Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Moreira Barros
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Ojeda Uribe
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Juan Pablo Letelier Morel
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE DON RAÚL RETTIG.
- ALCANCES SOBRE LA CUENTA.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Juan Pablo Letelier Morel
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GUARDIAS PRIVADOS DE SEGURIDAD. Votación.
- DEBATE
- PAGO DE ASIGNACIÓN DE ESPECIALIDAD A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Monge Sanchez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Salvador Urrutia Cardenas
- Victor Reyes Alvarado
- Rosa Gonzalez Roman
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Jorge Ulloa Aguillon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE COMPETENCIA DE COMISIÓN ESPECIAL DEL “CASO MATUTE”.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- ANTECEDENTE
- REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GUARDIAS PRIVADOS DE SEGURIDAD. Votación.
- VII. INCIDENTES
- ASIGNACIÓN DE ZONA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL CAJÓN DE ANCOA, PROVINCIA DE LINARES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Palma Flores
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Gustavo Alessandri Valdes
- Alfonso Vargas Lyng
- Luis Pareto Gonzalez
- Osvaldo Vega Vera
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Palma Flores
- PROBLEMAS VIALES Y EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE MAIPÚ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gustavo Alessandri Valdes
- ADHESION
- Luis Pareto Gonzalez
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Enrique Jaramillo Becker
- Pablo Lorenzini Basso
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gustavo Alessandri Valdes
- REDUCCIÓN DE LOS CUPOS DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Galilea Carrillo
- Enrique Jaramillo Becker
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Osvaldo Palma Flores
- Osvaldo Vega Vera
- Gustavo Alessandri Valdes
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INCLUSIÓN DE DEPORTISTA EN DELEGACIÓN QUE CONCURRIRÁ A JUEGOS OLÍMPICOS DE AUSTRALIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- ADHESION
- Osvaldo Vega Vera
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rosauro Martinez Labbe
- Enrique Jaramillo Becker
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Angelica Cristi Marfil
- PAGOS ANTICIPADOS DE LA JUNAEB A EMPRESAS PROVEEDORAS DE RACIONES ALIMENTARIAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- HOMENAJE A LOS TRABAJADORES CHILENOS CON OCASIÓN DE CELEBRARSE EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Oficios.
- HOMENAJE : Rodolfo Seguel Molina
- MEDIDAS PARA NORMALIZAR EXPORTACIONES DE FRUTA DESDE ARICA AL SUR DE PERÚ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Salvador Urrutia Cardenas
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Miguel Hernandez Saffirio
- Homero Gutierrez Roman
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Salvador Urrutia Cardenas
- REACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD FERROVIARIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Salvador Urrutia Cardenas
- Miguel Hernandez Saffirio
- Homero Gutierrez Roman
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- DEMORA EN ENTREGA DE VIVIENDAS EN VILCÚN, NOVENA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LOS PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Homero Gutierrez Roman
- Felipe Letelier Norambuena
- Salvador Urrutia Cardenas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA CHILE-COMUNA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Rincon Gonzalez
- INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO SOCIAL “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA” EN EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Rincon Gonzalez
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INSCRIPCIONES ELECTORALES E INFORMACIÓN SOBRE PROCESO EN COMUNAS DE LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- CREACIÓN DE LA COMUNA DE PUTÚ EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- DENUNCIA SOBRE INSCRIPCIÓN MASIVA DE ELECTORES EN COMUNA DE PELARCO. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- ASIGNACIÓN DE ZONA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL CAJÓN DE ANCOA, PROVINCIA DE LINARES. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre la investigación encomendada por la honorable Cámara, acerca de la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores en el proceso por violación y asesinato, en 1996, de la menor Elenita Yáñez.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Jaime Naranjo Ortiz
- Gustavo Alessandri Valdes
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Mario Bertolino Rendic
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Laureano Diaz
- Ivan Mesias Lehu
- Dario Molina Sanhueza
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Andres Palma Irarrazaval
- Jorge Soria Macchiavello
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre la investigación encomendada por la honorable Cámara, acerca de la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores en el proceso por violación y asesinato, en 1996, de la menor Elenita Yáñez.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 44ª, en martes 2 de mayo de 2000
(Ordinaria, de 11.17 a 14.44 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia7
II. Apertura de la sesión10
III.Actas10
IV.Cuenta10
Minuto de silencio por fallecimiento de don Raúl Rettig10
Alcances sobre la Cuenta10
Permisos constitucionales11
V.Orden del Día.
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. Primer trámite constitucional. (Continuación)11
VI.Proyectos de acuerdo.
Revisión de los procedimientos del sistema de guardias privados de seguridad. (Votación)35
Pago de asignación de especialidad a funcionarios de Carabineros36
Ampliación de competencia de Comisión Especial del “caso Matute”38
VII.Incidentes.
Asignación de zona para funcionarios públicos del cajón de Ancoa, provincia de Linares. Oficios40
Problemas viales y educacionales de la comuna de Maipú. Oficios41
Reducción de los cupos de contratación de mano de obra en programas municipales de la Décima Región. Oficios42
Inclusión de deportista en delegación que concurrirá a juegos olímpicos de Australia. Oficio42
Pagos anticipados de la Junaeb a empresas proveedoras de raciones alimentarias. Oficios43
Homenaje a los trabajadores chilenos con ocasión de celebrarse el Día Internacional del Trabajo. Oficios44
Medidas para normalizar exportaciones de fruta desde Arica al sur del Perú. Oficios46
Reactivación de actividad ferroviaria. Oficio47
Demora en entrega de viviendas en Vilcún, Novena Región. Oficios48
Información sobre funcionamiento del sistema de los prestadores de asistencia técnica del Ministerio de Vivienda. Oficio49
Información sobre programa ChileComuna. Oficio49
Pág.
Información sobre la participación del fondo social “Presidente de la República” en el programa de generación de empleo. Oficios50
Mejoramiento del sistema de inscripciones electorales e información sobre proceso en comunas de la Región del Maule. Oficios51
Creación de la comuna de Putú en la Séptima Región. Oficio51
Denuncia sobre inscripción masiva de electores en comuna de Pelarco. Oficio51
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, por el cual inicia la tramitación de un proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre el Gobierno de Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para regular el ejercicio de las actividades remuneradas de los cónyuges de los funcionarios de dicho organismo internacional (boletín Nº 249310)53
2.Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que establece un seguro de cesantía (boletín Nº 249413)56
3.Oficio de su Excelencia el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto incluir en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional el proyecto, iniciado en moción, que establece normas para flexibilizar el uso del permiso maternal (boletín Nº 130913)76
4.Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto que crea la moneda de quinientos pesos (boletín Nº 245305)76
5.Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “simple”, que modifica el Código del Trabajo para evitar la discriminación por edad y sexo en la postulación a empleos (boletín Nº 237713)76
6.Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la investigación encomendada por la Cámara de Diputados acerca de la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores en el proceso por violación y asesinato, en 1996, de la menor Elena Yáñez79
7.Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en el proyecto que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados estableciendo proporcionalidad política en la Mesa y en la Presidencia de las Comisiones (boletín Nº 216316)98
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por la cual informa que procedió a constituir el Grupo Interparlamentario Chileno-Marroquí y eligió como Presidente al diputado señor Moreira
De la Comisión Especial encargada de analizar las actuaciones de los funcionarios públicos que han colaborado en el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Matute Jonhs, por la cual informa que eligió como Presidente al diputado señor Ojeda.
De los diputados señores Letelier, don Juan Pablo, y García, don René Manuel, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 28 de abril en curso, para dirigirse a la Conferencia de la Unión Interparlamentaria que se realizará en Jordania.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
Del diputado señor Moreira, procedimientos empleados por las municipalidades para contratar mano de obra.
Ministerio del Interior
De los diputados señores Sánchez, Jaramillo, Felipe Letelier, Navarro y Acuña, cuadro estadístico policial completo de la Región de Aisén.
Del diputado señor Navarro, situación proyectos de infraestructuras, comuna de Tomé; concesiones definitivas para establecer la Central Hidroeléctrica Ralco y las líneas de transporte de Energía Eléctrica.
De los diputados señores Pareto, Gutiérrez, Núñez, Seguel y Velasco, medidas tendientes a poner término al manejo que las grandes cadenas de farmacias estarían haciendo con los precios de los medicamentos.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De los diputados señores Delmastro, Ibáñez, Masferrer y Vilches, declaración de Helsinki.
Del diputado señor Encina, áreas de manejo de Tongoy, Cuarta Región.
De los diputados señores Ulloa y Rojas, despido de trabajadores en Talcahuano por la situación del jurel.
Del diputado señor Kuschel, avance de las concesiones marítimas para los proyectos de puertos en la Décima Región.
Ministerio de Justicia
De los diputados señores Navarro y Acuña, estado de cuentas de la Fundación Chile desde el año 1990 a la fecha.
Ministerio de Defensa Nacional
Del diputado señor José García, costo de “Informe de Gestión Sexenal marzo 1994, marzo 2000”.
Del diputado señor Kuschel, estado de avance de las concesiones marítimas en la Décima Región.
Ministerio de Agricultura
Del diputado señor José García, costo edición Memoria.
Ministerio de Salud
De los diputados señores Gutiérrez, Jaramillo y Acuña, relleno sanitario Buena Vista.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
De los diputados señores Ascencio, Tuma, Velasco, Ortiz, Lorenzini y Mulet, visita del personal del Serviu de la Región de Los Lagos a la comuna de Chaitén.
De los diputados señores Van Rysselberghe y Ulloa, pavimentación urbana comunas de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante.
De los diputados señores Navarro y Acuña, terreno comuna de Tomé, localidad de Dichato.
Del diputado señor Delmastro, programa de viviendas básicas contratadas al 31.12.1999.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Del diputado señor José García, costo de edición de la Memoria del Programa de Telefonía Rural 1999.
Informa situación de licencias de conductor profesional.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Del diputado señor José García, costo de edición de los documentos “Balance Programático del PresidenteEduardo Frei RuizTagle” y “Doctrina Constitucional del PresidenteEduardo Frei RuizTagle”.
Ministerio de Planificación y Cooperación
Del diputado señor Díaz, decreto de zona de emergencia agrícola para la Novena Región.
Del diputado señor Kuschel, proyectos de electrificación sectores Cascajal, Pucheguín y La Lobada, comuna de Cochamó, Décima Región.
De los diputados señores José García, Kuschel, Fossa, Cardemil y Acuña y de la diputada señora Cristi, bono especial para pequeños agricultores de la Novena y Décima Regiones.
Del diputado señor Recondo, proyectos Décima Región Reduwork.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (91)
NOMBRE
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Patricio
--Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores René Manuel García y Juan Pablo Letelier.
Asistió, además, el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.17 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 39ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 40ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE DON RAÚL RETTIG.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito a la honorable Cámara un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del destacado hombre público, don Raúl Rettig .
Los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Gracias.
ALCANCES SOBRE LA CUENTA.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra por una cuestión reglamentaria.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en el Orden del Día de la Tabla de esta sesión no aparece el proyecto que modifica el Reglamento de la Cámara, a fin de establecer presencia porcentual de todos los partidos políticos e independientes en la Mesa de la Cámara y en las comisiones. Ese era un acuerdo de Comités.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
La Tabla se concordó en reunión de Comités realizada la semana pasada, y ese asunto no se incluyó, de manera que la presidencia lo considerará para las sesiones de las próximas semanas, previa consulta con los Comités.
El señor PROKURICA.-
Agradezco la preocupación de su Señoría, pero entiendo que los acuerdos de Comités no son para someterlos a consideración del Presidente de la Cámara, sino que para cumplirlos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, la petición fue planteada por su Señoría en la Sala y se considerará en las sesiones de las próximas semanas.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, revise las actas de las reuniones de Comités. Estoy seguro de que al respecto ya hubo acuerdo de Comités.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Bien, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, se ha omitido en la Cuenta que se ha distribuido entre los señores diputados el ingreso del proyecto de ley sobre seguro de cesantía.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, se acaba de leer en Cuenta agregada, porque no había llegado el informe técnico.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, la semana pasada un grupo de parlamentarios presentamos una moción sobre regulación de especialidades médicas, pero no aparece en la Cuenta.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a revisar la situación planteada.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a los permisos constitucionales solicitados por los señores Juan Pablo Letelier y René Manuel García para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 28 de abril en curso, para dirigirse a la Conferencia de la Unión Interparlamentaria que se realizará en Jordania.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de acuerdo relativo a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
Informo a la Sala que se encuentran presentes en las tribunas, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, un grupo de personas encabezadas por su presidenta, Viviana Díaz .
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, el Génesis nos muestra al Dios Yahvé preguntando a Caín: “¿Dónde está Abel, tu hermano?” Caín respondió: “No sé. ¿Soy acaso el guarda de mi hermano?” Y esa es la interrogante que prima cuando se trata de un problema tan importante, como es la desaparición forzosa de personas.
La secular lucha del ser humano con el desborde estatal ha tenido su punto más alto en el terrorismo de estado en su doble experiencia en el siglo XX: el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo real y la trágica realidad latinoamericana, con su cortejo de persecuciones políticas, atentados contra la libertad, la vida, la integridad física y moral de las personas.
Ambas realidades, sean impulsos de las tendencias totalitarias o de la novel teoría de la seguridad nacional, avasallaron el estado de derecho atacando, mediante la acción de los órganos detentadores del poder, aquellos institutos llamados a albergar la seguridad jurídica y, en un sentido menos formal, atacando a la persona misma de los ciudadanos en su sentido integérrimo, físico, síquico, moral y jurídico.
Conculcaron , a su vez, el principio de humanidad, otro pilar básico de la política criminal liberal. En este sentido, los tiempos modernos, y en especial el presente siglo, nos han mostrado a la persona humana, sujeto inviolable de los derechos humanos, como una víctima de los más atroces y crueles ataques de quienes forman parte del aparato del Estado, muchos de los cuales precisamente deben velar o garantizar estos derechos. Las guerras, la persecución de razas, de grupos religiosos o políticos, la seguridad nacional y otros motivos ajenos a la intangibilidad del ser humano han dado lugar a la violación de esos derechos.
Existe una increíble y paradójica omisión de legislar en países que han suscrito documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Nuestro Congreso Nacional aprobó en esta última década el Pacto de San José de Costa Rica, configurando así la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. Hay pues una protección internacional y, al mismo tiempo, una desprotección nacional de los derechos humanos que debe remediarse.
El artículo 5º de la Constitución Política, en su inciso segundo, dispone: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Este texto obliga al Poder Legislativo a concretar en normas jurídicas las conductas y acciones que atenten contra los derechos fundamentales de la persona humana, tales como la detención ilegítima, la tortura, la desaparición forzada y los delitos cometidos por hechos políticos, religiosos, gremiales o étnicos.
Estos son delitos con características especiales, en que hay un sujeto activo calificado, siendo sus agentes funcionarios públicos o bien particulares asociados con éstos en forma ilícita, por lo que bien pueden aplicarse los principios de la comunicabilidad en materia de participación.
Los penalistas precisan el carácter pluri-ofensivo de la agresión estatal, ya que no sólo lesiona la integridad física y moral de la víctima, sino el sentimiento y la conciencia sociales, el “sensus humanitatis” a que se refiere el jurista Gustav Radbruch , creando en la sociedad el justo temor de resultar víctimas a su vez de similares atentados. Además, el propio estado de derecho se resiente cuando sus agentes burlan el rol esencialmente protector y garante de la persona humana.
Por otra parte, muchas de estas conductas ilícitas revisten el carácter de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, no amnistiables, no indultables, y son estimados por los tratadistas como delitos comunes, es decir, no sujetos a asilo político.
Al respecto, quiero recordar que la Cámara de Diputados ya el 16 de junio de 1990 aprobó un proyecto de acuerdo remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que concordara con organizaciones internacionales el estudio de tratados, convenciones u otros acuerdos referentes a la situación de las conductas ilícitas de lesa humanidad, como las torturas, la desaparición forzada, el homicidio político, etcétera, así como sobre sus indiscutidos caracteres de imprescriptibles, no amnistiables y extraditables. Por la experiencia habida en nuestro país, no puede esperarse que subsista este vacío legal y es de toda urgencia, en consecuencia, si aprobamos esta Convención internacional, tipificar las conductas que atentan contra los derechos humanos, especialmente la desaparición forzada, en tanto se perfeccionan los acuerdos internacionales que le otorgan a ella el carácter de delito de lesa humanidad, con las características que he señalado.
No nos engañemos. Los delitos de desapariciones forzadas constituyen un inhumano abuso de poder estatal que en lo normativo contradicen internacionalmente las declaraciones y convenciones de los derechos humanos, y nacionalmente, las cartas fundamentales. Esas repulsivas acciones desnaturalizan y pervierten la función pública, mutando su rol de tutelar los derechos humanos en su agresor y ponen en peligro la propia seguridad del Estado en lo interno, pues generan las rebeliones, la inconformidad y las revoluciones contra los gobiernos culpables de esos atentados, y en lo exterior también atentan contra su seguridad, por cuanto se los inculpa internacionalmente, determinando su aislamiento moral y su condena. Así ha sucedido con nuestro país.
Esta Convención que se nos propone tiene como antecedentes, entre otros, aparte de los tratados internacionales ya nombrados, la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas Nº 47133, de 18 de diciembre de 1992. Pero cuando uno compara esa resolución con esta Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, es posible advertir que no contempla una reglamentación sobre algunos puntos que habría sido necesario establecer en una convención de esta especie.
A mi juicio, habría que repetir el artículo 5º de esa resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad civil de los autores y del Estado, autoridades, cuando ellas organizan, consienten o toleran, y la responsabilidad internacional del propio Estado.
Además, en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se dice que ningún Estado expulsará o devolverá a una persona, o concederá su extradición a otro, cuando haya fundados motivos para creer que corre el riesgo de ser víctima de una desaparición forzada, lo que no se contempla en esta Convención.
Basta imaginarse lo que habría ocurrido respecto de una persona que hubiera sido extraditada a Chile durante los 17 años del gobierno militar.
Tampoco aparecen en esta Convención las garantías que deben darse a las personas que conozcan de un hecho constitutivo de desaparición forzada para que hagan la denuncia, sin temor a venganzas, represalias o castigos de los agentes del Estado o de terceros.
Por último, quiero señalar que también advierto que esta Convención no establece, como lo hace la resolución de la Asamblea General, una reglamentación sobre la situación de los niños que son privados de su familia al desaparecer forzadamente sus progenitores.
Es conveniente que en nuestro país, como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, se establezca un banco genético para devolver a sus familias de origen a aquellos niños que nacieron durante el desaparecimiento forzado de sus progenitores.
Esta Convención también tiene como antecedente un proyecto de la Comisión Internacional de Juristas, que es bastante similar a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que contiene justamente la reglamentación que echamos de menos.
Aquí se señalaba, creo que sin ninguna razón, que esta Convención debería ser analizada previamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuando ella señala que los países que la firmen se comprometen a no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices o encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; cooperar entre sí para contribuir a prevenir y sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas, y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial y de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.
Por otra parte, quiero señalar que el 7 de marzo de 1991, con los diputados Sergio Ojeda y Andrés Aylwin presentamos un proyecto de ley que seguramente duerme en algún archivo para establecer en nuestro Código Penal el delito de desaparición forzada de las personas. Proponíamos agregar al artículo 150 bis de nuestro Código Penal una disposición que decía que los que oculten el paradero de una persona privada de libertad, causando su desaparición, serán sancionados con presidio mayor en cualquiera de sus grados. Agregábamos que se entenderá que la desaparición ha tenido lugar cuando agotados los medios legales no se logre saber su paradero, y cuando entre estos medios legales, el recurso de amparo funde su rechazo en informes gubernativos, policiales o carcelarios de resultados negativos y el hallazgo del cadáver del desaparecido; asimismo señalábamos como atenuante de estos delitos de ocultamiento de paradero y desaparición forzada las siguientes circunstancias: que la víctima sea puesta en libertad indemne y que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido.
En consecuencia, esta Convención tiene en esta década una multitud de precedentes. No hay duda de que los hechos ocurridos en nuestro país durante el gobierno militar y otras experiencias latinoamericanas justifican de manera sobrada la aprobación de esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, desde un primer momento y siempre, como partido y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos estado llanos a contribuir con el objetivo del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Insisto, estábamos conscientes de que queríamos cooperar en la finalidad de prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el continente americano y hacer un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho. Aquí se trataba de reforzar la política chilena relativa a erradicar completamente del continente americano todo tipo de violación de los derechos humanos; sin embargo, a través de la discusión de las normas legislativas, ha quedado de manifiesto que no ha habido claridad respecto de dos de ellas.
Al votar el proyecto de acuerdo, sin perjuicio de los antecedentes y opiniones de los distintos sectores políticos y de las vertidas por diputados en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y, en especial, en esta Sala, es bueno tener presente el artículo 4º de la convención, que aborda el tema de la jurisdicción de los Estados partes para conocer y juzgar los hechos constitutivos de desaparición forzada de personas. Dicho artículo resulta poco claro. Así, por ejemplo, su letra a), al tomar como criterio para establecer jurisdicción el hecho de que la “desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción” la del Estado parte, puede ofrecer interpretaciones de distinta índole. ¿Qué quiere decir la frase “en el ámbito de su jurisdicción”? ¿Qué criterio jurídico es ése? Frente a una norma de este tipo, algunos podrían estimar y ésta parece ser la única interpretación razonable que dicho criterio se relaciona con el de la territorialidad, toda vez que el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con los principios del derecho internacional, sólo se ejerce en el territorio sobre el cual un Estado tiene soberanía. Sin embargo, no sería de extrañar basta recordar lo ocurrido con ocasión de la detención del general Pinochet en Londres que otras personas pudieran llegar a sostener que el ámbito de jurisdicción lo determina cada país y que no se limita únicamente al principio de territorialidad. Por lo tanto, un Estado podría llegar a considerar como criterio el de la universalidad, puesto que, de acuerdo con su propia definición, ese Estado estima que dentro de su ámbito de jurisdicción caben los delitos que atentan contra los derechos humanos. Por consiguiente, en la medida en que no exista completa claridad respecto del artículo 4º, resulta inconveniente tomar una decisión frente al tema.
Por ello y exclusivamente en atención a una determinación técnico-jurídica, los diputados de la UDI nos abstendremos de votar el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina .
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se refiere a una de las más atroces formas en que el Estado, a través de sus agentes, puede atentar contra los más elementales derechos de la persona humana. Quienes utilizaron esta práctica como método represivo creyeron haber descubierto la forma perfecta para lograr una efectiva intimidación sobre la población y los familiares del detenido, debido al terror paralizante que desataría y, junto con ello, al hacer desaparecer a la víctima, no habría victimarios ni delito. Este método de represión ya se conocía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, época en que el supremo comando del ejército alemán dictó el decreto conocido como “noche y niebla”, a través del cual se legalizó la desaparición de los opositores a fin de evitar que fueran convertidos en mártires por su pueblos si eran sometidos a juicios o condenas de muerte. Por desgracia, la desaparición forzada de personas también se utilizó en América Latina, marcando con un signo trágico la historia reciente de nuestro continente en las décadas del 60, 70 y 80.
Los primeros antecedentes sobre desaparición forzada de personas en esta región los encontramos en Guatemala, entre en 1963 y 1966, en tiempos del gobierno del coronel derechista Enrique Peralta Azurdia , período en que se hizo desaparecer a más de 45 mil personas. Luego, este horrendo método de represión se expandió al resto del continente, incluyendo a nuestro país, donde más de 1.180 compatriotas fueron hechos desaparecer después de su detención durante la dictadura militar, ello de acuerdo a cifras arrojadas por el informe Rettig , trabajo llevado adelante por ese gran hombre que nos dejó hace tres días y cuya labor representó el inicio de una nueva valoración de los derechos humanos después de 17 años de oscuridad y dictadura en nuestro país.
Quienes cometieron estos delitos, tanto en Chile como en otros países, lo hicieron en forma clandestina, infringiendo abiertamente la ley, en la más absoluta impunidad, amparados por sus respectivos gobiernos, desatando un terrorismo de Estado de trágicas consecuencias para el pueblo chileno y otros de América Latina. Por lo general, esa práctica se realizaba acompañada de una campaña de desinformación, con el fin de garantizar la impunidad de quienes cometían esos crímenes. Sin ir más lejos, basta recordar lo ocurrido con 119 chilenos, quienes, según la versión oficial, habrían muerto en enfrentamientos en el extranjero, concretamente en Argentina. Hoy se sabe que fueron detenidos y hechos desaparecer en Chile. En la actualidad y gracias al esfuerzo de muchas personas y organizaciones, como don Raúl Rettig , la Agrupación de Defensa de los Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Poder Judicial, entre otras, se ha logrado establecer la verdad respecto de los desaparecidos.
La gravedad que reviste esta particular forma de atentar contra los derechos humanos ha motivado la preocupación de la comunidad internacional, la que ha redactado diversos instrumentos que promueven y fomentan los derechos de las personas y condenan estas prácticas incalificables de hacer desaparecer personas consideradas enemigos políticos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son algunos de los instrumentos que dan cuenta de esta preocupación, a través de los cuales se pretende hacer primar el derecho por sobre la arbitrariedad, la verdad sobre la mentira y persigue que la justicia se imponga sobre la impunidad. A estas importantes cartas, que han significado un notable avance en materia de derechos humanos y ética de la humanidad, hoy se agrega esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que Chile quiere suscribir.
Para nosotros es importante señalar que es deber de la comunidad americana propiciar que los documentos suscritos en materia de derechos humanos no lleguen a ser sólo una declaración de intenciones, sino un referente incuestionable y obligatorio para todos los Estados, en especial para Chile, por su trágica historia reciente, la que aún no encuentra solución; no obstante, esperamos que pronto en esta materia se develen la verdad y la justicia.
En memoria de todos quienes fueron hechos desaparecer y aún no es posible conocer su paradero, debemos aprobar esta convención y luchar por su total cumplimiento, de modo que nunca más en Chile, América y el mundo, se utilice la desaparición forzada de personas como método de acción en contra de supuestos enemigos políticos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer hincapié en el hecho de que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es pieza importante de un proceso regional que persigue instaurar un sistema de protección de los derechos fundamentales de las personas. Forman parte de ese sistema la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que hoy vemos plasmada en un instrumento jurídico internacional y regional. Por lo tanto, el primer deber es observar este instrumento no como algo particular, sino inmerso en un contexto de protección de los derechos fundamentales de las personas en nuestro continente, el cual, a su vez, se desarrolla dentro de un proceso de carácter universal, que se inicia al término de la Segunda Guerra Mundial, en l945.
Las atrocidades cometidas en esa conflagración bélica y la vulneración de los más esenciales derechos de las personas colocaron en la conciencia de los gobernantes, como representantes de los Estados, la necesidad de superar la idea de que la protección de tales derechos debía quedar a la suerte de lo que ocurriera fronteras adentro de los países. Por el contrario, la tendencia que se impuso, en función de la necesidad de resguardar lo esencial de la vida humana y su integridad, fue que la comunidad internacional tiene deberes y responsabilidades en lo que a protección de derechos humanos se refiere.
Por eso, la propia Carta de Naciones Unidas, en su preámbulo, principios y cuerpo orgánico se refiere a la obligación que tienen los Estados que forman parte de la comunidad internacional de respetar los derechos fundamentales de las personas. Luego, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el derecho humanitario se han ido desarrollando diversos acuerdos, convenciones y declaraciones. Ciertamente, la Declaración sobre derechos humanos, de l948, es un cuerpo que nunca se puede dejar de tener como referencia, como tampoco los pactos sobre derechos civiles y políticos o de derechos económicos, sociales y culturales, de l966, e incluso la posibilidad de las personas de llegar a instancias internacionales en busca de protección a sus derechos fundamentales, como lo hizo el protocolo facultativo al Pacto de derechos civiles y políticos, la Convención europea sobre derechos humanos, en l950, y también la Convención americana sobre derechos humanos, en l969.
Frente al proceso de internacionalización en la protección de derechos humanos, uno no puede sino alarmarse de que existan personas que llegan a las más altas esferas de los poderes del Estado y vean esto con sorpresa. En verdad, dicho proceso de internacionalización forma parte de la esencia misma del desarrollo jurídico de la humanidad. Entonces, que aquí sorprenda el que exista voluntad de establecer el proceso de universalidad para juzgar estas situaciones, francamente me llama la atención e, incluso, me mueve a congoja. Tratar de protegerse como leo hoy en un artículo del diario “El Mercurio”, en el principio de soberanía para evitar un escrutinio internacional sobre la materia, me parece de una gravedad enorme. Si hay un proceso que formará parte de la historia moral de la humanidad es la tendencia a ir buscando la forma de proteger internacionalmente los derechos fundamentales de las personas.
La convención que hoy discutimos está en la médula, en la esencia de esto, porque estamos hablando de la desaparición forzada de personas, lo que constituye, sin lugar a dudas, como lo dice el informe, una de las más atroces formas de violar los derechos fundamentales de las personas. Por eso constituye un crimen de lesa humanidad. Cuando se recurre a nuestra aprobación para ratificar una convención de esta naturaleza, debiéramos tener siempre en perspectiva la urgencia y necesidad de poner el acento de nuestro accionar en cómo proteger la vida e integridad de las personas. Ninguna excusa ni tecnicismos, que son muy fáciles de rebatir, pueden inducir a que alguien vote en contra o busque el expediente fácil de la abstención para no aprobar una normativa como la propuesta.
No cabe duda de que el peso de nuestra historia está presente en un proyecto de esta naturaleza. Cada uno de los párrafos que utiliza la Convención para referirse a la desaparición forzada de personas, por desgracia, y lo decimos con dolor, se aplica a momentos de nuestra historia. Dice: “se considera desaparición forzada de personas la privación de la libertad a una o más de ellas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Apliquemos este concepto a la realidad de nuestro país durante largos años en la época de la dictadura.
Aprobar esta convención implica rendir un homenaje a las mujeres y hombres, jóvenes y adultos que tuvieron ese largo peregrinar en busca de noticias acerca de sus familiares detenidos desaparecidos. ¿Nos vamos a colocar de espaldas a esta situación o a favor de que nunca más en nuestro país ocurran atrocidades de tal naturaleza? ¿Vamos a buscar la forma de escamotear el hecho y quedar fuera del escrutinio internacional en estas materias o nos vamos a colocar a la vanguardia, precisamente por lo que hemos sufrido, del proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos?
La vida nos presenta hechos muy relevantes. El que estemos discutiendo este proyecto justo el día de los funerales de don Raúl Rettig , que presidió la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la cual precisamente se refirió a las más graves violaciones a los derechos humanos y, por cierto, al tema de los detenidos desaparecidos, pareciera ser un signo de la historia que marca nuestras conciencias para decirnos cómo coinciden los hechos en un momento determinado.
Por ello, la bancada del Partido Demócrata Cristiano concurre con absoluta decisión a votar favorablemente el proyecto en debate, para la posterior ratificación de la Convención por su Excelencia el Presidente de la República. Estamos conscientes del peso de la historia sobre nuestro país y de que estamos dando otro paso para que nunca más se produzcan atroces violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada de personas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, el relato bíblico nos señala que el poder absoluto, ante la inminencia de la venida de Jesús, determinó la matanza de los santos inocentes. Desde entonces, la humanidad ha ido avanzando y retrocediendo, ha ido tomando conciencia de lo tremendo que resulta tener el poder absoluto y hacerlo valer en forma arbitraria en contra de la dignidad humana.
Nuestro país ha sido pionero en la defensa de la dignidad de las personas. Lo demostró, a pesar de ser un país tan pequeño, cuando se abrió al mundo, con un presidente visionario y humanista y un poeta notable, y aceptó la llegada de cientos de españoles, víctimas de la guerra civil y la detención forzada de personas.
Pero otros aires vinieron por el mundo, que nos hicieron retroceder en estas características especiales de la conciencia humana. En Alemania, se produjo la noche de los cristales rotos, la persecución sistemática de pueblos, la desaparición forzada, incluso de niños, de los más pequeños.
Entonces, durante una época después de la guerra se tomó cabal conciencia de esta afrenta a la dignidad, de que la persona humana es superior a todo, y de que sus derechos inalienables son anteriores incluso a aquellos que corresponden a los Estados. Por lo tanto, hoy no cabe hablar de soberanía, porque lo que hacemos es defender a la persona humana.
Desgraciadamente, en los años setenta, en nuestro hemisferio en toda Latinoamérica imperó la doctrina de la seguridad nacional, en virtud de la cual distintos interventores militares, con poder absoluto, hicieron de la detención forzada de personas un hecho común. Con vergüenza y dolor, debemos reconocer que nuestro país no fue ajeno a esa práctica; por el contrario, en un momento determinado fuimos una especie de lunar, ya que los agentes del Estado sacaban a las personas entre las tinieblas de la noche y las hacían desaparecer. Esto incluso es más dramático y duro que la ejecución.
En la desaparición forzada de personas, los familiares buscan desesperadamente a los suyos. Como abogados, cuando nos correspondió asumir la defensa de los derechos humanos, vimos cómo madres, hijos y esposas daban vueltas y vueltas por los tribunales en espera de un recurso de amparo que nunca fue acogido. O sea, tenemos una secuela dura y tremenda que nos obliga a ser hoy mucho más abiertos ante el tema de la dignidad.
La desaparición forzada de personas deja no sólo la secuela del dolor, sino un tema que, si bien no ha sido considerado expresamente aquí, deberá serlo en su momento.
Todavía tengo grabados en la retina a esos dos pequeños que fueron abandonados en la plaza Victoria, de Valparaíso, quienes habían sido arrancados de dos matrimonios uruguayos detenidos desaparecidos. Fue la acción tremenda y decidida de la abuela la que permitió dar con el paradero de estos niños, que ya habían tenido nuevos padres, cariñosos. Pero eso de cariñosos era aquí, porque hemos sabido que en otros lugares, como Argentina, incluso los propios agentes del Estado prohijaron a niños, y hoy día hemos visto cómo una niña, con la prueba del ADN, ha comprendido quiénes eran sus verdaderos padres, lo cual le significó vivir una experiencia tremenda. Esto no puede ni debe volver a ocurrir en nuestra Latinoamérica ni en ninguna otra parte del mundo.
Chile debe recuperar su sitial único de defensor de los derechos humanos y comprender que la persona ocupa el centro sagrado de todo, más allá de los instrumentos jurídicos y de los Estados.
Para nosotros es muy importante que no haya ninguna defensa posible para los hechores, quienes señalan que esto fue una acción bélica o que estaba de por medio la obediencia debida.
Durante todos estos días hemos visto los dramas que nos ha mostrado la televisión. Como dijo el diputado señor Riveros , quizás sea un signo especial y distinto para quienes somos creyentes que en estos días el señor Rettig , que estuvo al frente de la investigación que nos mostró la verdad, sea objeto de un homenaje continuo de todos los chilenos, que le debemos tanto a él y al ex Presidente Aylwin , quien, en un momento, fue capaz de poner mucho más alta la vara de la moral y de la dignidad humana.
Por eso, toda nuestra bancada aprobará este proyecto, que ojalá concite la unanimidad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Fanny Pollarolo .
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, como lo han dicho anteriormente los colegas, pienso que esta convención que vamos a aprobar tengo confianza en que así lo haremos es de gran trascendencia histórica para el país, porque dice relación con uno de los mayores dolores que hemos vivido, por lo cual se ha llamado no creo que nadie se oponga en denominarlo así “una herida abierta en el alma nacional”.
Los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura fueron cinco jóvenes, hecho ocurrido en septiembre de 1987; pero este horror comenzó hace sólo 27 años. En la historia de los pueblos, ese tiempo es muy breve. De modo que aquí se hace referencia no a una posibilidad, a hechos que pueden suceder, a algo lejano a nosotros o sólo a ideas generales, conceptos o disposiciones jurídicas muy importantes, sino que aludimos a un tiempo que aún vivimos. No estoy segura de si estamos plenamente conscientes de esa situación y de si nos estamos haciendo cargo plenamente de ello.
Lo que estamos hablando aquí es demasiado serio, profundo e importante. No podemos mirarlo sino de esa manera. Se trata de dolores que aún no están resueltos, de miedos colectivos que se instalaron en la sociedad, en nosotros, que todavía los tenemos incorporados adentro y que nos hacen daño; son horrores que no son parte del pasado, porque, al hallarse pendientes, aún están aquí.
Insisto en que no estoy segura de si al leer las páginas de este tratado y sus artículos nos hacemos cargo de cuánto significa y cuánto de real es para nosotros, porque, de las heridas que tenemos, una de las más serias es lo que nos pasa con el lenguaje, con las palabras. En gran medida, nos hemos convertido en una sociedad de eufemismos, de palabras que se hacen vacías muy fácilmente, de cuestiones que ponemos alejadas de nosotros, como si no nos tocaran, no sé si para protegernos, aunque no es así, por cuanto nos dañan profundamente.
Éste no es un tratado comercial, sino de derechos humanos, y se refiere, ni más ni menos, a una de las formas la más diabólica de todas de cómo se instaló el terrorismo de Estado en muchos países, también en el nuestro.
Haré una alusión personal, de mi propia experiencia, porque no quiero hablar de cosas separadas de mí misma.
Soy siquiatra, atendí a familiares de detenidos desaparecidos y viví personalmente lo monstruosa que era esa situación. Recuerdo el caso de la señora Lula , quien supo que su única hija, que llegó a ser profesional gracias a su esfuerzo fue empleada doméstica, había sido detenida en la calle estando embarazada de su primer bebé por lo tanto, del primer nieto de la señora Lula y nunca más supo qué ocurrió con ella y con ese bebé. Permítanme, señor Presidente y colegas, que les transmita esos hechos. Nunca olvidaré el momento en que me los relató. Imaginé qué me ocurriría si yo viviera lo que le aconteció a la señora Lula , y pensé en una de mis hijas, que estuvo muy enferma cuando era pequeña. Y tuve la sensación física de que no lo soportaba, de que me desplomaba; tuve que sostenerme de la mesa que tenía ante mí, porque no era vivible, no lo habría tolerado. Ha sido algo demasiado monstruoso, demasiado diabólico. Fue pensado como la peor de las torturas, para destruir a las personas de esa manera, mediante lo que se ha llamado “el duelo imposible”. ¿Qué podría haberle dicho a la señora Lula ? ¿Qué podía pensar ella respecto de su hija embarazada? ¿Que seguía viva? Siempre existe la esperanza. Pero si seguía viva, significaba que estaba siendo torturada con ese bebé dentro de su cuerpo, sin saber si podría nacer o no. ¿Qué pensaba entonces? ¿Que había muerto? Pero eso implicaba que la estaba matando ella misma. No había respuesta, no había alivio posible. Eso fue pensado así; por eso es tan monstruoso. Hubo gente que lo pensó, lo instauró y lo usó en contra de muchos compatriotas nuestros, no una ni dos veces, sino que a lo largo de varios años. Tuve la sensación de que se había instalado aquí, como sistema algo diabólico, lo peor, lo más feo, lo más monstruoso que seguramente existe en todos nosotros. De eso estamos hablando.
Por eso siento que, como decía el colega Edgardo Riveros , cada uno de estos artículos son sólo palabras, son enunciados muy importantes, pero que no reflejan situaciones reales, frente a las cuales sólo puede haber una sola respuesta, dada por las agrupaciones y los familiares: “para que nunca más suceda”. Debemos asumir aquí la frase “para que nunca más suceda”. No podemos simplemente aprobar esta Convención, aunque no lograría entender si se rechazara, ya que si existe alguna duda jurídica formal a su respecto, sería necesario que se aclarara, pues sería demasiado monstruoso de parte nuestra no aprobarla.
Pero no sólo debemos aprobarla, sino que también debemos contraer, a partir de aquí, el compromiso sincero y real del “nunca más”, es decir, de asumir que nada justificaba aquello, nada. También debemos asumir que aún no ha concluido el horror en Chile.
Por lo tanto, ese compromiso tiene que significar hacernos cargo de eso que nos plantean los familiares de los detenidos desaparecidos: sólo la verdad y la justicia sanarán las heridas. Pero no sólo sus heridas ellos lo han dicho con tremenda generosidad, sino las heridas de todos nosotros. Eso está pendiente. Aprobar este tratado es también hacernos cargo de este compromiso.
Señor Presidente, termino diciendo que aprobar esta Convención y hacernos cargo de este compromiso es también un homenaje a don Raúl Rettig , quien encabezó ese gran esfuerzo de instalar la memoria histórica; pero, sobre todo, es un homenaje a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, en la memoria de Sola
Sierra. Este tratado y lo que estamos hablando aquí se lo debemos al esfuerzo, la tenacidad, la valentía, el coraje y la generosidad de los familiares especialmente de las mujeres de los detenidos desaparecidos, porque sintieron que la vida estaba por sobre todo y que la vida se nutre de la verdad, de la justicia, por lo que son un ejemplo de valores humanistas, que debemos seguir.
He dicho.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, le había pedido una interrupción a la diputada señora Fanny Pollarolo .
El señor JEAME BARRUETO
(Presidente).-
Por la vía de la interrupción, puede hacer uso de la palabra el honorable diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, agradezco la gentileza de la honorable diputada señora Fanny Pollarolo , aunque un minuto es poco para explicitar nuestra actitud.
Entendemos la situación en que se encuentra la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, la cual les ha impedido estar presentes en los momentos en que se vota este proyecto de acuerdo tan importante.
Queremos aclarar que los diputados de la UDI vamos a abstenernos en la votación de este proyecto, pero que vamos a votar. De manera que existe el quórum necesario, por lo que nuestra abstención no significará que este proyecto no se va a aprobar.
Estamos dispuestos a aprobar el fondo de este proyecto; pero tenemos dudas respecto de una cuestión técnica, a la cual el diputado señor Edgardo Riveros le ha buscado una interpretación distinta. Es la relacionada con el ámbito de la soberanía y de la territorialidad, asunto bastante peligroso. Estamos pidiendo que esto se explicite. Si se aclarara en el Senado, tenga la seguridad, honorable colega, de que nosotros respaldaremos este proyecto de ley.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Rocha .
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, con el fin de contestar el planteamiento del honorable diputado señor Iván Moreira , dejaré de lado un pequeño punteo que había traído para hacer una intervención más o menos ordenada.
Abstenerse es casi votar en contra de un proyecto de ley como éste, que requiere de una alta votación.
Como decía la diputada señora Fanny Pollarolo , se requiere de mucho coraje y de mucha generosidad para votar a favor de este proyecto. Tenía la esperanza de que lo aprobaríamos por la unanimidad de esta Cámara de Diputados, con lo que habríamos dado una muestra indesmentible de la posición que tenemos frente a este delito tan atroz, como es la desaparición forzada de personas.
Por eso, sin tener ninguna autoridad, ruego al señor Moreira y a los diputados de su partido que revisen su posición, fundamentalmente porque él está profundamente equivocado, ya que el artículo IV, a que hizo mención, precisamente está consagrando la soberanía de los Estados. Al revés de lo que él piensa, aquí no hay intromisión de un Estado en las materias de otro.
Además, el caso del general Pinochet, que sin duda preocupa a su Señoría, no tiene nada que ver con esto.
Si uno analiza la letra a. y el encabezamiento del artículo IV de la Convención, verá que se deja expresa constancia de que “...cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos:”, los cuales se mencionan a continuación y que son los que él ha señalado.
Aún más, el inciso siguiente dice: “Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención...”.
Lo anterior significa que cada Estado americano deberá incorporar estas normas de conformidad con su ordenamiento jurídico, para dar viabilidad a esta Convención y tener clara aplicación. No hay que olvidar que estos países tienen legislaciones distintas y, a veces, no son las que uno quisiera que tuvieran, como Brasil, que impide extraditar a sus nacionales; pero nadie duda de que ese país está a favor de la Convención, no obstante la diferencia fundamental que tiene en esta materia.
Por su parte, el inciso final de este artículo señala con más claridad todavía que: “Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna”.
¡Qué mejor manera, señor Presidente, de consagrar con esto la territorialidad!
Estamos dando una demostración de que todavía subsisten en nuestra sociedad, representada en este Parlamento, algunas diferencias que nos impiden llegar a un estado, no digamos de perfección, pero, por lo menos, de mejoría evidente de nuestra posición frente a los derechos humanos, frente a un delito tan atroz, como el que estamos hoy analizando.
Comparto lo que decía la colega Pollarolo . Hoy, el país está conmovido por la muerte de don Raúl Rettig , que tanto hizo por el país en materia de derechos humanos, y seguramente, su figura es discutida; muchos no compartían su posición. ¡Claro! Ha pasado tan poco tiempo desde que se emitió el informe de aquella comisión integrada por hombres de todos los sectores políticos e ideológicos del país; pero algún día tendrá el reconocimiento que se merece, y creo que una buena manera de rendir un homenaje a su memoria, a su trabajo, a su esfuerzo, es aprobar la Convención que hoy estamos discutiendo.
Sin duda, la aprobación del proyecto de acuerdo constituye un avance importante, que hace más respetable a nuestro país. Esta Convención hoy es aprobada a nivel interamericano, pero queremos que sea una realidad universal. Sólo entonces, realmente, podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión, entre otras, de proteger los derechos humanos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, he escuchado con la mayor atención el desarrollo del debate, porque el tema mismo, sin duda alguna, bien lo amerita. Sin embargo, no puedo dejar de hacer algunas observaciones sobre la materia.
Mi estimado amigo don Edgardo Riveros nos señalaba cómo la Derecha siempre se estaría oponiendo a todo; que nosotros ejerceríamos permanentemente un accionar obstructivo sobre éste y otros proyectos. Se condolía de un artículo que aparece en “El Mercurio” de hoy que lo he hecho traer hasta este escaño y, en fin, formulaba otras consideraciones.
Nosotros no sólo estamos dando quórum de asistencia en esta sesión y, como lo ha señalado ya el diputado señor Moreira , vamos a abstenernos en la votación, pero hacerlo significa votos.
En cuanto a lo que señalaba el colega señor Rocha , el proyecto no es de quórum calificado; se requiere, pura y simplemente, la mayoría para que surta efecto.
Si respecto de las dos intervenciones de fondo de la Democracia Cristiana, hubiera que elegir entre la del diputado señor Riveros quien, como he señalado, es amigo y colega de mucho tiempo y la del diputado señor Elgueta , ciertamente me quedaría con las apreciaciones de este último, que, en forma documentada y clara, fue puntualizando las falencias de que adolece el proyecto y ha abundado sobre otras razones.
Así, declaramos tajantemente que la desaparición forzada de personas es un delito de la más extraordinaria gravedad, y que vamos a abstenernos debido a esas y a muchas otras falencias del proyecto, como las observadas en el artículo IV, que también fueron señaladas en la Sala; pero queremos hacer notar que, si bien es cierto que en este momento contados a ojo de buen varón habría trece señores diputados de la Concertación, no lo es menos que hay tantos o más de la Oposición.
El proyecto amerita y reclama ser tratado con atención, como aquí se ha dicho. Indudablemente, se podrían invocar algunas razones para justificar que los señores diputados no estén aquí, pero, principalmente, se ha aducido que hoy se van a realizar los funerales de don Raúl Rettig .
Nadie más que yo o, muchos como yo, ciertamente, desearíamos rendirle homenajes en ésta y en muchas otras oportunidades. Lo conocí siendo aún un niño calculen los años que hará cuando él era subsecretario del Interior del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda . Luego, lo seguí a través de su vida, como senador por Biobío, Malleco y Cautín ; después, como presidente de la Comisión Verdad y Reconciliación, con cuyas aseveraciones y estudio profundo honró al país. Así es que muy lejos de nosotros está no reconocer los méritos de don Raúl Rettig ; pero como sus funerales se realizarán esta tarde, si los señores diputados están interesados en esta materia, como nosotros, deberían haberse dado el tiempo necesario para concurrir en la mañana de hoy a la Sala.
Otras consideraciones hacía mi distinguida amiga la señora Pollarolo . ¡Claro que tiene mucha razón, en especial cuando uno mira al pasado y ve que en la Unión Soviética desaparecieron treinta millones de seres humanos sean rusos, polacos o de otras nacionalidades, y que en esa época quienes militaban en el Partido Comunista seguían admirando el régimen estaliniano u otros que lo sucedieron! Pero de los arrepentidos es el reino de los cielos, honorable Cámara. Por eso ¡cómo no vamos a rendir un homenaje también a aquellos que fueron comunistas en otra época y que ahora han reconocido tantos y tantos crímenes, que están honrando otras bancadas! Me felicito de ese desenvolvimiento que tiene la democracia en Chile: que cuando uno ha cometido un error, es capaz de rectificar rumbos.
Nosotros decimos, con nobleza y con altura de miras, que reprochamos y condenamos el crimen de desaparición forzada de personas, se haya realizado en la Rusia soviética, en la Alemania de Hitler, en Cuba e incluso en Chile; porque tenemos esa honestidad que nadie nos la puede arrebatar: ¡somos sinceros, claros y honestos cuando estamos diciendo nuestro verdadero pensamiento!
Ahora no vamos a votar favorablemente el proyecto por las razones que he señalado, no porque no rechacemos frontalmente como también he dicho la metodología o el sistema de hacer desaparecer personas. Pero también queremos poner el acento en algo que días pasados un brillante abogado el señor Rivadeneira señalaba en la Corte de Apelaciones de Santiago: esta suerte de composición jurídica nueva en que se ha establecido un delito de tracto sucesivo, que permanece en el tiempo, porque se busca a los desaparecidos, en circunstancias que, verdaderamente, lo sucedido en Chile es desaparición de cadáveres, que es oprobioso, lamentable. El abogado defensor del senador Pinochet Ugarte sostenía que no podía cohonestar este tipo de situaciones. Lo mismo nos sucede a nosotros: ¡Jamás podremos amparar este tipo de situaciones! Entre otras razones, porque respetamos el derecho, porque somos auténticamente demócratas, y así hemos tratado de serlo durante la vida entera.
Por ello, creo que nos juzgan con ligereza, con falta de exactitud, muchos de los que, pura y simplemente, en cierta medida, disparan al voleo para execrarnos, cuando la realidad de lo que pensamos en lo más íntimo de nuestro corazón, de lo que demostramos en nuestra diaria actuación, es muy diferente.
Así que ésas y no otras son las razones por las cuales en esta oportunidad nos vamos a abstener, y esa abstención es voto para los que no conocen cabalmente el Reglamento.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, el delito de desaparición forzada de personas, ciertamente, es de antigua data. Ya en el siglo XIX hace dos siglos el Código Penal español contemplaba el delito de desaparición forzada de personas; pero, lamentablemente, a pesar de que ese código fue modelo del chileno, esa figura no pasó al nuestro.
El código del Brasil también consideraba dicho delito.
Pero este delito cobra realmente trascendencia durante el siglo pasado, predominantemente en Latinoamérica, por todos los gobiernos dictatoriales o autoritarios que se dieron en la década de los años 70 en nuestros países y, especialmente, en Chile.
El señor PROKURICA.-
¿Y la Unión Soviética?
El señor BUSTOS.-
Chile fue uno de los países que, especialmente, tuvo trascendencia mundial por la gran cantidad de delitos de desaparición forzada de personas.
El señor MOREIRA.-
¡La Unión Soviética también!
El señor BUSTOS.-
Yo no interrumpí a ningún diputado. Estamos hablando de derechos humanos y podríamos respetarnos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores diputados que respeten a cada cual el uso de la palabra.
El señor VILCHES.-
¡Que cuente la historia completa!
El señor BUSTOS.-
Lamento que les duela mucho. Lamento que ustedes hayan estado en todas las...
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor diputado, le ruego dirigirse a la Mesa, continuar con su debate y no entrar en diálogos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, lamento que a los diputados de la Oposición esto les duela mucho. Es lógico que tenga que dolerles, porque ellos estuvieron durante toda la época de la dictadura…
Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en conformidad al artículo 10 del Reglamento.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señores diputados, si continúan así voy a suspender la sesión.
Ruego a los señores diputados mantener la calma y le pido al diputado Juan Bustos concentrarse en el tema.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MORA (Vicepresidente).-
¡Llamo al orden a la Sala!
Les ruego a los señores diputados mantener la cordura, la calma y concentrarse en el debate.
El señor MOREIRA.-
¡Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento!
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor Moreira , como el diputado señor Bustos está haciendo uso de la palabra, no corresponde plantear una materia de Reglamento.
Continúa con la palabra su Señoría.
Después se la daré al diputado señor Moreira .
El señor MOREIRA.-
¡El diputado Bustos ha faltado el respeto!
El señor BUSTOS.-
¡Yo no he faltado el respeto a nadie!
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, le solicito reunión de Comités, porque aquí se ha faltado el respeto.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Diputado señor Moreira , si usted sigue interrumpiendo, me voy a ver en la obligación de amonestarlo.
El señor MOREIRA.-
¡Aplique el artículo 10 del Reglamento!
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MORA (Vicepresidente).-
¡Ruego a todos los señores diputados mantener la calma!
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, es una facultad que tengo. Le pido que se retiren las expresiones del diputado señor Bustos , porque son una ofensa.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor Moreira , lo lamento mucho. ¡Lo voy a amonestar!
El señor MOREIRA.-
Como quiera, señor Presidente.
Tenga a bien leer el artículo 10.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor Moreira , le pido que respete a la Sala; está interrumpiendo la sesión. No corresponde ceder la palabra.
El señor MOREIRA.-
¡Señor Presidente, nosotros no le hemos faltado el respeto!
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Como señalaba, este delito ya estaba consignado en los códigos penales español y brasileño. Ciertamente, tomó trascendencia fundamental en el mundo, y de ahí todas las convenciones y reuniones que se han realizado, a raíz de todos los delitos de desaparición de personas en América Latina, especialmente de los acaecidos en los gobiernos militares o autoritarios de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, como asimismo en otros países, como Guatemala, El Salvador y Honduras.
El bien jurídico en estos delitos es, justamente, el que afecta más a la esencia de la humanidad, el cual es, precisamente como muy bien recordaba el diputado Elgueta , de carácter amplio porque afecta la esencia, la personalidad propiamente tal del ser humano. Los secuestradores señalaban a sus víctimas: “Estás desaparecido; no existes; no estás entre los vivos ni entre los muertos”; es decir, la total oscuridad respecto de la persona. La forma más grave de terror sobre toda una sociedad es no poder determinar dónde está el deudo hijo, hija o familiar, y tampoco poder llevar, llegado el caso, una flor o prender una vela en la tumba del familiar. Eso, evidentemente, es lo más tremendo que le puede ocurrir a una persona; lo es también no poder ni querer tampoco darlo por muerto y tener en su conciencia, para siempre, el recuerdo o la sensación o el sentimiento de que su familiar está vivo. Por ejemplo, han aparecido niños secuestrados después de 15 o de 20 años. Hace poco, en Uruguay apareció la hija de un chileno después de veintitantos años que había sido secuestrada.
Se trata, pues, del crimen, ideado por mentes afiebradas, más terrorífico que haya conocido la humanidad; la máxima expresión del terror. Por eso, en esta ocasión, por respeto a la humanidad, a nosotros mismos, no podemos sino aprobar esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. No es posible cuestionar determinados artículos con observaciones que realmente no van al fondo del tema; porque dicho fondo es un crimen contra la humanidad, de lesa humanidad, de guerra. Aun el secuestro está en todas las convenciones firmadas por Chile como la Convención de Ginebra, de 1950, justamente, como delito grave, de lesa humanidad.
Por eso, aducir que el artículo IV implica una objeción no resulta realmente atendible, porque si se lee y compara dicho artículo con toda la legislación internacional penal al respecto, nos daremos cuenta de que establece el principio de personalidad principio básico existente ya en nuestro país, en el derecho penal internacional y en todos los códigos, el que consigna la aplicación de las leyes del país de origen al nacional que comete un delito en cualquier parte.
Por otra parte, también plantea el principio de protección, a menudo confundido con el principio de personalidad pasiva. Éste determina que cuando la víctima es un nacional y como el Estado tiene la obligación de proteger a sus nacionales como bien preciado de su sociedad, sus leyes pueden alcanzar al que comete un delito tan grave contra ella.
Estos dos principios contenidos en el artículo 4º son bastante antiguos en todos los códigos penales. El principio de personalidad pasiva es recogido por nuestro Código Penal y por la Convención llamada de Bustamante o de Montevideo sobre Derecho Internacional. De manera que no hay objeción posible para no votar a favor el proyecto sobre desaparición forzada de personas.
Por ello, me parece sumamente contradictoria la posición del diputado señor Alessandri cuando dice estar de acuerdo con castigar los crímenes de desaparición forzada de personas en cualquier parte que suceda, sea en la antigua Unión Soviética, Alemania, Cuba , América Latina en general, Estados Unidos, Indochina o Vietnam, pues son constitutivos de delito y deben recibir el oprobio y la repulsa de toda la humanidad, y naturalmente de nosotros. Del análisis de la opinión del diputado señor Alessandri un gran liberal, y así lo aprecio y del artículo 4º de la Convención, parece contradictoria su abstención.
Por eso, por respeto a la humanidad y a nosotros mismos, si nos creemos parte de ella, todos debemos votar a favor.
He dicho.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, excúseme, pero cuando se es insultado, no queda nada más que reaccionar.
En segundo lugar, quiero decir que no es responsabilidad de la Oposición que los parlamentarios de la Concertación no estén presentes para votar este proyecto de ley.
En tercer lugar, considero ofensivas las comparaciones formuladas por el diputado señor Bustos hace algunos instantes.
Por ello, invoco el artículo 10 del Reglamento, a fin de que retire las expresiones injuriosas contra los diputados que pensamos distinto. Uno también puede tener discrepancias respecto de los derechos humanos a que él alude.
Por otra parte, la UDI planteó claramente su compromiso con los objetivos del proyecto y de votarlo para dar el quórum necesario. De manera que si él no retira sus expresiones injuriosas, con las comparaciones que hizo, solicito reunión de Comités.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor Moreira , la Mesa va a estudiar la situación una vez que sea entregada la versión de lo expresado por el diputado señor Juan Bustos .
El señor MOREIRA.-
Entonces, pido reunión de Comités.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Según las conversaciones sostenidas entre los Comités, el diputado señor Juan Bustos ha aceptado que, si las hay, se retiren de la versión las palabras injuriosas, lo que se determinará una vez que se revise su intervención. Por su parte, el diputado señor Iván Moreira ha aceptado aquello.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, la semana pasada, en mi oficina parlamentaria de Chillán, dos alumnas del colegio Padre Alberto Hurtado , Krista Wurth y María Fernanda Redenssen , me preguntaron cuáles eran los recuerdos que yo tenía del 11 de septiembre de 1973. Les expresé que para mí era un hecho que no quisiera volver a recordar, pero que, sin embargo, debía ser inolvidable para que nunca se repita.
Del 11 de septiembre de 1973 fuimos todos responsables, precisamente, por haber interrumpido el diálogo.
Hoy, cuando en pocas horas más estaremos en las exequias de don Raúl Rettig , creo que es el momento de rendirle un homenaje por el papel que jugó en la Comisión de Verdad y Reconciliación, que inició sus funciones el 9 de mayo de 1990 y las terminó en febrero de 1991.
En ella participaron personas de todos los sectores, lo que le dio gran peso moral. Por eso, también es el momento de reconocer el rol de Jaime Castillo , Mónica Jiménez , José Luis Cea , Laura Novoa , Ricardo Martin , Gonzalo Vial , José Zalaquett y Jorge Correa , su secretario.
En el informe de la comisión nacional de Verdad y Reconciliación se afirma que 164 personas fueron “víctimas de la violencia política” y 2.115 “víctimas de violación a sus derechos humanos”.
Muchas veces se dice que los parlamentarios estamos lejos de los problemas de la gente; pero creo que hoy los chilenos, los legisladores especialmente, tenemos la obligación moral de buscar los mecanismos para que haya paz social, la que sólo se logrará a través de la justicia.
Con mucho respeto, quiero recordar algunos hechos que afectaron a personas muy cercanas a mí, en primer lugar como médico.
El doctor Arturo Hillerns Larrañaga , médico, compañero de curso, fue detenido en horas de toque de queda. En el bando Nº 1 de la comandancia de guarnición de Temuco se expresa que se habría dado a la fuga, pero, según el informe Rettig , eso es improbable por las circunstancias de entonces. El hecho es que hasta hoy se desconoce el paradero de mi colega y amigo doctor Hillerns Larrañaga .
También están los casos de José Gregorio Retamal , Patricio Weitzel Pérez y Arturo Prat Martí , en Chillán, que ocurrieron el 1 de octubre de 1973.
Debo subrayar que tanto Retamal como Prat eran muchachos de 21 años, estudiantes de la Escuela Normal, y que Patricio Weitzel era relojero, de 26 años, militante de la juventud radical.
El informe Rettig, en el caso de Patricio Weitzel, expresa que su padre lo encontró el 24 de diciembre, cerca del río Ñuble, con otros nueve cuerpos amarrados, a todos los cuales se les hizo la autopsia respectiva.
Como existía una denuncia por presunta desgracia, el juez de Chillán concurrió al lugar y comprobó los hechos.
Según el mismo informe, la muerte de Patricio Weitzel se debió a una anemia aguda por perforación balística.
La comisión nacional de Verdad y Reconciliación se formó convicción de la ejecución de Weitzel y Retamal y del desaparecimiento forzado de Prat Martí.
Hoy, los legisladores tenemos el compromiso de abogar por que nuestro país ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Creo que hoy lo vamos a materializar, por lo que hemos expresado quienes no queremos que tales hechos se repitan en Chile.
Con la ratificación de este tratado, los chilenos nos comprometemos a no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aun en estado de emergencia, y a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de dicho delito, incluso, su tentativa.
Junto con ello, los países se comprometen a cooperar entre sí para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas y a crear mecanismos legislativos, administrativos, judiciales o de otra índole, a fin de que las naciones firmantes puedan cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención.
Espero que hoy el proyecto de acuerdo sea ratificado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que en Chile no se repitan nunca más estos hechos y se creen los mecanismos que permitan al país encontrar la tan ansiada reconciliación y paz social.
Concedo una interrupción al diputado señor Riveros .
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo para precisar algunos aspectos jurídicos, porque, en sus intervenciones, los diputados señores Iván Moreira y Gustavo Alessandri en cierta medida hicieron referencia a lo que planteé en mi discurso.
Jurídicamente, el tema planteado por el artículo 4º está resuelto tanto en esta Convención como en los otros cuerpos legales citados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, Pacto de San José de Costa Rica.
El diputado señor Bustos señaló los principios que determinan jurisdicción. El principio de territorialidad es uno, pero tenemos además el de nacionalidad, de personalidad pasiva, de protección y de universalidad. Todos ellos están considerados en un cuerpo legal de esta naturaleza.
Más aún, en la Convención Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en conexión con la Convención Americana sobre Derechos Humanos vale decir, con el Pacto de San José de Costa Rica, se valida el principio de la complementariedad, lo cual significa que el cuerpo internacional entrará en vigor sólo en tanto cuanto en el ámbito interno del respectivo Estado no se haya alcanzado remedio jurídico para la situación planteada.
En lo que respecta a su aplicación, el artículo XIII señala: “Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares”.
Por lo tanto insisto, no podemos mirar esta Convención separada de la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969, en la cual, tanto para poner en funcionamiento la Comisión como para que actúe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se requiere haber agotado las vías jurídicas internas del respectivo Estado. Sólo así podría declararse admisible una reclamación ante el ámbito internacional.
Por lo anteriormente señalado, me parece que jurídicamente no debería haber dudas al respecto y, por ende, deberíamos votar favorablemente la Convención y no abstenernos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Jarpa .
El señor JARPA.-
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en mi opinión, los diputados presentes en la Sala deben tener el máximo respeto por sus colegas. Por dicha razón, resulta inaceptable que quienes han tenido el privilegio de hacer uso de la palabra hagan acusaciones infundadas y tan graves como las formuladas hoy por el diputado señor Juan Bustos .
Lo lamento, porque su permanente actitud revela rencor y revanchismo. Siempre sus discursos son sesgados, lo cual hace que para nosotros sean poco creíbles, aunque, claro, a él no le debe interesar que los entendamos.
En todo caso, si el señor Bustos se siente tan limpio como para aprobar un proyecto de esta magnitud, que diga en esta Sala que él, como miembro del Partido Socialista, fue uno de los autores intelectuales del inmenso daño que se hizo al país cuando protegieron el terrorismo y el Partido Comunista eligió la vía armada para matar a tantos chilenos. Eso no lo dice, como tampoco que comparte el régimen de Fidel Castro y que la gente que trata de huir de la isla muere en el mar ahogada entre Cuba y Miami. Al parecer, el señor Bustos considera que eso no es atropello a los derechos humanos ni tampoco que se condice con la desaparición forzada de personas.
Debemos ser ecuánimes. Los que nos sentimos representantes de un sector importante del país tenemos las manos limpias, la conciencia y el corazón para afirmar que participamos del principio de que nunca se deben atropellar los derechos de las personas, pero no queremos compartir conceptos jurídicos como la aberración de considerar a detenidos desaparecidos como secuestrados en forma permanente, en un delito que no prescribe. Eso no lo entiende nadie a menos que sea un hombre con juicio sesgado que pretenda perseguir hasta lo infinito a personas que realizaron la difícil tarea de ordenar un país.
En ocasiones hemos admirado a la diputada señora Fanny Pollarolo por la forma en que ha defendido tantos proyectos que benefician a la gente, pero no le podemos aceptar que nos acuse de la manera como lo ha estado haciendo.
Nos sentimos dignos y creemos realmente que un proyecto de esta magnitud no debe abarcar un período distinto que vivió el país en el pasado, cuando quedó absolutamente dividido. Hoy, todos los sectores estamos haciendo un esfuerzo para buscar la reconciliación, pero con estas intervenciones resulta imposible restaurar la paz entre chilenos, porque cada vez que tratamos de encontrar el camino, éste se distorsiona. De una vez por todas, digamos que en Chile se legisló en esta materia y se aprobó una ley de amnistía, pero su forma de aplicación fue cambiada por los tribunales, lo que se está viendo todos los días con los desfiles interminables de personas citadas a declarar. ¿Quién defiende el derecho de esas personas? ¿Quién juzga a los terroristas que en Chile mataron a tanta gente, a muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros? ¿Quién lo dice? ¡Nadie se atreve! Hoy estamos enfrentados a una situación en que debemos mirar que este país globalizado realmente respete todas las convenciones internacionales. Chile ha sido respetuoso y fue el primer país que aprobó la Convención de los Derechos Humanos, de San José de Costa Rica. Por eso tenemos derecho a decir que no es justo que nos traten de nazis, de asesinos, de cómplices de los asesinatos y de los atropellos.
El señor AGUILÓ.-
Nadie ha dicho eso.
El señor VILCHES.-
¡Así lo dijeron! ¡Esas fueron las expresiones del diputado señor Bustos y por eso reclamamos!
Debemos tener un debate serio y buscar el camino adecuado. Nosotros estaríamos dispuestos a aprobar un proyecto de este tipo si se modifica en cuanto a los delitos que se quiere tipificar y mantener en el tiempo.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, tal vez la demostración más elocuente de que en este tema las pasiones obstaculizan absolutamente la posibilidad de entendernos, está dada por la intervención que acabamos de escuchar.
Por intermedio de su Señoría, quisiera pedir al diputado señor Vilches que revisara la transcripción taquigráfica que por fortuna esta Corporación tiene la obligación de tener sesión a sesión. Si lo hiciera y comprobara que las palabras del colega Juan Bustos no son las que él recuerda o creyó haber escuchado, le pido que después tenga la nobleza sé que la tendrá de excusarse o, por lo menos, de aclarar públicamente que lo que creyó escuchar no fue lo que aquí se dijo.
Quisiera recordar porque tengo gran respeto por muchos colegas de la Derecha que el paralelo que hizo el diputado don Juan Bustos fue que, siendo situaciones enteramente distintas la de la Alemania nazi y la de Chile de Pinochet, un sector de la población queda al margen del conocimiento de lo que va ocurriendo y, siendo así, cuando la verdad brota inevitablemente por la democratización de estas sociedades, esos sectores de la civilidad, que desconocieron aquellos hechos, tienen reacciones políticas, morales y subjetivas de distinta naturaleza, como las que hoy tienen muchos colegas de la Oposición. Ése es el paralelo que se quiso hacer. Aquí no se ha acusado a nadie de nazi, ni de pro nazi, ni de nada que se parezca.
De tal forma que la intervención del diputado señor Bustos y le insisto a mi colega señor Vilches en que revise la versión taquigráfica fue incluso de enorme respeto por las personas que hoy están en la Oposición y que tienen sobre estas materias qué duda cabe una gran diferencia con nosotros.
Sin embargo, es inmensamente grande aquella otra verdad demostrada en esta sesión. Uno escucha finalmente no sólo con los oídos, sino con su memoria, su subjetividad, su cultura, sus tradiciones. No puede ser casualidad. El idioma que hablamos en esta Sala es el mismo, el castellano que nos legaron nuestros antepasados y colonizadores; de manera que no es un problema de idioma, sino de cultura, de subjetividad, de memoria: hablamos un mismo idioma, pero en códigos distintos.
Por eso, para nosotros resulta incomprensible que la Oposición haya anunciado sus votos de abstención, y no, diputado señor Alessandri , porque le falten votos a la Concertación, ya que, como usted conoce muy bien el Reglamento, éste es un proyecto de quórum simple; por lo tanto, para su aprobación sólo se requiere la simple mayoría de los presentes. No se necesitan los votos de la Oposición.
El señor FOSSA.-
Entonces, voy a votar no.
El señor AGUILÓ.-
Como Chile, como país, necesitamos que en esta materia estemos unidos para hacer cierto lo que durante un año dijeron Joaquín Lavín y Ricardo Lagos en todos los rincones del territorio nacional; precisamos, como país, a lo menos sobre el futuro sin perjuicio de leer en códigos distintos y de tener discrepancias respecto de lo que ocurrió en el pasado, señalar con convicción que todos, ustedes y nosotros, estamos dispuestos a evitar que vuelvan a repetirse crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas. ¡Eso es todo lo que necesitamos!
El señor MORA (Vicepresidente).-
El diputado señor Alessandri le solicita una interrupción a su Señoría.
El señor AGUILÓ.-
Con el mayor gusto, por cierto, pero, para que no se me vaya la idea, se la concederé al final de mi intervención.
Lo inexplicable de la actitud de la Derecha es una incomprensión moral y política, porque ésta es una convención que trata el tema de la desaparición forzada de personas y, como todo precepto de carácter jurídico-penal, sus efectos rigen desde el momento en que se aprueba hacia adelante; o sea, este tratado ni siquiera tendrá efectos sobre hechos ocurridos en el pasado.
Por eso, uno se pregunta: ¿por qué la Oposición, la UDI y Renovación Nacional, tienen objeciones para votar a favor una convención internacional que condena la desaparición forzada de personas y no expresan admisión de justificación respecto del crimen de lesa humanidad?
Consulto con respeto a los diputados señores Vilches , Moreira y Alessandri , que han intervenido en este tema: ¿será que la Oposición piensa que, aun cuando la desaparición forzada de personas es un método repudiable de los Estados, existen situaciones excepcionales, extremas, que podrían eventualmente justificarla? Lo pregunto con respeto, ya que es sólo una hipótesis, porque las disposiciones de esta convención empezarán a regir desde el momento en que se apruebe hacia adelante.
Naturalmente, me respondo a mí mismo con la segunda pregunta: ¿Será que la Oposición está pensando que esto tiene efectos hacia atrás respecto de los juicios al general Pinochet o de otras personas? ¡Por cierto que no! ¡La ley penal no tiene efecto retroactivo! Entonces, ¿cuál es la razón dadas la historia de América Latina, de la humanidad y de nuestro país, para que una convención tan obvia pueda merecer tantas dudas de la Oposición? ¿Cuál es la razón para que ningún diputado de la Oposición, con entusiasmo, con convicción, sea capaz de decir: ¡Saben señores, en Chile nunca más habrá detenidos desaparecidos! ¡En Chile nunca más habrá detención forzada de personas!
Estimados colegas, quiero decir francamente que soy de los que piensan a lo mejor, en forma ingenua, pero quiero decirlo derechamente que la última elección presidencial produjo un “click”, un cambio cualitativo en la subjetividad y disposición de las fuerzas sociales y políticas de nuestro país. No soy de los que piensan que Joaquín Lavín se reunió con hijos y familiares de detenidos desaparecidos por demagogia, sino por convicción, y así se lo he manifestado a algunos parlamentarios de la Derecha en conversaciones privadas y lo reitero en esta Sala.
Durante más de un año, todos hemos hablado de verdad, de justicia, de derechos humanos, de la necesidad de evitar que se vuelvan a cometer los atroces crímenes perpetrados en nuestro país y, por cierto, en otros lugares del mundo como la ex Unión Soviética, en los países de la llamada Europa socialista o detrás de la cortina de hierro y en muchos otros lugares. Entonces, después del acuerdo que logramos construir en ese período no en esta Sala, sino de cara al país, en reuniones efectuadas en Chiloé, en Puerto Montt y en el norte, ¿por qué no podemos expresar aquí, ante 120 parlamentarios que representan la soberanía popular, que es necesario consagrar de manera definitiva esta convención que descarta para siempre la posibilidad de que en Chile vuelva a practicarse la desaparición forzada de personas?
Por último, quiero manifestar que ningún tecnicismo del inciso quinto, del artículo 6º, tal o cual, puede ser razón suficiente, de peso y de fondo, para no tener la actitud política y moral que el país espera de nosotros: aprobar esta convención, porque tiene que ver exactamente con una forma de reencontrarse con el alma y con la tradición de nuestro país.
He dicho.
Aplausos.
El señor AGUILÓ.-
Perdón, señor Presidente, olvidaba que, con su venia, le había concedido una breve interrupción a la diputada señora Fanny Pollarolo y otra al diputado señor Moreira .
El señor MORA (Vicepresidente).-
El diputado señor Alessandri también le había solicitado una interrupción, pero no le puedo dar la palabra a tres diputados.
Hay un diputado más inscrito y está por terminar el Orden del Día; de manera que si seguimos con las interrupciones no habrá más debate.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, si le parece, podría ser a la señora Fanny Pollarolo y al diputado señor Moreira .
El señor MORA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de la interrupción la diputada señora Fanny Pollarolo .
El señor ALESSANDRI.-
Me pareció entender que me había concedido la interrupción, pero veo que, al igual que otros colegas en esta Sala, el diputado señor Aguiló también cambia de opinión.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, sólo para decirle al colega Carlos Vilches , por su intermedio, que no he formulado acusación alguna, sino sólo una petición en la línea de la intervención que acaba de hacer el colega Aguiló que considero perfectamente posible y necesaria: reconocer que aquí se sobrepasó un límite extremo, lo que nunca debiera suceder; que nada justifica lo ocurrido y que es necesario contribuir sinceramente a reparar el dolor que aún persiste. De manera que formulé una petición, no una acusación.
Gracias, señor Presidente.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, entendemos que durante el debate es posible caer en apasionamientos. Sin embargo, hay que considerar dos cosas: no podemos aceptar que por tener un criterio distinto, algunas discrepancias sobre temas tan relevantes como jurisdicción y soberanía, se nos haga aparecer como insensibles frente al problema de los derechos humanos.
Lamentablemente, ésa es la actitud permanente de los diputados de la Concertación. Yo sé lo que piensa verdaderamente el diputado Aguiló , pero nosotros hemos tenido buena disposición frente al tema, y le he dicho al ministro de Justicia que estamos dispuestos a apoyar este proyecto en el Senado, una vez que nuestras discrepancias sean consideradas.
Entonces, ¿por qué tanta desesperación? ¿Por qué usar este proyecto como pretexto para atacarnos? ¿Por qué recurrir a un juego político y decir: “¡Miren, ahí están los de la UDI y los de Renovación Nacional!”, porque en las tribunas hay representantes de organizaciones de derechos humanos? Se lo digo una vez más a los colegas de la Concertación: yo y los que estamos sentados aquí no le tememos a nada; tenemos las manos limpias, así las mantendremos siempre, y los desafiamos, con mucho respeto, a que prueben lo contrario: que algunos de nosotros tenemos las manos sucias.
De manera que no podemos aceptar con esto termino que nos traten así y que nos hagan aparecer como contrarios al tema de los derechos humanos. Tenemos buena disposición al respecto así se lo hemos planteado al ministro de Justicia; pero este proyecto no será promulgado hoy. Aquí se aprobará, pero lo vamos a corregir en el Senado. Ahora, nuestra forma de llamar la atención es abstenernos, a fin de que la iniciativa sea corregida en el Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor RIVEROS.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, lamentablemente, debo hacer una aclaración al estimado colega Iván Moreira .
La verdad es que, en materia de tratados, la facultad del Congreso es aprobarlos o rechazarlos. De manera que no veo qué corrección podría hacer el Senado de la República en un momento determinado. Reitero que la facultad del Parlamento es muy precisa: aprobar o rechazar.
El señor ULLOA.-
Se pueden hacer precisiones, señor diputado.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, sólo para manifestar que mi voto iba a ser favorable al proyecto. Sin embargo, debido a la forma en que se desarrolló el debate, en particular, a las palabras del diputado señor Juan Bustos , no me siento inclinada a proceder de ese modo.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, usted le ha dado la palabra a cinco colegas por la vía de la interrupción, pero no a quienes estábamos inscritos. Su Señoría debe reparar en el hecho de que después de que el diputado señor Aguiló terminó su intervención en esa oportunidad anunció que había sólo un diputado más inscrito, ya han hablado cinco diputados por esa vía.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Le voy a responder, diputado señor Palma . Su Señoría era el último de los inscritos, y le habría concedido el uso de la palabra con mucho gusto, pero debo aplicar nuestro Reglamento. Además, lo único que he hecho ha sido conceder la palabra, a fin de mantener la tradición que siempre ha existido en esta Sala en cuanto a otorgar la palabra a cada parlamentario que la solicite.
Por lo tanto, por haber llegado a su término el Orden del Día, corresponde cerrar el debate.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, a mí fue al único que no le dio la palabra.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores diputados mantener la calma y guardar silencio.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, creo que después de la intervención del diputado señor Aguiló ha quedado muy en claro el alcance de mis expresiones. Quiero señalar que si hubo alguna palabra injuriosa o que los diputados de la Oposición interpretaron como tal, estoy dispuesto a retirarla y a pedir las disculpas correspondientes, porque siento mucho respeto por todos mis colegas, tanto de la Oposición como de la Concertación.
Por lo tanto, no considero que sea una razón valedera lo que dice la diputada señora María Angélica Cristi , en cuanto a que debido a mis palabras no va a votar a favor este proyecto. He señalado claramente que jamás he dicho palabras injuriosas contra la Oposición, y si así se percibe, estoy dispuesto a ofrecer disculpas, por lo que solicito que se supriman dichas expresiones de la versión taquigráfica. En ese sentido, no creo que sean una objeción para votar en contra.
He dicho.
El señor PALMA (don Andrés).-
Punto de Reglamento.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, su Señoría ha dado la palabra a seis parlamentarios, después que afirmó que yo estaba inscrito; a mí, luego de una larga y latosa explicación, dijo que no me concedía la palabra.
Es justo que me conceda los tres minutos que restaban en el tiempo del Orden del Día para hacer mi discurso. Si su señoría no lo hace así, habrá cometido una injusticia.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor diputado, le vuelvo a dar las explicaciones del caso.
No le daré el uso de la palabra a nadie más. Se cumplió el tiempo del Orden del Día, y por haberse vencido el plazo reglamentario de la urgencia del proyecto en debate, corresponde votarlo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 14 abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Aprobado el proyecto.
Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Ascencio , Bertolino , Bustos , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Espina , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , Kuschel , Luksic , Lorenzini , Montes , Mora, Naranjo , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Pareto , Pérez (don Aníbal) , Pollarolo ( doña Fanny) , Reyes , Rincón , Riveros , Rocha , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Valenzuela , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Patricio) .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca y Fossa .
Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri , Alvarado , Álvarez , Correa , Díaz , Galilea (don Pablo) , Ibáñez , Leay , Masferrer , Molina , Monge , Moreira , Ulloa y Vilches .
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, don José Antonio Gómez .
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, sólo para señalar que un proyecto de esta naturaleza prestigia a nuestro país, ya que su aprobación tipificará un delito tan grave como el de la desaparición forzada de personas, lo cual permite que Chile se ponga a la altura de los países del mundo para evitar que hechos como éstos ocurran en cualquier latitud.
Sin duda, cada uno de nosotros tiene una opinión del pasado, para unos más dolorosa que para otros, pero aquí estamos legislando para el futuro. En esta perspectiva, la aprobación de este proyecto constituye un gran avance realizado por este Parlamento. Por supuesto, analizaremos lo planteado por el diputado señor Moreira ; pero lo importante es que estamos legislando y avanzando hacia el futuro.
Gracias.
Hablan varios señores diputados a la vez.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GUARDIAS PRIVADOS DE SEGURIDAD. Votación.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 394, referente a los guardias privados de seguridad.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
PAGO DE ASIGNACIÓN DE ESPECIALIDAD A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS.
El señor MORA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA.-
Proyecto de acuerdo Nº 395, de los señores Monge , García, don René Manuel ; Urrutia , Reyes , señora González , doña Rosa ; Galilea, don José Antonio , y Ulloa .
“Considerando:
1.Que el D.F.L. Nº 2 de 1968 (Estatuto del Personal de Carabineros de Chile) en el artículo 48 letra b) (vigente hasta el 11 de marzo de 1998) establecía a favor del personal de Carabineros que tuviere la calidad de especialista de “montaña o de frontera”, según el Reglamento respectivo, y mientras la conservara, derecho a un sobresueldo equivalente al 35% del sueldo base.
2.Que, por otra parte, el Reglamento de Sobresueldos y Gratificaciones Especiales para el personal de Carabineros, aprobado por Decreto Supremo Nº 1606 de 1970, establecía entre otros puntos que para gozar del beneficio, el funcionario debería estar en posesión del título respectivo otorgado por la Dirección General de Carabineros y encontrarse destinado en alguna unidad de montaña o frontera declarada como tal por la Dirección Nacional. El reconocimiento de la calidad de especialista a quienes, no teniéndola, presten servicios por períodos no inferiores a dos años en unidades o destacamentos de frontera o montaña, es una facultad discrecional de la Dirección General de Carabineros.
3.Que el reconocimiento del beneficio a la calidad de especialista fue suspendido a contar del 10 de enero de 1981 por circular del Servicio Nº 285 del 30 de diciembre de 1980 y más tarde, restablecido a través de la circular Nº 1037 del 24 de noviembre de 1987, precisándose, sí, que estos reconocimientos podían solicitarse sólo a contar del 10 de enero de 1988 y sin efecto retroactivo.
4.Que esta situación ha dejado al margen del beneficio a todos aquellos funcionarios que sirvieron a la institución entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1987, no obstante, muchos de ellos reunir los requisitos de especialidad y/o habérseles reconocido tal calidad, lo cual constituye una discriminación y una injusticia respecto de un número considerable de funcionarios de Carabineros, servidores públicos que prestan servicios abnegadamente y en condiciones especialmente difíciles en zonas fronterizas o inhóspitas.
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Ministerio de Defensa el estudio de la situación que afecta a cerca de 122 funcionarios activos de Carabineros y a más de 800 en situación de retiro, a fin de reconocerles la calidad de especialistas de “montañas o fronteras” y consecuentemente los derechos y beneficios pecuniarios inherentes a tal calidad que corresponden a quienes sirvieron la institución entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1988”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Luis Monge .
El señor MONGE.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que se somete a consideración de la Sala busca hacer justicia a un considerable número de abnegados funcionarios y ex funcionarios de Carabineros de Chile, que, según las informaciones recibidas de su Dirección General, son 122 en servicio activo y más de 800 en situación de retiro, personal que ha servido durante más de dos años en destacamentos fronterizos o de montaña en el período comprendido entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1988, a quienes no se les ha reconocido el título de especialistas de montaña o de frontera y los beneficios inherentes, no obstante que cumplen con todos los requisitos exigidos por los reglamentos.
De este reconocimiento, que constituía una facultad del General Director de Carabineros, dependía el que los funcionarios pudieran acceder a un beneficio consistente en un sobresueldo equivalente al 35 por ciento del sueldo base, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 48, letra b, del DFL Nº 2, de 1968, o Estatuto del personal de Carabineros.
Este reconocimiento fue suspendido a contar del 10 de enero de 1981 y, más tarde, restablecido el 24 de noviembre de 1987, precisándose que estos beneficios sólo podían solicitarse a contar del 10 de enero de 1988, sin efecto retroactivo, lo cual ha dejado a un número significativo de funcionarios y ex funcionarios de Carabineros de Chile en una situación de menoscabo y de discriminación respecto de sus pares.
Por eso solicito la aprobación del proyecto por parte de la Cámara.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, es muy justa y loable la petición hecha por el diputado señor Luis Monge en este proyecto de acuerdo, que evidentemente lo vamos a apoyar.
Además, sería oportuno solicitar a Carabineros de Chile información sobre los montos que se adeudan a esta institución por distintas funciones que cumplen en ella, por cuanto sé que ésta no es la única.
Junto con reiterar mi apoyo al proyecto, pregunto si podríamos agregar una solicitud a Carabineros para que nos informe respecto de todos los recursos que requieren para pagar montos adeudados por el cumplimiento de otras funciones. No sé si es posible incluirlo en este proyecto o en un oficio aparte.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señora diputada, el proyecto no puede ser modificado.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
AMPLIACIÓN DE COMPETENCIA DE COMISIÓN ESPECIAL DEL “CASO MATUTE”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 396, de las diputadas señora González , doña Rosa , y Cristi , doña María Angélica , y de los diputados señores Díaz y Cardemil .
“Considerando:
1.Que la comunidad de Iquique se ha visto impactada con motivo del suicidio, en febrero de este año, de la dirigente de Renovación Nacional señora Sonia Torrico . Este hecho ha generado terror en la zona no sólo porque su víctima era una mujer querida en la zona, sino también por los oscuros sucesos que la llevaron a tomar tan drástica determinación.
2.Que la señora Torrico , en enero pasado y previo a su muerte, fue víctima de un ataque que culminó con el incendio de su vivienda y donde además fue sometida a una serie de vejámenes cometidos por dos encapuchados que irrumpieron en su hogar y cometieron todo tipo de fechorías.
3.Que la víctima fue forzada, entre otros vejámenes, a tragarse una foto del General Pinochet y a otros actos impropios con la foto del candidato presidencial Joaquín Lavín , lo que indica que no estamos en presencia de un delito común, sino de crímenes con una clara connotación política.
4.Que, lamentablemente, este brutal acontecimiento no es un hecho aislado en la región, sino que, por el contrario, se está transformando en una práctica habitual de matonaje político que responde a mentes enfermizas y cobardes.
5.Que a lo anterior hay que agregar que dos parlamentarias de la zona, las diputadas Rosa González y Antonella Sciaraffia , han sido apedreadas en el cumplimiento de su labor fiscalizadora, por lo que en la actualidad gozan de protección policial.
6.Que, con todo, existe en nuestra comunidad un sentimiento de inseguridad y confusión, toda vez que se cuestiona por parte de la familia de la señora Torrico , de dirigentes políticos de la zona y en general de toda la población, la efectividad y objetividad de la labor efectuada por la Policía de Investigaciones de la zona y la credibilidad de las autoridades políticas de la región.
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda que en razón de la conmoción que ha generado el asesinato de mujeres relacionadas con la actividad pública en la I Región y por existir los mismos fundamentos en base a los cuales esta Corporación aprobó la constitución de una Comisión Especial en el caso Matute, se incorpora el análisis de estos hechos en las materias de competencia de esa Comisión”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, he hablado con el Secretario de la Cámara para retirar el proyecto de acuerdo, con el objeto de ampliarlo con casos conocidos por otros colegas.
Le solicitaría recabar el acuerdo de la Sala para proceder a retirar hoy el proyecto y presentarlo de nuevo mañana.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se tendría que ubicar en el lugar que corresponda en la tabla de proyectos de acuerdo.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
No habría problemas.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, para retirar un proyecto de acuerdo no se requiere de la unanimidad de la Sala, sino de la decisión de sus patrocinantes.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para plantear una observación reglamentaria, tiene la palabra el diputado señor Naranjo .
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, según el Reglamento, la decisión de retirar un proyecto de acuerdo deben adoptarla sus patrocinantes, la cual ha de ser planteada antes de que se ponga en discusión y votación. En el caso en análisis, ambas condiciones no se han cumplido, de manera que corresponde tratar el proyecto de acuerdo.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Si los cuatro patrocinantes del proyecto están de acuerdo en retirarlo y la Sala acepta esa decisión, se procedería en esos términos; pero como no se encuentra presente el diputado señor Cardemil , uno de los patrocinantes, se continuará con el tratamiento de la materia.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Por lo expuesto, no me voy a referir al proyecto de acuerdo. Si la Mesa lo va a someter a votación, no tengo otra posibilidad que aceptarlo.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tengo que aplicar el Reglamento, su Señoría.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, el caso que se plantea en el proyecto de acuerdo amerita una preocupación, desde luego, de los organismos correspondientes; pero pienso que, por las características y naturaleza del caso de Jorge Matute Jonhs , tratarlo en la misma comisión sería absolutamente incompatible.
El proyecto de acuerdo versa sobre un suicidio, respecto del cual hay una investigación netamente judicial. En cambio, en el caso de Jorge Matute hay otras connotaciones, ajenas a la investigación judicial.
Si los patrocinantes del proyecto de acuerdo quisieran, a través de la Cámara, realizar una gestión o incorporar a la competencia de la Comisión los casos que les preocupan, de alguna manera habría que modificarlo. La Comisión, en términos generales, analizará el caso de otros desaparecidos; pero como éste es un caso que no tiene relación alguna con esas situaciones, no sería procedente acceder a lo solicitado.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Por no haber quórum, se repite la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Por falta de quórum, queda pendiente el proyecto de acuerdo.
VII.INCIDENTES
ASIGNACIÓN DE ZONA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL CAJÓN DE ANCOA, PROVINCIA DE LINARES. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma .
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, en la provincia y comuna de Linares existen dos cajones cordilleranos paralelos, en los que están instaladas escuelas rurales a diferentes distancias, de acuerdo con la concentración de población.
No tienen más diferencia que la de encontrarse más al norte el cajón del Ancoa, por donde corre el río que le da nombre; y muy pocos kilómetros hacia el sur, el río y cajón del Achibueno.
No existe mayor ruralidad, ni mayor distancia, ni mayor aislamiento, ni condiciones climáticas diferentes, ni tampoco condiciones de vida distintas.
Pero sí existe diferencia en la asignación de zona que recibe el personal de las escuelas del cajón del Achibueno y que, extrañamente, no percibe el de las del cajón del Ancoa; esto es, de las escuelas de Roblería, Chupallar , Embalse Ancoa y Vega de Ancoa. Igual situación existe en el caso de los destacamentos de Carabineros ubicados en el mismo cajón.
Las condiciones de los funcionarios públicos del cajón del Ancoa son tan difíciles como las de sus congéneres; por lo tanto, resulta injusto que no se le paguen las mismas asignaciones de zona a la docena de personas que hacen patria en ese cajón con sacrificio personal y el de sus familias.
Al efecto, el otorgamiento de este beneficio se podría incorporar en el decreto ley Nº 249, de 1973, como ya se hizo, por ejemplo, el 2 de diciembre de 1994, en que se modificó el artículo 5º de la ley Nº 19.354 para concederlo a las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue .
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie al Presidente de la República, a la ministra de Educación y al general director de Carabineros para evaluar lo expuesto y corregir esta inequidad.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches , Alejandro García-Huidobro , Carlos Kuschel , señora María Angélica Cristi , señores Galilea, don Pablo ; Martínez, don Rosauro ; Alessandri , Vargas , Pareto , Vega y Jaramillo .
PROBLEMAS VIALES Y EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE MAIPÚ. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, me permito ocupar la atención de esta Cámara para referirme a algunos problemas que afectan seriamente a la comuna de Maipú.
El Ejecutivo ha anunciado con bombos y platillos que se construirá un metrotrén a Maipú, lo cual es un simple volador de luces que, en poco o nada, solucionará los tremendos problemas de locomoción que afectan a esa comuna.
La verdad es que se desea activar un metrotrén a Melipilla, y, tal vez, su primera estación se ubique en el sector oriente de Maipú. De ahí, entonces, que se nos ha querido lanzar una aspirina para curar un cáncer terminal.
La única solución verdadera es la construcción del Metro como ya lo estudió hace bastante tiempo el propio Gobierno, ese mentado Metro que ofreció el entonces Presidente Frei y que nunca cumplió.
La ciudadanía de Maipú está en posición de exigir su construcción porque es una necesidad urgente. Su costo sería muy bajo comparado con los setecientos y tantos millones de dólares gastados en el tramo Plaza ItaliaSanta Ana, cuyos beneficios no guardan relación con la inmensa suma invertida.
Por vía de ejemplo, quiero señalar que de Maipú salen diariamente 65.400 alumnos en busca de educación fuera de la comuna por falta de colegios; además, quedan sin matrícula unos 7.000 jóvenes por no disponer de los medios para transportarse fuera de ella.
Todos estos antecedentes han sido seriamente evaluados por la Unión Comunal de Centros de Padres de Maipú, que preside don Darío Pavez ; se han entregado diversas informaciones y se han formulado otras tantas peticiones a la Secretaría Ministerial de Educación, a la Dirección Provincial de la Zona Poniente, al alcalde, señor Germán Silva ; a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y a la del Senado, al ex ministro de Educación señor Pablo Arellano y al Presidente de la República, etcétera.
Como se puede apreciar, la Unión Comunal de Centros de Padres de Maipú es una institución activa, y su presidente, don Darío Pavez , es, por demás, eficiente.
Toda esta situación se ve agravada por la determinación de impedir el tránsito de vehículos particulares, durante los días de restricción, por la avenida Pajaritos , única vía que da entrada y salida al centro mismo de la comuna, que, con sus casi 450 mil habitantes, está en estado de colapso en materia de tránsito, locomoción, seguridad ciudadana, drogas, etcétera.
En consecuencia, solicito, primero, que se oficie al ministro de Transportes para que nos haga llegar los estudios pormenorizados del llamado metrotrén a Maipú.
Segundo, que nos explique las razones por las cuales se suspendió la construcción del Metro hasta la plaza de Maipú.
Tercero, que nos informe sobre la posibilidad de no incluir a la avenida Pajaritos entre las vías excluidas de automóviles particulares en los días de restricción.
Por último, que se oficie a la ministra de Educación para que nos informe si dio respuesta y sus respectivos textos, de haber existido ésta a las peticiones registradas en ese Ministerio con los números 3648, del 31 de mayo de 1999, y 7386, del 18 de junio del mismo año, ambas suscritas por la Unión de Centros de Padres de Maipú.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Pareto , Kuschel , Jaramillo y Lorenzini
REDUCCIÓN DE LOS CUPOS DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a los ministros de Hacienda, del Interior y del Trabajo y Previsión Social para hacer presente el malestar de los parlamentarios de Renovación Nacional de la Décima Región por la reducción de los cupos de contratación de mano de obra a través de los programas municipales, de 7 mil a 4 mil personas, y la mantención de estos cupos sólo en Puerto Montt y Valdivia, en circunstancias que la Décima Región no ha crecido económicamente, como lo demuestra el índice de actividad regional, Inacer , del INE, ni en 1998 ni 1999, y de que la mayor parte de las comunas a las que no se les están renovando sus programas de contratación de mano de obra son rurales.
Nuestra región es la segunda peor de Chile en materia de crecimiento después de la Región del Maule y, sin embargo, en ella se están recortando esos programas de contratación de mano de obra.
Por lo tanto, solicito encarecidamente, en nombre de los diputados Delmastro , Caminondo y en el mío, que se oficie a estos ministros para que, por las razones invocadas, corrijan esta situación.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez , Carlos Vilches , Pablo Galilea , Enrique Jaramillo, doña María Angélica Cristi , Osvaldo Palma , Osvaldo Vega y Gustavo Alessandri
INCLUSIÓN DE DEPORTISTA EN DELEGACIÓN QUE CONCURRIRÁ A JUEGOS OLÍMPICOS DE AUSTRALIA. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por tres minutos, la honorable diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, a pesar de que me embarga un ánimo poco alegre debido a la discusión que tuvo lugar hace algunos instantes en relación con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas no pude usar de la palabra, pero lo haré en otra ocasión, quiero referirme a un tema más positivo, como considero que debiera ser el ambiente en nuestro país en estos días, y no tan amargo como al menos quien habla lo percibe.
En agosto de este año, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en Australia. Chile, como de costumbre, será representado por una delegación de deportistas y un grupo de dirigentes pertenecientes al Comité Olímpico. En este contexto, quiero recordar que en los Juegos Olímpicos celebrados en 1956, una joven y hermosa mujer chilena nos honró al obtener medalla de plata una de las seis conseguidas por nuestro país en este tipo de certámenes en la prueba de lanzamiento de la jabalina, y, así, un glorioso segundo lugar para Chile. Esa mujer se llama Marlene Ahrens , quien con gran esfuerzo debió enfrentar esa difícil disciplina para lograr la conquista ya referida. Digo esto porque muchas veces olvidamos a los chilenos que con tanto empeño han logrado triunfos importantes a nivel internacional.
Con posterioridad, Marlene Ahrens consiguió otros triunfos importantes para nuestro país: medalla de oro y de plata en los Juegos Iberoamericanos y Panamericanos, batiendo, en uno de ellos, el récor mundial en su disciplina.
En consideración a que Chile concurrirá a los próximos Juegos Olímpicos de Australia y a que Marlene Ahrens triunfó hace muchos años en ese mismo país, estimo que ella debiera formar parte de la delegación de dirigentes que asistirá a esa competencia.
Por lo anterior, solicito que se oficie al presidente del Coch, señor Ricardo Navarrete , con el objeto de que incluya a Marlene
Ahrens en la delegación de dirigentes chilenos que encabezarán nuestra representación en los Juegos Olímpicos de Australia. Se trata de una forma de reconocer sus triunfos y el mérito de una mujer que aún práctica disciplinas deportivas. En tal sentido, puede llegar a ser una gran colaboradora del equipo que representará a Chile, y, al mismo tiempo, su nominación constituirá un reconocimiento a su excelente labor y trayectoria como deportista.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Vega , Palma, don Osvaldo ; Vilches , Martínez, don Rosauro ; Jaramillo , Errázuriz y Mora.
PAGOS ANTICIPADOS DE LA JUNAEB A EMPRESAS PROVEEDORAS DE RACIONES ALIMENTARIAS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, en relación con el proceso rol Nº 27.9641, que se sustancia en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago por anticipos que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas otorgó a 29 empresas por más de 5 mil millones de pesos, el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 27 de septiembre de 1999, pidió que se sometiera a proceso a don Arturo Benítez Rodríguez y a don César Rioseco Rebolledo . Los fundamentos de la petición se resumen en las siguientes consideraciones.
La Junta de Auxilio Escolar y Becas pagó a la empresa Alidec siete facturas por un monto de 338.546.545 pesos por concepto de alimentación con ocasión del programa de verano 1997, en circunstancias que las raciones servidas equivalían, en dinero, a 146.353.348 pesos, lo que implica que la Junaeb pagó en exceso 192.193.197 pesos; a la empresa Alisot la suma de 73.497.129, no obstante que las raciones servidas alcanzaban un monto de 2.683.210 pesos, lo que significa que la Junaeb pagó 70.813.919 pesos de más; y a la empresa Diprodal , la suma de 49.170.663 pesos, en circunstancias que no constan prestaciones de esa firma. Los pagos fueron autorizados y cursados por los señores Arturo Benítez , secretario general, y César Rioseco , jefe de finanzas.
El 21 de octubre de 1999 se determinó no acoger la solicitud del Consejo de Defensa del Estado de someter a proceso a estas personas porque, a juicio de la magistrada, no se reunían los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal.
El 25 de octubre de 1999, el Consejo de Defensa del Estado pidió reposición y apeló en subsidio, aduciendo que, efectivamente, se cumplían los requisitos, por cuanto está acreditado el delito de fraude al Fisco y existen presunciones fundadas de la participación de estas personas.
El 29 de octubre de 1999, el Sexto Juzgado del Crimen no aceptó la reposición, pero sí la apelación. Se inhabilitaron, por ser demandantes en litigio pendiente con el Fisco de Chile, los ministros Adalis Oyarzún , Rubén Ballesteros , y el abogado integrante Roberto Jacob Chocair . Los querellados recusaron al abogado integrante señor Fernando Román y al señor Eduardo Jara Castro . En representación del Consejo de Defensa del Estado actuó la abogada Silvia Morales .
La última diligencia que consta en el expediente tuvo lugar el 31 de marzo de 2000. Se enviaron oficios a la Superintendencia de Bancos y a la Contraloría General de la República. A este último organismo se pidió que informara si se inició juicio de cuentas a don Arturo Benítez y a don César Rioseco ; si es así, cuál fue el resultado; si se dio cumplimiento a lo resuelto en los juicios de cuentas; si hubo otros funcionarios de la Junaeb con juicios de cuentas entre 1996 y 1999, por qué y cuál fue la resolución final y , por ultimo, que se enviara copia al tribunal de las piezas más importantes de los juicios de cuentas mencionados.
El Consejo de Defensa del Estado pidió información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre si los señores Arturo Benítez , César Rioseco , Widesmundo Ramírez , Pedro Moreira Zúñiga , Raúl Farías Pérez , Osvaldo Francisco Soto Zúñiga y Leandro Miret Rojas han poseído o poseen, desde 1992 a la fecha, cuenta corriente, cuenta de ahorro, depósitos u otros documentos financieros, indicando el número respectivo, el banco y las instituciones donde se encuentran. Ambos oficios se pidieron el 1 de septiembre de 1999 y se han reiterado sin que, hasta la fecha, la Contraloría General de la República o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras hayan respondido al Sexto Juzgado del Crimen, razón por la cual no se ha podido someter a proceso a las personas indicadas, pese a que el Consejo del Defensa del Estado ha probado los cargos.
Por lo anterior, solicito que se oficie, en mi nombre, al Contralor General de la República y al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, a fin de reiterar el oficio enviado por el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago en el proceso causa rol Nº 27.9641, de 1 de septiembre de 1999, requiriendo la información que he mencionado.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
HOMENAJE A LOS TRABAJADORES CHILENOS CON OCASIÓN DE CELEBRARSE EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL (de pie).-
Señor Presidente, como es costumbre, el 1 de mayo, las bancadas de los Partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Radical Social Demócrata y el PPD ceden sus tiempos para enviar un saludo a los trabajadores chilenos en esta festividad.
Una vez más y por primera vez en este siglo, se rinde homenaje a quienes por más de una centuria han celebrado el l de mayo como el Día Internacional del Trabajo; jornada de recuerdo y reflexión en memoria de quienes ofrendaron sus vidas para que los trabajadores fuesen considerados como personas y sujetos de pleno derecho en las relaciones laborales.
Desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, los trabajadores del mundo entero se unieron para luchar por la jornada laboral de ocho horas, primero, y por el derecho a sindicarse, después. Estas reivindicaciones que hoy son universalmente aceptadas por el mundo civilizado, tuvieron que ser pagadas al costo de la sangre de los mártires, que con la huelga general del l de mayo de l886 protagonizaron aciagos enfrentamientos con la policía el 3 y 4 de mayo en la empresa Mc Cormick y en la plaza Haymarket de Chicago, en cuyo honor se estableció el Día Internacional del Trabajo.
Han sido muchas y muy largas las jornadas que el movimiento sindical ha debido afrontar a lo largo del siglo más violento de la historia, pero todas ellas han servido para avanzar en la toma de conciencia de las aspiraciones de los trabajadores en su lucha por lograr condiciones de vida más justas y más humanas. Nuestro país no ha sido ajeno a estas vicisitudes. Apenas iniciadas las reivindicaciones laborales por la jornada de ocho horas, nuestra pampa salitrera y los lancheros de Iquique iniciaron las primeras movilizaciones y huelgas que fueron forjando las bases del movimiento sindical chileno.
El nombre de Luis Emilio Recabarren está inseparablemente unido al despertar de la conciencia de los trabajadores, quienes en varias ocasiones debieron pagar con su sangre los anhelos de ver concretadas sus aspiraciones. Las masacres de la Escuela Santa María, en Iquique, y de la oficina San Gregorio , en La Pampa, son hitos trágicos que marcan lo que Clotario Blest llamó “el martirologio de la clase obrera chilena”.
Ya que citamos a Clotario Blest Riffo , cabe señalar que fue un cristiano ejemplar, que dedicó su vida entera a la organización sindical chilena. Creador y fundador de la Asociación de Empleados Fiscales, Anef , en los años 30, ya que los empleados públicos tenían prohibición de establecer sindicatos, se preocupó especialmente de la dignificación del servicio público y de lograr el reconocimiento de sus derechos en el marco de la primera legislación laboral chilena de la década del treinta. Pero su gran labor fue el apoyo a toda iniciativa que fuese en dirección de la organización sindical chilena. Su mayor obra fue la creación de la Central Única de Trabajadores, CUT, en los años 50, y su constante presencia en toda iniciativa que tuviese por objetivo el respeto de los derechos de los trabajadores, aun a riesgo de su vida en los duros años de la dictadura. Su figura enjuta, su overol azul y su blanca barba fueron y serán un símbolo de generosidad, entrega y dignidad. Hay que reconocer que después de todo lo que hizo por el movimiento sindical chileno, los mismos que atacaron a Manuel Bustos fueron los que atacaron también a don Clotario Blest .
Este hombre dejó un noble y profundo legado a las generaciones que le siguieron. Así, la historia reciente de la Anef está íntimamente ligada a la figura señera de Tucapel Jiménez Alfaro, que al paso de los acontecimientos vividos en nuestra patria, se ha visto agigantada. Su tan abominable asesinato, cuando se buscaban fórmulas para enfrentar la dictadura y reinstaurar la democracia y la unidad entre los chilenos, sigue aún hoy pidiendo justicia.
Hemos vivido de cerca todos estos acontecimientos, y los miembros de esta Sala, sobre todo los parlamentarios de la Democracia Cristiana, aún guardan en su retina y en sus oídos la figura y las palabras de nuestro querido colega Manuel Bustos Huerta . Modesto hijo de esta tierra, sus compañeros lo reconocieron siempre como uno de sus líderes más emblemáticos en los duros años de lucha contra la dictadura y sus camaradas y conciudadanos lo ungieron diputado en este Congreso Nacional. Su palabra franca, siempre estuvo al servicio de la paz y de la organización sindical. Lamentablemente, su partida prematura nos ha dejado un gran vacío, que el movimiento sindical chileno difícilmente olvidará, pero mantendrá el permanente homenaje reservado a los hombres grandes.
En esta hora de homenaje a los trabajadores de Chile y del mundo entero, tengamos también una mirada hacia aquellos hombres y mujeres que a diario comparten con nosotros la difícil y a veces poco comprendida tarea legislativa. Hoy es también el día y la hora del justo reconocimiento y homenaje a todos los funcionarios de la Cámara de Diputados, quienes con su dedicación y espíritu de servicio nos comprometen a apoyar sus aspiraciones, así como las de todos los trabajadores de Chile, que esperan de nosotros un trabajo profundo y eficiente en orden a impulsar las reformas laborales pendientes de la consideración de este Congreso. Por eso, hacemos un ferviente llamado a los empresarios y trabajadores a sumarse a esta tarea. Como ha dicho el Presidente Lagos : “las reformas se harán con los trabajadores y no en contra de los trabajadores; con los empresarios y no contra los empresarios”. Sólo así rendiremos el justo tributo a los hombres y mujeres que a diario hacen patria.
Hacemos extensivo este homenaje a los trabajadores de los medios de comunicación que siempre han acogido el sentir de las organizaciones sindicales y las palabras de los parlamentarios de este Congreso. Nuestro saludo no puede menos que tener palabras de gratitud hacia los secretarios de parlamentarios que tan abnegadamente nos ayudan a diario.
Solicito que esta intervención sea enviada al ministro del Trabajo, para que envíe copia a la Central Unitaria de Trabajadores como homenaje de un ferviente sindicalista, y también a los presidentes de las asociaciones de funcionarios de esta Corporación, a fin de que transmitan a sus asociados el saludo de este diputado en el día del trabajador.
He dicho.
Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Salvador Urrutia , Enrique Jaramillo , Víctor Reyes , Miguel Hernández , Homero Gutiérrez , Ricardo Rincón , Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz .
MEDIDAS PARA NORMALIZAR EXPORTACIONES DE FRUTA DESDE ARICA AL SUR DE PERÚ. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, solicito se oficie a los ministros de Agricultura y de Economía y a la ministra de Relaciones Exteriores, con el objeto de pedirles que apoyen a los exportadores chilenos de fruta que trabajan en los terminales agropecuarios de Arica y comercializan fruta de nuestro país hacia el sur del Perú.
En el último tiempo, el Senasa, organismo peruano que cumple funciones similares a las del SAG en Chile, ha dictado normativas que impiden dicho comercio, al establecer en forma discrecional requisitos abusivos y de muy difícil cumplimiento para autorizar el ingreso de fruta chilena a Tacna y al sur del Perú.
Este comercio se ha estado realizando por varias décadas sin ningún problema, gracias a que el SAG da certificados de origen en el puerto de embarque, es decir, Arica, con lo cual los comerciantes chilenos y peruanos pueden desagregar de los cargamentos de cajas de frutas que llegan a Arica 20 mil o 5 mil cajas, mil o 500, cantidades más apropiadas al comercio local, que compran pequeños comerciantes de Tacna y que importan a su país en camiones frigoríficos.
Sin embargo, ahora el Senasa ha colocado requisitos draconianos: certificación en el huerto productor, inscripción de productores, que los camiones viajen sellados desde el sur de Chile hasta Tacna; se prohíbe desagregar los cargamentos y tener certificados de origen en puerto de embarque, es decir, en Arica, con lo cual se amenaza la continuidad de este comercio que involucra a miles de personas, tanto a los que producen, cosechan y cargan en el sur de Chile como a los que comercializan en Arica, trasladando los cargamentos de fruta desde los camiones chilenos a los terminales agropecuarios donde se comercializan y luego se reembarcan en los camiones peruanos que los llevan al sur del Perú.
Ante esta situación, que amenaza el empleo de miles de chilenos y daña gravemente la economía de Arica, solicito a los tres ministros en cuestión que tomen todas las providencias para que se normalice esta actividad y se permita que las frutas chilenas continúen comercializándose en Arica hacia el sur del Perú, para lo cual debe crearse una normativa como la que está vigente y que ha funcionado muy bien, repito, por más de veinte años.
Además, solicito que se agregue el texto de mi intervención y pido a los ministros que en las conversaciones entre los organismos técnicos chilenos y peruanos se considere a los interesados, es decir, a los representantes de los exportadores chilenos y a los dirigentes de los terminales agropecuarios. Don Ramón Leiva , presidente de Asocapec, y don Julio Brito, representante de los exportadores, deben participar en las negociaciones, pues conocen perfectamente el problema que se produce con las nuevas normativas que ha establecido Perú para este comercio.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría a los ministros de Economía y de Agricultura y a la señora Soledad Alvear , Canciller de la República, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Hernández , Gutiérrez , Lorenzini , Rincón y Ortiz .
REACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD FERROVIARIA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, hace algunos días me referí a la descentralización no sólo de Gobierno, sino económica del país.
La reorganización de la columna vertebral del país tan distinto en geografía y factor económico productivo, ferrocarriles, es una de las grandes empresas que el Gobierno dice que abordará.
La intención gubernamental es que vuelva a funcionar la recordada Empresa de Ferrocarriles del Estado y llevarla a los lugares a los que antes llegó. Comienza con la idea de mejorar la línea Santiago-Chillán, ya tantas veces mejorada; con la de tener un tren rápido en la ya mejorada línea central, Santiago-Quinta Región ; se sigue debatiendo, entre parlamentarios, Gobierno e instituciones, diversas nuevas líneas del Metro en la capital de Chile.
¿Y cuándo haremos realidad la descentralización? Está el ánimo, pero en los presupuestos de cada año no se acuerdan de estas grandes necesidades de regiones: la conexión entre centro, norte y sur del país.
Hoy, solicito una vez más que se oficie al ministro de Transportes, para que entregue al Parlamento una visión de la idea de ese Ministerio sobre este anhelo de millones de habitantes, especialmente de las regiones del sur. El país crece, pero donde menos llega la tan reiterada regionalización es justamente a las lejanas zonas del sur de Chile.
Hace unos días, un grupo de sentimentales personas unidas por la idea de que vuelva a existir el ferrocarril, hicieron y seguirán haciendo que un pequeño tren de pasajeros con una locomotora vieja cruzara algunos pueblos, entre Osorno y Valdivia , y que éstos sean viajes turísticos.
Quienes ven pasar esa vieja locomotora por las praderas sureñas que tantas ilusiones concita en los poblados urbanos y rurales, creen que el ferrocarril volverá muy pronto y que el tren será de nuevo el factor de progreso que fue, pero que hace ya un tiempo abandonó a esa zona.
Solicito que el Ministerio de Transportes, en una declaración seria sobre el futuro de la empresa y respecto de la continuación del funcionamiento del ferrocarril, para no seguir creando tantas falsas expectativas, diga que comienza la historia de este ferrocarril moderno desde el sur al norte o desde el norte al sur.
Queremos esa visión. De una vez por todas, quienes nos encontramos comprometidos con el ferrocarril queremos saber a qué atenernos y en el momento oportuno, con la voz de quienes representamos, decir lo que queremos como progreso.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al biministro de Obras Públicas y Transportes, con la adhesión de los honorables diputados señores Urrutia , Hernández , Gutiérrez , Rincón , Lorenzini y Ortiz
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
DEMORA EN ENTREGA DE VIVIENDAS EN VILCÚN, NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, quiero denunciar un hecho relacionado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y muy específicamente con el Serviu de la Novena Región de La Araucanía.
En la comuna de Vilcún, localidad de San Patricio, hace un año se construyó una población de viviendas progresivas para ochenta familias y hasta hoy no se han entregado.
Solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo y al Seremi de Vivienda, con el objeto de que entreguen una respuesta clara y concreta de las razones para que esta entrega de viviendas, que obviamente solucionará el dramático problema de muchas familias que viven como allegadas, no se haya concretado.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y se adjuntará copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LOS PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, quiero denunciar una situación que está ocurriendo en la Novena Región de La Araucanía, relacionada también con el Ministerio de Vivienda. Concretamente, se trata de lo siguiente: para apoyar a los beneficiarios de los subsidios rurales, el Ministerio organizó el Programa de Prestadores de Asistencia Técnica, con el objeto de contratar a profesionales para que colaboraran con los beneficiados por los programas de vivienda, preferentemente del subsidio rural, en la compra de sus casas, ya sea en forma individual o colectiva.
Con el tiempo, esta institución se ha transformado. Quiero decir derechamente que quienes ejercen los cargos de prestadores de asistencia técnica, financiados por el Ministerio de Vivienda, hoy son más bien representantes de las constructoras y no están cumpliendo con su deber; parecen ser mandatarios de esas empresas, más que asesores de los beneficiados, que son quienes más los necesitan.
Por ello, solicito oficiar al señor ministro de Vivienda, para que entregue una detallada información respecto del funcionamiento de los prestadores de asistencia técnica de ese Ministerio.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, y para una mejor comprensión de la materia, se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los honorables diputados señores Pablo Lorenzini , Ricardo Rincón , Homero Gutiérrez , Felipe Letelier , Salvador Urrutia y José Miguel Ortiz .
Tiene la palabra el honorable diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, coincido con lo dicho por mi jefe de bancada y lo respaldo plenamente, razón por la cual adherí al oficio solicitado por él.
Sin embargo, deseo ahondar un poco en el tema, puesto que esta asistencia técnica para los programas de viviendas fue pedida precisamente por la Cámara, con el objeto de destinar parte de los recursos del Ministerio de Vivienda a otorgar una asistencia a los comités, con el fin de garantizar la buena construcción de las viviendas, dado que, obviamente, no son ni tienen por qué ser conocedores de la materia.
Sin embargo, hemos visto en muchas partes una vinculación directa entre quienes otorgan esa asistencia técnica y las empresas constructoras o inmobiliarias. Incluso, se ha establecido que muchos de estos profesionales fueron socios de dichas empresas y, por tanto, sus gestores en alguna época.
El punto por aclarar no es sólo cómo funcionan, sino si existe, además, un registro de las actuales constructoras habilitadas en el Serviu, como de las que han tenido problemas en el pasado, con el objeto de realizar una comparación y, obviamente, tener un conocimiento adecuado respecto de los socios controladores de las empresas actualmente acreditadas. Es decir, aparte del listado, la información tiene que ser más detallada respecto de quienes integran las asesorías técnicas en los Servius regionales.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia del texto de su intervención, para una mejor comprensión de la materia.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA CHILE-COMUNA. Oficio.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito que el ministro de Vivienda nos envíe toda la información relativa al programa ChileComuna, que tiene por objeto potenciar los sitios eriazos, mediante un convenio entre los ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales. Como en la actualidad hay un ministro para ambas carteras, obviamente tendrá que ser él quien nos entregue la información de ambos sectores para saber qué está pasando en cada una de las doce comunas del distrito 33 el más grande de la Sexta Región, respecto del programa ChileComuna, qué inmuebles se están considerando y cuáles son los usos alternativos que se les quiere dar. Esto es importante, porque el programa, que tiene por objeto beneficiar esos sitios eriazos con el fin de desarrollar la comuna, no puede hacerse en desmedro de las legítimas aspiraciones e, incluso, de los legítimos usos que por años se les ha otorgado a juntas de vecinos o a clubes deportivos en estos bienes fiscales, ya sea por la vía del Serviu o de Bienes Nacionales.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia del texto de su intervención, para una mejor comprensión de la materia.
INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO SOCIAL “PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA” EN EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO. Oficios.
El señor RINCÓN.-
Además, solicito oficiar al ministro del Interior, con el objeto de que nos aclare por qué el Fondo Social Presidente de la República no está operando en los programas de generación de empleo.
El Gobierno ha dado cumplimiento al compromiso de mantener los programas de generación de empleo, pero utilizando sólo dos fondos: el Programa de Mejoramiento Urbano, de la Subdere, y el Programa Especial de Generación de Empleo del Ministerio de Hacienda; sin embargo, ha dejado fuera, por falta de asignación de recursos, al Fondo Social Presidente de la República, con lo cual por ser un formulario distinto, requisitos diversos, formatos diferentes y un trabajo directo con las organizaciones sociales, no necesariamente con municipios o gobernaciones se compromete decididamente el trabajo de las personas que laboraban por esa vía en los programas de generación de empleo, quienes, obviamente, no podrán mantener sus puestos de trabajo. Es decir, hay asignación presupuestaria, pero no para los tres instrumentos que fueron herramientas base desde 1999 para mantener los programas de generación de empleo.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué ha ocurrido eso y, en consecuencia, qué va a pasar con todos los chilenos y chilenas que trabajaron gracias al programa del Fondo Social “Presidente de la República”, quienes no podrán seguir laborando, porque no existen recursos para ese fondo ni están amparados normativamente para cambiarse al Programa de Mejoramiento Urbano o al de Generación de Empleo del Ministerio de Hacienda?
Solicito esta información a través del Ministerio del Interior, puesto que su Subsecretaría maneja esos recursos; pero también pido lo mismo al Ministerio de Hacienda, ya que es parte gravitante en este asunto, pues decide mediante qué instrumentos se gestionan los recursos para los programas de generación de empleo. Como es la voluntad del Gobierno de la Concertación que estos puestos se mantengan durante este año, ello debe hacerse no sólo mediante recursos económicos, sino que a través de cada uno de los instrumentos que se utilizaron para canalizarlos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia del texto de su intervención, para una mejor comprensión de la materia.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INSCRIPCIONES ELECTORALES E INFORMACIÓN SOBRE PROCESO EN COMUNAS DE LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, quiero referirme a algunos temas que atañen a la Región del Maule, específicamente al distrito 38, Talca rural, que represento.
Hemos visto en los últimos días en la televisión y en periódicos locales el nuevo show montado por nuestros amigos de la Oposición. El alcalde de Pelarco, don Bonifacio Correa , ha denunciado al señor Calderón , presidente regional de Renovación Nacional y marido de doña Raquel Argandoña , concejala de Pelarco, por estar llevando gente a inscribirse en los registros electorales de esa comuna para que voten allí en las próximas elecciones municipales, tema que nos preocupa, porque en comunas chicas, como ésta, tener 100 ó 200 nuevos inscritos a último minuto puede significar la elección del alcalde, respecto de lo cual la legislación no es clara.
Por ello, solicito oficiar al ministro del Interior, para que evalúe la posibilidad de enviar un proyecto que complemente y mejore la actual ley sobre sistema de inscripción electoral.
En la actualidad, estas situaciones pueden hacerse públicas una vez terminado el proceso eleccionario, momento en el que, como es evidente, no hay nada que hacer. Más aún, no existe ninguna posibilidad de reclamación legal en contra de quienes inducen este tipo de inscripciones extrañas, ya que ello sólo se podría hacer en contra de las personas que se han inscrito, puesto que estarían expresando bajo juramento que residen, tienen trabajo o algún tipo de conexión con la comuna en la que se están inscribiendo.
Por lo tanto, solicito oficiar al director nacional del Servicio Electoral, con el objeto de que nos informe sobre las inscripciones electorales realizadas en las comunas de la Séptima Región del Maule desde de marzo hasta la fecha, para evaluar qué está sucediendo allá.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CREACIÓN DE LA COMUNA DE PUTÚ EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor LORENZINI.-
También quiero plantear una inquietud que existe en la localidad de Putú, comuna de Constitución, cuyos ciudadanos están planteando la posibilidad de que se transformase en comuna. Creo que para ser serios y correctos y poder concretar en realidad esta situación, debemos contar con un análisis jurídico de quien tenga las posibilidades y la experiencia para hacerlo.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que instruya a quien corresponda para que inicie un estudio legal, tendiente a evaluar la posibilidad futura de que la localidad de Putú, del sector rural de Constitución, sea una comuna adicional.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Gutiérrez y Ortiz .
DENUNCIA SOBRE INSCRIPCIÓN MASIVA DE ELECTORES EN COMUNA DE PELARCO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que resta al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, quiero destacar las observaciones del diputado señor Lorenzini , que representa al distrito Nº 38.
Él ha hablado de un show, pero realmente es un escándalo lo que está ocurriendo en ese sector de la Región del Maule, porque, en forma masiva, se trasladan electores desde distintos sectores y poblaciones de Talca o de otras comunas para que se inscriban en la comuna de Pelarco, con el objeto de que su votación, a la larga, se desplace hacia la pareja conformada por don Hernán Calderón y la artista doña Raquel Argandoña ; o sea, se está preparando un escenario político.
Denunciamos este hecho porque, desde luego, altera y desvirtúa lo que realmente quieren los habitantes y el sector campesino de esa comuna: tener la plena autonomía y libertad para ser ellos quienes designen a sus autoridades y no los ciudadanos trasladados desde otros sectores y poblaciones de Talca para ir a votar a una comuna que no conocen y que les es ajena.
Por eso adhiero a la petición del diputado señor Pablo Lorenzini , en el sentido de pedir que se oficie al señor ministro del Interior, no solamente al director del Servicio Electoral, para que entregue su opinión sobre este desplazamiento absolutamente masivo de ciudadanos que trasladan su inscripción electoral de una comuna a otra. Estos no son casos aislados, sino que se trata de decenas y, a veces, de centenas de ciudadanos que son llevados en buses o en distintos vehículos para cambiar su inscripción electoral, modificando, por supuesto, la voluntad de la gente de esa localidad.
Pido oficiar al ministro del Interior a fin de que tome nota de esta denuncia, emita una opinión sobre la legalidad de la medida y señale los cambios legales que deberían introducirse en nuestra legislación para que esta situación no vuelva a repetirse.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al señor ministro del Interior quien deberá hacerlo llegar al director del Servicio Electoral, junto con el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Ortiz
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.44 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre la investigación encomendada por la honorable Cámara, acerca de la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores en el proceso por violación y asesinato, en 1996, de la menor Elenita Yáñez.
“Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, mandatada por la honorable Cámara para investigar la materia consignada en el epígrafe, pasa a informar acerca del cumplimiento de su cometido.
PROYECTO DE ACUERDO QUE ENCOMIENDA LA INVESTIGACIÓN
El 5 de mayo de 1999 se dio cuenta, del proyecto de acuerdo de la honorable Cámara de Diputados Nº 204, de 13 de abril de 1999, por el que se encomienda a esta Comisión que estudie los antecedentes y emita un informe a la honorable Cámara, sobre la intervención de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores en el proceso por la violación y asesinato, en 1996, de la niña de seis años Elenita Yáñez, con el objeto de determinar si defendieron competentemente los derechos de esta menor y su familia en dicho juicio.
LABOR DE LA COMISIÓN
Para cumplir su cometido la Comisión incorporó en el Orden del Día de todas sus sesiones ordinarias, a partir del 20 de mayo de 1999 y hasta la fecha en que se emite este informe, la materia relativa a esta investigación. En el transcurso de estas sesiones se acordó invitar a diversas personas, cuya nómina se mencionará más adelante. Asimismo, se dispuso el envío de diversos oficios, entre los que cabe destacar los siguientes:
OFICIOS REMITIDOS Y CONSTANCIA DE ALGUNAS RESPUESTAS
1º El 20 de mayo de 1999, mediante Oficio Nº 210, se citó a la abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, doña Eliana Valenzuela, a la sesión ordinaria del día miércoles 02 de junio de 1999. No hubo respuesta.
2º En esa misma fecha, por Oficio Nº 211, se invitó a los familiares de Elenita Yáñez, señora Verónica Roa Pacheco y señores Guillermo Roa Pérez y Luis Pacheco Riquelme. a la sesión ordinaria del día miércoles 02 de junio de 1999.
3º El 07 de julio de 1999, a través de Oficio Nº 240, se pidió al señor Director del Servicio Nacional de Menores, don Marcelo Zapata Cancino, que dispusiera la comparecencia de la abogada señora Paquita Cabrera, a la sesión del día miércoles 14 de julio de 1999.
Con fecha 14 de julio pasado, el señor Director del Servicio Nacional de Menores, don Marcelo Zapata Cancino, informó que la abogada Paquita Cabrera, jamás ha pertenecido a 80 CÁMARA DE DIPUTADOS esa institución, no obstante que se le había indicado que actuó como abogada en representación del Sename.
4º Ese mismo 07 de julio, por Oficio Nº 241, se solicitó al señor Director de la Corporación de Asistencia Judicial, VIII Región, don Miguel Jara Nova, que ordenara la comparecencia de la abogada señora Eliana Valenzuela, a la sesión del miércoles 14 de julio de 1999. Se hace presente que es segunda citación realizada a la abogada Valenzuela y no hubo respuesta.
5º En esa misma fecha, mediante Oficio Nº 242, se solicitó al señor Presidente del Colegio de Abogados de Concepción, don Ricardo Rincón Iglesias, que informara si ese Colegio Profesional instruyó alguna investigación, relacionada con la conducta profesional de los abogados que intervinieron en el proceso por violación y homicidio de la niña Elenita Yáñez.
No hubo respuesta. No obstante el señor ministro de Justicia puso a disposición de la Comisión la copia del fallo del Colegio de Abogados de Concepción, que se reseña más adelante.
6º En igual fecha, por Oficio Nº 243, se acordó requerir al señor Contralor General de la República, don Arturo Aylwin Azócar, que informara si ese organismo contralor instruyó alguna investigación, relacionada con la conducta profesional de los abogados o de las autoridades de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción y del Servicio Nacional de Menores de esa ciudad, que intervinieron en el referido proceso. Este oficio fue contestado el 11 de agosto de 1999, y su contenido se reseña más adelante.
7º El 14 de julio de 1999, por Oficio Nº 245, se invitó al abogado de la familia de Elenita Yáñez, don Alejandro Espinoza, a la sesión ordinaria del día miércoles 21 de julio de 1999.
8º En igual fecha, mediante Oficio Nº 246, se pidió a la señora Magistrada del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, doña Flora Sepúlveda Rivas, que se certificara si es efectivo que consta en el expediente rol Nº 28.825-E, que la abogada Paquita Cabrera fue designada y actuó en nombre del Servicio Nacional de Menores, en defensa de los derechos de la niña Elenita Yáñez o los de su familia, y de no ser así, informar quiénes o quién fue el abogado que actuó en tal calidad y, en todo caso, en qué calidad habría actuado la referida abogada.
En la sesión 55ª, de 06 de octubre de 1999, se recibió certificado de la Secretaria subrogante del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, en el cual se indica que la abogada Paquita Cabrera fue designada por la Corporación de Asistencia Judicial para representar al Sename en la querella interpuesta por ese Servicio en el proceso de Elenita Yáñez.
9º El 22 de julio de 1999, por Oficio Nº 253, se solicitó al señor Secretario Regional Ministerial de Justicia de la Región del Biobío, don Pedro Muñoz Vera, que dispusiera la comparecencia de la abogada señora Eliana Valenzuela, a la sesión del miércoles 18 de agosto de 1999. Es la tercera citación hecha a la abogada Valenzuela. En la sesión 51ª, de 18 de agosto de 1999, se da cuenta de un fax de la señora Eliana Valenzuela Fernández, por el que se excusa de asistir a esta sesión, ya que se encuentra impedida de viajar por razones de salud.
10º En la sesión 59ª, de 10 de noviembre de 1999, por Oficio Nº 304, se invita a la señora ministra de Justicia, doña Soledad Alvear, para la sesión ordinaria del 17 de noviembre de SESIÓN 44ª, EN MARTES 2 DE MAYO DE 2000 81 1999, con el objeto de que aporte los antecedentes que obren en su poder, relacionados con este caso.
11º Mediante Oficios Nº 306, 307 y 308, de fechas 17 de noviembre, 15 de diciembre de 1999 y 05 de enero de 2000 respectivamente, se citó al señor ministro de Justicia, don José Antonio Gómez y finalmente se le reiteró la citación para el día 19 de enero del 2000. Con fecha 19 de enero del 2000, asistió el señor ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, quien expuso acerca de la actuación que le cupo en este caso, tanto a su Ministerio como a la Corporación de Asistencia Judicial y al Servicio Nacional de Menores. En esa ocasión, entregó una carpeta con los antecedentes que se reseñarán más adelante:
DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN DURANTE EL TRANSCURSO DE SU COMETIDO
Los documentos recibidos por la Comisión son los siguientes:
Proyecto de Acuerdo Nº 204, de 13 de abril de 1999, en que la honorable Cámara encomienda a esta Comisión ocuparse de la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores en la defensa de los derechos de la menor Elenita Yáñez, cuyo texto se anexa al final de este informe.
II. Oficio del señor Contralor General de la República, en la sesión 50ª, de 11 de agosto de 1999, da respuesta al oficio Nº 243, con el que remite el informe de la investigación practicada en la Corporación de Asistencia Judicial y en el Servicio Nacional de Menores de la región del Biobío, con ocasión de la tramitación del proceso de la menor Elena Yáñez, a requerimiento del honorable diputado don Jorge Ulloa. A este oficio se anexan los siguientes documentos:
a) Copia de la querella deducida por la Directora Regional del Sename, VIII Región, doña María Graciela Araneda Amigo, patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial y la abogada Paquita Cabrera.
b) Copia de las declaraciones de las siguientes personas: Abogado del Sename, don Gonzalo Gálvez Parra; Directora Regional del Sename, abogada doña María Graciela Araneda Amigo; Abogada Jefe de 2ª Instancia de la Corporación de Asistencia Judicial, doña Eliana Valenzuela Fernández; abogado auxiliar de la Corporación de Asistencia Judicial, doña Carmen Cecilia Asenjo Mardones; Abogado Instructor de la Corporación de Asistencia Judicial, Sección Civil, don Josafat Veloso Castillo; abogado don Marcelo Valenzuela Alegría, designado por el Turno Judicial para defender al reo;
c) Comunicación de nueve abogados de la Corporación de Asistencia Judicial dirigida al Consejo de esa Corporación;
d) Declaración del Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, abogado don Miguel Jara Nova;
e) Comunicación dirigida a don Miguel Jara Nova por don Guillermo Roa Pérez y doña Verónica Roa Pacheco, familiares de Elenita Yáñez, en que solicitan la entrega de los antecedentes al abogado Alejandro Espinoza Bustos, para seguir el Recurso de Casación;
f) Solicitud del Contralor Regional del Biobío al abogado Hernán Silva Silva, para que informe sobre la materia objeto de fiscalización;
g) Carta del abogado Hernán Silva Silva, en que se abstiene de informar por existir una investigación del Consejo del Colegio de Abogados de Concepción;
h) Declaración del abogado don Adolfo Ortega Aichele, quien ofreció sus servicios profesionales gratuitos para asumir la defensa de los familiares de la víctima Elenita Yáñez;
i) Declaración del Seremi de Justicia de Biobío don Pedro Muñoz Vera; j) Informe del Seremi de Justicia de Biobío don Pedro Muñoz Vera al Subsecretario de Justicia, don José Antonio Gómez, sobre la materia investigada, y
k) Escrito presentado el 19 de octubre de 1998 ante la Excelentísima Corte Suprema, en la tramitación del Recurso de Casación, por el abogado don Miguel Jara Nova, en el que hace presente la opinión de la CAJ del Biobío sobre la procedencia de la aplicación de la pena de muerte.
III. Documentos entregados por el señor ministro de Justicia don José Antonio Gómez, en la sesión 62ª , del 19 de enero del 2000, junto con informar sobre esta investigación. a. Oficio Nº 1052 del Seremi de Justicia de la Región del Biobío de la época, don Pedro Muñoz Vera, al señor Subsecretario de Justicia, que contiene una relación circunstanciada de los hechos, que se sintetizará más adelante. b. Copia del fallo del Colegio de Abogados de Concepción, del 13 de enero de 1999, cuyas conclusiones se reseñarán más adelante. c. Copia de la Fiscalización de la Contraloría Regional de Biobío, sustanciada a petición del honorable diputado don Jorge Ulloa. d. Copias del fallo de Casación y del fallo de Reemplazo, pronunciados por la Excma. Corte Suprema, ambos de 11 de diciembre de 1998, cuyo contenido se indicará más adelante.
BREVE RESEÑA DE LOS DOCUMENTOS ENUNCIADOS I. OFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Con este oficio se remite el informe de la investigación practicada por resoluciones Nº 20 y 90, de 6 y 14 de enero de 1998 en la Corporación de Asistencia Judicial y en el Servicio Nacional de Menores de la región del Biobío, con ocasión de la tramitación del proceso por rapto, violación y muerte de la menor Elena Yáñez, a requerimiento del honorable diputado don Jorge Ulloa.
La denuncia se refiere a supuestas irregularidades administrativas que habrían ocurrido en los Servicios señalados, con ocasión de la tramitación del proceso judicial por rapto, violación y muerte de la menor Elena Yáñez.
Hechos investigados por la Contraloría:
Las investigaciones permitieron determinar los siguientes hechos:
1. El 8 de junio de 1996, fue raptada la menor desde su domicilio en el cerro “La Pólvora” Concepción, y al día siguiente ubicado su cadáver en la comuna de Talcahuano, con signos de haber sido violada. 2. El Sename se querelló el 17 de junio de ese año ante el Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, solicitando “el máximo de las penas señaladas por la ley”. Lo patrocina la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío y designa abogada a doña Paquita Cabrera Rebolledo. La causa se acumula a otra radicada en el 3º Juzgado del Crimen de Concepción.
3. Por su parte la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, con patrocinio del abogado jefe de la sección criminal, señor Miguel Jara Nova, interpuso también querella criminal el 18 de junio de 1996, en representación de los familiares de la menor.
4. El 31 de marzo de 1998 el 3º Juzgado del Crimen de Concepción condena al autor de los delitos a la pena de muerte. El abogado del hechor apela y subsidiariamente casa la sentencia, y la segunda Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Concepción, propone confirmar la sentencia de primera instancia.
5. En el intertanto se produce un cambio de los abogados. La CAJ entrega la defensa a doña Adriana Valenzuela Fernández y el Sename se la encarga al abogado don Gonzalo Gálvez Parra.
6. Los días 3 y 4 de junio de 1998, se producen los alegatos ante la Cuarta Sala. Doña Eliana Valenzela, en representación de los familiares de la menor, pide la confirmación del fallo de primera instancia y que se aplique la pena de muerte. Don Gonzalo Gálvez, alega por el Sename por la confirmación del fallo de primera instancia, con expresa exclusión de la pena de muerte.
7. El 21 de agosto de ese año, por mayoría de votos de los integrantes de la 4ª Sala, se modifica la sentencia y aplica al reo la pena de cadena perpetua. Se recurre de casación por las partes, la 2ª Fiscalía de la Corte solicita casación de oficio, y los antecedentes pasan ante la E. Corte Suprema. Actuaciones que habrían derivado en irregularidades administrativas o presiones indebidas.
1) Respecto del Sename.
El abogado Gonzalo Gálvez reconoce “haber solicitado la aplicación de la pena de cadena perpetua, en vez de la pena de muerte, atendida la política superior del servicio para el cual trabaja y a explícitas orientaciones en este sentido impartidas desde el nivel central. Agrega que “nunca se ha pedido en forma expresa la pena de muerte para el acusado... y que, aunque técnicamente debe entenderse que dicha pena está implícita en la querella, ello se debe a que en la redacción del escrito presentado se utilizó una frase o lenguaje tipo, que se incluye en casi la totalidad de las querellas que se formulan”.
Sobre este último tópico la Directora Regional del Sename, doña María Graciela Araneda se expresa sobre esta redacción de la querella, en el sentido que “ello no necesariamente implica la pena de muerte”. A juicio del investigador “sólo cabe inferir que si bien no se pidió nominativamente la aplicación de la pena de muerte .....de los términos en que fue planteada la querella criminal ello se sobrentiende sin lugar a dudas, ya que la máxima pena contemplada por la ley para este tipo de delitos, que fue solicitada en aquélla, es precisamente la pena de muerte.
Por consiguiente es dable interpretar como un cambio de criterio o de una posición diferente del Sename entre la querella presentada y los alegatos de segunda instancia”.
Además el investigador concluye respecto a la existencia de eventuales presiones indebidas por parte del personal del Servicio, que no fue posible acreditarlo y los funcionarios involucrados niegan terminantemente haber recibido órdenes de superiores o haber impartido a subalternos instrucción alguna en ese sentido, a excepción de las emanadas del nivel central e impartidas al respecto”.
2) En cuanto a la CAJ de la Región del Biobío
Doña Eliana Valenzuela, dio a conocer públicamente presiones indebidas, de parte de su jefe el Director General (i) de la CAJ de la Región de Biobío abogado Miguel Jara Nova, en el sentido que debía alegar por la pena de cadena perpetua. Ella declara que tales presiones las hizo verbalmente el señor Jara por encargo del Seremi de Justicia de la VIII Región, don Pedro Muñoz Vera, en forma reiterada y sin testigos presenciales; que le requería la minuta del alegato por expresas instrucciones del Seremi de Justicia. Ante tales presiones, declara que optó por decirle que no se preocupara más, ya que ella alegaría “suavecito y no crearía problemas”.
Reconoce expresamente que de estos hechos no dio cuenta a ninguna autoridad y tampoco cumplió con su obligación funcionaria de representar por escrito la orden que estimaba ilegal. Se limitó a contárselo a sus colegas de la CAJ, Cecilia Asenjo Mardones y Josafat Veloso Castillo quienes corroboran esta versión, pero expresan no conocer ni disponer de ningún antecedente documental ni haber sido testigos presenciales de la actuación de don Miguel Jara.
Agrega que el propio señor Jara, antes de los alegatos, habría comentado al abogado del reo, don Marcelo Valenzuela, que no debía preocuparse porque iba a ser ayudado.
El abogado del reo, Marcelo Valenzuela, declara que sólo se le había informado que el Sename, por una cuestión de principios, no alegaría por la pena de muerte, y que no es efectivo que el señor Jara le dijera lo que sostiene la señora Eliana Valenzuela.
La señora Eliana Valenzuela recurrió de amparo ante el Colegio de Abogados para que se investigara su denuncia y se aplicaran sanciones. El investigador de la Contraloría no tuvo antecedentes de lo resuelto en esta reclamación. Además la señora Eliana Valenzuela y nueve abogados de la CAJ denunciaron ante don Pedro Muñoz Vera, Presidente del Consejo de esa Corporación la indefensión en que había quedado la familia querellante y el agravio por la declaración del señor Jara de que la Corporación carecía de profesionales especializados que pudieran seguir el caso.
Se estableció que efectivamente el señor Jara sugirió a los familiares que buscaran un abogado particular de alta especialización para proseguir el juicio ante la Corte Suprema. El señor Jara obtuvo la revocación del poder otorgado por la familia a la Corporación, la que presentó alrededor del 12 de agosto a la I. Corte de Apelaciones.
Se contactó con el abogado Hernán Silva Silva, quien habría ofrecido tomar la defensa de la familia en forma gratuita, y que posteriormente desistió de su ofrecimiento.
Se abocó, entonces, a ubicar otro abogado, logrando comprometer a don Adolfo Ortega Aichele, quien no alcanzó a asumir la defensa, porque fue informado que los familiares de la víctima contaban con el abogado don Alejandro Espinoza Bustos, puesto a disposición de los interesados por el señor diputado don Enrique Van Rysselberghe. El abogado Hernán Silva no declaró ante el investigador de la Contraloría por encontrarse pendiente la denuncia ante el Colegio de Abogados.
El abogado Adolfo Ortega dice haber ofrecido sus servicios, de propia iniciativa y no a requerimiento del señor Jara. El investigador señala que don Miguel Jara y don Pedro Muñoz Vera rechazan terminantemente haber ejercido presiones ilícitas respecto de la abogada Eliana Valenzuela en el sentido señalado en su informe, ni tampoco haber recibido de niveles jerárquicos superiores, instrucciones al respecto. Por el contrario deja constancia que el Directorio de la CAJ impartió precisas instrucciones para que se ingresara un escrito ante la E. Corte Suprema sobre su “inalterable posición jurídica sostenida en el proceso respecto de la procedencia de la aplicación de la pena máxima al procesado”.
Al término de su informe el investigador de la Contraloría concluye: “Si bien es posible precisar que las decisiones y actuaciones del Director Interino de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, abogado don Miguel Jara Nova, importaron una acción poco eficaz en la adecuada defensa de los familiares de la víctima Elena Yáñez Roa, en cuanto a dejarlos sin abogado por parte de la Corporación desde el instante mismo que les pidió la revocación del poder otorgado a ésta y la hizo llegar a la I. Corte de Apelaciones de Concepción, es del caso manifestar que no fue posible acreditar fehacientemente el ejercicio de presiones indebidas hacia la abogada doña Eliana Valenzuela Fernández y, por consiguiente, tampoco es procedente imputar a los funcionarios de los Servicios ya citados irregularidades administrativas susceptibles de sancionar por vía administrativa.”.
II. RESOLUCIONES DEL COLEGIO DE ABOGADOS.
El Colegio de Abogados de Concepción instruyó dos causas:
Una reclamación interpuesta por la madre de la menor Elena Yáñez Roa “por la conducta profesional del abogado señor Miguel Jara, en relación con el proceso, y
Un amparo profesional pedido por la abogada Eliana Valenzuela para que “se determine si ha habido alguna infracción a la ética por parte del Seremi de Justicia, del Director de la CAJ, ya referidos” Pedro Muñoz y Miguel Jara, respectivamente.
Ambas se tramitaron conjuntamente y se estableció que las conductas profesionales cuestionadas y sometidas a probanza y calificación ética, son las siguientes:
a. Eventuales presiones políticas del Director (i) de la CAJ, abogado Miguel Jara y del Seremi de Justicia abogado Pedro Muñoz para que la abogada Valenzuela en su alegato de segunda instancia pidiese condena a presidio perpetuo en reemplazo de la pena de muerte pedida por el señor Jara en primera instancia y acogida por el Tribunal y efectividad de haber requerido la entrega previa de la minuta del alegato.
b. Eventual orden a la reclamante para que renunciara a la prosecución del caso y requiriera de los querellantes la revocación del patrocinio y poder.
c. Gestión directa del Director para “dejar sin efecto” el patrocinio y poder, y descalificación profesional de parte del Director al estimar públicamente como no idóneos a los abogados de la CAJ para proseguir la causa ante la Corte Suprema.
d. Si el Director habría actuado a requerimiento o por instrucciones del Seremi de Justicia abogado don Pedro Muñoz.
e. Haberse obtenido mediante engaño o deliberada desinformación la revocación del patrocinio y poder.
f. Haberse denunciado públicamente por la reclamante estos hechos sin haber recurrido al Consejo del Colegio de Abogados. En las consideraciones del fallo cabe destacar:
A. En cuanto a la reclamación de doña Angélica Verónica Roa Pacheco: “15º.- Que no asiste a este Consejo el convencimiento que sea efectivo lo que se sostiene en el reclamo en referencia, en cuanto a que mediante engaño se les hubiere hecho firmar un documento de revocación de patrocinio y poder”.
“16º.- Que la gestión del abogado señor Jara para ubicar un abogado que eventualmente redactare un Recurso de Casación y atendiera su vista en la Corte Suprema, no es censurable atento a la complejidad de este Recurso y la necesidad de trasladarse y continuarlo en Santiago. Demuestra, por el contrario, el interés en la causa consecuente con su éxito de primera instancia, situación en manera alguna ofensiva para su colega Eliana Valenzuela
Que los hechos distan mucho de “poder aceptar que se les hubiera sorprendido (a los familiares) con un escrito, tanto más que resulta evidente que detrás de ellos tenían el respaldo de un parlamentario que les facilito asesoría a través de su abogado”.
Que “cabe rechazar este reclamo pues los abogados de la CAJ (Miguel) Jara y (Eliana) Valenzuela, defendieron con dignidad y honor a una familia de escasos recursos, lo que coronaron con el éxito jurídico, según se ha dicho, sin que afecte el que el máximo tribunal hubiere condenado a presidio perpetuo y no a muerte, como era su facultad discrecional”.
B. En cuanto a la reclamación de la abogada Eliana Valenzuela contra don Miguel Jara Aparte de la relación de los hechos, ya conocidos se expresa sobre este particular en el fallo: “En fojas 420 la Corte Suprema consigna el fallo de reemplazo, siendo importante señalar que tipifica el delito conforme lo sostuvo el abogado Miguel Jara Nova”. “De lo expuesto en el considerando precedente, sólo cabe concluir el acertado criterio jurídico de las querellas que patrocinó el abogado señor Jara a fojas 86 y 143 y su preocupación por la obtención de la pena más severa, como se lee en su escrito ante la Corte Suprema de fojas 411 en que insiste en la condena de muerte”. En cuanto al cargo de “presión” que se ha pretendido probar mediante testigos de oídas, cuyo valor, según el fallo del Colegio de Abogados, se ubica en los rangos inferiores en la escala ponderatoria de las pruebas, ya que refieren “hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que sólo conocen por el dicho de otras personas” (art. 383 del C. de P.C.) se concluye que “No resulta así aceptable dar por probado el hecho con los testigos de oídas de autos, sin contravenir este esencial principio de derecho probatorio”. El Colegio de Abogados, en definitiva, resolvió rechazar las reclamaciones en contra del abogado don Miguel Jara y la de éste en contra de la abogada Eliana Valenzuela. Es interesante anotar las prevenciones que se formularon a este fallo. Allí se expresa que debe rechazarse la reclamación de doña Verónica Angélica Roa, sin más trámite, porque no se apersonó al procedimiento, no ofreció ni rindió prueba alguna para sostener el cargo, pese a contar con asistencia de profesional letrado. Se señala, además, respecto del reclamo de doña Eliana Valenzuela, que para probar los hechos que se imputan a un reclamado se requiere necesariamente que se acredite por algún medio o antecedente que en su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia conduzcan lógicamente a la conclusión que convenza al sentenciador. La sola reclamación no es suficiente por sí misma para determinar sin otro antecedente que los hechos son reales y efectivos. En esta investigación aparece que los testigos presentados por la reclamante sostienen sus dichos exclusivamente en la información que la propia denunciante les dio.
III. LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA.
El señor ministro de Justicia entregó a la Comisión copias de los dos fallos de la Corte Suprema. En el primero de estos fallos se rechazan los recursos de casación interpuestos por la Fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción, doña Irma Bavestrello y por la parte querellante de don Guillermo Roa Pérez y Verónica Angélica Roa Pacheco; se casa de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción; se la declara nula y se dicta un fallo de reemplazo. En el fallo de reemplazo se confirma la sentencia apelada, “con declaración de que se impone al procesado Juan Zenón Soto Campos las penas de presidio perpetuo y accesorias que se indican... por su responsabilidad de autor del delito de violación con homicidio de Elena Denisse Yáñez Roa cometido los días 8 y 9 de junio de 1996, en la ciudad de Concepción, previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal”.
IV. OFICIO Nº 1052 DEL SEREMI DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
Relata los hechos ya conocidos por la Comisión y arriba a las siguientes conclusiones:
i.“Nunca ha existido “presiones” sobre funcionarios del Ministerio ni de la Corporación ni menos obviamente a los Tribunales de Justicia, sus Fiscales, ministros de Corte, etc.”.
ii. “El pretender influir en las decisiones de los tribunales a través del recurso de manipular los alegatos, fuera de ser estúpido es irrelevante, ya que los tribunales resuelven en base al mérito del proceso y no en base a los alegatos. La prueba es que Eliana Valenzuela alegó fervorosamente a favor de la pena de muerte y la mayoría de la Sala votó en contra” (en la Corte de Apelaciones de Concepción). “Tampoco los argumentos de los abogados del Sename ni del abogado defensor del acusado sirvieron de base al fallo, ya que el tribunal ponderó de manera distinta los agravantes del caso y ninguno de los abogados tocó este punto en sus alegatos”.
iii. Los parientes de la víctima representados por la CAJ tuvieron la mejor asesoría legal que es posible darse y ellos siempre así lo reconocieron hasta que fueron presionados para decir otra cosa, pero pese a ello en algunas declaraciones recientes han ratificado su agradecimiento a Miguel Jara y a la Corporación”.
iv. “Otra cosa que debe quedar meridianamente clara es que los familiares de la víctima nunca estuvieron, en ningún momento, en la indefensión como se ha dicho”.
v. “Me parece que no existe antecedente alguno que justifique el poder hacer una investigación sumaria, sin perjuicio de estar dispuesto a ser investigado por las comisiones que se estimen pertinentes”.
RESEÑA DE LAS DECLARACIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN
Con el fin de informarse de los problemas involucrados en esta investigación, la Comisión recibió en audiencia a las siguientes personas: Al señor ministro de Justicia, don José Antonio Gómez; a los señores Guillermo Roa Pérez, abuelo de la menor Elenita Yáñez; Luis Gonzaga Pacheco, tío abuelo de la misma menor y don Roberto Montenegro, en representación de la Agrupación de Familiares de Niños Víctimas de Violación con Resultado de Muerte y al abogado de la familia de Elenita Yáñez, don Alejandro Espinoza. Declaración del señor Luis Pacheco (tío abuelo de la menor) Relata el caso de la menor, los cambios de abogados y los fallos de 1ª y 2ª instancia. Destaca que el propio abogado del acusado declaró, en la prensa, que le pareció extraño encontrarse con dos abogados defensores, refiriéndose al representante de Sename. Señala que el Director de la Corporación de Asistencia Judicial, Miguel Jara, les solicitó a los padres de la menor que revocaran el patrocinio y poder que le habían conferido en la causa a la Corporación de Asistencia Judicial, esto como un favor especial y les pidió, además, reserva que la familia no le comunicó este hecho por la reserva solicitada por Jara y porque no entendían el alcance de este acto. Esto, a su juicio, originó la indefensión de la familia de la menor durante el alegato. La sentencia de segunda instancia rebajó la pena a cadena perpetua. Hubo presiones sobre la abogada Eliana Valenzuela, que en ese entonces defendía a la familia de la menor por la Corporación de Asistencia Judicial. Señala que obtenida la rebaja de la pena el abogado Marcelo Valenzuela, quien defendía al delincuente, renuncia al patrocinio respectivo, diciendo que hasta él sentía vergüenza, porque esta situación era un círculo vicioso y que con su renuncia hacía causa común con la abogada Eliana Valenzuela. Frente a esta renuncia, el Secretario Regional Ministerial de Justicia de la Octava Región, Pedro Muñoz, nombró abogado defensor del delincuente a un profesional de apellido Domínguez, quien es uno de los más connotados penalistas de Concepción. Cuando la familia de la menor se dio cuenta de lo que significaba la revocación del poder, sólo quedaban cinco días para que venciera el plazo para presentar un recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Frente a esto, con la orientación del diputado Enrique Van Rysselberghe, se contactaron con el abogado Alejandro Espinoza quien se ofreció para presentar el mencionado recurso. Se le confirió poder al abogado y el mismo día se le presentó una carta al abogado Miguel Jara, de la Corporación de Asistencia Judicial, solicitando la entrega de la documentación respectiva. Se explicaba en la carta que corría el plazo para presentar el recurso de casación. Frente a esto el señor Jara se niega a entregar la documentación, alegando que era de su propiedad, y que había sido traicionado con el nombramiento del nuevo abogado, indicando que dicho profesional sabía cómo obtener tal documentación.
Frente a esto se presentó un reclamo ante el Colegio de Abogados respectivo, en donde se le dijo a la familia de la menor que se citaría a un comparendo, con la abogada Eliana Valenzuela, Miguel Jara y la familia. Esto nunca se efectuó. Expresa que el criminal en la actualidad sigue siendo protegido en la cárcel, porque la madre del delincuente Juan Soto Campos, cuyo nombre es Rosa Campos, tiene grado de gendarme, pues hizo clases de religión en la cárcel. Añade que el Seremi de Justicia, Pedro Muñoz, en el diario “El Sur” de fecha 11 de mayo de 1995, declaró, entre otras cosas, desde la fecha en que se conoció el crimen que afectó a Elenita Yáñez que era partidario de que se aplicara la pena máxima (de muerte). Expresó que era partidario de una pena de prisión perpetua verdadera. Con esto reconoce que dicha pena no se cumple en su integridad. Algún tiempo después el señor Muñoz (06.10.98) declara en el diario “Crónica”, que no era verdad que él o el Director de la Corporación de Asistencia Judicial, hayan presionado a la Abogada Eliana Valenzuela. En la misma oportunidad declaró que él no veía inconveniente en que el Director de la Corporación, como jefe, haya instruido a la abogada en el sentido de que “alegara suave”. Cuando se le preguntó, por el periodista, qué haría si lo mismo que le sucedió a la menor Yáñez, le pasara a una hija de él, declaró que en ese caso mataría personalmente al delincuente, agregando que el Estado no está para hacer venganza, aplicando la pena capital. Termina diciendo que las declaraciones del Seremi de justicia son contradictorias y revelan la situación de la justicia en Chile, por cuanto éste considera que la aplicación de la pena capital por el Estado es venganza y es justicia cuando ésta se aplica por mano propia. Además, asevera que el día anterior al alegato, Miguel Jara se acercó al abogado de Soto Campos, y le dijo “no se preocupe colega está listo”.
Todos los abogados comentaron esto en los pasillos de los tribunales. Declaración del abogado don Alejandro Espinoza El señor Espinoza expresa que asumió la defensa de la familia de Elenita Yáñez, luego del fallo de primera y segunda instancia, y que presentó un recurso de casación. Relata que esta familia llega a su estudio el 28 de agosto de 1998, a instancias del honorable diputado Van Rysselberghe, con el objeto de que los orientara profesionalmente; ya que no sabían cuál era la situación concreta, aunque sabían que se había revocado la sentencia de primera instancia, que condenaba a la pena máxima al procesado. Averiguó que la causa estaba fallada en segunda instancia desde el 21 de agosto de ese año, de manera que estaba corriendo el plazo para deducir el recurso de casación. Destaca que previo a la dictación del fallo, los familiares habían revocado el patrocinio y poder que le habían otorgado a la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, por lo que no tenían abogado en la causa. La familia se vio sorprendida por la revocación del patrocinio y poder, carecían de recursos para contratar un abogado particular y se vieron perjudicados sus intereses procesales.
La Corporación les ofreció abogado particular, lo que nunca se materializó. Luego indica que el abogado del Servicio Nacional de Menores (Sename) no solicitó la aplicación de la pena de muerte, aunque existían tres agravantes y ninguna atenuante y, en definitiva, se alineó con la posición del procesado. Preguntado sobre si la actitud del referido abogado fue premeditada o perseguía evitar seguir en la defensa, responde que es difícil presumir intenciones, aunque la renuncia que la familia hizo del patrocinio y poder, sin ser informada a cabalidad es un hecho objetivo; son personas que no tienen recursos y a las cuales la Corporación de Asistencia Judicial está obligada a defender y si la pena de muerte era incompatible con el actuar de esa institución, no debió asumir el encargo de la defensa. Comenta que por el Sename actuó, en primera instancia, la abogada Paquita Cabrera Rebolledo; que el director de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, don Miguel Jara Nova designa para la segunda instancia a la abogada Eliana Valenzuela. Luego el Sename revoca el patrocinio a Paquita Cabrera y designa para este caso al abogado, don Gonzalo Gálvez Parra. La abogada Valenzuela solicitó la pena de muerte. No obstante, indica que en segunda instancia hubo alegatos, pero no hay constancia por escrito de lo sucedido, sólo se supo a través de la prensa que se solicitó la aplicación de la cadena perpetua y no la pena máxima. Continúa diciendo que la familia era partidaria de la aplicación de la pena de muerte en este caso, pena que se contempla expresamente en la legislación chilena y el abogado es un simple mandatario y si lo que pedía la familia era incompatible con las convicciones de los abogados, debió decirse claramente. Luego se refiere brevemente al caso en la Corte Suprema. Declaración del señor Ministro de Justicia En la sesión 62ª de 19 de enero, asistió el señor ministro de Justicia. El señor ministro expresa que el proceso referido a la violación y homicidio de la menor Elenita Yáñez fue llevado por la Corporación de Asistencia Judicial, que es un órgano independiente del Ministerio de Justicia, aunque presidido por el Seremi de Justicia y está constituido por un Consejo, en el cual está representado el Colegio de Abogados, las dos universidades de Concepción y un representante de su Ministerio. Su papel es tomar las decisiones frente a las defensas que se hagan respecto de las personas de escasos recursos que llegan a 90 esa institución. Por lo tanto, todas las decisiones que se adoptan en función de la defensa o atención de la gente que concurre a la Corporación es un tema resuelto en la región por este Consejo directivo, el cual las toma en relación a cada caso. Observa que el segundo organismo que está involucrado en esta situación es el Servicio Nacional de Menores, el cual, en distintas oportunidades, actúa frente a casos que son de extrema gravedad cuando es afectado un menor.
Entrega una carpeta con los siguientes antecedentes: Informe del Seremi de Justicia sobre este caso, donde se relatan los hechos acaecidos; copia de la investigación de los hechos realizada por la Contraloría General de la República, copia de la investigación hecha por el Consejo del Colegio de Abogados y finalmente copia de las sentencias de la Excelentísima Corte Suprema sobre este proceso. Recuerda que en cada una de estas investigaciones, tanto de la Contraloría General como del Colegio de Abogados, se estableció que no había ninguna situación anormal respecto de cómo se había llevado el caso. Aclara que no conoce el caso en particular ni en concreto, no ha revisado los antecedentes en términos de lo que haya hecho la Corporación en este caso, ya que eso le corresponde al Consejo y el Ministerio no es un órgano contralor respecto de ese estamento. Reitera que en la carpeta que entregó están las investigaciones realizadas por los órganos competentes y los resultados finales de esas investigaciones; está también el informe del Seremi de Justicia, quien fue, en alguna oportunidad, uno de los participantes de los problemas originados. Agrega que producido el hecho, se le pidió al Seremi que informara y así lo hizo.
Destaca que en el fallo de la Excma. Corte Suprema están los argumentos y antecedentes jurídicos por los cuales esa Corte resuelve revocar la pena de muerte y aplicar cadena perpetua. El señor ministro señala que este tema se puede abordar desde dos aristas: la primera desde una perspectiva legal y la otra desde el punto de vista de algunas afirmaciones que se han hecho y que de acuerdo a sus antecedentes desea precisar. Observa en primer lugar que los tribunales de justicia son independientes, y lo han sido durante este período democrático, para dictar sentencias. Destaca que es muy difícil interferir ante los tribunales de justicia, en el sentido de establecer que se aplique o no la pena de muerte.
La decisión, en este caso, debió haber sido unánime y hubo dos ministros de la Corte de Apelaciones que votaron a favor, por aplicarla y uno en contra de su aplicación y ésa fue la razón por la cual, de acuerdo con el artículo 73 del Código Orgánico de Tribunales, en ese momento la pena de muerte pasa a ser cadena perpetua. Posteriormente la Excma. Corte Suprema adopta una decisión, que confirma la pena aplicada por la Corte de Apelaciones de Concepción, por razones jurídicas distintas.
Recuerda la independencia de los poderes del Estado y agrega que al Ejecutivo le está prohibido interferir u opinar sobre las resoluciones judiciales. Respecto a la afirmación del honorable diputado Van Rysselberghe, referida a la posible intervención del señor Director interino de la Corporación de Asistencia Judicial, abogado Miguel Jara, engañando a una familia de escasos recursos, afirma que ha sido investigada por los órganos competentes, en concreto por la Contraloría y el Colegio de Abogados, donde la abogada efectuó la denuncia de que tuvo que hacer un alegato “suave”. Las decisiones respecto de esta persona que ha sido juzgada e investigada por los organismos citados y, en definitiva, que ha sido liberado de los cargos que se le han imputado, no le pueden afectar en su vida posterior y es así que hoy día el abogado señor Miguel Jara si- gue dirigiendo la Corporación de Asistencia Judicial, en Concepción, porque se estaba esperando los resultados finales de las investigaciones, para que el Consejo de la propia Corporación tomara la decisión de confirmarlo o no, y hasta el momento ella no se ha tomado y esa decisión es autónoma, no es del Ministerio de Justicia, ya que ese Consejo no depende de él. Por lo tanto, la petición de remoción al Ministerio de Justicia no corresponde desde el punto de vista legal y lo que sí hizo en su oportunidad ese Ministerio fue pedir los antecedentes para analizarlos, desde el punto de vista administrativo, ya que -como se dijo en su momento- no se propiciaría ningún sumario por parte de esa Secretaría de Estado, si no constaba con claridad en los antecedentes. Acerca de la aplicación de una pena o de las señales que se dan sobre esta materia, se puede estar de acuerdo o no con la imposición de la pena de muerte por parte de la justicia, pero señalar que de una u otra forma se pudo haber presionado a los tribunales de justicia, lleva a pensar que hubo una presión respecto de los ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.
Añade que, además, de las investigaciones hechas por órganos independientes del Ejecutivo, no existen antecedentes que lleven a concluir que dichas presiones sean efectivas y en esa perspectiva insiste que hechas todas las investigaciones y análisis del caso, pedir aplicar sanciones a personas que ya fueron juzgadas, desde el punto de vista interno y público, a su juicio, no corresponde. Respecto de ese hecho, hubo una investigación por parte de la Contraloría y no hubo sanciones. Recuerda que no puede opinar respecto al tema de la revocación, sin embargo entregó copia del informe que le remitió el Seremi de Justicia, donde se relatan con detalle todos los hechos que se están planteando, pero son hechos de los cuales no puede emitir opinión, porque no los conoce, e insiste que habiendo resoluciones de los organismos competentes, lo demás es tomar en consideración situaciones que son hipotéticas.
Recuerda que otro antecedente importante es que los abogados actúan por las partes y lo hacen de acuerdo a la decisión de los clientes y en el caso del Sename actuó en este asunto, como lo hace en muchos otros casos, en razón de su ley orgánica, que lo faculta para actuar en distintos casos como violencia intrafamiliar e infantil y las decisiones que toma el abogado del Sename son decisiones que tienen que ver con la representatividad que tenga y en el caso de Elenita Yáñez no era representante de la familia en directo, como sí lo era el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, por lo tanto, este último abogado debe actuar representando los intereses de la familia. En este caso el Sename estaba actuando en función de su actividad como órgano relacionado con los niños y relacionado con su ley orgánica y la decisión que ahí se toma está referida a que el Sename debía dirigir su defensa y acción a obtener la aplicación del mayor rigor de la ley hasta la imposición de una pena que ese servicio considerase aplicable, ya que no es el abogado ni de la víctima ni de la familia.
El señor ministro explicó que hay cuatro Corporaciones de Asistencia judicial a lo largo de Chile y cada una de ellas tiene un Consejo, que, como ya relató, está constituido por distintas instituciones y en el de Concepción, hay dos decanos, aparte del Seremi de Justicia, más un representante del Colegio de Abogados y otro del Ministerio de Justicia, por lo que su Ministerio tiene dos votos, de un total de seis, en el referido Consejo. La decisión de remover al Director de la Corporación del Biobío depende del Consejo, que también lo nombra, por lo tanto, no es el Ministerio de Justicia el que los contrata, sólo se limita a dar recursos fiscales a las Corporaciones. Precisa que la Contraloría ya emitió su opinión y si bien no duda de lo que diga la familia de Elenita Yáñez, hay que estarse a los resultados de las investigaciones, que son objetivos. Reitera que el Ministerio hizo lo que corresponde y se pidió toda la información necesaria al Seremi de Justicia; se hicieron las denuncias en los organismos correspondientes y si hay algún antecedente irregular, debe ir a los tribunales de justicia y de todos los antecedentes que ha recibido, no hay ninguno en que aparezcan los hechos que se denuncian en esta Comisión. Recuerda que el Consejo de la Corporación tomará la decisión de remover o confirmar al Director y si hay algún antecedente que penalmente corresponda hacer valer, debe hacerse ante los tribunales de justicia; hay una ley que establece la organización y atribuciones de las Corporaciones y el Ministerio de Justicia sólo les transfiere recursos fiscales y si ese organismo comete actos que no corresponde debe ser objeto de una demanda civil o querella.
Agrega que como funcionario público responsable debe atenerse a los antecedentes que posee y no puede perseguir a una persona, por lo que haya dicho uno o más diputados y se tiene que atener a los resultados finales de las investigaciones y en su caso no tiene injerencia en la permanencia o remoción del director, ya que depende de un Consejo autónomo y a ese Consejo debe dirigirse esta Comisión y se debe actuar de acuerdo a los antecedentes que se tienen y en conformidad a las leyes.
VOTO DE MINORÍA
Se deja constancia que el honorable diputado don Enrique Van Rysselberghe presentó un voto disidente al informe y conclusiones aprobados por la Comisión, cuyo tenor es el siguiente:
“Conclusiones de la investigación sobre la actuación de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Menores de Concepción en el caso de Elenita Yáñez. “La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la honorable Cámara de Diputados, durante casi un año ha tratado de obtener antecedentes para evaluar la actuación del Servicio Nacional de Menores y de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, con el objeto de cumplir el encargo de la sala de la Cámara de Diputados, materializado en el acuerdo Nº 204 de fecha 13 de abril de 1999 que en su parte medular dice:
“Encomendar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que estudie los antecedentes y emita un informe a esta Cámara sobre este caso, que ha concitado conmoción pública, en el sentido de determinar si tanto la Corporación de Asistencia Judicial, como el Servicio Nacional de Menores defendieron competentemente los derechos de Elenita Yáñez y su familia o si por el contrario, dichos organismos no actuaron con la diligencia debida, dejándola en la más absoluta indefensión”. “Conviene dejar constancia:
“1.- Que a la Comisión le ha resultado extremadamente difícil obtener antecedentes de parte de los organismos del Ministerio de Justicia y de los funcionarios que fueron actores directamente involucrados en este caso, demostrando una evidente falta de voluntad de cooperar con la investigación que llevó a cabo esta Comisión, ello a pesar de haber recurrido a la propia ministra de Justicia, para solicitar su cooperación en el sentido de lograr que el personal de su dependencia compareciera ante la comisión. Lo anterior queda de manifiesto en las actas de las sesiones en que la comisión trató el caso.
“2.- Que en las circunstancias descritas en el número anterior, a la Comisión sólo le ha sido posible obtener antecedentes de parte de los familiares de la niña asesinada y violada, del abogado particular que los defendió ante la Corte Suprema de Justicia, de la Contraloría General de la República y del Subsecretario de Justicia, quien actuó como ministro de Justicia subrogante en reemplazo de la ministra titular que había sido invitada a la comisión en más de una ocasión sin resultado. “3.- Que la Comisión, para no demorar más el encargo encomendado por la Sala, decidió evacuar el siguiente informe y conclusiones sólo sobre la base de los antecedentes logrados hasta la fecha, tomando en cuenta, en forma muy especial, las declaraciones hechas por los actores directamente involucrados, en la investigación llevada a cabo por la Contraloría General de la República en Concepción. “Informe “El caso que nos preocupa, se genera a raíz de la errática posición del Sename y de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, ambos organismos dependientes del Ministerio de Justicia, frente a uno de los crímenes más atroces nunca cometido en nuestro país. Delito sobre el que pesan todas las agravantes posibles y ninguna atenuante, todo ello según se expresa en los fallos de la justicia tanto en primera, como en segunda instancia y ante la Corte Suprema. “Consta en los expedientes, que el inculpado cometió el delito que nos preocupa como prófugo de la justicia, fuga que materializó aprovechando facilidades carcelarias que se le concedieron, aparentemente gracias a influencias ejercidas por su madre que hacía clases en Gendarmería.
Cabe destacar que el inculpado es reincidente en este tipo de delitos, ya que estaba cumpliendo pena aflictiva por la violación e intento de asesinato de una menor de tan sólo dos años de edad. También está consignado en los expedientes judiciales que el asesino declaró ante el juez de primera instancia que él no sería condenado a la pena máxima y que si por alguna causa llegara a ser condenado, de cualquier forma sería indultado por orden presidencial y lo más grave es que agrega que de esa forma llegará el día que saldrá libre, y en ese evento, volverá a ejecutar un delito similar al cometido en forma brutal en contra de Elenita Yáñez y anteriormente contra una guagua de tan sólo dos años de edad, como ya se dijo.
“Cabe hacer presente que los votos de minoría disidentes, que impidieron que la justicia se inclinara por la pena máxima establecida en nuestra legislación, sólo se basaron en razones de índole personal que afectan a algunos jueces frente a la pena máxima contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. De no mediar esta circunstancia, evidentemente que se habría puesto al ex Presidente Frei en la disyuntiva de conceder o no el indulto presidencial, con el consiguiente costo político que un indulto en estas circunstancias conllevaría, como quedó demostrado en el caso del niño Zamorano Jones. “Es del caso analizar la actuación de los organismos del Ministerio de Justicia en la perspectiva y escenario descritos. “La actuación del Sename y de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción puede resumirse como sigue, de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de la Comisión: “En primera instancia ambos organismos dependientes del Ministerio de Justicia abogaron para que en este caso de increíble crueldad, brutalidad y salvajismo, se aplicara la mayor pena contemplada en nuestro ordenamiento legal, logrando en esta instancia que la Jueza condenara al criminal a la pena de muerte. Pero en la segunda instancia, de apelación del proceso ante la Corte de Apelaciones de Concepción, ambos organismos curiosamente cambiaron los abogados que habían logrado ser exitosos en la primera instancia.
En la forma descrita, el nuevo abogado del Sename, inexplicablemente hace un alegato prácticamente coincidente con el defensor del criminal, lo que resultó en la práctica que en esta segunda instancia el asesino contara con una doble defensa. “De ahí que resultan especialmente graves y relevantes las denuncias de presiones indebidas efectuadas por la abogada señora Eliana Valenzuela, para que en esta segunda instancia, cambiara la postura que la Corporación había sostenido ante la justicia hasta ese momento, este inexplicable vuelco de la voluntad oficial de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción es ratificado por otros abogados de la misma Corporación, a quienes la Abogada Valenzuela con anterioridad al alegato les habría manifestado su molestia y solicitado su consejo ante las presiones indebidas que recibía de parte del jefe subrogante del organismo estatal encargado de defender los intereses de la gente de menores recursos a nivel local.
Es extraordinariamente grave que el funcionario en cuestión le exigiera a la abogada que actuara en forma poco ética en contra de los intereses de su cliente y le exigiera se le entregara la minuta del alegato que realizaría, justificando su actuación, diciendo que lo hacía a nombre del Presidente local de la Corporación y Seremi de Justicia de la Octava Región del Biobío. Evidentemente que ello explica el cambio de actitud del Servicio Nacional de Menores de la Octava Región, que, como ya se ha dicho, se convirtió en la práctica en un segundo defensor del asesino y no de la víctima como era su obligación. “Corroborando lo anterior, está documentalmente demostrado, que el mismo jefe subrogante de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, obtuviera con anterioridad al fallo de segunda instancia, la renuncia del patrocinio y poder que la familia de Elenita Yáñez le había confiado a la dirección de la Corporación. Todo ello con engaño, o al menos aprovechándose de la falta de cultura jurídica de personas de escasos recursos que la ley le obliga a defender.
“También está suficientemente demostrado que la familia de Elenita Yáñez estuvo en la más absoluta indefensión, mientras corría un plazo fatal de 15 días, para presentar un recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Esta situación de indefensión se mantuvo hasta 5 días antes que se terminara el plazo fatal ya señalado, fecha en que la familia fue atendida por un abogado particular, servicio conseguido por un parlamentario de la zona, todo ello muy a pesar de la voluntad del funcionario a cargo de la Corporación, como lo demuestra el hecho de haber negado a la familia los antecedentes del juicio que obraban en su poder, impidiendo en esta forma que dichos antecedentes fueran entregados prontamente al nuevo abogado de la familia. Cabe destacar que dicha negativa ocurre un día viernes, con lo que el plazo fatal que estaba corriendo prácticamente se reducía a tan sólo tres días.
“Lo anterior señala claramente la falta de voluntad de cooperar para que dicho recurso pudiera ser presentado en forma oportuna y suficientemente estudiado por el nuevo abogado que defendería a la familia de Elenita Yáñez, familia que la Corporación tenía la obligación de proteger en sus derechos, obligación de la que mañosamente se desprendió por medio de la actuación del personaje en cuestión, como ya se ha explicado.
“En el escenario descrito, parece al menos curioso que después de obtenida la revocación de la pena de muerte para el asesino, ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y una vez conocido que la familia de la víctima tendría un nuevo patrocinio legal, el abogado del asesino renunciara a seguir defendiéndolo y la Corte se viera en la obligación de nombrar un nuevo abogado de turno, patrocinio y poder que en este caso recae en el jefe de una de las más prestigiosas oficinas jurídicas de Concepción.
“Conviene dejar constancia en este informe que el diputado por el distrito 44, don Enrique Van Rysselberghe, personalmente puso al corriente de lo que estaba ocurriendo, a la entonces ministra de Justicia señora Soledad Alvear. A pesar de ello, no sólo no se ordenó ninguna investigación interna; muy por el contrario, el Directorio de la Corporación presidido por el Seremi de Justicia de la VIII Región, premia al Director subrogante de la Corporación, actor principal de las acciones descritas, con la titularidad en el cargo. “Conclusiones del Voto de Minoría “Del informe anterior, fluye como conclusión que tanto el Servicio Nacional de Menores como la Corporación de Asistencia Judicial de la Octava Región no defendieron competentemente los derechos de Elenita Yáñez y su familia y, muy por el contrario, dichos organismos no actuaron con la diligencia debida, pretendiendo dejarla en la más absoluta indefensión. Todo ello por razones políticas, como se desprende del informe que precede a esta conclusión.
“Se recomienda que se estudie la forma que lo anterior no pueda volver a ocurrir en nuestro país, en el sentido que se garantice a la Nación la debida independencia del Poder Judicial. Todo ello, sin perjuicio de recomendar a la Corte Suprema que instruya a los miembros de ese Poder del Estado, que si en alguna ocasión por razones de conciencia algún magistrado no puede fallar de acuerdo a lo que señala la legislación vigente, debe inhabilitarse y no, como en este caso, en que se esgrimieron razones de conciencia más que razones jurídicas, para justificar el fallo, perjudicando los derechos de una familia de muy escasos recursos.”.
OTROS ANTECEDENTES
Durante el debate habido en la Comisión, aparte de las intervenciones del honorable diputado don Enrique Van Rysselberghe, que se trasuntan en su voto de minoría, se expresaron algunas observaciones al actuar de funcionarios de los dos organismos cuestionados, que pueden resumirse en las siguientes premisas: Se reiteró que la Comisión debe precisar si la familia de Elenita Yáñez recibió o no una adecuada defensa por parte de los organismos públicos, es decir, se debe determinar si el Sename y la Corporación de Asistencia Judicial actuaron con la debida diligencia en este caso. Se dijo que pareciera ser un hecho cierto, como lo señala el informe de la Contraloría, que el abogado Miguel Jara hizo firmar una revocación de poder a la familia y eso debería merecer, a lo menos, alguna observación de parte de las autoridades que correspondan. Se estimó importante dejar constancia que el Director del Sename de Concepción, don Marcelo Zapata Cancino informó, a requerimiento de la Comisión, que la abogada Paquita Cabrera “jamás ha pertenecido a esta institución”, lo que es efectivo, pero ocultó que la referida profesional había sido la abogada patrocinante de la querella interpuesta por el Servicio Nacional de Menores, como expresamente lo decía el proyecto de acuerdo de la honorable Cámara que en copia se le adjuntó al oficio respectivo. Este hecho fue considerado grave, pues, de alguna manera, obstruyó la claridad de la investigación en informe y deja en evidencia que algunos funcionarios entorpecen la labor fiscalizadora de la honorable Cámara. Se destacó, por otra parte, la no comparecencia de la abogada Eliana Valenzuela a las reiteradas citaciones de la Comisión. La Comisión, en el transcurso del debate resolvió que no se puede detener este tema por la no concurrencia de una persona, pero sí se puede dejar constancia en el informe que se le invitó y citó reiteradamente y que presentó certificado médicos, etc., como en realidad ocurrió, y finalmente se decidió que, derechamente, había que adoptar conclusiones, discutirlas y votarlas. Finalmente se admitió, que quizá pudo haber negligencia, pero en la práctica lo que la Comisión tenía que investigar, es que se está sosteniendo que hubo intervención y presión sobre el Poder Judicial. Esto último, no se pudo comprobar.
CONCLUSIONES
En mérito de los antecedentes reseñados, que ha tenido a la vista, y de las consideraciones precedentes, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por mayoría de votos (5 a favor y 4 en contra), propone a la honorable Cámara que apruebe las siguientes Conclusiones:
1º Respecto a la existencia de eventuales presiones indebidas ejercidas sobre el personal del Sename, no fue posible a esta Comisión acreditarlas, y los funcionarios involucrados niegan terminantemente -según se expresa en el informe del fiscalizador a cargo de la investigación dispuesta por la Contraloría General de la República y que esta Comisión tuvo a la vista- haber recibido órdenes de superiores o haber impartido a subalternos instrucción alguna, “a excepción, ciertamente, de las orientaciones generales de la acción de la institución emanadas del nivel central e impartidas al respecto”;
2º En cuanto a las irregularidades que se atribuyen a los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, quienes habrían ejercido presiones indebidas, dadas a conocer públicamente por la abogada Eliana Valenzuela Fernández, esta Comisión, coincidiendo con el dictamen del fiscalizador de la Contraloría General de la República, concluye que no fue posible acreditarlas fehacientemente y, por consiguiente, tampoco es procedente imputar a los funcionarios de ese organismo irregularidades susceptibles de sancionarse por vía administrativa, así como tampoco se puede concluir que haya habido conducta profesional reprimible, como lo establece la investigación practicada por el Consejo del Colegio de Abogados de Concepción, de cuyo contenido se dio cuenta a la Comisión;
3º En lo relativo al fallo que finalmente se dicta, con la intervención en los alegatos de los abogados cuyo desempeño se cuestiona en esta investigación, que según nuestro ordenamiento jurídico son solamente auxiliares de la administración de justicia, no cabe a esta Comisión, bajo ningún respecto emitir pronunciamiento alguno, en razón de la disposición constitucional que le prohíbe al Congreso Nacional “......revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” (Art. 73 CPR), y
4º No obstante, considerando que la Contraloría General de la República admite que “las decisiones y actuaciones del Director interino de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, abogado Miguel Jara Nova, importaron una acción poco eficaz en la adecuada defensa de los familiares de la víctima Elena Yáñez Roa, en cuanto a dejarlos sin abogado por parte de la Corporación desde el instante mismo que les pidió la revocación del poder otorgado a ésta y la hizo llegar a la I. Corte de Apelaciones de Concepción”, la Comisión estima que debe dejarse constancia de este hecho, si bien ello no incide en la acusación central de haberse dejado en la más absoluta indefensión a la familia de Elena Yáñez y que, por el contrario, defendieron competentemente sus derechos; ni tampoco incide en el cargo de haberse ejercido presiones indebidas que pudieron haber influido en la decisión final de los tribunales, que rebajaron la pena capital a presidio perpetuo. Se designó diputado informante al honorable señor Enrique Van Rysselberghe Varela. Tratado y acordado en sesiones de fecha 19 de mayo, 02 de junio, 21 de julio, 10 y 17 de noviembre, 15 de diciembre de 1999, y 19 de enero, 08, 15 y 22 de marzo y 05 de abril del 2000 con la asistencia de los honorables diputados señores Jaime Naranjo (Presidente), Gustavo Alessandri, Gabriel Ascencio, Mario Bertolino, Guillermo Ceroni, Eduardo Díaz, Iván Mesías, Darío Molina, Jaime Mulet, Sergio Ojeda (Presidente), Andrés Palma, Jorge Soria, Eugenio Tuma y Enrique Van Rysselberghe. Sala de la Comisión, a 05 de abril de 2000.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión”.
ANEXO
La honorable Cámara, por acuerdo adoptado en su sesión 51ª, ordinaria, de 13 de abril de 1999, de la Legislatura Extraordinaria, prestó su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo: “Considerando: Que la brutal violación y despreciable asesinato, en 1996, de la niña de seis años Elenita Yáñez ha causado conmoción pública en el país, y en especial en la Región del Biobío. Que la familia de Elenita Yáñez, como no contaba con recursos para asumir los costos de un largo proceso judicial, recurrió a la Corporación de Asistencia Judicial, la que designó a su director, Miguel Jara, como abogado patrocinante. Que, habiéndose logrado un fallo favorable y satisfactorio en primera instancia -la pena de muerte para el violador y homicida-, dada la experiencia y oficio del abogado señor Miguel Jara, éste dejó el caso en manos de una abogada con menos experiencia, de la Corporación de Asistencia Judicial, Eliana Valenzuela, sin ninguna justificación razonable. Que el Servicio Nacional de Menores se hizo parte en la causa, pidiendo, en principio, a la Corte de Apelaciones de Concepción, a través de la abogada Paquita Cabrera, que ratificara la pena de muerte para Juan Soto Campos, el homicida de Elenita Yáñez; pero que en un segundo momento, el Sename cambió de abogado y pidió sólo presidio perpetuo, coincidiendo con lo solicitado por la defensa de Soto Campos. Que, siendo la Corporación de Asistencia Judicial un organismo creado para defender a las personas sin recursos, es inexplicable que el director de ese organismo hiciera firmar a sus representados una carta por medio de la cual renunciaron al patrocinio de esa corporación, sin explicarles los efectos de esa medida, lo que significó en la práctica que por diecisiete días la familia de Elenita Yáñez estuvo sin defensa, desde el 11 de agosto hasta el 28 del mismo mes.
Que la Corte de Apelaciones, luego del señalado conjunto de irregularidades, rebajó la pena de muerte a la de presidio perpetuo para Soto Campos. Que la Corporación de Asistencia Judicial se negó a proporcionar los datos del expediente al abogado que hoy representa a la familia de Elenita Yáñez, obstaculizando la presentación de un recurso de casación. Que los hechos descritos han causado preocupación pública por la forma en que tanto la Corporación de Asistencia Judicial como el Sename han llevado el caso, cambiando de abogados y criterios, sin ninguna explicación convincente y con claro perjuicio para sus representados. La Cámara de Diputados acuerda: Encomendar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que estudie los antecedentes y emita un informe a esta Cámara sobre este caso, que ha concitado conmoción pública, en el sentido de determinar si tanto la Corporación de Asistencia Judicial como el Servicio Nacional de Menores defendieron competentemente los derechos de Elenita Yáñez y su familia o si, por el contrario, dichos organismos no actuaron con la diligencia debida, dejándola en la más absoluta indefensión”.