Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO QUE MODIFICA DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.
- INTEGRACIÓN
- Dario Paya Mira
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Rodolfo Seguel Molina
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Marina Prochelle Aguilar
- INTEGRACIÓN
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA. Proposición de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA. Proposición de Comisión Mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- SALUDOS A PARAGUAY Y A SU CONGRESO POR SUPERACIÓN DE AMENAZAS A ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA.
- DEBATE
- SUSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN RESOLUTIVA DEL DECRETO LEY Nº 211, DE 1973, POR UN TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Fanny Pollarolo Villa
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Laura Soto Gonzalez
- Victor Perez Varela
- Juan Nunez Valenzuela
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Juan Nunez Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE COMPETENCIA DE FUTUROS TRIBUNALES ECONÓMICOS A MATERIAS TRIBUTARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Felipe Letelier Norambuena
- Gustavo Alessandri Valdes
- Jose Perez Arriagada
- Dario Molina Sanhueza
- Luis Monge Sanchez
- Felipe Valenzuela Herrera
- Waldo Mora Longa
- Enrique Jaramillo Becker
- Rosa Gonzalez Roman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Bartolucci Johnston
- Waldo Mora Longa
- Gustavo Alessandri Valdes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PETICIÓN DE NO CONCURRENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A IX CUMBRE IBEROAMERICANA EN LA HABANA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Mario Bertolino Rendic
- Osvaldo Palma Flores
- Gustavo Alessandri Valdes
- Julio Dittborn Cordua
- Lily Perez San Martin
- Roberto Delmastro Naso
- Jorge Ulloa Aguillon
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- ANTECEDENTE
- SALUDOS A PARAGUAY Y A SU CONGRESO POR SUPERACIÓN DE AMENAZAS A ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA.
- VIII. INCIDENTES
- HOMENAJE A CLUB DEPORTIVO “ARTURO FERNÁNDEZ VIAL” EN SU 96º ANIVERSARIO. Oficio.
- DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE A SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- INCUMPLIMIENTO DE EMPRESA DE CULTIVOS MARINOS CON TRABAJADORES DE CALDERA. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE ANCOA, EN LINARES. Oficios.
- DENUNCIA DE MALTRATO Y ARRESTO POR IDENTIFICACIÓN EQUIVOCADA. Oficios.
- INVESTIGACIÓN SOBRE EXTRACCIÓN ILEGAL DE MERLUZA. Oficios.
- ADHESION
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO. Oficio.
- RESULTADO DE ESTUDIO DE “POBREZA RURAL EN CHILE”, DE MIDEPLAN. Oficio.
- CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN SIQUIÁTRICA DE MÉDICOS GENERALES DE COMUNAS RURALES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INVERSIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE VENTA DE ESSAL S.A. EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- CONTAMINACIÓN DEL RÍO BIOBÍO POR VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS POR PARTE DE PLANTAS DE CELULOSA. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES POR PLANTA TERMOELÉCTRICA DE CORONEL. Oficios.
- PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ENTORNO CULTURAL Y DERECHOS DE TERCEROS ANTE INSTALACIÓN DE COMPLEJO INDUSTRIAL “CELULOSA ITATA” EN ÑUBLE. Oficios.
- MUERTE DE TRABAJADOR PORTUARIO POR DEFICIENTE MANTENCIÓN DE EQUIPOS EN PUERTO DE LIRQUÉN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en martes 15 de junio de 1999
(Ordinaria, de 11.10 a 14.45 horas)
Presidencia de los señores Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.Presidencia accidental de los señores Mesías Lehu, don Iván Huenchumilla Jaramillo, don Francisco, y de la señora Caraball Martínez, doña Eliana
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia8
II. Apertura de la sesión11
III. Actas11
IV. Cuenta11
Prórroga de plazo a Comisión para informar11
Integración de Comisión Mixta en proyecto que modifica disposiciones del Código del Trabajo11
Permiso constitucional13
V.Acuerdos de los Comités13
VI.Orden del Día.
Protección de la vida privada. Proposición de Comisión Mixta13
Reforma del Código Orgánico de Tribunales. Primer trámite constitucional23
VII.Proyectos de acuerdo.
Saludos a Paraguay y a su congreso por superación de amenazas a estabilidad democrática43
Sustitución de la Comisión resolutiva del decreto ley Nº 211, de 1973, por un Tribunal de Defensa de la Competencia43
Ampliación de competencia de futuros tribunales económicos a materias tributarias45
Modificación de fórmulas tarifarias por servicios de agua potable y alcantarillado46
Petición de no concurrencia del Presidente de la República a IX Cumbre Iberoamericana en La Habana49
VIII.Incidentes.
Homenaje a club deportivo “Arturo Fernández Vial” en su 96º aniversario. Oficio50
Declaración de zona de catástrofe a Séptima Región. Oficio52
Incumplimiento de empresa de cultivos marinos con trabajadores de Caldera. Oficio52
Construcción de embalse Ancoa, en Linares. Oficios53
Denuncia de maltrato y arresto por identificación equivocada. Oficios54
Pág.
Investigación sobre extracción ilegal de merluza. Oficios55
Modificación de estructura administrativa del Servicio Nacional del Turismo. Oficio56
Resultado de estudio “Pobreza rural en Chile”, de Mideplan. Oficio57
Capacitación en atención siquiátrica de médicos generales de comunas rurales de la Octava Región. Oficio58
Inversión de recursos provenientes de venta de Essal S.A. en infraestructura sanitaria de la Décima Región. Oficios59
Contaminación del río Biobío por vertimiento de residuos líquidos por parte de plantas de celulosa. Oficios61
Incumplimiento de normas ambientales por planta termoeléctrica de Coronel. Oficios61
Preservación del medio ambiente, entorno cultural y derechos de terceros ante instalación de complejo industrial “Celulosa Itata” en Ñuble. Oficios61
Muerte de trabajador portuario por deficiente mantención de equipos en puerto de Lirquén. Oficios62
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que regula los plebiscitos nacionales (boletín Nº 235007)63
Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2.Establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota (boletín Nº 228203)74
3.Reforma el Código Orgánico de Tribunales (boletín Nº 226307)74
Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4.Establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley
Nº 3.500, de 1980 (boletín Nº 205313)75
5.Crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 226501)75
6.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que autoriza el traspaso de fondos a la Corporación de Fomento de la Producción para la inversión tecnológica que permita el uso del gas natural en el transporte público de pasajeros de superficie (boletín Nº 234715)75
Pág.
7.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que amplía a tribunales de ciudades que indica la competencia para conocer de infracciones a la ley general de Pesca y Acuicultura (boletín Nº 218001)76
8.Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que dicta normas sobre adopción de menores, modifica la ley Nº 7.613 y deroga la ley Nº 18.703 (boletín Nº 89907)77
9.Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales (boletín Nº 182403)77
10.Nuevo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral (boletín Nº 231506)80
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
Del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Galilea, don José Antonio, será reemplazado permanentemente por el diputado señor Álvarez-Salamanca en la Comisión Especial Investigadora del Racionamiento Eléctrico.
Del diputado señor Jeame Barrueto, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 15 de junio para dirigirse a Estados Unidos.
2. Oficios:
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para que se amplíe el plazo reglamentario para despachar el segundo informe del proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas, hasta el término del plazo constitucional (boletín Nº 51307).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que los Grupos Interparlamentarios Binacionales deberán renovar sus directivas al inicio de cada período legislativo y que, ratificado el acuerdo por la Corporación, procede citar a los Grupos que no lo han hecho.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Del diputado señor Pedro Muñoz, suspensión de vuelos hacia las Islas Malvinas.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De las diputadas señoras Lily Pérez y Rosa González y diputados señores Osvaldo Palma, Vilches y Prokurica, cobros indebidos de energía eléctrica en la V Región.
Del diputado señor Kuschel, acuerdo ChileMercosur y denuncias sobre distorsiones.
De la diputada señora Laura Soto, Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Juan Bustos, aporte fiscal directo a las universidades adscritas al Consejo de Rectores.
Ministerio de Justicia
Del diputado señor Mora, posibilidad que cargos de Notario Público y Conservador de Bienes Raíces puedan ser ejercidos por titulares con carácter de funcionario público.
De los diputados señores Prokurica, Delmastro, Moreira, Rojas, Fossa y Bertolino, cierre de Hogar de Menores de Vallenar.
Ministerio de Defensa Nacional
De los diputados señores Rojas y Molina, participación que le cabe a la Armada de Chile en proyecto Megapuerto de Mejillones.
De los diputados señores Urrutia y Ortiz, invierno altiplánico en provincias de Arica y Parinacota.
Del diputado señor Ortiz, Subcomisarías Chiguayante y San Pedro de la Paz.
Del diputado señor Ibáñez y Comités Parlamentarios de los Partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, Subcomisaría de Carabineros en Concón.
De los diputados señores Rincón y García-Huidobro, retenes de Popeta, Millahue y Guacarhue.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
De los diputados señores Hales, Gutiérrez, Velasco y Tuma, estado de conservación del Cerro San Cristóbal, del Parque Metropolitano.
Del diputado señor Navarro, conjunto habitacional La Huasca, de Penco.
Municipalidad de La Serena
Del diputado señor Encina, adecuada señalización de paraderos de taxis colectivos y de rampas.
Director de Presupuestos
Ejecución presupuestaria del primer trimestre 1999.
Comisión Nacional de Riego
Seguimiento y Evaluación de los resultados de la ley Nº 18.450 en el período de 1986 a 1996.
Gobierno Regional de Antofagasta
Debilidades fundamentales del proceso de descentralización de la gestión pública para el desarrollo regional.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Huerta, Manuel
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--JocelynHolt Letelier, Tomás
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Felipe Valenzuela.
Asistieron, además, los Ministros de Justicia, señora Soledad Alvear, y de Salud, señor Álex Figueroa.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 67ª de la legislatura extraordinaria se declara aprobada.
El acta de la sesión 68ª de la misma legislatura se encuentra a disposición de los señores diputados y diputadas.
IV.CUENTA
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que solicita ampliar el plazo reglamentario hasta el término del constitucional para despachar el segundo informe del proyecto de reforma de la Constitución que reconoce y ampara a los indígenas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO QUE MODIFICA DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de efectuar adecuaciones en materias relativas al trabajo de menores de edad, a trabajos mineros subterráneos de personas menores de 21 años y a fuero laboral de candidato a un directorio sindical, con los honorables diputados señores Darío Paya , Manuel Bustos , Rodolfo Seguel , Pedro Muñoz y la honorable diputada señora Marina Prochelle.
Acordado.
-o-
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana para proceder a la renovación de las directivas de los Grupos Interparlamentarios Binacionales en los términos en que figura en el punto 10 de la Cuenta.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, no quiero pronunciarme sobre esta materia sin conocer las condiciones en que se va a realizar dicha renovación.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, deseo responder la inquietud del diputado señor Longton.
La nota enviada por la Comisión para ser ratificada en esta Sala se debe a que, de 36 grupos binacionales, sólo siete han renovado sus directivas y han funcionado durante el presente período legislativo. Se tomó el acuerdo unánime de convocar a todos los grupos binacionales que no lo han hecho, a fin de iniciar un trabajo real. El hecho de que 29 grupos de 36 no hayan reactivado su quehacer es una situación que daña la relación internacional de la Cámara.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
No podemos debatir este tema.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, sólo una pregunta, sin abrir debate.
No sé si la Comisión de Relaciones Exteriores habrá considerado la participación de los distintos partidos políticos en esta renovación de directivas. Como este proceso no puede dar lugar a que la mayoría parlamentaria, es decir, el oficialismo, cope las presidencias de todos los grupos binacionales, solicito que se respeten las presidencias que hemos venido ocupando durante nueve años.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, el 28 de abril de 1992, la Sala aprobó la norma que le solicitó la Comisión de Relaciones Exteriores para la integración de los grupos binacionales, la que señala a la letra: “los integrantes del Grupo deberán elegir un Presidente, y tantos Vicepresidentes como Comités Parlamentarios estén representados y que no ocupen la presidencia”. No hay otra norma al respecto.
De esta manera se salva la inquietud planteada por el diputado señor Longton.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, respecto de este tema, es claro consignar lo siguiente:
Primero, que la integración de los grupos binacionales es voluntaria y abierta a todos los miembros de la Corporación.
Segundo, que el espíritu que anima la forma de integrar dichos grupos es que exista la más amplia diversidad de los sectores políticos representados en la Cámara. Tanto es así que existen presidencias y vicepresidencias, las que han sido ocupadas de manera pluralista.
Tercero, que la experiencia de los grupos que ya han renovado sus directivas señala que se cumple con dicho espíritu. Tanto es así que representantes de partidos de Oposición presiden algunos grupos, mientras que otros son presididos por miembros de partidos de la Concertación.
De tal manera que ninguno de estos aspectos puede ser planteado con carácter de duda, porque la práctica, tanto la anterior como la actual, demuestra en su esencia lo que acaba de informar el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: respeto a la forma de integrar estos grupos binacionales y a la reglamentación que opera para ello.
He dicho.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, no corresponde debatir ahora esta materia.
El señor PROKURICA.-
Es que deseo plantear una cuestión reglamentaria.
Señor Presidente, pido que no discutamos este tema en esta ocasión, porque no corresponde, y que usted cite a una reunión de los Comités para analizarlo, sea hoy o en otra oportunidad.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Dejaremos pendiente esta materia.
El señor URRUTIA.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
No es el momento de debatir esta materia. Lo haremos en su oportunidad.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el señor Jeame Barrueto para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 15 de junio para dirigirse a Estados Unidos.
Acordado.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Eugenio Tuma , adoptaron los siguientes acuerdos:
1ºDespachar en la presente sesión, en general y en particular, el proyecto que reforma el Código Orgánico de Tribunales.
Si fuere necesario, se prorrogará en media hora el término del Orden del Día, sin perjuicio de efectuar una reunión de los Comités para resolver sobre el curso del debate, y
2ºRendir homenaje al Cuerpo de Bomberos de Chile el próximo miércoles 7 de julio, inmediatamente después de la Cuenta, para cuyo efecto cada bancada dispondrá de hasta cinco minutos.
VI.ORDEN DEL DÍA
PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA. Proposición de Comisión Mixta.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Corresponde conocer el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre protección de la vida privada.
Antecedentes.
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 896-07, sesión 5ª, en 8 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor ORTIZ.-
Punto de Reglamento.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, solicito que recabe la opinión de los señores parlamentarios para fijar hora de votación de los dos proyectos del Orden del Día.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Señor diputado, ello va a depender del curso del debate.
Tiene la palabra el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, uno de los valores que mayor consenso y respaldo concita en la sociedad democrática es, sin lugar a dudas, la protección de los derechos de las personas.
En su más amplia extensión y sin temor a equívocos, podemos afirmar que el liberalismo y el igualitarismo encuentran en estos valores, si bien por vertientes distintas, algunos basados en la libre iniciativa y otros en el contrato social, un punto de contacto en la defensa de las libertades y el respeto de los derechos individuales.
Ampliamente reconocida como uno de los fundamentos del estado de derecho, es la limitación del poder del Estado, afirmando las libertades individuales, reclamando los derechos humanos y restringiendo su competencia.
En el repliegue de un Estado omnipresente, éste conserva atribuciones esenciales e insoslayables, como la de garantizar los derechos personales y la intimidad no sólo respecto del Estado, sino de cualquier otro actor social que pudiese poner en riesgo la integridad personal. De este modo, la protección de los derechos individuales se extiende en los distintos ámbitos de la vida personal, amparando no sólo la integridad física o los bienes materiales, sino también garantizando la honra de las personas y el derecho a su vida privada.
La sociedad de la información y la economía de mercado han impuesto nuevos desafíos al resguardo de las garantías individuales.
El uso masificado de la base de datos personales y la sistematización y disposición en tiempo real de un conjunto de acciones jurídicas, sociales y económicas demandan fortalecer los derechos de las personas.
En nuestro sistema jurídico los ciudadanos carecen de prerrogativas y procedimientos efectivos que les permitan defender su privacidad y asegurar un uso correcto de su información, obtenida de fuentes públicas y extraída del ámbito privado. El proyecto que nos ocupa, sobre protección de la vida privada de las personas, viene a suplir este vacío.
Las democracias modernas han regulado la recolección, sistematización, procesamiento e información de los datos de las personas. El derecho a conocer el tipo de información almacenada en las bases de datos, a rectificar los antecedentes erróneos o a limitar aquellos que no tienen fundamento jurídico, constituyen derechos fundamentales en la protección de la privacidad de las personas.
La restricción del uso de los datos sensibles imponen una limitación al uso de las bases de información, dejando fuera de la legalidad aquellas que se pudieran construir con el propósito de disponer discriminaciones hacia los ciudadanos.
En Chile, los consumidores sufren desde hace muchos años los efectos negativos de la administración de bases de datos sin regulación.
La acción creciente de la mercadotecnia, con todos los instrumentos de marketing, da cuenta de la intromisión del mercado en los espacios más personales y privados de los consumidores. Pero, sin lugar a dudas, una de las dimensiones más sensibles para la ciudadanía es el uso de la información comercial.
Nuestra legislación fue superada por la acción de las empresas de la información. El Boletín Comercial, regulado por un decreto supremo de 1927, no armoniza con las nuevas realidades económicas y tecnológicas en las que se desarrolla esta actividad. Digámoslo con claridad. Esta legislación desde hace tiempo ha sido superada y vulnerada, permitiendo el desarrollo del negocio de la información económica de las personas, pero sin proteger los más elementales derechos de los ciudadanos.
Resulta irritante para los deudores que las anotaciones comerciales manejadas por las empresas de bases de datos, como Dicom, se transformen en verdaderas sentencias que condenan a una muerte económica y laboral a cientos de miles de chilenas y chilenos.
Por esta razón, junto a un grupo de diputados Patricio Hales, René Manuel García, Iván Mesías , Sergio Velasco, Roberto Delmastro , Antonio Leal y Juan Núñez , presentamos un proyecto de ley para corregir este abuso, que fue aprobado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. En esos mismos momentos en el Senado, en segundo trámite constitucional, se trataba un proyecto de ley que tendía a determinar un marco jurídico para la defensa y protección de los derechos, datos personales y privacidad de las personas.
En este contexto, a los diputados firmantes del proyecto nos pareció apropiado introducir un capítulo especial en la normativa sobre la privacidad de las personas para regular también los datos comerciales.
Decía que el proyecto tiene por finalidad proteger los derechos de las personas, porque resulta irritante para los deudores que las anotaciones comerciales manejadas por las empresas de bases de datos, como Dicom, se transformen en verdaderas sentencias que condenan a la muerte económica, empresarial y hasta laboral a cientos de miles de chilenas y chilenos. No es posible que un deudor que regularice y cumpla sus compromisos, con todos los castigos que impone la morosidad, permanezca en un verdadero registro histórico de condenas, puesto que éste no contempla la eliminación de antecedentes ni es de uso público.
Ninguna norma autoriza a las empresas que administran la base de datos comerciales a lucrar con la desgracia de las personas, pero tampoco existe ninguna norma que las obligue a responder por el uso negligente de los antecedentes o a modificar aquella información errónea o a reparar el daño causado.
Consciente del drama que representa para las personas y sus familias esta indefensión, en 1998 presenté este proyecto, respaldado por los parlamentarios mencionados, para regular el uso de la información comercial, iniciativa que fue respaldada por los diputados de todas las bancadas parlamentarias y aprobada como he señalado en su tramitación en la Comisión de Economía.
Como la tarea legislativa no se reduce a pequeños protagonismos expresados en más o menos autorías, en el seno de la Comisión discutimos la posibilidad de incorporar estas normas en el proyecto que hoy examinamos en este último trámite legislativo y que regula con mayor amplitud el manejo de la información de las personas.
En la discusión de ambos proyectos se expresa una sensibilidad transversal que existe en el Congreso Nacional para abordar materias tan delicadas, como es la debida protección de los derechos de los ciudadanos.
La iniciativa que hoy abordamos ha sido enriquecida en sus distintos trámites legislativos, desde que fuera presentada por el entonces senador Cantuarias y luego gestionada en la Cámara con gran pasión por el entonces diputado, hoy senador, José Antonio Viera-Gallo. Hasta sus últimas modificaciones en la Comisión Mixta, presidida por el senador Larraín , fue analizada por todos los parlamentarios con visión de Estado,...
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Le queda un minuto, señor diputado.
El señor TUMA.-
...con sentido de bien social, privilegiando el legislador los intereses públicos y particularmente los derechos de las personas.
En medio de tantas tensiones políticas, el Congreso Nacional, a través de iniciativas como ésta, envía una poderosa señal a la sociedad sobre la potencialidad que representa el funcionamiento de la institucionalidad democrática para profundizar el resguardo de los derechos ciudadanos. Y no podía ser de otro modo, pues lo que está en juego es, entre otras cosas, el futuro de miles de jóvenes que reciben como herencia, al egresar de los centros de educación superior, el estigma del antecedente comercial negativo como consecuencia de la letra o del pagaré que sus padres no pudieron cubrir a tiempo.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor TUMA.-
Cómo no va a ser una tarea de Estado garantizar que nuestros pequeños y medianos empresarios y comerciantes algunos están en las tribunas tengan la seguridad jurídica de que, una vez regularizados sus compromisos económicos, podrán seguir desarrollando sus actividades comerciales. Un deudor no es un delincuente.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiempo, señor diputado.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, tengo el tiempo del segundo discurso.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
No dispone de más tiempo, señor diputado. Ya ocupó los 10 minutos.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, le solicito que pida la unanimidad de los señores diputados para poder terminar el informe de la Comisión Mixta.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
No hay acuerdo, señor diputado.
El señor TUMA.-
Solicito 5 minutos para terminar, señor Presidente.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
No hay acuerdo, señor diputado.
El señor TUMA.-
Pido a la Mesa que solicite a la Sala la posibilidad de ampliar el tiempo de debate de este proyecto de ley.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo de la Sala para aumentar el tiempo de debate?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, lo lógico sería que el señor diputado informante pudiera redondear y terminar su exposición en 4 ó 5 minutos para proseguir con la tramitación del proyecto.
He dicho.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Señor diputado, lamentablemente, él no es diputado informante. Se ha cumplido el tiempo de que disponía y no hay acuerdo de la Sala para prorrogárselo.
El señor HUENCHUMILLA.-
Entonces, no he dicho nada, señor Presidente.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Elgueta.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, tengo entendido que no hay oposición, al menos para redondear la idea.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo para ello?
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, le cedo tiempo al señor Tuma para que redondee su idea.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Tuma para redondear su idea.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, lamento que la Sala no haya dado la unanimidad para tratar con más profundidad un tema tan importante para la gente. Esta es una gran demanda ciudadana.
(Aplausos en las tribunas).
Con esta iniciativa vamos a terminar con el abuso que significa el manejo indiscriminado de la información comercial de las personas, con el famoso registro histórico, en realidad, con el abuso histórico que ha representado para miles de deudores permanecer eternamente en él.
(Aplausos en las tribunas).
Señor Presidente, termino señalando que esta normativa permitirá borrar, transcurridos tres años contados hacia atrás desde la fecha de la aprobación de la ley, los antecedentes comerciales de todas aquellas personas que han tenido alguna morosidad y pagaron su deuda, y pasados siete años, en los mismos términos, los de quienes no han pagado. Con ello hemos dado un paso muy grande en materia de defensa de los derechos ciudadanos.
He dicho.
(Aplausos en las tribunas).
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Se les ruega no hacer manifestaciones.
A petición de la señora Ministra de Justicia, pido el asentimiento de los señores diputados para que puedan ingresar a la Sala los asesores señores Mauricio Decap y César Briceño.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Hales para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor HALES.-
Señor Presidente, por ser este proyecto de tan extraordinario interés y tanta significación para el país, la Cámara debería permitir más de tres intervenciones. Por ello, sugiero que recabe la unanimidad de la Sala para que usen de la palabra, a lo menos, seis oradores, puesto que es muy limitado el tiempo acordado, incluso si consideramos la cantidad de personas presentes y el hecho de que la televisión transmita el debate.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala con ese objeto.
No hay acuerdo.
El señor HALES.-
Señor Presidente, no estoy proponiendo aumentar el tiempo de cada intervención.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
No hay acuerdo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, el informe de la Comisión Mixta que tratamos, recae en un proyecto originado en una moción del ahora ex senador Cantuarias para reglar normas acerca de la intimidad y la vida privada de las personas; cuando llegó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y gracias a una iniciativa de los entonces diputados señores José Antonio Viera-Gallo y Ferrada y del diputado Cardemil , del que habla y de otros que a la sazón integrábamos dicha Comisión, se propuso que se redactara una legislación general sobre los bancos de datos existentes en Chile, porque hoy estamos en un mundo más exagerado que el relatado por Orwell en “1984”, y de una u otra manera todos los habitantes de Chile están registrados en bancos de datos de distinta índole: económica, comercial, financiera, médica, delictual, etcétera. ¡Para qué hablar del banco de datos original que es el Registro Civil donde se inscriben los nacimientos, los matrimonios y las muertes de las personas!
En consecuencia, era de vital importancia que se reglamentara la existencia de estos bancos de datos y el tratamiento de los informes de carácter personal, sea que estén en registros o bancos de organismos públicos o privados.
Esta ley faculta a los particulares a constituir bancos de datos, pero reglamentados según sus disposiciones.
Para ese efecto, el artículo 2º de la iniciativa define varios conceptos: almacenamiento, bloqueo de datos, dato caduco, dato estadístico, datos sensibles, etcétera.
El artículo 4º, señala: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.
En la actualidad, tal actividad no necesita ley, y queda entregada a la autonomía de la voluntad, a la iniciativa privada. Tampoco se exige que el titular, a quien afecta el dato, consienta de manera expresa en ello. Ahora, según esta iniciativa, la autorización deberá constar por escrito.
Se establece, por primera vez, la corrección, la modificación o eliminación de datos mediante lo que se llama el recurso de hábeas data. De manera que la persona que se sienta afectada por estar incluida en un registro de datos en forma errónea, con datos caducos, equívocos o incompletos, pueda impetrar su eliminación y corrección.
El artículo 9º establece que los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan de fuentes públicas.
El artículo 10 prohíbe el tratamiento de los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.
El artículo 12 expresa que toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.
En caso de que los datos sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen.
Para este efecto, el artículo 16 establece un procedimiento completo que va desde recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable hasta la Corte Suprema, a fin de rectificar o suprimir los datos caducos, erróneos o equívocos que afecten al interesado.
Como lo indicó el diputado señor Tuma , se introdujo un Título III, denominado “De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial”.
En este punto, quiero recordar un proyecto de iniciativa del señor Ojeda y de otros diputados, que se refería expresamente a que el legislador estableciera la supresión, después de un plazo, de los datos contenidos en el Boletín Comercial, Dicom o en otras instituciones dedicadas a este tipo de servicios cuando las obligaciones de que dan cuenta se hubieran extinguido por cualquier modo legal.
Hoy, esta materia está contemplada en la actual iniciativa y se dice que en ningún caso pueden comunicarse datos que se relacionen con una persona identificada o identificable luego de siete años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.
Tampoco se podrán comunicar los datos luego de transcurridos tres años desde el pago o de su extinción por otro modo legal.
Esto también obliga al acreedor. Desde el momento en que éste comunicó los datos al Boletín Comercial, a Dicom o a otra institución que lleva un registro de ellos, se establece el deber de avisar la extinción de la obligación y, en consecuencia, debe ser suprimida de los bancos de datos.
Para terminar, deseo manifestar que esta futura ley, como muy bien se ha dicho, otorgará protección respecto de datos más bien de la vida privada y que colocaban en una especie de muerte civil, económica y financiera a miles de chilenos. Los plazos establecidos para la eliminación de información es un avance notable. Por lo tanto, a mi juicio, es procedente aprobar el informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, en primer lugar, formularé una reflexión previa que me nace al escuchar las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
Es evidente que el proyecto respeta la vida privada de las personas, la información particular, íntima, personal o privada de sus actividades financieras o comerciales. Al respecto, no puedo dejar de recordar que, hace pocos días, un grupo de parlamentarios tuvo una actitud en contra de uno de nuestra bancada, en la que los criterios que hoy se señalan como tan válidos e importantes no fueron respetados. Algunos diputados del Partido por la Democracia presentaron ante la prensa los antecedentes privados, personales, comerciales y financieros de un diputado de la UDI, a fin de involucrarlo en una situación completamente diferente.
En contraposición a esa conducta, aquí se ha señalado la importancia de tener respeto por la vida privada de las personas, por su individualidad y sus antecedentes, los que deben ser manejados con criterio, el mismo que algunos diputados no tuvieron para con un parlamentario de nuestro partido, con lo cual lesionaron los mismos derechos que hoy hacen presente con tanta fuerza. Ojalá nunca más se vuelva a repetir este proceder entre nosotros, y cuando digamos que un derecho es importante, seamos los primeros en respetarlo.
En cuanto al proyecto que nos preocupa, quiero señalar que es importante para el ciudadano común, ya que pone orden, de una vez por todas, en el almacenamiento de datos, en la información comercial de las personas y en el uso que se puede dar a esa información comercial.
Al respecto, quiero hacer resaltar dos ideas. La primera tiene que ver con la obligación de los bancos de datos de mantener al día los datos comerciales y financieros de las personas. El artículo 12 consigna que el titular de los datos tiene derecho a pedir la modificación cuando son inexactos, equívocos o incompletos. El que informa al centro de datos, por ejemplo, a Dicom, tendrá la obligación de comunicar que ha habido una modificación, que se pagó, extinguió o renegoció la deuda.
El artículo 6º establece que los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal, y deberán ser modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos.
Según el inciso segundo del artículo 19, al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que intervenga directamente el acreedor, éste avisará tal hecho, a más tardar, dentro de los siguientes siete días hábiles, al responsable del registro o banco de datos. Éste, a su vez, tendrá la obligación de mantener los antecedentes al día.
La casa comercial, el banco o la financiera en que se originaron, deberá, en el plazo de siete días, proporcionar los nuevos antecedentes al Dicom , o a otra institución de la misma naturaleza, la que deberá ordenar la modificación respectiva. A partir de ese momento, los entregará debidamente actualizados.
Hoy, la persona en mora con una casa comercial, un banco o una financiera, luego de saldar, extinguir o repactar la deuda, debe ir al Dicom y pagar para que se modifique su situación. En adelante, aquel que introduzca la información a un centro de datos tendrá que modificarla si varía, lo cual será absolutamente gratuito, según se señala en el proyecto.
El inciso quinto del artículo l2 establece que la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas.
En resumen, la información debe entregarla, dentro de los siete días hábiles, la casa comercial, el banco o la financiera en que se originaron los antecedentes. El banco de datos tendrá que modificarlos de inmediato y proporcionar la información debidamente actualizada. De lo contrario, según el artículo 23, deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos.
De manera que si en el futuro Dicom entrega una información errónea o equivocada, que perjudica al interesado para obtener un crédito o un trabajo, tendrá la obligación de indemnizar el daño patrimonial y moral por no mantenerla al día.
La gratuidad, según entiendo, no se aplicará, en cambio, en el caso del registro que lleva la Cámara de Comercio, en virtud del artículo 3º transitorio, situación controvertida a la luz de los artículos 6º, l2 y 19.
El otro punto importante es respecto del archivo histórico. Como se ha dicho, después de tres años de pagada o extinguida la obligación por cualquier otro modo, ningún centro de datos podrá entregar información de que una persona fue morosa en algún momento. Cuando no se haya pagado o extinguido la deuda, el plazo es de siete años, contados desde que la obligación se hizo exigible, después de los cuales el nombre de la persona deberá ser sacado del centro de datos.
Reitero: si la obligación se pagó, jamás podrá entregarse la información acerca de la mora después de transcurridos tres años.
En definitiva, se blanquearán los antecedentes de las personas que han estado en mora, de manera que podrán seguir operando en la actividad comercial.
Por último, el título final artículo 24 establece que las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud serán reservados. Es decir, no podrán ser ingresados a un centro de datos. Además, las farmacias podrán dar a conocer, para fines estadísticos, las ventas de productos farmacéuticos de cualquier naturaleza, incluyendo la denominación y cantidad de ellos. En ningún caso proporcionarán el nombre de los pacientes destinatarios de las recetas, ni el de los médicos que las expidieron, ni datos que sirvan para identificarlos.
Por estas razones, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votaremos a favor de la proposición de la Comisión Mixta, pues el proyecto es un esfuerzo importante de todos los sectores para el desarrollo de la actividad mercantil y para proteger la vida privada y poner término al abuso que se da en el manejo de la información comercial.
He dicho.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, el proyecto que hoy conocemos en sus últimas tramitaciones, tiene su origen en una iniciativa parlamentaria del mes de diciembre de 1992. Luego de 6 años y medio se encuentra próximo a transformarse en ley. Lo señalado es una expresión más de las grandes dificultades que tiene este Parlamento para impulsar iniciativas y que éstas se vean coronadas por el éxito.
Una vez más, hay que decirlo, el Ejecutivo asfixia la gran mayoría de las mociones presentadas por diputados y senadores. A las ya consabidas urgencias, la discrecionalidad de las legislaturas extraordinarias y la amplitud de la esfera exclusiva reservada al Ejecutivo en materias legislativas, debemos añadir la falta de voluntad de los mismos parlamentarios de Gobierno para reconocer una buena idea cuando ésta proviene de sus adversarios.
Lo anterior hace que este proyecto tenga un doble mérito. El primero: haber superado todas las dificultades y encontrarse en estado de transformarse próximamente en ley; el segundo, y más importante, es su contenido.
El derecho a la intimidad de las personas constituye uno de los más relevantes bienes jurídicos, merecedor de protección y de sanciones más severas en nuestro ordenamiento jurídico. Esto es así porque la intimidad se vincula estrechamente con la libertad, que es un bien jurídico de tanta trascendencia. En una hipotética escala de valores, tal vez sea aquel que deba ubicarse inmediatamente después de la vida y la integridad física o mental. Esa libertad, que se materializa en el derecho de cada ciudadano para que no se le oprima ni moleste cuando vive conforme a las leyes, resulta que la “intimidad viene a constituir una de las más significativas expresiones de la libertad”.
La privacidad está representada por el interés de una persona en mantener reserva sobre determinados hechos. No se trata necesariamente de una circunstancia especialmente significativa o importante. Ciertamente, constituyen un secreto determinados conocimientos de orden estratégico militar, pero también alcanzan la calidad de secreto aquellas intimidades personales o familiares, aun cuando pudieren parecer insignificantes, que alguien desea mantener oculta a otras personas; esto es suficiente para hablar de un secreto. Este interés que no es en absoluto una trivialidad, es el que debe ser jurídicamente protegido.
Éste es, nada menos, que el derecho a la esfera de la intimidad, que puede relacionarse con lo simple, lo sencillo, lo propio de la vida diaria, y no por ello dejar de ser un secreto que debe respetarse y cuya violación debe sancionarse, sin atentar en nada contra el correcto sentido de las libertades de emitir opinión y de informar.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla sólo ciertas y determinadas violaciones a la esfera de la intimidad: la violación de la morada, de la correspondencia, etcétera. Se sanciona también el espionaje, pero de manera muy limitada.
En relación con la protección de datos, es una materia respecto de la cual nuestro ordenamiento jurídico carece de una legislación que regule las materias relacionadas con la informática, a pesar de la creciente extensión que tiene dicha tecnología.
En efecto, pese a las enormes posibilidades que ofrece la informática y a la amplitud de su aplicación al perfeccionamiento de la gestión y el desarrollo diario de las distintas actividades personales, sociales, económicas, administrativas y, en general, a todas las acciones humanas, en nuestro derecho esa tecnología se encuentra jurídicamente desprotegida al no existir normas que establezcan las modalidades necesarias para su correcto uso, que otorguen validez legal a sus productos y, a la vez, que resguarden la vida privada de las personas.
La inspiración de este proyecto es eminentemente la persona y es en torno de su libertad sobre la que se construyen varias de sus disposiciones. Así, por ejemplo, el artículo 4º propuesto por la Comisión Mixta, señala claramente el consentimiento expreso de su titular para el tratamiento de sus datos personales en aquellos casos en que no sea esta misma ley la que lo regule. Sin duda, resulta ser un sano principio y una garantía para los ciudadanos.
Se progresa considerablemente en las limitaciones en el tiempo que pueden tener datos almacenados y se consagra claramente que cuando estos datos sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho el titular de los datos a que éstos se modifiquen. Sobre esto último, como resulta lógico, también se establece su gratuidad.
Y lo que resulta más importante y trascendente es el hecho de que el tratamiento indebido de los datos da lugar a perseguir una indemnización por el daño patrimonial y moral causado.
Se avanza también en la definición del “responsable” de los registros o bancos de datos personales, elemento fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que fortalece con mayor vigor el ejercicio y respeto de los derechos que esta ley otorga y sin lo cual las disposiciones contenidas en el proyecto serían “letra muerta”.
Finalmente, cabe hacer presente a los honorables colegas que el propósito que tuvo el Senado, en el tercer trámite constitucional, al rechazar casi la totalidad de las enmiendas propuestas por la honorable Cámara de Diputados, no obstante que coincidió con el propósito de establecer un cuerpo legal que proteja los datos de las personas, fue solamente el de perfeccionar sus disposiciones, tanto desde el punto de vista sustantivo como de forma.
Por todo lo anterior, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, con fecha 14 de marzo de 1991, presenté ante la Cámara de Diputados, con el patrocinio de los entonces diputados Gustavo Ramírez y Eduardo Cerda , una moción por la que se disponía la cancelación de las anotaciones en el Boletín Comercial, lo que se hacía automáticamente al momento de cumplir con el pago de la obligación correspondiente. Toda anotación dejaría de tener vigencia transcurridos cinco años de su respectiva publicación. Es lo que se conoce como el “registro histórico”.
Ese proyecto fue aprobado en general y en particular por esta Cámara, quedando rezagado en el Senado, donde finalmente fue rechazado. Es la suerte de los grandes proyectos, que por “raras casualidades” mueren en el Senado de la República.
El presente proyecto de ley, que surge también de una moción de un grupo de parlamentarios, ha tenido la suerte de ser considerado y salir airoso en las distintas etapas de tramitación. Y, por supuesto, nos llena de satisfacción, porque soluciona el problema de miles de chilenos que actualmente han pasado a engrosar las páginas del Boletín Comercial, con las consecuencias negativas del caso. Son miles de chilenos los que están marcados y manchados. Miles, los marginados del proceso productivo nacional; miles de familias que no pueden acceder a las bondades y beneficios que nos ofrece el adelanto y el progreso, al no poder adquirir productos en los locales comerciales o que se ven impedidos de acceder al crédito en bancos e instituciones financieras. Son verdaderos parias de la sociedad, marginados y despreciados por el mercado. Como si fuera más importante cumplir con las reglas del mercado que respetar el derecho de cada persona o su dignidad y el derecho a autorrealizarse. Se elimina el prontuario penal, en los crímenes y delitos; la maternidad y paternidad en las legitimaciones adoptivas, desaparecen y se destruyen las partidas originales; pero no se eliminan las anotaciones comerciales. Las empresas de datos imponen sus reglas del juego, anteponiéndolas a las verdaderas necesidades de la gente. Hay un atentado en contra de los derechos humanos; porque al marginar, se frustra, se denigra y destruye a la familia.
Se piden informes comerciales como requisito para ingresar a un trabajo. Si tiene antecedentes comerciales no es aceptado. Gran contradicción, ya que la persona que no puede pagar y cae al boletín, es porque a veces no tiene trabajo, y desea trabajar justamente para tener ingresos y pagar. Es un fatídico círculo vicioso.
No es posible que el interés comercial sea más relevante que la vida privada misma. No es posible que se use y abuse del RUT, del que tenemos el derecho y la propiedad. Es como si se abusara del nombre mismo. El abuso supone que la ley faculte el atropello, cuando en verdad la ley debe impedir las arbitrariedades.
Por ello, es importante este proyecto, porque protege la vida privada y posibilita la cancelación y eliminación de las anotaciones en los registros y en el Boletín Comercial, lo que favorece a miles de chilenos.
He dicho.
En conformidad al artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones:
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Mientras los Comités resuelven cuestiones de procedimiento, se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Cerrado el debate de la proposición de la Comisión Mixta acerca del proyecto sobre protección de la vida privada, la cual se votará al término del Orden del Día, es decir, a las 13.30 horas.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
De acuerdo con lo aprobado en la reunión de los Comités, a continuación corresponde votar el informe de la Comisión Mixta del proyecto sobre protección de la vida privada.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
(Aplausos).
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Arratia , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Elgueta , Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Jocelyn-Holt , Leay , León , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Mesías , Monge , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria) , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes , Rincón , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Van Rysselberghe , Vega , Velasco , Venegas , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvo el diputado señor Álvarez.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, solicito que pida la unanimidad de la Sala para que los parlamentarios que no pudieron hacer uso de la palabra puedan insertar sus discursos.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Ya está acordado, señor diputado.
REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES. Primer trámite constitucional.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités referidos al segundo proyecto en tabla.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Tuma , adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Iniciar en lo que resta del Orden del Día y hasta las 13.30 horas, atendida la prórroga ya acordada, la discusión del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales.
2. Citar a sesión especial, de 16 a 18 horas, para dar término a la discusión del mismo, procediendo a la votación en general y en particular al término de esa hora.
3. Las Comisiones podrán sesionar simultáneamente con la Sala en dicho lapso.
El señor AGUILÓ.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo saber qué acuerdo se adoptó respecto del proyecto sobre protección de la vida privada y, en segundo lugar, cuál es la tabla para la sesión de la tarde.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, la discusión sobre el proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales se iniciará de inmediato, continuará en la sesión de la tarde y se votará, en general y en particular, al término de la sesión.
El señor ULLOA.-
Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo hacer presente mi malestar respecto de esta decisión. Si se cita a una sesión especial para tratar un proyecto tan importante como el que modifica el Código Orgánico de Tribunales, me parece absurdo que no se suspendan las comisiones.
En segundo lugar, si el problema es tan grave, votémoslo el jueves.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, no corresponde iniciar debate sobre un tema resuelto en forma unánime por los Comités.
Corresponde iniciar el tratamiento del proyecto de reforma del Código Orgánico de Tribunales.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Sergio Elgueta , y de la Comisión de Hacienda, el señor Rodrigo Álvarez.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 226307, sesión 15ª, en 11 de noviembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2
Informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda, sesión 5ª, en 8 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara viene en emitir el presente informe sobre el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, el cual, como es sabido, fija los principios, las bases, la organización y atribuciones del Poder Judicial. Es uno de los cuerpos legales de más antigua data en nuestro país, ya que la ley sobre organización y atribuciones de los tribunales es de 1875, sin perjuicio de sus modificaciones posteriores.
El proyecto se inserta en el extenso conjunto de modificaciones del actual sistema procesal penal, como la ley de reforma constitucional que creó el Ministerio Público, ya vigente; el proyecto de ley orgánica constitucional del Ministerio Público, aprobado por esta Cámara y actualmente en trámite en el Senado; el de la Defensoría Pública, y el nuevo Código Procesal Penal, también en trámite en el Senado de la República.
Como se ha señalado en otras oportunidades, los nuevos tribunales, inspirados en los principios de oralidad, publicidad, contradictoriedad y oportunidad, dividen la actual función judicial. Al Ministerio Público le corresponde investigar los hechos punibles y formular posteriormente los cargos, y a los jueces en lo penal, en el tribunal oral, la determinación, decisión y fallo de estas causas.
Los nuevos tribunales se inspiran en los siguientes criterios y principios:
1. Demanda. En toda causa que ingrese al sistema judicial, siempre será satisfecha la demanda de justicia.
2. Optimización. Dada la escasez de recursos disponibles, la localización y número de los juzgados de garantía y de los tribunales orales en lo penal serán óptimos desde la perspectiva de los costos de instalación, de operación, de ampliación y del desplazamiento de sus usuarios.
3. Equidad. El acceso a los tribunales será similar a lo largo del país, considerando las distancias que normalmente recorren las personas en cada región para realizar actividades de naturaleza semejante.
4. Eficiencia. Los tribunales tendrán una carga de trabajo proporcional a su capacidad de atención y relativamente homogénea en cada una de ellas a lo largo del país.
5. Competencia. La fiscalía, los juzgados de garantía y los tribunales orales penales tendrán en nuestro país, como territorio básico, la comuna.
6. Estabilidad territorial. No habrá cambio de ubicación geográfica durante el horizonte de planificación, como tampoco cambiará la jurisdicción territorial, salvo que se instale una nueva entidad en la región.
7. Regionalización. Las causas que se generen en una región serán atendidas en la misma, sin excepción.
El proyecto del Ejecutivo consta de seis artículos permanentes y seis transitorios.
Por su artículo 1º, crea e incorpora los juzgados de garantías y los tribunales en lo penal como integrantes del Poder Judicial, en calidad de tribunales ordinarios de justicia, con funciones y una estructura administrativa nueva, absolutamente distinta a la de los juzgados de letras actuales.
Por otra parte, el proyecto contiene numerosas normas adecuatorias. Es así como las expresiones “procesados”, “detenidos”, “presos”, “internos”, “fiscal”, “fiscales”, “ministerio”, “ministerio público”, “fiscal de corte de apelaciones”, “expediente”, “juez del crimen”, etcétera, se cambian en sucesivos artículos para ponerlas en concordancia con el Código Procesal Penal actualmente en trámitación en el Senado, atendido que ya no existirán autos de procesamiento y, en otros casos, recursos de apelación; además, los fiscales actuales pasarán a denominarse fiscales judiciales y los que crea la ley del Ministerio Público solamente se llamarán fiscales.
Las páginas 18 y 19 del boletín contienen el informe financiero, en el cual se deja constancia de la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, cuyo costo total neto asciende a 124.671.590.000 pesos.
La aplicación del proyecto tiene un costo fiscal para el año 1999 de 5.230.539.000 pesos.
Lo anterior se encuentra detallado en el informe técnico del proyecto, elaborado por la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia.
En virtud del inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política, la Corte Suprema fue oída por la Comisión, estimando ella que el proyecto “cumple con su finalidad de establecer, en forma adecuada, las bases orgánicas que posibiliten el correcto funcionamiento del nuevo sistema procesal penal que hace necesarias estas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales”.
También fue escuchada la Corporación Administrativa del Poder Judicial sobre la distribución de causas, resolviéndose que es el juez coordinador quien debe proponer al comité de jueces los procedimientos objetivos y generales para la distribución de casos e integración de las salas de los tribunales orales en lo penal, ya que ello corresponde a una labor jurisdiccional.
Otro informe fue entregado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso sobre la ubicación geográfica, a lo largo del territorio nacional, de las fiscalías del Ministerio Público, de los tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantías.
El referido estudio fue explicado y comentado en el seno de la Comisión por el ingeniero don Juan Vrsalovic.
Con el objeto de facilitar el estudio del proyecto, se acordó crear una subcomisión de trabajo, integrada por los diputados señores Aldo Cornejo González , Sergio Elgueta Barrientos y María Pía Guzmán Mena , la que efectuó una serie de sesiones para revisar la iniciativa y formular observaciones, las que fueron plenamente acogidas por la Comisión.
Un resumen del proyecto en examen pone de relieve lo siguiente:
El artículo 1º crea los juzgados de garantías con asiento en las comunas que detalla, en cada región, sumando un total de 91 juzgados con 347 jueces en el país.
El artículo 2º crea 8 juzgados de letras, con competencia común, es decir, civil, laboral y, eventualmente, de menores.
El artículo 3º le asigna competencia común, o sea, laboral, civil y la de actuar, además, como jueces de garantías, a 59 juzgados de letras.
El artículo 4º crea los tribunales orales en lo penal en las comunas que indica, número de jueces y su competencia, lo que asciende a 42 tribunales, con un total de 378 jueces.
En resumen, comparando la situación actual, se puede señalar lo siguiente:
De acuerdo con los Códigos Orgánico de Tribunales y del Trabajo, y con la ley de Menores, existe el siguiente número de juzgados a lo largo del país: 64 juzgados civiles; 75 jueces del crimen, los cuales se eliminan mediante este proyecto; 144, con competencia común, de los que se suprimen 19 y se crean 8. Esta competencia común implica que conocerán asuntos civiles, laborales, penales, y alguno, eventualmente, causas de menores; 47 juzgados de menores, especializados, y 20 juzgados del trabajo, también especializados.
Esta es la realidad actual del Poder Judicial, sin perjuicio de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema.
Según lo expuesto anteriormente, se crean a través de esta reforma al Código Orgánico de Tribunales, para implementar la reforma procesal penal, 91 juzgados de garantías, con 347 jueces, más 59 juzgados de competencia común, a los cuales también se les otorga la calidad de jueces de garantías, sumando un total de 406 jueces de garantías.
Mediante este proyecto se crean 42 tribunales orales penales, con 378 jueces. Si se suman los jueces de garantías y los de tribunales orales penales, se llega a la cantidad de 784 jueces letrados que conocerán materias penales. Si se añaden alrededor de 700 fiscales a lo largo del país, tendremos, en total, 1.484 personas investidas de la calidad de abogados, es decir, de letrados que estarán preocupados de combatir la delincuencia.
Si esto lo comparamos con las actuales 219 personas letradas, encargadas de sancionar la delincuencia, no cabe duda de que se trata de un crecimiento explosivo: siete veces más personas letradas, en sus distintas misiones de fiscal, de jueces de garantías o de jueces orales penales, las que estarán preocupadas de combatir la delincuencia.
Los artículos 5º y 6º fijan las plantas de los juzgados de letras y de garantías que se crean a través de esta iniciativa.
El artículo 7º establece la planta del personal, conforme al número de jueces que componen los juzgados en lo penal.
El artículo 8º propone los grados de la escala de sueldos bases mensuales del escalafón superior del Poder Judicial para los jueces y personal directivo de los juzgados de garantías y tribunales orales en lo penal.
Lo propio realiza el artículo 9º, respecto del personal administrativo.
Por el artículo 10º, se suprimen 75 juzgados del crimen, los que, como ya se ha dicho, serán reemplazados por el Ministerio Público, por los jueces de garantías y por los tribunales orales en lo penal.
El artículo 11 introduce modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, entre las cuales cabe destacar, por su importancia, las siguientes:
El artículo 5º, para que los juzgados de garantías y en lo penal integren el Poder Judicial como tribunales ordinarios.
A su vez, el artículo 14, que determina la competencia de los jueces de garantía, dispone lo siguiente:
“Corresponderá especialmente a los jueces de garantías:
a) Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes durante la investigación y en el procedimiento penal, y resolver todas aquellas cuestiones que la ley someta a su decisión;
b) Dirigir personalmente las audiencias que tengan lugar durante la investigación y la audiencia de preparación del juicio oral;
c) Dictar sentencia, cuando corresponda, en el procedimiento abreviado que contempla el Código Procesal Penal;
d) Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido en el Libro IV, Título I del Código Procesal Penal, y
e) Conocer y resolver los demás asuntos que otras leyes le encomienden”.
De conformidad con los estudios realizados, se conoció en la Comisión que alrededor del 90 ó 95 por ciento de las causas de menor entidad serán conocidas y resueltas, precisamente, por los jueces de garantías; pero su misión principal es asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes durante la investigación y en el procedimiento penal, con el objeto de resguardar las garantías constitucionales a su respecto.
El artículo 15 establece la existencia de los juzgados de garantías y su competencia dentro del país. Atendida su extensión, recomiendo a los señores diputados revisar las páginas 72 y siguientes.
El artículo 16 se refiere a la distribución de las causas entre los jueces de garantías de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces, a propuesta de un juez coordinador.
El artículo 17 dispone que los juzgados orales en lo penal estarán integrados por una o más salas de tres jueces.
Corresponderá a los juzgados en lo penal: a) Conocer y juzgar los juicios por crimen o simple delito; b) Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral, y c) Conocer y resolver los demás asuntos que otras leyes les encomienden.
El artículo 18 estipula que existirá un tribunal oral en lo penal con asiento en las diversas comunas, con el número de jueces y competencia reseñada en las páginas 76, 77 y 78 del informe en discusión.
El artículo 19 dispone que los tribunales orales en lo penal se organizarán con una administración común y conocerán de los juicios en salas integradas por tres de sus miembros.
La integración de las salas de estos tribunales y la distribución de los casos entre ellas, se realizará de acuerdo con un procedimiento objetivo y general que deberá ser anualmente aprobado por el comité de jueces del tribunal, a propuesta del juez coordinador.
El artículo 20 norma la forma en que tomarán sus acuerdos estos tribunales colegiados, estableciendo algunas reglas particulares. Sin embargo, son normas supletorias las que se aplican actualmente en los acuerdos de las cortes de apelaciones, incluido todo lo relativo a la imposición de la pena de muerte, como lo detalla el artículo 21.
Para el funcionamiento de cada juzgado de garantías y de cada tribunal oral en lo penal, se crean dos instituciones: el comité de jueces y el juez coordinador, con las funciones y composiciones detalladas en los artículos 22, 23 y 24, que las reglamentan o describen en las páginas 80 y 81 del informe.
El artículo 22 establece que existirá en cada juzgado de garantías, de composición plural, y en cada tribunal oral en lo penal, un comité de jueces que estará integrado en la forma siguiente: en aquellos juzgados o tribunales compuestos por cinco jueces o menos, el comité de jueces se conformará por todos ellos.
Por su parte, el artículo 23 detalla las facultades de dicho comité.
El artículo 24 se refiere al juez coordinador, que viene a ser una especie de presidente, y cuyas funciones serán organizar todo lo relativo a la relación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial; proponer al comité de jueces el procedimiento objetivo y general de la distribución de causas; elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado, y todas las demás reseñadas en este artículo.
Para el mejor cometido de los juzgados de garantías y de los tribunales orales en lo penal, contarán con cinco unidades: de Atención de Público, de Servicios encargada de la contabilidad, abastecimiento y recursos destinados al mejor funcionamiento del tribunal, de Administración de Causas, de Sala tendrá como función principal el apoyo a las audiencias y de Testigos y Peritos, sólo en los juzgados en lo penal.
Atendida la creación del Ministerio Público y de los juzgados de garantías y orales en lo penal, la investigación de las causas penales en que sean parte o tengan intereses autoridades como el Presidente de la República, ministros de Estado, etcétera, no son de conocimiento de un ministro de la corte de apelaciones, modificándose el actual artículo 50, número 2º, del Código Orgánico de Tribunales. Lo mismo ocurre con las causas penales respecto de los jueces.
Según el artículo 63, lo propio ocurre con las causas penales que conocían las cortes de apelaciones.
También se modifican las normas sobre competencia, de los artículos 157, 158, 159, 160, 161 y 164, y se derogan los artículos 165, 168, 170 y 170 bis, con el objeto de fijar las competencias territoriales sobre la investigación que cabe al Ministerio Público, a los juzgados de garantías y al tribunal oral en lo penal, respecto de su juzgamiento y acumulación o no de algún hecho en que pudieran haber intervenido varias personas.
Asimismo, en este aspecto es relevante la norma del artículo 164, que dispone lo siguiente:
“Cuando se dictaren distintas sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales que dictaren los fallos posteriores al primero no podrán considerar circunstancias modificatorias que de haberse acumulado los procesos no se hubieren podido tomar en cuenta. Deberán, asimismo, regular la pena de modo tal que el conjunto de penas no pueda exceder de aquella que hubiere correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos.
“En los casos del inciso anterior, el tribunal que dictare la última sentencia deberá modificarla, de oficio o a petición del afectado, a objeto de adecuarla a lo establecido en el mismo inciso”.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
¿Me permite, señor diputado? Le restan cinco minutos de su tiempo.
El señor ELGUETA.-
Los artículos 206 al 210 bis B reglan todo lo relativo a la subrogación por ausencia, inhabilidad o falta de los jueces de garantías y orales en lo penal, de conformidad con el principio de cercanía territorial, cuando no pudieran ser subrogados por los de la misma comuna.
Los artículos 267 y 269 fijan las normas relativas al escalafón primario del Poder Judicial en siete categorías. La última disposición agrega una sexta serie de funcionarios administrativos divididos en cinco categorías, según el asiento del tribunal de garantías u oral en lo penal.
Por su parte, el artículo 292 se refiere a los funcionarios administrativos y ejecutivos y secretaría ejecutiva de estos tribunales, señalando su ubicación en el respectivo escalafón.
Una norma muy importante es la fijación del horario de trabajo de estos tribunales, cuya intervención puede ser requerida en cualquier momento, atendido el hecho de que en materia procesal penal no hay días ni horas inhábiles. En efecto, el artículo 312 dispone que los jueces integrantes de tribunales orales en lo penal tendrán obligación de asistir a su despacho por 44 horas semanales, al igual que los jueces de garantías, que deberán establecer un sistema de turnos que permita su disponibilidad fuera de los horarios normales.
Los artículos 389 bis A al 389 bis E reglamentan todo lo relativo a los administradores de los tribunales penales, señalándoles sus funciones, de modo que los jueces sólo se dediquen a las propias.
De acuerdo con el artículo 393 bis, las notificaciones pueden ser encargadas a otros funcionarios del tribunal como los receptores ad hoc, facilitándose así la diligencia.
Se otorga a la Corporación Administrativa del Poder Judicial la facultad de dictar, de conformidad con las directrices generales que le imparte la Corte Suprema, políticas de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales, de personal, de indicadores de gestión, de diseño, de análisis de la información estadística y la aprobación de los presupuestos que le presenten los tribunales.
Una materia de singular importancia fue introducir en el artículo 560 la visita de un ministro de corte de apelaciones “cuando se tratare de la investigación de hechos o de pesquisar delitos cuyo conocimiento corresponda a la justicia militar, que puedan afectar las relaciones internacionales o que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias, y”.
Los artículos 567 y 568 al 585 versan sobre las visitas semanales a las cárceles por el juez de garantías, “a fin de indagar si sufren tratos indebidos, si se les coarta la libertad de defensa o si se prolonga ilegalmente la tramitación de su proceso”.
Por último, los siete artículos transitorios establecen normas relativas a la instalación, financiamiento, gradualidad de estos tribunales y de su personal. Se establece, asimismo, la forma de designar los jueces, las ternas y la facultad de los jueces del crimen de optar por ser juez de garantías, o juez en los tribunales orales y penales, y qué sucede en el caso de su silencio.
Corresponde a las cortes de apelaciones elaborar estas ternas para los tribunales orales en lo penal, las que podrán ser simultáneas, correspondiendo su nombramiento, en definitiva, al Presidente de la República.
Estos siete artículos transitorios, como he señalado, tienden a la implementación del nuevo sistema en forma gradual, según lo ha previsto la propia Constitución Política de la República.
Este proyecto representó una enorme carga de trabajo en su revisión y fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, en consecuencia, en nombre de ella, solicito su aprobación por la Sala.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, informo sobre el proyecto en discusión, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, la señora Soledad Alvear, Ministra de Justicia; asesores de ese Ministerio, y también los del Ministerio de Hacienda. Asimismo, concurrieron a la Comisión, especialmente invitados, la directiva de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial; dirigentes de la Asociación de Empleados del Poder Judicial Regional Valparaíso y representantes de los actuarios del crimen.
La iniciativa en informe se enmarca en la modernización del sistema de administración de justicia, entendida como una política tendiente a adecuar el conjunto de las instituciones de justicia a los procesos de desarrollo político y económico que ha experimentado Chile en las dos últimas décadas.
El propósito de la iniciativa consiste en establecer las bases orgánicas que permitirán el funcionamiento de los tribunales del nuevo sistema procesal penal. Tres entidades son las que participarán directamente en la administración de justicia de carácter criminal en el país: el Ministerio Público, a través de las fiscalías; los juzgados de garantías y los juzgados orales en lo penal. La normativa propuesta determina las respectivas competencias territoriales de cada una de dichas entidades, los lugares geográficos donde tendrán sus asientos y el número de ellas que deberá existir en cada de los asientos que se determine.
El informe financiero elaborado, con fecha 11 de noviembre de 1998, por la Dirección de Presupuestos estimó el costo total neto del proyecto en 124.671.590.000 pesos, según el desglose que consta en el informe.
Para el año 1999, se consideró un costo fiscal de 5.230.539.000 pesos.
Con fecha 1 de junio de 1999, se reformuló el informe financiero de la Dirección de Presupuestos con el objeto de consignar las modificaciones que la Comisión técnica le hizo al proyecto, el cual también consta en el informe de la Comisión. Podemos precisar, como elemento más importante, que para el año 1999 se considera, ahora, un costo fiscal de 5.227.712.000 pesos, y un costo total neto del proyecto de 124.510.406.000 pesos.
En el análisis del proyecto por la Comisión, estuvo presente la señora Soledad Alvear , Ministra de Justicia, quien explicó que el proyecto establecía cuatro materias principales:
1ºNormas relativas a la creación, función y localización y funcionamiento de los juzgados de garantía y juzgados orales en lo penal, y también de los juzgados de letras con competencia de garantía.
2ºNormas relativas al escalafón, plantas y remuneraciones de los nuevos funcionarios que integrarán los juzgados de garantía y los orales en lo penal.
3ºNormas relativas al administrador de tribunales y al diseño organizacional de los nuevos juzgados.
4ºNormas relativas a la comisión de coordinación interinstitucional de la reforma procesal penal, especialmente las relativas a la transición de la reforma en materia de tribunales.
Expresó que el rol central que se entrega a los jueces, las unidades administrativas de apoyo a la labor jurisdiccional que se establecen y la profesionalización de la gestión del despacho judicial, constituyen algunos de los ejes principales de esta reforma al Código Orgánico de Tribunales, la que, desde esta perspectiva, no puede entenderse como simple proyecto de ley de creación de nuevos tribunales.
Afirmó también que el proyecto define, como lo ha señalado el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dos tipos de tribunales:
Los juzgados de garantía, conformados por uno o más jueces, con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, y cuya finalidad esencial será asegurar los derechos de los intervinientes durante la investigación.
Los juzgados en lo penal, definidos en el nuevo artículo 20 del Código Orgánico de Tribunales como aquellos tribunales que, integrados por una o más salas, conocerán y juzgarán los juicios por crimen o simple delito.
Con respecto a la ubicación de los nuevos tribunales, dijo que se han desarrollado diversos estudios con el fin de establecer su número, localización y territorio jurisdiccional. Informó que el criterio adoptado, para ello, fue el del mayor acceso a la justicia, a través de minimizar la distancia entre los centros poblados y los nuevos tribunales.
La señora Soledad Alvear , Ministra de Justicia, también hizo presente que el proyecto fue revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sin introducirle grandes modificaciones de contenido, aunque sí en lo formal, puesto que se le dio una nueva estructura.
En materia de costo total, se hizo también un informe regionalizado, cuyo desglose consta en el informe de la Comisión de Hacienda.
En el debate de la Comisión, se estuvo de acuerdo, en general, con los criterios propuestos para la localización de los tribunales que hace el proyecto; no obstante, se observó que, dada la diversidad geográfica existente en nuestro país, se verán afectadas algunas regiones que actualmente tienen tribunales penales, pero que, con la reforma, quedarán sin ellos, como ocurre en distritos y provincias de la Primera, Undécima y Duodécima Regiones.
Se postuló a este respecto el funcionamiento de tribunales itinerantes para atender lugares apartados, tema que quedó de ser estudiado por el Ministerio de Justicia.
Los representantes del directorio nacional de la Asociación de Empleados del Poder Judicial y de las asociaciones regionales de Valparaíso y Biobío, manifestaron su acuerdo con la modificación del Poder Judicial; sin embargo, no compartieron la referida normativa en cuanto a que ella no garantiza puestos de trabajo en el nuevo sistema para los actuales funcionarios, especialmente de los juzgados que se suprimen. De hecho, la medida estaría afectando, según expresaron los dirigentes de estas asociaciones, a alrededor de 963 empleados. A mayor abundamiento, se deja a la interpretación muchas disposiciones que dicen relación con su estabilidad laboral y expectativas funcionarias.
La Comisión votó las distintas disposiciones que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso, en su informe, que fueran analizadas por la de Hacienda.
Los artículos 1º y 2º del proyecto fueron aprobados por unanimidad.
El artículo 4º que crea un tribunal oral en lo penal con asiento en cada una de las comunas del territorio de la República que señala, con el número de jueces en lo penal y con la competencia que en cada caso se indican. En consecuencia, se crean 42 tribunales orales en lo penal, con un total de 378 jueces en lo penal.
El diputado señor Claudio Alvarado planteó que debía optimizarse la ubicación de esos tribunales en Chiloé.
El señor Decap , asesor del Ministerio de Justicia, hizo presente que la intención del Ejecutivo es que el tribunal en lo penal quede radicado en Castro y no en Ancud, aspecto que debe ser corregido mediante una indicación.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 3 votos a favor y una abstención.
Los artículos 5º al 9º, puestos en votación, fueron aprobados por unanimidad por la Comisión de Hacienda.
El artículo 10, que suprime los juzgados del crimen que enumera, fue aprobado por 3 votos a favor y una abstención.
El artículo 12 fue aprobado por unanimidad.
El artículo 1º transitorio también fue aprobado por unanimidad.
El artículo 2º transitorio dispone que la instalación de los tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantías se efectuará con, a lo menos, 30 días de antelación a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en la región de que se trate. La Corporación antes referida pondrá a disposición de las respectivas cortes de apelaciones los locales correspondientes.
Se establecen, además, reglas que complementan las reglas comunes aplicables a la designación de los jueces.
El número 9) del inciso segundo de este artículo transitorio establece el derecho a postular de los empleados u oficiales de secretaría de los juzgados del crimen y de los juzgados de letras que se suprimen por el proyecto, a los tribunales orales en lo penal y a los juzgados de garantía, siempre que hayan aprobado el examen habilitante que al efecto les tomará la Academia Judicial, caso en el cual preferirán sobre los postulantes externos a la carrera judicial.
Algunos diputados manifestaron su preocupación en la Comisión en vista del planteamiento formulado por los representantes de los empleados del Poder Judicial, ya que los funcionarios judiciales tienen gran experiencia, digna de ser considerada en el nuevo sistema.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que, justamente, por esa razón se les otorgaba un derecho preferente para ser incorporados a los tribunales que se crean.
Los diputados señores Claudio Alvarado , José García , Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz y la diputada señora Marina Prochelle formularon indicación para reemplazar el numeral 9) por el siguiente: “9) Los empleados u oficiales de secretaría de los juzgados del crimen y de los juzgados de letras que son suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los tribunales orales en lo penal y en los juzgados de garantías, siempre que hayan aprobado el examen habilitante que al efecto les deberá tomar la Academia Judicial.”.
Puesta en votación, fue aprobada por 5 votos a favor y 1 abstención.
Sometido a votación el resto del artículo 2º transitorio, fue aprobado por unanimidad.
Los artículos 3º y 4º transitorios también fueron aprobados por unanimidad.
Eso es todo cuanto puedo informar.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En la discusión en general y en particular, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, el proyecto se enmarca en lo que hemos llamado “la reforma judicial del siglo”, que apunta a la modernización de los tribunales, especialmente en materia penal, y de los procedimientos con miras a establecer un auténtico estado democrático de derecho.
“La reforma del siglo” será, sin duda alguna, uno de los hechos más perdurables del Gobierno del Presidente Frei. Fue impulsada por la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear , con el apoyo, como ha sido la tónica en estos proyectos y espero que lo siga siendo en éste, de la unanimidad del Parlamento.
Al aprobar hoy, como así esperamos, esta iniciativa, la Cámara habrá despachado los tres proyectos más importantes de la reforma penal: el Código de Procedimiento Penal, que está en segundo trámite en el Senado; el proyecto de ley orgánica del ministerio público, que también fue despachado por esta Cámara y está en el Senado, y, en este caso, la reforma al Código Orgánico de Tribunales, para viabilizar esa reforma procesal penal.
Por lo tanto, mis primeras palabras son para reconocer al Presidente Frei y a la Ministra Soledad Alvear el impulso, el coraje que han tenido, desde el punto de vista de un tema largamente postergado en una perspectiva de futuro, de acometer su necesaria reforma y modernización.
En segundo lugar, reconocer que la Cámara de Diputados ha tenido una labor fundamental en el trámite y despacho de estos tres proyectos.
En tercer lugar, por qué no decirlo, abogar para que el Senado, de alguna manera, le imprima mayor ritmo a esta reforma, ya que habrá tres proyectos en segundo trámite, los que constituyen la médula de esta reforma procesal penal.
Sólo faltará el proyecto que crea la defensoría pública, que va a ingresar a la Cámara en los próximos días, en su primer trámite constitucional.
Recordemos que, asimismo, se está tramitando el proyecto que crea los tribunales de familia, en un aspecto de nuestra sociedad absolutamente fundamental de acometer también legislativamente.
Por lo tanto, en primer lugar, quiero hacer resaltar la trascendencia histórica de esta “reforma del siglo” y el rol fundamental que le ha cabido al Parlamento en su despacho.
En segundo término, la base de la reforma penal en nuestro país tiene dos aspectos fundamentales, entre otros que podríamos mencionar.
Primero, el juicio oral y acusatorio, rápido y expedito, para reemplazar el procedimiento inquisitivo, escrito, engorroso, lento, caro, que ha caracterizado a nuestro sistema penal, producto de los cuales desgraciadamente existe una sensación de impunidad ésa es la verdad no porque tengamos malos jueces, sino porque el sistema penal está colapsado.
Segundo, algo medular, fundamental, separar la función de investigar de la de fallar. Es decir, un ministerio público, con fiscales que investigan y jueces, sean de garantía o tribunal oral en lo penal, que fallan. Esos dos aspectos, a mi juicio, son la médula de esta reforma al sistema procesal penal que estamos aprobando.
Por lo tanto, en este momento estamos creando los tribunales del nuevo sistema procesal penal, sean los jueces de garantía, como vamos a ver, o los tribunales colegiados orales en lo penal para fallar en estas causas, atendiendo a los principios que informan el nuevo procedimiento oral: principio de oralidad, de publicidad, de contradictoriedad y de oportunidad.
De esta forma, se garantiza un verdadero acceso a la justicia, que hoy no existe. También se trata de optimizar los recursos. En ese sentido, es un proyecto de modernización de la justicia penal. Se asegura la equidad y la eficiencia junto con ese acceso a la justicia; se determina, por cierto, la competencia, ya sea de los juzgados de garantías o tribunales orales en lo penal y se procura la estabilidad territorial respecto de lo que existe actualmente y la regionalización. Es un esquema bastante descentralizado que privilegia las realidades complejas, diversas, de las regiones.
Por lo tanto, así como el año pasado aprobamos un nuevo Código de Procedimiento Penal, que establece un procedimiento ordinario distinto del que hemos conocido, con la formalización de la instrucción, la preparación del juicio oral y el juicio oral propiamente tal, un juicio inmediato sin audiencia de preparación del juicio oral respecto de ciertos casos que así lo ameriten, la suspensión condicional del procedimiento cuando se trate de delitos con penas menores de 3 años en que no exista una condena anterior, cuando existan buenos antecedentes personales sometidos a ciertas condiciones. En fin, los acuerdos reparatorios respecto de los delitos en que estén afectados sólo bienes patrimoniales o delitos culposos, y el procedimiento abreviado cuando el delito no conlleva penas superiores a 5 años.
Ésos son los aspectos centrales del Código de Procedimiento Penal que ya despachamos en la Cámara y que actualmente está en el Senado.
En tercer lugar, hemos creado la institución de los fiscales en la ley orgánica del ministerio público. Se trata de 625 fiscales en Chile distribuidos geográficamente, acompañados de 550 abogados ayudantes; es decir, un grupo de 1.175 personas destinadas a investigar el delito 65 de esos fiscales estarán en la V Región, más 2.360 de apoyo: personal técnico especializado, expertos en computación, contadores, etcétera. En fin, el ministerio público da cuenta de un cuerpo de rango constitucional, con autonomía, de 3.625 personas, incluidos los 625 fiscales nacional, regionales, adjuntos, que estarán a cargo de la función de investigar.
El ministerio público tiene un costo de 89 mil millones de pesos, referidos a los temas de infraestructura 46 mil millones de pesos y de operación y remuneraciones, fundamentalmente, de 43 mil millones de pesos.
No se trata de crear una nueva burocracia, un elefante blanco. No; es un órgano especializado, técnico, bien remunerado, descentralizado, con una administración moderna que permitirá separar esta función de investigación, a cargo de los fiscales, de la de fallar, a cargo de los jueces.
El aspecto medular de este tercer proyecto que estamos despachando, de reforma al Código Orgánico de Tribunales que establece cuáles serán, cómo funcionarán, en qué lugares, con qué instrumentos, consiste en los tribunales en materia penal. En éstos, como sabemos, se distingue entre aquellos tribunales o jueces de garantía de los derechos del inculpado, especialmente los derechos constitucionales cuando éstos se puedan ver afectados por decisiones de los fiscales, y los jueces de garantía que podrán fallar en ciertos casos.
Estamos hablando de 404 jueces de garantía en el país, con el apoyo de 1.755 personas. Constituyen un tribunal especializado de apoyo a la labor de los jueces de garantía para que éstos realmente puedan cumplir en forma adecuada su función.
De los 404 jueces de garantía a nivel nacional, 38 estarán en la V Región, y de las 1.755 personas que servirán de apoyo, 175 estarán en la V Región, para ir mostrando también la dimensión de regionalización, que es uno de los principios que informa a este proyecto.
Con esto y los jueces de garantía tendremos una verdadera innovación en nuestro sistema, dado que serán los tribunales colegiados, los tribunales orales en lo penal, los que tendrán a cargo fundamentalmente la misión de fallar. Tendremos 378 jueces apoyados por 834 personas especializadas y técnicas insisto para colaborar en la función de fallar, 91 de las cuales estarán en la Quinta Región. Por lo tanto, tendremos 782 jueces si consideramos los tribunales orales en lo penal y los jueces de garantía. ¿Sabe, su Señoría, cuántos hay hoy día? Hay 75 jueces del crimen, más 144 jueces con competencia común.
Este es un salto no sólo cuantitativo, sino, sobre todo, cualitativo gigantesco.
El costo de la creación de estos tribunales en lo penal, sean jueces de garantía u orales en lo penal, es de 139 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se invertirán en la Quinta Región; 44 mil millones se destinarán a remuneraciones y 95 mil millones de pesos para infraestructura, lo que equivale, comparativamente, a los 300 millones de dólares que invertimos anualmente en infraestructura de la reforma educacional.
Por lo tanto, solicito a esta Cámara que tenga a bien despachar en general y en particular, en el día de hoy, esta reforma judicial del siglo, con el objeto de que cumpla su segundo trámite constitucional y se apruebe a la brevedad.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, esta normativa es una de las últimas etapas de la reforma procesal penal que ha conocido el país, y que, con la idea de hacer más accesible la justicia a la gente, implicó modificar la Constitución al incorporarle el Ministerio Público y la dictación de varias leyes, algunas de carácter orgánico constitucional y otras simples, en materia penal y de procedimiento.
Desde nuestra perspectiva, este proyecto de ley orgánica constitucional de tribunales establece el lugar de funcionamiento de los tribunales que conocerán de las causas criminales, y es de vital importancia para el éxito de la reforma judicial en que estamos empeñados.
La parte substancial del acceso a la justicia la constituye precisamente la facilidad con que las personas y la sociedad pueden recurrir y tramitar en tales instancias la decisión de sus conflictos. En esta perspectiva, éste es uno de los pocos proyectos en que los parlamentarios pudimos realmente trabajar con el Gobierno para modificar algunos criterios originales propuestos por el Ejecutivo.
Es importante señalar que esta iniciativa divide a los juzgados de ámbito criminal en dos grupos: los de garantía y los juzgados orales en lo penal. Los primeros juzgados de garantía, expresión nueva a la cual tendremos que acostumbrarnos los abogados son aquellos cuya finalidad esencial es asegurar los derechos de los intervinientes durante la investigación, correspondiendo a tales jueces cautelar los derechos del imputado y de los intervinientes durante la investigación y el procedimiento penal; dirigir las audiencias durante la investigación y la operación del juicio oral; dictar sentencias en los procedimientos abreviados y conocer y fallar las faltas y otros asuntos que la ley les encomiende. A su vez, los juzgados orales en lo penal son aquellos que, integrados por una o más salas de tres jueces, conocerán o juzgarán los juicios por crimen o simple delito en única instancia; resolverán los incidentes que se promuevan durante el juicio oral, y conocerán y resolverán los demás asuntos que otras leyes les encomienden. O sea, todo el actual sistema penal radicado en el juez criminal, se divide en estos dos tipos de jueces.
Sobre la base de que el tema de la distribución era esencial para efectos de velar por el adecuado acceso a la justicia, revisamos el proyecto original del Ejecutivo, el cual, a nuestro juicio, contenía algunas falencias que fueron planteadas en la Comisión me tocó personalmente formular algunas y luego de una extensa y no fácil discusión, fueron finalmente aceptadas por el Ejecutivo.
Para la historia de la ley, es importante que esto quede claro, a fin de que cuando los futuros legisladores revisen el tema del sistema orgánico de tribunales, tengan un criterio que facilite su labor permanente de modernización.
¿Qué se hizo respecto de los tribunales de garantía, cuyo número en general nos parece adecuado? Se incorporó el criterio de que ningún lugar que, hasta antes de este proyecto, tuviera algún juez en lo criminal, quedara sin algún tipo de jurisdicción de esta naturaleza dentro de su territorio. Es decir, lo que buscamos, primero, fue dar la seguridad de que ningún pueblo o localidad quedaría en situación desmedrada. ¿Por qué? Porque había lugares como Freirina, Combarbalá , Petorca , Putaendo , Curepto , Río Negro y Los Muermos , que hoy tienen juzgados criminales, pero que con esta norma quedaban sin ellos. Me correspondió conversar largamente con los diputados Molina y Recondo sobre esta materia, quienes me señalaron, siendo conocedores de la situación existente en el lugar, que era muy contradictorio decir a los habitantes de la zona, que íbamos a mejorar la justicia en circunstancias que lo único que verían era que los tribunales el de Los Muermos es reciente, habían desaparecido y que ellos deberían viajar varios kilómetros para los efectos de acceder a la justicia. Por eso, me pareció adecuado que el Ejecutivo haya asumido esta primera indicación nuestra, en cuanto a mantener los juzgados de garantía en estos lugares, a fin de que ningún sector fuera perjudicado.
Nuestro segundo planteamiento apuntó a aplicar criterios objetivos para los efectos de dónde ubicar a los juzgados orales en lo penal, pues se trata de un tema que se presta para algún tipo de confusión, es decir, saber dónde están los tribunales. Perpetrado el delito, empezará a aplicarse todo el procedimiento penal nuevo en la materia. Así, llegará el momento en que los juicios más relevantes deberán resolverse y habrá que dictar sentencia, lo cual se efectuará en los tribunales orales en lo penal. Los jueces de garantía controlarán al fiscal y el respeto de determinados derechos de las partes, pero quienes resolverán serán los jueces en lo penal.
Entonces, la idea es tener el máximo de lugares posible conjugados en lo penal para no tener que trasladarse de un lugar a otro. De ahí que en la propuesta del Ejecutivo percibimos que ciudades o localidades relevantes, como Calama, Quillota , Viña del Mar, San Fernando , Curicó , Linares , Arauco , Talcahuano, Angol y Talagante, todas comunas de más de 250 mil habitantes o cabeceras de provincia con más de 100 mil habitantes, quedaban sin un tribunal en lo penal. Por ello planteamos al Ejecutivo las dificultades que se generaban con esa situación. No es fácil, por ejemplo, para un habitante de Curicó entender que para resolver una causa penal que lo afecta en su territorio deba ir a Talca; o siendo de Talagante, tener que viajar a San Bernardo o Peñaflor; de Talcahuano a Concepción, o de Viña del Mar a Valparaíso para estos efectos.
Nuestro planteamiento fue que si vamos a hacer una reforma bien hecha, hagámosla completamente. Por eso, reevaluemos también el lugar de ubicación de los juzgados. Uno de los grandes méritos de este proyecto es que se oyó la voz de los parlamentarios personalmente presenté un proyecto alternativo al Gobierno, que fue acogido casi en su totalidad; hubo algunas modificaciones justificables a juicio de los expertos, y sobre las otras nos guardamos los comentarios y que al final superamos un obstáculo que era delicado, pues originalmente lo había en cuanto a la ubicación de los tribunales de garantía y de los orales en lo penal, lo que, afortunadamente, fue bien corregido. Ello fue factible pienso que la Ministra coincidirá conmigo, a partir de un aporte bastante constructivo de los parlamentarios de distintas bancadas.
Esperamos que esto tenga una especial visión de las autoridades de justicia y de los parlamentarios. Aquí entregamos un proyecto, algo que, como ley, empezará a funcionar en los próximos años; pero debemos estar muy atentos a cómo la iniciativa irá funcionando respecto de las personas, o sea, cuál es el grado de acceso que tendrá la gente.
Desde ya, me adelanto a señalar dos criterios.
En primer lugar, propongo que esto sea revisable, por lo menos, cada cinco años, de acuerdo con la forma en que se modifica la distribución de la población, pues hay zonas que se desarrollan más que otras. Me parece fundamental que la creación de juzgados no sea algo pétreo, sino que tenga la capacidad de adaptarse en la medida en que las zonas vayan creciendo o en que el acceso sea más difícil. Esto requerirá una gran buena voluntad de las partes. Puede que la justicia hoy funcione en forma inadecuada, pero existe la sensación de que los tribunales están cerca. Ahora los tribunales de garantías estarán más cerca, pero el resto, un poco más lejos, de manera que debemos tener especial cuidado en esto.
En segundo lugar, propongo, también para conocimiento del Ejecutivo, una idea que desarrollamos con la diputada señora Pía Guzmán y con el diputado señor Rodrigo Álvarez : crear los tribunales itinerantes, o sea, que en el Código Orgánico de Tribunales se establezca, con un sentido de modernidad, un sistema por el cual los tribunales en lo penal, con sus tres jueces, puedan desplazarse, en determinadas épocas del año o una vez al mes, hasta los lugares más apartados desde los cuales funcionan. Por ejemplo, para Puerto Natales , Palena , Chaitén , ubicados a cientos de kilómetros de Punta Arenas o de Ancud, sería preferible que una semana al mes una de las salas de los tribunales de estas ciudades se desplazara hacia esos lugares y, en terreno no se requiere tanta infraestructura para ello, fueran resolviendo los casos, con lo cual evitarían a los habitantes tener que viajar hacia otras ciudades para solucionar sus causas. Si somos capaces de avanzar en esta línea, daríamos un gigantesco paso para acceder en mejor forma a la justicia, propósito que es compartido por todos.
Por otra parte, la última indicación que me correspondió formular tiende a cautelar los derechos de las personas que en la actualidad trabajan en los tribunales criminales. Se estableció una norma especial, según la cual los actuales empleados u oficiales de los juzgados del crimen y de los juzgados de letras que sean suprimidos por la ley, puedan postular para ingresar a cumplir funciones en los tribunales orales en lo penal y en los juzgados de garantías, siempre que hayan aprobado el examen habilitante que al efecto les tome la Academia Judicial, a fin de garantizar la posibilidad de que las personas que por esta vía dejaran de trabajar, puedan acceder a un cargo a través del examen correspondiente.
Espero que podamos avanzar en esta línea y que la distribución mediante el Código Orgánico de Tribunales nos ayude al objetivo común: que en Chile haya mayor acceso a la justicia.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Solicito autorización de la Sala para insertar en la versión de sesiones los discursos que queden pendientes.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, concuerdo en que estamos frente a una iniciativa histórica, que difícilmente podemos dimensionar en estos momentos, en que nos encontramos más preocupados de determinar en qué condiciones quedó cada uno de nuestros distritos y comunas, y en qué forma los medios de comunicación locales nos responsabilizarán por la supresión o nos aplaudirán por el establecimiento de un nuevo tribunal. Ésa parece ser la lógica de esta sesión y no puedo sino entenderlo así.
Quiero hacer resaltar que parte importante de lo que estamos debatiendo prolongará sus efectos en el tiempo y sentará las bases de un verdadero nuevo trato entre el Estado y sus ciudadanos en materia del ejercicio del poder punitivo que le corresponde en forma exclusiva.
El proyecto en estudio, que integra la reforma procesal penal, junto con el nuevo código del ramo, la ley orgánica del Ministerio Público y la defensoría jurídica pública, no es la única reforma a la judicatura chilena que ha emprendido el gobierno del Presidente Frei. Debemos sumar, además, el proyecto que crea la judicatura especializada de la familia, que perfeccionará la actual justicia de menores; la iniciativa legal sobre ampliación de la mediación, el arbitraje y otros sustitutos jurisdiccionales. Todo ello, sumado al nuevo modelo de generación de los ministros de la Corte Suprema y a su reforzamiento como tribunal de casación, constituyen la modificación más profunda que se haya realizado en Chile a la administración de justicia. Este esfuerzo, de decenas de profesionales y académicos, bajo la dirección y gerencia de una brillante Ministra de Justicia, es digno de encomio, pues, salvo los codificadores chilenos de mediados de siglo pasado, nunca nadie había concentrado tanto trabajo en esta área como el que hasta ahora se ha realizado. Por estas razones, vaya un reconocimiento público para ellos.
Sabemos que es difícil introducir cambios en cualquier organización. El cambio genera reacciones, rechazo, temor; cuando el cambio es radical, mucho más aún. Pero esta misión es doblemente valerosa, pues supone introducir profundas modificaciones en una de las actividades públicas más apegada a la tradición y donde fuertes intereses corporativos, de naturaleza conservadora, se constituyen en un obstáculo permanente, que sólo la destreza política y la autoridad técnica y académica son capaces de enfrentar.
Tenemos la convicción de que la cultura jurídica chilena y todos sus agentes y actores no serán los mismos después de esta reforma, de la cual nos alegramos, pues se ha puesto a la gente, sobre todo a la más modesta, como eje orientador de la política judicial.
En forma muy resumida quiero dar mi opinión, como representante de un distrito de la Undécima Región de Aisén, la cual, según los propios dichos de uno de los principales especialistas que trabajó en el proyecto, el profesor Juan Vrsalovic , debió recibir un tratamiento especial, tanto por su densidad de población y atomización de los asentamientos humanos en un vasto territorio como por las malas condiciones de comunicaciones y transportes, que obligan a superar las variables de asignación de tribunales con que operó el modelo que informa la iniciativa en debate. Sin duda, estas especiales circunstancias permitieron la subsistencia de un juzgado de jurisdicción común, habilitado especialmente como tribunal de garantía de los actuales tribunales de letras de Chile Chico y Cochrane. La gran novedad es que se crea el juzgado de letras de Puerto Cisnes, con competencia civil, laboral y de menores, incluyendo la del tribunal de garantías, en las comunas de Guaitecas, Lago Verde y Cisnes , lo que mejorará el acceso a la administración de justicia, no sólo penal, sino también civil, a los pobladores de lugares tan apartados como Isla Toto, Puerto Gaviota, Puerto Raúl Marín Balmaceda , La Tapela, isla Melinka , incluyendo Repollal , una zona muy vasta, con una dispersión demográfica muy fuerte.
Sin embargo, se crea sólo un tribunal penal, con asiento en la comuna de Coihaique, el que contará con una sala de tres jueces, encargados del juicio oral penal, lo que necesariamente obligará, a nuestro parecer, a recurrir a la figura del tribunal penal oral itinerante. La Corte de Apelaciones de Coihaique, conforme a la disposición legal del Código Orgánico de Tribunales, estableció la obligación de que los jueces se constituyan en forma periódica en las zonas más aisladas de su territorio jurisdiccional, lo cual en su momento aplaudimos en esta Sala y hoy nuevamente reconocemos. Pero, en vista de esta nueva realidad orgánica y de la gestión que impone el nuevo sistema, postulamos que, en lo posible, se establezca un tribunal oral penal itinerante, de carácter permanente en la región de Aisén, a fin de que apoye el trabajo del tribunal que se ha establecido en Coihaique y facilite el acceso de la gente de los lugares más apartados de la tutela jurisdiccional. En caso de no ser viable económicamente esta propuesta, postulamos que las cortes de apelaciones, mediante un auto acordado, ordenen la realización de las visitas con regularidad y sistematicidad y provean las condiciones materiales necesarias para ello, de acuerdo con la dignidad y jerarquía de los magistrados de la República. Para esto haremos las gestiones ante algunos senadores, a fin de que en el segundo trámite constitucional se incorporen dos indicaciones en tal sentido que, creemos, enriquecerán el proyecto en trámite.
La primera consiste en reemplazar en el artículo 4º aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el párrafo referido a la Undécima Región, por el siguiente: “Coihaique, con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Coihaique y Puerto Aisén, con excepción del archipiélago de las islas Huichas. Además, existirá un tribunal oral en lo penal, con tres jueces de carácter itinerante y permanente, con competencia en las comunas de Guaitecas, Puerto Cisnes, Lago Verde, Río Ibáñez , Chile Chico, Cochrane , caleta Tortel , Villa O’Higgins y las islas Huichas en la comuna de Puerto Aisén”.
La segunda indicación es para agregar, al final del artículo 11 del texto del proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo siguiente: “Agréguese un inciso tercero y final del siguiente tenor:
“Las cortes de apelaciones establecerán un sistema de itinerancia permanente para los jueces orales en lo penal, a fin de que se constituyan regularmente en las zonas rurales y en las apartadas o aisladas de la ciudad de asiento del tribunal”.
En seguida, quiero referirme a una señal no menor que el Gobierno está dando en este momento en relación con la región de Aisén. Normalmente se legisla con un patrón nacional respecto de apartadas zonas tan particulares como Aisén, pero que no calza con su realidad, con su enorme extensión geográfica, con su baja población y con la dispersión geográfica de ésta. En este caso, el proyecto del Ministerio de Justicia plantea aproximarse a la realidad de Aisén, diferente de la del resto del país, lo que me parece de la mayor importancia.
Finalmente, quiero pensar que, cuando llegue su tiempo, el Ministerio de Salud también pueda legislar en relación con las postas de salud o con los hospitales en algunos sectores, acogiendo la realidad regional de cada uno de los lugares del país, en particular de regiones tan extensas y con una distribución y dispersión geográfica tan grande, como el sector insular, sobre todo Aisén, Magallanes y Chiloé.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, como ya se ha expresado, la Ley Orgánica de Tribunales viene a concretar lo anteriormente señalado por la Cámara en cuanto al Ministerio Público y al Código de Procedimiento Penal. En efecto, viene a concretar tanto las garantías de acceso a la justicia como las de un debido proceso.
Por eso, hay que entender esta ley orgánica desde la perspectiva de la reforma total de nuestra administración de justicia. Desde el punto de vista económico, administrativo y de la racionalización de la administración de justicia, hay que apreciar el esfuerzo enorme que significa la reforma en su totalidad y, a su vez, las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica de Tribunales.
Como quedó establecido en la reforma, uno de los papeles fundamentales que habrá en la futura administración de justicia será todo lo referente al Ministerio Público y a los fiscales; pero, junto a la labor que realizarán que hoy realiza el propio juez en lo criminal, es necesario que el fiscal, que practicará todas las tareas de investigación en relación con los delitos, esté sometido también a garantías de un debido proceso, dado que, justamente, la acción del Ministerio Público, de los fiscales, es la que puede afectar en forma más grave los derechos de las personas, como justamente ocurre en la actualidad con el sumario, en que el juez realiza la investigación.
En consecuencia, al separarse las funciones jurisdiccionales de las de investigación, es fundamental la instauración de los tribunales de garantía. Por eso es que en esta reforma de la Ley Orgánica de Tribunales, dado que el primer y más esencial aspecto se refiere a los derechos de las personas, que pueden ser afectados por la acción de los fiscales del Ministerio Público, se establecen tribunales de garantía a lo largo del país, aun en aquellos lugares más recónditos del territorio.
Por lo tanto, los juzgados de garantía tienen una labor esencial dentro de la reforma, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en aquella etapa que aparece fundamental para los efectos de la acusación y del juicio oral, que es justamente la labor del fiscal.
De ahí la importancia de los jueces de garantía y la necesidad que aparece plasmada en esta reforma, en cuanto a que éstos estén situados en todos los lugares del país, con el objeto de que tengan la inmediatez necesaria para oír justamente a las personas que puedan ser afectadas por violaciones a los derechos humanos o por determinados comportamientos que pudiesen llegar a tener los fiscales.
De esta manera, hay seguridad total de un debido proceso. La investigación estará sometida a la jurisdicción de los tribunales y habrá un juzgado de garantía cercano que pueda atender las reclamaciones por parte de las personas que se vean afectadas en sus derechos.
Un segundo aspecto importante, desde el punto de vista del debido proceso y del acceso a la justicia, es la existencia de los juzgados en lo penal; en la actualidad se lleva a cabo por el mismo juez que sustancia el sumario. El mismo juez que acusó lleva a cabo lo que sería propiamente el juicio, que en el futuro será oral. Los jueces actuales tramitan el plenario, que termina con la condena.
Por lo tanto, también hay mejor garantía desde el punto de vista del debido proceso, ya que habrá una separación entre el juez de garantía, el fiscal y los juzgados del crimen, que estarán compuestos por tres jueces. En consecuencia, existirá la posibilidad de mayor discusión por parte de aquellos que tendrán a su cargo el aspecto jurisdiccional fundamental, que es el que lleva a la condena o a la absolución del acusado.
De ahí la importancia de estos nuevos juzgados en lo penal, que estarán compuestos por tres jueces y distribuidos a lo largo de todo el país. Sin embargo, por razones de recursos, no estarán situados en todas las ciudades o comunas. Naturalmente, en el futuro, como señaló el diputado señor Coloma, esto necesitará una revisión a medida que aumenten las poblaciones y se adviertan mayores necesidades para la colocación de tribunales en lo penal. Pero, dadas las actuales circunstancias, y a través de la discusión que hubo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de los diferentes planteamientos y observaciones a los cuales se invitó a todos los diputados, se pudo llegar al mejor sistema, lo más racional posible, de distribuciones de juzgados en lo penal, de manera que no hubiere una gran distancia entre la persona y el juicio de carácter oral.
Pero la reforma no sólo se plasma esto es importante desde el punto de vista de las garantías al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, sino también desde el de una nueva concepción de la administración de los tribunales. En la actualidad, en ellos se confunden tareas puramente administrativas, llevadas por los propios jueces y secretarios del tribunal, con las jurisdiccionales.
Por eso, en los nuevos tribunales habrá un administrador general y un subadministrador general, con el objeto de llevar a cabo todas las tareas administrativas para las que esas personas tengan las capacidades y conocimientos suficientes, con el objeto de que los nuevos tribunales tengan una administración eficiente, de acuerdo con criterios especializados en la materia.
Por último, también es significativo el hecho de que se contemple una unidad de atención al público, con el objeto de que en los nuevos tribunales, el imputado, la víctima, los testigos o los peritos reciban las respuestas que correspondan a todas las preguntas que desean formular.
Entonces, en las nuevas modificaciones de la ley orgánica de los tribunales no sólo se han considerado las garantías al acceso a la justicia por parte de las personas, sino también, y en forma muy especial, que se cumplan las reglas del debido proceso desde la investigación misma hasta la condena, en conformidad con todos los convenios internacionales suscritos por Chile, así como que haya una especialización técnica en la administración de justicia para lograr una racionalidad administrativa, respecto de lo cual, según hemos visto en el último tiempo, hay un gran déficit en nuestros tribunales de justicia.
Consideramos que ésta es la culminación de toda la reforma que está llevando a cabo la señora Soledad Alvear , Ministra del ramo, y el Gobierno del Presidente Frei, razón por la cual le daremos todo nuestro apoyo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, este proyecto completa y complementa la larga tramitación que ha tenido la contundente reforma judicial, que ha contado con el apoyo unánime y permanente de esta Cámara, y que introduce cambios a varios códigos, entre otros, al Código Orgánico de Tribunales.
Desde esa perspectiva, puede parecer un tanto imprudente la participación en este debate de quienes no tenemos especialización y no hemos intervenido en el debate de las modificaciones a los otros códigos. Sin embargo, estimo que los diputados y diputadas debemos demostrar nuestra preocupación por algo que parece central en esta reforma: el acceso a la justicia.
En ese sentido, al analizar el informe, al escuchar a los parlamentarios que me han antecedido, y al escuchar y leer el debate realizado en las comisiones, no cabe duda de que hay regiones, particularmente la Décima, que represento en esta Cámara, que tienen como una de sus características la alta ruralidad y, por cierto, la carencia de justicia en los sectores apartados, en los sectores rurales, los cuales tienen una dificultad creciente de acceso a la justicia.
Por otra parte, entendemos que la expresión “acceso a la justicia” tiene que ver con una tramitación más rápida y con resoluciones más diligentes y oportunas, dirección a la que apuntan esta reforma procesal y las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, las cuales mejoran este derecho. Pero, en mi opinión, no es una cuestión menor que el acceso a la justicia también tiene que ver con el acercamiento físico de las personas a los tribunales, al lugar donde se imparte la justicia. Sin embargo, las regiones de alta ruralidad, como la que represento, con la consecuente alta marginalidad, con el déficit de infraestructura permanente y con las dificultades para obtener medios de comunicación, han tenido problemas permanentes, por una cuestión física, para acercarse a los tribunales y tener acceso a la justicia, a lo cual aspiramos con esta reforma.
Voy a dar algunos ejemplos. Puerto Varas tendrá un juez de garantía, al cual van a concurrir cuatro comunas, algunas de las cuales están a más de 80 kilómetros de distancia de donde va a operar y funcionar dicho tribunal.
En el caso de los tribunales orales en lo penal, Puerto Montt contará con seis jueces, a los cuales van a concurrir 13 comunas, algunas ubicadas a distancias y con dificultades de acceso mucho mayores que las que mencioné recientemente.
Sinceramente, creo que no habrá un mejoramiento en relación con lo central del proyecto, que es mejorar el acceso del mundo rural a la justicia, si no se complementan algunas de las medidas que aquí se han propuesto y respecto de las cuales quiero insistir.
Me parece conveniente incluir la idea no recuerdo bien si se discutió en alguna de las comisiones o fue reiterada en la de Hacienda de que las salas penales tengan facultades para realizar una actividad itinerante, lo que, a mi juicio, mejora sustancialmente las posibilidades de acceso a la justicia del mundo rural de aquellas regiones, particularmente donde la ruralidad y la marginalidad todavía tienen un alto índice.
Aunque estoy plenamente de acuerdo en la forma como se abordó este proyecto, en los mejoramientos que se hicieron en la Comisión a la iniciativa original y que no cabe duda de que con la creación de los juzgados de garantía se avanzó en el otorgamiento de un mejor acceso a los sectores rurales, quiero solicitar al Ejecutivo porque entiendo que esta materia es de iniciativa del Presidente de la República, que incorpore la facultad de que las salas penales puedan tener una actividad itinerante en los sectores rurales, mediante una adecuada calendarización, de manera que las comunas que hoy están lejos de las salas penales tengan la posibilidad de un mejor acceso a todo el proceso penal.
He querido intervenir para anunciar nuestro apoyo a esta modificación y para señalar que nos parece que complementar el proyecto con esta idea de dar un carácter itinerante parcial a las salas penales mejorará sustancialmente un aspecto que, según entiendo, es central en toda la reforma: mejorar el acceso a la justicia y, particularmente, el acceso del mundo rural a la justicia.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
De acuerdo con lo aprobado en la reunión de los Comités, corresponde reanudar el debate de este proyecto a partir de las 16 horas de hoy, el que será votado en general y en particular a las 18 horas.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
SALUDOS A PARAGUAY Y A SU CONGRESO POR SUPERACIÓN DE AMENAZAS A ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 234, relacionado con la crisis política que vivió Paraguay.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, como autora del proyecto, manifesté mi intención de retirarlo en la sesión pasada. ¿Por qué se somete a votación?
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Hay nueve señores diputados que no han retirado su firma, y para cumplir el Reglamento, todos deben hacerlo.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Por no haberse reunido el quórum requerido,
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
SUSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN RESOLUTIVA DEL DECRETO LEY Nº 211, DE 1973, POR UN TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 235, del señor Huenchumilla , señora Fanny Pollarolo , señor Vilches , señora Laura Soto , señores Víctor Pérez y Núñez :
“Considerando:
1. Que el día 30 de marzo de 1999, esta Cámara despachó por unanimidad, en tercer trámite, el proyecto de ley que fortalece la acción de la Fiscalía Nacional Económica, mediante la estructuración de la planta funcionaria y el reordenamiento de las atribuciones del Fiscal Nacional.
2. Que durante los debates parlamentarios de este proyecto de ley quedó de manifiesto la necesidad de introducir mejoramientos a la institucionalidad que protege la libre competencia regulada por el DL Nº 211 de 1973.
3. Que con esa finalidad, en mayo de 1998 representantes de las bancadas de Oposición y de la Concertación, del Ministerio de Economía y el señor Fiscal Económico acordaron iniciar los estudios correspondientes, que dieron como resultado un amplio consenso político y técnico para sustituir la actual Comisión Resolutiva por un Tribunal de Defensa de la Competencia.
4. Que dicho consenso permitiría un trámite legislativo expedito sobre una materia de relevancia para el buen funcionamiento de nuestra economía.
5. Que, sin embargo, para iniciar este trámite legislativo es necesario que su Excelencia, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, despache al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre esta materia.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que sustituya la actual Comisión Resolutiva contemplada en el Decreto Ley Nº 211 de 1973 por un Tribunal de Defensa de la Competencia”.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, a pesar de la demora en el tratamiento del proyecto de acuerdo se presentó el 31 de marzo último, solicito su aprobación a los colegas, primero, porque es importante solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para sustituir la actual Comisión Resolutiva contemplada en el decreto ley Nº 211, de 1973, por un Tribunal de Defensa de la Competencia, y en segundo lugar, porque el proyecto está firmado por todos los jefes de bancadas y por el que habla, como Presidente de la Comisión de Economía.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, como complemento a lo expresado por el diputado señor Núñez , deseo señalar que existe un acuerdo político y un trabajo desarrollado durante más de un año, en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, respecto del Tribunal de la Competencia que reemplazaría a la Comisión Resolutiva.
Por lo tanto, sólo faltaría que la materia relativa a los tribunales económicos ingresara a trámite legislativo, con lo cual daríamos un gran paso judicial en el país, porque las materias económicas son cada día más complejas y requieren de mayor especialización, lo cual exige tener una judicatura de carácter económico.
Ratifico que no sólo concordamos con el proyecto de acuerdo, sino que se ha avanzado mucho en el proyecto de ley, en cuyo contenido existe prácticamente un acuerdo político. Por lo tanto, es muy oportuno solicitarle al Presidente de la República que lo envíe a tramitación legislativa y que ojalá le dé la urgencia correspondiente.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
AMPLIACIÓN DE COMPETENCIA DE FUTUROS TRIBUNALES ECONÓMICOS A MATERIAS TRIBUTARIAS.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 236, de los señores Van Rysselberghe , Letelier, don Felipe ; Alessandri , Pérez, don José ; Molina , Monge , Valenzuela , Mora , Jaramillo y señora Rosa González :
“Considerando:
1. Que esta Cámara recientemente aprobó el proyecto que otorga mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, faltando solamente su promulgación para que se convierta en ley de la República.
2. Que, junto con lo anterior, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo en orden a que éste impulse la creación de tribunales económicos.
3. Que existe absoluta conciencia en el país de la necesidad de que también existan tribunales independientes en materia tributaria, que se aboquen al conocimiento de las causas en dicha materia en primera instancia, ya que actualmente el Servicio de Impuestos Internos es juez y parte en ellas.
4. Que, además, ello significaría un gran avance en nuestro país y una mejor justicia tributaria.
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor Presidente de la República que junto con la creación de tribunales económicos se amplíe la competencia de éstos, para que también tengan competencia en materia tributaria, especialmente en primera instancia”.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, este proyecto hay que concordarlo con el que acaba de aprobar la Cámara.
Es del más alto interés para la defensa del contribuyente que nadie asume, y hemos debido buscar esta suerte de vía oblicua, darle competencia a los tribunales económicos para conocer materias tributarias, porque hasta hoy ha sido imposible solucionar esta difícil situación, y el Servicio de Impuestos Internos sigue siendo juez y parte en materias tributarias.
Si el Ejecutivo estima conveniente concederle también a los tribunales económicos competencia para pronunciarse sobre materias tributarias, como se pide en este proyecto de acuerdo, creemos que solucionaremos un problema que aflige al contribuyente por mucho tiempo.
De allí que consideramos de justicia y equidad tributaria la aprobación del proyecto de acuerdo, para luego ir a la creación de un tribunal tributario.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, aunque concuerdo con la mayor parte de las argumentaciones del diputado señor Alessandri , quiero insistir en la materia.
No sé si realmente con tribunales económicos tan generales, pero es absolutamente indispensable dar una solución al tema judicial tributario en primera instancia, entre otras cosas, por razones de principios constitucionales que garantizan ciertos derechos del contribuyente, los que muchas veces no es posible defender bien en la primera instancia. Más aún, si recordamos que en la década del 60, cuando se modificó el Código Tributario y se estableció que la primera instancia en materia tributaria transitoriamente sería sustanciada por los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos. Esta transitoriedad ha durado más de 30 años y, por lo tanto, es urgente terminar con lo que hoy plantea el diputado señor Alessandri , es decir, que el director, el abogado designado o el abogado tramitador es juez y parte.
Por razones de justicia, para proteger adecuadamente al contribuyente, para evitar, incluso, la aplicación de normas bastante curiosas como las del procedimiento general de reclamación tributaria en que uno debe solicitar sentencia y, si no se accede, pedir que se falle en contra de uno mismo para seguir la tramitación y alegar en la corte de apelaciones, es absolutamente indispensable ir hacia una nueva judicatura en materia de primera instancia tributaria.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
MODIFICACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 237, de los señores Bartolucci , Mora y Alessandri.
“Considerando:
1) Que el D.F.L. Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, dispone que la fijación de las fórmulas tarifarias de agua potable y alcantarillado se realiza mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
2) Que este mismo cuerpo legal dispone que las tarifas de las diversas etapas del servicio se deben establecer en forma independiente unas de otras, lo cual debiera traducirse en mediciones separadas de los respectivos volúmenes.
3) Asimismo dispone que la determinación de los volúmenes a considerar corresponderá al que establezca el Reglamento, el que en relación con el cálculo de las tarifas, en su artículo 14 dispuso: “se considerará que el volumen descargado de aguas servidas es igual al volumen consumido de agua potable”.
4) Que la señalada fórmula tarifaria establecida para los servicios de alcantarillado, constituye un procedimiento injusto y arbitrario, ajeno a la realidad de lo que efectivamente utilizan los usuarios.
5) Que dicho procedimiento de cobro, se traduce en la práctica en un enriquecimiento indebido de las empresas suministradoras del servicio, situación que se ve agravada entre los meses de noviembre y marzo de cada año período de punta en que se recargan las tarifas por “sobreconsumo”.
6) Que el mayor consumo de agua potable en dicho período corresponde fundamentalmente a la mayor cantidad de agua utilizada en el riego de jardines y antejardines que las municipalidades obligan a sus vecinos mantener a su costa, la que obviamente no se descarga en los alcantarillados.
7) Que la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de un recurso de protección sobre la materia, concluyó que los volúmenes de agua potable y aguas servidas descargadas a los alcantarillados debían medirse en forma separada, cualquiera fuese la dificultad en realizarlas y que por la vía del recurso de protección no se podía rectificar el reglamento, por lo que a Esval no le cabía responsabilidad en la forma de cobrar el uso del alcantarillado, pues procede de acuerdo con el errado reglamento vigente.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, la modificación del Decreto Supremo Nº 453 de 1989 que establece las fórmulas tarifarias por los servicios de agua potable y alcantarillado, disponiendo que éstos sean cuantificados en forma independiente uno del otro de manera que se refleje el consumo real de este último”.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, con los diputados señores Waldo
Mora y Gustavo Alessandri hemos presentado este proyecto de acuerdo, que pedimos a los colegas que aprueben, para solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que modifique el artículo 14 del decreto supremo Nº 453, de 1989, que establece la forma de calcular el cobro del servicio de alcantarillado domiciliario, en cuanto señala que el volumen descargado de aguas servidas es igual al volumen consumido de agua potable.
Esto, desde luego, no es así. Gran cantidad de agua potable no va al alcantarillado, se evapora o se utiliza sobre todo para el riego de los jardines. Todos sabemos que en el verano se produce un cobro de sobreconsumo que tiene que ver bastante con el riego de jardines, y se carga tanto al agua potable como al alcantarillado. Por lo tanto, la gente queda gravada con un sobreconsumo de agua potable y con otro de alcantarillado, porque se entiende que el agua servida que escurre por el alcantarillado es el mismo volumen que se consumió como agua para la bebida, lo cual, reitero, es bastante discutible porque en el verano se utiliza mucha agua en riego de jardines. Incluso, las municipalidades obligan a mantener los antejardines de casas particulares, y de no hacerlo, se cobran multas.
En fin, hay toda una situación que obliga a replantear lo que señala el artículo 14 del decreto supremo Nº 453, de 1989, para que el uso del alcantarillado sea cuantificado en forma independiente del servicio de agua potable y no se siga con la norma señalada, que sobrecarga la cuenta por ese servicio.
Por ello, solicitamos que se reestudie la situación y pido a los colegas que nos acompañen, junto con los Diputados Waldo Mora y Gustavo Alessandri , en la petición a su Excelencia el Presidente de la República a fin de que se modifique dicho decreto.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, no sólo quiero adherirme a este proyecto, sino también ayudar a fundamentarlo.
Efectivamente, hay una queja a lo largo del país por los cobros de agua potable y de alcantarillado. No es a partir del discurso del colega por Valparaíso, don Francisco Bartolucci , sino que existe un sentimiento nacional al respecto. A mi juicio, el cobro es indebido, confuso, porque se mezclan como se fundamentó muy bien distintos tipos de aguas. Por ello, la Corporación debe aprobar por unanimidad este proyecto, ya que beneficia a quienes estamos defendiendo día a día: los consumidores.
Como bancada, respaldaremos el proyecto, y ojalá sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
PETICIÓN DE NO CONCURRENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A IX CUMBRE IBEROAMERICANA EN LA HABANA.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 238, de los diputados señores Van Rysselberghe , Prokurica , Bertolino , Palma, don Osvaldo ; Alessandri , Dittborn , señora Pérez , doña Lily ; y señores Delmastro , Ulloa y Vilches.
“Considerando:
1. El Gobierno ha anunciado que evaluará la concurrencia de Chile a la IX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en La Habana.
De esta evaluación debería surgir como conclusión lógica la decisión de no concurrir a la citada reunión, ya que hacerlo representaría una contradicción con conductas que ha tenido el país y el desconocimiento de valores que han inspirado la política exterior de Chile.
2. En la última Cumbre que se desarrolló en Portugal los jefes de Gobierno o de Estado concurrentes firmaron una declaración en la que rechazaban la aplicación extraterritorial de las leyes nacionales. Esta materia compartida por todos los integrantes de la reunión, debería ser la posición irreductible de quienes la suscribieron.
A pesar de dicha declaración, uno de sus integrantes, España, violó el compromiso contraído, al solicitar a Londres la detención del ex Presidente Pinochet, afectando precisamente la soberanía chilena y pretendiendo ejercer ilegítimamente una jurisdicción que el Derecho Internacional no le ha otorgado y que los países de la Cumbre rechazaron específicamente.
3. La presencia de Chile en la Cumbre de La Habana significaría que Chile cohonestaría este incumplimiento manifiesto por parte de uno de sus miembros.
El Presidente de la República, el Gobierno en su totalidad, el Senado, el Presidente de la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad y una mayoría abrumadora del país han coincidido en que la acción española ha representado un agravio a la soberanía y a la dignidad de Chile. Frente a esta unidad es importante evitar dar señales que pudieran disminuir la fuerza del planteamiento de tan altas autoridades como ocurriría con nuestra concurrencia a la IX Cumbre Iberoamericana.
4. Desde otro punto de vista, los países de la Cumbre en reuniones anteriores convinieron que la democracia y el respeto de los derechos humanos constituyen prioridades fundamentales de la política exterior de todos sus integrantes.
Resultaría un sarcasmo homenajear y ser homenajeados por el gobernante que es la antítesis de estos valores. Castro nunca ha dejado de expresar su desprecio por los procedimientos democráticos y su gobierno, en la práctica, es una expresión trágica y anquilosada de la persistencia de una dictadura congelada que se niega a aceptar las corrientes de la historia.
5. El Gobierno de Chile de manera reiterada ha enfatizado la importancia que le atribuye, en su política exterior, a la defensa y promoción de los derechos humanos. En consecuencia, para mantener su credibilidad, no debe concurrir a la Cumbre de La Habana.
Sobre la base de las consideraciones precedentes sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados solicita a su Excelencia el Presidente de la República que no concurra a la IX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en La Habana, Cuba”.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, no obstante parecer obvio y sencillo, tiene gran trascendencia. Se trata de concordar lo que dice el Ejecutivo y lo que defienden al interior de la Cámara y del Senado de la República la totalidad de los señores senadores y diputados en orden a respetar los derechos humanos, con la decisión que debe adoptar su Excelencia el Presidente respecto de su concurrencia a la IX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en La Habana.
Es un hecho público y notorio cómo se vienen transgrediendo en Cuba, desde hace ya muchos años, los derechos humanos: se fusila a la gente, se falta a compromisos claramente contraídos con Su Santidad el Papa en su reciente visita, después de la cual Castro no liberó a todos los presos políticos que había concordado con el Santo Padre.
Últimamente como lo saben los señores diputados, el gobierno de Castro ha iniciado una sangrienta purga, que llama “anticorrupción”, al interior de las fuerzas armadas cubanas. Ésa es la explicación que da para hacerla y depurar, desde su punto de vista, las fuerzas armadas.
Ha caído también, junto con el ex canciller, señor Robaina , víctima de estas purgas que está realizando periódicamente el dictador, su distinguida esposa, alta jefa del ministerio de turismo de Cuba.
De ahí que, a mi juicio, interpretando a la inmensa mayoría de la Cámara, solicito que se apruebe el proyecto de acuerdo y, en consecuencia, se envíe un oficio a su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual se le señale que veríamos con gran agrado que no concurra a la IX Cumbre Iberoamericana, a efectuarse en La Habana en noviembre próximo. De esa manera, habría consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Queda pendiente para la próxima sesión el resto de la discusión y la votación de este proyecto, pues ha terminado el tiempo destinado a proyectos de acuerdo.
VIII.INCIDENTES
HOMENAJE A CLUB DEPORTIVO “ARTURO FERNÁNDEZ VIAL” EN SU 96º ANIVERSARIO. Oficio.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
Hago presente a la Sala que Incidentes será presidido por la Diputada señora Eliana Caraball.
(Aplausos).
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Queridos colegas, aprovecho la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño y simpatía que me manifestaron durante mi enfermedad.
El primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, hoy, 15 de junio de 1999, el glorioso Club Deportivo Arturo Fernández Vial está celebrando el 96º aniversario de su fundación; es decir, va camino al centenario. Nuestro querido club del barrio Estación en el cual me crié, fue fundado el 15 de junio de 1903. Se supone que el lugar exacto fue al interior de la maestranza de Ferrocarriles del Estado.
Es importante recordar la razón de su nombre. En los albores del presente siglo, los gremios marítimo y ferroviario de Valparaíso eran agitados por aires de fronda laboral, ante lo cual el Gobierno de la época tomó las medidas necesarias para mantener la paz social y asegurar la libertad de trabajo. La huelga de los gremios amenazaba con generalizarse a otras actividades productoras y extenderse a otros puntos del país. Ante dicha eventualidad y para controlar la difícil situación planteada, el Gobierno nombró jefe de plaza al almirante Arturo Fernández Vial, a quien otorgó amplias atribuciones para terminar con el movimiento huelguístico ilegal. Con su tino, ponderación, criterio y persuasión logró que los gremios en conflicto pusieran fin al paro. Es decir, solucionó de manera pacífica el problema.
Ese hecho fue profusamente difundido por la prensa nacional y motivó a los dirigentes del Club Deportivo Ferroviario Internacional de Concepción a cambiar su nombre por el de “Club Deportivo Arturo
Fernández Vial”.
Aparte del fútbol, este club cuenta con ramas de atletismo, boxeo y básquetbol femenino, creada hace pocos años. En lo individual, sin parangón alguno se destacó Humberto “Gaucho ” Lara en atletismo y fútbol, deportista de excepción, que permaneció imbatible por toda una década, en especial en la prueba de los 400 metros, en la que fue campeón sudamericano. Celestino González y Misael Vilougron fueron sobresalientes boxeadores. En Londres, Tokio y Ciudad de México supieron de sus virtudes.
Durante tres años consecutivos, en 1914, 1915 y 1916, el “ Arturo Fernández Vial” fue campeón amateur, haciéndose acreedor de la copa “Té Ratanpuro”. En 1945 fue campeón amateur de Chile y, en 1981 y 1983, subió de segunda a primera división. El club aurinegro, Arturo Fernández Vial, es el quinto más antiguo del país, tras Santiago Wanderers , Magallanes , Unión Española y Rangers.
Cuando niño, me correspondió ver sus entrenamientos en la vieja sede ubicada en Arturo Prat, frente a Maipú. En 1948, reforzado con otros jugadores, en el estadio regional viejo, de madera, y ante casi nueve mil personas, lo vimos perder por dos goles a uno con el River Plate en un partido muy disputado por los jugadores y festejado por los asistentes.
En 1949, el Club Fernández Vial fue parte y fundador en Concepción del Campeonato Regional de Fútbol, al que, domingo a domingo, asistían no menos de cinco mil personas y cuyos jugadores nos dieron infinitas satisfacciones. Entre sus jugadores ilustres, hay una trilogía de arqueros fuera de serie: Miguel Pino , Enrique Obregón , que aún vive, y Onofre Pino , quien participó más tarde en algunos clubes profesionales de nuestro medio.
Además de esto, el club participó en encuentros internacionales; por ejemplo, cuando triunfó sobre la Selección de Mendoza. Pero los partidos más hermosos jugados en el viejo estadio de Collao eran los disputados contra Colo Colo , en los cuales, con resultados muy estrechos, podíamos admirar a los grandes jugadores de la época.
En la actualidad, aún viven ilustres personas de esa época, como los famosos “Indio” Segundo Godoy , “Ñato” Pizzero, “Porongo” Inostroza y toda la familia Sierra , quienes hasta hoy pertenecen al club.
Por eso, desde mi escaño de parlamentario, he considerado un deber rendir homenaje a este club, el que me hace recordar su hermosa sede, a la que, cuando era muy niño, después de escuchar en la mañana el pito de la maestranza, o en las tardes, concurríamos con los muchachos del barrio.
Por eso, solicito que se envíe oficio a la actual directiva, encabezada por don Alberto Bohle Soto , para expresarle mi reconocimiento por lo que ha hecho por el glorioso club deportivo Arturo Fernández Vial.
Espero que en cuatro años más, cuando se conmemore el centenario, pueda reiterar mi reconocimiento a tantas personas que han dado brillo al fútbol penquista.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE A SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señora Presidenta, como se sabe, la sequía que azota al país afecta a la zona agrícola, y de manera especial a la Séptima Región.
En Maule, los embalses y lagunas carecen de recursos hídricos, lo que impedirá el riego. Por eso, las posibilidades de cultivos importantes son menores. Por ejemplo, en el arroz se visualiza una pérdida del 20 por ciento y en el trigo del 25 por ciento. En general, estos índices se aplican a la agricultura y a la ganadería. A eso debe agregarse el hecho de que los precios de los productos agrícolas, paradójicamente, han estado muy bajos.
Desde el punto de vista laboral y de sus recursos, la situación de la Región del Maule es gravísima. Por eso, las diferentes entidades sociales y económicas y las diversas autoridades han pedido con insistencia, desde hace mucho tiempo, que se la declare zona de catástrofe.
En la Séptima Región hay treinta comunas, y todos los alcaldes, excepto uno, el de Río Claro, han pedido al Ministerio del Interior, hace más de un mes, que se la declare zona de catástrofe, con el objeto, eventualmente, de tener una mayor disponibilidad de recursos; de tomar medidas enérgicas, dinámicas y autónomas en la propia zona, para que tengan efecto pronto. En la actualidad, por ejemplo, la compra de un camión aljibe o de cualquier implemento queda sujeta a los trámites normales, rutinarios y burocráticos, lo que demora cualquier posible solución para enfrentar el flagelo.
La propia Cámara aprobó un proyecto de acuerdo presentado el 13 de enero esto debido al gran número de iniciativas de esta especie que se presentan, en el que diferentes parlamentarios piden al Gobierno que declare zona de catástrofe a la Séptima y otras regiones que están afectadas por la sequía.
Pues bien, a pesar de todas las peticiones y del cuadro realmente alarmante y preocupante, el Gobierno no ha tomado ninguna determinación. Los antecedentes son clarísimos y fuertes y no hay otra alternativa. Los parlamentarios de la región no nos explicamos por qué no se ha dictado el decreto respectivo. Me preocupa la lentitud y la demora; lo que se requiere es urgencia.
Por eso, pido que se oficie, en mi nombre, al ministro del Interior, para que a la brevedad adopte un pronunciamiento sobre esta materia, para que la región tenga los recursos y la autonomía necesarios para salvar la dificilísima situación, que hace decenas de años que no se presentaba.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de quienes lo indiquen, al que se adjuntará su intervención para mayor comprensión de su petición.
INCUMPLIMIENTO DE EMPRESA DE CULTIVOS MARINOS CON TRABAJADORES DE CALDERA. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señora Presidenta, la empresa “Cultivos Marinos Internacionales”, de la bella comuna de Caldera, que se dedica fundamentalmente al cultivo del ostión, ha sido reiteradamente sancionada por no dar cumplimiento a la legislación laboral, sobre todo por el no pago o el retraso del pago de las remuneraciones a sus trabajadores, en forma directa o a través de filiales, dependientes o relacionadas.
En verdad, abusa. Sus propios ejecutivos han reconocido que la actividad es rentable de hecho en el país son varias las que se dedican al mismo rubro, pero la empresa se aprovecha de una coyuntura laboral: muchos hombres y mujeres que conocen el trabajo de los cultivos marinos están cesantes por la crisis que afecta a Caldera, como a otras comunas.
La empresa una y otra vez ha sido sancionada por el no pago de las remuneraciones. Ha pagado, pero ha vuelto a retrasarse, con lo cual produce graves problemas en las familias de sus trabajadores: todo el mundo debe vivir, pagar cuentas de agua potable, luz eléctrica, dividendos, etcétera. Son una gran cantidad los trabajadores directos e indirectos afectados. Ha habido retrasos de dos o tres meses. La situación es grave, porque la empresa, operacionalmente, como dije, es viable, pero abusa.
Indigna este tipo de sin vergüenzura, dado que la legislación laboral sólo deja a las autoridades del Trabajo el camino de la clausura, lo cual resultaría un remedio que empeoraría la enfermedad.
Por eso, pido que se oficie al Ministro del ramo, para que la Dirección Nacional del Trabajo remita los antecedentes de las diferentes fiscalizaciones de que ha sido objeto la empresa durante el último año y las multas pagadas y no pagadas, y se remita al alcalde de Caldera copia de mi intervención.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo soliciten. Para mayor comprensión del tema, se adjuntará su intervención. También se remitirá copia de ella a la municipalidad de Caldera.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE ANCOA, EN LINARES. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señora Presidenta, la sequía actual ha evidenciado muchas cosas, entre otras, que somos un país con muchas variables críticas y un clima complicado, para cuyos cambios no estamos preparados, menos aún para sus graves consecuencias; que la generación eléctrica se encuentra a punto de colapsar, y si ello sucediera sólo Dios nos salvaría; que es imperativo crear más fuentes de energía, sobre todo hídricas, embalsando aguas durante la temporada de lluvias; que la agricultura es básica y necesaria en Chile, estratégica aun en los cultivos tradicionales desde el punto de vista socioeconómico, e imprescindible para la supervivencia de miles de pequeños y medianos agricultores de las regiones del sur.
No hay otra fuente de trabajo que supere o reemplace la agricultura y no la habrá durante mucho tiempo. Por eso y por otros motivos conocidos, la cesantía aumenta cada día en cifras catastróficas, lo que hace insostenible la supervivencia de más de medio millón de trabajadores, que no tienen otra alternativa de trabajo.
A lo anterior se suma el factor sociocultural. No es fácil dejar de ser agricultor y para muchos resulta imposible. Se es agricultor por generaciones, por tradición, por manera de ser, por gusto.
Muchos de estos problemas se solucionarían si se tomara la decisión de comenzar los trabajos de construcción del embalse Ancoa , de Linares, cuyos estudios de factibilidad técnica ya se encuentran aprobados. Es evidente su necesidad desde el punto de vista económico. Esta solución se planteó en detalle al Ministerio de Obras Públicas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito, por intermedio de la Mesa, que se oficie al Presidente de la República y a los ministros de Obras Públicas, de Agricultura y del Trabajo, a fin de que se agilicen los trámites para dar inicio a la construcción del embalse Ancoa , por cuanto este proyecto representa una solución para la cesantía regional porque generará empleos, ayudará a solucionar el problema eléctrico al sumar mayor generación hidroeléctrica, aumentará la superficie de riego en miles de hectáreas y asegurará y mejorará las de otras miles que ya lo tienen. En resumen, beneficiará nuestra economía en forma sustancial.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que lo soliciten. Para mayor comprensión del tema, se adjuntará el texto de su intervención.
DENUNCIA DE MALTRATO Y ARRESTO POR IDENTIFICACIÓN EQUIVOCADA. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señora Presidenta, estoy con una sensación de preocupación y de angustia por el tema que voy a plantear y que he recogido de diversos medios de comunicación nacional, los cuales se han referido al caso en los últimos días. Discutí el asunto con mis compañeros de bancada de Renovación Nacional y nos pareció que se trata de algo muy grave.
El 22 de mayo recién pasado, la señora Cristina Hernández , dueña de casa, acudió al cuartel general de Investigaciones de Chile, en la calle General Borgoño, a requerimiento de un subcomisario de Investigaciones, para declarar en un juicio incoado por miembros de la familia, que involucra una herencia.
Cuando esta señora llegó al cuartel, donde se le retuvo el carné de identidad, fue informada que tenía una orden de arresto, emanada del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, por giro doloso de cheques. Ahí comenzó su calvario.
Ese día la dejaron retenida en el cuartel de Investigaciones, donde la alojaron en una pieza del mismo y le tomaron las huellas digitales como si fuera delincuente. Al día siguiente, en la mañana, domingo no pudo ser vista por su familia, le comunicaron su traslado al Centro de Orientación Penitenciaria Femenina, COF, donde fue recibida con insultos y gran presión, pues tuvo que desnudarse completamente. Incluso, su ropa interior le fue tironeada por una gendarme. Posteriormente, la condujeron a un patio donde había 42 presas comunes y, a las 7 de la tarde, a un dormitorio donde dormían 30 mujeres en literas diseñadas para 15 personas.
A las 7 de la mañana del lunes siguiente, se abrieron las rejas y pasaron a las duchas. Sólo en ese momento la señora Hernández pudo comprender que compartía su desayuno y había soportado todo lo ocurrido en los días anteriores junto a una detenida por tráfico de drogas, presa desde hace cinco años, y a otra mujer que había asesinado a su marido con un cuchillo. Ella estaba allí por supuesto giro doloso de cheques.
Ese mismo día, a las 13 horas, la esposaron, la subieron a un camión de Gendarmería y la llevaron al Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago y, lo que es más grave aún, a las 17.30 horas la jueza la citó y le dijo textualmente: “Señora, perdone, usted no tiene nada que ver. No sé cómo pudo pasar esto”.
Durante los últimos diez años, en tres oportunidades, las Naciones Unidas han condenado a nuestro país por violación a los derechos humanos. En este caso, estamos frente a una clara vulneración y conculcación de derechos fundamentales de las personas, pues no sólo se ha pisoteado la dignidad de esta señora no la conozco en forma personal sino que, además, se han vulnerado reglas elementales relacionadas con los derechos de las personas frente a una detención. Peor aún, al parecer, todo esto sucedió por un profundo error de identidad, ya que la persona en cuestión nada tenía que ver con la orden de detención por giro doloso de cheques.
Diputados de Renovación Nacional estamos solicitando una audiencia con la ministra de Justicia, a fin de que ordene una amplia investigación sobre este caso.
Además, pido que se oficie al director de Investigaciones de Chile, al director general de Gendarmería y a la ministra de Justicia, a fin de que den una explicación a esta Cámara de Diputados respecto de esta situación. Nos parece de suma gravedad que en nuestro país suceda este tipo de cosas, que dejan a las personas en la más absoluta indefensión, y que sean los medios de comunicación los que develen este tipo de situaciones y, de alguna forma, fiscalicen la ocurrencia de hechos de tanta violencia para la dignidad del ser humano.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que lo soliciten a la Secretaría. Para mayor comprensión del tema, se adjuntará copia de su intervención.
INVESTIGACIÓN SOBRE EXTRACCIÓN ILEGAL DE MERLUZA. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta, hace pocos días, cinco diputados de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de esta Corporación visitaron el litoral de Aisén. A pesar de no ser miembro de la referida comisión, en mi calidad de representante de la zona me correspondió acompañarlos.
La visita tenía como objetivo tomar contacto directo con pescadores artesanales, armadores e industriales, con el objeto de seguir avanzando en la investigación relacionada con la extracción ilegal de merluza.
Las reuniones sostenidas en Puerto Gaviota, Puerto Aguirre y Puerto Aisén nos permitieron conocer nuevos antecedentes y denuncias que, de ser efectivas, serían de mucha gravedad.
La sobrefacturación o adulteración de las facturas de compra por parte de algunas empresas o intermediarios estaría afectando los ingresos de los pescadores artesanales, ya que la cuota que se les asigna se cumple rápidamente sin que haya ocurrido así. De esta forma, se podría blanquear la extracción de merluza en períodos no autorizados y proteger a un grupo pequeño de pescadores artesanales privilegiados, que trabajarían en concomitancia con las empresas. A partir de esto, se podría deducir que se está recuperando un IVA retenido que no representa el valor real.
Lo indignante de esta denuncia es el robo de parte de la cuota correspondiente a los pescadores artesanales, quienes viven en situación miserable en el litoral de Aisén.
Por lo tanto, solicito el concurso del Servicio de Impuestos Internos y del Sernapesca a fin de que, con rigurosidad, se aclare la situación señalada.
Asimismo se verificó el no cumplimiento de la ley de Pesca en relación con los posicionadores satelitales, que debieran estar operando a contar del 1 de abril pasado. El Registro de Pescadores Artesanales no se ha saneado, no existe control sobre él, y no se respeta, por parte de los buzos mariscadores de la Décima Región, la prohibición de extraer recursos bentónicos del litoral de Aisén, situación que está expresamente indicada en la ley.
El único recurso que se puede extraer por mariscadores de otras regiones es el loco, para lo cual la Décima Región está declarada zona contigua con Aisén; pero esto no significa que puedan extraerlo en épocas de veda, como de hecho ocurre hoy, por cuanto existe en estos momentos más de un millón quinientos mil locos, empozados por buzos de otras regiones.
Las transgresiones a la ley anteriormente señaladas son de conocimiento de las autoridades fiscalizadoras. Sin embargo, se escudan en la falta de recursos humanos y económicos para controlar el amplio litoral. Aun cuando ello es efectivo y existe consenso, nada se ha hecho para revertirlo.
Lo mencionado deberá tenerse presente cuando se analice el próximo proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, a fin de dotar de recursos a los organismos fiscalizadores.
En Aisén está la gran reserva de recursos del mar que el país posee y por eso el riesgo de sobreexplotación es evidente. Entonces, es fundamental una adecuada fiscalización para lograr la sustentabilidad de los recursos.
Por otra parte, resulta indispensable contar con un consejo zonal de pesca, que permita administrar los recursos de Aisén. La regionalización no puede transformarse sólo en discursos. Lamentablemente, para conseguir este objetivo se requiere la voluntad del Gobierno, pero, a pesar de existir consenso entre los distintos actores regionales, ésta aún no se manifiesta.
En consecuencia, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca, al director nacional de Sernap y al director del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de que informen a esta Cámara sobre las múltiples situaciones en que la ley de Pesca hoy no se cumple.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Sánchez y Jaramillo.
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señora Presidenta, una vez más quiero manifestar mi preocupación porque el Poder Ejecutivo no ha tomado cartas en una materia fundamental para la economía nacional, sobre todo en momentos en que el país atraviesa por una crisis. Me refiero al turismo.
En la Cuenta de la sesión de hoy aparece un proyecto del Ejecutivo que crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal.
Desde hace mucho tiempo y con un sinnúmero de antecedentes, el Servicio Nacional de Turismo y quienes están involucrados en el tema han hecho ver al Presidente de la República la necesidad imperiosa de modificar la estructura administrativa de dicho Servicio.
En consecuencia, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para reiterarle esta petición, ya que la consideramos de gran importancia, no sólo para quienes están vinculados directamente con el tema, sino por la cantidad de mano de obra que este sector brinda a los trabajadores del país.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención para mejor comprensión del tema.
RESULTADO DE ESTUDIO DE “POBREZA RURAL EN CHILE”, DE MIDEPLAN. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Monge.
El señor MONGE.-
Señora Presidenta, quiero llamar la atención de esta Sala respecto de un documento emanado de Mideplan, denominado “Pobreza rural en Chile”, realizado por destacados sectorialistas de ese Ministerio, quienes se abocaron a estudiar dieciséis áreas de pobreza rural, definidas previamente en el Plan nacional de superación de la pobreza, que corresponde al 39 por ciento de los hogares rurales del país.
Quienes representamos zonas con alta tasa de ruralidad, creemos que las conclusiones del estudio son certeras y deben llamar a una reflexión profunda y seria de todos los sectores políticos, ya que demuestran que estamos frente a un problema que, en lugar de disminuir, se incrementa, por lo cual el país debe asumirlo definitivamente.
El estudio, que abarca desde la Sexta a la Décima Regiones, demuestra que en las zonas rurales existen ciento cincuenta mil hogares en situación o en riesgo de pobreza, que reciben en promedio un ingreso mensual del orden de 64 mil pesos, medido en ingresos del año 1996, época en la cual se efectuó el estudio. Estas cifras incluyen los subsidios y jubilaciones que reciben y el fruto del trabajo intra y extrapredial de la familia campesina. En este universo se cuentan, por supuesto, las familias de campesinos mapuches, que son las que ostentan los peores índices de desarrollo.
El 61,6 por ciento de los ingresos del grupo familiar campesino proviene de la producción agropecuaria y al menos una cuarta parte del mismo se destina al autoconsumo familiar. Dentro de los ingresos, un 70 por ciento se origina en los llamados cultivos tradicionales y en la ganadería.
El jefe de hogar campesino presenta índices promedio de escolaridad de cuatro años de estudios. El 67,4 por ciento de los empleos a que puede aspirar lo proporcionan las actividades agrícola y forestal, pero un alto porcentaje de potenciales trabajadores hoy se encuentra sin empleo estable o fuera de temporada.
Otros antecedentes que entrega el estudio es que el 35 por ciento de los hogares campesinos ha originado migración, cifra que fluctúa entre un cuarenta y un sesenta por ciento en los casos de familia con tierras y de jefes de familia con edad más avanzada.
Los hijos de campesinos que no asisten a clases y los que han asistido, pero que representan un retraso escolar de más de dos años, superan un veinte por ciento.
La distancia promedio entre la casa y el camino principal se ha establecido en cinco kilómetros. El 44 por ciento de los campesinos vive en viviendas carenciadas, y menos de un veinte por ciento cuenta con agua potable.
En materia de salud, para acceder a un centro asistencial, el 23 por ciento requiere de una hora de viaje y el 42 por ciento, de más de una hora, y debe realizar el viaje a pie, en lancha u otro medio de transporte no motorizado.
Las conclusiones del estudio indican que la casi totalidad de los 60.833 hogares localizados en las áreas analizadas son pobres; 70.046 son indigentes, y 35.500 familias se encuentran en riesgo de pobreza. El incremento del ingreso necesario para que estas familias superen su condición de pobreza equivale a 453 mil pesos por hogar.
En las áreas geográficas objeto del estudio, los mayores niveles de pobreza se concentran en los hogares sin tierra, donde el 62 por ciento posee menos de media hectárea para cultivar. Estos hogares se caracterizan por combinar diversas actividades productivas agropecuarias por cuenta propia y trabajo asalariado temporal y permanente. La estrategia basada en la pluriactividad de sus miembros es la única que asegura un incremento significativo en el ingreso.
La agricultura es la fuente de la mayor parte de los ingresos de los hogares de estas áreas; el 87 por ciento del ingreso se obtiene del trabajo de la tierra. El ingreso extrapredial autónomo es una fuente muy significativa de ingresos para los hogares rurales pobres y equivale al 74 por ciento y al 31 por ciento, respectivamente, según se trate de familias con tierra o sin ella.
Un alto porcentaje de los hogares pobres depende decisivamente de las transferencias y subsidios para sobrevivir. Al parecer, no existen estrategias de generación de ingresos regionalmente específicas y en todas las áreas estudiadas es posible encontrar las mismas estrategias básicas, aunque en distintas proporciones.
El estudio concluye estableciendo que las áreas estudiadas se caracterizan por la falta de servicios públicos básicos, en circunstancias de que, de acuerdo con ese criterio, en esas áreas todos los hogares son pobres.
Si a lo anterior sumamos las cifras entregadas por la última encuesta Casen, que revelan un incremento de la indigencia, a nivel país, en 7 mil personas, durante el período 19961998; una peor distribución del ingreso para el 20 por ciento más pobre de la población; un índice de 34,3 por ciento de pobreza exhibido por la Novena Región, y una indigencia que afecta al 11,7 por ciento de sus habitantes, creo que el país debería mirar el problema con otros ojos y, de una vez por todas, tomar medidas urgentes para revertir la situación, a partir de una revisión a fondo de las políticas públicas puestas en práctica y de las estrategias de desarrollo diseñadas para zonas de pobreza rural, en especial en lo que dice relación con la focalización de los subsidios y el trato que, como país, se le otorga a la agricultura campesina.
Dentro de este contexto, solicito que se oficie al subsecretario de Economía, a fin de que informe a esta Corporación acerca de los resultados del denominado Plan de Desarrollo de Zonas Pobres Rurales anunciado por el Gobierno, y de cuyos alcances hasta la fecha no hemos sido informados.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN SIQUIÁTRICA DE MÉDICOS GENERALES DE COMUNAS RURALES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta, en esta Corporación, pocas veces hacemos uso de la palabra para referirnos a temas como el que plantearé a continuación.
En las zonas rurales de las comunas pequeñas, cada día podemos observar las fuertes depresiones, epilepsia y otras enfermedades que afectan a sus habitantes, quienes ameritan atención psiquiátrica. Sin embargo, me da la impresión de que esas personas no han sido censadas.
Tengo a mucha honra ser diputado por San Carlos , de Ñuble, pero represento también a otras 14 comunas, entre ellas, Yumbel , Bulnes , Coelemu , Quirihue , Quillón y Niquén , sólo por nombrar algunas. Me apena ver a las madres que solicitan atención para sus hijos que sufren graves problemas psiquiátricos, pero los hospitales, por lo menos los de la Octava Región, simplemente no están en condiciones de atenderlos.
Por lo tanto, propongo concretamente que se amplíe la infraestructura de los hospitales de la región, de manera que su capacidad de atención sea mayor y, en forma paralela, algo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades mencionadas.
Para tal efecto, pido que se oficie al Ministro de Salud con copia al Seremi de Salud de la Octava Región del Biobío, a fin de que los médicos generales que se desempeñan en esa zona sean capacitados para que estén en condiciones de atender a los enfermos mencionados y no exista la excusa de que no hay especialistas.
Dado que no es posible que haya un psiquiatra en cada hospital o consultorio, sería conveniente que esos médicos generales estuvieran capacitados para atender enfermedades como, por ejemplo, las depresiones galopantes. Es cierto que se trata de sectores rurales apartados, que no son captados por las cámaras de televisión ni por otros medios de comunicación; pero si hiciéramos un censo riguroso, comprobaríamos que es muy alto el número de personas enfermas.
Hay situaciones que ocurren en nuestros campos que no puedo exponer aquí y de las cuales se sabe muy poco. Tal vez mañana o pasado Dios no lo quiera, los medios de comunicación informen que una persona asesinó a otra; pero habría que preguntarse cuál es su situación real. Siento que en nuestros campos existen muchos problemas similares.
Por eso reitero, pido que se oficie al Ministro de Salud, a fin de que, junto con ampliar la infraestructura de los hospitales, se estudie la posibilidad de capacitar a los médicos generales para que contribuyan a tratar a la gente que sufre este tipo de problemas.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Jaramillo y Navarro.
INVERSIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE VENTA DE ESSAL S.A. EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, invoco la vigencia y la hora de tratar el tema a que me referiré. Hago la referencia, debido a que en diversas comunas de la Décima Región se plantean sugerencias que no son otra cosa que entrar de lleno en la descentralización.
En breve, una empresa sanitaria más saldrá a licitación: Essal Sociedad Anónima, que opera en la mayoría de las provincias y comunas de la Décima Región de Los Lagos.
Por distintos medios de comunicación, como son la prensa y la radio, la gente del sur de Chile se ha mostrado interesada en la oportunidad que se le presenta para mejorar el desarrollo de sus localidades. Actualmente, la mayoría de ellas sufre falencias en materia de alcantarillado y evacuación de aguas servidas.
Por eso, quiero señalar que, atendidas experiencias similares como la venta, a principios de la década de los años 90, de Empremar Sur, y más recientemente de los terrenos de Ferrocarriles del Estado de Puerto Montt, resulta fácil imaginar que el Gobierno central a través del Sistema Administrador de Empresas, SAE, actual propietario de las empresas sanitarias del país destinará la totalidad o parte de los recursos que se obtengan por la venta del paquete accionario de Essal S.A. a inversiones fuera de la región.
Reivindicar, a secas, la reinversión de dichos recursos en la región no pasaría de ser un buen testimonio político de carácter regionalista, frente a lo cual el Gobierno podría argumentar, con razón, que durante los dos últimos gobiernos se han hecho importantes esfuerzos por aumentar el flujo de recursos hacia las regiones, entregándoles un creciente poder de decisión acerca de su destino.
No obstante, en la misma dirección, considero plausible intentar una propuesta más completa, vinculando la venta de la empresa sanitaria regional a los desafíos sectoriales que mantiene nuestra región a nivel sanitario. La Región de Los Lagos sigue presentando los niveles más bajos en cobertura de alcantarillado, con un 79 por ciento en las áreas de concesión de Essal S.A., mientras que a nivel nacional la misma alcanza al 91 por ciento.
Complementando la propuesta de parlamentarios de la región, sugiero vincular la reivindicación de reinvertir parte de los recursos provenientes de la venta de Essal S.A., que podría ser hasta un máximo de 20 por ciento, a la posibilidad de aumentar significativamente la cobertura sanitaria, en particular del alcantarillado de la región. En concreto, que con la venta del 51 por ciento de Essal S.A., todas las ciudades de la región que cuentan con sistemas de alcantarillado completen sus redes secundarias de éste.
Propongo, entonces, que con parte de los recursos provenientes de la venta de Essal S.A. el actual dueño de la empresa disponga, en el futuro inmediato, la construcción de todas las redes secundarias en las localidades que ya cuentan con sistemas de alcantarillado. Tengo en mi poder el listado respectivo. En forma simultánea, que inicie la construcción de todas las uniones domiciliarias, comprometiéndose los beneficiarios a devolver su costo en un plazo de 36 meses, sin intereses ni reajustes, y la construcción de casetas sanitarias en aquellas viviendas que no dispongan de salas de baño y que corresponden a los sectores de más bajos ingresos, previa postulación y selección por parte de los municipios. Todo esto, bajo la misma modalidad del programa Mejoramiento de Barrios, otorgando a los beneficiarios un crédito blando a largo plazo, cuyo reintegro vaya en beneficio de las municipalidades.
La ejecución de tales obras podría ser implementada con la menor cantidad posible de maquinaria pesada, con el objeto de permitir la absorción de mano de obra.
Así, con el 20 por ciento de los recursos provenientes de la venta del 51 por ciento de las acciones de Essal S.A., quedarían totalmente terminados el alcantarillado y la red secundaria de prácticamente toda la Décima Región. Esta iniciativa no sería de mayor costo. Si se aprovecha esta venta de Essal, 3.600 viviendas no podrían ser dejadas de lado, pues su costo no debería ser más allá de los 7 millones de dólares.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Corfo y al SAE, a fin de darles a conocer este extenso estudio realizado por profesionales.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Con todo gusto, señor diputado.
Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención.
CONTAMINACIÓN DEL RÍO BIOBÍO POR VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS POR PARTE DE PLANTAS DE CELULOSA. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, solicito que se oficie a la Corfo, en especial a la Empresa de Servicios Sanitarios de Biobío, Essbío , a fin de que nos remita copia de los análisis de agua que ha realizado dicha empresa en relación con las plantas de celulosa que evacuan sus residuos líquidos en el río Biobío.
Acuciosos estudios realizados por la Universidad de Concepción han comprobado los efectos genotóxicos, es decir, la alteración de los cromosomas de los peces del Biobío, y la situación de las dioxinas una de las sustancias tóxicas más potentes creadas por el hombre, que se encuentran presentes en todos los tratamientos realizados por las plantas de celulosa, cuando emplean pentaclorofenato, óxido de cloro o cloro, los que se vierten en el río Biobío, y que ha causado gran preocupación por su eventual impacto en el agua potable que se extrae de aquél mediante la planta La Mochita para las comunas de Talcahuano y Concepción.
Solicito que se entregue copia fiel y original de aquellos informes que Essbío ha pagado a la Universidad de Concepción por el análisis de las aguas, para medir el impacto que las plantas celulosas provocan cuando hoy vierten estos residuos en el río Biobío.
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES POR PLANTA TERMOELÉCTRICA DE CORONEL. Oficios.
El señor NAVARRO.-
En segundo lugar, pido que se oficie al Ministerio de Salud, especialmente al servicio de Concepción, respecto de los monitoreos y fiscalizaciones que he venido solicitando, de manera reiterada, de la planta termoeléctrica de Bocamina, que funciona en la comuna de Coronel, que está produciendo 800 veces sobre la norma de material en suspensión. En verdad, nada justifica aún el argumento de que Endesa no pueda aplicar las medidas que determinen que esta planta, ubicada en lugares poblacionales aledaños, siga operando de manera que transgreda las normas ambientales. Por lo tanto, pido que se nos remitan copias de los monitoreos, los plazos y fiscalización sobre la planta mencionada, pues los vecinos del sector están pagando con su salud el incumplimiento de la normativa por esta planta de generación termoeléctrica.
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ENTORNO CULTURAL Y DERECHOS DE TERCEROS ANTE INSTALACIÓN DE COMPLEJO INDUSTRIAL “CELULOSA ITATA” EN ÑUBLE. Oficios.
El señor NAVARRO.-
En tercer lugar, quiero que se oficie al Ministro de Agricultura, a fin de que nos informe sobre todas las autorizaciones para el cambio del uso del suelo realizadas en la provincia de Ñuble, en especial en los años 1995 al 1999, sobre todo en las comunas de Ranquil y Chillán, dado que allí se instalará un complejo industrial, denominado Celulosa Itata , lo que, sin duda, ha causado grave preocupación en los agricultores viñateros de la zona.
Asimismo, pido que se oficie a la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema , para que envíe copia de los volúmenes 1 y 27 del informe de estudio de impacto ambiental en que quedan claramente especificados los impactos genotóxicos que dicho proyecto tiene sobre las aguas del Itata.
Asimismo, pido que se oficie al Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de que informe si le ha sido comunicada la existencia de un cementerio indígena en los terrenos de emplazamiento del complejo industrial Celulosa Itata, y de qué forma se ha relacionado con la Corema regional, para preservar los restos indígenas que allí han sido detectados.
También pido que se oficie al Ministro de Educación para que informe por qué el cerro Cayumanque aún no ha sido declarado santuario de la naturaleza, a pesar de reunir todos los requisitos y condiciones para que ese importante cerro y área verde, con mucho bosque nativo, forme parte del patrimonio de reserva y resguardo, que hoy los chilenos necesitamos.
Asimismo, que se oficie a la Dirección de Aguas y a la Dirección de Obras Hidráulicas, del Ministerio de Obras Públicas, para que informe detalladamente sobre los derechos de agua que, desde 1984 a 1999, se han solicitado y entregado respecto del río Itata, en toda su extensión, en la Octava Región. Deseo saber los nombres de las empresas o personas que los han pedido, y si es posible verificar si tales derechos están siendo usados o no, y si queda algún porcentaje de litros por segundo disponible en dicho río. Cabe señalar que el complejo industrial Celulosa Itata ha pedido seis mil litros por segundo, que han sido autorizados, aun cuando sólo va a emplear novecientos.
Es raro pedir seis veces más de lo necesario para operar, situación que limita el uso de las aguas a los agricultores, sobre todo a los viñateros de ese sector.
MUERTE DE TRABAJADOR PORTUARIO POR DEFICIENTE MANTENCIÓN DE EQUIPOS EN PUERTO DE LIRQUÉN. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, quiero señalar que ha causado gran impacto en la comuna de Penco, en especial en el puerto de Lirquén, la muerte del obrero Jorge Millamán Suazo , quien, cuando trabajaba en él, se accidentó y perdió la vida. Son los propios dirigentes sindicales de los estibadores del puerto de Lirquén quienes han señalado que, reiteradamente, habían manifestado, en diferentes reuniones, a la dirección del Puerto, su preocupación por el estado de mantención de los materiales y de los mecanismos de enganche que habían sido reparados en la maestranza del puerto, los cuales no les daban confianza.
Como dicho trabajador ha muerto, solicito oficiar a la Inspección del Trabajo, a la Fiscalía Naval y al Cuarto Juzgado del Crimen de Concepción, adonde han sido remitidos los antecedentes, para que nos informen pormenorizadamente sobre los hechos, si no existe secreto del sumario; en especial, a la Inspección del Trabajo y a la Fiscalía Naval, acerca del procedimiento que están llevando adelante para esclarecer la muerte de este trabajador de puerto Lirquén , ocurrida hace algunos días.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.45 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.