Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE SOLA SIERRA HENRÍQUEZ
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Jaime Naranjo Ortiz
- HOMENAJE : Gabriel Ascencio Mansilla
- HOMENAJE : Maria Angelica Cristi Marfil
- HOMENAJE : Laura Soto Gonzalez
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE EN MEMORIA DE SOLA SIERRA HENRÍQUEZ
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Waldo Mora Longa
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA.
- INTEGRACIÓN
- Waldo Mora Longa
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Baldo Prokurica Prokurica
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Antonio Leal Labrin
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ERECCIÓN DE MONUMENTO A DON EDUARDO FREI MONTALVA.
- INTEGRACIÓN
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Correa De La Cerda
- Rosauro Martinez Labbe
- Juan Pablo Letelier Morel
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE BENEFICIOS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS.
- INTEGRACIÓN
- Enrique Krauss Rusque
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Anibal Perez Lobos
- Salvador Urrutia Cardenas
- Gustavo Alessandri Valdes
- Baldo Prokurica Prokurica
- Osvaldo Vega Vera
- Jorge Ulloa Aguillon
- INTEGRACIÓN
- VI. FÁCIL DESPACHO
- CONVENIOS ENTRE CHILE Y CUBA Y ENTRE CHILE Y PANAMÁ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE LAS INVERSIONES, Y SUS PROTOCOLOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Carlos Caminondo Saez
- DEBATE
- DEBATE
- CONVENIOS ENTRE CHILE Y CUBA Y ENTRE CHILE Y PANAMÁ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE LAS INVERSIONES, Y SUS PROTOCOLOS. Primer trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- BENEFICIOS TRIBUTARIOS A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 2, DE 1959. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE AFECTA LA IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES ACOGIDOS A FRANQUICIAS ESPECIALES. Primer trámite constitucional. (Votación).
- MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE VENTA DE FERTILIZANTES A GRANEL. Primer trámite constitucional. (Votación).
- BENEFICIOS TRIBUTARIOS A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 2, DE 1959. Primer trámite constitucional.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- LIBERACIÓN DE JUDÍOS ARRESTADOS POR INFUNDADOS CARGOS DE ESPIONAJE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Felipe Valenzuela Herrera
- Francisco Bartolucci Johnston
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Lily Perez San Martin
- Lily Perez San Martin
- Juan Pablo Letelier Morel
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Eduardo Diaz Del Rio
- Sergio Correa De La Cerda
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL TRÁFICO DE DESECHOS O RESIDUOS TÓXICOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Adriana Munoz D'albora
- Lily Perez San Martin
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Guido Girardi Lavin
- Alejandro Navarro Brain
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Rafael Arratia Valdebenito
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Roberto Delmastro Naso
- Sergio Aguilo Melo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- LIBERACIÓN DE JUDÍOS ARRESTADOS POR INFUNDADOS CARGOS DE ESPIONAJE.
- IX. INCIDENTES
- INEFICACIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN COMBATE A LA POBREZA.
- PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- SEGURO ESCOLAR PARA EDUCANDOS ADULTOS. Oficio.
- BANDAS DE PRECIO Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, OMC. Oficio.
- AUMENTO DEL TIPO DE CAMBIO. Oficio.
- ADHESION
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Caminondo Saez
- Roberto Delmastro Naso
- Gustavo Alessandri Valdes
- ADHESION
- EXTENSIÓN DE CALIDAD DE FUNCIONARIOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LOS JUECES DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Juan Pablo Letelier Morel
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Lily Perez San Martin
- Eliana Caraball Martinez
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Gustavo Alessandri Valdes
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- CINCUENTENARIO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA Y LECHERA DE LA UNIÓN LIMITADA, COLÚN. Oficio.
- REANUDACIÓN DE VUELOS COMERCIALES A LAS ISLAS MALVINAS. Oficio.
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Velasco De La Cerda
- Eliana Caraball Martinez
- Juan Nunez Valenzuela
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Homero Gutierrez Roman
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE COBROS POR CORTES Y REPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Nunez Valenzuela
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- CONTAMINACIÓN DEL RÍO CACHAPOAL. Oficios.
- EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA EN SECTOR SUR DE SANTIAGO. Oficio.
- ADHESION
- Lily Perez San Martin
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Velasco De La Cerda
- Juan Nunez Valenzuela
- Juan Pablo Letelier Morel
- Osvaldo Palma Flores
- Gustavo Alessandri Valdes
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- COMPLEMENTACIÓN DE FONDOS PARA MEJORAR CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNA DE EL BOSQUE. Oficio.
- ADHESION
- Lily Perez San Martin
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Velasco De La Cerda
- Juan Nunez Valenzuela
- Juan Pablo Letelier Morel
- Osvaldo Palma Flores
- Gustavo Alessandri Valdes
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE REACTIVACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Juan Nunez Valenzuela
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CHIMBARONGO. Oficios.
- CESANTÍA Y HAMBRE EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- ADHESION
- Lily Perez San Martin
- Gustavo Alessandri Valdes
- Carlos Caminondo Saez
- ADHESION
- PROYECTO DE ACUERDO PARA INCENTIVAR BÚSQUEDA DE NIÑOS EXTRAVIADOS. Oficio.
- ADHESION
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Nunez Valenzuela
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Caminondo Saez
- Gustavo Alessandri Valdes
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- SITUACIÓN ECONÓMICA Y TRIBUTARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA “ITESA”. Oficios.
- ADHESION
- Lily Perez San Martin
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE FRANCIA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- ANEXO SESIÓN
- Aprueba el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Panamá para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Santiago, el 8 de noviembre de 1996.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 19ª, en miércoles 14 de julio de 1999
(Ordinaria, de 16.08 a 20.57 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- FÁCIL DESPACHO
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Homenaje.
- Homenaje en memoria de Sola Sierra Henríquez 9
-o-
- Permiso constitucional 17
- Integración de comisión mixta en proyecto sobre concesiones de energía geotérmica 17
- Integración de Comisión Mixta en proyecto sobre erección de monumento a don Eduardo Frei Montalva 17
- Integración de Comisión Especial sobre beneficios a los cuerpos de Bomberos 17
VI. Fácil Despacho.
Convenios entre Chile y Cuba y entre Chile y Panamá para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y sus protocolos. Primer trámite constitucional 18
VII. Orden del Día.
- Beneficios tributarios a adquirentes de viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959. Primer trámite constitucional 25
- Modificaciones del régimen tributario que afecta la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales. Primer trámite constitucional. (Votación) 57
- Modificación de normas sobre venta de fertilizantes a granel. Primer trámite constitucional. (Votación) 58
VIII. Proyectos de acuerdo.
- Liberación de judíos arrestados por infundados cargos de espionaje 59
- Comisión investigadora sobre el tráfico de desechos o residuos tóxicos 61
Pág.
IX. Incidentes.
- Ineficacia de políticas y programas de Gobierno en combate a la pobreza 65
- Programas de absorción de mano de obra para la Décima Región. Oficio 66
- Seguro escolar para educandos adultos. Oficio 66
- Bandas de precio y acuerdos con la Organización Mundial del Comercio, OMC. Oficio 67
- Aumento del tipo de cambio. Oficio 67
- Extensión de calidad de funcionarios de dedicación exclusiva a los jueces de policía local. Oficios 68
- Cincuentenario de la Cooperativa Agrícola Lechera de La Unión Limitada, Colún. Oficio 69
- Reanudación de vuelos comerciales a las islas Malvinas. Oficio 70
- Información sobre cobros por cortes y reposición de suministro de agua potable en la Sexta Región. Oficio 71
- Contaminación del río Cachapoal. Oficios 71
- Evacuación y drenaje de aguas lluvia en sector sur de Santiago. Oficio 72
- Complementación de fondos para mejorar cancha de fútbol en comuna de El Bosque. Oficio 73
- Acuerdo del concejo municipal sobre reactivación de la ciudad de San Antonio. Oficio 74
- Estado de avance de proyecto de normalización del hospital de Chimbarongo. Oficios 76
- Cesantía y hambre en la Región del Maule. Oficios 77
- Proyecto de acuerdo para incentivar búsqueda de niños extraviados. Oficio 77
- Situación económica y tributaria del centro de formación técnica “Itesa”. Oficios 78
- Conmemoración del Día Nacional de Francia. Oficios 79
X. Documentos de la Cuenta.
1. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en la forma que indica (boletín Nº 1745-13) 82
2. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, recaído en el proyecto que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al DFL Nº 2, de 1959 (boletín Nº 2358-14) 87
3. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al DFL Nº 2, de 1959 (boletín Nº 2358-14) 97
4. Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica el régimen tributario que afecta a la importación de automóviles acogidos a franquicias tributarias (boletín Nº 2341-05) 104
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del diputado señor Mora, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 16 de julio en curso, para dirigirse a Estados Unidos.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor García-Huidobro, cierre de expendio de gas licuado en Rancagua.
Ministerio de Justicia
-De los diputados señores Reyes, Villouta, Mulet y Acuña, experiencia de consultorios jurídicos móviles.
Ministerio de Hacienda
-De los diputados señores Villouta, Velasco, Tuma, pago de pensiones asistenciales a mujeres y hombres mapuches.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Pablo Galilea, viviendas financiadas en la comuna de Las Guaitecas, Undécima Región.
-De los diputados señores Mora, Fossa, Rosauro Martínez, Jaramillo, Jarpa, Ortiz y diputada señora Marina Prochelle, emplazamiento de los programas de construcción de viviendas sociales y selección de asignatarios de soluciones habitacionales.
-Del diputado señor Juan Pablo Letelier, diversas materias relacionadas con la Villa Los Castaños, de Graneros.
-Del diputado señor Kuschel, viviendas construidas en el período 1994-1998 en la Región de Los Lagos.
-De los diputados señores Víctor Pérez, Melero, Kuschel, Osvaldo Palma y diputada señora Lily Pérez, alcance de resolución Nº 154 del 22-01-1999.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-De la Corporación, sistema de revisiones técnicas de vehículos motorizados.
Corporación de Fomento de la Producción
-De los diputados señores Navarro, Ortiz, Andrés Palma, Jaramillo, Gutiérrez, Ojeda y Tuma, contrato celebrado con la Empresa Arenas Biobío Ltda.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Francisco Huenchumilla y Alejando Navarro.
-Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Eduardo Aninat; de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez; de la Secretaría General de Gobierno, señor Carlos Mladinic, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.08 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 13ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE SOLA SIERRA HENRÍQUEZ
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde rendir homenaje en memoria de la señora Sola Sierra Henríquez.
La Cámara de Diputados inicia un solemne homenaje y un reconocimiento a la labor de Sola Sierra, quien lideró y difundió por el país y por el mundo las esperanzas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Ella transformó su dolor personal por la desaparición de su marido en una lucha desinteresada por miles de víctimas de la represión, pero, más que eso, su misión fue devolver la dignidad al país, siempre con lucidez y humildad.
Hoy, que avanzamos lentamente en este tema, su entereza y valentía nos impelen a continuar trabajando por la verdad y la justicia. Un nuevo ánimo inspira al país, que busca enfrentar de manera definitiva el trauma pasado y curar las heridas por las violaciones a los derechos humanos.
La Cámara de Diputados inicia este homenaje a la mujer que, a pesar de su infatigable búsqueda, nunca tuvo la certeza de la muerte de su marido, que nunca desfalleció y que, tampoco, nunca estuvo movida por el odio y el rencor.
En la tribuna de honor se encuentra presente una delegación compuesta por la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, encabezada por su presidenta, la señora Viviana Díaz. Asisten, además, las hijas de Sola Sierra: Lorena y Lenia Pizarro Sierra, y su hermana, la señora Adriana Sierra Henríquez.
Agradecemos su presencia.
(Aplausos).
Por la bancada del Partido Socialista, rinde homenaje el diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, familiares de nuestra querida amiga Sola Sierra, miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras y señores:
Hoy rendimos homenaje a una mujer extraordinaria, a una mujer que hizo de la búsqueda de la verdad y la justicia la razón de ser de su vida, a una mujer tesonera y valiente que, con entrega sin igual, se convirtió en el símbolo de la lucha por los derechos humanos en nuestro país.
Sola Sierra nació hace 63 años en el seno de una familia humilde, íntimamente ligada al movimiento sindical. Su padre fue dirigente ferroviario, y su abuelo, luchador social que trabajó codo a codo con Luis Emilio Recabarren. Estos hechos la marcaron profundamente en los valores que profesó, y la llevaron, a temprana edad, a abrazar la causa de los desposeídos. Eco de esto, y siendo muy joven, ingresó como militante de la Juventud del Partido Comunista, colectividad que la cobijara hasta su muerte. Es allí donde, en septiembre de 1960, conoció a Waldo Pizarro Molina , su marido y padre de sus tres hijos: Waldo, Lenia y Lorena. Sin embargo, su vida familiar fue abruptamente interrumpida cuando el 15 de diciembre de 1976, Pizarro , alto dirigente del Partido Comunista, no regresó de su trabajo. Fue detenido por la Dina y, posteriormente, hecho desaparecer, ignorándose hasta hoy su paradero.
En una prueba indiscutible de su temple y coraje, y como si anhelase la alta labor que le correspondería desempeñar en nuestra triste historia, ingresó a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sólo dos días después de la detención de su esposo. Desde allí alzaría su voz, sustentada únicamente por la fuerza de sus convicciones, para exigir verdad y justicia para tantos miles de chilenos. Cabe destacar su entereza. En un país dominado por el miedo y la represión, en que la mayoría temía alzar su voz para denunciar los innumerables atropellos que día a día se cometían, ella no vaciló en recurrir a todas las instancias posibles para conocer la suerte de los detenidos desaparecidos.
Sola Sierra, en este contexto, no sólo se transformó en el rostro de la Agrupación, al testimoniar públicamente la situación de los detenidos desaparecidos, sino que se constituyó en ejemplo vivo de un Chile que clamaba por terminar con el horror de una sangrienta dictadura, hecho ratificado posteriormente por el informe Rettig, que hoy nadie pone en duda en nuestro país.
Será en esta escuela, la de la lucha diaria, la de las puertas cerradas, la de la represión, la de los golpes, la de un Poder Judicial que se niega a proteger a los detenidos, donde la estatura ética y moral de Sola Sierra irá creciendo. Como presidenta, y más allá de su caso particular, se transformará en madre, esposa o hermana que busca a su familiar detenido desaparecido, porque para ella todos eran parte de su familia chilena. Y recordamos su dolor al despedir los cuerpos de los escasos detenidos desaparecidos que han sido encontrados, como si hubieran sido su esposo, hermanos o hijos.
La consecuencia de su lucha, la dignidad y la fuerza con que enfrentó la adversidad y el miedo, harán que su figura se acreciente, transformándose en líder internacional de la causa de los derechos humanos y, muy especialmente, de los miles y -por qué no decirlo- millones de personas que han sido detenidas en el mundo y, posteriormente, hechas desaparecer.
Sin lugar a dudas, la muerte de Sola Sierra implica una gran pérdida para la causa de los derechos humanos, más aún cuando algunos todavía pretenden esconderse tras la impunidad. Quienes tuvimos el privilegio de conocerla, reconocimos en ella a una mujer valiente, serena, que hizo de la no violencia activa su bandera de lucha, consciente de que si sólo vivíamos en libertad podríamos alcanzar la verdad y la justicia. ¡Qué duda cabe de que Sola Sierra hizo mucho más de lo que le correspondía por lograr que la verdad y la justicia imperaran en nuestro país! ¡Qué contraste más profundo existe entre su conducta y la de aquellos que, pudiendo evitar el sufrimiento de cientos de familias chilenas, nada hicieron por ellas!
Por eso, su drama personal no la desligó jamás de la gran tarea nacional de nuestro pueblo en orden a recuperar la democracia. Son, justamente, personas como Martin Luther King , monseñor Arnulfo Romero , Nelson Mandela y Sola Sierra quienes transforman las tareas y desafíos que les impone la vida en la inspiración para lograr la dignificación del ser humano. Ellos son, sin lugar a dudas, los verdaderos constructores de la paz.
El país puede dar testimonio de que, a pesar del drama y el dolor que le tocó vivir por la detención y posterior desaparición de su esposo, nunca hubo en sus palabras odio, rencor ni ánimo de venganza, y que tras la fuerza y franqueza de sus palabras sólo hubo un deseo, quizás irrefrenable, de obtener verdad y justicia. Su dignidad es un legado para el presente y futuro de nuestra nación y trasciende las fronteras del partido en el cual militó gran parte de su vida, ya que su obra pertenece a todos los chilenos. Es más, incluso hoy su ejemplo y entrega la reconocen hasta aquellos que en el pasado la atacaron y reprimieron, cuando a la cabeza de la Agrupación salía a proclamar verdad y justicia.
En este aspecto, cómo no conmoverse cuando esposas y madres como Sola Sierra, que entregaron una parte importante de sus vidas por saber dónde están sus seres queridos, mueren sin recibir respuesta alguna, a pesar de su lucha, de su entrega y de lo justa que era su causa. ¿Podemos -quienes estamos en esta Sala- seguir siendo indiferentes a este drama? ¿Podemos seguir desconociendo o actuando como si nada hubiese pasado en nuestro país?
Por eso, querida y recordada Sola, los socialistas queremos expresarte que tu ejemplo, tu decisión y coraje nos han señalado un camino muy claro a seguir. Valoramos significativamente que hoy muchos reconozcan lo que en el pasado ignoraron una y otra vez, que quieran contribuir a la verdad; pero que no pretendan hacerlo a costa de renunciar al sagrado valor de la justicia.
Los socialistas estamos por lograr un gran acuerdo nacional sobre derechos humanos, pero nunca aceptaremos que éste se realice entre cuatro paredes y sin que sean escuchadas y recogidas las demandas de los familiares de las víctimas. Cuando lo que está en discusión son valores y principios, como la verdad y la justicia, no tienen cabida los acuerdos secretos; ellos deben lograrse de cara al país. Repito que estamos por ese gran acuerdo; pero dicho acuerdo no puede impedir que el Poder Judicial siga actuando como en este último tiempo; vale decir, investigando y procesando a quienes violaron los derechos humanos, cualquiera que sea el cargo que hayan ocupado o estén ocupando actualmente.
Por tanto, Sola, los socialistas te decimos que sentimos y hacemos nuestro tu lema: “Justicia; nada más, pero nada menos”.
Estimada Sola, como una forma de rendirte un homenaje y reconocer tu labor, los socialistas te señalamos que impulsaremos la creación de un premio nacional de los derechos humanos que lleve tu nombre, como asimismo que la calle Manuel Rodríguez, entre Alameda y Agustinas, pase a llamarse Sola Sierra.
Estamos seguros de que en estas acciones, contaremos con el amplio y desinteresado respaldo de todos.
Sin duda, cuando en Chile se realice un recuento histórico de cómo ha crecido y se ha desarrollado una conciencia de los derechos humanos en nuestra sociedad, la figura de Sola Sierra será recordada como una de las personas que, a través de su lucha y abnegación, hizo un gigantesco aporte a ella.
Sola Sierra, los socialistas te decimos que del dolor que nos ha causado tu partida, brotará la esperanza y la fuerza para seguir luchando por esta noble causa.
¡Gracias, Sola Sierra, por tu ejemplo y entrega para pedir verdad y justicia!
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
El diputado señor Gabriel Ascencio rinde homenaje por la bancada de la Democracia Cristiana.
El señor ASCENCIO (de pie).-
Señor Presidente, señores diputados, estimadas amigas y amigos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras y señores:
Nuestra Cámara de Diputados rinde hoy un homenaje a Sola Ángela Sierra Henríquez; a Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Para mí es un gran honor. También lo es representar a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana en este homenaje. Saludo, entonces, a sus hijos, Lorena, Lenia y Waldo, a su hermana Adriana y, por supuesto, a sus amigas y amigos de la agrupación y de su partido.
Sola Sierra, mujer humilde, luchadora incansable, madre ejemplar, amiga tierna y comprensiva, defensora feroz de la verdad y de la justicia, nació el 1 de diciembre de 1935 y se formó en un hogar de dos hermanos, y sobrellevó la triste carga de no haber podido terminar sus estudios. Sólo cursó hasta el tercer año de humanidades. Era mujer y pobre.
Sin embargo, desde su época de estudiante, destacó por sus características de líder. En ella no cabían las dudas. Tenía un claro compromiso político y social que la instaba a luchar por más justicia para los chilenos.
Sin lugar a dudas, el golpe más triste de su vida lo sufrió con la detención y desaparición de su esposo, Waldo Pizarro Molina, con quien estaba casada desde 1962. Ella no se derrumbó. Al contrario, este hecho, tan presente y dramático en miles de familias chilenas, le significó un compromiso mayor. Se incorporó a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que no abandonó más, y a la que condujo y orientó durante el resto de su vida. Fue reelecta como presidenta en cuatro oportunidades, mientras colaboraba, además, con otras instituciones de derechos humanos.
Era recibida por múltiples autoridades políticas y espirituales. Entre ellas, su Santidad, el Papa Juan Pablo Segundo, a quien entregó un libro con los rostros de los detenidos desaparecidos. Fue recibida por jefes de gobierno, ministros de relaciones exteriores y parlamentarios de todo el mundo; por organismos internacionales de derechos humanos y por personalidades del mundo artístico, cultural, espiritual.
Pero ¿qué tenía esta mujer, que era invitada a coloquios en París, conferencias en Italia, Canadá o Estados Unidos, y también era panelista en universidades chilenas y extranjeras, y, al mismo tiempo, dirigenta latinoamericana de los Familiares de Detenidos Desaparecidos? ¿Qué la hacía tan especial, que siempre recibía premios y distinciones de distintas organizaciones nacionales y extranjeras?
Sola tenía algo: consecuencia. No había dos Solas, sino una sola. Ella y su consecuencia: consecuencia para vivir, consecuencia para pensar, consecuencia para actuar, consecuencia para amar a su familia y a sus recuerdos, consecuencia para dirigir y orientar a su organización, consecuencia para enfrentar a las autoridades, quienesquiera que fueran; consecuencia para consolar a sus amigas en los momentos más difíciles que en su larga caminata han debido soportar.
Así, su demanda no cesó con la llegada de la democracia. No se dio por satisfecha con los avances en materia de derechos humanos logrados en estos años, y su vida se convirtió en un símbolo de lucha inclaudicable por verdad y justicia. Recorrió, entonces, incansablemente, los cementerios clandestinos descubiertos, los tribunales de justicia, los organismos de gobierno y el Congreso.
En plena democracia, Sola Sierra siguió siendo consecuente. Cuando el general Pinochet fue arrestado en Londres, viajó a la capital inglesa, prestó declaraciones y se hizo parte en el juicio seguido en España, con el objeto de buscar la justicia que en nuestro país se le había negado.
Cada derrota del General en los tribunales ingleses, era una nueva victoria que sumó a su abnegada y desigual lucha. Ella, como muchos chilenos, comprendía perfectamente que era muy difícil que aquél, considerado responsable de su drama y del de sus compañeras, fuera sometido a proceso en Chile, y comprendía mucho más la imposibilidad de que fuera condenado por nuestros tribunales.
Recordando a sus mártires, a sus familiares desaparecidos, ejecutados o torturados, rechazó de manera categórica cualquier pacto, secreto o público, que significara la impunidad para los responsables. Así, también denunció a quienes insistían en buscar acuerdos que impusieran una indigna renuncia a la justicia, a cambio de unas migajas de verdad.
La memoria de los pueblos no se puede enterrar, por muchos intentos que se hagan. Los detenidos desaparecidos son una realidad del presente y de nuestro futuro. Y allí estaba Sola para reiterarnos aquello una y otra vez.
¡Justicia; nada más, pero nada menos! Fue su último grito hace poco más de un mes en el Estadio Nacional. Sobre el tema, argumentaba de la siguiente manera: “Esta idea fuerza que nos convoca hoy significa algo simple, pero profundo. Hay una reivindicación insatisfecha que debe ser cumplida, elemental e indispensable para la sana convivencia social. No es más que eso, pero tampoco es nada menos. Precisamente porque si no se logra, se ponen en riesgo las bases mínimas de la sociedad democrática y de un verdadero estado de derecho”.
Más adelante, decía: “En el plano de la vida diaria, la verdad y la justicia limpian el dolor, oxigenan el aire, tranquilizan y ordenan las estructuras mismas de la existencia colectiva. Hablamos de justicia, no de venganza. Exigimos un juicio justo, no la retribución brutal de lo que ellos hicieron a sus víctimas. Demandamos un proceso a la luz del día y ajustado a derecho, con defensa del acusado y respeto a sus derechos, y no de decisiones siniestras adoptadas en las sombras del arbitrio”.
Justicia; nada más, pero nada menos, era lo que demandó toda su vida esta mujer consecuente. Sola ha muerto y sus preguntas aún hoy carecen de respuesta. ¿Se impondrá la verdad o esta batalla será ganada por la mentira? ¿Se impondrá la justicia o vencerá la impunidad? De nosotros también dependerá la respuesta.
El Congreso Nacional y sus integrantes tienen gran responsabilidad en lo que sucederá. Espero que podamos imitar su ejemplo.
Sola, tu cansado corazón, después de tantas luchas, ya no pudo resistir más y dejó de latir, dejando un vacío muy grande, que tus amigas y amigos deberán llenar.
Por esa lucha sin tregua, por la verdad y la justicia; por tus métodos pacíficos, fuertes, pero no violentos; por tu compromiso con el significado verdadero de la reconciliación, que nace de la verdad, de la justicia y del sincero arrepentimiento; por estas mujeres hermosas de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos; por tus familiares y por tu ejemplo de amor a la vida, hoy te damos gracias, Sola Sierra.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi, quien rendirá el homenaje en representación de la bancada de Renovación Nacional.
La señora CRISTI, doña María Angélica (de pie).-
Señor Presidente, distinguidos colegas, familiares de la señora Sola Sierra:
Al empezar mis palabras, creo necesario reconocer que resulta muy difícil comprender que, habiendo sido ella y quien habla dos personas tan diferentes, yo le rinda homenaje.
Sola Sierra fue presidenta símbolo de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y, sobre todo, víctima de la desaparición de su marido, Waldo Pizarro Molina , detenido el 15 de diciembre de 1976.
Rindo este homenaje con respeto, desde la otra orilla, pero, a pesar de nuestras enormes diferencias, ambas somos mujeres, ambas somos madres, ambas fuimos esposas y, por sobre todo, ambas hemos estado comprometidas con nuestras causas e ideales hasta las últimas consecuencias.
Respeté y respeto el dolor del drama personal de Sola Sierra y su sed de justicia. Si bien no he padecido un dolor como ése, mucha veces me he puesto en su lugar y en el de otras madres, esposas y hermanas, y me ha resultado difícil, casi imposible, poner mis ideales políticos por sobre mis lazos y mis afectos sanguíneos.
No me corresponde ni creo del caso, al menos en esta oportunidad, hacer juicios históricos, políticos y personales. Corresponde, por el contrario, buscar un espacio común de reflexión y oración para recordar el sabio bálsamo del Libro de los Proverbios, que dice: “A los ojos del hombre, todos sus caminos son rectos. Pero Dios pesa los espíritus”.
Nos corresponde, en especial a quienes ocupamos un lugar en la Cámara, pensar en el mañana. La verdad y la justicia son más que palabras, muchas veces usadas para la confrontación. La verdad y la justicia son conceptos permanentes. Verdades eternas y valores inmutables deben ser desarrollados y puestos en práctica, precisamente por nosotros, para buscar una solución definitiva a las materias pendientes en derechos humanos, tarea ardua y difícil, tarea que toca dolores legítimos y legítimos derechos de muchas personas; tarea ardua y difícil, que toca aspiraciones de la comunidad para vivir en paz, para construir un mañana en que sea posible progresar; tarea ardua y difícil, porque el bien común es el bien personal de cada uno, pero que se obtiene en la comunidad de todos.
Nuestra bancada y nuestro partido han expresado pública y privadamente su apertura y disposición a colaborar en esta tarea trascendente. Como la saben ardua y difícil, están trabajando calladamente, sin afanes de protagonismo político, con voluntad y minuciosidad, en la idea de aunar una acción generosa, de diseñar mecanismos legales eficaces y, por sobre todo, crear una actitud espiritual que haga posible aplicar esos mecanismos.
En esta oportunidad, por último, quiero rogar a Dios para que estas sencillas y humildes palabras sean consideradas un aporte sincero para que nunca más en el futuro de Chile se desencadene la violencia y para que en el lugar donde esté Sola Sierra haya encontrado la paz que no halló en la tierra.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto, quien rendirá el homenaje en representación de la bancada del Partido por la Democracia.
La señora SOTO, doña Laura (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, señora Viviana Díaz, queridos miembros de la Agrupación de detenidos desaparecidos, familiares de doña Sola Sierra:
No hay duda de que la ocasión que hoy nos convoca para rendir homenaje es especial y emotiva, en particular porque la persona que recordamos forma parte del presente histórico y, hasta su muerte, fue protagonista principal de nuestra vida pública y del acontecer ciudadano. Ella logró la unión de la soledad y la tristeza, y en la búsqueda de los compañeros y amigos se convirtió en líder y estandarte de la organización que dirigió por tantos años, por lo cual todos nosotros la recordamos con aprecio, cariño y admiración.
Nació al mundo con el sentido propio de los nuestros. Muy tempranamente abrazó, con unción, los ideales más caros, el compromiso irrenunciable con el otro, el amor fraterno que se da de mil formas, desde luchar por que cada uno tenga lo que es justo, hasta para que al niño más pequeño no le falte el pan ni la leche, ni que la madre tenga que sufrir el abandono, el frío y la miseria.
Sus años fueron de dura lucha, del hacer de cada día, sin la fe del iluminado, la batalla por un mundo donde la mentira y el homicidio no tengan cabida. Pero en esa lucha cotidiana no intuyó lo que venía; en ese hacer por otros no vislumbró que la vida le daría una dura prueba, que el destino le tendería la trampa más cruel, de aquellas que derriban, a veces, a los más fuertes.
Fue una noche aciaga, como otras, que envolvió a nuestro país en una guerra insensata, inventada por decreto; guerra declarada y desigual que aniquiló, destruyó, separó e hizo desaparecer a aquellos que, aun en el silencio del alma, eran sospechosos de no estar con la verdad oficial.
Y esta tragedia, que enlutaba a la familia chilena, la envolvió con su túnica pesada y la separó, con crueldad, del compañero de luchas, del padre de sus hijos, del que la puso -con ternura de hombre rudo- en el camino de la batalla más difícil: luchar por la justicia en el más injusto de los mundos.
Así, como tantos otros, en un momento dado ella se quedó a la vera del camino, casi inerte, anonadada con la certeza de las predicciones, del nunca más, del adiós frustrado, de las lágrimas atragantadas, del corazón latiendo apresurado, de la sangre fluyendo con la fuerza de un vendaval.
Pero Sola estaba hecha del acero más fino, de la fortaleza de los héroes verdaderos, de aquellos que enfrentan a los ciegos del mundo, de aquellos que son capaces de luchar con el espíritu, el único capaz de vencer a la espada.
Su pena quedó confinada, y con ahínco y valor asumió las mejores causas, esas que se dan por otros, esas que se dan en el medio de la nada, aun con un adversario poderoso con ojos para espiar y oídos para oír hasta en los rincones más íntimos.
Sola fue desde ese instante el símbolo más fuerte de una lucha incansable, que dura hasta nuestros días, de la búsqueda de la verdad, de la persecución de la justicia, de aquella superior, capaz de mitigar el dolor y la desesperanza.
Ella, en vida, construyó una “catedral de la esperanza”, que seguirá perdurando aun cuando ella se ha ido, porque sus cimientos son los más sólidos y seguros, y porque quienes la han acompañado en esta búsqueda se han contagiado con creces de su alma y han hecho suyos los ideales que guiaron su vida.
Por eso les decimos a aquellos que lamentan su muerte como prematura: ¡No, ella no ha muerto, porque los símbolos perduran por los siglos de los siglos, como la eterna primavera que cada mañana nos llena de flores, a porfía!
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
El diputado señor Carlos Abel Jarpa rinde homenaje por la bancada del Partido Radical Social Demócrata.
El señor JARPA (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, familiares de Sola Sierra Henríquez, integrantes de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, militantes del Partido Comunista, señoras y señores:
Una vez más la sociedad chilena no ha dejado partir a una gran mujer sin rendirle homenaje y hacerle presente nuestro sentimiento de admiración por su coraje, valentía y consecuencia.
Sola Sierra Henríquez ha muerto. Durante años fue el símbolo del dolor de hombres y mujeres que vivieron o viven el diario calvario de desconocer el paradero de sus seres queridos. Ahora que ha fallecido, nos damos cuenta de esta gran mujer que habitaba entre nosotros, de su gran templanza y de que, a pesar de haber llegado hasta el tercer año medio, por razones económicas, vivió nacional e internacionalmente como una de nuestras más brillantes poetisas, igual que la más destacada de nuestras deportistas, la más lúcida de nuestras intelectuales, la más constante de nuestras científicas o la más abnegada de nuestras trabajadoras.
Sola Sierra logró superar la controversia que se suscitó en nuestro país a raíz del tema de los detenidos desaparecidos. Con firmeza expresaba: “Lucho no por venganza, ni por voluntarismo, ni por fregar, sino para que en Chile demos término concreto, justo y digno al problema de los detenidos desaparecidos”.
La historia de Sola Sierra es la historia dolorosa y trágica de nuestro querido Chile. Su padre fue dirigente ferroviario; sus antepasados lucharon junto a Luis Emilio Recabarren y sufrieron los horrores de la matanza de Santa María. La desaparición de su marido, Waldo Pizarro Molina , militante comunista, detenido y desaparecido en diciembre de 1976, la llevó a que a pocos días ingresara a la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, de la que posteriormente fuera su presidenta. Desde ahí, deja a todos los chilenos un ejemplo de coraje, valentía, consecuencia, amor; nos transmite la fe y la confianza de que Chile podrá superar sus dolores y nos obliga a esforzarnos en la búsqueda de una solución a los derechos humanos en nuestro país.
La familia Pizarro Sierra , al igual que miles de otras en nuestro país, lleva un duelo por muchos años. Waldo, Lenia, Lorena esperan por más de 20 años y buscan a su padre. Hace pocos días vieron partir a su madre, para quien la búsqueda fue la razón de su existencia. “Imagino que algún día golpeará la puerta y lo veré llegar”, dijo pocos días antes de morir, porque siempre esperaba una familia unida y en paz.
El país y los chilenos tenemos un gran compromiso con los derechos humanos. En más de una ocasión, ella expresó con angustia: “Siento impotencia de no poder hacer más para que Chile cambie la situación de los derechos humanos”. Y agregaba con firmeza: “El crimen es el crimen; el criminal es el criminal y la víctima es la víctima. Y hacia allá debemos apuntar, porque la vida es igual para todos, y el dolor, el mismo”.
Desde esta Corporación, los diputados radicales social demócratas rendimos homenaje a esta gran mujer, militante comunista, integrante de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, víctima de las violaciones a los derechos humanos, pero, por sobre todo, a una mujer abnegada, esposa y madre.
Reciban sus hijos, Waldo, Lenia, Lorena, su hermana Adriana, sus familiares y amigos, nuestro sentimiento de consuelo, admiración y respeto por su irreparable pérdida.
Reciba la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, su vicepresidenta nacional, Viviana Díaz, su presidenta provincial de Ñuble, doña Hilda Pradenas, los integrantes del Partido Comunista y su presidenta, Gladys Marín, nuestro sentimiento de pesar por esta irreparable pérdida, y nuestro firme compromiso de continuar en una lucha incansable hasta conocer el paradero de todos los detenidos desaparecidos.
Sin dolor no habrá verdad, sin verdad no habrá conciencia, sin conciencia no habrá entendimiento, sin entendimiento no habrá sabiduría, sin sabiduría no habrá crecimiento, sin crecimiento no habrá vida y todo dejará de existir.
Por eso, Sola Sierra está presente. Su vida fue dura y difícil, y especialmente dolorosos sus últimos años; pero su ejemplo de dignidad y de entereza permitirá que sus hijos y nietos, mujeres y hombres, vivan en un país en el que nunca más se violen los derechos humanos.
Sola, tengo confianza en que has encontrado la felicidad eterna. Te la mereces.
(Aplausos).
(Aplausos).
(Aplausos).
(Aplausos).
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
De esta manera, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a Sola Sierra, una mujer noble, porque su causa fue noble y justa, ya que buscaba la justicia.
No podemos olvidar que el mejor homenaje a ella y a la dignidad del país es la verdad y la justicia. Ésa es la única base de reconciliación real entre los chilenos.
Hacemos llegar nuestro afecto y solidaridad a sus hijos, a su hermana, a Viviana, a toda la directiva y a todos los familiares de detenidos desaparecidos, que hoy han estado presentes en este homenaje.
Muchas gracias por su presencia.
(Aplausos).
-o-
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Mora para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 16 de julio.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de señores diputados para constituir la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias surgidas con el Senado en el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica: Waldo Mora, Ricardo Rincón, Baldo Prokurica, Rodrigo Álvarez y Antonio Leal.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO SOBRE ERECCIÓN DE MONUMENTO A DON EDUARDO FREI MONTALVA.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en las ciudades de Rancagua y Concepción, en memoria del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, con los diputados señores Homero Gutiérrez, José Miguel Ortiz, Sergio Correa, Rosauro Martínez y Juan Pablo Letelier.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE BENEFICIOS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Propongo integrar la Comisión Especial que estudiará las medidas legales y administrativas en favor de los Cuerpos de Bomberos, con los diputados señores Enrique Krauss, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Carlos Abel Jarpa, Jaime Naranjo, Francisco Encina, Aníbal Pérez, Salvador Urrutia, Gustavo Alessandri, Baldo Prokurica, Osvaldo Vega, Jorge Ulloa e Iván Moreira.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. FÁCIL DESPACHO
CONVENIOS ENTRE CHILE Y CUBA Y ENTRE CHILE Y PANAMÁ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE LAS INVERSIONES, Y SUS PROTOCOLOS. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde conocer los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios entre Chile y Panamá y entre Chile y Cuba para la promoción y protección recíprocas de las inversiones, y sus protocolos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores en ambos proyectos de acuerdo, es el señor Edgardo Riveros.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 1820-10, sesión 56ª, en 19 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Mensaje, boletín Nº 2236-10, sesión 32ª, en 8 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, boletines Nºs 1820-10 y 2236-10, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana ha estimado conveniente informar conjuntamente a esta honorable Cámara los acuerdos entre Chile y las Repúblicas de Cuba y de Panamá para la promoción y protección recíprocas de las inversiones, y sus protocolos, suscritos en Santiago, Chile, el 8 de noviembre de 1996.
Los compromisos que encierran y los propósitos fundamentales que persiguen son comunes en ambos tratados, por lo cual estos instrumentos internacionales tienen un mismo contenido normativo, como es el caso de los diversos tratados de este tipo que Chile ha suscrito con diversos países latinoamericanos, europeos y asiáticos, a partir de su incorporación al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, elaborado en el seno del Banco Mundial con el fin de reducir los riesgos que deben enfrentar los inversionistas extranjeros en los países receptores de la inversión, uno de los cuales está constituido por los conflictos con el país huésped.
Por la identidad de compromisos, propósitos y contenido normativo que caracteriza a estos tratados, la Comisión, por razones de economía procesal, ha acordado informarlos en un solo acto, sin perjuicio de proponer a esta Cámara que adopte decisiones separadas respecto de cada uno.
Los dos tratados importan compromisos de estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, de conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales. En consecuencia, el propósito fundamental que persiguen es el de establecer un marco jurídico adecuado para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de éstos con los del Estado receptor de las inversiones y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad de capitales.
A mayor abundamiento, cabe señalar, como en su oportunidad lo hizo el mensaje relativo al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, que los tratados de protección de inversiones tienen dos ventajas para el inversionista:
Primero, representan una condición para que operen en su favor los mecanismos de seguros públicos de inversión de los respectivos países, lo que les permite acceder a pólizas de seguros para su inversión a un costo menor al que deberían afrontar normalmente. De este modo, la celebración por Chile de este tipo de tratados, cuyo contenido normativo se reseñará, coloca al país en una situación ventajosa para atraer inversión extranjera.
En segundo lugar, ofrecen al inversionista el recurso del arbitraje internacional para la solución de las controversias que, con ocasión de la inversión, puedan suscitarse con su Estado receptor.
Los principales compromisos que imponen a las partes contratantes son los siguientes:
1. El de incentivar, en su respectivo territorio nacional, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. El de garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. El de garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
En el Acuerdo con Cuba se indica que tal autorización se dará “previo cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan”.
Conforme a los protocolos de ambos tratados, el capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año, contado desde su ingreso al territorio de la parte contratante, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero, o el capítulo XIV del Compendio de normas de cambios internacionales del Banco Central de Chile, salvo disposición legal futura más favorable.
4. El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causas de utilidad pública o interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor comercial (con Cuba) o de mercado (con Panamá) de la inversión afectada y con una tasa de interés, comercial o de mercado, según el caso, ante cualquier atraso en su pago.
5. El de indemnizar al inversionista por las pérdidas que experimente por riesgos no comerciales, entendiéndose por tales los producidos a causa de una guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, rebelión, insurrección o disturbios.
6. El de reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
7. El de resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas que se llevarán a cabo por tres meses, al término de las cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio efectuó la inversión o al arbitraje internacional. Para este efecto, cada parte contratante da su consentimiento, anticipado e irrevocable, para que toda diferencia pueda ser sometida a arbitraje. En todo caso, la elección que el inversionista haga de uno u otro procedimiento será definitiva.
En el caso del Acuerdo con Cuba, país en que existen inversiones chilenas calculadas en 49 millones de dólares, el arbitraje podrá intentarse ante un Tribunal de Arbitraje ad-hoc establecido conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil o ante el Tribunal Arbitral establecido para la solución de controversias entre las partes contratantes, compuesto de tres miembros, de los cuales cada parte designa a uno, el tercero es nombrado de común acuerdo, y, a falta de este acuerdo, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia .
En el caso del Convenio con Panamá, país en el que existen inversiones chilenas calculadas en US$ 596.700.000, el arbitraje internacional corresponderá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, ya mencionado en este informe.
En el Acuerdo con Cuba, la Comisión observó la norma que dispone que “Para estos efectos -es decir, el sometimiento de la diferencia al arbitraje internacional-, las partes renuncian a exigir el agotamiento de recursos judiciales internos”, por estimarla contradictoria con la norma que declara que la elección de uno u otro procedimiento será definitiva.
Como consecuencia de dicha observación, los Gobiernos de Chile y Cuba celebraron, mediante intercambio de notas diplomáticas, un acuerdo interpretativo, adicional al que se informa en esta oportunidad y que entrará en vigencia en la misma fecha de éste, que precisa que la norma objetada, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá interpretarse como contraria o restrictiva de la opción única, definitiva e irrevocable de jurisdicción, que el propio Acuerdo consagra.
En consecuencia, se reitera que cuando un inversionista remita una controversia al tribunal competente de la parte contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión o al arbitraje internacional, la elección de cualquiera de estos procedimientos será definitiva.
El Presidente de la República formuló una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto de acuerdo, con el objeto de permitir que la honorable Cámara decida, en un solo acto, tanto respecto del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y su protocolo, suscritos el 10 de enero de 1996, como sobre el Acuerdo interpretativo celebrado por intercambio de notas, de fechas 15 de mayo de 1996 y 24 de abril de 1998.
8. El de resolver las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación de este Acuerdo, por medio de negociaciones amistosas que, en el caso de Cuba, podrán durar hasta seis meses, y en el de Panamá, dos meses, o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el Acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los convenios de su tipo.
Por último, la aplicación de estos tratados será independiente de que existan o no relaciones diplomáticas entre las partes contratantes.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana compartió los objetivos que llevaron a los Gobiernos a suscribir estos tratados, y decidió aprobar por unanimidad el suscrito con Panamá, y por mayoría de votos, con el voto en contra del diputado señor Masferrer y la abstención de la diputada señora Rosa González , el celebrado con Cuba, y proponer a la honorable Cámara que apruebe, en votaciones separadas, el artículo único de los respectivos proyectos de acuerdo, con las modificaciones formales que en cada uno se recogen en los textos sustitutivos que sugiere el informe puesto a disposición de la honorable Cámara.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Están inscritos los diputados señores Iván Moreira, Juan Masferrer, Eugenio Tuma y Carlos Caminondo.
Como restan 17 minutos de Fácil Despacho, propongo a la Sala otorgar un tiempo máximo de cuatro minutos a cada uno, para que puedan intervenir todos dentro de dicho tiempo.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, corresponde a esta Sala analizar y pronunciarse respecto del Acuerdo entre los Gobiernos de Chile y Cuba, para la promoción y protección recíproca de las inversiones.
En mi calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, debo recordar que el objetivo planteado como prioritario de este Acuerdo consiste en establecer un marco jurídico adecuado para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales y de los inversionistas extranjeros, a fin de compatibilizar el legítimo interés de éstos con el Estado que recibe las inversiones.
Con este Acuerdo se persigue, en último término, favorecer la transferencia y movilidad de capitales entre los países suscriptores, en el caso que nos corresponde analizar hoy, entre Chile y Cuba.
En general, las disposiciones del protocolo parecen adecuadas. Sin embargo, como legisladores, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Es indiferente la celebración de un convenio de esta naturaleza con Brasil, Argentina, Ecuador o Cuba? Evidentemente que no. Cuba es un país especial; se trata de un pueblo que por más de 40 años ha sido reprimido por una de las más brutales dictaduras comunistas. Ostenta medalla de plata en las olimpíadas de la represión mundial, quizás sólo superado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China.
No debemos olvidar que la revolución comunista dirigida por Castro se ha regido por este principio: “Dentro de la revolución, todo; fuera de ella, nada”, y también por aquella connotada frase del tristemente célebre Che Guevara: “El odio hace del hombre una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar”.
¿Acaso alguno de los presentes duda de que, desde la década de los años 60, los cubanos sólo han votado con los remos? Más del 20 por ciento de los cubanos ha huido del país, pese a los intentos de Fidel Castro de hundir las frágiles embarcaciones atestadas de personas, lanzando sacos de arena desde aviones en vuelo.
Con este Convenio contribuimos de manera importante a potenciar y a perpetuar un gobierno que desde 1959 ha llevado a más de 100 mil cubanos a campos de concentración y cárceles. Cálculos prudentes indican que en la isla han sido fusiladas entre 15 mil y 17 mil personas. Los sacerdotes han sido expulsados, y las iglesias y los colegios religiosos, cerrados. Sólo con motivo de la visita del Santo Padre , y como una efectista herramienta de “marketing”, el dictador permitió a los cubanos celebrar la Navidad, por primera vez en cuarenta años.
En Cuba no sólo no se respetan los derechos humanos básicos, sino que no se respeta ningún derecho. No sólo ello, es el refugio de los más peligrosos terroristas chilenos. En Cuba y bajo el amparo del Gobierno, se esconden, entre otros, los asesinos de Jaime Guzmán, incluso el “Chele”, autor intelectual del asesinato y yerno de Raúl Castro, hermano del dictador.
¿Acaso se nos olvida la colaboración y participación del gobierno cubano en el mayor traslado de armas a nuestro país? Recordemos que se hizo en barcos cubanos, con apoyo de funcionarios cubanos, y el objetivo final era un enfrentamiento fatal entre compatriotas. Si alguno de los presentes duda de la participación del gobierno cubano en la referida internación de armas, voy a reproducir el siguiente diálogo entre el ex senador Hugo Ortiz de Filippi y el dictador cubano:
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, voy a ocupar el tiempo del diputado señor Moreira.
Ortiz de Filippi le señala a Fidel Castro, en un pasaje de esa conversación, lo siguiente:
“No aprobamos las intervenciones en otros países, como no aprobamos la suya con las armas que llegaron a Carrizal.
“Castro responde: Pero eso fue distinto; había una dictadura, y yo ofrecí medios de defensa a los demócratas de Chile.
“Ortiz replica: Pero ahora hay democracia, comandante, y esas armas están en manos de grupos fanatizados. Para el Gobierno es fundamental saber cuántas armas fueron despachadas desde Cuba.
“A lo anterior, Castro, fríamente responde: ¡Ah! Eso no lo sé con exactitud; algunas se cayeron al mar. Fue una operación muy complicada”.
Este diálogo figura en el libro “La Historia de la transición”, del señor Ascanio Cavallo.
Alguien me podrá decir que Castro se ha renovado, y que día a día abre espacios de mayor libertad. ¡Nada de eso existe! Él mismo ha manifestado que prefiere morir a renunciar a la revolución.
Por lo tanto, votaré en contra por la violación de los derechos humanos en ese país, e invito a mis colegas parlamentarios a hacerlo en la misma forma para despreciar a quien hoy ostenta el poder en Cuba.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en mis tres minutos haré una sola reflexión. Comparto absolutamente todo lo que ha dicho el diputado señor Juan Masferrer .
Nuestra reflexión no es un intento de abusar y confundir los temas económicos con los políticos. La verdad es que no tenemos oportunidad, en esta Cámara, para rechazar la actitud permanente de atropello a los derechos humanos en Cuba, que dicen defender los demócratas de Izquierda en este mismo hemiciclo.
Podemos entender las relaciones que deben existir internacionalmente, más aún en aspectos económicos. Cuba no da confianza, ni da seguridad, ni respeta sus compromisos. Quienes hemos mantenido una conducta implacable contra el régimen de la dictadura -sí, de la dictadura de Fidel Castro, la última dictadura marxista que queda en el mundo-, no podemos hoy votar a favor de este proyecto de acuerdo, aunque ello irrite a los seudodemócratas de Izquierda que hoy tratan de consolidar las relaciones políticas y económicas con ese régimen dictatorial.
No estamos dispuestos a legitimar a Cuba, de ninguna manera. Más aún, valoramos, finalmente, la actitud del Presidente Frei de no concurrir a la Cumbre en Cuba en el mes de octubre. Me parece que es una buena señal del Primer Mandatario, porque no se puede legitimar también a una persona que tiene la brújula descontrolada como el señor Aznar, quien pretende retomar el liderazgo, prácticamente, presionando a los presidentes latinoamericanos para que asistan a esta Cumbre en la cual se intenta, no que se abra camino a la democracia en Cuba, sino seguir perpetuando a Fidel Castro.
Me quedo con las últimas palabras del diputado señor Masferrer , que ha sabido defender al pueblo cubano en la Comisión de Relaciones Exteriores al llamar a votar en contra, como una señal. No se puede aprobar un tratado comercial con quien desprecia a un país y a la democracia. Nosotros despreciamos a Fidel Castro , el único dictador marxista que queda en el mundo.
Esperamos, finalmente, que el ave de la libertad llegue luego a ese país, Cuba, que clama libertad hace más de cuarenta años, y que -¡qué curiosa ironía!-, con la muerte del mismo dictador se puedan abrir esos caminos de libertad y desarrollo.
Finalmente, no sólo coincido, sino que continúo llamando a votar en contra del proyecto de acuerdo entre la República de Chile y la República de Cuba.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo.
El señor CAMINONDO .-
Señor Presidente, el acuerdo entre la República de Chile y la República de Panamá para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo, suscrito en Santiago de Chile el 8 de noviembre de 1996, más el acuerdo entre la República de Chile y la República de Cuba para la promoción y protección recíproca de las inversiones, son similares a otros establecidos con cuarenta países entre los años 1990 y 1998. Durante ese tiempo, la honorable Cámara aprobó, entre otros, los tratados bilaterales con Argentina, Brasil, Croacia, Dinamarca, España, Ucrania, Venezuela, República Popular China.
Los principales compromisos que imponen a las partes contratantes son los siguientes: el de incentivar, en su respectivo territorio nacional, a los inversionistas del otro país, admitiendo las inversiones de acuerdo con su legislación; el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mediante medidas injustificadas y discriminatorias, manteniendo usufructo, extensión, venta y liquidación.
La única diferencia que existe respecto de los otros cuarenta proyectos aprobados, radica en que, en esta oportunidad, lo estamos haciendo con la mal llamada República de Cuba, donde no se respetan los derechos humanos, y, sí, esperamos que esta vez se respeten los derechos comerciales de las personas.
Fidel Castro , con su dictadura de cuarenta años, podría muy bien dar una muestra de apertura al liberar a los tres periodistas y a todos los disidentes presos en las cárceles de Cuba. Así como vamos a aprobar este proyecto para proteger las inversiones que muchos chilenos tienen en Cuba, debemos exigirle a Fidel Castro esas liberaciones. Así lo hemos hecho tres diputados que estuvimos en Cuba no hace mucho, al presentar un proyecto de acuerdo con el objetivo antes mencionado. Esta Corporación debe volver a insistir en ese sentido, porque no es lógico que si tenemos estos acuerdos comerciales, Fidel Castro no demuestre -como digo- un comportamiento más democrático.
Anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional a este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra sobre estos convenios.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La votación de estos convenios se hará al final del Orden del Día, junto con los demás proyectos que seguiremos debatiendo.
El señor MOREIRA.- No hay acuerdo, señor Presidente .
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado, sólo damos cumplimiento a los acuerdos de Comités aprobados por unanimidad el martes, opotunidad en la cual se acordó votar al término de esa parte de la sesión todos los proyecto que hoy se debatan.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, si eso está avalado por el Secretario de la Cámara, no me cabe la menor duda de que es así.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Así es, señor diputado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre estos proyectos en los siguientes términos.
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Panamá para promover la promoción y protección recíproca de inversiones, y su protocolo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).- Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. ORDEN DEL DÍA
BENEFICIOS TRIBUTARIOS A ADQUIRENTES DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 2, DE 1959. Primer trámite constitucional.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2358-14, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Vivienda y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, de esta sesión.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Vivienda, señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar acerca del proyecto de ley singularizado con el título “Proyecto de ley que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959”.
El proyecto ingresó a tramitación legislativa con fecha 30 de junio de 1999, y el Ejecutivo hizo presente la urgencia en el carácter de “suma” el 7 de julio del mismo año.
Durante su estudio la Comisión contó con la asistencia y colaboración del ministro de Vivienda y Urbanismo, don Sergio Henríquez; del subsecretario de Hacienda, don Manuel Marfán; del subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, don René García, y del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, don Horacio Pavez.
Asimismo, concurrieron el ministro Secretario General de la Presidencia, don José Miguel Insulza; la asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, doña Jeannette Tapia; el coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, don Heinz Rudolph; el primer vicepresidente y el secretario general de la Cámara Chilena de la Construcción, don Eduardo Waissbluth y don Blas Bellolio, respectivamente.
La idea matriz u objetivo principal del proyecto de ley es otorgar un impulso efectivo a la reactivación económica del país, estimulando la venta de viviendas nuevas disponibles para obtener un beneficio directo en el nivel de actividad y en el empleo del sector de la construcción.
Para materializar la idea matriz, el proyecto otorga beneficios tributarios a las personas naturales adquirentes de determinado tipo de viviendas nuevas, beneficios que dicen relación con rebajas impositivas correlativas del pago de dividendos hipotecarios y de aportes efectuados a contratos de arrendamiento con promesa de venta.
El proyecto consta de seis artículos permanentes y uno transitorio, y regula las siguientes materias:
Deducción de la base imponible del impuesto único a las rentas del trabajo dependiente o del global complementario y durante todo el período de servicio de la deuda, de los dividendos -debidamente reajustados- derivados de deudas hipotecarias contraídas con bancos e instituciones financieras, pagados por la adquisición de viviendas nuevas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, hasta el 31 de diciembre del año 2001. Corrijo lo que dice el informe, porque a raíz de la discusión en la Comisión de Vivienda, mediante una indicación formulada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, el período se extendió hasta esa fecha.
Los montos máximos de la rebaja se establecen de conformidad a la fecha de adquisición de la vivienda. Se consignan tramos decrecientes desde diez a tres unidades tributarias mensuales para viviendas adquiridas -en esta parte hay que estarse a las fechas que señala el informe de Hacienda y no el de Vivienda, por las razones indicadas- entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 1999; entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2000 o el 1 de octubre del año 2000 y el 30 de junio del año 2001.
Las personas habilitadas para impetrar el beneficio son los contribuyentes, personas naturales, afectos al impuesto único a las rentas del trabajo dependiente, siempre que realicen reliquidación de sus ingresos, o del global complementario, según corresponda, a partir de la fecha de celebración del contrato de compraventa respectivo.
El requisito de dejar constancia de la circunstancia de acogerse al beneficio debe formalizarse mediante declaración jurada respecto de las adquisiciones que se verifiquen entre el 22 de junio del presente año y la fecha de publicación de la ley.
Discusión en general y en particular del proyecto.
El ministro de Vivienda y Urbanismo expresó ante la Comisión que, en los últimos años, se ha intensificado la participación de la empresa privada en la construcción de viviendas, debido a los beneficios, franquicias y exenciones de que gozan las viviendas económicas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959.
Agregó que la iniciativa en estudio se enmarca dentro del plan de reactivación de la economía, particularmente en el sector del empleo, anunciado por su Excelencia el Presidente de la República con fecha 22 de junio pasado.
Hizo presente que dicha Secretaría de Estado ha adoptado medidas concretas y particulares tendientes a paliar los efectos del desempleo y a reactivar el sector de la construcción. Entre ellas, destacó la reprogramación de dividendos hipotecarios de los deudores de los Servicios de Vivienda y Urbanización que se encuentren cesantes y por un período de seis meses; la reducción de los plazos dentro del proceso de licitación de las viviendas básicas y la implementación extraordinaria de programas especiales para trabajadores (PET) y de pavimentos participativos, por un monto de cuatro mil cuatrocientos trece millones de pesos. Todo lo anterior genera una inversión total superior a trece mil millones de pesos.
El subsecretario de Hacienda , por su parte, sostuvo que durante el primer trimestre del año en curso, el gasto total de la economía cayó en un 13,2 por ciento, caída que corresponde esencialmente a gastos del sector privado, puesto que el gasto fiscal experimentó un incremento del 6,4 por ciento en el mismo período. Por lo anterior, es necesario reactivar la economía en el corto plazo con el objeto de disminuir la tasa actual de desempleo nacional, que asciende al 9,8 por ciento, y crecer en el próximo año entre el 4,5 y el 5,5 por ciento, para luego retomar la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Señaló que la actual situación de contracción de la economía en los dos últimos semestres se encuentra caracterizada por un problema de expectativas pesimistas del sector privado, las cuales, a pesar de los esfuerzos del Supremo Gobierno en esta materia, no han sido superadas del todo.
Indicó que el plan de reactivación debería no sólo ser capaz de revertir este problema de expectativas, sino que también habría de cumplir con dos condiciones adicionales. En primer lugar, estar sujeto a las restricciones fiscales de corto plazo determinadas en la ley de Presupuestos para 1999 y, en segundo lugar, el componente de reactivación tendría que ser altamente intensivo en empleo de mano de obra.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción manifestó, a su vez, que el crecimiento de la inversión en construcción durante 1997 fue del 6,8; que en 1998 fue del 0,4 por ciento, y que la proyección para el presente año es de un crecimiento negativo de aproximadamente menos 12 por ciento.
Se refirió a la paralización de los tres subsectores de la construcción: vivienda pública, con una disminución del 13 por ciento de su presupuesto; infraestructura pública, que experimentó un recorte presupuestario del 26 por ciento, e infraestructura productiva privada, afectada por la caída del precio del cobre, la crisis económica internacional y las tasas de interés.
Con relación al subsector de la vivienda privada, destacó que sufrió una baja sustancial de las ventas, generándose un “sobrestock” de once mil ciento dieciocho viviendas nuevas en el Gran Santiago, de las cuales ocho mil cuatrocientas diez son departamentos y dos mil setecientas ocho, casas.
Expresó que la rebaja de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central, por sí sola, no ha generado los resultados de reactivación necesarios y que, en tal sentido, la iniciativa propuesta contribuirá a dicho fin.
Hizo presente que los proyectos de nuevas construcciones podrían iniciarse con la ventaja de competir con un menor “stock” de viviendas en el mercado y que el número de viviendas que se pueden adquirir en virtud de esta franquicia no es relevante, puesto que el incentivo tiene un tope para cada contribuyente.
Concluyó su intervención señalando que la recuperación de la actividad de la construcción será la responsable de activar la economía, y que si ello se materializa, habrá compradores de inmuebles.
En el debate habido en la Comisión, se vertieron opiniones de que el proyecto está bien enfocado desde el punto de vista de la generación de empleo y la disminución del “sobrestock” de viviendas nuevas existente en el país.
Sin embargo, se consideró conveniente incorporar, a los beneficios que establece el proyecto, los casos derivados de la autoconstrucción de viviendas, como son los de contribuyentes que construyan en terrenos de su propiedad o de las comunidades de que forman parte, durante el período de vigencia de esta ley.
Asimismo, se sostuvo que era necesario incorporar nuevos proyectos de construcción que obtengan los respectivos permisos de edificación hasta el término del año en curso, con el objeto de eliminar toda duda en cuanto a que las inmobiliarias de menores recursos puedan participar desde su inicio en el proceso de reactivación de la economía y contribuir a la creación inmediata de fuentes de trabajo, con la intención, además, de asegurar que efectivamente se crearán fuentes de empleo para el gran contingente de trabajadores del sector construcción, que hoy se encuentra cesante.
Del mismo modo, se estimó conveniente incorporar dentro de las viviendas, materia del beneficio, a los inmuebles que, no siendo habitacionales, puedan asimilarse a las características de las viviendas económicas, como ocurre con los edificios destinados a oficinas.
Además, se consideró necesario restringir el beneficio a la compra de una a dos viviendas como máximo, de forma tal de incentivar su adquisición por parte de otros sectores.
Se argumentó a favor de extender el beneficio a las viviendas económicas usadas que se vendan en el mismo período como una forma de reactivación de la economía.
Sin embargo, todas estas indicaciones, que se materializaron dentro de la Comisión, fueron declaradas inadmisibles, porque corresponden a iniciativa propia del Ejecutivo.
Hubo críticas de algunos diputados en el seno de la Comisión, en cuanto a que no se han clarificado suficientemente los objetivos reales de esta iniciativa, que no son otros que el favorecer a las empresas constructoras y al segmento poblacional de mayores recursos, en desmedro de las posibilidades de aprovechar esta posibilidad para favorecer a quienes adquieran viviendas por primera vez.
En este sentido, se insistió en que éste es un proyecto que pretende liquidar el “sobrestock” producido, de manera de reactivar la actividad de la construcción, y, por ende, el objetivo central del proyecto es la creación de empleos.
Se sostuvo, por otra parte, que para que esta iniciativa cumpla el efecto esperado, es necesario premiar a los sectores de ingresos medios, a fin de nivelar el beneficio, cualquiera que sea la renta percibida, lo que se consigue a través del mecanismo de invertir los tramos de la tasa marginal del impuesto global complementario.
Así, por ejemplo, en el caso de la persona afecta a una tasa marginal del 5 por ciento, que percibe ingresos entre $ 261.011 y $ 783.030, debe multiplicarse el dividendo que paga mensualmente por un factor de ajuste ascedente a 4, lo que significa que recibe un total de $ 30.000, en vez de $ 7.500 que le corresponderían si se utilizaran los criterios plasmados en el proyecto.
Por el contrario, respecto de una persona afecta a una tasa marginal del 45 por ciento, que percibe un ingreso superior a 3 millones de pesos, debe multiplicarse el dividendo que paga mensualmente por un factor de ajuste ascendente 0,44, lo que trae como consecuencia que recibe los mismos $ 30.000 del ejemplo anterior, en lugar de la cantidad de $ 67.500 que le corresponderían conforme al mecanismo del proyecto.
Dejo constancia de que esta indicación, presentada por algunos señores diputados, fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa del Presidente de la República.
Finalmente, hubo disposición de los representantes del Ejecutivo para presentar las respectivas indicaciones que recogieran, en parte, la serie de inquietudes planteadas, en forma unánime, en el seno de la Comisión.
No obstante lo anterior, hubo consenso al interior de la Comisión respecto de la conveniencia de legislar sobre el particular, por tratarse de una medida reactivadora de la economía, que pretende, por un lado, incentivar la compra del stock de viviendas nuevas y, por otro, crear nuevas fuentes de trabajo. La Comisión de Vivienda aprobó la idea de legislar por asentimiento unánime.
Indicaciones del Ejecutivo.
Por medio de dos oficios, de fechas 30 de junio y 7 de julio del presente año, el Presidente de la República formuló dos indicaciones. Con la primera, amplía el beneficio a los compradores de viviendas financiadas por agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931. Con la segunda, hace suyas las sugerencias de los diputados que suscriben la indicación, encaminada a extender el beneficio a las situaciones derivadas de autoconstrucción de viviendas, como consta en la discusión que hubo sobre el particular.
El artículo 1º permite a los contribuyentes, personas naturales, rebajar de la base imponible para el pago del impuesto único a las rentas del trabajo dependiente o del global complementario, los dividendos por deudas hipotecarias contraídas con bancos e instituciones financieras, pagados por la compra de viviendas nuevas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, hasta el 31 de diciembre del 2001. Hago valer la observación de que aquí prima lo del informe de Hacienda, como lo veremos posteriormente.
El Ejecutivo presentó dos indicaciones. Por la primera, agrega en el inciso primero, después de la palabra “financieras” la frase “y agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del DFL Nº 251, de 1931”, y por la segunda, sustituye, en el inciso primero, la expresión “compra” por el vocablo “adquisi-ción”; en el inciso segundo, la palabra “transfiera” por el término “adquiera”, y en el inciso tercero, la voz “comprador” por el vocablo “adquirente”.
En lo que se refiere a la segunda de las indicaciones, se precisó, por parte del subsecretario de Hacienda , que su finalidad es acoger la inquietud manifestada por los integrantes de la Comisión de Vivienda, de incorporar a los contribuyentes que construyan en terrenos de su propiedad o de las comunidades de que formen parte, durante el período de vigencia de la ley, siempre que las construcciones se financien mediante los mecanismos hipotecarios descritos en este artículo.
Es importante dejar en claro que con la medida adoptada se incorporaron a los beneficios del proyecto tanto las cooperativas como los sectores de autoconstrucción.
El diputado señor Longueira presentó una indicación que intercala, en el inciso primero, entre las frases “las cuotas” y “que paguen”, la expresión “multiplicadas por un factor de ajuste”, que sugiere un mecanismo alternativo del factor de ajuste propuesto en el mensaje, que no tiene costo adicional, con el propósito de mejorar lo que considera el carácter regresivo del beneficio.
Puesta en votación la indicación, fue rechazada.
Puesto en votación el artículo, con las indicaciones del Ejecutivo, fue aprobado por diez votos a favor y dos abstenciones.
El artículo 2º trata de los montos de la rebaja en la base imponible, los cuales no podrán sobrepasar de 10 unidades tributarias mensuales para aquellas viviendas adquiridas entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del 2000; de 6 unidades tributarias mensuales para aquellas viviendas adquiridas entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2001, y de 3 unidades tributarias mensuales para las viviendas adquiridas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2001. El tope corresponderá al total que resulte de multiplicar el número de unidades tributarias mensuales por el número de meses en que el contribuyente pagó las obligaciones hipotecarias.
El representante del Ejecutivo hizo presente que el beneficio se establece de manera decreciente en el tiempo, con el objeto de acelerar las decisiones de compra de viviendas y evitar que se presente nuevamente un problema de “sobrestock”. De esta manera, se pretende dar claros incentivos para que se concluyan aquellos proyectos inmobiliarios que se encuentran paralizados y se inicien nuevos proyectos de viviendas dentro del más breve plazo posible, con el fin de que ellos se terminen y puedan venderse antes que expire el año 2001.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por diez votos a favor y dos abstenciones.
El artículo 3º regula la forma de hacer efectivo el beneficio. Los contribuyentes afectos al impuesto global complementario efectúan la rebaja de la renta bruta global correspondiente al año comercial en que se paguen las obligaciones respectivas. Los contribuyentes del impuesto único al trabajo pueden acogerse siempre que reliquiden los impuestos retenidos durante el año en la operación renta respectiva, deduciendo del total de sus rentas imponibles las cantidades correspondientes a dividendos hipotecarios pagados en el mismo período.
El Ejecutivo señaló que la administración tributaria de esta franquicia es muy simple: evitar que las personas naturales se vean en la obligación de recurrir a profesionales competentes. En la práctica, implica que los contribuyentes sólo deben completar los datos en una columna que se agrega al formulario de declaración de impuesto a la renta.
Este artículo, que consta de dos incisos, fue objeto de votación separada.
Puesto en votación el inciso primero, fue aprobado por unanimidad, y el segundo fue aprobado por diez votos a favor y dos abstenciones.
El artículo 4º extiende este beneficio a los contribuyentes amparados por la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, por los aportes correspondientes a contratos de arrendamiento con promesas de viviendas nuevas, excluidos los subsidios que se hubieren pagado.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 5º establece que, para que opere el beneficio, tanto las obligaciones hipotecarias como los aportes a que se refieren los artículos precedentes deberán reajustarse en conformidad a la ley sobre el impuesto a la renta.
Puesto en votación, el artículo fue aprobado por unanimidad.
El artículo 6º confiere facultades al Servicio de Impuestos Internos para determinar la forma y oportunidad en que los bancos e instituciones financieras y empresas deberán proporcionarle información relativa a este beneficio.
El Ejecutivo presentó una indicación que agrega, a continuación de la palabra “empre-sa”, los vocablos “o personas”.
Puesto en votación este artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.
El artículo transitorio regula la situación que se produce respecto de las escrituras de compraventa o de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa otorgadas entre el 22 de junio de 1999 y la fecha de publicación de esta ley. En efecto, para tener derecho al beneficio, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que este organismo determine.
El Ejecutivo presentó una indicación, con el objeto de intercalar la expresión “de mutuo”, entre las palabras “compraventa” y “o contratos de arrendamiento con promesa de compraventa”, en concordancia con la modificación introducida en el artículo 1º.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
Se deja constancia, de acuerdo al artículo 287 del Reglamento de la Corporación, que el proyecto no contiene normas con carácter de orgánico constitucionales o de quórum calificado, y que todo el articulado debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Por último, se deja constancia de las indicaciones rechazadas y las inadmisibles, como la presentada por el diputado señor Pablo Longueira , en cuanto a establecer factores de ajuste, declarada inconstitucional, de acuerdo con el artículo 19, número 22. Lo mismo se hizo con otras indicaciones contenidas en el informe.
El proyecto de ley que hoy se somete a votación y que la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda para su aprobación, en su parte sustantiva del artículo 1º establece que los contribuyentes de los impuestos establecidos en los artículos 43, número 1), y 52 de la ley sobre impuesto a la renta, contenido en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, podrán deducir de sus rentas afectas a los impuestos respectivos las cuotas que paguen en el año comercial que corresponda por las obligaciones con garantía hipotecaria que hayan contraído con bancos o instituciones financieras y agentes de administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, que operen en el país, en la adquisición de una vivienda nueva acogida a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, que se constituye en garantía hipotecaria de dichas obligaciones.
Se entenderá por vivienda nueva para los efectos de este proyecto de ley, aquella que se adquiera por primera vez para ser usada.
Al respecto, cabe señalar que también se entenderán por vivienda nueva, aparte de la que acabo de mencionar para ser usada, algunas que fueron entregadas en garantía a los bancos, las que podrán ser vendidas acogiéndose a los beneficios de esta ley. Para la procedencia del beneficio establecido en el artículo 1º, el adquirente de la vivienda deberá dejar constancia en la escritura respectiva que se acoge a dicho beneficio.
Artículo 2º. La deducción referida en el artículo 1º no podrá ser superior a 10, 6 y 3 unidades tributarias mensuales de diciembre de cada año, multiplicada por el número de meses en que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 2000 -corrijo lo que dice el informe-, el 1 de enero y el 30 de junio del año 2001, o el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2001, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso.
Esto es tal como lo señala el informe de la Comisión de Hacienda y no como lo dice este informe, debido a que el Ejecutivo acogió la propuesta de la Comisión de Vivienda para ampliar el plazo en que puedan acogerse las personas, a fin de permitir la incorporación de nuevas viviendas construidas a partir de esta fecha, favoreciendo de este modo directamente la contratación de mano de obra del sector construcción, hoy con una cesantía cercana al 20 por ciento.
El resto del articulado está en el informe en poder de los diputados.
En último término, solicito a la Sala aprobar este proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre este proyecto, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y de lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el ministro de Vivienda y Urbanismo, don Sergio Henríquez; el subsecretario de Hacienda, don Manuel Marfán ; el asesor jurídico del Servicio de Impuestos Internos, don Juan Alberto Rojas, y el coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, don Heinz Rudolph; especialmente invitados estuvieron presentes el presidente y el secretario de la Cámara Chilena de la Construcción, don Horacio Pavez y Blas Bellolio, respectivamente, y don Hugo Fuenzalida y don Jorge Lermanda, presidente y vicepresidente de la Cooperativa de Viviendas Caburga Limitada.
El propósito de la iniciativa consiste en estimular la venta de viviendas nuevas disponibles acogidas al DFL Nº 2, de 1959, con el objeto de mejorar el nivel de actividad y el empleo en el sector de la construcción, permitiendo deducir de las bases imponibles del impuesto único a las rentas del trabajo y del impuesto global complementario que se acojan a este proyecto, parte de las obligaciones hipotecarias contraídas por los contribuyentes en la adquisición de viviendas.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos respecto del proyecto original considera que su aplicación importará una menor recaudación tributaria anual para el año 2000, de 1.500 millones de pesos, y una menor recaudación anual, para el período 2001 al 2010, de 4.500 millones de pesos.
Mediante un informe financiero sustitutivo, de fecha 12 de julio del presente año, se recoge la situación producida por las indicaciones sobre mutuarias y créditos hipotecarios otorgados por agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables y sobre autoconstrucción, como de créditos hipotecarios asociados a viviendas autoconstruidas y provenientes de cooperativas.
Asimismo, tal como se ha dicho, se amplía el plazo del beneficio de 6 UTM hasta el 30 de septiembre del año 2000, y de 3 UTM, hasta el 30 de julio del 2001.
Como consecuencia de las indicaciones antes señaladas, se estima una menor recaudación tributaria anual para el 2001 de aproximadamente 2.000 millones de pesos, de 4.500 millones para el 2001, y una menor recaudación para el período comprendido entre los años 2002 al 2010 de aproximadamente 7.300 millones de pesos.
Se especifica, asimismo, que entre el período 2011 al 2020, la menor recaudación tributaria irá declinando en forma paulatina hasta alcanzar los 120 millones de pesos, cifra que estará prevaleciendo hasta el 2026, para luego llegar a cero.
En términos del valor presente, el costo del proyecto es de 66.400 millones de pesos, descontados estos flujos a una tasa del 6,5 por ciento anual.
Los supuestos considerados en los cálculos anteriores son un total de colocaciones acogidas al beneficio igual a 17 millones de unidades de fomento, por semestre, durante la aplicación de este beneficio, que equivale al flujo experimentado en el primer semestre de 1997, lapso en cuya demanda por préstamos para la vivienda se ha considerado normal. Además, de acuerdo con la información proporcionada por la Cámara Chilena de la Construcción, se ha estimado que el valor de mercado del stock de viviendas DFL Nº 2, nuevas, sin vender en el país, es hoy día del orden de los 40 millones de UF.
Analizados los factores tomados en cuenta en el informe financiero, los diputados señores Dittborn y Longueira plantearon que la iniciativa conlleva un incentivo implícito que aumenta el plazo de los créditos hipotecarios, lo que tendría un efecto en la recaudación que no estaría cuantificado adecuadamente en dicho informe y, en consecuencia, la estructura de plazos de los créditos para la vivienda tendería a aumentar en los tramos superiores a 20 años.
El debate en la Comisión tuvo presente la información entregada por el señor Sergio Henríquez , ministro de Vivienda y Urbanismo , y el señor Manuel Marfán , subsecretario de Hacienda , que situaron la iniciativa en el contexto de los anuncios recientemente formulados por su Excelencia el Presidente de la República para reactivar la economía y, en especial, apoyar a los fuertemente afectados por los niveles de cesantía existentes en el país. Entre tales medidas se destaca el subsidio PET (programas especiales para los trabajadores) y el de pavimentos participativos. Se explicó que en el sector de la construcción existiría un stock de 12 mil viviendas DFL Nº 2, nuevas, sin vender, equivalente a 40 millones de UF, en el caso de la Región Metropolitana, y cerca de 8 mil viviendas en regiones, que se postula que vaya desapareciendo con el estímulo que dé el proyecto al mercado de 17 millones de UF por semestre, recobrándose así un nivel normal de colocaciones.
En relación con el ámbito del proyecto, se destacó, por parte de los representantes del Ejecutivo , el efecto retroactivo de estos beneficios al 22 de junio del presente año, y el hecho de que se extienda hasta el 30 de junio del 2001, a través de una indicación propuesta en tal sentido.
De los comentarios expresados en la Comisión por algunos señores diputados, cabe resaltar la opinión de que la medida propuesta en el proyecto sería básicamente en apoyo directo de los empresarios de la construcción, que tienen en la actualidad un “sobrestock” de viviendas sin poder vender, lo cual no sería acertado como política económica, ya que la economía de mercado funciona eficientemente cuando los empresarios asumen las ganancias y pérdidas por su actividad. Asimismo, se afirmó que nada garantiza que los empresarios vayan a seguir construyendo una vez liquidado el stock por aplicación del incentivo que se entrega en la adquisición de viviendas, ya que se hace sólo durante un período de tiempo. También se sostuvo que se afectarán a la baja los precios de las viviendas usadas y que el beneficio es regresivo, ya que favorece más a los contribuyentes con una alta tasa impositiva, esto es, de mayores ingresos. Se consideró que la reliquidación del impuesto único para acogerse a los beneficios del proyecto podría significar para ciertos contribuyentes un costo superior al beneficio.
Se sugirió que se incorporen incentivos para la compra al contado de las referidas viviendas y se incluya a las viviendas usadas en el mecanismo de estímulo.
El diputado Lorenzini, con opinión compartida por otros parlamentarios, argumentó también a favor de incentivar adicionalmente la construcción de viviendas en regiones, donde existe un stock importante de viviendas cuyo costo es inferior a las 1.000 UF, así como que el proyecto no se hace cargo de la evasión tributaria derivada de las normas del DFL Nº 2.
A propósito de estas inquietudes y sugerencias que se consignan precedentemente, se respondió por los representantes del Ejecutivo que el tema de la evasión vinculada al DFL Nº 2 tendrá su contrapartida en la fiscalización que se ejerza una vez que termine de aplicarse la ley en materia de regularización urbana, denominada “ley del mono”; que el tema de la vivienda en regiones corresponde tratarlo en el contexto de la aprobación de la ley de Presupuestos; que el apoyo al sector de la construcción es una respuesta excepcional, como ha habido otras ante circunstancias especiales en favor de los sectores forestal, agrícola o bancario, pero que, en este caso, tendrían su justificación en una necesidad superior, como crear empleos.
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de todo el proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que en el artículo 1º del proyecto se establece que los contribuyentes de los impuestos único a las rentas del trabajo y global complementario, podrán deducir de sus rentas afectas a los impuestos respectivos las cuotas que paguen en el año comercial que corresponda por las obligaciones que hayan contraído con bancos e instituciones financieras y agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, que operen en el país, en la adquisición de una vivienda nueva, acogida a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, que se constituya en garantía hipotecaria de dichas obligaciones.
En el inciso segundo se preceptúa que se entenderá por vivienda nueva, para los efectos del proyecto, aquella que se adquiera por primera vez para ser usada. Ésta es una aclaración hecha durante el trabajo de la Comisión y que es importante resaltar.
En el inciso tercero se señala que para la procedencia del beneficio establecido en el inciso primero, el adquirente de la vivienda deberá dejar constancia, en la escritura respectiva, que se acoge a dicho beneficio.
En relación con este artículo, el diputado señor Longueira planteó una reserva de constitucionalidad, argumentando que, en virtud del mecanismo de incentivo propuesto, se estarían entregando distintos beneficios según el nivel del contribuyente, lo cual, además de ser regresivo desde un punto de vista de justicia tributaria, es contrario al número 2º del artículo 19 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley.
Lo anterior fue refutado por los diputados señores Jocelyn-Holt y Letelier, don Juan Pablo , en razón a que se estarían otorgando beneficios por ley a ciertos sectores, en conformidad al Nº 22º del artículo 19, que asegura la no discriminación arbitraria en el trato del Estado en materia económica.
Los diputados señores Álvarez , Alvarado , Dittborn y Longueira formularon una indicación para agregar en el inciso primero, entre las expresiones “las cuotas” y “que paguen”, la frase: “multiplicadas por un factor de ajuste”. Esta indicación fue rechazada por 4 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Por otra parte, el diputado señor Ibáñez, don Gonzalo , formuló una indicación a este artículo, del siguiente tenor:
“Intercálase en el inciso primero la frase “o locales comerciales existentes en edificios acogidos”, entre las palabras “nueva” y “acogida”.
“Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Se entenderá por vivienda o local comercial nuevo, aquella o aquel que se transfiera por primera vez luego de ser construido.”
“Sustitúyase en el inciso tercero la palabra “vivienda” por la palabra “inmueble”.
Puesta en discusión la indicación, fue declarada inadmisible, por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Por lo tanto, analizadas las indicaciones, se sometió a votación el artículo 1º, el que fue aprobado por 10 votos a favor y 2 abstenciones.
En el artículo 2º se establece que la deducción referida en el artículo 1º no podrá ser superior a diez, seis, ni tres unidades tributarias mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 1999, entre el 1 de enero y el 30 junio del año 2000, o entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2000, respectivamente, como venía en el proyecto original.
En este sentido, el Ejecutivo -como se ha indicado en el informe de la Comisión de Vivienda- formuló una indicación para sustituir las expresiones “30 de junio del año 2000” y “1º de julio y 31 de diciembre del año 2000”, por “30 de septiembre del año 2000” y “1º de octubre del año 2000 y 30 de junio del año 2001”, respectivamente, para así dar seis meses más de vigencia, tres meses más en su segundo tramo y tres meses más en su tercer tramo, llevándolo hasta el 30 de junio del año 2001.
Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por 10 votos a favor y 3 abstenciones.
Además, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Para el caso de los adquirentes a través del sistema de cooperativas de vivienda, podrá entenderse que la obligación se contrae en la fecha en que la cooperativa suscribe la escritura de mutuo hipotecario de construcción”.
Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.
En este caso, el diputado que informa solicitó esta mañana al Ejecutivo que aclarara lo relacionado con la calidad de cooperado de los adquirentes. El Ejecutivo accedió de inmediato, y envió una indicación que consiste en agregar, después de la expresión “construcción”, reemplazando el punto seguido que le sucede por una coma, la siguiente oración: “siempre que el adquirente tenga la calidad de cooperado a la fecha de suscripción de mutuo por parte de la cooperativa”.
El diputado señor Ibáñez, don Gonzalo , formuló una indicación para agregar el siguiente inciso segundo: “En el caso de los adquirentes de viviendas a través del Sistema de Cooperativas de Vivienda, se entenderá que la obligación se contrae en la fecha en que la respectiva cooperativa suscribe la escritura de crédito o mutuo hipotecario de construcción”.
La Comisión de Hacienda entendió que esta indicación está comprendida en la aprobada anteriormente del Ejecutivo , hoy día aclarada y ampliada, razón por la cual se tuvo por retirada.
Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira formularon una indicación para reemplazar el artículo 2º por el siguiente: “Artículo 2º.- La deducción referida en el artículo 1º, no podrá ser superior a 10, 6 y 3 Unidades Tributarias Mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 2000, el 1º de enero y el 30 de junio del año 2001, o el 1º de julio y el 31 de diciembre del año 2001, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso”.
Esta indicación fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sometido a votación el artículo 2º, fue aprobado por 12 votos a favor y 1 abstención.
En el artículo 3º se señala que los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 52 de la ley sobre impuesto a la renta efectuarán la deducción a que se refieren los artículos precedentes de la renta bruta global del año comercial en que se paguen las obligaciones respectivas, aplicándose la reajustabilidad dispuesta en el inciso final del artículo 55 de dicha ley.
En el inciso segundo se dispone que los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 43, Nº 1, de la ley sobre impuesto a la renta, para acogerse al beneficio establecido en el proyecto, deberán efectuar una reliquidación anual de los impuestos retenidos durante el año, deduciendo del total de sus rentas imponibles las cantidades que correspondan por las obligaciones hipotecarias pagadas en el mismo período. Al reliquidar, deberán aplicar la escala de tasas que resulte de valores anuales, según la unidad tributaria vigente al 31 de diciembre, y los créditos y demás elementos de cálculo del impuesto. Las rentas imponibles se reajustarán en conformidad con lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 54 de la ley citada. Los impuestos retenidos según el artículo 75 de la misma ley, así como las diferencias que resulten en favor del contribuyente, serán devueltas en la forma prevista en el artículo 97 de dicho cuerpo legal. Asimismo, la declaración que deba presentarse se sujetará en todo a las declaraciones anuales exigidas por la ley referida.
Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira formularon una indicación para sustituir el inciso segundo, por los siguientes incisos:
“Los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 43, Nº 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para acogerse al beneficio establecido en la presente ley, podrán solicitar directamente a su empleador la deducción del monto del dividendo, con el tope que corresponda según el artículo precedente, de su remuneración imponible en la respectiva liquidación. La deducción se hará en el mes siguiente a aquel que corresponda al dividendo y por la suma numérica efectivamente pagada, excluyendo intereses penales u otras sumas adicionales, lo que se acreditará con el respectivo recibo de pago otorgado por la institución crediticia.
“Los contribuyentes mencionados en el inciso anterior, podrán optar alternativamente por el procedimiento que el mismo establece o por impetrar la rebaja en su declaración o reliquidación anual, pero ella será incompatible por iguales meses, debiéndose aplicar proporcionalmente en éstas, si fuere el caso”.
Puesta en votación la indicación precedente, fue rechazada por 4 votos a favor y 6 votos en contra.
Sin perjuicio de haberse rechazado la norma anterior, la Comisión solicitó al Ejecutivo el estudio de algún mecanismo alternativo que acoja la idea propuesta, comprometiéndose en tal sentido el señor subsecretario de Hacienda, en la medida en que se pueda estructurar conforme a criterios de administración tributaria confiables.
Puesto en votación el artículo 3º, fue aprobado por 9 votos a favor y 2 abstenciones.
En el artículo 4º se establece que podrán acogerse a lo dispuesto en el proyecto los contribuyentes amparados por la ley Nº 19.281, por los aportes correspondientes a los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de viviendas nuevas, excluidos los subsidios que se hubiesen pagado. El derecho a su deducción se hará efectivo desde el mes en que se suscriba el respectivo contrato de promesa de compraventa, según lo dispuesto en el artículo 26 de dicha ley, debiendo sujetarse en todo a las normas que se establecen en los artículos anteriores.
Puesto en votación el artículo 4º, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 5º se señala que para los efectos de la deducción a que se refieren los dos artículos precedentes, las obligaciones hipotecarias y los aportes, según corresponda, deberán reajustarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley sobre impuesto a la renta, desde el mes anterior a aquel en que se efectuó el pago o el aporte respectivo.
Puesto en votación el artículo 5º, fue aprobado en forma unánime.
En el artículo 6º se faculta al Servicio de Impuestos Internos para determinar la forma y oportunidad en que los bancos, las instituciones financieras y las empresas o personas que intervengan en el financiamiento o en la adquisición de las viviendas, deberán entregarle la información relativa a los créditos, cuentas y demás antecedentes que digan relación con el derecho al beneficio establecido en la presente ley, para los efectos de la fiscalización que corresponda.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
Los diputados señores Alvarado, Álvarez, Dittborn y Longueira formularon una indicación para agregar un artículo 7º, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 7º.- Los factores de ajuste señalados en el artículo 1º de esta ley serán los siguientes según los tramos indicados en el artículo 52, de la Ley Sobre Impuesto a la Renta del Decreto Ley Nº 824 de 1974.
La indicación precedente fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En el artículo transitorio se establece que los contribuyentes que celebren escrituras públicas de compraventa, de mutuo o contratos de arrendamiento con promesa de compraventa en conformidad con el artículo 4º del proyecto, entre el 22 de junio de 1999 y la fecha de publicación de éste, y que deseen acogerse al referido beneficio, cumplirán con la obligación a que se refiere el inciso tercero del artículo 1º presentando, ante el Servicio de Impuestos Internos, una declaración jurada en tal sentido, en la forma y plazo que ese organismo determine.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
El informe de la Comisión, que está a disposición de los señores diputados, también deja constancia de las indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles a que hemos hecho referencia durante esta exposición.
Éste es el trabajo de la Comisión de Hacienda, desarrollado y acordado en sesiones realizadas el 13 de julio pasado, con la asistencia de los diputados señores Pablo Lorenzini ( Presidente ), Rodrigo Álvarez , Julio Dittborn, José García, Enrique Jaramillo, Jaime Jiménez, Tomás Jocelyn-Holt, Edmundo Villouta, Juan Pablo Letelier, José Miguel Ortiz, señora Marina Prochelle, señor Ricardo Rincón, señorita Antonella Sciaraffia y señor Rafael Arratia.
En este sentido, queremos recomendar a la Sala que, siguiendo ambos informes, especialmente el de la Comisión de Hacienda, se apruebe el proyecto en los términos establecidos.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El acuerdo de los Comités contempla votar al final del Orden del Día los dos proyectos de acuerdo internacionales, el proyecto que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al DFL Nº 2, el del impuesto al lujo, que se votará sin debate, y el de venta de fertilizantes a granel, cuyo debate ya se hizo.
Como restan 50 minutos del Orden del Día y hay 18 diputados inscritos, los jefes de bancada podrían indicar el orden en que intervendrán, a fin de que hablen los que alcancen dentro del tiempo disponible, y al final vemos si hay que extenderlo o no, lo cual queda a criterio de la Sala, porque el acuerdo es votar al término del Orden del Día.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el señor subsecretario de Hacienda, don Manuel Marfán.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que ingrese a la Sala el señor Alberto Rojas, del Servicio de Impuestos Internos.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que ingrese a la Sala el señor Heinz Rudolph, Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , quiero dejar constancia en acta de que la Derecha no da el acuerdo para que miembros importantes del Gobierno puedan entrar a la sesión.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente, eso no corresponde.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, no corresponde que el señor Ministro haga ese tipo de comentarios.
El señor LONGUEIRA.-
Pido la palabra por una cuestión reglamentaria.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , quiero pedirle que retire lo que acaba de decir el señor Ministro o, de lo contrario, que también quede en acta, para que todos sepan que el Ministro es incapaz de explicar solo el proyecto y por eso requiere de esos asesores.
El señor MONTES (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente, para nadie es un misterio que el país vive hoy un momento difícil y, sobre todo, el rubro de la construcción, el cual tiene la más alta cesantía, con más de 100 mil obreros cesantes.
Se nos ha presentado un proyecto que se orienta a absorber mano de obra, y quiero aclarar algunos puntos para conocimiento de la opinión pública, la Sala y los parlamentarios que no entraron y no participaron en su discusión.
Creo -y así lo hemos analizado- que efectivamente es un proyecto para favorecer a la gente que tiene más recursos, pero hay que explicar por qué.
Se dan facilidades, mediante exenciones tributarias, a personas que adquieran una vivienda, con el propósito de que esto ayude a la contratación posterior de mano de obra, porque las empresas que no han podido deshacerse de sus construcciones -11 mil a 15 mil viviendas DFL 2-, lógicamente tienen que servir deudas y no van a poder hacerlo si éstas no se venden.
En consecuencia, creemos que apoyar el proyecto puede ayudar en cierto modo a la reactivación y a la contratación de la mano de obra.
También quiero decir al señor Ministro , que hemos tenido varias reuniones con personeros de la Cámara Chilena de la Construcción de las distintas zonas y puntos del país.
El proyecto no nos da plena seguridad de que contribuirá a disminuir la cesantía, por una razón muy sencilla: ¿Qué harán las empresas? ¿Van a servir su deuda bancaria o van a dedicar las platas que se reembolsarán en contratar mano de obra nueva?
Dentro de las medidas que deberían adoptarse, propongo que se llame pronto a licitación para la construcción de viviendas básicas y progresivas. Es importante que continúen los estados de pago como se están haciendo y no dar un porcentaje menor. Hoy en algunas regiones se está ofreciendo un 9 por ciento al empezar las obras y el resto se posterga. Queremos que se pague el 25 por ciento, como se hacía históricamente, y que los avances sean mensuales.
Eso realmente beneficiaría la contratación de mano de obra inmediata. Si bien es cierto creemos que podemos ayudar a que esto sea una reactivación positiva en el rubro de la construcción -que involucra la compra de maderas, de cemento, de fierro, etcétera-, debemos tener la seguridad de que se van a vender las viviendas.
Pedimos al señor Ministro que estudie esta propuesta, que llame a licitación para la construcción de las viviendas que faltan y que los pagos sean hechos como hasta ahora y no parcelados, como se están haciendo.
Aquí hubo una larga discusión sobre un punto, y me gustaría que se aclarara de una vez por todas. Se dice que la gente de mayores recursos va a ser la más beneficiada con el proyecto, porque va a descontar mayores impuestos que la que tiene menos recursos.
Lógicamente, es una operación matemática, según lo estamos viendo. Si una persona paga -por decir- dos o tres millones de pesos de impuesto y el porcentaje es un 5 por ciento, se le descontarán 100 mil pesos. Si una persona gana 300 mil pesos, el total del descuento va a ser, a lo mejor, un 40 por ciento, pero serán los mismos 100 mil pesos.
En consecuencia, si eso lo trasladamos al beneficio de que deja de pagar, la gente con menores recursos va a recibir una mayor ventaja tributaria respecto de los demás.
Es un tema discutible, que hemos abordado en la Comisión y sobre el cual ha habido una discusión muy larga. Creo que los más ricos serán los que van a tener que poner la plata para comprar los departamentos a fin de activar la construcción. Eso está claro. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a demorar la reactivación, la venta y el proceso que el proyecto involucra.
Pensamos que la iniciativa tiene buenas intenciones y por eso la vamos aprobar, ya que creemos que es un paso y una puerta que abre la posibilidad de comprar las casas, con las consecuencias que ello puede significar para la economía del país.
En todo caso, es bueno que la gente sepa que cualquier persona puede optar a los beneficios que otorga.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, terminó el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
En verdad, toda persona tiene derecho a adquirir una segunda vivienda.
Aquí hay que ser bien claro. No se especifica su tipo; fuera de ser acogida al DFL 2, la vivienda puede ser un departamento o una casa, en el lugar donde la persona quiera o pueda adquirirla.
Este punto se aclaró en la Comisión. Incluso, se llegó a hablar de las casas en la playa. Si la vivienda es DFL 2, nueva, la gente puede comprarla donde esté disponible, cumpliendo lógicamente con lo que el proyecto establece.
De manera que no veo inconveniente ni problema en que la gente adquiera una vivienda donde lo estime más conveniente, incluso, fuera del radio urbano, como lo puede querer un matrimonio de jubilados, un retiro, una casa más lejos.
Si lo que queremos es que se vendan las doce o quince mil viviendas DFL 2 disponibles en el país, no se puede impedir que esa gente compre en el lugar que desee.
Reitero que votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente, nuestra bancada va a apoyar el proyecto.
En la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo ya habíamos planteado la necesidad de que existieran incentivos tributarios, justamente para provocar la actividad que genera la industria de la construcción y producir contrataciones para paliar la tremenda cesantía.
La finalidad de este proyecto es la reactivación de la construcción y de todas las actividades correlacionadas con ella para solucionar la enorme cesantía existente, es decir, generar gran cantidad de empleos, pero no redistribuir la carga tributaria ni resolver las necesidades habitacionales de algún sector.
Este buen proyecto contiene algunas cuestiones en las que, naturalmente, discrepamos y proponemos perfeccionar. Entre otras, nos habría gustado que sus beneficios no sólo -de 10, de 6 y de 3 UTM- se otorgaran por la compra de aquellas viviendas que están en stock, sino que también se concedieran por otro período de 18 meses respecto de viviendas cuyos proyectos se inicien recién en diciembre de 1999, porque la venta de las propiedades en stock solamente van a producir “tiraje a la chimenea” y, a diferencia de las nuevas, no contratarán mano de obra de inmediato.
Pero me parece irritante que un sector de la Derecha, en particular de la UDI, a través de la prensa, de la Comisión de Vivienda y en distintas intervenciones, haya insistido en decir que este proyecto beneficia a los ricos, demagogia absolutamente inaceptable, porque todo lo que se ha hecho en los últimos meses ha sido exigir al Gobierno medidas para que se produzca un estímulo a la inversión, de manera que los inversionistas generen actividad para paliar la tremenda cesantía.
La construcción tiene entre 150 mil y 180 mil cesantes. Hay 11 mil viviendas en stock; es necesario que se vendan, que se realicen proyectos nuevos y así se contrate gente.
¿Qué dice la Derecha? Que este es un proyecto regresivo, porque establece la posibilidad de que quienes tienen mucho dinero se ahorren tributos. Yo le digo: bienvenida una iniciativa que permitirá que una persona de dinero invierta, aun cuando se ahorre unos cuantos pesos en impuestos, si ello significará dar trabajo a diez, veinte o treinta cesantes.
En definitiva, este proyecto no beneficia a los ricos; todo lo contrario, a los pobres, a los que están cesantes, y éstos, según los más conspicuos economistas -a quienes gusta citar la UDI-, tienen trabajo cuando lo generan los inversionistas.
Señor Presidente , fíjese cómo las palabras se pueden ir mordiendo a través de la historia. He hecho un seguimiento de lo que han ido proponiendo algunos señores diputados de la Derecha en el transcurso del año pasado y de éste.
Recién en junio de 1999, cuando en una sesión especial discutíamos sobre la crisis que estábamos viviendo y la cesantía, el señor Dittborn planteó: “¿Qué puede hacer el Gobierno para salir pronto del hoyo en que estamos metidos con medio millón de desempleados? Es necesario que no se castigue con un aumento sistemático de los impuestos”. Y ahora, que este proyecto que propone el Gobierno otorga reducciones tributarias a aquellos que invierten en viviendas para generar trabajo, la UDI dice -no Renovación Nacional, que lo está apoyando, porque considera que hay que estimular la inversión- que si se dan beneficios tributarios se va a favorecer a los ricos.
Castigan al señor Foxley porque dicen que ha producido más impuestos y eso ocasiona disminución de la inversión.
¿Y qué dijo el señor Pablo Galilea ?: “debemos crear un clima para materializar la inversión privada y que seamos capaces de producir disminuciones tributarias”.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha terminado el tiempo de su primer discurso, señor diputado.
El señor HALES.-
Continuaré en el de mi segundo discurso, señor Presidente.
En julio de 1998, un año atrás, cuando querían con toda la fuerza que se estimulara la inversión, el señor Recondo expresó: “los manejos equivocados en las distintas políticas tributarias y de encaje han hecho arrancar de Chile a los capitales de inversión”.
El señor Pablo Galilea manifestó: “respecto del tema tributario, podemos concluir que existen razones más que suficientes para haber alterado la confianza de los inversionistas. Hay que enmendar rumbos”.
Enhorabuena hoy Renovación Nacional está siendo consecuente con estas palabras y apoya el proyecto.
También decían que no había que echarle la culpa a la crisis asiática, sino al aumento de la carga tributaria. Se ha expresado que los inversionistas necesitan ser estimulados para invertir y generar trabajo para los miles de cesantes; sin embargo, hoy, cuando el Gobierno ha enviado un proyecto que contempla un incentivo tributario, la UDI dice que es para beneficiar a los ricos. ¿Es que acaso ellos en algún lugar de sus distritos tienen gente pobre capaz de invertir para construir edificios y contratar a otros señores que también son pobres? ¿Es que cuentan con una fórmula mágica para sacar la plata de los bolsillos de no sé quién a fin de que se pueda contratar a los 150 mil obreros de la construcción que están esperando los beneficios de este proyecto?
Lo que el país necesita es seriedad, estimular la inversión. ¿Por qué mi pasión y entusiasmo para criticar esta hipocresía? Porque es demagogia pura, del peor estilo; como lo que ofrecen en candidaturas presidenciales, que de una plumada, con una sola idea, van a borrar todas las posibilidades de cesantía. Como algún iluso de la prestidigitación de la política dijo un día: “Dénme 5 minutos y elimino la UF, gran carga para este país”.
¡Miren cómo en los proyectos de acuerdo se muerden las palabras a través de la historia! En junio de 1998, Moreira , Monge , Longueira , Víctor Pérez , la UDI, solicita incentivos tributarios.
En otro proyecto de acuerdo, firmado por Fossa, Álvarez-Salamanca , Delmastro , Galilea , Alessandri .
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HALES.-
¡RN! Felicito a quienes son consecuentes y que el electorado castigue a quienes no lo son. En diciembre, existe la oportunidad.
En mayo de 1998, Rojas , Coloma , Molina e Ibáñez firman otro proyecto de acuerdo; ¿qué piden? Incentivos tributarios para la inversión privada.
Y suma y sigue toda la papelería de demagogia. Ahora, cuando el Gobierno propone un proyecto de ley sobre incentivos tributarios, con el fin de contribuir a terminar con la cesantía ¿van a argumentar que el rico va a tener la oportunidad de ahorrarse un impuesto? ¡Que se lo ahorre; que tenga ese premio! Si le voy a dar un caramelo a un rico para que ayude a eliminar la cesantía, ¡bienvenido el caramelo y adelante con el proyecto!
Nuestra bancada va a votar a favor del proyecto, porque es serio y responsable. Ojalá que la creatividad que ha tenido hoy la Concertación, sumada a la posición de Renovación Nacional, sea aprendida por la UDI y también por el nuevo prestidigitador que tenemos de candidato a Presidente de la República, el señor Lavín, en el sentido de que hay que tener ideas concretas, serias, responsables, y ser consecuentes con las palabras con que escribimos papeles para la historia.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, quiero referirme a lo recién expresado para que todos los que estén viendo esta sesión por el canal de la Cámara queden bien informados.
El diputado Hales, por cierto, rechazó todos esos proyectos anteriormente. Creo que ésta es la conversión más impresionante en la historia de la política chilena, puesto que una persona que era comunista, hoy defiende el hecho de que los ricos se compren el stock de viviendas.
Hemos disfrutado de las intervenciones, y el solo hecho de que lo que hemos escuchado quede escrito en la versión de esta sesión es suficiente como discusión del proyecto.
Pero quiero ser un poco más serio que el diputado que intervino anteriormente y señalar que, como somos absolutamente partidarios de los proyectos de acuerdo a que hizo mención el diputado Hales , y como también de la iniciativa que discutimos, lo único que ha hecho la UDI es proponer un perfeccionamiento para hacerla menos regresiva.
¿Qué pretende este proyecto de ley? Muy simple: genera rebajas tributarias por los próximos treinta años para que se acabe, lo antes posible, el stock existente de viviendas DFL Nº 2.
Todos estamos de acuerdo con esa idea y la UDI es muy consecuente en dar esas exenciones tributarias. Por lo tanto, todo lo manifestado por el diputado señor Hales son mentiras. Lo importante es saber a quiénes se otorgarán esos incentivos tributarios para la adquisición de esas viviendas.
En las Comisiones de Vivienda y de Hacienda, el Gobierno ha dicho que se darán a los más ricos del país. La Concertación expresó que a quienes tienen más plata, a la gente de más altos ingresos. Perfecto, pero es muy importante que la clase media sepa que también se ha reconocido que no tendrá beneficio alguno.
Entonces, dejemos las cosas en orden. El proyecto es para que la gente de más altos ingresos del país cuente con otra casa y nos permita generar empleo, porque todos somos partidarios de que el stock de viviendas disponible se agote lo antes posible. Digamos las cosas por su nombre: todos somos partidarios de eso.
Ahora, veamos si lo propuesto para acabar con ese stock es lo más justo. Por ello, deseo señalar a los señores diputados de la Concertación, que han defendido a fardo cerrado el proyecto del Ejecutivo , qué genera dicha iniciativa.
Siguiendo el ejemplo presentado por el Gobierno, para que nadie discuta las cifras, si una persona o un matrimonio con una renta de 500 mil pesos desea comprar un departamento DFL Nº 2 de 1.300 UF, con un dividendo de 123.050 pesos, a esa persona le dará 6.157 pesos mensuales como descuento de sus impuestos. En cambio, a un señor de altos ingresos le daremos nueve veces más que a esa familia de clase media.
Así de simple. Si no es así, que lo digan las autoridades de Gobierno. Eso es lo que hace el proyecto. No hay que engañar a la gente. Entonces, nos preguntamos: ¿Podemos corregir y modificar este premio de manera de hacer más equitativa esta rebaja tributaria? No se puede. La UDI lo propuso, pero ¡cómo vamos a aceptar lo que este partido propuso, a pesar de ser más justo! No se puede.
¿Quién comprará el stock? Los más ricos -para qué vamos a decir una cosa por otra-, los que ya tienen casa. Más aún, esa persona de altos ingresos aprovechará esta iniciativa, porque le regalaremos el 45 por ciento del dividendo y, como es un DFL 2, lo arrendará, pues no lo necesita. El arrendamiento tampoco será declarado como ingreso. Por lo tanto, mediante el DFL 2, a esa persona le regalamos otro 45 por ciento, es decir, el 90 por ciento del departamento. No me referiré a otras ventajas que genera el DFL Nº 2.
En definitiva, ¿qué ha propuesto la UDI, que levanta tanta crítica? Una cosa muy simple. Ha dicho: apliquemos un factor de ajuste para permitir que a las personas del tramo de la tasa marginal del 5 por ciento, quienes poseen ingresos entre 260 mil y 800 mil pesos, aproximadamente, les podamos multiplicar por un factor, que en este caso es cuatro veces más, a fin de que reciba el 20 por ciento de su dividendo, al igual que la persona de ingresos más altos.
Eso significa que como el proyecto da el 45 por ciento a unos y a otros el 5 por ciento, emparejamos a todos los contribuyentes, dándoles el 20 por ciento. Eso es lo que pedimos.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso.
El señor LONGUEIRA .-
Entonces, pregunto: ¿No es más justo hacerlo así? ¿No creen que de esa manera mucha gente de clase media, por primera vez, tendrá un gran beneficio para adquirir ese stock de viviendas existente? ¿Es muy complejo agregar cuatro números para que la clase media pueda ponderar estos factores? En eso consiste nuestra propuesta.
¿Qué significa? Reitero el ejemplo anterior de un DFL 2 de 150 mil pesos de dividendo mensual, en el cual la persona de clase media recibirá 30 mil pesos, el 20 por ciento del dividendo, y la de altos ingresos también recibirá 30 mil pesos, esto es, los contribuyentes tendrán el mismo beneficio por el mismo bien.
Podrían decir que nuestra propuesta es menos reactivadora. En la Comisión de Hacienda se preguntó al representante del Ejecutivo si era así o consideraba que la propuesta podría representar eso. Tampoco lo reconoció. Y es evidente que es al revés, porque estamos asignando mejor la torta, estamos distribuyendo mejor los beneficios que se entregarán por treinta años. Y lo que estamos descontando a uno de la tasa del 45, se lo estamos aportando a otros. De ese modo, mucha más gente comprará ese stock, porque estamos incorporando a nuestra clase media con este ponderador que está invirtiendo la regresividad del proyecto.
¿Y esto genera escándalo? Al respecto, quiero decirles que, interiormente, todos saben que es mejor nuestra propuesta. Lo veo en sus caras. Ahora empezaron a decir que no, pero su silencio los delata. Es evidente que consideran nuestra propuesta muchísimo más justa que la contenida en el proyecto.
En resumen, la proposición perseguía ser mucho más equitativa, terminar con la regresividad del proyecto, permitir que la clase media se beneficiara y obtener la reactivación anhelada. El incentivo para la gente con ingresos altos, con nuestra sugerencia sigue siendo alto; por lo tanto, igual comprarán los departamentos que suelen adquirir.
Durante la discusión no he escuchado -perdón por decirlo con franqueza-, y he asistido a las sesiones de las comisiones de Vivienda y de Hacienda, un solo argumento para señalar que la propuesta no es mejor. Es obvio que perfecciona la iniciativa y consigue el objetivo que todos queremos, cual es terminar rápidamente con el stock de viviendas y generar nuevos empleos, adelantando nuevos proyectos o comenzando los que están por iniciarse.
Por lo tanto, no obstante la gran oportunidad para perfeccionar el proyecto, lamento que no se haya recibido el patrocinio del Ejecutivo para nuestras indicaciones, y que establezcamos el precedente de legislar por treinta años en esta materia, en circunstancias que puede generarse una ley más equitativa que permita a la clase media obtener, por primera vez, un beneficio real en el acceso al stock de viviendas que existe.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, quiero responder algunas de las aseveraciones que se han hecho respecto de la regresividad del proyecto y del objetivo fundamental del mismo.
En primer lugar, un comentario directo y preciso a la afirmación que hizo el diputado señor Longueira en la mitad de su discurso. Le recuerdo que, muchas veces, en distintos proyectos, se han acogido por parte de las bancadas de la Concertación, y ciertamente del Ejecutivo, propuestas de perfeccionamiento. Le cito dos: a propósito de los beneficiarios de jubilación del sistema AFP y de los protocolos de acuerdo de la ley de Presupuestos. Por lo tanto, lo que ha sostenido no es exacto.
En segundo lugar, el ministro de Vivienda , presente en la Sala; el subsecretario de Hacienda y el director de Impuestos Internos han explicado, hasta la saciedad, en las comisiones de Vivienda y de Hacienda, que el proyecto actúa sobre tres ejes fundamentales, el primero de los cuales es un efecto reactivador de la demanda interna, para deshacer, precisamente, con una velocidad mayor, el stock acumulado en el sector construcción, en particular de viviendas DFL Nº 2, de las cuales se reconoce que hay alrededor de veinte mil unidades. La velocidad es distinta a la que sería sin proyecto, gracias a los incentivos, y por esa vía se genera una cadena muy precisa de reactivación en el ámbito del empleo, del trabajo y de todos los insumos factoriales primarios que afectan directamente la distribución del ingreso, lo que ha sido reconocido en la propia Sala.
Por otra parte, si se examina la distribución del stock de viviendas, según informó la Cámara de la Construcción en ambas comisiones, se verá que alrededor de tres mil de las veinte mil se sitúa en el tramo del valor unitario de cero UF hasta dos mil o dos mil quinientas UF la unidad.
Dichas viviendas no son usadas para habitación por los más ricos, como se ha dicho. No viven en ellas. Por lo tanto, este incentivo va dirigido, fundamentalmente, a aquellos que aspiran a obtener una vivienda de entre quince y treinta millones de pesos.
Por último, en este sentido, se ha hecho caso omiso -parece que hay una desmemoria, individual hasta ahora- de otra función social que desarrolla el Estado en el área de vivienda. Es como si no existiera, como que se hubiera olvidado bruscamente. No se han mencionado los más de cuatrocientos millones de dólares al año, focalizados a todos los grupos indigentes y de bajos ingresos, que el Estado destina a la acción que desarrolla a través de programas del Serviu y del PET. Me extraña esta omisión y la recordaremos de nuevo cuando se discuta el presupuesto del 2000.
Se ha hablado de mantención de los beneficios tributarios por treinta años, por lo que técnicamente quiero corregir al diputado señor Longueira.
En realidad, para el ministro que habla sería un orgullo que el sistema financiero hubiese llegado al predominio de plazos tan largos en el crédito hipotecario. Sería un progreso loable para el país.
Si se informara, el diputado señor Longueira vería que los plazos efectivos de endeudamiento hipotecario, tanto del sistema bancario como de las mutuales, no superan el promedio general de dieciocho, diecinueve y veinte años. Por lo tanto, los cálculos que ha dado están errados, porque son casos minoritarios y muy poco representativos.
La exclusión de quienes desean adquirir una vivienda de este tipo -en el grueso del stock, cada unidad llega a tres mil o menos UF- para vivir sería materia de larga discusión y ajena al sentido del proyecto, que es reactivador de toda la cadena de empleos.
En la práctica, en los números, no en los casos “avis rara” que se han dado, el proyecto apunta al tramo de contribuyentes efectivos desde los cuatrocientos mil pesos, donde se comienza a pagar impuestos, hasta un millón de pesos bruto al mes.
Quienes tienen esas rentas serán los principales compradores -en un año y medio- de las viviendas que conforman el stock. No tienen relación con las rentas de los directores de sociedades anónimas, gerentes de bancos y, en general, con quienes se pueden asimilar a los más ricos del país.
Sería materia de otra sesión, pero la ley tributaria, la ley de la renta -no la califico- y el DFL Nº 2 eximen a quienes creo que tiene en mente el diputado señor Longueira para los efectos de los arriendos. Para ellos hay otros mecanismos, que no tienen nada que ver con el proyecto y que permiten a los más ricos, que tanto le preocupan, arrendar esas viviendas; por ejemplo, mediante el retiro de sus sociedades y la generación de una renta mediante el DFL Nº 2, con lo cual pagarían cero peso de impuesto y no las rebajas dirigidas a la clase media y a las personas de más bajos ingresos, destinadas a reactivar la economía.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente, en realidad, sin perjuicio de las palabras del señor ministro, es difícil entender el detalle de la cosa técnica. Pero detrás hay un aspecto político, planteado por la UDI. ¿Por qué no lo asumimos?
El diputado señor Longueira no ha repetido cosas que dijo en la Comisión. A la de Hacienda llegó con un silogismo y dijo: “¿Saben? El proyecto es inconstitucional, y si no se corrige de acuerdo con el factor que traemos nosotros, merece ir al Tribunal Constitucional”.
Al diputado señor Longueira y a la UDI les digo que nosotros creemos que es un escándalo la forma en que están enfrentando el proyecto. En el fondo, lo quieren enredar, pero por otro tipo de consideraciones.
De alguna manera, no reconocen que la propia Constitución que redactaron permite establecer por ley progresiones distintas de tributos entre los contribuyentes y obliga a fijar una igualdad tributaria en proporción a las rentas, no a las compras. Olvidan que, de alguna manera, se pueden establecer en la ley proporcionalidades diferentes respecto de los beneficios tributarios, pero que estamos obligados a mantener ciertas igualdades.
Además, olvidan que las indicaciones que llevaron a las comisiones necesitan el patrocinio del Presidente Frei. No bastan sus firmas.
Es más. No entiendo cómo la UDI, a través del diputado señor Longueira , hace gárgaras con los pobres. Por su parte, el diputado señor Ibáñez llega con una indicación debajo del brazo para incorporar los locales comerciales de los ricos en el proyecto.
¿A quién le hacemos caso? Al UDI Longueira, que favorece a los pobres, o al UDI Ibáñez, que beneficia a los ricos? ¿A cuál de los dos? ¿Por qué cuando hablan del impacto que este proyecto tendrá en el manejo de los tramos del impuesto de la renta no reconocen que el mismo se produce por las reducciones de las cotizaciones previsionales y por las deducciones de los supuestos gastos de los profesionales? ¿Por qué no dicen que, en el fondo, su queja no está dirigida al proyecto, sino a la ley de la renta? ¿Y por qué no admiten que las motivaciones que impulsan sus conductas son más electorales que reales? Lo pregunto, porque los representantes de la Cámara de la Construcción que vinieron a la Comisión, gente con sentido común, dieron su apoyo al proyecto.
Ésta es una de las varias medidas anunciadas por el Presidente Frei en su discurso del 21 de Mayo. El Gobierno propone un paquete de medidas que incluyen financiamientos universitarios, aumento de los programas PET, créditos a la pequeña y mediana empresa, congelamiento de los dividendos a los desempleados, programa de apoyo a la pequeña minería.
Sí, diputado señor Dittborn, la iniciativa está hecha sobre la lógica del chorreo, pero es una medida entre varias, muy distinta a la aprobada por el gobierno militar cuando le quitó parte de las pensiones a los jubilados para financiar rebajas tributarias a los ricos.
Tenemos autoridad moral para aceptar una medida directa como ésta y...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Diputado Molina,¡llamo al orden a su Señoría!
Puede continuar, señor Jocelyn Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
...hacer una propuesta concreta, con el objeto de aprovechar dineros disponibles para generar empleos de la manera más rápida posible. Al menos, la Oposición debería reconocer que, a veces, la aglomeración de capitales la puede hacer más eficientemente que la dispersión de los mismos.
Si quieren ir al Tribunal Constitucional por este proyecto, háganlo.
Cuando ayer escuchábamos a Joaquín Lavín dar su respaldo al “puertazo” y dictar cátedra acerca de cómo destinar platas de las concesiones para compensar los bajos sueldos o pagar indemnizaciones, en el fondo estábamos oyendo el mismo ofertón pinochetista previo a cualquiera elección.
Escuchamos ése y oiremos otros discursos más, pero no tenemos complejo moral a fin de apoyar el proyecto, porque va dirigido en la dirección correcta, o para asumir el desafío que nos plantean. A la larga, éste es un problema de credibilidad, y por eso se aprobará hoy aquí y mañana en el Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, hay un par de cosas profundamente importantes que no se han dicho en este debate, y una reflexión que no se ha querido hacer.
Desde que comenzó la crisis económica se ha puesto en jaque la concepción de un desarrollo económico, en particular de parte de quienes abrazan el mercado como el sacrosanto que puede resolver siempre los problemas de una sociedad. Frente a un modelo de corte neoliberal, uno ve que cuando se producen fenómenos exógenos, externos, y hay agentes internos que no reaccionan, se pone en discusión el rol del Estado, viejo debate económico en momentos de crisis. Hoy, frente a una situación excepcional, se deben tomar medidas de ese tipo para reactivar la economía -política que hace años era denominada keynesiana-, estimular la demanda y establecer un subsidio al crédito con el objeto de reducir el stock de viviendas y estimular el empleo.
El problema del país es obvio. Se han perdido cerca de 150 mil empleos en comparación con el año pasado, sin incluir el número de personas adicionales incorporadas al mercado del trabajo: cien mil empleos provienen de la construcción y otros 70 mil se relacionan con las Pymes.
Por eso, el Presidente de la República propone un paquete de medidas concentrado en la industria de la construcción y en las Pymes. Lo curioso es que en el debate de fondo, la Oposición, en particular la UDI, no es capaz de asumir si el Estado debe jugar un papel más importante en el quehacer económico o no. Es evidente que los actuales indicadores económicos deberían ser más que suficientes para que muchos agentes se hubieran decidido a invertir, lo que no ha ocurrido. El Estado se ve enfrentado a recurrir a este tipo de medidas para hacer una apuesta, a la cual me referiré después.
Aquí hay un beneficio tributario. El subsidio al crédito tiene por objeto vender el stock de viviendas existente, no cualquiera -y eso es lo curioso cuando se escucha al diputado Longueira -, no de comprar casa en algún lugar del país. Se está hablando de cerca de 20 mil unidades y de la necesidad de aumentar el ritmo de adquisición de las mismas para activar la economía.
Se podrá conversar respecto de quiénes las comprarán, pero, frente a ciertos sofismos que he escuchado de la Oposición, quiero decir que, desde hace muchos años, los ricos de este país no pagan impuestos sobre sus viviendas. Es una falsedad absoluta lo que aquí se ha sostenido. Hay formas de adquirir viviendas -el Ministro de Hacienda señaló algunas normas- y las personas de mayores ingresos saben que muchas veces se adquieren bajo la formalidad jurídica de sociedades y, al final, no sólo dejan de pagar tributos, sino que las viviendas para uso personal son deducidas de los impuestos como gasto de las empresas.
Se trata de demostrar que la futura ley beneficiará a los ricos, en circunstancias que su objetivo -pido que no perdamos de vista este punto- es eliminar un stock de viviendas a fin de estimular la generación de empleos para 100 mil familias que han perdido sus fuentes de trabajo. Según la Cámara Chilena de la Construcción, si el proyecto se aprueba pronto, de aquí a diciembre habremos recuperado el ritmo de trabajo del año pasado.
El diputado Jocelyn-Holt apuntó correctamente al decir que detrás de esta faramalla está el intento de la Oposición de enredar las cosas. Dilatar el despacho del proyecto es retrasar la eliminación del stock de viviendas y, por consiguiente, la reactivación del sector de la economía que más empleo genera en nuestro país.
Más allá de los argumentos hechos valer por la UDI en esta materia y de sus intentos de confundir al expresar que el proyecto no focaliza, les pido, si quieren ser más equitativos y que los beneficios sean parejos, que estén dispuestos a revisar cosas tan sencillas como el impuesto al patrimonio y evitar que algunos de los ejemplos que plantea el diputado Longueira sean realidad. En la Comisión de Hacienda nos daba el ejemplo de personas que ganan 5 millones de pesos al mes versus los que reciben 250 mil. En verdad, son pocos los chilenos que perciben esa suma y que están en condiciones de hacer una especulación como la que se propone, porque no serán beneficiarios de la ley.
Como esta medida, reitero, apunta al objetivo de liquidar el stock de viviendas, tengo discrepancias con algunas indicaciones presentadas durante el debate, en particular en la Comisión de Vivienda. Ésta es una medida de shock, de golpe de efecto inmediato, no para el año venidero, sino para los próximos seis meses. Ampliar plazos, como han propuesto algunos, crea confusión. Los beneficios se deberían otorgar en los próximos seis meses para estimular ahora la compra.
La Cámara de la Construcción ha indicado que se compraron viviendas al ritmo de 200 unidades por mes antes del anuncio del Presidente ; entre 300 ó 400 después de conocerse, y que se espera superar las 500 unidades por mes una vez que se apruebe el proyecto. Ello permite prever que en un plazo de 12 a 18 meses se eliminará el stock, con lo cual se crearán las condiciones para estimular la inversión de aquí a finales de agosto o septiembre. De esa manera, la oferta de empleos será más activa en noviembre, pero para que eso sea efectivo, necesitamos concentrar los beneficios en este corto plazo.
Si nuestros amigos de la UDI estuvieran tan interesados -incluso se han acostumbrado a un populismo que no les habíamos conocido antes-, apoyarían el proyecto, porque beneficia a familias cuyos integrantes se encuentran cesantes. Por eso, a través del mecanismo de estimular la demanda -vieja política keynesiana, a la que tanto asco le hacían anteayer-, se podría reactivar la economía.
Para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir, tendríamos que debatir sobre el rol del Estado como agente regulador; es decir, darle más fuerza a nuestro Estado, para que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, se garantice la participación de los agentes privados.
La única duda que tengo respecto del proyecto radica en que no me queda claro si la Cámara de la Construcción efectivamente realizará las inversiones que corresponden. Por eso, la gran duda, la gran incógnita, es saber si las señales que se están dando serán suficientes para que la industria de la construcción invierta, ya que pertenece al sector privilegiado, en esta ley, por la cantidad de empleos que genera, dado que tiene ventajas de que carecen otros sectores, como es la espectacular exención en el pago del IVA. Si se redujera en quince puntos el beneficio que obtiene la industria de la construcción, habría un ahorro fiscal superior a los US$ 130 millones anuales.
La duda que tenemos es si dicha actividad va a reaccionar. Nosotros confiamos en las palabras de sus dirigentes, es decir, en que esta medida será suficiente para que en los próximos meses reactiven las inversiones. Ésa es nuestra esperanza. El sector público ha hecho su aporte adelantando inversiones; ahora necesitamos que el sector privado haga lo mismo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Quedan diez minutos y medio del Orden del Día. En consecuencia, propongo que ese tiempo se distribuya entre tres señores diputados, con tres minutos cada uno, a fin de que alcancen a exponer sus ideas.
El señor PROKURICA.-
Es un tiempo muy corto. Que sean cuatro minutos para cada uno.
El señor MONTES ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para que los diputados señora Lily Pérez, y señores Víctor Pérez y Jaime Jiménez puedan intervenir durante cuatro minutos cada uno?
Acordado.
¿El señor Ministro desea intervenir en este momento o después de los señores diputados?
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Al final, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
El resto de los señores diputados que deseen intervenir, pueden insertar sus discursos. Al final daré sus nombres.
Tiene la palabra la señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, lamento que el curso del debate se haya transformado en un diálogo Gobierno-Oposición, tirándose los gobiernos anteriores por la cabeza, cuando hemos sido convocados a estudiar un proyecto que se supone debe traer beneficios para muchas familias.
Cuando ingresó el proyecto a la Comisión de Vivienda, muchos de nosotros -Oposición y Gobierno- nos entusiasmamos, porque los objetivos diseñados por el Ejecutivo fueron impulsar la reactivación del sector de la construcción; apoyar a la gente en la adquisición de una vivienda propia; estimular su venta y, además, incentivar el empleo. No debemos olvidar que, en este momento, tenemos quinientas mil personas cesantes. Incluso, el ministro de Vivienda señaló que la idea del proyecto es posibilitar que el chileno de clase media compre ahora su vivienda propia. Obviamente, se presentó gran cantidad de indicaciones, entre las cuales están las destinadas a incluir las viviendas usadas; a que los proyectos nuevos ingresados al 31 de diciembre de este año también estuvieran dentro de los beneficios; a que se consideraran también los edificios de oficinas, y un cúmulo de otras indicaciones que formulamos diputados de la Comisión de Vivienda para mejorar el proyecto.
En esta Cámara no he escuchado a nadie decir responsablemente que está en contra del proyecto. Sin embargo, en la Comisión de Vivienda, se enfatizó el hecho de que el Gobierno debió haber sido más asertivo y más directo en lo medular del proyecto, porque lo que busca son dos grandes objetivos: incentivar a los inversionistas para que compren el “stock” de viviendas nuevas, lo que redundaría, colateralmente, en que las empresas constructoras pudieran deshacerse del “stock” que tienen acumulado.
Ésos son los dos grandes objetivos del proyecto. Por tanto, todo este entusiasmo inicial que tuvimos -Gobierno y Oposición-, se diluyó, y no pudimos presentar ninguna indicación, porque todas fueron declaradas inadmisibles, ya que requerían el patrocinio del Ejecutivo.
Por esa razón, es muy importante dejar eso establecido para la historia de la ley, ya que este proyecto no busca estimular que la clase media adquiera una vivienda propia ni tampoco incentivar una reactivación efectiva en el mundo de la construcción desde el punto de vista de los cien mil cesantes que existen hoy en dicho rubro. El Gobierno pudo haber diseñado un proyecto por el cual se otorgaran descuentos tributarios a las empresas a fin de que construyeran más viviendas sociales, como quiera que hoy existe un déficit sustantivo en esa materia.
Por lo tanto, cabe dejar establecidos los objetivos reales que tiene el proyecto. Pero como más vale tener algo de certeza a no tener nada, Renovación Nacional ha presentado indicaciones para mejorarlo, ya que su espíritu fue siempre apoyar la iniciativa, ampliando los beneficios a otros sectores que hoy van a quedar absolutamente ausentes de estas franquicias; porque, a la larga -seamos honestos- este proyecto beneficiará a los sectores de más altos ingresos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en la misma línea argumental de la colega, lo importante de este debate es que tanto el Gobierno como los parlamentarios de la Concertación tienen que sincerarse y decir en forma pública que lo que aquí le están proponiendo al país consiste en que a las personas de más altos ingresos se les está dando la gran oportunidad de comprar otra vivienda, porque, sin duda, el gran objetivo del proyecto está dirigido a beneficiar a los sectores de más altos ingresos, a aquellas personas que tienen un ingreso superior o igual a $ 3 millones. Esas personas ya tienen su vivienda; por ende, lo que facilitará este proyecto es que puedan obtener una vivienda más.
Es importante que la Concertación lo reconozca y que el Gobierno sea sincero y diga que, en definitiva, ése es el objetivo, y no el que planteó inicialmente, de beneficiar a la clase media. Incluso, tenemos notas de parlamentarios de la Concertación -lo son los Presidentes de las Comisiones de Vivienda y de Hacienda de esta Cámara-, que expusieron “sus reparos a la iniciativa”, porque -afirmaron- “implica un subsidio a los sectores socioeconómicos altos”. Eso es verdad. Antes de la discusión, ellos tenían reparos, no les gustaba la iniciativa; sin embargo, posteriormente los convencieron de que entregar un subsidio a los sectores socioeconómicos altos era bueno.
Hemos planteado que el subsidio que el Estado va a entregar se pueda focalizar mejor para permitir que también accedan a él los sectores medios. En efecto, de acuerdo con los ejemplos que el Gobierno entregó, se llega sólo hasta el piso de $ 500 mil, lo que significa que la persona que gana dicha suma iba a recibir un beneficio no superior a $ 7 mil o $ 8 mil al mes. Por eso, nosotros planteamos mejorar la aplicación del subsidio. Lamentablemente, se nos acusa de populistas por querer focalizar en mejor forma el gasto público y los beneficios que el Estado entrega; por querer verdaderamente que los sectores de clase media que están en condiciones de adquirir una vivienda, puedan tener un beneficio concordante con lo que hoy se les quiere entregar a los sectores altos. Si eso es ser populista, bienvenido sea. Pero es inaceptable que, de buenas a primeras y sin ninguna objeción -como lo están haciendo los parlamentarios de la Concertación-, el stock se lo lleven las personas de más altos ingresos. El Ministro de Hacienda dio un muy mal ejemplo al decir que las viviendas de 1.800, 2.500 ó 3.000 UF no están destinadas a los sectores de más altos ingresos. Pero se equivoca, porque esas personas jamás van a vivir en una vivienda de esos valores; lo que harán será comprarlas y arrendarlas a los empleados y trabajadores que tienen remuneraciones de 500 mil o 600 mil pesos.
Lamentablemente, debido a los esfuerzos de la Concertación por usar la aplanadora, la mayoría de los beneficiarios podrá adquirir una segunda, una tercera y, quizás, una cuarta vivienda. Ése es el aspecto que queremos perfeccionar; no pretendemos retardar el despacho del proyecto. Lo que dijo el diputado Tomás Jocelyn-Holt es absolutamente falso. No deseamos retardarlo ni poner obstáculos; sólo queremos decirles que están cometiendo un grave error.
Respecto del tema de la reactivación y del combate al desempleo, esta medida es para los cesantes del siglo XXI, porque la reactivación -si es que viene-, como dijo el diputado Juan Pablo Letelier , llegará el próximo año, en circunstancias que los cesantes existen hoy día, y todos sabemos que este proyecto no los beneficia para nada en el corto plazo.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , la verdad de las cosas es que, a veces, la Cámara parece una verdadera torre de Babel.
Digo esto, porque en sus discursos los diputados han objetado un proyecto, en circunstancias que en la discusión que tuvimos en la Comisión de Vivienda, que presido -también me tocó participar en la de Hacienda-, seis de los siete artículos del proyecto fueron aprobados prácticamente por la unanimidad de sus miembros, y sólo el 1º -que fue objeto de una indicación del diputado Longueira -, por mayoría de votos -siete votos contra tres-.
En consecuencia, vale la pena reflexionar por qué este proyecto de ley concita un apoyo tan amplio, que esperamos que hoy sea ratificado por la Sala.
En primer lugar, porque va en el sentido correcto. Tal como lo señaló la diputada señora Lily Pérez , el proyecto crea incentivos para lograr el objetivo final: la generación de nuevas fuentes de trabajo. Su objetivo principal no es establecer un subsidio a la vivienda.
Este proyecto de ley, originado en mensaje, ha sido mejorado en varios aspectos -con esto le respondo al diputado señor Víctor Pérez - al incorporar, por ejemplo, a las personas naturales y a las cooperativas que estén desarrollando proyectos relacionados con la construcción, que generen empleos para constructores, albañiles, electricistas; es decir, para personas ligadas a la construcción, que también recibirán beneficios. Digo que el proyecto ha sido enriquecido, porque el plazo original dentro del cual se podían acoger a este incentivo, vencía el 30 de diciembre del 2000, período que se amplió hasta el 30 junio del 2001. Asimismo, se incorporó a los mutuos hipotecarios. Por otra parte, cada persona que desee acceder a una vivienda podrá hacerlo con el subsidio habitacional. Personas con subsidio unificado de renovación urbana también podrán acceder a este beneficio.
De manera que el proyecto es mejor que el consignado en el mensaje. En tal virtud, agradezco al Ejecutivo haber acogido las indicaciones que presentamos, las cuales fueron refrendadas por la mayoría de la Comisión.
Pero también quiero reparar en que, a la hora de analizar lo que se está haciendo en vivienda -como lo señaló el ministro de Hacienda -, hay que fijarse no sólo en los 400 millones de dólares que el Estado destina, año tras año, a los subsidios. En la Comisión acordamos -hago un reconocimiento, entre otros colegas, por su apoyo, a la diputada Rosa González - solicitar al Gobierno que estudiara la situación de los deudores hipotecarios cesantes para resguardar sus viviendas. Pues bien, nuestra solicitud fue acogida, y hoy día la clase media, a través de los créditos hipotecarios con el Banco del Estado, y las personas de menos recursos, a través de los créditos Serviu, podrán resguardar ese bien tan preciado que es la vivienda.
Asimismo, mejoramos lo relacionado con las viviendas para trabajadores. Se subió el subsidio de 90 a 120 UF; es decir, casi 450 mil pesos. Eso significa, en la práctica, que además del ahorro, la exigencia de sueldos u honorarios será menor: el sueldo de 200 mil pesos exigido originalmente se rebajó a sólo 150 mil. Así se está llevando a cabo la política de vivienda: focalizada hacia la gente de menos recursos.
También quiero referirme a algo que me llama mucho la atención. Aquí, antiguos legisladores pretenden resolver, con una ley, prácticamente muchos problemas: algunos, la redistribución del ingreso; otros, generar incentivos para la regionalización; varios, consignar un addendum, con lo cual terminaría siendo una “ley Frankenstein”, sin lograr el objetivo final de reactivar la economía.
Si vamos a discutir el tema de la vivienda, hagámoslo. Aquí tengo cuadros estadísticos que demuestran el éxito de la política de la Concertación. En días pasados, pude ver en el diario “La Tercera” los honorarios de los directores de empresas privadas, ligados fundamentalmente a la Derecha; algunos ganan 450 millones de pesos al año, es decir, más de 20 millones de pesos mensuales. Entonces, entremos al tema de fondo: el quintil más rico gana catorce veces más que el quintil más pobre, según un informe de las Naciones Unidas. Por lo tanto, seamos justos y digamos que quienes tienen mayores ingresos recibirán un mayor incentivo, porque pagan más impuestos; pero aquí el incentivo es parejo para todos los que se acojan a la futura ley.
Por último, desafío al diputado señor Longueira , que no está presente en la Sala. Si está preocupado de la redistribución del ingreso, abordemos el tema, y lo emplazo a que el próximo martes, a las 11 de la mañana, en la sala de televisión, firmemos un proyecto de acuerdo en el cual le pidamos al Gobierno que le hinque el diente a la redistribución del ingreso, a fin de que los más pobres mejoren sus ingresos a través de la vía tributaria, y los más ricos no se lleven el 40 por ciento de la torta en nuestro país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Vivienda.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a la mayoría de los diputados el ejemplo que hemos dado en estos días al trabajar con seriedad en este proyecto, parte de un paquete de medidas diseñado por el Gobierno, que tiene por objetivo, precisamente, ir en ayuda de las personas desempleadas. Incluyo en mis agradecimientos los importantes aportes que hicieron durante la discusión del proyecto, los que, por supuesto, hemos acogido para perfeccionar la iniciativa.
Pero, con la misma fuerza, debo decir que no contribuyen, en la política, algunos diputados que gritan y que intentan por todos los medios que proyectos tan importantes como éste sufran retrasos, con el único objeto de evitar, en lo posible, que se resuelva el problema de la cesantía antes de las próximas elecciones presidenciales, con el fin de favorecer a determinado candidato. Cuando superponen intereses de ese tipo, creo que no le están haciendo un favor a la política.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Está en las discusiones televisadas, en las sesiones grabadas...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Le ruego al diputado señor Cardemil que espere que el señor Ministro termine su intervención.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Puede continuar, señor Ministro. Le ruego referirse al proyecto en discusión.
El señor HENRÍQUEZ ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Muchas gracias, señor Presidente.
No diré nada más sobre estas cosas ahora, porque se pueden ver en las sesiones televisadas de la Cámara de Diputados; si se revisan, se puede corroborar lo que acabo de afirmar.
Este proyecto, que tiene como objetivo fundamental apoyar la creación de empleos en el sector de la construcción, está inserto en el paquete que contiene otras medidas, como el aumento del número de subsidios, el programa especial para trabajadores, el otorgamiento de plazos de gracia para el pago de los dividendos a los deudores del Ministerio de la Vivienda que hayan perdidos sus empleos, el aumento de los programas de pavimentación participativa; en fin, proyectos que tienden a favorecer a quienes hoy día tienen más complicaciones.
Se ha dicho aquí que las personas que ganan 3 millones de pesos, usando la técnica establecida en el proyecto, podrán descontar, cada mes, más de 100 mil pesos de sus dividendos. Eso es verdad, es absolutamente cierto; pero nadie ha dicho que esas personas pagan 700 u 800 mil pesos de impuesto; por lo tanto, se está descontando una octava parte de tales tributos. Para la persona que gana 400 mil pesos, y se le descontarán 6 ó 7 mil pesos de impuesto, esa proporción es el 80 ó el 90 por ciento de todos los impuestos que ella paga.
Este proyecto tiene que ver con una rebaja tributaria. No es otra cosa. Estamos hablando de un proyecto diseñado para que aquellos que ganan menos, tengan un descuento, en porcentaje, de los impuestos que pagan, muchísimo mayor de los que ganan más.
Por lo demás, como se ha explicado aquí, en general, las personas que más ingresos reciben, que están en las tasas marginales del 45 por ciento, son, en general, las que adquieren vivienda, acciones, que tienen participación en negocios, etcétera, como a algunos de los diputados que han hecho uso de la palabra les consta, por la vía de constitución de sociedades y no por la vía personal, justamente, para evitarse estos tramos tributarios.
Quiero mencionar los beneficios adicionales que consigna el proyecto.
En primer lugar, es compatible con todos los subsidios que el Estado entrega, es decir, la persona que gana menos, pero que paga impuestos, además de tener esta rebaja tributaria, mantiene todos los beneficios por la vía del subsidio que entrega el Estado, en especial mediante los programas de subsidio unificado y el de renovación urbana. De modo que estamos ampliando la cantidad de subsidios y de recursos que la gente recibe.
El beneficio también es decreciente, porque tiene el objetivo de generar empleos lo antes posible. ¿Qué más social que un proyecto que lo único que quiere es que mucha gente vuelva a tener empleo a la brevedad posible?
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil para plantear un punto de Reglamento.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , por respeto a la Cámara de Diputados y a todos los diputados presentes, quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El artículo 90 de nuestro Reglamento establece:
“Un diputado o Ministro incurre, durante el curso de la sesión, en falta al orden si:
“5º Faltare el respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los Ministros con acciones o palabras descomedidas, o con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes”.
Los diputados, en uso de su responsabilidad constitucional, de la responsabilidad que les han conferido sus electores, cumplen sus funciones legislativas en conciencia.
El ministro debiera recordar que es un ministro de Estado, no el de la Concertación; es el ministro de la República de Chile. No se pueden aceptar las imputaciones que él ha hecho, atribuyendo mala fe a los planteamientos, a las indicaciones formuladas por algunos diputados.
Señor Presidente, le ruego que informe al ministro, no ya por cuestiones de educación, que parece que no tiene caso plantearlas, sino por cuestiones de Reglamento; que lea, que se informe y que use de la palabra en los términos que le corresponden como representante del Ejecutivo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Cerrado el debate.
Insisto en que los diputados que estaban inscritos y que no alcanzaron a hacer uso de la palabra -los diputados José Miguel Ortiz, José García, Claudio Alvarado, Rosa González, Julio Dittborn, Rodrigo Álvarez, Nelson Ávila, Eugenio Tuma, Leopoldo Sánchez, Enrique Jaramillo y Felipe Letelier-, pueden insertar sus discursos en la medida en que así lo estimen.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez para plantear un punto de Reglamento.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , el diputado señor Cardemil ha solicitado un pronunciamiento de su Señoría y está esperando que le conteste.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay pronunciamiento, señor diputado.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
Ya se ha cerrado el debate sobre este proyecto.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MONTES (Presidente).-
Diputado señor Cardemil, ya le concedí la palabra como punto de Reglamento.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
Le hemos hecho ver al Ministro que se refiera, en su momento, a la materia en discusión.
Un señor DIPUTADO .-
¡Amonéstelo, señor Presidente!
El señor MONTES ( Presidente ).-
No me corresponde llamarle la atención sobre temas políticos.
Un señor DIPUTADO.- ¡Lea el Reglamento!
El señor MONTES ( Presidente ).-
Lo leí; lo tengo aquí, señor diputado .
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES ( Presidente ).-
El señor Ministro ha emitido juicios políticos. No he registrado ningún insulto a ningún diputado presente. Él ha hecho una interpretación política; por lo tanto, fue más allá de lo normal, dentro de las opiniones de los ministros.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación en general el proyecto que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al DFL Nº 2, de 1959.
-Durante la votación:
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
¿Cómo se va a votar el proyecto?
El señor MONTES (Presidente).-
Primero, en general, y después, en particular.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONTES ( Presidente ).-
Quedan aprobados todos los artículos que no tienen indicaciones, con excepción del 2º.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , le hice una consulta y su Señoría ha contestado, a mi juicio, de una manera equívoca, lo que genera confusión.
Le pregunté cómo íbamos a votar, y su Señoría dijo, en general, y después cada uno de los artículos.
El señor MONTES (Presidente).-
No dije cada uno de los artículos; pero si el señor diputado quiere, se vota de esa manera.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Exacto. Eso es lo que estoy pidiendo.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Sólo tiene indicaciones el artículo 2º, y el procedimiento habitual es que, reglamentariamente, los artículos sin indicaciones se den por aprobados.
En votación el artículo 1º del proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 15 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en particular el artículo 1º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
En votación el artículo 2º con las indicaciones de Hacienda y la del Ejecutivo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, un voto. Hubo una abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado el artículo 2º con las indicaciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONTES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, el resto de los artículos se votarán en conjunto por no haber sido objeto de indicaciones.
Acordado.
En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobados.
Despachado en general y en particular el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 2º con las indicaciones de la Comisión de Hacienda. Pero antes el señor Secretario dará lectura a una indicación del Ejecutivo, que ha llegado a la Mesa.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación de su Excelencia el Presidente de la República es para agregar una frase a la ya formulada en el seno de la Comisión de Hacienda, en que se aprobó, a continuación del punto aparte (.) del artículo 2º, agregar la siguiente frase: “Para el caso de los adquirentes a través del sistema de cooperativas de viviendas, podrá entenderse que la obligación se contrae en la fecha en que la cooperativa suscribe la escritura de mutuo hipotecario de construcción”. Y la nueva indicación agrega: “Siempre que el adquirente tenga la calidad de cooperado a la fecha de suscripción del mutuo por parte de la cooperativa”
.
El señor MONTES ( Presidente ).-
¿Habría unanimidad para votar la indicación del Ejecutivo en conjunto con las de Hacienda?
Acordado.
MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE AFECTA LA IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES ACOGIDOS A FRANQUICIAS ESPECIALES. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley que modifica el régimen tributario que afecta la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales.
Tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , sólo para recordar que había pedido votación separada para el artículo 4º, letra a).
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el conjunto de los artículos con excepción de la letra a) del artículo 4º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación la letra a) del artículo 4º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo dos abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada la letra a) del artículo 4º.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
^@#@
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Díaz y
MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE VENTA DE FERTILIZANTES A GRANEL. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, corresponde votar el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.557, de 1980, en materia de venta de fertilizantes a granel.
No tiene indicaciones, pero corresponde votarlo en general.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general y en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
El proyecto de acuerdo Nº 263, de los diputados señores Tuma, Sánchez, Errázuriz, Velasco, Letelier, don Felipe; Encina, Hales, Prokurica y Longton, que se refiere a tarifas telefónicas, ha sido retirado por sus autores.
LIBERACIÓN DE JUDÍOS ARRESTADOS POR INFUNDADOS CARGOS DE ESPIONAJE.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 265, de los diputados señores Valenzuela, Bartolucci, Huenchumilla; diputada señora Pérez, doña Lily, y diputados señores Mesías, Letelier, don Juan Pablo; Jocelyn-Holt, Díaz, Correa y Jaramillo.
“Considerando:
1) Que el Gobierno de la República islámica de Irán ha arrestado entre febrero y marzo de este año, bajo infundados cargos de espionaje en favor de los Estados Unidos de América e Israel, a los miembros de la comunidad judía iraní, líderes religiosos, profesores y activistas comunitarios en su país, señores Farzad Kashi, Mohel y Shojetz (encargado de la circuncisión y de la matanza de animales según, la ley judía) y profesor de hebreo y judaísmo; Faramarz Kashi, profesor de hebreo y judaísmo; Dani Tefilin y Omid Tefilin, comerciantes de la ciudad de Shiraz; Javit Bet-Yacov, habitante de la ciudad de Shiraz; Asher Zad-Mehr, Mohel y Shojetz en la comunidad de Shiraz; Nasher Levi-Haim, miembro de la comunidad de Shiraz y trabajador de la Compañía de Electricidad de Irán; Farhad Seleh; Ramin Nemati; Navid Balazade; Nejat Berookhim, encargado del cementerio de Isfhahan; Shahrokh Paknahad, profesor de hebreo en la comunidad de Isfhahan, y Ramin Farzam, originario de Teherán.
2) Que existen serios temores en la comunidad internacional de que la detención de estos treces judíos obedece sólo a su creencia religiosa judía, lo que constituiría una flagrante violación de los derechos y libertades fundamentales consagrados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por las Naciones Unidas y consagrados por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que la República Islámica de Irán, como Estado parte, se ha obligado a respetar.
3) Que los trece judíos iraníes arrestados por el Gobierno de la República Islámica de Irán están expuestos, no obstante su inocencia en los cargos de espionaje, a ser condenados a la pena de muerte si se les hiciera comparecer ante un tribunal iraní, dada la extrema severidad de la ley penal iraní.
4) Que este grave riesgo para la vida de los arrestados ha motivado la protesta de los Gobiernos de la Unión Europea, de Francia, de la República Federal de Alemania, de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la acción solidaria de personalidades como la del Reverendo Jesse Jackson, todos los cuales han reclamado del Gobierno de la República Islámica de Irán la pronta liberación de estos trece judíos y el respeto de los derechos de todas las religiones y de las minorías étnicas.
Los diputados miembros del Grupo Interparlamentarios chileno-israelí,
Inspirados en el respeto de los derechos fundamentales que el derecho internacional ha consagrado para la protección de la persona humana y animados por los sentimientos de tolerancia religiosa que les anima, proponen a la honorable Cámara adoptar los acuerdos siguientes:
1) Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que dirija al Presidente del Gobierno de la República Islámica de Irán , Excelentísimo señor Mohammad Jatami, el mensaje de solidaridad del pueblo chileno con los trece judíos arrestados, cuya liberación reclama en resguardo de los derechos fundamentales de las personas y en defensa de la libertad religiosa de las minorías étnicas de todo el mundo.
2) Solicitar al Presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán , Excelentísimo señor Ali-Akbar Nateq Nuri, que interceda ante las autoridades del Gobierno de su país en favor de la pronta liberación de los trece judíos arrestados por infundados cargos de espionaje, en cumplimiento de los compromisos que su país ha contraído en virtud de su adhesión a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo está relacionado con la defensa de los derechos humanos y, en especial, con los sentimientos, muy importantes, de tolerancia religiosa.
Desgraciadamente, las guerras de carácter económico son graves; las de carácter político, quizás lo sean tanto más; pero de muy cruda realidad son las guerras de carácter religioso. La preocupación que planteo en el proyecto de acuerdo tiene que ver con esta última situación.
En efecto, en febrero y marzo de este año, el gobierno de la República Islámica de Irán arrestó a 13 personas por razones de carácter religioso. Son profesores, líderes religiosos que pertenecen a la religión judía. Por esta razón se ha ordenado su detención, siendo sometidos a una eventual pena de muerte por haber realizado acciones que, según ese gobierno, las caracteriza como de espionaje. En definitiva, se trata de un conflicto dirigido a restringir el ejercicio de la religión judía.
Plantea el proyecto de acuerdo una persona que no posee ninguna religión en especial, pero que está por la tolerancia religiosa, de manera que se practique cualquier credo en el mundo en forma libre, sin que sea restringida por la autoridad política del respectivo país.
Por esta razón, solicito aprobar el proyecto de acuerdo, con el objeto de solicitar al Presidente de la República Islámica de Irán como a la Asamblea Consultiva de ese país, la libertad de esos líderes de la religión judía, cuyas vidas se encuentran en peligro.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente, espero que el proyecto de acuerdo concite la unanimidad de esta Corporación.
Es muy pertinente, a la luz de los acontecimientos que hoy están ocurriendo en la República de Irán, en la cual hay un movimiento democrático muy significativo, que está pidiendo libertad de expresión, libertad de formación, protección a los derechos ciudadanos, ante recientes medidas del Gobierno de Irán, que han restringido los escasos derechos de información que tiene la ciudadanía de ese país.
Los considerandos del proyecto de acuerdo son muy decidores. La ciudadanía del mundo tiene una impresión adecuada cuando teme por la seguridad, por el debido proceso, por el respeto de los derechos de estos ciudadanos que, siendo iraníes, profesan la religión judía.
La libertad de religión y el ejercicio de ésta es un derecho universal y, por tanto, nuestra obligación no es sólo pedir su respeto, sino promoverlo. En ese sentido, es muy pertinente que esta Corporación, ojalá por la unanimidad de los parlamentarios, apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Por no haber quórum, se repite la votación.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL TRÁFICO DE DESECHOS O RESIDUOS TÓXICOS.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 267, de los señores García, don José ; García, don René Manuel...
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , se ha omitido la lectura del proyecto de acuerdo Nº 266.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se encuentra postergado por petición formulada por los diputados señores Girardi y Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
No he formulado esa petición.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En ese caso, se procederá a tratarlo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 266, de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Pérez, doña Lily, y Saa, doña Antonieta, y de los diputados señores Girardi, Navarro, Sánchez, Arratia, Acuña, Delmastro y Aguiló.
“Considerando:
1. Que en la mayoría de los países desarrollados el manejo y disposición de residuos tóxicos para la salud humana se encuentra regulado minuciosamente por sus legislaciones. Con lo cual, mantenerlos en depósitos resulta caro y las sanciones por el no cumplimiento de las normas que lo regulan son altas.
2. Que la Convención del Basilea prohíbe el tráfico transfronterizo de residuos tóxicos. No obstante la Convención, las empresas que producen estos residuos los están enviando a países subdesarrollados bajo el subterfugio de que son residuos reciclables y reutilizables.
3. Que a nivel mundial circulan publicaciones de empresas que ofrecen terrenos en países subdesarrollados para el depósito de desechos tóxicos. En una de estas publicaciones, editada por un organismo denominado “Pacific Chemicals Engineering, ltd.” se ofrecen terrenos en el desierto de Atacama, en Chile, para depositar estas sustancias altamente tóxicas para la salud y el medio ambiente, a valores inferiores a los que saldría tratar y almacenar estas sustancias con las exigencias legales de seguridad que se exigen en los países de origen.
4. Que en nuestro país existe insuficiencia normativa en materia de tratamiento de residuos tóxicos y es el Ministerio de Salud el organismo, por disposición expresa del Código Sanitario, encargado de determinar cuándo un residuo es o no peligroso para la salud y permitir o no su ingreso al país.
5. Que el carbón de petróleo, también denominado Pet Coke, ha sido declarado por el Ministerio de Salud como residuo peligroso para la salud. No obstante ello, durante los dos últimos años han ingresado ilegalmente al país más de 1.000.000 de toneladas de esta sustancia para su uso industrial. Tal es el caso de las importaciones realizadas por Edelnor en Mejillones, Electroandina en Tocopilla, Guacolda en Huasco, Polpaico en la Región Metropolitana y aparentemente Ventanas en la V Región. Todas ellas empresas que producen energía termoeléctrica y que ocupan el Pet Coke como combustible, el cual ha sido adquirido a las empresas que lo producen al precio simbólico de US$ 1 la tonelada.
6. A la importación ilegal del Pet Coke, debe agregarse el hecho de que su manipulación y acopio se ha realizado con clara infracción de las normas de los artículos 90 y siguientes del Código Sanitario (sobre sustancias tóxicas o peligrosas para la salud) y de la ley de bases del medio ambiente.
7. Que producto de lo anterior, el Ministerio de Salud a través de la Circular Nº 13, de 12 de abril de 1999, ha reiterado la prohibición de ingreso de Pet Coke, señalando entre otros considerandos que en este residuo “los contenidos de vanadio, níquel y azufre del material sometido a combustión pueden originar emisiones a la atmósfera y/o generación de cenizas que conduzcan a niveles de exposición inaceptables tanto para la población laboral como para la población general involucrada”.
Señala además que “Particularmente importante resulta en el análisis sanitario, lo referente al níquel, dado su potencial carcinogénico comprobado, lo que ha llevado a la Oficina Regional para Europa de la OMS a no establecer ningún límite de concentración segura para el níquel en el aire...”.
Conjuntamente con lo anterior, ha instruido a los directores de los Servicios de Salud del país, que se proceda a detener la utilización de estos productos y a instruir los respectivos sumarios sanitarios.
8. Que, paradojalmente a lo dictaminado por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), a través de oficio del 2 de junio de 1999, no teniendo atribución legal para hacerlo, les ha señalado a sus directores regionales que después de evaluar lo expresado por el Ministerio de Salud, ha llegado a la conclusión de que el coque de petróleo es “un producto” y su utilización debería ser regulada a través del control de emisiones y residuos generados por ello. Es decir, la Conama, no considera al Pet Coke como residuo y por lo mismo, no se debería controlar su ingreso al país, sino controlar sus emisiones una vez que esté siendo utilizado.
Por lo anterior, los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda formar una Comisión Investigadora del tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos para la salud humana que se está produciendo hacia Chile. Investigar también el cumplimiento de la normativa que protege a la población de estos residuos por parte de los diversos organismos públicos, y proponer normas que permitan un control más riguroso y seguro de la producción, importación, manejo, utilización y eliminación de estas sustancias”.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Arratia.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , un grupo de diputados ha presentado este proyecto de acuerdo, con el objeto de abordar la situación anómala que ha afectado, en los últimos años, especialmente a la zona norte. En efecto, en Arica se han internado alrededor de 19 mil toneladas de residuos, desechos industriales, con la excusa de que corresponderían a material para ser reciclado como materia prima. Esas medidas contravienen todas las normas establecidas en la Convención de Basilea, a la cual nuestro país lógicamente adhiere.
Hoy hemos visto, con mucha preocupación, cómo se han ingresado al país alrededor de un millón de toneladas de pet coke, residuo o desecho de petróleo que se pretende utilizar como materia prima en la generación de electricidad. Sin embargo, el pet coke es comercializado en el extranjero en un valor simbólico de un dólar, en contraste con el del carbón, que tiene un precio en el comercio internacional de alrededor de US$ 24, lo cual demuestra que este elemento es un desecho industrial y no una materia prima, y cuya manipulación está prohibida en todo el mundo.
Lo más grave de todo radica en que los productos y especialmente los subproductos que se producen y se volatilizan en el medio ambiente son fundamentalmente agentes cancerígenos.
Debido a esta situación y a la falencia de la normativa nacional, un grupo de diputados solicitamos un pronunciamiento claro a este respecto.
En abril, el Ministerio de Salud estableció que el pet coke es un desecho industrial y por eso no debe ser internado al país; y con fecha 9 de junio, en un documento oficial, la Conama determina que el pet coke es un producto y no un residuo.
Pensamos que una vez aclarada esta situación por el organismo competente -en este caso, el Ministerio de Salud- este tipo de situaciones no debiera seguir suscitándose y, por ello, solicitamos una comisión investigadora.
Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para radicar dicha investigación en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
No hay unanimidad para su solicitud, señor diputado .
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente, ratificando lo expresado por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, colega Rafael Arratia, diré que en la mayoría de los países desarrollados existe una normativa bastante estricta respecto de los residuos peligrosos, en particular sobre los tóxicos.
Se mencionó la Convención de Basilea, a la cual Chile está adscrito, pero agrava esta situación el hecho de que en este momento y a nivel internacional circulan ofertas que ofrecen parte del territorio de Chile, en particular el desierto de Atacama, como un gran basurero para residuos tóxicos mundiales, lo cual es extremadamente grave, aparte que en Chile hay una insuficiencia normativa brutal al respecto.
Más aún, el Ministerio de Salud hace tiempo que tiene retenido un reglamento sobre manejo de residuos peligrosos, que no ha podido sacar adelante por presiones de grupos económicos interesados en que no se dicte.
Por otra parte, recientemente se ha descubierto la internación ilegal de un millón de toneladas de pet coke, lo que, sin duda, es muy grave con la consiguiente polémica en Conama de si es residuo o producto, etcétera; y lo que significa el contenido de estas substancias peligrosas, en particular el pet coke, con contenido de vanadio, níquel y azufre. Está comprobado que el níquel tiene consecuencias tóxicas graves para la población humana, sobre todo por su capacidad cancerogenética.
Por todo lo anterior, hemos considerado pertinente conformar una línea de investigación especial, dada su gravedad, que involucra la necesidad urgente de tener una reglamentación clara que regule el manejo de residuos peligros y su tráfico en el país.
En ese sentido, reafirmo lo que dijo el colega Arratia, a fin de votar favorablemente la formación de una línea especial investigadora que radique, en lo posible, en la Comisión de Recursos Naturales.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra par hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
El proyecto queda pendiente para la próxima sesión por no haber quórum de votación.
IX. INCIDENTES
INEFICACIA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN COMBATE A LA POBREZA.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente, el combate a la pobreza es, sin duda, uno de los objetivos de todo gobierno.
No hay sector político ni coalición que no coloque entre sus objetivos combatir y disminuir la pobreza. Reconocemos que el Gobierno de la Concertación ha tenido entre sus anhelos reducir la pobreza en el país.
Por lo tanto, lo que está en entredicho es la eficacia, la eficiencia de las políticas, de los programas y de las autoridades de los gobiernos de la Concertación.
Tengo en mi poder, y, sin duda, también muchos diputados, los resultados de la séptima Encuesta de caracterización socioeconómica nacional, Casen 1998.
Este esfuerzo que realiza el Ministerio de Planificación Nacional con el fin de caracterizar la pobreza, tanto en las zonas urbanas como en las rurales para establecer con claridad las líneas de indigencia, nos señala que la Octava Región, en la cual se inserta el distrito que represento, tiene hoy un 42,3 por ciento de personas bajo la línea de pobreza, desglosada en 32,3 por ciento de pobres, que significa 604.700 personas, y un 10 por ciento de indigentes, que se traduce en 187.600 personas.
Si revisamos las cifras que arrojaba este mismo estudio de caracterización socioeconómica, Casen , para 1994, año en que se inició el Gobierno del Presidente Frei, vemos que en la Octava Región las personas bajo la línea de pobreza alcanzaban sólo un 40 por ciento. Es decir, en los cinco años que lleva este Gobierno de la Concertación, los pobres han aumentado significativamente, sustantivamente.
Eso demuestra que la ejecución de los programas y las autoridades a cargo de esas materias tienen un común denominador: la ineficiencia, la ineficacia y la ineptitud.
La Concertación en la Octava Región tiene un amplio apoyo. Maneja la intendencia, todas las secretarías ministeriales, el gobierno regional; tiene la mayoría de los alcaldes y de los parlamentarios, y el resultado, después de cinco años, es que en ella hay más pobres, más personas bajo la línea de pobreza, sufriendo las dificultades socioeconómicas que tal situación significa.
Sin duda, quienes han ocupado cargos públicos, tanto de designación del Presidente de la República como de elección popular y que han sustentado los programas, que han demostrado ineficiencia, ineptitud e ineficacia en el combate a la pobreza, deben responder. No es posible que un gobierno que ha contado con todos los recursos, tenga estos resultados.
Sin duda, las cifras de 1999 serán aun peores, porque reflejarán el efecto de la crisis económica de manera mucho más dramática y brutal. Por ende, este Gobierno de la Concertación se va a despedir, por lo menos en la Octava Región, con un aumento de personas que sufren la pobreza y la indigencia. Ahí, los recursos y los programas no han servido para nada.
Por lo tanto, esperamos que quienes han tenido responsabilidades públicas en esta Región, den la cara y expliquen las razones por las cuales hoy en ella los pobres son mucho más que en 1994.
He dicho.
PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente, sin duda, en el último tiempo el problema prioritario del país es la cesantía. En la discusión del proyecto que tratamos hoy en la tarde quedó claramente manifestado.
Para enfrentar el drama de la familia chilena, entre otros programas, el Gobierno ha planteado destinar algunos recursos a los gobiernos regionales para que, a través de las municipalidades, se financien proyectos que ellas propongan a aquél y que absorban mano de obra.
Hace ya varios meses que el señor intendente de la Décima Región anunció públicamente que se habían destinado 600 millones de pesos al gobierno regional para financiar proyectos de absorción de mano de obra presentados por las municipalidades. Varias han tomado conocimiento de que sus proyectos fueron aprobados. Sin embargo, han pasado dos meses desde estos anuncios y no pueden iniciarlos, porque no tienen ninguna información de cuándo van a distribuirse esos recursos.
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor intendente de la Décima Región, para que informe acerca de la nómina completa de los proyectos aprobados a cada una de las municipalidades de la Décima Región y que dicen relación con programas de absorción de mano de obra, y cuándo se podrán materializar. Al respecto, debo señalar que el fin de semana, en dos comunas de mi distrito, Fresia y Puerto Varas, me tocó compartir con una cantidad importante de personas cesantes, y todas tienen esperanzas y expectativas en estos proyectos que presentó la municipalidad. Sin embargo, no han recibido ninguna respuesta y están viviendo una situación muy angustiosa.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SEGURO ESCOLAR PARA EDUCANDOS ADULTOS. Oficio.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor ministro de Educación para que informe respecto de un programa que me parece que ha sido muy exitoso: el de incentivos a la educación para adultos, que hoy es una realidad. En los sectores rurales vemos que asisten a las escuelas campesinos y gente adulta para recibir educación básica y media.
La consulta específica es si los adultos que asisten a dichos programas de educación están cubiertos por el seguro de accidentes escolares al que tienen acceso todos los alumnos de la enseñanza regular, porque son muchos los adultos que, dadas las condiciones en que se desplazan, han sufrido accidentes tanto a la ida como al regreso de clases.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
BANDAS DE PRECIO Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, OMC. Oficio.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente, se ha conocido públicamente el problema suscitado en el sector agrícola respecto de que las bandas de precio están fuera del cumplimiento de los acuerdos que Chile asumió en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y que en la actualidad sobrepasan el 31,5 por ciento, que es el arancel promedio acordado por el Gobierno de Chile y ese organismo.
Se sabe que el Gobierno está haciendo algunas gestiones -y que se ha comprometido a realizar-, cual es el denominado Waiver, que es la tramitación ante la OMC para permitir que estos productos que están cubiertos por bandas de precio, como el caso del trigo, del azúcar y de las oleaginosas, pudiesen sobrepasar, por un tiempo al menos, esta sobretasa del 31,5 por ciento.
Hemos sabido, a través de la prensa, que, al parecer, no ha sido muy favorable la acogida de las gestiones del Gobierno ante la OMC.
Por tanto, solicito que se oficie al señor ministro de Agricultura para que informe acerca de las gestiones que han realizado ante la OMC los funcionarios a los que se les ha encomendado esta tarea -entre ellos, el Director de Odepa -, y de sus resultados, para tranquilidad de los agricultores, particularmente de las regiones del sur, donde la base de su producción hoy día está protegida por el sistema de bandas de precio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
AUMENTO DEL TIPO DE CAMBIO. Oficio.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente, ayer conocimos un importante informe del Foro Económico Mundial, que califica a las naciones de acuerdo a su competitividad. Lamentablemente, comprobamos que nuestro país en los últimos años ha ido perdiendo sistemáticamente lugares en ese ranking y, por lo tanto, competitividad.
Ayer el ministro de Economía, el señor Jorge Leiva, frente a estas cifras reconoció que la permanente pérdida de valor del tipo de cambio en los últimos años es un elemento importante y responsable de la pérdida de competitividad de nuestra economía.
Por lo anterior, los productos tradicionales más importantes que se obtienen en la zona agrícola del sur del país, que sustituyen importaciones, se han visto seriamente afectados en los últimos años debido a una fuerte caída en los precios, lo que si bien obedece a una fuerte disminución en los precios internacionales, no es menos cierto que una protección importante para el sector agrícola tradicional y para el sector lechero, es la de un tipo de cambio real.
El tipo de cambio puede tener un valor mayor que el actual, pero la intervención sistemática del Banco Central para controlar el alza de la divisa ha perjudicado en forma muy directa a los sectores de la agricultura tradicional.
Por lo anterior, solicitamos al Banco Central que permita la fluctuación del dólar, para que el tipo de cambio se incremente y así nuestro país pueda recuperar sus niveles de competitividad y el sector agrícola obtenga precios aceptables para sus principales productos.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Osvaldo Palma, Caminondo, Delmastro y Alessandri.
EXTENSIÓN DE CALIDAD DE FUNCIONARIOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LOS JUECES DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el turno del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente, nuestra administración de justicia se encuentra sometida a un proceso de cambios nunca antes visto en la historia institucional de la República. Los reclamos que hacen los ciudadanos para lograr un más fácil acceso a la tutela jurisdiccional, a una mejor calidad de administración de justicia y a normas procedimentales más eficientes, han calado hondo en el último tiempo en el Gobierno y también en toda la cultura jurídica nacional.
Sin embargo, una de las áreas fundamentales que aún no ha sido objeto de propuestas de renovación y cambio es la de la administración de justicia en el nivel local, a cargo de la judicatura especializada de los juzgados de policía local.
El conflicto que se encuentra en el cotidiano de la gente va a dar necesariamente a este subsistema de la administración de justicia, autónomo, dependiente administrativamente de los municipios, aunque sujeto a la tutela disciplinaria y correccional de los tribunales ordinarios de justicia.
He palpado en la gente y en los profesionales vinculados a esta área del quehacer jurídico la sentida demanda de que los jueces de policía local, jueces letrados y que en su mayor parte ejercen sus tareas luchando a diario contra la escasez de medios humanos y materiales, en una abnegada labor, puedan, de una vez por todas, profesionalizarse aún más, dedicándose exclusivamente a la función jurisdiccional y dejar de lado el ejercicio libre de la profesión. Si queremos jueces de policía local que respondan eficiente e imparcialmente en sus altas funciones, debemos tenerlos dedicados exclusivamente a esa tarea, y el Estado tendrá que asumir los costos económicos que ello supone.
Es particularmente delicado el caso de algunos magistrados que, como el señor juez de policía local de Casablanca , tan polémico y controvertido, y que ha hecho noticia en estos últimos días, sea además un alto oficial de justicia en servicio activo, en circunstancias que el 99 por ciento de su trabajo diario dice relación con fallar causas en que funcionarios policiales, formalmente subalternos, le denuncian hechos de que toman conocimiento y muchas veces se inician contenciosos entre los particulares y los propios funcionarios policiales.
Este caso que hago presente es un extremo, pero hay otros, como el de algunos jueces de policía local que son socios de estudios jurídicos dedicados a la recuperación de seguros por accidentes del tránsito. En estos casos no basta con que se inhabiliten cuando sus colegas de estudio litigan en su tribunal, pues, pese a ello, la independencia se ve seriamente lesionada.
Por estas razones y para ilustrar más esta situación, pido que se oficie, en mi nombre, a la señora ministra de Justicia y al señor presidente de la Corte Suprema, a fin de solicitarles su opinión sobre estas situaciones, particularmente sobre la viabilidad y conveniencia de transformar a los jueces de policía local en funcionarios de exclusiva dedicación a la judicatura, aunque no dependientes del Poder Judicial .
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Muñoz, Juan Pablo Letelier, Jaramillo, Jarpa, Velasco, Gutiérrez, de las diputadas señoras Lily Pérez y Eliana Caraball, de los diputados señores Patricio Cornejo, Alessandri y de quien habla.
CINCUENTENARIO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA Y LECHERA DE LA UNIÓN LIMITADA, COLÚN. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, hace algunos días la ciudad de La Unión y, por qué no decirlo, parte del sur agrícola, donde se encuentra Río Bueno, Paillaco, Futrono, Los Lagos, ha estado de fiesta. Una de las empresas regionales más exitosas, una de las que mayores aportes hace al progreso y a la economía nacional, cumple medio siglo de vida. Se trata de Colún, la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada.
La historia de esta empresa se entronca con otras historias de esfuerzo mancomunado, sentido progresista, generosidad, visión de futuro e identidad con la tierra que acogió a este grupo de productores e industriales de origen alemán, que sufría aún los efectos de una guerra que ya había quedado atrás y que nadie quería recordar.
Así se inició este desafío con el progreso regional. Un industrial y productor lechero, que se había radicado inicialmente en la Quinta Región, don Francisco Hoch Sauter, llegó luego a la Décima, específicamente a la ciudad de La Unión. Él había iniciado conversaciones con algunos productores de la región para desarrollar un proyecto lechero, puesto que tenía ya una pequeña industria láctea que no había desarrollado mayormente en la zona de Valparaíso. Fue así que llevó esas maquinarias a La Unión y, en conjunto con unos vecinos progresistas, como don Juan Fischer Hering, gerente general de la Sociedad Industrial Teófilo Grob; don Enrique Larre Duhalde, don Luis Roberts, en fin, tantos otros a quienes habría que nombrar, pusieron en marcha esta empresa que tanto ha aportado en este medio siglo a la región y al país y, especialmente, a su ciudad, La Unión.
Es posible que ellos ni imaginaran lo que más tarde llegaría a ser esta cooperativa, la más grande de Chile, y, como planta individual, la mayor receptora de leche del país. A los más de 800 cooperados hay que incorporar otros lecheros pequeños que se agregan en algunos centros de acopio y que suman en total unos 1.100 productores altamente beneficiados por los precios que les ofrece la cooperativa, sobre todo cuando el sector agrícola en su conjunto sufre grave deterioro.
Quiero destacar la enorme trascendencia que tiene este esfuerzo regional para el país. Como ciudadano de esa zona, tengo el propósito de continuar con esa tremenda visión de progreso, puesto que todo lo que se ha logrado ha resultado altamente beneficioso para el país y para el mundo agrícola, porque la protección que tienen hoy quienes viven de la agricultura es mínima; pero sí la tienen quienes disfrutan de una unidad y organización como la que posee esta cooperativa, quienes seguirán recibiendo bienes de distinta naturaleza, incluidos el del beneficio económico y el de la seguridad. Por ello, es posible aún abrigar esperanzas de que pueden venir días aun mejores para el país, y que con ejemplos como el de esta cooperativa, Colún, con su organización y unidad de que ya hemos hablado, se puedan crear nuevas cooperativas de parecidas o similares características. Está demostrado que empresas como la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Limitada pueden ser tan importantes y rentables como cualquier sociedad anónima eficiente.
Solicito transmitir este homenaje al Consejo de Cooperativa Colún Limitada, a sus directivos, funcionarios y, de manera muy especial, a doña Olga Boettcher, primera gobernadora de Sudamérica, y a los señores René Bustos Hutt, René Duhalde Heufemann, Ernesto Gantz Mann y Teófilo Grob -cooperados fundadores-, en esta fecha tan significativa para la economía del país y para miles de personas de la próspera comuna de La Unión y de sus alrededores.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Socialista y del Partido Radical Social Demócrata.
REANUDACIÓN DE VUELOS COMERCIALES A LAS ISLAS MALVINAS. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente, desde el 10 de abril pasado nuestro país ha suspendido los vuelos a las islas Malvinas o Falkland.
Tal situación, entendida originalmente como una muestra de malestar por la detención del ex comandante en jefe del Ejército en Londres , se reveló posteriormente más como una manifestación de solidaridad de nuestro país, en conjunto con el Mercosur, con la pretensión argentina de restablecer vínculos con las islas a través de vuelos directos y del libre acceso de sus ciudadanos a éstas, que como una presión por el caso Pinochet.
La medida, prorrogada recientemente por 180 días a contar del 10 de julio, fue criticada desde un comienzo por vastos sectores de la ciudadanía magallánica, que la percibió negativa, por cuanto coartaba injustamente una creciente fuente de ingresos y de comercio.
La falta de una explicación convincente no contribuyó a clarificar las cosas y aumentó la perplejidad de empresarios locales, de la propia administración isleña e, incluso, de esta Corporación que, a través de un oficio suscrito por parlamentarios de diversas bancadas, solicitó su revisión a la Cancillería.
El comercio de insumos que periódicamente se realizaba desde Punta Arenas y el transporte aéreo de chilenos que laboran en las islas Malvinas o Falkland, fundamentalmente en el sector pesquero, fue interrumpido, con el consiguiente perjuicio económico que se estimó en una cifra cercana a los seis millones de dólares.
El daño para el transporte de los chilenos es también evidente, cuestión que tuvo su punto culminante en la situación de un compatriota accidentado, cuyo traslado resultó extremadamente complejo y angustioso.
Pues bien, la prensa internacional recoge hoy el acuerdo alcanzado por los Cancilleres Cook y Di Tella para reanudar las relaciones comerciales de la nación transandina con esas islas y, principalmente, el levantamiento de la prohibición a los ciudadanos del vecino país para acceder a ellas, que se prolongaba desde el conflicto de 1982.
Por eso, cumplido el objetivo solidario que animaba a nuestra nación, debe revisarse la medida chilena de suspensión de los vuelos, permitiendo su reanudación, sea por DAP, una línea aérea regional, u otra, con el objeto de reabrir esa incipiente ruta comercial y permitir el tránsito expedito de los chilenos.
Los meses transcurridos han revelado, casi indubitadamente, que la supuesta motivación inicial de la suspensión de los vuelos atribuida al caso Pinochet, no sólo era especulativa, sino completamente ineficaz, traduciéndose en un perjuicio para nuestro país y, principalmente, para Magallanes .
Por lo anterior, culminadas favorablemente las negociaciones entre el vecino país y el Reino Unido, resulta indispensable que nuestras autoridades levanten la prohibición existente en el más breve plazo, para evitar que el comercio que se desarrolla desde Punta Arenas, sea asumido por naciones vecinas.
Para ello solicito que se oficie en mi nombre al señor Juan Gabriel Valdés, Ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que la Cancillería disponga la derogación de la norma administrativa pertinente.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Sánchez, Jaramillo, Velasco, señora Eliana Caraball, señores Núñez, Patricio Cornejo, Gutiérrez y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE COBROS POR CORTES Y REPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, el decreto Nº 660, de agosto de 1996, del Ministerio de Economía, fijó las fórmulas tarifarias del agua potable y alcantarillado de la Empresa Sanitaria de la Sexta Región, Essel.
En su numeral 2.12 se señala el procedimiento de cobro por concepto de corte y reposición del suministro de agua potable a los usuarios morosos y se establece que hay tres instancias de cortes. La primera es el corte y reposición normal en llaves de paso; la segunda, retiro de piezas, y la tercera, corte y reposición de cañería matriz, con tarifas en relación a cada tipo de corte.
Ocurre que a las familias humildes se les han cobrado cortes de segunda instancia y no se ha respetado el decreto tarifario de corte en primera instancia, y me gustaría saber por qué.
Por eso, solicito que el señor Superintendente de Servicios Sanitarios informe:
1) Sobre la licitación efectuada por la empresa a terceros para ejecutar las actividades de corte y reposición, indicando si en dicha licitación están incluidos los tres tipos de corte.
2) Respecto de 1998 y 1999, el número de oportunidades en que se han cobrado los valores de la primera, segunda y tercera instancia, y si en alguna ocasión se ha omitido el corte de primera instancia.
3) Sobre la base de lo indicado, que se remita el listado desglosado del número de clientes o servicios, dirección, localidad, tipo de corte efectuado, fecha de ejecución y valor cobrado por esa instancia.
Por último, pido que informe respecto de las medidas adoptadas por la Empresa para regularizar determinadas situaciones relacionadas con la materia.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Muñoz, Jaramillo, Núñez, señora Eliana Caraball, señores Velasco, Gutiérrez, Ortiz y el que habla.
CONTAMINACIÓN DEL RÍO CACHAPOAL. Oficios.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en seguida me voy a referir a la contaminación del río Cachapoal, que se produce por el vaciamiento de las aguas servidas de la ciudad de Rancagua y de otras comunas al estero La Cadena, que a su vez desemboca en dicho cauce fluvial.
Este hecho conlleva que los regantes de las comunas de Coínco, Doñihue y Lo Miranda estén sufriendo una contaminación brutal y el sector esté expuesto a ser declarado zona de emergencia agrícola, lo que limita el uso de las tierras y los rendimientos de los suelos.
En consecuencia, solicito enviar los siguientes oficios.
1º Al Ministerio de Agricultura, para que destine recursos extraordinarios en la construcción de tres pozos profundos o dé otra solución técnica que permita mitigar el daño patrimonial que la contaminación ocasiona a cientos de agricultores.
2º Al Superintendente de Servicios Sanitarios, para que informe la responsabilidad que le compete a Essel en el daño causado a los regantes que están aguas abajo del punto donde el estero La Cadena vacía al río Cachapoal las aguas servidas de la ciudad de Rancagua y otras comunas.
3º Al Ministro del Interior y al Intendente de la Sexta Región, para que informen de las medidas que se tomarán para enfrentar la situación descrita.
4º Al Ministro de Salud , para que informe si las aguas del estero La Cadena que están siendo vertidas al Cachapoal y que son captadas para riego en las comunas de Coínco, Doñihue y Lo Miranda están fuera de norma. De ser así, cuáles son las medidas que se tomarán contra los responsables.
5º A la Conama, para que informe si, de acuerdo con la ley de bases del Medio Ambiente y a las demás normas vigentes, hay:
a) Responsabilidad de Essel en la contaminación de las aguas de riego.
b) Responsabilidad de las autoridades que, teniendo conocimiento de esta situación, no han actuado.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA EN SECTOR SUR DE SANTIAGO. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señorita CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, en Incidentes de la sesión del 10 de marzo de 1999 solicité oficiar a los ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para que informaran sobre la construcción de colectores de aguas lluvia entre los paraderos 18 y 40 de la Gran Avenida y la avenida Américo Vespucio, entre la Carretera Panamericana y Santa Rosa.
El oficio fue respondido el 5 de mayo por el ministro de Obras Públicas a través de un informe del Director General de Obras Públicas , quien, de manera muy genérica, me contestó que están desarrollando un proyecto denominado “Actualización estudio plan maestro de aguas lluvia del Gran Santiago, sector Gran Avenida”, el que se encuentra en proceso de revisión. Aclaró que solamente está enmarcado entre los paraderos 33, límite norte del área, y 39 -avenida Lo Blanco- como límite sur. El deslinde poniente del área está en la avenida Santa Rosa y el oriente, en la Gran Avenida, quedando fuera un sector muy importante de esa vía.
Así me lo hace presente el presidente de la Junta de Vecinos Aviación, de la unidad vecinal Nº 19, don Juvenal León Carrasco, quien señala que entre los paraderos 28 y 30 de la Gran Avenida existen entre ocho y diez pozos ciegos para absorber las aguas lluvia, que no conducen a ninguna parte y sólo acumulan el agua y, por supuesto, acarrean graves trastornos a los vecinos y a la circulación de todos los vehículos, con los inconvenientes del caso.
Entiendo que el estudio de los colectores de aguas lluvia demore algún tiempo, pero el problema lo viene sufriendo el sector de la Gran Avenida desde no sé cuántos años, y puedo asegurar que, por lo menos, en los últimos 20 años no ha habido ningún tipo de actuación del Ejecutivo en este asunto.
Sin duda, esto es importante, y la ley Nº 19.525 -cuya tramitación demoró mucho tiempo en el Congreso, al menos, tres años en el Senado- versa sobre la materia.
Según me informa don Eduardo Bartolin, Director Nacional de Obras Públicas, está realizando el plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvia de Santiago, el cual, en una etapa más avanzada, definirá las soluciones de drenaje necesario de la Región Metropolitana y, por supuesto, las particulares en el área referida en el oficio que envié, para lo cual deberá considerar todos los proyectos anteriores relacionados con ella.
Este decepcionante oficio señala, por último, que el plan maestro, de acuerdo con la ley Nº 19.525, concluirá definiendo la red primaria que será de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.
Lo que queremos son fechas, saber cuándo se preocuparán de un problema que realmente es invivible para todos esos vecinos que ya tienen sus buenos años: poder transitar cuando cae más de un milímetro de agua de lluvia. El otro día, cuando hubo 1.1 milímetros, no se podía circular por la Gran Avenida. El propio señor ministro de Vivienda me dijo que el domingo pasado, cuando llovió harto más que eso, le fue imposible transitar por Santa Rosa, porque es increíble la cantidad de agua que ahí se junta.
Entonces, debido a que por error no lo hizo en su oportunidad la Cámara, pido que se oficie al ministro de Vivienda -responsable del proyecto, según el director general de Obras Públicas, puesto que el mejoramiento vial de esa arteria, Gran Avenida, se encuentra a cargo del Serviu- para que el director de ese servicio informe sobre el programa para afrontar el problema de la evacuación de aguas lluvias de la Gran Avenida, entre los paraderos 18 y 40; de la avenida Santa Rosa, entre los mismos paraderos, y también en Américo Vespucio, entre la Panamericana y Santa Rosa. Ello, en consideración a que, como digo, ha quedado bastante olvidado de la mano de Dios todo ese antiguo sector de clase media, que hace mucho esfuerzo por mejorar su calidad de vida, lo cual no ha encontrado eco en las autoridades correspondientes.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Homero Gutiérrez, Sergio Velasco, Juan Ramón Núñez, Juan Pablo Letelier, Osvaldo Palma, Gustavo Alessandri y el Vicepresidente que les habla.
COMPLEMENTACIÓN DE FONDOS PARA MEJORAR CANCHA DE FÚTBOL EN COMUNA DE EL BOSQUE. Oficio.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Por último, señor Presidente, quiero hacer referencia a otro oficio enviado a la Digeder respecto de un contrato de construcción de la cancha de fútbol de la población “4 de septiembre”, de la comuna El Bosque, Región Metropolitana.
El sábado pasado tuvimos una muy buena reunión con doña Margarita Ruz, presidenta de la muy progresista junta de vecinos, y vimos en terreno el trabajo que ahí se hizo.
Efectivamente, la Digeder, a iniciativa de la Dirección Regional Sur, invirtió seis millones de pesos, pero, por desgracia, el programa correspondiente a esa cancha no se completó en su totalidad, porque a la Digeder le recortaron los recursos, y el marco presupuestario de 11 millones de pesos hubo que reducirlo a la cantidad antes mencionada. En resumidas cuentas, el trabajo fue mucho más restringido, por lo cual, en la práctica, esos seis millones de pesos se han perdido, porque en la cancha se levanta una polvareda cada vez que corre viento; no digo que cuando juegan, porque los vecinos se oponen a ello debido a que sus casas se llenan de tierra.
Quiero destacar la labor que está cumpliendo esa junta de vecinos para lograr la solución de ese problema. Por eso pido dirigir otro oficio a la Digeder, en el sentido de que, si es posible, complemente los fondos ya invertidos, de manera que no se pierdan definitivamente, a fin de mejorar la carpeta de la cancha, para que no se destruya, como está ocurriendo.
El director, don Julio Riutort, en su respuesta me hace presente que en ningún momento se ha considerado el empastado de esa cancha, cuyo valor excedería los 20 millones de pesos con el drenaje respectivo. Además, el costo de mantención no podrían sustentarlo los usuarios.
Ayer, en la Comisión de Seguridad Ciudadana veíamos cuán importantes son las áreas verdes y sobre todo el mantenimiento de las canchas y lugares donde la gente tiene un pequeño esparcimiento. Creo que el Estado debe hacer un mayor esfuerzo, no sólo para construir canchas y crear áreas verdes, sino también para su mantención.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Homero Gutiérrez, Sergio Velasco, Juan Ramón Núñez, Juan Pablo Letelier, Osvaldo Palma, Gustavo Alessandri y del Vicepresidente que les habla.
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE REACTIVACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. Oficio.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente, hoy, 14 de julio, día de la Revolución francesa, sobre la base de tres grandes conceptos y valores universales: igualdad, fraternidad y libertad, los dos puertos principales y todos los organismos vivos de la Quinta Región paralizan sus labores, sumándose a los trabajadores marítimos portuarios.
San Antonio, el principal puerto de Chile, rechaza el sistema monooperador que, a no dudarlo, traerá más cesantía a los trabajadores y hogares de este importante sector laboral.
Esta Cámara, en sesión especial, votó por unanimidad una moción por la cual se solicita al señor Presidente de la República que postergue la licitación establecida en la llamada “ley de modernización”, que yo francamente denomino “ley sobre privatización de los puertos chilenos”.
Todas las actividades que se desarrollan en el puerto de San Antonio, que me honro en representar en esta Corporación, fueron suspendidas a las 12 horas y, en una movilización absolutamente organizada y pacífica, que nos llena de orgullo, más de 2 mil trabajadores marítimo-portuarios reclamaron ante el temor y el fantasma de que su sector laboral quede el día de mañana en la más absoluta indefensión respecto de su fuente laboral.
Los parlamentarios portuarios le hemos señalado al ministro de Transportes , señor Claudio Hohmann , que si él afirma que el sistema monooperador, fracasado en otros países, no traerá cesantía, concrete con los trabajadores un acuerdo que permita la solución de sus problemas si el día de mañana quedan sin trabajo.
Por eso, la Ilustre Municipalidad de San Antonio, su alcaldesa, sus concejales, los parlamentarios del distrito, los trabajadores y los organismos vivos de la comunidad se reunieron para entregar, como acuerdo, una declaración pública que me voy a permitir exponer.
“El Concejo Municipal, en su sesión ordinaria del 12 de julio de 1999, analizó la inquietud ciudadana por la difícil situación que atraviesa nuestra comuna, que se traduce en un alto porcentaje de cesantía y, por ende, con claras dificultades en sus actividades productivas.
“Esta situación es contradictoria con nuestro rol de ser el primer puerto de Chile gracias a los trabajadores y, sin duda, hay que reconocerlo, a las inversiones de los gobiernos del ex Presidente Aylwin y de Frei, en materia de reconstrucción del puerto, después del 3 de marzo de 1985, en que quedara total y absolutamente destruido. Por supuesto, es el puerto que aporta más carga y divisas al país. Sin embargo, las autoridades central y regional no le han dado la debida importancia y no han propuesto un plan de reactivación, como lo han formulado en otros puertos”.
En esto quiero ser categórico. Aquí no se trata de hacer ofertones a Valparaíso, dejando de lado al puerto de San Antonio ; por lo tanto, queremos denunciar las maniobras que se están ejecutando para dividir a los trabajadores frente a sus legítimas demandas.
“Este Concejo encuentra legítimas las acciones ciudadanas al manifestar su preocupación por la realidad social que nos afecta. Por esto exigiremos una serie de proyectos -que a continuación detallamos- como una forma de ejecutar, en el brevísimo plazo, obras públicas que generen empleo en nuestra ciudad, partiendo por reiterar la solicitud al señor ministro de Transportes de postergar la licitación, en términos de que la aplicación del sistema monooperador quede sujeto a la facultad exclusiva del Presidente de la República ”.
Dichas obras son las siguientes:
“Ejecución de la solución integral del nudo vial “Acceso al puerto”, donde deben confluir el Camino de la Fruta, Autopista del Sol y el Camino Cartagena-Quintay.
“Inmediato inicio de la construcción de las restantes 4.100 viviendas sociales del total de las 4.500 anunciadas por su Excelencia el Presidente de la República.
“Asignación de los recursos para el inicio de las obras de urbanización del campamento Sor Teresa de los Andes, mediante el Programa Chile-Barrio, que beneficia a 300 familias de escasos recursos, y aprobación de nuevos proyectos del “Fondo de desarrollo de obras comunales”, programas que generan empleos y cuya finalidad es aminorar la alta cesantía que afecta a la comuna, cuyo índice es el más alto de la Quinta Región.
“Ejecución del proyecto de regadío de Cuncumén, obra que permitirá el despegue de un vasto sector rural de la comuna.
“Solicitamos al Ministro de Vivienda la pronta autorización del cambio de uso de suelo, según el artículo 55 de la ley general de Urbanización y Construcción, que permita la realización del proyecto “Parque Industrial Tecnológico Malvilla”, iniciativa del sector empresarial privado que se ha visto dificultada por el seremi de Vivienda de la Quinta Región , en una notoria actitud perjudicial hacia San Antonio . Ello permitiría crear nueve mil cupos de trabajo, aliviando considerablemente la actual cesantía que sufre la comuna, que alcanza el segundo lugar en las estadísticas nacionales.
“Ejecución de más de cien proyectos de pavimentos participativos.
“El Concejo municipal de San Antonio , junto con expresar estos mínimos requerimientos de la comuna, decide liderar el movimiento ciudadano en procura de satisfacción a ellos”.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor VELASCO .-
Señor Presidente, termino señalando algo muy concreto. Hoy, en la ciudad puerto de San Antonio hubo un paro, y quiero denunciar que he sido agredido por el comandante Smith, de Carabineros, quien llegó con más de treinta carabineros para crear desórdenes y dificultades.
Pido enviar un oficio al general director de Carabineros para denunciar lo que he expresado.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Homero Gutiérrez, Juan Ramón Núñez y de quien habla.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CHIMBARONGO. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Núñez.
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente, en marzo de este año, el ministro de Salud, don Álex Figueroa Muñoz, visitó algunas comunas de la Sexta Región, entre ellas la de Chimbarongo. En esa ocasión, conoció el tremendo esfuerzo que realizan los funcionarios del hospital de esa localidad para entregar un buen servicio de salud a la comunidad.
El hospital fue construido hace más de 90 años con aporte de los vecinos, en un terreno de cerca de cuatro hectáreas, también donado por la comunidad de Chimbarongo. En consecuencia, les pertenece a ellos; pero hoy se encuentra inscrito legalmente a nombre de la Dirección de Salud de la Sexta Región.
Con la inspiración del doctor Manuel Ramírez, hasta hace poco director del hospital, y con nuestra colaboración, se constituyó una corporación integrada por representantes de las organizaciones sociales e instituciones de servicios de Chimbarongo, cuyo objetivo principal es lograr la construcción de un nuevo hospital para esta comuna, en la cual viven más de 30 mil personas.
A solicitud del suscrito y del senador Rafael Moreno, el ministro de Salud instruyó a las autoridades regionales de salud de la Sexta Región para que se venda una parte sustancial de este terreno, en la actualidad sin uso, a fin de que con estos recursos financieros se inicie la construcción del nuevo hospital de Chimbarongo.
He sostenido reuniones con las autoridades de la Sexta Región para acelerar los trámites, lo que, unido al esfuerzo de los dirigentes de la corporación señalada, del concejal don Jorge Mellado Pino , del actual director del hospital, doctor Juan Madariaga Gatica , y de la colaboración de las autoridades de salud de la Sexta Región, encabezadas por el intendente regional, se ha ingresado al banco integrado de proyectos uno denominado “Normalización del hospital de Chimbarongo”.
Por ello, solicito enviar oficio a los ministros de Salud y de Planificación y Cooperación a fin de que nos informen sobre el estado de dicho proyecto. De esa manera, se puede acelerar una respuesta a la demanda histórica de la gente de esa comuna.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CESANTÍA Y HAMBRE EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente, son lamentables los índices de desocupación en la Región del Maule, provincia y comuna de Linares, que ya alcanzan a varios miles. Es difícil precisar las cifras en su real dimensión, pero son más que catastróficas.
Esto es mucho más grave de lo que se piensa, debido a que la situación afecta de preferencia a los sectores más humildes y de clase media. Ellos carecen de toda capacidad de reserva, lo cual significa no disponer de dinero para lo más necesario, como es la comida. Esta situación se atenúa con la gran solidaridad del hombre de campo; pero en la ciudad se agudiza, ya que el pobre de la ciudad es bastante más pobre que el de otros lugares, por lo que la vida es mucho más dura y difícil. En nuestra región, miles de hogares están sufriendo el flagelo de la cesantía en Linares, Villa Alegre, San Javier , Hierbas Buenas y, como consecuencia, el hambre, lo cual no es una exageración.
Quiero hacer un llamado solidario, principalmente a la mediana y pequeña empresa y al comercio, que generan más del 90 por ciento de los empleos en Chile, a fin de que hagan un gran esfuerzo por mantener los empleos y, ojalá, contratar más gente. Así, se calmaría la tristeza y el hambre en miles de hogares, compuestos por mujeres, hombres e hijos, tan queridos como los nuestros.
Meditemos al respecto y hagamos un gesto solidario y fraternal para aliviar la tragedia que padece esa gente. El esfuerzo debe mantenerse hasta lograr el cambio y mejorar la gestión de Gobierno.
En diez años, la Concertación no ha sido capaz de llevar adelante ese cambio; al contrario, cada día lo agrava más.
Por eso, muchos no creerán el repetido discurso y las falsas promesas que no aplacan el hambre, porque ésta no se mitiga con palabras. Se ha jugado con la clase media y con los más pobres, culpando a otros de la incapacidad de hacer un buen gobierno. Si ello no ha sido posible en las dos administraciones anteriores, menos lo será en la próxima. Ya nadie les cree.
Ahora, cualquier medida que se tome es tardía, pues ya llegó el hambre a miles de hogares de nuestra región y de Chile. Y cuando eso sucede, todo es tarde. Ninguna explicación podrá dibujar una sonrisa en las caras tristes de los miles de niños chilenos con hambre.
Pido enviar el texto de mi intervención a Conupia, a la Cámara de Comercio, a Asoducam y a Asexma.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se procederá a enviar los oficios de la manera solicitada, con la adhesión de la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores Alessandri y Caminondo.
PROYECTO DE ACUERDO PARA INCENTIVAR BÚSQUEDA DE NIÑOS EXTRAVIADOS. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente, hoy ha ingresado a la Cámara un proyecto de acuerdo relacionado con la búsqueda de menores.
Diariamente, existe gran cantidad de niños pequeños que se extravían, a veces por descuido de sus padres, otras por abuso, violencia intrafamiliar, o porque terceras personas los secuestran y los hacen desaparecer. Tales desapariciones alcanzan una cifra promedio de tres mil al año, lo que parece increíble cuando uno comienza a investigar el tema y conversa con Investigaciones y Carabineros de Chile. Aparte de ello, en los tribunales de justicia se están tramitando 250 casos por la misma causa.
Muchas desapariciones tienen un final feliz con la recuperación de estos menores. Pero otras pasarán a engrosar las listas de niños que tienen que ver con tráfico de menores o comercio sexual, como la prostitución infantil, la pornografía a través de internet o de videos caseros, denunciada últimamente.
Por esa razón, a mi juicio hace falta involucrar no sólo a la policía y a Carabineros de Chile, sino también a la empresa privada y, por supuesto, a los chilenos en general, porque éste es un problema de nuestra sociedad. En general, los chilenos nos sentimos ajenos de los temas relacionados con la seguridad ciudadana, hasta cuando nos tocan a nosotros, a nuestra familia o amigos, en circunstancias que el problema de la gran cantidad de niños perdidos es de nuestra sociedad.
Por esta razón, solicito que se oficie al Presidente de la República para que envíe una iniciativa -debe ser del Ejecutivo- con el objeto de otorgar incentivos tributarios a las empresas, parecido al que hoy se ha aprobado para que los inversionistas compren e inviertan en viviendas nuevas DFL Nº 2, y a empresas privadas que financien cartillas de información y publiquen fotos con rostros de niños perdidos.
Hay una experiencia exitosa en Estados Unidos. En los productos lácteos, por tener un bajo costo relativo, ser masivos y llegar a todo el territorio, se publican fotos de niños perdidos.
De esta manera, se involucraría, por una parte, al sector privado y, por otra, a la ciudadanía para conseguir más solidaridad de los chilenos, con el fin noble de ayudar a una gran cantidad de familias que tienen niños extraviados.
Por lo general, se trata de familias de escasos recursos, que gastan todo para desplazarse por distintas partes en búsqueda de sus hijos.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Osvaldo Palma, Juan Ramón Núñez, Rosauro Martínez, Carlos Caminondo, Gustavo Alessandri y de quien les habla.
SITUACIÓN ECONÓMICA Y TRIBUTARIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA “ITESA”. Oficios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, quiero exponer la lamentable situación económica por la que atraviesa el centro de formación técnica “Itesa”, establecimiento de enseñanza superior de la comuna de Santiago, y la falta de interés sobre la materia que han demostrado las diversas instituciones públicas llamadas a intervenir en el caso.
Con fecha 21 de abril de 1999, doña Nuria Siques Lee , quien es socia de la persona jurídica antes mencionada, se dirigió por escrito al jefe de la división de educación superior del ministerio de Educación, don Raúl Allard , para darle a conocer la crítica situación en que se encuentra dicha institución de enseñanza superior, así como para señalarle las imprevisibles consecuencias que podría generar en su alumnado.
La señora Siques expuso al señor Allard las irregularidades que ocurrían al interior de “Itesa”. Entre otras cosas, se estaba recurriendo a prestamistas para obtener dinero, el que era recibido por los señores Gastón Peña y Nolberto Requena , este último concejal de la municipalidad de Cerrillos.
La intervención de usureros ha causado un detrimento considerable al patrimonio de la institución. Incluso, sus bienes inmuebles se encuentran en camino de ser rematados y existe una solicitud formal para que se declare la quiebra del referido establecimiento de educación superior.
La exposición de la señora Siques tenía por objeto requerir la intervención del Ministerio de Educación, hecho que hasta esta fecha aún no se ha verificado, por lo que vengo en solicitar que se oficie al ministro, a fin de que informe a la Cámara las acciones efectuadas por esa cartera frente a la denuncia señalada.
La situación no termina ahí. En efecto, el representante legal del centro de formación técnica “Itesa”, don Nolberto Requena Véliz , quien, tal como dije, además es concejal de Cerrillos, se encuentra sometido a proceso en dos causas dirigidas en su contra y seguidas ante el sexto juzgado del crimen por el delito de giro doloso de cheques y con una orden de aprehensión pendiente que no ha sido cumplida.
Asimismo, la señora Siques se dirigió al director regional del servicio de Impuestos Internos , en Santiago Centro, para darle a conocer la serie de situaciones irregulares de carácter tributario que se han ido verificando en la institución de educación superior que he mencionado.
Solicito que se envíe oficio para que el director del Servicio de Impuestos Internos informe cuáles han sido las acciones de fiscalización realizadas luego de la denuncia de la señora Siques .
La situación tiene la agravante de que el administrador del referido centro de formación técnica es concejal de la comuna de Cerrillos, que asiste normalmente a las sesiones del concejo y se reúne con autoridades del Gobierno, incluso en el palacio de La Moneda, pero no ha sido aprehendido para ser puesto a disposición del tribunal competente por parte de la Policía de Investigaciones, en circunstancias que existe una orden en tal sentido dictada por el sexto juzgado del crimen de Santiago.
Solicito oficiar al ministro del Interior, para que, a través del cuerpo de guardia del palacio de La Moneda, informe a la Cámara si don Nolberto Requena Véliz ha ingresado a dicho lugar para entrevistarse con alguna autoridad después de mayo de 1999, y por qué la Policía de Investigaciones no ha hecho efectiva la orden de aprehensión emanada del sexto juzgado del crimen de Santiago , en los autos roles 35.586-1 y 35.615-1.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señora Lily Pérez y señor Rosauro Martínez.
CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE FRANCIA. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo.
El señor CAMINONDO (de pie).-
Señor Presidente, hoy, se conmemora el Día Nacional de Francia. El 14 de julio de 1789, las multitudes asaltaron y tomaron La Bastilla, una prisión real que simbolizaba el despotismo de los Borbones. El rechazo a la monarquía y a las condiciones de vida que existían fueron el motor que levantó al pueblo de Francia, en busca de grandes cambios, los cuales comenzarían a rendir sus frutos con la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, del 26 de agosto de 1789. Dicha Declaración es considerada origen del concepto moderno de derechos humanos y surge de la crisis de la sociedad, caracterizada por los privilegios y las desigualdades.
La citada declaración formula los ideales de la Revolución, sintetizados en tres principios: libertad, igualdad y fraternidad, que posteriormente recogerían todas las Constituciones del mundo libertario.
Francia ha sido para Chile una fuente inagotable de inspiración y de creatividad, la cual se expresó particularmente en nuestro pensamiento político.
La influencia de Francia en la formación de nuestras instituciones fue fundamental. El concepto de soberanía popular, de Rousseau, así como el principio de la división de los poderes, de Montesquieu, inspiraron a nuestros fundadores. Chile construyó la República basada en la soberanía popular y en el Estado de Derecho.
Nuestro país, desde sus orígenes, ha estado unido a Francia, una de las primeras naciones que reconoció la Independencia de Chile. A lo largo de nuestra historia, innegables vínculos culturales, políticos y económicos nos unen a Francia, vínculos que se han mantenido desde siempre, mediante convenios destinados a fortalecer e incrementar las relaciones culturales, científicas, técnicas, económicas y comerciales.
Quiero destacar los fuertes lazos que existen entre nuestros países en el ámbito no gubernamental. En lo cultural, existen varios establecimientos educacionales, que dependen directamente de la Alianza Francesa, de París, los cuales son los encargados de mantener vivo el espíritu de esa Francia inmortal.
Asimismo, una cantidad importante de instituciones privadas francesas han realizado un valioso aporte para el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y, al mismo tiempo, del progreso de Chile.
Estos lazos, que se desarrollan de manera directa y espontánea, constituyen, sin duda alguna, la base más sólida de nuestra relación bilateral, porque están fundados en relaciones libres de nuestros pueblos.
A nivel de parlamentos, la creación en la Asamblea Nacional Francesa del Grupo de amistad Francia-Chile y en nuestro Congreso, del Grupo parlamentario binacional chileno-francés, han contribuido a fortalecer este aspecto de las relaciones internacionales.
Para las naciones en vías de desarrollo la consolidación de su libertad va unida al crecimiento económico y a la igualdad social. No sólo queremos un mundo más rico, sino, sobre todo, un mundo más humano, con igualdad de oportunidades, reconciliado con la naturaleza y consigo mismo.
Los valores de la cultura humanista que Francia ha encarnado no pueden estar ausentes en la búsqueda de nuevas respuestas.
Históricamente, Francia y Chile han compartido los principios y valores que forjaron su larga amistad. Ello nos permitirá avanzar en proyectos y colaborar en el campo internacional, en la defensa de la democracia, del derecho internacional y de la protección del medio ambiente.
Es tarea de todos, en especial de quienes tienen en sus manos el destino de las naciones, velar por el cumplimiento de estos derechos, sin condiciones, sólo por el bienestar y la honra de los hombres.
Hoy, que estamos en las puertas del siglo XXI, se hace necesario acrecentar nexos entre ambos países y recordar el legado que Francia entregó a los ciudadanos del mundo.
El homenaje que hoy rendimos a Francia está sustentado en lo que el pueblo francés, sus representantes y toda ella legaron al mundo en bien de su futuro y crecimiento.
Señor Presidente, solicito que, en mi nombre y en el de la bancada de Renovación Nacional, se oficie al embajador francés con las felicitaciones a la República de Francia en su nuevo aniversario.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. Además, el texto de su homenaje se dirigirá al presidente de la Asamblea Nacional de Francia , con la adhesión de las bancadas del Partido Radical, de Renovación Nacional y del Partido por la Democracia.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 20.57 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Informe de Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica y adecua disposiciones del Código del Trabajo en la forma que indica. (boletín Nº 1745-13)
“Honorable Cámara de Diputados
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el honorable Senado y la honorable Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro.
La honorable Cámara de Diputados, en sesión de 15 de junio de 1999, nombró como integrantes de la Comisión Mixta a los honorables diputados señora Marina Prochelle Aguilar y señores Manuel Bustos Huerta , Pedro Muñoz Aburto , Darío Paya Mira y Rodolfo Seguel Molina .
El honorable Senado, en sesión de 18 de junio de 1999, designó al efecto a los honorables senadores miembros de su Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 6 de julio de 1999, con la asistencia de sus miembros honorables senadores señores Julio Canessa Robert , Jaime Gazmuri Mujica , Francisco Prat Alemparte , José Ruiz De Giorgio y Beltrán Urenda Zegers , y de los honorables diputados señora Marina Prochelle Aguilar y señores Manuel Bustos Huerta , Pedro Muñoz Aburto y Darío Paya Mira .
A la sesión en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión Mixta, el Subsecretario del Trabajo , señor Julio Valladares , el Jefe de Gabinete de esa Subsecretaría , señor Germán Acevedo , y el asesor jurídico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Novoa .
Luego de constituirse la Comisión Mixta eligió por unanimidad como Presidente al correspondiente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, honorable senador señor Francisco Prat Alemparte , y de inmediato se abocó al cumplimiento de su cometido.
-o-
La controversia se ha originado en el rechazo de la honorable Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional a dos de las modificaciones introducidas por el honorable Senado, en segundo trámite, al proyecto aprobado por la honorable Cámara de Diputados en primer trámite.
A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación del proyecto, así como de los acuerdos adoptados al respecto.
ARTÍCULO ÚNICO
Letra a), número 3, texto del Senado
La honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó esta letra a) eliminando la palabra “subterráneos” en el inciso primero del artículo 14 del Código del Trabajo, y suprimiendo sus incisos segundo y tercero.
El honorable Senado, en segundo trámite, dividió la letra a) en tres números que modifican el artículo 14. El número 1 mantiene la eliminación de la palabra “subterráneos”. El número 2 conserva el inciso segundo, pero aumenta a veintiún años la edad de los menores que no podrán ser contratados para trabajos subterráneos sin someterse a un examen previo de aptitud, agregando la característica de “mineros” a estos mismos trabajos.
El número 3 sólo reemplaza en el inciso tercero la expresión “dieciocho años” por “veintiún años”, de manera que el empleador que contrate a un menor de veintiún años para trabajos subterráneos mineros, sin haberlo sometido al correspondiente examen de aptitud, incurrirá en la multa que la disposición contempla.
La honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, desechó este número 3 de la letra a).
El honorable senador señor Ruiz De Giorgio opinó que la decisión del Senado era la más acertada, puesto que al rebajarse a dieciocho años la mayoría de edad por la ley Nº 19.221, se produjo una contradicción con el Código del Trabajo, que en el inciso primero de su artículo 14 dispone que los menores de dicha edad no serán admitidos en trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, de manera que en los incisos segundo y final procedía elevar a veintiún años la edad para los menores que debían someterse a un examen previo de aptitud que les permitiera ser contratados para trabajos mineros subterráneos.
El honorable diputado señor Paya manifestó que el problema de fondo era resolver si una persona tiene o no la aptitud física necesaria para desempeñar un determinado trabajo, siendo irrelevante tener menos de veintiún años de edad para exigirle un examen de salud que no se le pedirá a quien supere esos años. Estimó que la propuesta del Senado agregaba otra dificultad, a las que ya afectaban a los jóvenes para encontrar trabajo en el ámbito minero, donde la práctica común es frenarles el ingreso. Se haría evidente una discriminación a estos jóvenes.
El honorable senador señor Ruiz De Giorgio acotó que para los trabajos mineros todos los interesados deben hacerse un examen, recordando que en la ley laboral anterior -cuando la mayoría de edad alcanzaba los veintiún años-, se enfatizó la protección para los menores de entre dieciocho y veintiún años exigiendo un examen de aptitud física para trabajos subterráneos. Otra situación muy distinta fue la de establecer posteriormente la mayoría de edad a los dieciocho años, lo que dice relación con una determinada capacidad intelectual y jurídica. El restablecer la obligatoriedad del examen para los menores de veintiún años que vayan a desempeñar trabajos mineros subterráneos es una señal acertada.
El honorable senador señor Urenda señaló que no era obstáculo para lograr un trabajo en el sector minero, el sometimiento a un examen previo, porque éste sólo busca resguardar la salud de los jóvenes.
La honorable diputada señora Marina Prochelle coincidió con el honorable diputado señor Paya , indicando que los exámenes de salud son obligatorios, cada semestre, para todos los trabajadores del área minera, por lo que todo menor de veintiún años tendría que cumplir dicha obligación. Añadió que en las empresas de la mediana y pequeña minería podría significar un impedimento para contratar jóvenes, el elevar la edad a veintiún años.
El honorable diputado señor Pedro Muñoz sumándose a lo expresado por los diputados señora Marina Prochelle y señor Paya , alertó sobre el significado de la señal que se daría por el Poder Legislativo a los jóvenes menores de veintiún años del país, en cuanto a estarles limitando la posibilidad de obtener una fuente de trabajo.
El asesor jurídico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que el Código del Trabajo, antes de la modificación establecida por el artículo 10 de la ley Nº 19.211 -que sustituyó en los incisos segundo y tercero del artículo 14 de este Código la palabra “veintiún” por “dieciocho”-, exigía que los menores de veintiún años interesados en trabajar en el ámbito minero debían someterse previamente a un examen radiológico, produciéndose un lapsus al fijarse los dieciocho años como mayoría de edad, lo que sólo dice relación con la capacidad jurídica.
Vuestra Comisión Mixta tuvo presente que el artículo 71 de la Nº 16.744, de seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, obliga a las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis, a realizar un control radiográfico semestral de esos trabajadores. También se tuvo en vista el Convenio Nº 124, de la OIT, de 165 (no ratificado por Chile), relativo al examen médico de aptitud de los menores para el empleo en trabajos subterráneos en las minas, que en su artículo 2º prescribe que para el empleo o trabajo de menores de 21 años en dichas labores, se deberá exigir un examen médico completo de aptitud, cuyas características detalla su artículo 3º, contemplando incluso una radiografía pulmonar obligatoria y especificando que esos exámenes médicos no deberán ocasionar gasto alguno a los menores, sus padres o tutores.
El honorable senador señor Gazmuri precisó que al haberse aprobado por la Cámara de Diputados la modificación introducida por el Senado en el número 2 de la letra a), referida al inciso segundo del artículo 14 del Código del Trabajo, correspondería mantener la sanción que consigna el inciso tercero de la norma aludida, y por ello resulta consecuente la modificación que se efectúa por el número 3 de la letra a). En cambio sería una desarmonía rechazar esta modificación o suprimir el inciso tercero.
El honorable senador señor Prat hizo presente que la competencia de la Comisión Mixta está limitada a la controversia producida entre las dos Cámaras, la que en este caso corresponde al número 3 de la letra a) del texto aprobado por el Senado, que la Cámara de Diputados ha rechazado, y no a los números 1 y 2 de esa misma letra a) que están aprobados por ambas corporaciones.
El honorable diputado señor Paya dejó expresa constancia de que la intención de la honorable Cámara de Diputados era rechazar los números 2 y 3 de la letra a) del artículo único, en razón que la cuestión de fondo era la irrelevancia de la edad referida a la exigencia de un determinado examen de salud, y por ello poder entrar a decidir esa situación.
El honorable senador señor Urenda , respecto a la necesidad de someter a un reconocimiento médico a los menores de veintiún años, que desean trabajar en el área de la minería, indicó que ello obedecía al amparo de la salud y del desarrollo físico de éstos, porque evidentemente están expuestos a mayores riesgos en dichas faenas que las personas con más edad.
-Puesto en votación el número 3 de la letra a), se aprobó por seis votos a favor de los honorables senadores señores Canessa , Gazmuri , Prat , Ruiz De Giorgio y Urenda y del honorable diputado señor Bustos (don Manuel) , y tres abstenciones de los honorables diputados señora Marina Prochelle y señores Pedro Muñoz y Paya .
Letra c), texto Cámara de Diputados
La honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó esta letra c) que reemplaza algunas palabras en el artículo 50 del Código del Trabajo, estableciendo en la primera oración que el empleador que abone o pague a sus trabajadores “a lo menos un” veintinco por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, quedará eximido de la obligación establecida en el artículo 47, esto es, de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento de las utilidades o excedentes correspondientes. Además, dicha letra c) modificó la segunda oración del artículo 50 estableciendo que la gratificación de cada trabajador “podrá no exceder” de cuatro y tres cuartos (4,75) ingresos mínimos mensuales, expresión que actualmente dice “no excederá”.
El honorable Senado, en segundo trámite, suprimió la letra c), lo que fue rechazado por la honorable Cámara de Diputados en el tercer trámite.
El honorable senador señor Prat dijo entender que tanto la decisión de la Cámara de Diputados, como lo resuelto por el Senado, tienen el objetivo común de querer clarificar una situación producida por un fallo preciso y determinado, de una Sala de la Corte Suprema, que modificó la jurisprudencia constante relativa al pago de gratificaciones. Las sentencias posteriores rectificaron esta variante, retornando a la línea anterior. Dado esto último, el Senado estimó que aprobar el texto de la Cámara de Diputados podría hacer aparecer un nuevo problema, en cuanto a interpretarse que el artículo 50 del Código del Trabajo no resolvía la discusión y por ello el Congreso decidía intervenir, generándose con ello mayores dificultades en los juicios pendientes.
El honorable senador señor Ruiz De Giorgio agregó que los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores manifestaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado su parecer en orden a que no se legislara sobre la materia, porque las modificaciones que se efectuaron podrían incidir en juicios pendientes en los tribunales, lo que no resultaría favorable para los trabajadores.
El honorable diputado señor Paya señaló que la Cámara de Diputados insistió en su propuesta de legislar en este punto, como una manera de precaver la aparición de nuevos conflictos, ya que el juicio que derivó en la sentencia aludida surgió porque la empresa implicada se excedió del límite de 4,75 ingresos mínimos mensuales como gratificación, demandósele, posteriormente, por el 30% de las utilidades. Por ello, la interrogante principal es saber si se permitirá que una empresa al pagar un porcentaje mayor como gratificación quede expuesta a verse enfrentada a peticiones excesivas, en razón de existir un fallo que admitió dicha posibilidad. No innovar en la materia, daría pie a nuevas controversias judiciales o que ninguna empresa quiera darle voluntariamente una cantidad mayor a sus trabajadores.
El honorable diputado señor Bustos (don Manuel ) opinó que el artículo 50 actual no debiera por qué provocar conflictos, por existir incluso la posibilidad para los empresarios de entregar un porcentaje más alto, a través de bonos, sin tener que recurrir a la ley.
El asesor jurídico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que con posterioridad a la aprobación por la Sala del Senado del Segundo informe de la Comisión correspondiente, se han dictado numerosos fallos por la Sala Laboral de la Corte Suprema que tiene la doctrina de resolver una misma situación de conformidad a sentencias precedentes. Es así que el considerando décimo de un fallo del año 1998 expresa: “no cabe aceptar qué gratificación legal sea únicamente la que deriva de la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, dado que esa norma regula tan sólo uno de los sistemas permitidos para su determinación, cuestión que también hacen a su turno los artículos 46 y 50 ya mencionados”.
-La Comisión Mixta aprobó la supresión de la letra c), por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señores Canessa , Gazmuri , Prat , Ruiz De Giorgio y Urenda , y honorables diputados señora Marina Prochelle y señores Bustos (don Manuel) , Muñoz (don Pedro) y Paya .
-o-
En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, del siguiente modo:
ARTÍCULO ÚNICO
Letra a)
Número 3, texto Senado
Consultar el siguiente texto para este número:
“3.- En el inciso tercero, reemplázase la expresión “dieciocho años” por “veintiún años”.
Letra c), texto Cámara de Diputados
Suprimirla, pasando las letras d), e), f), g), h) e i), a ser letras c), d), e), f), g) y h), respectivamente.
-o-
Finalmente, cabe hacer presente, a título meramente informativo, que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
a) Modifícase el artículo 14, en la forma siguiente:
1. En el inciso primero, elimínase el vocablo “subterráneos” y la coma (,) que le sigue.
2. En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “dieciocho años” por “veintiún años”, o intercálase entre los términos “trabajos” y “subterráneos” la palabra “mineros”.
3. En el inciso tercero, reemplázase la expresión “dieciocho años” por “veintiún años”.
b) En el artículo 48, sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
“Artículo 48.- Para estos efectos se considerará utilidad la que resulte de la liquidación que practique el Servicio de Impuestos Internos para la determinación del impuesto a la renta, sin deducir las pérdidas de ejercicios anteriores; y por utilidad líquida se entenderá la que arroje dicha liquidación deducido el diez por ciento del valor del capital propio del empleador, por interés de dicho capital.”.
c) En el artículo 73, inciso primero, sustitúyese el guarismo “66” por “67”.
d) En el artículo 171, suprímese el inciso segundo.
e) En el artículo 227, inciso segundo, reemplázase la expresión “más del cincuenta por ciento” por “a lo menos el cincuenta por ciento”.
f) En el artículo 238, agrégase el siguiente inciso final:
“En una empresa los mismos trabajadores podrán gozar del fuero a que se refiere este artículo sólo dos veces durante cada año calendario.”.
g) En el artículo 310, inciso segundo, sustitúyese la expresión “en el artículo anterior” por la frase “en el inciso anterior”.
h) Intercálase el siguiente artículo 473 bis, nuevo:
“Artículo 473 bis.- Las causas laborales gozarán de preferencia para su vista y conocimiento en la Corte Suprema.”.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el día 6 de julio de 1999, con asistencia de los honorables senadores señores Francisco Prat Alemparte ( Presidente ), Julio Canessa Robert , Jaime Gazmuri Mujica , José Ruiz De Giorgio y Beltrán Urenda Zegers y de los honorables diputados señora Marina Prochelle Aguilar y señores Manuel Bustos Huerta , Pedro Muñoz Aburto y Darío Paya Mira .
Sala de la Comisión Mixta, a 12 de julio de 1999”.
2. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre el proyecto de ley que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959. (boletín Nº 2358-14)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informaros acerca del proyecto de ley singularizado en el epígrafe, en primer trámite constitucional. El proyecto ingresó a tramitación legislativa con fecha 30 de junio de 1999 y el Ejecutivo hizo presente la urgencia, en el carácter de “suma”, el 7 de julio del mismo año.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Sergio Henríquez ; del Subsecretario de Hacienda , don Manuel Marfán , del Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos , don René García , y del Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción , don Horacio Pavez .
Asimismo, concurrieron el Ministro Secretario General de la Presidencia , don José Miguel Insulza ; la asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, doña Jeannette Tapia , el Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda , don Heinz Rudolph , el Primer Vicepresidente y el Secretario General de la Cámara Chilena de la Construcción , don Eduardo Waissbluth y don Blas Bellolio , respectivamente.
I. IDEAS MATRICES.
El objetivo principal del proyecto de ley es otorgar un impulso efectivo a la reactivación económica del país, estimulando la venta de viviendas nuevas disponibles, de forma tal de obtener un beneficio directo en el nivel de actividad y en el empleo del sector de la construcción.
Para materializar la idea matriz, el proyecto otorga beneficios tributarios para las personas naturales adquirentes de determinado tipo de viviendas nuevas, beneficios que dicen relación con rebajas impositivas correlativas al pago de dividendos hipotecarios y de aportes efectuados a contratos de arrendamiento con promesa de venta.
El proyecto, que consta de seis artículos permanentes y uno transitorio, regula las materias siguientes:
-La posibilidad de deducir de la base imponible del impuesto único a las rentas del trabajo dependiente o del global complementario, y durante todo el período de servicio de la deuda, los dividendos -debidamente reajustados- derivados de deudas hipotecarias contraídas con bancos e instituciones financieras, pagados por la adquisición de viviendas nuevas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, hasta el 31 de diciembre del año 2000.
-Los montos máximos de la rebaja se establecen de conformidad a la fecha de adquisición de la vivienda, consignándose tramos decrecientes desde diez a tres unidades tributarias mensuales, para viviendas adquiridas entre el 22 de junio de 1999 y el 31 de diciembre del año 2000, y señalándose un tope máximo de rebaja anual proporcional al número de dividendos mensuales servidos durante el año.
-Las personas habilitadas para impetrar el beneficio son los contribuyentes, personas naturales, afectos al impuesto único a las rentas del trabajo dependiente -siempre que realicen reliquidación de sus ingresos- o del global complementario, según corresponda, y aquellos amparados por la ley sobre arrendamiento de viviendas con promesa de venta, por los aportes efectuados a los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de viviendas nuevas, a partir de la fecha de celebración del contrato de promesa respectivo.
-El requisito de dejar constancia de la circunstancia de acogerse al beneficio debe formalizarse mediante declaración jurada respecto de las adquisiciones que se verifiquen entre el 22 de junio del presente año y la fecha de publicación de la ley.
II. DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo expresó ante la Comisión que en los últimos años se ha intensificado la participación de la empresa privada en la construcción de viviendas, debido a los beneficios, franquicias y exenciones de que gozan las viviendas económicas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959.
Agregó que la iniciativa en estudio se enmarca dentro del plan de reactivación de la economía, particularmente en el sector del empleo, anunciado por su Excelencia el Presidente de la República con fecha 22 de junio pasado.
Hizo presente que dicha Secretaría de Estado ha adoptado medidas concretas y particulares tendientes a paliar los efectos del desempleo y a reactivar el sector de la construcción. Entre ellas, destacó la reprogramación de dividendos hipotecarios de deudores de los Servicios de Vivienda y Urbanización, que se encuentren cesantes y por un período de seis meses; la reducción de los plazos dentro del proceso de licitación de las viviendas básicas, y la implementación extraordinaria de Programas Especiales para Trabajadores (PET) y de pavimentos participativos, por un monto de cuatro mil cuatrocientos trece millones de pesos. Todo lo anterior genera una inversión total superior a trece mil millones de pesos.
El Subsecretario de Hacienda sostuvo que, durante el primer trimestre del año en curso, el gasto total de la economía cayó en el 13,2%, caída que corresponde esencialmente a gastos del sector privado, puesto que el gasto fiscal experimentó un incremento del 6,4% en el mismo período. Por lo anterior, es necesario reactivar la economía en el corto plazo, con objeto de disminuir la tasa actual de desempleo nacional, que asciende al 9,8%, y crecer en el próximo año entre el 4,5% y el 5,5% para luego retomar la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Señaló que la actual situación de contracción de la economía en los dos últimos semestres se encuentra caracterizada por un problema de expectativas pesimistas del sector privado, las cuales, a pesar de los esfuerzos del Supremo Gobierno en esta materia, no han sido superadas del todo.
Indicó que el plan de reactivación debería no sólo ser capaz de revertir este problema de expectativas, sino que también habría de cumplir dos condiciones adicionales. En primer lugar, debería estar sujeto a las restricciones fiscales de corto plazo, determinadas en la ley de Presupuestos para 1999, y, en segundo lugar, el componente de reactivación tendría que ser altamente intensivo en empleo de mano de obra.
El Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción manifestó que el crecimiento de la inversión en construcción durante 1997 fue del 6,8%, que en el año 1998 fue del 0,4%, y que la proyección para el presente año es de un crecimiento negativo de aproximadamente menos el 12%.
Se refirió a la paralización de los cuatro subsectores de la construcción, vivienda pública, con una disminución del 13% de su presupuesto, infraestructura pública, que experimentó un recorte presupuestario del 26%, e infraestructura productiva privada, afectada por la caída del precio del cobre, la crisis económica internacional y las tasas de interés.
Con relación al subsector de la vivienda privada, destacó que sufrió una baja sustancial de las ventas, generándose un “stock” de once mil ciento dieciocho viviendas nuevas en el Gran Santiago, de las cuales ocho mil cuatrocientos diez son departamentos y dos mil setecientos ocho son casas.
Expresó que la rebaja de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central por sí sola no ha generado los resultados de reactivación necesarios y que, en tal sentido, la iniciativa propuesta contribuirá a dicho fin.
Hizo presente que los proyectos de nuevas construcciones podrían iniciarse con la ventaja de competir con un menor “stock” de viviendas en el mercado y que el número de viviendas que se pueden adquirir en virtud de esta franquicia no es relevante, puesto que el incentivo tiene un tope para cada contribuyente.
Concluyó su intervención señalando que la recuperación de la actividad de la construcción será la responsable de activar la economía y que, si ello se materializa, habrá compradores de inmuebles en el futuro.
En el debate habido en la Comisión, se escucharon opiniones en el sentido de que el proyecto está bien enfocado desde el punto de vista de la generación de empleo y de la disminución del “sobrestock” de viviendas nuevas existentes en el país.
Sin embargo, se consideró conveniente incorporar los casos derivados de la autoconstrucción de viviendas, como son los de contribuyentes que construyan en terrenos de su propiedad o de las comunidades de que formen parte, durante el período de vigencia de esta ley.
Asimismo, se sostuvo que era necesario incorporar las situaciones derivadas del otorgamiento de nuevos permisos de edificación hasta el término del año en curso, con objeto de eliminar toda duda en cuanto a que las inmobiliarias de menores recursos pueden participar desde su inicio en el proceso de reactivación de la economía y contribuir a la creación inmediata de nuevas fuentes de trabajo.
Del mismo modo, se estimó conveniente incorporar dentro de las viviendas materia del beneficio a los inmuebles que, no siendo habitacionales, puedan asimilarse a las características de las viviendas económicas, como ocurre con los edificios destinados a oficinas.
Además, se consideró necesario restringir el beneficio a la compra de una a dos viviendas como máximo, de forma tal de incentivar su adquisición por parte de los sectores medios y bajos.
Se estuvo por extender el beneficio a las viviendas económicas usadas que se vendan en el mismo período, como una forma de reactivación efectiva de la economía.
Se manifestaron críticas en el seno de la Comisión, por parte de algunos señores diputados, en cuanto a que no se han clarificado suficientemente los objetivos reales de esta iniciativa, que no son otros que favorecer a las empresas constructoras y al segmento poblacional de mayores recursos, en desmedro de la posibilidad de aprovechar esta oportunidad para favorecer a quienes adquieren vivienda por primera vez.
Lo anterior se hace patente, a vía de ejemplo, en el tramo correspondiente a las seis unidades tributarias mensuales de rebaja, en que una persona que percibe un ingreso de quinientos mil pesos obtendrá un ahorro mensual de impuesto ascendente a seis mil ciento cincuenta y tres pesos, en circunstancias que el ahorro de una persona que percibe un ingreso de cuatro millones de pesos asciende a setenta mil quinientos cuarenta y tres pesos.
Se sostuvo, por otra parte, que para que esta iniciativa cumpla el efecto esperado, es necesario premiar a los sectores de ingresos medios, de forma tal de nivelar el beneficio, cualquiera que sea la renta percibida, lo que se consigue a través del mecanismo de invertir los tramos de la tasa marginal del impuesto global complementario.
Así, por ejemplo, en el caso de la persona afecta a una tasa marginal del 5%, que percibe ingresos entre doscientos sesenta y un mil once pesos y setecientos ochenta y tres mil pesos, debe multiplicarse el dividendo que paga mensualmente por un factor de ajuste ascendente a 4, lo que significa que recibe un total de treinta mil pesos, en vez de la cantidad de siete mil quinientos pesos, que le correspondería si se utilizaran los criterios plasmados en el proyecto.
Por el contrario, respecto de una persona afecta a una tasa marginal del 45%, que percibe un ingreso superior a tres millones de pesos, debe multiplicarse el dividendo que paga mensualmente por un factor de ajuste ascendente a 0,44, lo que trae como consecuencia que recibe los mismos treinta mil pesos del ejemplo anterior, en lugar de la cantidad de sesenta y siete mil quinientos pesos, que le correspondería conforme al mecanismo del proyecto.
Finalmente, hubo disposición de los representantes del Ejecutivo en orden a presentar las respectivas indicaciones que recogerán la serie de inquietudes planteadas, en forma unánime, en el seno de la Comisión.
No obstante lo anterior, hubo consenso en el seno de la Comisión respecto de la conveniencia de legislar sobre el particular, por tratarse de una medida reactivadora de la economía, que pretende, por un lado, incentivar la compra del “stock” de viviendas nuevas y, por otro lado, crear nuevas fuentes de trabajo. Debido a ello, vuestra Comisión aprobó la idea de legislar por asentimiento unánime.
-o-
Por medio de dos oficios, de fechas 30 de junio y 7 de julio del presente año, el Presidente de la República formuló dos tipos de indicaciones. Con la primera, amplía el beneficio a los compradores de viviendas financiadas por agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931. Con la segunda, hace suyas las sugerencias precedentemente señaladas en orden a extenderlo a las situaciones derivadas de autoconstrucción de viviendas, del modo que consta en la discusión particular.
ARTÍCULO 1º
Permite a los contribuyentes, personas naturales, rebajar de la base imponible para el pago del impuesto único a las rentas del trabajo dependiente o del global complementario los dividendos por deudas hipotecarias contraídas con bancos e instituciones financieras, pagados por la compra de viviendas nuevas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, hasta el 31 de diciembre del 2000.
El Ejecutivo presentó, como se ha dicho, dos indicaciones. La primera de ellas agrega, en el inciso primero, después de la palabra “financieras” la frase “y agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del DFL Nº 251, de 1931”. La segunda sustituye, en el inciso primero, la expresión “compra” por el vocablo “adquisición”; en el inciso segundo, la palabra “transfiera” por el término “adquiera”, y en el inciso tercero, la voz “comprador” por el vocablo “adquirente”.
En lo que se refiere a la segunda de las indicaciones, se precisó, por parte del Subsecretario de Hacienda , que el propósito de ella es acoger la inquietud manifestada por los integrantes de vuestra Comisión en el sentido de incorporar a los contribuyentes que construyan en terrenos de su propiedad o de las comunidades de que formen parte, durante el período de vigencia de esta ley, siempre que financien las construcciones respectivas mediante los mecanismos de financiamiento hipotecario descritos en este artículo.
El diputado señor Longueira presentó una indicación que intercala, en el inciso primero, entre las frases “las cuotas” y “que paguen”, la siguiente expresión: “multiplicadas por un factor de ajuste”. Con ella, sugiere un mecanismo alternativo del factor de ajuste propuesto en el mensaje, que no tiene costo adicional, con el propósito de mejorar lo que considera el carácter regresivo del beneficio.
-Puesta en votación esta indicación fue rechazada por cuatro votos a favor, siete votos en contra y una abstención.
-Puesto en votación el artículo, con las indicaciones del Ejecutivo, fue aprobado por diez votos a favor y dos abstenciones.
ARTÍCULO 2º
Trata de los montos de la rebaja en la base imponible, los cuales no podrán sobrepasar de diez unidades tributarias mensuales para aquellas viviendas adquiridas entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del presente año; de seis unidades tributarias mensuales para aquellas viviendas adquiridas entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2000, y de tres unidades tributarias mensuales para las viviendas adquiridas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2000. El tope corresponderá al total que resulte de multiplicar el número de unidades tributarias mensuales por el número de meses en que el contribuyente pagó las obligaciones hipotecarias.
El representante del Ejecutivo hizo presente que el beneficio se establece de manera decreciente en el tiempo, con objeto de acelerar las decisiones de compra de viviendas y de evitar que se presente nuevamente un problema de “sobrestock”. De esta manera, se pretende dar claros incentivos para que se concluyan aquellos proyectos inmobiliarios que se encuentran paralizados y se inicien nuevos proyectos de viviendas, dentro del más breve plazo posible, con el fin de que ellos se terminen y puedan venderse antes que expire el año 2000.
-Puesto en votación este artículo, fue aprobado por diez votos a favor y dos abstenciones.
ARTÍCULO 3º
Regula la forma de hacer efectivo el beneficio. Los contribuyentes afectos al impuesto global complementario efectúan la rebaja de la renta bruta global correspondiente al año comercial en que se paguen las obligaciones respectivas. Los contribuyentes del impuesto único al trabajo pueden acogerse siempre que reliquiden los impuestos retenidos durante el año en la operación renta respectiva, deduciendo del total de sus rentas imponibles las cantidades correspondientes a dividendos hipotecarios pagados en el mismo período.
El Ejecutivo señaló que la administración tributaria de esta franquicia es muy simple, de modo de evitar que las personas naturales se vean en la obligación de recurrir a profesionales competentes. En la práctica, implica que los contribuyentes sólo deben completar los datos en una columna que se agrega al formulario de declaración de impuesto a la renta.
Este artículo, que consta de dos incisos, fue objeto de votación separada.
-Puesto en votación el inciso primero fue aprobado, por unanimidad.
-Puesto en votación el inciso segundo, fue aprobado por diez votos a favor y dos abstenciones.
ARTÍCULO 4º
Extiende el beneficio a los contribuyentes amparados por la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, por los aportes correspondientes a contratos de arrendamiento con promesa de viviendas nuevas, excluidos los subsidios que se hubieren pagado.
-Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
ARTÍCULO 5º
Establece que, para que opere el beneficio, tanto las obligaciones hipotecarias como los aportes a que se refieren los artículos precedentes deberán reajustarse en conformidad a la ley sobre Impuesto a la Renta.
-Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
ARTÍCULO 6º
Confiere facultades al Servicio de Impuestos Internos para determinar la forma y oportunidad en que los bancos, instituciones financieras y empresas deberán proporcionarle información relativa a este beneficio.
El Ejecutivo presentó una indicación que agrega, a continuación de la palabra “empresa”, los vocablos “o personas”.
-Puesto en votación este artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Regula la situación que se produce respecto de las escrituras de compraventa o de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa otorgadas entre el 22 de junio de 1999 y la fecha de publicación de esta ley. En efecto, para tener derecho al beneficio los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma y plazo que este organismo determine.
El Ejecutivo presentó una indicación, con objeto de intercalar la expresión “, de mutuo”, entre las palabras “compraventa” y “o contratos de arrendamiento con promesa de compraventa”, en concordancia con la modificación introducida en el artículo 1º.
-Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
III. CONSTANCIAS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se establecen las siguientes constancias:
a) Normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
-No existen normas que deban votarse con quórum especial.
b) Normas que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
-Todo el articulado del proyecto.
c) Indicación rechazada.
Al Artículo 1º
1. Del diputado señor Longueira, para intercalar, en el inciso primero, entre las frases “las cuotas” y “que paguen”, la siguiente expresión: “multiplicadas por un favor de ajuste”.
d) Indicaciones inadmisibles.
Al Artículo 1º
-De la diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los diputados señores Jiménez, don Jaime ; Tuma, don Eugenio ; Hales, don Patricio , y Venegas, don Samuel , del siguiente tenor:
“Intercálase, en el inciso primero, después de la palabra “compra”, la expresión “o construcción”.
Agrégase, en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Tendrán igual carácter las viviendas construidas durante la vigencia de esta ley por los contribuyentes a que se refiere el inciso primero, en terrenos de su propiedad o de la comunidad de que formen parte.”.
Incorpórase, en el inciso tercero, luego de la palabra “beneficio”, la expresión “, o en la escritura de mutuo hipotecario que corresponda en el caso del contribuyente que ha construido su vivienda”.
-De la diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los diputados Cornejo, don Patricio ; Caminondo, don Carlos ; García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Jiménez, don Jaime , y Tuma, don Eugenio , que intercala, en el inciso primero, entre las expresiones “compra” y “de una vivienda nueva”, la frase “y la construcción en la modalidad de cooperativa habitacional”.
Al artículo 2º
-De la diputada señora Pérez , doña Lily , y de los diputados señores Longueira, don Pablo ; Alvarado, don Claudio , y Pérez, don Víctor , que reemplaza este artículo por el siguiente:
“Artículo 2º.- La deducción referida en el artículo 1º no podrá ser superior a diez, seis y tres unidades tributarias mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 2000, el 1 de enero y el 30 de junio del año 2001, o el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2001, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso”.
-De la diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los diputados Hales, don Patricio ; Letelier, don Felipe , y Jiménez, don Jaime , que agrega los siguientes incisos, nuevos:
“Podrán también acceder a los beneficios establecidos en esta ley los futuros adquirentes de aquellas viviendas acogidas a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, cuyos permisos de edificación hayan sido aprobados entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 1999, y cuyas ventas se hayan perfeccionado antes del 22 de junio del año 2001.
En el caso referido en el inciso anterior, la deducción referida en el artículo 1º no podrá ser superior a diez, seis y tres unidades tributarias mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pague la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2000, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2000, y entre el 1 de enero y el 30 de julio del año 2001.”.
Artículo 7º, nuevo
-De la diputada señora Pérez , doña Lily , y de los diputados señores Longueira, don Pablo ; Alvarado, don Claudio , y Pérez, don Víctor , que incorpora el siguiente artículo 7º, nuevo:
“Artículo 7º.- Los factores de ajuste señalados en el artículo 1º de esta ley serán los siguientes, según los tramos indicados en el artículo 52 del decreto ley Nº 824, de 1974, sobre ley de Impuesto a la Renta.
Tramo
impuesto
Tasa marginal global
complementario
Factor
de ajuste
1
5%
4.00
2
10%
2.00
3
15%
1.33
4
25%
0.80
5
35%
0.57
6
45%
0.44
Al artículo transitorio
-De la diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los diputados señores Jiménez, don Jaime ; Tuma, don Eugenio , Hales, don Patricio , y Venegas, don Samuel , del siguiente tenor:
“Intercálase, entre la expresión “artículo 4” y la coma que le sigue, las palabras “y los que celebren mutuos hipotecarios por construcción de viviendas nuevas, construidas en terrenos propios o de la comunidad de que formen parte, acogidas a las normas del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959”.
e) Disposiciones que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
-Artículos 2º, 3º, 4º y 5º.
f) Disposiciones suprimidas.
-No las hubo.
g) Disposiciones modificadas.
-Artículos 1º, 6º y transitorio.
h) Disposiciones nuevas introducidas.
-No las hubo.
i) Normas que el proyecto modifica o deroga.
-No existen disposiciones que se encuentren en esta situación.
j) Correcciones formales.
Se hace constar que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Corporación, se han introducido en el texto del proyecto diversas modificaciones formales que no se ha estimado del caso explicitar.
-o-
En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, os dará a conocer el señor diputado informante , la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Los contribuyentes de los impuestos establecidos en los artículos 43º, número 1º, y 52º, de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, podrán deducir, de sus rentas afectas a los impuestos respectivos, las cuotas que paguen en el año comercial que corresponda, por las obligaciones con garantía hipotecaria que hayan contraído con bancos e instituciones financieras y agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, que operen en el país, en la adquisición de una vivienda nueva acogida a las normas de decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, que se constituya en garantía hipotecaria de dichas obligaciones.
Se entenderá por vivienda nueva, para los efectos de esta ley, aquella que se adquiera por primera vez para ser usada.
Para la procedencia del beneficio establecido en el inciso primero, el adquirente de la vivienda deberá dejar constancia, en la escritura respectiva, de que se acoge a dicho beneficio.
Artículo 2º.- La deducción referida en el artículo 1º no podrá ser superior a diez, seis ni tres unidades tributarias mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 1999, el 1 de enero y el 30 de junio del año 2000, o el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2000, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso.
Artículo 3º.- Los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 52 de la ley sobre Impuesto a la Renta efectuarán la deducción a que se refieren los artículos precedentes de la renta bruta global del año comercial en que se paguen las obligaciones respectivas, aplicándose la reajustabilidad dispuesta en el inciso final del artículo 55 de dicha ley.
Los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 43, Nº 1º, de la ley sobre Impuesto a la Renta, para acogerse al beneficio establecido en la presente ley, deberán efectuar una reliquidación anual de los impuestos retenidos durante el año, deduciendo del total de sus rentas imponibles las cantidades que correspondan por las obligaciones hipotecarias pagadas en el mismo período. Al reliquidar, deberán aplicar la escala de tasas que resulte de valores anuales según la unidad tributaria vigente el 31 de diciembre, y los créditos y demás elementos de cálculo del impuesto. Las rentas imponibles se reajustarán en conformidad a lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 54 de la ley citada. Los impuestos retenidos según el artículo 75 de la misma ley, así como las diferencias que resulten en favor del contribuyente, serán devueltas en la forma prevista en el artículo 97 de dicho cuerpo legal. Asimismo, la declaración que deba presentarse, se sujetará, en todo, a las declaraciones anuales exigidas por la ley referida.
Artículo 4º.- Podrán acogerse a lo dispuesto en esta ley los contribuyentes amparados por la ley Nº 19.281, por los aportes correspondientes a los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de viviendas nuevas, excluidos los subsidios que se hubiesen pagado. El derecho a su deducción se hará efectivo desde el mes en que se suscriba el respectivo contrato de promesa de compraventa, según lo dispuesto en el artículo 26 de dicha ley, debiendo sujetarse, en todo, a las normas que se establecen en los artículos anteriores.
Artículo 5º.- Para los efectos de la deducción a que se refieren los dos artículos precedentes, las obligaciones hipotecarias y los aportes, según corresponde, deberán reajustarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley sobre Impuesto a la Renta, desde el mes anterior a aquel en que se efectuó el pago o el aporte respectivo.
Artículo 6º.- El Servicio de Impuestos Internos determinará la forma y oportunidad en que los bancos, las instituciones financieras y las empresas o personas que intervengan en el financiamiento o en la adquisición de las viviendas, deberán entregarle la información relativa a los créditos, cuentas y demás antecedentes que digan relación con el derecho al beneficio establecido en la presente ley, para los efectos de a fiscalización que corresponda.
Artículo transitorio.- Los contribuyentes que celebraren escrituras públicas de compraventa, de mutuo o contratos de arrendamiento con promesa de compraventa a que se refiere el artículo 4º, entre el 22 de junio de 1999 y la fecha de publicación de esta ley, y que deseen acogerse al beneficio que en ésta se regula, cumplirán con la obligación a que se refiere el inciso tercero del artículo 1º presentando, ante el Servicio de Impuestos Internos, una declaración jurada en tal sentido, en la forma y plazo que este organismo determine”.
-o-
Se designó diputada informante a la señora Caraball , doña Eliana .
Sala de la Comisión, a 7 de julio de 1999.
Acordado en sesiones 40ª, ordinaria, y 41ª, especial, ambas de fecha 7 de julio de 1999, con la asistencia del diputado señor Jiménez, don Jaime ( Presidente ), de las diputadas señoras Caraball , doña Eliana ; González , doña Rosa , y Pérez , doña Lily , y de los diputados señores Alvarado, don Claudio , en reemplazo de la señora González, doña Rosa ; Bustos, don Manuel ; Caminondo, don Carlos ; García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Letelier, don Felipe ; Montes, don Carlos ; Pérez, don Víctor ; Mora, don Waldo , en reemplazo del señor Pareto, don Luis ; Velasco, don Sergio , en reemplazo del señor Bustos, don Manuel , y Venegas, don Samuel .
Asistieron, además, los diputados señores Alessandri, don Gustavo ; Coloma, don Juan Antonio ; Cristi , doña María Angélica ; Dittborn, don Julio ; Errázuriz, don Maximiano ; Hernández, don Miguel ; Jocelyn-Holt, don Tomás ; Lorenzini, don Pablo ; Longueira, don Pablo , y Tuma, don Eugenio .
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogada Secretaria de la Comisión ”.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que otorga beneficios tributarios a los adquirentes de viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959. (boletín Nº 2358-14)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Sergio Henríquez , Ministro de Vivienda y Urbanismo ; Manuel Marfán , Subsecretario de Hacienda ; Juan Alberto Rojas , Asesor Jurídico del Servicio de Impuestos Internos y Heinz Rudolph , Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda .
Concurrieron especialmente invitados a la Comisión los señores Horacio Pavez y Blas Bellolio , Presidente y Secretario General de la Cámara Chilena de la Construcción , respectivamente; Hugo Fuenzalida y Jorge Lermanda , Presidente y Vicepresidente de la Cooperativa de Viviendas Caburga Ltda .
El propósito de la iniciativa consiste en estimular la venta de viviendas nuevas disponibles acogidas al DFL Nº 2, de 1959, con el objeto de mejorar el nivel de actividad y el empleo en el sector de la construcción, permitiendo deducir de las bases imponibles del Impuesto Único a las Rentas del Trabajo y del Impuesto Global Complementario de los contribuyentes que se acojan al proyecto, parte de las obligaciones hipotecarias por ellos contraídas para la adquisición de la vivienda.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, respecto al proyecto original, considera que su aplicación importará una menor recaudación tributaria anual, para el año 2000 de $ 1.500 millones; y una menor recaudación anual para el período 2001 al 2010 de $ 4.500 millones.
Mediante un informe financiero sustitutivo de fecha 12 de julio de 1999, se recoge la situación producida por la indicación sobre Mutuarias y créditos hipotecarios otorgados por agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables y sobre autoconstrucción como de créditos hipotecarios asociados a viviendas autoconstruidas y provenientes de cooperativas. Asimismo, se amplía el plazo del beneficio de 6 UTM hasta el 30 de septiembre del año 2000 y el de 3 UTM hasta el 30 de julio del año 2001.
Como consecuencia de las indicaciones más arriba señaladas, se estima una menor recaudación tributaria anual, para el año 2000, de aproximadamente $ 2.000 millones; para el año 2001 de $ 4.500 millones y una menor recaudación anual para el período 2002 al 2010 de aproximadamente $ 7.300 millones.
Se especifica, asimismo, que entre el período 2011 al 2020, la menor recaudación tributaria irá declinando paulatinamente hasta alcanzar a los $ 120 millones, cifra que prevalecerá hasta el año 2026, para luego llegar a cero.
En términos de valor presente, el proyecto tiene un costo de $ 66.400 millones, descontando los flujos a una tasa anual del 6,5%.
Los supuestos considerados en los cálculos anteriores son un total de colocaciones acogidas al beneficio igual a UF 17 millones por semestre, durante la aplicación del beneficio. Equivale al flujo experimentado en el primer semestre de 1997, lapso cuya demanda por préstamos para la vivienda se considera normal. De acuerdo a la información proveída por la Cámara Chilena de la Construcción, se estima que el valor de mercado del stock de viviendas D.F.L. Nº 2 nuevas sin vender en el país es del orden de UF 40 millones.
Analizados los factores tomados en cuenta en el informe financiero, los diputados señores Dittborn y Longueira plantearon que la iniciativa conlleva un incentivo implícito a que aumente el plazo de los créditos hipotecarios, lo que tendría un efecto en la recaudación que no estaría cuantificado adecuadamente y, en consecuencia, la estructura de plazos de los créditos para la vivienda tendería a aumentar en los tramos superiores a 20 años.
El debate en la Comisión tuvo presente la información entregada por el señor Sergio Henríquez , Ministro de la Vivienda y Urbanismo, y el señor Manuel Marfán , Subsecretario de Hacienda que situaron la iniciativa en el contexto de los anuncios recientes formulados por su Excelencia el Presidente de la República para reactivar la economía y en especial, apoyar a los sectores fuertemente afectados por los niveles de cesantía existentes en el país. Entre tales medidas se destaca el subsidio al PET y los pavimentos participativos. Se resaltó que en el sector de la construcción existiría un stock de 12 mil viviendas D.F.L. Nº 2 nuevas, sin vender, equivalente a 40 millones de UF, que se postula vaya desapareciendo con el estímulo que dé el proyecto al mercado de 17 millones de UF por semestre (recobrando un nivel normal de colocaciones).
En relación con el ámbito del proyecto, se destacó por los representantes del Ejecutivo el efecto retroactivo de los beneficios al 22 de junio del presente año y el hecho que se extienda hasta el 30 de junio del 2001, a través de una indicación propuesta en tal sentido.
De los comentarios expresados en la Comisión por algunos señores diputados cabe resaltar la opinión que la medida propuesta en el proyecto sería, básicamente, en apoyo directo de los empresarios de la construcción que tienen en la actualidad un sobrestock de viviendas sin poder vender, lo cual no sería acertado como política económica, ya que la economía de mercado funciona eficientemente cuando los empresarios asumen las ganancias y pérdidas por su actividad. Asimismo, se afirmó que nada garantiza que los empresarios vayan a seguir construyendo una vez liquidado el stock por aplicación del incentivo que se entrega para la adquisición de viviendas, ya que se hace sólo durante un período de tiempo. También se expresó que el beneficio es regresivo, ya que favorece más a los contribuyentes con una alta tasa impositiva, esto es, de mayores ingresos. Se consideró que al reliquidación del impuesto único para acogerse a los beneficios del proyecto podría significar para ciertos contyribuyentes un costo superior al beneficio.
Se comentó que el proyecto no se hace cargo de la evasión tributaria derivada de las normas del DFL Nº 2.
Se sugirió que se incorporaran incentivos para la compra al contado de las referidas viviendas y se incluyera a las viviendas usadas en el mecanismo de estímulo.
Se argumentó también a favor de incentivar adicionalmente la construcción de viviendas en regiones donde existe un stock importante de viviendas cuyo costo es inferior a las 1.000 UF.
A propósito de las inquietudes y sugerencias que se consignan precedentemente, se respondió que el tema de la evasión vinculada al DFL Nº 2 tendrá su contrapartida en la fiscalización que se ejerza una vez que termine de aplicarse la ley en materia de regularización urbana denominada “ley del mono”; que el tema de la vivienda en regiones corresponde tratarlo en el contexto de la aprobación de la Ley de Presupuestos; que el apoyo al sector de la construcción es una respuesta excepcional como ha habido otras ante circunstancias especiales en favor del sector forestal, agrícola, o bancario, pero que, en este caso, tendrían su justificación en una necesidad superior como crear empleos.
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de todo el proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto, se establece que los contribuyentes de los impuestos Único a las Rentas del Trabajo y del Global Complementario, podrán deducir de sus rentas afectas a los impuestos respectivos, las cuotas que paguen en el año comercial que corresponda, por las obligaciones que hayan contraído con bancos e instituciones financieras y agentes administradores de créditos hipotecarios endosables a que se refiere el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, que operen en el país, en la adquisición de una vivienda nueva acogida a las normas de decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, que se constituya en garantía hipotecaria de dichas obligaciones.
En el inciso segundo, se preceptúa que se entenderá por vivienda nueva, para los efectos del proyecto, aquélla que se adquiera por primera vez para ser usada.
En el inciso tercero, se señala, que para la procedencia del beneficio establecido en el inciso primero, el adquirente de la vivienda deberá dejar constancia, en la escritura respectiva que se acoge a dicho beneficio.
En relación con este artículo el diputado señor Longueira planteó una reserva de constitucionalidad argumentando que en virtud del mecanismo de incentivo propuesto, se estarían entregando distintos beneficios según el nivel del contribuyente, lo cual, además de ser regresivo desde un punto de vista de la justicia tributaria, es contrario al número 2 del artículo 19 de la Constitución Política que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley.
Lo anterior fue refutado por los diputados señores Jocelyn-Holt y Letelier, don Juan Pablo , en razón a que se estarían otorgando beneficios por ley a ciertos sectores en conformidad al número 22 del artículo 19 antes citado, que asegura la no discriminación arbitraria en el trato del Estado en materia económica.
Los diputados señores Álvarez , Alvarado , Dittborn y Longueira formularon una indicación para agregar en el inciso primero entre las expresiones “las cuotas” y “que paguen”, la siguiente frase: “multiplicadas por un factor de ajuste”, la cual fue rechazada por 4 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones.
El diputado Ibáñez, don Gonzalo , formuló una indicación a este artículo del siguiente tenor:
Intercálase en el inciso primero la frase “o locales comerciales existentes en edificio acogidos” entre las palabras “nueva” y “acogida”.
Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Se entenderá por vivienda o local comercial nuevo, aquella o aquel que se transfiera por primera vez luego de ser consultado.”.
Sustitúyase en el inciso tercero la palabra “vivienda” por la palabra “inmueble”.
Puesta en discusión la anterior indicación fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Sometido a votación el artículo 1º fue aprobado por 10 votos a favor y 2 abstenciones.
En el artículo 2º, se establece que la deducción referida en el artículo 1º no podrá ser superior a diez, seis ni tres unidades tributarias mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 1999, el 1 de enero y el 30 de junio del año 2000, o el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2000, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir las expresiones “30 de junio del año 2000” y “1 de julio y 31 de diciembre del año 2000” por “30 de septiembre del año 2000” y “1 de octubre del año 2000 y el 30 de junio del año 2001”, respectivamente.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por 10 votos a favor y 3 abstenciones.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Para el caso de los adquirentes a través del sistema de cooperativas de vivienda, podrá entenderse que la obligación se contrae en la fecha en que la cooperativa suscribe la escritura de mutuo hipotecario de construcción.”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
El diputado Ibáñez, don Gonzalo , formuló una indicación para agregar el siguiente inciso segundo:
“En el caso de los adquirentes de viviendas a través del Sistema de Cooperativas de Vivienda, se entenderá que la obligación se contrae en la fecha en que la respectiva cooperativa suscribe la escritura de crédito o mutuo hipotecario de construcción.”.
Esta indicación se entendió comprendida en la aprobada anteriormente del Ejecutivo, razón por la que se tuvo por retirada.
Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira formularon una indicación para reemplazar el artículo 2º por el siguiente:
“Artículo 2º.- La deducción referida en el artículo 1º, no podrá ser superior a 10, 6 y 3, Unidades Tributarias Mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 2 de junio y el 31 de diciembre del año 2000, el 1 de enero y el 30 de junio del año 2001, o el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2001, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso”.
La indicación anterior fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sometido a votación el artículo 2º fue aprobado por 12 votos a favor y una abstención.
En el artículo 3º, se señala que los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 52 de la ley sobre Impuesto a la Renta efectuarán la deducción a que se refieren los artículos precedentes de la renta bruta global del año comercial en que se paguen las obligaciones respectivas, aplicándose la reajustabilidad dispuesta en el inciso final del artículo 55 de dicha ley.
En el inciso segundo, se dispone que los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 43, Nº 1º, de la ley sobre Impuesto a la Renta, para acogerse al beneficio establecido en el proyecto, deberán efectuar una reliquidación anual de los impuestos retenidos durante el año, deduciendo del total de sus rentas imponibles las cantidades que correspondan por las obligaciones hipotecarias pagadas en el mismo período. Al reliquidar, deberán aplicar la escala de tasas que resulte de valores anuales, según la unidad tributaria vigente al 31 de diciembre, y los créditos y demás elementos de cálculo del impuesto. Las rentas imponibles se reajustarán en conformidad a lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 54 de la ley citada. Los impuestos retenidos según el artículo 75 de la misma ley, así como las diferencias que resulten en favor del contribuyente, serán devueltas en la forma prevista en el artículo 97 de dicho cuerpo legal. Asimismo, la declaración que deba presentarse, se sujetará, en todo, a las declaraciones anuales exigidas por la ley referida.
Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira formularon una indicación para sustituir el inciso segundo, por los siguientes incisos:
“Los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 43, Nº 1, de la ley sobre Impuesto a la Renta, para acogerse al beneficio establecido en la presente ley, podrán solicitar directamente a su empleador la deducción del monto del dividendo, con el tope que corresponda según el artículo precedente, de su remuneración imponible en la respectiva liquidación. La deducción se hará en el mes siguiente a aquel que corresponda al dividendo y por la suma numérica efectivamente pagada, excluyendo intereses penales u otras sumas adicionales, lo que se acreditará con el respectivo recibo de pago otorgado por la institución crediticia.
Los contribuyentes mencionados en el inciso anterior, podrán optar alternativamente por el procedimiento que el mismo establece o por impetrar la rebaja en su declaración o reliquidación anual, pero ella será incompatible por iguales meses, debiéndose aplicar proporcionalmente en éstas, si fuere el caso.”.
Puesta en votación la indicación precedente fue rechazada por 4 votos a favor y 6 votos en contra.
Sin perjuicio de haberse rechazado la norma anterior, la Comisión solicitó al Ejecutivo el estudio de algún mecanismo alternativo que acoja la idea propuesta, comprometiéndose en tal sentido el señor Subsecretario de Hacienda , en la medida que se pueda éste estructurar conforme a criterios de administración tributaria confiables.
Puesto en votación el artículo 3º fue aprobado por 9 votos a favor y 2 abstenciones.
En el artículo 4º, se establece que podrán acogerse a lo dispuesto en el proyecto los contribuyentes amparados por la ley Nº 19.281, por los aportes correspondientes a los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de viviendas nuevas, excluidos los subsidios que se hubiesen pagado. El derecho a su deducción, se hará efectivo desde el mes en que se suscriba el respectivo contrato de promesa de compraventa, según lo dispuesto en el artículo 26 de dicha ley, debiendo sujetarse, en todo, a las normas que se establecen en los artículos anteriores.
Puesto en votación el artículo 4º fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 5º, se señala que para los efectos de la deducción a que se refieren los dos artículos precedentes, las obligaciones hipotecarias y los aportes, según corresponda, deberán reajustarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley sobre Impuesto a la Renta, desde el mes anterior a aquel en que se efectuó el pago o el aporte respectivo.
Puesto en votación el artículo 5º fue aprobado en forma unánime.
En el artículo 6º, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para determinar la forma y oportunidad en que los bancos, las instituciones financieras y las empresas o personas que intervengan en el financiamiento o en la adquisición de las viviendas, deberán entregarle la información relativa a los créditos, cuentas y demás antecedentes que digan relación con el derecho al beneficio establecido en la presente ley, para los efectos de la fiscalización que corresponda.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira formularon una indicación para agregar un artículo 7º nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 7º.- Los factores de ajuste señalados en el artículo 1º de esta ley serán los siguientes según los tramos indicados en el artículo 52, de la Ley Sobre Impuesto a la Renta del Decreto Ley Nº 824 de 1974.
TRAMO
TASA MARGINAL
FACTOR
IMPUESTO
GLOBAL COMPLEMENTARIO
DE AJUSTE
1
5%
4.00
2
10%
2.00
3
15%
1.33
4
25%
0.80
5
35%
0.57
6
45%
0.44
La indicación precedente fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En el artículo transitorio, se establece que los contribuyentes que celebren escrituras públicas de compraventa, de mutuo o contratos de arrendamiento con promesa de compraventa en conformidad con el artículo 4º del proyecto, entre el 22 de junio de 1999 y la fecha de publicación de éste, y que deseen acogerse al referido beneficio, cumplirán con la obligación a que se refiere el inciso tercero del artículo 1º presentando, ante el Servicio de Impuestos Internos, una declaración jurada en tal sentido, en la forma y plazo que este organismo determine.
Puesto en votación fue aprobado por unanimidad.
CONSTANCIAS
1. Indicaciones rechazadas-
-De los diputados señores Álvarez , Alvarado , Dittborn y Longueira para agregar en el inciso primero del artículo 1º entre las expresiones “las cuotas” y “que paguen”, la siguiente frase: “multiplicadas por un factor de ajuste”.
-De los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira para sustituir el inciso segundo del artículo 3º, por los siguientes incisos:
“Los contribuyentes del impuesto establecido en el artículo 43, Nº 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para acogerse al beneficio establecido en la presente ley, podrán solicitar directamente a su empleador la deducción del monto del dividendo, con el tope que corresponda según el artículo precedente, de su remuneración imponible en la respectiva liquidación. La deducción se hará en el mes siguiente a aquel que corresponde al dividendo y por la suma numérica efectivamente pagada, excluyendo intereses penales u otras sumas adicionales, lo que se acreditará con el respectivo recibo de pago otorgado por la institución crediticia.
Los contribuyentes mencionados en el inciso anterior, podrán optar alternativamente por el procedimiento que el mismo establece o por impetrar la rebaja en su declaración o reliquidación anual, pero ella será incompatible por iguales meses, debiéndose aplicar proporcionalmente en éstas, si fuere el caso.”.
2. Indicaciones declaradas inadmisibles.
-Del diputado Ibáñez, don Gonzalo , al artículo 1º del siguiente tenor:
Intercálase en el inciso primero la frase “o locales comerciales existentes en edificios acogidos” entre las palabras “nueva” y “acogida”.
Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Se entenderá por vivienda o local comercial nuevo, aquella o aquel que se transfiera por primera vez luego de ser construido.”.
Sustitúyase en el inciso tercero la palabra “vivienda” por la palabra “inmueble”.
-De los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira para reemplazar el artículo 2º por el siguiente:
“Artículo 2º.- La deducción referida en el artículo 1º, no podrá ser superior a 10, 6 y 3, Unidades Tributarias Mensuales de diciembre de cada año, multiplicadas por el número de meses en los que se pagó la deuda en el ejercicio correspondiente, según si la obligación hipotecaria se contrajo entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año 2000, el 1 de enero y el 30 de junio del año 2001, o el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2001, respectivamente, incluyendo ambas fechas en cada caso.”.
-De los diputados señores Alvarado , Álvarez , Dittborn y Longueira para agregar un artículo 7º nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 7º.- Los factores de ajuste señalados en el artículo 1º de esta ley serán los siguientes según los tramos indicados en el artículo 52, de la Ley sobre Impuesto a la Renta del Decreto Ley Nº 824 de 1974.
TRAMO
TASA MARGINAL
FACTOR
IMPUESTO
GLOBAL COMPLEMENTARIO
DE AJUSTE
1
5%
4.00
2
10%
2.00
3
15%
1.33
4
25%
0.80
5
35%
0.57
6
45%
0.44
Sala de la Comisión, a 14 de julio de 1999.
Acordado en sesiones de fecha 13 de julio de 1999, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; García, don José ; Jaramillo, don Enrique ; Jiménez, don Jaime ; Jocelyn-Holt, don Tomás ( Villouta, don Edmundo) ; Letelier, don Juan Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Prochelle, señora Marina ; Rincón, don Ricardo y Sciaraffia , señora Antonella ( Arratia, don Rafael) .
Se designó diputado informante al señor Lorenzini, don Pablo .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
4. Segundo Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica el régimen tributario que afecta la importación de automóviles acogidos a franquicias especiales. (boletín Nº 2.341-05)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a emitir este segundo informe relativo al proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
En la sesión 16ª de la Sala de esta Corporación, de fecha 8 de julio de 1999, fue aprobado en general el proyecto y remitido junto a diversas indicaciones a esta Comisión para su segundo informe reglamentario.
Las indicaciones que fueron objeto de análisis en la Comisión dicen relación con la reposición por parte del Ejecutivo de los artículos 4º y 5º del proyecto original que fueron rechazados por esta Comisión en su primer informe.
Sobre el particular, la Comisión adoptó el acuerdo de votarlos separadamente, siendo aprobado el artículo 4º por 7 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención y el artículo 5º fue aprobado por 6 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones.
El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar después del artículo 5º, el siguiente:
“Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto del artículo 6º, de la ley Nº 17.238:
1. Sustitúyese el guarismo “US$ 8.385,60” por “US$ 15.000”.
2. Sustitúyese en la parte final, que sigue después del punto seguido (.), la frase “en el artículo 1º, Nº 4, del DL Nº 2.976, de 1979” por “en el artículo 46º bis del decreto ley Nº 825, de 1974”.
Se tuvo en consideración por la Comisión que la indicación uniforma el guarismo sobre el valor superior de los vehículos con características técnicas especiales que regula el artículo 6º de la ley Nº 17.238, con la norma del proyecto incorporada al artículo 46 del decreto ley Nº 825, que establece el impuesto al lujo por sobre los US$ 15.000. El numeral 2 consiste en una mejor forma de actualización de los montos señalados.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
Los diputados señores Osvaldo Palma , José Antonio Galilea , José García , Waldo Mora, José Miguel Ortiz , Baldo Prokurica , Mario Bertolino , María Victoria Ovalle , Antonella Sciaraffia , Patricio Walker , Jaime Orpis y Carlos Vilches formularon una indicación para incorporar el siguiente artículo 6º, que pasa a ser artículo 7º:
“Artículo 6º.- Agrégase en el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 17.238, a continuación del punto aparte (.), que pasará a ser punto seguido (.), lo siguiente: “Para efectos de dicha importación, en ningún caso se exigirá licencia de conducir.”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
Los diputados señores Baldo Prokurica , Jaime Orpis , Carlos Vilches y Luis Monge formularon una indicación para agregar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo .- Modifíquese el inciso segundo del artículo 39 de la ley Nº 19.284 en los siguientes términos:
“Auméntese a la suma de US$ 20.000.-.”.”.
Puesta en discusión la indicación precedente fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
CONCLUSIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que os dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Sección 0 del Arancel Aduanero:
1. Elimínase en el inciso primero de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0, la última parte que se encuentra después del punto seguido (.), que pasa a ser punto aparte (.).
2. Agréganse, en la Nota Legal Nacional Nº 3 los siguientes incisos segundo y tercero, pasando a ser incisos cuarto y quinto los actuales incisos segundo y tercero:
“Para el cálculo de estos derechos, la base imponible estará constituida por el valor aduanero del vehículo, menos la depreciación por uso, que ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pagan dichos derechos. Si en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta. Los derechos determinados precedentemente, serán girados por el Servicio Nacional de Aduanas, a la persona beneficiaria de la franquicia, quien deberá enterarlos en arcas fiscales dentro de los 10 días siguientes a la fecha del giro.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto a los derechos en referencia, sin que se les acredite previamente el pago de dichos gravámenes, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su registro de vehículos motorizados ninguna transferencia de los vehículos afectos a los derechos, si no constare en el título respectivo, el hecho de haberse pagado los derechos establecidos en la presente nota legal.”.
3. Elimínase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso quinto, de la Nota Legal Nacional Nº 3 de la Sección 0. El actual inciso cuarto ha pasado a ser inciso quinto.
4. Reemplázase la glosa de la partida 00.04, Sección 0, por la siguiente:
“Efectos personales, menaje de casa, equipos y herramientas de trabajo, de funcionarios o empleados chilenos, que presten sus servicios en el exterior.”.
5. Elimínase el inciso segundo del Nº 5 de la Nota Legal Nacional Nº 1 de la Partida 00.04 de la Sección 0.
6. Reemplázanse en la glosa de la Partida 00.05 las expresiones “sesenta mil” y “treinta y ocho mil” por las expresiones “ciento veinte mil” y “ochenta mil”, respectivamente.
Artículo 2º.- Reemplázase el actual artículo 40º del DFL 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el siguiente:
“Artículo 40º.- Los funcionarios de Primera a Séptima Categoría de la Planta “A”, presupuesto en moneda extranjera, que regresen al país por término de su destinación en el extranjero, gozarán de una asignación por cambio de residencia, la que no se considerará sueldo para efecto legal alguno, de un monto equivalente al señalado en la siguiente tabla, expresada en UTM:
GRADO
ASIGNACIÓN DE INSTALACIÓN
^@#@^Primera Categoría Exterior
325
Segunda Categoría Exterior
307
^@#@^Tercera Categoría Exterior
289
^@#@^Cuarta Categoría Exterior
252
Quinta Categoría Exterior
210
Sexta Categoría Exterior
170
Séptima Categoría Exterior
126
No tendrán derecho a esta asignación los funcionarios que soliciten su adscripción al país por motivos particulares.”.
Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 200 del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional (Guerra):
a) Agrégase el siguiente inciso tercero a la letra a):
“No obstante, el personal que regrese al país después de haber cumplido una comisión en el extranjero de un año o más, y el que por resolución del Supremo Gobierno cese en dichas funciones antes de enterar ese plazo, tendrá un incremento de la asignación señalada en el inciso anterior, por un monto equivalente al 50% del sueldo base anual en dólares que corresponda, que se concederá y pagará de acuerdo a las normas establecidas en el citado inciso.”.
b) Suprímese en el primer párrafo de la letra g) la expresión “una embarcación deportiva y un vehículo terrestre”.
Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso décimo segundo del artículo 35 de la ley Nº 13.039:
a) En el número 2º.- reemplázase toda la parte final que empieza con las palabras “salvo que previamente...” por la siguiente: “salvo que previamente se haya pagado el saldo de los derechos e impuestos vigentes en el resto del país que deberían haberse percibido al momento de la importación del vehículo en la zona liberada, sin las rebajas establecidas en los incisos precedentes. Esta desafectación quedará gravada con el Impuesto al Valor Agregado contenido en el Título II del decreto ley Nº 825, de 1974”.
b) Agrégase como número 3º, el siguiente:
“3º.- Para el cálculo de estos derechos e impuestos, la base imponible estará constituida por el valor aduanero del vehículo, menos la depreciación por uso. Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pagan dichos derechos e impuestos, con un tope de 70%.
Los derechos e impuestos determinados de acuerdo a lo señalado precedentemente, serán girados por el Servicio Nacional de Aduanas al beneficiario de la franquicia, quien deberá enterarlos en arcas fiscales dentro de los 10 días siguientes a la fecha del giro.”.
c) Agrégase como número 4º, el siguiente:
“4º.- Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato que recaiga sobre los citados vehículos afectos a los derechos e impuestos aludidos, sin que se les acredite previamente su pago, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos afectos a los derechos e impuestos establecidos en el presente inciso, si no constare, en el Título respectivo, el hecho de haberse pagado dichos tributos.”.
Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 825, de 1974:
a) En la letra a) del artículo 8º, agréganse los siguientes dos incisos, sustituyendo el punto y coma (;) por un punto aparte (.):
“Asimismo, se considerará venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto al impuesto que grava la operación establecida en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. A su vez, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos señalados, si no constare, en el Título respectivo el hecho de haberse pagado el impuesto;”.
b) En la letra b) del artículo 11º, agrégase después del punto y coma (;) que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “o se trate de la operación descrita en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º;”.
c) En el artículo 12º:
1. En el Nº 1 de la letra A.- agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:
“Asimismo se exceptúan de la presente exención los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a alguna franquicia, de acuerdo con lo preceptuado en los incisos segundo y tercero de la letra a) del artículo 8º.”.
2. En el número 5, de la letra B.-, suprímase la frase “una embarcación deportiva y un vehículo automóvil terrestre” y la coma (,) que la sigue.
d) En la letra a) del artículo 16º, agréganse después del punto y coma (;), que pasa a ser punto aparte (.), el siguiente inciso nuevo: “Para determinar el impuesto que afecta la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º, se considerará la misma base imponible de las importaciones menos la depreciación por uso. Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1 de enero del año del modelo y el momento en que se pague el impuesto, salvo que en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, caso en el cual sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta;”.
e) En el artículo 46 introdúcense las siguientes modificaciones:
1. Reemplázase en el mismo inciso la actual cifra de US$ 10.004,73 por la cifra US$ 15.000.
2. Agréganse los siguientes incisos finales:
“El impuesto establecido en este artículo se aplicará también en su primera enajenación en el país, a los vehículos señalados en el inciso primero, que hubieren sido importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general. Se considerarán, al efecto las mismas normas que se aplican para el Impuesto al Valor Agregado que grava la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8º respecto del sujeto del impuesto, su devengo, la determinación de la base imponible, el plazo en que debe enterarse en arcas fiscales y las sanciones procedentes.
Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato de aquellos afectos al impuesto referido en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago de dicho tributo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia afecta al impuesto señalado, si no constare el hecho de su pago, en el Título correspondiente.”.
Artículo 6º.- Agrégase en el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 17.238, a continuación del punto aparte (.), que pasará a ser punto seguido (.), lo siguiente: “Para efectos de dicha importación, en ningún caso se exigirá licencia de conducir.”.
Artículo 7º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto del artículo 6º, de la ley Nº 17.238:
1. Sustitúyese el guarismo “US$ 8.385,60” por “US$ 15.000”.
2. Sustitúyese en la parte final, que sigue después del punto seguido (.), la frase “en el artículo 1º, Nº 4, del DL Nº 2.976, de 1979” por “en el artículo 46º bis del decreto ley Nº 825, de 1974”.
Artículo 8º.- Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se establecerán los elementos de seguridad con que deberán estar provistos los vehículos automóviles que se importen y la fecha a partir de la cual éstos se harán exigibles, pudiendo diferenciarse según modelos o categorías de vehículos. Dicho decreto deberá dictarse dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de esta ley.
Artículo 9º.- El Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación , en el caso de vehículos motorizados livianos para transporte de pasajeros, que se internen al país conforme a la Partida 00.05 del Arancel Aduanero, hará entrega directa de las correspondientes placas municipales al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que las conservará en su poder, previa entrega, a quienes hayan hecho uso de esa franquicia, de las respectivas placas diplomáticas o consulares, para Organismos Internacionales y para personal administrativo y técnico.
En el caso de vehículos motorizados pesados o de carga, internados al país en las condiciones descritas en el inciso anterior y en virtud de programas o proyectos de ayuda internacional dependientes de Organismos Internacionales, podrán circular con la placas municipales otorgadas por el Registro Nacional de Conductores del Servicio de Registro Civil e Identificación, según calificación que hará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo primero transitorio.- El personal del servicio exterior y el de planta de secretaría y administración general del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Servicios Públicos sometidos a la dependencia del Presidente de la República a través de este Ministerio, y los funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, que cumplan con los requisitos para acogerse a la franquicia de la Partida 00.04 del Arancel Aduanero, y que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren cumpliendo funciones en el extranjero, mantendrán el beneficio de poder importar a su regreso al país un vehículo terrestre en los términos que lo establecían dicha partida arancelaria y la letra g) del artículo 200 del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional (Guerra), antes de las modificaciones introducidas por los números 4 y 5 del artículo 1º y por la letra b) del artículo 3º de esta ley.
En el caso en que los funcionarios señalados en el inciso anterior efectúen la importación de un vehículo terrestre, las asignaciones por cambio de residencia de que gocen serán las vigentes antes de las modificaciones introducidas en el artículo 2º y en la letra a) del artículo 3º de esta ley. En caso contrario, las asignaciones por cambio de residencia serán las establecidas en esta ley.
Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, durante el año 1999, se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en los presupuestos vigentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, según proceda y, en lo que no alcanzare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Público del presupuesto del sector público, para el año 1999.”.
Sala de la Comisión, a 14 de julio de 1999.
Acordado en sesión de fecha 13 de julio de 1999, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Arratia, don Rafael ; Dittborn, don Julio ; García, don José ; Jaramillo, don Enrique ; Jiménez, don Jaime ; Jocelyn-Holt, don Tomás ; Letelier, don Juan Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Prochelle , señora Marina .
Se designó diputado informante al señor Palma, don Andrés .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
ANEXO SESIÓN
Aprueba el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Panamá para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Santiago, el 8 de noviembre de 1996.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios entre Chile y Panamá y entre Chile y Cuba para la promoción y protección recíprocas de las inversiones, y sus protocolos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores en ambos proyectos de acuerdo, es el señor Edgardo Riveros.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 1820-10, sesión 56ª, en 19 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Mensaje, boletín Nº 2236-10, sesión 32ª, en 8 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, boletines Nºs 1820-10 y 2236-10, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana ha estimado conveniente informar conjuntamente a esta honorable Cámara los acuerdos entre Chile y las Repúblicas de Cuba y de Panamá para la promoción y protección recíprocas de las inversiones, y sus protocolos, suscritos en Santiago, Chile, el 8 de noviembre de 1996.
Los compromisos que encierran y los propósitos fundamentales que persiguen son comunes en ambos tratados, por lo cual estos instrumentos internacionales tienen un mismo contenido normativo, como es el caso de los diversos tratados de este tipo que Chile ha suscrito con diversos países latinoamericanos, europeos y asiáticos, a partir de su incorporación al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, elaborado en el seno del Banco Mundial con el fin de reducir los riesgos que deben enfrentar los inversionistas extranjeros en los países receptores de la inversión, uno de los cuales está constituido por los conflictos con el país huésped.
Por la identidad de compromisos, propósitos y contenido normativo que caracteriza a estos tratados, la Comisión, por razones de economía procesal, ha acordado informarlos en un solo acto, sin perjuicio de proponer a esta Cámara que adopte decisiones separadas respecto de cada uno.
Los dos tratados importan compromisos de estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, de conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales. En consecuencia, el propósito fundamental que persiguen es el de establecer un marco jurídico adecuado para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de éstos con los del Estado receptor de las inversiones y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad de capitales.
A mayor abundamiento, cabe señalar, como en su oportunidad lo hizo el mensaje relativo al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, que los tratados de protección de inversiones tienen dos ventajas para el inversionista:
Primero, representan una condición para que operen en su favor los mecanismos de seguros públicos de inversión de los respectivos países, lo que les permite acceder a pólizas de seguros para su inversión a un costo menor al que deberían afrontar normalmente. De este modo, la celebración por Chile de este tipo de tratados, cuyo contenido normativo se reseñará, coloca al país en una situación ventajosa para atraer inversión extranjera.
En segundo lugar, ofrecen al inversionista el recurso del arbitraje internacional para la solución de las controversias que, con ocasión de la inversión, puedan suscitarse con su Estado receptor.
Los principales compromisos que imponen a las partes contratantes son los siguientes:
1. El de incentivar, en su respectivo territorio nacional, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. El de garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. El de garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
En el Acuerdo con Cuba se indica que tal autorización se dará “previo cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan”.
Conforme a los protocolos de ambos tratados, el capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año, contado desde su ingreso al territorio de la parte contratante, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero, o el capítulo XIV del Compendio de normas de cambios internacionales del Banco Central de Chile, salvo disposición legal futura más favorable.
4. El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causas de utilidad pública o interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor comercial (con Cuba) o de mercado (con Panamá) de la inversión afectada y con una tasa de interés, comercial o de mercado, según el caso, ante cualquier atraso en su pago.
5. El de indemnizar al inversionista por las pérdidas que experimente por riesgos no comerciales, entendiéndose por tales los producidos a causa de una guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, rebelión, insurrección o disturbios.
6. El de reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
7. El de resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas que se llevarán a cabo por tres meses, al término de las cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio efectuó la inversión o al arbitraje internacional. Para este efecto, cada parte contratante da su consentimiento, anticipado e irrevocable, para que toda diferencia pueda ser sometida a arbitraje. En todo caso, la elección que el inversionista haga de uno u otro procedimiento será definitiva.
En el caso del Acuerdo con Cuba, país en que existen inversiones chilenas calculadas en 49 millones de dólares, el arbitraje podrá intentarse ante un Tribunal de Arbitraje ad-hoc establecido conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil o ante el Tribunal Arbitral establecido para la solución de controversias entre las partes contratantes, compuesto de tres miembros, de los cuales cada parte designa a uno, el tercero es nombrado de común acuerdo, y, a falta de este acuerdo, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
En el caso del Convenio con Panamá, país en el que existen inversiones chilenas calculadas en US$ 596.700.000, el arbitraje internacional corresponderá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, ya mencionado en este informe.
En el Acuerdo con Cuba, la Comisión observó la norma que dispone que “Para estos efectos -es decir, el sometimiento de la diferencia al arbitraje internacional-, las partes renuncian a exigir el agotamiento de recursos judiciales internos”, por estimarla contradictoria con la norma que declara que la elección de uno u otro procedimiento será definitiva.
Como consecuencia de dicha observación, los Gobiernos de Chile y Cuba celebraron, mediante intercambio de notas diplomáticas, un acuerdo interpretativo, adicional al que se informa en esta oportunidad y que entrará en vigencia en la misma fecha de éste, que precisa que la norma objetada, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá interpretarse como contraria o restrictiva de la opción única, definitiva e irrevocable de jurisdicción, que el propio Acuerdo consagra.
En consecuencia, se reitera que cuando un inversionista remita una controversia al tribunal competente de la parte contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión o al arbitraje internacional, la elección de cualquiera de estos procedimientos será definitiva.
El Presidente de la República formuló una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto de acuerdo, con el objeto de permitir que la honorable Cámara decida, en un solo acto, tanto respecto del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y su protocolo, suscritos el 10 de enero de 1996, como sobre el Acuerdo interpretativo celebrado por intercambio de notas, de fechas 15 de mayo de 1996 y 24 de abril de 1998.
8. El de resolver las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación de este Acuerdo, por medio de negociaciones amistosas que, en el caso de Cuba, podrán durar hasta seis meses, y en el de Panamá, dos meses, o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el Acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los convenios de su tipo.
Por último, la aplicación de estos tratados será independiente de que existan o no relaciones diplomáticas entre las partes contratantes.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana compartió los objetivos que llevaron a los Gobiernos a suscribir estos tratados, y decidió aprobar por unanimidad el suscrito con Panamá, y por mayoría de votos, con el voto en contra del diputado señor Masferrer y la abstención de la diputada señora Rosa González, el celebrado con Cuba, y proponer a la honorable Cámara que apruebe, en votaciones separadas, el artículo único de los respectivos proyectos de acuerdo, con las modificaciones formales que en cada uno se recogen en los textos sustitutivos que sugiere el informe puesto a disposición de la honorable Cámara.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Están inscritos los diputados señores Iván Moreira, Juan Masferrer, Eugenio Tuma y Carlos Caminondo.
Como restan 17 minutos de Fácil Despacho, propongo a la Sala otorgar un tiempo máximo de cuatro minutos a cada uno, para que puedan intervenir todos dentro de dicho tiempo.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, corresponde a esta Sala analizar y pronunciarse respecto del Acuerdo entre los Gobiernos de Chile y Cuba, para la promoción y protección recíproca de las inversiones.
En mi calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, debo recordar que el objetivo planteado como prioritario de este Acuerdo consiste en establecer un marco jurídico adecuado para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales y de los inversionistas extranjeros, a fin de compatibilizar el legítimo interés de éstos con el Estado que recibe las inversiones.
Con este Acuerdo se persigue, en último término, favorecer la transferencia y movilidad de capitales entre los países suscriptores, en el caso que nos corresponde analizar hoy, entre Chile y Cuba.
En general, las disposiciones del protocolo parecen adecuadas. Sin embargo, como legisladores, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Es indiferente la celebración de un convenio de esta naturaleza con Brasil, Argentina, Ecuador o Cuba? Evidentemente que no. Cuba es un país especial; se trata de un pueblo que por más de 40 años ha sido reprimido por una de las más brutales dictaduras comunistas. Ostenta medalla de plata en las olimpíadas de la represión mundial, quizás sólo superado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China.
No debemos olvidar que la revolución comunista dirigida por Castro se ha regido por este principio: “Dentro de la revolución, todo; fuera de ella, nada”, y también por aquella connotada frase del tristemente célebre Che Guevara: “El odio hace del hombre una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar”.
¿Acaso alguno de los presentes duda de que, desde la década de los años 60, los cubanos sólo han votado con los remos? Más del 20 por ciento de los cubanos ha huido del país, pese a los intentos de Fidel Castro de hundir las frágiles embarcaciones atestadas de personas, lanzando sacos de arena desde aviones en vuelo.
Con este Convenio contribuimos de manera importante a potenciar y a perpetuar un gobierno que desde 1959 ha llevado a más de 100 mil cubanos a campos de concentración y cárceles. Cálculos prudentes indican que en la isla han sido fusiladas entre 15 mil y 17 mil personas. Los sacerdotes han sido expulsados, y las iglesias y los colegios religiosos, cerrados. Sólo con motivo de la visita del Santo Padre, y como una efectista herramienta de “marketing”, el dictador permitió a los cubanos celebrar la Navidad, por primera vez en cuarenta años.
En Cuba no sólo no se respetan los derechos humanos básicos, sino que no se respeta ningún derecho. No sólo ello, es el refugio de los más peligrosos terroristas chilenos. En Cuba y bajo el amparo del Gobierno, se esconden, entre otros, los asesinos de Jaime Guzmán, incluso el “Chele”, autor intelectual del asesinato y yerno de Raúl Castro, hermano del dictador.
¿Acaso se nos olvida la colaboración y participación del gobierno cubano en el mayor traslado de armas a nuestro país? Recordemos que se hizo en barcos cubanos, con apoyo de funcionarios cubanos, y el objetivo final era un enfrentamiento fatal entre compatriotas. Si alguno de los presentes duda de la participación del gobierno cubano en la referida internación de armas, voy a reproducir el siguiente diálogo entre el ex senador Hugo Ortiz de Filippi y el dictador cubano:
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, voy a ocupar el tiempo del diputado señor Moreira.
Ortiz de Filippi le señala a Fidel Castro, en un pasaje de esa conversación, lo siguiente:
“No aprobamos las intervenciones en otros países, como no aprobamos la suya con las armas que llegaron a Carrizal.
“Castro responde: Pero eso fue distinto; había una dictadura, y yo ofrecí medios de defensa a los demócratas de Chile.
“Ortiz replica: Pero ahora hay democracia, comandante, y esas armas están en manos de grupos fanatizados. Para el Gobierno es fundamental saber cuántas armas fueron despachadas desde Cuba.
“A lo anterior, Castro, fríamente responde:
¡Ah! Eso no lo sé con exactitud; algunas se cayeron al mar. Fue una operación muy complicada”.
Este diálogo figura en el libro “La Historia de la transición”, del señor Ascanio Cavallo.
Alguien me podrá decir que Castro se ha renovado, y que día a día abre espacios de mayor libertad. ¡Nada de eso existe! Él mismo ha manifestado que prefiere morir a renunciar a la revolución.
Por lo tanto, votaré en contra por la violación de los derechos humanos en ese país, e invito a mis colegas parlamentarios a hacerlo en la misma forma para despreciar a quien hoy ostenta el poder en Cuba.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en mis tres minutos haré una sola reflexión.
Comparto absolutamente todo lo que ha dicho el diputado señor Juan Masferrer.
Nuestra reflexión no es un intento de abusar y confundir los temas económicos con los políticos. La verdad es que no tenemos oportunidad, en esta Cámara, para rechazar la actitud permanente de atropello a los derechos humanos en Cuba, que dicen defender los demócratas de Izquierda en este mismo hemiciclo.
Podemos entender las relaciones que deben existir internacionalmente, más aún en aspectos económicos. Cuba no da confianza, ni da seguridad, ni respeta sus compromisos.
Quienes hemos mantenido una conducta implacable contra el régimen de la dictadura -sí, de la dictadura de Fidel Castro, la última dictadura marxista que queda en el mundo-, no podemos hoy votar a favor de este proyecto de acuerdo, aunque ello irrite a los seudodemócratas de Izquierda que hoy tratan de consolidar las relaciones políticas y económicas con ese régimen dictatorial.
No estamos dispuestos a legitimar a Cuba, de ninguna manera. Más aún, valoramos, finalmente, la actitud del Presidente Frei de no concurrir a la Cumbre en Cuba en el mes de octubre. Me parece que es una buena señal del Primer Mandatario, porque no se puede legitimar también a una persona que tiene la brújula descontrolada como el señor Aznar, quien pretende retomar el liderazgo, prácticamente, presionando a los presidentes latinoamericanos para que asistan a esta Cumbre en la cual se intenta, no que se abra camino a la democracia en Cuba, sino seguir perpetuando a Fidel Castro.
Me quedo con las últimas palabras del diputado señor Masferrer, que ha sabido defender al pueblo cubano en la Comisión de Relaciones Exteriores al llamar a votar en contra, como una señal. No se puede aprobar un tratado comercial con quien desprecia a un país y a la democracia. Nosotros despreciamos a Fidel Castro, el único dictador marxista que queda en el mundo.
Esperamos, finalmente, que el ave de la libertad llegue luego a ese país, Cuba, que clama libertad hace más de cuarenta años, y que -¡qué curiosa ironía!-, con la muerte del mismo dictador se puedan abrir esos caminos de libertad y desarrollo.
Finalmente, no sólo coincido, sino que continúo llamando a votar en contra del proyecto de acuerdo entre la República de Chile y la República de Cuba.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo.
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, el acuerdo entre la República de Chile y la República de Panamá para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo, suscrito en Santiago de Chile el 8 de noviembre de 1996, más el acuerdo entre la República de Chile y la República de Cuba para la promoción y protección recíproca de las inversiones, son similares a otros establecidos con cuarenta países entre los años 1990 y 1998. Durante ese tiempo, la honorable Cámara aprobó, entre otros, los tratados bilaterales con Argentina, Brasil, Croacia, Dinamarca, España, Ucrania, Venezuela, República Popular China.
Los principales compromisos que imponen a las partes contratantes son los siguientes: el de incentivar, en su respectivo territorio nacional, a los inversionistas del otro país, admitiendo las inversiones de acuerdo con su legislación; el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mediante medidas injustificadas y discriminatorias, manteniendo usufructo, extensión, venta y liquidación.
La única diferencia que existe respecto de los otros cuarenta proyectos aprobados, radica en que, en esta oportunidad, lo estamos haciendo con la mal llamada República de Cuba, donde no se respetan los derechos humanos, y, sí, esperamos que esta vez se respeten los derechos comerciales de las personas.
Fidel Castro, con su dictadura de cuarenta años, podría muy bien dar una muestra de apertura al liberar a los tres periodistas y a todos los disidentes presos en las cárceles de Cuba. Así como vamos a aprobar este proyecto para proteger las inversiones que muchos chilenos tienen en Cuba, debemos exigirle a Fidel Castro esas liberaciones. Así lo hemos hecho tres diputados que estuvimos en Cuba no hace mucho, al presentar un proyecto de acuerdo con el objetivo antes mencionado. Esta Corporación debe volver a insistir en ese sentido, porque no es lógico que si tenemos estos acuerdos comerciales, Fidel Castro no demuestre -como digo- un comportamiento más democrático.
Anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional a este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra sobre estos convenios.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La votación de estos convenios se hará al final del Orden del Día, junto con los demás proyectos que seguiremos debatiendo.
El señor MOREIRA.-
No hay acuerdo, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, sólo damos cumplimiento a los acuerdos de Comités aprobados por unanimidad el martes, oportunidad en la cual se acordó votar al término de esa parte de la sesión todos los proyecto que hoy se debatan.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, si eso está avalado por el Secretario de la Cámara, no me cabe la menor duda de que es así.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Así es, señor diputado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre estos proyectos en los siguientes términos.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Panamá para promover la promoción y protección recíproca de inversiones, y su protocolo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro y Monge.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cristi (doña María Angélica), Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Galilea (don José Antonio), García (don José), Gutiérrez, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Mesías, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Ignacio).
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Fossa, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Moreira, Orpis, Pérez (don Víctor), Recondo y Vilches.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri, Álvarez-Salamanca, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Galilea (don Pablo), González (doña Rosa), Martínez (don Rosauro), Monge y Pareto.