Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Rafael Adolfo Moreno Rojas
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. Proyectos de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Ivan Mesias Lehu
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Pareto Gonzalez
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Jaime Mulet Martinez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jose Perez Arriagada
- Ivan Mesias Lehu
- Fanny Pollarolo Villa
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Krauss Rusque
- Edmundo Salas De La Fuente
- Maria Isabel Allende Bussi
- Carlos Montes Cisternas
- Sergio Velasco De La Cerda
- Eliana Caraball Martinez
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jaime Naranjo Ortiz
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Osvaldo Palma Flores
- Haroldo Fossa Rojas
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Gustavo Alessandri Valdes
- Carlos Caminondo Saez
- Roberto Delmastro Naso
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Juan Antonio Coloma Correa
- Maria Pia Guzman Mena
- Rosauro Martinez Labbe
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. Proyectos de acuerdo.
- VI. DOCUMENTO DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Rosa Gonzalez Roman
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Enrique Krauss Rusque
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Longueira Montes
- Jorge Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 21ª, en miércoles 13 de mayo de 1998
(Especial, de 11.10 a 13.45 horas)
Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg, y Naranjo Ortiz, don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia4
II. Apertura de la sesión7
III. Actas7
IV. Cuenta7
V.Objeto de la sesión.
Situación de la seguridad ciudadana. Proyectos de acuerdo7
VI.Documento de la Cuenta.
1.Moción del Diputado señor GarcíaHuidobro, de las Diputadas señoras Ovalle, doña María Victoria, y González, doña Rosa, y de los Diputados señores Errázuriz, Krauss, Vilches, Longueira y Ulloa, que interpreta el inciso segundo del artículo 363, del Código de Procedimiento Penal, sobre libertad provisional. (boletín N° 2168-07)42
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados: (104)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Huerta, Manuel
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
Con permiso constitucional estuvo ausente la Diputada señora María Antonieta Saa.
Asistieron, además, el Ministro del Interior, señor Carlos Figueroa,
y el Senador, señor Rafael Moreno.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. Proyectos de acuerdo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Esta sesión fue citada a petición de 41 honorables diputados, con el objeto de debatir la situación de la seguridad ciudadana del país.
Se invitó al Ministro del Interior, señor Carlos Figueroa , quien solicitó a la Mesa recabar el acuerdo de los señores diputados para que pueda ingresar a la Sala el Director de Seguridad, señor Mario Papi .
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Los quince minutos previos que establece el artículo 74 del Reglamento, corresponden al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Krauss Rusque .
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento, nos corresponde iniciar esta sesión para tratar un tema de gran significado e importancia: la preocupación respecto de la seguridad ciudadana.
Sobre el particular, es importante hacer referencia a un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo humano, Pnud , encargado por nuestro Gobierno, que demuestra que la inseguridad es uno de los rasgos distintivos de la calidad de vida con que estamos terminando el siglo XX.
Tal como ocurre en la mayoría de los países, en Chile se ha producido una verdadera paradoja entre las ventajas inherentes al desarrollo y la modernidad y la apreciación con que subjetivamente estas ventajas son asimiladas por los integrantes de cada una de las comunidades nacionales.
Esta colisión entre el avance, el desarrollo y el progreso y las características de la personalidad individual conduce a que en el mundo y en Chile los ciudadanos estén afectados por el temor, la incertidumbre, la inseguridad. Este informe del Pnud establece que, luego de distintos análisis empíricos, los chilenos están afectados en la actualidad por tres clases de temores: el temor al otro, el temor a la exclusión social y el temor al sinsentido. Tres temores que remiten a las coordenadas básicas del contrato social: la confianza en los otros, el sentido de pertenencia y las certidumbres que ordenan el mundo de la vida cotidiana.
La sociedad moderna no produce ni reproduce de modo espontáneo y evidente estas coordenadas fundantes del pacto que nos permite vivir en comunidad. Por eso, se requiere de manera intencional y reflexiva suplir estos posibles déficit de los mecanismos específicos por medio de los cuales la sociedad nos interesa la sociedad chilena ha configurado la integración social.
He querido iniciar el debate con estas consideraciones generales acerca del fenómeno social y cultural de la inseguridad y la incertidumbre, que constituyen una especie de telón de fondo de nuestra actual realidad social y nos conducen a sostener, como primera hipótesis, que la temática de la inseguridad ciudadana se inserta en una concepción más amplia y dominante entre los chilenos que, por diversas razones y causas, expresan temor, inquietud y dudas acerca de su presente y de su futuro. Este sentimiento, que en ocasiones se transforma en emoción, que se manifiesta en gestos o con palabras, símbolos o conceptos, constituye una expresión de la subjetividad colectiva, de la cual las autoridades y los parlamentarios debemos hacernos eco.
Recordar una vez más que todo proyecto político el relativo a la seguridad ciudadana lo es debe centrarse en la persona, agente activo o pasivo del hecho criminógeno. Enfocar el análisis de este tema en los bienes, como suele hacerse entre nosotros, constituye un error que hace perder la claridad de los objetivos.
En este sentimiento global y generalizado de inseguridad se inscribe la temática que nos convoca: la inseguridad ciudadana, esto es, el temor que agobia a los ciudadanos de ser víctimas de acciones delincuenciales. Los chilenos asocian espontáneamente la idea de inseguridad con la delincuencia. Ella constituye una de las preocupaciones determinantes en todas las encuestas, lo que revela que “el miedo al otro” es una de las más significativas expresiones de inseguridad subjetiva.
Es, a lo menos, complejo, desde el punto de vista psicosocial, establecer claramente esta noción de seguridad subjetiva y objetiva. Tal vez se puede recurrir a uno de los teóricos del tema: Cristhian Bay, que ya en 1970 estableció que existía una seguridad subjetiva, es decir, la ausencia relativa de ansiedad o miedo, y una seguridad objetiva, esto es, la relativa ausencia de peligro concreto, real.
Es difícil, por decir lo menos, respaldar en términos absolutos la sensación subjetiva de inseguridad con antecedentes estadísticos fidedignos. En nuestro país ellos se fundamentan, básicamente, desde siempre, en las denuncias efectuadas o en los procesos incoados o en las sentencias producidas. En consecuencia, reflejan más la actividad policial que el fenómeno criminológico.
La Fundación Paz Ciudadana, dirigida en alguna oportunidad por nuestra colega María Pía Guzmán , ha realizado un notable esfuerzo para sistematizar esas estadísticas, pero ellas siguen siendo relativas a la actividad policial más que al hecho criminal propiamente tal y, en consecuencia, no son lo suficientemente completas para el estudio del tema.
Pero ese sentimiento existe. La gente siente inseguridad y hay que reconocer esa expresión que aparece como real e indiscutible y que además se amplifica por la resonancia que a los hechos criminales otorgan los medios de comunicación. La noticia policial sacude la emotividad de lectores, auditores y televidentes, y aumenta circulación y audiencia. Existen experiencias históricas sobre la materia en los Estados Unidos. El imperio de William Randolph Hearst, el Ciudadano Kane, de la vieja película de Orson Welles, se fundan precisamente en la explotación del hecho criminal como elemento noticioso.
La circunstancia adicional de que hoy los delitos tienen una connotación brutalmente violenta y afectan a sectores pudientes de la sociedad, lo que antes, en general, no ocurría sin perjuicio de que, como lo han demostrado estudios verificados en comunas populares, realizados por Fhruling y Luis Sandoval , la criminalidad en ellas sigue siendo una triste realidad, implican una exagerada connotación noticiosa del tema. No estamos afectando ni sugiriendo coartar la libertad de expresión, ratificada ejemplarmente en la sesión celebrada ayer por la Cámara, pero sí realizando una convocatoria de carácter ético a los medios de comunicación, para que no se dejen sacudir exclusivamente por los desafíos del mercado ni adicionen a ello las posibilidades técnicas de producción de la noticia que conducen a que se pase a ser protagonista del hecho delincuencial, víctima pasiva de la violencia, con lo cual, naturalmente, se incrementa la sensación de inseguridad e incertidumbre.
Los gobiernos de la Concertación han entendido que la seguridad, la tranquilidad y el orden públicos son una de sus responsabilidades más esenciales, y las resumieron en un concepto comprensivo y globalizador que se ha arraigado profundamente en la conciencia nacional: el de seguridad ciudadana, noción creada en Europa para distinguir los medios que arbitra el Estado y la sociedad para crear las condiciones que permitan una convivencia pacífica y de integral y recíproco respeto a la ley y normas de policía.
Sin embargo y siempre ha sido un punto de referencia sostenido por los gobiernos de la Concertación, la responsabilidad en el ámbito de la seguridad ciudadana no es exclusiva ni excluyente del gobierno. La seguridad ciudadana es una cuestión de Estado, un problema y una tarea que involucra a todos los sectores sociales. En su defensa y promoción juegan un rol importante desde las organizaciones comunitarias hasta los gobiernos regionales o locales. Vale decir, en su conjunto, en esta materia le cabe un rol a toda la comunidad organizada, a los empresarios y a los trabajadores, y a cada uno de los miembros individualmente considerados. Los llamados a salvaguardar las condiciones básicas para que exista seguridad ciudadana, premisa esencial para el desarrollo adecuado de nuestra sociedad y para el ejercicio pleno de las libertades, son, en definitiva, cada uno de los habitantes de nuestra tierra.
La consideración de este tema no debería centrarse exclusivamente en las acciones de policía, porque el fenómeno delincuencial es tremendamente complejo; va desde la etiología, es decir, las causas en virtud de las cuales se delinque, entendiendo inaceptable la antropología positivista del criminal nato elaborada por Lombroso. El conjunto de causas que generarían condiciones proclives a la conducta delincuencial es variado y deberían ser motivo de atención: las condiciones socioeconómicas, las deficiencias educacionales, la crisis de la familia, la adicción a la droga o al alcoholismo, el estímulo del consumismo, la abrumante concentración urbana, entre otras, que influyen en estas conductas y respecto de la cuales repito es imprescindible actuar.
La complejidad del análisis no dice sólo relación con las causas, sino también con sus efectos y con los elementos que debieran caracterizar una política para enfrentarlas. La comisión de acciones delincuenciales echa a andar un circuito que comprende las tareas de prevención tendientes a que ellas no ocurran, las de investigación y represión una vez cometidas, las de procesamiento y sanción mediante la aplicación, por parte de la jurisdicción, de las normas procesales y positivas que correspondieren, y el cumplimiento de la pena en los establecimientos penitenciarios adecuados, intentando satisfacer su ambivalente propósito, esto es, la sanción, el castigo y, al mismo tiempo, la rehabilitación.
La Democracia Cristiana y la Concertación de Partidos por la Democracia no tienen complejos limitantes para tratar el tema de la seguridad ciudadana. De alguna manera, la convocatoria de esta sesión así lo está demostrando. Estamos conscientes de que la sesión del pasado miércoles 6 se centró exclusivamente en la consideración de algunos problemas que afectan a Carabineros de Chile y no se involucró en las diversas, complejas y múltiples facetas de la problemática de la seguridad ciudadana que sucintamente hemos tratado de expresar.
Al revés de lo que se dice con ligereza, los gobiernos de la Concertación siempre han otorgado a la seguridad ciudadana la mayor importancia y la más prioritaria consideración.
En su primer mensaje, el 21 de mayo de 1990, pocos meses después de asumir, el Presidente Aylwin señaló: “Es tarea esencial e ineludible de todo gobierno la defensa de la seguridad interior y el resguardo del orden público. Mi Gobierno dijo asume plenamente su responsabilidad en la materia sobre la base de que ésta es una tarea que debe comprometer al conjunto de la sociedad y de las instituciones del Estado y, muy especialmente, a las fuerzas de orden y seguridad”.
Coincidente con lo anterior, el Presidente Frei , en el Congreso Pleno de mayo de 1996, convocó tal como señalamos en nuestra intervención a una “estrategia integral de prevención que reduzca sistemáticamente los niveles de delincuencia”, estrategia que supuso, en su concepto, una gestión cada vez más eficiente de los servicios policiales, contar con normas legales orientadas a inhibir la comisión de delitos, modernizar el proceso de administración de justicia y procurar la reinserción social de los reos mediante su capacitación laboral.
Esta enorme tarea, encabezada por los presidentes Aylwin y Frei , con participación y respaldo de la mayoría ciudadana que aspira a vivir en orden y paz participación y respaldo del cual, por cierto, no ha estado ajeno el Congreso Nacional, se ha llevado a cabo con la entrega y el sacrificio del perdonal se Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, cuya esforzada labor requiere continuar contando con el apoyo ciudadano, sin perjuicio de que es imprescindible como se ha señalado en más de un debate parlamentario que se incremente la eficiencia operativa y se demuestre eficacia y eficiencia en la utilización de los enormes recursos que el Estado, con sacrificio, ha ido entregando para el desarrollo de sus actividades.
Gracias a la conducción política, al respaldo parlamentario y al trabajo de las instituciones policiales, se ha logrado disminuir la acción terrorista, combatida con las armas de la justicia y el derecho, sin incurrir en las prácticas del terrorismo de Estado.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiempo, señor diputado.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, voy a continuar con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
¿Lo autoriza, Diputado señor Pareto ?
El señor PARETO.-
Sí, señor Presidente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Puede continuar su Señoría con cargo a dicho tiempo.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, se ha creado conciencia y se ha luchado con eficacia en contra del corrosivo flagelo del narcotráfico y se han reducido ciertas formas criminales, como el asalto a instituciones bancarias y financieras.
Esa labor, ciertamente, ha sido posible merced a la actividad policial, pero también al respaldo político entregado por los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei. Los Ministros del Interior y de Defensa Nacional no han venido a esta Cámara o al Senado simplemente a testimoniar posibilidades o aspiraciones para realizar su labor. Periódicamente y hoy lo va a hacer el señor Ministro del Interior vienen a expresar lo mucho que se ha hecho, sin perjuicio de reconocer lo mucho que falta por hacer. De tal manera que es inaceptable que se sostenga que los ministros concurren simplemente a hacer promesas, porque las promesas y los compromisos están avalados por el testimonio de los hechos. Y quiero simbolizar, particularmente en un funcionario, el esfuerzo realizado a través de los dos gobiernos: Belisario Velasco , quien ha coordinado la labor policial, más allá de la incapacidad institucional que significa la doble dependencia actualmente existente.
Los democratacristianos, una vez más, redoblamos en esta oportunidad nuestro compromiso con la creación de condiciones de la seguridad ciudadana. Estamos conscientes de las dificultades de este empeño y entendemos que todos los sectores representados en esta Cámara se deben sentir igualmente involucrados en este esfuerzo. Estamos conscientes de que la acción en materia de seguridad ciudadana pasa sobre la base de que la persona es la razón de ser de nuestra voluntad de servicio público y, en consecuencia, no aceptamos que primen en ésta, como en otras materias, simples criterios economicistas, que la acción en materia de seguridad se oriente en forma exclusiva a la protección de los bienes materiales, que se desconozcan los principios de solidaridad, que se busque la solución en las causas finales generadoras del delito.
Creemos en la seguridad, porque hace la diferencia entre la libertad y la anarquía, y sabemos que la libertad, es decir, la democracia, es el fundamento de la paz.
Somos partidarios de la libertad, no del libertinaje ni de la disipación; somos partidarios del orden, pero no de la paz de los cementerios, y, al igual que Roosevelt, pensamos que orden sin libertad y libertad sin orden son igualmente destructivos.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor FIGUEROA (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, en nombre del Gobierno concurro a esta sesión especial, convocada para tratar la situación de la seguridad ciudadana en el país.
Al Ministro del Interior le corresponde la competencia en materias de orden y seguridad pública, y por un decreto de 15 de marzo de 1994, la coordinación de las policías de Carabineros e Investigaciones en sus aspectos operacionales.
Intervengo en un momento en que todos los sectores de la ciudadanía manifiestan una inquietud comprensible y justificada por el aumento de la delincuencia, en especial por el incremento de la violencia con que actúan los delincuentes.
Creo que no es el momento ni el lugar para hacer disquisiciones filosóficas sobre la delincuencia, sino para hacerse cargo de los temores de la gente en forma constructiva, más allá de que muchas veces pueden ser injustificados.
Todos sabemos que las causas del delito son variadas y complejas; que sus raíces, a menudo, se encuentran en la violencia en el hogar, la desintegración de la familia, la temprana deserción escolar, la difusión de la droga entre los jóvenes y la falta de oportunidades y recreación para ellos.
También nos consta que nuestro sistema judicial y penal es anacrónico, que no funciona bien y que ha llevado a que en la sociedad se generalice un sentimiento de impunidad, avalado por serios estudios en la materia. Asimismo sabemos que el aumento de la delincuencia y su grado de violencia es un tema de las sociedades modernas.
En cuanto a lo que sucede en los países desarrollados y el resto de los países de América Latina, nos confirma que estamos en presencia de uno de los efectos más perversos del desarrollo económico.
William Bennett , quien fue director nacional de la política de drogas en Estados Unidos, en su reciente visita al país dijo: “Los problemas que vive Chile respecto de la delincuencia y del tráfico de drogas se deben, irónicamente, al progreso experimentado por el país en el ámbito de las libertades personales, en el retorno a la democracia y a la riqueza acumulada, producto del éxito económico del país”.
Sin embargo, no estamos aquí para consolarnos con lo que pasa en el resto del mundo ni para compararnos favorablemente con los índices de criminalidad que muestran países más o menos desarrollados. Estamos para abordar en conjunto, y si es necesario con iniciativas legales, el modo de revertir el avance de la delincuencia en el país. Al respecto, me atrevo a decir que estamos a tiempo para enfrentar este verdadero negocio del delito.
En cuanto al fondo en que se origina una parte del problema delictual, la iniciativa más importante es la reforma educacional, la construcción de complejos deportivos y espacios comunitarios y la erradicación de la miseria en más de cien campamentos que aún quedan en el país.
El mismo Bennett hacía hincapié, como forma de lucha contra la delincuencia, “en la educación cívica, en la formación de valores éticos y morales, y en el fomento del rol formador de las familias y de las organizaciones comunitarias”.
El general Barry MacCafry , actual director del mismo órgano contra la droga de Estados Unidos, después de participar en una reunión formal del Consejo nacional para el control de drogas y estupefacientes, expresó que lo que más le había impresionado en la exposición de las policías de Carabineros e Investigaciones fue su afirmación de que terminar con el problema de la droga no era una labor policial. Dijo: “Efectivamente, ésta es una tarea de las madres, de los profesores y de las organizaciones de la comunidad”.
En síntesis, creo que estamos de acuerdo en que terminar con la minería y mejorar la calidad de vida de nuestra población es un elemento para hacer retroceder el delito; pero, como dijo el Presidente Frei en días pasados, “no podemos atribuir el delito exclusivamente a causas sociales, como si los individuos no fueran libres y responsables”.
Entonces, la Cámara de Diputados tiene derecho a preguntar: ¿Qué ha estado haciendo el Gobierno por la seguridad pública? Trataré, en síntesis, de dar cuenta del rol y de la gestión de los principales agentes en materia de seguridad interior, cuyos objetivos han sido:
1.Poner en práctica un completo plan nacional de seguridad ciudadana.
2.Promover la participación ciudadana y de las organizaciones vecinales en la adopción de medidas preventivas que dificulten la comisión de delitos.
3.Disponer un contacto frecuente y sistemático entre Carabineros y los sectores poblacionales urbanos, capacitando policías con este objeto, de modo de prevenir acciones delictuales o de tener una mejor respuesta frente a los hechos delictivos.
4.Estimular la modernización de las policías de Carabineros e Investigaciones para conseguir mejor asignación de recursos en función de objetivos, mejorar procedimientos administrativos y reforzar la coordinación de las policías entre sí y con los jueces del crimen.
Me limitaré a señalar las líneas de acción que contiene el plan cuya integridad, coherencia, sistematicidad y carácter participativo ha sido el fruto de un trabajo de diversos organismos del Estado y de entidades académicas y privadas con competencia en materia de seguridad ciudadana.
Espero que este aspecto no aburra a la honorable Cámara, pero es mi obligación explicar de qué manera estamos asumiendo nuestra responsabilidad en este tema tan importante.
Los principales aspectos que comprende el plan son: perfeccionamiento de la investigación y diagnóstico de la realidad delictual, campañas preventivas, prevención y control de drogas, prevención a nivel local, labor policial preventiva e investigativa, modernización de las instituciones policiales, reforma de la justicia penal y aplicación de penas y reformas al sistema carcelario.
El Ministerio del Interior cuenta con los siguientes organismos e instancias, a través de los cuales realiza su tarea de coordinación de las policías en materia de seguridad pública:
1.Comité de Seguridad. Funciona quincenalmente, lo preside el Ministro del Interior y lo componen los subsecretarios del Interior, Justicia, Carabineros e Investigaciones; el Director de Seguridad Pública, el Director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, el Director de la Policía de Investigaciones, el Director de Gendarmería y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Este Comité analiza quincenalmente todas las informaciones y actividades sobre delincuencia común, narcotráfico, actividad subversiva y accidentes de tránsito; estadísticas delictuales, tanto las que prepara la Dirección de Seguridad Pública como las que se reciben de los organismos privados, los hechos policiales más significativos, y propone políticas en algunos aspectos.
Señalaré algunos ejemplos. A comienzos de 1997, se produjo un incremento en los asaltos a entidades bancarias y comerciales. ¿Qué hicimos? Una reunión de trabajo con las directivas de la Asociación de Bancos, de Supermercados, de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Comercio, y les propusimos la manera de abordar mejor sus diferentes mecanismos de seguridad.
¿Qué efectos se han producido? Una notable disminución en los asaltos a actividades bancarias, a empresas constructoras y al comercio.
El próximo 19 de mayo esperaba hacerlo con la anterior directiva de la Cámara de Comercio; ahora pienso realizarlo con la nueva, tendremos una reunión precisamente para que den a conocer las medidas que han tomado como consecuencia de este trabajo en conjunto que hemos estado efectuando.
Hicimos un estudio sobre el tráfico de armas. Como ustedes saben, uno de los principales proveedores de armas para los delincuentes en sus delitos de robo con violencia son los particulares que adquieren armas.
En ese Comité, se iniciaron los proyectos de modificaciones legales en materia de delitos de asalto y de libertad provisional. En definitiva, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa importante que modifica el Código Penal en esta materia.
Por último, hemos logrado estructurar un sistema de estadísticas delictuales, al cual me voy a referir a continuación con más profundidad.
El segundo órgano con que el Ministerio del Interior trabaja en materia de seguridad interna aunque parezca curioso lo que voy a decir, es el Consultivo de inteligencia, que preside el Ministro del Interior y en el cual participan los subsecretarios de Interior, de Relaciones Exteriores, los tres jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, los jefes de inteligencia de Carabineros e Investigaciones, el Subjefe del Estado Mayor de la Defensa y el Director de Seguridad Pública. Funciona mensualmente y también es un elemento importante en términos del análisis de la situación de seguridad pública interior, porque ustedes saben que en toda labor de inteligencia, aunque sea sobre seguridad externa, existe lo que se llama inteligencia residual en cuanto a seguridad interior. En esta materia, hacemos un aprovechamiento muy eficiente del trabajo de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Existe también el Consejo nacional de control de drogas y estupefacientes, que preside el Ministro del Interior y del cual forman parte dos representantes de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la política nacional en materia de drogas, el plan nacional de drogas, la encuesta nacional de drogas, el fondo para la prevención de drogas, y con toda actividad que los órganos del Estado entre los cuales hemos incluido, para este efecto, a las municipalidades, realizan en prevención, control y represión del narcotráfico y rehabilitación por consumo de drogas.
Por último, la Dirección de Seguridad Pública, que coordina a los organismos de seguridad pública interior, recaba, procesa y ordena toda la información disponible.
En consecuencia, en materia de delincuencia común, narcotráfico y actividad subversiva hacemos un seguimiento permanente de lo que está pasando y proponemos o adoptamos medidas de prevención, control o represión que, por supuesto, se llevan a cabo por los órganos legales respectivos.
En materia de estadísticas delictuales, no ha sido fácil llegar a tener información confiable, porque se trata de datos que provienen de Carabineros, de Investigaciones, de los jueces del crimen y de Gendarmería. Por esta razón, un mismo hecho se repite en la denuncia y en la orden de investigar. La calificación del delito la hace a veces la víctima o el funcionario policial y puede ser diferente de la que haga el juez en la orden de investigar o en el procesamiento, porque cuando se han cometido delitos múltiples o conexos, lo que sucede a menudo, por ejemplo, en el robo con violencia, no hay seguridad respecto de cuál se consideró en la denuncia o si se les incluyó a todos.
Sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública ha logrado construir un sistema de estadísticas comparadas, información que, de acuerdo con instrucción del Presidente de la República, entregaremos mensualmente a la opinión pública.
En virtud de un convenio celebrado en agosto de 1995 entre los ministerios del Interior y de Justicia y la fundación Paz Ciudadana, avanzamos en la necesidad que tenía el país de formular un sistema unificado en estadísticas delictuales.
La propuesta de implementación fue entregada al Presidente de la República en junio de 1997, por el presidente de Paz Ciudadana, y la posible aplicación ya ha sido analizada por todas las instituciones públicas participantes, y debería, al menos no es fácil, repito, este tema, partir con la experiencia en algunas comunas en el próximo tiempo.
En materia de campañas preventivas, anualmente hacemos la de prevención de drogas para jóvenes, en especial en verano; la campaña de difusión del Fondo nacional en materia de drogas, que este año va a concursar 4.300 millones de pesos, según lo anunciado por el Presidente al dar a conocer las últimas disposiciones sobre reforzamiento de la agenda social, y la campaña de Carabineros sobre seguridad compartida, las cuales son las más importantes que en materia de prevención hemos abordado en el sector público.
En cuanto a la modernización de Carabineros e Investigaciones, en días pasados el Ministro de Defensa Nacional expuso en esta Cámara cómo se han incrementado los recursos de ambas policías, desde 1990 a 1997. El presupuesto de Carabineros ha aumentado en 70 por ciento, en pesos, y en 298 por ciento en dólares, y su personal en un 20 por ciento. En el mismo período, la Policía de Investigaciones aumentó su presupuesto en 120 por ciento, en pesos y en dólares, y su personal en 26.6 por ciento.
Además como lo señaló también el Ministro Troncoso en su intervención respecto de Carabineros, y yo lo agrego en relación con Investigaciones, estos años ha habido recursos extraordinarios para la renovación total del parque vehicular de ambas policías y fondos adicionales para cuarteles y equipamientos, no sólo en el Presupuesto de la nación, sino también en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y en la contribución que han hecho los municipios.
Hoy se inaugura el complejo policial Independencia, de la Policía de Investigaciones, que comprende un edificio de 8.500 metros cuadrados, con una inversión física de 3.300 millones de pesos, la más importante que se ha hecho en la historia de dicha policía. Esto demuestra que el esfuerzo sigue siendo sostenido en esta materia.
Sin embargo, más allá de los recursos, hemos puesto el énfasis en perfeccionar los procedimientos en la mejor formación profesional de las dotaciones y en planes concretos de acción con la comunidad, porque las policías son la cara visible de la autoridad ante ella y el brazo largo de la ley en la represión del delito.
La paradoja es que, pese a todas las críticas que se hacen a la policía, la mayor demanda de los sectores más modestos es por un retén, por una comisaría o por un cuartel policial. Ello demuestra, felizmente, que la gente sigue confiando en ella y que falta estar más cerca de los vecinos, encontrarse en sus calles, acompañarlos, asistirlos y atenderlos.
La existencia del Código de Ética de la Policía de Investigaciones y del Decálogo de Carabineros de Chile, ambos instrumentos de reciente data, son también un avance en la relación de las policías con la comunidad.
Podría extenderme en lo que estamos haciendo en prevención y control de drogas labor muy importante si se tiene en cuenta que el factor de drogadicción es uno de los que impulsa la acción de los delincuentes, particularmente en el robo y en la violencia con que se ejecuta, en cuanto a prevención, a nivel local, y a lo mucho que los municipios han asumido en esta tarea. Pero lo que interesa en este debate es cómo nos hacemos cargo de la preocupación que hoy siente la ciudadanía por su seguridad, que tiene que ver, objetivamente, con el aumento de la delincuencia, en particular en los robos con fuerza o con violencia.
En primer lugar, quiero dejar clara mi opinión en el sentido de que no es real la afirmación o la imagen que algunos tratan de proyectar de que vivimos en un pueblo sin ley o que estamos volviendo a la ley de la selva, o que todos nuestros niños y jóvenes son una amenaza para la sociedad.
Chile no es un país donde reine el caos en materia de seguridad ni donde los órganos que velan por la seguridad de las personas sean ineficaces, negligentes o corruptos, o en que no exista justicia penal.
Estos juicios exagerados, comprensibles en otros ámbitos para juzgar la gestión del Gobierno, en materia de seguridad de las personas tienen el efecto perverso de generar un mayor sentimiento de angustia e inseguridad, que puede afectar el desarrollo del país si logra comprometer el flujo turístico de inversiones. Las percepciones en esta materia son muy importantes.
Como dijo el Diputado señor Enrique Krauss , el estudio del proyecto de Naciones Unidas para el desarrollo, recientemente publicado, indica que el 78 por ciento de los entrevistados declaró sentir temor de ser víctima de un posible delito, mientras que sólo un 6 por ciento reconoció haber sido objeto de un delito.
En la última Memoria de la Fundación Paz Ciudadana aparece el resultado de una encuesta que se hizo a la gente, a la cual se le preguntó: “¿Ha sido usted, o alguna de las personas de este hogar, víctima de algún delito en los últimos años? Las respuestas entregadas fueron: robo o intento de robo, sin violencia física, en lugar público: 30 por ciento; robo o intento de robo, con violencia física, en lugar público: 11 por ciento; robo o intento de robo, sin violencia física, en el hogar: 10 por ciento; robo o intento de robo, con violencia física, en el hogar: 1 por ciento.
Sin embargo, en esta misma Memoria, en el capítulo sobre percepción de la evolución de la delincuencia, preguntada la gente si la delincuencia es mayor que hace un año, casi el 69 por ciento contesta que sí. ¿Es más violenta que hace un año? El 84 por ciento, responde que sí. ¿Aumentará en el futuro? El 65 por ciento manifiesta que sí.
El Centro de Estudios Públicos, en un estudio realizado que sólo me llegó ayer, da a conocer una encuesta sobre este mismo particular. Ante la pregunta: ¿Cuántas veces, en los últimos doce meses, ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de un robo o intento de robo, sin violencia física, en la calle, locomoción o local público?, la gente responde: Sí, al menos una vez, 18 por ciento; no, 82 por ciento.
Al formularle la consulta ¿cuántas veces, en los últimos doce meses, ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de un robo o intento de robo, sin violencia física, al interior de su hogar?, el 93 por ciento responde “No”, y el 7 por ciento contesta “Sí”, al menos una vez”. En cuanto a la pregunta: ¿cuántas veces, en los últimos doce meses, ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de un robo o intento de robo, con violencia física, al interior de su hogar?, la gente dice: sí, al menos una vez, 1 por ciento; no, 99 por ciento.
Sin embargo, al expresarle. ¿Cuán probable cree usted que en su hogar, en su automóvil, en la locomoción o en un lugar público su persona puede ser objeto de un robo o intento de robo?, el 58 por ciento contesta: “Muy probable” y el 20 por ciento, “Medianamente probable”.
O sea, la gente que contestó 1 por ciento, 7 por ciento y 8 por ciento representa la percepción del 78 por ciento. Por eso, las percepciones en esta materia son muy importantes.
Respecto del tratamiento que dan los medios de comunicación a la actividad delictual, es un capítulo para otra sesión. Sin embargo, no me parece que el hurto de una cartera pueda dar origen a un titular a toda página, o que cuando una persona se encierra dentro de una pieza porque está asustada, la televisión lo anuncie como un secuestro. Pero ése es otro capítulo del tema.
En segundo lugar, en el combate o control de la delincuencia, tenemos una política y un plan de seguridad ciudadana en aplicación integral y coherente.
Pero el fenómeno delictivo es dinámico y puede experimentar variaciones significativas en períodos breves. Por eso, la respuesta también debe ser dinámica.
Por eso, el Presidente Frei ha reaccionado de inmediato ante el incremento de los robos con fuerza y con violencia, disponiendo una serie de medidas para enfrentar con mayor rigor este tipo de crimen y asistir a las víctimas.
En tercer término, reitero mi convicción de que el problema de la seguridad también es una obligación de cada uno de nosotros. Jamás he dicho que la seguridad pública sea responsabilidad de la gente. Sería estúpido de mi parte que lo que hago o trato de hacer todos los días, de asumir mi obligación como responsable del orden y la seguridad pública, lo estuviera transfiriendo a la gente en general. A lo que me he referido es a que en la sociedad actual cada persona tiene que tomar, por sí misma, en su casa, en su barrio, en su local de trabajo, medidas, acciones y resguardo de su seguridad. A ello tienden las campañas de prevención para niños, en materia de seguridad, que ha iniciado la Fundación Paz Ciudadana y que estamos haciendo con Carabineros, municipios, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.
En la misma Memoria a que me he referido, a propósito del tema de que la seguridad sea también una preocupación de las personas, esa Fundación da a conocer, cuáles son los objetivos: señalarle a los adolescentes los riesgos que corren, enseñarles a desconfiar de los extraños, evitar que se arriesguen demasiado, que no se suban a autos de desconocidos, evitar toparse con patotas, no pololear en la calle ni en lugares oscuros, salir en grupos, hacer turnos con otros papás, conocer sus amistades.
Me refiero precisamente a los contenidos de esta extraordinaria campaña que la Fundación Paz Ciudadana está haciendo en materia de prevención, y lo hago en relación con la importancia que tiene el hecho de que cada persona asuma que su seguridad es tan importante como su salud.
¿En qué consisten las medidas dispuestas por el Presidente Frei el 27 de abril pasado?
En materia de seguridad pública, en primer lugar, aumentar el control policial en las calles, especialmente en las zonas de ciudades con mayor ocurrencia de delitos, así como la fiscalización eficaz de ese control. Ello implica fijar metas a los policías y entregar información periódica a la ciudadanía. Tal como lo señalé, a partir de este mes entregaremos información sobre los delitos denunciados, a fin de poder evaluar la eficacia de un mayor control policial en las calles.
Segundo, poner énfasis en la prevención y combate de las drogas, para lo cual hemos incrementado este año en la suma de 4.300 millones de pesos el programa del Fondo Nacional Concursable, además de los equipamientos para Carabineros e Investigaciones.
Tercero, reforzar la colaboración comunitaria a la acción policial, con el objeto de promover la participación ciudadana en los planes de seguridad local.
Cuarto, en la reforma de la ley orgánica de municipalidades, a propuesta del Ejecutivo, esta Cámara aprobó la norma que permite a los municipios, en el ámbito de su territorio, desarrollar directa o conjuntamente con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación.
Carabineros, por su parte, nos hará entrega y lo haremos público de un plan completo de acción comunitaria en seguridad pública. Además, el Presidente ha dispuesto una campaña de educación a la comunidad en lo relativo a prevención del delito, en las mismas líneas que antes expresé.
Por último, el Presidente le encargó a este Ministerio presentar las modificaciones legales necesarias en materia de lucha contra la delincuencia.
En el sector justicia, el Presidente Frei ha dispuesto despachar, a la brevedad, el nuevo reglamento penitenciario que hará más severo el otorgamiento de beneficios carcelarios, establecerá una mayor fiscalización del aprovechamiento de los mismos y sancionará rigurosamente los casos de quebrantamiento.
Asimismo, dispuso que se solicitara a los tribunales de justicia una aplicación más exigente de la libertad provisional. La ley Nº 19.503, de junio de 1997, contiene claras y estrictas normas para reconocer este derecho. A este respecto, la Ministra de Justicia ya se entrevistó con el Presidente de la Corte Suprema.
En palabras del Presidente Frei : “Resulta intolerable que personas procesadas por delitos peligrosos puedan andar libremente por las calles y proseguir con su actividad criminal”.
Con el mismo objeto, el Ministerio de Justicia, a través del Registro Civil, colocó 69 líneas telefónicas y fax en todas las regiones, a disposición de los tribunales de justicia, para que los jueces del crimen tengan a mano la información requerida en el momento de decidir sobre la libertad provisional.
También dispuso ampliar la atención del Servicio Médico Legal a 24 horas, a fin de disponer una mejor atención a las víctimas de delitos.
Para ampliar el programa de asistencia judicial a las víctimas de delitos violentos, el Ministerio de Justicia pondrá en funcionamiento la unidad de Peñalolén, que se suma a las ya creadas en las comunas de La Pintana, El Bosque y Cerro Navia.
Por último, el Presidente ordenó acelerar la tramitación de la ley orgánica que crea el Ministerio Público, de modo que este año pueda nombrarse al fiscal nacional y terminar la tramitación del proyecto sobre nuevo Código de Procedimiento Penal.
El Presidente terminó sus palabras invitando a todos los sectores políticos y dirigentes de la sociedad a trabajar en estas materias con criterio de Estado, sin incurrir en la tentación de mezclar la seguridad ciudadana con las querellas de la política.
A partir de esta invitación, he convocado a todos los sectores políticos y a las corporaciones interesadas en este tema, a entregar propuestas en dos ámbitos: operativas y de reformas legales de corto y mediano plazos. En ese sentido, atendida la disposición del Gobierno, no puedo sino lamentar que no se haya permitido la participación en esta sesión del Director de Seguridad Pública. Yo entendía que se trataba de una sesión de trabajo y de diálogo; pero, lamentablemente, hemos empezado con una señal de politización del tema.
Sin embargo, he recibido completas y fundadas proposiciones de los partidos de la Concertación y de Renovación Nacional, y está pendiente la reunión con la directiva de la Unión Demócrata Independiente. Asimismo, he recibido las ideas en reuniones efectuadas con esas instituciones de la Asociación de Municipalidades, de la Fundación Paz Ciudadana, de la Corporación Tiempo 2.000 y del Instituto Libertad y Desarrollo. Tengo aquí, a disposición de los señores diputados, las proposiciones recibidas tanto de los partidos políticos como de las corporaciones y fundaciones y de la Asociación de Municipalidades.
A continuación, haré una síntesis de las proposiciones e ideas recibidas, a fin de que la honorable Cámara aprecie el extraordinario grado de consenso existente en ellas. Mencionaré sólo algunas.
Existe acuerdo unánime respecto de los siguientes temas: agilizar la tramitación de la reforma procesal penal y la instalación del Ministerio Público; revisar la legislación sobre responsabilidad penal de menores, rebajando la edad de discernimiento; crear una instancia técnica independiente que asesore a los jueces en la concesión de libertades provisionales y establecer un servicio de control y seguimiento en el cumplimiento de penas alternativas; llevar a cabo modificaciones pendientes de la ley de alcoholes y juzgados de policía local, a fin de reprimir el comercio clandestino de alcoholes, que tiene mucho que ver con la delincuencia, y aliviar la carga de los jueces del crimen, respectivamente; revisar la ley Nº 19.903, sobre vigilancia privada, de manera de hacer más eficiente ese servicio y, al mismo tiempo, liberar a Carabineros de sus servicios en los eventos masivos pagados.
Podría extenderme en decenas de interesantes propuestas recibidas; pero hay total unanimidad en lo relativo a la labor de Carabineros de Chile: la necesidad de privilegiar su presencia en las calles y su relación con los municipios, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Para ello se propone, en síntesis, en el conjunto de proposiciones a que me he referido, que Carabineros concentre sus funciones en la prevención y represión de la delincuencia; que se le exima de practicar notificaciones judiciales; que externalice sus servicios administrativos o no estrictamente policiales; que se extienda el período de formación del personal de nombramiento institucional; que se establezcan metas en relación con el combate a la delincuencia y que se le asignen recursos para el desarrollo de su labor preventiva y represiva.
Le pido a la honorable Sala que me excuse, pero me fue imposible hacer una exposición más breve, que nos permitiera oír otras ideas que surgirán del debate. En todo caso, atendida la importancia del tema, era indispensable hacer una exposición lo más completa posible sobre la actual situación, explicar realmente en qué pie estamos así inicié mi exposición y qué hemos estado haciendo sobre el particular. Si no hubiéramos estado llevando a cabo esta tarea, cabría preguntarse cuál sería la magnitud de la actividad delictual, de la labor de las policías y de lo que sería necesario hacer en materia legislativa y, en especial, en el alto grado de consenso político, intelectual y académico que existe sobre lo que debemos avanzar en este tema.
Por mi parte, cada día asumo mi responsabilidad: la que me corresponde desde el punto de vista político, y también la de dirigir una operación tan compleja como el combate a la actividad delictual en el país. Quiero asegurar a la Sala que el compromiso expresado hoy se mantendrá con mayor intensidad en el futuro.
Muchas gracias.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra al Comité Demócrata Cristiano, al que le restan 25 minutos y medio. Hago presente que dicho Comité no ha hecho llegar a la Mesa la lista de los diputados que intervendrán.
El señor ELGUETA.-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, hace algunos días, al analizar el rol de Carabineros, el Diputado señor Paya de la UDI describió en forma apocalíptica la situación de la seguridad ciudadana en nuestro país.
En efecto, al recorrer los distintos canales de televisión por cable, se puede comprobar que en el exterior existe la percepción de que el hecho de llegar a Santiago debería ser materia de un cuidadoso análisis, no sólo para los inversionistas, sino también para las personas que simplemente vienen a pasear. Por lo tanto, en el aeropuerto debería entregárseles un manual de protección personal que tendrían que revisar atentamente antes de pasar algunos días en la ciudad.
No obstante que hay personas que ven de esta manera la realidad del país, la actuación de las autoridades como lo han explicado el Diputado señor Krauss y el Ministro del Interior ha sido muy distinta. Aquí se ha trabajado para mantener la seguridad ciudadana. A quienes proponen así lo hemos leído en los medios de comunicación algunas recetas simples por ejemplo, penas más duras, quiero citarles las palabras de Carrara, distinguido jurisconsulto italiano, que dice: “Y no es menester repetir qué fruto se obtuvo con esas penas, porque ya sabemos que para las buenas costumbres no es necesaria la severidad de los castigos, y que para las malas costumbres corrompidas, el brazo del verdugo es freno impotente y objeto de irrisión”.
En alguna oportunidad, conté la fábula de las ranas que se subieron a un tronco que flotaba en el río. Creyendo que era un rey, lo respetaron; pero a poco andar se dieron cuenta de que simplemente era una masa inerte y defecaron continuamente sobre ella. Eso demuestra que no basta con endurecer las penas. Así ocurrió durante el gobierno militar, en que los delincuentes se las ingeniaron, se organizaron mejor y obtuvieron elementos técnicos fuera del país, para volver a delinquir y romper la presión que se ejercía en contra de la real o seudo-delincuencia existente en nuestro país. Ésa es, lo mismo que las leyes económicas, una ley social: cuando hay mayor fuerza, mayor dureza y mayor presión, la delincuencia es más grave, más feroz y más cruel.
Asimismo, en materia de drogas, algunos han sugerido lo he escuchado una especie de toque de queda, o que intervengan las Fuerzas Armadas. En otros países, tal medida ha derivado en una completa corrupción de esas instituciones.
Aquí mismo, en el Congreso, se propuso establecer un doble estándar en materia de seguridad ciudadana: que la parte pública, la seguridad de los pobres, quedara entregada a Carabineros, y la de los ricos, a las empresas de seguridad. Tengo en mi poder un proyecto de ley presentado por Renovación Nacional citado por el Ministro del Interior, discutido en nuestra Comisión de Constitución, pero impugnado por Carabineros. Y con razón, porque según esa iniciativa alrededor de cinco o seis empresas contarían con más de 30 mil hombres armados; es decir, un cuerpo de Carabineros paralelo. Su artículo 1º decía que esa ley regulaba la forma y condiciones de funcionamiento de las actividades de vigilancia privada, entendiéndose por tales aquellas personas que tienen derecho a contratar u organizar para la protección de personas y bienes. Y más adelante decía que todo eso era sin perjuicio de lo que corresponde a las fuerzas de orden y seguridad pública. Es decir como quedó claro en esa sesión, se entregaba a Carabineros el rol subsidiario del Estado: Carabineros para los pobres, guardias privados para los ricos.
De manera que, precisamente, quienes dicen que este país es un caos proponen medidas de esta naturaleza, a fin de que quienes posean fortuna y bienes tengan una excelente seguridad y dispongan de todas las personas armadas que puedan pagar, mientras que la gente modesta tendría la seguridad ejercida por Carabineros. Creo que el principio que se establece es absolutamente inadmisible. La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado, y debe entregarla por igual a todos los habitantes del país.
Ahora bien, nuestro país tampoco vive un Apocalipsis. Aquí tengo el extraordinario y acucioso anuario de estadísticas criminales realizado por la Fundación Paz Ciudadana, que ha hecho un trabajo notable durante alrededor de cuatro o cinco años. ¿Qué dice al referirse a los delitos principales? En materia de homicidios: en 1986 aquí las cifras se dan por cada 10 mil habitantes, 542 homicidios; en 1996, 254. Es decir, hay menos homicidios en plena democracia diez años después que en el gobierno militar, época en la cual se dice que había absoluta seguridad.
Por otra parte, cuando se analiza el estado de temperancia en que se cometen los delitos, hay un dato que debe llamarnos a la reflexión. Aquí se ha dicho el gran público así lo ha asimilado que es la droga la principal causa de los delitos. Este mismo estudio, al referirse al grado de temperancia en que se cometen, por ejemplo, los delitos de homicidio y violación, indica que el mayor número es en estado normal de temperancia: 685 homicidios, en 1995; 684, en 1996. Bajo la influencia del alcohol: 25 y 26, en estos dos años, respectivamente. En estado de ebriedad: 27 y 21, respectivamente. Violaciones: en estado normal, 636 en 1995, y 598 en 1996. En estado de ebriedad: 9 y 6, respectivamente. Homicidios cometidos bajo la influencia de la droga: 2 en 1995, y ninguno en 1996. Violaciones: ninguna en 1995, y 2 en 1996.
En consecuencia, este estudio desmitifica las crónicas policiales que dicen que en Chile no se puede vivir debido a la droga, a los delitos de violación, homicidio, infanticidio y parricidio. Según estas estadísticas, en los delitos de homicidio están incluidos los parricidios, los homicidios y los infanticidios.
Como la preocupación especial de la Derecha se origina en el aumento de los delitos que afectan a la propiedad, ha puesto su connotación en establecer una seguridad ciudadana. Según estas estadísticas, en 1986 ingresaron a los tribunales de justicia por el delito de robo 60.572 causas, y en 1995, 104.642. O sea, prácticamente se dobló la cifra de los atentados contra la propiedad en su tipología de robo.
En el robo con homicidio que también lo detalla este anuario, en 1986 ingresaron a los tribunales de justicia 232 causas, y es un delito gravísimo que tiene la más alta penalidad de nuestra legislación. Sin embargo, en 1995 diez años después, alcanzó a 111 causas. En consecuencia, hay una disminución de un ciento por ciento en las causas ingresadas por robo con homicidio.
Otra estadística que es bueno comentar es el número de reclusos existentes en el país.
Cuando se dice que la gente no debe salir de las cárceles, no se sabe de qué se está hablando, pues el total de reclusos según este anuario en 1995 era de 24.096 personas. De ese total, 4.139 estaban detenidas; 10.281 procesadas, y 9.676 condenadas. Es decir, había muchos más procesados y detenidos aquellos cuya situación procesal no había sido definida, que los condenados rematados. Eso indica que en el país y es lo que está haciendo el Gobierno y el Parlamento es indispensable modificar no sólo el procedimiento penal en el que ya hemos avanzado, creando el Ministerio Público, sino también realizar una modificación muy a fondo del Código Penal, puesto que ese catálogo de delitos, concebido hace más de un siglo, está absolutamente atrasado. Por ejemplo, las penas privativas de libertad imperaban respecto de todas las conductas allí descritas; sin embargo, creo que hoy las multas, los trabajos comunitarios y la sustitución de las penas son materias de la ciencia penal procesal para modernizar efectivamente la justicia y tratar de dar al delincuente una reinserción en la sociedad, rehabilitarlo y reincorporarlo.
Por último, concluiré mis observaciones demostrando que si uno revisa, incluso, cifras de países cercanos u otros industrializados, se da cuenta de que no estamos a la altura de un país en que no se puede vivir, porque no existe seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, en estos días vivimos frente a un gran temor de la ciudadanía debido al aumento notorio de la criminalidad y delincuencia. ¡Cómo no va a ser así, si los criminales andan sueltos!
Hemos visto con estupor e incredulidad que el viernes pasado se escaparon 16 reclusos de alta peligrosidad, quienes protagonizaron una violenta evasión del edificio de los juzgados de Avenida España.
¡Cómo es posible que a estos delincuentes los trasladen sin ser esposados, sin revisarlos, pues les encontraron armas, punzones, cuchillos; incluso, hubo algunos que suplantaron nombres!
¿Quiénes son los responsables de cuidar a la ciudadanía? Los juzgados apenas cuentan con guardias que sólo tienen un palo para defenderse de estos reos, cuyo número, a veces, es inmenso, en tanto que ellos son apenas 3 ó 4.
Esto no puede seguir pasando a la vista y paciencia de todos, sin que se tomen las medidas necesarias y aleccionadoras para que esto no suceda. Ojalá que el ministro en visita, Jorge Dahm , con una difícil tarea, pueda investigar y aplicar sanciones ejemplarizadoras para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Gendarmería dice no tener el personal necesario. La Ministra, a quien respeto y admiro, también dice que hay que esperar, porque constituye un proceso largo preparar a funcionarios de Gendarmería. Mientras tanto, vivimos en la indefensión.
¿Qué sacamos con comentar todos estos hechos, si no se proponen soluciones o éstas no se implementan, muchas veces por la falta de recursos? Ésta es la respuesta a todos los problemas que realmente importan a la gente. Sin embargo, para los partidos políticos que piden primarias para solucionar sus problemas eleccionarios internos, ni siquiera se cuestiona que haya o no recursos.
¿Por qué no damos entonces a Gendarmería, al Poder Judicial, a Carabineros, esos 10 millones de dólares que podrían significar esas elecciones primarias y así gastar la plata en solucionar problemas que a la gente realmente le importan?
Eso es un planteamiento de fondo, toda vez que es necesario priorizar la solución de problemas realmente importantes que nos están acosando. En este minuto, la seguridad es problema de todos. Aquí no tiene que haber tendencias políticas.
Por eso, nuestro Partido, la UCC, ha propuesto medidas que, a mi juicio, son objetivas y reales. Hemos propuesto que se legisle sobre la libertad provisional para que los reos no la obtengan, pues ahora quedan en situación de cometer nuevos delitos. Eso también es muy importante y se ha sugerido la generación de un servicio militar alternativo al Cuerpo de Carabineros.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Gonzalo Ibáñez, por ocho minutos.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, creo que esta sesión ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra es extremadamente importante, porque el problema a que estamos enfrentados no es el habitual que genera cierto nivel siempre previsible de delincuencia, sino uno que va bastante más allá y que significa un ataque frontal a las bases de nuestra convivencia. Es un ataque curioso, porque proviene del interior de nuestra sociedad, pero, sin duda, y atendida la virulencia que ha adquirido, está apoyado por fuerzas exteriores, especialmente por las redes de narcotráfico.
Esto nos obliga a replantearnos el tema de la seguridad desde sus bases más elementales y conceptuales, porque el ataque que debemos enfrentar no sólo se controla con mayor vigilancia en la calle y más labor preventiva de inteligencia policial, ambas necesarias pero no suficientes, sino, además y principalmente, con un reforzamiento de las bases sobre las cuales se construye la convivencia ciudadana.
Al respecto, quiero aclarar que el único medio para alcanzar la plenitud humana es vivir en sociedad con nuestros semejantes. La sociedad es necesaria para la vida humana; sólo en ella nos sentimos seguros. Cuando esa seguridad se erosiona al punto que lo vemos hoy, advertimos cuán precaria resulta la existencia humana fuera del marco social. Por lo tanto, la vida humana plena es la del hombre civilizado, la de aquel capaz de hacerse parte de un proyecto común con sus semejantes, marco en el cual compromete el uso de la libertad en la consecución de los fines comunes.
La situación que hoy nos preocupa nos demuestra que, en Chile, sectores muy importantes de la población han perdido lo que en derecho se llama “affecto societatis”, y que, despreocupados de la suerte del cuerpo social, sólo buscan nutrirse de él al modo de los parásitos.
El nivel, la profundidad y la gravedad de la situación supone la existencia de causas muy profundas y graves, que perfilaré en breves comentarios.
En primer lugar, haré una consideración romántica de la vida individual y social.
Hace unos días, uno de nuestros colegas citaba a la democracia según la entendía Juan Jacobo Rousseau : modelo ideal al cual debía tender nuestra sociedad. Sin embargo, precisamente en el desarrollo y en el despliegue de la delincuencia al punto que hoy constatamos, está el viejo sofisma de este pensador ginebrino: El hombre nace libre y bueno, y la sociedad (la vieja sociedad) lo corrompe. Hay que matar esa sociedad para que venga la otra, la de la “libertad” y del “amor”, para que el hombre recupere su libertad y su bondad primigenia. Entretanto, en la sociedad antigua, el delincuente es “una víctima de las estructuras, y las fuerzas policiales no son sino agentes de la clase dominante que en ellas apoyan su poder”.
Por desgracia, hoy hemos oído repetir con gran insistencia este discurso, que, a lo largo de los siglos, ha demostrado su fracaso constante. Lo vimos hace años, con el cambio de régimen político. La delincuencia era fruto del antiguo régimen, que algunos han llamado “la dictadura”. En cambio, en democracia, en el régimen nuevo, “la nueva sociedad”, “la delincuencia no tendrá lugar, pues se acaba donde entra la nueva sociedad”.
Por eso vimos la situación de menosprecio con que se trataba a nuestras fuerzas policiales y, en general, a las Fuerzas Armadas.
¡Qué duro despertar hemos tenido! ¡Cómo todos hemos sido afectados con esta consideración meramente romántica de la delincuencia y de la vida en sociedad!
Otro error común es el de creer que el delincuente es una persona errada, que no sabe y que sólo basta darle mayor educación para que salga del círculo de la delincuencia y entre a uno virtuoso.
Gravísimo error, porque aún en las sociedades más refinadas, cultivadas y educadas, la delincuencia tiene un importante lugar, y mientras más educada y preparada es la persona, más grave son los delitos que comete.
En segundo término, está la consideración, oída tantas veces en teoría, de que la libertad es el bien supremo, respecto de la cual no deben existir cortapisas sin entrar, en la práctica, en una violación a los llamados derechos humanos.
En torno a este tema hay un tremendo equívoco, porque socapa, muchas veces, de respetar importantes y legítimos bienes, como la dignidad de la persona, su vida, su honra, su capacidad de informarse, de expresarse, de opinar, de educarse, etcétera, se abre paso, sin embargo, a un libertinaje que realmente produce estos efectos nefastos de los que ahora nos dolemos.
En seguida, quiero mencionar el tema de la formación moral. Mucho se habla de cuán importantes son los valores éticos y morales. Sin embargo, junto con eso, a cada instante vemos cómo sale el tema del pluralismo moral y de que cada uno, en uso de su libertad, se forma y se dicta a sí mismo sus propias normas morales.
No es del caso, por supuesto, entrar ahora en una discusión de ese tipo, pero sí quiero destacar que al afirmarse esta premisa, hay que aceptar sus consecuencias. Si la moral es autónoma y cada uno es libre para determinar sus propias normas morales, no nos quejemos después de que algunos se fijen normas contradictorias con los bienes que nosotros mismos expresamos.
Por último, quiero mencionar el tema de la familia.
El matrimonio monógamo, indisoluble, y ahora hay que agregar también heterosexual, porque hasta eso se pone en duda, es el único fundamento de la familia. Y es ese matrimonio y la familia consiguiente el ambiente donde se puede formar bien a las personas.
Sobre este hecho quiero llamar la atención. Durante estos años se ha asistido a una campaña de desprestigio de la familia tradicional, que realmente no podía sino que provocar las consecuencias que vemos. Hemos criado jóvenes para el conflicto; para que no se sometan a ninguna ley ni a ninguna norma.
Necesitamos reconstituir la familia desde la base de la convivencia social, para que sobre ella podamos realmente contar con ciudadanos que sean capaces de afrontar el desafío que significa llevar una vida civilizada.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, este es un problema nuevo, de los últimos veinte o veinticinco años, de una modernidad de valores confusos. No es un problema de siempre, del correr de los tiempos. Hay una modernidad que no es capaz de dar respuesta o satisfacciones a las demandas de éxito del ciudadano. Frente al problema, debemos tener firmeza, pero también capacidad de comprensión de qué hemos construido.
La bancada del PPD interpreta el concepto de la seguridad humana francamente en forma más amplia y profunda, más allá del tema delictivo. Nos preocupa la inseguridad de las oportunidades, el respeto a la diversidad, de los géneros, de las minorías; nos preocupa la inseguridad social, de la previsión, de la salud. Pero, por supuesto, hoy el miedo al delito es el objeto espontáneo de las conversaciones sobre inseguridad, produciéndose una sensación de omnipresencia de los delincuentes, de movimientos imprevisibles, lo cual agrega a ésta una sensación de desconfianza incluso de mi vecino.
Las cifras y sentimientos son ampliamente conocidas. No voy a citar la de los dos tercios, la del setenta y ocho, de la probable víctima, pero quiero decir que hay preocupación de que el 89 por ciento de todos los encuestados de ese citado programa de las Naciones Unidas, dice que no tiene ninguna confianza de que el culpable sea condenado.
El Presidente de la Corte Suprema ha dicho que ésta es tarea de los políticos, de los legisladores y de los parlamentarios. Vamos a contestar esa observación. Hay un sentimiento generalizado de inseguridad.
Entre 1933 y 1941 había 277 habitantes por policía; en cambio, en 1990 se aumentó la cifra de cobertura a 440 habitantes. Es decir, menos policías por habitantes. Y en 1994, la cifra es de 454 por cada policía. Sin embargo, ¡qué curioso! el aporte fiscal para las policías disminuyó, entre 1986 y 1990, en un 13 por ciento y hay cifras que dicen que el aporte aumentó desde el 78 hasta 93 por ciento entre 1990 y 1996. Más dinero y menos distribución de policías por habitante.
Por eso, primera proposición de nuestra bancada: restituir la dependencia de Carabineros del Ministerio del Interior para no seguir en esta consagración de la descoordinación, como es el absurdo de que dependa del Ministerio de Defensa, para lo cual hemos presentado un proyecto de acuerdo con los Diputados señores Krauss y Mesías .
Segunda proposición. Hacer un mayor esfuerzo económico para otorgar mejores remuneraciones a las policías. Probablemente, esto redunde en una mayor eficiencia de este personal, de manera que no se nos diga más que un delincuente gana más que un carabinero.
Creemos que es buena la idea de crear un viceministro de seguridad, pero francamente nos entusiasma más la propuesta de la honorable Diputada señora María Pía Guzmán , en orden a formar un comité intersectorial, que al cabo de seis meses sea capaz de dar algunas respuestas.
Pero queremos decir más. No habrá prevención ni rehabilitación si no existen más oportunidades para los sectores de donde proviene la mayoría de los delincuentes. No es ésta la única variable determinante de la delincuencia, de manera que no nos caricaturicen nuestra observación en un afán supuestamente generalizador socializante.
Naturalmente, tenemos que promover más oportunidades para los jóvenes; promover la idea del éxito sano. Creemos que sin trabajo habrá más delincuencia.
Tercera proposición. Que las necesidades de trabajo de quienes han sido procesados y condenados sean coordinadas por las autoridades con la empresa privada. Un condenado sin trabajo volverá a delinquir. Por eso, nos horroriza esta declaración formal, en un entusiasmo electoralista, del alcalde Joaquín Lavín , cuando elaboró la propuesta llamada “lista Lavín ”. En ella dice con toda firmeza: “Nosotros vamos a obtener la información de todos los que estén procesados; vamos a hacer un aviso público de advertencia a la comunidad; vamos a entregar el nombre y los mayores antecedentes posibles a través de los medios de comunicación.” De manera que Diputado señor Ibáñez , bancada de la UDI el delincuente esté advertido de que cuando comete delito no puede salir a la calle de día; no debe buscar trabajo; debe volver a delinquir. Se le va a estigmatizar; se le marcará en la calle, y su rostro será identificado por cualquier fuente laboral.
Ése no es camino para resolver la delincuencia. Nos horroriza. ¡Mire las cifras, señor Lavín ! ¡Mire lo que dice “El Mercurio” en la tasa de reincidencia! Cuando la persona goza de la pena remitida, reincide en un 10 por ciento; cuando tiene libertad vigilada, en un 11; cuando tiene reclusión nocturna, en un 20, y cuando tiene sistema cerrado de cumplimiento de la pena, reincide en un 58 por ciento. Con la “lista Lavín ”, reincidirá en un 100.
Frente a este temor omnipresente y a este agresor aparentemente omnipotente, aparece una especie de protección inexistente que desarrolla una voz, que si bien no es mayoritaria, pero que suena, que es popular, de una forma de reclamo de represión que linda en el totalitarismo y que hace un eco tal, que se permiten este tipo de proposiciones, como las que se han hecho desde la UDI. Eso es peligroso.
El ser humano, Diputado señor Ibáñez , nace bueno. Así lo creemos nosotros, por lo menos. El ser humano es modificable. La conciencia se hace y se deshace. El ser humano puede ser reinsertado, pero también queremos que haya firmeza judicial.
Queremos que se le oficie al Presidente de la Corte Suprema, señor Dávila , para que nos conteste la pregunta de cuáles son las tareas que, a su juicio, debemos asumir los parlamentarios. Nosotros, por lo menos, queremos proponerle que los jueces apliquen, con atención y con rigor, el artículo 363, del Código de Procedimiento Penal, cuando dice que podrá denegarse la libertad provisional cuando el juez estime que la libertad del imputado resulta peligrosa, teniendo en consideración la gravedad de la pena, el número de delitos cometidos y según los procesos que tenga pendientes. Además, también podrá hacerlo para proteger la seguridad de la víctima del delito, que podría verse afectada por la libertad del detenido o del preso. ¡Aplíquese el artículo 363!
No vamos a resolver el problema con la invención de más normas, sino con la capacidad de aplicar las que ya existen.
Cuarta proposición. Coordinación con la empresa privada para abrir fuentes de trabajo.
Quinta proposición. Queremos organizar un sistema, a través de los jueces, que simplifique la ratificación de las denuncias y se garantice la seguridad de los testigos. Esta situación es mala en los sectores altos y en los bajos. En los primeros les es incómodo ratificar denuncias y, además, les resulta más fácil resolver los problemas cobrando el seguro y no enredarse en procesos judiciales. En cambio, en los bajos, hay temor al vecino; porque se convive a veces con la delincuencia, hay represión o no tienen facilidades para eso.
Hay que garantizar la seguridad y la facilidad. Ambas medidas de esta quinta proposición ayudarían en el combate a la delincuencia. Ésta es una responsabilidad judicial, no parlamentaria.
Por eso, en esta idea de la visión integral, nos gusta la sugerencia de la Diputada señora María Pía Guzmán , en orden a crear un comité intersectorial.
Termino diciendo que un tema de este tipo no se resuelve sólo sobre la base de consideraciones sociales y fórmulas represivas. Tiene que haber una estrategia de responsabilidad completa. En nuestra opinión, más allá de estas cinco proposiciones, debe haber una concepción estratégica de cinco ideas: promoción, prevención, sanción, curación y rehabilitación. Cualquiera deformación en alguna de estas líneas conducirá a la no solución del problema.
Promoción en el ámbito de los valores. Los vecinos que trabajen con la policía; la policía que trabaje con otras autoridades; los vecinos que trabajen con los vecinos, y la autoridad del Estado, coordinada con los privados. Una sociedad que asume de manera global e integral este tema. Y aquí es donde tienen cabida las distintas organizaciones religiosas, deportivas, valóricas, que pueden contribuir a crear una sociedad que no quiere tener más delincuencia para hombres, señor Ibáñez , que nacen buenos.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, agradezco que tanto el Gobierno como el Diputado señor Hales hayan asumido como propia la proposición de Renovación Nacional con respecto al comité multisectorial.
Creemos que este país requiere una política criminal, coherente, integral, que no sólo comprenda las medidas adoptadas por los Ministerios de Justicia y del Interior, sino también por Hacienda, porque aquí se necesitan recursos.
Quiero hacerme cargo de algo que se ha estado diciendo veladamente en la Sala. Pareciera que los ciudadanos que tenemos miedo sufrimos de una suerte de paranoia. Pero el miedo es real. En esas mismas encuestas, una de cada tres personas señala que tiene miedo de estar sola en su casa durante la noche. Frente a eso, cuando los medios de comunicación dan a conocer la realidad del delito, el Gobierno lamento decirlo, señor Ministro responde que Santiago es una ciudad segura. Si nos miramos en los rankings, obviamente, tenemos muchos menos robos que en Nueva York, y en materia de homicidios, estamos mucho más abajo que cualquier ciudad de Colombia.
¿Sufrimos una paranoia colectiva? ¿Estamos los ciudadanos tan asustados porque se nos ha creado un miedo irracional por los medios de comunicación?
Para la seguridad pública, tan importante como las cifras señaladas por el Diputado señor Elgueta es el temor, el miedo que las personas sienten, y una real política criminal debe atender tanto a la realidad objetiva de las cifras y las tasas de delincuencia, como también a la seguridad interna subjetiva de las personas.
Esta especie de paranoia, ¿con qué tiene que ver? Con la debilidad de todas nuestras instituciones del sistema penal.
Las cifras objetivas indican que en los últimos dos años el Diputado señor Elgueta dio las cifras hasta 1995, entre 1995 y 1997, los robos con violencia en las personas no estamos hablando de delitos contra la propiedad, o sea, de ingresar a su intimidad, al lugar de su protección, su hogar, y hacerlo con violencia, intimidándolas con armas de fuego, ha aumentado en 62 por ciento. Estamos sufriendo el mismo peak de 1991.
El Ministro señor Figueroa tiene toda la razón cuando señala que en los años 199192 se pudieron tomar buenas medidas de prevención con el sector comercial y bancario.
Según cálculos de la Fundación Paz Ciudadana, que dirigí y que ha sido tan mencionada, en 1996 el costo total del delito alcanzaba a 628 mil millones de pesos, de los cuales el 42 por ciento correspondía a inversiones que los privados estaban haciendo en seguridad.
Es cierto: los privados lograron bajar las tasas de delincuencia con su inversión en seguridad.
Pero hoy, la crisis delictiva a la cual asistimos es cualitativamente muy diferente de la de 1991. Es una crisis que afecta a las personas al interior de su hogar, en la calle, en sus autos. Por lo tanto, es mucho más compleja, mucho más difícil de enfrentar que la de 1991.
Al respecto, debo decir que tenemos un déficit gigantesco de institucionalidad penal para enfrentarla. Todos sabemos lo que pasa con los tribunales.
Un dato más: de los casos de robo con violencia que son denunciados solamente el 40 por ciento lo son, sólo 4 casos reciben condena y el 91 por ciento es sobreseído, fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque no se les aportan a los jueces las pruebas para detener, procesar y castigar.
Es la crisis de nuestro sistema judicial. Gracias a Dios estamos avanzando en mejorarlo, pero si no se aportan las pruebas se debe a que hay crisis en Carabineros y en Investigaciones de Chile, servicios que están absolutamente reducidos.
Por lo tanto, debemos aumentar la dotación de Investigaciones y racionalizar Carabineros, como se propuso la semana pasada.
En esos aspectos siempre encontrarán el apoyo de Renovación Nacional, al igual como llevamos las propuestas al Presidente de la República.
Pero, no basta con aceptar las propuestas nuestras. No basta con generar consenso. Lo que necesitamos es que la política criminal sea coherente.
Déjenme decir que, si aparentemente hay consensos respecto de cómo reprimir y prevenir el delito por las policías, no lo hay en cuanto a uno de los factores básicos para la prevención primaria del delito: el Sename.
Todos sabemos que hoy en Chile, según la última encuesta Casen, hay 340 mil niños y jóvenes que no estudian ni trabajan. Sabemos también que uno de cada tres aprehendidos por robo con violencia, es un menor de 18 años.
El perfil de ese menor es el siguiente: en general, proviene de un hogar monoparental, donde la madre tuvo su primer hijo aproximadamente a los 15 años círculo vicioso de la pobreza; va a la calle a pedir plata a los 12 años; a los 13 abandona el sistema escolar, y a los 15 abandona el hogar. ¿Dónde cae inmediatamente? A la red de protección del Sename.
Aquí es donde viene la incoherencia: resulta que la red de protección del Sename, con el sustento de instituciones privadas sin fines de lucro, atiende en prevención y protección alrededor del 85 por ciento de todos los menores que ingresan a esta red, que son 52.800. El 85 por ciento está en manos de privados y sólo el 5 por ciento está en manos de instituciones estatales, en los Centros de Observación y Diagnóstico. O sea, hay incoherencia.
Tomen nota cómo ha aumentado el presupuesto: la subvención a las instituciones privadas entre 1990 y 1998 aumentó sólo en 46 por ciento, a pesar de que atienden al 85 por ciento de los niños, mientras que los Centros de Observación y Diagnóstico, que abarcan el 5 por ciento, aumentaron su presupuesto en 277 por ciento.
Debemos hacer prevención primaria, para lo cual se requiere una red de protección a los menores en situación irregular, de prevención muy fuerte, la que se teje con la sociedad civil, con todas estas instituciones sin fines de lucro. Me parece que la prevención primaria es esencial para que estos jóvenes que abandonan su hogar, que abandonan el colegio, que no tienen oportunidades de trabajar, puedan recibir la rehabilitación correspondiente y terminar sus estudios en centros que les otorga la red de protección del Sename. Para eso necesitamos una política absolutamente diferente de la que el Gobierno ha llevado a cabo hasta este instante; en vez de centralizar y poner el dinero sólo en instituciones del Gobierno, hay que aumentar la malla de la sociedad civil y poner los recursos en estas instituciones sin fines de lucro para que tomen a los menores en los primeros momentos delictivos.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Termino en un minuto, señor Presidente.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
A cuenta del Comité de Renovación Nacional.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Necesitamos una política criminal que tome esto como un fenómeno criminógeno que no se solucionará y que a futuro será cada vez peor, debido a la complejidad que he señalado por la participación de los menores.
Es necesario que en el corto plazo se disminuyan las tasas de delincuencia, que vuelva a existir seguridad para salir a las calles y que, en el mediano plazo, se fortalezcan nuestras instituciones y que las políticas sean coherentes. ¡Coherencia es lo que pide Renovación Nacional!
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, a nosotros nos corresponde abordar este tema en sus justos términos, no en forma emocional y conforme con lo que dicen los diarios. Ésa no es nuestra función.
También debemos tener claro que a raíz del cambio que ha producido la modernidad, ya no hablamos de orden público, sino de seguridad ciudadana. Es decir, el acento está en el ciudadano, en los derechos de las personas, no en el otro lado. No estamos aquí como cuando se terminó una etapa, la famosa ley Peyrefitte en Francia, que establecía orden y libertad, y subordinaba la libertad al orden. Cuando Mitterrand la suprimió, dijo que el problema, antes que nada, es la persona y sus derechos.
Ésa es nuestra preocupación, porque seguridad significa que el sistema dé a la persona las circunstancias suficientes para su desarrollo como tal en todos sus ámbitos, en especial en el de la seguridad ciudadana y en el ejercicio de sus derechos fundamentales: vida, salud, libertad. Debemos preguntarnos si este sistema económico y social nos está dando todas esas circunstancias.
Cuando tratamos de hacer modificaciones y de dictar nuevas leyes laborales o de reforma a los impuestos, con el objeto de contribuir a que esas circunstancias sean más equitativas para todos, justamente aquellos que reclaman seguridad se oponen a ello.
Ésa es la gran contradicción. Seguridad implica poner en primer lugar a la persona con todos sus derechos y no simplemente establecer un aspecto de ella.
Con mucha razón, la Diputada señora María Pía Guzmán decía que el problema de la seguridad es complejo, porque el centro de ella radica en todas las circunstancias de la persona, no sólo en la seguridad objetiva, sino, fundamentalmente, subjetiva.
Este sentido de frustración, de desconfianza, ha sido planteado con absoluta claridad en el informe del Pnud, programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Allí se menciona la inseguridad de carácter subjetivo, que no se remedia con represión, ni con más cárceles o penas más elevadas, sino con normas de carácter preventivo, porque si se aplica sólo la represión, sucederá lo que ha ocurrido en otros países en que hay cuatro personas en seguridad privada y una en seguridad pública. En Chile no hay un análisis de lo que está ocurriendo, de cuántas personas trabajan en seguridad privada, sobre las cuales no hay control alguno. A diario vemos personas que se pasean con pistolas en los bolsillos, que usan uniformes parecidos a los de Carabineros. También constatamos lo que hace Dicom, que afecta mucho más la seguridad de las personas en su información privada y datos íntimos. Esos aspectos también hay que considerarlos para establecer todas las reglas.
¿Qué pasa con la seguridad objetiva y la subjetiva? Todas las estadísticas e informaciones señalan que no ha habido un aumento objetivo en la seguridad. El problema se encuentra en un determinado ámbito, que es la delincuencia en la calle.
Hay otra delincuencia de la que no se habla y que tampoco menciona la Oposición: la delincuencia de las sombras, la delincuencia de cuello blanco. Nadie menciona la “operación Océano” ni a quienes formaban parte de ella, o sea, a los grandes poderes económicos que están desarrollando una enorme actividad delictiva.
Respecto de esa delincuencia, que va en aumento, nadie habla, nadie plantea inseguridad, nadie menciona a los que realizan enormes atentados contra la calidad del consumo, contra el medio ambiente. Ésos no provocan inseguridad. También hay que regular tales aspectos, porque afectan gravemente a toda la sociedad, a todas las personas y, en especial, a los más desfavorecidos del sistema social.
Es cierto que ha aumentado la delincuencia callejera, respecto de la cual, como señaló la Diputada señora Pía Guzmán , el problema radica en los jóvenes. En ese sentido, debe haber un cambio en nuestras ciudades, pero la Oposición tampoco plantea regulación sobre los grandes grupos económicos relacionados con proyectos inmobiliarios, que construyen ciudades inhumanas, en las que los jóvenes no tienen posibilidad alguna de expresión, en donde desaparecen las canchas de fútbol, los centros recreativos, las plazas, los pulmones verdes, donde no hay posibilidad de comunidad ni solidaridad, donde desaparecen los barrios, los centros comunitarios, porque sólo les interesa el gran negocio inmobiliario y construir ciudades que no son hechas para las personas, y menos para los jóvenes.
Eso es lo que debemos regular. Se dice que es necesario cambiar y que a los jóvenes hay que darles una expresión. Para ello, es menester efectuar cambios, porque lo fundamental es prevenir, eso está demostrado. Basta ver la experiencia francesa y cómo cambió en cinco años, durante el gobierno de Mitterand, la delincuencia juvenil, debido a una regulación social diferente de las ciudades. A eso debemos estar abiertos todos, a eso debe estar abierta la Oposición.
Como decía un gran pensador de los orígenes del Estado moderno: “El Estado está para la felicidad de las personas y no para su infelicidad; no está para convertir a la sociedad en una cárcel, sino para transformarla en una sociedad de hombres libres en que puedan desarrollar y ejercitar sus derechos fundamentales”.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Señor diputado, ha terminado el tiempo del Comité del Partido Socialista.
En el tiempo del Comité del Partido de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por dos minutos y medio, el Diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que parece que estamos en el mundo al revés, porque escucho con estupor cómo alguien se queja de que no hay recintos deportivos, que ocupan esos lugares para hacer deportes en otras actividades, etcétera, y la pregunta bien vale la pena hacérsela, ¿quién autoriza aquello? Los municipios, y en este caso, el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Pregúntese ahora el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra quién maneja estos organismos. Me parece casi una frescura plantearlo en esa forma.
En segundo lugar, quiero señalar, muy claramente, que aquí se ha hecho una alusión fuerte a Joaquín Lavín , principal figura de la Oposición. Y cómo no hacerlo, si en la práctica es, efectivamente, la persona que más preocupa a quienes ocupan las bancadas de enfrente. ¿Y por qué razón? Porque es precisamente quien más éxito ha tenido en el principal talón de Aquiles de la Concertación: el aumento sustancial de la delincuencia que se debe, única y exclusivamente, a razones que, por lo demás, no basta con buscarlas en los índices, sino en la calle; preguntarlas o sufrirlas. La inseguridad se siente; no es materia de discusión; se está viviendo en nuestras calles y poblaciones.
Qué quiso decir el Diputado señor Hales cuando nos dio recién una serie de argumentos que se pueden traducir básicamente en las siguientes consideraciones: No hay que preocuparse, porque el reo de alta peligrosidad se escapa, o mejor dicho, se le rescata cuestión que se inventó en este último tiempo. No hay que preocuparse porque a los responsables de delitos graves se le rebajan las penas No hay que preocuparse, porque cuando los tribunales los sancionan con la pena máxima o capital, el Presidente los indulta. Ésas son señales equivocadas y la Concertación, de una vez por todas, debe entender que los problemas de la delincuencia no se solucionan rebajando penas o no aplicando sanciones ejemplificadoras.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella) .-
Señor Presidente, cuando se toca el tema de la seguridad ciudadana que a todos nos preocupa me llama mucho la atención la utilización más bien política, un poco ligera, que hacen partidos de la Derecha.
Hay dos caminos para abordar el problema de la seguridad ciudadana: uno es el corto, efectista, como poner, por ejemplo, las listas de los procesados y con ello afectar a las personas que tienen el legítimo derecho de reinsertarse en la sociedad, y el otro, la manera seria, de fondo y con proyección de futuro. Creo que si hacemos un análisis objetivo de lo que han realizado los Gobiernos de la Concertación, debemos concluir que primero optaron por el camino más serio y de fondo. En particular, el gobierno de don Eduardo Frei que ha llevado adelante la reforma procesal penal, que es un cambio histórico en este país.
La Diputada señora Pía Guzmán decía recién: “Gracias a Dios que estamos avanzando en la superación de la crisis que hay en los tribunales”. Pero si la Derecha estuvo 17 años en el poder ¿por qué no impulsó este cambio tan necesario que significa que los magistrados cumplan una función determinada? Es bueno que el país sepa que, en la actualidad, los jueces conocen, acusan y finalmente juzgan a los delincuentes. Ése es un problema grave.
Creo que los gobiernos de la Concertación han hecho un esfuerzo real por abordar el problema. Hoy se está ad portas de tener el ministerio público, que se encargará de acusar. Así los jueces sólo se dedicarán a juzgar. Eso es un cambio de fondo, es actuar seriamente y no “usar” los problemas que a todos nos duelen para hacer propaganda politiquera.
Además, el Gobierno ha hecho un avance importante en la modernización del sistema carcelario. Está trabajando en el nuevo reglamento penitenciario y en hacer cárceles distintas, donde las personas puedan trabajar y después reinsertarse verdaderamente en la sociedad.
También durante los gobiernos de la Concertación se han entregado mucho más recursos, tanto a Carabineros como a Investigaciones. Ésas son muestras claras.
Respecto de los niños, se hablaba de la prevención primaria. De 62 mil plazas que hay en el Sename, sólo 1.200 son ocupadas por niños que cometen faltas. Sin embargo, los que están bajo protección conviven con aquellos que han delinquido. ¿Qué hicieron los gobiernos de la Derecha, en especial, el gobierno militar, durante 17 años, por mejorar esa situación? También está intentando crear centros de protección para menores, donde no permanezcan con otros que hayan sido infractores. Se está elaborando la legislación para crear los tribunales de familia y establecer la responsabilidad penal de los menores. A mi juicio, hoy debe hacerse un reconocimiento público al trabajo del Ministerio de Justicia para abordar estos temas de manera seria, real y con proyección de futuro.
Así como la reforma educacional, que tal vez no tendrá efecto inmediato, sino en el largo plazo, el Gobierno del Presidente Frei está trabajando por una reforma sustancial de la justicia penal para proteger a la civilidad. Eso es mucho más trascendente que esta propaganda lamentable que tenemos que presenciar.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, me llama profundamente la atención la falta de autocrítica de los parlamentarios de la Concertación respecto del tema de la seguridad ciudadana. No deja de sorprenderme la pirotecnia en que ha incurrido el honorable Diputado señor Bustos al invertir absolutamente la responsabilidad respecto de quien debe preocuparse de preservar la seguridad ciudadana.
Aquí se señala que los responsables son la Oposición, los empresarios, las autoridades encargadas de hacer ciudades más humanas, los que se preocupan de los temas de los jóvenes, como si no fuera el propio Gobierno quien debe hacerlo. En esas palabras no hay una crítica respecto de los errores que el Gobierno ha cometido en esta materia. Es decir, el Gobierno es un santo de altar cuando se trata de analizar el tema de la seguridad nacional. En el fondo, ahí está el problema. Cuando un gobierno y sus parlamentarios no tienen la capacidad de autocrítica, de evaluar los errores que están cometiendo en una materia tan sensible como la seguridad ciudadana, no van a tener posibilidades de enfrentarla en forma adecuada. La razón es muy simple: el principal deber o responsabilidad de un gobierno con el país es garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad ciudadana. Este Gobierno ¿está garantizando adecuadamente la seguridad ciudadana? ¿Qué percibe la opinión pública?
Alguien decía por ahí que no podemos ser emocionales. ¡Por favor! Cuando entran a la casa de una persona, violan a una hija o lo asaltan en una plaza, ¿le vamos a pedir que reaccione como una computadora? Esa persona va a reaccionar con toda la emocionalidad que un Parlamento como éste tiene que captar y entender. Sería como poner una venda en los ojos dejar de lado los sentimientos de la gente respecto de la seguridad ciudadana.
Mientras en el gobierno de la Concertación y en sus parlamentarios no exista conciencia y sentido de autocrítica, este tema se agravará.
Veamos qué dice y piensa la gente.
Ocho de cada diez chilenos siente que la delincuencia es más violenta cada año. El 68 por ciento de ellos siente miedo de ser asaltado cuando vuelve a su casa en la noche. El 67 por ciento siente miedo en el centro de la ciudad. El 42 por ciento siente miedo de caminar solo por su barrio, el 31 por ciento siente miedo de ser víctima de un asalto dentro de su casa y uno de cada tres chilenos tiene susto de que lo asalten en su casa por la noche. Frente a eso, ¿tenemos que reaccionar como una computadora y dejar de lado los sentimientos de la gente?
¿Qué refleja esto? Una cuestión que es dramática. Lo decía William Bennett , uno de los principales especialistas norteamericanos en delincuencia: el Gobierno perdió la calle y la calle la ganaron los delincuentes.
En Chile, la calle la conquistaron los delincuentes y, paulatinamente, lo que es aún más dramático, van a empezar a conquistar las casas de la gente decente. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque la responsabilidad de superarlo es del gobierno y del Ministro del Interior que está aquí presente. Él es el responsable de resolver este problema y, por lo tanto, debe señalar las medidas concretas para solucionarlo.
He visto muchas veces a las bancadas socialista y democratacristiana preocupadas por los derechos de las personas. Me parece que mucha gente lo hace con autenticidad. ¿Creen, sinceramente, que hoy en nuestro país un niño puede pasearse por lo menos en las grandes ciudades en bicicleta por una calle o plaza sin correr el riesgo de que lo asalten? ¿Enviarían tranquilamente a descansar a un niño con su familia a cualquier plaza de Santiago, o de alguna otra ciudad de regiones, cuando la mayoría de las veces los asaltan? ¿Creen que la gente tanta preocupación que hay por la pobreza, que tiene que caminar mucho para recurrir a un centro de adultos mayores, lo hace tranquilamente? Ahí sí que la sensibilidad por los derechos humanos de las personas simplemente pasa al olvido. Ahí no se acuerdan y, entonces, hablan, murmuran, pero la realidad de las cosas es que con ello se demuestra si lo que se dice es consecuente en todos los ámbitos o se restringen simplemente a algunos.
A mi juicio aunque el Diputado señor Seguel trate de festinar esto, porque seguramente en su distrito no hay delincuentes, el Gobierno ha dado más señales equívocas, hay actos y gestos que han sido claves en el aumento de la delincuencia.
El primer gran error de los gobiernos de la Concertación fue cuando, en 1990, se quiso rebajar las penas y se dio al país una sensación de permisividad enorme respecto de la delincuencia.
El segundo gran error fue cuando se indultó a un delincuente que asesinó y violó a un menor de edad. Fue condenado por tres jueces de la Corte de Apelaciones y cinco de la Corte Suprema, sin ninguna atenuante y presunciones para culparlo, sino pruebas concretas y confeso. Me pregunto, ¿estaban contentos o preocupados los delincuentes cuando se procedía a indultar, y a rebajar las penas, al comienzo de los gobiernos de la Concertación? Sin duda, estaban contentos, porque el país era cada vez más permisivo con ellos.
En definitiva, este Gobierno ha sido débil para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, porque cada vez que le hemos entregado una iniciativa concreta, en la realidad, hemos tenido la mejor acogida y disposición, pero a la hora de materializarla en medidas y soluciones determinadas, el tiempo ha pasado y jugamos al compra-huevos. Eso, a mi juicio, sucede cuando un gobierno deja de cumplir con su responsabilidad política.
Voy a dar sólo algunos ejemplos.
El proyecto de ley sobre violación lleva tres años en el Congreso. He visto hablar a distinguidas parlamentarias acerca del drama que significa ser víctima de una violación. ¿Y el Gobierno no tiene las urgencias para apurar ese proyecto y evitar que a la mujer se le someta a dos violaciones? Primero, a la física y real y, luego la segunda, al careo que debe soportar con el delincuente para reconocerlo. ¡Tres años lleva el proyecto de ley en el Parlamento! ¿Quién maneja las urgencias?
Se legisló respecto de los reducidores de especies. Tengo un informe de Carabineros en mis manos.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiempo, señor diputado.
El señor ESPINA.-
Concluyo, señor Presidente.
¿Saben los señores diputados que en Chile el 71,7 por ciento de las causas de reducidores de especies, finalmente, queda absolutamente en nada?
¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior frente a cada uno de estos temas? ¿Se ha preocupado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes? ¿Ha estudiado lo que ocurrirá en los próximos cuatro años, antes de que comience a operar la reforma judicial, porque cada tribunal sigue con cuatro mil causas? ¿Ha analizado lo que se hace para la rehabilitación de los menores que cometen delito?
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiempo, señor diputado.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, concluyo lamentando que se me acabe el tiempo, lo que impide que trate un par de ideas más.
La Cámara de Diputados debe acostumbrarse a asumir sus responsabilidades políticas, y el Ministro tiene la obligación de explicarle, con prudencia y respeto, qué decisiones está tomando para enfrentar una batalla que hasta ahora ganan los delincuentes.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Radical, tiene la palabra el Diputado señor Iván Mesías .
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente, es recurrente en las encuestas de los últimos tiempos la seguridad ciudadana, que la gente asocia con la delincuencia. Ello genera el miedo al otro, según lo define el informe de desarrollo humano en Chile, 1998, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, a partir de las investigaciones hechas para ese informe, pareciera ser que la inseguridad descansa, más allá de las tasas reales de delitos, sobre la imagen metafórica de un delincuente omnipotente, omnipresente, que condena a un temor generalizado y, por lo mismo, exagerado. El delincuente se convierte, al menos, en parte de un chivo expiatorio que esconde una realidad difícil de asir.
El análisis de la seguridad ciudadana se remite, pues, a factores subyacentes. En el miedo al otro parecieran resonar otras inseguridades, como aquella provocada por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento de comunidad y, finalmente, de la noción misma del orden.
Pero lo cierto, lo innegable es que hay temor; temor en las calles, temor en las casas, temor a asistir a los espectáculos masivos, ya sea deportivos o artísticos; en fin, temor ahora en los tribunales de justicia.
La delincuencia se ha enseñoreado en nuestra capital y se extiende a regiones. En esto estamos todos de acuerdo. Sin embargo, hay que encontrar la solución, y en esta búsqueda comienza la discrepancia, lo cual no significa que por temor a ella, debamos abstenernos de opinar.
Por mandato constitucional, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. La ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile establece que su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República.
En esas disposiciones constitucionales queda meridianamente claro que la importante función de resguardar la seguridad nacional, el Estado debe realizarla a través de Carabineros de Chile, la única institución autorizada para ello.
Así, se puede concluir:
1ºQue Carabineros de Chile debe volver a depender del Ministerio del Interior, órgano que por definición tiene la obligación de velar por la seguridad interna, y
2ºQue a Carabineros de Chile se le deben entregar los recursos humanos y financieros para que pueda cumplir cabalmente su irrenunciable tarea, con el profesionalismo y la eficacia que le son reconocidas, pero que, como están las cosas, no puede garantizar una seguridad total porque carece de los medios adecuados.
Será necesario, además, que la institución policial privilegie orden y seguridad por sobre otras, también importantes funciones, de las cuales puede ser relevada.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Señor diputado, le ruego redondear la idea.
El señor MESÍAS.-
Describir el problema y aventurar soluciones, es relativamente fácil. Lo espinudo es encontrar el financiamiento. Hay dos mil plazas de Carabineros que no han sido llenadas por falta de recursos y su actual dotación está mal pagada. ¿Se puede exigir eficacia y eficiencia en estas condiciones paupérrimas?
Sin embargo, los que más se escandalizan con la delincuencia y la inseguridad, son los menos dispuestos a contribuir con la solución vía impuestos. Muy por el contrario, claman por pagar menos o no pagar.
Formulo votos para que se tome conciencia de que el control de este flagelo, que está marcando con tanta profundidad a nuestra sociedad, es una tarea de todos, la que exige esfuerzo y sacrificio.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, como sólo dispongo de dos minutos, quiero dirigirme en forma directa al señor Ministro del Interior, aprovechando su presencia.
En realidad, aquí sucede un asunto grave. El país siente inseguridad. De no ser así ¿qué sentido tendría esta sesión y que el Ministro hubiese viajado desde Santiago a Valparaíso?
Existe un problema, y lo peor que podemos hacer es esconder la cabeza y darnos sólo explicaciones, que no nos conducirán a su solución, la cual pasa por reconocer que Chile enfrenta una crisis en esta materia.
Me alegro mucho del aumento del gasto que el Gobierno pueda disponer al respecto, pero, por desgracia, siempre se nos dice que se aumentará en determinado sentido, pero el problema sigue.
Por ello, reclamo la eficiencia en el gasto. En el país, cada vez gastamos más en salud, en educación y en seguridad. Sin embargo, cada vez estamos peor en esos tres rubros tan importantes.
Como parlamentario nuevo, a veces me siento frustrado y preocupado porque las urgencias de los proyectos que nos envía el Ejecutivo no dicen relación con la solución de los problemas que más afectan a la gente, entre los cuales está el de la seguridad ciudadana.
Creo que se debe modificar la ley, pues hay un problema estructural de fondo, cual es que los delincuentes mayores están usando a los menores, porque éstos pueden quedar libres en 24 horas.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Diputado señor Miguel Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en tan poco tiempo es difícil desarrollar una idea, pero es importante reconocer que el crecimiento económico de nuestro país ha originado una serie de inseguridades, que se sienten y la ciudadanía expresa de diferentes formas.
Frente a esa realidad, es necesario recoger la experiencia de países desarrollados. Según estudios realizados, existe directa relación entre el grado de liberalización de las economías y los recursos que destinan a la seguridad ciudadana. A mi juicio, ahí hay una tarea pendiente, en la cual a todos nos cabe responsabilidad.
El aumento de la delincuencia ha causado más conmoción pública en relación con la seguridad ciudadana, pero, sin duda, debemos reconocer que los medios de comunicación han jugado un rol que, más allá de contribuir a resolver el problema, ha exacerbado los ánimos y le ha dado una magnitud que, muchas veces, escapa de la realidad.
En ese sentido, reconozco el esfuerzo del Gobierno. Sin embargo, reclamo mayor atención para las ciudades pequeñas. Hasta hace poco, los pueblos no conocían la delincuencia, pero hoy el problema es realmente alarmante.
Por eso, junto con reconocer el esfuerzo que realiza el Gobierno, reitero que reclamo mayor preocupación por los problemas de seguridad ciudadana que se vive en las ciudades pequeñas.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Dentro del tiempo del Comité del Partido de Unión Demócrata Independiente, al cual quedan 3 minutos 40 segundos, tiene la palabra el Diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, a estas alturas del debate, es poco lo que se puede decir.
Hay conciencia generalizada de que se ha llegado a un nivel crítico en materia de seguridad ciudadana, lo que queda demostrado con los acontecimientos ocurridos a nivel nacional y los antecedentes y cifras entregados.
En el primer trimestre del presente año, los robos con violencia aumentaron en el 20 por ciento, con respecto a 1997.
El grado de reincidencia es del orden del 45 por ciento, uno de los más altos del mundo, y el 73 por ciento de los condenados no está en la cárcel.
Lo anterior se ve agravado por el aumento sostenido del grado de violencia y de los delitos de connotación sexual, altamente preocupantes.
Aquí se ha dicho que las causas son muchas, pero es evidente una relajación, tanto en el sistema judicial como en el penitenciario, que incide fuertemente en el aumento de los delitos, que la ciudadanía advierte con preocupación que no se pagan por los hechores como es debido.
El proceso lento, la corrupción y la delegación de facultades de jueces a actuarios, van generando un grado de impunidad que indica que en Chile es difícil y caro capturar a un delincuente, someterlo a proceso y sancionarlo. Las tasas así lo demuestran.
En una encuesta realizada en los últimos días en la ciudad de Curicó, que abarcó doscientas personas de diversos sectores, ante la pregunta de si sienten seguridad en su barrio, el 52 por ciento contestó que no. Consultadas si los vecinos cooperan y denuncian a la policía los actos delictuales, el 57 por ciento contestó que no. Ante la pregunta de por qué no lo hacían, la mayoría lo atribuyó a desconfianza en los tribunales de justicia y al temor natural de la represalia de los delincuentes.
Estimo que hay responsabilidad de todos, de las autoridades nacionales y también, una importante, de las comunales y vecinales. Por eso, quiero referirme a lo que los vecinos, en forma coordinada, pueden hacer para cooperar a vencer la delincuencia.
El Diputado señor Hales preguntó qué significaba el aporte del alcalde Lavín . Si las autoridades de Gobierno no son suficientes para dar la seguridad que la ciudadanía requiere, los vecinos deben contar con todos los elementos necesarios para defenderse. Si uno de ellos sabe que en su barrio existe un delincuente potencial, debe cooperar con las medidas de protección. Ése es el sentido de la labor del alcalde Lavín.
Por falta de tiempo, no podré agregar otras ideas.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de su Comité.
Dentro del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por dos minutos, el Diputado señor Aldo Cornejo .
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente, el problema de la seguridad ciudadana debe abordarse con algún grado de seriedad.
El Diputado señor Espina ha señalado algunas de las señales que el Gobierno, en su opinión, equivocadamente, habría dado respecto de la delincuencia. Ha pretendido radicar parte importante de la responsabilidad en las deficiencias que pudieran existir en materia de seguridad pública en el señor Ministro del Interior, aquí presente.
No es posible sostener, por una parte, que ese Ministerio no cumple adecuadamente sus funciones en cuanto a la mantención del orden público y, al mismo tiempo, negar que las dos instituciones más importantes de que puede disponer, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, dependan de el, en circunstancias de que la propia ley orgánica de esa Secretaría de Estado la asigna como su función más importante el mantenimiento del orden y de la seguridad pública a nivel de todo el país. Entonces, no podemos exigir el cumplimiento de esa labor a una autoridad y, por segunda vez en estos últimos años, negar que ambas policías dependan de quien, por disposición legal, está obligado a mantener el orden público.
En segundo lugar, se habla del tema de los indultos, pero el Diputado señor Espina no dice que un ex senador de su propio partido, el señor Jarpa , fue quien, con el concurso y los votos de Renovación Nacional, estuvo por reformar la Constitución Política y entregar al ex Presidente Aylwin facultad para indultar a personas que estaban procesadas por infracción a la ley antiterrorista. Sin embargo, pese a esa señal, que él considera mala, prácticamente hemos hecho desaparecer el terrorismo.
También se distorsiona el debate cuando aquí se ha señalado, manejando encuestas, que las libertades provisionales que se otorgan serían, en definitiva, culpa del Gobierno. Para quien no entiende el tema, probablemente pudiera parecer así. Por lo demás, la actual normativa que tenemos en materia de libertad provisional, concretamente el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, modificado en 1997, corresponde a una iniciativa legal patrocinada, entre otros, por el propio Diputado señor Alberto Espina .
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila, por dos minutos.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, en el debate de hoy ha quedado de manifiesto que a la Derecha la represión le camina sobre la piel. Es la respuesta instintiva que le surge frente a este desafío, no sólo de las instituciones, sino de la sociedad en su conjunto.
La Derecha será siempre partidaria de “hacer callar el chancho a palos”. Es incapaz de percibir el fondo de los problemas. Sus integrantes son eminentemente analistas de superficie.
El delito ha dejado de ser un problema estrictamente policial. Tiene componentes sociales, económicos y culturales. En nuestra sociedad se está creando una cultura disidente, extraordinariamente peligrosa, por cuanto no obedece a una motivación ideológica, sino al mero y brutal rechazo de un orden de cosas que cada día se construye con más fuerza, sobre la base de una tremenda injusticia, que es precisamente lo que se niegan a ver los señores de la UDI y de Renovación Nacional.
Patético ejemplo de esta especie de estructura genética que los afecta para responder a estos problemas es el entregado por su alcalde de Las Condes. Pretende convertir en leprosos y colgarles una campanilla en el cuello a quienes han pagado culpas con la sociedad. Por sí y ante sí, saltándose toda la legislación, quiere aplicarles la última y definitiva condena que los destine, de modo definitivo, a ser víctimas sin retorno por un delito que algún día cometieron.
Por eso, las recetas de la Derecha en esta materia son absolutamente desechables.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Dentro del tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, lamento formalmente la actitud egoísta y simplista que ha tenido un sector de la Corporación al impedir el ingreso a la Sala del director de Seguridad Publica, funcionario que tiene que ver con el problema de la seguridad ciudadana.
En hechos como éste podemos encontrar la respuesta a la actitud que, en general, hoy vemos en los partidos de la Derecha. Aquí se ha señalado una gran verdad. Tanto en el estudio del Pnud como en el de la Corporación Paz Ciudadana se indica que no existe relación entre la sensación de inseguridad y las personas afectadas por delitos de seguridad ciudadana.
Por eso, estimamos que es responsabilidad y un deber ciudadano alertar al país en contra de la actitud irresponsable de ciertos liderazgos políticos y medios de comunicación social, que realizan verdaderas campañas tendientes a provocar en la población una sicosis de inseguridad y de ansiedad indebidas.
Durante 17 años, los partidos de la Derecha no alzaron su voz frente a la violencia política, a la marginación social y al aumento de la desigualdad económica en una cultura consumista y urbanista, antecedentes estructurales de la delincuencia actual de la sociedad chilena. Por ello, la promoción de la seguridad ciudadana es una labor que corresponde desarrollar a la sociedad en su conjunto, particularmente al Estado, como garante del bien común.
Este tema no debe ser tratado en forma simplista. No es en un supermercado, estimada Diputada señora Ovalle, donde se pueda decir que con el cambio de algunos elementos de consumo de una parte a otra tenemos solucionado el tema sobre seguridad ciudadana. Tampoco se puede sostener que nosotros pedimos recursos para las primarias, fondos que deberían contribuir a resolver el tema de la seguridad ciudadana. Ésa es una forma simplista e irresponsable de abordar el tema.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor JIMENEZ.-
En la actuación de los gobiernos de la Concertación, debemos reconocer la eficiencia con que se ha controlado una de las mayores amenazas que se conoce en cuanto a inseguridad ciudadana.
Por eso, debemos desarrollar una propuesta constructiva para dar solución a este tema, como algo de toda la ciudadanía, partiendo por el Parlamento, incluso por aquellos que levantan el dedo para acusar al Gobierno, pero que, sin embargo, a la hora de tratar una materia tan importante, ni siquiera son capaces de asistir a su discusión con propuestas constructivas.
He dicho.
PROYECTOS DE ACUERDO
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura a un proyecto de acuerdo presentado a la Mesa durante el desarrollo de la sesión.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 34, de los señores Pareto, Jiménez, Mulet, Ceroni, Ortiz, Pérez, don José; Mesías, señora Pollarolo, doña Fanny; Hales, Letelier, don Felipe; Krauss, Salas, señora Allende, doña Isabel; Montes, Velasco, Caraball, doña Eliana; Cornejo, don Aldo; Naranjo y Cornejo, don Patricio.
“Considerando:
1.Que la seguridad ciudadana del país constituye un tema de permanente preocupación de todos los sectores de la nación.
2.Que ha sido preocupación permanente de los parlamentarios de los diferentes comités, la seguridad ciudadana del país, tal como lo demuestran sus intervenciones, solicitudes de oficio, mociones, etc., relativos a la seguridad pública, tareas de inteligencia y su control democrático, reformas al sistema procesal, libertad provisional, etc.
3.Que el Gobierno en estas materias ha impulsado una serie de importantes reformas legales, medidas de carácter administrativo, disposición de recursos, etc., para combatir la delincuencia y otorgar mayores grados de seguridad pública.
4.Que lo expuesto anteriormente ha quedado demostrado una vez más en el debate sostenido en esta Cámara de Diputados en el día de hoy.
En virtud de los antecedentes expuestos y de los artículos 113 y 229 del Reglamento de esta Corporación, que se refieren a los proyectos de acuerdo y comisiones especiales, respectivamente, y demás normas pertinentes de ese cuerpo legal, los diputados abajo firmantes proponemos el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda constituir una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, con la composición a que se refiere el artículo 213 del Reglamento, con vigencia hasta el término del actual período legislativo, con el mandato expreso de abocarse a conocer de todas las iniciativas legales sobre las materias que sean sometidas a consideración de la Corporación y para efectuar un seguimiento permanente de las políticas y programas que digan relación con la seguridad ciudadana”.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En votación.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Se ha presentado un segundo proyecto de acuerdo. El señor Secretario le dará lectura.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo de los señores Palma, don Osvaldo; Fossa, señora Cristi, doña María Angélica; Alessandri, Caminondo, Delmastro, Ibáñez, Coloma, Guzmán, doña Pía, y Martínez, don Rosauro.
“Considerando:
1.Los niveles de inseguridad ciudadana que afectan al país y que en los dos últimos años los robos con violencia han subido en un 62 por ciento;
2.Que los chilenos viven en un estado de inseguridad que los afecta en su vida familiar y personal;
3.Que el fenómeno delictivo se torna cada vez más complejo y difícil de combatir, y
4.Que el Estado chileno sufre de serias deficiencias estructurales, que le impiden construir un real dique contra la delincuencia,
Venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de acuerdo
1ºSolicitar a su Excelencia el Presidente de la República la creación de un comité multisectorial, integrado por los ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda, por los subsecretarios de Carabineros e Investigaciones, por el Presidente de la Corte Suprema, por el General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones, Director de Gendarmería y Director del Sename, con el objeto de preparar una política integral contra la criminalidad, y
2ºQue se dé urgencia a todos los proyectos de ley sobre la seguridad ciudadana, que se encuentren en tramitación en el Congreso Nacional”.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En votación.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 13.45 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTO DE LA CUENTA
Moción de las Diputadas señoras María Victoria Ovalle, Rosa González y de los Diputados señores García-Huidobro, Krauss, Errázuriz, Vilches, Longueira y Ulloa.
Interpreta inciso segundo del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, sobre libertad provisional. (boletín Nº 2168-07)
Se ha constatado durante el último tiempo, la poca confianza existente en la sociedad, en relación a la imposición final de una pena y al cumplimiento de ésta. Asimismo, resulta de gran importancia verificar el temor que ha experimentado la población frente a un notorio aumento de la criminalidad y a la posibilidad de verse expuestos como sujetos pasivos en la comisión de un delito.
Pues bien, en este sentido, la prisión preventiva vs. la libertad provisional, representan una ponderación de intereses jurídicos, en algunos casos, en evidente contradicción. En efecto, por una parte se encuentra el interés de la sociedad y de la víctima de ver satisfecha la pretensión punitiva y, por la otra, existe el derecho del inculpado a que mientras no se prueben sus responsabilidades sea tratado como inocente y pueda hacer efectivo el beneficio de la libertad (así establecido en nuestra legislación). Sin embargo, en la búsqueda de este equilibrio, existe una marcada tendencia a considerar que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y que sólo es lícito recurrir a ella en casos graves.
No obstante lo anterior, la percepción de la población, es que esta institución de la libertad provisional, no ha funcionado en forma eficaz.
En efecto, los ciudadanos suelen constatar en muchas ocasiones, que el procesado por un delito de cierta gravedad, es rápidamente beneficiado con la libertad provisional, mientras que, en otras oportunidades, se somete a prisión preventiva a personas que están en condiciones de optar a algunas de las formas alternativas de cumplimiento de las penas privativas de libertad que consagra la ley Nº 18.216, contradicciones que suelen generar un clima de desconfianza en el Poder Judicial.
Es por ello, que este proyecto de ley, que se somete a la aprobación de la Cámara, pretende dar los elementos que permitan a los Tribunales de Justicia, interpretar en términos más objetivos, las circunstancias establecidas actualmente en el artículo 363 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, referentes a la causal de peligro para la sociedad, norma que en algunas circunstancias ha determinado que los Tribunales actúen en términos contradictorios unos a otros, al momento de resolver dichas solicitudes, generando el consecuente clima de desconfianza y de inseguridad en la aplicación de la justicia.
Por todas estas consideraciones, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Intercálase a continuación del artículo 363, el siguiente artículo 363 bis nuevo:
El juez entenderá que la pena asignada a uno o más delitos es grave, si:
a) sancionan el delito con presidio o reclusión mayores en su grado máximo u otra pena superior;
b) si éstas en conjunto o separadamente son superiores a cinco años de presidio o reclusión.
Artículo 2º.- Agrégase a continuación del artículo 363 bis el siguiente artículo 363 bis A:
El Juez deberá denegar la libertad provisional del procesado, por ser peligrosa para la sociedad, cuando el número y carácter de los delitos, cumplan algunos de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de delitos de acción pública;
b) Que el delito de que se trate esté sancionado con presidio o reclusión mayores en su grado máximo u otra pena superior;
c) Que la pena asignada en conjunto o separadamente a éstos, sea superior a cinco años de presidio;
d) Que en la comisión de los delitos, el procesado haya utilizado armas de fuego o cortopunzantes o contundentes, corrosivas, asfixiantes, o cualquier artificio mecánico que facilite la comisión del ilícito penal, ya sea por el daño orgánico que eventualmente pudiere producir en la víctima o el temor sicológico que la amenaza de su utilización pueda implicar para el ofendido;
e) Que en la comisión de delito se haya utilizado violencia o intimidación en la persona de la víctima, y/o en su grupo familiar;
f) Peligro para la vida o integridad corporal de las personas.
Artículo 3º.- Intercálase a continuación del artículo 363 bis A, el siguiente artículo 363 bis B:
El Juez al determinar la existencia de condenas anteriores, cuyo cumplimiento se encontrare pendiente atendida la gravedad de los delitos de que se trataren, deberá no sólo considerar las circunstancias descritas en los artículos precedentes, sino también la habitualidad o profesionalidad que revelen los antecedentes del proceso en la comisión de los hechos delictuosos”