Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- FIJACIÓN DE HORA DE VOTACIÓN.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 182. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Enrique Seguel Morel
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 182. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- SESIÓN ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA TRATAR SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Moreira Barros
- Claudio Alvarado Andrade
- Julio Dittborn Cordua
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Garcia Ruminot
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- ANTECEDENTE
- SESIÓN ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA TRATAR SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES.
- VIII. INCIDENTES
- SIGNIFICADO DEL TRIUNFO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA CONCERTACIÓN.
- DEUDAS PREVISIONALES DE CLUBES DEL FÚTBOL PROFESIONAL. Oficio.
- MODIFICACIONES AL SISTEMA PREVISIONAL. Oficio.
- CREACIÓN DE LA FIGURA DE LA DELACIÓN COMPENSADA EN MATERIA TRIBUTARIA. Oficio.
- ADHESION
- Jaime Naranjo Ortiz
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Mulet Martinez
- Edmundo Villouta Concha
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- LICITACIONES DE EMPRESA MINERA EN DETRIMENTO DE INTERESES NACIONALES. Oficio.
- ADHESION
- Patricio Walker Prieto
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Jaramillo Becker
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- FALLO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO SOBRE TASAS IMPOSITIVAS A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Oficio.
- NUEVAS OFICINAS DEL BANCO DEL ESTADO EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Patricio Walker Prieto
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIÓN DE VIVIENDAS EN CHIGUAYANTE SUR. Oficio.
- ADHESION
- Patricio Walker Prieto
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INSUFICIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE HECHOS QUE AFECTAN AL EX SUBSECRETARIO BELISARIO VELASCO. Oficio.
- ENTREGA DE VIVIENDAS SIN ALUMBRADO ELÉCTRICO EN VILLA CHILOÉ, DE AISÉN. Oficios.
- ADHESION
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- SOLUCIÓN DE DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUIDICO-TIRÚA.
- MOVILIZACIONES DE MAPUCHES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MULTICANCHA DE EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficios.
- SOBRETASA ARANCELARIA A IMPORTACIÓN DE LECHE SUBSIDIADA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX . DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Laura Soto Gonzalez
- Aldo Cornejo Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 24ª, en miércoles 19 de enero de 2000
(Ordinaria, de 10.44 a 14.24 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
V.Acuerdos de los Comités 9
Fijación de hora de votación 9
VI.Orden del Día.
- Aprobación del Convenio internacional del trabajo Nº 182. Primer trámite constitucional 10
- Regulación de cobros por servicios asociados al suministro eléctrico. Tercer trámite constitucional 25
- Reforma del Código Orgánico de Tribunales. Tercer trámite constitucional 35
VII.Proyectos de acuerdo.
Sesión especial de la Comisión de Hacienda para tratar situación de funcionarios de la Policía de Investigaciones 42
VIII.Incidentes.
- Significado del triunfo del candidato presidencial de la Concertación 44
- Deudas previsionales de clubes del fútbol profesional. Oficio 45
- Modificaciones al sistema previsional. Oficio 46
- Creación de la figura de la delación compensada en materia tributaria. Oficio 46
- Licitaciones de empresa minera en detrimento de intereses nacionales. Oficio 47
- Fallo de la Organización Mundial de Comercio sobre tasas impositivas a las bebidas alcohólicas. Oficio 48
- Nuevas oficinas del Banco del Estado en la Octava Región. Oficio 49
- Información sobre expropiación de viviendas en Chiguayante Sur. Oficio 49
- Insuficiencia de documentación entregada por el Ministerio de Hacienda sobre hechos que afectan al ex subsecretario Belisario Velasco. Oficio 50
- Entrega de viviendas sin alumbrado eléctrico en Villa Chiloé, de Aisén. Oficios 51
- Solución de deficiencias en construcción de camino Quidico-Tirúa 51
- Movilizaciones de mapuches en la Octava Región. Oficio 52
Pág.
- Construcción de techumbre en multicancha de El Manzano, comuna de Las Cabras. Oficios 52
- Sobretasa arancelaria a importación de leche subsidiada 53
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el artículo 30 de la Carta Fundamental, con el objeto de establecer el Estatuto de los ex Presidentes de la República (boletín Nº 2397-07)(S) 56
2. Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia calificada de “suma”, que modifica el Código Orgánico de Tribunales (boletín Nº 2263-07) 56
3. Moción de la diputada señora Soto, doña Laura, y del diputado señor
Cornejo, don Aldo que autoriza la erección de un monumento en homenaje al ex CardenalRaúl Silva Henríquez (boletín Nº 2457-04) 94
4. Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que obliga a informar a los establecimientos sin reconocimiento del ministerio y a las escuelas especiales, sobre sus dotaciones de profesionales y sus especialidades y las horas semanales contratadas con cada uno de ellos (boletín Nº 2442-04) 96
5. Oficio del Tribunal Constitucional por el que remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia (boletín Nº 2176-07) 97
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Molina, sumario administrativo efectuado por el Indap de la Cuarta Región para investigar irregularidades en proyecto “Mejoramiento Canales Millahue 1 y 2”.
-Del diputado señor Leal, informe sobre personas que durante el gobierno militar registran contratos a honorarios simultáneamente en dos o más servicios públicos.
Ministerio del Interior
-De los diputados señores Caminondo, Delmastro, Kuschel, Alessandri, Vilches y Vega, actividades de alcaldesa de La Unión en campañas presidenciales.
-Del diputado señor Kuschel, avance mejoramiento camino a Peñasmó.
-Del diputado señor Delmastro, programas de electrificación de localidad de Tres Chiflones.
Ministerio de Hacienda
-De los diputados señores Galilea, don José Antonio; Vega, Martínez, don Rosauro; Sánchez y Acuña, situación de la agricultura del sur del país.
-Del diputado señor Hernández, importaciones de leche.
-De los diputados señores Villouta, Velasco, Fossa, Arratia y Mora, medidas para cumplimiento de ley sobre protección de la vida privada.
-Del diputado señor Seguel, bienes de empresa Lahsen Muebles Limitada.
-De los diputados señores Molina y Kuschel, flexibilización de requisitos exigidos para acreditar calidad de cesante ante Banco del Estado de Chile.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Navarro, retiros por invalidez e imposibilidad física de personal de Carabineros de Chile.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Delmastro, adjudicación de lote 7 de Errázuriz, Décima Región.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
-- Acuña Cisternas, Mario
-- Alessandri Valdés, Gustavo
-- Alvarado Andrade, Claudio
-- Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-- Álvarez Zenteno, Rodrigo
-- Allende Bussi, Isabel
-- Arratia Valdebenito, Rafael
-- Ascencio Mansilla, Gabriel
-- Ávila Contreras, Nelson
-- Bartolucci Johnston, Francisco
-- Bertolino Rendic, Mario
-- Bustos Ramírez, Juan
-- Caminondo Sáez, Carlos
-- Caraball Martínez, Eliana
-- Cardemil Herrera, Alberto
-- Ceroni Fuentes, Guillermo
-- Coloma Correa, Juan Antonio
-- Cornejo González, Aldo
-- Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
-- Correa De la Cerda, Sergio
-- Cristi Marfil, María Angélica
-- Delmastro Naso, Roberto
-- Díaz Del Río, Eduardo
-- Dittborn Cordua, Julio
-- Elgueta Barrientos, Sergio
-- Encina Moriamez, Francisco
-- Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-- Espina Otero, Alberto
-- Fossa Rojas, Haroldo
-- Galilea Carrillo, Pablo
-- Galilea Vidaurre, José Antonio
-- García García, René Manuel
-- García Ruminot, José
-- González Román, Rosa
-- Gutiérrez Román, Homero
-- Guzmán Mena, Pía
-- Hales Dib, Patricio
-- Hernández Saffirio, Miguel
-- Huenchumilla Jaramillo, Francisco
-- Ibáñez Santa María, Gonzalo
-- Jaramillo Becker, Enrique
-- Jarpa Wevar, Carlos Abel
-- Jeame Barrueto, Víctor
-- Jiménez Villavicencio, Jaime
-- Krauss Rusque, Enrique
-- Kuschel Silva, Carlos Ignacio
-- Leal Labrín, Antonio
-- Leay Morán, Cristián
-- León Ramírez, Roberto
-- Letelier Morel, Juan Pablo
-- Letelier Norambuena, Felipe
-- Longton Guerrero, Arturo
-- Lorenzini Basso, Pablo
-- Luksic Sandoval, Zarko
-- Martínez Labbé, Rosauro
-- Martínez Ocamica, Gutenberg
-- Masferrer Pellizzari, Juan
-- Melero Abaroa, Patricio
-- Mesías Lehu, Iván
-- Molina Sanhueza, Darío
-- Monge Sánchez, Luis
-- Montes Cisternas, Carlos
-- Mora Longa, Waldo
-- Moreira Barros, Iván
-- Mulet Martínez, Jaime
-- Muñoz D'Albora, Adriana
-- Naranjo Ortiz, Jaime
-- Núñez Valenzuela, Juan
-- Ojeda Uribe, Sergio
-- Olivares Zepeda, Carlos
-- Orpis Bouchón, Jaime
-- Ortiz Novoa, José Miguel
-- Palma Flores, Osvaldo
-- Palma Irarrázaval, Andrés
-- Palma Irarrázaval, Joaquín
-- Pareto González, Luis
-- Pérez Arriagada, José
-- Pérez Lobos, Aníbal
-- Pérez San Martín, Lily
-- Prokurica Prokurica, Baldo
-- Recondo Lavanderos, Carlos
-- Reyes Alvarado, Víctor
-- Rincón González, Ricardo
-- Riveros Marín, Edgardo
-- Rocha Manrique, Jaime
-- Rojas Molina, Manuel
-- Saa Díaz, María Antonieta
-- Salas De la Fuente, Edmundo
-- Sánchez Grunert, Leopoldo
-- Sciaraffia Estrada, Antonella
-- Seguel Molina, Rodolfo
-- Silva Ortiz, Exequiel
-- Soria Macchiavello, Jorge
-- Tuma Zedan, Eugenio
-- Urrutia Cárdenas, Salvador
-- Valenzuela Herrera, Felipe
-- Van Rysselberghe Varela, Enrique
-- Vargas Lyng, Alfonso
-- Velasco De la Cerda, Sergio
-- Venegas Rubio, Samuel
-- Vilches Guzmán, Carlos
-- Villouta Concha, Edmundo
-- Walker Prieto, Ignacio
-- Walker Prieto, Patricio
-Asistieron, además, los ministros de Justicia, señor José Antonio Gómez, y del Trabajo y Previsión Social, señor Germán Molina.'
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 18ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 19ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos ayer los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Montes , adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1º Recordar a la Corporación que mañana, jueves 20 del mes en curso, las actividades de la Cámara de Diputados estarán centradas exclusivamente en la realización de las sesiones del Tercer Parlamento Juvenil.
2º Celebrar sesiones ordinarias los días martes y miércoles de la próxima semana.
3º Suspender las sesiones de la Corporación entre el 1 de febrero y el 3 de marzo.
4º Fijar las siguientes semanas distritales para el año 2000:
Marzo: lunes 27 a sábado 1 de abril.
Abril: lunes 24 a sábado 29.
Mayo: lunes 22 a sábado 3 de junio.
Junio: lunes 26 a sábado 1 de julio.
Julio: lunes 24 a sábado 29.
Agosto: lunes 21 a sábado 26.
Septiembre: lunes 18 a sábado 30.
Octubre: lunes 23 a sábado 28.
Noviembre: lunes 20 a sábado 25.
Diciembre: jueves 21 a martes 2 de enero.
Enero: lunes 22 a sábado 27.
FIJACIÓN DE HORA DE VOTACIÓN.
El señor ORTIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, a contar de las 11.00 horas empezarán a funcionar, reglamentariamente y en forma simultánea con la Sala, no menos de dos o tres Comisiones -en mi caso, para discutir la modificación de la ley Nº 15.076-, para tratar proyectos con “discusión inmediata”. Por lo tanto, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para fijar la hora de votación de los proyectos que se traten hoy.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para votar al final del Orden del Día, alrededor de las 13 horas?
Acordado.
VI.ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 182. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio internacional del trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Rosa González .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2390-10, sesión 34ª, en 31 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 19ª, en 14 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 28.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Internacional del Trabajo Nº 182, relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado durante la octogésima séptima reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), congregada en Ginebra el 1 de junio de 1999, el cual viene a sumarse al referido a la edad mínima de admisión al empleo, recientemente ratificado por Chile, después de haber sido aprobado por el Congreso Nacional.
Tal como señala el mensaje, el trabajo infantil es un fenómeno que produce graves perjuicios a los niños y a la postre deviene en desigualdad de oportunidades.
Entre las diferentes formas de trabajo infantil, existen algunas muy graves, que comprometen la conciencia universal, en especial aquellas en que los menores son objeto de abusos generalizados, como los que menciona el presente convenio.
Respecto de los “trabajos” particularmente repudiables, como las diferentes formas de esclavitud, venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la utilización de menores para la prostitución, pornografía o actividades ilícitas, como la producción y tráfico de estupefacientes; o aquellos que ponen en riesgo la salud, la seguridad o moralidad de los niños, es indudable que los estados y sociedades deben adoptar medidas urgentes e inmediatas para ponerles remedio.
La consideración anterior explica la extraordinaria circunstancia de que los representantes tripartitos de los 174 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan adoptado, unánimemente, tanto el Convenio como su recomendación complementaria.
Todos estos convenios tienen la naturaleza jurídica de tratados internacionales, razón por la cual en proyectos de acuerdo que se tramitan en forma paralela, el Presidente de la República ha solicitado su aprobación antes de proceder a su ratificación, conforme lo ordenan el Nº 17 del artículo 32 y el Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política.
En virtud de la ratificación de este convenio, Chile se compromete a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, con carácter de urgencia.
Para estos efectos, el término “niño” designa a toda persona menor de 18 años y se entiende que “las peores formas de trabajo infantil”, son las siguientes:
a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.
c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes.
d) El trabajo que, por su naturaleza o condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, seguridad o moralidad de los niños.
Chile, como miembro de la OIT, deberá elaborar y ejecutar programas de acción destinados a eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil. En ese contexto, los programas deben ser elaborados y ejecutados con consulta a las instituciones gubernamentales competentes y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, y tomar en consideración las opiniones de otros grupos interesados. En estos últimos, está el trabajo que realizan los niños en los supermercados.
Además, contrae la obligación de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de sus disposiciones, incluidas las de establecer sanciones penales, según proceda, o de otra naturaleza.
El artículo 7 explicita determinados objetivos que deben asumir las medidas adoptadas, tales como impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, prestar asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social, entre otros.
Al concluir el examen de este instrumento internacional, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, acordó, por unanimidad, recomendar la aprobación del convenio. Para este efecto, sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, en los términos propuestos en el informe.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi satisfacción por la aprobación unánime, en la Comisión de Relaciones Exteriores, del Convenio Nº 182, sobre eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
En 1999, como representante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, me correspondió participar en los debates desarrollados por la OIT en Ginebra respecto de este proyecto de acuerdo. La participación del Gobierno, de los dirigentes sindicales y la nuestra fue muy importante, pues en esa oportunidad la actual diputada señora María Rozas llevó la voz oficial de todos los trabajadores de América. Nos sentimos orgullosos, porque el proyecto fue muy discutido y la votación expresó nuestro sentimiento sobre la materia.
Entre 1994 y 1995 presenté un proyecto a la Corporación, sobre abolición del trabajo infantil para los menores de 16 años y para que los jóvenes de entre 16 y 18 años cuenten con la autorización de sus padres, un tutor o de un juez para realizarlo. La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo y por la inmensa mayoría de los diputados en la Sala, lo que consta en las actas, hoy se encuentra en el Senado desde hace aproximadamente cinco años.
En reiteradas oportunidades hemos insistido para que el proyecto sea puesto en tabla; pero, por desgracia, existe poco interés respecto de la idea de legislar sobre la abolición del trabajo infantil. Chile requiere un pronunciamiento más claro, eficaz y decidido de sus autoridades respecto de la situación de los niños y menores de edad.
En la presentación del proyecto participaron también las diputadas señoras Isabel Allende , Fanny Pollarolo, Marina Prochelle , y los diputados señores Sergio Elgueta , Víctor Reyes y otros. Considerábamos importante que Chile asumiera una voz más de avanzada en los temas de defensa de los niños que trabajan. Si aceptáramos esa responsabilidad, debería notarse en los hechos.
Tanto hemos insistido un grupo de parlamentarios, que, hace pocos días, con la diputada señora Isabel Allende , ofrecimos una conferencia de prensa a raíz de una resolución de la Dirección del Trabajo sobre los niños que se desempeñan en supermercados. Nosotros, que estamos en contra del trabajo infantil, reconocimos que el que realizan en esos establecimientos no es pesado ni de las peores formas de trabajo infantil.
Lamentablemente, en esa resolución de la Dirección del Trabajo se desconoce la existencia de una relación contractual entre el empleador y el niño trabajador.
Espero que el ministro del Trabajo, que está presente en la Sala, pueda darnos las razones por las cuales la directora del Trabajo, doña María Ester Feres , llegó a esa tan maciza e importante resolución, cuya vigencia se prolongará por dos o tres meses más, a partir de noviembre pasado.
Me duele profundamente que se haya dado esa situación, porque para nosotros era un gran avance lograr una relación contractual entre los dueños de supermercados y los niños que trabajan en ellos.
Al parecer, eso fracasó, al igual que el proyecto que duerme en el Senado, aun cuando muchas veces hemos pedido al Gobierno que le ponga “suma urgencia”. Sin embargo, a los parlamentarios que lo presentamos nos interesa que el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio internacional del trabajo sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil sea aprobado por la unanimidad de la Cámara.
Para clarificar y evitar confusiones, quiero mencionar algunas de las peores formas de trabajo infantil: el uso de niños o niñas en prostitución, en pornografía o en venta de drogas; trabajos pesados, forzosos, nocturnos. Según esto, obviamente, no creo que algún parlamentario esté dispuesto a votar en contra del proyecto de acuerdo.
Para nosotros, en verdad, el problema del trabajo infantil es serio. Todos los miembros de la Comisión de Trabajo recibieron el documento oficial de la OIT sobre la materia. En él se pide a los gobiernos, a los parlamentarios, a los trabajadores y a los empresarios predicar en todo lugar para terminar con las peores formas de trabajo, y en ese sentido Chile debe dar el ejemplo.
Además, el Secretario General de la OIT es un chileno, don Juan Somavía , y sería un orgullo y un respaldo para él que Chile fuera el segundo país -no pudimos ser el primero- en ratificar este convenio, como nos comprometimos, en su oportunidad, Gobierno, parlamentarios y empresarios.
No ha llegado la diputada señora María Rozas , a quien felicito por el trabajo que realizó en la OIT, pero hablo en nombre de ella y de todos los diputados de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez .
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo es muy positivo y la bancada de Renovación Nacional lo aprobará. Para fundamentar esta posición, quiero dar un par de argumentos.
Hace pocos meses, un sábado en la mañana, en la villa O’Higgins de La Florida, comuna del distrito que represento, hubo un encuentro de miembros de las iglesias católica y evangélica con la comunidad, sobre todo con personas de escasos recursos, en el cual se ofrecieron videos y se entregaron documentos como el que mostró el diputado señor Seguel .
Su importancia radica en la necesidad de que la gente tome conciencia de que los niños no son “cositas” ni “personitas”, sino personas, pero en nuestro país todavía no son considerados personas con derechos. Muchas veces son vistos como elementos, objetos, instrumentos o “personitas”, con derechos mínimos respecto de los adultos.
Pongo énfasis en este aspecto, porque en el proyecto no se menciona algo que quiero agregar. En el país se extravían cerca de tres mil niños y niñas al año. El diez por ciento de esas desapariciones termina en los tribunales de justicia. Por supuesto, muchos aparecen, pero esos niños y niñas que en algún instante de su vida han estado en la calle son los que realizan trabajos forzados o prostitución infantil, muchas veces oculta en la venta de flores.
Para aprovechar que está presente el ministro del Trabajo, quiero comentar que en La Pintana, por ejemplo, comuna que representa nuestro colega Maximiano Errázuriz y que limita con La Florida, he visto niñas de cinco años ofreciéndose en las esquinas, a la medianoche, detrás de una rosa que ofrecen en venta. ¡Cinco años! Son niñitas.
Detrás de la desaparición de niños y niñas, muchas veces se oculta el trabajo forzado, la prostitución infantil y cosas tan horrorosas como el tráfico de órganos. ¿Cuántas veces se ha sabido de niños que han sido robados por unos días para extraerles las córneas u otros órganos de su cuerpo?
Por eso es indispensable que se tome conciencia de la gran cantidad de niños y niñas expuestos a estos problemas. Muchas veces se dice que en Chile no hay esclavitud. Entonces ¿para qué se va a ratificar un convenio sobre tráfico de estupefacientes o que prohíba el trabajo de niños en minas subterráneas? Eso obedece a que en nuestro país se desconoce lo que ocurre con los niños desaparecidos.
Pongo mucha fuerza en este aspecto, porque desde 1999 trabajo en esto. Estoy muy satisfecha, pues el proyecto de acuerdo que presenté, que fue apoyado por la totalidad de los diputados, por fin ha visto la luz, pues la empresa Soprole lo ha aplicado y en todo Chile aparecerá el rostro de niños y niñas desaparecidos. En la primera etapa de la campaña aparece una pareja, un niño y una niña, y cada tres meses se renovarán las fotos. El resultado ha sido estupendo.
Por eso es importante que este asunto no sólo sea una preocupación del Gobierno o del Parlamento. Es necesario que toda la sociedad se involucre en el problema que significa que menores de 18 años sean víctimas de esclavitud, tráfico de órganos o sean utilizados en pornografía.
En el mundo, a través de Internet o de videos clandestinos podemos ver la gran cantidad de niños que participan en pornografía infantil y muchos son víctimas de la pedofilia u otras aberraciones. La mayoría, en algún momento, fueron desaparecidos u obligados bajo los efectos de alguna droga.
Por lo anterior, creo que es muy positivo el proyecto de acuerdo a través del cual se ratificará el convenio internacional. Me parece relevante que nuestro país sea uno de los primeros en ratificar este convenio internacional, y que logremos transmitir a nuestra gente que no es sólo una declaración de intenciones ni un discurso, sino una forma de involucrar a la sociedad en esta materia. Debemos hacer que los colegiales tomen conciencia de cuáles son sus derechos y que los padres logren internalizar que los niños son personas y no “personitas”, con derechos, el primero de los cuales se refiere a una educación gratuita, con igualdad en dignidad para todos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra respecto a la importancia de que Chile sea uno de los primeros países en adherir a la firma del Convenio internacional del trabajo Nº 182, relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y, sobre todo, a las acciones inmediatas que realicemos en aras de eliminar algo que, desgraciadamente, se ha ido asentando en el mundo.
Quiero llamar la atención sobre un hecho. No sólo es importante que en el Convenio se prevea la forma de eliminar estas formas de trabajo infantil, sino que es fundamental actualizar constantemente las cifras, hacer un seguimiento del tema y efectuar la campaña que recomienda el propio convenio, de concientización y sensibilización de la población.
En el convenio se consideran las peores formas de trabajo infantil, como la pornografía, la prostitución, la esclavitud, el tráfico de órganos y de estupefacientes; pero la realidad no es sólo esa. Como señaló el diputado señor Seguel , nos preocupan los niños que laboran en los supermercados. Es evidente que esa no es la peor forma de trabajar, pero quiero dejar en claro por qué nos oponemos a esa situación, a fin de que se tome conciencia del problema. Nos parece que lo ideal es que todo menor de dieciocho años esté estudiando. Esa debe ser la gran meta en nuestro país. Muchos de los niños que ejercen trabajos ocasionales declaran estar fuera del sistema educacional, lo cual debe preocuparnos.
En aquella oportunidad, señalamos con el diputado señor Seguel que, de acuerdo con un dictamen de la Dirección del Trabajo, los supermercados establecen una relación regular con esos niños. Los entrevistan al momento de postular, les exigen cumplir un horario cuando acceden al trabajo, les piden tener cierto uniforme y los despiden si se ausentan durante determinado número de días. Resulta inexplicable que si existe esa relación permanente, los supermercados no establezcan para ellos algún tipo de beneficio que al menos les permita acceder al sistema previsional.
Pedimos a la Dirección del Trabajo que fuera más enérgica en controlar esa situación, pero optó por dar una marcha blanca que consistió en dialogar directamente con los grandes supermercados, a fin de buscar una manera de acomodarla. En verdad, hubiéramos deseado más rigor. No concebimos que existan exigencias que producen una relación cotidiana de trabajo entre esos niños y los supermercados, pero que, llegada la hora, éstos se desentiendan de entregarles algún beneficio directo.
Apoyo la petición del diputado señor Seguel , en el sentido de que el ministro del Trabajo nos dé una explicación que nos satisfaga. Habríamos querido que el referido dictamen de la Dirección del Trabajo hubiera sido más enérgico, porque existen suficientes fundamentos para exigir que los supermercados se hagan cargo de esta relación prácticamente contractual.
En cuanto a las estadísticas, en Chile, el 31,5 por ciento de niños entre 12 y 14 años trabaja en forma regular; 8,1 por ciento lo hacen de manera ocasional y, como señalé anteriormente, declaran estar fuera del sistema educacional. En mi opinión, lo primero que debemos hacer es preocuparnos por el elevado número de niños que abandonan la escuela para incorporarse al mercado del trabajo.
Los niños de entre 6 y 14 años que trabajan son aproximadamente 47 mil, de los cuales 16 mil lo hacen en forma regular. Si consideramos el tramo de 6 a 17 años, que incluye a los mayores de 14 y menores de 18 que, de acuerdo con nuestras propias leyes -recuerdo esa discusión en este Parlamento- pueden realizar trabajos bajo ciertas condiciones, esta cifra sube a 125 mil menores. Es decir, alrededor del 2,5 por ciento del total de menores de 18 años está en esta condición. Si comparamos esta cifra con otras de América Latina o tal vez de otras regiones, podemos concluir que, en este aspecto, Chile tiene una cifra relativamente baja, pero me parece que ese no es el punto, sino sumarnos como país a la voz de alerta que se está dando por la explotación que en muchos lugares del mundo se hace de los niños. Esta estadística no comprende el trabajo a domicilio, doméstico, no remunerado, por lo cual las cifras reales son mucho mayores.
Es muy positivo que demos una señal clara, al aprobar el convenio, en el sentido de que lamentamos que el proyecto al cual aludió el diputado señor Seguel haya dormido tanto tiempo el sueño de los justos -o más bien de los injustos, en este caso- en el Senado.
Debemos hacernos cargo de que no sólo basta con hacer la denuncia, de que los niños deben estar en la escuela y de que ésa debe ser nuestra preocupación prioritaria, la meta, el objetivo. Espero que en este tercer gobierno de la Concertación seamos capaces de realizar una campaña de sensibilización, de concientización, a fin de hacer realidad nuestra gran meta: que los niños se dediquen a estudiar, para lo cual deberemos revisar la legislación nuestra que permitió trabajar a niños de entre 14 y 18 años, bajo ciertas condiciones. Temo que por ahí hayamos abierto la puerta para que esos niños abandonen el sistema educacional.
Estoy segura de que tanto a mí como a muchos colegas que representan comunas populares, como La Pintana, nos ha tocado ver, con dolor, a niños no sólo ejecutando trabajos ocasionales, sino directamente involucrados en el consumo de pasta base. Cuesta mucho rehabilitar a esos menores e insertarlos en el sistema laboral.
Espero que realicemos acciones enérgicas, campañas que verdaderamente fructifiquen y que adoptemos un compromiso férreo con el ministro del Trabajo para conseguir el respeto de este convenio, hacer su seguimiento y tomar las medidas conducentes a que nuestros niños dejen de trabajar, porque, aunque no sea en sus peores formas, la labor que efectúan termina resultando una puerta de escape para abandonar el sistema educacional. Nos duele esa situación, porque, sin lugar a dudas, esos niños permanecerán en un cinturón de pobreza el día de mañana, y eso no es lo que anhelamos para nuestra sociedad.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, aprobar este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo entrega una señal al país muy potente y clara frente a un tema respecto del cual aparentemente hay un rechazo, el cual, muchas veces, no es firme ni claro, por cuanto se recurre a explicaciones para tratar de justificar de alguna manera el trabajo infantil.
Recuerdo la extensa discusión habida hace algunos años -dos o tres- del proyecto del diputado señor Seguel . En aquella ocasión, la posición de muchos de nuestros colegas no era tajante en orden a erradicar el trabajo infantil, ya que incluso, según el concepto de éstos, esa labor contribuía a formar la personalidad de los jóvenes. Esa discusión fue muy reveladora sobre la visión del trabajo infantil en términos conceptuales y culturales. En esta Cámara no hubo una condena unánime, sino una discusión muy extensa, donde algunos colegas justificaron el trabajo infantil por considerarlo incluso formador del carácter y de la personalidad de los niños. En ese sentido, ahora la señal dada por este convenio ha sido potente y una vez más debemos apuntar en esa dirección.
A propósito de la discusión del proyecto del diputado señor Seguel , la Cámara de Diputados y el Ministerio del Trabajo llevaron a cabo acciones muy importantes, con el fin de constituir finalmente el Comité Asesor Nacional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor en Chile, cuya labor se ha desarrollado a nivel nacional y regional. Dicho Comité ha llevado a cabo investigaciones sobre la realidad del trabajo infantil en Chile. La diputada señora Allende ha entregado cifras al respecto, pero también hay otras, escondidas, que revelan quizás un tema soslayado.
De partida, quiero destacar el trabajo familiar. Por ejemplo, ayer tuve una experiencia en una vulcanización, en la cual trabajaba un niño muy joven, de no más de dieciséis años. Le pregunté cuántos años llevaba ahí, a lo cual me respondió: “Nueve años”. Es decir, trabajaba desde los siete años aproximadamente. Le pregunté quién era la dueña y me contestó que era su mamá. Seguramente, ese niño no tenía ninguna formación escolar y tal vez laboraba hasta altas horas de la noche -las 21, por ejemplo, porque en ese momento era ya muy tarde- en algo absolutamente aceptado y valorado como un apoyo a la madre, con una serie de justificaciones que incluso podrían ser dadas a conocer en este hemiciclo.
Frente a situaciones como la señalada, hay que ser muy tajante en orden a subir el límite de edad de los menores que trabajan, sobre todo cuando existen posibilidades concretas de ofrecer escolaridad. No es posible que el tope de edad sea de catorce años. Pienso que quince años, como límite, podría ser una buena señal en términos del trabajo infantil.
En cuanto a las peores formas de trabajo infantil, considero que también existe una caja negra; por ejemplo, la prostitución o explotación sexual de los niños.
En ese sentido, quiero valorar una iniciativa del Ministerio de Justicia -en conjunto con organizaciones no gubernamentales que ya han trabajado en esta materia- para detectar claramente en el programa para el año 2000 la magnitud, naturaleza, forma de comercio sexual y explotación infantil. Además, se está cumpliendo con lo establecido en una conferencia mundial, realizada en Suecia en 1995, sobre las formas de trabajo y explotación sexual infantil, ocasión en que el Gobierno chileno, a través del Ministerio de Justicia, se comprometió a considerar dicho tema. Este es un paso más para detectar estas peores formas de trabajo infantil.
También se ha avanzado en materia legislativa, en términos de modificar en el Código Penal el capítulo “Delitos sexuales”, con el objeto de precisar claramente los delitos sexuales que condena y penaliza, es decir, la utilización de menores básicamente en pornografía. Se debe investigar más sobre la realidad de dichas formas de delito infantil.
El Convenio, en su artículo 3º, letra d), dispone lo siguiente: “d) El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
En el tema de salud, se debe avanzar para prohibir el trabajo que dañe la salud de los niños. Existen ejemplos flagrantes. Incluso, hace pocos días se produjo el envenenamiento de trabajadores agrícolas con pesticidas y se señaló públicamente que había niños trabajando en dicho lugar.
Los pesticidas dañan la salud no sólo de los menores, sino también de los adultos y de las mujeres, por lo cual yo diría que casi es materia de derechos humanos. Además, toca a los niños, porque ellos también realizan trabajos en la temporada agrícola. En consecuencia, si Chile ratifica el convenio, debe ser consecuente y avanzar en este aspecto.
Por último, el trabajo infantil afecta a la familia y deriva de la pobreza, pero también es un fenómeno muy complejo que hoy enfrenta nuestro país, ya que muchos establecimientos educacionales están expulsando a los niños, obligándolos a desertar de su escolaridad. Por eso, en esta materia hay que ser muy drástico y adoptar medidas muy claras.
A mi oficina ha llegado una gran cantidad de personas a plantearme casos en que un colegio le ha cancelado la matrícula a un niño por razones económicas o por mal rendimiento escolar, lo cual es inaudito. En el sistema escolar existe la tendencia de expulsar a los alumnos por problemas económicos, motivo por el cual se debe revisar el sistema de financiamiento compartido. Por otro lado, está el problema de no querer trabajar con niños difíciles, de no enfrentar los temas pedagógicos complicados, y la forma más cómoda es empujar a los niños a la deserción escolar, lo que, a la larga, constituye un factor determinante para el trabajo de los niños. Se ha comprobado que, al paralizar su escolaridad, pasan a engrosar las filas de los trabajadores no calificados, con niveles de pobreza.
Por eso, en nombre del Comité del PPD, debo señalar que aprobaremos este convenio y vamos a trabajar para que quede inserto en nuestras leyes, aun cuando el artículo 5º del proyecto es claro en ese sentido. Nuestras leyes deben ser taxativas y claras, en orden a erradicar no sólo las peores formas de trabajo infantil, sino el trabajo de los niños en general, a fin de que, por lo menos hasta los dieciocho años, todos tengan la oportunidad de permanecer en el sistema escolar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, hoy esta Cámara nos ha citado para discutir el tema de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, establecido en el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo.
Esta mañana hemos escuchado posiciones que, tal vez miradas superficialmente, pueden cumplir de buena manera lo que este convenio internacional requiere de todos los países que lo suscriban. Sin embargo, tal como lo dice el proyecto a la letra, “hay una forma de eliminación de las peores formas de trabajo infantil que genera desigualdad de oportunidades y compromete la conciencia universal”.
Este convenio tiene la inconsistencia de que puede perjudicar a quienes pretende favorecer al impedir a los menores trabajar legalmente. Ese es el gran tema.
En Chile, tradicionalmente, ha habido un sector de niños que ha debido trabajar para subsistir, lo cual es absolutamente legal dentro de la legislación chilena. Los artículos 13 a 18 del Código del Trabajo definen el régimen de trabajo de los menores de 18 años, impiden que un menor entre 15 y 18 años trabaje sin autorización de uno de sus padres, de uno de sus abuelos, de un guardador, de una persona que lo tenga a su cargo o de un inspector del trabajo. Asimismo, establece que un menor de 15 años y mayor de 14 no podrá trabajar sin la autorización antes indicada y si no cumple con sus obligaciones escolares. Nuestra legislación contempla la enseñanza obligatoria. Así, sucesivamente, otros artículos consideran estos casos.
Aquí estamos enfrentados a una decisión. Nadie podría negarse a aprobar un proyecto de ley que prohíbe estas malas formas de trabajo infantil. Sin embargo, no podemos olvidar que existe otro sector que desarrolla labores tradicionalmente adaptadas para niñas y niños, que les permite trabajar y estudiar y obtener una remuneración que les posibilita progresar.
Debido a que este tema ha sido muy sensible para los diputados de la Oposición, oportunamente presentamos a los Presidentes Aylwin y Frei proyectos tendientes a modificar el Código del Trabajo. Otros países han solucionado este problema pagando a los menores de edad por hora de trabajo, lo que ha permitido que muchos jóvenes puedan trabajar dos, tres o cuatro horas diarias y obtener un pago por hora, del cual se descuentan los seguros de salud y previsional. De esa forma ellos pueden estudiar en institutos o universidades. En cambio, en Chile no hemos logrado eso. En la actualidad, hay muchos niños que efectúan trabajos -como se ha señalado aquí- en supermercados, respecto de los cuales no existe regulación alguna, de manera que sólo reciben las propinas que les dan los clientes. Entonces, esta forma de trabajo que señalo podría legalizarse -reitero- como una actividad normal para jóvenes menores de 18 años, de manera que represente una ayuda para ellos e, incluso, para sus familias.
Al firmar este convenio, asumimos una obligación como país; pero también tenemos que preocuparnos de la realidad que vive Chile.
Para terminar, quiero señalar que hay muchos jóvenes menores de 18 años que trabajan en el campo, los cuales, muchas veces, se asimilan a la legislación que rige para otros trabajadores mayores de edad. Por eso, como una forma de proteger a estos jóvenes y legalizar su trabajo, considero necesario modificar el Código del Trabajo. El ministro del ramo -presente en la Sala- debería tomar nota de esta solicitud e iniciar un estudio serio que permitiera materializar las modificaciones pertinentes al Código del Trabajo.
Por lo tanto, en atención a su contenido, voy a dar mi voto favorable al proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio, porque considero necesario proteger a los niños de estas malas formas de trabajo infantil utilizadas en nuestro país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, estimados colegas, por cierto, valoro el hecho de que nuestro Parlamento sea uno de los primeros en avanzar en la ratificación del Convenio internacional del trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
Desde luego, hay que partir del principio de que es malo que los niños trabajen. Una sociedad ideal es aquella en la cual los niños tienen deberes y derechos, y uno de sus derechos, que es estudiar, muchas veces entra en conflicto con su necesidad de trabajar.
A veces, en nuestros debates se confunden las realidades sociales. Entiendo la reflexión del colega Vilches , pero muchas veces reflexiones como la de él son las que ponen en evidencia algunas contradicciones existentes en nuestra sociedad. Creo que nadie se opone a que un joven de 16 ó 17 años, que esté terminando tercero o cuarto medio, trabaje una jornada parcial; por cierto, eso no es necesariamente nocivo para ese joven. Lo dramático es el fenómeno masivo que existe en nuestro país y que las cifras ocultan: muchos niños están obligados a trabajar por necesidades sociales y económicas, para pagar sus estudios y no para lograr un desarrollo formativo. Este trabajo comienza en octavo básico y en algunas zonas de nuestro país, en particular en los valles centrales, se masifica y se concentra, precisamente durante los meses de verano, en el trabajo agrícola. Por ejemplo, en la Sexta Región hay muchos niños que trabajan desespigando el maíz. Y lo tienen que hacer porque el ingreso familiar no es suficiente para comprar el vestuario, para pagar ciertas exigencias que hacen los colegios, o porque sus familias carecen de los recursos económicos suficientes para pagar el transporte que los conduzca a sus lugares de estudio.
De manera que existe una situación perversa en muchos sectores de nuestra sociedad: debido a los bajos sueldos de los padres, los niños son impulsados por la sociedad a trabajar. Se trata, precisamente, de las formas de trabajo infantil que están calificadas en la letra d), artículo 3º del Convenio. Quiero destacarlo, porque ello nos obligará a ir mucho más allá de la condena a las prácticas de esclavitud o utilización de niños en pornografía o prostitución o de la necesidad de tipificar el delito de pornografía por internet, que es un tema latente. El artículo 3º establece que -entre otras- las peores formas de trabajo infantil son: “d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
Al respecto, quiero hacer presente que existe una alta probabilidad de que muchos trabajos agrícolas dañen la salud de los niños que los desempeñan. Ello nos obliga como sociedad a tomar medidas para posibilitar que esos niños, que hoy están obligados a trabajar para costear sus estudios, dejen de hacerlo, y para que el Estado, a través de la Junaeb, cuente con los instrumentos que les aseguren su vestuario y eximan a muchas familias del pago de matrícula implementado en la enseñanza media. Además, con el sistema bastante perverso del financiamiento compartido masificado en nuestro país, se requerirá de recursos para garantizar el pago de transporte escolar para muchos niños, de manera que su necesidad de trabajar para costear sus estudios sea solventada mediante otros mecanismos.
No asumir el problema de esta forma es dejar el convenio en un nivel declarativo, y, por cierto, la bancada del Partido Socialista no aceptará eso. Al ratificarlo, entendemos que se contrae el compromiso adicional de garantizar las políticas y los recursos pertinentes. Apelo a los colegas presentes en la Sala a buscar la forma de que los niños no estén obligados a trabajar, porque esa es la realidad: muchos jóvenes están obligados a trabajar debido a los bajos ingresos de su familia.
Ahora, la situación existente en los supermercados -con esto termino- no es más que la demostración más evidente de la incapacidad que hemos tenido colectivamente de abordar un fenómeno social inaceptable. Hay una simulación, una situación que el Congreso no ha sido capaz de abordar: que estos niños trabajan -por ejemplo, en los supermercados- y el no hacerlo, cuestiona nuestra voluntad de erradicar todas las formas de trabajo infantil y no sólo la peor.
Existe un proyecto de ley -como se dijo- que presentó hace años el diputado señor Seguel relacionado con la edad laboral, y todavía el Congreso Nacional, en particular el Senado, no tiene la voluntad de aumentarla en el caso de estos muchachos, en circunstancias que es malo que un niño de 14 años trabaje, tanto para su salud y seguridad como para su familia.
Aprobaremos este convenio, como lo han dicho la colega Allende y muchos otros, pero quiero llamar la atención de que ello nos obligará a crear las condiciones para que los niños no estén obligados a trabajar, en especial en la agricultura en las zonas rurales, donde se mantiene el trabajo infantil, que, como se dice textualmente, “es probable que dañe la salud”. En este sector, los niños están expuestos a los efectos de los pesticidas y a otros productos muy tóxicos. Es un trabajo que también necesitamos erradicar y no sólo los del ámbito del tráfico y comercio sexual, como algunos lo han señalado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en 1990, cuando asumí como gobernador de la provincia de Ñuble, fui requerido por los medios de comunicación frente al impacto que producía en nuestra ciudad el que muchos niños durmieran en las calles, en especial en invierno, con bajas temperaturas. Constituimos el Comité de ayuda al menor desprotegido, en el cual participaron la gobernación, la municipalidad de Chillán, el servicio de salud de Ñuble, representantes del Ministerio de Educación, los medios de comunicación, los feriantes, el juzgado de menores, Investigaciones y Carabineros. Con ellos, elaboramos un plan, en primer lugar, para estudiar la situación de la vagancia infantil en nuestra ciudad. Junto con ello, nos preocupamos también, gracias a los medios de comunicación, de sensibilizar a la sociedad chillaneja -y lo hemos logrado- sobre la vagancia, la prostitución y otros hechos relacionados con los menores; asimismo, de capacitar al personal que trabajaba en los hogares de menores.
La bancada del partido Radical Social Demócrata aprobará este proyecto. Es muy importante evitar estas prácticas en relación a los niños; pero más lo es la obligación del Estado de preocuparse de que todos los niños estudien. Esa es la inquietud de mayor relevancia que debe haber en nuestra sociedad.
No alargaré más mi intervención, ya que todos los que me han precedido en el uso de la palabra han dado los fundamentos por los cuales nos sentimos muy gratos de que sea Chile el segundo país que ratifique este convenio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia .
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella) .-
Señor Presidente, es muy satisfactorio que nosotros, como país, abordemos seriamente el tema de los menores, muy en especial de los que están en situación irregular.
La ratificación de este convenio internacional para prohibir las peores formas de trabajo infantil es una manera de hacer coherente la legislación de nuestro país. En la Comisión de Familia hemos tenido oportunidad de analizar particularmente el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y la forma de abordar el problema de los niños que se encuentran en situación irregular. También estamos conociendo un proyecto que, de algún modo, cambia la subvención que se entrega a los hogares de menores en nuestro país.
Estos avances sustantivos dejan en deuda a nuestro país respecto del desafío de crear, ojalá, una institucionalidad encargada de la temática de los niños. Hoy, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, todavía existen niños en situación irregular; a veces porque sus padres trabajan y no pueden preocuparse de ellos, y en vez de pedir su protección, los recluyen y caen en una red de delincuencia, lo que impide que tengan un mejor futuro.
Por esa razón, no debemos tener ninguna duda en votar favorablemente este convenio internacional. Sin perjuicio de que haya niños que verdaderamente necesitan trabajar para subsistir, este convenio prohíbe las peores formas de trabajo. Se habla de la esclavitud, de la utilización de niños para la prostitución, de la reclutación y oferta de ellos para actividades ilícitas, como la producción y tráfico de estupefacientes, lo que ocurre particularmente hoy en zonas como la que represento, la provincia de Iquique, donde existe una gran drogadicción y narcotráfico, y los jóvenes y los niños son utilizados para colaborar, en especial en el microtráfico.
Si tenemos la voluntad de proteger a nuestros niños, debemos aprobar, sin dudar, este convenio, lo cual será coherente con el gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para mejorar la condición de los menores en situación irregular.
Por tal motivo, anuncio mi voto a favor de este convenio y debemos felicitarnos por ser Chile el segundo país en ratificarlo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, el trabajo infantil, indudablemente, es una situación que produce grandes dificultades para los niños que lo desarrollan, y que, a la postre, significa una desigualdad de oportunidades.
Respecto de estos trabajos, particularmente repudiables, como las diferentes formas de esclavitud, venta y tráfico de niños, trabajo forzoso u obligatorio, la utilización de menores ya sea en prostitución, pornografía o actividades ilícitas, como la producción y tráfico de estupefacientes y, por último, aquellos que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la moralidad de los niños, es indudable que todos los estados deben adoptar medidas urgentes e inmediatas para impedirlos.
Al respecto, hay situaciones que van en contra de esta aspiración. Así, si bien Chile, mediante el decreto supremo Nº 227, publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1999, ratificó el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión en el empleo, la que no deberá ser inferior a aquella en que cesa la obligación escolar, en todo caso, a los 15 años, en algunos países miembros cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados, se podrá aceptar que, inicialmente, la edad mínima podría ser de 14 años, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados. ¿Qué me preocupa de esto y cuál es mi duda? Que este convenio tiende a impedir que los menores puedan trabajar legalmente; se está incentivando a quienes tienen una real necesidad de hacerlo a que desarrollen su actividad de manera ilegal. Como lo dijo mi colega Carlos Vilches , hay gente que necesita trabajar, incluso a corta edad, a la que la ley se lo permite, quedando totalmente ajena a la legislación laboral.
Hace varios años, un escritor argentino, Constancio Vigil , en un libro clásico, destacó que las leyes que prohíben el trabajo de los niños los pueden condenar a la miseria, lo que, tal vez, es mucho peor. Por ello, en el artículo 368 del Código del Trabajo se define el régimen de trabajo de los menores de 18 años. La palabra menor se aplica a todos aquellos que tienen menos de esa edad. Se estipulaba una serie de medidas respecto de las condiciones en que los niños podían trabajar, pero este Convenio se superpone a las leyes chilenas, lo cual, a la larga, va en desmedro de las oportunidades de nuestros jóvenes. Por lo tanto, a primera vista y en virtud de nuestra legislación puede estimarse que no sería contraproducente suscribir el acuerdo. Sin embargo, la realidad demuestra que es preferible abstenerse de suscribir textos internacionales cuya redacción podría posteriormente en aspectos puntuales entrar en conflicto con la legislación nacional y generar mayores rigideces que las que actualmente contiene la ley laboral.
Generalmente, estos convenios tienden a promover mayores limitaciones a la libertad de trabajo, y nuestro país, para surgir, necesita libertades de toda índole; esto afecta precisamente a quienes se pretende favorecer en una concepción económica estatista, lo que se hace más visible en situaciones de restricción económica.
Por lo dicho anteriormente, me abstendré, dado que reconozco que no se pueden aceptar las peores formas de trabajo infantil, pero tampoco limitar sobremanera las oportunidades para nuestros jóvenes. Si lo hacemos, no les quepa la menor duda de que tendremos una juventud con mayores problemas que los actuales, pues su única y exclusiva opción sería el ocio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, el Convenio Nº 182 sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, que hoy conocemos, forma parte de un proceso continuo en el derecho internacional de humanización de las relaciones de trabajo y también de vigencia de los derechos fundamentales de las personas como un elemento esencial de convivencia y de seguridad en las relaciones humanas. Por ello estimo altamente adecuado que nuestro país esté entre los firmantes de este Convenio y que el Congreso le dé su pronta aprobación, con el objeto de que el Presidente de la República lo ratifique.
Debo llamar la atención sobre el hecho de que este tratado está referido a materias esenciales en la convivencia humana, de aquellas que caen dentro del ámbito del jus cogens, vale decir, de normas imperativas de derecho internacional, que no admiten acuerdo en contrario. Eso queda de manifiesto en el articulado de la convención, y particularmente en el artículo 3, en sus letras a), b) y c).
Ser uno de los primeros Estados en ratificar una convención de esta naturaleza no hace otra cosa que honrar a nuestro país, sobre todo si se considera que este Convenio fue suscrito sólo en junio de 1999.
Por otra parte, quiero también asumir lo señalado por algunos colegas parlamentarios sobre la importancia de la letra d) del artículo 3, que señala: “El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”, quede también dentro de aquellos temas sujetos a prohibición. Pero no tan sólo esta letra d) es la significativa, sino también el artículo 4, que obliga a que los trabajos a que se refiere la letra d) del artículo 3, deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente; en este caso, en Chile, por la legislación nacional, lo que implica que debemos adaptarla a lo que el Convenio señala, y ese es el compromiso que el país adquiere.
Por eso, no sólo tenemos que adecuar nuestro país al jus cogens, sino que, además, asumir el compromiso solemne de adaptar nuestra legislación a las formas humanas que el imperativo jurídico, el imperativo ético y la convivencia entre las personas hoy exigen.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MOLINA (Ministro del Trabajo).-
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar la satisfacción del Ejecutivo por el alto consenso expresado por los diputados de las distintas bancadas respecto de la necesidad de aprobar, a la mayor brevedad, este nuevo Convenio relativo al trabajo infantil aprobado en la última conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, en junio del año pasado.
Quiero recordar que Chile, en el concierto latinoamericano, es evidentemente el país más avanzado en materia de legislación en relación con los niños y en la suscripción de prácticamente todos los convenios internacionales emanados de la OIT, que comprenden la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y, posteriormente, el Convenio Nº 138 de la OIT, que fija la edad mínima de admisión al empleo, ratificado por nuestro país en febrero del año pasado.
Todos estos convenios, como bien se sabe, versan sobre derechos fundamentales, porque establecen estándares mínimos de regulación y acción de los gobiernos en la lucha por la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Creo que la muy buena exposición de la señora diputada informante y las opiniones vertidas por los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra evitan que entre en la normativa específica del convenio. Sin embargo, quiero referirme, aunque muy brevemente, a materias relacionadas con el trabajo infantil, pero que no dicen estricta relación con este Convenio.
En primer lugar, quiero señalar que la opinión formal y específica de los gobiernos de la Concertación es propender a que en Chile se erradique definitivamente cualquier forma de trabajo infantil. Chile debería aspirar -es la opinión del Gobierno- a que nuestros niños y jóvenes en edad escolar no tengan que recurrir al trabajo ni para financiar sus estudios ni para ayudar en su hogar, porque ello implica un obstáculo serio en su desarrollo personal como seres humanos y obstruye de manera grave su capacidad de incorporarse posteriormente al mercado laboral en condiciones que lo habiliten para competir adecuadamente en mercados cada vez más exigentes.
En la situación vivida por el país debido al embate de la crisis asiática se comprobó, una vez más, que quienes sufren especialmente las consecuencias del desempleo son aquellos trabajadores que no completaron estudios básicos y secundarios. Su bajo nivel de empleabilidad se refleja en que son los primeros prescindibles en una empresa.
Además, por su capacidad de adaptarse a mercados exigentes, reciclar su actividad y competir con quienes han tenido el privilegio de terminar sus estudios regulares, siempre quedan en peores condiciones. Hay aquí un tema de justicia de gran profundidad. Como lo han señalado algunos señores diputados, nuestro país debe propender a evitar la deserción escolar para proteger un bien fundamental no sólo en la formación del joven, sino en la competitividad y productividad futuras de nuestra economía, la que se ve afectada por esta situación.
En este sentido se debe examinar la observación formulada sobre el reciente cambio de opinión de la Dirección del Trabajo en relación con un trabajo infantil que, a pesar de no ser el peor de todos en nuestra sociedad, es el más visible: el que cumplen algunos jóvenes en supermercados. Sobre esta materia, quiero señalar enfáticamente que no es la peor forma de trabajo infantil que existe en Chile. Por ejemplo, en las faenas agrícolas es posible observar a niños que se suben a árboles sin contar con ninguna norma de seguridad, protegidos por sus madres, que los llevan a trabajar debido a que no tienen donde dejarlos, pues no existen guarderías porque los empleadores no cumplen con la obligación de tener lugares apropiados para que las madres que trabajan tengan a sus hijos debidamente cuidados. Como resultado, el niño, que es más ágil, termina siendo utilizado en faenas que son peligrosas. Cuando llega un inspector del trabajo se produce un doble fenómeno: el empleador esconde a los niños, por lo que el funcionario nunca puede verlos trabajando, y lo que es más grave, las propias madres los ocultan a fin de no ser sancionadas y perder su trabajo. Este círculo vicioso denota un retraso cultural que no va a ser resuelto por la vía de la fiscalización, sino por la adquisición de renovados niveles de conciencia en nuestra gente. No es posible aspirar a ser un país moderno si tenemos empleadores que, en la práctica, permiten que estos hechos ocurran y subsistan situaciones de pobreza y falta de protección a los trabajadores que los impelen a llevar a sus hijos a trabajar.
Respecto del trabajo en los supermercados, la Dirección del Trabajo, luego de efectuar un estudio que consideró visitas a la mayoría de los supermercados de Santiago y provincias, determinó que en algunos casos existía un vínculo de subordinación y dependencia entre el joven que trabaja en las cajas, sólo atendiendo al público, cumpliendo funciones de empaquetador y acarreador de bolsas, y el supermercado donde presta ese servicio. De acuerdo con la doctrina que impregna toda nuestra legislación laboral desde su nacimiento, en este caso debe existir un contrato de trabajo. La inmensa mayoría de estos jóvenes tiene entre 16 y 18 años, pero también los hay de 14 años, pues nuestra legislación, bajo ciertas condiciones, lo permite. Insisto, lo que se determinó sobre la base de un estudio empírico fue que debe extendérsele contrato de trabajo al joven que se desempeña bajo vínculo de subordinación, lo que significa que el empleador debe pagar un sueldo, cumplir con las leyes sociales y todas las normas de protección en materia social y laboral, conforme a la legislación que rige cualquier contrato de trabajo en Chile.
Debo decir con toda claridad que no todos los supermercados mantienen con estos jóvenes un vínculo de subordinación y dependencia y que no en todos los casos concurren estas circunstancias. Es más, en una conversación que tuve con personeros de la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Supermercados, varios propietarios me manifestaron que ellos no mantienen jóvenes bajo el régimen de propinas, sino con contratos de trabajo y pagándoles el mínimo conforme a la ley. No todos los dirigentes, propietarios y empleadores de supermercados cometen el error de suponer que este es un servicio que está fuera de la cadena de su responsabilidad y que el trabajo que efectúan estos jóvenes, por el cual reciben una propina, no tiene nada que ver con el supermercado. Algunos empleadores de Santiago y de provincias llegaron a la conclusión de que eso no es cierto y contrataron a esos jóvenes, lo que refleja que estamos en presencia de una situación ambigua que requiere de una solución, no la más grave, sino la más visible para un público cada día más proclive a que en Chile no exista el trabajo infantil.
Sobre este particular, la Dirección del Trabajo no ha suspendido su resolución, sino que está abocada a revisar la norma y fijar sus circunstancias, ello en consideración a una petición de los empleadores que así lo solicitaron, lo que equivale a una especie de orden de no innovar en la materia, que es lo que corresponde legalmente. Insisto, se están realizando los estudios sobre el particular, pero quiero clarificar a los señores diputados que han formulado la consulta que el criterio de la Dirección del Trabajo, que también compromete la opinión del ministro que habla, es que seguiremos avanzando en esta materia para establecer que cuando hay vínculo de subordinación y dependencia debe existir un contrato de trabajo. Si existe esa situación, no es posible que un niño, por el solo motivo de serlo, deba vivir de una propina, sin contrato ni leyes sociales que lo protejan.
Finalizo mi intervención reiterando que, sobre esta materia, mantendremos nuestra opinión. Asimismo, deseo agradecer a los señores diputados por la forma en que han acogido el Convenio Nº 182, que, sin duda, constituye un avance más de Chile en esta materia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
La votación se efectuará al término de Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio internacional del trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
El diputado don René Manuel García me señala que no le funciona el sistema de votación. En consecuencia, la dará a conocer a la Mesa, en este caso, a favor.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende ( doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bustos, Caminondo, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Dittborn, Díaz, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz ( doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia ( doña Antonella), Seguel, Silva, Tuma, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
-Se abstuvo el diputado señor:
Bertolino .
REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín
Nº 2280-03, sesión 19ª, en 14 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 23.
El señor MONTES (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra, informo a la Sala que en virtud del artículo 193 del Reglamento, corresponde, a continuación de esta iniciativa, abocarse al estudio del informe del Senado sobre el Código Orgánico de Tribunales.
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, en primer lugar solicito que se vote separadamente la modificación del Senado que eliminó el artículo único transitorio. Expreso lo anterior a fin de invitar a la Sala a rechazar la eliminación de este artículo que la Cámara, en su oportunidad, aprobó por unanimidad y resolvió incluirlo en el proyecto como artículo transitorio destinado a que las disposiciones contenidas en el articulado tuvieran imperio luego de 15 días de promulgada la ley, de modo de comenzar a defender y proteger a los usuarios de los abusos que se cometen con ellos en materia de consumo eléctrico. Al haber eliminado el Senado el artículo transitorio que, reitero, la Cámara aprobó en su oportunidad, abrió la posibilidad de que las tarifas de los servicios eléctricos se regulen sólo luego de un largo proceso, lo que tal vez impida que se acojan al proceso tarifario que se inicia el 30 de abril. En consecuencia, antes de esa fecha debemos tener operativas las disposiciones destinadas a proteger a los usuarios, para lo cual invito a la Sala a que rechace la eliminación propuesta por el Senado al artículo único transitorio.
Este proyecto es de urgente aprobación y se origina cuando se consigna la existencia de cobros abusivos, realidad que fue refrendada por la comisión resolutiva, la SEC, los servicios eléctricos y los propios usuarios a través de denuncias. Lo que se está produciendo es una distorsión del modelo económico, en el sentido de que no existe libre competencia. Frente a cobros por corte y reposición, duplicación de facturas, mantención de medidor, arriendo de medidor, el usuario no tiene alternativa: debe someterse al distribuidor que le presta el servicio, porque no existen empresas pequeñas capaces de competir con las grandes distribuidoras que prestan el servicio, más que por capacidad técnica, por la generación de utilidades que acarrea este tipo de empresa.
En noviembre de 1999 mandé comprar un medidor que vale 12.700 pesos. Aquí está la factura. Es uno de los más caros del mercado. Yo vi la boleta de don Juan Méndez , un ciudadano que vive en Samuel Díaz Ossa , en el cerro San Cristóbal , en Recoleta. Él paga a Chilectra 576 pesos mensuales por arriendo de medidor. Si dividimos el valor del medidor por 576 pesos, lo paga en 20 meses. Sin embargo, el medidor dura veinte años. Sin duda, hay un cobro improcedente y el usuario paga 18 años más por el artefacto.
En definitiva, la ley debe servir para el ciudadano, no para la teoría ni para la biblioteca, y lo que hará la ley es defender a este ciudadano. Como Chilectra sabe que existe este proyecto, en las boletas recientes no aparece el cobro por mantención y arriendo de medidores.
Personas como Juan Méndez existen en todos los distritos, en todas las partes del país donde hay empalme eléctrico.
Saquemos la cuenta de otra manera. Si multiplicamos los 576 pesos por veinte años, paga 138 mil pesos por algo que vale 12 mil. Es decir, ha pagado 11 veces y media el valor del medidor.
El proceso tarifario se inicia el 30 de abril. ¿Qué estoy pidiendo? Que rechacemos la modificación del Senado, porque éste no comprendió la discusión que tuvimos en la Cámara y en la Comisión de Economía, en que no hubo votación dividida, porque todos los diputados quisimos defender al ciudadano y acordamos incluir un artículo transitorio, eliminado por el Senado, que dijera que en el plazo de 15 días a contar de la publicación de la presente ley, deberá incorporarse en la presentación de la Superintendencia, a lo menos los siguientes servicios: corte y reposición de suministro, porque en Santiago cobran 6 mil pesos y en Valparaíso, Chilquinta cobra 5 mil y tantos pesos. Se trata de personas que no pueden pagar una cuenta de luz de 3 mil pesos y le cobran 6 mil por corte y reposición.
¿Alguien ha calculado el valor del corte y la reposición? Si lo hace, concluirá que vale menos de 5 mil o 6 mil pesos, como tampoco a lo largo de los años puede costar 138 mil pesos un medidor que vale 12 mil.
Lo mismo sucede con la mantención del medidor. Se cobra independientemente de si la necesita, aun cuando la ley dice que se cobrará sólo si procede, pero aparece en las cuentas. Al final, cobran 6,5 veces el valor del medidor cuando hacen mantención, y 11 veces por concepto de arriendo.
En caso de retiro del empalme, de retiro del medidor, por no pago de la cuenta de luz, cobran 6 mil pesos por corte y reposición. ¿Cómo va a pagar esa suma si no podía pagar 3 mil pesos?
Ninguno de estos cobros está tarifado y los medidores los vende una sola empresa: la que presta el servicio. Eso es competencia desleal o, por lo menos, no es libre competencia, porque no hay competencia. En verdad, el resellado de caja, la conexión a la red son monopólicos.
Cuando se aprobó el proyecto en la Cámara, señalamos que como se sabe que estos servicios son monopólicos, abusivos, es necesario tarificarlos. No estamos engañando a la gente diciéndole que no le cobrarán más, sino que lo harán después de un estudio de tarifas. Eso es lo que pensamos debe imperar a los 15 días de promulgada la ley.
Invito a la Cámara a retomar esa decisión y rechazar la eliminación del artículo transitorio, para resolver el asunto en la Comisión Mixta. No se trata de ver todo el proyecto, porque está bien y comparto el resto de las supresiones del Senado. Podríamos discutir las correcciones, pero no quiero empantanar el proceso, con el objeto de que esté terminado antes del 30 de abril. La idea es incluir tales servicios al proyecto, tal como lo aprobó la Cámara.
De lo contrario, el proceso sería demasiado lento, habría que hacer una denuncia a la SEC, pedir un pronunciamiento a la Comisión Resolutiva, tener una larga discusión, y en la tarificación que se fijará cada cuatro años, a partir del 30 de abril, esto no va a salir.
Por lo tanto, invito a rechazar la eliminación del artículo transitorio aprobado por la Cámara en defensa de los usuarios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis .
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero ir mucho más lejos que el diputado señor Hales e invitar a la Sala a rechazar íntegramente la propuesta del Senado.
Desde mi punto de vista, hay algo muy discutible en lo señalado por el diputado señor Hales respecto de estos servicios anexos cuando expresó que todos tienen el carácter de monopólicos.
Ahí nace mi diferencia, porque creo que esa afirmación no es efectiva. La primera pregunta que debemos hacernos es por qué son monopólicos y si es de la esencia que lo sean. Por qué el aparato para medir el consumo eléctrico que mostró el diputado señor Hales tiene carácter monopólico. Y por qué otras empresas no lo venden. La razón es muy simple: porque el sector eléctrico en Chile es monopólico y existe una integración vertical, en el sentido de que la misma empresa realiza la generación, la transmisión, la distribución y presta el servicio anexo. Entonces, la pregunta es si en Chile queremos seguir teniendo monopolios. Esa es la reflexión más profunda respecto del proyecto.
Soy de la tesis de que debemos tratar de evitar la concentración del capital y los servicios monopólicos.
Ese servicio es monopólico, porque la distribuidora impide que empresas adicionales vendan ese tipo de medidores. Imaginemos a los usuarios de cierta compañía de electricidad. ¿Qué va a hacer la distribuidora? Le otorga un subsidio cruzado y baja los precios a tal nivel que nadie podrá competir. Esa es la razón de por qué otras empresas no venden el tipo de medidor que mostró el diputado señor Hales .
La Cámara planteó algo mucho más razonable, no sólo en este proyecto, sino en otra iniciativa presentada por diputados oficialistas. Lo que quiere la gran mayoría de los chilenos es que exista una desconcentración en el sector eléctrico, que lo segmentemos para que no se produzca la integración vertical y los abusos que señaló el diputado señor Hales .
Propongo rechazar íntegramente la propuesta del Senado, porque, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es complementar la iniciativa presentada en la Comisión de Economía, a fin de partir con la segmentación ahora. Esta es la oportunidad de hacerlo, en relación con la gran mayoría de los servicios anexos. No debemos regular los precios, porque lo único que logramos es seguir consolidando un monopolio, pues permitiremos que las mismas empresas sigan prestando esos servicios y que en vez de tarifas libres tengan tarifas reguladas. Esta es la única diferencia.
Lo que debemos hacer es impedir que las empresas distribuidoras sigan prestando una serie de servicios que no son del giro de su propia naturaleza o esencia. Por eso, sugiero rechazar completamente la proposición del Senado, sin perjuicio de continuar abordando el proyecto relativo a la segmentación de todo el sector eléctrico, que actualmente está radicado en la Comisión de Economía.
No estoy de acuerdo con la propuesta del diputado señor Hales . Soy partidario de rechazar ambos artículos, con el objeto de que segmentemos el mercado y que las empresas distribuidoras sólo presten los servicios anexos que, por su naturaleza o esencia, no puedan otorgar otras empresas. Incluso, si se analiza el texto aprobado por la Cámara de Diputados, se puede observar que sólo se permite que las empresas distribuidoras presten estos servicios en aquellas ciudades con menos de 20 mil habitantes, por un problema de economías de escala.
La mejor manera de evitar el monopolio es generar condiciones de competencia, y la única forma de lograrlo es impedir que las empresas distribuidoras presten la gran mayoría de los servicios anexos.
Propongo rechazar íntegramente la propuesta del Senado, segmentar el mercado y generar condiciones de competencia, porque ese es el resguardo más importante que tendrá el usuario.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hales , por una cuestión de Reglamento.
El señor HALES.-
Señor Presidente, a pesar de la calidad y el nivel del debate planteado por el honorable diputado señor Orpis , su propuesta y argumentación es improcedente desde el punto de vista reglamentario, pues se aparta de la materia para la cual hemos sido convocados. Él se está refiriendo a otro proyecto, no a la iniciativa destinada a regular los cobros de servicios asociados al suministro eléctrico.
El señor MONTES (Presidente).-
Pero eso tiene que ver con la discusión del fondo del proyecto, señor diputado.
El señor HALES.-
La materia para la cual estamos convocados es para regular dichos cobros.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, esa no es materia de Reglamento, sino más bien de contenido.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, me alegro de que...
El señor MONTES (Presidente).-
Disculpe, señora diputada. El diputado señor Orpis le solicita una interrupción.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Con todo gusto se la concedo.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, por su intermedio, agradezco la gentileza de la honorable diputada.
Debo precisar que no estoy hablando de otro proyecto, sino del que se encuentra en debate. Para dejarlo aún más claro, me remitiré al inciso segundo del Nº 4, nuevo, que la Cámara propone agregar al artículo 90 de la ley general de servicios eléctricos, lo cual ha provocado diferencias entre esta Corporación y el Senado, pues impide a las empresas distribuidoras prestar servicios anexos en determinadas condiciones.
Por lo tanto, no me estoy refiriendo a otro proyecto, sino a la iniciativa sobre la cual debemos pronunciarnos.
El señor MONTES (Presidente).-
Puede continuar con el uso de la palabra la diputada señora Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, más que referirme a las modificaciones del Senado, deseo recordar que hace bastantes años comenzamos a denunciar, junto al entonces diputado señor Armando Arancibia , el carácter monopólico de estas empresas y, lo que es más grave, la falta de regulación que existía para los servicios asociados, entre los que estaba la mantención del medidor. En aquella oportunidad -vale la pena volver a recordarlo, porque pone el dedo en la llaga-, se señaló que el concepto es tan vago que varía entre una empresa y otra, pues para algunas se trata de una simple revisión ocular y para otras corresponde a una limpieza del aparato.
Como recordaba el diputado señor Hales , en diversas oportunidades señalamos que era absurdo que el usuario terminase pagando varias veces el valor del medidor por este concepto ambiguo de mantención, porque se ha comprobado que los medidores tienen una vida útil de más de veinte años.
El origen de nuestra preocupación y la esencia del proyecto obedece a denuncias de casos extremos en que se ha cobrado por mantención, incluso, a quienes compraron el medidor. Aunque se trata de casos aislados, también se han dado.
Todo lo anterior se debe a la falta de regulación de los servicios asociados, lo que ha permitido que las empresas eléctricas obtengan ganancias de aproximadamente 54 millones de dólares por año, amparadas en este vacío legal.
Debido a las denuncias que formulamos hace bastante tiempo, no sólo con el ex diputado señor Arancibia , sino también con el diputado señor Núñez , nos entrevistamos en diversas oportunidades con las autoridades. Al respecto, el estudio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, resultó muy concluyente y la cifra que estoy entregando emana de allí: las empresas han obtenido, en virtud de este vacío legal, 54 millones de dólares anuales.
Además, qué duda cabe, estamos en presencia de una empresa monopólica. Es cierto lo que señalaba el diputado señor Orpis de que la generación, la transmisión, la distribución y el cobro por estos servicios son absolutamente monopólicos.
Aunque parezca curioso, coincido con mi colega Orpis en que debemos terminar con los monopolios, pero tengo ciertas diferencias con su planteamiento, pues me parece que no es la solución, porque vamos a dejar durante mucho tiempo sin regulación la prestación de estos servicios antes de que se generen las condiciones de competencia.
Cuando comenzamos las denuncias y la campaña sistemática en contra de tales cobros, muchos usuarios nos hicieron llegar su adhesión; pero me alegré más aún cuando el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , inició diversas acciones a raíz de las denuncias formuladas por ellos respecto de cobros por servicios que nunca recibieron.
En resumen, no creo que la solución del diputado señor Orpis , de rechazar la totalidad de lo propuesto por el Senado, nos ayude ahora.
Sin embargo, comparto plenamente la idea de modificar el sistema, porque éste debe ser uno de los pocos países del mundo que tiene un monopolio con una integración vertical en el sector eléctrico.
En relación con la materia que nos ocupa, considero que no podemos continuar con este vacío legal: necesitamos regular el cobro de los servicios asociados, porque, como señalaba muy bien el diputado señor Hales , no queremos que al usuario le sigan cobrando mes a mes por un servicio que no necesita, ya que al medidor no le hace falta y, además, termina pagándolo varias veces.
A raíz del estudio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles hicimos algunos cálculos que reflejan lo monopólico del servicio que se entrega, pues si uno quiere comprar y no arrendar el medidor, son tales los obstáculos y los costos que se cobran por la única empresa que hace la revisión, que el medidor resulta más caro que el de la empresa monopólica.
Creo que llegó el momento de que la Cámara rechace la eliminación del artículo transitorio en la Comisión Mixta, aceleremos el proceso, y se apruebe nuestra propuesta para regular el cobro de los servicios asociados. Los usuarios están esperando que, como sociedad, como país, como Estado, seamos capaces de regular estos servicios e impedir que continúe lo que hoy se está haciendo, sobre todo, que los 54 millones de dólares provienen del bolsillo de todos los chilenos, que hoy están en la indefensión.
Considero importante contar con este instrumento legal y con un Servicio Nacional del Consumidor que apoye a los ciudadanos y a sus organizaciones cuando denuncien cobros indebidos. Incluso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, hace un listado de lo que se entiende por estos servicios, y la diferencia es enorme, pues ni siquiera está claro el concepto.
Lo que debemos hacer es despachar el proyecto con prontitud, porque llevamos demasiados años señalando un vacío legal que ha permitido un verdadero abuso en contra de la ciudadanía, que sólo asimila el concepto de mantención del medidor, pero no es capaz de percibir que, detrás de eso, se generan ganancias indebidas, amparadas en dicho vacío. Considero fundamental poner el dedo en la llaga y que además del concepto de arriendo y/o mantención del medidor, prestemos atención a los costos asociados a la reposición del servicio, como señaló el diputado señor Hales .
Es completamente absurdo que el costo que se cobra sea superior a la cuenta mínima del usuario que se atrasa en pagarla. En una situación tan lamentable, dura y difícil, como la que se ha vivido, son muchas las personas que se han atrasado en el pago de sus cuentas. Esto lo he conversado con personeros de Río Maipo, una de las dos empresas que entrega servicio en las comunas que represento, y me asombra ver cómo la gente humilde, con dificultades económicas, con cesantía, hace enormes esfuerzos, como ocurre en La Pintana y Puente Alto, para pagar sus cuentas.
Me parece muy importante que la Cámara de Diputados entregue un instrumento legal que permita regular los servicios asociados y, en lo posible, dar una mirada estratégica a futuro, pues deberían existir condiciones de mercado y de verdadera competencia que, claramente, en el país no existen.
Creo que la meta de hoy es regular e impedir lo que hemos denunciado como un abuso.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, como ocurre muchas veces en la Sala, en la discusión de los proyectos hay posiciones divergentes y bastante bien fundamentadas. Hemos escuchado la posición del diputado señor Hales , con bastante fundamento, de rechazar la propuesta del Senado para lograr que los servicios asociados queden incluidos en la próxima tarifa regulada de suministro eléctrico. Eso lo he entendido con claridad.
Por otro lado, el diputado señor Orpis quiere una segmentación, con el objeto de permitir la competencia o la participación de terceros, privados, en tales servicios. Sin duda, su posición también es fundamentada.
Sin ser dueño de la verdad, creo que debemos ver cuál es el servicio básico del suministro eléctrico que imposibilitará la competencia hasta que exista otro tipo de tecnología. Seguirá siendo un servicio monopólico mientras alguien no compita o se pueda elegir quién le suministra el servicio eléctrico, lo que demorará, tal vez, muchos años.
Sin duda, lo mejor para el usuario es que todos los servicios que complementan el suministro eléctrico estén dentro de los precios más bajos, dentro de una eficiencia que permita garantizar una medición.
Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al diputado señor Orpis .
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, seré muy breve.
No estamos hablando del servicio eléctrico, que es otorgado en forma monopólica, sino de la venta de medidores, que se hace en igual forma, aun cuando en su esencia no deben tener carácter monopólico. Ello se debe a que los están ofreciendo las empresas distribuidoras eléctricas, que no están dispuestas a que nadie ingrese al mercado, y si alguien lo hace, bajan los precios a tal punto que impiden la competencia, porque hay un subsidio cruzado de por medio.
En respuesta a la diputada señora Allende, debo señalar que no estoy por eliminar el resto del articulado. En caso de que terceras empresas lleguen a prestar el servicio en términos monopólicos, igual serán reguladas, de manera que ese proceso no quedará en un vacío legal. Por eso, propongo ir a Comisión Mixta para terminar impidiendo que se consolide un monopolio integrado. Básicamente eso.
Agradezco la interrupción que me concedió el diputado señor Vilches .
El señor MONTES (Presidente).-
Puede continuar, diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el tema central apunta a si los servicios anexos al suministro eléctrico deben estar en manos de una sola empresa o si puede haber participación, ya sea en los medidores o en los servicios a los medidores, porque uno de los problemas radica en que al usuario le cobran un arriendo para siempre, es decir, paga muchas veces el valor del equipo. Incluso, en el debate hemos constatado problemas mucho más graves: que los privados compran sus propios equipos de medición y se los cobran por muchos años hasta que, finalmente, con factura en mano, les deben reconocer y reintegrar los valores cobrados de más por esos arriendos.
Me inclino por rechazar las modificaciones del Senado y lograr que, dentro de los precios que se fijen, se regulen los topes cobrados por estas empresas. De esa manera, garantizaremos que las cuentas de los servicios eléctricos no sigan siendo una caja negra para los usuarios, como ocurre en otros servicios básicos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, a raíz de las diversas formas de controlar y de verificar que los servicios eléctricos, telefónicos y de agua lleguen a un costo razonable para el usuario, nos hemos encontrado con verdaderas sorpresas, como es el caso planteado por el colega Hales -que yo algo conocía-, relacionado con el cobro y certificación de sellado de estos medidores. A pesar de que los mismos se venden sellados, hay empresas eléctricas que igualmente exigen revisión por parte de la empresa distribuidora de electricidad, lo cual me parece totalmente incongruente.
En lo que se refiere al valor del cobro de arriendo, si uno piensa que hay empresas con más de un millón de usuarios que, en su mayor parte, no son poseedores de un medidor, indudablemente se llega a cifras estratosféricas que corroboran lo señalado por la colega Isabel Allende .
Nosotros, en la Comisión de Economía, pudimos conocer algunas disculpas o explicaciones que no fueron suficientes para justificar los cobros excesivos que se estaban haciendo a través de servicios asociados y que es necesario limitar y controlar. De manera que vamos a apoyar el envío de las modificaciones del Senado a la comisión mixta y reiteramos lo solicitado en el sentido de que se vote cada uno de los artículos o enmiendas introducidas, con el fin de determinar cuáles son las que analizaremos en dicha comisión mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, respecto de este proyecto, que parece tan simple y que algunos podrían calificar como marginal o complementario del tema de los servicios eléctricos, después de la larga discusión que en varias oportunidades hemos tenido en la Comisión de Economía -no olvidemos que hubo a lo menos dos informes al respecto-, se nos produce una paradoja que debemos ser capaces de superar, cual es el manifiesto interés colectivo de los diputados por favorecer y proteger a los ciudadanos y consumidores de los abusos que significan los cobros excesivos de los servicios anexos. Creo que ese espíritu está presente en todos y debemos ser capaces de expresarlo, de manera de avanzar hasta encontrar una solución efectiva que impida los cobros excesivos.
El tercer informe del Senado recoge bastante bien el problema, y la discusión tan larga y los informes tan disímiles que hemos tenido en la Comisión de Economía revelan también que hay una suerte de confusión en términos de tratar de resolver los problemas más de fondo sobre el tema de suministros eléctricos a través de un proyecto que no apunta a ello. Me parece que, cuando recurrimos a argumentos más de fondo y mediante este proyecto queremos resolver, por ejemplo, los temas de los monopolios naturales, de la integración vertical o el problema de la concentración de capital, no es el camino más adecuado.
Asimismo, cuando nos encontramos con estas diferencias conceptuales tan importantes, a pesar de que el objetivo final es común y compartido, tenemos que acoger el sistema que la economía social de mercado ha recogido como el más eficiente y que favorece más al consumidor ante monopolios naturales como los servicios eléctricos. Me parece que el sistema de regulación o fijación de precios que se ha dado la economía social de mercado para enfrentar a los monopolios naturales y poder defender a los consumidores ha funcionado bien y es adecuado.
Ahora, en el caso específico del proyecto que estamos discutiendo, lo que ha hecho el Senado es bastante positivo en cuanto pretende dar una solución rápida a un problema actual y comparto la idea del diputado Hales de votar por separado el artículo transitorio que fue eliminado por el Senado, básicamente para abrir la posibilidad de discutir el tema en la comisión mixta.
No tengo muy claro -lo digo con mucha franqueza- que el artículo transitorio sea bueno al especificar en forma tan minuciosa los servicios anexos que debieran estar sujetos a fijación, porque, en mi opinión, el hecho de que estén detallados en el proyecto en forma pormenorizada produce rigidización de la situación y, probablemente, podemos vernos enfrentados al problema de que lo que no esté aquí específicamente detallado no podrá estar sujeto a fijación en el futuro, o al revés; entonces, al final, vamos a terminar perjudicando al usuario en vez de beneficiarlo. Pero, en el entendido de que la comisión mixta pudiese ser el camino adecuado para resolver este problema, estaría por la fórmula planteada por el diputado Hales , cual es que aprobemos el proyecto como está y que su artículo transitorio lo votemos por separado para poder expresar nuestra opinión más libremente y hacer valer nuestras discrepancias con el Senado en ese sentido.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cierra el debate el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, creo que la discusión está bastante clara. El tema central es si establecemos exclusivamente la posibilidad de fijación de precios respecto de los denominados servicios anexos al suministro eléctrico o si abrimos la posibilidad de una competencia en la prestación de estos servicios.
Obviamente, quienes hemos luchado contra toda integración vertical y monopolio en el sector eléctrico quisiéramos que existiera la mayor competencia en estos servicios asociados, puesto que eso es lo que permite, de una u otra forma, quitar un poco el poder de control sobre el mercado que tienen las empresas eléctricas. Algunos sostienen, en una lógica que no logro comprender, que, en la medida en que se dé esa libertad de competencia, la propia empresa eléctrica tiene posibilidades de anular la libertad formando otras empresas, filiales coligadas directa o indirectamente, que puedan hacer esa labor en correlato, en armonía, o bajo la conducción de la empresa distribuidora. Entonces, como eso sería factible, es mejor no facilitar que otras empresas presten servicios conexos o relacionados y, simplemente, fijar los precios.
Hay una alternativa bastante más razonable, cual es establecer la posibilidad de que la autoridad fije los precios cuando las condiciones de competencia no se den en el mercado. Eso lo tiene que calificar la autoridad y es una solución que allana o permite ambas cosas.
En el mismo sentido, en la lógica del diputado Orpis de facilitar la competencia, yo no establecería, bajo ningún aspecto, distinciones en cuanto al tamaño de determinadas comunas. No por ser pequeña una comuna -por ejemplo, de 30 mil habitantes-, no vamos a aplicar el mismo principio y permitir que ahí rija también la competencia. Las condiciones están dadas para buscar una solución que concilie ambos criterios; es decir, generar situaciones de competencia en el mercado o facultar a la autoridad para fijar precios. En consecuencia, es más fácil fijar esos precios que esperar la dictación de una ley determinada, que se tramitará en un plazo bastante más largo. Es decir, no hay impedimentos para conciliar ambas posiciones, con la sola salvedad de que, en mi opinión, la competencia debe permitirse en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Reitero que ambas posturas son totalmente conciliables y que es perfectamente posible armonizarlas en una comisión mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al final del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el sistema de servicios anexos de cobro asociado al suministro eléctrico.
Se ha solicitado votación separada de la letra b) del número 2 del artículo transitorio.
En votación la letra b) del número 2.
El diputado don René Manuel García vota en contra.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Allende (doña Isabel) , Ávila , Bustos , Ceroni , Elgueta , Encina , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Luksic , Mesías , Montes , Mulet , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Olivares , Ortiz , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Recondo , Reyes, Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Tuma , Urrutia , Villouta y Walker (don Ignacio) .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Bartolucci , Bertolino , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Espina , Fossa , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Ibáñez , Krauss , Kuschel , León , Longton , Lorenzini , Masferrer , Molina , Mora, Moreira , Núñez , Ojeda , Orpis , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez ( doña Lily) , Prokurica , Rincón , Riveros , Rojas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Vilches y Walker (don Patricio) .
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el número 3.
El diputado señor René García vota a favor.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Arratia , Ávila , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Elgueta , Encina , Espina , García (don René Manuel) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Kuschel , Leal , Luksic , Mesías , Monge , Montes , Mulet , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Prokurica , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vilches , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Álvarez , Ascencio , Bartolucci , Caminondo , Cardemil , Coloma , Correa , Díaz , Dittborn , Fossa , García (don José) , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez , Krauss , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Molina , Moreira , Núñez , Orpis , Palma (don Joaquín) , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rojas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Van Rysselberghe , Velasco y Villouta .
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el artículo transitorio.
El diputado señor René Manuel García vota en contra.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 85 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazado.
Despachado el proyecto.
-Votó por la afirmativa el diputado señor Ortiz .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alessandri , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Espina , Fossa , García (don René Manuel) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , Kuschel , Leal , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Mesías , Molina , Monge , Montes , Mora, Moreira , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Naranjo , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Rojas , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Velasco , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca , Cristi (doña María Angélica) , García (don José ) y Longton .
REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2263-07. Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sintetizaré el informe sobre las modificaciones del Senado al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reforma el Código de Tribunales.
Esta enmienda obedece a la necesidad de estructurar en el país un nuevo procedimiento penal, con la instalación del juicio acusatorio oral público, diferente al actual, que es inquisitivo. Por otro lado, permitirá armonizar de manera apropiada la regla de procedimiento con las normas procesales orgánicas en un nuevo artículo que se incorporará al proyecto de Código Procesal Penal, destinado a introducir los cambios pendientes necesarios en el Código Orgánico de Tribunales.
Para apreciar la magnitud de la reforma, es menester señalar que hoy sólo existen 75 juzgados del crimen en el país, los cuales se suprimen, junto a 11 juzgados de letras. En total desaparecen 86 tribunales, que involucran igual número de jueces y otro tanto de secretarios.
En la actualidad, cabe señalar que un tribunal consta de un juez y un secretario y, en conjunto, en el país existen 1.016 empleados de secretaría. En cambio, el proyecto que viene del Senado crea 93 juzgados de garantía, con 347 jueces, y 44 tribunales orales en lo penal, que permitirán el funcionamiento de 131 salas, con un total de 396 jueces letrados.
Adicionalmente, se establece que 58 tribunales de letras tendrán competencia de juzgados de garantía, de los cuales siete se crean mediante esta iniciativa. Todos estos tribunales, en conjunto, requerirán el concurso de 2.649 funcionarios de apoyo a la labor jurisdiccional, incluyendo a los administradores de los tribunales.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados creaba 91 juzgados de garantía, con un total de 347 jueces, y 42 tribunales orales en lo penal, con un total de 378 jueces. Asimismo, a 59 jueces, además de sus funciones propias, se le asignaban las de juez de garantía, se creaban 8 juzgados de letras y se suprimían 75 juzgados del crimen.
Después de este cotejo, podemos concluir que el Senado aumentó levemente el número de tribunales y de jueces, como se ha reseñado.
Al comparar el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales con el aprobado por la Cámara de Diputados, nos daremos cuenta de que en el Senado se mantuvo su estructura fundamental, sin que se produjeran modificaciones sustanciales que alteraran las definiciones orgánicas en dicho proyecto. Más bien se produjo un avance hacia la misma dirección del aprobado por la Cámara; es decir, se acercan los tribunales a los lugares donde se producen los conflictos jurídicos penales, se incorpora la figura de la sala itinerante, se mejora la situación de los jueces, secretarios y funcionarios judiciales que hoy laboran en los tribunales del crimen y de letras, que son reemplazados por los que se crean en el presente proyecto de ley.
Por eso, si queremos sistematizar las principales modificaciones introducidas por el Senado, es necesario atender a las enmiendas relativas a la localización y supresión de los tribunales, a la incorporación de la sala itinerante para juicios orales y a la agregación de disposiciones transitorias que recogen los acuerdos alcanzados con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
En cuanto a la localización de los tribunales, quiero destacar que se introdujeron algunas correcciones, a las cuales no me referiré por su extensión y porque están detalladas en el boletín comparado. Pero, en lo fundamental, ellas obedecen a que se recogieron opiniones en la comunidad local que daban cuenta de algunos errores en la ubicación de determinadas comunas en los asientos jurisdiccionales más lejanos, o que, atendidas las comunicaciones existentes, significaba efectuar una opción equivocada, alejada de la optimización buscada. Así, por ejemplo, está el caso de la comuna Retiro, la cual en el proyecto original estaba ubicada en el juzgado de garantía de Linares, en circunstancias que hace poco se creó un peaje entre ambas y quedó más cercana a Parral.
Hago hincapié en que estos cambios también obedecen a que hubo algunas variaciones en relación con los criterios que se utilizaron hace varios años por la Universidad Católica de Valparaíso, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Esa fue otra de las razones por las cuales el Senado alteró la localización de algunos tribunales.
Por otra parte, a petición de distintos diputados y senadores de las comunidades jurídicas locales que pasaron el test técnico del estudio ya mencionado, en base al mismo se realizó un análisis total del país, en función de revisar las proyecciones llevadas a cabo hace dos años en el estudio anterior y corregir, de esta manera, las desviaciones o insuficiencias detectadas.
Otra materia importante se refiere a la supresión de los tribunales, debido a la realización de algunas adecuaciones que tenían en vista las modificaciones introducidas por la ley Nº 19.592, la cual especializó tribunales y creó otros. Así, en lugar de 63 juzgados del crimen especializados, hoy existen 75, sin contar los 3 que debieran existir, según la ley, pero que no están funcionando. En consecuencia, en el Senado se acogió la acomodación de la ley Nº 19.592 y se suprime el número de juzgados que señalé con anterioridad. Asimismo, la supresión de los 19 juzgados de letras que planteaba la Cámara en el proyecto, se reduce a 11, con lo cual de todas maneras se suprimen 86 tribunales, dos más que en el proyecto original.
La sala itinerante de los tribunales orales en lo penal, fue otro tema relevante discutido en la Cámara de Diputados. Al respecto, cabe recordar que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en la Sala se insistió en que la ministra de la época se comprometiera a promover la incorporación de los tribunales orales itinerantes en el proyecto definitivo del Código Orgánico de Tribunales. Ello, a fin de que en la comunidad alejada de los lugares donde se localizan esos tribunales se permita la instalación, por un breve período, de los tribunales itinerantes, a fin de juzgar las causas allí existentes. De esa forma, se abre la posibilidad de que en esos lugares, utilizando la infraestructura de los juzgados de garantía, se realicen juicios orales y públicos, sin necesidad de trasladar a imputados, víctimas, testigos, peritos, etcétera, hacia el lugar donde tenga su asiento el tribunal oral en lo penal, sino, más bien, llevando una sala del tribunal al lugar donde se encuentra la gente.
Por último, en las disposiciones transitorias se establece una etapa temporal que permitirá acomodar a los actuales funcionarios, sean jueces o secretarios, para que puedan realizar su tarea en los tribunales orales en lo penal y en los juzgados de garantía.
Si se tiene en cuenta la supresión de ochenta y seis tribunales a lo largo del país, se deduce que ello afectará al personal que labora en ellos. Esto motivó reuniones de trabajo en el Ministerio de Justicia, con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en las que se llegó a importantes acuerdos que permiten asegurar la fuente de trabajo para el personal afectado por la supresión del tribunal en el que sirve, que se traducen en modificaciones a las disposiciones transitorias que contienen normas detalladas para este efecto.
Dichas reglas fueron alteradas en el Senado, en cuanto al derecho preferente de los secretarios de juzgados del crimen y de letras que son suprimidos por el proyecto, a fin de que sean incorporados en las ternas respectivas para el nombramiento de los jueces que requiere la reforma.
Asimismo, se ha incorporado un conjunto de reglas para los funcionarios judiciales adscritos a los tribunales que se suprimen en el proyecto, que involucran que éstos deberán rendir un examen habilitante y, una vez aprobado, se agruparán por grados, a fin de que la corte de apelaciones respectiva ordene el proceso de traspaso a los nuevos tribunales.
Por último, debo señalar que, al revés de lo que estableció la Cámara -unidades en los tribunales que se crean-, el Senado estableció un sistema flexible, en el que intervendrá la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de modo que tales unidades, cuyas funciones se señalan en forma específica, puedan acomodarse a las circunstancias. En este caso, se considera que la creación de unidades o departamentos es algo rígido que no puede modificarse sin la dictación de la ley respectiva.
De esta manera, se agiliza la administración de los tribunales que se crean.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia está por la aprobación de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, después del estudio de las modificaciones del Senado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, creo que deben aprobarse porque significan una corrección al proyecto sancionado por la Cámara.
En primer lugar, el Senado actualizó el modelo técnico elaborado por la Universidad Católica de Valparaíso, según el cual se determinó la localización de los tribunales orales en lo penal y de los juzgados de garantía. Por ejemplo, determinó que en las regiones Metropolitana y Octava se requiere aumentar la cobertura espacial de los tribunales.
Así, se aumentó el número de jueces de garantía, de 404 a 413, es decir, nueve, y en los tribunales orales, de 378, que corresponden a cuarenta y dos salas a lo largo del país, a 396, que corresponden a cuarenta y cuatro salas. O sea, el número de salas se incrementó en dos.
Por lo tanto, se aumenta la cobertura geográfico-espacial y se acercan los tribunales a las personas que requieren del servicio de justicia.
En el mismo sentido, el Senado aprobó algo que la Cámara solicitó a la ex ministra de Justicia: los tribunales orales itinerantes.
En regiones de gran extensión territorial y con un alto número de causas, como las extremas Undécima y Duodécima y Primera, sin perjuicio de que los tribunales orales estén concentrados en las capitales regionales, por el altísimo costo que significa el traslado de los imputados, testigos y peritos hacia ellas, existirán los juzgados orales itinerantes, que se condicen con la accesibilidad a la justicia en los lugares donde viven las personas y se han cometido los hechos delictivos.
El Senado ha incorporado el artículo 21 A, nuevo, mediante el cual, para facilitar la oportuna aplicación de la justicia, se permite la constitución y el funcionamiento de los tribunales orales en lo penal en localidades situadas fuera de su lugar de asiento.
La corte de apelaciones respectiva, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, determinará anualmente la periodicidad y la forma con que los tribunales orales en lo penal llegarán a los lugares más apartados.
En consecuencia, las modificaciones del Senado son menores y no afectan la estructura fundamental del proyecto despachado por la Cámara. Sólo aumentan, por un lado, la cobertura espacial geográfica de la justicia penal y, por otro, a través de las salas itinerantes, es decir, que irán al lugar de los hechos, facilitan la aplicación de la justicia.
Porque las modificaciones del Senado son necesarias y buenas, Renovación Nacional las aprobará.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, considero positivas las modificaciones del Senado, pues apuntan en el sentido correcto y tocan materias que en su momento fueron planteadas en la Cámara y cuyo análisis, en algunos casos, quizás por falta de mayor reflexión o, en otros, de recursos, fue postergado para el segundo trámite constitucional del proyecto.
Para la historia fidedigna de la ley, creo que es importante que me refiera a tres de ellas.
La primera, a la que se refirió la diputada señora María Pía Guzmán , tiene que ver con la espacialidad, concepto nuevo que ha surgido respecto de la ubicación de los juzgados.
En este caso, hay tres modificaciones. Una, cambia de ubicación el juzgado de garantía de Ancud-Castro, respecto de la cual, según entiendo, hubo unanimidad en el Senado. Otra, aumenta el número de jueces en lo penal, algo que habíamos pedido en la Cámara, en juzgados de Melipilla, Curicó , Cañete. En el momento de la discusión destacamos la relevancia de aumentar la dotación de jueces para tener una buena cobertura en este tipo de procedimientos.
Por último -esto es muy importante-, están los que se agregan, Cauquenes , Villarrica , Los Andes, que, pese a que la Cámara también lo planteó, el Ejecutivo no les pudo dar curso en esa oportunidad.
En mi opinión, estas enmiendas apuntan en la dirección correcta para lograr una buena cobertura. Esperamos que esto dé tranquilidad a quienes manifestaron inquietudes respecto de una buena administración de justicia.
Lo segundo -quiero destacarlo especialmente- es la aprobación, a mi juicio histórica, de los tribunales orales itinerantes. Entendemos que el día de mañana esta enmienda puede constituir un paso adelante. Es el inicio de una nueva forma, más eficiente y ágil de administrar justicia. Lo que se hará por la vía de los tribunales itinerantes, obedece, en gran medida, a una inquietud planteada junto con la diputada señora Guzmán y el diputado señor Álvarez , con el fin de avanzar hacia una forma distinta de administrar justicia.
Por último, quiero destacar un aspecto que, a mi juicio, constituye un gran avance -no sé si se ha dado cuenta de esto suficientemente en la Cámara- en la situación en que quedan los empleados, jueces y secretarios del sistema vigente. Creo que se ha dado una buena resolución a la transición que se produce entre los funcionarios que en este momento trabajan en los juzgados y el futuro requerimiento de los tribunales que se crean.
En mi opinión -así lo hicimos presente en su momento-, había cierta vacilación o indefinición respecto de lo que pasaba con los funcionarios que actualmente se desempeñan en los juzgados y desaparecerían con la vigencia de esta iniciativa.
A mi juicio, la fórmula establecida en los artículos transitorios apunta en el sentido correcto, sin perjuicio de lo cual desde ya me adelanto a señalar que se debe estar especialmente atentos a lo que eso puede significar. A mi modo de ver, es fundamental que el propósito de mejorar la administración de justicia no genere un efecto indeseado en la situación laboral de quienes han trabajado por muchos años en el Poder Judicial.
En espera de que estas enmiendas apunten en el sentido correcto para que Chile tenga una mejor justicia, nuestra bancada aprobará las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Pido el asentimiento de la Sala para prorrogarlo con el fin de que intervengan, por cinco minutos, los diputados señores Ignacio Walker , Jaime Rocha y Juan Bustos .
¿Habría acuerdo?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES.-
No hay acuerdo.
La idea era votar el proyecto en esta sesión.
El señor ORTIZ.-
¡Que inserten sus discursos, entonces!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, hay acuerdo para votarlo hoy. No hay ningún problema.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Es posible, señor Longton , que los diputados señores Ignacio Walker , Rocha y Bustos puedan hablar por dos minutos?
El señor LONGTON.-
Conforme.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Ignacio Walker .
El señor WALKER (don Ignacio).-
Agradezco la gentileza del diputado Longton .
Señor Presidente, quiero destacar la importancia que reviste el despacho de las modificaciones del Senado al proyecto que reforma el Código Orgánico de Tribunales, a través del cual se crean 782 cargos de jueces del crimen en Chile; hoy hay 75. Por lo tanto, con la unanimidad del Congreso, en el Gobierno de la Concertación estamos multiplicando por diez el número de jueces del crimen especializados que existirán en nuestro país. Aproximadamente, 390 serán jueces de garantía -aquellos que velan por los derechos del procesado y pueden fallar en casos de penalidad menor-, y cerca de 400 jueces de tribunales orales en lo penal, cuerpos colegiados compuestos por tres miembros cada uno. Alrededor de 780 jueces del crimen serán apoyados por 2.500 funcionarios en trabajos administrativos y de todo tipo, lo cual permitirá un real acceso a la justicia penal y a un proceso rápido y expedito. Esto, sumado a la reforma constitucional y a la ley orgánica del Ministerio Público, que crearon 640 cargos de fiscales en Chile y 3.000 cargos administrativos, conforman el cuadro que se dedicará a investigar, los fiscales, y a fallar, los jueces.
Después de este proyecto sólo queda pendiente el de reforma procesal penal, en segundo trámite legislativo en el Senado -esperamos que se despache en el primer semestre-, y el de la defensoría penal pública, también en trámite en el Senado, mediante el cual se crean cerca de 400 cargos de defensores penales, con el objeto de que la gente también tenga asegurado el derecho a la defensa.
Estas disposiciones constituyen la base y la columna vertebral de la reforma procesal penal y orgánica penal, que tiene sólo dos aspectos fundamentales: el primero, jueces que fallan y fiscales que investigan, y el segundo, un procedimiento oral rápido y expedito que garantiza el acceso a la justicia y la eficiencia en el combate contra la delincuencia, asegurando la seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Rocha .
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, deseo expresar nuestra satisfacción por las modificaciones propuestas por el honorable Senado al proyecto de que se trata y dejar constancia de la posibilidad de que hubiera alguna discrepancia en relación con el número de juzgados que corresponde.
Creo, sin embargo, que estas modificaciones van mucho más allá, por cuanto mejoran sustancialmente la iniciativa despachada por la Cámara.
En el proyecto se ha incorporado un elemento de justicia que da tranquilidad a los funcionarios. El nuevo sistema procesal penal en nada los perjudica; les exigirá un grado importante de capacidad y de conocimiento, lo que les permitirá asumir las funciones contempladas en la ley.
Queda pendiente un punto que se discutió en el Senado: la necesidad de considerar en futuros proyectos la regionalización de la Academia Judicial. No es posible que toda la actividad de esta instancia tan importante, donde los jueces se preparan para asumir nuevas tareas, se concentre en Santiago. Si queremos que la reforma cuente con los recursos humanos adecuados, es indispensable e insoslayable que la Academia Judicial se regionalice.
En consecuencia, con estas breves y muy escuetas observaciones quiero manifestar que la bancada del Partido Radical Social Demócrata apoyará las modificaciones propuestas por el honorable Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos , hasta por dos minutos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, vamos a dar nuestra aprobación a este proyecto que culmina con dos etapas fundamentales de la reforma. La primera, de investigación, la cual, con la aprobación del Ministerio Público y del Fiscal Nacional, ha quedado en marcha, y la segunda, la fundamental dentro de la reforma, la jurisdiccional, a la cual hoy estamos fijando su base a través de este proyecto.
En efecto, no es posible una reforma procesal penal como ésta sin nuevos jueces y, sobre todo, sin una nueva concepción sobre lo jurisdiccional, lo que está, por una parte, relacionado con los jueces de garantía que deberán velar por que el Ministerio Público proteja los derechos de la persona -de ahí su nombre- y, por otra, los tribunales orales, los cuales plasmarán las características de inmediatez y, por lo tanto, también de transparencia del nuevo juicio penal.
Al proyecto se le han agregado -y hay que recalcarlo por su trascendencia- los tribunales orales itinerantes. A través de ellos se podrá ejercer una justicia más rápida, más eficaz y con mayores posibilidades en todos los lugares de la República, aun cuando el sistema tendrá que ampliarse y perfeccionarse en el futuro, ya que implica uno de los aspectos más importantes de la concepción de la reforma procesal jurisdiccional.
Por estas razones, estimamos que es necesario aprobar este proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones.
El diputado señor René Manuel García vota a favor.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alessandri , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Krauss , Leal , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Mesías , Molina , Monge , Montes , Mora, Moreira , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Naranjo , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Velasco , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
-Se abstuvo el diputado señor Van Rysselberghe .
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor GÓMEZ (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, hace seis años el Gobierno inició un proceso de reformas, las que fueron presentadas al Congreso. Ya se han aprobado varios textos legales muy importantes.
En consecuencia, en esta oportunidad deseo agradecer la disposición mostrada por los señores parlamentarios en la discusión y votación de los proyectos relacionados con la reforma procesal penal, que representan un avance importante para el país. Su aprobación ha sido posible gracias al consenso logrado con los parlamentarios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
El diputado señor Seguel solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto de ley que regula la ejecución de trabajos de las empresas contratistas en las faenas que se indican, que estaba en Tabla para el día de hoy y no se debatió, se vote en esta sesión, sin discusión.
No hay acuerdo.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
SESIÓN ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA TRATAR SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES.
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
Cito a los Comités a una reunión en la Sala de Lectura.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 353, de los diputados señores Moreira , Alvarado , Dittborn , Jaramillo y García, don José .
“Considerando:
1. Que con fecha 12 de marzo de 1998 entró en vigencia el decreto con fuerza de ley Nº 1 de Defensa Nacional, que modificó el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y fijó mejoras remuneracionales para el personal de esa institución, estableciendo entre otros beneficios el pago de una asignación no imponible equivalente al 39 por ciento de sus sueldos.
2. Que, no obstante lo anterior y a raíz de una consulta efectuada sobre el particular, el Ministerio de Hacienda mediante oficio Nº 913 de diciembre de 1998, señaló que el beneficio no se cancelaría pues “la asimilación del personal de Investigaciones al régimen remuneratorio de Carabineros para los efectos de percibir la asignación en comento, no sería posible”.
3. Que el artículo 101 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1980, que contiene el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, señala expresamente que “el personal afecto al presente Estatuto continuará asimilado a la escala de sueldos y al sistema de remuneraciones actualmente existente para Carabineros de Chile, y al que se establezca en el futuro”.
4. Que la División Jurídica de la Contraloría, mediante resolución Nº 26.434, del 22 de julio de 1999, dispuso que “la nueva franquicia resulta aplicable al personal de la policía civil que reúna los requisitos exigidos por la norma”.
5. Que, no obstante lo anterior, esta diferencia de opiniones y en definitiva el no pago de esta asignación, afecta aproximadamente a dos mil detectives, con la consecuente preocupación y desmotivación que esta situación provoca.
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión de Hacienda celebrar una sesión especial destinada a analizar el problema que afecta actualmente a cerca de dos mil funcionarios de Investigaciones que no han recibido el pago de beneficios que por ley les correspondería, cuestión que por lo demás ha sido ratificada por un dictamen de la Contraloría. Asimismo se solicita que a esta sesión especial sean citados los ministros de Defensa y de Hacienda, debiendo por último informar a la Sala del resultado de su cometido”.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el señor Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, el Estado le pide a la policía hacer cumplir la ley. Curiosamente, el Estado -representado por el Gobierno- no ha cumplido con la ley en lo que respecta a la Policía de Investigaciones de Chile.
El 12 de marzo de 1998 entró en vigencia el decreto con fuerza de ley Nº 1, que modificó el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y fijó aumento de remuneraciones para los miembros de esa institución. Entre otros beneficios, otorgó una asignación no imponible equivalente al 39 por ciento de su sueldo a quienes tengan 20 años de servicios. Pues bien, el Servicio de Investigaciones apeló a una resolución del Ministerio de Hacienda que indicaba que dicho beneficio sólo le correspondía a Carabineros de Chile. Tengo en mi poder un dictamen de la Contraloría General de la República, de fecha 22 de julio de 1999, en el cual ordena pagar el beneficio mencionado. Han transcurrido dos años y el Ministerio de Hacienda no entrega los recursos y, al parecer, no está dispuesto a cumplir lo indicado en dicho dictamen.
Debido a esta situación que afecta a más de 2 mil detectives que se encuentran con sus asignaciones impagas y a la incertidumbre de que a raíz del cambio de gobierno dejen de percibir el beneficio con efecto retroactivo, junto con algunos diputados de la Concertación hemos presentado este proyecto de acuerdo, a fin de que la Cámara solicite a la Comisión de Hacienda que celebre una sesión especial, a fin de que los ministros de Hacienda y de Defensa Nacional den las respectivas explicaciones sobre esta situación que afecta a la Policía de Investigaciones de Chile.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la honorable diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, en nombre de la bancada socialista, anuncio que aprobaremos este proyecto de acuerdo presentado por el diputado señor Moreira junto con otros colegas, porque consideramos importante que se resuelva la situación que afecta al personal de la Policía de Investigaciones.
Al respecto, quiero informar a la Sala que conversé con el ministro de Hacienda, quien tiene una interpretación distinta. Supuestamente, se fijó un aumento de remuneraciones para Carabineros y otro para Investigaciones; pero, al aplicarse el artículo 101 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1980, habría un segundo aumento de remuneraciones para la Policía de Investigaciones. Por eso, ellos discrepan de nosotros. Consideramos importante resolver el problema con transparencia y claridad, porque es injusto que el personal de Investigaciones no sepa si recibirá dicho aumento.
La única observación que haría al proyecto de acuerdo -reitero que votaremos a favor- es que en lugar de radicar el asunto en la Comisión de Hacienda, celebráramos una sesión especial de la Cámara, a fin de que el ministro de Hacienda clarifique frente al país la posición definitiva del Gobierno, después de superadas las discrepancias que mantiene con la Contraloría General de la República.
En todo caso, nos parece bien que la Comisión de Hacienda cite al ministro y que después informe a la Sala sobre su cometido. Lo importante es que seamos capaces de resolver esta situación, de contribuir a que la Policía de Investigaciones de Chile despeje esta incógnita, porque ello beneficiará -como aquí se señaló- a aproximadamente 2 mil detectives.
Además, en esta ocasión no puedo dejar de mencionar que tenemos el mayor interés en apoyar el proyecto de acuerdo, porque hemos tenido la oportunidad de conocer muy de cerca las funciones llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones cuando algunos diputados hemos sido amenazados y se ha dispuesto vigilancia policial, y queremos dar nuestro testimonio de colaboración, sacrificio y esfuerzo de su personal en jornadas muy largas.
La bancada del Partido Socialista se suma a esta iniciativa, porque nos parece importante que la Policía de Investigaciones resuelva este importante problema que la afecta y que el Gobierno dé una explicación clara al respecto. Como ya lo señalé, entregamos nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a la labor realizada por la Policía de Investigaciones de Chile.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
VIII.INCIDENTES
SIGNIFICADO DEL TRIUNFO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA CONCERTACIÓN.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Iván Mesías .
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente, creo necesario hacer algunas reflexiones acerca del mérito y significado del triunfo del candidato de la Concertación el domingo pasado.
Señalaré con mucha objetividad los factores negativos que tuvo que enfrentar nuestro candidato Ricardo Lagos.
1. Representó a una coalición desgastada por la permanencia de 10 años en el poder. Al respecto, recuérdese la baja ya experimentada en las elecciones parlamentarias de 1997.
2. Además del desgaste natural, debió soportar la debacle económica de los países asiáticos, cuyos efectos golpearon duramente nuestra emergente economía; la horrible sequía que junto con asolar nuestros campos nos dejó sin energía eléctrica; la imprevisible detención de Pinochet en Londres que, sin duda, lo perjudicó considerablemente, y la enorme cesantía que, debido al primer factor, todavía nos afecta.
3. El retraso en la partida de la campaña electoral, motivada principalmente por la necesidad de recomponer la unidad de la Concertación posprimarias.
4. La maliciosa campaña llevada a cabo, que cuestionó su integridad moral y valórica, partiendo de la base de su supuesto ateísmo. Una cosa es ser no creyente, y otra bien distinta, ateo. Lagos es un libre-pensador.
5. Mención aparte merece la apabullante propaganda exhibida en calles y carreteras de todo el país y el increíble despliegue de recursos de todo orden -cuestión que deberemos corregir en el futuro- y el incondicional apoyo a Lavín de prácticamente todos los medios de comunicación social, en especial, de algunos canales de televisión y de los diarios más importantes del país.
Haber ganado la elección en sus dos etapas y a pesar de todos estos factores en contra es un mérito que nadie puede dejar de reconocer. Su explicación debe encontrarse en la extraordinaria calidad humana de nuestro candidato, en la cual confluyen su talento, cultura, experiencia, voluntad y buenos sentimientos.
Ahora, sólo cabe esperar que nuestros adversarios políticos en la reciente elección apoyen todas las iniciativas en favor del pueblo, que proclamó con tanta fuerza su candidato. Así, tendremos rápidamente seguro de desempleo, reforma laboral, medidas en contra de la delincuencia y de la drogadicción, la drástica disminución de la cesantía, que tanto angustia a un importante segmento de nuestra sociedad, y, en el mediano plazo, las urgentes reformas institucionales que permitirán que Chile se inserte como una realidad política, económica y moral en el mundo globalizado de este nuevo milenio.
Por de pronto, una vez más hemos proyectado al mundo una imagen de madurez y sabiduría políticas, al realizar el acto más emblemático de la democracia en forma impecable.
He dicho.
DEUDAS PREVISIONALES DE CLUBES DEL FÚTBOL PROFESIONAL. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, quiero abordar un tema que desde hace algún tiempo lo he reiterado y que dice relación con las deudas de los clubes del fútbol profesional.
En la historia del fútbol chileno nunca antes se había visto un endeudamiento tan grande, que ha llevado a un crisis profunda a este deporte tan popular y masivo. Algunos clubes han desaparecido no sólo por deudas de carácter tributario, sino también previsional, y existen más de 17 clubes en moratoria con el Estado, por el no pago de impuestos. Recién me acaba de llegar un oficio con respecto del no pago del IVA. En un caso particular, el equipo de Colo Colo tiene deudas por 1.700 millones de pesos sólo por concepto de impuestos, entre ellos el IVA. No hay juicios por parte del Estado en contra de estos clubes ni tampoco están acogidos a convenio, salvo dos muy modestos de provincia.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Trabajo para que informe sobre las deudas previsionales con el INP o las AFP que tienen los clubes profesionales del fútbol chileno.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
MODIFICACIONES AL SISTEMA PREVISIONAL. Oficio.
El señor MORA.-
Señor Presidente, desde que se cambió el sistema previsional se estableció que el hombre jubila a los 65 años de edad, y la mujer, a los 60; pero he visto con mucha sorpresa y frustración que casi nunca llegan a esa edad para jubilar. En el caso de los hombres, por lo general son despedidos a los 45, 50, 52 años de edad, y sólo pueden optar a la jubilación anticipada. Sin embargo, los que no tienen los fondos suficientes para hacerlo, deben esperar hasta los 65 años de edad para jubilar con lo que les alcance.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Trabajo para que presente un estudio -sin perjuicio de la moción que presentaré, patrocinada por el Ejecutivo- durante este Gobierno, o el próximo, que ha reiterado su compromiso con los trabajadores, que permita a éstos disponer durante su período laboral, cada diez años, del 5 por ciento del fondo de pensiones de libre disposición. Es decir, el hombre que comienza a trabajar a los veinte años, en su vida laboral podrá disponer de hasta el 5 por ciento del fondo de pensiones cada diez años, para ahorro, compra de vivienda, mejoramiento del mobiliario de su casa, problemas de salud, etcétera. Aquellos que no hagan uso de ese 5 por ciento podrán disponer el día de mañana de hasta el 20 por ciento.
Lo anterior en ningún caso afectará el sistema de inversión de los fondos de pensiones en acciones, bonos, pagarés, en inversiones en el extranjero, que significan una inyección muy fuerte para el desarrollo de la economía, como se ha demostrado. Pero no podemos seguir desarrollando una parte de la economía sin considerar la principal, el capital humano, que está siendo muy perjudicado al no permitírsele jubilar anticipadamente.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CREACIÓN DE LA FIGURA DE LA DELACIÓN COMPENSADA EN MATERIA TRIBUTARIA. Oficio.
El señor MORA.-
Señor Presidente, quiero referirme al tema de la corrupción.
Desde que estoy en el Congreso, he podido ver muy de cerca la corrupción que existe en algunos organismos del Estado. Estamos orgullosos de que Chile no sea un país corrupto, pero existe sinvergüenzura individual, no corrupción institucional, como en Argentina, Venezuela, México .
Por este motivo, pido que se oficie al ministro de Hacienda, con el objeto de que se estudie una modificación al Código Tributario que cree la figura de la delación compensada en materia tributaria. Es decir, que los ciudadanos que tengan conocimiento o que hayan participado en algún hecho de corrupción y lo denuncien, no sean sancionados.
En la actualidad, muchos funcionarios públicos extorsionan a empresas o a particulares a entregar una cantidad determinada de dinero para ganar una propuesta. A los que no dan la coima no les adjudican la propuesta, con lo cual muchas veces los exponen a la cesantía, a la quiebra, etcétera.
Es necesario combatir a esos funcionarios inescrupulosos que presionan a la gente, tanto en las municipalidades como en la administración pública, porque la evasión tributaria va por ese lado. Las empresas evaden impuestos para compensar el pago de coimas. Por lo tanto, la corrupción debe combatirse frontalmente con una legislación decidida.
Solicito se oficie al ministro de Hacienda, a fin de que realice el estudio que solicito, sin perjuicio del proyecto que enviaré para crear la figura de la delación compensada en materia tributaria para quienes colaboren en la denuncia de la corrupción existente en la administración pública y municipal.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Jaramillo , Mulet , Villouta , Rincón y Fossa .
LICITACIONES DE EMPRESA MINERA EN DETRIMENTO DE INTERESES NACIONALES. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el tratado de integración y complementación minera entre Chile y Argentina.
En la misma línea que argumenté ayer, pido se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, porque he tenido conocimiento de que una de las empresas que se beneficia con la aprobación del tratado es Barrick Chile, Barrick Argentina , o Barrick Internacional, que tiene empresas en ambos países y, además, es dueña de un proyecto minero denominado Pascua , por el lado chileno, y Lama , por el argentino, que durante más de 30 años fue un proyecto de prospección minera chileno, llamado Nevada , y luego fue creciendo hasta abarcar territorio argentino.
Siempre se pensó y queremos seguir pensando que ese proyecto se desarrollaría por el lado chileno. De hecho, el gobierno regional de Atacama ha invertido millones de dólares en caminos y otro tipo de implementación necesaria para las prospecciones que ha desarrollado la empresa durante un lapso de 20 años.
La empresa y el proyecto han pasado por distintos propietarios, quienes también han invertido gran cantidad de recursos en prospección. Lo que nos preocupa es que hemos tenido conocimiento de que la empresa
Barrick Argentina, que es un espejo de la chilena, estaría licitando la construcción de un campamento para la realización del proyecto por el lado argentino y la construcción de un camino entre el sector de Rodeo y Lama, donde se encuentra ubicado el proyecto fronterizo.
Eso significa que de alguna manera se esfuman las ilusiones de la región de Atacama y de los que hoy son fervientes promotores de su aprobación, pues proyectos que suponemos serán explotados por Chile y cuyo único beneficio estaría asociado a la aprobación del tratado por el Estado chileno, de alguna manera se están esfumando.
Quiero saber si lo expuesto es efectivo, porque fui informado de que las licitaciones son privadas. Queremos trabajo para los chilenos en la minería y no podemos aceptar que en la primera oportunidad en que se ejecuta un proyecto, incluso sin la vigencia del tratado, sino a través de un protocolo específico entre Chile y Argentina, los intereses que, se supone, Chile debe recibir no sean efectivos, en especial para los trabajadores de las empresas chilenas asociadas al sector minero.
Como existe una Comisión Binacional que debe preocuparse del problema y una zona de operaciones que figura en el protocolo específico, solicito se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que nos informe si es efectivo que la empresa Barrick Argentina o Barrick Chile ha licitado la construcción de un campamento para la explotación y apertura del yacimiento Pascua Lama en Argentina, lo que debiera estar en conocimiento de dicha Comisión, y si es efectivo que también ha licitado la construcción de un camino que va del sector Rodeo a Lama, en la provincia de San Juan, por el lado de la nación Argentina.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Patricio Walker , José Miguel Ortiz , Enrique Jaramillo y Waldo Mora.
FALLO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO SOBRE TASAS IMPOSITIVAS A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker .
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, este último tiempo en la región de Coquimbo ha habido una preocupación muy seria por los efectos del fallo definitivo de la Organización Mundial de Comercio respecto de la legislación tributaria de las bebidas alcohólicas. Básicamente, porque establece que en Chile habría un trato no igualitario y discriminatorio en las tasas impositivas del pisco en relación con las bebidas alcohólicas extranjeras.
En ese sentido, es muy importante que el Gobierno chileno establezca una política muy clara, muy seria, de defensa de este producto que no sólo es patrimonio de la Cuarta Región, sino del país, sobre todo porque en la actualidad existe una situación complicada en las regiones Tercera y Cuarta, debido a la sobreproducción de uva pisquera, que está llevando a muchos agricultores a arrancar las viñas. En caso de modificarse la legislación en términos que perjudique la producción de este producto, se afectaría de manera no menor la producción y la fuente laboral de mucha gente.
En ese sentido, es fundamental, en primer lugar, que en la legislación o en los criterios que fije el Gobierno no se acoja el planteamiento de quienes defienden la aplicación de un impuesto único para las bebidas alcohólicas, pues sería tremendamente dañino para nuestra región. En segundo lugar, que establezca una graduación alcohólica lo menos lesiva para nuestra industria. Para ese efecto, es perfectamente posible disminuir los tramos entre las bebidas alcohólicas de menor y mayor grado, que hoy tienen una diferencia de impuesto de veinte puntos, de manera que no resulte perjudicial para nuestra región.
También es importante que exista una política respecto del whisky, el tequila y otras bebidas alcohólicas extranjeras que son fuertemente subsidiadas, principalmente en los insumos, en sus países de origen. Es necesaria una política semejante a la aplicada al maíz, la leche y la carne en otras regiones, que proteja nuestros productos y de alguna manera haga frente a los subsidios y distorsiones que se producen con los productos de otros países.
Es perfectamente legal y posible establecer paraaranceles o aranceles consolidados de 25 por ciento, que son un complemento al arancel externo común del 10 por ciento, para que el pisco no sea perjudicado con los subsidios y con el dictamen de la OMC.
Solicito se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que nos señale si Chile expuso ante la OMC los criterios que se presentarán respecto de la adecuación a la legislación de las bebidas alcohólicas en Chile, pues el plazo de presentación vencía a mediados de enero. Al parecer, según nos dijo el Canciller, se está pidiendo una prórroga de tres meses para hacerlo.
En segundo lugar, que nos informe cuál será el criterio que se presentará no sólo en materia de la escala tributaria, sino también en lo relacionado con la defensa de la denominación de origen de este producto en Chile y con las políticas de para aranceles o aranceles consolidados para proteger la producción de uva pisquera y de pisco, tan sensible para nuestra región.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Jaime Mulet , Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz .
NUEVAS OFICINAS DEL BANCO DEL ESTADO EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, desde hace muchos años he tratado de mantener una norma que consiste en hacer un reconocimiento a las personas o autoridades que han accedido a nuestras solicitudes, las cuales permiten mejorar el nivel y calidad de vida de las personas.
En esta ocasión, quiero hacer un reconocimiento al Banco del Estado, que es el banco de todos los chilenos, porque accedió a mi solicitud de hace unos tres años, de instalar una caja auxiliar de esa entidad en la recién creada comuna de Chiguayante, y un centro de atención en la comuna de San Pedro de la Paz. Debido a que se trata de dos comunas pujantes y que están demostrando un gran desarrollo, consideramos insuficientes esas medidas y pedimos mejorar dichas instalaciones bancarias.
Pues bien, hace unos quince días, el presidente del Banco del Estado, señor Andrés Sanfuentes , inauguró oficialmente la nueva oficina en Chiguayante y cumplió con transformar la caja auxiliar en sucursal. Alegría para las y los chiguayantinos.
Además, hace algunos días, el Banco del Estado inauguró una nueva oficina en la calle 21 de Mayo de Concepción, en el sector Lorenzo Arenas, cerca de la Vega Monumental, oportunidad en que su presidente me contestó públicamente, ante la presencia de muchas personas, autoridades y vecinos del sector, que el directorio accedió a nuestra solicitud y ya compró el terreno en San Pedro de la Paz, a fin de transformar el punto de atención en sucursal dentro de los próximos meses.
Por lo tanto, solicito que por intermedio del Ministerio de Hacienda se oficie al presidente del Banco del Estado, señor Andrés Sanfuentes , y a los miembros del directorio, haciéndoles llegar mis agradecimientos, porque están haciendo patria al integrarse a comunas que otros bancos privados no consideran.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Patricio Walker y Enrique Jaramillo
INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIÓN DE VIVIENDAS EN CHIGUAYANTE SUR. Oficio.
El señor ORTIZ.-
En segundo lugar, luego de pasado el fervor electoral es bueno poner claridad en determinados asuntos para tranquilidad de la gente.
Uno de los temas comentados en Chiguayante se relacionaba con la posible expropiación de cientos de casas ubicadas en el área sur de la ciudad, con ocasión de la licitación de la costanera. Sobre el particular, solicito se oficie al ministro de Obras Públicas para que ratifique por escrito lo que me señaló en forma verbal en su oportunidad: que no se expropiaría ninguna vivienda en Chiguayante sur debido a la licitación de la costanera desde el puente viejo hasta Chiguayante, proyecto que cambiará la vida de la ciudad.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Patricio Walker y Enrique Jaramillo .
INSUFICIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE HECHOS QUE AFECTAN AL EX SUBSECRETARIO BELISARIO VELASCO. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton .
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, con fecha 11 de noviembre del año pasado, a través de un oficio que solicité enviar al ministro del Interior, se informaba que el ex subsecretario de esa Cartera, señor Belisario Velasco , se encontraba querellado por el particular Giovanni Carella , por los delitos de estafa y apropiación indebida, los que se habrían cometido en el marco de la suscripción de un convenio de patrocinio entre la Subsecretaría del Interior y la empresa de producciones Rapa Nui limitada, para publicar un libro en conmemoración de los 110 años de la anexión de Isla de Pascua a nuestro país. El mencionado documento fue remitido por la dirección jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio del Interior, repartición que remitió los documentos a la Cámara de Diputados.
Lamentablemente, el convenio de patrocinio con el Gobierno de Chile para la realización nacional del proyecto denominado “Programa de celebración oficial del 110º aniversario de la Isla de Pascua” no fue enviado con el anexo respectivo. El ministro del Interior se permitió “obviar” la inclusión de dicho anexo ordinario Nº 0609, de 2 de diciembre, ocultando el conocimiento de su fundamental contenido y manipulando así la verdad de los hechos.
Tanto el convenio de realización con la fundación Isla de Pascua Eastern Isla como su anexo, tampoco fueron enviados por el ministro del Interior al Presidente de la Cámara de Diputados, no obstante tratarse de documentos fundamentales del convenio de patrocinio que originó la realización nacional del señalado proyecto.
De la lectura y examen de los documentos que el ministro del Interior se permitió ocultar a la Presidencia de la Cámara de Diputados, se desprende claramente la existencia de los delitos por los cuales el señor Giovanni Carella se ha querellado. Tanto es así que obra en mi poder una orden de arraigo dirigida al ex subsecretario del Interior, señor Belisario Velasco , actual embajador de Chile en Portugal y gran agente en la zona sur de la campaña del electo Presidente de la República, señor Ricardo Lagos . Incluso, al ser sorprendido por la prensa, señaló que quien tuviera algún problema podía recurrir a los tribunales. El Gobierno responderá si este embajador cumple con sus obligaciones o es un activista de campañas políticas.
Por lo anterior, solicito se oficie al ministro del Interior para que envíe los anexos enumerados, de modo de completar la información que hasta ahora ha ocultado.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ENTREGA DE VIVIENDAS SIN ALUMBRADO ELÉCTRICO EN VILLA CHILOÉ, DE AISÉN. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, quiero poner en conocimiento de esta Corporación que con fecha 7 de enero del presente año fueron entregadas viviendas básicas en la Villa Chiloé, de la comuna de Puerto Aisén, con ocasión de la última visita del ministro de Vivienda y Urbanismo a nuestra región. El inconveniente que quiero denunciar está referido a que dichas viviendas no cuentan con luz eléctrica, vital elemento para que las casas sean habitadas, situación que tiene a los pobladores muy molestos, pues sienten que se ha jugado con sus necesidades.
Frente a este problema, los pobladores han recurrido en forma reiterada al Serviu local, que aseguró que el problema se solucionaría antes del 14 del presente. Sin embargo, aún no se subsana el problema. Consultadas la municipalidad y la Empre-sa Eléctrica de Aisén, se ha informado que la Dirección de Obras Municipales no ha recepcionado las viviendas, que las carpetas para la instalación eléctrica no han sido presentadas en la empresa y que tampoco se ha dado término a la red de baja tensión.
Frente a esta irresponsabilidad del Serviu, como representante de Aisén, quiero denunciar la utilización electoral que se hizo de gente de trabajo que lucha por dar bienestar a su familia. Estas personas se vieron obligadas a ocupar las casas porque, de lo contrario, deberán seguir pagando arriendo, además de la mensualidad de la vivienda entregada.
Por las razones expuestas, solicito se oficie al ministro de Vivienda, a fin de que indique la motivaciones que tuvo para la inauguración irregular de la mencionada villa, y al Contralor General de la República, para que informe sobre tal procedimiento.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Leopoldo Sánchez , Enrique Jaramillo y Haroldo Fossa .
SOLUCIÓN DE DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUIDICO-TIRÚA.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa .
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, el 11 de noviembre recién pasado, solicité una investigación en el Ministerio de Obras Públicas sobre la construcción del camino Quidico-Tirúa, en la Octava Región, por haberse encontrado irregularidades en la instalación de la carpeta de estabilizado en el tramo Cañete-Tirúa.
Quiero reconocer la respuesta que nos ha entregado dicho Ministerio y destacar cómo en ocasiones se obtienen resultados. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Oficina de Inspección Técnica de Obras, procedió a ejecutar calicata en forma aleatoria en los sectores indicados, con base granular entregada, constatándose irrefutablemente los menores espesores de la capa estructural compuesta por la sub-base más la base granular respecto de los espesores especificados en el proyecto. El chequeo de estos puntos de referencia, efectuado por la Dirección Regional, en conjunto con la Oficina de Inspección Técnica de Obras, arrojó que éstos habían sido bajados de nivel en un promedio de 6 centímetros. Si se considera que cada faja de camino en construcción a nivel tiene 4,3 metros de ancho, la cantidad de base granular que se evitaba colocar arrojaba una importante cantidad de metros cúbicos de áridos.
Se tomaron las medidas del caso, procediéndose a informar sobre las graves irregularidades y, además, se solicitó la remoción del personal de la empresa Valco y compañía limitada, responsable directa de las irregularidades detectadas. Incluso, se pidió el despido del ingeniero residente.
Con lo anterior, quiero destacar que cuando nos preocupamos de un determinado problema, se encuentra una solución al mismo. En este caso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus oficinas de la Octava Región resolvieron un problema de por sí gravísimo e irregular.
MOVILIZACIONES DE MAPUCHES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a los resultados del último proceso electoral presidencial en tres comunas del distrito 46 de la Octava Región, que represento: Cañete , Contulmo y Tirúa, que tienen una alta población indígena, concentrada en comunidades mapuches, entre ellos lafquenches y otros. En las dos vueltas, se destacó una cosa importante: el voto democrático emitido por estas comunidades, que privilegian su condición de ser gente pacífica.
El alcalde de Tirúa, don Adolfo Millabur , se caracteriza por considerarse a sí mismo un nuevo Lautaro , y se comunica allende la cordillera de Nahuelbuta con la gente del centro y con los mapuches para provocar disturbios, movilizaciones, violencia y ataques permanentes a la empresa y propiedad privadas. Lo equivocado de este procedimiento quedó evidenciado en las dos vueltas eleccionarias. En la segunda, el propio señor Millabur , con todo el aparataje estatal, trató de revertir la situación. No lo consiguió, porque los propios mapuches le pasaron la cuenta.
Entonces, hay que deducir que carece absolutamente de razones valederas el ataque violento y permanente a la empresa y propiedad privadas en la zona. Respecto de esta situación, todavía no hemos obtenido, a pesar de haberlo solicitado, sobre todo de parte del Ministerio del Interior, la aplicación de las medidas correspondientes en un Estado de Derecho.
Por lo tanto, pido que se oficie nuevamente al Ministerio del Interior para que nos indique cuál es la política que ejercerá en cuanto a las movilizaciones de nuestras etnias en esas zonas, además de las que están al otro lado de la cordillera de Nahuelbuta, en la Novena Región, donde las votaciones demostraron que las comunidades mapuches son pacíficas.
Esto demuestra que estábamos en lo cierto cuando denunciamos que hay activistas infiltrados en esas comunidades y que son ellos los que están provocando estas irregularidades, las cuales son tremendamente delicadas. Estamos en época de alto riesgo de incendios forestales; de turismo, con mucha movilización de gente en la zona sur, y hay personas que están expuestas a que les suceda algo, como ya ha ocurrido en el caso de los incendios.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MULTICANCHA DE EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, con motivo de la discusión del proyecto de ley del deporte en la Cámara, tuve la oportunidad de conversar con el director General de Deportes y Recreación, Digeder, don Julio Riutort , y hacerle una solicitud expresa en nombre de la comuna de Las Cabras, que represento, para hacer realidad el sueño de tener la techumbre de una multicancha ubicada en la zona rural denominada El Manzano.
Quiero manifestar mi complacencia por aquella conversación informal, pues el señor Riutort me encontró toda la razón, porque conoce ese sector y está ligado a él, y sin existir proyecto -en esa localidad, en las últimas elecciones, el actual Gobierno fue muy castigado, porque el 70 por ciento de la votación la obtuvo el abanderado de nuestro sector, don Joaquín Lavín -, ayer el director regional dio la venia para iniciar esa obra por instrucciones de don Julio Riutort.
Eso demuestra el cumplimiento de la palabra empeñada por una autoridad. A lo mejor, como decía el Presidente electo, se está escuchando a la gente, porque quizás una de las razones del voto adverso que tuvo la Concertación fue porque no hizo lo que debió realizar hace mucho tiempo: enviar un proyecto muy sencillo, que significa pocos recursos, pero que satisface un anhelo muy grande y esperado por sectores aislados, olvidados y muy modestos, los cuales tienen derecho a contar con una multicancha techada para efectuar sus actos y prácticas deportivas y culturales.
Por eso, solicito que se oficie a don Julio Riutort , para agradecerle el gesto de haber escuchado la petición de este parlamentario.
Asimismo, pido que se le envíe copia de ese oficio a la señora alcaldesa, doña Miriam Jerez , para que quede constancia de que cuando se conversa con las autoridades y tienen esta respuesta, es bueno.
Aquí hay un cambio de actitud, demostrado por la buena disposición de nuestro director de Deportes y Recreación. Manifiesto mi alegría, en representación de la gente, de los jóvenes modestos, porque podrán contar con un gimnasio moderno que les permitirá hacer todo tipo de deportes durante todo el año.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
SOBRETASA ARANCELARIA A IMPORTACIÓN DE LECHE SUBSIDIADA.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado don Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en el Diario Oficial del 29 de diciembre pasado se publicó una resolución de la Comisión Nacional de Distorsiones, mediante la cual se establece un impuesto adicional a la leche importada proveniente de Estados Unidos de América y de la Unión Europea.
En virtud de esta resolución, aprobada en forma unánime por dicha Comisión, esa importación de leche pagará una sobretasa de 21 por ciento, adicional a la de 9 por ciento, a contar del 1 de enero del presente año. De este modo, a partir de esa fecha, la leche que se importe al país deberá pagar, en total, una tasa de 30 por ciento.
Con esta decisión se busca regular la importación de leche que ingresaba altamente subsidiada, lo que perjudicaba gravemente a los productores y exportadores nacionales, en especial a los del sur de Chile. Además, esta medida les permitió trabajar con un ánimo diferente, pues hasta ahora su actividad era cada día menos rentable. Esa situación habría provocado grave daño a la economía del país si hubiera seguido con la política anterior respecto de este bien indispensable e imprescindible para la alimentación adecuada de los chilenos.
Señor Presidente, esta decisión llevará a nuestros agricultores a renovar sus esfuerzos para producir más y mejor, con el objeto de satisfacer las crecientes demandas de nuestra población.
La resolución que ha tomado la Comisión Nacional de Distorsiones es consecuencia de una lucha de varios meses, en la que participaron productores, exportadores nacionales y algunos parlamentarios que estuvimos por llevar justicia a un mercado abiertamente desequilibrado. Esto también demuestra que se escuchó lo que tanto pedimos, porque la intervención de la autoridad evitará que el mercado distorsione el equilibrio que deben mantener los agentes económicos.
En lo personal, debo expresar que denuncié constantemente esta grave distorsión que estaba afectando a nuestros productores y exportadores, y lo seguiré haciendo cada vez que vea que nuestra capacidad productiva se encuentra en riesgo debido a los subsidios que existen en otros países.
De igual modo, debo expresar mi complacencia por la actitud asumida por la Comisión y la dura lucha emprendida por el propio ministro de Agricultura, don Ángel Sartori , sin duda, el gran ministro que ha tenido la agricultura chilena. No lo digo sólo en forma muy personal, por cuanto es la imagen que de él se tiene en el gremio agrícola sureño.
Es menester señalar que esta resolución tiene un carácter histórico e inédito, ya que es la primera vez que en nuestro país se logra un arancel adicional, compensatorio.
La participación y el conocimiento de primera mano que he tenido respecto de este efecto, me lleva a pensar que otros productores tradicionales de la zona sur no demorarán en plantear medidas semejantes y, por supuesto, en tiempo oportuno.
Hoy se revierte el daño provocado a los productores de leche gracias al el estado en que se encuentra la economía chilena, cuya fortaleza le permite establecer condiciones de defensa. Este ha sido un tremendo logro, y la acogida que ha tenido de parte de quienes trabajaron en esta materia significará la determinación de un precio justo para la leche de parte de las empresas nacionales que adquieren este producto. También, debemos decirlo, esperamos una favorable acogida de esta resolución de parte de las empresas transnacionales.
Al respecto, no tengo dudas de la actitud que adoptará la empresa nacional. Colún , Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada, ha dado una señal positiva en ese sentido. Esperamos que lo mismo ocurra con las empresas multinacionales, pues el subsidio que hasta ahora protegió a los productos importados significó un profundo desgaste para el productor nacional.
Un segundo e importante efecto de la resolución de la Comisión debiera ser el aumento del precio de compra de las plantas procesadoras a los productores. En efecto, éstas pagan actualmente alrededor de 80 pesos por litro; con el arancel adicional, debieran acercarse a los 100 pesos. Por efecto del libre mercado, se da el caso de que las empresas internacionales pagan 50 pesos por litro de leche. Esperamos que con el cambio arancelario esta cifra alcance los 70 pesos.
Finalmente, quiero señalar que comparto otro aspecto del tema, señalado por el subsecretario de Agricultura, don Jean Jacques Duhart , quien desestimó la posibilidad de un alza significativa en los precios al consumidor, afirmando que, más que un aumento en los precios, lo que se pretende es aumentar el consumo interno de leche nacional -para lo cual se están dando las condiciones económicas del caso-, que en la actualidad llega a 128 litros per cápita al año, contra los 280 y 230 litros que se consumen anualmente en Argentina y en Estados Unidos, respectivamente. En la actualidad, el mercado de la leche puede sentirse respaldado, porque la autoridad le ha entregado su confianza.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.24 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora Laura Soto y del diputado señor Aldo Cornejo.
Autoriza la erección de un monumento en homenaje al ex Cardenal Raúl Silva Henríquez. (boletín Nº 2457-04)
“Vistos: El Nº 5 del artículo 60 de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1. Que el ex Cardenal Raúl Silva Henríquez ha sido reconocido como una de las figuras públicas más importantes del siglo XX en nuestro país. Esta importancia radica especialmente en el gran papel que le tocó vivir a la cabeza de la iglesia católica chilena durante cuatro períodos presidenciales, en los cuales se vivieron momentos de alta conflictividad social y de pugna política intensa, incluso, se llegó a un quiebre institucional como el que significó el 11 de septiembre de 1973.
El Cardenal Silva, en todo este período se elevó como una de las figuras morales más trascendentes, llamando a la paz, la conciliación y el entendimiento entre los chilenos, apelando a lo que él llamaba el “alma de Chile”, a la cual definía como libertaria, solidaria, amante de la justicia y por sobre todo, unificada en su fe en Dios y en los valores cristianos.
A don Raúl se le conoció además como un pastor emprendedor, a partir de sus iniciativas se comenzó a vivir en Chile el principio de lo que fue la reforma agraria, se crearon instituciones como el Banco del Desarrollo, las pastorales obreras, la Vicaría de la Solidaridad y las aldeas SOS que albergan a menores desvalidos, entre otras.
2. Como reconocimiento a la memoria del Cardenal Silva Henríquez, el Ministerio de Obras Públicas bautizó la nueva rotonda que conforma la variante Viña del Mar-Valparaíso, en la ruta 68, como “Pórtico Raúl Silva Henríquez”. Sin embargo, en el lugar no existe ningún hito o monumento recordatorio y se hace más que necesario que así sea, ya que con anterioridad a la construcción de la rotonda se alzaba en la plazuela de la variante una cruz recordatoria del espíritu que debe guiar a los habitantes de nuestras ciudades a progresar en paz y armonía. El mismo espíritu que, sin duda, guio e inspiró al Cardenal Silva para realizar la acción bienhechora que desarrolló para nuestra patria.
3. Por todo lo anterior, los diputados patrocinantes venimos en proponer la siguiente moción legislativa.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.-
Autorízase la erección de un monumento en memoria del ex Cardenal Raúl
Silva Henríquez en el lugar denominado “Pórtico Raúl Silva Henríquez”, ubicado en la rotonda de la variante Viña del Mar-Valparaíso, en la ruta Nº 68.
Artículo 2º.-
Las obras se financiarán por erogaciones populares, obtenidas mediante la realización de colectas públicas, las que se efectuarán en las fechas y lugares que determine la comisión especial que se crea para los efectos de este proyecto, como también por medio de donaciones y otros aportes privados.
Artículo 3º.-
Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.
Artículo 4º.-
Créase una comisión especial de siete miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Un representante de la Municipalidad de Viña del Mar.
b) Un representante de la Municipalidad de Valparaíso.
c) Dos diputados.
d) Un representante del Ministerio de Obras Públicas.
e) El Obispo de Valparaíso.
f) El Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.
Los diputados serán designados por la Cámara de Diputados.
El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.-
La comisión especial tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha, la forma y los lugares en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
b) Administrar el fondo creado en el artículo 3º.
c) Llamar a concursos públicos de proyectos y para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlos.
d) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el fondo.
Artículo 6º.-
Si al concluir la construcción del monumento, resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados -conservando el espíritu de las obras del Cardenal- a las aldeas S.O.S., que albergan a menores desvalidos, o en subsidio, lo que la comisión especial determine”.