Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Julio Dittborn Cordua
- Carlos Recondo Lavanderos
- Manuel Rojas Molina
- Victor Perez Varela
- Osvaldo Palma Flores
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 18ª, en martes 13 de julio de 1999
(Especial, de 19.03 a 21.01 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
Informe de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Moción de los diputados señores Dittborn, Recondo, Rojas, Pérez, don Víctor, y Palma, don Osvaldo, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, estableciendo una multa sustitutiva a la suspensión en casos que se indican (boletín Nº 2366-15) 34
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Francisco Huenchumilla y Alejandro Navarro.
-Asistieron, además, los subsecretarios de los Ministerios del Interior, señor Guillermo Pickering, y de Justicia, señor José Antonio Gómez,
y el senador señor Jaime Gazmuri.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.03 horas.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El acta de la sesión 11ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 12ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, quiero confirmar que los subsecretarios del Interior, señor Guillermo Pickering, y de Justicia, señor José Antonio Gómez, están autorizados para ingresar a la Sala y participar en el debate del informe de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial, sesión 15ª, en 7 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la señora Pía Guzmán, diputada informante de la Comisión .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente, honorable Cámara, en cumplimiento del mandato que recibió la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Corporación el año recién pasado, en orden a conocer todas las iniciativas legales sobre seguridad ciudadana, se consideró necesario efectuar un análisis de la situación existente, considerando los distintos factores que influyen tanto en la delincuencia como en el comportamiento violento que afectan a la seguridad de las personas.
Para los efectos señalados, se dividió el análisis en dos partes o capítulos. Uno, relativo a la prevención para tratar de evitar la delincuencia, y otro, sobre la situación de déficit institucional que impide enfrentarla en forma adecuada.
Para un mejor entendimiento del informe, cabe hacer presente que cada capítulo contiene una introducción con los elementos que aportaron diferentes invitados a la Comisión -cuyos nombres no mencionaré, porque constan en el informe- y que en términos modernos podríamos llamar “proposiciones de una política criminal”.
En el capítulo de la prevención, se consideraron determinadas materias.
En primer lugar, el tema del urbanismo. Ahí se hizo presente que una de las causales subyacentes de la delincuencia y de la violencia guarda relación con el crecimiento inorgánico de las ciudades, lo que trae como consecuencia su deterioro o el abandono de los espacios públicos y el aumento de la segregación socio-espacial.
Al respecto, uno de los invitados consideró absolutamente necesaria la formación de centros comunitarios que incluyeran teatros, canchas de fútbol, salas para talleres, etcétera, a fin de poder realizar una vida de barrio.
En segundo lugar, el tema de las escuelas.
La Fundación Paz Ciudadana dio a conocer su diagnóstico al señalar que el gran problema de los jóvenes delincuentes tiene que ver con su escaso nivel educacional. Si se consideran, por ejemplo, los robos o hurtos, más del 54 por ciento de los delincuentes que están en la cárcel tienen su educación básica incompleta. Y no la completan por falta de interés en los estudios, por problemas conductuales y por la necesidad de trabajar para ayudar a mantener a su familia.
Expresó, además, que el sistema educacional actual es poco rentable, en términos de que una persona que egresa de octavo básico puede conseguir un trabajo y obtener una retribución de, aproximadamente, 75 mil pesos; y que aquella que egresa de la educación media, por ese mismo trabajo tendrá una retribución de más o menos 90 mil pesos. Por lo tanto, la diferencia entre terminar la educación básica y la media no representa una rentabilidad tan importante como para generar un costo en cuanto a desertar del sistema escolar.
El gran salto -se indicó- dice relación con la educación técnico-profesional. Todas las personas que asistieron a las sesiones de la Comisión señalaron la problemática que implica los altos niveles de deserción escolar y la necesidad de procurar sistemas de educación alternativos al tradicional, básicamente en los medios técnicos y profesionales.
En tercer lugar, como otra área de prevención, se trató el tema de la familia y el uso del tiempo libre.
La Fundación Paz Ciudadana hizo notar que, en general, los autores de robos con violencia provienen de hogares en que existe un alto nivel de maltrato infantil, en que uno o ambos padres han tenido problemas de alcoholismo o droga, y en que los hijos consideran como normal un nivel de violencia muy superior a aquel al cual la media de la sociedad está acostumbrada.
Asimismo, en cuanto al uso del tiempo libre, dice que lo más nocivo es el proceso formativo de esos niños en la calle; que buena parte de los jóvenes que desertan del sistema escolar, con posterioridad, a los pocos años, también se van del hogar y pasan a formar parte de las pandillas que realizan su vida en torno a la calle, donde tienen constante contacto con la prostitución, la droga y otros males.
Hubo acuerdo, entonces, en las personas que intervinieron en la Comisión, en la necesidad de fortalecer la institución familiar y en trabajar con los padres, a fin de fomentar escudos protectores en torno a los niños de alto riesgo. Repito, al respecto hubo acuerdo en todas las personas que nos informaron.
En cuarto lugar, se trató la participación ciudadana. El Subsecretario señor Pickering -presente en la Sala- hizo notar los bajos niveles de organización que existen en la comunidad. Dijo que, básicamente, lo que agrupa a las personas son los centros deportivos más que las juntas de vecinos u otras organizaciones formales.
A continuación, daré lectura a las propuestas concretas, acordadas en esta área por la Comisión.
Dice: “Una política preventiva eficaz debe diseñarse al nivel más básico posible. Su objetivo debe ser colaborar en el fortalecimiento de las instituciones formativas: las familias y los colegios, a través del apoyo de las más diversas organizaciones comunitarias. Así, un plan básico de prevención de la violencia y de la delincuencia, para el corto plazo, deberá:
“1. Promover la creación de ‘Escuelas para Padres’. Una orientadora familiar deberá capacitar a los padres en las destrezas de comunicación afectiva y de ejercicio de la autoridad parental, incentivarlos a participar en el proceso educativo de sus hijos y orientarlos en el logro de un desarrollo personal, de pareja y social.
“2. Crear centros de rehabilitación de parejas y familias disfuncionales, por el maltrato doméstico y el abuso del alcohol y drogas.
“3. Utilizar la infraestructura deportiva del municipio y de las escuelas durante la noche, para maximizar el buen uso del tiempo libre.
“4. Aumentar la cobertura de la educación diferencial y crear programas de refuerzo escolar, para acoger a los niños con problemas conductuales y apoyar a aquellos con problemas de aprendizaje.
“5. Establecer planes a nivel educacional destinados a impedir o captar a quienes abandonen la escuela e intensificar la educación técnico-profesional y los liceos vespertinos, con especializaciones diferenciadas de acuerdo con las necesidades de la zona o región del país.
“6. Capacitar a los profesores para que monitoreen y deriven adecuadamente los casos de niños con problemas familiares o conductuales.
“7. Lograr que la reforma educacional no se quede en la extensión horaria de la jornada, sino que ésta signifique la incorporación de nuevos ramos culturales, musicales y deportivos que hagan más costosa la deserción escolar.
“8. Crear comités de protección ciudadana a nivel local o poblacional, en que estén representados tanto las fuerzas sociales como los órganos institucionales, a fin de discutir las medidas de seguridad ciudadana.
“9. Aumentar las áreas verdes y lugares de esparcimiento y recreación a nivel poblacional, estableciéndose un programa participativo de construcción de multicanchas, emulando y reproduciendo el modelo de pavimentos participativos.
“10. Modificar la ley sobre construcción urbana, de modo de impedir el hacinamiento y la falta de espacios verdes y recreativos.
“11. Establecer plazos perentorios para la confección de los planos urbanos reguladores en las comunas, que contemplen medidas para evitar el hacinamiento y que se establezcan de modo racional áreas verdes y lugares de esparcimiento.
“12. Establecer a nivel educacional formas, especialmente a través de la mediación, para evitar la violencia en las escuelas.
“13. Establecer en todas las comunas centros de los derechos del niño y formas de fortalecer las relaciones del profesor con ellos”.
El segundo capítulo, relacionado con los “Déficit institucionales” y cuya superación es necesaria para enfrentar el problema con las armas que corresponde, abarca cuatro áreas: la carcelaria, la policial, la de justicia y la de menores en conflicto con la justicia.
En su introducción, se considera la opinión de diversas personas entrevistadas en la Comisión, sobre estos temas.
En cuanto al ámbito carcelario, el director nacional de Gendarmería , don Hugo Espinoza Grimalt , sostuvo que existe la imposibilidad de reducir a cero la delincuencia, porque un sector duro de las personas recluidas ha optado por el delito como una forma de vida. Esto equivale, aproximadamente, a siete mil u ocho mil reclusos, un tercio de la población penal.
Añadió que la segregación, fundamental para la política de rehabilitación, especialmente en el caso de los primerizos, puede lograrse mejorando la infraestructura carcelaria, de tal manera de evitar un alto contacto con criminales avezados.
Por otra parte, el capellán de Gendarmería de Chile, padre Nicolás Vial , sostuvo que, además de las deficiencias estructurales en materia de hacinamiento y otras, hay que poner el acento en la falta de educación al interior de los establecimientos carcelarios. Incluso más, hizo hincapié en que en los casos en que hay educación, ésta resulta inútil y falta interés en los asistentes, porque se imparten conocimientos no adecuados a su realidad.
Por su parte, el gerente general de la Fundación Paz Ciudadana, don Carlos Valdivieso , manifestó que las penas aplicadas por los jueces en los distintos casos de delito de mayor connotación social, han ido bajando su severidad en el tiempo. Ello, debido al colapso tanto del sistema carcelario, en cuanto a su infraestructura, como al del control de las medidas alternativas a la privación de libertad.
En definitiva, propone que, como se ha hecho en otros países, por la vía de la concesión, se entregue la administración de cárceles con una población penal de baja peligrosidad, correspondiendo al juez decidir el envío del condenado a este tipo de presidio.
Además, sostuvo que la cárcel no puede ser la única respuesta al problema de la delincuencia y que debería existir un buen sistema alternativo que permita un verdadero control y se constituya en una sanción genuina.
El general subdirector de Carabineros, don Gustavo Lagos Robles , expresó que la relación aconsejable es de un carabinero por cada 400 habitantes, pero que en la Región Metropolitana, considerando los cuatro turnos en que se divide el servicio, la relación sería de uno por cada 2.608 habitantes.
Se manifestó partidario de la supresión de las funciones administrativas encomendadas a Carabineros, tales como las notificaciones y citaciones judiciales.
Asimismo, agregó que existe una planta legal ascendente aproximadamente a los 37 mil hombres, pero que se encontrarían financiadas sólo 35 mil plazas. De esta cantidad, alrededor de 8.500 funcionarios desempeñan labores administrativas y de asistencia, tales como médicos, dentistas, servicio religioso, etcétera. Señaló que lo ideal sería contar con ocho mil funcionarios más.
Por otra parte, solicitó a la Cámara que cada vez que se asigne una nueva función a la institución, se provea el correspondiente financiamiento a fin de cumplir en la debida forma dicha función.
En materia de propuestas concretas, en torno a los déficit institucionales, tenemos, en primer lugar, las relacionadas con el sistema penitenciario.
Se hace notar que el presupuesto de la Dirección de Gendarmería para 1999 es de 63.975 millones de pesos. Si se construyeran dos cárceles, como las recién inauguradas de Arica y Valparaíso, con plazas para 2.500 reclusos aproximadamente, sólo absorberían a los nuevos aprehendidos por mayor eficacia policial, pero no disminuiría su déficit histórico de infraestructura que, según algunas estimaciones, alcanzaría al 43 por ciento del presupuesto de este año, y que, por tanto, ello es absolutamente inviable. Es decir, con el actual presupuesto de Gendarmería es inviable crear nuevos recintos carcelarios.
Para enfrentar esta situación, se recomienda:
1º Recurrir al sector privado para que financie y construya una prisión con el sistema de leasing. Una vez pagada la inversión de los privados, el Estado asumiría directamente la propiedad del recinto penitenciario.
2º Considerar la participación de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro para que operen en el ámbito de la reinserción social de los condenados.
3º Concentrar la labor de Gendarmería en la administración del sistema carcelario y la custodia de los reclusos, eximiendo a este organismo del control de las medidas alternativas, así como de los beneficios penitenciarios.
Más adelante, se propone que el Ministerio de Justicia estudie un proyecto de ley en orden a crear un organismo especializado en el control y seguimiento de las medidas alternativas y de las personas que tienen beneficios penitenciarios.
4º Externalizar los servicios administrativos;
5º Formar al interior de Gendarmería un grupo de especialistas -sicólogos y siquiatras- que evalúen en profundidad a los condenados que van a recibir algún tipo de beneficio.
Más allá de las manifestaciones externas de rehabilitación, debe elaborarse un profundo informe sobre sus características de personalidad, específicamente en cuanto a su grado de peligrosidad para la sociedad.
6º Dotar a Gendarmería de los recursos necesarios para proveer a los privados de libertad de una rehabilitación adecuada, que contemple el término de sus estudios, capacitación técnica, hábitos de desarrollo personal y social, así como tratamiento antialcohol y antidrogas;
7º Ampliar la infraestructura existente para dar lugar a que empresas privadas, con un alto sentido social, puedan incorporar algunos de los procesos productivos al sistema de cárceles-industrias, así como hoy se intenta en los nuevos establecimientos de Arica y Valparaíso;
8º Suprimir las celdas de castigo, sin perjuicio de dejar algunas especiales para cuestiones momentáneas en caso de desórdenes o motines;
9º Dictar una ley general penitenciaria, a fin de regular la materia, que afecta derechos fundamentales;
10º Establecer procedimientos disciplinarios conforme a las reglas del debido proceso, y
11º Establecer jueces y fiscales de cumplimiento o ejecución penitenciaria.
Debo hacer presente que, en cuanto al sistema carcelario, existe un voto de minoría, del diputado Espina y de quien habla, en orden a iniciar, desde ya, una política de incremento de disponibilidad de nuevas cárceles y centros de detención preventiva, que entregue en concesión el financiamiento y/o la administración de los nuevos recintos penitenciarios al sector privado.
Respecto del voto de minoría, debo agregar que un estudio pormenorizado de la ley orgánica de Gendarmería de Chile y de la ley orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado, permite concluir que, a través de la dictación de una ley común, es posible autorizar a dicha institución para que entregue la administración de los recintos penitenciarios a empresas privadas.
En relación con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, en el informe se hace referencia a su estructura organizacional.
La actual situación organizacional es caótica. Su irracional doble dependencia -administrativa del ministerio de Defensa y operativa del ministerio del Interior-, la superposición de mandos, la yuxtaposición de funciones y la escasa voluntad histórica de coordinación entre ambos cuerpos, se verá agravada en el futuro con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que contempla la instauración del ministerio público, órgano que tendrá el control directo de las investigaciones criminales y, por lo tanto, del trabajo que las policías realicen.
Además, las medidas de sana racionalidad institucional que se pretenden adoptar, de las que se ha dado cuenta en diversos planes, tanto en la Cámara como en La Moneda, por el ministro del Interior , no significan que se incrementará la eficacia de las policías en el combate de la delincuencia.
La comisión hace presente que resulta indispensable y urgente que exista un debate serio y profundo sobre las funciones, la estructura, los controles de gestión y de administración de los recursos y del presupuesto, tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones.
Los estudios nacionales e internacionales están contestes en que la realidad de la delincuencia común es muy diversa según las regiones del país, incluso al interior de una misma ciudad. Por lo tanto, el centralismo y la uniformidad de los programas, acciones y evaluaciones de las policías atentan contra su eficacia y eficiencia.
Existe una experiencia reciente -de la década de los ochenta- en Francia. Con una policía semejante a la chilena, debió rediseñar su estructura para enfrentar una situación de alta criminalidad común, como la que en la actualidad hay en nuestro país.
Su principal objetivo fue descentralizar los programas preventivos, la gestión de los recursos humanos, el control, la evaluación y el financiamiento de la institución, obligándola a dar respuestas locales al fenómeno delincuencial y acercándose así al modelo anglosajón.
Lo anterior en ningún caso impide que se estructuren policías nacionales para enfrentar la criminalidad organizada, como el narcotráfico y el terrorismo.
Debido a lo señalado, la comisión de Seguridad Ciudadana propone:
1. La racionalidad de la administración del Estado en materia de seguridad pública, obliga a considerar conveniente el traspaso de la dependencia de Carabineros de Chile desde el ministerio de Defensa al ministerio del Interior e, idealmente, en el mediano plazo, que la Policía de Investigaciones de Chile dependa del ministerio público o del ministerio de Justicia.
2. Los problemas de seguridad ciudadana propios de una democracia moderna y las características del actual fenómeno delictual, exigen que las diversas funciones de prevenir, reprimir e investigar los delitos sean asumidas por órganos especializados y en sana competencia, para obtener una mayor eficacia al servicio de la comunidad.
3. La estructura interna de Carabineros de Chile debiera tender hacia una descentralización a nivel regional y local, para responder adecuada y oportunamente a las necesidades de seguridad ciudadana.
Hay proposiciones en relación con la situación específica de Carabineros de Chile.
Esta institución enfrenta un sinnúmero de problemas: exceso de funciones que distraen a sus integrantes de las tareas básicas de reprimir y controlar el delito, imposibilidad de seleccionar nuevos aspirantes, escasas remuneraciones, alejamiento temprano por jubilación de personal altamente calificado, período de formación insatisfactoria para los nuevos contingentes.
Al respecto, la comisión de Seguridad Ciudadana propone:
1º Concentrar las funciones de Carabineros en la prevención y represión de la delincuencia;
2º Externalizar los servicios administrativos;
3º Exirmirlos de las notificaciones y citaciones judiciales;
4º Autorizar al Estado para cobrar los costos de asegurar o prevenir el orden en eventos lucrativos masivos;
5º Entregar los recursos para incrementar efectivamente las dos mil nuevas plazas autorizadas por el Congreso;
6º Racionalizar la administración del presupuesto institucional y tener una nómina que dé cuenta de las donaciones en bienes, servicios y otros que recibe Carabineros de Chile, de las municipalidades y de los privados;
7º Buscar incentivos que permitan tener una mayor demanda de postulantes a la institución y perfeccionar o incorporar exámenes sicológicos al proceso de selección de su personal;
8º Aumentar los años de formación básica de un carabinero;
9º Suprimir la institución de los alguaciles;
10 Fomentar la relación de Carabineros con la ciudadanía a través de los comités de protección ciudadana;
1l Acentuar el carácter preventivo y no investigativo de Carabineros, y sólo de modo excepcional, en materia de drogas y terrorismo, generar un organismo conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile.
En cuanto a la situación específica de esta última institución, la Comisión señala que su cobertura actual es muy deficitaria, su dotación de personal, mínima, y los medios materiales para cumplir su función investigativa, escasos.
Por lo tanto, respecto de Investigaciones se propone lo siguiente:
1º Ampliar la planta de detectives y darle cobertura nacional.
2º Dotar a la institución de tecnología de punta para realizar sus investigaciones y descentralizar el laboratorio de criminalística.
3º Adscribir sus funciones al trabajo investigativo de los futuros fiscales del ministerio público, tendiendo así a la creación de una policía judicial.
En materia de justicia, en primer lugar, tenemos los tribunales con competencia en lo criminal, área donde es de todos conocido el diagnóstico sobre los problemas de la justicia penal. Aquí ya hemos tratado gran parte de la reforma judicial; por lo tanto, no nos extenderemos en esta materia.
Entretanto, se propone:
1º Que la Corte Suprema instruya a los jueces del crimen, en el sentido de que siempre consideren como peligrosa para la seguridad de la sociedad, la concesión de la libertad provisional en los casos de participación en delitos como robo con fuerza en las cosas o intimidación en las personas, abusos deshonestos, homicidio simple y calificado, violación y, básicamente, en todos aquellos casos en que hay profesionalismo o habitualidad.
2º Que la Corte Suprema solicite a los jueces mayor control de los funcionarios -los actuarios- que conocen directamente de los procesos por delitos graves, como homicidio, violación y demás que he señalado. La idea es aplicar el principio de la inmediatez del juez respecto de estos delitos, de mayor connotación social.
3º Que la Corte Suprema solicite a los jueces del crimen, en el caso de los delitos antes señalados, que se aplique el máximo de la pena, considerando los antecedentes acreditados en el proceso, en especial las agravantes de responsabilidad.
En materia de justicia también se hacen proposiciones en relación con el Servicio Nacional de Menores. Básicamente, la Comisión consideró, por ejemplo, que el 40 por ciento de los aprehendidos por delitos de robo y hurto, es decir, la mayor cantidad de aquellos de connotación social, son menores de entre 15 y 19 años. Por lo tanto, es muy importante la función que cumple el Sename en relación con estos menores.
La red de protección del Sename, conformada por hogares de menores, sostenidos por instituciones privadas, sin fines de lucro, se halla en un estado crítico, debido fundamentalmente a la exigua subvención que reciben del Estado. Los lugares especiales de detención para menores infractores de ley son también casi inexistentes.
Con respecto a este servicio, la Comisión propone:
1º Incrementar las subvenciones de los hogares de protección de menores en situación irregular, y ampliar los incentivos para que mayor número de instituciones privadas asuman esta tarea en forma descentralizada.
2º Construir centros de detención para jóvenes infractores de la ley, segmentándolos por edad, por sus características y por la gravedad de los hechos delictivos.
También en este punto podría avanzarse en entregar su construcción y administración al sector privado, bajo el control directo del Ministerio de Justicia.
3º Que los hogares de menores, como los centros de detención, tengan programas que provean a estos niños y jóvenes de la educación escolar que no han recibido, de acuerdo con su edad; de la capacitación técnica, que les permita encontrar un trabajo en el medio libre, y de tratamientos médicos y sicológicos necesarios para contrarrestar los efectos del uso del alcohol y de las drogas.
4º Dictar una ley de responsabilidad penal del menor, y
5º Dictar una ley sobre protección integral del menor y de subvenciones.
Por último, la Comisión hizo notar la necesidad de otros aportes por parte de instituciones del Estado, básicamente, del Ministerio de Justicia y del Congreso Nacional.
En relación con el Ministerio de Justicia, se propone elaborar los siguientes proyectos de ley, los cuales no pueden ser objeto de mociones parlamentarias, porque irrogan mayor gasto al Estado.
1º Crear un servicio al que corresponderá el control, seguimiento y evaluación periódica de los condenados a medidas alternativas, así como de aquellos que han recibido beneficios penitenciarios.
2º Establecer por ley que para ser beneficiado con penas alternativas a la prisión o con medidas de libertad condicional, salida diurna o dominical, se debe exigir el cumplimiento de una condición, como el término de los estudios escolares, realizar un trabajo o someterse a tratamientos antialcohol o antidrogas. En caso de no cumplirse la condición, debería ser privado de libertad nuevamente, según sean las circunstancias de cada caso.
3º Estudiar la ampliación e implementación de nuevas medidas alternativas para ser aplicadas por los jueces del crimen o de policía local.
4º Iniciar el estudio de modernización del Código Penal en su conjunto y su fusión con múltiples leyes que han tipificado nuevos delitos.
5º Traspasar la competencia para conocer de las faltas a los juzgados de policía local, en aquellos lugares en que actualmente son conocidas por los juzgados del crimen.
6º Incorporar a tramitación legislativa el proyecto de defensa pública; hoy se dio cuenta de ello en la Sala.
7º Cumplir con las metas ministeriales en la designación del Fiscal Nacional.
En cuanto al Congreso Nacional, se sugiere solicitar al Poder Ejecutivo la tramitación, con urgencia, de determinados proyectos sobre seguridad ciudadana, que hoy se encuentran en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra, hasta por 17 minutos, el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio) .-
Señor Presidente , la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que tengo el honor de presidir, estima necesario, antes de conocer las iniciativas legales relacionadas con la seguridad ciudadana, efectuar un análisis de la situación por la cual atraviesa el país, dada la creciente sensación de inseguridad de la población.
El aumento de la delincuencia en Chile constituye, según todas las encuestas de opinión pública, uno de los temas de mayor preocupación de la población y, por lo mismo, resulta muy fácil caer en la tentación de manipularlo con afán efectista y mezquino, sin reparar en las cuestiones de fondo que subyacen en el debate.
Tenemos la oportunidad de realizar un debate muy serio, con altura de miras y con una visión de país y de Estado, sin caer en explicaciones superficiales ni en demagogias o en actitudes de francotiradores, que a nada conducen.
El informe de la Comisión es serio. Constituye un aporte a la discusión y propone un conjunto de medidas concretas destinadas a la prevención y a la represión de la comisión de delitos sin caer en una visión unilateral, reduccionista o meramente represiva, toda vez que da cuenta de una visión integral, sistemática y de Estado.
Son muchos los tópicos tratados en el informe. Sin embargo, para no repetir lo relatado por la diputada informante, me limitaré a plantear algunas cuestiones que, a mi juicio, debemos asumir como punto de partida para derrotar la espiral de la delincuencia.
En primer lugar, el aspecto preventivo. En reiteradas oportunidades, los análisis políticos centran la discusión en cómo combatir la comisión inminente de los delitos sin preocuparse de los aspectos de fondo.
Si pudiéramos resumir en una sola frase el hecho que explica el fenómeno en debate, deberíamos referirnos necesariamente a la cobertura educacional en nuestro país.
¿Por qué son principalmente aprehendidos por Carabineros los jóvenes que cometen delitos, en especial, el de robo con violencia? No en vano, en los tres últimos años ha aumentado en un 207 por ciento el número de menores, entre catorce y dieciocho años, que participa en asaltos.
En mi opinión, la respuesta se encuentra relacionada con un síntoma claramente preocupante. Me refiero a la alta tasa de deserción escolar, cercana al 22 por ciento, que no obstante estar en descenso, sigue siendo inquietante. Asimismo, luego de analizar el grado de educación de la población penal en Chile, se puede concluir que no más del 7 por ciento de ella ha terminado sus estudios primarios y secundarios.
Más allá de los problemas conductuales y de la necesidad de un porcentaje no menor de la población en cuanto a trabajar para mantener a sus familias, el elemento que en mayor medida sirve para explicar la tasa de deserción escolar es la falta de incentivo que tienen los jóvenes para terminar sus estudios escolares.
En primer lugar, porque muchas veces la malla curricular en el colegio exige un aprendizaje repetitivo, abstracto y teórico de las materias impartidas, sin contener talleres prácticos de carácter técnico o actividades artísticas, culturales o deportivas que generen más incentivos para los jóvenes con problemas conductuales y, por lo tanto, con mayor riesgo social.
En segundo lugar, la escasa rentabilidad que ofrece el mercado laboral para los egresados de la enseñanza media, punto tremendamente importante. Si no continúa los estudios superiores, puede optar a una remuneración, en promedio, que no supera en diez mil pesos a aquella que recibe un joven que no ha terminado sus estudios secundarios. Este fenómeno es realmente grave y alarmante, ya que en nuestro país no más del 30 por ciento de los jóvenes ingresa a la universidad. Es decir, en Chile, para un 70 por ciento de los jóvenes, la educación media es terminal y no representa un paso para otra educación.
En consecuencia, si queremos asumir e implementar una política preventiva eficaz, debemos aprovechar la extensión de la jornada escolar completa -que forma parte de la reforma educacional- para incorporar actividades extraprogramáticas que reduzcan el número de jóvenes con mayor riesgo social y, además, crear un mecanismo de financiamiento para la educación superior técnico-profesional. Esto último, para generar una fuente de expectativas atractivas para aquellos que, por sus propios medios, en la actualidad no pueden continuar sus estudios superiores y que, por las razones antes expuestas, terminan desertando de la enseñanza básica o media.
Si uno enfrenta la problemática que estamos discutiendo con medidas reales y efectivas, podemos observar que hoy un sector importante de la juventud encuentra en el ocio, en el tiempo libre, un espacio propicio para caer en el alcohol, en la adicción a la droga, convirtiéndose en verdaderos rehenes de la delincuencia.
A su turno, y también desde el punto de vista preventivo, resulta urgente crear una política que incentive la práctica masiva y permanente del deporte en Chile. Un estudio realizado por la fundación Paz Ciudadana indica, con claridad, que el mayor interés del 38 por ciento de los jóvenes con riesgo social consiste en jugar fútbol.
Por eso me parece tremendamente importante que el Gobierno cree un programa -por así decirlo- de multicanchas o de luminarias participativas, emulando el sistema tan exitoso de la pavimentación participativa, en el que hay aportes de los vecinos, de la Digeder y del municipio, a fin de que muchos jóvenes, en lugar de estar durante las noches en las esquinas, en las pandillas, en la discoteca, en la droga, en el alcohol, puedan jugar fútbol y, en definitiva, tener la posibilidad de realizar una actividad sana que sea claramente una alternativa a la droga y al alcohol.
Muchos creen, por ejemplo, que el programa de tolerancia cero, aplicado en Nueva York, consiste solamente en un conjunto de medidas represivas. Eso no es así. Una de las medidas más eficaces adoptada en esa ciudad consiste básicamente en la implementación de programas destinados a que las multicanchas funcionen de noche y, en consecuencia, que los jóvenes tengan una alternativa distinta de las mencionadas. De otra manera, seguiremos formando niños en la calle, lo que fomentará el aumento de la delincuencia juvenil.
En cuanto al aspecto preventivo, en las horas de libre disposición es necesario incorporar programas de mediación obligatoria -creados por la reforma educacional-, con participación de la familia, de manera tal de promover en los niños una solución pacífica de sus conflictos, por ejemplo, mediante la mediación y la negociación en el control de la agresividad, en tolerar la frustración y en elevar el nivel de autoestima.
Si uno analiza las encuestas y los estudios de la fundación Paz Ciudadana, puede constatar que el 53 por ciento de los homicidios es la consecuencia de riñas, de peleas o discusiones en las cuales están presentes la violencia y la agresividad. Por eso, pienso que hacer obligatorios los programas de mediación es tremendamente importante para que los niños y sus familias sepan cómo resolver los conflictos.
También, desde el punto de vista del aspecto preventivo, es fundamental fomentar, estimular y promover la creación y el desarrollo de los comités de seguridad ciudadana. Nada sacamos con tener más Carabineros en las calles, o con la aplicación de medidas represivas, si la comunidad no está involucrada en el combate de la delincuencia, ya sea desde el punto de vista preventivo o represivo.
En la actualidad, la intendencia de la Región Metropolitana destina cerca del uno por ciento de sus recursos a estimular la creación de estos comités de seguridad ciudadana. No sería una mala idea que el resto de los gobiernos regionales emulara la experiencia de la Región Metropolitana.
En cuanto a la acción operativa, es decir, al combate de la delincuencia en los aspectos preventivo y represivo, el 11 de enero de este año el Gobierno del Presidente Frei anunció un conjunto de medidas destinadas a modernizar, racionalizar y optimizar la labor de Carabineros de Chile en el combate contra la delincuencia. Anunció un conjunto de medidas -concretamente cuatro- que, en lo principal, se traducirán en el aumento de la presencia de carabineros en las calles. El objetivo es que en diciembre del 2001 las calles cuenten con doce mil nuevos efectivos en labores operativas. Esto no es menor, no sólo desde el punto de vista represivo, sino también del preventivo, porque el mayor número de carabineros en la calle intimida a los delincuentes, con lo cual se reducen los delitos, por lo que es tremendamente importante que se cumpla esa finalidad.
Por eso, resulta relevante que desarrollemos una labor de fiscalización para que este plan se lleve a cabo. Como dijo el representante de Carabineros en nuestra Comisión, para un país como Chile es aconsejable que haya un carabinero por cada 400 habitantes. Sin embargo, debemos reconocer que hoy sólo existe uno por cada 2.608 habitantes. Nada sacamos con diseñar un programa teóricamente perfecto, como el plan de cuadrantes, y decirle a Carabineros que tiene un área en la cual se reunirá con los vecinos, con la función de disminuir la delincuencia, si no dispone del contingente necesario para cumplir esa labor.
Me parece muy importante que la Cámara se aboque con mucha decisión -a partir de mañana lo hará la Comisión de Seguridad Ciudadana- a tratar el proyecto de ley que suprime funciones administrativas, que hoy día impiden a Carabineros dedicarse a labores operativas -insisto- preventivas o represivas en la calle. Para ello, el proyecto de ley que analizaremos propone, básicamente, en materias como notificaciones y citaciones judiciales, entre otras, liberar a la institución de esas funciones. No es posible, de un contingente de 35 mil carabineros, que 8.500 desempeñen labores administrativas y de asistencia, como las que desarrollan quienes son médicos, dentistas, etcétera, puesto que ellas se pueden externalizar. Quiero destacar el hecho de que el Gobierno ha fijado la urgencia para la tramitación de este proyecto de ley.
Asimismo, es imprescindible modificar la estructura organizacional de las policías. Su irracional doble dependencia: administrativa, del Ministerio de Defensa, y operativa, del Ministerio del Interior, a lo cual se agrega la superposición de mando, justifica radicar su dependencia en un solo ministerio, es decir, en el del Interior. Además, es necesario evaluar la posibilidad de propender a una mayor descentralización de la institución, fomentando decididamente una mayor interrelación con los gobiernos regionales y municipales, otorgando a estos últimos más atribuciones en el combate a la delincuencia.
Luego están los temas relativos al acceso a la justicia y al sistema carcelario. La sensación de impunidad que hoy día existe en la población respecto de los delincuentes tiene un correlato claro en la realidad. Con el actual sistema de procedimiento penal, más del 90 por ciento de las causas que conocen los tribunales de justicia finaliza en sobreseimiento, lo que impide establecer la verdad y determina que los derechos y las sanciones punitivas que corresponde aplicar, en la práctica, terminen siendo burlados. Esto genera un alto índice de inseguridad jurídica para la víctima, para el inculpado y para toda la sociedad, incentivando claramente la comisión de delitos.
La solución de la ineficiencia y la lentitud procesal se corregirán, sin duda, en la medida en que se ponga en marcha el nuevo sistema de justicia criminal, cuyo contenido es por todos conocido, por lo que sólo resta invitar a su pronta implementación. Como diputado por la Región de Coquimbo, por supuesto, me siento muy orgulloso y esperanzado, porque este programa se empezará a implementar el año 2000 no sólo en mi región, sino también en la de La Araucanía.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Me permite, señor diputado? Le resta un minuto.
El señor WALKER (don Patricio) .-
Desde el punto de vista carcelario, más allá de los esfuerzos realizados en los últimos años -120 mil metros cuadrados de cárceles construidos-, se requieren cuantiosas inversiones, porque el déficit carcelario actual es de 32 por ciento. También es preciso mejorar el diseño y la implementación de los planes de rehabilitación para el actual sistema que, lamentablemente, fomenta la despersonalización y destruye la autonomía de las personas. Sinceramente, considero importante radicar en un órgano especializado la ejecución de las penas y la implementación de las medidas alternativas. No es posible que en la actualidad esto esté entregado exclusivamente a Gendarmería; tenemos que ser más rigurosos y especializados en esta materia. Lo mismo ocurre con los beneficios intrapenitenciarios.
También considero importante -es una opinión muy personal- que, respecto de la libertad provisional, seamos más rigurosos. Esta libertad consiste en el derecho del inculpado -o más bien del detenido preso- a ser procesado en libertad, lo cual hay que respetar, siempre que la discrecionalidad no se transforme en arbitrariedad. Por eso, me parece bien que la Cámara haya aprobado un proyecto para que, al momento de otorgar la libertad provisional, el juez se asegure de que efectivamente se den las condiciones para hacerlo y, en caso de existir delitos muy graves o reincidentes que hayan quebrantado condenas, no se otorgue la libertad provisional, porque eso permite que los delincuentes encuentren una ventana y burlen el cumplimiento de las penas privativas de libertad.
Asimismo me parece importante aprobar el proyecto relativo a la libertad condicional, que presentamos junto con otros diputados y cuyo autor es el diputado Ignacio Walker , porque impide que se otorgue la libertad condicional cuando se hayan cometido delitos que se castiguen con presidio perpetuo. Muchas personas dicen hoy día que son contrarias a la pena de muerte, pero que si existe la de presidio perpetuo, por ejemplo, para el delito de violación con resultado de muerte de un menor de 12 años, dicha pena debe aplicarse. Por otra parte, cuando se cometan delitos graves, como robo con homicidio o violación con resultado de muerte, que también se apliquen penas severas y que sólo se pueda optar a este beneficio una vez cumplido el 75 por ciento de la pena.
No alcanzaré a referirme al tema relativo a los menores, a la subvención al Sename propuesta por la diputada Pía Guzmán -me parece muy pertinente y necesaria- ni al proyecto de ley sobre responsabilidad penal de menores, porque se me acaba el tiempo. Sin duda, el proyecto de ley que mejora las subvenciones, que no incentiva la prolongación indefinida de los menores en los centros de menores, es una iniciativa muy importante a cuyo estudio debemos abocarnos lo antes posible. Por su parte, el proyecto de ley sobre responsabilidad de menores es una cuestión que perfectamente se puede empezar a tramitar en el Congreso Nacional, tal vez incorporando normas transitorias para que se apliquen ciento por ciento una vez aprobada la reforma procesal penal.
Por último, el desafío es coordinar los objetivos de seguridad con un Chile más equitativo, que integre y no discrimine, que acoja y no excluya, y que combata la delincuencia con fuerza y decisión, pero que también otorgue igualdad de oportunidades para que todos quepan y nadie sobre.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , considero bueno el informe que se nos presenta hoy día, porque constituye un acertado resumen de las visiones que existen sobre el problema y de las proposiciones que al respecto hacen distintas instituciones y autoridades del país.
Ahora, estimo muy importante no confundir un juicio positivo sobre un informe, respecto de un trabajo que se le encargó realizar a un grupo de parlamentarios, con el juicio que se debe tener sobre el rol que la Cámara, las autoridades y el Gobierno, en general, están jugando en el tema de la delincuencia.
Aparece como un poco extemporáneo el hecho de que la Cámara esté estudiando la materia. Ciertamente, no se requiere un estudio para darse cuenta de la magnitud del problema. De manera que, junto con admitir que el informe es bueno -creo que la Comisión hizo un buen trabajo-, también debemos declarar, como Poder Legislativo, que estamos muy atrasados en la materia.
En los escasos cinco minutos de que dispongo, quiero referirme a dos asuntos.
El informe hace bien en hacer resaltar distintos aspectos en la vida de una persona, las dificultades o los ámbitos que le pueden generar dificultades que inciden en que esté más propensa a cometer delitos. Pero, nuevamente, no debiéramos cometer el error de creer que para terminar con la delincuencia que estamos viviendo en Chile o para reducirla a niveles tolerables, debemos tener resueltos todos los problemas de educación, de salud, de vivienda y, por añadidura, los familiares.
Si tenemos que construir un país perfecto como prerrequisito para vivir en un país seguro, evidentemente que no lo vamos a lograr nunca. Creer que ése es el orden de las prioridades, o que lo uno es prerrequisito para el otro, es un error.
Quiero contar algo personal. Tengo una hermana que vive en el extranjero, en un país con una realidad social muy distinta de la chilena, donde, desde luego, hay muchas familias con las relaciones rotas, muchos hijos con problemas con sus padres, de autoridad, de drogadicción, de violencia. El peor problema, que ha dado lugar a un debate de cinco semanas, es que la policía se va a ir del pueblo, porque hace 18 años que no se comete un delito. Uno dice: ¡cómo es posible vivir en realidades tan distintas! Y ése no es un mundo perfecto, sino con muchas dificultades.
Entonces, no nos lleve la detección de los problemas sociales que inciden en esta materia a tener una actitud autocomplaciente, a “chutar” el problema, a esperar que se solucionen todos los demás existentes en la sociedad antes de atacar per se, directamente, al hueso, el tema de la delincuencia. Al respecto, hay algo que Chile debe y puede hacer y que no está efectuando. Ésa es la gran crítica que hemos hecho a los gobiernos de esta década, del signo que fueren. El Estado tiene herramientas y condiciones para dar una señal de que se va a acabar la impunidad.
Los dos problemas más graves que tenemos hoy en Chile, en materia de delincuencia, son la facilidad con que los jóvenes entran en la vida delictiva y el rol de los delincuentes profesionales, que cometen delitos una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. En ambos casos, del joven y del delincuente profesional, el elemento central que incide en que esta persona se lance a una vida delictiva es la convicción de impunidad, porque el joven ve que las posibilidades de que detengan a alguien que comete una fechoría es casi mínima, y cuando así ocurre -estas estadísticas han sido recientemente entregadas a la opinión pública y en ellas no se establece cuántos han sido aprehendidos después de cometer un delito-, la mitad, lisa y llanamente, se va a su casa en pocas horas, y de la otra mitad, apenas un cuarto es puesto a disposición de la justicia; de ellos, dos tercios son declarados sin discernimiento. En la práctica, si esto fuera cierto, significaría que el 75 por ciento de los jóvenes chilenos -ése es el porcentaje de los que son declarados sin discernimiento en los tribunales- tienen el tipo de limitación o falta de desarrollo intelectual como para que los consideremos sin discernimiento. Cuando uno entra en cualquier población de Santiago y ve un grupo de jóvenes, sabe que esa afirmación es falsa. Son jóvenes despiertos, que saben exactamente lo que están haciendo, muchas veces el mal, pero conscientemente.
Este cuento del trámite del discernimiento es como hacernos trampa en el solitario, lo cual en el joven es percibido como impunidad. Del delincuente profesional, no hay que decirlo. Él sabe que, después de cometer muchos delitos, pueden llegar a aprehenderlo; y una vez que lo detienen, las probabilidades de que se le condene son menores. Y la condena será una pena que no es la que dispone el Código, sino una reducida. Este problema lo estudié en mi distrito. Hice un seguimiento de 500 denuncias de delito y estudié sus historias hasta el final. Sucede que de algo así como dos mil años de penas que debieran haberse aplicado por los delitos cometidos en el grupo en estudio, sólo se cumplieron tres años y medio.
El delincuente profesional sabe que, al final, reina la impunidad. Una señal en contrario la puede dar el Gobierno no sólo en el discurso del Presidente , sino con la aprobación de medidas específicas. Concretamente, quiero sugerir una, que tiene años de rodaje en otros países y que ha demostrado ser eficaz para atacar el tema de los delincuentes profesionales. En Estados Unidos se denomina la política de que la tercera es la vencida. Cuando un delincuente es condenado por tercera vez por un delito y, por lo tanto, queda en evidencia que es una persona que no se rehabilitará; que las posibilidades que la sociedad le ha dado para hacerlo, lisa y llanamente no las va a ocupar y aprovechar; que se porta bien en la cárcel para salir nuevamente a hacer daño a la sociedad, a esa persona se le aplica una pena especial, 15 ó 20 años por sobre la pena correspondiente al delito, porque su único interés es causar daño. Dos tercios de los delitos cometidos en Chile son efectuados por delincuentes profesionales.
Hay que dar una señal clara y urgente para terminar con la impunidad, y por esa vía terminar con lo que son, probablemente, las dos tendencias más graves: el explosivo aumento de la delincuencia juvenil y algo que empezamos a advertir, al menos yo, en algunos sectores de mi distrito: que la delincuencia termina siendo el principal obstáculo para el progreso social y desarrollo económico, para salir adelante, posibilidad que tienen algunos sectores de nuestra sociedad antes de que terminen siendo definitivamente atrapados por delincuentes en ámbitos en que los profesores que se pueden ir, se van; donde nadie instala un negocio y las casas valen cero, porque ningún banco las acepta como garantía, por lo cual la gente no las puede vender y termina atrapada, para siempre, por los delincuentes.
De manera que, junto con felicitar a los integrantes de la Comisión, quiero dejar planteado que siempre hará falta una decisión del Gobierno y de las autoridades en el sentido de que la impunidad no será tolerada en el país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA .-
En primer lugar, quiero expresar mis felicitaciones y reconocimiento a la diputada informante, señora María Pía Guzmán quien ha hecho un resumen extraordinariamente preciso y muy didáctico respecto de un informe cuya elaboración requirió varios meses, el cual, sin duda, plantea un conjunto de temas y materias orientados en la dirección correcta, en lo que se refiere a la seguridad ciudadana.
Desde que se instaló el Congreso, en 1990, Renovación Nacional ha venido planteando que el tema de la seguridad ciudadana debe ser abordado como una política de Estado, por las siguientes razones.
En primer lugar, por la gravedad del problema. Desde los últimos diez años, donde hay mediciones de encuestas sobre esta materia, además de la percepción que uno tiene en la calle, al conversar con la gente, no hay duda de que el tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana constituye el problema más importante, o uno de los más trascendentes para la ciudadanía. Lo grave es que ella, cuando siente el temor de que puede ser víctima de un robo o de un asalto, deja de realizar un conjunto de actividades que pueden ir en beneficio de su calidad de vida. Por lo tanto, estamos frente a un hecho que no sólo significa cuántos delitos se cometen, sino el grado de temor que la ciudadanía enfrenta ante los hechos de delincuencia que se producen día a día.
En segundo lugar, hemos dicho que este tema debe ser abordado como una política de Estado, porque es fundamental que entre un gobierno y otro, que es lo que diferencia a esas políticas, exista continuidad en las decisiones que se adopten en materia de seguridad ciudadana.
Recordaba hoy en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que, al término del Gobierno del Presidente Aylwin, se elaboró un informe en el que participaron la policía, miembros del Poder Judicial , parlamentarios y autoridades de Gobierno y de Oposición, sociólogos y sicólogos. Se hizo un análisis en detalle de cuál era la realidad de la delincuencia en Chile y los mecanismos para enfrentarla. Ese trabajo completo, en el que tuve el privilegio de participar durante el Gobierno del Presidente Aylwin, no obstante ser un parlamentario opositor, cuando era ministro del Interior don Enrique Krauss , posteriormente quedó guardado en el cajón de algún escritorio, porque, en realidad, nunca se implementó con las medidas que habíamos acordado.
Lo digo, porque en el día de hoy hemos tenido la oportunidad, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de conocer en detalle una exposición extraordinariamente completa, precisa y bien orientada, de parte del subsecretario, don Guillermo Pickering , en que también se hace una propuesta para abordar el tema de la seguridad ciudadana, a mi juicio, extraordinariamente positiva.
El temor que quiero expresar aquí es que no vaya a ocurrir lo mismo que con el informe anterior, de que un trabajo de la envergadura de éste, en que está empeñado el subsecretario señor Pickering , al término de este gobierno pudiere quedar archivado, porque simplemente es debilitar esfuerzos en lugar de sumar y complementarlos.
En tercer lugar, creo que esto debe ser una política de Estado, porque las buenas ideas no pueden ser bloqueadas bajo la lógica de Gobierno y Oposición. En una cámara política, muchas veces, buenas ideas no prosperan por la lógica de confrontación entre el Gobierno y la Oposición, y, a mi juicio, en una materia tan delicada como ésta, donde se requiere sumar voluntades ante la situación dramática que vive un porcentaje muy importante de los chilenos, lo correcto es que las buenas ideas, provengan del Gobierno o de la Oposición, realmente se lleven adelante en la práctica, porque es la forma como una materia de política de Estado debe ser abordada.
Quiero referirme a tres materias que me parecen relevantes sobre este punto. El informe aborda el tema referente al sistema penitenciario, a Carabineros e Investigaciones, a la justicia, al Servicio Nacional de Menores, al Ministerio de Justicia y a las materias legislativas. Es completo, y como la diputada señora Pía Guzmán ha hecho una exposición extensa sobre ello, estimo innecesario referirme a cada una de las medidas; pero sí creo conveniente hacer presente lo siguiente:
En primer lugar, señalar que, coincidente con esta sesión, hoy hemos sabido que, a través de la Subsecretaría del Interior, se está implementando un programa completo de información sobre los hechos delictuales que ocurren en el país, y la experiencia demuestra, sin lugar a dudas, que la principal herramienta o instrumento para enfrentar con éxito la delincuencia es tener información, la cual no sólo significa saber cuántas denuncias existen respecto de los delitos que se cometen, cuántas sentencias se dictan, sino mucho más: lograr precisar dónde se cometen los delitos, qué factores influyen en su comisión, por qué varían en horario de una comuna a otra, de tal forma que logremos un doble efecto. Por una parte, que la ciudadanía sepa con claridad dónde se están cometiendo los delitos para adoptar las medidas preventivas del caso y para que la policía y, por ende, la autoridad política del Gobierno, que fija las políticas de seguridad ciudadana, conozcan con claridad y exactitud dónde focalizar y concentrar los mayores esfuerzos policiales para enfrentar el flagelo de la delincuencia.
El trabajo que se nos ha expuesto en materia de información, lo consideramos un aporte importantísimo en orden a darle transparencia a una materia que, en una sociedad democrática, la civilidad tiene pleno derecho a conocer y, además, porque quienes hemos de legislar sobre ello o quienes tienen que implementarla en la práctica, deben tener toda la información para saber cómo controlar a los delincuentes.
En esta materia, basta señalar que la información que hemos recogido en varias reuniones revelan, por ejemplo, que hay comunas en las cuales los delitos se cometen mayoritariamente en la mañana; a medida que transcurre el día, la perpetración de delitos se traslada a otras zonas de la ciudad y, mientras transcurre el día y llegamos a la noche, los delitos se concentran en otras zonas; es decir, puede ocurrir que en una comuna de la zona oriente se delinca y se cometan delitos en la mañana; en el centro, al mediodía, y en la noche, en las zonas sur o surponiente de Santiago, que son las más populosas. La misma realidad ocurre en las regiones; por lo tanto, la información de que seamos capaces de disponer sobre la materia en la política de seguridad moderna, es un instrumento de la mayor importancia.
En segundo lugar, en los últimos meses he escuchado, en muchas oportunidades, que la reforma del Poder Judicial -que, sin duda, es un paso revolucionario dentro de la administración de justicia chilena y ha sido respaldada por todos los sectores políticos- será “la solución” al tema de la delincuencia. Al respecto, quiero señalar, con toda franqueza, que la reforma del Poder Judicial es necesaria, por cierto, y urgente para el país; pero no me parece correcto afirmar que la sola reforma del sistema judicial chileno solucionará el problema de la delincuencia. Ello es dar una información equivocada a la opinión pública. Con un sistema judicial moderno, habrá, sí, mayor transparencia en la administración de justicia y en el derecho que tienen las víctimas o los delincuentes para acceder indiscutiblemente a las garantías constitucionales.
Podrá existir mayor claridad respecto de la forma cómo se llevan adelante los procesos; pero no me parece serio ni responsable sostener ante el país que la sola reforma del Poder Judicial significará frenar la delincuencia en Chile. Puede ser una medida que contribuya a darle mayor solidez a nuestro Estado de Derecho o a que -reitero- exista mayor transparencia en la administración de justicia, de manera que cuando la gente es sometida a un proceso o deduce una querella, pueda saber exactamente qué está ocurriendo, si se está aplicando justicia correcta o incorrectamente y no que el Poder Judicial está sometido a una especie de pieza obscura; pero sostener que la sola modificación al sistema judicial chileno, que se implementará en algunos años más, será la solución única y definitiva al tema de la seguridad ciudadana, no se condice ni con las experiencias internacionales ni con la realidad que el país vivirá en los próximos años. Hago este alcance porque, a mi juicio, la Cámara y el Gobierno no pueden contentarse con esa sola medida, y por eso comparto completamente las iniciativas que se están tomando en orden a implementar otras políticas de seguridad ciudadana que tengan efectos en lo inmediato, en el mediano y largo plazo, y no sólo esperar esa reforma que, por cierto, he dicho, me parece positiva, pero insuficiente para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana.
Al respecto, no hay duda de que una acción que debe emprenderse, vinculada también a la administración de justicia, es el apoyo y respaldo al funcionamiento de los tribunales en la actualidad. Tenemos un proyecto de reforma al Poder Judicial que regirá en el futuro; pero me pregunto: ¿Y los jueces hoy? ¿La administración de justicia hoy? ¿La señora de la villa o población que concurre a los tribunales hoy? Cuando presente una denuncia, ¿le vamos a entregar un certificado diciéndole que vuelva en tres años más para los efectos de que su proceso se lleve adelante? Con toda franqueza, advierto que se ha producido una especie de distanciamiento entre lo que será una reforma que regirá en tres años más y la realidad cotidiana que, hoy, vive la gente en los tribunales. En efecto, siente que éstos están sobrecargados de trabajo; que los jueces están sobrepasados por el número de procesos que llevan; que las condiciones en que funcionan los tribunales son insuficientes, y no hay duda de que el período de transición entre el actual sistema y el futuro, implica que también debe destinarse todo el esfuerzo, apoyo y respaldo a la gestión que los jueces están cumpliendo hoy para soportar la enorme carga de trabajo que, por cierto, excede la capacidad que cualquier persona normal puede desarrollar.
En tercer lugar, quiero referirme al tema de la policía. No tengo dudas de que una de las funciones o tareas básicas que se deben cumplir en el futuro, consiste en concentrar a la policía en labores esencialmente policiales. Hoy realiza más de cincuenta funciones distintas, sólo algunas de las cuales -en términos cuantitativos- dicen relación concretamente con el control de la delincuencia, la captura y su prevención.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente, solicito que otra bancada me ceda tiempo para terminar mi intervención.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Puede continuar con cargo a la bancada de la UDI.
El señor ESPINA .-
Gracias, señor Presidente. Seré breve para no dejar sin oportunidad de intervenir a algún señor diputado que desee hacerlo.
Respecto de la concentración de funciones de la policía, me parece correcto, y apoyo, lo que el Gobierno está haciendo en orden a reducir competencias en materias que hoy, objetivamente, nada tienen que ver con la verdadera función policial.
La policía debe concentrarse en la seguridad ciudadana y no en funciones ajenas a la labor para la cual fue constituida, y me parece muy positivo que hoy ella misma tenga conciencia de eso, colabore y se fije un procedimiento para que, en breve plazo, muchas de esas materias se traspasen a los organismos pertinentes. Quiero ejemplificar con una de ellas. Hemos recibido un documento que, hoy, nos ha entregado el señor subsecretario del Interior , en el que se consigna que durante el último semestre se realizaron, aproximadamente, 125 mil órdenes judiciales, correspondientes a arrestos, órdenes de investigar, lanzamientos, notificaciones, decomisos, embargos, clausuras y otros. De estas 125 mil órdenes judiciales que la policía realizó, 107 mil fueron notificaciones. Si esto lo extrapolamos a los antecedentes que, de 1998, se nos aportaron, de un total de 2.223.000 órdenes judiciales, 1.750.000 corresponden a notificaciones judiciales practicadas por la policía.
Que alguien pueda explicarme por qué la policía se ha transformado, con los años, en especie de correo del país; por qué se ha recargado con una función absolutamente ajena a la labor policial propiamente tal. No es aceptable que más del 60 ó 65 por ciento de las órdenes que la policía recibe, estén destinadas a cumplir las funciones que le corresponden a Correos de Chile o a un sistema de correo privado, porque eso, sin duda, distrae a más de un tercio del personal policial en funciones que son propiamente judiciales. Me parece positivo que el Gobierno patrocine iniciativas destinadas a corregir esa tergiversación de cometidos.
Finalmente, sólo quiero hacer referencia a un tema adicional: el efecto disuasivo de la ley. En un país democrático y en una Cámara elegida por todos los chilenos, como ésta, los parlamentarios estamos llamados a determinar el contenido de las leyes; somos nosotros quienes fijamos, frente a un hecho delictual, cuál es la pena asignada. Lo que nunca puede ocurrir es que lo que nosotros mismos fijemos, en la práctica no se cumpla.
Con toda crudeza, sostengo que en Chile la ley no se cumple; las propias normas que dictamos para sancionar los delitos terminan, por diversas razones, no cumpliéndose, muchas de ellas, porque los delincuentes recuperan la libertad con mayor rapidez que la víctima sale del hospital. Por lo tanto, objetivamente, tenemos un sistema en el cual asignamos una pena, que ha sido estudiada, tipificada, pero que no se cumple.
Cuando el delincuente recupera su libertad rápidamente, se produce desconfianza de la ciudadanía en los poderes del Estado, y eso afecta el sistema democrático.
Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales que debe tener la lucha contra la delincuencia es que las penas que nosotros asignemos no sean ni inocuas ni exageradas. Y las que estimemos convenientes, dado el reproche social que la conducta tenga, se cumplan, porque el efecto disuasivo de la ley es el mayor valor que, en un estado de derecho, tiene la legislación que se dicta.
Por lo tanto, no tengo dudas de que en la medida en que reforcemos el cabal cumplimiento de la ley -no soy de los que creen que aumentando las penas disminuye la delincuencia-, habrá menos delitos. Así la gente entenderá que el estado de derecho se respeta, que las normas se dictan para cumplirlas y que en nuestra legislación no existen los intocables.
En consecuencia, me parece un paso positivo que el Gobierno haya acogido todas las iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso, como así también que éste dé una señal correcta en materia de administración de justicia, de policía y de efecto disuasivo de la ley.
Concluyo señalando que, en lo que respecta a nuestro partido, apoyaremos resuelta y decididamente las medidas que se están adoptando, porque las hemos analizado con seriedad; nos parece que son correctas y que debemos ser consecuentes con lo que dijimos hace 10 años, cuando se retornó a la democracia, en orden a que la seguridad ciudadana es una política de Estado; de manera que si se aplican medidas correctas y en el Congreso se trabaja en conjunto entre Gobierno y Oposición, realmente se estaría haciendo una labor común para resolver el tema a la mayor brevedad.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente, quiero felicitar al diputado señor Juan Bustos , presidente de la Comisión, por su labor conductora en el trabajo realizado, que concluyó con el informe conocido hoy por la Sala.
Se ha hecho bien en destacar que el combate a la delincuencia se desarrolla sobre la base de dos aspectos centrales, que son los dos grandes capítulos del informe: prevenir y sancionar. No sólo sancionar, sino ser capaces de descubrir qué debe hacer la sociedad chilena para generar condiciones de menos delincuencia.
Evidentemente, la Cámara ha hecho un esfuerzo importante, sobre todo el año pasado e incluso éste, al modificar algunas de las leyes, en lo referente a aumentar algunas sanciones y restringir también la libertad provisional en el caso de delincuentes francamente peligrosos para la sociedad. Sin embargo, nos falta avanzar en materia de prevención. No habrá sanción alguna capaz de poner fin a las condiciones que generan el delito.
Necesitamos, por supuesto, la policía adecuada. Con 8.500, de 34 mil carabineros, dedicados a funciones de salud, de justicia, de religión o de labores administrativas, no la tendremos. Con los recursos que hay, tampoco. En la policía necesitamos gestión eficiente y generación de confianza en la ciudadanía.
Necesitamos, por supuesto, una justicia eficaz. En la historia del combate a la delincuencia y de la seguridad ciudadana, el Presidente Frei Ruiz-Tagle será evaluado por el gran aporte que significa la reforma del Poder Judicial . Eso dará frutos a lo largo de muchos años. No resuelve los problemas de un día para otro.
Si en algún aspecto de los aparatos del Estado, los ciudadanos confían menos, éste es, precisamente, la justicia. El 87,5 por ciento de los encuestados cree que si un delincuente es llevado a la justicia, no sufrirá las sanciones adecuadas, y la mayoría estima que la justicia, finalmente, no hace justicia.
Necesitamos un sistema penitenciario adecuado; asimismo, oportunidades para la gente, de manera que no se creen condiciones para el delito, y requerimos, por supuesto, una ciudad adecuada.
El aumento de la delincuencia en las ciudades es notable. La diferencia entre el delito perpetrado en la ciudad y el cometido en el ámbito rural, es, estadísticamente, incomparable. Las ciudades crean condiciones de dificultad social y laboral que facilitan la generación de antivalores que impulsan a la gente a desviarse de valores de carácter humano que les permitan estar ajenos al delito.
Nuestras ciudades tienen más bien un espacio urbano agresivo que amable. La ciudad, mal que mal, es el cobijo diario de los habitantes, quienes, por lo demás, tienen diariamente, estando activos, más contacto con el espacio urbano que con el espacio interior de sus propias casas. Por lo tanto, no son ajenos a ellos los efectos que produce el entorno.
Lo que pasa con el espacio interior, también sucede con el espacio urbano. Son distintos los estados de ánimo que puede tener una persona que está en una catedral, de los que provoca el estar en un establecimiento comercial.
Lo mismo pasa con las ciudades. Hay algunas que más bien tensionan a las personas; invitan más bien a inquietar al individuo que a darle calma; alteran en vez de tranquilizar. Debido a nuestras ciudades, los individuos tienen más tiempo perdido que tiempo disfrutado; nuestras ciudades reducen cada día más sus espacios públicos en vez de aumentarlos. Vivimos en ciudades que tienen cada vez menos parques y áreas verdes; vivimos en espacios urbanos que están, desde el punto de vista de la estética, tristemente condenados a la fealdad.
Ése es el entorno que rodea al individuo: espacios que conducen más bien hacia la agresividad que hacia la calma. La acción del espacio urbano está estrechamente vinculada a la generación de estados de ánimo propensos al delito.
Pero, por sobre todo, la posibilidad de delinquir nace por la pérdida de los valores. Según distintas encuestas, está comprobado, incluso, que sectores claramente empobrecidos que están rodeados de un ámbito valórico adecuado, son grupos humanos que no cometen delitos, independientemente de sus fuertes necesidades económicas.
En mi distrito he tenido la oportunidad de organizar un encuentro, en el cual participaron 560 jóvenes invitados, quienes concurrieron con el único atractivo de ser escuchados en torno al tema de la delincuencia, juventud y oportunidades.
Esos 500 jóvenes demostraron que están dispuestos a participar. ¿Qué diagnosticaron respecto del tema delincuencia, juventud y oportunidades? Dijeron que eran discriminados por la edad, la apariencia y la manera de expresarse. Las mujeres, en particular, se quejaron de la discriminación de que son víctimas las madres solteras, cuando son jóvenes, y de la represión policial. Los jóvenes afirman que siguen siendo considerados sospechosos o peligrosos por la policía, incluso por vecinos; estos jóvenes reclaman un trato más humano. En este encuentro, en el que trabajamos juntos por más de tres horas y media, manifestaron que faltaban espacios públicos, de esparcimiento. El Subsecretario Pickering también lo expresó en la Comisión de Seguridad Ciudadana. En concreto, dijo que por las formas de vida de las personas en ciudades como Santiago, en la que no hay una planificación urbana ni espacios para recrearse, y en que gran parte del tiempo se consume estrictamente en los traslados a los lugares de trabajo, las situaciones de crisis de las familias se ven agravadas. Hay problemas de valores, educativos y de espacio. Los jóvenes nos propusieron una serie de soluciones; pero, por sobre todo, quieren participar, ser escuchados, que sus pasiones y entusiasmos sean canalizados adecuadamente; no quieren transformarse en monitores contra el delito; desean ser monitores para canalizar el entusiasmo juvenil, de manera que los valores que les gustan se desarrollen en un ámbito de humanidad y no sólo de represión.
Conocemos esta situación. Si usted revisa la estadística, señor Presidente , verá que en los últimos tres o cuatro años casi se ha doblado la participación de jóvenes en los robos con violencia. Primero fue un 25 por ciento, luego un 27, pasó el año pasado al 32 por ciento y, ahora, alcanza alrededor del 40 por ciento.
¿Y qué dice el gerente de la Fundación Paz Ciudadana, que ha sido permanentemente citado en la prensa y en esta Cámara, con respecto a la respuesta? Ésta no es simplemente represiva, dice Carlos Valdivieso ; la única respuesta al problema de la delincuencia no puede ser el sistema carcelario, la cárcel, la represión; lo dice el padre Vidal ; lo dicen los especialistas; lo dicen en Nueva York, citado como el gran ejemplo por la tolerancia cero, caso en el cual su fundamento para combatir el delito fue la creación de espacios públicos, de espacios donde los jóvenes tuvieran oportunidad de desarrollar su propia vida.
Termino diciendo que hoy día hay una legislación que lleva a los jóvenes a delinquir; y me alegro de que esta Comisión -creada no hace mucho- se haya comprometido en los ocho proyectos de ley con que nuestro Congreso contribuirá al combate de la delincuencia, además de mantener por cuatro años el esfuerzo de análisis y de proposiciones para coordinar las iniciativas, y no sólo para combatir la delincuencia, sino también para dar seguridad a la gente.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Me permito informar a la Sala que quedan seis diputados inscritos y que todas las bancadas han hecho uso de la palabra.
Por ello, solicito la venia de la Sala para fijar una hora de término, con el objeto de que, al finalizar la intervención del diputado Juan Bustos, en los ocho minutos restantes pudiéramos llamar a votar.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan) .-
Señor Presidente, este informe es el fruto de una larga discusión y reflexión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, junto a un grupo de autoridades invitadas y de diferentes especialistas en la materia. Pero, sobre todo, es importante recalcar que el informe contiene medidas concretas sobre el tema, con el objeto, justamente, de que puedan llevarse a la práctica y, posteriormente, fiscalizar la ejecución de las medidas propuestas.
Sólo recalcaré algunos puntos sobre los cuales la diputada informante, doña Pía Guzmán, hizo, en su intervención, un exhaustivo y pormenorizado análisis.
La seguridad ciudadana implica establecer un conjunto de circunstancias y condiciones necesarias para el desarrollo de los derechos de las personas. Ésta es su importancia trascendental en una sociedad democrática, pues la inseguridad afecta los derechos de las personas y su ejercicio. Ahora bien, es cierto que la inseguridad es algo estructural a la sociedad moderna. Por eso, más de un sociólogo ha asegurado que vivimos en una sociedad del riesgo. Así, en efecto, aunque se tomen todos los cuidados necesarios, estadísticamente habrá un determinado número de accidentes del tránsito con resultado de lesiones o muerte; y así ocurre, además, en múltiples actividades actuales de la sociedad posindustrial. Pero se trata precisamente de bajar al máximo las tasas de riesgo o de inseguridad, y, en ese sentido, no sólo de la inseguridad objetiva -esto es, de hechos o procesos reales que afecten la seguridad-, sino también, sobre todo, de la inseguridad subjetiva; es decir, la sensación o sentimiento de inseguridad que, frecuentemente, es mayor que la objetiva por la amplificación producida por los medios de comunicación y la falta de credibilidad respecto de la actividad de la autoridad.
Ahora bien, la inseguridad se genera en una afección al desarrollo de los derechos de las personas; en definitiva, por procesos que implican una violencia sobre ellos. Por eso, la prioridad en materia de seguridad ciudadana es de carácter preventivo, esto es, impedir que se produzcan estos procesos de violencia. Ése ha sido justamente el hilo conductor que recorre el presente informe.
En primer lugar, una prevención de carácter general de procesos de violencia, la cual requiere una instancia única de seguridad ciudadana, llámese subsecretaría o secretaría de seguridad ciudadana; pero requiere una instancia única de coordinación que tenga precisamente la facultad de coordinación general relativa a los diferentes aspectos que implica el desarrollo de procesos de violencia, los que pueden ser de carácter institucional, como, por ejemplo, la corrupción, y de carácter social, como la pobreza y el desempleo.
Por eso, en el informe y de una manera general preventiva, se plantearon aspectos importantes relacionados con la vivienda; porque, evidentemente, la ciudad es el lugar donde se provocan mayores procesos de violencia, tanto por la amplitud que abarcan las urbes modernas, cuanto por el hecho de que, en general, hay un desarrollo inarmónico de la ciudad moderna, especialmente en Chile, en que se construyen casas habitación, pero no comunidades de personas que las habiten; no se construyen barrios. Es decir, no hay espacios disponibles donde se puedan ejercer los derechos por parte de los ciudadanos: recreación, paseos, planes de urbanización. Por lo tanto, eso implica reformar la ley de construcción y los planes de urbanización. Por eso mismo, se planteó especialmente realzar los aspectos de carácter educativo, porque la expulsión de los niños, la deserción escolar, la falta de escuelas diferenciadas, las escuelas de tercera clase o marginalizadas, junto a los problemas de vivienda y de espacios para la gente y el ciudadano, implican procesos de violencia que, a su vez, provocan mayor violencia. Si nosotros examinamos los mapas de la ciudad para ver dónde se producen los mayores problemas de victimización y de inseguridad ciudadana, aquéllos nos señalan que ocurren en lugares donde existen problemas de urbanización, de vivienda y de educación.
Pero, ciertamente, los procesos de mayor violencia son los de carácter delictual. De ahí que sea prioritaria una política de seguridad ciudadana, entroncada con una política criminal de prevención del delito. Desde esa perspectiva, se puede hablar de prevención primaria, destinada a evitar que se den oportunidades para delinquir; secundaria, tendiente a impedir la carrera delictiva, y terciaria, que consiste en lograr la reinserción social.
De ahí, entonces, que desde el punto de vista preventivo político-criminal, la prioridad ha de estar en la prevención primaria, o sea, en impedir las oportunidades de delinquir. Más allá de la coordinación centralizada, se requiere una centralización integral de la información sobre los procesos delictivos -lugares, personas, hechos-, que sea transparente y pública, de modo de generar credibilidad y contrarrestar también su amplificación por los medios de comunicación. Esta es la clave para disminuir la inseguridad subjetiva y generar políticas que reduzcan la inseguridad objetiva. Ello resulta fundamental si se quiere enmarcar y plantear una política de seguridad ciudadana para un sistema democrático, tal como lo señala el informe.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el informe presentado por la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana de esta Cámara, como también las intervenciones de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Por desgracia, en la mayoría de los casos son manifestaciones de buena voluntad que hemos escuchado en forma reiterada durante los gobiernos de la Concertación. El país tiene claro que las declaraciones no bastan para solucionar este tipo de problemas. Nadie duda de las buenas intenciones de la autoridad, pero, en la práctica, da la sensación de que la delincuencia la sobrepasa. Hay un hecho cierto y claro: durante los gobiernos de la Concertación no ha disminuido la delincuencia y, por el contrario, los niveles de inseguridad han aumentado considerablemente.
En un análisis de esta naturaleza no es posible desatender las cifras, menos cuando provienen de estudios realizados por instituciones de reconocido prestigio. La Fundación Paz Ciudadana, por ejemplo, señala que se ha incrementado en más del 2,7 por ciento la comisión de delitos, en especial en los jóvenes de entre 14 y 18 años de edad. Se podrían llenar páginas de estadísticas, pues las cifras hablan por sí solas, pero la pregunta que debemos formularnos es cómo ha enfrentado el Gobierno el problema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana: como lo hace con todos los problemas: con anuncios y señales equivocadas. ¿Cómo le explicamos al país que el Gobierno ha anunciado con gran parafernalia al menos ocho planes de seguridad ciudadana y ninguno ha dado resultado? Es importante que el Gobierno informe al país los resultados obtenidos después de la aplicación de estos ocho planes. Pero los anuncios no quedaron ahí: el Presidente Frei , en una medida poco acostumbrada, anunció el nombramiento de un viceministro de seguridad ciudadana. Gracias a Dios, hasta la fecha no se ha designado. También, cada cierto tiempo, generalmente después de un gran asalto u homicidio, el Gobierno anuncia planes de seguridad vecinal integral y el aumento de las plantas de los organismos policiales.
El problema de la seguridad ciudadana ¿se resuelve aumentando el número de carabineros? Es evidente que no. Es una medida que va en la dirección correcta, pero que no soluciona por sí sola el problema de la delincuencia. En este sentido ¿es adecuado, entonces, sacar a las carabineras de sus funciones en hogares de menores para dedicarlas al problema delictual? La esencia del asunto tampoco está en la redistribución de funciones de Carabineros. Más importante es entregar señales claras y adecuadas.
Los gobiernos de la Concertación, desde sus comienzos han dado señales equívocas en materia de combate a la delincuencia. Desde las “leyes Cumplido”, todas sus iniciativas legales pareciera que han buscado otorgar -así lo siente la ciudadanía-, más derechos a los delincuentes y rebajar sistemáticamente sus penas. Los autores de los más graves delitos quedan sin una sanción adecuada, producto del ejercicio, por parte del Presidente de la República , de la facultad de indultar. Así, entonces, no será extraño ver en nuestras calles pasear libremente a violadores de niños que, condenados a muerte, han sido indultados, y que, a pesar de la pena de presidio perpetuo, salen en libertad. ¿Qué podemos pedir respecto de estos delincuentes, si los más peligrosos terroristas del país, recluidos en cárceles de alta seguridad, se fugan en helicóptero? La ciudadanía percibe que los delincuentes le han perdido el respeto a la autoridad. Los mapuches, por ejemplo, agreden, a vista y paciencia de todo el país, a autoridades de gobierno y a carabineros. Incluso, a uno de ellos le entierran un hacha en la espalda. Los carabineros son bajados de sus motos y golpeados en manifestaciones realizadas por los portuarios. ¿Pero es posible solicitar a los mapuches y a los trabajadores portuarios una conducta distinta si los propios parlamentarios han reaccionado con prepotencia frente a las autoridades policiales? Parlamentarios de esta Corporación han dado un trato indigno y vejatorio a carabineros, que son ministros de fe.
Pero no son sólo éstas las causas de la sensación de inseguridad. Hay otras más. Hace algunos meses se amenazó públicamente con detener al ex alcalde Joaquín Lavín , debido a que, con su original sistema de seguridad, infringía la ley. Es como el ladrón detrás del juez. Hoy nadie desconoce que en las comunas donde se aplicó el sistema ha disminuido la delincuencia, gracias a la labor conjunta de Carabineros y de los mecanismos especiales de seguridad creados por los propios municipios. Las Condes, Providencia y Vitacura son los mejores ejemplos de lo anterior. Ojalá se pudiesen incrementar y desarrollar en comunas como las que represento, pero, lamentablemente, no contamos con los recursos necesarios para ello.
Es efectivo que no resulta fácil resolver el problema, pero es fundamental que, de una vez por todas, el Gobierno dé señales claras y adecuadas.
Cuando se discutió la posible aplicación de un plan de tolerancia cero, adecuado a nuestra realidad, las autoridades de gobierno, presionadas por la Izquierda, rápidamente se preocuparon de señalar que era impracticable en nuestro país. La delincuencia, la droga y otros males de nuestro tiempo tienen causas de fondo, las que se agravan en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, en especial cuando los niveles de desempleo aumentan.
Como parlamentarios debemos emplazar al Gobierno a que en estos últimos meses de mandato, de una vez por todas, dé señales claras y duras -dureza no significa represión- de un combate frontal y decidido a la delincuencia, haciendo uso de todos los medios de que lo provee la ley.
Sin perjuicio de lo anterior, sesiones como ésta pueden tener el mejor espíritu, pero, en la práctica, la delincuencia y el desempleo aumentan, la droga corrompe, y si no somos capaces, de una vez por todas, de dar las señales que el país espera de nosotros, este flagelo puede transmitirse en el transcurso de los próximos años y no habrá gobierno alguno capaz de parar la delincuencia y la droga en el país.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, hemos escuchado con toda atención el resultado del trabajo entregado por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, informado de manera muy clara por la diputada señora Pía Guzmán , traducido en la necesidad de crear condiciones preventivas y de tomar medidas represivas en contra del delito y de los delincuentes para lograr efectivos avances en torno de la seguridad ciudadana a que tienen derecho todos los chilenos.
Dado lo escaso del tiempo de que dispongo, me referiré exclusivamente a un aspecto preventivo, que considero muy importante, agregado a lo ya dicho por el diputado señor Patricio Walker sobre la necesidad de educación, que, sin duda, es importantísima para el desarrollo de toda persona, pero que es indispensable en la prevención del delito. Una persona que ha recibido formación y educación será menos proclive a delinquir que quien no las ha recibido.
Íntimamente ligado a eso está el que los niños, los jóvenes, las mujeres y la tercera edad cuenten con espacios libres en su vecindario, adecuadamente equipados para la recreación, el deporte y el esparcimiento. En ese sentido, en el punto número 9 de las propuestas concretas de la Comisión Especial está el aumentar las áreas verdes y lugares de esparcimiento y recreación a nivel poblacional, estableciéndose un programa participativo de construcción de multicanchas, emulando y reproduciendo el modelo de pavimentos participativos.
A este respecto, es importante destacar el papel del Estado en cuanto a la promoción, fomento, construcción e implementación de áreas verdes. Todos los que representamos distritos populares, sabemos que de poco sirve dejar abandonados los terrenos destinados a áreas verdes o a equipamiento y esparcimiento, ya que, al no estar construidas las canchas, los gimnasios, las plazas o los juegos infantiles, estos lugares se transforman en lugares agresivos, es decir, exactamente en lo contrario de aquello para lo cual están destinados, en lugares de reunión de delincuentes, en lugares oscuros, sin interés para los ciudadanos.
Mi experiencia de muchos años, ligada al tema de la vivienda, particularmente para las personas de menores recursos, me indica que si no hay un impulso vigoroso, en especial del Estado, vía financiamiento, orientado a desarrollar proyectos de construcción de áreas deportivas, recreativas o simplemente de áreas verdes y su mantención, los terrenos se transforman en áreas grises y no verdes, y al ser la tierra un bien escaso y no renovable, se transforma en un atractivo para las empresas inmobiliarias que desean construir allí sus negocios. De aquí la presión sobre los municipios, direcciones de obras, gobiernos regionales y sobre el Ministerio de Vivienda para el cambio de destino de estos terrenos. Desgraciadamente, en algunos casos logran su propósito, privando así a la comunidad de un derecho básico para su calidad de vida y de una forma eficiente de prevenir la delincuencia.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo que le resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la honorable diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito el trabajo de la Comisión Especial y el informe que aquí se ha dado, pero pienso que hay un área muy importante que la Comisión no consideró y que es muy relevante.
Hago una pregunta: ¿la seguridad ciudadana está sólo en las calles y fuera de las casas, o también está dentro de éstas?
El Subsecretario señor Pickering informó hace algunos días que las denuncias por violencia al interior del hogar, principalmente sobre mujeres y niños, doblaban o cuadruplicaban, sobre todo en Santiago, a las de robo o actos de violencia en la calle. En las últimas semanas hemos sabido de tres o cuatro muertes producto de la violencia al interior de las casas.
Por lo tanto, en la concepción de seguridad ciudadana es fundamental e importante no ver el problema de la violencia intrafamiliar al interior de las casas sólo como una de las causas de las conductas violentas de los jóvenes o de los delincuentes, cuando se habla de delincuencia; es indudable que, en sí, es un problema de seguridad de ciudadanos y ciudadanas del país. Por lo tanto, requieren tratamientos de políticas fundamentales, en términos de garantizar esa seguridad al interior de las casas, que es lo que echo de menos en este informe. En esta concepción de seguridad ciudadana, es fundamental la que se da al interior de los hogares.
La violencia en contra de la mujer, ejercida principalmente al interior de las casas, tiene concepciones muy profundas en la cultura, y es necesario atacarlas.
Por lo tanto, propongo que se tome en cuenta lo que pasa en la inseguridad ciudadana al interior de los hogares, en términos de dar mayor financiamiento para la prevención de esta violencia, para clarificar e ir a las causas de por qué se produce esta violencia sobre las personas, en cuanto a sus derechos, como lo explicaba el diputado señor Juan Bustos .
Por eso son importantes las modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar, porque permitirán garantizar la seguridad de las víctimas de la violencia. Es importante acogerlas y darles urgencia, como también al financiamiento para centros de tratamiento de las víctimas y de los victimarios, que, por los problemas culturales, muchas veces no tienen conciencia de que están cometiendo un atropello y una violencia sobre las personas.
Me gustaría que la Comisión Especial tomara en cuenta estos problemas para ver la inseguridad ciudadana no sólo en una parte, sino en otra fundamental, que es al interior de los hogares.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente, en honor al tiempo, no haré uso de ella.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente, quiero partir reconociendo sinceramente el gran trabajo realizado por la diputada señora Pía Guzmán, quien, a través de su trayectoria, ha demostrado dominio sobre la materia. También quiero dejar constancia del trabajo realizado por el Presidente de la Comisión, don Juan Bustos, quien tuvo la fuerza de sacar adelante este informe. Pero no quisiera que tratáramos este tema con ventajas políticas de Oposición o de Gobierno. Es un tema-país, que a todos los aquí presentes y al Gobierno preocupa intensamente en cuanto a cómo combatirlo.
Valoro enormemente el trabajo y gran parte de las conclusiones de la Comisión Especial, pero no puedo dejar de señalar que dentro de los invitados de ésta, que fueron bastantes, en un informe donde prácticamente el 80 por ciento del trabajo tiene directa relación con materias de carácter judicial, del ámbito del Ministerio de Justicia, no fueron escuchados ni el subsecretario ni la ministra de Justicia .
Como el tiempo es escaso, quiero señalar concretamente que, reitero, valorando este informe, hay puntos que no han sido considerados y que acaba de tocar la diputada señora María Antonieta Saa.
La ley de violencia intrafamiliar, desde que está en aplicación, no ha demostrado eficacia ni eficiencia, a tal punto que las diputadas plantearon hacer las modificaciones correspondientes.
Propongo a la Sala que se haga un estudio de evaluación de la ley de violencia intrafamiliar y de la de derogación de la detención por sospecha, que creo que es una de las grandes causas de lo que hemos estado presenciando el último año en cuanto al aumento de la delincuencia. Vale la pena analizar esta ley, porque, aun cuando tiene buenos propósitos, ha estado sucediendo lo que hemos visto con alarma y preocupación en los diarios: que la delincuencia ha aumentado en 207 por ciento en un año en este país. ¿Por qué? Porque se ha legislado equivocadamente, en mi opinión, ya que se están protegiendo los derechos de los delincuentes y no los de las víctimas.
Éste es un punto que se debe aclarar.
En segundo lugar, no se han reconocido los esfuerzos que han hecho este Gobierno y el del ex Presidente Aylwin en cuanto a dotar de recursos técnicos y humanos a Carabineros y a Investigaciones. No olvidemos que cuando asumió el Gobierno de la Concertación, en 1990, existían en Chile menos detectives y carabineros que en 1973, cuando había 5,5 millones de pobres.
Es lógico que se puede comparar la situación económica de la comuna de Las Condes y la de La Granja o de otras comunas pobres. Por lo tanto, llamo a tratar el tema con seriedad.
Me gustaría que este informe volviera a la Comisión, con el objeto de evaluar la ley de detención por sospecha y sus implicancias; recoger y evaluar la información y opinión de quienes dominan el tema de la violencia intrafamiliar, y finalmente, escuchar las opiniones del Ministerio de Justicia sobre estas materias.
Señor Presidente, en homenaje al tiempo, aprobaré este informe con algunas observaciones si no es posible que vuelva a la Comisión.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el subsecretario de Justicia.
El señor GÓMEZ ( Subsecretario de Justicia ).-
Sólo para manifestar que efectivamente no concurrimos a la discusión del texto, pero que valoramos que se haya elaborado un documento tan importante en relación con la seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el subsecretario del Interior.
El señor PICKERING ( Subsecretario del Interior ).-
Sólo para decir que valoramos enormemente el trabajo realizado, y que las observaciones específicas que tenemos al respecto las entregaremos por escrito a la Comisión respectiva.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición del diputado señor Waldo Mora, de que el informe vuelva a Comisión y no sea votado en esta oportunidad.
No hay acuerdo.
En votación el informe de la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
^@#@
-Se abstuvo el diputado señor Leal.
El señor MONTES (Presidente).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.01 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO
Jefe de la Redacción de Sesiones
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Dittborn, Recondo, Rojas, Víctor Pérez y Osvaldo Palma.
Modifica la Ley de Tránsito estableciendo una multa sustitutiva a la suspensión en casos que se indican. (boletín Nº 2366-15)
“Considerando:
1. Que la Ley de Tránsito Nº 18.290 clasifica las infracciones o contravenciones a la misma, en gravísimas, graves, menos graves y leves.
2. Que en el caso de infracción gravísima, el artículo 208 del referido cuerpo legal establece que sin perjuicio de las multas que procedan, el juez decretará la suspensión de la licencia de conducir del infractor en los casos y por los plazos que en dicho artículo se indican.
3. Que dentro de las infracciones consideradas gravísimas y que en consecuencia ameritan la referida suspensión, se encuentra la del Nº 3 del artículo 197, esto es, “conducir un vehículo a mayor velocidad que la establecida en el artículo 150”.
4. Que el artículo 150 establece que “cuando no existan los riegos o circunstancias señaladas en los artículos anteriores, serán límites máximos de velocidad, los siguientes:
1. En zonas urbanas, 50 kilómetros por hora, y
2. En zonas rurales, 100 kilómetros por hora”.
5. Que es un hecho que dichos límites máximos de velocidad varían según las condiciones de los caminos, trabajos en los mismos y otra serie de circunstancias difíciles de determinar y en consecuencia es perfectamente posible y muy común que se excedan, muchas veces involuntariamente, incluso producto de una señalización deficiente.
6. Que la suspensión que puede decretar el juez en estos casos, va desde los 5 a los 45 días, con la sola excepción de la infracción al número 1 del artículo 197 en que el plazo de suspensión se eleva al doble, atendida la gravedad de la contravención.
7. Que para determinados sectores de la población, en especial para aquellos cuya actividad principal consiste en el transporte de personas y carga, la suspensión de su licencia de conducir se traduce en la imposibilidad de desarrollar su actividad económica y en consecuencia de generar ingresos para él y su familia por el tiempo que dura la suspensión.
8. Que considerando las circunstancias, en determinadas situaciones esta decisión puede ser demasiado drástica, sin contar el Juez en la actualidad con facultades para sustituir esta sanción en casos calificados.
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase la ley Nº 18.290, Ley del Tránsito, en la forma que a continuación se expresa:
1. Sustitúyese la letra a) del artículo 208 por la siguiente:
“a) Infracción o contravención gravísima, de 5 a 45 días de suspensión. Tratándose de una infracción al número 3 del artículo 197, el Juez a petición verbal o escrita del infractor y mediante resolución fundada, podrá sustituir la suspensión por una multa adicional a la que corresponda aplicar por la respectiva infracción, equivalente a un 50% de la misma. En estos casos, ambas multas deberán pagarse en forma conjunta. Para adoptar esta resolución el Juez debe considerar la actividad laboral del infractor, las circunstancias en que se produce la contravención y la conducta anterior del afectado con la medida. Tratándose de una infracción o contravención al número 1 del artículo 197 el plazo de suspensión se elevará al doble”.