Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- V.
TIEMPO DE VOTACIONES
- RECHAZO A SOLICITUD ESPAÑOLA DE EXTRADICIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET.
PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- DEBATE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PARA ESCLARECER CAUSAS DE CRISIS EXISTENTE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.
PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- DEBATE
- RECHAZO A SOLICITUD ESPAÑOLA DE EXTRADICIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET.
PROYECTO DE ACUERDO
- VI.
INCIDENTES
- CINCUENTENARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Zaldivar Larrain
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Zaldivar Larrain
- CINCUENTENARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Matta Aragay
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- CARTA DE SENADOR SEÑOR PINOCHET A LOS CHILENOS
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- CINCUENTENARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- Proyecto de Acuerdo, del H. Senador señor Cantero, con el que recaba el acuerdo del Senado para que, adhiriendo a la petición formulada por diversos miembros de la Corporación, se solicite a S.E. el Presidente de la República que constituya una Comisión que contribuya al esclarecimiento de la verdad histórica acerca de las causas que provocaron la situación institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973. Boletín N° S 369-12
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Cantero Ojeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Proyecto de Acuerdo, del H. Senador señor Cantero, con el que recaba el acuerdo del Senado para que, adhiriendo a la petición formulada por diversos miembros de la Corporación, se solicite a S.E. el Presidente de la República que constituya una Comisión que contribuya al esclarecimiento de la verdad histórica acerca de las causas que provocaron la situación institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973. Boletín N° S 369-12
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 11ª, en martes 15 de diciembre de 1998
Ordinaria
(De 16:18 a 20:41)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA............................................................¿...........¿¿........¿.............
II. APERTURA DE LA SESIÓN.........................................................¿¿¿.............
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.........................................................¿¿.......¿......
IV. CUENTA.......................................................................................¿¿¿.................
Acuerdos de Comités......................................................................................
V. TIEMPO DE VOTACIONES:
Rechazo a solicitud española de extradición de Senador señor Pinochet. Proyecto de acuerdo (S 368-12) (se aprueba).............................................
Constitución de comisión para esclarecer causas de crisis existente el 11 de septiembre de 1973. Proyecto de acuerdo (S 369-12) (se aprueba)............
VI. INCIDENTES:
Cincuentenario de Declaración Universal de Derechos Humanos (intervención del señor Silva).....................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).....................................................
Cincuentenario de Declaración Universal de Derechos Humanos (intervenciones de los señores Viera-Gallo, Parra, Matta y Novoa)............
Carta de Senador señor Pinochet a los chilenos (observaciones de los señores Martínez y Larraín).......................................................................
Cincuentenario de Declaración Universal de Derechos Humanos (intervención del señor Cantero)..................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor RÍOS ( Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 4ª, especial, 5ª, ordinaria, y 6ª, extraordinaria, en 3, 4 y 5 de noviembre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor RÍOS ( Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de reforma constitucional que establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. (Boletín Nº 1.579-07). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo inicia un proyecto de ley que establece el régimen especial de pesca, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.274-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Oficios
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que comunica su ausencia del territorio nacional en las siguientes fechas:
1) Los días 9 y 10 de diciembre en curso, con el fin de participar en la XV Reunión Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur, en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, y
2) Los días 15 y 16 del mes en curso, con el objeto de realizar una visita oficial a Buenos Aires, República Argentina.
Agrega que en ambos casos lo subrogará, como Vicepresidente de la República , el señor Ministro del Interior , don Raúl Troncoso Castillo.
--Se toma conocimiento.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que otorga un mejoramiento especial para los profesionales de la educación que indica. (Boletín Nº 2.253-04).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación a la observación de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 74 de la Carta Fundamental, en lo relativo a la oportunidad para solicitar la opinión de la Corte Suprema. (Boletín Nº 1.602-07).
--Se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley sobre securitización y depósito de valores. (Boletín Nº 2.216-05). (Véase en los Anexos, documento 2).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el último informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica aspectos relativos al Fondo de Contingencia de las Mutualidades de Empleadores, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.233-13). (Véase en los Anexos, documento 3).
--Pasa a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
Del señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados , con el que solicita la opinión del Senado respecto a efectuar correcciones de carácter formal, consistentes en cambios de referencias numéricas, al proyecto de ley que otorga un mejoramiento especial para los profesionales de la educación que indica. (Boletín Nº 2.253-04).
--Se accede.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que emite su opinión acerca del proyecto de ley que establece incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y de Magallanes y de la Provincia de Palena. (Boletín Nº 1.888-03).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a los embalses Callihue y Convento Viejo.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, referido al camino Corral-Chauín, Décima Región.
Del señor Ministro de Agricultura , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, acerca de la declaración de zona de emergencia agrícola de las comunas que indica.
Dos del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , con los que contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto al trazado de líneas de alta tensión y a mecanismos de compensación de emisiones de gases con efecto invernadero, respectivamente.
Del señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Viera-Gallo, sobre ayuda humanitaria a las Repúblicas de Honduras, Nicaragua y El Salvador.
De la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía , en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a centrales hidroeléctricas.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, en lo atinente a descuentos previsionales.
Del señor Director General de Obras Públicas , con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta dirigidos por el señor Ministro de Obras Públicas a las autoridades que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 1.579-07). (Véase en los Anexos, documento 4).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley marco sobre universidades estatales. (Boletín Nº 2.054-04). (Véase en los Anexos, documento 5).
--Quedan para tabla.
Proyecto de Acuerdo
De diversos señores Senadores, que apoya las gestiones del Gobierno en relación con el caso del Senador señor Pinochet y propone medidas para enfrentar temas pendientes. (Boletín Nº S 371-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Comunicación
De la Comisión de Agricultura, con la que da cuenta de la visita a Rancagua, Sexta Región.
--Se toma conocimiento.
Solicitud
Del señor Hugo Alfonso Sepúlveda Díaz, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 370-04). (Véase en los Anexos, documento 6).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités adoptaron, en sesión de hoy, los siguientes acuerdos.
Respecto del proyecto de reforma constitucional que establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que sea tratado en la primera semana de enero próximo.
Con relación al proyecto de ley sobre universidades estatales, que sea discutido en general en la sesión de mañana, miércoles 16, concediendo la palabra exclusivamente al señor Ministro de Educación y al señor Presidente de la Comisión técnica, y continuar tratando la iniciativa en la sesión ordinaria del martes 22.
Además, se acordó dejar sin efecto la hora de Incidentes de la sesión ordinaria de mañana; solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que incluya en la actual convocatoria el proyecto de Ley de Culto, y, por último, dejar sin efecto la sesión ordinaria del miércoles 23 del presente.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente ? Me parece que falta un acuerdo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente , en la reunión de Comités se acordó también que tan pronto llegara a la Mesa el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acerca del proyecto sobre adopción, se daría cuenta a la Sala de ese hecho y se incluiría en la tabla de la próxima sesión ordinaria.
El señor LAGOS ( Secretario ).- Efectivamente, señor Senador, se resolvió que cuando llegue el informe del proyecto de ley sobre adopción, se dará cuenta de él y se incorporará en la tabla de la sesión ordinaria de mañana.
V. TIEMPO DE VOTACIONES
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Corresponde votar dos proyectos de acuerdo propuestos por diversos señores Senadores.
Si le parece a la Sala, se obviará la lectura de ellos, dado que ambos se encuentran en poder de cada uno de nosotros.
Acordado.
RECHAZO A SOLICITUD ESPAÑOLA DE EXTRADICIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET. PROYECTO DE ACUERDO
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
El señor Secretario informará acerca del primer proyecto de acuerdo.
El señor LAGOS (Secretario).-
Mediante este proyecto de acuerdo se rechaza la actitud del Gobierno español de dar curso a la solicitud de extradición desde el Reino Unido del Senador señor Augusto Pinochet.
--Su texto es el siguiente:
"Considerando:
"Que uno de los principios básicos que hacen posible la convivencia entre las naciones civilizadas es el respeto a la soberanía y el honor de los demás Estados y el reconocimiento de la igualdad jurídica entre ellos, cualquiera sea su grado de desarrollo o poder efectivo;
"Que forma parte esencial de estos principios el respeto de la jurisdicción de los tribunales nacionales para juzgar los hechos ocurridos en el territorio de un Estado, de acuerdo a las leyes que soberanamente éste se ha dado;
"Que la aplicación extraterritorial unilateral de la ley nacional ha sido rechazada por las naciones de Iberoamérica, como lo reiteraron recientemente en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, celebrada en Portugal, en declaración que lleva las firmas del Presidente del Gobierno de España, señor José María Aznar, y del Rey de España, don Juan Carlos de Borbón;
"Que no menos importante es el respeto a la inmunidad de jurisdicción que las prácticas y tratados internacionales reconocen a los actos, autoridades y representantes de los Estados extranjeros, principio sin cuyo respeto irrestricto no sería posible mantener relaciones entre las naciones en un pie de igualdad;
"Que el Gobierno español, abdicando de sus facultades y evadiendo su responsabilidad política, y con el pretexto de respetar decisiones judiciales de un tribunal español que pretende atribuirse unilateralmente la facultad de juzgar hechos ocurridos en Chile, ha accedido, sin ningún estudio, a solicitar al Reino Unido la extradición del Senador Augusto Pinochet quien, como ex Jefe de Estado y representante diplomático del Gobierno de Chile, goza, además, de inmunidad de jurisdicción;
"Que es inaceptable el pretexto con que el Gobierno español intenta justificar no sólo el agravio que ha inferido a nuestra soberanía sino también la contradicción entre sus propósitos recientemente declarados ante las naciones de Iberoamérica y sus actos posteriores;
"Que lo anterior resulta evidente, porque es un principio universalmente aceptado, que forma parte de la generalidad de los tratados de extradición, el que constituye una facultad de la autoridad política acceder o no a las proposiciones de extradición que le formulen sus tribunales nacionales, en atención a razones cuya evaluación es únicamente política y depende muchas veces del aprecio que cada Gobierno atribuya a su relación con otros Estados, y
"Que la actitud del Gobierno español, no obstante las claras y fundadas protestas que con anticipación había formulado el Gobierno de Chile, representándole la ilegitimidad de las pretensiones extraterritoriales de sus tribunales y la inmunidad del Senador Pinochet, adoptada sin dedicarle siquiera el estudio que el asunto merecía, constituye un agravio a Chile y a sus tribunales, y un desprecio para su Gobierno,
"el Senado acuerda:
"Expresar su más enérgico rechazo a la actitud del Gobierno español al dar curso a la solicitud de extradición desde el Reino Unido del Senador Augusto Pinochet, violando claros principios del derecho internacional y agraviando injustificadamente a Chile y a su Gobierno, al desconocer la inmunidad de jurisdicción y despreciar, sin mayor análisis, las fundadas protestas que éste le había formulado haciéndole ver la ilegitimidad y arbitrariedad de la pretendida jurisdicción extraterritorial en que se funda la petición de extradición.".
Firman los Senadores señores Aburto, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Errázuriz, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Pérez, Prat, Ríos, Romero, Stange, Urenda, Vega y Zurita.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Recuerdo a la Sala que los proyectos de acuerdo deben votarse sin debate. No obstante, los señores Senadores que lo deseen pueden fundamentar su posición.
El señor PÁEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente, para plantear una cuestión previa.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor PÁEZ.-
Señor Presidente, nos aprestamos a votar estos proyectos de acuerdo en circunstancias de que en este momento el titular de la Corporación se encuentra en España por mandato del Senado. No sé si será adecuado hacerlo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Hay que apoyarlo.
El señor LAGOS.-
Es una forma de respaldarlo.
___________________
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, se ha dado a conocer un acuerdo de los Comités en el sentido de solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la inclusión en la legislatura extraordinaria del proyecto relativo a la llamada Ley de Culto. En dicha reunión se abordó el tema, pero entiendo que no hubo un pronunciamiento concreto sobre él.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Efectivamente se tocó el tema.
El señor MARTÍNEZ.-
Solicito una aclaración al respecto.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Hubo un planteamiento de varios señores Senadores con relación a ese proyecto; lo puse en conocimiento de todos los Comités y se aprobó por unanimidad.
El señor MARTÍNEZ.-
No me percaté de que se hubiera pedido la unanimidad.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
No hubo oposición, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Deseo manifestar que no estoy de acuerdo con esa resolución, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Conforme.
El señor MARTÍNEZ.-
Gracias.
___________________
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se va a proceder a votar el proyecto de acuerdo.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Páez formuló un planteamiento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
No hubo unanimidad para acogerlo, señor Senador. Por tal motivo, no es posible retirar de la tabla estos asuntos.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo está perfectamente en línea con la actitud asumida por el Gobierno de nuestra República frente a la decisión adoptada por el del Reino español sobre la eventual extradición a su territorio, desde Gran Bretaña, del ex Presidente de Chile y actual Senador señor Augusto Pinochet Ugarte.
Me parece que frente a este asunto, que compromete la soberanía y la dignidad de la patria, no cabe otra posición.
El Presidente de la República ha logrado representar fielmente las convicciones que sobre el particular tiene la nación chilena. Podría ser pertinente debatir con serenidad el énfasis y la efectividad de las acciones que ha dispuesto realizar para obtener el regreso del Senador Pinochet; pero no me parecería justo discutir ahora el sentido y la dirección de tales medidas, ni la sinceridad con que las autoridades han abordado el problema.
Es más, las únicas voces que se han alzado para contradecir al Jefe del Estado provienen del sector político que también ayer optó por favorecer una ideología internacionalista y a una potencia foránea -el "hermano mayor"-, en detrimento del interés general de Chile y de la paz y el bienestar de su población. No se han enmendado, y su conducta configura un dato que ya nadie tiene derecho a seguir ignorando.
En cuanto a la actitud de las autoridades judiciales y políticas de España, debo reconocer que me resulta francamente incomprensible. Y no por oscura o compleja. Muy por el contrario, es incomprensible porque su doblez pugna, precisamente, con la tradicional hidalguía del pueblo español.
Los Baltasar Garzón, Joan Garcés y demás individuos de esa ralea no merecen siquiera una línea. Allá ellos con sus pequeñas ambiciones y torpes rencores.
Lo que sí me parece relevante es intentar comprender cómo fue posible que el Gobierno de España desconociera lo suscrito tan solemnemente por el Rey don Juan Carlos y el Presidente de ese Gobierno, señor José María Aznar, al concluir la reciente Cumbre celebrada en Portugal, rechazando junto a toda Hispanoamérica la aplicación extraterritorial de la ley nacional. ¡Pero si todavía estaba fresca la tinta de sus firmas cuando el Consejo de Ministros, con prisa vergonzosa, aprobaba una resolución en sentido contrario; la misma que los chilenos hemos rechazado con indignación!
No encuentro una respuesta racional, propia de hombres de Estado, a este frívolo comportamiento. Quizás para explicarlo no nos quede más que apelar a un complejo muy extendido en Occidente; a un apocamiento que lleva a modelar la conducta pública de quienes supuestamente están llamados a dirigir la sociedad, ciñéndola en cambio a lo que ahora se suele denominar "lo políticamente correcto". De esta manera, con ambigüedad culpable, se pretende disimular la pérdida de valores y convicciones entre quienes detentan formalmente cargos de autoridad pero, incapaces de formar opinión, acaban por seguir dócilmente la estela de las consignas dominantes.
El Senado de la República de Chile, tanto por el lugar de preeminencia que ocupa entre los órganos del Estado como por la significación de su trayectoria histórica, no puede permanecer indiferente ante el atropello de la soberanía nacional perpetrado por España, máxime cuando el compatriota directamente afectado por aquella decisión inaceptable es un miembro de esta Corporación.
Señor Presidente, en esta hora difícil, en este minuto de prueba para la solidez de las instituciones republicanas, nuestra posición debe ser clara y concluyente. Ya no hay espacio para juegos de palabras ni lealtades compartidas: o estamos con Chile, o estamos contra Chile.
Apoyo al Jefe del Estado, quien intenta hacer primar, por sobre el afán partidista de un sector de la coalición de Gobierno, la unidad nacional y el valor del patriotismo como virtud esencial de la concordia entre todos.
Respaldo también las gestiones políticas y judiciales que por instrucciones suyas se han emprendido para superar esta delicada situación. Y espero que tengan éxito porque, más allá del destino personal de un soldado ejemplar, lo que en verdad está en juego es el prestigio de la nación chilena y la vigencia de su orden de convivencia.
Por el contrario, repudio y rechazo de manera categórica lo resuelto por el Gobierno español. Constituye una afrenta inaceptable, que las instituciones responsables de cautelar el honor de la República -entre ellas esta Corporación- jamás olvidarán.
Ojalá, señor Presidente, que en esta ocasión seamos capaces de ofrecer a nuestros conciudadanos un acuerdo que les resulte útil y digno de ser tomado en cuenta al formarse una opinión personal, madura y certera, de la coyuntura que el país está atravesando. Para ello me parece imperativo que este proyecto de acuerdo sea aprobado por unanimidad.
En consecuencia, voto afirmativamente.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, si en este momento la máxima autoridad del Senado se encuentra en España, precisamente a solicitud de esta Corporación para que en representación de ella realice algunas gestiones, me parece que no corresponde aprobar hoy día este acuerdo, porque significa quitarle el piso a la misión que nosotros mismos le hemos encomendado. Como todos deseamos que le vaya bien, obviamente debemos hacer lo posible para que nuestras resoluciones cumplan dicho objetivo.
En ese sentido, creo que no es un buen momento para tomar tal decisión; y, por lo tanto, me abstengo.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quienes apoyamos el proyecto de acuerdo en debate bajo ningún concepto estimamos que su aprobación pudiese lesionar las gestiones que, en nombre del Senado, su Presidente debe realizar en España (donde se encuentra en estos momentos), en Estrasburgo o en otro lugar de Europa. Por el contrario, creemos que la aprobación de este proyecto hace llegar a Europa, y particularmente a España, nuestra profunda inquietud por los hechos que allí están ocurriendo, que producen daño -el cual ya se advierte en nuestro país- en las relaciones entre esa nación ibérica y Chile, sin perjuicio de lo que sucede con Gran Bretaña. Y por ese motivo, nos parece urgente hacerlo.
Además, es tiempo que en España se sepa que aquí consideramos una injusta invasión de nuestra soberanía lo que allí está ocurriendo y que la arrogancia y prepotencia de los señores Garzón y Garcés -este último ha urdido junto al primero todo este juicio que está causando grave daño a nuestro país-, nosotros las rechazamos con la máxima fuerza y energía; y que también repudiamos a los que hayan colaborado desde Chile con ese juicio que nos causa indignidad, tal como lo manifestó el Gobierno chileno y como estimamos lo debería hacer, en este caso respecto del Gobierno de España, quien, teniendo la posibilidad de evitar que esto sucediera, no lo hizo y tomó una decisión política perjudicial a nuestro país, el cual siempre ha sido amigo de esa nación.
Por tales consideraciones, voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo a mi juicio constituye un grave error, sobre todo si proviene de personas que, por su calidad de legisladores, tienen que conocer la Constitución.
En el proyecto se analizan diversos conceptos en forma contradictoria y antojadiza. Y es abiertamente inconstitucional, de acuerdo al artículo 5º de la Carta Fundamental. A mi juicio, no es serio aprobar este tipo de iniciativas sin siquiera haber leído la disposición constitucional que trata sobre el tema de que estamos hablando, que no se refiere a extraterrestres o seres de otro planeta, sino a la soberanía chilena.
Para despejar las dudas de algunas personas que quieren echar debajo de la alfombra la mugre barrida, saltándose incluso la Constitución que ellos mismos aprobaron, leeré el mencionado artículo 5º: "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de un plebiscito". Éste es otro elemento esencial que hemos planteado. Frente a disyuntivas graves, el Presidente de la República puede convocar a ese tipo de consulta. Además, hay dos leyes orgánicas que regulan la materia.
Pero sigamos adelante, porque lo que importa está en el inciso segundo, que dice: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.". La Carta Fundamental admite que la soberanía está limitada interna y externamente por los derechos humanos.
El segundo límite que se establece se agrega a continuación: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
Señor Presidente, ¿cómo es posible que algunos digan que se ha pisoteado la soberanía nacional cuando la propia Constitución expresa que aquélla acaba cuando se cometen delitos contra los derechos humanos y se va en contra de los tratados internacionales? La soberanía no puede extenderse para impedir que la violación de los derechos humanos sea consumada, o que los convenios internacionales firmados y ratificados por Chile queden sin efecto.
Por qué se habla de que se ha pisoteado la soberanía nacional, en circunstancias de que así puede considerarse realmente cuando las riquezas fundamentales y básicas del país fueron entregadas a las multinacionales extranjeras. Y eso se consumó durante el Gobierno Militar. La energía eléctrica -como hemos visto- es comandada por empresas foráneas y de las cuales depende que tengamos o no tengamos luz, y que a raíz de la falta de ésta se produzcan accidentes e, incluso, muertes. La globalización de la economía, producto del modelo neoliberal que se aprobó, determina que un gerente de una gran empresa extranjera pueda ordenar a un Ministro de Estado lo que tiene o no tiene que firmar en un decreto. ¡Eso es pisotear la soberanía nacional, y eso se consumó durante el Gobierno Militar!
Una norma de la Carta del 80 consigna lógica y naturalmente lo que significa la protección de los derechos humanos, y que constituye una limitación de la soberanía. Por lo tanto, nadie puede manifestar aquí que se ha pisoteado la soberanía, o que se han sentado sobre ella, cuando los mismos que han patrocinado este proyecto de acuerdo son los autores de la actual Constitución, la cual dispuso que se protejan los derechos humanos y los tratados internacionales y que éstos, precisamente, sean el límite de nuestra soberanía.
Dado que el proyecto atenta contra las disposiciones de la Carta Fundamental, hago reserva de constitucionalidad.
Por estar pareado con el Senador señor Díez, me abstengo de votar.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, como ciudadano chileno, me parece que nunca la defensa de la soberanía nacional, de la independencia del Poder Judicial y de la libertad del pueblo es un error ni es inconstitucional. Nunca la defensa de la potestad del Presidente de la República ante gobiernos extranjeros es un error ni es inconstitucional.
Por esas razones, y por las muchas otras expresadas por quienes se pronunciaron positivamente, voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, en una circunstancia distinta habría concurrido con mi voto favorable a lo sustantivo que el proyecto de acuerdo contiene.
El Gobierno de Chile, a través del Presidente de la República y de su Canciller -que son los responsables de la conducción de las relaciones exteriores de nuestro país-, ha realizado tanto las denuncias como las acciones diplomáticas y las representaciones correspondientes sobre la petición de extradición planteada por un juez español ante el Reino Unido respecto del Senador vitalicio don Augusto Pinochet.
Sin embargo, la Senadora señora Carmen Frei dio un argumento que no sólo es estético, sino que se estila como una fórmula adecuada desde el punto de vista, incluso, diplomático internacional. En efecto, el Senado, por unanimidad, encargó a su Presidente que concurra a hablar precisamente con las autoridades que el proyecto de acuerdo denuncia en términos claros y fuertes. Por lo tanto, uno no debe pedir audiencia a una persona cuando es portador del agravio del cual surge ese mismo acuerdo, porque con ello lo estaría infiriendo.
Por esas razones, estimo inoportuna su aprobación. Lamento que no haya habido consenso para postergar la votación del proyecto de acuerdo y dar las posibilidades de sacarlo del contexto de una expresión más bien de ánimo de algunos señores Senadores, que desean reflejar su posición y opinión personal sobre la materia. Obviamente, quienes encomendamos esa misión al Presidente del Senado, no estamos en condiciones de aprobar el proyecto en esta instancia.
Por lo señalado anteriormente, me abstengo.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, algunos sectores políticos han reclamado, con justa razón, que debe existir coherencia por parte de los diferentes actores públicos acerca de la situación que aflige al general en retiro, señor Pinochet. Al menos ése es el planteamiento formulado sobre las gestiones que el Ejecutivo ha estado efectuando en esta materia.
Nosotros, los Comités, entregamos un respaldo al Presidente del Senado para que realizara gestiones en torno de este delicado asunto. Y, en este instante, él se halla abocado a ello.
Creo que dificultaríamos la gestión de la autoridad en este Poder de nuestra democracia si apoyamos este proyecto de acuerdo, el cual contiene términos que realmente no tienen nada de amistoso y que, a mi juicio, pueden perjudicar lo que el Presidente de la Corporación pueda hacer. En efecto, uno de sus considerandos señala: "Que es inaceptable el pretexto con que el gobierno español intenta justificar no sólo el agravio que ha inferido a nuestra soberanía y sino también, la contradicción entre sus propósitos recientemente declarados ante las naciones de Iberoamérica y sus actos posteriores;".
A mi juicio, de aprobarse el proyecto de acuerdo, sería mejor que el Presidente del Senado regresara a nuestro país, porque no va a encontrar ningún grado de simpatía respecto de una gestión que se está efectuando responsablemente.
Por esa razón, voto en contra.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, en primer término, deseo señalar que el proyecto de acuerdo no contiene concepto alguno que no haya sido hecho valer por el Estado de Chile. Su texto contempla, en esencia, la argumentación que nuestro Gobierno ha hecho prevalecer ante el de España, y que no fue considerada por este último. Por ello, cuando encomendamos al Presidente del Senado las gestiones para lograr el regreso del Senador Pinochet y el apoyo de la posición que el Gobierno chileno ha sostenido sobre la materia, la aprobación del proyecto de acuerdo no hace sino reafirmar la naturaleza y el contenido de tal misión.
En segundo lugar, deseo referirme al ya citado artículo 5º de la Carta Fundamental, conforme al cual "La soberanía reside esencialmente en la Nación."; y su ejercicio se realiza por las autoridades que la Constitución establece.
Después de revisar detalladamente el texto de la Carta del 80, no encontré en parte alguna que en él se reconozca como autoridad a los tribunales extranjeros y que éstos puedan arrogarse competencia sobre asuntos que sucedieron dentro de nuestro territorio.
Asimismo, cuando la Constitución habla de tratados internacionales, se refiere a los ratificados por Chile, y ninguno de éstos -que yo sepa- otorga competencia a tribunales españoles para arrogarse el conocimiento de hechos ocurridos en el país.
Por esa razón, considero que el proyecto de acuerdo no sólo es plenamente constitucional, sino que, además, constituye un respaldo a las gestiones realizadas por el Gobierno y que esta Corporación encomendó a su Presidente.
Por lo tanto, voto a favor.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, coincido absolutamente con lo que el proyecto plantea. Él recoge los derechos de Chile y significa una reclamación enérgica respecto del atropello de que ha sido objeto el país por parte del Gobierno español. Además, viene a reafirmar la misión que está cumpliendo el Presidente del Senado, la cual es respaldada por el Gobierno de Chile, pues se halla en la misma dirección que los planteamientos suyos, tanto en sus declaraciones y notas de protesta, como en las decisiones que ha tomado en cuanto a enfriar el nivel de las relaciones con España.
Por lo tanto, me parece que el proyecto no sólo es pertinente, sino plenamente oportuno.
Voto a favor.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, minutos antes de comenzar la votación, planteamos a algunos señores Senadores de Oposición la posibilidad de retirar este proyecto de acuerdo. Lamentablemente no lo conseguimos, de manera que, en ese entendido, votaré en contra del mismo por las razones que paso a señalar.
En primer lugar, el proyecto de acuerdo es contrario al interés del viaje del señor Presidente del Senado -respaldado por la unanimidad de los Senadores, salvo uno-, pues, si la Corporación lo aprueba, no podrá realizar gestiones ni presentaciones en España.
Nada tiene que ver el hecho de que estos argumentos sean los mismos que defiende el Gobierno, pues éste es el encargado de manejar las relaciones internacionales y, por lo tanto, puede referirse a un Gobierno extranjero de una manera distinta de como pueda hacerlo el Senado, que ha encargado a su Presidente gestionar ante el Gobierno español alguna materia relacionada con lo que estamos discutiendo.
Aprobar el proyecto de acuerdo significa cerrarle las puertas al señor Presidente del Senado frente a cualquiera otra gestión, lo que no se desea, salvo que la Oposición quiera precisamente que esas gestiones fracasen, asunto que, dentro de su lógica política, podría perfectamente considerarse.
En segundo término, pienso que el proyecto de acuerdo es contraproducente con el intento de dar solución a un problema que agravia a Chile, que nos trae conflictos, que reabre discusiones y que no fue buscado por estas bancadas. Ningún Parlamentario de la coalición de Gobierno habría estado dispuesto a aconsejarle al Senador señor Pinochet que viajara. Por lo tanto, nos parece inconveniente que se reabra el debate en esta perspectiva.
En tercer lugar, estimo que el proyecto de acuerdo que nos ocupa no es prudente. La búsqueda de ciertos acuerdos, soluciones o planteamientos públicos debe enmarcarse en la prudencia. En tal sentido, resulta inadecuado acoger esta iniciativa, porque nos obliga a reabrir un debate que, de palabra en palabra, puede terminar recayendo en cosas que para nadie es agradable recordar, salvo que queramos realizar una nueva discusión sobre lo ocurrido, tal como lo sugiere el próximo proyecto de acuerdo que debemos votar, el que constituye una de las peores iniciativas propuestas por un grupo de Senadores y nos deja -lo digo con franqueza-- en una suerte de ridículo nacional e internacional.
En cuarto término, pienso que aquí existe un afán político. El problema al que se ve enfrentado Chile deriva de un hecho respecto del cual ya hemos reclamado, pues lo sucedido en Inglaterra con el Senador señor Pinochet no es otra cosa que una violación de derechos humanos, como la que fue ejercida también por él. Por lo tanto, es de allí de donde surge la acusación que nos conduce a un tema político que, a su vez, plantea reabrir un debate -entre otras cosas-, tal como ya han señalado en algunas intervenciones otros señores Senadores. Yo respeto dicha posición, pero no nos conduce a tratar el tema coyuntural, pues ella nos lleva a realizar un análisis y una justificación de hechos históricos en virtud de una determinada visión política de la vida o de la sociedad y, además -lo sabemos porque es lo que ha pasado en el último tiempo-, busca dividir a quienes formamos una combinación de Gobierno.
Entonces, se trata de un tema político final que, en mi opinión, resulta inconveniente.
Por otra parte, el proyecto de acuerdo se encuentra redactado con cierta dureza, claridad y procacidad, aunque sus ideas estén muy bien expresadas. Sus consideraciones se encuentran planteadas en términos que, a mi juicio, ratifican el lenguaje que en el último tiempo han empleado determinados sectores del mundo político chileno que firman la presente iniciativa, lo cual ha significado volver a utilizar un lenguaje duro, violento y procaz.
El señor FERNÁNDEZ.-
¿Procaz, señor Senador?
El señor RUIZ ESQUIDE.-
Así es, Su Señoría.
Usted sabe que yo no uso ese tipo de lenguaje y que no me gusta ser procaz en nada. Sin embargo, en los foros de televisión hemos podido darnos cuenta de la forma en que se expresan las propuestas que se plantean y de la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No se puede pedir dureza para actuar en contra de un Gobierno como el de Inglaterra y luego desatender las recomendaciones cuando ellas afectan el bolsillo de determinadas empresas. Tampoco se puede pedir, como ha hecho un señor Diputado de las bancas de Oposición, que prácticamente lleguemos como a una guerra para recuperar las Malvinas, en circunstancias de que ello es exactamente lo contrario de lo que se hizo durante el Gobierno del señor Pinochet, quien hoy está afectado por esta situación, la que también nos compromete.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor RUIZ ESQUIDE.-
Termino en seguida, señor Presidente.
Por tales razones y porque -esto lo digo con mucha franqueza- hubiésemos preferido no tratar esta iniciativa (se lo pedimos a uno de los señores Senadores patrocinantes), pues creemos que sólo promueve reabrir el debate de una manera inadecuada, voto en contra de ella.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, habría votado a favor del proyecto de acuerdo, porque recoge el mismo principio sostenido por el Gobierno en relación con este tema. Sin embargo, sólo por razones de oportunidad y por lo expresado por la Senadora señora Frei y el Honorable señor Moreno, me abstengo.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, por las razones que se acaban de mencionar, me abstengo.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto que estamos votando, porque, en primer término, refleja claramente los puntos de vista mencionados por Su Excelencia el Presidente de la República y el señor Ministro de Relaciones Exteriores en más de una oportunidad. Además, obviamente, corresponde a los acuerdos adoptados por el Senado. A este respecto, frente a las acusaciones injustas de que existe un lenguaje procaz o indebido, me atrevería a asegurar que no hay ninguna palabra en el texto del proyecto de acuerdo que no haya sido dicha por el Canciller chileno en sus reclamos ante España por lo mismo que ha llevado a la Cámara Alta a reclamar también.
En segundo lugar, debo dejar constancia, cuando se hace alusión al artículo 5º de la Constitución Política de la República y a los tratados internacionales, de que no existe tratado internacional -suscrito o no por Chile- que haya otorgado a España la jurisdicción que hoy pretende arrogarse.
En consecuencia, la cita a dicha norma de la Carta Fundamental resulta impertinente y viene a confirmar la absoluta procedencia del proyecto de acuerdo.
Pero hay algo más, señor Presidente. Para justificar la débil actitud de señores Senadores de la Concertación y su falta de respaldo al Primer Mandatario, se ha hablado de la inoportunidad de esta iniciativa. Eso es absolutamente injustificado. Porque, si el Senado de la República -y nuestro país- no estuviera en desacuerdo con lo realizado por España, ¿qué estaría haciendo el Presidente de esta Alta Cámara en Europa? Su Señoría está allá precisamente para expresar el criterio de Chile en cuanto a estar reiteradamente en desacuerdo con lo obrado no solamente por España, sino también por Inglaterra, con la agravante, en lo que concierne a la nación ibérica, de que estos actos que nos han herido han sido reiterados, revisados y reafirmados posteriormente, hasta el extremo de que el juez que pretende juzgar a un ex Presidente de la República de Chile se ha permitido publicar un libro referido al proceso que está empezando a llevar y respecto del cual ni siquiera ha podido declarar quién es el presunto inculpado.
Por ello, el proyecto de acuerdo no solamente es pertinente, sino que además es oportuno, porque refuerza la posición del Presidente del Senado en Europa y da justificación y sustento a lo que Su Señoría exprese.
Por lo demás, frente a quienes afirman que el proyecto de acuerdo podría constituir un agravio, debo recordar que existe el principio -lo sabemos desde niños- de que quien hace valer sus legítimos derechos jamás puede causar agravio.
Por ello, señor Presidente, voto a favor.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, me parece que el proyecto de acuerdo es absolutamente compatible y coherente con el propósito del viaje del Presidente del Senado a Europa. Él lo expresó hace una semana, cuando manifestó su intención de viajar a Europa con el objeto de entrevistarse con diversos líderes de la política de ese continente para expresarles su desacuerdo con el tratamiento dado al Senador señor Pinochet en Inglaterra.
Por desgracia, no pudimos conformar una base de apoyo del Senado para fundamentar la idea de nuestro Presidente. Finalmente los Comités acordaron autorizar su viaje y la materialización de diversas entrevistas en Europa para expresar el sentir de Chile ante la unilateral decisión inglesa de retener innecesariamente al Senador señor Pinochet en Londres.
Este acuerdo es coherente con lo expresado por nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, con el pensamiento de nuestro Presidente y con las numerosas decisiones tomadas a fin de expresar a España y a Inglaterra nuestra disconformidad con sus actuaciones.
Por estas razones, voto favorablemente el proyecto de acuerdo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, la situación que afecta al Senador señor Pinochet ha demostrado la clara falta, en el sistema internacional, de una instancia que permita resolver este tipo de conflictos. Por eso, me parece, por una parte, evidente -como lo ha dicho el señor Canciller hoy día- que existe una dimensión universal de los derechos humanos que trasciende, por cierto, las fronteras de cada Estado. Por otra parte, sin embargo, no hay una instancia, un tribunal al cual se pueda hoy reclamar. Son muy débiles los mecanismos del sistema interamericano: la Comisión de la OEA y la Corte Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica.
Las Comisiones de las Naciones Unidas, y especialmente la Subcomisión de Ginebra, elaboran informes, pero no poseen poder alguno sobre el Estado. La única Corte que tiene un poder real es la de Estrasburgo en lo que se refiere al propio Consejo de Europa, caso en que los Estados han delegado su soberanía en una instancia superior.
Estimo muy importante que se ratifique el Tratado del Tribunal Penal Internacional, y que la humanidad entera reconozca que más allá de las fronteras y de la soberanía de cada país hay una instancia superior para juzgar crímenes graves contra la humanidad, crímenes de guerra o agresiones.
El caso que nos preocupa hoy tiene su origen en violaciones a los derechos humanos, y por tanto alcanza una dimensión universal; pero al mismo tiempo falta una instancia ante la cual reclamar que sea reconocida por todos los Estados en conflicto. Ni Chile, ni Inglaterra, ni España reconocen una instancia de esa naturaleza. Lo que ocurre es que una de esas partes, España, se atribuye jurisdicción para conocer un caso que de alguna manera está siendo juzgado también en Chile. Eso es lo que produce controversia, y es lo que hoy mantiene entrampada la situación.
Tengo entendido que no existe controversia respecto de la procedencia de criticar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Creo que nadie en la Sala es partidario de tales violaciones. Tampoco hay controversia en cuanto a que la persona humana está por sobre el Estado y más allá de la soberanía de sus Poderes. A mi juicio, el problema reside en que actualmente no hay una instancia reconocida para llevar el caso. Por eso Chile, al reclamar por la actuación de las autoridades españolas, no lo hace porque acepte la violación de los derechos humanos; o porque éstos no le importen o sea indiferente ante ellos. Lo hace porque considera importante respetar los procedimientos legales, aun cuando se trate de crímenes muy graves.
En ese sentido, la crítica al Gobierno de Derecha español tiene su fundamento. Por otra parte, como se ha indicado, no aparece conveniente que, justamente cuando nuestro Presidente viaja con el ánimo de buscar alguna solución política, según lo expresó reiteradamente, nosotros, por así decirlo, le quitemos el piso aprobando este proyecto. Creo que un mínimo de criterio y de prudencia hubiera hecho que el proyecto se postergara por lo menos hasta el regreso del señor Presidente del Senado, para pronunciarnos después que él nos informara sobre la situación en España y el resultado de sus gestiones.
Por tales razones, señor Presidente, me abstengo.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, a manera de fundamento de mi voto, quiero hacer un breve recuerdo histórico.
Hace varias décadas, el gran jurisconsulto y exitoso abogado don Luis Claro, al perder un pleito le envió a su cliente un telegrama del siguiente tenor: "Corte Suprema rechazó recurso de casación de forma y fondo. Sólo nos queda la Corte Celestial. Saludos. Claro.". El cliente contestó de inmediato con otro telegrama: "Interponga recurso ante Corte Celestial. No se preocupe por los gastos.".
Esto ha cambiado. Hoy día, los que enseñamos Derecho tendremos que decir a nuestros estudiantes: "Cuando se reciban de abogado y pierdan un juicio en la Corte Suprema, no se preocupen. No es que quede la Corte Celestial. No. ¡Si son los jueces españoles! Ellos tienen más poder que la Corte Celestial. Y no se preocupen por los gastos: en España, el "Garzón" trabaja gratis.".
-(Risas).
Por eso, voto a favor del proyecto.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, para nadie es un misterio que concuerdo en ciento por ciento con los objetivos, la estrategia y las medidas que ha adoptado el Gobierno ante la situación que afecta al Senador señor Pinochet. Por eso lamento no poder concurrir a la aprobación de este proyecto de acuerdo, lo que se debe a las siguientes razones.
En primer lugar, coincido absolutamente con lo que aquí se ha afirmado en cuanto a que el proyecto es inoportuno, y aun contraproducente. No me imagino una escena en la que el Presidente señor Zaldívar se siente junto al señor Aznar en momentos en que éste último tiene ante sí un documento en el que se habla de cosas como ilegitimidad y arbitrariedad, contenidas en el proyecto de acuerdo. Por eso, éste me parece contraproducente.
En segundo término, opino que se trata de una acción retrasada, porque, al fin y al cabo, las decisiones se tomaron por España hace bastante tiempo, y ya hace muchas semanas que el escenario está instalado en Londres. Sin embargo, quiero ir un poco más allá.
Francamente, por sobre las razones anteriores, que son de forma o de oportunidad, no me siento llamado a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto de acuerdo. Ello porque, en un aspecto básico, difiero de otros señores Senadores que intervinieron anteriormente. Creo que el Gobierno y los jueces españoles están profundamente equivocados. Han seguido una interpretación jurídica errónea; pero no los entiendo ni arbitrarios ni ilegítimos. Comparto la tesis general de la globalización de los derechos humanos, y también lo que aquí acaba de decirse en cuanto a que, naturalmente, para que eso pudiera traducirse en algo operativo, tendría que existir un tribunal penal internacional concordado por todos.
De paso, una pequeña digresión. Estamos muy inmersos en la cuestión soberanía, que sin duda es un valor importante. Pero en la discusión sobre derechos humanos y soberanía, ya no sobre globalización y soberanía en materias económicas (que también está muy limitada, como decíamos), la revista conservadora británica "The Economist", en su edición de esta semana, nos recuerda que cuando se redactó la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas hubo una larga discusión en cuanto a qué alcance tendrían las normas sobre derechos humanos más allá de las fronteras de cada país y el problema de la soberanía nacional. Y lo que hizo que el texto final no contuviera afirmaciones más categóricas fue, fundamental y -yo diría- casi únicamente, la oposición absoluta de la Unión Soviética y del bloque socialista, temerosos, como es natural, de que potencias foráneas se metieran en sus muchos pecados internos.
Por último, no me parece adecuado concurrir a la aprobación de proyectos de acuerdo que utilicen lenguaje polarizante. Acá se habla de "ilegitimidad", de "arbitrariedad", etcétera, palabras con las que no concuerdo en principio. Me parece que no ayudan a reducir las tensiones existentes tanto interna como internacionalmente y que no convienen ni a los intereses de Chile ni a los del Senador Pinochet.
Gracias.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor BOENINGER.-
Voto que no.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto de acuerdo porque dice exactamente lo mismo que expresó en España el Presidente de la República de Chile, luego de participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y exactamente lo mismo que ha manifestado en Europa nuestro Ministro de Relaciones Exteriores.
Voto que sí.
El señor FOXLEY.-
Me abstengo, por las razones que han dado otros señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si la Sala me lo permite, voy a fundamentar mi voto desde la testera.
En este momento cumplo las funciones de Presidente en ejercicio del Senado. Se ha señalado que este proyecto de acuerdo provoca daño a la gestión que realiza en Europa el Presidente titular, y eso me obliga a un par de reflexiones sobre la materia en cuestión, a fin de que mi voto sea bien entendido.
Sin duda alguna, la aprobación unánime del proyecto de acuerdo daría mayor solidez a la acción que el Presidente del Senado está llevando a cabo en Europa, en representación, básicamente, de esta Alta Corporación. Por tal motivo, ese argumento, desde mi punto de vista, no tiene fuerza suficiente para los efectos de la abstención o de la votación en contra.
En segundo término, con respecto a las expresiones "ilegitimidad" y "arbitrariedad", quién sabe si precisamente ellas son el motivo esencial por el que nos encontramos inmersos en una situación política tan delicada.
Por tales razones, voto a favor.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (18 votos contra 7, 9 abstenciones y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bombal, Canessa, Cantero, Chadwick, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Prat, Ríos, Stange, Urenda, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Boeninger, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz (don José) y Ruiz-Esquide.
Se abstuvieron de votar los señores Bitar, Foxley, Frei (doña Carmen), Matta, Moreno, Páez, Sabag, Silva y Viera-Gallo.
No votaron, por estar pareados, los señores Lavandero, Parra y Romero.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PARA ESCLARECER CAUSAS DE CRISIS EXISTENTE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973. PROYECTO DE ACUERDO
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo propuesto por el Honorable señor Cantero para que la Cámara Alta adhiera a la petición de diversos señores Senadores en orden a solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que constituya una comisión que contribuya a la verdad histórica acerca de las causas que provocaron la crisis institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973, comenzando al menos desde 1965, y para que la Corporación acuerde celebrar una sesión especial destinada a contribuir al trabajo de dicho organismo mediante su propio análisis al respecto. (Boletín Nº S 369-12). (Véase en los Anexos, documento 7).
--(Durante la votación).
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, nuestra convivencia cívica se halla sometida a fuertes tensiones. Un malestar colectivo, subterráneo e indefinido, aunque perceptible, va ganando espacio en los ambientes más diversos. La sociedad está dividida en un grado más profundo del que solemos admitir y el debilitamiento de la concordia nacional es un proceso de larga data, si bien últimamente se ha hecho más evidente y público.
Para superar esta situación hay que tener coraje. Debiéramos acostumbrarnos a mirar de frente la realidad, buscando con franqueza las causas de esta inquietud, aunque el precio sea abandonar las cómodas certezas, cuando las bases que las sostienen no pasan de ser prejuicios ideológicos, conveniencias del momento o, simplemente, mitos.
Nuestros desencuentros más significativos no están vinculados a la estructura institucional del Estado. Se equivocan, pues, quienes creen que el camino para fortalecer la cohesión social consiste en impulsar reformas políticas.
La raíz de nuestros males es de otra índole: pertenece al reino del espíritu. En el fondo de las contradicciones que entorpecen la armonía social hay un conflicto con la verdad que no ha sido resuelto; un conflicto con la verdad histórica, para ser más preciso. Los últimos acontecimientos han enfrentado a la nación con sus fantasmas y, a partir de la ofensa que ha sufrido, pareciera estar surgiendo una conciencia más lúcida, una conciencia en la que se hace evidente hasta qué punto ha sido manipulada. No es posible seguir tolerando la vigencia de una realidad oficial que se apoya en "verdades a medias", cuando no "a la medida". Nuestra nación está cansada de soportar imágenes falsas sobre su pasado, porque ellas le impiden elevar su tono vital hacia un futuro más grande y limpio.
Si de veras queremos paz cívica, pongamos los hombres, las ideas y los hechos en su lugar correcto. Hay que corregir, con la verdad, la visión parcial y sectaria que hoy impera casi sin contrapeso.
Una de las tantas "verdades a medias" que dificultan la reconciliación consiste en juzgar mañosamente lo ocurrido, como si el pronunciamiento militar de 1973 -el hecho que sustenta el orden político vigente hoy- hubiera surgido súbitamente de la nada, arbitraria y gratuitamente, sin causas que lo expliquen y justifiquen ante sus contemporáneos y frente a la historia.
Este proyecto de acuerdo busca poner término a los equívocos que han nacido como consecuencia de esa interpretación, elaborada para transformar a los bomberos en incendiarios. En ese aspecto, la proposición que se eleva al Jefe del Estado representa un claro avance si se la compara con el Informe Rettig.
Sin embargo, la iniciativa en discusión dista mucho de hacer posible el establecimiento de la verdad completa, base de la auténtica reconciliación, como se ha repetido tantas veces en el último tiempo. Sabemos, por ejemplo, quiénes introdujeron la violencia política en Chile; pero, ¿cómo podríamos omitir, sin daño a la verdad, que la agresión marxista leninista mediante la violencia política no se detuvo el año 1973? ¡Actuó durante el Gobierno Militar, culminando con la internación de armas destinadas a sostener una guerra civil y el intento de asesinar al Jefe del Estado, crimen que le serviría de detonante! Es más, siguió actuando después de 1990, aprovechando el grueso error de apreciación de las autoridades de la época, que generó una escalada entre cuyas víctimas contamos al Senador Jaime Guzmán Errázuriz.
En síntesis, para trabajar en este campo, convendría distinguir tres períodos. El primero, sobre las causas del quiebre de la democracia antes de 1973, abarcando al menos una década. El segundo, sobre la época del Gobierno militar, complementando el Informe Rettig con la mitad que falta, esto es, las acciones desplegadas para impedir o retardar el establecimiento de una nueva democracia en Chile. Finalmente, sería preciso abordar el estudio del movimiento subversivo después del 11 de marzo de 1990, ya en plena democracia.
Señor Presidente, con la salvedad que acabo de expresar, cuyo único propósito es llamar la atención sobre aspectos que no debiéramos olvidar a la hora de esclarecer lo que ha sido la evolución política de Chile para las últimas dos generaciones y así restituir a la verdad sus fueros, doy mi conformidad a este proyecto de acuerdo.
Voto que sí.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, la inspiración de este proyecto de acuerdo responde al propósito de generar un espacio, un ambiente que permita elevar el espíritu y buscar una verdad más apegada a la realidad.
Tengo en mi espíritu un sentimiento que me hace rebelarme cuando observo una verdad por momentos tan sesgada, tan instrumentalizada.
Se habla de que la verdad trae como fruto y consecuencia la reconciliación. Pero si esa verdad no busca interpretar el sentimiento de nuestros adversarios, entonces muy mal llegaremos a esa reconciliación. Y lo hemos comprobado.
El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación nos ha colocado hoy frente a un escenario que quizás no imaginábamos; es decir, el nivel de polarización, de confrontación y -en algunos casos- de odiosidad que puede surgir como fruto de una revisión o de que se nos ponga de nuevo en el escenario frente a estos temas.
Se observan profundas divisiones en el país. En consecuencia, es un imperativo nacional promover y alcanzar una pronta y efectiva verdad compartida y una reconciliación, fruto del entendimiento entre todos los chilenos.
El decreto que dispuso la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación señala: "sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias fundamentales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional".
Comparto plenamente esos dichos. Pero la verdad debe ser plena: no sólo aquella que resulta conveniente para los intereses puntuales de determinados sectores, sino también la de quienes están enfrente de nosotros.
Me llama la atención que el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en lo referente a un período bien preciso, que comprende de 1973 en adelante, generara 1.200 páginas para recoger la verdad. Sin embargo, también hizo presente la necesidad de revisar el período anterior, a fin de comprender la génesis, las causas, cómo se originó ese escenario.
Más adelante, el mencionado Informe dice: "la Comisión ha creído indispensable referirse a la situación del país que antecedió al 11 de septiembre de 1973. Tal situación condujo a un quiebre institucional y a una división entre los chilenos que hizo más probable que se dieran las violaciones de derechos humanos."
A continuación, refiriéndose al estado del país el 11 de septiembre de 1973, señala: "estado que cabe describir como de aguda crisis en la vida nacional, representa la destrucción o debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política"...
Finalmente, expresa: "El conjunto de factores que hemos descrito, anteriores y posteriores a 1970, condujo, hacia 1973, a un clima objetivamente propicio a la guerra civil".
Esto figura en el Informe Rettig. Es el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación el que nos hace ver la importancia y la necesidad de tomar cabal conciencia de cómo se llegó al quiebre institucional.
Entiendo que éste no es el mejor momento: estamos polarizados, todavía hay fuertes tironeos, existen dificultades. Pero me parece que, con buen criterio, los Comités podrán responder a la necesidad de convocar a una sesión especial que permita comprobar si efectivamente hay disposición para aproximarnos a la verdad, a la de cada uno de nosotros. Porque, en esta Sala, nadie tiene el monopolio de la verdad. Nadie tiene tampoco el monopolio de la bondad ni el de la maldad. Y por eso, por momentos, las caricaturas que se hacen sobre la historia del país rebelan y violentan los espíritus.
En consecuencia, nunca va a estar de más insistir en la necesidad de generar escenarios. Y es lo que se solicita con este proyecto de acuerdo: celebrar una sesión especial que posibilite efectuar un análisis para entregarlo al Administrador Supremo de la Nación a fin de que una comisión, constituida en conformidad a su criterio, emita un informe que dé cuenta de lo que reclama el propio Informe Rettig: cómo se llegó al quiebre institucional, cómo se rompieron las condiciones de convivencia, para que nunca más vuelvan a repetirse hechos como los descritos.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor, pues considero que es necesario generar espacios.
Ahora bien, un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señalaba que ésta era la iniciativa más negativa que se podría haber imaginado. Respeto ese pensamiento, pero creo que es un tanto exagerado y descalificatorio.
He presentado este proyecto de acuerdo con toda honestidad, con una inspiración completamente inversa a la de ese señor Senador. Pienso que ésta es una buena iniciativa, que brinda la oportunidad de mostrar grandeza de espíritu y de reconocer que nadie es dueño de la verdad absoluta, sino que cada uno tiene parte de ella.
Voto a favor.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los dos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y votaron a favor del proyecto de acuerdo.
También quiero hacer presente que en Chile existe una serie de documentos, como éste que tengo en mi poder, de la Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad, Contra la Acción Subversiva del Comunismo Internacional -es el lenguaje de la época-, preparado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en 1974. Ese año vino a nuestro país una comisión de la OEA y realizó un trabajo de investigación, consultando a diversas personas e instituciones, inclusive de las más variadas posiciones políticas: don Patricio Aylwin, el actual Senador señor Sergio Díez, etcétera. Su informe es bastante concluyente al señalar qué medidas se estaban tomando en Chile antes de 1973 en cuanto a modificaciones en educación; a cómo se interfería en la expresión de las organizaciones de los trabajadores; a cómo por la vía de la economía se trataba de llevar a los chilenos en determinada dirección, y -esto es lo más importante desde el punto de vista de la seguridad- a cómo se estaba trabajando para arrastrar a nuestro país a una condición de guerra civil.
En el referido documento se hace mención de esos elementos, que, sin lugar a dudas, llevaron a una polarización desmedida y prepararon a Chile -como lo señala el informe- para una guerra civil.
Por desgracia, hoy se pretende desconocer aquello. Se han enseñado y se siguen enseñando a los jóvenes de nuestra nación algunas atrocidades ocurridas durante el período posterior a 1973, pero nada se dice de lo que antecedió.
Creo que, si la verdad que se nos está enseñando es incompleta y distorsionada, jamás se va a lograr la reconciliación.
En tal sentido, me parece que este proyecto de acuerdo es muy oportuno, pues permite trabajar hacia adelante y abrir un espacio para que los chilenos nos volvamos a encontrar mejor.
Voto a favor.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, en los últimos días hemos tenido una verdadera posibilidad de revisar nuestra historia, lo que significa poder entregar a las nuevas generaciones y a los jóvenes de hoy la verdad en cuanto a por qué nuestro país cayó en lo que todos conocimos durante el período iniciado en 1965, al que felizmente se puso término en 1973, gracias a la participación del recurso moral de la patria, como son las Fuerzas Armadas. Nadie jamás pensó que en mil días Gobierno alguno sería capaz de destruir un país que a tantas generaciones costó construir, llegando a ser un orgullo de Latinoamérica y el mundo. Y ello sucedió por falta de capacidad, especialmente de los políticos de la época, para ponerse de acuerdo respecto de los problemas que afectaban a los chilenos en esos años. Sin embargo, lo peor de todo fue la situación de odio y violencia que se generó, apoyada por sectores políticos de reconocida vocación violentista. Hoy nos encontramos en una coyuntura muy importante, que nos impele a enfrentarla mediante la revisión de la historia del país, logrando finalmente su pacificación.
Me preocupa no ver propuestas dirigidas a la juventud, a los estudiantes y a las mujeres, que en este momento sienten como que nos hemos detenido y que se carece del empuje de años atrás con miras a seguir desarrollando ese gran proyecto de país que se heredó del Gobierno de las Fuerzas Armadas.
La confabulación que ha terminado con el secuestro del ex Presidente de la República, Capitán General don Augusto Pinochet Ugarte, ha afectado el ambiente nacional, y me parece que ningún chileno quiere que la situación continúe agravándose. Desgraciadamente, los enemigos del Senador Pinochet, desde Chile, día a día se van concertando junto a los Garcés, a los Garzones y a otros, a quienes indudablemente no les interesa nuestro país, sino una cuestión personal, una cuestión política, una cuestión de negocios -y han tenido éxito en lo que han venido preparando durante muchos años-, causando gran daño a nuestro país.
Debemos ser capaces de revertir esta situación con una actitud diferente destinada a que se reconozca la dignidad de un ex Jefe de Estado, de un actual Senador de la República, que ha sido objeto de un secuestro. Se trata a Chile peor que a una colonia, con una indignidad que no guarda relación alguna con nuestra actitud recíproca.
Todos debemos empeñarnos en revertir esta situación, que es mala para los chilenos. Y es mala porque en el pasado ya conocimos la violencia. Nadie, ningún chileno bien nacido, puede estar de acuerdo con una confrontación entre hermanos. Tenemos que aislar a los individuos que la buscan.
Hoy día, cuando los sectores que apoyaron al Gobierno de las Fuerzas Armadas y a su conductor se han levantado para contrarrestar la acción de mercenarios, muchos de ellos contratados para crear un clima de confrontación y para atemorizar a quienes llegan a esas naciones, nos causa profunda pena el trato dado especialmente a las mujeres que han ido a manifestar su respaldo al Senador Pinochet. Y esto revela que los chilenos debemos cambiar, que no podemos seguir por este camino.
Aquí, a menudo, se habla de gestos en cuanto a deponer actitudes y a la gran responsabilidad que corresponde a los políticos de esta época para evitar la reedición de lo ocurrido en el pasado, cuando el Congreso Nacional no fue capaz, por soberbia de sus integrantes, de ponerse de acuerdo.
Éste es el llamado que formulo ahora, en un mes muy importante, en que se vive un sentimiento muy profundo.
Creemos que el General Pinochet jamás buscó la eliminación de nadie, sino que, por el contrario, tuvo que enfrentarse a mucha gente que, desde el extranjero e interior del país, quería destruir Chile.
Voto a favor.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, si se piensa que quien hoy cumple 40 años de edad en 1973 tenía tan sólo 15 años, puede concluirse que el grueso de la población, la mayor parte de los actuales ciudadanos, no vivió la realidad que antecedió al 11 de septiembre de 1973. Se trata de una historia que hasta ahora, en general, ha sido contada por sus actores y que, por la fuerza de los hechos posteriores, pareciera haberse circunscrito sólo a lo que ocurrió en Chile a contar de esa fecha en adelante, olvidándose lo que le antecedió.
Por eso, la iniciativa del Senador señor Cantero me parece digna de consideración y análisis. Porque las verdades, cuando son parciales, no son verdades y terminan siendo mentiras. Y aquí debemos entender que lo acontecido a fines de la década de los 60 y a comienzos de la de los 70 tiene directa relación con lo sucedido el 11 de septiembre de 1973, e ignorarlo significa querer tapar una parte de la verdad. Para quienes tenemos responsabilidades públicas, ello es inaceptable. Entonces, es justo que se dé la posibilidad de discutir históricamente lo ocurrido a través de una Comisión como la propuesta en el proyecto de acuerdo. Y ojalá el Senado asuma tal debate.
Quiero manifestar mi sorpresa por la escasa presencia de Senadores de la Concertación en estos momentos. Pareciera que no desean entrar en esta discusión o no referirse a su necesidad. Me sorprende su ausencia, porque, cada vez que se trata de examinar eventos posteriores a 1973, se nos enrostra que no estamos dispuestos a ello, y no es así. Desde que participo en esta Alta Corporación se han realizado muchos debates importantes, largos y completos respecto de lo ocurrido a partir de 1973, pero muy pocos para hablar del período anterior.
Por eso, a mi juicio, esta iniciativa tiene un fundamento muy importante. ¡Cómo no lo va a tener el que los chilenos sepan que en 1967 hubo un Consejo del Partido Socialista donde se eligió la vía violenta! Me refiero al famoso Consejo del Partido Socialista en Chillán, celebrado pocos años antes de 1973. ¡Quién podría negar que eso tuvo directa relación con lo ocurrido! ¡Cómo no recordar, por ejemplo, las entrevistas a Carlos Altamirano en las que explica que se adiestró a terroristas y guerrilleros en Cuba, en Libia -en fin, en distintos países-, con miras a enfrentamientos armados en Chile! ¡Cómo no estar conscientes de los armamentos introducidos a nuestro país en esa época! Y este hecho fue ciertamente conocido por las Fuerzas Armadas, las que obtuvieron antes de 1973 la aprobación de una ley que les permitió ubicar las armas que, en forma indebida, estaban en manos de muchos chilenos. Ello les hizo posible advertir el gran peligro del enfrentamiento armado que, provocado y organizado por una parte de la civilidad, se preparaba en Chile.
En fin, los citados son algunos ejemplos que nos hacen pensar en que es extremadamente necesario, como autoridades y como responsables, reconstituir toda la historia, porque así las cosas serán puestas en su verdadera perspectiva. Y quizá la cifra de personas fallecidas con posterioridad al 11 de septiembre -muy elevada y dolorosa para sus familiares y para quienes estaban vinculados a ellas- habría sido mucho mayor, como, según la historia, ocurrió en los países donde el comunismo y el socialismo lograron cumplir sus objetivos, en los que los muertos y los torturados no se cuentan por miles, sino por cientos de miles, y en algunos países, por millones. En este sentido, la historia nos puede enseñar que las cosas tienen una explicación, y que el rehuirla es algo que los países no pueden aceptar, si realmente pretenden verdadera reconciliación y la unidad fundada en la verdad.
Por ello, respaldo la iniciativa del Honorable señor Cantero, que, a mi juicio, contribuye a llenar este vacío del cual, quizá, somos todos responsables, pero que aún podemos corregir.
Voto a favor.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo del Senador Cantero reviste suma importancia. Probablemente, muchas de las tensiones y la división que experimenta hoy día la sociedad chilena, que es un hecho, podrían haberse evitado si el informe de la Comisión denominada de Verdad y Reconciliación, creada el 25 de abril de 1990, hubiera considerado -como ya lo dijo el Honorable señor Canessa- tres temas: el análisis de las causas que condujeron al 11 de septiembre; los acontecimientos del 11, pero por ambos lados, y a renglón seguido, lo sucedido posteriormente cuando se entrega el Gobierno y se cumple con el itinerario constitucional.
Si se hubiera actuado así, muy distinto sería hoy día el problema de la convivencia en Chile. No hay duda de que el país habría llegado en estos años a una reconciliación mucho más profunda y real de lo que las palabras, los medios y algunas personas preconizaban. Sin embargo, bastó el secuestro del Senador en ejercicio don Augusto Pinochet Ugarte para que todo el mundo comprobara que quienes hablaban de reconciliación sólo lo hacían, en realidad, con fines políticos.
Esta iniciativa -insisto- es extraordinariamente relevante, y lamento que no estén todos los señores Senadores para empaparse de esta idea, la que, a mi juicio, es primigenia en cuanto a buscar el encuentro entre los chilenos.
Por esta razón, mi votación es ampliamente favorable.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, antes del 11 de septiembre de 1973, debo señalarlo en esta Sala, los organismos políticos de ese entonces cometieron graves errores. Y algunos de los que estamos en esta Sala lo vivimos. Estos errores yo los reconozco. Uno no puede eludir lo que aconteció en esa época y que devino en el 11 de septiembre de 1973.
Muy lealmente, quiero manifestar que fui uno de los Parlamentarios que firmó el Acuerdo de la Cámara de Diputados. Pero debo señalar que el análisis que estamos efectuando no tiene parangón con todos los errores políticos que se cometieron en ese entonces. Y lo digo así, con la tranquilidad moral de reconocer aquí la actitud que tuve como Diputado en esa oportunidad. Porque hoy día lo que conmueve al país y a la opinión internacional es, por ejemplo, la cantidad de muertos y estos "cadáveres desaparecidos", pues no son detenidos desaparecidos. Lo que nos conmueve es el inmenso número de exiliados que , de una u otra manera, hemos ido encontrando a través del mundo, o aquí mismo en Chile, y cuya situación significó la destrucción de familias completas, de hijos que se han arraigado en otros continentes, en otras tierras, de padres que quieren volver a sus raíces y no lo pueden hacer por la dicotomía que se ha creado con este drama, que no sólo fue la consecuencia de un error político, sino simplemente de lo que hemos llamado flagrante transgresión a los derechos humanos.
Hoy día estamos recordando -y queremos olvidarlo- el tema de los exonerados. Me ha correspondido estar con cientos de ellos en sus reuniones, y, al verlos, no se puede entender que haya chilenos -lo digo tras la observación de un señor Senador respecto de las edades de algunos en 1973- que en ese entonces tenían 40 ó 45 años y a los que, desde esa fecha, se les prohibió, por ley, poder trabajar. Ellos envejecieron y hoy día se encuentran incluso de allegados en casas de familiares, no obstante la existencia de una ley en la que hemos sido mezquinos -me refiero a la de los exonerados-, pues simplemente les está entregando una dádiva, yo diría muy superficial, a profesionales, a obreros y a trabajadores, a quienes se les quitó el derecho a algo tan importante como es el trabajo.
Y frente al planteamiento de algunos señores Senadores, debo decir que, en el análisis de la etapa que me tocó vivir, me crea conflictos el saber ahora -porque en esa época no lo supe- que hubo países extranjeros que estaban participando en lo que iba a ocurrir. Me refiero a los Estados Unidos, a Nixon, a las confesiones de Kissinger, y seguramente también a Cuba, como lo está señalando un señor Senador, cuyo régimen, como demócrata, no comparto, como lo he declarado en muchas oportunidades. Porque a mí no me gustan ni las dictaduras de Izquierda ni las de Derecha.
En función de esas lealtades, hoy día levanto mi voz en este análisis muy general del tema.
Quiero recordar, asimismo, las declaraciones de la Secretaria de Estado en cuanto a que se arrepienten de haber prestado apoyo a un Gobierno que duró diecisiete años.
Pienso que este proyecto de acuerdo, como lo dije más de una vez, se asemeja un poco a la estrategia de esa pequeña ave que llamaba mucho la atención hacia cierto lugar, pero que terminaba colocando los huevos en otra parte. Creo que esta iniciativa tiene precisamente ese mismo objetivo: distraer la atención. El país quiere olvidar lo que hemos vivido en las últimas dos o tres décadas. Eso es lo que siente la gente en el mundo de la realidad: desea olvidar ese pedazo de historia. Volver al año 1960 significaría prácticamente, como dice un viejo refrán, "un cuento de nunca acabar". Este proyecto de acuerdo no apunta hacia la reconciliación de los chilenos; al revés, pretende simplemente ampliar una discusión que los diversos sectores del país, la gran mayoría de la gente independiente, que no participa en partidos políticos, quieren olvidar.
Por esta razón, y muchas otras más, voto en contra del proyecto de acuerdo -nacido de la inspiración de un Honorable colega, a quien aprecio mucho- porque su intencionalidad, aquí señalada, no la comparto.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, creo importante que el Senado adopte el acuerdo que propone el Honorable señor Cantero, por cuanto estimo fundamental llegar a fondo en la determinación de las causas que provocaron el quiebre institucional. Considero esencial también que la verdad de lo ocurrido en Chile sea conocida en forma íntegra. Pienso que éste no será un debate histórico, sino muy actual. Porque cuando analicemos la situación previa a 1973 podremos constatar que, quizás, el origen de todos los conflictos, entre otras cosas, se encuentra en una extrema polarización política. Y, desgraciadamente, por los sucesos ocurridos últimamente, nuestro país está viendo también una polarización política. De modo que, a mi juicio, el debate propuesto podría ayudarnos a evitar que incurriéramos en errores del pasado.
Coincido con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que lo más sano para Chile es no volver a los hechos del pasado, y mirar hacia el futuro. Ésa ha sido la posición que nosotros siempre hemos mantenido. Pero, desafortunadamente, no hemos logrado imponer tal punto de vista. No ha sido desde estas bancas, sino de otras, de donde recurrentemente se nos ha llevado a debatir los temas del pasado. Y si nos hallamos en esa discusión no nos queda otra cosa que afrontarla, y de la mejor manera posible, y ver la totalidad de los hechos que motivaron el quiebre institucional en Chile.
Además, creo que una vez que concluyamos este debate a lo mejor nuestra posición, que ha sido la de mirar hacia el futuro y no seguir hurgando en el pasado, será mejor comprendida. Y podríamos terminar este episodio buscando, a través de él, una fórmula de encuentro entre todos los chilenos.
Por eso, voto que sí.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, tal como en la votación anterior, no podré emitir mi pronunciamiento por encontrarme pareado con el Senador señor Pérez, y, naturalmente, respeto en toda circunstancia mi compromiso con Su Señoría.
Sin embargo, quiero hacer dos o tres precisiones en torno a este proyecto de acuerdo, para contribuir a la resolución que el Senado debe adoptar.
En primer lugar, me parece que el propósito que anima a su autor no se encuentra debidamente reflejado en el acuerdo primero propuesto. En efecto, en nada puede homologarse el esfuerzo que se sugiere realizar con el que tuvo a su cargo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Ésta, sobre todo, tuvo que hacerse cargo de la investigación de hechos específicos que afectaban a personas determinadas, los que revestían caracteres de delito por el hecho de que en el período 1973-1990 la inexistencia del Estado de Derecho, el débil funcionamiento de los tribunales de justicia, impidieron, en los más de los casos, que tales hechos pudieran aclararse. En cambio, en el período anterior al 11 de septiembre de 1973 funcionó en Chile el Estado de Derecho, los tribunales de justicia conocieron de todas las denuncias y querellas que se presentaron frente a situaciones específicas que requerían investigación. Y el país fue testigo de que, producido el golpe de Estado, muchos otros procesos se abrieron después, en circunstancias de que muchas veces no existieron las mínimas garantías procesales para quienes eran sometidos a investigación.
No puede, en consecuencia, trazarse un paralelo entre la Comisión que aquí se propone constituir y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
En segundo lugar, celebro que el grupo de Senadores que ha respaldado este acuerdo lo haya hecho, en circunstancias de que durante muchos años se cultivó y difundió, a veces incluso con caracteres de propaganda, una verdad oficial. Existen múltiples libros y documentos, de los que se hicieron responsables incluso instituciones tan respetables como el Colegio de Abogados, en momentos en que se encontraba intervenido, que formularon esa verdad oficial, la difundieron y fue la única conocida durante toda esa etapa de la historia. ¡Cómo no celebrar que los señores Senadores que han votado favorablemente este proyecto de acuerdo echen de menos un esfuerzo de investigación objetiva y el establecimiento de la verdad, que ciertamente no se esclareció, no se estableció, a través de esa gran cantidad de documentos oficiales a que me refiero!
En tercer lugar, el país es testigo del trabajo que han realizado prestigiosos historiadores. Y lo han desarrollado con el rigor científico que corresponde a quienes cultivan esa disciplina. Desde Gonzalo Vial a Alfredo Jocelyn-Holt, hay un conjunto de obras que nos están permitiendo conocer, interpretar nuestra historia reciente.
Tal vez, sería bueno que el Senado llevara a efecto la reunión que se propone. Nadie podría negarse a ella, nadie está en disposición de no contribuir a una interpretación de nuestra vida pasada que nos permita construir nuestro futuro. Pero la verdad es que ese esfuerzo sólo tiene sentido si apunta honestamente en dirección a la unidad nacional. Yo advierto, en el trabajo práctico en el Senado, cuántas coincidencias se producen y cuán fácilmente ellas emanan del análisis de los problemas a cuya solución efectiva debemos contribuir. En esta Sala, las más de las veces conocemos de informes presentados con votación unánime por las Comisiones, y los proyectos, que se transforman luego en leyes, reciben también una sanción unánime. Cuando abordamos los problemas del país y cuando miramos hacia el futuro, efectivamente afloran esos factores que felizmente nos unen y nos permiten contribuir al desarrollo nacional. Cuando, por el contrario, nos enredamos en apasionadas discusiones acerca de nuestro pasado, no dejamos actuar a quienes están llamados naturalmente a investigarlo y a esclarecerlo, y procuramos formular posiciones oficiales, buscando, sin duda, una satisfacción que no siempre es objetiva. Con ello poco contribuimos al desarrollo del país.
Señor Presidente, lamento no poder votar en esta oportunidad. Si hubiera estado en condiciones de hacerlo, habría votado en contra.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, creo que esta iniciativa es de la mayor conveniencia y necesidad en el momento que vivimos. Estimo que los hechos ocurridos en Londres con la detención del Senador señor Pinochet tienen algo de providencial, en el sentido de que nos han abierto los ojos para comprobar que hemos vivido un período durante el cual se ha producido -quizás, involuntariamente- una distorsión de nuestra verdad histórica, lo que es absolutamente necesario rectificar.
Refiriéndome a quien acaba de fundamentar su posición -o su eventual voto, si hubiera podido emitirlo-, es cierto que hay historiadores que están analizando el tema. También lo es que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se refirió a determinados hechos de la vida política y no pretendió hacer un análisis histórico. Pero, en la práctica, el Informe Rettig y los hechos consignados en él se han convertido en la verdad histórica oficial de los últimos años. Los trabajos del historiador señor Gonzalo Vial, naturalmente, no tienen el mismo grado de difusión que sí merecen los hechos consignados en aquel Informe. Y por ello, por efecto de las comunicaciones y de lo que se ha introducido en la educación, en estos últimos nueve años hemos sufrido una distorsión de la verdad histórica a tal grado, que en días pasados dos señores Diputados denunciaron que enciclopedias históricas que estarían circulando darían como oficial y verdadero el hecho de que el ex Presidente Salvador Allende habría sido "asesinado" por los militares.
Lo anterior demuestra que se ha producido una tergiversación de nuestra historia que es absolutamente necesario rectificar. La importancia de preservar la verdad histórica no puede escapar a nadie que ame a su patria y desee lo mejor para ella. La forma como se ha alterado esta verdad puede deberse a hechos fortuitos, involuntarios en unos casos, pero en otros, sin duda, es algo intencional que pretende, en definitiva, establecer una supuesta superioridad moral de unos sobre otros.
Para el correcto funcionamiento del país, resulta del todo conveniente elaborar un informe que recoja la participación de todas las partes, que analice y abarque los hechos acaecidos antes del 11 de septiembre de 1973, e incorpore esa etapa de preparación a la violencia que se institucionalizó a través de las doctrinas de determinado partido político llevadas a la praxis. Y ello generó un cuadro tal que, en definitiva, cuando esos sectores llegaron al Gobierno, las introdujeron en sus políticas para los efectos de hacerse del poder, según la teoría guevariana y del marxismo, que establecía que la lucha revolucionaria era ineludible, y que los actos eleccionarios y las otras formas de llegar al poder eran sólo complementarias. Todo lo señalado es absolutamente necesario recogerlo.
Asimismo, deseo agregar que a ese análisis también es necesario incorporar el período que va del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, porque el Informe Rettig -que actualmente aparece como la verdad oficial de ese tiempo- no es completo, pues no señala qué hacían quienes estaban en una guerra subversiva, los que trataban de conseguir armamento para alimentarla y acudían tanto a los gobiernos del área marxista internacional, que proveían dichos pertrechos, como a los organismos internacionales de crédito para obstruir la ayuda solicitada por un país que estaba viviendo una crisis financiera muy grande. Es decir, es necesario relatar la historia completa. Y yo diría que a partir de eso podríamos reconciliarnos.
Pienso que los hechos que nos ha puesto en evidencia la detención en Londres del Senador señor Pinochet nos llevan a pensar que, dada la forma como se ha tergiversado nuestra verdad histórica, no sólo en el extranjero, sino también internamente respecto de la generación que a poco andar recogerá el mando que habremos de entregarle, es necesario detenerse, revisar, rectificar, y, luego, seguir juntos mirando hacia el futuro.
Para terminar, también estimo conveniente analizar la necesidad de dar a organismos tan importantes como el Ministerio de Educación una institucionalidad que refleje la importancia de esa Cartera. Respecto del Banco Central existe una que obliga a un gran acuerdo entre todos los consejeros, y en cuanto a la Fiscalía Nacional, que se trata de crear, hemos generado también algo similar. Sin embargo, no hemos puesto atención al hecho de que para formar a las nuevas generaciones es preciso que el Ministerio de Educación tenga una participación plural que asegure una verdad realmente histórica.
Voto, naturalmente, a favor.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que se nos plantea contiene, como se ha dicho aquí, dos puntos. El primero es la petición al Presidente de la República para que constituya una nueva comisión, y el segundo se refiere a la solicitud de celebrar una sesión especial para debatir lo relativo al quiebre institucional de 1973. Acerca de esto último, ni siquiera es necesario plantearlo, pues habría bastado hacer la petición en tal sentido, como se ha procedido muchas veces, a lo cual personalmente doy pleno acuerdo.
En cuanto a lo primero, considero que existe un error en lo que se propone. La Comisión Rettig tuvo por objeto, no efectuar un análisis histórico, como aquí muy bien se ha aclarado, de lo que pasó desde 1973 a 1990, sino buscar la verdad respecto de la violación de los derechos humanos. Ése era el tema: la violación de los derechos humanos. Y nuevamente se incurre en errores al intentar mezclar las cosas.
Existe toda una normativa respecto de la actuación de los terroristas y los delincuentes, y el aparato del Estado y todos los instrumentos de que éste dispone deben operar para evitar que se produzcan daños a la sociedad civil, a los bienes de la nación, en fin. Pero cuando se está ante el terrorismo de Estado, la pregunta que surge es: ¿quién defiende a la comunidad? Frente a eso, entonces, está el concepto de la defensa de los derechos humanos.
Creo que confundir las cosas lleva a cometer yerros. Sobre el particular, quizás sea bueno hacer un análisis, porque aquí se ha tocado el tema. En lo personal -lo he planteado tanto en discursos como en escritos-, no tengo duda alguna de que no se puede achacar a las Fuerzas Armadas el ser las principales responsables del rompimiento de la institucionalidad en 1973. Pienso que la responsabilidad de ello es, fundamentalmente, de la clase política que actuaba en ese momento, y muy en especial de quienes estaban en el Gobierno, por tener como primer deber conducir al país. Esto lo he dicho, lo sigo sosteniendo, y no me inhibe para señalar con la misma fuerza que, así como fui opositor de la Unidad Popular y me la jugué en las juntas de vecinos, en los sindicatos y en todos los campos donde fue posible, y también fui sujeto de presiones, sin embargo, teníamos un espacio para luchar. Durante el Régimen militar fui contrario a él, porque -como alguien lo señaló en el Hemiciclo- no me gusta que se instauren dictaduras de ninguna especie. Y ese Gobierno, que surgió para impedir que se estableciera una dictadura en el país, que no existía en ese momento, implanta otra dictadura; es decir, para evitar que se instaure una dictadura, asienta otra, en la que se coartan todos los derechos esenciales de las personas. Por eso, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación buscó hacer justicia, ya que ésta no funcionó durante un período de casi diecisiete años, al contrario de lo que ocurre en un régimen normal. Prueba de ello es la gran cantidad de recursos de hábeas corpus presentados en esa época y que no fueron acogidos.
¿Para qué citar datos o estadísticas cuando los conocemos? A mi juicio, lo importante es separar los asuntos y analizar en primer lugar el problema relativo a los derechos humanos, que es grave. Aquí se ha mencionado la detención del Senador Pinochet, o "el secuestro", como algunos lo llaman. Pero secuestro es lo que vivió, por ejemplo, la dirigente sindical doña María Rozas, quien desapareció durante algún tiempo por la acción de organismos del Estado que la detuvieron y escondieron -nadie supo dónde-, y que después de varios días reapareció. El general Pinochet se encuentra detenido, pero se sabe donde está; tiene todos los medios a su alcance para defenderse, y no como sucedió en Chile, donde muchas personas fueron secuestradas y varias de ellas desaparecieron después de ser torturadas.
Entonces, no confundamos las palabras ni juguemos con ellas. Aquí debemos determinar cómo resolver lo relativo a los derechos humanos, que es un tema pendiente.
En el análisis político podemos tener discrepancias y coincidencias. Sin embargo, la sociedad chilena debe solucionar ese problema para lograr la reconciliación, porque el quiebre de la institucionalidad ocurrido en nuestro país en 1973 arrastró a una masacre a un sector importante de la población, que hoy día reclama justicia. Nada más que eso.
Cuando se dice acá que por un lapso de nueve años los Gobiernos de la Concertación han tratado de imponer una verdad histórica, deseo recordar a algunos señores Senadores que durante casi diecisiete años el Régimen Militar tuvo todos los medios de comunicación a su alcance -canales de televisión, diarios y radios-, los cuales, salvo contadas excepciones, estuvieron al servicio de ese Gobierno para difundir su verdad. Pero, aun así, con toda esa cobertura, fue condenado en las Naciones Unidas no una vez, sino en varias oportunidades, porque la realidad era mucho más fuerte que su publicidad.
Como no puedo aprobar en bloque el proyecto de acuerdo presentado, voto en contra.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, votaré negativamente por las siguientes razones.
Primero, creo que en el debate suscitado hay una confusión -ésta ya fue destacada por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- entre el sentido, valor, razón y existencia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la comisión que se sugiere crear ahora. Son dos elementos distintos y de tal naturaleza que a uno le sorprende que Sus Señorías puedan confundirlos de la manera que hemos observado.
Segundo, tengo la impresión de que esta propuesta es inoportuna -así lo manifesté con motivo de la discusión del proyecto de acuerdo anterior-, pues ha sido presentada en un momento inadecuado, dentro de determinado contexto y aparece, ante los ojos de cualquier persona (esto se lo expresé al autor de la misma con mucho respeto y afecto), como una suerte de revancha: "Así como ustedes desean estudiar este tema, entonces, nosotros veremos además lo que sucedió hacia atrás". No me parece. pertinente. Creo que es una presentación un poco liviana acerca de lo que debemos discutir en el contexto de nuestra historia.
Comparto la idea de que la historia de Chile, a partir de los últimos cuarenta o cincuenta años, justifica, explica y amerita distintas expresiones de lo sucedido. A quienes, por diferentes razones, nos correspondió vivir buena parte de lo ocurrido, concordamos en que, si los datos se miran retrospectivamente, la mayoría de las veces éstos difieren bastante de la vivencia que uno tuvo directamente en los hechos. Explicar lo que pasó como preámbulo a 1973 es una tarea muy difícil, y expresar lo sucedido precisamente el 11 de septiembre también resulta complicado. En aquel entonces, me correspondió presenciar los acontecimientos como Diputado de Oposición. Dos días después del desenlace de los mismos, manifesté mi rechazo al golpe de Estado y, luego, a la dictadura que se estableció.
Hoy día reviso lo sucedido en esa época y reconozco que podemos tener interpretaciones distintas. Pero, con franqueza, debo decir que, en mi opinión, con este planteamiento sólo se busca un esfuerzo publicitario y mostrar la imagen de que también debemos estudiar los hechos hacia atrás. ¿Por qué no recogemos una buena opinión entre todos nosotros y determinamos la formación de un grupo de estudio integrado por dos o tres historiadores que merezcan nuestra confianza, a fin de que analicen algunos antecedentes? De lo contrario, nunca podremos lograr una verdad absoluta.
En tercer lugar, pienso que sobre la materia hay una cosa bastante extraña. En la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se estudió lo relativo a los crímenes ocurridos durante un período contra las personas; pero, en el marco de un debate muy serio y difícil como el de ahora se busca discutir lo sucedido en un período donde, más allá de los elementos políticos, existía un Estado de Derecho. Me parece que no es correcto hacerlo de esa manera. Y lo que es peor, se dice que el análisis debe comenzar a partir de 1965.
Conforme a lo anterior, quien estudie la política chilena tiene la sensación de que lo que se pretende juzgar es el período en el cual Chile comienza a avanzar en un franco cambio de las estructuras políticas, sociales y económicas. Porque, si se desea saber exactamente lo que pasó, puede llegarse al absurdo de que deberíamos estudiar los hechos más allá de 1965; ver qué sucedió entre 1958 y 1965, cuando la estructura social y política de nuestro país fue una suerte de caldo de cultivo de las tensiones internas, donde todos sabíamos que un régimen de Derecha estaba generando una explosión social, la cual dio curso a los períodos posteriores.
En ese sentido, considero que lo sugerido es francamente inadecuado y no condice con el motivo central de la verdad histórica que, con mucha lealtad y sinceridad, pretende buscar el autor de esta propuesta, la que, a mi juicio, no se traduce en los planteamientos que se están formulando.
Por eso, voto en contra.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, reconozco la más absoluta buena fe y la extraordinaria y clara intención que ha inspirado al Senador señor Cantero en su proposición. Señalo esto porque lo conozco, sé cómo está de desorientado y -por qué no decirlo- angustiado frente al tema que lo motivó a presentar esta sugerencia. Pero en su discurso, cuando explicaba los fundamentos del proyecto de acuerdo, Su Señoría manifestó que comprendía que éste no era el momento oportuno para hacerlo y que por eso precisamente podían formularse críticas a su presentación. En verdad, coincido con él en orden a que debemos ser totalmente francos como para reconocer que si hay una inoportunidad en relación con la presente iniciativa, por los términos en que se halla concebida, es justamente este momento.
No puedo olvidar que cuando se comenzó a discutir el proyecto de ley que eliminaba el 11 de septiembre como día feriado, hubo dos votaciones que terminaron en empate esa noche. Yo intervine al final de esa discusión y expresé que me sentía profundamente desalentado al comprobar que era un mito la reconciliación entre los chilenos.
Lo que se ha producido después y los debates controvertidos que en la vida nacional hemos observado en torno de hechos específicos, nos demuestran deplorablemente que entre los distintos contextos de la sociedad chilena existen planteamientos irreconciliables y situaciones absolutamente incongruentes respecto de lo que podría entenderse como el más auténtico sentido de la reconciliación. Y dolorosamente debemos enfrentarnos a la realidad de que es necesario reconocer que si hay un momento en que estamos desunidos, él se da precisamente en situaciones como la de ahora. Esto lo demostramos en cada una de las iniciativas que estudiamos, en las oposiciones que suelen suscitarse con relación a ellas y en otros aspectos.
Desde otro punto de vista, al escuchar el debate suscitado durante la fundamentación de votos en torno del proyecto de acuerdo presentado por el Senador señor Cantero, no puedo dejar de recordar que hace algunos años el entonces Presidente Aylwin planteó en la Primera Conferencia Iberoamericana la necesidad de revisar la historia de América, frente al descubrimiento de ésta, señalándose cómo una cantidad de hechos la habían distorsionado. Ello fue reconocido por todos los Jefes de Estado asistentes, pero en lo único en que no hubo acuerdo fue en nombrar una comisión para restablecer y fijar la auténtica historia entre nuestros pueblos.
¿Por qué expreso esa reflexión, que pudiera aparecer casi inconveniente en relación con el tema que nos ocupa? Precisamente porque nos hallamos en presencia de una discusión genuinamente política, dentro de un alto cenáculo, pero de políticos. Y pregunto a mis distinguidos colegas: ¿acaso se cree que entre nosotros surgirá, en el ambiente actual, la posibilidad de interpretar auténticamente la historia? ¿Realmente existe la convicción de que se generará una interpretación objetiva, desapasionada, de los hechos que sucedieron después del 11 de septiembre de 1973, o antes? Cuando en el proyecto del Honorable señor Cantero se intenta correr el análisis de la historia desde esa fecha hacia atrás, ¿por qué se exponen en el debate, por ejemplo, las incongruencias y las situaciones controvertidas en torno de la muerte del Presidente Allende, acaecida justamente el 11 de septiembre y no antes? ¿Y por qué lo señalo? Porque ello constituye la demostración de que resulta difícil que la realidad pueda ser perfilada por quienes viven el desarrollo político del momento, en relación con una historia política de ayer.
Los señores Senadores tal vez conocerán mañana, si se logra dar cuenta del documento respectivo, el informe unánime a que afortunadamente llegó la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que tengo el honor de presidir, en cuanto a la posibilidad de encontrar un punto de solución a los problemas que nos agobian. En ese organismo se discutió el asunto que al Senador señor Cantero le interesa definir en su proyecto, pero partiendo desde otro punto de vista. Y se produjo, curiosamente, un grado de coincidencia en cuanto a decir: "Admitamos lo acontecido en la historia de nuestra patria en los últimos 30 años y que puede ser útil desentrañarlo para los efectos de las cuestiones de derechos humanos, pero dentro de pautas diferentes". En cambio, en los términos en que ahora se plantea el asunto, creo difícil que cada uno de nosotros -aunque nos pongamos una mano en el pecho y nos encontremos dispuestos a declarar que actuaremos con objetividad- no entre a juzgar los hechos del pasado con criterios subjetivos, desde muchos ángulos.
En pocas palabras, reconociendo la buena fe que guía al inspirador del proyecto de acuerdo, pienso que, como Su Señoría mismo ha tenido que admitirlo, el instante es inconveniente para que se trate de determinar diáfanamente lo que la historia de los hechos pasados, en el campo político, nos entrega ahora. Y nos encontraremos con una historia nuevamente distorsionada y, en consecuencia, desaconsejable en lo relativo a su utilidad para enseñar mañana a las generaciones más jóvenes.
Por lo tanto, señor Presidente, me abstengo. Y lo hago como un testimonio de respeto a la buena fe con que el Honorable señor Cantero ha querido presentar su propuesta. A mi juicio, ésta no es mala. Por el contrario: es una buena iniciativa, pero profundamente inoportuna. Y, a lo mejor, el remedio podría resultar peor que la enfermedad que se pretende sanar.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación ha sido la referencia más utilizada, tanto en Chile como en el extranjero, para explicar, criticar o condenar lo sucedido en el país entre 1973 y 1990. Sin embargo, ese texto sólo dice relación, muchas veces en forma incompleta, a los hechos, actos o circunstancias ocurridos desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Tales antecedentes son los que en el extranjero han originado un ambiente de hostilidad hacia el Gobierno que encabezó el actual Senador señor Augusto Pinochet Ugarte.
Para esclarecer en su justa medida lo sucedido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 es imprescindible conocer en detalle la historia fidedigna de lo acaecido antes de la fecha en que las Fuerzas Armadas y Carabineros decidieron asumir el mando del país, sobre la base de que las máximas autoridades constitucionales se habían pronunciado respecto de que éste se hallaba en condición de ingobernabilidad por parte del Presidente Allende.
La situación que actualmente afecta en Europa al Senador señor Pinochet es consecuencia directa de la falta de información sobre la verdad histórica acerca de las causas que provocaron la realidad institucional, política, económica y social registrada en Chile al 11 de septiembre de 1973. Es menester llegar a la verdad de ese período. Es esencial que la juventud y los países extranjeros conozcan cuál era la situación efectiva en Chile; que sepan qué eran el GAP, la OLAS, las JAP, el VOP, la ENU, la toma de fundos, la carencia de alimentos, los campamentos, los cordones industriales, etcétera. Ello es lo que falta aclarar, y es necesario evitar que se continúe distorsionando la historia.
En virtud de lo anterior, voto que sí.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, comprendo que podría estimarse relativamente inoportuno el punto segundo del acuerdo sobre el cual nos estamos pronunciando, en cuanto a la celebración de una sesión especial. Pero me parece que ese objetivo no implica -ni es el deseo- que ella se realice en forma inmediata, sino que puede quedar pendiente y ser llevada a cabo, en consecuencia, con la tranquilidad adecuada, en el momento que se considere oportuno.
En cuanto a la primera petición, creo que aquí se practica un análisis que a uno a veces le llega a preocupar. No deseo abundar en todo lo ocurrido durante la Unidad Popular, época que viví. Cuando se habla de tanto exiliado, nunca se menciona a las decenas de miles de chilenos que prácticamente tuvieron que huir del país durante el Gobierno de la Unidad Popular y que uno encontraba en todos los países que visitaba: en Argentina, en España, en Australia, adonde fueron muchos, y en todos los lugares del mundo. Hay familias que nunca regresaron, por lo que Chile perdió un aporte muy importante.
Muchas cosas sucedieron. Pero no quiero profundizar en ello, porque otros ya lo han hecho. Lo que sí señalaré es que parece raro que pueda haber una negativa a solicitar al Presidente de la República que forme una comisión cuya misión, en el fondo, es contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica. Me da la impresión de que determinados señores Senadores abrigan un profundo miedo a esta última. Se trata de pedir al Jefe del Estado que nombre una comisión de características semejantes a la De Verdad y Reconciliación -no idéntica-, en el sentido de que la integren personas que analicen antecedentes que permitan llegar a una verdad histórica.
Y ningún estudio sobre ese asunto puede resultar inútil, ni cabe presumir que el Primer Mandatario constituirá una comisión sesgada o que tienda a profundizar la división entre los chilenos, sino que, por el contrario, tratará de cumplir -y eso es lo que le pedimos- con el objetivo de que algunas personas, ojalá de la más alta jerarquía, estudien una época trascendente de nuestra vida republicana para establecer verdades históricas que complementen una verdad que hoy día está tremendamente incompleta.
No se trata de ver la otra cara del Informe Rettig. Creo que éste de alguna manera intentó desentrañar una cuarta parte de la verdad. La mitad en cuanto al tiempo, porque prescindió de un período tremendamente importante en Chile, como fue el anterior al 11 de septiembre de 1973. Y, a la vez, por las características de su estudio, la Comisión en muchos casos vio y escuchó a una sola parte. Es como si uno fuera a examinar algunos procesos penales y leyera únicamente lo que dicen el querellante, sus testigos y sus pruebas, y no lo que aduce la otra parte.
Sin embargo, al margen de ello; al margen de que por esa razón dicho Informe se ha prestado a equívocos, porque lo cierto es que en él no se pretende establecer una verdad histórica completa, hoy día, dadas las malas consecuencias que ha tenido el invocarlo más allá de su propio contexto, es conveniente solicitar al Presidente de la República que, atendida la experiencia que estamos viviendo, constituya una comisión que contribuya al esclarecimiento de la verdad histórica. Creo que el Senado no puede negarse a esa contribución.
Por ese motivo y con el alcance que he hecho respecto del punto segundo, voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, es indudable que éste es un problema de mucha profundidad y enorme trascendencia. Si lo hubiésemos discutido hace algunos años y hubiéramos hecho una apreciación panorámica de nuestra historia reciente, quizás hoy no tendríamos las debilidades que estamos presentando ante el mundo. Porque el problema deriva, entre otras causas, del hecho de exponer solamente un segmento muy especial de nuestra historia reciente, expresado casi fotográficamente por el Informe Rettig. Y todos sabemos cuáles fueron el origen y el propósito de dicho documento.
Eso nos preocupa, porque el Informe Rettig es la cara que Chile está presentando ante el mundo. Es la cara que el país muestra a sus propios ciudadanos como conclusiones sobre el Gobierno de las Fuerzas Armadas que se inicia en 1973 y termina en 1990. Es también -como han señalado algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra- un aspecto muy específico y particular de esa gestión política de 1973 a 1990. Y eso es lo que inquieta a muchos de quienes integramos el Gobierno militar: el no reconocimiento del sacrificio y del esfuerzo que hicieron las instituciones de la Defensa y de Orden cuando obligadamente tuvieron que tomar el control de una crisis única en la historia de Chile.
Tal vez el proyecto de acuerdo promueva la necesidad de ampliar esa fotografía constituida por el Informe Rettig. Puede que nunca se haga con la precisión requerida; pero hay orígenes antes de 1973, no en 1965 ni en 1960. Se trata de un período; son consecuencias de hechos que llevaron inevitablemente a la crisis de 1973 y al imperativo de que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaran el control en un momento de tanta debilidad nacional. Pero la historia sigue después del año 1990. Quizás hay un tercer capítulo que también deba analizarse y escribirse como fundamento de la historia del país.
Ésas son las razones por las cuales creo que este proyecto de acuerdo es legítimo, válido. Posiblemente no sea muy oportuno, pero es tremendamente necesario. Debemos ampliar esa fotografía de nuestra historia; definir el origen de la crisis política, social, institucional de 1973; destacar el esfuerzo que desarrollaron las instituciones de la Defensa y de Orden en el reordenamiento para superar esa crisis; examinar los efectos de la reconciliación y de la transición, sus fortalezas y debilidades; revisar los argumentos y los fundamentos que es preciso hacer valer hoy ante los problemas que ha creado Inglaterra a Chile, desde Londres, con la detención arbitraria y parcial del Senador señor Pinochet, que muestra al mundo la grave y profunda debilidad que tenemos.
Me parece que el esfuerzo que haríamos en virtud de este proyecto de acuerdo contribuiría a fortalecer las bases de la reconciliación, los fundamentos de la transición, la solidez de nuestra democracia. Éste es un problema que debemos resolver nosotros, los actuales conductores políticos de la nación, junto con el Gobierno. No es aconsejable dejar a las futuras generaciones el peso de estas responsabilidades, si podemos solucionarlas en la forma que se ha propuesto.
Por eso, voto favorablemente.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, no veo ningún inconveniente en hacer entre nosotros una revisión histórica, entendiendo que no llegaremos a una verdad oficial y única.
Ahora, quiero reivindicar el Informe Rettig, cuyo texto tengo en mis manos. En primer lugar, en el Capítulo I expresa que no sería posible entender las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Régimen militar sin un conocimiento de la crisis de 1973. Y al revelar la polarización política de la época, señala los factores que, según creo, interesan al Senador señor Cantero: la guerra fría, la intervención cubana y la norteamericana, la existencia de modelos ideológicos totalitarios por parte de todas las fuerzas políticas. ¡De todas! Y aquí deseo hacer un paréntesis.
Es interesante recordar cómo surgió el Partido Nacional, en 1960, donde confluyeron los Partidos Liberal y Conservador y, además, Acción Nacional, que tenía su referencia en el grupo estanquero y formaba un conglomerado de claro corte autoritario. Cómo en 1970, antes de la elección de Allende, el Partido Nacional aprobó el Programa de la Nueva República, que tenía una fuerte connotación refundacional de la Constitución de 1925, de tipo autoritario. Y cómo durante el Gobierno de Allende, en 1972, cuando Sergio Onofre Jarpa dirigía el Partido Nacional, se produce un acercamiento con el frente nacionalista Patria y Libertad y con el movimiento gremialista en torno a posiciones corporativistas no democráticas.
En segundo término, el Informe Rettig se refiere a la influencia de la revolución cubana en la vía armada: su impacto en el MIR, en el Partido Socialista, en los famosos congresos de Chillán y de Linares. Y después menciona cuáles eran los sectores moderados, en la época de la Unidad Popular, que no querían un enfrentamiento. Entre ellos cita al Partido Comunista, a la mayoría del Partido Radical, no a la totalidad (ignoro si sería efectivo o no, pero así lo expresa), y al Presidente Allende. Luego se refiere a la Derecha. Al respecto dice:
"En la derecha hubo asimismo grupos que, oficialmente o en su conducta práctica, propiciaron -por lo menos al término de la crisis- una salida armada para ésta. Uno de ellos, el llamado "Tacna", que publicaba el periódico de ese nombre, postuló abiertamente el golpe militar. Igual sucedió"... "con dirigentes y militantes del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad". Y agrega que en la Derecha había "una mentalidad propicia a resolver ciertos problemas (algunos de carácter social"...) "mediante el uso de la fuerza.". A continuación, se hace referencia a que un porcentaje apreciable de la Derecha y de sus bases favorecía una solución violenta. Y se recuerda también que, antes de que asumiera el Presidente Allende, un grupo ultraderechista perpetra en el país el primer atentado terrorista después de décadas, asesinando al Comandante en Jefe del Ejército de entonces. Ese grupo es indultado apenas asume el Gobierno Militar. Destaco ese hecho.
En consecuencia, es muy importante que nos digamos la verdad de lo que pasó en Chile.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Estamos en votación, Su Señoría. No es posible conceder interrupciones.
El señor MARTÍNEZ.-
Disculpe, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO.-
En mi opinión, es imposible que lleguemos a una verdad oficial. En el informe Rettig hay elementos bastante objetivos que se pueden desarrollar; pero me temo que una Comisión nombrada por el Presidente de la República dará la sensación al país de que se pretende establecer la verdad de lo que aquí pasó. Y eso me parece imposible.
En Chile, como en toda América Latina, hubo una radicalización muy fuerte de la Izquierda, de la Derecha y del Centro durante la "guerra fría". Si hay algo que echo de menos en el informe Rettig, con perdón de algunos presentes, es un análisis de lo que hacía la Democracia Cristiana, pues ahí pasaban cosas muy importantes. No puedo olvidar, por ejemplo, lo que señalaba el programa de Tomic, en relación a que la juridicidad volviera a la base y que el poder constituyente originario debía refundar la república, entre otras cosas.
Termino reiterando, señor Presidente, que no creo que haya posibilidad de una verdad oficial. Podemos decirnos muchas verdades parciales, hacer interpretaciones históricas y acordar que un buen canal para intercambiar opiniones es la Comisión de Derechos Humanos que preside el Senador Silva Cimma; pero, más allá de las opiniones, ¿qué?
Me abstengo, porque creo ver en la iniciativa la intención -tal vez cierto prejuicio de mi parte hace que me equivoque- de que sus autores quieren justificar los atropellos a los derechos humanos por la violencia de la Izquierda. Deseo recordar al respecto la violencia ejercida por la Derecha que se alzó en armas para alcanzar el poder.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, me bastan los argumentos dados por el Honorable señor Viera-Gallo para aprobar el proyecto de acuerdo.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, sobre el periodo histórico 1970-1973, yo mismo trabajé bastante. Escribí un libro mientras estuve en la Universidad de Harvard, entre los años 1975 y 1976, que posteriormente...
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, el señor Senador no tiene derecho a usar la palabra.
El señor BITAR.-
Comete un error, querida Senadora, porque la votación partió por el Honorable señor Canessa.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, quiero decir que no me opongo a que el señor Senador hable; pero me da la impresión de que reglamentariamente no corresponde.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señora Senadora, la Mesa estima oportuno dar la palabra tal como lo hizo en el proyecto de acuerdo anterior con Senadores de otro sector político.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, quiero dejar muy claro que no me opongo a que hable.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, estoy con el uso de la palabra y creo que, además, hay un error.
Solicito que se registre el tiempo que he perdido, a fin de exponer dentro de mis cinco minutos.
Entiendo la preocupación de la señora Senadora. Ella tendría razón, si se hubiera iniciado la votación por la "A". Sin embargo, se partió por el Senador señor Canessa y continúa en forma rotativa. De manera que considero el reclamo de la Honorable colega como una incitación a que estemos a la hora en nuestros puestos, y lo agradezco. Pero igualmente le pido atención respecto al procedimiento de votación que se está utilizando para tener todos la misma oportunidad de intervenir.
Se me fue el minuto inicial que espero recuperar y sigo con la palabra.
He dicho que, entonces, yo mismo analicé el periodo histórico 1970-1973 en un libro que salió publicado en México, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil. Trabajamos bastante en él y no puedo sino apreciar la importancia de que hagamos análisis críticos, serios, de lo ocurrido en aquel período, entregando cada uno su opinión desde un punto de vista económico, político, cultural, en fin. Además hay otros estudios importantes sobre etapas previas a la descrita.
Sin embargo, el punto principal, a mi entender, es que la fórmula planteada representa un camino inconducente para llevar a cabo una tarea de valor. No se me escapa que existe buena intención en la propuesta. Pero, por el propio debate que se ha suscitado acá, si éste se realiza de mala manera puede transformarse en un instrumento y arma política para el presente más que en una reflexión pausada sobre el pasado destinada a sacar lecciones de la historia.
Creo que buena parte de nuestra historia reciente depende del análisis que hayamos hecho del pasado. Por ejemplo, la propia Concertación y su diseño para muchos de nosotros es resultado de un análisis crítico sobre un período en el cual se produjeron divisiones importantes en la sociedad. Hasta el manejo de la política económica y la inflación es resultado de un aprendizaje de períodos históricos. De manera que nada es más importante que analizar la historia si se quiere sacar lecciones útiles para el presente y el futuro.
Pero un análisis mal hecho conduce -creo que en esa situación nos encontramos hoy- a una suerte de justificación de lo que estamos viviendo a través de la utilización de la historia. Y digo esto porque en días recientes hemos visto un debate que tiende a hacernos retornar al año 73, pero no con el ánimo de interpretar adecuadamente la historia, sino con el de retrotraer divisiones y de revivir pasiones destinadas a separar. Tal ocurre, por ejemplo, con los recientes planteamientos de algunos generales en retiro contra el ex Presidente Aylwin y con las declaraciones respecto de contribuciones económicas realizadas el año 73 y sobre las posiciones tomadas en uno u otro momento que nos dividieron, que muchos hemos superado buscando un entendimiento más amplio.
Por lo tanto, el punto principal es que un análisis mal hecho resultará ineficaz.
El segundo punto que quiero hacer presente -ya lo han hecho otros señores Senadores- es que no hay una verdad histórica, no existe una historia oficial. Esto es clave. Hemos planteado muchas veces que tal labor la deben hacer los historiadores. Porque la cuestión esencial es que, al igual que en los partidos políticos, por la naturaleza de las personas, hay distintas visiones. Entonces, lo que corresponde es tener una visión de la diversidad de juicios, una reflexión que acepte la variedad de opiniones. Por eso existen distintos partidos políticos. De esa manera se logra la convivencia nacional. Buscando el entendimiento o los mecanismos democráticos se resuelven los problemas. Pero no hay una opinión oficial.
No conozco ningún intento para que una comisión de Gobierno establezca una historia oficial. Y hago presente este punto, porque es muy distinto una comisión que determine el número de muertos y cómo ocurrieron esos crímenes -que son hechos objetivos- a que se entreguen distintas interpretaciones sobre si fueron los fenómenos económicos, sociales, declaraciones de partidos, los que provocaron cierta inclinación en una dirección u otra. Son problemas bastante más complejos como procesos históricos, sociales, etcétera.
Sin el ánimo de ironizar, debo señalar que uno de los pocos casos que conozco es el descrito en el libro de Orwell (1984), en el que se habla de un tipo de gobierno que deseaba tener todo controlado. Recuerdo que había una especie de ministerio de la historia, en el cual se reescribía la historia todos los días. Tenía un departamento especial encargado de estudiar lo ocurrido el día anterior, de manera que engarzara bien con la interpretación que habían hecho hasta el día previo, para luego tener una sola visión de la historia.
El señor PRAT.-
Ese era el revisionismo.
El señor BITAR.-
Pero la idea de pensar que hay una sola historia y que uno puede reescribirla todos los días, es imposible, y no puede sino desviar a tentaciones totalitarias. No es éste el caso que nos ocupa, pero creo que conduce en un sentido equivocado.
Más aún, si se busca una sola verdad para encontrar la reconciliación, ocurrirá que, como no la habrá, no existirá reconciliación. Grave error, porque justamente ésta se logra cuando se sabe convivir con distintas verdades.
Tengo a la mano, a propósito de una carta reciente, una serie de testamentos políticos anteriores. Brevemente citaré parte de un documento histórico sobre Portales, dado a conocer por un insigne prelado durante la misa ofrecida en la catedral -al término de la jaculatoria fúnebre- en homenaje al ministro asesinado. Dice así: "Según su máxima favorita, para mantener la libertad de los pueblos y la independencia del gobierno, debía hacerse entender al soldado que su oficio es pelear contra los enemigos de la nación y no discutir con espada desnuda las cuestiones políticas".
También podríamos discutir problemas de épocas posteriores a Portales, como los que hoy y ayer han afectado a la nación.
Como dije, tengo en mi poder los textos de varios testamentos -por ejemplo, el de Balmaceda- sobre hechos que se parecen mucho a los de periodos recientes de la historia.
Con esto deseo señalar que también un análisis de hechos acaecidos aun más atrás puede ser fundamental para entender que hay recurrencias históricas en Chile. Y lo digo muy seriamente en ese sentido: pueden existir acontecimientos ocurridos hace más de un siglo que tienden a reproducirse; que constituyen una característica de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de organizarnos y de ser, y que también son válidos y deben tomarse en cuenta.
Por lo tanto, si bien muchas de estas materias se encuentran al alcance de los historiadores -y la Academia Chilena de la Historia tiene que colaborar al respecto-, es preciso, a mi juicio, llevar a cabo un proceso de discusión entre nosotros. Pero debe hacerse estableciendo una clara diferenciación ética: una cuestión son las interpretaciones de los procesos históricos, y otra muy distinta, los aspectos penales relativos a crímenes o hechos muy concretos, como los estudiados por la Comisión Rettig; se ubican a distinto nivel, tienen diferente naturaleza conceptual, ética, en fin.
Por consiguiente, viendo el proyecto de acuerdo, si su intención es contribuir positivamente a crear espacios para la convivencia nacional, me parece útil, por ejemplo, el segundo punto, que no se refiere a la creación de una comisión oficial, sino a abrir en el Senado un debate sobre esta materia.
Habría, sí, que buscar el momento más adecuado. Ello puede realizarse no sólo en una sesión, sino -contrariamente a lo que plantea el Honorable señor Cantero- en varias. Incluso, para los efectos de reflexionar al respecto, podríamos decidir invitar a historiadores, con el fin de escuchar puntos de vista distintos y aprender también nosotros de la historia. Pero todo ello, dentro de una lógica de esa naturaleza: sacándolo del debate político contingente, que es, a mi juicio, el elemento inspirador. De ese modo podríamos, además, buscar fórmulas que nos permitieran trabajar y orientar las conclusiones útiles para el interés del país.
Voto que no.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, según se acaba de decir, es prácticamente imposible pensar que, frente a crisis tan complejas y graves como la que culminó el 11 de septiembre de 1973, se pueda establecer una sola verdad histórica. Verdad histórica tuvo, mientras existió, la Unión Soviética. Y verdad histórica oficial habría tenido Hitler si hubiera sobrevivido. Pero ésa no es la realidad de los acontecimientos históricos normales.
Ahora, para que no se me entienda mal, debo manifestar que tengo una posición personal respecto del 11 de septiembre de 1973. Como es sabido, ella se basa en que mi opinión acerca del Gobierno de la época y la trayectoria que estaba siguiendo fue muy negativa. Y según hice constar por escrito, en un libro, me pareció que el 11 de septiembre fue algo inevitable.
Sin embargo, deseo agregar que ello nada tiene que ver con el nacimiento, desarrollo y éxito en los últimos 10 años de la coalición de partidos políticos llamada "Concertación". Es un hecho absolutamente distinto. Y yo he participado con mucho entusiasmo y convicción en su fundación y desenvolvimiento.
Pero no hay que ser políticamente muy avispado para comprender que, planteado el tema en este instante en función del problema que ha polarizado al país y que nos tiene sumidos en una situación muy compleja, la única interpretación es que de lo que se trata principalmente es de, sobre la base de hechos del pasado, donde objetivamente democratacristianos y socialistas fueron adversarios, separar a los socios de la actual Concertación -tengo la absoluta certeza de que no es ésa la intención del Senador señor Cantero; estoy argumentando en función de lo que sería la reacción de la opinión pública-, lo que no considero legítimo ni políticamente conveniente.
No obstante, aunque me parezca negativa la interpretación política que inevitablemente se daría y aun cuando sea escéptico respecto a la verdad histórica, concuerdo con la idea sustantiva de tener un debate de fondo sobre estas materias. Y ello, no para llegar a una verdad, sino porque -como dijo recién (me parece) el Senador señor Bitar- la mejor contribución a la reconciliación sería que nos escucháramos y que cada uno entendiera las visiones, las razones y los puntos de vista del otro. El día que eso ocurra va a comenzar la reconciliación; antes es imposible, pues, simplemente, lo que el otro dice se descalifica.
En consecuencia, adhiero plenamente a la idea de celebrar una sesión especial. Y creo que, en vez de una comisión, se requiere en el momento oportuno un conjunto de eventos realizados ojalá -podríamos hacerlos nosotros mismos- por centros de estudios serios o por una asociación de centros plurales que tomen en cuenta en la estructura de aquéllos los distintos pareceres.
Por otra parte -y esto se vincula con lo anterior-, no me parece adecuado hablar de una especie de Comisión Rettig II, por cuanto de su conformación podría deducirse que la Comisión Rettig fue parcial. Porque, en verdad -al respecto, tengo una discrepancia profunda con muchos señores Senadores-, el 11 de septiembre de 1973 y lo sucedido después no tienen nada que ver. Los problemas de derechos humanos generados en los años posteriores a esa fecha no se relacionan necesariamente con el 11 de septiembre mismo. Lo que pasó después en materia de derechos humanos fue el objetivo preciso de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Ésta no pretendió establecer una verdad histórica, sino una verdad sobre hechos: desaparecidos, torturas, etcétera.
La sangre hoy día está muy caliente, señor Presidente, y los ánimos se hallan extremadamente polarizados. De manera que estoy absolutamente convencido de que en este instante, lejos de contribuir a aquietar los espíritus, probablemente los polarizaríamos más.
Sin embargo, estoy por completo de acuerdo -y yo formularía indicación al respecto- en que el Senado, en el momento en que lo estimemos pertinente, organice un conjunto de eventos o pida a organizaciones académicas que lo hagan, para discutir entre nosotros y ver si somos capaces de comprendernos y respetarnos, cada uno con sus opiniones. Yo di la mía.
En cuanto al proyecto de acuerdo, por las razones expuestas, voto que no.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, quisiera coincidir con el Senador señor Silva, quien dijo que estábamos en presencia de una buena idea en un momento inoportuno.
Yo tengo la impresión de que nos hallamos frente a un enfermo con alta temperatura y que la proposición que se formula es contraindicada para él, por lo menos en este instante.
El debate que aquí se sugiere, en las actuales circunstancias, probablemente no haría sino aumentar la distancia entre los distintos diagnósticos que existen sobre determinado período de la historia de nuestro país y no sería más que un ejercicio para volver a constatar las diferencias y las versiones contrapuestas que diversas personas, legítimamente, tienen respecto de esa etapa.
Por eso, tampoco me llamaría la atención que diera la impresión -como dijo hace un momento el Senador señor Larraín- de que en alguna forma se estuviera procurando rehuir la explicación completa de esa historia, porque tal vez buscar la explicación completa sólo aumentaría las diferencias.
Debo confesar, señor Presidente, que el debate de esta tarde en el Senado me produce cierto agotamiento mental.
Sin embargo, estimo que el Honorable señor Cantero ha propuesto una excelente idea, pues el buscar un relato común por parte de todos los que han sido actores de la historia en un momento clave es la única manera, en definitiva, de fortalecer un sentido de nación. La nación existe cuando hay historias personales distintas, cuando existen experiencias de vida diferentes, pero también cuando hay un sentido de las cosas y de los acontecimientos que finalmente va convergiendo en un relato común. De la diversidad de las historias va surgiendo una interpretación común, y cuando eso ocurre, ése es el momento en que se comienza a fortalecer un sentido de nación.
Tengo la impresión de que durante largas fases de nuestra historia fue generándose ese fortalecimiento. Pero las últimas dos o tres décadas constituyeron quizá una excepción en que ese sentido de nación, por estos relatos divergentes, se fue debilitando.
No estoy totalmente pesimista respecto a la posibilidad de fortalecer ese sentido de nación. El Senador señor Parra mencionaba hace un momento en su intervención, tal vez dando un ejemplo extremadamente concreto, que la experiencia que hemos tenido durante nuestro trabajo en el Congreso difiere bastante de los discursos a través de los cuales intentamos interpretar la historia.
En la labor específica legislativa hemos podido encontrar una forma de generar un terreno común que debería, con el tiempo, ir alimentando un relato también común. El trabajo en el Parlamento es sólo una parte de lo que muchísimas personas de buena voluntad, pensando muy distinto, han intentado construir, con soluciones simples a problemas comunes en los últimos 10 años en Chile.
Por cierto, no basta con el trabajo legislativo en el Congreso. En momentos como el que estamos viviendo, es necesario además dar un giro hacia los problemas pendientes que han hecho explosión, que han reventado con motivo de la crisis por la situación del General Pinochet.
Por ejemplo, es evidente que en las últimas semanas hemos debido vivir en forma muy dramática la vulnerabilidad de un país pequeño. Y también es evidente que en estas semanas hemos tenido que vivir de manera bastante fuerte, clara, dramática las imperfecciones de nuestro sistema democrático.
Debemos tener, señor Presidente, el coraje de abordar estos problemas. No basta sólo con hacer un trabajo legislativo en común. Hay que tener la valentía de abordar las situaciones que han hecho crisis e intentar, con buena voluntad, resolverlos con los sectores que piensan distinto, para agregar un pequeño capítulo a ese relato común que permitirá fortalecer el sentido de nación.
Los Senadores democratacristianos presentamos un proyecto de acuerdo -lo trataremos probablemente en la próxima sesión ordinaria- donde proponemos un método concreto para abordar estos temas, en la idea de buscar un acuerdo amplio. Si ese acuerdo amplio se produjera hoy, bajaríamos la temperatura del enfermo y mejorarían las condiciones para que cada uno de los sectores ahora en conflicto pudiera establecer visiones más benevolentes y generosas respecto de la historia de las últimas décadas.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor FOXLEY.-
La verdad es que una historia más completa sólo puede generarse, no a través de un esfuerzo académico o de un esfuerzo voluntarista para conciliar situaciones que la gente ve y vive de manera distinta, sino mediante una experiencia de trabajo común y de la capacidad para construir soluciones compartidas,...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor FOXLEY.-
...porque así uno se reconoce en hechos que son familiares para todos y que tienen una interpretación similar.
Me abstengo, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si Sus Señorías me lo permiten, fundaré mi voto desde la testera. Quiero tan sólo exponer un par de ideas -en mi concepto, son importantes- sobre el problema de la inoportunidad planteado por varios señores Senadores.
Obviamente, a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos nos preocupa mucho ese aspecto porque, con seguridad, mañana el Senado conocerá un informe de tal órgano técnico que, entre otros puntos, plantea un análisis sobre todo el acontecer político de los últimos treinta años. Y el hecho de que reiteradamente se señale que dicho análisis es inoportuno me provoca, como miembro de esa Comisión que concurrió al respectivo acuerdo, que fue unánime, una gran complicación a los efectos de entender los motivos por los cuales esta Sala podría rechazar el referido informe con los criterios que una de las partes ha estado exponiendo aquí.
Por otro lado, tengo la sensación de que en los tiempos modernos se olvidan muy rápidamente muchas cosas. Y eso nos ocurre a todos.
Por ejemplo, cuando don Patricio Aylwin -quien, a mi entender, fue un buen gobernante- es elegido Presidente de la República y, asumiendo sus responsabilidades, recorre gran parte de los países de Occidente -de América Latina, de Europa y más allá-, defiende la transición chilena. Y lo hace con vehemencia, con fuerza, y convence y siente el apoyo de los gobernantes. Recuerdo que participé en algunas de sus giras, donde oí de boca de su Canciller -hoy Senador- las mismas expresiones.
Uno busca, entonces, el porqué de este cambio tan radical. Y la razón fundamental estriba en el hecho de que, sin excepción, los países donde habló el Presidente Aylwin tienen hoy gobernantes distintos. Mitterrand ya no gobierna en Francia; González tampoco lo hace en España, ni Soares en Portugal, ni Margaret Thatcher en Inglaterra, ni Kohl en Alemania (como en Italia cambian los gobiernos cada tres meses, no recuerdo quién estaba en ese momento).
En definitiva, aquello hace que no contemos con la aceptación y el apoyo vehemente y fuerte que gobernantes de aquel entonces expresaron al Presidente chileno, porque hoy día ninguno de ellos encabeza los respectivos gobiernos, lo cual es producto del cambio enorme que ha experimentado Europa.
Sin duda alguna, por consiguiente, los recuerdos y análisis con criterios elevados son muy relevantes.
Voto favorablemente, primero, por los motivos que señalé, y segundo, porque la Comisión de Derechos Humanos, a la cual pertenezco, ha formulado una proposición parecida.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI.-
¿Es factible fundamentar el voto, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ya no, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
El Senador señor Foxley tampoco tenía derecho a fundamentar su voto, pero lo hizo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Fue una inadvertencia, señora Senadora.
Ahora, si la Sala no se opusiera, el Honorable señor Ominami podría fundamentar su voto.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Gracias, señora Senadora. Y agradezco también al señor Presidente, quien, según entiendo, procuraba aplicar el Reglamento.
Lamento no poder votar favorablemente el proyecto de acuerdo propuesto por el Honorable señor Cantero, pues advierto en su texto una buena disposición. Pero, en mi opinión -como aquí se ha sostenido-, su contenido debe ser objeto de un debate de fondo sobre lo que han sido nuestras últimas décadas.
Lo he dicho en otras ocasiones: entiendo perfectamente que había serias y muy buenas razones para ser adversario, incluso encarnizado, del Gobierno del Presidente Allende. Siento que es así, y me parece importante realizar una discusión profunda al respecto.
Pertenezco a un sector político que ha intentado honestamente llevar a cabo dicha discusión. Siento que somos en la política chilena, quizás, el sector que más duramente se ha enjuiciado a sí mismo en sus actuaciones. Todo el debate desarrollado en la Izquierda, y particularmente en el Partido Socialista, durante los años 70 y 80 fue extremadamente duro. Somos un Partido que se dividió por esto. Y, en ese sentido, pienso que hemos contribuido -sin lugar a dudas, todavía insuficientemente- a una interpretación más adecuada, más objetiva de la historia.
Sin perjuicio de ello, no puedo concurrir con mi voto a aprobar un proyecto de este tipo, por dos razones.
Primero, porque siento que, en el cuadro en que están planteadas las cosas, una discusión como la propuesta tiene un sesgo justificatorio.
Y me parece que hay que distinguir dos aspectos.
Percibo que existen poderosísimas razones para haber sido adversario encarnizado del Gobierno de la Unidad Popular. Pero, en mi concepto, eso no puede conducir a una justificación de todo lo ocurrido posteriormente.
Al respecto, existe un límite ético que no debe ser franqueado. Porque, a mi entender -y ésta es la segunda razón-, en Chile no sólo hubo violencia, no sólo se habló de violencia. Ya lo he dicho: yo hablé de violencia. Estoy profundamente arrepentido de haberlo hecho. Y creo que todos los que así procedimos estamos profundamente arrepentidos. Y si se repitieran situaciones como las que vivimos, podemos dar garantías de que no actuaremos de esa manera, ya que hondamente nos pesa tal forma de enfrentar la política y nuestra errónea comprensión de lo que significaban la democracia y las instituciones en Chile.
En lo personal, así pienso. Pero creo que esos errores y el reconocimiento de actuaciones públicas muy criticables no puede conducir a justificar lo que vino posteriormente, que no fueron simplemente excesos. Y esa es la justificación, a mi juicio, de la especificidad del Informe Rettig. Se practicó en nuestro país una política de extrema crueldad. No se trata sólo de que haya habido muertos. Aquí, en particular durante algunos años, se aplicó una política casi inédita en el mundo, porque son pocos los países en donde se llevó a cabo la política de la desaparición forzosa de personas. Especialmente durante los años 1974, 1975 y 1976, se detuvo a personas en el centro de Santiago; se las mantenía ilegalmente detenidas, secuestradas; se las torturaba en la calle Londres, a cinco o seis cuadras del Palacio de Gobierno, y más tarde, de manera sistemática, se las hacía desaparecer. Eso no ha ocurrido en muchos países. En otras partes del mundo ha habido mucho más muertos que en Chile. Eso es cierto, pero lo que es muy específico (en esto creo que solamente nos acompaña Argentina) es la práctica de la desaparición forzosa de personas. Y esta particularidad no puede pasarse por alto: durante esos años prácticamente un chileno al día era víctima de esta política de desaparición forzosa de personas. No se trataba de combatientes, sino de gente que era detenida y que posteriormente se enfrentada a la desaparición. Y esta particularidad de las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en aquel período no puede pasarse por alto y bajo ningún concepto puede ser justificada.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
-Se aprueba el proyecto de acuerdo (17 votos a favor, 12 en contra, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa los Senadores señores Bombal, Canessa, Cantero, Chadwick, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Prat, Ríos, Stange, Urenda, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los Senadores señores Bitar, Boeninger, Frei, Hamilton, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Ominami, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide y Sabag.
Se abstuvieron los Senadores señores Foxley, Silva y Viera-Gallo.
No votó, por estar pareado, el Senador señor Parra.
VI. INCIDENTES
CINCUENTENARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Por acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el Honorable señor Silva rendirá un homenaje en celebración de los cincuenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , señores Senadores, hablo por mandato de la Comisión de Derechos Humanos.
En estos días conmemoramos una fecha que honra a la humanidad. Su profunda significación está fuertemente enraizada con valores y principios que guían nuestra democracia: la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cumple 50 años. Y para nosotros es una ocasión de júbilo, de renovación de compromiso y también de serena meditación.
Frente a ello queremos manifestar ante la faz del mundo nuestras convicciones más sentidas, el espíritu que nos anima, el objetivo que perseguimos y por el cual estamos prestos a luchar de manera inclaudicable.
Jamás debemos olvidar que la finalidad esencial del Estado chileno es estar al servicio de la persona humana, promoviendo el bien común, respetando y haciendo respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana.
Cuando hace 50 años, el 10 de diciembre de 1948, entró en vigencia la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mundo estaba transido de dolor. Acababa de ser testigo y protagonista del episodio más dramático que registra la historia: millones de seres habían desaparecido arrasados por la brutalidad y la insensatez de la guerra. El poder destructor se había incrementado cuando los científicos entreabrieron la puerta del poderío del átomo. El poder nuclear había dejado prueba indeleble en Hiroshima y Nagasaki. A los seres humanos ya no era necesario identificarlos para ser borrados de la faz del planeta. Ni siquiera en la muerte se les daba el reconocimiento de la individualidad.
En ese ambiente surgió la Declaración que hoy recordamos. Fue una reafirmación de la fe en las personas y en el destino que sabrían labrarse. Fue el reconocimiento de que el hombre, cada hombre y cada mujer, no sólo son testigos de la historia, sino sus protagonistas irreemplazables.
Hace 50 años quedó plasmada esta Declaración Universal que reconoce a todas las personas libres e iguales en dignidad y derecho. Ello significa un efectivo resguardo de la vida y, también, una proyección honorable de ésta en el tiempo.
A partir de ese 10 de diciembre de 1948, la concepción de los derechos de las personas queda plasmada en una estructura jurídica que actualmente se encuentra refrendada por todas las naciones de la Tierra. Y es guía señera para el Derecho nacional e internacional.
Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos no ha sido suficiente para excluir prácticas aberrantes contra ciudadanos por parte de los Estados o Gobiernos. Con demasiada frecuencia somos testigos de atropellos a los derechos fundamentales de las personas. Por eso, conviene en este aniversario volver a recordar el fundamento de los derechos humanos, que no es, desde luego, la libertad económica, ni la autodeterminación de los pueblos, ni los caprichos de ninguna entidad cultural, sino la inviolabilidad, autonomía y dignidad de la persona humana. Y por eso mismo es útil destacar que los derechos humanos son personales e individuales, no colectivos, porque no hay seres humanos colectivos, sino que todos somos individuos, y frágiles.
Podría decirse que el recuento de las transgresiones de los Derechos Humanos que, 50 años después de la Declaración, se cometen en numerosos puntos del planeta, hace sangrar los informes de las instituciones humanitarias, hace sangrar las conciencias de la fraternidad. Pero celebramos el aniversario, y lo hacemos por una razón muy sencilla: que no retrocedemos. Cierto, el avance es lento; no hay lentitud mayor que aquella que se mide con el más ambicioso de los sentimientos, el deseo.
Vamos primero a los datos negativos. Los derechos fundamentales son violados en 117 países. Algunos del meridiano económico occidental, como Canadá o España, han sido denunciados por su comportamiento con inmigrantes o refugiados. Otros, como el Afganistán de los talibanes, son el paradigma de la violación de todo derecho, añadiendo que, en lo que respecta a las mujeres, se acerca al genocidio. Los países del Golfo e Irán se caracterizan por sus ejecuciones, por el sometimiento de la mujer y la tiranía de los cabecillas. Irak y Turquía masacran a sus opositores y tratan de exterminar al pueblo kurdo.
Las cosas no son mejores en África. En Argelia, la revuelta islámica le sirve al poder para ejecutar a los disidentes.
En Suráfrica, la Comisión de Verdad y Reconciliación denunció estremecedores actos de violencia cometidos por todo el espectro político, aunque haya que distinguir entre el terrorismo del antiguo apartheid y los actos de venganza de sus víctimas. Ya no hay separación de razas en el país de Mandela, pero la discriminación económica elaborada por el pensamiento afrikáner todavía lastra el desarrollo de la mayoritaria población negra: el poder del dinero aún está en manos de la minoría blanca. Y con él, la educación, el único instrumento que tienen las personas para hacer más digno su lugar bajo el cielo.
América Latina sufre aún a la sombra de sus pasadas dictaduras; y en países como Colombia, Ecuador y las naciones centroamericanas se padece una violencia casi endémica. En el caso de Colombia, con una guerrilla que no respeta a la población civil campesina, con unos cuerpos policiales, militares y paramilitares que matan y siembran el terror, y con un narcotráfico que se va infiltrando en instituciones que no cumplen con su papel rector.
En Centroamérica, la tragedia se desarrolla por medio de la represión oficial y de bandas paramilitares contra la población desfavorecida, sobre toda la indígena (en Guatemala alcanza a 70 por ciento), con el objeto de impedirle participar en los medios de producción y sus beneficios.
¿Y qué decir de Estados Unidos? El país fundado en nombre de la democracia, la igualdad y la libertad no sólo impone su fuerza y su mercado, sino que sigue sin cumplir la promesa de hacer que los derechos sean para todos en su propio territorio. Las minorías siguen discriminadas; aumentan los ataques contra "gays" y lesbianas; la mayoría de las víctimas de asesinato son negras. Existe la pena capital, pero dictaminada por tribunales que son manipulables por quien más paga a los mejores abogados. Las minorías, de nuevo, llegan antes al corredor de la muerte.
Y, en fin, cómo no traer a vuestro recuerdo el horror de Tiananmen, sin juzgamiento a nivel mundial.
Y, pese a todo, celebramos, porque creemos en esa nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie puede decidir por otros, hasta la forma de morir, donde de verdad sea cierto el amor y posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Pero hablemos de nuestra patria. Chile mantiene una estructura jurídica acorde con estas concepciones, que se generan a partir de 1948. Incluso, nuestro ordenamiento recoge concepciones a tono con la modernidad y sus exigencias. La Constitución considera, por ejemplo, el recurso de protección, que es un reconocimiento al derecho a la garantía jurídica que la persona posee. Asimismo, contiene el recurso de amparo o hábeas corpus, que es un resguardo a su libertad.
Otras muchas disposiciones legales aseguran los derechos de las personas, en consonancia con lo que contempla detalladamente la Declaración Universal de las Naciones Unidas, que conmemoramos.
Pero, además, nuestra Carta Fundamental, en su artículo 5º, ha reconocido dos principios de singular trascendencia y relevancia en el orden del respeto a los derechos humanos. Uno de ellos estipula que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. El otro señala que los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes tienen validez en la legislación nacional, de modo que puedan invocarse directamente.
Finalmente, debo mencionar la ley Nº 19.123, de 1992, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Su vigencia era transitoria y tenía el propósito de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
A pesar de su vigencia temporal, dicha ley estableció un artículo de vigencia permanente, el 6º, que textualmente expresa: "Se declara que la ubicación de personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena".
Sobre la base de estas normas, vuestra Comisión de Derechos Humanos ha hecho una sugerencia que corresponderá al Honorable Senado considerar.
Tenemos la estructura. Chile, el mundo, cuentan con la estructura jurídica para resguardar los derechos humanos. Pero, en definitiva, la estructura jurídica es un andamiaje inerte si no existe la decisión o la capacidad de hacerla activa y eficiente.
Por ello, en estos 50 años hemos presenciado innumerables atropellos a los derechos elementales de las personas, a menudo llevados a cabo por organismos estatales. Y hemos comprobado cómo la destrucción del sistema de convivencia democrática trae aparejado el avasallamiento de esos derechos fundamentales. Para evitar que esto se consume, se ha pensado -criterio que compartimos- en el establecimiento del Tribunal Penal Internacional, jamás en la competencia de tribunales nacionales, para juzgar asuntos delictivos cometidos en territorio extranjero.
Las dictaduras y gobiernos autoritarios, como también la soberbia con que suelen actuar las grandes potencias, siguen siendo el principal obstáculo para que el contenido esencial de la Declaración Universal que hoy recordamos sea respetado y practicado. Y ello nos dice claramente que los derechos humanos sólo pueden tener vigencia en un sistema que vele por el interés general y no por los intereses grupales o personales.
En el Chile reciente vivimos una experiencia traumática. Hoy nos encontramos en la tarea de la reconstrucción. Pero los daños en la urdiembre moral no sanan fácilmente. Muchas veces los avances en el terreno político no son suficientes.
El perdón es una instancia privativa de la víctima. Pero, para que éste pueda llegar finalmente, antes deben producirse gestos de arrepentimiento y acciones de la sociedad para alcanzar la verdad y la justicia, en caso de que se trate de un problema como el chileno, que ha involucrado a todo el tejido social.
Sin la presencia de estos elementos, es imposible pensar en la reconciliación. Entre vencedores y vencidos no hay entendimiento: hay sumisión. En una sociedad sin verdad no existe un futuro compartido.
Es al Estado chileno al que corresponde arbitrar las medidas necesarias para que la verdad y la justicia alumbren oscuros pasajes de nuestra historia. Para ello no requiere intermediarios de ninguna naturaleza, por mayor aval moral que éstos puedan poseer, pero sin dejar de reconocer que las sugerencias de estos avales siempre serán útiles como estímulo a las acción de aquél.
En el cumplimiento de su función, el Estado tiene para utilizar la estructura jurídica que se ha dado a lo largo de los años. Tiene la solidez de sus instituciones y, finalmente, el respaldo de una inmensa mayoría de chilenos que quiere vivir en paz, mirando con optimismo el futuro.
Si el Estado de Chile no es capaz de desarrollar estas funciones, estaremos ante un grave dilema. Deberemos decidir qué hacer con nuestro sistema de convivencia, porque estará cayendo en la falacia de construir una democracia sin respetar la verdad, sin buscarla ocupando en ello todos los medios de que dispone.
La democracia, el más alto sitial en que se ubican los derechos humanos, no es una convención política hueca. Se llega a ella mediante el ejercicio político. Pero éste es sólo un medio para alcanzar el fin, que es un sistema democrático en plena vigencia. Y una democracia plena no puede existir si organismos, instituciones, grupos o personas quedan excluidos de la estructura de derecho que sirve de sostén al sistema. Éste es el juego del poder. Y la visión democrática de él lo coloca en función del beneficio general. No de unos pocos. No del respeto a privilegios.
Nadie puede estar por sobre la instancia que representa a todos, que es el Estado. Nadie puede pretender vivir en la sociedad chilena manteniéndose al margen de las resoluciones de la Justicia, de las acciones del Gobierno, de las iniciativas del Parlamento.
Esta situación que hoy preocupa a los chilenos será trascendental para el desarrollo de la nación. Porque los derechos humanos constituyen la roca madre en que debe asentarse la estructura del sistema democrático, con pleno respeto a la autonomía de los pueblos para decidir sus sistemas de convivencia, subordinados, naturalmente, a un régimen de derecho que garantice la justicia.
Porque lo que aquí está en juego, en definitiva, es la dignidad humana, pues los derechos humanos no son asunto o privilegio de colores o partidos políticos, son patrimonio de todos los chilenos y de la totalidad de la humanidad.
Y esto nos toca profundamente. Nos preocupa porque creemos que los viejos principios están más vigentes que nunca. La modernidad no destruye los valores esenciales. Se equivocan quienes piensan que con la modernidad ha llegado el momento de privilegiar sólo el pragmatismo; de avanzar sólo en la senda del materialismo, empujados por un individualismo sin freno.
La modernidad, por el contrario, requiere de principios y valores que le den sustento humano; que le entreguen un marco en el que alcanzar su desarrollo. Si no logra rescatar la justicia, la igualdad, la fraternidad, la libertad, la modernidad se esfumará como un momento más de la historia humana. Un momento vacío, que deberemos reemplazar sin demora para continuar construyendo el futuro.
En Chile necesitamos llevar a cabo esfuerzos consistentes para superar los problemas que nos ha dejado el pasado. Las heridas aún están abiertas. Y en estos días hemos tenido pruebas dramáticas de ello. Si no somos capaces de curar las laceraciones, de nada servirán los esfuerzos por crear un mundo más justo, más bello, más humano, más unido.
Mientras existan focos de insatisfacción en el campo de los derechos humanos, nuestra herida continuará sangrante, y el anhelo por alcanzar la paz parecerá alejarse. No habremos logrado la finalidad ética de nuestra vida y de nuestra acción. No podremos afirmar, por tanto, que hemos cumplido el deber constitucional de estar al servicio de la persona humana. Y para nosotros, en este elevado cenáculo de la República, ése no sólo es un deber constitucional ético relevante, sino que también político y fundamental.
Ésta es la mirada preocupada e inquieta por el futuro. Pero no sería justo quedarnos sólo en ella. El hecho de que hoy podamos conmemorar esta fecha a nivel mundial habla claramente de un planeta en que las sociedades ven a las personas de una manera más responsable. Y ello es un mensaje que debe quedar grabado con caracteres de optimismo.
Las nuevas generaciones, que traen con ellas el hálito del futuro, nacen en un mundo consciente de los derechos que asisten a las personas. Traen consigo esta concepción humanista que tantas centurias ha demorado en imponerse y sin la cual la vida en la Tierra pareciera no tener sentido.
Nuestra misión es colaborar con estos nuevos aires. Traspasarles la experiencia de errores cometidos en el pasado, y aportarles los logros que hemos podido alcanzar.
Termino mis palabras con una reflexión que me parece necesaria. En un mundo globalizado, los derechos humanos son el referente indispensable, guía del presente y que alumbrará el futuro. Son la base sustantiva de la democracia.
Y mientras caminamos hacia ese mundo en que compartiremos todo, es fundamental que comencemos por reconocer las bases éticas que marcarán sus lindes. Ellas son, sin lugar a dudas, las que sirven de cimiento al pensamiento humanista. Aquellas que rescatan al hombre y a la mujer como elemento central de la preocupación de la sociedad. Que reconocen su felicidad como el objetivo primordial de la vida en la Tierra.
De allí que tendremos que avanzar hacia el logro de una estructura jurídica que asegure a todos los habitantes del planeta un trato igualitario. Mientras ello no ocurra, seguiremos siendo testigos, a menudo impotentes, de abusos cometidos en aras del respeto a principios éticos que compartimos, pero que no son aplicados a todos por igual.
Seremos testigos, en fin, de la desigualdad en la aplicación de ciertas normas sobre algunos países que tratan de estructurar sistemas democráticos de convivencia, respondiendo a la correlación de fuerzas que les es propia. Porque cuando de la vigencia de la democracia se trata, es necesario ser ético. Y la primera condición de la ética es actuar con la verdad. Reconocer la realidad.
Para que los derechos humanos no sean una utopía, ni tampoco sólo una declaración ampulosa, es necesario partir por reconocer los derechos de todos. Los chilenos sentimos que eso hoy no ocurre. Pareciera que se pretende, una vez más, transformarnos en objeto de experimentación social, ahora en el campo de la juridicidad.
Cualquier humanista defenderá inclaudicablemente la globalización de un comportamiento ético esencial, como es el respeto a los derechos humanos. Pero para que la globalización en este sentido se ubique, al menos, en el nivel del respeto que se da al intercambio globalizado, debe existir una base institucional que asegure un comportamiento igual para todos. Actuar de otra manera es seguir aplicando una correlación de fuerzas que les es favorable a las grandes potencias, también en el plano de la moral. Y eso, ya sabemos, no es más que una posición cosmética, abusiva. Una posición que no ayuda al rescate de la ética que tanto se necesita, precisamente, para crear una cultura global.
Invoco a la claridad de nuestras conciencias para que nos den la luz suficiente que nos permita encontrar, para bien de Chile y de su pueblo, la solución que todos esperan en función de la unidad. Para que el mundo continúe siendo cada vez más humano, y las mujeres y hombres puedan alcanzar en él la felicidad que merecen.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Creo interpretar a los señores Senadores al manifestar que considero muy interesante la intervención del Honorable señor Silva.
Hago presente que, por acuerdo de los Comités, la sesión de mañana se iniciará a las 15:30 y culminará a las 17:30.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Sólo deseo confirmar algo que oí, para tener claridad sobre la materia. Entiendo que mañana sólo escucharemos al señor Ministro de Educación y al señor Presidente de la Comisión técnica.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ése fue el acuerdo. Mañana no se pondrá en votación el proyecto. Sólo oiremos al Ministro del ramo y al Presidente de la Comisión de Educación .
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Que es el Honorable señor Muñoz Barra, quien espero que nos interprete a todos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Respecto a cualquier otra proposición sobre la tabla, hay interés de los señores Comités de reunirse para resolver sobre algunos informes que eventualmente puedan llegar.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Complementando la consulta del Honorable señor Ruiz-Esquide, ello significa que la discusión general del proyecto sobre las universidades estatales se realizará una vez que volvamos de nuevo a sesiones.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Así es.
El señor MATTA.-
El martes 22 de diciembre.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Entiendo que lo que se postergó fue la votación.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
No.
El señor LARRAÍN.-
¿O se postergó también el debate? Entonces, mañana habrá dos exposiciones y nada más.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Así es.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
___________________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior , de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, acerca de PLANES Y OBRAS DE DESARROLLO PARA COMUNA DE TORTEL EN UNDÉCIMA REGIÓN.
A los señores Ministros del Interior , de Educación, de Obras Públicas y de Bienes Nacionales, sobre PROBLEMAS Y BENEFICIOS PARA COMUNIDAD DE PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA POR PRÓXIMA CONEXIÓN DE CAMINO DESDE LAS JUNTAS (UNDÉCIMA REGIÓN).
A Ministro del Interior , relativo a CREACIÓN DE COMUNA EN LAS JUNTAS.
Al Ministro de Educación, respecto de CREACIÓN DE LICEO EN LAS JUNTAS.
Al Ministro de Obras Públicas, relacionado con OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS JUNTAS Y PUYUHUAPI.
Al Ministro de Salud Pública, referente a MÉDICO PARA POSTA DE SALUD DE LAS JUNTAS (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Ministros de Economía y de Obras Públicas, sobre CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE PESCADORES ARTESANALES Y DE RAMPA PARA TRANSBORDADORES EN MELINKA (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , en cuanto a HABILITACIÓN DE CAMINO ENTRE MELINKA Y REPOLLAL y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN SECTOR SUR DE RÍO FIGUEROA (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , referente a SITUACIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR ADJUDICACIÓN DE PREDIO EN FUNDO "EL VENADO" (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Subsecretario de Marina y al señor Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, acerca de POLÍTICA DE FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN BORDE COSTERO DE CHILE.
Al señor Intendente de la Undécima Región , sobre REAPERTURA DE CAMINO VECINAL EN PENÍNSULA DE LEVICÁN, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas , concerniente a UNIFORMIDAD EN SEÑALIZACIÓN EXISTENTE EN CARRETERA 5 SUR.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas , tocante a PAVIMENTACIÓN DE RUTA CENTRAL RAPEL-LITUECHE (SEXTA REGIÓN).
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, tocante a SITUACIÓN QUE AFECTA A FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES.
Al Consejo de Rectores, acerca de DIFICULTADES DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA DE UNDÉCIMA REGIÓN PARA POSTULAR A EDUCACIÓN SUPERIOR.
___________________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
CINCUENTENARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , después de la importante exposición del Honorable señor Silva , creo que corresponde adherir a la celebración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al respecto, quisiera hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, al terminar este siglo tan violento y turbulento, si algo se puede rescatar de él es sin duda el hecho de que se haya establecido como norma universal entre las naciones el respeto a los derechos humanos, que viene, como todos sabemos, de la independencia de los Estados Unidos y de la declaración de la Revolución Francesa.
En segundo lugar, es importante señalar que los problemas más graves de violación de los derechos humanos que han ocupado a la comunidad internacional en esta última mitad del siglo provienen, en primer término, de las violaciones a los derechos civiles ocurridas en los Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a las minorías de origen africano. Por cierto, la figura de Martin Luther King es señera en este sentido, quien pagó con su vida la lucha por los derechos civiles.
En tercer lugar, como muy bien lo señaló el Honorable señor Silva , está el dramático caso del "apartheid" en Sudáfrica, que tal vez sea el problema que, junto con el de Namibia, más ocupó a las Naciones Unidas en esta materia.
En tercer término, estuvo todo lo que se denominó la lucha por las libertades en los países de la órbita soviética, especialmente en lo referente al caso de los disidentes. Y ahí, por cierto, hay muchos nombres ilustres que se pueden mencionar. Yo, por lo menos, quiero rescatar el del famoso científico Sájarov .
En cuarto lugar se halla la lucha por el respeto a la persona humana, en cuanto a las dictaduras latinoamericanas, las que surgieron a partir del golpe militar en Brasil en 1964. Y estimo que al respecto también hay mucho que hablar, pues sin duda ello provocó una fuerte conciencia, especialmente en las naciones de Europa, acerca de la importancia de los derechos humanos.
Personalmente me tocó conocer muy de cerca la forma como el impacto de las noticias de lo que ocurría en nuestro continente marcaba a una generación joven de europeos que nacían a la vida pública.
Considero importante señalar que a partir de todo ello surgió un fuerte movimiento a nivel internacional en favor de los derechos humanos. Movimiento que no tiene una adscripción política determinada; que no es de izquierda, de derecha ni de centro, y que tampoco tiene una adscripción religiosa, sino que, justamente, se basa en que personas de muy distinta concepción filosófica o religiosa pueden adherir a una causa común. El más importante de todos es Amnesty International.
Quienes conocemos la actuación de Amnesty sabemos perfectamente que es una red internacional de ciudadanos que luchan por la libertad de los prisioneros de conciencia -no de los que han empuñado las armas- en cualquier lugar del mundo. A mi juicio, se trata de uno de los organismos de mayor transcendencia a nivel internacional. Con orgullo puedo señalar que ocupó la Secretaría General de ese organismo el abogado chileno José Zalaquett .
Ellos han salvado muchas vidas en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Y considero sumamente injusto que hoy día, por una situación muy coyuntural, como es la actuación de determinado lord de la ley en Inglaterra, se cuestione a Amnesty International. Por el contrario -como dije-, es algo que enorgullece a la ciudadanía global naciente.
Por otra parte, es necesario destacar que los Estados normalmente invocan dos razones para defenderse de los ataques o de las críticas que reciben cuando violan los derechos humanos. La primera es la defensa de la soberanía: "Nadie se meta en mi frontera. Yo soy dueño de hacer lo que quiera dentro de mis fronteras, aunque sea el dictador más omnímodo". Sin embargo, ese principio está siendo crecientemente abandonado.
Cabe recordar que en un importante artículo del profesor Miguel Schweitzer se señala que incluso en el período del Régimen militar, cuando se aceptó la primera comisión investigadora extranjera, "el Gobierno de Chile reconoció la jurisdicción internacional".
Me parece que hoy día, salvo contadas excepciones, no existe ningún país completamente insensible a la conciencia internacional en materia de derechos humanos, ni siquiera la China Popular, Cuba, Irán, Libia o cualquier otro.
El problema que se nos presenta es cómo armonizar la soberanía nacional, con todo lo que ella significa, con el valor universal de los derechos humanos. Y, básicamente, a raíz de lo planteado surgió la tendencia de crear el Tribunal Penal Internacional. Porque con eso se reafirma con toda claridad que no hay un Estado legítimo si viola los derechos de sus ciudadanos, y que éstos pueden reclamar -¿ante qué?- ante un organismo que antiguamente se llamaba el "ius cogens", una cierta conciencia universal respecto de que la soberanía tiene un límite, como bien lo establece el artículo 5º de nuestra Constitución Política.
Ahora bien, tal límite no puede ser sólo ético. Ya no basta. Porque así como se ha globalizado la economía, debe existir también un germen de autoridad internacional. Por eso es tan importante el Tratado de Roma, donde se crea el citado Tribunal. Hoy día, como todavía éste no existe, se produce, a raíz del caso que afecta al General Pinochet, la confusión de que cualquier Estado se atribuye jurisdicción, porque no hay una instancia clara.
Estimo que si uno adhiere de verdad y con sinceridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a su aniversario, debe comprometerse a ratificar el Tratado que crea la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos, porque -como señalé en un debate esta mañana- la Corte Interamericana de los Derechos Humanos -integrada también por un distinguido jurista chileno, el señor Máximo Pacheco - carece de imperio. ¿Cómo se reclama? ¿Cómo se llega hoy día a la Corte? La persona afectada debe agotar las instancias de la justicia nacional; después de eso reclama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y, si ésta lo estima apropiado y el Estado lo acepta, el caso va a la Corte Interamericana. Y lo que ésta resuelva no es obligatorio. No es como la Corte de Estrasburgo.
Por eso, por ejemplo, los Gobiernos peruano, uruguayo y argentino han sido condenados por la Corte de San José de Costa Rica, pero no cambian su legislación. Se ha condenado fuertemente el trato inhumano que sufren los presos en el Perú; sin embargo, no cambia la situación. Una delegación de Parlamentarios chilenos visitamos a una chilena detenida en el vecino país, la que por cierto es responsable, pero no por ello se pueden violar sus derechos humanos como ocurre allí.
Por lo tanto, seguramente la situación existente será alterada en el siglo que viene. Y creo que ése es el paso más significativo que se puede dar en materia de derechos humanos.
Por otro lado, se argumenta que los derechos humanos son sólo de la cultura occidental, y que para las de otra naturaleza no rigen de la misma manera, lo cual es un profundo error.
Recomiendo que Sus Señorías lean un libro muy interesante de la Premio Nobel de la Paz, señora San Suu Kyi, disidente de Birmania , quien acaba de terminar una prolongada huelga de hambre y sufre arresto domiciliario. En el libro argumenta con mucha convicción y fuerza que los derechos humanos son también válidos para las culturas del Asia, especialmente de corte budista o de otro tipo. Es decir, tales derechos no rigen sólo en occidente, sino también en el Islam, en la cultura africana y, por cierto, en América Latina. En consecuencia, nadie puede alegar una especificidad cultural o religiosa para sostener: "Mire, los derechos humanos yo los entiendo de manera distinta".
¿Cuál era el gran debate cuando existía un comunismo fuerte en el mundo? Por ejemplo, en la Reunión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, el Occidente sostenía: "Yo respeto los derechos civiles y políticos", y los países comunistas respondían: "Yo respeto los derechos económicos y sociales". Pero ocurre que los derechos humanos son indivisibles. No se puede argüir que para dar de comer a la gente hay que mantenerla esclava, y tampoco que basta la libertad abstracta, si la gente se muere de hambre y no tiene trabajo, atención de salud ni educación. Por lo tanto, los derechos humanos, bien entendidos, son una referencia ética global, de la cual debieran hacerse cargo todos los partidos, todas las opciones políticas y todas las instituciones de un Estado.
Señor Presidente , espero que los derechos humanos, en nuestro país, donde por los avatares de nuestra historia han sido una suerte de bandera de lucha frente a los abusos del poder, puedan llegar a ser patrimonio de todos. Y creo que hay síntomas muy importantes en tal sentido. Por ejemplo, el hecho de que actualmente existan cátedras de derechos humanos en las universidades y en Carabineros de Chile; de que en las academias militares se empiecen a estudiar estas materias, y de que no se considere a quien habla sobre derechos humanos como persona sospechosa, como que "trae algo bajo el poncho", porque la verdad es siempre el recurso de la víctima.
Indudablemente, nadie es perfecto y cuando alguien se siente afectado puede ser que, además de eso, sin quererlo -o queriendo alguno-, de repente la lucha por los derechos humanos se contamine con cuestiones ideológicas. Pero lo importante es saber discriminar y valorizar la lucha por los derechos humanos, independientemente de las opciones políticas de cada cual.
Por eso, considero muy oportuno que la Comisión haya encargado a su Presidente pronunciar un discurso de fondo sobre el particular, el cual fue, a mi juicio, de gran trascendencia.
Sólo quería, en nombre de los Senadores socialistas, adherir a este aniversario.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, en el turno del Comité Institucionales 2, el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , deseamos adherir al homenaje que con justicia se rinde al aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y creo que prestigiaría al Senado que se publiquen el discurso del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , y las reflexiones tan interesantes que acabamos de escuchar al Honorable señor Viera-Gallo .
Quiero destacar que algunos chilenos han jugado un rol fundamental en esta revolución cultural y jurídica que ha representado la afirmación internacional de los Derechos Humanos.
El Honorable señor Viera Gallo mencionó a dos, a los cuales pueden añadirse muchos otros, como Roberto Garretón , quien fue el Relator designado por las Naciones Unidas para el análisis de la situación de derechos humanos en determinados países. Pero, por sobre todos, deseo recordar a Hernán Santa Cruz , Embajador de Chile ante las Naciones Unidas durante el Gobierno del Presidente González Videla, integrante de la comisión redactora de la Declaración, encargado por ese organismo de hacer la presentación oficial del documento en el Palacio de Chaillot, en París, el 10 de diciembre de 1948.
Creo que esos hombres permiten a Chile exhibirse con orgullo ante la comunidad internacional como un país comprometido de verdad en el tema de los derechos humanos y en un sentido positivo, y como nación que ha sabido contribuir efectivamente a que este paso tan significativo en la historia de la Humanidad se diera.
Por eso, señor Presidente , formulo moción para que con motivo de este cincuentenario el Senado haga llegar un especial saludo al Embajador Hernán Santa Cruz , agradeciéndole el papel tan relevante que jugó en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el saludo solicitado en nombre de Su Señoría, con la adhesión del Partido Socialista. Lamentablemente, en este momento no contamos con el quórum necesario para hacerlo en nombre del Senado.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , hace 50 años la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en París, proclamó al mundo la sólida Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta -como lo señala el Preámbulo- que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
Los horrores vividos durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda movieron a distintos Estados, golpeados por el conflicto, a suscribir en 1945 la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 55 -uno de sus preceptos más importantes- dispuso que "con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones...la organización promoverá el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".
En cumplimiento de ese mandato, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas constituyó en 1946 una Comisión de Derechos Humanos. De allí nace, después de dos años de profundos debates entre las diversas corrientes del pensamiento filosófico, político y moral, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada -sin ningún voto en contra- por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.
Tras 50 años de vigencia de este importante instrumento internacional, conviene reflexionar, en líneas muy generales, en torno de lo que llamamos "derechos humanos".
¿Qué son los derechos humanos? Interrogante, tal vez, demasiado compleja para ser abordada en una breve intervención como ésta. No obstante, esbozaremos dos o tres ideas a fin de no perder de vista las verdades más evidentes y los principios más elementales sobre la materia.
Desde una perspectiva histórica, los derechos humanos no son sino objetivos buscados y alcanzados por el desarrollo de las luchas ideológicas y políticas en Occidente y en el mundo. Constituyen, pues, un conjunto de reivindicaciones, una conquista social que siempre requerirá ser profundizada.
Para la ética, los derechos humanos son atributos fundamentales que pertenecen al hombre en cuanto tal. Dicho de otra forma, tales derechos emanan de la naturaleza o esencia humana y, por lo tanto, corresponden al hombre per se. No son, en consecuencia, un regalo de la autoridad o del Derecho. Por el contrario, preexisten a todo ordenamiento jurídico, porque son connaturales a la persona humana. Jacques Maritain afirma enfáticamente que "hay" naturaleza humana y que de ella arranca un conjunto de derechos inalienables al hombre. En opinión del jurista Antonio Truyol "decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico espiritual, que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados".
Y, ¿por qué ha de ser el hombre titular de tales derechos? Para el humanismo cristiano la respuesta es un dogma de fe que arranca de la dignidad suprema del ser humano. Relata el Génesis: "Creó Dios al Hombre a imagen y semejanza suya -Formó, pues, el Señor Dios al Hombre del lodo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida, y, así, quedó hecho el hombre viviente con alma racional". Juan XXIII , en su encíclica "Pacen in Terris", nos ilustra con otro hermoso paisaje bíblico la dimensión divina de la dignidad humana: "Has hecho al hombre" canta el salmista- "poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y honor. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies" (Salmo 104).
No podemos olvidarnos, entonces, que detrás del concepto "derechos humanos" -tan reiterado en el discurso político- se esconde un valor ético que se traduce en el reconocimiento pleno de la dignidad, igualdad y fraternidad de todos y cada uno de los miembros de la humanidad. Este reconocimiento, consagrado tanto en el Derecho nacional como en el internacional, es el único camino que puede acercarnos a la aspiración universal de paz y justicia sobre la tierra.
Hay una verdad poco dicha: los derechos humanos suponen siempre deberes humanos. Se dice con frecuencia que es el Estado el que está llamado a respetar los derechos humanos, casi sin reparar en que eso que llamamos Estado es un ente abstracto formado por personas. Insisto, por ello, en la idea de que los derechos humanos suponen siempre deberes humanos. Asi las cosas, el deber de respetar tales derechos recae en todos y cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo avanzar hacia una cultura basada en el respeto de los derechos y libertades fundamentales? Estoy convencido de que, más allá de los tratados internacionales y de las leyes, más allá de las sanciones y los métodos coercitivos que eventualmente pudieran compeler al cumplimiento de las normas que reconocen y garantizan el respeto a los derechos humanos, la educación sigue siendo el camino más confiable para prevenir las violaciones a estos derechos y la única semilla que puede engendrar una conciencia social que nos dé, en el largo plazo, suficientes garantías de paz y justicia.
La propuesta de incorporar la enseñanza de los derechos humanos tiene su origen en la propia Declaración Universal de 1948. En efecto, el artículo 26 reconoce el derecho a la educación gratuita para toda persona, cuyo objeto -agrega- es "el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el fomento de la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos" para lograr "el mantenimiento de la paz". Es, pues, a partir de tal declaración que se ordena la enseñanza en y para los derechos humanos y se extiende su importancia al mundo de la escuela, la universidad, la empresa, en fin, a todos los espacios de la sociedad civil.
Coincidimos con el tratadista Ortiz Rivas cuando, reflexionando sobre este punto, afirma que "no se trata de enseñar simplemente los derechos humanos, de aprenderlos y recitarlos o aun de aplicarlos individualmente. El problema radica en lograr una educación permanente y profunda en y para los derechos humanos, porque su violación no proviene sólo de las balas y la cárcel, sino también de la miseria, el hambre, la explotación, en pocas palabras, de la injusticia social".
En este contexto, el gran mérito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consiste en haber recogido ciertos principios de validez general en un instrumento jurídico internacional que emerge, en pleno siglo XX, como un homenaje a la paz y un testimonio contundente de la aspiración universal que busca alcanzar una convivencia fraterna entre los Estados.
Precisamente, después de que la ciencia y la tecnología nuclear exhibieran sus tristes progresos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el mundo, estremecido por el azote brutal de la guerra, levantaba una sola voz para proclamar el derecho inalienable a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la familia, a la educación y al trabajo.
No cabe duda de que el progreso de la humanidad no se mira sólo por el avance de la ciencia o de la técnica, sino fundamentalmente por el progreso de la vida moral y el realce de los valores espirituales. En este sentido, la Declaración Universal de 1948 constituye un paso gigantesco en el progreso moral del género humano. El contenido axiológico del documento en cuestión sirvió de base a numerosas Constituciones Políticas de diversos Estados, las que recogieron o reprodujeron sus normas.
El Derecho Internacional (que tradicionalmente regulaba las relaciones jurídicas entre los Estados) daba ahora un importante salto evolutivo, convirtiendo al hombre en el nuevo protagonista de la normativa internacional. A partir de la Declaración Universal, aprobada por las Naciones Unidas -cuya validez jurídica ha sido controvertida-, los Estados aprobaron convenios, tratados internacionales y una serie de pactos sobre derechos humanos, todos ellos con carácter vinculante para los Estados signatarios. Chile, por ejemplo, ha ratificado en esta materia varios instrumentos internacionales, entre los cuales destacan los siguientes: el 6 de junio de 1953, la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio; el 20 de octubre de 1971, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; el 10 de febrero de 1972, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el 30 de septiembre de 1988, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el 7 de diciembre de 1989, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer; el 13 de agosto de 1990, la Convención sobre los derechos del niño; y, finalmente, el 28 de mayo de 1992, el primer Protocolo facultativo del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.
Como se ve, nuestro país no se ha quedado al margen de esta evolución, orientada hacia la protección de la persona humana, que el Derecho Internacional ha venido exhibiendo durante la segunda mitad del siglo XX.
Pero, ¿cuál es el desenlace natural de esta evolución? Cómo lo ha dicho René Cossin , ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aún falta alcanzar una última etapa caracterizada por "el establecimiento de órganos jurisdiccionales encargados de controlar el respeto a estos convenios; y, en general, la adopción de medidas internacionales coactivas para hacer cumplir efectivamente los derechos del hombre".
Nadie puede ver en esta jurisdicción internacional, debidamente delegada por los Estados signatarios, ninguna suerte de injerencia o intromisión ilegítima en la soberanía nacional. En el mensaje enviado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1973, el Papa Paulo VI interpelaba a los Estados miembros con la siguiente reflexión: "¿Acaso no es verdad que el medio más seguro con que cuenta el Estado para evitar intromisiones del exterior es precisamente reconocer y asegurar él mismo en los territorios de su jurisdicción el respeto de los derechos y libertades fundamentales?".
En la línea de una jurisdicción universal avanza lo que la doctrina denomina el " Derecho Internacional de la Persona Humana ". Y Chile, siendo un país de larga tradición democrática, no debe ni puede excluirse de este proceso globalizador. Por ello, creo que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional deben promover las instancias necesarias para hacer realidad la aspiración de un Tribunal o Corte Internacional, en la medida en que se concreten en ese órgano las garantías suficientes de imparcialidad, legalidad o juridicidad, publicidad y debido proceso.
En el quincuagésimo aniversario de la solemne Declaración Universal de los Derechos Humanos, dejo planteadas en esta Sala mis modestas reflexiones sobre este tema, y espero que, en medio de la compleja hora que vivimos, seamos capaces de empeñar, cada uno en su ámbito, un nuevo y renovado compromiso de respeto hacia los derechos humanos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Restan quince minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
No haremos uso de ellos, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Dentro del tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , antes de ceder nuestro tiempo al Comité Institucionales 1, quiero, en nombre del Comité UDI e Independientes, señalar que, por considerar que los derechos de la persona humana son anteriores y superiores a los del Estado -porque éste se encuentra al servicio de la persona, y no al revés, y porque, como lo señala nuestra Constitución, existen derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana-, adherimos a la conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por la misma naturaleza de la materia a que se refiere esa declaración, consideramos que deben protegerse todos los derechos de las personas, y no sólo algunos; que deben condenarse, con la misma fuerza, todas las violaciones que se cometan contra esos derechos, cualquiera sea el lugar donde aquello ocurra, y que perjudica a la defensa de los derechos humanos la pretensión de politizar la defensa de ellos o que éstos se defiendan selectivamente. Creemos también que tampoco una nación, en forma discriminatoria, puede pretender imponer a otra una supuesta jurisdicción, la cual nunca ha sido conferida.
CARTA DE SENADOR SEÑOR PINOCHET A LOS CHILENOS
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , con motivo de la conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, me ha parecido de plena validez hacer presente en esta oportunidad, a través de la lectura de un documento, el pensamiento del Senador de la República señor Augusto Pinochet Ugarte , quien se encuentra impedido de hacerlo personalmente por encontrarse secuestrado y retenido por la fuerza en Inglaterra.
Creo que el derecho a expresarse del Senador señor Pinochet nace fundamentalmente de todas las expresiones planteadas en torno de los derechos humanos. Por esa razón, por considerar que su voz está impedida de hacerse oír y porque éste es el momento para hacerla escuchar, cuando justamente hablamos de los derechos humanos (el derecho a expresión, el derecho a tomar parte en la vida cívica del país); y, además, por considerarla como un documento histórico del máximo valor, he estimado oportuno dejar constancia en la Versión Taquigráfica de la carta a los chilenos que desde la distancia el Senador señor Pinochet dirige a la nación para exponer su punto de vista.
Insisto: creo que conmemorar hoy día transmitiendo este mensaje de parte de quien está impedido de concurrir al Hemiciclo es una contribución a este concepto de derechos humanos que, por desgracia, poco se comenta, y nace, fundamentalmente, de la existencia de deberes de las personas, deberes humanos antes que derechos. Y toda la problemática que estamos viviendo no habría existido si primero hubiéramos recordado que, para tener derechos, primero hay que cumplir deberes.
El texto de la carta que el Senador señor Pinochet dirigió a los chilenos es del siguiente tenor:
"Impedido de regresar a mi país, y viviendo la experiencia más dura e injusta de mi vida, quiero agradecer a mis compatriotas todas las nobles muestras de cariño y de apoyo que me han dado, sin las cuales estas horas de prueba y soledad serían incomparablemente más tristes para mí y para mi familia. Mi gratitud quisiera expresarla con algunas reflexiones venidas a mi mente en estos penosos días, que pueden ayudar a descubrir la verdad y la justicia de la historia que se juzga.
"El país sabe que nunca busqué el poder. Por eso cuando lo ejercí jamás me aferré a él y cuando llegó el momento de entregarlo, de acuerdo a nuestra Constitución, lo hice lealmente. Ningún historiador, ni aun el más sesgado y poco objetivo, puede ni podrá mañana sostener de buena fe que mis actuaciones públicas respondieron a una supuesta ambición personal o a cualquier otro motivo que no fuera el bien de Chile. Al contrario, siempre pensé que debía orientar el llamado a servir a mi patria, que desde pequeño latía en mi corazón, a través de la carrera militar. Siempre supe que el juramento que un día hice ante Dios y ante nuestra bandera, siendo apenas un adolescente, lo iba a cumplir. Precisamente por nuestra sólida formación moral, los soldados aprendemos a descubrir tempranamente cuánto dolor y pérdidas irreparables provocan las guerras. De allí que, como gobernante, haya sido infatigable e irreductible en mi afán por evitar los conflictos armados, por buscar en todo momento la paz para Chile, aun cuando se hayan cernido sobre nosotros todo género de amenazas.
"Frente a la dramática encrucijada en que fue puesto nuestro país por el gobierno de la Unidad Popular me resistí a actuar hasta el final, no obstante, el clamor ciudadano que golpeaba las puertas de los cuarteles pidiendo nuestra intervención. Esperé, no por temor sino por una secreta esperanza de que se pudiera superar pacíficamente aquella extrema situación de crisis institucional, que fuera denunciada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, la Honorable Cámara de Diputados y otros órganos de nuestra institucionalidad. Nadie mejor que un soldado sabe cuán incontrolables son los enfrentamientos armados cuando no se combate contra un ejército regular. No fue posible evitarlo y, finalmente, tuvimos que asumir la conducción del país aquel histórico 11 de septiembre, no sin antes encomendar el éxito de nuestra misión a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen , Patrona de nuestras Fuerzas Armadas y Reina de Chile. Siempre he tenido y tendré en lo más profundo de mi corazón el recuerdo y un sentimiento de gratitud y admiración hacia esa generación de soldados, marinos, aviadores y carabineros, que participaron en esa jornada patriótica y realizaron tantos sacrificios heroicos.
"Sobre aquella gesta, valga solamente una reflexión. Las Fuerzas Armadas y de Orden no destruyeron una democracia ejemplar, ni interrumpieron un proceso de desarrollo y de bienestar, ni era Chile en ese momento un modelo de libertad y de justicia. Todo se había destruido y los hombres de armas actuamos como reserva moral de un país que se desintegraba, en manos de quienes lo querían someter a la órbita soviética.
"Creo firmemente en la unidad del país. Todo lo que he hecho a lo largo de mi vida no ha tenido otra razón de ser que producir el reencuentro de los chilenos con su común destino superior. Estoy profundamente convencido que nunca han tenido ni tendrán futuro los países que no logran descubrir la misión histórica que están llamados a cumplir. Tengo la certeza de que nunca han podido ni podrán entender los desafíos que les depara el porvenir, aquellas naciones que olvidan o reniegan de su historia. Que jamás serán felices ni tendrán un buen porvenir los pueblos que son fácilmente seducidos por la prédica del odio, la venganza o la división.
"Soy un hombre que pertenece a un tiempo histórico y a unas circunstancias muy concretas. El siglo que ya termina bien podría ser definido como uno de los más crueles que la humanidad haya conocido. Dos atroces guerras mundiales y una guerra ideológica que sojuzgó a más de media humanidad lo han marcado profundamente, al confrontarse dos visiones absolutamente opuestas. El dilema era: o vencía la concepción cristiana occidental de la existencia para que primara en el mundo el respeto a la dignidad humana y la vigencia de los valores fundamentales de nuestra civilización; o se imponía la visión materialista y atea del hombre y la sociedad, con un sistema implacablemente opresor de sus libertades y de sus derechos.
"En el transcurso de este siglo se llegó a buscar el exterminio de toda una nación, bajo el pretexto de supuestos ideales étnicos.
"El comunismo, por su parte, esa verdadera antirreligión, le costó a la humanidad las vidas de millones de seres humanos en toda Europa, y de otras decenas de millones de niños, mujeres y hombres en los diferentes países de Asia. También en América el marxismo sembró la muerte y la destrucción. No sólo en sus intentos revolucionarios sino con la prédica universal del odio y la lucha de clases, y con la exportación de la guerrilla y el terrorismo. Por ese gigantesco genocidio, por los sistemas más brutales de opresión, los peores que recuerde la humanidad, nadie pide justicia y probablemente nunca la habrá. Al contrario, quienes provocaron esos males, quienes dispusieron en nuestros países de armas y financiamiento soviéticos para realizarlos, quienes promovieron y predicaron a nuestros pueblos la siniestra ideología del socialismo marxista, son los que se levantan hoy como mis jueces.
"Todo lo que hice como soldado y como gobernante lo hice pensando en la libertad de los chilenos, en su bienestar y en la unidad nacional, objetivos superiores al logro de los cuales, quienes actuamos el 11 de septiembre, consagramos todos nuestros desvelos. No hicimos promesas. Sólo nos propusimos transformar a Chile en una sociedad de hombres libres y democrática, donde a sus ciudadanos se les respetara el derecho a crear y emprender libremente sus iniciativas, para que se hicieran dueños de sus propios destinos y no esclavos del Estado y menos de otras naciones.
"Nos propusimos hacer de Chile una gran nación, y creemos firmemente haber contribuido a lograrlo, sin perjuicio de que algunos países en el mundo aún no lo valoran, como no valoran que después de una transición pacífica nuestro país tenga hoy un verdadero régimen democrático, en el que todas sus instituciones funcionan plenamente.
"Los tiempos, sin embargo, cambiaron. Se derrumbó el comunismo. Quedaron al descubierto los "socialismos reales" y la humanidad pudo conocer una historia de crímenes, injusticias, explotaciones humanas, fracasos y mentiras como jamás ni el más acérrimo adversario pudo imaginar. En Chile, el resultado de nuestra historia es que este desconocido y lejano país pudo superar con éxito la prueba más grande que haya tenido que enfrentar en este siglo. En una verdadera hazaña, que sus agentes nunca nos perdonarán, pudimos demostrar antes que nadie que era posible derrotar al poderoso "imperio de la mentira y del odio". Aseguramos nuestra libertad y emprendimos temprana y visionariamente el arduo y difícil camino de la reconstrucción nacional y el establecimiento de una sociedad moderna y libre. En casi dos décadas, y gracias al sacrificio de todo un pueblo que recuperó la fe en sus ideales de progreso y de justicia, se construyó un país distinto. Nadie puede desconocer hoy que el 11 de septiembre abrió caminos de esperanza y de oportunidades para todos, que sólo depende de los chilenos conservarlos y hacerlos plenamente fecundos en el tiempo.
"Chile es hoy un país distinto de aquel que los jóvenes de muchas generaciones tuvieron que enfrentar cuando tenía una existencia oscura, pesimista y fracasada. Con nuestro gobierno, los pobres y postergados comenzaron a tener verdaderas oportunidades para progresar. Siempre supimos que esa prioridad social, debía ser nuestro principal compromiso moral. Hoy, no puedo ocultar la satisfacción que me produce saber que, para retroceder al pasado, tendrían que sucederse muchas generaciones antes que los chilenos vuelvan a ser un pueblo perdedor, fatalista, deprimido y sin valor, como lo llegamos a ser a comienzos de los setenta. Gente ideológicamente enceguecida quiso destruir nuestro país. No lo pudieron lograr. No contaron con la reserva espiritual y la dignidad natural de un pueblo pacífico y acogedor que, sin embargo, jamás ha permitido ser sometido ni doblegado por nadie.
"Cometería una injusticia si en estas líneas no destinara un reconocimiento especial, como testimonio de mi mayor gratitud, a quienes compartieron la epopeya de la reconstrucción del país; a esa generación de soldados y civiles, hombres y mujeres, que han terminado consagrando sus vidas al servicio del país y que diariamente dan testimonio de fidelidad a sus patrióticos ideales; a la juventud de Chile, que ha heredado un país fortalecido con un destino de grandeza que deberá seguir construyendo con voluntad y verdadera responsabilidad patriótica.
"Agradezco también a quienes no formaron parte de mi gobierno y, siendo incluso sus adversarios, han sabido valorar en esta hora, por sobre cualquier diferencia, la defensa de la soberanía y la dignidad del país.
"Es probable que los misteriosos caminos que el Señor reserva a cada pueblo puedan llevar a que muchos chilenos tarden en descubrir la verdad de lo que ha vivido nuestra Patria. Yo les digo que nada podrá impedir que un día, tal vez no tan lejano, vuelva la paz y la sensatez a esos espíritus que todavía permanecen cegados por la pasión, y en la serenidad de otros tiempos, cuando la historia reivindique nuestra obra común, terminen reconociendo el valor y los méritos de ella. En ese momento, es probable que yo ya no esté. Será, sin embargo, la hora de la victoria, la hora en que los ideales que iluminaron nuestros sueños terminen siendo comunes a todos los chilenos.
"Hoy, siento que el destino ha vuelto a poner sobre mis hombros la enorme responsabilidad de contribuir a sembrar semillas de paz que hagan posible la grandeza y la unidad de mi Patria. Más allá de mis dolores y de las heridas que llevo en el alma por las injustas vejaciones de que he sido objeto, y de la indignación que me produce ver a mi país agredido en su condición de estado soberano e independiente y sin ser respetado como lo merece, quiero señalar que acepto esta nueva cruz, con la humildad de un cristiano y el temple de un soldado, si con ello presto un servicio a Chile y a los chilenos. Nada deseo más que ver superadas las divisiones y los rencores estériles entre nosotros.
"Al final ya de mi vida, no obstante el cansancio y los sufrimientos que me han provocado tantas injusticias y tantas incomprensiones, quiero decirles que aun cuando todavía tuviera que enfrentar mayores adversidades, jamás mi espíritu se sentirá derrotado. Nada doblegará mis convicciones ni mi firme voluntad de servir a mi Patria, tal como lo juré el día que me incorporé al Ejército de Chile. Mi más profundo anhelo en esta hora es impedir que en nuestra entrañable tierra siga habiendo más víctimas, más dolor del que ideologías foráneas ya provocaron en la familia chilena. Ojalá el mío fuera el último sacrificio. Ojalá mis dolores y los agravios de que soy víctima pudieran satisfacer los siempre insaciables sentimientos de venganza, y sirvieran para que quienes aún siguen anclados al rencor, puedan encontrar la paz para sus conciencias. Ojalá pudieran ellos dejar de vivir tan perturbados, y nunca más se escuchen en nuestra Patria las prédicas revolucionarias que sembraron tanta violencia y división entre los chilenos.
"Quienes creemos en el perdón y en la reconciliación verdadera, tenemos que seguir trabajando duramente por el futuro. No está lejano el día en que una nueva generación de compatriotas, al poner sus ojos en la historia de su país, descubra la verdad de la gesta que permitió la construcción de una sociedad de chilenos libres y dignos, de una Patria mejor para todos y no para un sector o para un partido, como estuvimos a punto de vivir.
"He sido objeto de una maquinación político-judicial, artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral. Mientras en este continente, y específicamente en los países que me condenan mediante juicios espurios, el comunismo ha asesinado a muchos millones de seres humanos durante este siglo, a mí se me persigue por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó tres mil muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados y civiles que cayeron víctimas del terrorismo extremista.
"Soy falsamente juzgado en numerosos países europeos, en una operación dirigida por quienes se dicen mis enemigos, sin que exista por lo mismo la más remota posibilidad de que quienes me prejuzgan y condenan lleguen a comprender nuestra historia y a entender el espíritu de lo que hicimos. Soy absolutamente inocente de todos los crímenes y de los hechos que irracionalmente se me imputan. Sin embargo, temo que quienes lo hacen nunca estuvieron ni estarán dispuestos a darse a la razón y aceptar la verdad.
"Frente a una aberración semejante y no obstante mi sufrimiento y mi impotencia, quisiera entregar una palabra de aliento a mis compatriotas. No os desaniméis ni rindáis nunca ante las adversidades y el infortunio. Nunca dejéis de luchar por la grandeza y el poderío de Chile. Ojalá superemos pronto nuestra actual condición de país débil, pequeño y lejano, para que nunca más un chileno, cualquiera sea su condición, vuelva a sufrir las vejaciones y las humillaciones que hoy sufro, precisamente porque no tenemos fuerza en el concierto de las naciones para hacernos respetar. Yo no desfalleceré nunca. No lo he hecho en este difícil trance, ni nunca lo hice a lo largo de mi vida, cuando tuve que enfrentar otras horas de prueba; por ello quiero expresarles a mis camaradas uniformados y en particular a los del Ejército, mi disposición, mi confianza y profundo reconocimiento por su forma de actuar en estas difíciles circunstancias.
"Conservo intacta mi fe en Dios y en los principios que han guiado mi existencia. Guardo la firme esperanza de que el Señor en su infinita misericordia aplique mis más íntimos sufrimientos por quienes murieron injustamente en esos años de enfrentamiento. Están equivocados quienes creen o sostienen que el dolor por la sangre derramada en nuestra Patria es monopolio de un bando. Todos hemos sufrido por las víctimas. Me consta que es especialmente grande el sufrimiento de quienes no provocaron el enfrentamiento, de quienes no lo buscaron ni mucho menos lo desearon, y terminaron siendo sus víctimas inocentes. El soldado siempre busca proteger a sus compatriotas. Nunca he deseado la muerte de nadie y siento un sincero dolor por todos los chilenos que en estos años han perdido la vida.
"Le he pedido humildemente a Dios que hasta el último segundo de mi vida me dé la conformidad y la lucidez para entender y aceptar esta cruz y que este dolor que llevo en lo más profundo del espíritu, llegue a ser una buena semilla en el alma de la nación chilena. Si con mi sufrimiento se puede poner fin al odio que se ha sembrado en nuestro país, quiero decirles que estoy dispuesto a aceptar todos los designios del destino con la más absoluta confianza de que Dios, en su infinito amor, sabrá hacer fecundo este sacrificio que le ofrezco para que triunfe la paz, y en el amanecer ya del nuevo siglo, sean los chilenos un pueblo unido y reconciliado como el que siempre soñé alcanzar a ver.
"Amo a Chile por sobre todas las cosas y ni aún las más dolorosas circunstancias que deba enfrentar impedirán que, con toda la fuerza de mi espíritu, a la distancia, repita una y mil veces, Viva Chile".
" Augusto Pinochet Ugarte
"Londres, Diciembre de 1998"
Muchas gracias.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , pido que, en nombre del Comité UDI e Independientes, se remita una comunicación al Senador señor Pinochet a Londres, manifestándole que hoy se ha dado lectura a la carta que envió a los chilenos hace pocos días. De esta forma se ha cumplido con un deber histórico al dejar constancia pública de su expresión de voluntad hacia nuestro país, hacia sus habitantes.
Su Señoría ha sido objeto de una detención arbitraria, amparada por los Gobiernos británico y español, que le impide participar con nosotros en el Senado, del cual todavía es un miembro en pleno ejercicio de sus funciones.
El señor VEGA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí, Su Señoría.
El señor VEGA.-
El Comité Institucionales 1 se agrega a la comunicación al Senador señor Pinochet.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre del Comité UDI e Independientes, con la adhesión del Comité Institucionales 1 y la del Comité Renovación Nacional e Independiente (hecha presente más adelante).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente, ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Cantero.
CINCUENTENARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , en forma breve, deseo expresar, en nombre del Comité Renovación Nacional e Independiente, nuestra adhesión y saludo entusiasta a la celebración del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Entendemos tales derechos como valores absolutos, que deben ser aplicados a todos los seres humanos y a todo el ser humano, es decir, tanto a la comunidad como a la integridad del individuo.
Asimismo, creemos que nadie debería sentirse llamado a ejercer el monopolio de la verdad en torno de una cuestión tan trascendente, ni tampoco a constituirse en censor o en instancia acusadora respecto de los demás.
A mi juicio, el tema de los derechos humanos tiene mucho que ver con la formación y la calidad humana. La mejor herramienta para impulsar el respeto a ellos es propender a una mejor calificación y elevación de la propia persona; esto es, la autorregulación, la responsabilidad personal en estos asuntos.
Quisiera recordar, también, lo que en alguna ocasión ya he manifestado, pero que, con toda serenidad, me atrevo a repetir hoy, en un momento tan propicio: en el ámbito de los derechos humanos no puede continuar existiendo el doble estándar que ciertos sectores, por desgracia, parecieran asumir: exaltar su atropello cuando lo cometen los adversarios políticos, los contradictores ideológicos, y silenciarlo en forma hipócrita cuando lo cometen los pares, los aliados ideológicos o los aliados políticos. Pienso que ello provoca un daño tremendo e irreparable al tema de los derechos humanos, porque, en definitiva, se termina generando un rompimiento de la confianza en la validez de la inspiración de quienes lo promueven.
Me parece que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por Naciones Unidas, se caracteriza por una vigencia, una trascendencia y una permanencia que van más allá de intereses secundarios o subalternos políticos partidistas, en especial cuando son, simplemente, políticos electorales.
Esa prevención reviste mucha validez en el momento actual, al considerar, por ejemplo, el tratamiento que se da al Senador señor Pinochet en el foro internacional.
Y a veces percibo también en esta Corporación una tremenda severidad con el adversario político, una gran desconfianza hacia él, y una actitud muy complaciente y permisiva respecto de quienes se hallan en el entorno próximo.
De hecho, me ha llamado poderosamente la atención algo que subrayo en este momento, a propósito del tema de los derechos humanos. Hasta hoy, todavía no observo una votación acerca de cuestiones relativas a esa materia en la cual se rompa el alineamiento político permanente. Quizás destaca la actitud del Senador señor Silva , quien ha mantenido sobre el particular, en mi opinión, una posición bastante generosa y digna de reconocer, porque ha mostrado capacidad para desprenderse, por momentos, del alineamiento mencionado. Pero en esta Sala, cuando se tratan materias de tal naturaleza, no existe generosidad, se actúa todavía con egoísmo, con falta de altura, porque tal vez aún nos hallamos conmocionados, muy involucrados en la polarización, en la confrontación, en los sentimientos que se suscitan.
Reiterando la necesidad de reconocer los derechos humanos como valores absolutos, permanentes, trascendentes en el tiempo, expreso, en nombre del Comité Renovación Nacional e Independiente, nuestro entusiasta saludo a esta celebración y nuestro compromiso permanente, cada vez con mayor conciencia, en relación al tema.
Finalmente, el Comité adhiere a la comunicación al Senador señor Pinochet .
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Es positiva la mezcla de ex Contralor y ex Canciller: origina un buen producto humano.
No se hará uso de la palabra en el resto del tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente.
El Comité Institucionales 1 tampoco intervendrá.
Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
___________________
--Se levantó a las 20:41.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
Proyecto de Acuerdo, del H. Senador señor Cantero, con el que recaba el acuerdo del Senado para que, adhiriendo a la petición formulada por diversos miembros de la Corporación, se solicite a S.E. el Presidente de la República que constituya una Comisión que contribuya al esclarecimiento de la verdad histórica acerca de las causas que provocaron la situación institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973. Boletín N° S 369-12
PROYECTO DE ACUERDO
Considerando:
Que es un hecho objetivo que las profundas divisiones producidas en la vida adicional durante las últimas décadas aún persisten en amplios sectores;
Que es un imperativo nacional promover y alcanzar una pronta, efectiva y completa reconciliación entre los chilenos, que permita recuperar la unidad nacional para resolver los problemas del presente y enfrentar los desafíos del futuro;
Que como expresa, en su considerando segundo, el Decreto Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, que dispuso la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, "sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias fundamentales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional";
Que la Comisión de Verdad y Reconciliación cumplió el cometido que se le encomendara, emitiendo, en febrero de 1991, un completo informe en tres volúmenes de más de 1.200 páginas, que contienen sus conclusiones y recomendaciones;
Que, durante años, dicho informe ha sido la referencia más utilizada para explicar, criticar o condenar lo ocurrido en Chile en materia de derechos humanos durante la época que él comprende e, incluso, recientemente ha servido de fundamento a pretensiones jurisdiccionales extraterritoriales de tribunales extranjeros, las que han sido resueltamente rechazadas por el Gobierno de Chile;
Que, no obstante las medidas legislativas y administrativas de reparación y prevención ya adoptadas para hacer efectivas las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, incluida la creación de la Corporación de Reparación y Reconciliación que funcionara hasta 1996, importantes sectores sostienen que el resultado del referido informe debe ser completado, para establecer el paradero de las víctimas;
Que, sin perjuicio de la actuación de los tribunales nacionales en tal sentido, de acuerdo a la legislación vigente, y de los esfuerzos que realiza la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado para contribuir a ubicar
los restos de personas desaparecidas, hoy cabe razonablemente esperar que, en el futuro próximo, los diversos sectores con responsabilidades políticas empeñarán sus mayores y más sinceros esfuerzos para concordar medidas destinadas a agotar las posibilidades de establecer el paradero de los restos de las víctimas aún desaparecidas, respecto de las cuales la Comisión de Verdad y Reconciliación expresó su certeza moral de que están muertas, para remover así uno de los mayores obstáculos que se oponen a la reconciliación.
Que, no obstante lo expresado, también hay sectores que sostienen que no será posible cimentar sólidamente una reconciliación nacional completa, sincera y efectiva, sobre la base de una visión que estiman incompleta y sesgada, sin considerar los orígenes y las causas de la situación que hizo crisis en 1973 y sin que cada cual asuma las responsabilidades históricas y políticas que en ello le puedan asistir, por lo que la ausencia de un estudio objetivo y pormenorizado sobre este período constituye otro de los mayores obstáculos para la reconciliación;
Que, en cumplimiento de las normas que rigieron su funcionamiento, la Comisión de Verdad y Reconciliación restringió su labor sólo a la etapa comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Que, aunque por ello la Comisión no pudo entrar a investigar los hechos que precedieron la crisis de 1973, estimó indispensable dejar establecidas ciertas conclusiones sobre la materia. Así, en la página 20 de su informe, expresa: “la Comisión ha creído indispensable referirse a la situación del país que antecedió al 11 de septiembre de 1973. Tal situación condujo a un quiebre institucional y a una división entre los chilenos que hizo más probable que se dieran las violaciones de derechos humanos”. En el capítulo I de la segunda parte señala cuá era, a su juicio, el estado del país el 11 de septiembre de 1973, “estado que cabe describir-dice- como de aguda crisis en la vida nacional, representa la destrucción o debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política…” (págima 33), y finalmente expresa: “El conjunto de factores que hemos descrito, anteriores y posteriores a 1970 condujo, hacia 1973, a un clima objetivamente propicio a la guerra civil” (página 38).
Que lo expresado demuestra que está pendiente la elaboración de un estudio objetivo, completo y pormenorizado de los orígenes y circunstancias de los hechos que condujeron al país al desenlace del 11 de septiembre de 1973, en forma similar al que se hizo para el período siguiente, cuya ausencia constituye otro de los mayores obstáculos para la reconciliación nacional.
Por las consideraciones precedentes, a fin de contribuir a remover uno de los mayores obstáculos que se oponen a una pronta y completa reconciliación entre los chilenos y sin perjuicio de las iniciativas que deben promoverse urgentemente para remover los demás obstáculos
EL SENADO ACUERDA
PRIMERO.- Adherir a la solicitud formulada por miembros de la Corporación a S.E. el Presidente de la República, para que constituya una comisión, de las mismas características de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuyo trabajo contribuya al esclarecimiento de la verdad histórica acerca de las causas que provocaron la crisis institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973, comenzando al menos desde 1965;
SEGUNDO.- Como un primer aporte al trabajo de la comisión, cuya formación se ha solicitado, se acuerda celebrar una sesión especial de la Corporación, con el objeto de analizar y debatir las causas de la situación que provocó el quiebre institucional de 1973, examinando los acontecimientos que pueden haber contribuido a producirlo.
Valparaíso, 10 de noviembre de 1998
Excmo. Señor Eduardo Frei Ruiz Tagle
Presidente de la República Presente.-
Señor Presidente:
Por Decreto Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, se dispuso la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, con el propósito de esclarecer la verdad sobre lo que se denominó "las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990". Afirma dicho decreto, en su considerando segundo, que "sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias fundamentales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional".
La Comisión cumplió el cometido encomendado, emitiendo su informe en tres volúmenes de más de 1.200 páginas que contienen sus conclusiones y recomendaciones. Durante años dicho informe ha sido la referencia más utilizada para explicar, criticar y condenar lo ocurrido en la época que abarca e, incluso, recientemente ha servido de fundamento a pretensiones jurisdiccionales extraterritoriales de tribunales extranjeros que intentan juzgar lo ocurrido en Chile.
Algunos señalan que el contenido del referido informe debe ser completado para establecer el paradero de las víctimas y juzgar a los presuntos responsables de los hechos, a quienes además se exige que expresen su arrepentimiento. Y, no obstante la actuación que desarrollan los tribunales nacionales de acuerdo a la legislación vigente, se demanda de los diversos sectores con responsabilidades políticas que accedan a la adopción de medidas legislativas destinadas a tal finalidad, lo que es presentado como necesario presupuesto para la reconciliación nacional.
Creemos que es un imperativo nacional aspirar y lograr una efectiva reconciliación entre los chilenos; sin embargo, ella no será posible sobre la base de un juicio parcial, incompleto y desequilibrado sobre la verdad de la historia reciente de nuestro país.
A la Comisión de Verdad y Reconciliación se le restringió el período que debía abarcar su labor sólo a la etapa comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. No obstante ello, como era obvio, la Comisión no pudo eludir una referencia, al menos, a la situación que había provocado el desenlace de 1973. Así, en su página 20, el informe expresa: "...la Comisión ha creído indispensable referirse a la situación del país que antecedió al 11 de septiembre de 1973. Tal situación condujo a un quiebre institucional y a una división entre los chilenos que hizo más probable que se dieran las violaciones de derechos humanos.". Más adelante, en el capítulo I de la segunda parte, destina unas ocho o nueve páginas a analizar la situación anterior a septiembre de 1973. Allí describe cual era, a su juicio, el estado del país el 11 de septiembre de 1973 "estado que cabe describir -dice- corno de aguda crisis en la vida nacional, representa la destrucción o debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política..." (pág. 33). Luego de un breve análisis sobre los factores gravitantes en la polarización del país, que abarca desde la década de 1950, concluye: "El conjunto de factores que hemos descrito, anteriores y posteriores a 1970 condujo, hacia 1973, a un clima objetivamente propicio a la guerra civil" (pág. 38).
La gravedad de la conclusión de la Comisión, luego de un análisis tan somero, demuestra la imposibilidad de eludir por más tiempo la elaboración de un estudio objetivo, completo y pormenorizado de los hechos que condujeron al país al desenlace del 11 de septiembre de 1973, al igual como se ha hecho con los posteriores. Lo contrario no resulta equilibrado y, como dijimos, constituye un obstáculo para la reconciliación, ya que no será posible recuperar la armonía y el consenso nacional sobre la base de imponer una visión parcial, incompleta y sesgada de la historia patria.
Por lo expresado, y como una forma de contribuir a crear las condiciones que hagan posible una pronta y completa reconciliación entre los chilenos, solicitamos a V.E. la constitución de una Comisión, de las mismas características de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuyo trabajo contribuya al esclarecimiento de la verdad histórica acerca de los antecedentes que provocaron la crisis institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973, comenzando al menos desde 1965.
Le saluda atentamente,
CARLOS CANTERO OJEDA
SENADOR