen los pareos, señor Senador. Se trata de una ley de quórum especial.
El señor MARTÍNEZ.-
¡Pero ayer se hizo presente con respecto al Honorable señor Valdés!
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¡Por favor, Su Señoría!
Continúa la votación.
El señor BITAR.-
Voto a favor del proyecto informado por la Comisión de Hacienda.
El señor BOMBAL.-
Voto que sí, y hago mías las expresiones de la Honorable señora Matthei en todo lo relativo a la situación de los trabajadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que también ha sido representada por la ANEF.
El señor CANESSA.-
Apruebo la idea de legislar, en consideración a lo que señalé en mi exposición de la mañana.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , el proyecto que modifica la ley Nº 18.410, en cuanto a la producción, distribución y consumo de combustible, ha tenido extraordinarios expositores, defensores y atacantes. Sin embargo, no me referiré a la materia, por la razón antes indicada. Sólo quiero solicitar que seamos exageradamente rigurosos y cuidadosos respecto al tratamiento que esta iniciativa da al personal de la Superintendencia.
En esas condiciones, voto a favor de la idea de legislar.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la prensa de la tarde nos trae la confirmación de lo que yo expresé durante la mañana en el Senado: el Gobierno quiere usar el expediente del proyecto sobre el sector eléctrico para ocultar su falta de acuciosidad en la solución de la crisis.
Al Gobierno le encantaría que la Derecha rechazara la normativa en estudio para encontrar una excusa más acerca de la ineficacia con que ha actuado. De esta manera el Ejecutivo , en vez de buscar nuestro consentimiento, mediante declaraciones públicas, nos acusa de buscar la impunidad de las empresas. Es así como "La Segunda", en uno de sus titulares, dice: "Biehl: "La Oposición quiere garantizar la impunidad existente a las empresas eléctricas"."
Señor Presidente , votaremos favorablemente el proyecto. Pero creemos que las empresas eléctricas -como cualquier ciudadano- deben ser juzgadas por los tribunales y no por la prensa, ni por los Ministros, ni por funcionarios públicos. Su así fuera, eso, indiscutiblemente, implicaría retroceder en el tiempo.
Concuerdo con las expresiones del Honorable señor Chadwick -y lo hice presente en las Comisiones unidas- en cuanto a que la consignación de parte de la multa equivale a cumplir parte de la pena antes que sea dictada la sentencia y antes de los dos fallos a que obliga la letra h) del número 2 del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica. Ésta y otras disposiciones -¡Dios quiera que me equivoque!- darán origen a numerosos juicios, debido a que han sido redactadas nada más que para solucionar una crisis hecha -con el debido respeto por los ingenieros que participaron en su análisis- sin un acabado estudio por parte de un constitucionalista, ni de un civilista, ni de un experto en Derecho Administrativo. Ello, sin duda, va a originar una secuela de juicios, que pueden tornar aún más ineficaz la acción del Gobierno en esta materia.
Votaré a favor de la iniciativa, señor Presidente , porque soy partidario de una regulación jurídica ordenada, honesta, transparente y que dé armas al Estado. Creo que este cuerpo legal contiene disposiciones en tal sentido. También soy partidario de entregar garantías a las personas que intervienen en el proceso productor de la energía. En mi opinión, hay preceptos que no las otorgan y que van a dar origen no sólo a reclamos, sino fundamentalmente al recurso de protección.
Cuando en el Congreso se desea restar atribuciones a los tribunales, se establece la obligación de consignar elevadas sumas de dinero para recurrir a la justicia y se dice que ésta no puede modificar obligaciones que están sometidas a su fallo, todo eso es incentivar a las empresas para que recurran al recurso de protección. Porque, por encima de todo, está la Constitución. Y cuando se afecta el patrimonio de las empresas, éstas harán uso de ese recurso. La Corte conserva el derecho que le otorga la Carta para tomar todas las medidas que estime necesarias para corregir el abuso. De manera que en diversas materias estamos dando origen a una normativa como si no existiera el recurso de protección ni las normas del debido proceso. Por ello, votaremos por la eliminación de aquellas indicaciones que están en el texto sometido a nuestra consideración.
Voto que sí.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , votaré a favor de estas modificaciones, en el entendido de que se trata de enmiendas parciales que apuntan a dotar de algunos instrumentos al Estado para enfrentar situaciones más bien críticas.
Creo que un debate más a fondo sobre el conjunto de los problemas que hacen la regulación del sector eléctrico debe ser objeto de una discusión futura. Tengo la impresión de que en esta iniciativa hay un conjunto de asuntos importantes en cuanto a lo que ha sido la experiencia del país en la regulación de la materia que enfrentamos.
En estos últimos días, por ejemplo, ha sido puesto en el debate, con mucha fuerza, todo lo relativo al problema de la concentración en el sector eléctrico. A mi juicio, tenemos un marco regulatorio absolutamente ineficiente, por cuanto permite la integración vertical y, por tanto, las tendencias monopólicas en servicios de utilidad pública. De modo que hay temas institucionales que tampoco quedan resueltos de manera suficiente con la iniciativa en estudio.
Respecto de los dos asuntos principales que la normativa pretende enfrentar, que es dar a la multa el carácter de un elemento efectivamente disuasivo para el incumplimiento de la ley y, por otra parte, establecer el criterio de que el no suministro de energía a servicios de utilidad pública que son esenciales, debe ser objeto de compensaciones. Ambas cosas son fundamentales para enfrentar la crisis.
Sobre el debate público en torno de las responsabilidades, quiero hacer una primera reflexión. Me parece obvio que haya un juicio público sobre el Gobierno y las empresa causantes de la crisis. Es lo propio de una democracia. El juicio de la opinión pública es esencial en aquélla. Y aquí parece que algunos señores Senadores desearían que la ciudadanía no tuviera voz sobre los asuntos que efectivamente afectan a la sociedad.
En cuanto a la responsabilidad, quiero reiterar lo que he dicho en otras oportunidades: sin duda que una responsabilidad central es un marco regulatorio absolutamente insuficiente. Y sobre esa base se ha dado el expediente para que algunas empresas hayan sido particularmente irresponsables en la crisis.
El hecho de que la Concertación haya sido Gobierno por casi diez años no es suficiente argumento como para sostener que el marco regulatorio lo heredamos del Régimen Militar. Por tanto, debemos reconocer, como Gobierno y como Concertación, que nos hemos demorado demasiado tiempo, por los temores que nos provoca, traer al Senado un marco regulatorio de corte tan fundamentalista-liberal. Por esos temores, el Gobierno se ha inhibido. Pero no comparto los temores ni las inhibiciones. Porque la verdad es que deberíamos haber hecho este debate hace mucho tiempo. De modo que en ese sentido hay una responsabilidad evidente de éste y del anterior Gobierno, que como hombre de la Concertación asumo.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , se ha sostenido por parlamentarios de la Oposición, tanto en los medios de comunicación como aquí en la Sala, que éste es un mal proyecto. Estoy en absoluto desacuerdo con ello. Creo que es una buena iniciativa para los fines que se persiguen.
Se afirma que lo que al Gobierno le interesaría es que la Derecha rechazara la iniciativa; pero la está votando a favor. Sin embargo, resulta que la Derecha la rechazó en general cuando se votó en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas. Lo que se pretende en el fondo es decir que de alguna manera la iniciativa del Ejecutivo ha sido cambiada en el Senado, lo cual ahora le permite votar.
El proyecto enviado al Parlamento por el Gobierno es esencialmente el mismo que aprobó la Cámara de Diputados y que, con algunas ligeras modificaciones en los dos informes, se nos está proponiendo aprobar en este instante.
Es obvio que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado le hayamos introducido modificaciones. Eso es esencial en el trámite parlamentario. No tendría sentido el que haya dos Cámaras, ni que ingrese un proyecto al Congreso si tiene que ser despachado exactamente igual como lo propone el Ejecutivo .
Lo fundamental son las compensaciones al usuario por cortes intempestivos y por racionamiento; las multas altas y disuasivas de 10 mil UTA, no de 5 mil como propuso la Oposición, ni de mil como lo sugirieron los Senadores de ese sector en las Comisiones unidas; el reclamo expedito y con consignación de un porcentaje de la multa, para evitar abusos respecto de los reclamos; el racionamiento parejo; las facultades reales de la Superintendencia; la forma como se trata la fuerza mayor, y la interrupción de los suministros para no justificar el incumplimiento. Todas esas materias que constituyen las ideas fundamentales del proyecto han sido aprobadas.
Y quiero dar una prueba más: la mayor parte de las disposiciones acogidas en las Comisión unidas, lo fueron por la unanimidad, después de varios días de discusiones y votaciones.
Finalmente, deseo aclarar algo que se ha sostenido en la Sala -sé que ningún señor Senador lo manifestó-, en el sentido de que se han supuesto intenciones, y de que unos estamos a favor de los usuarios y, otros, de las empresas. Así fue aseverado públicamente por un Diputado de Renovación Nacional , quien señaló que sospecha los motivos por los cuales los señores Senadores de su partido votan en contra del proyecto o le ponen objeciones. Eso no lo hemos dicho nosotros.
Voto a favor.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , uno de los graves problemas que enfrentan los consumidores nacionales es la falta de regulaciones y de arbitraje en los consumos masivos y necesarios, especialmente, en productos correspondientes a servicios de uso público. Sólo por estas consideraciones, un proyecto como el que nos ocupa, aunque insuficiente, permite resguardar los derechos de los sectores de medianos y bajos ingresos.
Estoy cierto de que habría sido de gran utilidad, en este momento, poder exigir la unión del Sistema Interconectado del Norte Grande con el Sistema Interconectado Central, como lo ha señalado muy fundadamente el Senador señor Núñez .
Hoy, en el norte, existe un sistema seguro y con capacidad de trasladar la energía eléctrica sobrante a la zona central norte, y dejar liberado el consumo del SIC en ese sector, con lo cual habría una mejor utilización de la potencia integral instalada.
Basta leer algunas de las revistas publicadas el año pasado. Tengo en mi poder la denominada "Electricidad Interamericana", de julio de 1998. Señala que Electroandina tendrá un excedente de 152 megawatts, más allá de la capacidad instalada; GasAtacama, 510 megawatts, y GENER , 520 megawatts.
La misma revista, en su edición de mayo del año pasado, informa que un representante de Electroandina sostuvo que la construcción de una sola línea, cuyo costo total agregado al proyecto, "incluyendo las tres subestaciones y las ampliaciones de las ya existentes, asciende a US$ 95 millones. La línea propiamente tal tiene un costo cercano a los US$ 50 millones y el resto se destinará a las demás instalaciones, incluyendo los equipos de compensación serie.".
Esto es importante. Dice textualmente: "La idea" -reitero que esto es de mayo de 1998- "es comenzar con las obras durante el mes de agosto y ponerla en servicio en noviembre o diciembre de 1999.
"El gerente del proyecto reveló que el negocio para Electroandina consiste en que a través de la línea se conforma" -¡escuchen bien, señores Senadores!- "un solo sistema eléctrico en todo Chile, "lo que permite que la sobreinstalación que existiría en el norte se distribuya en el resto del sistema".". Añadió, además, que se "podrá llegar con precios de energía competitivos incluso hasta la zona de La Serena. Explicó que el menor precio que la compañía puede ofrecer se debe a que está más cerca de esa zona que los actuales abastecedores y utiliza un combustible barato que es el gas natural.".
Han ocurrido diversos problemas entre las empresas, lo que ha retrasado este proyecto. Por cierto, algunos sectores del Gobierno han contribuido a postergar la solución del problema al no exigir con decisión que tales empresas lleven adelante la unión entre el Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central.
A mi juicio, éste es un elemento indispensable, pues, si se hubiesen ejecutado tales proyectos oportunamente, el país no estaría sufriendo los problemas de cortes de energía y de racionamiento que hoy día nos afectan.
Finalmente, deseo señalar que la iniciativa fue mejorada sustancialmente cuando, en su aspecto formal, se rechazó un segundo encasillamiento del personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que no resguardaba el sacrificio y la competencia de sus profesionales y fiscalizadores. Gracias a un acuerdo con el Gobierno, no se insistiría en esta materia, ya que el encasillamiento anterior se había realizado hace menos de dos años. Si se hubiese aprobado en forma acelerada el que se planteó, habría significado rebajas de grados y emolumentos para dicho personal.
Ese personal -que es idóneo, de vasta experiencia y que ha llevado adelante su labor con gran dignidad y sacrificio- no se merecía el tratamiento dado en el proyecto que ingresó a las Comisiones del Senado. Nos alegramos de que el Gobierno haya retrocedido en su posición en este aspecto, permitiendo que tales funcionarios puedan contar con estabilidad laboral, a fin de entregar la capacidad que siempre han demostrado.
Voto que sí.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , la pregunta fundamental que sigo formulando es por qué razón ha habido tanta premura en legislar sobre un tema fundamental para el desarrollo del país.
La experiencia indica que las soluciones que deben tomarse en un período de crisis deben ser correctivas de la situación que afecta en ese momento, y bajar su nivel a un rango manejable, entendible y, sobre todo, razonable. No cabe duda de que legislar en crisis -es decir, tomar medidas a largo plazo durante ella, puesto que tal es la definición de "legislar en crisis"- es una muy mala solución al problema, porque se comienzan a vulnerar diversas garantías y derechos fundamentales, como lo han expuesto algunos señores Senadores.
Luego de escuchar al señor Ministro , queda claro que en la actualidad no hay premura en legislar; pero se ha sostenido que debe procederse así. No se ha cambiado la urgencia, porque, evidentemente, hay un compromiso político detrás, el cual, sin embargo, es de corto plazo, y comprendo que así sea. ¿Y qué pasa con el país de los próximos años? ¿Qué pasa con el Chile del futuro?
Esta situación me permite sostener que lo grave, lo delicado, es legislar en tiempos de crisis, porque las soluciones no van a ser las mejores para el futuro de Chile. Sólo se soluciona el problema del momento, del instante. Ahora hay poder eléctrico, ahora no hay corte de luz ni tampoco racionamiento, y si los hubiere, hay una economía voluntaria. Por ello, insisto: desaparece la urgencia y, al no haberla, se podría avanzar en conversaciones para elaborar un excelente proyecto que, junto con proporcionar a la Superintendencia los elementos de fiscalización necesarios, cautele los intereses de los privados que están trabajando en esta área y los de todos los chilenos.
Creo que la sostenida oferta de energía eléctrica es condición fundamental para mantener un alto crecimiento y desarrollo del país, y eso permitirá mejorar el nivel de vida de nuestros compatriotas, disminuir la pobreza y generar nuevas fuentes de trabajo. No entender esto significa no entender tampoco la demanda energética que requerirá Chile.
Comprendo que aquí hay una intención buena, pero hay una mala ejecución. Sin embargo, como se trata de aportar aspectos positivos, y como en la discusión particular se corregirán algunos puntos delicados, voto a favor de la idea de legislar.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, la verdad es que no había intervenido en el debate, pero lo he seguido poniendo toda mi capacidad en entender los argumentos que se han estado entregando.
Como muy bien dijo el Honorable señor Valdés , si alguien creyera que el país nos estaba escuchando, experimentaría cierto grado de perplejidad respecto de los argumentos utilizados. Yo no pretendo calificar a nadie. Lo único que quiero es establecer que la situación que aborda el proyecto surge por una emergencia o una crisis que no fue adecuadamente prevista por los distintos actores. Con ello no pretendo sacar dividendo político de naturaleza alguna, pero es un hecho evidente que el país se vio enfrentado a una sequía; que la capacidad en manos de empresas privadas de generar la energía para un servicio básico de la población estaba fallando; que había elementos que, desde el punto de vista del manejo económico de estas empresas, dejaba al descubierto que en algún momento podían prevalecer intereses relacionados con el legítimo lucro de la empresa frente al también legítimo derecho de los usuarios a prender o apagar la luz en el momento en que sus domicilios lo necesitasen.
Aquí se ha esgrimido el argumento de que el proyecto violentaría derechos constitucionales. No lo creo así. Se ha dicho igualmente que la premura del tiempo nos impide legislar en forma adecuada. A mi juicio, éste es un paso incompleto, pero, obviamente, es una señal ante la comunidad y el país en el sentido de que servicios de utilidad pública, cualesquiera que sean sus propietarios, el Estado o empresas privadas, deben responder a lo que significa el marco de utilidad pública. Por lo tanto, es necesario establecer regulaciones, controles, fiscalización y mecanismos de defensa, sobre todo en beneficio de los que son más débiles en este sistema.
Algunos alegan que las empresas generadoras pueden ser condenadas a tener que depositar multas, lo cual involucra la sentencia anticipada de un juicio. Pero yo pregunto ¿quién defiende al consumidor anónimo que se siente absolutamente inerme ante el corte que le anuncian, corte que se prolonga y que muchas veces le genera alteraciones incluso en su salud, en sus estudios o en su actividad cotidiana? Quienes estamos en el Senado tenemos la obligación de mirar el interés colectivo, no sólo lo que pudiera ser el legítimo interés de una empresa, que tendrá la capacidad de contratar buenos abogados y concurrir a todas las instancias de los tribunales, y que, si tiene la razón, probablemente obtendrá un fallo favorable.
Pero aquí estamos ante una necesidad de la población, y eso es lo que realmente nos obliga a votar a favor de esta iniciativa. Me alegro de que Senadores que han manifestado su discrepancia y su opinión divergente hayan concurrido a la votación en general aduciendo que esto es razonable, y que más allá de buscar responsabilidades determinadas, lo que importa es generar el cuadro, el clima y los instrumentos jurídicos y técnicos que permitan entrar a paliar una situación de carencia que en nuestro país está dada por lo que es la debilidad de los mecanismos de control o de fiscalización de aquellos elementos que significan no sólo la utilidad pública, sino también la defensa de los consumidores. En su nombre, porque son ellos quienes nos han elegido para estar en esta Corporación, con los votos que aquí representamos, brindo mi apoyo al proyecto, y anuncio mi voto favorable a la integridad de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo .
El señor PARRA .-
Señor Presidente , ha resultado difícil separar el proyecto que estamos votando de la coyuntura que vive el país en materia de energía. Sin embargo, hay que tener presente que estamos votando un proyecto de ley de efectos permanentes, y en ese entendido la iniciativa representa un claro perfeccionamiento del marco regulatorio que entre nosotros tiene la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Ello, en primer lugar, porque perfila adecuadamente la naturaleza del servicio, como servicio de utilidad pública que es. En segundo término, porque el otorgar al Estado efectivas posibilidades de regulación hace factible que el bien común y el interés general sean oportunamente cautelados. Y finalmente, porque contempla mecanismos que permiten precaver y superar situaciones de déficit que se presenten en el futuro.
No cabe duda de que el proyecto no resuelve todos los problemas. Él constituye hoy una señal que espero resulte positiva. Las empresas deben saber que el Congreso Nacional no las ha sometido a juicio. Aquí no hay un cambio en el sistema que se estableció en el D.F.L. Nº l, de 1982, desde el punto de vista estructural y funcional. Y deben saber que el país espera que, en el marco que se está definiendo, ellas realicen el esfuerzo de inversión que les permita responder a las expectativas nacionales. Pero también los consumidores deben tener la tranquilidad de que no seguirán estando en el mismo grado de desprotección en que hasta ahora se han encontrado. Y en el futuro será mucho más fácil que hoy hacer efectivas las responsabilidades de Gobierno, del aparato público, que carecía hasta el presente de muchas facultades que ahora se le están entregando y que eran fundamentales para que cumpliera debidamente su responsabilidad y su compromiso con el bien común.
Por otra parte, no comparto las objeciones de constitucionalidad que se han hecho en la Sala, particularmente respecto de la consignación, por la propia naturaleza de ésta. Se trata de un requisito, como muchos otros establecidos por tantas leyes para poder intentar recursos. No se trata, por lo mismo, de una limitante que imposibilite el acceso a la Justicia y la interposición de sus recursos. Aprobado este proyecto, nos quedan muchas tareas pendientes. Ha dicho muy bien un señor Senador que la iniciativa en discusión abre el debate, instala el debate, y espero que seamos capaces de seguirlo, tal vez en un ambiente de menor presión y de mayor cordialidad que el que ha rodeado la tramitación y votación de este proyecto. Faltaría a un imperativo de conciencia si no valorara, como miembro que fui de las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, el esfuerzo honesto hecho por todos sus integrantes para llegar a un proyecto que realmente nos interpretara e hiciera posible esta votación unánime que en este momento se produce.
Más allá de las tensiones que puedan haber surgido en este debate, rescato ese esfuerzo y ese espíritu, porque es el que nos permite responder a las expectativas del país.
Voto que sí.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, lamento el hecho de que un señor Senador en el fundamento de su voto haya repetido expresiones injuriosas vertidas por un Diputado en contra de Senadores de estas bancas.
Enseguida, me voy a abstener en la votación general del proyecto que nos ocupa. Aunque creo que hay mejorías con relación a la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados respecto al debido proceso, a que se regulan en mejor forma las atribuciones del Superintendente, a que se hace justicia en otros temas puntuales, pienso que hay razones para abstenerme de votar ahora. Primero, por la intransigencia del Ejecutivo en términos del plazo para discutir de buena forma este proyecto. Y, segundo, porque, como lo señalé en la mañana, había dos temas gruesos donde teníamos discrepancia con el Gobierno. Uno de ellos es el relativo a los clientes libres. Y quiero rectificar la información proporcionada por el Ministro Presidente de la Comisión de Energía en lo que representa este sector en el consumo de energía total del país: los directos de generadoras constituyen el 30 por ciento; los clientes de Chilectra, 5 por ciento; los clientes de otras distribuidoras 4 por ciento, lo que hace un total de 39 por ciento, y no dos tercios, como señaló el señor Ministro . Y la energía de clientes regulados alcanza a 61 por ciento.
Creo que la explicación que el señor Ministro dio a la inquietud planteada por el Senador señor Díez no es suficiente. No basta con reducir proporcionalmente por generadora, y que todas reduzcan lo mismo, aunque puedan distribuir entre sus clientes libres en forma arbitraria el déficit producido por el racionamiento. Este tema debiera ser global entre las generadoras, porque algunas están más restringidas y otras tienen más holgura para llevar adelante una negociación con los clientes libres. Y el ideal sería que todas, en un mecanismo de mercado, entraran a negociar con los clientes libres también en forma global.
El otro punto que estimo importante, donde también ha habido intransigencia y falta de voluntad por parte del Gobierno, reiterada por las opiniones de muchos Senadores de la Concertación, es el que dice relación al artículo 99 bis, donde surge el problema de la retroactividad de la norma.
Creo que el Ejecutivo piensa que sólo con "garrote" hará a los actores energéticos multiplicar la electricidad en el país. Y ésa me parece una visión equivocada. Estimo que en el mediano plazo la falta de voluntad del Ejecutivo para definir ciertas situaciones de justicia, como aquellas consideradas en el artículo 99 bis, desalentarán inversiones en el sector, al mismo tiempo que, en el corto plazo, a mi juicio, abundarán, por la falta de definición de la norma, los recursos en los tribunales de justicia. Porque, además -como lo señaló otro señor Senador - ella vulnera garantías constitucionales, particularmente la contemplada en el artículo 19, Nº 3º, de la Constitución Política, relativa al libre acceso a la justicia, y la del artículo 19, Nº 26º, concerniente a que ningún precepto legal puede vulnerar un derecho en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
Creo que por la reiteración de indicaciones señalada por algunos Senadores de las bancas del frente, estamos ante un proyecto que por sí mismo vulnerará derechos y, al mismo tiempo, dejará en la incertidumbre a los actores que participan del sector energético del país.
Por lo expuesto, me abstengo.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, debo aclarar que en las Comisiones unidas voté en contra la idea de legislar respecto de este proyecto.
Ahora, la iniciativa ha sido modificada en aspectos muy fundamentales. Aquí un Honorable colega ha dicho que éste sería el mismo proyecto rechazado por algunos Senadores en las Comisiones unidas. Y debo señalar que esta iniciativa es totalmente distinta. La precisión de las atribuciones que se ha hecho a la Superintendencia es de tal manera significativa que sólo a modo de ejemplo quiero leer una norma que contenía el proyecto recibido de la Cámara de Diputados. El número 34, sobre atribuciones, propuesto en la letra k) del artículo 1º, decía que sería atribución de la Superintendencia "Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, y fijar normas para los casos especiales que se presenten y no estén expresamente contemplados en dicha normativa". Es decir, eran de tal manera discrecionales y arbitrarias las atribuciones que se le entregaban, que realmente estábamos creando un órgano legislador en el propio Superintendente.
Ha sido -como señalé- radicalmente modificada la norma, lo cual hace atendible la aprobación del proyecto. Sin embargo, y anunciando mi aprobación a él, debo indicar que falta corregir defectos que tiene la iniciativa. Esperamos que en la discusión particular podamos hacerlo, y ojalá pudieran agregarse elementos para suplir las carencias de que adolece.
Como defecto esencial quiero identificar el tema de los clientes no regulados o libres.
Aquí hemos oído del Ministro señor Landerretche que no habría problema, pues la norma que se propone permitiría una flexibilidad en cuanto a que no exigiría que el racionamiento, en caso de requerirse, fuera igual para todos.
Quiero señalar que hay generadoras que tienen solamente clientes no regulados o libres, y, en consecuencia, la posibilidad de flexibilidad entre sus clientes es cero. Por lo tanto, con esto quiero rectificar la explicación dada por el señor Ministro , y que puede llevar a confusión a Sus Señorías. Si la generadora tiene clientes regulados y no regulados puede disponer de cierta flexibilidad para asegurar el abastecimiento de aquella empresa productiva combinando con un mayor racionamiento regulado de manera de producir el efecto de respetar la producción. Cuando la generadora tiene sólo clientes no regulados o libres no es posible la flexibilidad a que hizo referencia el señor Ministro .
Por consiguiente, esta cuestión debe ser corregida.
Finalmente, quiero señalar que el proyecto tiene una carencia fundamental: no contiene los incentivos para salir airosamente de la crisis actual. Sí los tiene para que ella se evite en el caso futuro. Pero -reitero-, para la actual crisis no los posee, porque, desgraciadamente, está amarrado a la declaración del Presidente de la República en cuanto a que no habría alza de tarifa en caso alguno. Y en una situación de déficit como la actual, con la normativa vigente, lo único que nos podría sacar de esto sería estableciendo premio al ahorro y desincentivo al consumo respecto de aquel margen que hoy día no es posible producir.
Hechas esas consideraciones, voto que sí.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , al igual que otros Honorables colegas, siento en verdad el ambiente que ha rodeado el debate público en relación con este tema, y que ha imperado también en la tramitación de esta iniciativa.
Al parecer, los tiempos políticos están llegando prematuramente a nuestra patria. Lamento que esto suceda, y particularmente que algunas autoridades no sean, precisamente, el ejemplo de moderación y prudencia que las circunstancias aconsejan.
Me parece que un proyecto de esta naturaleza debe considerar los intereses generales del país y de su población, y no ser utilizado para intentar convencer a la opinión pública de que unos u otros son responsables de determinada situación.
A mi modo de ver, este proceso ha sido mal conducido y coordinado. Ello no sólo alcanza a algunos casos puntuales de empresas que han entregado información errónea, sino básicamente a autoridades que tienen la obligación de prever situaciones con diligencia y buen juicio.
No me detendré a analizar completamente esta iniciativa, porque ya lo han hecho con mucha propiedad varios Honorables colegas, como la señora Matthei y el señor Díez . Sin embargo, quiero referirme a ciertas prevenciones de carácter constitucional, como las manifestadas por el Honorable señor Chadwick .
El artículo 39 de la Carta Fundamental establece que "El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública.".
Luego, el artículo 41, número 9º, del Texto Fundamental, dispone: "Una ley orgánica constitucional podrá regular los estados de excepción", etcétera.
De tales disposiciones se desprende que no existe otra opción legislativa para limitar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que la señalada en el citado artículo 30, y que la ley que regula los estados de excepción debe tener carácter orgánico constitucional.
Así, por lo demás, se ha pronunciado el Excelentísimo Tribunal Constitucional en diversas sentencias.
En suma, resulta que las leyes que permiten afectar el ejercicio de los derechos y garantías que la Carta asegura a las personas deben revestir rango orgánico constitucional.
El proyecto que fortalece la facultad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contiene dos normas que limitan el ejercicio de los derechos de las personas: el ARTÍCULO 2º, número 2), que reemplaza el artículo 99 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos; y el ARTÍCULO 1º, número 2), letra l), que agrega un número 37, nuevo, al artículo 3º de la ley Nº 18.410, Orgánica de la ya mencionada Superintendencia.
Ambas disposiciones se refieren a un decreto de racionamiento en caso de producirse o proyectarse un déficit de generación en un sistema eléctrico. Este decreto, que es un acto administrativo, importa por sí solo afectar el ejercicio de varias garantías constitucionales. Por de pronto, la libertad de ejercer cualquier actividad económica lícita, garantizada tanto a las generadoras como a las distribuidoras y consumidores en el artículo 19, Nº 21º, de la Constitución. También, el derecho de propiedad, que implica usar y gozar libremente de los bienes propios y que garantiza a todas las personas -generadoras, distribuidoras, consumidores, etcétera- el artículo 19, Nº 24º, de la Carta Fundamental.
Sobre el particular, el fallo del Excelentísimo Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 1994 es revelador de tal situación.
Sin perjuicio de lo ya señalado, el artículo 99 bis, inciso quinto, en su texto aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado, que establece: "En todo caso, el ejercicio de acciones jurisdiccionales para alegar caso fortuito o de fuerza mayor, no obstará al pago de las compensaciones previstas en este artículo.", por sí mismo reviste carácter orgánico constitucional, conforme a las disposiciones ya señaladas.
Finalmente, deseo manifestar que no es posible tramitar dentro de una legislación de esta naturaleza una materia que afecta al personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A mi juicio, ésta deber debe ser tratada en forma independiente y con la razonable prudencia para un sector que merece respeto en el país.
Voto afirmativamente.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , iniciaré esta breve intervención señalando que la crisis que vive Chile ha posibilitado la discusión sobre un proyecto de esta naturaleza.
No cabe ninguna duda de que en condiciones normales habría sido absolutamente imposible para el Senado aprobar una iniciativa tendiente a entregar facultades a un organismo como la Superintendencia del ramo para que cuente con los recursos, los medios y, sobre todo, las atribuciones para enfrentar un proceso que, de por sí, es difícil y complicado.
Respecto de las responsabilidades, varios señores Senadores se han referido al tema. Yo coincido plenamente con ellos en cuanto a que éstas son compartidas. Las empresas eléctricas tienen responsabilidad, porque no están ejerciendo una actividad económica en un sistema normal. Se trata de un servicio público de vital importancia en nuestro país, tanto para las empresas que funcionan con esa energía como para los usuarios. Por lo tanto, el empresariado debe tener especial cuidado en mantener las normas mínimas que exige un servicio de esa naturaleza.
Más allá de la falta de atribuciones de las autoridades de Gobierno, no cabe duda de que han pasado muchas cosas en los últimos tiempos. La sequía que enfrentamos se veía venir hace un par de años. Hay estudios que indican que existían condiciones climáticas que anunciaban dificultades de ese tipo.
Por otra parte, se ha avanzado en cuanto a lograr un cambio en la generación de electricidad. Chile ya no se apoya, fundamentalmente, en las centrales hidroeléctricas y, en adelante, nunca volverá a hacerlo. En el futuro, las hidroeléctricas serán auxiliares, pues las fuentes principales de generación eléctrica provendrán de centrales térmicas, sean a gas u otro combustible.
En este tipo de actividad, obviamente el Estado tiene un rol que jugar. En mi opinión, el mercado no debiera resolver ciertos problemas, como lo hizo, por ejemplo -y ésta es una crítica objetiva al Gobierno de la Concertación-, cuando el Estado permitió a los privados, irrazonablemente, decidir por dónde traer gas al país. Ésa debió ser una función estatal, independiente de que se entregue a aquéllos las concesiones, construcciones de líneas y operación de las centrales. Pero la determinación del trazado del sistema de abastecimiento de gas para el país, del cual va a depender fundamentalmente el sistema eléctrico y, por ende, el funcionamiento de importantes industrias y, desde luego, el bienestar de los consumidores, no es algo que debió resolver sólo el mercado. Por ello, estimo que al Gobierno le faltó capacidad para ejercer su función orientadora en el establecimiento de mecanismos para el abastecimiento de gas, permitir que los empresarios hicieran las inversiones y, finalmente, para que operen los equipos.
Entonces, lo que está en crisis aquí, a mi juicio, es el modelo que planteó las privatizaciones de empresas de servicio público sin establecer los resguardos adecuados. Y, desgraciadamente, hoy lo seguimos haciendo. Así lo señalé al discutirse el proyecto de las sanitarias. Sobre el particular, no me pareció razonable avanzar en la privatización de esas empresas sin haber, primero, discutido el marco regulatorio, ya que, de otra manera, nos encontraremos con problemas que debemos enfrentar sólo cuando se producen las crisis.
Esto se evita entregando a los organismos pertinentes los mecanismos, atribuciones y recursos para que efectivamente se resguarden los derechos de la comunidad. El Estado está para garantizar el bien común, y esto se logra otorgando a quienes supervisan a las empresas privadas en actividades de servicio público las facultades necesarias para que velen por los intereses de la población. Los derechos de los usuarios son los que se han visto afectados por este tipo de improvisaciones.
Voto a favor.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , seré muy breve.
Votaré afirmativamente la iniciativa. Sin embargo, luego de escuchar algunas de las intervenciones en el debate público de esta tarde, tengo la sensación de que de repente se cambian los niveles y criterios sobre cuya base se plantea el proyecto.
Un debate como el de que se trata, que lleva ya alrededor de dos meses planteado en la opinión pública, a mi juicio presenta dos aspectos. El primero de ellos dice relación al tema de fondo que se debe considerar para garantizar la energía en Chile, el cual es un asunto de seguridad.
Y la verdad es que si no se hubiera suscitado la crisis actual, evidentemente, no se habría llegado a discutir la cuestión, a pesar de que sigue pendiente el hecho de que un país no puede hallarse sujeto en forma exclusiva al mercado de una energía, como ha ocurrido hasta la fecha. En ninguna parte del mundo, que sepa el Senador que habla, se registra un sistema de tal debilidad frente a lo que aquí ha pasado en este tiempo. Ningún sistema se aplica sin una regulación que garantice que no tendrá lugar lo sucedido.
No me pronuncio definitivamente sobre lo que acontecerá en adelante con un esquema vertical y absolutamente monopolizado. La privatización jamás se debió llevar a cabo en Chile como se hizo. Y lamento que haya sido así, porque se atenta contra la seguridad nacional.
El segundo punto es cómo enfrentar la crisis. Y en ello pueden asistir responsabilidades a distintos entes. Pero la primera responsabilidad, realmente, radica en el modelo implantado en los últimos 15 años. Y mientras eso no cambie es obvio que nos hallaremos en una debilidad permanente, intrínseca y que le es propia.
Ahora bien, en cuanto a lo que hoy sucede y a cómo se encara una crisis, todos tenemos responsabilidades. Hace mucho tiempo que se dijo al Gobierno -y lo señalé en más de una oportunidad, sin ser especialista, sino simplemente por sentido común- que era necesario disponer de una política de energía de largo plazo, para lo cual se debía recoger la participación de toda la gente. Incluso, en alguna oportunidad se planteó en el Senado la celebración de una sesión para tal efecto, lo que no fue lo suficientemente exhaustivo.
También ha existido debilidad, a lo mejor, para no haber actuado hace cuatro o seis meses, cuando en la prensa se pidió que comenzara el razonamiento, porque era evidente que venía y, también, que se estaban agotando las fuentes, como lo expusimos varios Parlamentarios a raíz de la exigencia a que eran sometidas las aguas del Laja, lo que en definitiva ha provocado lo que se conoce.
Pero venir a sostener, como he escuchado -y por ello intervengo dos o tres minutos-, que toda la responsabilidad nace de la actitud del Gobierno me parece, francamente, que es hacer referencia al último eslabón de lo que sucede y ocultar lo que ocurrirá en adelante o lo que pasó.
Se emiten opiniones diferentes porque se sustentan visiones distintas del modelo. Obviamente, alguna gente y varios señores Senadores, estimando tener toda la razón, consideran estupendo un sistema privado como el aplicado en Chile, desde 1980 a 1985, en toda la organización de la energía.
No comparto ese juicio, porque estimo, honestamente, que los frutos que hoy se observan son la consecuencia de la imprevisión, de falta de sentido solidario, de una carencia de sentido de bien común, de una exigencia excesiva relacionada con la posesión de las aguas. En la Región que represento ha surgido una discusión increíble entre los regantes y la ENDESA, por la distribución de las aguas del Laja, en circunstancias de que ellas son del país. Y no se puede aplicar una política como la actual ni sobre la electricidad ni sobre las aguas, en lo que el Estado debe contar con participación, en lo que debe funcionar una junta de vigilancia, sin que se pueda usar los bienes de Chile con un sentido de posesión que no corresponde a lo que Dios nos entregó.
Por tales razones, voto a favor, pero quería dejar establecido mi punto de vista.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , el debate escuchado hoy me induce a traer a comentario en el Honorable Senado el famoso informe de los siete sabios de Europa, emitido recientemente a requerimiento de los Jefes de Estado de ese continente, quienes les pidieron emitir un juicio acerca de la necesidad de defender un sentido social para sus pueblos. En ese extraordinario documento les señalaron a los gobernantes de los países miembros de la entonces Comunidad Europea que no desmantelaran el estado de bienestar, porque allí es donde encontrarían las bases de la defensa fundamental para conceptos de plena validez. Éstos se aplican hoy en esa parte del mundo, señores Senadores, y, deplorablemente, cuando nos atrevemos a mencionarlos aquí pareciera que se estuviera diciendo una monstruosidad.
La verdad es que la defensa de un auténtico sentido servicial; la concepción de un servicio público que entraña que el Estado deba, inexorablemente, preocuparse de los asuntos que atañen a la colectividad y el tipo de servicios de los cuales hemos venido ocupándonos en estos días son tan consustanciales al Estado, que no se concibe que sean entregados en plenitud a privados. Y, si sucede lo contrario -porque también ello puede ser razonable-, el Estado debe contar con la posibilidad de asumir las funciones que le corresponden y de recuperarlos cuando la actividad privada no los haya cubierto bien o haya demostrado ineficiencia o ineficacia en el cumplimiento de la gestión.
Pero se suele encontrar una suerte de desregulación o de intento de desregulación que inquieta, o, también, un intento de monopolizar. Con fundamento, la Honorable señora Matthei -y puede tener la certeza de que la seguiré incansablemente en esa línea- se halla dispuesta a luchar a fin de que los monopolios no se consagren en sectores con proyección para el interés común en nuestra patria.
Por lo tanto, creo que en el ámbito que menciono es donde se halla la raigambre esencial de esa facultad que ni siquiera se pierde en los Estados mínimos, como es la necesidad de mantener una regulación que fije normas para que los privados necesariamente cumplan los cometidos que les son entregados por la vía de las concesiones.
Pero, naturalmente, lo anterior de manera alguna puede llevar a admitir lo que entraña la modificación de derechos consagrados al amparo de las normas constitucionales y que ningún intento de regulación puede, sencillamente, arrasar. Por ello, hago mías las inquietudes de los Honorables señores Díez y Chadwick al plantear cuestiones de inconstitucionalidad especialmente en el orden de los pagos que, a título de anticipo, de adelanto, o como quiera llamársele, se pretende exigir para poder entablar reclamaciones ante eventuales multas o sanciones que el Estado imponga en uso de la facultad de regulación.
No comparto en absoluto el pensamiento sustentado sobre el particular por mi querido colega y amigo el Senador señor Parra, lo que demuestra que los radicales sabemos discrepar entre nosotros mismos, porque somos esencialmente demócratas.
La posibilidad de que tales derechos sean en cierta medida retenidos, restringidos o limitados y se exija el pago de garantías, a título de depósito, para que se pueda intentar la reclamación ha sido ya desechada en el mundo entero. Hay centenares de fallos del Tribunal Constitucional de España, del italiano, del francés, que la descartan, porque significa, evidentemente, vulnerar derechos fundamentales reconocidos por la norma constitucional.
Termino, señor Presidente, diciendo que por todos estos antecedentes apruebo en general el proyecto. Pero me asiste la esperanza de que de alguna manera se puedan modificar normas que no son buenas para el desarrollo de las instituciones en nuestra patria.
Cuando estamos desarrollando y perfeccionando un Estado de Derecho, es bueno que la evolución de las instituciones se ajuste por entero a las normas que la Carta Fundamental establece.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , en razón de que los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han abundado y profundizado sobre los distintos aspectos de este proyecto de ley -que se presenta a destiempo, descoordinado, con amplia publicidad y con obligada celeridad para legislar, aunque no se solucionará de inmediato la crisis que nos afecta, como se ha pretendido convencer a los conciudadanos-, me referiré solamente a algunos aspectos puntuales que me inquietan y preocupan.
En efecto, sin perjuicio de que estimo imprescindible para el país mejorar y perfeccionar el actual marco regulatorio del sector eléctrico, aun cuando no creo que las modificaciones propuestas en esta iniciativa sean las más determinantes para estos efectos, anuncio mi voto favorable a la aprobación en general, en el sólo entendido de que el fortalecimiento de la función fiscalizadora del Estado puede ayudar al mejoramiento del sistema eléctrico para evitar crisis como la actual, problema que los dos últimos Gobiernos no fueron capaces de prever.
No me ha parecido prudente la calificación de "discusión inmediata" que ha dado el Ejecutivo a este proyecto, pues ha obligado a la Cámara de Diputados y al Senado a trabajar con una agilidad y rapidez que no se compadece con la importancia de las materias que se están regulando, ni se condice con la prolijidad que siempre debemos tener en el momento de legislar en situaciones que afectan a todos los habitantes del país.
La normativa en debate presenta una serie de deficiencias técnicas y, en varios aspectos, se advierte una abierta inescrupulosidad y ligereza hacia el respeto que el legislador merece en el análisis adecuado de legislaciones que puedan afectar derechos y garantías constitucionales, especialmente los de los trabajadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, tengo reservas sobre ciertos incisos de los artículos 4º y 99 bis, acerca de los cuales se han presentado indicaciones para la discusión particular.
Voto a favor.
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El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Informo a los señores Senadores que, una vez terminada la votación en general, se procederá a rendir homenaje al fundador de la Orden de los Hermanos Maristas, Padre Marcelino Champagnat, con motivo de su canonización. Ruego a Sus Señorías tenerlo presente. Y a quienes se encuentran en las tribunas, les solicito un poco de paciencia, pues faltan pocos minutos para el inicio del homenaje.
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El señor URENDA.-
Señor Presidente , comprendo que a estas alturas del debate, en que existe agotamiento y que al parecer el ambiente estuviera cargado de "electricidad", no son muy convenientes discursos largos, ni la expresión de muchas consideraciones. Entonces, me limitaré a plantear aspectos puntuales, algunos de los cuales podrían ser marginales.
En primer término, no me agrada el precedente que se quiere sentar, en cuanto a que, si algún señor Senador posee una acción de una sociedad que está comprendida dentro de una actividad que va a ser regulada, eso pueda considerarse como un motivo para inhibirse de participar. El artículo 8º del Reglamento del Senado se refiere a "interés directo". Y, a mayor abundamiento, su inciso segundo señala que este impedimento no se aplicará jamás cuando se trate de regular una actividad. Y estamos en presencia de una legislación que fortalece el régimen de fiscalización del sector eléctrico. A ello, cabría agregar que, si extremamos la nota en cuanto a interés, al leer el proyecto nos encontramos con que contiene normas que establecen bonificaciones o compensaciones a los consumidores -calidad que todos tenemos-, y que, si dicha causal fuera invocada, haría imposible este debate.
En segundo lugar, debo lamentar -y unir mi opinión a lo que en este sentido ya se ha expresado en la Sala- que esta iniciativa se tramite con urgencia calificada de "discusión inmediata". Parece curioso que en una actividad que ha sido exitosa en Chile por muchos años, que se ha desarrollado bien, que ha permitido el enorme aumento de la capacidad eléctrica instalada y que ha creado empresas aptas para extenderse en el continente, la improvisación y falta de previsión de circunstancias lógicas obligue a que una materia que puede ser trascendente deba tratarse con tanta urgencia, con el riesgo de incurrir en importantes errores de orden constitucional y práctico, impidiendo de alguna manera la participación y el aporte efectivo de todos los Senadores, quienes prácticamente nos hemos impuesto hoy día de los antecedentes.
Frente a esta campaña relacionada con multas más altas o más bajas, desde luego quiero desvirtuar el concepto de que desde estas bancas se ha pretendido rebajarlas, en circunstancias de que se ha querido establecer regulaciones armónicas, que guarden relación con la falta de que se trata.
Por otra parte, no parece lógico "medir" el patriotismo de la gente en función de pedir multas más altas o más bajas. Lo trascendente es establecer un sistema lógico, armonioso, que permita cumplir las funciones y que, obviamente, eleve sanciones meramente teóricas, pero que ello no conduzca a que las multas puedan ser aplicadas sin sujeción a criterio alguno y dentro de márgenes enormes.
Frente a las exigencias para reclamar, deseo hacer presente que, más allá de los aspectos procesales analizados acá -hemos asistido a un interesante contrapunto entre dos distinguidos Senadores-, me preocupa que incluso el propio Jefe del Estado haya menospreciado de alguna manera a quienes hacen valer un recurso legal en un momento dado. Estamos en un Estado de Derecho, y siempre el afectado debe poder interponer los recursos que la ley le franquea. Lo demás puede conducirnos a circunstancias que ninguno de nosotros desea.
Por último, junto con hacer mías las prevenciones formuladas por la Senadora señora Matthei y los Senadores señores Bombal y Díez , y reconociendo el enorme esfuerzo de las Comisiones unidas y el gran mejoramiento del proyecto, y en la esperanza de que las normas que otorgan atribuciones al Superintendente sean aplicadas con prudencia, voto a favor.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , no soy técnico en esta materia, pero he asistido durante varios días a un debate muy intenso tanto en las Comisiones unidas como en la Sala, y hay bastantes cosas que me sorprenden.
En primer lugar, me sorprende que algunos representantes de la Oposición critiquen en forma tan demoledora el proyecto presentado por el Ejecutivo y que después voten a favor la idea de legislar. No me parece coherente. Asimismo, me sorprende que los representantes de las empresas hagan esa misma crítica tan acerba. Pocas veces he presenciado un ataque tan fuerte y tan unánime a la iniciativa por parte de todas las empresas. No hubo una sola voz que señalara que hay un artículo interesante o un progreso, como si se tratara básicamente de un resguardo frente a algo que podría venir en contra de sus legítimos intereses. Me parece que eso no habla bien -por lo menos a mi juicio- de la alta función que cumplen esas empresas en cuanto a prestar un servicio público.
Respecto a los criterios que han regido la acción del Gobierno, deseo señalar que le reconozco mucha competencia, sobre todo de los encargados de llevar adelante el asunto, que han tenido que sortear dificultades muy grandes. Pero no cabe duda de que hubiera sido mejor que el Ejecutivo actuara antes y con mayor prontitud. En ese sentido, este debate debió haberse promovido con anterioridad en la opinión pública y el Senado.
¿Por qué me sorprende también tanta pasión al discutir este proyecto? A mi juicio, no es porque ciertos discursos captarán más votos que otros o porque un titular en la prensa diga: "La Oposición hace esto y el Gobierno hace lo otro". Tal vez, se debe a que este tipo debates tocan el núcleo central de los problemas que enfrenta la sociedad moderna y que puede sintetizarse en una pregunta: ¿hasta dónde llega la empresa privada, la regulación y la transnacionalización de todo ello?
Hace poco decíamos con mucho orgullo: "Es verdad que viene el gasoducto desde Argentina", pero no nos preocupamos porque hay inversiones chilenas en el área de la energía eléctrica en ese país. Hoy día todo es español. Entonces, ya no se trata sólo del problema de privatizar o no privatizar, sino de qué corresponde hacer al Estado chileno frente a empresas multinacionales, a grandes flujos de capitales y a decisiones que nos trascienden. Tal vez, por esa tremenda inseguridad que todos sentimos cuando no disponemos de instrumentos para resolver las dificultades, nos recriminamos mutuamente. Unos dicen: "Hay demasiado Estado y, a lo mejor, puede actuarse con arbitrariedad". Y otros señalan: "Es que la empresa privada". Y después resulta que no se decide en ninguno de estos sectores, ni las regulaciones tampoco sirven de mucho. Y el proceso se nos escapa, poniendo en jaque muchas de nuestras certidumbres.
Señor Presidente , creo que este proyecto, que aumenta las facultades fiscalizadoras, es un paso adelante. Sin embargo, echo de menos dos cosas: primero, no hay una transformación importante del CDEC. Eso va a estar en el nuevo reglamento, que debió entrar en vigencia en mayo; pero no sé hasta qué punto dicha modificación reglamentaria es suficiente. Y segundo, hay obviamente un vacío en la legislación chilena -quizás, no era momento de abordarlo- respecto del problema de los monopolios en esta área, es decir, la integración vertical y todo lo que eso implica. Y todos hemos visto cambios muy sorprendentes en la Comisión Resolutiva Antimonopolios.
En cuanto a las objeciones de constitucionalidad planteadas por los Senadores señores Chadwick y Romero , en realidad no las advierto. No creo que -y la verdad sea dicha-, por efectuarse una consignación antes de que termine un juicio, se atente contra los derechos de igualdad ante la ley, ni tampoco que en esta reglamentación haya una lesión fundamental de derechos. Si así se estimara, lo lógico es recurrir al Tribunal Constitucional. En mi opinión, es importante clarificar este punto en esta Sala, porque si tales reparos son serios, es conveniente que ese Tribunal zanje en definitiva la cuestión.
Me pronuncio a favor.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (40 votos por la afirmativa y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo de votar el señor Pérez.
___________________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo acordado por los Comités, en este momento corresponde rendir homenaje al fundador de la Orden de los Hermanos Maristas, padre Marcelino Champagnat, con motivo de su canonización.
HOMENAJE EN MEMORIA DE PADRE MARCELINO CHAMPAGNAT CON MOTIVO DE SU CANONIZACIÓN
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , al inicio de estas palabras, debo señalar que este homenaje lo rindo no sólo a título personal, sino también en nombre de los Senadores de Renovación Nacional e Independiente y en el del Comité Unión Demócrata Independiente, según me lo solicito especialmente el Honorable señor Chadwick.
Honorable Senado, estimados amigos, Hermanos, profesores y jóvenes maristas que hoy nos acompañan:
El 18 de abril recién pasado fue canonizado en Roma el sacerdote fundador de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, o Hermanitos de María, don Marcelino José Benito Champagnat . Se trata de un santo con un mensaje actual y moderno, modelo de educador y apóstol de los jóvenes.
Vino al mundo en Marlhe, Francia, en una época de profundos cambios, el mismo año de la Revolución Francesa, ya que su nacimiento se produjo el 20 de mayo de 1789, siendo el menor de una familia de diez hermanos. De su padre, comprometido con los ideales de la revolución, heredó su amor al trabajo y su espíritu emprendedor. Su madre y su familia, en cambio, cultivaron en él la piedad, la caridad cristiana y la devoción mariana.
Convencido de su vocación, ingresa al Seminario Menor de Verrières y, luego, al Seminario Mayor de Lyon, siendo ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816. Con algunos compañeros del Seminario, funda una asociación que se denominará "Sociedad de María", proyecto al que incorpora la presencia de Hermanos para educar a los jóvenes.
Nacían entonces los Hermanos Maristas. San Marcelino supo dar una respuesta concreta, con un apostolado de vida, a un problema latente de su época: la grave falta de educación para los jóvenes. Fue la semilla de una congregación que cuenta actualmente con 4 mil 942 integrantes; están presentes en 74 países de los cincos continentes, dedicados fundamentalmente a la hermosa misión de educar a la juventud.
En Chile, 83 Hermanos Maristas dirigen y orientan 12 establecimientos educativos de enseñanza básica, media y técnico-profesional, donde se forman y educan más 13 mil alumnos y alumnas de distintas procedencias, compartiendo la tarea en tales planteles con cerca de un millar de profesores laicos y funcionarios.
Además, es motivo de especial orgullo que prestigiosos e importantes establecimientos educacionales de los Hermanos Maristas se encuentren ubicados en la Quinta Región, en especial en comunas y provincias que tengo el honor de representar en el Senado. Tal es el caso, por ejemplo, de las ciudades de Villa Alemana, Limache, Quillota y Los Andes, las cuales se ven favorecidas por los seguidores modernos de la inmensa obra de San Marcelino Champagnat.
Digamos, asimismo, que en Los Andes se funda, en 1911, el primer colegio marista de nuestro país: el Instituto Chacabuco. Ello fue posible en virtud de un acuerdo convenido entre el Asistente General de la Congregación, el hermano Michaelis -vino especialmente de Francia para tales efectos-, con el recordado Arzobispo don Juan Ignacio González Eyzaguirre . Posteriormente, en 1913, se fundaría el Instituto de Quillota, que tomaría el nombre de su gran bienhechor, don Rafael Ariztía , a partir de 1931. En esta ciudad, construida con cariño, se forma en 1934 un asilo de huérfanos, el cual posteriormente, en 1944, pasaría a denominarse Diego Echeverría , que sigue entregando una excelente educación técnico-industrial.
Más nuevos son el Colegio Champagnat de Villa Alemana, fundado en 1960, y el Instituto Santa María de Limache, abierto en marzo de 1971 en el mismo lugar donde desde 1944 funcionaba el Seminario Menor Marista.
Pero la obra marista también está presente en el resto del país. Así, podemos nombrar al Instituto San Martín, de Curicó; al destacado Instituto O'Higgins, de Rancagua; al Instituto San Fernando , de la localidad del mismo nombre; al Instituto Alonso de Ercilla, de la Capital, y a los colegios de Tocopilla y La Pintana.
Los Hermanos Maristas han estado indisolublemente unidos a la vida de Chile en el presente siglo. Nombres tan ilustres como los de algunos de nuestros pares aquí en el Senado, entre los que se cuentan dos Presidentes de esta Corporación, así como los de los Obispos Moreno y Fuenzalida, se unen a los de personajes públicos conocidos por la ciudadanía en el ámbito de la ciencia, el espectáculo y la entretención para exhibir todos ellos el sello inconfundible de la espiritualidad marista al pertenecer al selecto grupo de más de 35 mil egresados y egresadas que han pasado por sus aulas.
En el plano de las vocaciones sacerdotales, los colegios maristas también han sido fecundos, ya que en sus salas descubrieron el anhelo de entrega al Señor sacerdotes tan distinguidos como Fernando Karadima, Luis Eugenio Silva , Miguel Ortega y Jorge Sapunar , entre otros.
Señor Presidente , la canonización de San Marcelino Champagnat sin lugar a dudas es una muy buena e importante noticia para nuestra Iglesia, para la Quinta Región y para la sociedad chilena. Quiso San Marcelino una comunidad religiosa y educativa fundada en el respeto, la igualdad, el trabajo y la fraternidad, virtudes y valores que cobran plena vigencia en el mundo de hoy.
El ideal educativo de Marcelino Champagnat se resume en "formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos", en tanto que su lema en la relación pedagógica con los educandos fue siempre "Para educar a los niños y jóvenes, es necesario amarlos".
Ese amor infinito expresado a los jóvenes de su época es el mismo que hoy profesan los seguidores de su obra, a quienes hemos invitado y nos acompañan esta tarde en las tribunas del Senado. Es el mismo ideal de vida que le valió ganar la causa de canonización ante la Santa Sede y que hoy permite su veneración en los altares.
San Marcelino murió joven, a la edad de 51 años. Pero su devoción a María , a quien consagró toda su existencia, así como su entrega a la causa de los niños y jóvenes, le ha permitido trascender con creces hasta nuestros días. Estamos ciertos de que sus queridos Hermanos Maristas sabrán mantener vivo el sello propio de una formación educacional que apreciamos a través de los miles y miles de distinguidos profesionales, técnicos y hombres y mujeres de bien que cada año salen de las aulas de esa Congregación para ayudar, con entrega y el desinteresado aporte de sus mejores capacidades, al crecimiento y mejor desarrollo de sus semejantes tanto en Chile como en el Continente y en todo el mundo.
Sea este homenaje, que rendimos con mucho cariño y afecto desde el Senado de la República, un testimonio de gratitud y reconocimiento por la inmensa obra marista en nuestra patria.
He dicho.
--(Aplausos).
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , me ha correspondido participar en este merecido homenaje a San Marcelino Champagnat en una triple condición: hablo esta tarde en nombre de todos los Senadores democratacristianos; del Partido Demócrata Cristiano, del cual soy su Secretario Nacional , y en representación del Presidente del Senado , señor Andrés Zaldívar , ex alumno marista.
Además, intervengo con el sólido conocimiento de la obra que nos ha legado este hombre de Dios en Chile, y más específicamente del conocimiento que tengo de la Sexta Región (a la cual junto con el Senador señor Chadwick representamos en el Senado), cuya juventud se ha visto ampliamente favorecida con la presencia del Instituto O'Higgins y los maristas en las ciudades de Rancagua y San Fernando .
Múltiples factores hacen que la figura de este nuevo santo -canonizado recién el pasado 18 de abril- sea muy cercana para quienes compartimos la doctrina humanista cristiana. Muchos ciudadanos vinculados por una vocación de servicio, comenzando por el propio Presidente del Senado , señor Andrés Zaldívar , se han formado en establecimientos educacionales maristas fundados bajo los principios de Marcelino Champagnat .
Compartimos con los Hermanos Maristas su profunda inquietud por entregar a los jóvenes una formación cristiana, combinando el doble desafío de educar y de entregar sólidos valores morales emanados del Evangelio.
Quizás por esa razón existe entre los Hermanos Maristas y los humanistas cristianos una significativa vinculación con la clase media, ya que ese grupo es el que más claramente comparte una visión de la sociedad como la que luchamos por construir y la que supo fundar Marcelino Champagnat . En esta visión, su base esencial es el permanente desafío de adecuar el mensaje de Dios a la realidad concreta de los hombres. Y, como lo señala el propio lema de este santo francés, nuestra coincidencia reside en el común objetivo de "formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos".
La trascendencia del legado de Marcelino Champagnat queda corroborada con la presencia marista en 74 países de los cinco continentes de la tierra. Casi 5 mil hermanos de la congregación han seguido construyendo a lo largo del tiempo esta obra educacional y misionera en todo el mundo. Y en Chile son más de 35 mil los jóvenes educados bajo el modelo marista. Además del Presidente del Senado señor Andrés Zaldívar , podemos mencionar a los actuales Senadores señores Sergio Díez y Edgardo Boeninger -presentes en la Sala-, así como también al ex Senador señor Nicolás Díaz ; a don Mario Hiriart , quien se encuentra en proceso de canonización; a los Obispos señores Antonio Moreno y Orozimbo Fuenzalida ; a los sacerdotes que ya se han citado, señores Miguel Ortega, Luis Eugenio Silva , Fernando Karadima y Jorge Sapunar ; a los hermanos Emiliano Ortega y Eugenio Ortega , ex ministro de Agricultura del actual Gobierno , y ex Diputado y esposo de la Senadora señora Carmen Frei , respectivamente; a los hermanos Arturo y Lucho Gatica , famosos cantantes chilenos oriundos de la Sexta Región, y a don Sergio Recabarren , ex Ministro del Interior del Presidente Carlos Ibáñez del Campo .
Señalo lo anterior para que los jóvenes que nos escuchan sepan que la formación recibida de los Hermanos Maristas no ha sido en vano, y que muchas de las personas nombradas pueden ser seguidas por quienes en las tribunas de este Hemiciclo o en los establecimientos maristas recojan el mensaje que procuramos entregar esta tarde.
Como muy bien se ha dicho, los Hermanos Maristas llegaron a Chile en 1911, dedicando desde ese mismo momento sus máximos esfuerzos a la tarea educadora. En la actualidad hay más de 80 hermanos, distribuidos en 12 establecimientos, que entregan educación básica, media y técnico-profesional, con el apoyo de sobre mil profesores, a 13 mil 500 alumnos de todos los estratos sociales.
Por esas razones, en diversos estamentos de la comunidad nacional recibimos con particular alegría la noticia de la canonización de Marcelino Champagnat . Y quien habla puede testimoniar que esa satisfacción ha sido profundamente sentida entre quienes comparten los pensamientos y la filosofía del humanismo cristiano, porque implica el reconocimiento de que la Iglesia universal entrega a un hombre que muchos quisiéramos, humildemente, intentar imitar para equilibrar las demandas y enseñanzas del Evangelio con las necesidades concretas del mundo moderno.
Aunque a estas alturas del siglo pareciera que a algunos no les importa la evidente necesidad de dotar a los sistemas políticos y económicos de componentes morales, el ejemplo entregado por Marcelino Champagnat en su propósito de "formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos" sí constituye una de las principales preocupaciones de quienes -sin ánimo partidista, lo declaro- nos consideramos democratacristianos.
En este sentido, es conveniente destacar las palabras del Papa Juan Pablo II en la ceremonia en que canonizó al santo Champagnat: "Gracias a su fe inquebrantable, fue fiel a Cristo incluso en las dificultades, en medio de un mundo que con frecuencia había perdido el sentido de Dios". El Sumo Pontífice agregó que " San Marcelino anunció el Evangelio con un corazón ardiente. Mostró sensibilidad a las necesidades espirituales y educativas de su época, especialmente a la ignorancia religiosa y al abandono que experimentaba particularmente la juventud".
Esa descripción del medio en que le tocó desenvolverse a este religioso se asemeja en algunos rasgos al Chile actual, y ello, más la perdurabilidad de la vocación de Marcelino Champagnat , nos permiten asumir su vida como un modelo para nuestra labor de servicio público.
Quizás, el mejor homenaje que podemos rendir hoy a este nuevo santo de la Iglesia Católica es seguir sus principios de respeto, igualdad, tolerancia, libertad y la permanente preferencia por los más necesitados.
En nombre del Presidente del Senado , don Andrés Zaldívar , y en representación de la Democracia Cristiana y de los Senadores que integran la bancada de nuestro Partido, reafirmamos nuestro compromiso en este sentido y los invitamos a sumarse en la tarea de trabajar junto a San Marcelino en la construcción de un mundo mejor.
He dicho.
-(Aplausos).
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, Honorables colegas, en nombre de los Senadores del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia, nos queremos sumar a las palabras aquí pronunciadas en homenaje al beato, y ahora santo, Marcelino Champagnat.
Me nace decir beato porque estudié tres años en un colegio marista, en Lima, Perú. Y en esa época -han pasado bastantes años- cuánto no rezamos para que fuera santo, lo hacíamos todos los días. Veo que ha transcurrido mucho tiempo, pero nuestros rezos fueron eficaces. Y no podemos sino alegrarnos de que el 18 de abril recién pasado Marcelino Champagnat subiera a los altares como santo de la Iglesia Católica.
Leímos y estudiamos mucho su vida en una revista -quizás algunos la recuerden- que se llamaba "Vidas Ejemplares", donde acostumbrábamos ver cuáles eran las virtudes de los santos, con el afán juvenil muy idealista de poderlos algún día imitar.
De ese paso por el Colegio de los Hermanos Maristas, en Lima, deseo recordar tres cosas que han quedado muy profundamente grabadas en mi espíritu y que, a mi juicio, forman parte también del espíritu en general de la Congregación Marista.
En primer lugar, había una muy férrea disciplina -en esa época, por lo menos, existía; no sé si hoy continúa siendo igual- y, al mismo tiempo, una muy fuerte camaradería con los profesores, especialmente entre los Hermanos y los alumnos, con los cuales nos sentíamos verdaderamente amigos. Es decir, había un equilibrio entre el orden y el sentido humano, un acercamiento entre profesores y alumnos.
En segundo término, existía una gran aplicación al estudio. Se estudiaba mucho. Espero que ello se mantenga igual hoy en los distintos colegios de la Congregación en Chile.
Por último, se inculcaba a los alumnos un muy fuerte sentido religioso y de responsabilidad social, valores que, a mi juicio, son muy importantes en la vida.
Por todo ello -y haciendo recuerdo de esos años de juventud- y por todo lo importante que realiza la Congregación Marista en Chile, rindo este homenaje -reitero- en nombre del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia.
He dicho.
-(Aplausos).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , señores Senadores, estimados ex alumnos, mi homenaje es más bien un homenaje personal, porque no sólo es la manifestación de mi alegría, sino, sobre todo, de mi gratitud.
Los Hermanos Maristas me enseñaron desde mis primeras letras hasta terminar los años de humanidades. No sólo fueron mis profesores en la infancia, sino también mis amigos y mis consejeros en la juventud. Amigos que llenaron mucho vacío en los tiempos en que la soledad producida por la muerte de mi madre me hizo volver los ojos hacia muchos de ellos, que realmente no sólo me dieron su consejo, sino también su compañía y su cariño.
Nunca he tratado de olvidar lo que me enseñaron desde niño: "Todo a Jesús por María ; todo a María para Jesús ". La jerarquía de valores que eso implica es algo que me ha acompañado toda la vida, porque es la religión no sólo hecha redención, sino también hecha cariño y acogida, como nos da la Virgen María y como nos dieron los Hermanos Maristas que nos educaron.
Señor Presidente , tuve la suerte de que mis años de escolar coincidieran con la guerra española. Muchos de los Hermanos maristas que después ejercieron cargos de decanos, rectores de universidades, jefes mundiales de la Congregación, fueron mis profesores, mis consejeros y mis amigos. Guardo un gran recuerdo de ellos, me siento tan parte de la Congregación que casi estaría por agradecer el homenaje en su nombre. Les debo mucho: lo que soy, lo que sé, los valores morales, el ejemplo, los consejos personales, juveniles, familiares.
Por eso, y tomando como modelo lo que a mí me sucedió, creo que en Chile, y también en el mundo, hay miles de hombres a quienes les ha ocurrido lo mismo.
Ellos nos inculcaron que la religión tenía el camino estrecho de respetar los valores tal como son. Nos educaron para acomodar nuestra vida a los valores, y no los valores a nuestra vida. Pero, al mismo tiempo, nos enseñaron no sólo la conciencia social, sino la tolerancia y el respeto a todos. Si hay un colegio en el que recuerdo que no había muchas de las diferencias que desgraciadamente hoy existen en nuestro país, era el de los Hermanos Maristas. En él todos éramos realmente iguales. No existía diferencia alguna entre el hijo del profesional acomodado y el hijo del cartero, del fabricante de ataúdes, o del que sabíamos que era hijo del que barría las calles frente al colegio. Nos sentíamos y éramos todos iguales. Y a pesar del transcurso de los años y de que la vida nos haya tratado de manera diferente, cuando nos encontramos seguimos siendo amigos, porque básicamente entendimos lo que nos enseñaron: había que amar a Dios fundamentalmente a través de los hombres.
He dicho.
-(Aplausos).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Estimados religiosos maristas, profesores, alumnos, ex alumnos de los colegios maristas, para el Senado ha sido un honor y una emoción muy profunda el haber participado en este homenaje que iniciara y programara el Senador señor Romero y al cual adhirieron otros Honorables colegas que, como se ha oído, nos han entregado una importante misión, dados los principios y valores que hemos conocido.
Quién sabe si uno de los aspectos que más destaca de este homenaje es que la Congregación Marista se halla representada en esta Corporación por muchos señores Senadores que fueron ex alumnos de ella y que cumplen las funciones que les demanda el ejercicio de sus cargos, dentro de la heterogeneidad de la acción pública, doctrinaria y política de nuestro país.
Para el Senador que habla constituye una sorpresa lo que hemos escuchado, en cuanto a la presencia de tantos maristas en la Cámara Alta y tal vez -así lo llego a pensar- dicha congregación sea la que tiene más ex alumnos al interior del Senado.
Por encargo del Honorable señor Romero , les haremos llegar las intervenciones escuchadas en este homenaje.
Se suspende la sesión por cinco minutos, para los efectos de despedir a los invitados.
¡Felicidades y muchas gracias!
___________________
--Se suspendió a las 19:46.
--Se reanudó a las 19:54.
___________________
FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS ELÉCTRICAS.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala se votarían en primer lugar las indicaciones referidas a los artículos que exigen quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobados.
Acordado.
A continuación, el señor Secretario dará a conocer esas indicaciones.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Antes debo informar que no han sido objeto de indicaciones los artículos 3º, 4º, 5º y 7º del proyecto, por lo que, de conformidad al artículo 126, el señor Presidente los puede declarar aprobados.
--Se aprueban.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , creo que sería importante considerar lo dicho por el Senador señor Muñoz Barra, en el sentido de votar separadamente algunas materias.
Según entiendo -no sé si lo interpreto bien-, Su Señoría proponía un pronunciamiento separado respecto de las indicaciones del Ejecutivo que dicen relación a la planta del personal.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Está bien, señor Senador ; pero se ha adoptado el acuerdo de votar en primer lugar los artículos de quórum calificado. Y las indicaciones del Ejecutivo no corresponden a dichos preceptos. Inmediatamente después se verán esas indicaciones.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Hay una indicación del Senador señor Horvath referida al artículo 1º, número 10), y es para eliminar la segunda oración del inciso segundo del artículo 19, nuevo.
El señor HAMILTON.-
Se tendrá que votar cuando lleguemos a ese artículo, que es uno de los que exigen quórum especial.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La disposición es de quórum simple; pero la aprobación del artículo requiere de quórum calificado.
El señor HAMILTON.-
Perfecto.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Dicha oración final dice: "Para interponer la reclamación contra una multa deberá acompañarse boleta de consignación a la orden de la Corte, por el 25% del monto de la misma.".
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , ¿la indicación es para eliminar la exigencia de la consignación? Por qué, si en las Comisiones unidas habíamos llegado a un acuerdo tan razonable como el que consistía en fijar ese 25 por ciento que no hace mal a nadie, y da seriedad a la norma. Constituye un filtro para evitar reclamaciones infundadas. ¿Por qué se quiere eliminar una exigencia que se había aprobado por unanimidad?
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
Si el señor Senador insinúa que aprobemos el texto tal cual lo despachamos en las Comisiones de Economía y Minería, unidas, personalmente no tengo inconveniente; pero aprobemos el proyecto entero, y no sólo este artículo.
El señor VIERA-GALLO.-
No. Yo me refiero a esto.
El señor NÚÑEZ.-
Eso me lleva a pensar, señor Senador, que Su Señoría no está esencialmente en contra de la idea de imponer la consignación del 25 por ciento...
El señor DÍEZ.-
No, señor Senador, estoy haciendo honor a una especie de compromiso que el señor Viera-Gallo quiere construir. Si el compromiso es completo, lo respetaré.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sin embargo, señores Senadores, no existen otras indicaciones que no sean las ya presentadas, y la Mesa tendrá que actuar en consecuencia.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath para referirse a su indicación, luego de lo cual procederemos a votarla.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en verdad, durante el debate al menos tres señores Senadores hicieron ver que la consignación previa ante una reclamación de multa no era conveniente, sobre todo, porque desmejoraba la situación de muchas empresas pequeñas. Similar planteamiento se hizo respecto de un caso concreto en que no prosperó: el de las infracciones a la Ley del Tránsito, a cargo de los juzgados de policía local. Hay otros casos en los cuales la consignación previa también está causando problemas: el de la Ley Antimonopolios, donde, ante una multa, hay que consignar el 50 por ciento de la misma para recién atreverse a reclamar. En realidad, este procedimiento contraviene la igualdad de oportunidades ante la ley y perjudica especialmente a las empresas menores, aunque entiendo que en el trámite de la Comisión se redujo la consignación de 50 por ciento a una de 25 por ciento. Además, sé que hay una serie de elementos o circunstancias que se tienen en cuenta en el momento de aplicar una distinta secuencia de sanciones. Pero, así y todo, estimo que esas circunstancias no son suficientes. Por eso presenté la indicación.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Propongo suspender la sesión e ir a una reunión de Comités.
El señor PRAT.-
Creo que valdría la pena, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
El señor HAMILTON.-
No, señor Presidente.
El señor PÁEZ.-
No hay acuerdo.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , quisiera saber si vamos a ver primero las disposiciones que son de quórum especial, tal como se acordó. En lo personal, sugiero seguir el orden del proyecto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, la indicación en debate se refiere a un artículo de quórum especial.
El señor HAMILTON.-
Así es, señor Presidente , pero no al primero de los artículos que debemos tratar.
El señor PIZARRO.-
Efectivamente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Corresponde al acuerdo, señor Senador.
El señor HAMILTON.-
Muy bien.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Consulto al señor Viera-Gallo si reitera su petición de ir a Comités.
El señor VIERA-GALLO.-
No, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En ese caso, procederemos a votar la indicación del Honorable señor Horvath.
Pido autorización a la Sala para realizar una votación económica, a brazo alzado.
El señor BOMBAL.-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor PRAT.-
No hay acuerdo..
El señor NÚÑEZ.-
Votemos no más, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Siendo así, procederemos a votar en la forma acostumbrada.
En votación la indicación del Honorable señor Horvath al artículo 1º, numeral 10) del proyecto.
--(Durante la votación)
El señor BITAR.-
Señor Presidente , votaré en contra de la indicación, en primer lugar, por estimar que lo mínimo que se puede pedir en el momento de aplicar una multa es que se consigne en la Corte el 25 por ciento de la misma. Si no aprobamos eso, todo lo que estamos haciendo acá, lo cual contó también con el respaldo de los Senadores de la Oposición, quedará en letra muerta. Si fijamos una multa y no establecemos ni siquiera un 25 por ciento de consignación, se vuelve absolutamente inoficioso, inútil, ineficaz el trámite que estamos impulsando para inducir a las empresas a invertir. Además, se trata simplemente de una consignación. Si el tribunal da la razón a la empresa, ésta retirará su boleta de consignación y recuperará su dinero. Es un incentivo mínimo, que ya estaba convenido. Francamente, cuesta mucho explicarse hasta qué punto puede llegar la defensa de algunas empresas en el Senado...
El señor PÉREZ.-
¿Se lo puedo contestar, señor Senador ?
El señor BOMBAL.-
Que no se fundamente el voto, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Estamos en votación.
El señor BITAR.-
Por tales razones, señor Presidente, voto en contra de la indicación.
El señor PÉREZ.-
Pido la palabra.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
No puedo darla durante la votación, señor Senador.
Continúa la votación.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , si respecto de cada indicación se va a fundamentar el voto, vamos a salir a las 6 de la mañana; es una cosa loca. Por eso, le sugiero poner en votación económica las indicaciones. No tiene sentido seguir argumentando; ya se ha hecho todo el debate. Las palabras del Senador señor Bitar dan para decirle muchas cosas, pero, por esa vía, podemos estar hasta mañana.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, esta vez vamos a hacer una excepción. La verdad de las cosas es que no debiéramos entrar en debate durante una votación. Sin embargo, creo tener la comprensión de la Sala en este caso. La Mesa considera que lo que dice el Senador señor Bombal es efectivo: si se fundamenta el voto respecto de cada indicación, vamos a estar hasta muy tarde, muchas horas más. Sin embargo, conforme al Reglamento, para modificar el sistema de votación se requiere la unanimidad. La pedí hace unos momentos, pero no existió.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo referirme a un tema reglamentario.
El señor PRAT.-
Pido la palabra.
El señor HAMILTON.-
Estamos en votación, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , me negué a la solicitud de la Mesa porque hay algunos Senadores maristas que no se han reintegrado todavía a la Sala. Creo que una vez que regresen podremos acceder a ella. En este momento nos es imposible.
El señor PÉREZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ.-
Propongo que haya un Senador que defienda cada posición.
El señor HAMILTON.-
No, señor Presidente.
El señor FOXLEY.-
No hay acuerdo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Al Senador señor Bitar le parece extraño nuestro pronunciamiento respecto de esta indicación porque no conoce su historia en la Comisión. Ella respondió a un acuerdo, a un término medio. En todo caso, propongo que la posición de quienes estamos por aprobarla sea defendida en la Sala por el Senador señor Silva, quien fue muy elocuente en esta materia.
El señor PIZARRO.-
Pero si ya hicimos el debate...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , en primer lugar, me parece que cuando regresen los señores Senadores a que se ha hecho alusión debiéramos ir a la votación económica, ojalá lo antes posible.
En segundo lugar, creo que respecto de cada indicación debiera ofrecerse la palabra a alguno de los señores Senadores que la presentaron, y, en seguida, a alguno de los que se oponen a la misma, para después votarla de manera económica.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señor Senador , debo señalar que eso ocurrió en este caso: el Senador señor Horvath defendió su indicación y el Senador señor Bitar manifestó las razones por las cuales votaba en contra.
El señor HAMILTON.-
Lo único que corresponde, señor Presidente , es seguir la votación.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Por lo tanto, mientras no se integren los señores Senadores a que se ha aludido -recojo en este punto las palabras del Honorable señor Prat- continuaremos con la votación, como reglamentariamente corresponde.
El señor HAMILTON.-
Eso, señor Presidente , y no perdamos más tiempo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Insinúo a los señores Senadores que eviten exposiciones muy largas al fundamentar el voto.
Continúa la votación.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , no es procedente hablar de ilegalidad en relación con la multa, porque en toda nuestra legislación hay diversas disposiciones y procedimientos -van desde el recurso de casación hasta los recursos de Impuestos Internos- que contemplan una consignación para poder asegurar la seriedad del recurso. En este caso, se había planteado el 50 por ciento de la multa, lo cual parecía bastante alto, especialmente en las infracciones graves. Toda la Comisión estuvo de acuerdo en rebajar ese porcentaje a 25 por ciento. No me parece que después de haber llegado a ese acuerdo corresponda pronunciarse respecto de una indicación que simplemente suprime la consignación y deja las cosas peor que en la censurable y criticable situación actual.
Voto que no.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , sólo deseo señalar que hallo inaceptable lo expresado por el Honorable señor Bitar, colega como Senador y como ingeniero, y a quien me honro en conocer. Ésta no es una defensa de las empresas, sino de un sistema. En mi opinión, la consignación no es buena ni en la Ley Antimonopolios, ni en la Ley del Tránsito. No tengo acciones de ENDESA. Las pocas que tenía las vendí durante mi campaña para Diputado . De modo que quisiera dejar las cosas en su lugar.
Voto a favor.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , en la Comisión se acordó rebajar a 25 por ciento el monto de la consignación, como producto de una transacción a que se llegó con la Derecha -con los sectores de Renovación Nacional y de la UDI-, que propuso un 5 por ciento.
Cuando se dio a conocer que de las 91 multas que se habían cursado sólo una había sido pagada y que todas las demás estaban pendientes en distintos trámites en el Poder Judicial sin poderse llevar adelante la multa, se acordó no aceptar el 50 por ciento sugerido por el Gobierno, ni el 5 por ciento propuesto por Renovación Nacional y la UDI, sino el 25 por ciento.
Por esta razón, y en atención a que yo mismo propuse el acuerdo del 25 por ciento, voto en contra de la indicación.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi sorpresa frente a la indicación que se ha presentado.
En el difícil trámite que tuvo el proyecto en las Comisiones unidas, fue una indicación mía la que abrió la posibilidad de llegar a una fórmula consensuada y aprobada unánimemente, referida a todo el Título IV de la iniciativa que estamos votando.
La indicación en debate rompe ese acuerdo y deja en el aire el conjunto de proposiciones unánimes que las Comisiones unidas trajeron a la Sala.
Sin duda, el Honorable señor Horvath ha ejercido un derecho que no puedo objetar. Pero, al mismo tiempo, creo que es bueno dejar constancia del tremendo esfuerzo que efectuamos para generar el Título IV, sobre la base de un acuerdo compartido, que hizo posible cumplir oportunamente el trámite que se nos había encomendado. Por eso la indicación no puede sino causarme sorpresa.
Voto en contra.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , comprendo lo señalado por el Honorable señor Parra, pero también se rompió un acuerdo unánime respecto del artículo 99 bis, que rectificó la Comisión de Hacienda.
Desgraciadamente, por tener un pareo acordado con el Honorable señor Gazmuri, debo abstenerme.
El señor PIZARRO.-
Voto en contra de la indicación, en la esperanza de que en el tercer trámite la Cámara de Diputados reponga el ciento por ciento de la consignación.
El señor SILVA.-
Señor Presidente , voto a favor de la indicación, porque, si bien respeto mucho los acuerdos de la Comisión, éstos, aun cuando sean por consenso, no pueden obligarnos en la Sala a tomar posiciones contrarias a nuestros principios y a lo que hemos enseñado invariablemente en la cátedra desde que empezó a declararse inconstitucional en el mundo el denominado principio de "solve et repete", que significa paga primero y reclama después.
Esto ha sido declarado inconstitucional no sólo por el Tribunal Constitucional de España en centenares de casos -y no exagero-, sino también por el Consejo de Estado francés. ¿Por qué, señor Presidente ? Porque se estima que esta obligación, aun cuando todavía existe en algunas leyes de antaño de nuestro país y que no han sido derogadas, rompe una tendencia mundial que significa la garantía del debido proceso.
Por todas estas circunstancias, que son consecuentes con una serie de normas de la Constitución, voto a favor de la indicación.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
El señor LAGOS (Secretario).-
Resultado de la votación: 18 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Horvath, Lagos, Martínez, Matthei, Prat, Ríos, Romero, Silva, Stange, Urenda y Vega.
Votaron por la negativa los señores Bitar, Boeninger, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Viera-Gallo y Zaldívar (don Adolfo).
No votaron, por estar pareados, los señores Ominami y Pérez.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, queda aprobada la indicación.
El señor NÚÑEZ .-
¿Es de quórum esta norma, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El artículo es de quórum de ley orgánica constitucional, pero reglamentariamente la indicación no lo es.
Para aprobar el artículo se requiere quórum de ley orgánica constitucional, y al parecer existe unanimidad para ello.
En todo caso, la indicación al numeral 10) del artículo 1º, que elimina el inciso segundo del artículo 19, está aprobada.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el resto del artículo 19, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron a su ratificación 37 señores Senadores.
Aprobado.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, corresponde pronunciarse sobre una indicación de los Honorables señores Bitar y Muñoz Barra, que tiene por objeto suprimir el artículo 6º, que es de quórum de ley orgánica constitucional. La aprobación de la indicación requiere sólo quórum simple.
El señor LAVANDERO.-
Quiero plantear una cuestión de orden, señor Presidente .
¿Por qué no se vota el artículo? Si no tiene quórum, se rechaza, y si lo tiene, se aprueba. ¿Para qué votar una indicación de quórum simple para pronunciarse después sobre el artículo.
El señor PRAT.-
Podría ponerse en votación económica.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos planteados por el Honorable señor Lavandero. Me parece muy lógico. De esa forma, en una sola votación, resolvemos dos votaciones.
Ofrezco la palabra a alguno de los señores Senadores que presentaron la indicación para eliminar el artículo 6º.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , muy breve.
La verdad es que los Senadores que patrocinamos la indicación pensamos que es inconveniente introducir en un proyecto que tiene una finalidad específica normas establecidas en el Estatuto Administrativo. Si se quieren efectuar algunas modificaciones a los derechos de los empleados públicos, en general, y de los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en particular, podríamos hacerlo, pero con una visión de conjunto, a lo cual estaría dispuesto.
Debo señalar, además, que en el debate de esta indicación, que considero sumamente riesgosa, no han tenido participación los afectados, a pesar de tratarse de una materia muy sustantiva.
Tal es la razón para presentar esta indicación tendiente a eliminar el artículo 6º, que consideramos de sumo riesgo para los derechos alcanzados por los trabajadores chilenos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , seré muy breve. En una política cuyo objeto es aumentar la eficacia y la calidad de la Administración Pública, y que simultáneamente haya trasparencia en los nombramientos, los concursos públicos son una muy sana medida. Y ello es suficiente para sostener un precepto de esta especie.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En votación económica.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , ¿se vota el artículo o la indicación?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El artículo 6º, señor Senador , como lo planteó el Honorable señor Lavandero.
--Se rechaza el artículo 6º (22 votos contra 11).
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , deseo dejar constancia de que estoy pareado con el Senador señor Ominami.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se trata de una norma que requiere para aprobarse quórum de ley orgánica constitucional, por lo que no rigen los pareos. Su Señoría debió haber votado, como lo hicieron los demás señores Senadores.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , no se indicó que era de quórum especial, por lo que el Honorable señor Ominami y el Senador que habla no nos pronunciamos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí se hizo presente, señor Senador. Independientemente de ello, sólo 11 señores Senadores apoyaron la mantención del artículo, lo que significa que no alcanzó el quórum requerido y se dio por rechazado.
No hay más votaciones que requieran quórum especial. Por lo tanto, los señores Senadores que estén pareados deben abstenerse de votar en lo sucesivo.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Indicación de los Honorables señores Stange, Cariola y Prat, para agregar, a continuación del Nº 4) del inciso tercero del artículo 15, sustituyendo el punto y coma (;) por una coma (,), la siguiente expresión: "y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora.".
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
De aprobarse, el Nº 4) quedaría de la siguiente forma:
"4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicios respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas, y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora.".
En discusión.
El señor PRAT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , se trata de una infracción calificada de gravísima. La indicación pretende precisar la tipificación, en términos de que no puede ser aplicada a un caso sino a un número significativo de ellos.
En consecuencia, hemos estimado prudente que 5 por ciento de los usuarios entraría en esa categoría.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , la indicación no presenta contradicción alguna con el espíritu de lo aprobado en la Comisión. Por lo tanto, no hay la necesidad de votarla, ya que solamente pone un número a la norma.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , el espíritu que inspiró a la Comisión no quedó claramente reflejado en el texto.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Estoy de acuerdo con la indicación, señor Senador.
El señor PRAT.-
Entonces, pronunciémonos sobre ella.
--Se aprueba (18 votos contra 9).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, los mismos señores Senadores formulan indicación al número 1) del inciso cuarto del artículo 15, para sustituirlo por el siguiente:
"Hayan causado lesiones graves que no sean las señaladas en el Nº 1 del inciso anterior, o signifiquen peligro inminente para la seguridad o salud de las personas;".
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿Alguno de los autores desea explicar el sentido de su propuesta?
El señor PRAT.-
La vamos a retirar, por imprecisa, señor Presidente.
--Queda retirada.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La siguiente indicación, formulada por los mismos señores Senadores, incide en el número 3) del inciso cuarto del artículo 15, y es para reemplazarlo por el que a continuación se indica:
"Que hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas, afectando a un número menor del 5 % de los usuarios de la empresa infractora;".
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , esto debiera darse por aprobado, porque ya se acordó que son gravísimas las infracciones que afecten a más de cinco por ciento de los usuarios. Es de toda lógica.
El señor PIZARRO.-
Lo que pasa es que la diferencia con las infracciones gravísimas radica en alterar la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio, y lo que se plantea es la posibilidad de poner en peligro el sistema. Tal es la falta, no el número de personas afectadas. Reitero: es el riesgo de poner en peligro el sistema.
Por lo tanto, esta indicación no es válida.
El señor DÍEZ.-
Concuerdo en ello: lo grave es el peligro.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , la intención de la indicación no está expresada debidamente en el texto. Se refiere a que así como la falta gravísima consiste en poner en peligro el sistema, la grave es por afectar a determinado número de usuarios; no un caso puntual, sino que tenga algún grado de significación. Y eso lo recoge al referirlo al cinco por ciento de aquellos. Tiene el mismo sentido de precisar el alcance de la infracción.
El señor DÍEZ.-
Yo puedo medir el daño o la falta, pero no el peligro, de modo que no puedo aceptar la indicación.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , es el mismo criterio, porque si en verdad se está hablando de peligro, y si ponemos además que se trata de menos de cinco por ciento de los usuarios.
El señor PRAT.-
Perdón, es más de cinco por ciento. Está mal hecha la indicación.
El señor BITAR.-
La situación es aún más confusa. Por lo tanto, no conviene.
El señor DÍEZ.-
¡El peligro es imposible de cuantificar! El artículo está bien en la forma como está redactado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , aquí hay dos situaciones totalmente diferentes, como lo señaló el Honorable señor Pizarro. La primera -la infracción grave- era poner en peligro, que es lo que acordamos en la Comisión. Si se pretende complementar lo que se acaba de aprobar, habría que agregarle lo de la indicación, no sustituir el poner en peligro. Ésta sería la única explicación lógica de ella. Sería grave poner en peligro los estándares y, además, lo señalado en la indicación. Obviamente, es un complemento de lo anterior.
El señor PRAT.- Señor Presidente , para respetar el ánimo consensual que está primando en esta sesión, retiro la indicación.
--Queda retirada.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Indicación del Honorable señor Díez para votar separadamente el inciso primero del artículo 99 bis.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , retiro mi petición de dividir la votación, pues estoy de acuerdo con el inciso primero del referido artículo, pero mantengo mi siguiente indicación para votar la frase inicial del inciso segundo.
--Queda retirada.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, el artículo 99 bis ha sido objeto de muchas indicaciones, y debo aclarar que siempre nos estamos remitiendo al informe de la Comisión de Hacienda.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Hay dos indicaciones recaídas en el inciso segundo del artículo mencionado. La primera, del Honorable señor Díez, es para votar separadamente la frase inicial, hasta la expresión "globalidad de sus compromisos".
Y la otra, de los Senadores señores Cariola y Stange, plantea la sustitución del inciso segundo por el siguiente:
"El déficit registrado para las empresas distribuidoras por suministros destinados a clientes sometidos a regulación de precios, deberá distribuirse proporcionalmente y sin discriminación de ninguna especie entre todas las empresas generadoras que las abastecen. Éstas, por su parte, deberán pagar a sus clientes distribuidores o finales sometidos a regulación de precios, cada kilowatt-hora de déficit que los haya afectado, determinado sobre la base de sus consumos normales, a un valor igual a la diferencia entre el costo de racionamiento y el precio básico de la energía, a los que se refiere el artículo anterior. Los clientes finales no sometidos a regulación de precio podrán acordar libremente reducciones de consumo, las que serán transferidas a través de los centros de despacho económicos de carga.".
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , en vista de esta indicación, que no conocía, retiro mi solicitud de votación separada, pues se trata de no afectar con el déficit a los clientes libres.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Entonces, queda retirada la indicación.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , entiendo que hay una indicación específica sobre la materia a que se refiere el Senador señor Díez. Entonces, pido que se lea y luego se vote.
El señor PRAT.-
Es la que se acaba de leer, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, hay dos textos para el inciso segundo del artículo 99 bis. Uno se encuentra en la página 24 del informe de la Comisión de Hacienda y el otro corresponde a una indicación presentada por los Senadores señores Cariola y Stange.
En discusión la indicación.
El señor BITAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , antes de votar quisiera señalar que aprobar esta indicación implicaría que la forma de distribuir proporcionalmente el déficit excluiría a todos los clientes libres, que representan entre el 40 y 50 por ciento del consumo. De manera que la norma se aplicaría únicamente a todos los demás, por lo cual habría un efecto sobre el ahorro bastante más reducido si se aplica una norma de restricción. Es decir, quedaría liberado de esa restricción un grupo. En los últimos días hemos visto que, en parte, la normalidad del abastecimiento se ha debido a acuerdos a que han podido llegar las empresas con los clientes libres, justamente para lograr un abastecimiento más parejo.
Entonces, creo que la indicación saca del sistema a una parte importante de quienes deberían realizar también un esfuerzo y, por lo tanto, comprometería la eficacia de las medidas que se están proponiendo.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , es un juicio prudencial el que señala el Senador señor Bitar. Evidentemente, puede estar funcionando así hoy o, a lo mejor, continúa en los mismos términos. Pero el principio que debemos establecer en la ley es que los clientes libres, que generalmente son las industrias que dan trabajo, no sean afectados, como las viviendas, por el racionamiento. Porque aquéllas garantizan la producción, el costo bajo para la competencia en los mercados internacionales y, sobre todo, asegura el trabajo en ese sector. Sería absurdo que en un pueblo se cortara el suministro de energía a la fuente de trabajo de la gente. Creo que si se consulta a la opinión pública al respecto, manifestaría su preferencia por mantener su empleo, aunque su casa quedara sin electricidad. Éste y no otro es el propósito de la indicación.
El señor BITAR.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor DÍEZ.-
Con la venia de la Mesa, con todo agrado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , los hospitales y quienes operan los semáforos, por ejemplo, pueden no ser clientes libres. Y en estos casos los efectos derivados de la falta de energía pueden ser bastante desastrosos.
El señor DÍEZ.-
Entonces, excluyámoslos también, señor Senador. Ampliemos la indicación a los establecimientos hospitalarios y educacionales.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , no se trata de excluir a los clientes libres, sino de comprarles la energía, al igual como puede hacerse con otra gente. Todas las distribuidoras tendrán déficit, aunque alguna específicamente tenga contratos con una generadora superavitaria. Obviamente, lo que queremos evitar es que Linares quede 24 horas sin luz y que Arica esté 24 horas con luz.
El señor BITAR.-
Arica se abastece mediante otro sistema, señora Senadora.
La señora MATTHEI.-
Entonces, digamos La Serena.
Como las generadoras deficitarias deben pagar el costo de falla, que aproximadamente es cinco o seis veces mayor que el costo normal, en el fondo plantearán a las empresas que puedan ahorrar: "Ahorre y yo le pago seis veces el costo de ese ahorro". Y este tipo de empresas, obviamente, tendrá un incentivo económico enorme para ahorrar. Y, por lo tanto, no es que las empresas no vayan a contribuir. Pero hay algunas que efectivamente no pueden ahorrar nada. Y esta mañana señalé algunos ejemplos, como los altos hornos o algunas industrias a las que se les echa a perder el proceso completo si no cuentan con el suministro eléctrico. Por eso, se da una señal de precio, que es el costo de falla, que es un costo enorme, y con ello la distribuidora o generadora puede decir a los clientes libres: "Si ahorran en el uso de la energía que contrataron, yo les pago cinco veces el costo de lo ahorrado". De manera que sí se incentiva el ahorro entre los clientes libres.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , soy contrario a esta indicación. Entiendo que es un problema complejo, pero me parece que los clientes libres que, en general son los clientes grandes, tienen suficientes elementos de defensa y de anticipación como para que no aparezca razonable -desde luego, por los motivos dados por el Senador señor Bitar- excluirlos de la regla general.
Por consiguiente, solicito que el Ministro señor Landerretche, a quien escuché una explicación muy convincente sobre esta materia, que nos ilustre al respecto.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , el argumento dado sobre el aparato productivo se refiere a unas cuantas decenas de empresas con consumos muy altos. Pero hablamos de que todo el aparato productivo se halla sometido a los cortes que afectan a todo el mundo. Reitero: los cortes lo sufre todo el aparato productivo, excepto los clientes muy grandes, que son los que aquí se excluyen.
En segundo lugar, la posibilidad de aplicar racionamiento a estos clientes no se hace, obviamente, interrumpiéndoles su proceso productivo. Se ha hecho varias veces, y de una manera adecuada, por partes, sin interrumpir sus procesos productivos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , queda claro que la indicación afectará seriamente a los usuarios domiciliarios. Si se aplica una norma de este tipo, es evidente que el 90 por ciento de los chilenos tendrá que mirar primero a los clientes libres para ver si les cortan o no la luz. Aquí no hay absolutamente ninguna norma solidaria. Reitero: con esta clase de preceptos se perjudica a los usuarios domiciliarios.
Por lo demás, el propio Senador señor Díez señaló en las Comisiones unidas que le parecía convincente el hecho de que en la primera parte del inciso -por eso me pareció absolutamente lógica la indicación que primitivamente formuló- se diga que "El déficit registrado en el sistema deberá distribuirse proporcionalmente y sin discriminación de ninguna especie entre todas las empresas generadoras, tomando como base la globalidad de sus compromisos.". Y esto es exactamente lo que manifestó el señor Ministro . Hasta el momento la experiencia indica que con los clientes libres es perfectamente posible llegar a acuerdos para los efectos de no interrumpir su proceso productivo, sin afectar, naturalmente, a los usuarios finales domiciliarios. Entonces, la indicación ciertamente agrava mucho más la situación de estos últimos.
El señor PÉREZ.-
Pido la palabra.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BITAR.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor PÉREZ.-
Con la venia de la Mesa, con mucho gusto, señor Senador.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , sólo quiero decir que los clientes libres son las grandes empresas, pero el grueso del trabajo lo dan las pequeñas y las medianas empresas, que no son clientes libres. Y, por lo tanto, el argumento pierde bastante peso para los fines de la aplicación de la norma.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , la verdad es que los clientes muy grandes son autogeneradores; y muchos de los muy pequeños se encuentran entre los regulados. Y esto afecta al esqueleto productivo medio del país.
Yo trataría de desideologizar la discusión e intentaría buscar un acuerdo.
El señor Ministro dijo que dos tercios de los clientes eran libres. Y la verdad es que los antecedentes de que disponemos indican que son poco menos del 40 por ciento.
El tema planteado por el Ministro -y que tiene razón desde algún punto de vista- ante una sugerencia del Senador señor Díez, apunta a que la restricción se aplique de modo parejo a clientes libres y regulados. Pero, a su vez, quienes entregan energía a los clientes libres pueden discriminar; esto es, a unos se los raciona en 20 por ciento, a algunos en 10 por ciento y a otros en cero por ciento. Pero lo importante es que, en la globalidad, la restricción alcance, por ejemplo, a 10 por ciento. ¿Qué ocurre? Que hay generadoras que tienen mayoritariamente clientes libres y otras que no los tienen mayoritariamente; algunas son superavitarias y otras, deficitarias. Entonces, el ideal es poder globalizar esta restricción y operar con mecanismos de mercado. ¿Qué significa esto? Como explicó la Senadora señora Matthei, implica que se puede premiar a algunos comprando su energía o su ahorro a un precio relativo al costo de falla, considerando que éste es distinto en cada empresa. Las textiles tienen uno; las mineras otro, etcétera. Ahí actuarían los mecanismos de mercado, los que regularían el sistema de mejor forma.
Por eso, señor Presidente , me parece importante que, si está operando, sin restricción, un ahorro de energía,...
Senador señor Pizarro, ¿quiere una interrupción?
El señor PIZARRO.-
No se la estoy pidiendo.
El señor PÉREZ.-
Entonces, ¿por qué no deja que exprese mis opiniones?
El señor PIZARRO.-
No he dicho nada.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Continúe, Su Señoría.
El señor PÉREZ.-
Lo ideal sería que esto pueda globalizarse como un mecanismo de mercado, pues así opera mejor el ahorro voluntario en los contratos entre las generadoras y los clientes libres.
Por último, me parece muy importante lo señalado por el Senador señor Sergio Díez. No comparto la opinión vertida por mi colega y amigo Ricardo Núñez. Aquí se trata de discriminar entre apagar la luz en la casa y apagarla en la fuente de trabajo. Si no hay energía eléctrica en el trabajo, la persona no tendrá recursos para pagar la cuenta de luz de su hogar.
En la Tercera Región, por ejemplo, o en la Cuarta o en la Quinta, hay muchos clientes libres: empresas frutícolas, mineras, etcétera. Nosotros, con esta indicación, estamos amparando al sector laboral, al aparato productivo; defendemos la competitividad del país en el extranjero, y, al mismo tiempo, con mecanismos de mercado globalizado, y sin restricciones obligatorias, estimulamos el ahorro sobre la base del contrato entre las generadoras y sus clientes libres.
Señor Presidente , me gustaría que despolitizáramos este asunto en pos de buscar una mejor solución para la comunidad en general.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , seré muy breve.
Deseo señalar que excluir a los clientes libres, a parte de que no se hizo ni en 1989 ni en noviembre ni ahora en abril o mayo...
El señor PÉREZ.-
¿Por qué no se hizo en 1989, señor Ministro?
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).- Porque las empresas, de motu proprio, se pusieron de acuerdo en incluirlo en el racionamiento, y no tuvimos...
El señor PÉREZ.-
Quizás fue por razones políticas.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El señor Ministro está haciendo uso de la palabra, señor Senador .
Puede continuar, Su Señoría.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
El señor Senador podrá explicar mejor que yo cuáles fueron las razones políticas por las cuales, en 1989, se llegó a este acuerdo entre las empresas. Yo no las podría puntualizar.
Pero lo que sí quiero expresar, señor Presidente , es que excluir a estas empresas, que son las más grandes del país -¡las más grandes!-, implica doblar el racionamiento a los demás. Y el resto...
El señor PÉREZ.-
Señor Ministro , sin excluirlas igual se hace racionamiento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor senador, por favor.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
...de los consumidores, señor Senador, abarca a toda la pequeña y mediana empresa y a la abrumadora mayoría del empleo. No voy a dar cifras, pues no he hecho el cálculo; pero estoy seguro de que ahí se encuentra la mayor parte de las fuentes laborales de Chile.
El señor PÉREZ.-
¿Le puedo hacer una pregunta, señor Ministro ?
¿Qué ahorro se ha producido en estos momentos en los clientes libres a raíz de la reinterpretación o reformulación o repactación de los contratos con sus suministradores de energía?
El señor PIZARRO.-
Votemos, señor Presidente .
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
La consulta del señor Senador es un poco extraña. Empieza diciendo: "a raíz de la repactación de los contratos".
El señor PÉREZ.-
Exactamente. Producto del racionamiento, se repactaron los contratos. Usted mismo lo señaló hace un rato.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
No, no. Lo que yo dije es que, en el marco de los contratos, se estaba haciendo un aporte al racionamiento, ya que existen cláusulas que permiten hacerlo. Y dicho aporte es muy grande.
Pero -insisto- excluir a estos clientes libre implicaría doblar el racionamiento para el resto. Es así de sencillo.
El señor PÉREZ.-
Entonces, ¿para qué aprobamos este artículo, señor Ministro , si los mecanismos están operando?
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, deseo hacer una consulta.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , hace algunos momentos el señor Ministro se refirió a que los clientes libres del Sistema Interconectado alcanzan a dos tercios en las generadoras, en circunstancias de que las informaciones hablan de que ellos corresponden a 30 por ciento. ¿Cuál es la información real? El señor Landerretche siempre ha aludido a dos tercios y los antecedentes de algunas fuentes indican que se trata de 30 por ciento. ¿Con qué cifra nos quedamos?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¿Quiere responder, señor Ministro ?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Sí, señor Presidente .
Lo que ocurre es que se ha estado hablando de números y de consumo. Nuestra estimación indica que, si se excluye a los clientes libres, se duplica el racionamiento para el resto. El 30 por ciento corresponde a los clientes libres sólo de las empresas generadoras.
El señor PÉREZ.-
Más los de las empresas distribuidoras.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, la Mesa no le ha otorgado el uso de la palabra.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
No. El 30 por ciento corresponde a los clientes libres de las empresas generadoras. Es un dato que entrega el CDEC todos los días.
Si las empresas generadoras no incluyen a sus clientes libres, las distribuidoras tampoco lo harán, porque simplemente son clientes libres que compiten con los otros. Entonces, en definitiva, tenemos un volumen mucho mayor.
Reitero: nuestra estimación señala que se duplica el racionamiento para el resto si se excluye a los clientes libres.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En votación económica la indicación para sustituir el inciso segundo del artículo 99 bis aprobado por la Comisión de Hacienda.
--Se rechaza (21 votos contra 8 y una abstención), y con la misma votación se aprueba el inciso segundo del artículo 99 bis propuesto por la Comisión de Hacienda.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , ¿cómo queda el texto?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se mantiene el de la Comisión de Hacienda.
El señor LAGOS (Secretario).-
Tocante al inciso cuarto del artículo 99 bis del informe de la Comisión de Hacienda, hay dos indicaciones.
Una, de los Senadores señores Ominami, Hamilton, Lavandero, Silva y Matta, para sustituir la primera parte del referido inciso cuarto, hasta el primer punto seguido, por lo siguiente: "Para los efectos de este artículo, las situaciones de sequía o las fallas de centrales eléctricas que originen un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de un decreto de racionamiento, en ningún caso podrán ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito,".
Hay otra indicación, del Senador señor Díez
El señor HAMILTON.-
Votemos la primera, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ambas están relacionadas.
Veamos el texto de la segunda indicación.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La otra indicación, del Honorable señor Díez, es para votar separadamente en el citado inciso cuarto la frase: "requiriéndose un tercer factor de déficit de gran significación para que adquiera tal categoría.".
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en términos prácticos, es más simple decir que nuestra indicación busca restablecer el texto original del Ejecutivo , aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría.
--Se aprueba.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¿El señor Senador Díez retira su indicación?
El señor DÍEZ. -
Sí, señor Presidente .
--Queda retirada la indicación.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ahora pasamos a las indicaciones del Ejecutivo.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite, señor Presidente ?.
El señor RIOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , deseo consignar mi voto negativo a lo que se acaba de aprobar, en relación con el hecho de que, por un lado, se suprime la expresión "por sí solas", pero, al mismo tiempo, otro sector del Senado ha sido partidario de eliminar la frase añadida en la Comisión de Hacienda: "requiriéndose un tercer factor de déficit de gran significación para que adquiera tal categoría". Dado que por lo menos desde la bancada de la Oposición se ha sostenido en el debate el criterio, primero, de incluir las palabras "por sí solas", y que ahora, frente a la versión aprobada en la Comisión de Hacienda, se está de acuerdo en excluir ambas cosas, cabe hacer presente que con esto último no queda clara la idea que en dicha Comisión se quiso dejar perfectamente establecida en el sentido de que no constituían fuerza mayor ni caso fortuito el que se registraran, simultáneamente, fallas de centrales y sequía, y de que se necesitaba...
El señor CHADWICK.-
Tiene toda la razón.
El señor BOENINGER.-
... la concurrencia de un tercer factor.
Al ser suprimidos los dos elementos que señalo, se genera una ambigüedad. Y creo que, entonces, respecto de la intencionalidad de la Cámara de Diputados, la norma es menos de lo que ésta aprobó. Dejo constancia de ello.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , ¿ya se votó, o no?
El señor BOENINGER.-
He hecho presente lo anterior porque estimo que el Senador señor Ominami, al menos, se ha equivocado en la indicación...
El señor PÉREZ.-
Terminó la votación, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se dejará establecido lo expuesto por el Senador señor Boeninger.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Solicito treinta segundos para formular una petición a la Mesa.
La verdad es que el tema es complejo, que se juegan distintas alternativas y que los argumentos hechos presentes son bastante razonables. Pero en aquello de lo uno por lo otro estamos quedando con un texto bastante pequeño y pobre. Por lo tanto, deseo pedir, para mi mejor gobierno, que se lea cómo queda la primera parte del inciso cuarto.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
El inciso cuarto, con la indicación aprobada, dice, en su parte inicial:
"Para los efectos de este artículo, las situaciones de sequía o las fallas de centrales eléctricas que originen un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de un decreto de racionamiento, en ningún caso podrán ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito.".
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Muchísimas gracias.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, el Ejecutivo formula indicación para intercalar al artículo 99 bis el siguiente inciso quinto, nuevo:
"En los casos no previstos"...
El señor PARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
La indicación no lo dice, pero debe entenderse, sin duda, que el inciso sugerido reemplaza al propuesto por la Comisión de Hacienda.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Es nuevo.
El señor PARRA.-
Resulta evidente que ocurre lo que señalo. Es preciso optar por uno u otro.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Primero se dará cuenta de lo planteado por el Ejecutivo y luego podrá reiterar su aclaración, señor Senador.
El señor LAGOS (Secretario).-
La norma a que hice referencia es del tenor siguiente:
"En los casos no previstos en los incisos anteriores, la empresa generadora respectiva podrá solicitar a la Superintendencia que efectúe la declaración prevista en el Nº 11, del artículo 3º, de la ley orgánica de dicho servicio, para que compruebe si el déficit del sistema se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor. La Superintendencia deberá pronunciarse en el plazo máximo de diez días.".
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , la indicación no sustituye el inciso quinto acogido en la Comisión de Hacienda, porque trata un tema totalmente diferente: establece el procedimiento de reclamación aprobado para las compensaciones en el caso normal, fuera de racionamiento. Eso es todo lo que hace.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Constituye, entonces, un inciso absolutamente nuevo.
Ofrezco la palabra.
El señor DÍEZ.-
Entiendo la explicación del señor Ministro , ¿pero no se reemplazará, en todo caso, el inciso quinto, relativo al ejercicio de acciones jurisdiccionales?
La señora MATTHEI.-
No.
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).-
No.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
--Se aprueba.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
El inciso quinto del artículo 99 bis...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ahora ha pasado a ser sexto.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
... dice:
"En todo caso, el ejercicio de acciones jurisdiccionales para alegar caso fortuito o fuerza mayor, no obstará al pago de las compensaciones previstas en este artículo.".
Hay una indicación, en primer lugar, del Honorable señor Díez, para votar separadamente ese precepto.
Otra, de los Senadores señores Cariola, Stange y Fernández, propone suprimirlo.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , habiendo acabado la compensación, ¿no corresponde, simplemente, votar en contra, para que exista armonía en la norma?
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , estimo que el inciso debe ser eliminado, porque si se ejercen acciones jurisdiccionales lo lógico es que el juez resuelva si se debe pagar o no. No veo por qué el pago debe efectuarse antes de su decisión.
El señor HAMILTON.-
Se trata exclusivamente de las consignaciones. Y, lamentablemente, como se acogió por un voto la indicación primera que discutimos en el sentido de que no habrá...
El señor DÍEZ.-
No. La disposición se refiere a las compensaciones.
Se ha establecido un procedimiento rápido y se contará con 30 ó 60 días. Lo coherente...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, hay una indicación del Ejecutivo, también, sobre el mismo texto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Lo que ocurre es que la indicación del Ejecutivo votada recién tiene una segunda parte que no ha sido objeto de pronunciamiento, a la que precisamente alude el Honorable señor Díez. Sugiero que esta última, que efectivamente garantiza un procedimiento expedito, sea sometida a la consideración de la Sala, luego de lo cual efectivamente carece de sentido, de acuerdo con el sistema de compensaciones, lo aprobado en la Comisión de Hacienda.
El señor DÍEZ.-
Perdón, señor Ministro . Entendí que se había acogido la proposición globalmente, en sus dos números.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
No fue así, señor Presidente .
El señor DÍEZ.-
Tiene razón.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En efecto, no se puso en votación lo expuesto por el señor Ministro .
Corresponde resolver, entonces, sobre el número 2) de las indicaciones del Ejecutivo.
El señor LAGOS (Secretario).-
Se trata de agregar, en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:
"La impugnación judicial se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 18.410.".
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¿Se daría por aprobado?
Aprobado.
Se entiende, entonces, que el texto del actual inciso quinto desaparece.
El señor DÍEZ.-
Exactamente.
El señor PRAT.-
En el informe de Hacienda.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Muy bien, así se procedería.
El señor BITAR.-
¿Por qué no lo aclaramos, señor Presidente ? Pienso que hay confusión.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La indicación del Ejecutivo agrega al inciso quinto la oración a que se hizo referencia; no lo sustituye.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , el procedimiento que se introduce es muy rápido, y por lo tanto ya no existe aprensión por parte del Gobierno respecto de las compensaciones.
El señor BITAR.- Señor Presidente, entiendo que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo agregan dos textos; no se elimina el actual inciso quinto.
El señor PRAT.-
El señor Ministro expresó que sí.
El señor BITAR.-
Perdón, para que hagamos bien las cosas, me parece que el actual inciso quinto pasa a ser innecesario al aprobarse las dos indicaciones del Ejecutivo. Pero deseo que quede claro que ellas no lo reemplazan y, por lo tanto, también habría que acordar la eliminación del actual inciso quinto.
El señor DÍEZ.-
Así es, señor Senador.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Eso fue exactamente lo que planteó la Mesa.
Señores Senadores, para los efectos de aclarar lo resuelto, la Mesa entiende que con la aprobación de las indicaciones del Ejecutivo la Sala está eliminando el actual inciso quinto.
Así se acuerda.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente , el Nº 2 de la indicación del Ejecutivo no señala eso. Dice:
"2) Para agregar en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso sexto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración.".
Es decir, la indicación del Ejecutivo supone que se mantiene el actual inciso quinto en la forma en que lo despachó la Comisión de Hacienda.
El señor PÉREZ.-
Ya lo resolvió el señor Ministro .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Senador señor Hamilton, ya está aclarado lo que Su Señoría señaló.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
A continuación hay una indicación de los Honorables señores Boeninger, Páez, Hamilton, Foxley y Stange para reponer el último inciso del artículo 99 bis aprobado en las Comisiones de Minería y de Economía, unidas, del Senado, en los siguientes términos:
"Las transferencias de energía que se produzcan en un centro de despacho económico de carga, resultantes de la dictación de un decreto de racionamiento, también se valorizarán al costo marginal instantáneo aplicable a las transacciones de energía en el sistema, el que en horas de racionamiento equivale al costo de falla.".
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Senador Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Se trata de una indicación aprobada en las Comisiones de Economía y de Minería y Energía, unidas, pero en la Comisión de Hacienda se detectó un error de redacción y una redundancia. Posteriormente se corrigió la redacción defectuosa y, además, se entendió que en realidad resulta conveniente, porque es fundamental evitar ciertas conductas de generadoras deficitarias, las que han sostenido públicamente que no pagarán el costo de falla en el caso de horas de racionamiento. De manera que se trata de un instrumento indispensable para hacer eficaz la ley.
Puedo extender mi explicación de ser necesario, pero me da la impresión de que hay consenso sobre la materia.
El señor DÍEZ.-
¿El señor Ministro está de acuerdo con la indicación?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Sí, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Entonces, la aprobamos, señor Presidente.
El señor PRAT.-
Hay acuerdo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
El señor PÉREZ.-
Tengo una opinión discrepante, señor Presidente , pero como estoy pareado no puedo votar.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se aprueba la indicación.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Por último, hay una indicación del Senador señor Canessa para añadir el siguiente artículo final nuevo:
"Las normas de la presente Ley tendrán una vigencia de dos años, contados desde su fecha de publicación".
El señor CANESSA.-
Pido la palabra.
El señor PÉREZ.-
¿Y qué sucederá después, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Si se comprobara en el camino que una ley aprobada -es la regla general- adolece de deficiencias, bueno, se modificaría. Pero no se puede sentar el precedente de estar aprobando proyectos que rijan por períodos cortos. Eso me parece un despropósito.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Canessa. Después lo hará el Senador señor Lavandero.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , en la mañana propuse esta indicación. Su fundamento apunta a que, dada una situación de emergencia, se están tomando medidas que más tarde pueden no resultar adecuadas, cuando la situación se normalice. Por eso estimo razonable que las que hoy se adopten tengan una vigencia de dos años, a fin de analizar entonces sus efectos con mayor calma y resolver en definitiva.
De ese modo se armoniza la necesidad de una legislación de emergencia ante la crisis eléctrica y las aprensiones que ha generado el proyecto.
Es lo que propuse. Y creo que es lógico.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , esta indicación es inconstitucional, por la siguiente razón.
No existe autorización para que un Parlamentario formule una indicación que permita derogar una planta de funcionarios. El artículo 4º, ya aprobado, la establece, y no se puede aprobar una planta por dos años y después suprimir los cargos que existen.
Por lo tanto, la indicación es absolutamente inconstitucional, señor Presidente.
El señor HAMILTON.-
No sólo es inconstitucional, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
A la Mesa no le parece así.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , de acuerdo con el artículo 62 de la Carta Fundamental, efectivamente es inconstitucional en lo que respecta a la planta, pues como Parlamentarios carecemos de iniciativa para modificar esa materia en lo propuesto por el Presidente de la República .
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra.
El señor HAMILTON.-
Además de eso, aquí se ha discutido si esta ley en proyecto sirve o no para la actual crisis. Yo creo que sí. Sin embargo, se ha tramitado para prevenir y aplicarla en eventuales futuras crisis como ésta.
Por consiguiente, no tiene sentido que pongamos un plazo de vigencia a la normativa. Y si en la práctica resultara -como señaló el Honorable señor Boeninger- que alguna de sus normas no funciona como se ha pensado, entonces se propondrá la modificación, en el momento oportuno.
En consecuencia, pido que se rechace la indicación por inconstitucional, y además por inconducente.
El señor CANESSA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Retiro la indicación.
El señor DÍEZ.-
Es absolutamente inadmisible, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tengo mis dudas sobre eso, Su Señoría.
Como la indicación ha sido retirada, queda despachado el proyecto.
--Se aprueba en particular el proyecto y queda despachado en este trámite.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, puede ocurrir que haya que constituir una Comisión Mixta. Por eso, es necesario que dejemos establecido quiénes serán los representantes del Senado en ella.
El señor HAMILTON.-
Seguramente va a ir a Comisión Mixta, señor Presidente, por el asunto de las consignaciones.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La opinión del Presidente del Senado es que la integren los miembros de la Comisión de Minería y Energía, lo cual propongo a la Sala.
El señor BITAR.- De acuerdo, señor Presidente.
El señor PRAT.-
Que sean los integrantes de la Comisión de Economía, señor Presidente . El proyecto corresponde a esta Comisión, pues viene con la firma del Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , pertenezco a la Comisión de Minería, y nada me gustaría más que fuera como Su Señoría lo propone. Pero la línea que ha seguido el Senado en esta materia apunta a que todo lo que se refiere a energía en materia minera -por decirlo de alguna manera- vaya a la Comisión de Minería.
El señor PRAT.-
¡Regulaciones!
El señor PÉREZ.-
Y todo lo que involucra electricidad sea visto por la de Economía.
Por ello, propongo seguir esta línea y que integren la Comisión Mixta los miembros de la de Economía.
El señor HAMILTON.-
Los problemas de energía y minería corresponden a la Comisión respectiva.
El señor PÉREZ.-
Si nos atenemos al mensaje, debemos nombrar a los miembros de la Comisión de Economía.
El señor PRAT.-
Se fija un marco regulatorio y trae la firma del Ministro de Economía .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, si nos ordenamos resolveremos el tema. Pero si cada una de Sus Señorías habla sin pedir la palabra, sin duda alguna que resulta más complicado.
Si observo que no llegaremos a un acuerdo en este asunto, que es una eventalidad, ya que a lo mejor no hay Comisión Mixta, evidentemente, deberemos dejarlo para otra ocasión.
Sin embargo, efectivamente, este proyecto trae la firma del Ministro de Economía . Por tal motivo, parece lógico que integren dicha Comisión los señores Senadores de la de Economía, en representación del Senado.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , deben ser los miembros de la Comisión de Economía.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , no tomemos la decisión ahora, porque correspondería que fuesen los Senadores que participaron en las Comisiones unidas.
El señor PIZARRO.-
¿Por qué no resolvemos inmediatamente el asunto?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se adoptará la determinación en otra oportunidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:20.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción
subrogante