Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
SITUACIÓN DE CHILE POR DETENCIÓN Y ARRAIGO DE SENADOR SEÑOR PINOCHET EN REINO UNIDO
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Matta Aragay
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Francisco Javier Errazuriz Talavera
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- DEBATE
- CIERRE DE LA SESIÓN
-
SITUACIÓN DE CHILE POR DETENCIÓN Y ARRAIGO DE SENADOR SEÑOR PINOCHET EN REINO UNIDO
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 4ª, en martes 3 de noviembre de 1998
Especial
(De 10:57 a 20:49)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Situación de Chile por detención y arraigo de Senador señor Pinochet en Reino Unido
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:57, en presencia de 43 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 23ª, especial, en 19 de agosto del año en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 24ª, 25ª y 26ª, ordinarias, en 19 de agosto y 1 y 2 de septiembre del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Suma", respecto del proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión municipal. (Boletín Nº 1.598-06).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que comunicó su ausencia del territorio nacional los días 25 y 26 de octubre del presente año, a fin de participar en el Encuentro Presidencial de los Países Garantes del Grupo de Río, para la firma del Acuerdo entre Perú y Ecuador, y su subrogación, con el cargo de Vicepresidente de la República , por el Ministro del Interior , don Raúl Troncoso Castillo.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad. (Boletín Nº 1.760-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto de ley que otorga un mejoramiento especial para los profesionales de la educación que indica, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata". (Boletín Nº 2.253-04) (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación al proyecto que deroga el artículo 2º del decreto ley Nº 480, de 1974, con el objeto de someter los pertrechos de propiedad del Estado, consignados o por cuenta de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las normas comunes sobre desaduanamiento de mercancías. (Boletín Nº 635-05).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional y a la de Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia que dictó en el requerimiento de inconstitucionalidad formulado al proyecto de ley que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce modificaciones a otras normas tributarias y económicas. (Boletín Nº 2.218-05).
--Se toma conocimiento.
De la señora Ministra de Justicia , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, referido a la creación de tribunales en la Región del Maule.
Del señor Ministro de Hacienda , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las bases de licitación de la Empresa Eléctrica de Aysén.
Del señor Ministro de Economía , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, sobre medidas especiales para la provincia de Última Esperanza.
Siete del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Matta, referido a proyectos viales en la comuna de Colbún.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a limpieza de canales de riego.
Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a obras viales en la comuna de Puerto Aisén.
Con el cuarto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la reposición del muelle Petrohué.
Con el quinto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la pavimentación de vías en la Undécima Región.
Con el sexto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Silva, relativo a la casa del ex Presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda.
Con el último contesta dos oficios, enviados en nombre de los Senadores señores Chadwick, Errázuriz, Horvath y Moreno, el primero, y del Senador señor Larraín, el segundo, referidos a derechos de aguas.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la aplicación del decreto ley Nº 701, de 1974, sobre fomento forestal.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami, sobre reactivación de la Comisión de Sequía de la Quinta Región.
Del señor Ministro de Minería , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, relativo al Comando de Exonerados Políticos de la Empresa Nacional del Petróleo .
De la señora Ministra de Bienes Nacionales , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la venta de predios afectados por la erupción del volcán Hudson.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la sociedad Cordeserviu Limitada.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senado, a petición de los Honorables señores Ruiz-Esquide, Gazmuri y Matta, y de los ex Senadores señores Cooper y Larre, sobre la creación de un nuevo Premio Nacional.
Del señor Contralor General de la República , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, en relación con el destino del terreno que indica.
Del señor Subsecretario de Justicia , con el que contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señora Matthei y señor Cordero, referido a los condenados por infracciones a las leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes.
Dos del señor Subsecretario de Carabineros :
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la reposición del retén de Puerto Aguirre.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cordero, en cuanto a la presencia de Carabineros en el territorio antártico chileno.
De la señora Intendenta de la Séptima Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo al Plan Maestro de Turismo de la Región del Maule.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, referido a tráfico del recurso loco.
Del señor Director General de Aguas, con el que responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Chadwick, Errázuriz, Horvath y Moreno, sobre derechos de aguas.
De la señora Delegada Provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Linares, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, respecto a terreno que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Solicitudes
De los señores Cristián Rodolfo Gallegos Meza y Luis Antonio Muñoz Urzúa, con las que piden la rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nºs S 361-04 y S 362-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Comunicación
De la Asociación de Empleados del Senado, con la que da a conocer la conformación de su nuevo Directorio.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En primer término, deseo hacer una advertencia a todas las personas presentes en las tribunas, con el objeto de velar por el normal desarrollo de esta importante sesión. En el Senado no se permite ningún tipo de manifestaciones, ni a favor ni en contra de las exposiciones realizadas en la Sala. Espero que el público respete estrictamente nuestras disposiciones reglamentarias, pues en caso contrario me veré obligado a desalojar el recinto. Y estoy seguro de que, en sus intervenciones, los señores Senadores conservarán el debido respeto mutuo y se circunscribirán al planteamiento de ideas y a la búsqueda de la verdad desde su propia perspectiva.
En segundo término, en virtud de que hay 28 inscritos...
El señor PIZARRO.-
Pido que me inscriba, señor Presidente.
El señor LAGOS.-
A mí, también.
El señor ABURTO.-
Y a mí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa tomará nota de las nuevas inscripciones.
De acuerdo con el Reglamento, cada Senador puede intervenir hasta por 15 minutos, lo que significa más de ocho horas de debate. Como esta sesión especial está citada de 10:30 a 14, es imposible la participación de todos los oradores inscritos. Ello nos obliga, o a reducir el tiempo de las exposiciones, o bien -y ésta es la proposición de la Mesa-, a prorrogar esta sesión hasta las 16, para empalmarla con la siguiente, donde se continuaría el debate, fijando las 18 como hora de votación de los proyectos de acuerdo que se presenten, los cuales no tendrán discusión.
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma sugerida.
--Así se acuerda.
El señor ZURITA .-
Señor Presidente , me asalta una duda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZURITA .-
¿Se podrá fundamentar el voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Según la Secretaría, es posible hacerlo. Sin embargo, propongo que los señores Senadores que intervengan durante el debate no fundamenten el voto.
El señor ZURITA .-
Ése ha sido siempre el procedimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Así se acuerda.
El señor VEGA .-
O sea, quienes no intervengan podrán fundamentar el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por supuesto, Su Señoría.
En mi calidad de Presidente del Senado y por la representación que he asumido en el asunto que se debatirá, fui autorizado por los Comités para intervenir en el primer lugar.
SITUACIÓN DE CHILE POR DETENCIÓN Y ARRAIGO DE SENADOR SEÑOR PINOCHET EN REINO UNIDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El país está en conocimiento de lo sucedido en relación con la detención y retención sufridas por el Senador Pinochet con motivo de su viaje al Reino Unido. No voy a detallar todo lo que ocurrió ni lo que pueda acontecer, sino que, para zanjar la discusión, en una posición de orden personal, sin entrar al tema propiamente vinculado con el Senador Pinochet, quiero dar a conocer el criterio que en materia de derechos humanos hemos tenido yo y quienes participan de mis ideas.
Sufrí el exilio y la represión durante el Gobierno militar. Cuando asumí la Presidencia del Senado , dije en esta Sala que, a pesar de todo eso, yo no tenía odio ni rencor contra nadie; que, al contrario, deseaba franquear en mi vida política la posibilidad de reencontrar a todos los chilenos y chilenas en un proyecto de unidad fundado en la diversidad, en el reconocimiento del pluralismo de las ideas, en las distintas interpretaciones de nuestra historia y de nuestros propios actos, y que, en mi concepto, el Senado era el lugar más propicio para ir construyendo acuerdos en tal sentido.
He luchado por que haya verdad y justicia en materia de derechos humanos, y siento satisfacción -no plena, desde luego- porque, desde que recuperamos la democracia, los dos Gobiernos en que he participado han trabajado lealmente en esa dirección.
Cabe mencionar primero la reforma constitucional introducida antes de que asumiéramos nuestras funciones en el Senado en 1990. El Gobierno militar y el que debía acceder al Poder, presidido por don Patricio Aylwin , concordaron la modificación del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, para promover y respetar los derechos humanos.
Luego, en abril de 1990, el Presidente de la República constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por hombres de gran calidad. El informe pertinente, que estableció la verdad sobre 2 mil 298 casos, fue una pieza fundamental para el propósito de buscar la justicia. Incluso, esa forma de proceder ha sido imitada en otras naciones; es el caso de Sudáfrica, donde recientemente se ha dado a conocer un Informe de Verdad y Reconciliación.
Posteriormente, el Parlamento aprobó la ley que creó la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, que permitió ampliar las informaciones y conocer la verdad en 899 casos más.
También legislamos en el Congreso para crear la Oficina Nacional del Retorno y dictamos normativas legales atinentes a los exonerados.
En mi opinión, hemos desplegado ingentes esfuerzos y tenido la preocupación necesaria para tratar de avanzar en la verdad y la justicia.
Seguramente, hemos logrado más verdad que justicia. Empero, Chile ha hecho más que otros países. Por ejemplo, en España, después de 40 años de dictadura, no hubo un solo proceso; en Argentina todo concluyó con una ley de punto final, si bien se detuvo a los cuatro miembros de la Junta Militar; en Uruguay también existió una ley de punto final.
Aquí no hemos hecho una ley de punto final. Queremos seguir buscando la justicia, estableciendo la verdad, porque se trata de una herida abierta en el alma de Chile, en cuya cicatrización todos debemos colaborar.
Específicamente, me interesa saber -y ojalá todos tuviéramos la respuesta- si los hechos que hemos conocido en estos días y las declaraciones formuladas por numerosos dirigentes podrán derivar en la existencia de nuevos instrumentos que posibiliten seguir avanzando en la búsqueda de justicia para quienes la reclaman, especialmente en el caso de los familiares de detenidos desaparecidos.
En ese contexto, voy a referirme a la situación que nos preocupa. El Honorable señor Pinochet integra nuestra Corporación, seamos o no partidarios de los Senadores vitalicios. Cuando asumí mi cargo, al igual que todos mis pares, juré respetar la Constitución y las leyes, y cuando nos encargamos del Gobierno democrático aceptamos las reglas del juego allí establecidas. Por lo tanto, mientras no se modifique la mencionada institución, tenemos que reconocerla como tal y, en consecuencia, no se puede negar al Honorable señor Pinochet su calidad de Senador. Al iniciar el ejercicio de la Presidencia de esta Corporación, dije desde esta testera que era demócrata hasta que me doliera y que me exigiría serlo, porque haría respetar los derechos de todos, incluso de los de adversarios que ayer no hubieran respetado los míos.
Estando en conocimiento del viaje que emprendía el Senador señor Pinochet , fui informado por el Gobierno de que iba en misión especial y con inmunidad diplomática, conforme a un decreto expedido al efecto. Podemos discutir la procedencia o improcedencia de este decreto, pero es una realidad que debemos tener en cuenta.
Producida la detención, consulté acerca de la conducta que asumiría el Ejecutivo y se me informó que se defenderían los principios básicos del Derecho Internacional en cuanto a lo que tal decisión significaba para el Gobierno de Chile y no en lo que se refiere a quien era la persona afectada; que no se podía aceptar el desconocimiento de la inmunidad diplomática otorgada; que tampoco se aceptaría la extraterritorialidad de la ley en materia penal reclamada por España, asunto que ya habíamos hecho presente, no obstante reconocer que una gran mayoría de chilenos, ante la imposibilidad de investigar y establecer verdad y justicia en materia de derechos humanos, estimaba que ése podría ser un camino para alcanzarlas; y que no se podía concordar con la extraterritorialidad -no la hemos aprobado en ningún tratado- porque equivaldría a renunciar a parte de nuestra soberanía.
Entonces, en mi calidad de Presidente del Senado , procedí a apoyar la posición del Ejecutivo , sin hacer ningún cálculo político, como algunos podrían habérmelo pedido. Al contrario, me parece que cuando se cumplen funciones y responsabilidades de Estado tiene que anteponerse el bien del país a los intereses políticos personales. Y así he procedido. Los señores Senadores conocen mi posición porque la expuse en reunión de Comités el mismo día en que ocurrieron los hechos. Era lo que correspondía hacer al Gobierno y a mí.
La situación del Senador señor Pinochet no debe llevar a la división del país. Seguramente, el tema es importante para todos. Sin embargo, el país tiene que asumirlo con responsabilidad. Sinceramente, creo que lo que hemos hecho es lo correcto; y debemos seguir respaldando las actuaciones del Presidente de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores . Espero que el fallo que dicte la Cámara de los Lores acoja nuestro criterio.
Esto no quiere decir que si un connacional es acusado de un delito no deba responder ante los tribunales chilenos. Nadie, civil o uniformado, puede eximirse de la responsabilidad penal, pero su determinación corresponde a los tribunales del país. Así tenemos que proceder. De lo contrario, esto podría transformarse -y es lo que más me ha dolido en estos días- en división y polarización de Chile.
No estoy de acuerdo con aquellos que, creyendo defender los derechos del Senador señor Pinochet , intervinieron en manifestaciones que terminaron en hechos de violencia; tampoco comparto los actos de agresión ante las embajadas de los países comprometidos, ni otras conductas que no corresponden a la búsqueda de entendimiento y paz entre los chilenos. Pienso que con ello no se favoreció la causa que pretendían defender. Igualmente desapruebo la negativa de participar en las sesiones del Senado. Entiendo las razones dadas, pero estoy absolutamente convencido de que, para abordar situaciones difíciles que pueden afectar al país, las instituciones tienen que funcionar, no pueden fallar. Inclusive, en los tiempos más dramáticos de la guerra, el Parlamento chileno no paralizó sus labores.
Creo que la mejor manera de actuar -y por eso me alegro de que hoy celebremos esta sesión- consiste en que en el Senado, con altura de miras, con ideas, con planteamientos, se hagan valer las respectivas posiciones. Y ante nuestras discrepancias, deberíamos buscar el modo de alcanzar soluciones que beneficien al país.
No puede ser que todo el quehacer nacional se haga girar en torno a lo que es, ha sido o será el Senador señor Pinochet . Insisto: estoy dispuesto a respetarle sus derechos; y también creo que, si alguien quiere exigirle responsabilidad, y la justicia así lo decide, que lo haga. Pero Chile tiene un proyecto por delante: construir su futuro. Enfrentamos muchos problemas como país; no podemos olvidarlos.
Éste es un tema importante para todos. Ojalá que encontremos una solución, pero con respeto a las diversas posiciones. Los que anhelamos verdad y justicia no podemos retornar al pasado ni polarizarnos. Lo que debe hacerse es contribuir a que el país alcance estabilidad y gobernabilidad y, de esa manera, puedan exigirse los derechos que correspondan. Pido al Senado hacer esfuerzos, después de esta discusión, para hallar la manera de crear los instrumentos, los procedimientos, para avanzar en la tarea de cerrar las heridas de Chile, es decir, para buscar la justicia hasta encontrarla, por el bien de todos y cada uno de nuestros compatriotas.
He dicho.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , todos sabemos lo que hoy nos convoca. No voy a referirme a lo propiamente jurídico de la detención del Senador señor Pinochet , que abordará el Senador señor Díez y otros Honorables colegas de estas bancas.
Una vez más el Senado vuelve sus ojos al pasado, casi como pesadilla, para analizar temas muy discutidos de la historia de los últimos años: el Gobierno militar, el 11 de septiembre, las responsabilidades políticas y no políticas del quiebre institucional provocado durante el Gobierno de la Unidad Popular. Hoy lo hacemos a raíz de la detención del Senador señor Pinochet .
En estos días hemos visto cuán poco reconciliados estamos los chilenos; cuán frágil parece ser nuestro proceso de transición a la democracia. Hemos visto una vez más la historia de nuestro país pintada en blanco y negro, sobre todo en Europa. Hoy vengo llegando de Inglaterra, Francia y Bélgica, donde se conocen los hechos pintados ciertamente por aquellos que tuvieron en su mano la brocha de un solo color.
Considero que esta sesión, señor Presidente , debe servirnos para analizar el tema que nos convoca, pero también para decir, quizás hasta desde un punto de vista casi catártico, algunas verdades.
Yo, sinceramente, creo en la renovación socialista, y quiero hablar con mis amigos de las bancas de enfrente. Estimo que ellos han cambiado su visión y que ya no es la economía planificada, sino la economía social de mercado, la que alinea su pensamiento en materia económica. Confío en que dejaron atrás el Congreso de Chillán y el de La Serena. Creen en la democracia republicana y no en la dictadura del proletariado, y asumen la vía electoral como proceso para llegar al poder.
Pero, al leer declaraciones y escuchar la opinión de muchos -no todos- de quienes son representados en el Senado por quienes están en las bancas de enfrente, pienso, casi haciendo un análisis freudiano, que las personas pueden cambiar su pensamiento, pero que en muchos de ellos hay algo estructural, valórico, cimientos que todavía encarnan una suerte de lucha de clases, de ver a Chile dividido entre amigos y enemigos y de percibir en blanco y negro este proceso de transición.
El pasado, señor Presidente , no lo podemos cambiar. La historia es acción y reacción. A mí me indignaba leer análisis de nuestro país hechos por historiadores europeos. El 11 de septiembre fue una reacción en contra de lo que existía antes. Yo no quiero hablar, porque me parece una discusión aburrida, de las cartas de Aylwin, de las declaraciones de Frei a Rumor, etcétera. Pero hay una cosa clara: lo que ocurrió en Chile después del 11 de septiembre, donde hubo violación de los derechos humanos, fue una reacción a la violencia, a la insurrección, a la ilegalidad, a grupos armados formados por hermanos o primos hermanos de quienes detentaban el poder en ese momento.
Chile tiene dos fotografías en este proceso histórico: una es la del 11 de septiembre de 1973, y otra la del 11 de marzo de 1990. Hoy, nuestro país es visto ante el mundo como un ejemplo de ese proceso de transición. El otro día un Honorable colega de las bancas de enfrente reconocía la apertura económica y disciplina en las cuentas fiscales. Y me hago la siguiente pregunta: en este proceso de crecimiento que tuvo el país, ¿es totalmente ajeno el Senador arrestado en Londres?
Quiero recordar aquí las palabras de alguien con quien tuve muchas discrepancias: el ex Senador Ricardo Hormazábal . Con él me tocó trabajar en muchas Comisiones y sus opiniones casi nunca coincidieron con las mías. Sin embargo, creo que todos debemos reconocerlo como un hombre honesto hasta la médula de sus huesos. En una de las oportunidades en que el Senado trató la derogación del 11 de septiembre, el ex Senador Hormazábal expresó:
"¿Qué deseamos hacer? ¿Agraviar a las Fuerzas Armadas? ¿Ofender a los civiles? ¡Pero, por favor! ¡Si una buena parte de los democratacristianos celebraron el golpe militar! Y aquí estamos hablando con la verdad. Una buena parte de los militantes de mi partido entendieron que ésa era una respuesta desesperada a una situación desesperada que se vivía en Chile. ¿Estoy denostando a esa parte importante de mi colectividad? ¿O estoy tratando de evitar que se mantenga en el futuro un elemento de división y de contienda?"
Y continuaba:
"El Senado va a decidir por mayoría de votos que el 11 de septiembre siga de rojo en el calendario. Me encantaría que también con una votación mayoritaria" -que no es posible- "pudiéramos borrar el dolor de las víctimas," "de los que sufrieron, civiles o uniformados."
Finalmente, el ex Senador Hormazábal concluía:
"para que nunca más repitamos lo que los hizo sufrir; amor a la patria, que significa mucho más que banderas, canciones y uniformes, pues su rostro es multicolor: representa la pluralidad de opciones y tareas.".
Señor Presidente , no podemos cambiar el pasado, y creo que es difícil -lo digo de verdad- construir el futuro, porque la estabilidad de Chile no reside en la permanencia de sus normas ni en la tranquilidad de sus calles, sino en la paz y armonía que existan al interior del corazón de cada chileno. Sí podemos cambiar el futuro. Sinceramente, pienso que hay temas pendientes que no hemos sabido abordar bien durante este período. Uno es el de los desaparecidos, y ojalá pudiéramos legislar sobre él -no es el problema de los muertos, sino el de los desaparecidos, para que descansen en paz y para que los suyos puedan vivir con tranquilidad y también con paz-; y otro, es la búsqueda de un cimiento común y definitivo para la Constitución Política de la República. Ambos han sido propuestos, como futuro acuerdo nacional, por quien es hoy el abanderado de Renovación Nacional, el ex Senador Sebastián Piñera .
Ojalá que en el futuro, señor Presidente , podamos dedicar tiempo a discutir cómo sanamos de verdad las heridas de Chile y cómo podemos construir un cimiento común para caminar por una historia promisoria.
Ojalá que ésta sea la última vez que cada uno hace un análisis de la historia -lo hemos visto por los diarios en días anteriores- de los últimos treinta años, porque nuestro deber es otro.
Ojalá que, a raíz de este incidente y esta discusión, señor Presidente , podamos extraer conclusiones positivas; hacer una interpretación más generosa de la historia; admitir errores y pedir perdón, como lo hizo el otro día, en un acto de mucha honestidad, el Senador señor Viera-Gallo ; pero, sobre todo, en vez de clavar la mirada en los veinte años anteriores, levantarla para construir de verdad, en base a los dos temas mencionados y otros más, el futuro que Chile merece y reclama.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , Honorable Senado, los horrendos crímenes cometidos por los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial forzaron a los países civilizados a buscar fórmulas para proteger a las personas de los atropellos a sus derechos fundamentales. De allí nace un nuevo Derecho Internacional, aún en proceso de consolidación y que requiere de la voluntad de todas las naciones que creen firmemente en la justicia y la libertad para la constitución de un tribunal penal internacional que haga cumplir los pactos que sobre esta materia han impulsado las Naciones Unidas.
En este camino, varios países -entre ellos España- han incorporado a sus legislaciones normas que permiten juzgar a ciudadanos de cualquier nacionalidad que hayan sido acusados de delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, en Chile no hemos tenido la capacidad ni la voluntad para avanzar en la búsqueda de la justicia, y ni siquiera hemos establecido la verdad en numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente por la interpretación equivocada de la ley de amnistía.
Por otra parte, la Constitución que hemos jurado respetar, pero que hemos prometido modificar para eliminar los enclaves autoritarios, limita seriamente el ejercicio de la autoridad del Presidente de la República sobre los institutos armados, como consecuencia del modelo institucional llamado "de democracia protegida", que en la práctica es una democracia cautiva del poder militar.
En estas condiciones, se produce la detención de Pinochet por la justicia inglesa, a requerimiento de un juez español.
Pinochet es Senador de la República por decisión personal, ya que en la Constitución de 1980, impuesta al país en un plebiscito realizado sin registros electorales, se estableció un nuevo mandato para él, y para mantener el carácter dictatorial de su Gobierno, se aprobaron disposiciones transitorias, especialmente la vigesimocuarta, que anulaban en la práctica las normas permanentes. Por esta vía, se aseguró un año más de Gobierno -en la eventualidad de que perdiera el plebiscito de 1988- y ocho años en la Comandancia en Jefe del Ejército , negando al Presidente que debía elegir el pueblo hacer uso de las normas permanentes y nombrar a los Jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden que deberían acompañarlo durante su mandato. Se estableció, entre las disposiciones permanentes, un Consejo de Seguridad Nacional, con atribuciones que en un sistema democrático escapan a las de esta institución, politizando a las Fuerzas Armadas y asignándoles la posibilidad de nombrar Senadores. Además, se estableció un Senado del que forman parte los ex Presidentes de la República .
Pinochet nunca fue elegido como Presidente de la República , sino que obtuvo el cargo en un acto fraudulento, y en la única elección en la que participó lo hizo solo, sin competencia. Y, aun así, llegó segundo.
Por lo tanto, aun cuando su cargo de Senador es legal, no tiene ninguna legitimación moral ni ética.
Pero lo más grave es que, para la mayoría de los chilenos y para gran parte de la opinión pública mundial, Pinochet es el primer responsable por los abusos cometidos por los agentes del Estado durante su dictadura, ya que tales acciones no fueron aisladas, sino que obedecieron a una política de Estado destinada a eliminar a la disidencia.
Aun así, el actual Gobierno, consciente de su responsabilidad superior y en defensa de la inmunidad diplomática que otorgó a Pinochet, realiza los máximos esfuerzos por lograr su liberación, considerando incluso la posibilidad de apelar a razones humanitarias, las que ciertamente el ex dictador no tuvo con sus víctimas.
El Gobierno y la Concertación, muchos de cuyos dirigentes fueron parte de esas víctimas, asumen una actitud responsable y con grandes costos ante sus propios electores, quienes difícilmente entienden que no se aproveche la oportunidad, de la que carecemos en el país, de juzgar a Pinochet.
Quisiera aquí destacar especialmente la actuación del Canciller Insulza, quien no sólo ha procedido con apego a las normas institucionales, sino que también ha obrado en forma sumamente responsable, como un verdadero estadista, dando garantía a todos los chilenos de que el Gobierno cumple con sus obligaciones.
Mientras tanto la Derecha, irresponsablemente, abandona sus funciones legislativas, intenta paralizar la acción del Congreso, llama a movilizaciones y genera desórdenes públicos, amenazando con hacer ingobernable el país si no es liberado Pinochet, como si fuera el Gobierno del Presidente Frei el que lo tiene detenido.
Es decir, nos amenazan con la fuerza, nos recuerdan que ésta es una democracia protegida y que si algo le pasa a Pinochet, la democracia se termina. Seguramente, tenían en mente el "ejercicio de enlace" o el "boinazo", insubordinaciones militares dirigidas por Pinochet, destinadas a presionar al Gobierno por la investigación que realizaban los Tribunales de Justicia y la Cámara de Diputados en razón de los cheques por casi mil millones de pesos que el Ejército giró a nombre del hijo de Pinochet.
¡Valiente la vocación democrática de la Derecha, que no ha tenido la misma fuerza para exigir el esclarecimiento del asesinato del general Prats , ocurrido en un país extranjero! No vimos a los demócratas derechistas viajar a Buenos Aires a exigir justicia. Tampoco los vimos viajando a Italia, preocupados por el atentado contra el ex Vicepresidente de la República Bernardo Leighton . Seguramente porque sospechaban, al igual que la mayoría de los chilenos, que ésas eran obras de los propios organismos de seguridad del Gobierno de Pinochet.
Por eso, algunas de las medidas del Gobierno no me gustan, y seguramente no son del agrado de muchos chilenos. Pero las he respaldado y las seguiré respaldando, porque ante una crisis lo único responsable es cerrar filas con el Gobierno, enfrentar la prepotencia de la Derecha y evitar que los avances del proceso de democratización, aún débiles, se desmoronen.
Ello no significa que aceptemos que se confunda la persona de Pinochet con la patria, y que su detención se interprete como una agresión a Chile de los españoles o de los ingleses, sino que entendamos que es producto de la conducta inhumana del Gobierno que presidió y de su pésima imagen internacional, producto de la ausencia de justicia en nuestra propia patria. Recordemos que antes de Pinochet Chile era conocido en el mundo por su democracia, por sus poetas, pero a partir del golpe ha sido conocido por el dictador y por las violaciones de los derechos humanos. ¡Cuánto daño ha hecho Pinochet a la imagen de Chile!
Ciertamente, la histérica reacción de los políticos derechistas no ayudó a Pinochet. Frente a esta situación, es deber patriótico de todos los sectores garantizar la estabilidad político-institucional, terminar con actitudes antipatriotas y respaldar las acciones del Gobierno en el manejo de la política internacional, que constitucionalmente le corresponde. Tampoco significa que debamos vivir de rodillas ante quienes tienen el monopolio de las armas y ante quienes creen poder manejarlo a su antojo.
Una de las lecciones que deja este lamentable episodio es que cada vez será más difícil para los dictadores y sus colaboradores eludir la acción de la justicia, y que en el futuro serán varios los que no podrán salir de sus países sin correr el riesgo de enfrentar los juicios que aquí han eludido. Por ello, y fundamentalmente por el valor de la justicia y el respeto a los derechos humanos, debemos hacer los máximos esfuerzos por crear las condiciones para que en nuestra patria se busque la verdad en los casos pendientes y se logre la justicia, sin que existan privilegios de ninguna especie para nadie.
Otra tarea pendiente es la modificación de la Constitución, primero, para eliminar los enclaves autoritarios, liberando a las Fuerzas Armadas y de Orden del rol político de cautelar la institucionalidad, que sólo les corresponde hacerlo bajo la responsabilidad de la autoridad civil legalmente establecida, y, segundo, para restablecer la soberanía popular en la elección del Senado, a fin de que en su constitución se refleje fielmente la voluntad soberana del pueblo.
Finalmente, este lamentable episodio nos deja la lección de que Pinochet ha sido el principal obstáculo para la transición, y de que su alejamiento de la actividad política va a permitir a la Derecha liberarse de una tutela que la daña y facilitará la consolidación de la democracia. Pinochet debe asumir su responsabilidad ante el país por las violaciones de los derechos humanos durante su dictadura, enfrentar los tribunales de justicia y pedir perdón a las víctimas, para cerrar la herida que aún sigue sangrando.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con todo respeto, hago presente a quienes se encuentran en las tribunas que están prohibidas las manifestaciones. Porque una demostración trae otra, y como Presidente del Senado no puedo permitir que la sesión se transforme en un campo de batalla. Por lo tanto, a la próxima manifestación me veré obligado a hacer desalojar las tribunas.
Se los reitero una vez más: por el buen funcionamiento del Senado, les ruego proceder en los términos antes señalados.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , el tema que nos convoca hoy es una materia de Estado que afecta a toda la República. No se trata de un asunto personal que atañe a un Senador que se encuentra arbitraria e injustamente arrestado en un país extranjero. Es mucho más: es un problema político, diplomático y judicial.
El aspecto judicial está siendo tratado, por las vías que corresponden, por los abogados del Senador señor Pinochet . Pero hay un problema político y diplomático que es responsabilidad del Estado, y que está siendo abordado por el Gobierno de Chile y por toda la institucionalidad chilena. El Presidente de la República , el Presidente del Senado , el Presidente de la Corte Suprema y la mayor parte de los Senadores aquí presentes consideramos que éste es un asunto de Estado -y no un problema personal-, en el que se encuentran envueltos principios básicos y fundamentales de la República y del Estado de Derecho.
Iremos viendo cuáles son estos problemas de Estado básicos y fundamentales. Y estimo que no es conveniente entrar a derivar este debate tomando en consideración otros aspectos, que no son los pertinentes en este caso.
Marchábamos tranquilamente en un proceso de transición y de reencuentro entre los chilenos. Y estábamos dispuestos a solucionar los problemas conforme los resolvieran los propios chilenos. ¡Eso era lo que estábamos haciendo! Potencias extranjeras han intervenido en nuestro proceso, y pretenden afectar nuestra soberanía y dignidad. ¡Ése es el tema que nos convoca! ¿Cómo defendemos la dignidad de Chile? ¿Cómo defendemos nuestra soberanía? Y ¿por qué se ha afectado la dignidad de Chile?
El Gobierno laborista inglés -y quiero ser preciso, porque el gobierno laborista inglés no es Inglaterra; Inglaterra es mucho más- desconoce al Senador señor Pinochet la inmunidad emanada de su calidad de embajador extraordinario en misión especial, debidamente otorgada por el Gobierno de Chile. Desconoce una inmunidad que tradicional e históricamente han reconocido todos los Gobiernos, y desconoce la inmunidad que le otorga su calidad de ex Jefe de Estado , principio inalterable y permanente en las relaciones internacionales.
Este principio de inmunidad se aplica a todos los Jefes de Estado, sean elegidos o no. Porque también lo es el Rey Juan Carlos de España y nadie lo ha elegido para ello.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ROMERO.-
Una moción de orden, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tendré que ordenar el desalojo de las tribunas, porque se está impidiendo el debate del Senado.
El señor ROMERO.-
¡Se debe aplicar el Reglamento, señor Presidente!
El señor PÉREZ .-
¡Debe aplicar el Reglamento, señor Presidente!
El señor DÍEZ .-
¡Aplique el Reglamento, señor Presidente!
El señor ERRÁZURIZ .-
Señor Presidente , ésta no es la casa de orates. Entonces, que saquen a esa señora de ahí.
El señor PÉREZ .-
¡Saquen a esa señora, no más!
El señor ERRÁZURIZ .-
Señor Presidente , le ruego que haga cumplir el Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Que se proceda a retirar a la gente de las tribunas.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, desaloje solamente a las personas que están perturbando el orden.
El señor PÉREZ .-
Que saquen sólo a las que están haciendo desorden, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se suspende la sesión para desocupar las tribunas.
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--Se suspendió a las 11:46.
--Se reanudó a las 11:59.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
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La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , solicito a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para que la Comisión Mixta encargada del estudio del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de las Municipalidades en materia de gestión municipal, pueda funcionar paralelamente con la Sala. Tal iniciativa -que podría ser despachada en diez minutos- tiene urgencia calificada de "Suma"; y, además, los señores Diputados integrantes de ella ya se encuentran aquí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor PÉREZ.-
No, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Creo que es un error, señor Senador , pues se trata de una iniciativa que tiene urgencia.
El señor ERRÁZURIZ.-
Me opongo.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , en mi opinión, primero debemos esperar que se reanude plenamente la sesión con la totalidad de los señores Senadores. Más tarde, tal vez, no haya inconveniente en acceder a la petición de la señora Senadora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme. No vamos a continuar con la parte procesal mientras no haya acuerdo.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar su intervención el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , decía que nos encontramos en presencia de un problema de Estado que, además de sus ribetes políticos y diplomáticos, es también judicial. Pero el querer darle exclusivamente este último carácter -como algunos pretenden- significa el desconocimiento de ciertos principios, que están siendo infringidos y violados en lo que dice relación a nuestra soberanía y dignidad.
Por eso, consideramos que tal problema -que supera el campo meramente judicial, parte en la cual es atendido por abogados del propio Senador Pinochet- debe ser abordado por toda la sociedad chilena y por el país entero. Y en tal virtud, hemos apoyado tanto la acción del Presidente de la República como la actitud adoptada al respecto por los Presidentes del Senado y el de la Corte Suprema y por las demás autoridades que se han pronunciado a favor de la dignidad y soberanía de Chile.
Señalaba que el Gobierno laborista de Gran Bretaña había desconocido la inmunidad diplomática emanada de la calidad de embajador que el Gobierno de Chile otorgó al Senador Pinochet, como asimismo la que revestía por su condición de ex Jefe de Estado , la cual, de acuerdo con el Derecho Internacional, tradicional e históricamente le corresponde, y que constituye uno de los principios básicos en los que se sustentan la paz y la tranquilidad entre los países.
Manifestaba que en esto no sólo está en juego un problema de dignidad nacional, sino el de soberanía, ya que la solicitud de extradición emana de un juez español, que se atribuye jurisdicción y competencia para conocer delitos que habrían sido cometidos en territorio chileno.
Los gobiernos extranjeros han planteado en forma reiterada el respeto a la territorialidad, principio fundamental en el Derecho Internacional. Es una de las bases de la convivencia entre las naciones. Los pueblos no pueden atribuirse, según las circunstancias, competencia para conocer de los hechos ocurridos en otros. Ése sería el comienzo del fin del Derecho Internacional. Por eso, las competencias y jurisdicciones son parte de la soberanía de los pueblos y de los Estados.
La justicia española ha pretendido -y pretende- afectar nuestra soberanía. Y la afecta, porque la jurisdicción forma parte de ella, del mismo modo que el territorio; es decir, se afecta cualquier atributo de un Estado independiente. La jurisdicción es una función esencial de un Estado, que tiene por objeto aplicar, interpretar y ejecutar las leyes. Y por eso es el basamento jurídico de su accionar.
¿Qué son los Estados? Los Estados están formados por un territorio, una población y, también, por actos soberanos jurídicos, esto es, por la manifestación jurídica que ejecuta soberanamente respecto de las leyes que han de gobernar la conducta de la población. No hay Estado sin población; no hay Estado sin territorio; no hay Estado sin poder soberano, sin poder jurisdiccional. Los Estados que no tienen poder jurisdiccional, que carecen de poder soberano para decidir cuáles son las leyes que han de regir y la forma en que éstas deben aplicarse, no son soberanos.
La población es el elemento personal del Estado; el territorio es su soporte material. Pero el poder político, el poder soberano, implica la relación, eventualmente coercitiva, que media entre quienes mandan y quienes obedecen dentro de una comunidad.
La soberanía es la capacidad de mando político de un Estado, que ejerce en un pueblo y territorio determinados mediante su ordenamiento jurídico. Por eso los Estados, cuando son soberanos, aplican en plenitud sus facultades. Cuando no ejerce en plenitud su jurisdicción, estamos en presencia de un Estado que no es soberano, sino vasallo. De tal manera que la situación que se presenta a Chile respecto de su jurisdicción -vale decir, la capacidad que tiene de poder resolver y aplicar las normas de justicia por hechos ocurridos dentro de su territorio- emana de su calidad de Estado soberano.
Por esa razón, defendemos este principio y apoyamos la gestión que el Presidente de la República está llevando a cabo. Porque -como muy bien lo ha hecho- el Gobierno ha reclamado tanto ante el Gobierno español de la invasión de atribuciones a la jurisdicción chilena, cuanto ante el Gobierno inglés, pues éste no ha querido reconocer ni la inmunidad de jurisdicción ni la inmunidad de un ex Jefe de Estado .
Los tribunales españoles, con abierto desprecio hacia nuestra legislación, están privando a nuestros tribunales de la posibilidad de que conozcan de los hechos ocurridos en Chile. Y, a este respecto, creo que conviene hacer algunas reflexiones. Porque no es nacionalismo lo que planteamos acá, sino principios básicos que ordenan la convivencia internacional.
El Gobierno español pretende transformarse en un supratribunal, porque estima que en Chile no se han fallado de acuerdo a lo que él estima, determinadas causas por hechos cometidos en nuestro país. Y ese supratribunal determina cuándo y cómo ha de resolverse un problema propio de nuestra jurisdicción.
Y es una situación que hasta ahora se presenta solamente con España. ¿Qué pasa con los demás países? ¿Por qué no han adoptado medidas similares a las españolas, si realmente la legislación así lo permitiera? Porque han sido respetuosos de la soberanía de los Estados. Y, por eso, sólo el Estado español, a través de sus tribunales, es el que ha violentado nuestra soberanía; no lo han hecho otros países. Y no se diga también que las otras naciones no tienen respeto por los derechos humanos, que es la causa invocada por los tribunales españoles: ¡No lo ha hecho ningún otro país!
Pero es más, señor Presidente , no lo han hecho ni siquiera dentro de su propio territorio. Porque -como muy acertadamente se señaló- ¿dónde están los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Franco? ¿Dónde están esos procesos?
Entonces, realmente ahí es donde indigna a los chilenos el que esta soberanía se aplique en la forma tan menguada como España ha planteado el tema.
Existen otros aspectos que nos deben mover a reflexión.
Noten, Sus Señorías, que las alegaciones del juez Garzón no sólo comprenden el período del Gobierno militar, sino que se extienden más allá, y llegan hasta diciembre de 1992. Vale decir, ni siquiera es un problema que afecta a ese régimen, sino, incluso, al del Presidente Aylwin , con lo cual creemos que la acción de un tribunal español simplemente ha pasado todos los límites. Por ello existe justa indignación respecto de la invasión de atribuciones, la cual llega a privar a Chile de atributos jurídicos fundamentales.
Y siguiendo con este razonamiento, ¿Chile aceptaría cualquier tribunal? ¿Sólo el español? ¿Y por qué no uno de otro país? ¿Por qué Togo, Trinidad y Tobago, Estados Unidos o Malasia no pueden dictar normas semejantes, con lo cual nos veríamos enfrentados a temas de la misma naturaleza? ¿Qué pasaría si nuestros vecinos adoptaran normas semejantes? ¿Qué sucedería si nuestros países hermanos dictaran normas o resoluciones judiciales que afecten a nuestras autoridades? ¿No estaríamos a las puertas de un conflicto internacional de la mayor gravedad?
Señores Senadores, no podemos aceptar la jurisdicción de un país extranjero, bajo ninguna circunstancia.
Por ello, cuando se debaten principios no podemos claudicar. Porque por la vía de aceptar que estos principios pueden ser vulnerados, llegamos hasta las más abyectas consecuencias jurídicas. Porque si fuéramos consecuentes con el hecho de que el Gobierno el español tendría jurisdicción para tratar nuestros temas, esto no sólo podría referirse a materias penales, sino también, por ejemplo, económicas.
¿Qué pasaría si el día de mañana Chile de una u otra manera aplicara normas en materia económica respecto de las cuantiosas inversiones que España tiene en nuestro país, y las decisiones de nuestros tribunales no les gustaran a los tribunales españoles y como consecuencia de eso iniciaran procesos en contra de nuestras autoridades?
Además, ¿qué ocurre con el cumplimiento de las resoluciones? Para que realmente exista jurisdicción también debe existir la otra consecuencia de la misma: el empleo de la fuerza para hacerla cumplir. ¿Y vamos a permitir que resoluciones extranjeras, emanadas de un tribunal incompetente, también se hagan cumplir con la fuerza? Porque si el razonamiento es que no importa, porque en Chile no se han sancionado determinados hechos, ¿vamos a permitir que incluso por la fuerza (porque ése es el argumento llevado en su plenitud desde el punto de vista jurídico) debieran hacerse cumplir las resoluciones?
Estoy cierto de que esto no lo acepta ninguna persona que estudie a fondo el tema. Sólo la reflexión del mismo (no las pasiones, que espero sean pasajeras) puede obligar en definitiva a no aceptar bajo ningún respecto la jurisdicción española en esta materia.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor FERNÁNDEZ.-
Pido prórroga de él, en razón de que fui interrumpido, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Su Señoría puede redondear la idea. Debemos ser muy severos en el cumplimiento del tiempo de las intervenciones.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Permita que el señor Senador termine.
El señor CHADWICK .-
Su Señoría puede ocupar parte de mi tiempo, señor Presidente .
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , no me voy a referir a otras consideraciones que tengo en relación con la justicia española. Pero respecto a estas normas del supratribunal español, que pretende arrogarse la facultad de juzgar en Chile, creemos que, además, eso supone aceptar que se violen principios universales del Derecho Penal. Porque los procesos que se siguen en España no respetan las normas de la legalidad, tienen efecto retroactivo y se trata de tribunales creados con posterioridad a los hechos. Vale decir, aceptar la jurisdicción española, fuera de que significa afectar nuestra soberanía, también lesiona estos principios básicos, elementales, del Derecho Penal: legalidad, retroactividad de la ley y tribunales creados con anterioridad al acto punitivo, porque los que en España están conociendo esta causa fueron creados con posterioridad a los hechos ocurridos.
Por eso, estamos frente a un tema básico y fundamental: cómo defendemos la dignidad de Chile afectada por Gobiernos extranjeros que violentan nuestra soberanía y capacidad de decisión; cómo defendemos los legítimos derechos de los chilenos a vivir en paz y resolver nuestros problemas de acuerdo con nuestra propia manera de ser. Ése es el camino que habíamos iniciado. No podemos permitir que sea interrumpido como consecuencia de acciones foráneas. Y esto ha de significar, inevitablemente, que no podemos aceptar la tesis que el Gobierno laborista inglés está planteando, en el sentido de que se trata de un problema meramente judicial. Eso constituye un desprecio hacia su homólogo chileno, que ha reclamado ante aquél. Constituye un desprecio, también, lo que dice el gobernante español, en cuanto a que es un problema judicial. También es un desprecio al Estado de Chile, que ha reclamado por ello. Y cuando lo ha hecho ante las Administraciones inglesa y española ha querido significar que éste no es un problema judicial, sino de Estado. Porque, si fuera lo primero, el Gobierno chileno no habría reclamado ante ninguna de ellas.
De tal manera que la respuesta que dan los gobernantes de esas naciones también afecta nuestra dignidad y constituye un desprecio a los reclamos chilenos.
Una vez terminado este conflicto -espero que se solucione adecuada y satisfactoriamente-, creemos de verdad que nuestro país debe revisar muy profundamente sus relaciones con esas naciones, que no han sabido corresponderle con la actitud y dignidad que se merece.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Señor Senador, ha terminado su tiempo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Concluyo, señor Presidente .
En los últimos 30 años, Chile ha experimentado conmociones muy dolorosas. Cierto es que no pueden olvidarse determinados hechos, pero no debemos seguir consagrando las mejores energías del país a la búsqueda de responsables de uno u otro sector. Por esa vía, jamás llegaremos a concordar.
Nadie puede llamarse a engaño: las recíprocas recriminaciones continuarán atizando, inevitablemente, nuevos odios, cuyas consecuencias tarde o temprano deberemos lamentar.
En consecuencia, estamos ante a un dilema claro, que he planteado antes en el Senado y creo urgentemente necesario repetirlo ahora: ¿En qué país queremos vivir? ¿En uno de reconciliación entre hermanos o en uno de enfrentamiento generalizado?
La decisión es nuestra. De optar por la paz, debemos dejar atrás odios y rencores. Porque si permitimos que éstos prevalezcan, tengamos la certeza de que no podremos vivir en reconciliación. Peor aún: dentro de cada sector surgirán grupos que se sentirán con el mejor derecho a ajustar sus cuentas. Y en un cuadro semejante, los más violentos, de un signo o de otro, suelen encontrar las mejores condiciones para manifestarse. La pendiente está abierta frente a nosotros. ¡No nos dejemos deslizar por ella!
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en verdad deseo partir reiterando un sentimiento muy personal. No soy de las personas que se alegraron al saber de la detención del General Pinochet. Por mis convicciones humanistas, no le deseo a nadie que se enfrente a la justicia en las condiciones que él ha debido hacerlo, a su avanzada edad, en situación postoperatoria, lejos de la patria. Y en este terreno deseo agregar algo más: no nos mueve la venganza; no estamos buscando revancha. Y hemos dado pruebas de ello.
En el Senado convivimos con personas que tuvieron destacadas actuaciones durante el Gobierno militar. Sería largo y probablemente odioso describir esas funciones. No obstante ello, no sólo hemos logrado coexistir pacíficamente, sino también debatir y -me atrevo a decirlo- acercar posiciones, aun cuando no hemos logrado todavía que lo que, a mi parecer, a estas alturas son convicciones personales bien establecidas, hayan podido constituirse en verdades públicas. Pero ya llegará el tiempo en que eso ocurra.
Comprendemos, también, el pesar de los partidarios del General Pinochet por lo acaecido y, en particular, los sentimientos del Ejército para con su ex Comandante en Jefe; pero tales sentimientos, de uno u otro lado, no pueden llegar a nublarnos la razón. No se puede pedir al Senado que defienda los fueros de quien estuvo a la cabeza de un Gobierno que cometió tan graves violaciones a los derechos humanos. Los hechos denunciados en España son delitos de terrorismo internacional fríamente calculados y concertados entre las policías secretas de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Ellos dieron como resultado la tortura, el secuestro, el asesinato y la desaparición de ciudadanos chilenos y extranjeros. Fueron delitos cometidos tanto en territorio nacional como en otros países del Cono Sur de América Latina. Todos ellos fueron perpetrados mientras el Senado permanecía cerrado por la fuerza. Ninguno de estos delitos, por cierto, tiene que ver con la calidad de Senador del General Pinochet. La inmunidad se justifica como mecanismo de protección para el ejercicio del cargo y no como forma de garantizar impunidad por delitos cometidos con mucha anterioridad.
Cuando el General Pinochet ingresó al Senado, en marzo recién pasado, sostuvimos que se estaba ejerciendo violencia sobre las instituciones. Con la misma fuerza sostenemos ahora que no corresponde que esta Alta Cámara solidarice con actuaciones tan reprobables.
La Oposición no puede continuar hablando como si fuera la dueña de Chile. ¡Ustedes no son Chile, sino sólo una parte de él! ¡No le pueden pedir a la otra parte, a la mayoría, que fue ofendida y agraviada, hacerse cargo y asumir como propias las violaciones de que fue objeto! ¡No le endosen al país una responsabilidad que no le corresponde. Chile, como Estado, no es responsable de crímenes contra la Humanidad ni de terrorismo internacional.
Tampoco es aceptable que la defensa del General Pinochet tenga como principal argumento el retroceso de la transición. ¿Qué significa esto? Que se paraliza la acción de las instituciones, que Chile se detiene, que la democracia deja de ser viable. Los problemas de Chile -estamos convencidos de ello- se solucionan con más y no con menos democracia; fortaleciéndola y no restringiéndola; defendiéndola y no amenazándola.
La situación por la que atravesamos es, sin duda, preocupante. La imagen internacional del país se ha deteriorado severamente. El mundo tiene opinión formada sobre esto. Y ello -¡por favor!-, no porque haya sido objeto de una campaña de desinformación. Eso no es así. Lo que ocurre es que el mundo ha evolucionado mucho y juzga muy severamente las violaciones graves a los derechos humanos, las formas de autoperdón y la consagración de la impunidad que se ha intentado en Chile. Ese es el tema de fondo. Y como lo dijo con mucha claridad Monseñor Errázuriz , nada de esto habría ocurrido de haber habido justicia.
Es un grave error pensar que el mundo funciona en comportamientos estancos. ¡Por favor! No se globalizan solamente los flujos comerciales. Se difunden internacionalmente también las ideas y los valores. Por suerte, ello ocurre así.
Hay aquí un dilema estratégico para Chile. La Oposición no puede pretender que el país tenga una apertura ancha de la economía, que comercie con todas las naciones del mundo, que sea el país que más se integre en la economía internacional, pero que lo mantenga al mismo tiempo cerrado a la influencia externa en materia política y cultural o en el ámbito de la justicia.
Señor Presidente, digámoslo con total claridad: ese proyecto de país no es posible. No hay espacio en el mundo para una especie de "Albania neoliberal". Eso no existe.
Uno de los avances importantes de la historia reciente de la humanidad se refiere precisamente al reconocimiento de la anterioridad de los derechos de las personas respecto a los derechos de los Estados. Ésa ha sido la evolución del Derecho Internacional moderno, luego de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, sostenemos desde hace mucho que los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en tribunales internacionales.
Ésta es la razón por la cual hemos tenido una diferencia con el Gobierno, aunque comprendemos su actuación en defensa de ciertos principios jurídicos. Fuimos simplemente consecuentes con lo que hicimos y dijimos cuando luchábamos por el mundo en contra del Gobierno militar.
En estos días, el peso del pasado ha caído fuertemente sobre nuestras conciencias y ha alterado la convivencia nacional. ¿Qué duda cabe de ello? Pero eso no puede seguir ocurriendo. Debemos ser capaces de mirar hacia adelante. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. No podemos permanecer divididos entre los que defienden al General Pinochet y quienes pensamos que él es culpable de graves atropellos a los derechos humanos.
Este conflicto -seamos realistas- no podemos resolverlo nosotros. Hoy día sólo pueden solucionarlo los tribunales. Si son sinceros los alegatos sobre soberanía nacional y no se trata simplemente de un expediente para garantizar impunidad, hagamos lo necesario a fin de que en Chile termine la impunidad y se restablezca la justicia; hagamos lo necesario para que podamos decir al mundo que en nuestro país existen las condiciones para que el General Pinochet declare frente a un juez y sean los tribunales chilenos quienes en definitiva resuelvan.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , como cuestión previa, deseo manifestar mi protesta por el hecho de que la Cámara Alta no haya podido sesionar normalmente.
La actitud asumida por la totalidad de los Senadores de Derecha y de varios Senadores institucionales careció de todo fundamento, incluso es contraproducente para el propio objetivo que perseguían. En efecto, ¿cómo pretenden convencer en el extranjero sobre la seriedad y normalidad de nuestras instituciones?, ¿cómo pueden demostrar que los tribunales chilenos están en condiciones de juzgar cualquier causa, entre ellas las del propio Senador señor Pinochet si , al mismo tiempo, con sus hechos impiden el normal funcionamiento de esta Corporación?
Lo anterior resulta incomprensible para cualquiera. ¿Qué significa el hecho de negarse a asistir a sesiones, de boicotear una institución como el Senado para dar una señal de caos, de hacer declaraciones llamando a "pasar a la acción" o "hacer la vida imposible"? Todo ello constituye una abierta provocación y ha contribuido a crear un clima de peligrosa polarización en el país. ¡Francamente, fueron demasiado lejos!
Lo propio de la Cámara Alta es que sus miembros actúen con serenidad, buscando en el debate y en la confrontación de ideas la manera de entregar su aporte a la sociedad, máxime en una situación como la que estamos viviendo. Para eso hemos sido elegidos, y para ello está llamado el Senado.
Sin más ánimo que contribuir a buscar entre todos el camino y dar una salida a la crisis, entrego mi personal visión y análisis de los hechos.
Parto por afirmar que sólo busco afianzar la transición y, por ende, la democracia, supremo valor sobre el que necesitamos hacer descansar nuestras instituciones y la convivencia nacional.
Fácil y cómodo es dejarse llevar por la polarización. Los hechos en curso alimentan recíprocamente los extremos. Estos sectores parecen más interesados en que la situación se mantenga o se agrave, en bien de sus propios fines electorales, que en situarla en la dimensión que corresponde. Por el contrario, difícil y complejo resulta asumir la defensa de principios soberanos y de respeto hacia el Estado de Chile cuando esto puede interpretarse como adhesión a quien fuera nuestro enconado adversario.
Sin embargo, a riesgo de que ello suceda, y dejando sentadas las diferencias políticas que he tenido y tengo con el Senador señor Pinochet , estimo de la mayor responsabilidad política rechazar la actitud del Gobierno británico, de no respetar la inmunidad otorgada por nuestro Gobierno a un ex Jefe de Estado y miembro del Senado, y la pretensión de la justicia española, de juzgar a un connacional por delitos cometidos en nuestro territorio.
Mi posición la fundo no sólo en razones jurídicas que existen y son de mucha fuerza, sino en razones especialmente políticas, tanto sobre la concepción de Estado como sobre la naturaleza misma de la transición.
Éste es un problema esencialmente político, y no meramente jurídico o judicial, como algunos quieren presentarlo dentro del país o fuera de él.
Chile es un Estado soberano, construido con el esfuerzo de muchas generaciones. Nuestra vida independiente es testimonio de una lucha permanente por conformar un Estado de Derecho, donde las instituciones emanen de la voluntad popular y la ley sea igual para todos. Es cierto que en este desafío ha habido retrocesos. ¿Y qué pueblo no los ha sufrido? Nadie está exento de ellos.
En 1973 se quebró la tradición democrática y tuvimos una dictadura durante diecisiete años. Pero finalmente, y a nuestra manera, la reiniciamos entre todos los compatriotas. Fue una decisión libre y soberana del pueblo chileno. El mundo entero nos aplaudió y quedó sorprendido por nuestra prudencia; pero, sobre todo, por la originalidad de la forma. Sin embargo, hoy, desde el exterior, nos ponen en entredichos, no nos respetan como Estado soberano y menos aún entienden nuestra transición.
En uno de los países donde se nos cuestiona, su poder judicial vivió cuarenta años en dictadura, con una guerra civil que cobró un millón de vidas humanas, y su regreso a la normalidad sólo fue posible después de la muerte del dictador. Curiosamente, en democracia en esa nación no se juzgó a nadie, ni por los españoles caídos ni por los miles de extranjeros que ofrendaron su sangre, ya sea por la causa de la República o por la causa nacionalista, o bien, en su fase internacional, por el comunismo o por el fascismo. Tales muertes, muchas veces, carecieron absolutamente de un marco épico, siendo lisa y llanamente ajusticiamientos u oscuras venganzas. Decenas de miles de españoles se vieron forzados a emigrar al término de la contienda. Nuestro país acogió a varios miles de ellos. Nunca hubo, por parte de las autoridades democráticas españolas, justicia o una indemnización reparatoria para esa gente.
También ahora desde algunos países europeos nos tratan con dualidad: por una parte, sus inversionistas confían y reconocen que nuestro Estado de Derecho funciona para la seguridad y el reintegro de hasta el último céntimo de interés por cada franco suizo invertido en Chile, y por otra, para ciertos políticos y jueces, este mismo sistema no garantiza ni los valores ni los principios jurídicos de sus sociedades cultas y desarrolladas.
Esta mala memoria, el doble estándar y - por qué no decirlo- el simplismo de ciertos dirigentes político europeos y jueces españoles nos obligan a encarar este desafío reafirmando nuestro Estado de Derecho y la esencia misma de nuestra transición política.
Debemos hablar con claridad y firmeza; llamar las cosas por su nombre, sin complejos de ninguna especie y, sobre todo, con la tranquilidad que da el haber sido opositor al Régimen del General Pinochet, no de última hora, sino desde su inicio, y haber luchado sin descanso durante esos diecisiete años por recuperar la democracia en nuestra Patria.
Por eso, deseo partir señalando que apoyo plenamente la protesta del Gobierno chileno, expresada tanto por el Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , como por su Canciller , don José Miguel Insulza , la cual está más allá de cualquier consideración político-partidista, porque da cuenta de la correcta defensa de los intereses permanentes y superiores de Chile. En esta línea, suscribo plenamente lo expresado por el Presidente del Senado , mi hermano Andrés .
Aceptar la injerencia de tribunales extranjeros en hechos que acaecieron en Chile en un proceso sociopolítico complejísimo, por dolorosos y terribles que fueron, sería reducir nuestra historia y evadir nuestras propias responsabilidades, más aún cuando en la sociedad chilena todavía se debate sobre las causas de la crisis que culminó con la pérdida de la democracia y una secuela de violencia en todos los ámbitos de la vida nacional.
A nosotros mismos nos cuesta tener una visión objetiva al respecto. Aquí todavía no se ponen de acuerdo sobre las causas de la revolución de 1891. Y, por cierto, la intervención extranjera de entonces (que se registraba ya en esa época, como consecuencia de las inversiones inglesas en el salitre) fue menor que la sufrida como resultado de la Guerra Fría, tanto en forma previa a 1973 como con posterioridad. En esta última ocasión no se limitó, como antes, sólo a la defensa de intereses económicos, ahora estadounidenses: fue mucho más profunda. Al intento cubano de expandir su revolución a Latinoamérica vino la respuesta del Pentágono y del Departamento de Estado, que plagó de dictaduras militares el continente y las sostuvo. A los procesos revolucionarios marxistas se les respondió con la guerra interna o sucia y con policías políticas propias de Argelia o Vietnam. Ambas partes se retroalimentaban mutuamente y nuestros pueblos vivieron un proceso infernal. Fuimos verdaderos conejillos de Indias.
¿Cómo puede, entonces, un juez foráneo pretender aplicar justicia, no la ley, si desconoce el contexto de los hechos y la profundidad de la crisis?
Es más: ¿cómo hacerlo cuando varios de los actores vigentes desde hace 25 años todavía discuten sobre sus culpas y responsabilidades en la tragedia chilena?
Recientemente hemos conocido un intercambio muy franco pero muy rudo entre el dirigente socialista Carlos Altamirano y el dirigente comunista Volodia Teitelboim, en el que los argumentos, cargos y descargos develan la profundidad y gravedad de la crisis vivida en el propio corazón de la Unidad Popular y que incluso ha seguido gravitando en la Izquierda después del golpe.
No menos reveladores han resultado los conflictos en la Derecha, donde un sector que alentó y respaldó abiertamente el golpe y dio sustento político al Gobierno militar se distingue de otro que estuvo en lo mismo y que ahora ha pretendido apartarse señalando que no tiene responsabilidades en los crímenes y violaciones a los derechos humanos, argumentando que sus integrantes sólo fueron técnicos o administradores. Esas posiciones se pueden observar nítidamente, contándose en el primer caso al ex Senador Jarpa , y en el último, al Alcalde Lavín .
Tampoco en nuestras filas ha mediado un solo criterio para los sucesos de 1973. De hecho, más de una polémica sobre el tema ha existido entre nosotros. Un ejemplo elocuente es el del testimonio y las declaraciones de mi camarada el ex Presidente Patricio Aylwin acerca de la materia.
Pese a lo anterior, es en la Democracia Cristiana donde el país ha podido advertir mayor consecuencia y responsabilidad, ya que siempre buscamos la defensa del derecho y la democracia.
Aprendiendo de los errores, fuimos capaces de indicar el camino correcto. En tal tarea, no fue menor el convencer a nuestros aliados y coincidir en un objetivo común: recuperar la democracia de manera pacífica a través del voto. Lo logramos, pero con un costo: tenemos una transición pactada, la que aún no concluye, como se encuentra demostrado en la práctica.
En efecto, con una apreciación acertada de la realidad y reconocida la profundidad de la crisis política y social que llevó al país al desencuentro de 1973, concordamos entrar al sistema. Y, a través de la expresión soberana del pueblo, iniciamos entre todos los chilenos, el 5 de octubre de 1988, el proceso de transición y de restauración de la democracia.
Ese paso trascendental y los que se han dado a continuación no constituyeron una ruptura, sino, por el contrario, transacciones logradas dentro de la institucionalidad establecida por el Régimen militar y validada por nosotros en el plebiscito de 1989. Cada una de las partes, por el bien común, debió ceder en sus posiciones y hacer honor a sus compromisos.
Allí radica precisamente la esencia del proceso chileno. Y en la medida en que mantengamos ese compromiso podremos avanzar sin peligros o temores.
Las frustraciones; la demora en el logro de aspiraciones muy queridas para quienes creemos que las instituciones deben fundarse en la soberanía popular, y otras complicaciones, como la que ahora vivimos, sólo pueden superarse cuando se entiende a cabalidad el carácter y la esencia misma de la transición. Ésta fue explícita o implícitamente pactada, y así se ha seguido desarrollando en el tiempo. Aquí no hubo una derrota militar, con la consecuente ruptura del sistema preestablecido.
Al avanzar, por tanto, los márgenes se estrechan cada vez más, dejando atrás a quienes no se hallan en condiciones de seguir conduciendo. Sólo podrán hacerlo aquellos que sean capaces de entender el gran axioma político mencionado y que en lo personal se encuentren reconciliados de verdad.
Por eso, en situaciones como éstas, es fundamental no confundirse ni dejarse arrastrar por oportunismos o escapismos.
Quienes hoy, sin ambigüedad o reservas, respaldamos al Gobierno y al Presidente del Senado, lo hacemos porque defendemos los principios en juego y reivindicamos lo logrado.
Nadie puede desconocer lo anterior. La correlación de fuerzas así lo demuestra. El único liberado del compromiso es el Partido Comunista, que siempre lo ha criticado y ha actuado en consecuencia.
He ahí donde radica la fortaleza de nuestra transición y donde también reside su talón de Aquiles.
Lo grave de lo ocurrido con Pinochet no está sólo en su suerte personal, sino en lo que representan los valores y principios en juego, tanto para el país como para la transición.
Es por ello que una injerencia extranjera que no conoce a cabalidad el proceso chileno puede hacer a éste más daño que bien y provocar una involución que retrase la plena madurez del proceso democrático.
Lo anterior es de una lógica política elemental, y no entenderlo constituye una demostración de irresponsabilidad o frivolidad.
Desarticular los enclaves autoritarios ha sido lento, engorroso, frustrante e incomprendido, muchas veces, por nuestro propio pueblo, particularmente por los jóvenes. ¿Cómo pretender, entonces, que lo entiendan en otras latitudes?
Pese a los enormes esfuerzos realizados, nos ha costado hacer justicia y encarcelar a responsables directos de los crímenes perpetrados. Y ello, incluso por gestos y actitudes de algunos de nuestros aliados que sólo han dificultado las cosas. Con todo, el país puede constatar que cumplen condena altos funcionarios de los organismos de seguridad responsables de las violaciones a los derechos humanos y que los tribunales perseveran en hacer justicia.
Quisiera agregar, finalmente, algunas consideraciones de orden jurídico y de grave incidencia para el Estado de Chile y nuestra soberanía.
La decisión de requerir la declaración indagatoria de Pinochet y someterlo a proceso tomada por la justicia española supone aceptar la siguiente premisa: que el Estado de Derecho que articula e informa la actual organización política y jurídica chilena no es serio ni fiable y debe ser, por consiguiente, intervenido.
Como consecuencia natural de ese supuesto, por una parte el Gobierno británico desconoce la inmunidad diplomática otorgada por el Gobierno chileno a un Senador, y por otra, la justicia española pretende también jurisdicción sobre hechos acaecidos en Chile y actualmente investigados por tribunales chilenos.
Con igual justificación que la de la justicia española, no hace mucho tiempo fuimos asimismo agraviados, en cuanto a la vigencia de nuestro Estado de Derecho, por una decisión del Gobierno suizo, que se negó a conceder la extradición de un chileno que había cometido delitos terroristas en nuestro territorio, que había sido juzgado y condenado por los tribunales de justicia, y que se fugó mientras cumplía su pena. Y, de paso, todo ello acaecido en democracia.
Digámoslo francamente: era impensable para nosotros que el país fuese víctima de una ofensa tan grave e injusta como ésa. Y reconozcamos también que el golpe resulta doblemente más duro para quienes exhibimos con orgullo, como uno de los logros más preciados de la Concertación, la reinserción de Chile en la comunidad internacional.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se ha agotado su tiempo, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
En ese negativo panorama internacional, debemos rescatar el significado del respaldo otorgado al Gobierno por el Presidente Menem . El Mandatario argentino entiende que se hallan en juego principios básicos para la soberanía de los Estados latinoamericanos, como la territorialidad de la ley, entre otros. Y también tiene la entereza de sobreponerse a recuerdos dolorosos, dando solidariamente un paso para afianzar la integración nacional y regional.
Voy a terminar, señor Presidente .
Ninguna autoridad foránea puede desconocer que se invistió a un ex Jefe de Estado y Senador de la República como enviado en misión especial, en representación del Estado de Chile, a una nación extranjera. El país que lo recibió, debida y previamente informado, acorde con las más sólidas y sanas tradiciones internacionales, debe aceptar y extender la inmunidad y protección, que avala el reconocimiento, no de la persona, sino del Estado que la envía y que es representado por ella, o, en caso contrario, formular oportunamente sus objeciones.
La reciprocidad que deben guardarse los diferentes Estados constituye la esencia del orden internacional fundado en la convivencia. Pero, aun así, pareciera que los poderosos frecuentemente desconocen respecto de las naciones más débiles esos principios, que ellos reclaman para sí.
La High Court de Gran Bretaña, al reconocer en forma unánime la inmunidad diplomática, ha puesto las cosas en su lugar. Así debió haber sido siempre. Y no lo fue por la actitud del Gobierno laborista inglés, que negó a sabiendas, contra su propio derecho, un principio básico para la relación entre Estados soberanos. Tan evidente es esta afirmación, que el tribunal condenó al infractor de la legalidad a pagar las costas de la causa.
La decisión de la justicia española de ejercer jurisdicción sobre hechos ocurridos en nuestro territorio significa declarar la interdicción del Estado chileno y tomarlo arbitrariamente bajo su tutela. Lo cierto es que la facultad de juzgar dichos actos corresponde privativamente a los tribunales de nuestro país. No es admisible que éstos puedan ser despojados de la jurisdicción que están ejerciendo activamente a través de procesos criminales instruidos por Ministros de Corte, como es el caso del Ministro de Fuero don Juan Guzmán , quien desde enero de este año sustancia una causa donde se han presentado varias querellas, entre ellas una del Partido Comunista, y en que está citado a declarar el Senador Pinochet.
La causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción de Madrid versa sobre delitos que el Ministro antes indicado está conociendo. Esta duplicidad de tribunales -los chilenos y los españoles- debe ser decidida a favor de aquel en que ocurrieron los hechos. No puede invocarse convención internacional alguna para privar al Estado chileno de una de sus atribuciones más importantes, cual es la de administrar justicia, en la forma como lo entiende, en el caso concreto.
Como nos recordara recientemente quien fue Presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el jurista y ex Senador don Raúl Rettig , "que las cosas no se hagan bien en un determinado territorio, no significa que la solución jurídica varía. Jurídicamente los delitos cometidos en un territorio se juzgan allí.".
Si nos doblegamos ante estos criterios neocolonialistas de potencias extranjeras estaremos, no sólo enajenando nuestro proceso político, sino también arriesgando la independencia y la soberanía de las futuras generaciones. Y Chile no será, por cierto, la única víctima de tal pretensión.
La coherencia histórica de nuestro Estado de Derecho, la exigencia del reconocimiento del Estado de Chile en la comunidad internacional y la consolidación de la transición política nos obligan a defender con firmeza y seriedad los principios superiores y permanentes de esta causa, lo que no debe confundirse con quienes sean sus circunstanciales protagonistas.
Lo dramático de lo ocurrido es que de golpe volvimos al pasado. Debemos asumir que la inmensa mayoría de nuestra gente no quiere eso, pero al mismo tiempo nos reclama la necesidad de profundizar caminos que nos lleven a la verdad y a un mayor grado de justicia, condiciones fundamentales para una sana convivencia nacional en el marco de la democracia a que todos aspiramos.
Tenemos que ser capaces, entre nosotros, de crear condiciones para que el Poder Judicial , conforme a la ley, pueda satisfacer tales exigencias y, especialmente, establecer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos.
Con todas mis fuerzas, convoco a los espíritus serenos de mi patria, quienes representan la estabilidad y el equilibrio, a no permitir que nos vuelva a desbordar la pasión de los extremos. Debemos ser capaces de afianzar la transición, de buscar justicia y no venganza. Así lograremos que los millones de chilenos que exigen progreso y tranquilidad encuentren en nosotros a los líderes que con sabiduría y visión los guíen al nuevo siglo.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ruego a los oradores tratar de ajustarse lo más posible al tiempo de que disponen.
Asimismo, solicito a los miembros del Comité Demócrata Cristiano considerar los cinco minutos de más que habló el Honorable señor Adolfo Zaldívar, para ver si vamos ajustando las alternativas a fin de que puedan intervenir todos los Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , el Senado estaba en deuda; nosotros estábamos en deuda, no solamente con nuestros principios y valores, sino también con nuestra patria.
Me parece importante que, después de 17 días de conocida la detención arbitraria e ilegítima del Senador señor Pinochet -como lo ha declarado expresamente el más alto tribunal de Londres-, la Cámara Alta no haya analizado lo ocurrido como lo hace ahora.
Estábamos en deuda: con nosotros mismos, con nuestra tradición y con nuestra Corporación. No podíamos permanecer impasibles frente a un sillón que hoy se encuentra vacío.
Ésta y no otra ha sido la razón por la cual esperábamos que el Senado, consecuente con su tradición, se abocara de inmediato -como lo hace ahora, después de 17 días- a considerar un hecho que ha conmocionado a Chile, que ha conmocionado a la Institución y que aún deja un sillón vacío en esta Sala.
Nos parece, señor Presidente , que ese sillón vacío también debe hacer reflexionar a algunos de nuestros colegas para que, cuando se refieran a la persona de quien no lo ocupa, puedan tener el coraje y la valentía de esperar que regrese para formular críticas que no escuché cuando el Senador señor Pinochet se hallaba presente en este Hemiciclo.
Lo que hoy día está en juego es, simplemente, que la soberanía chilena y la de otros países del continente se encuentran seria y gravemente amenazadas por la intromisión de tribunales especiales españoles de aplicar extraterritorialmente una legislación, arrogándose una competencia y una jurisdicción que no les corresponde.
Uno de los principios básicos en que descansan las relaciones internacionales es el de la igualdad jurídica de los Estados. Él indica que todos los Estados tienen los mismos derechos y deberes, cuyo goce y ejercicio no dependen de su poder efectivo, sino de su sola existencia como nación independiente o como Estado.
La jurisdicción, atributo de la soberanía, permite a un Estado representado por los jueces aplicar la ley a los casos concretos, esto es, administrar justicia conforme a Derecho, resolviendo las contiendas que se presentan ante ellos o interviniendo en las situaciones en que la ley los requiera.
Por ser un atributo de la soberanía, la jurisdicción no puede faltar en el Estado; es absolutamente indelegable, y sólo alcanza hasta donde alcanza la soberanía. Es decir, no puede haber sometimiento a la jurisdicción sino donde puede haber sometimiento a la ley.
Y hoy día estamos presenciando esta intromisión, esta pretensión, esta interferencia en nuestros asuntos internos, agravada por la circunstancia de que se hace a sabiendas de que Chile se expresó libre y soberanamente en los plebiscitos de 1988 y 1989, en dos elecciones presidenciales y en tres elecciones parlamentarias, actos celebrados en un clima de paz, estabilidad y armonía, que representan la voluntad mayoritaria del pueblo chileno, de la nación chilena, de consolidar la transición democrática.
Señor Presidente, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz y la democracia son valores esenciales que nos pertenecen a todos. A veces, escuchando a algunos colegas, pareciera que se quieren apropiar de esos principios.
¡Si Chile nos pertenece a todos! ¡Si la transición chilena, acordada y pactada a fines de la década anterior, también nos pertenece a todos!
Sin embargo, hoy día no se reconoce que existe esta transición, ni tampoco, por algunos, que existen la soberanía y la independencia del país para expresar, no solamente lo que significa un acto de administración de justicia, sino de limitar gravemente la independencia política de la nación.
En Chile, Honorable Senado, la ley establece expresamente los delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado. Se dispone que cometen delito contra la soberanía nacional los que de hecho ofendieren gravemente el sentimiento patrio o el de independencia política de la nación, y, también, los que prestaren ayuda a una potencia extranjera con el fin de desconocer el principio de autodeterminación del pueblo chileno o de someterse al dominio político de alguna potencia extranjera.
Quiero recordar que tales normas y principios constituyen valores que todos debemos respetar, y no actuar con dos caretas: la con que se dice una cosa al interior del país, y aquella con que se expresa otra en el exterior. Aquellos que así actúan olvidan que todos nos conocemos en Chile. Y aquí surge el tema de los peligros que encierra el que los actores políticos no sepamos moderar la polarización que ha venido provocando esta coyuntura, a mi juicio la más grave que ha sufrido el Estado de Chile en la presente década. Tenemos la obligación de orientar y guiar a la opinión pública con prudencia, con serenidad, evitando ser agentes instigadores de pasiones o de emociones que, aunque legítimas, a veces pueden ser autodestructivas de nuestra propia convivencia.
Señor Presidente , creo que debemos tratar de despersonalizar, en la medida de lo posible -por último, por respeto al sillón vacío a que he aludido-, esta situación, tarea difícil cuando se trata de uno de los miembros de esta Corporación. Porque en tanto cada una de las acciones de los diferentes actores políticos se den en términos de adhesión o de repudio a una persona, inevitablemente estaremos cayendo en una disyuntiva de triunfo o derrota que lo único que logra es división interna y desprestigio internacional.
En ese sentido, parece fundamental darnos cuenta de que la existencia de derrotados en este "affaire" es el peor de los triunfos para el país. ¿Seremos capaces, ante la inminencia de una campaña electoral y ante la necesidad de recomponer las tensiones sufridas en las relaciones entre partidos, entre sectores (en aquellos casos en que esto ha sucedido), evitar recriminaciones y ataques poco constructivos? ¿Seremos capaces de unirnos en torno de la persona del Jefe del Estado frente a designios superiores, como son los objetivos riesgos que para nuestra soberanía e independencia implica la tesis de la intromisión jurisdiccional por un tercer Estado en los asuntos internos de nuestra nación independiente, sustentada por la Audiencia Española y respaldada por otros países europeos? ¿O, por el contrario, elegiremos perseverar públicamente en la consecución de nuestras apreciaciones y aspiraciones individuales, aunque con ello se debilite nuestra posición como nación?
Una vez que esto pase, ¿seremos realmente capaces de superar la tentación de sacar dividendos políticos? ¿Seremos capaces de evitar desangrarnos a través de imputaciones tendenciosas y poco constructivas acerca de lo que debió hacerse y no se hizo, o respecto de lo que se hizo no debiendo haberse realizado?
Es un hecho que la gran mayoría de nosotros actuó en forma cohesionada detrás del Presidente de la República y de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo los que ya sabemos.
También es un hecho que para nosotros la defensa del principio de soberanía es más fácil que para otros, principalmente porque no se nos producen contradicciones con la persona objeto de la defensa. Aunque no comparto el pensamiento de aquellos que han adoptado una aproximación diferente, entiendo lo difícil que les debe ser actuar abstrayéndose de la persona concreta objeto de este problema internacional.
La actitud de aquellos que, aun afectados negativamente en algún momento de su vida por el Gobierno de quien hoy han tenido que defender, no sólo es ejemplar, sino que en algunos casos parece bastante heroica. Me refiero a usted, señor Presidente , que ha hecho una defensa de principios, y también al Ministro de Relaciones Exteriores , don José Miguel Insulza .
Quiero hacer resaltar que cuando se suscita una instancia en la cual es menester defender principios esenciales para el país de ayer, de hoy y del futuro, debemos intentar no enfocar nuestros esfuerzos en la crítica al adversario político interno, sino en la defensa de principios, de valores y de nuestra propia soberanía ante otros Estados o instituciones que equivocadamente pretenden desconocer o limitar la independencia política que nos ha costado tanto -¡tanto!- alcanzar.
Hoy, cuando la Audiencia Nacional Española ya ha adoptado la decisión política de permitir un juicio político por un juez político, como el señor Baltasar Garzón -quien por algún tiempo desempeñó funciones políticas, como Diputado socialista, en el Congreso de los Diputados de España-, quisiera recordar que la Real Audiencia de Cádiz, en tiempos de la Colonia, tal vez hacía justicia en el continente europeo, pero no en Chile.
Si somos inteligentes, sabremos aprovechar positivamente estos conflictos para corregir y avanzar. Si somos prudentes, nos esforzaremos para que al término de este lamentable episodio no existan ni triunfadores ni derrotados. Si somos perspicaces, sabremos darnos cuenta de que no podemos pretender seguir como si nada hubiese pasado, y que la necesidad de reconocer errores y, a veces, de pedir perdón -con honestidad y sin humillación- por parte de todos, se hace día a día más imperativa. Finalmente, si somos sensatos, sabremos no perder la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que las personas que dedican su tiempo a la actividad pública pueden transformarse en factor fundamental y necesario en la prudente canalización de las pasiones y en el logro de los objetivos permanentes de nuestra nación independiente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , la difícil coyuntura vivida en Londres por el General Pinochet ha creado, sin duda, una delicada situación política en Chile. En mi calidad de actor y testigo de nuestro proceso de transición, quiero expresar mi personal punto de vista al respecto, teñido naturalmente por mi propio sesgo.
A) La dimensión nacional del problema: la transición.
El complejo proceso que hemos llamado "la transición chilena", se ha desarrollado en base a una variada trama que incluye pactos explícitos, pactos tácitos o implícitos, como asimismo un conjunto de estrategias y decisiones políticas que se fueron elaborando en el tiempo, asumidas plenamente por algunos y que contaron con la aquiescencia consciente de otros. De ellos me parece pertinente destacar aquí los siguientes:
1. El acuerdo y reformas constitucionales de 1989 constituyeron un pacto explícito que permitió a la Concertación aceptar la Constitución de 1980 como norma básica de convivencia, entendiendo desde entonces que cualquier reforma posterior requeriría los quórum especiales que la Carta Fundamental establece.
En esa oportunidad quedaron pendientes para la Concertación las reformas que todos conocemos (Senadores designados, Consejo de Seguridad Nacional, sistema electoral, etcétera), en el entendido de que el acuerdo a "nivel técnico" a que habíamos llegado con Renovación Nacional permitiría llevarlas a cabo posteriormente, cosa que, como sabemos, aún no ha sido posible materializar, lo que constituye un serio factor irritante que perjudica la calidad y confianza de nuestra convivencia política.
2. Una estrategia político-jurídica en materia de derechos humanos que se resume bien en las palabras del Presidente Aylwin : "Verdad y justicia en la medida de lo posible". El Informe Rettig, cuya veracidad no ha sido cuestionada por nadie, fue el aporte más decisivo a la verdad. El juicio y condena de Contreras y Espinoza -casos emblemáticos- ha sido el acto más potente de justicia punitiva parcial, al que hay que agregar los diversos procesos en curso (Operación Albania, caso degollados, asesinato del General Prats, etcétera).
A pesar de estar expresamente considerado en el programa de Aylwin, nunca se intentó derogar la Ley de Amnistía, tanto por la correlación de fuerzas existente en el Senado de la época, como por estimarse que una iniciativa de esa especie tendría un efecto polarizante y resquebrajaría gravemente los rápidos avances hacia una convivencia política más armónica y el clima de paz social que el país estaba logrando. En definitiva, ni ley de punto final ni derogación de la Ley de Amnistía, y la consiguiente transferencia de los problemas de derechos humanos a los tribunales, con plena libertad interpretativa para éstos.
Podría decirse que de 1991 en adelante esta estrategia de gobierno se fue convirtiendo en un entendido tácito de la transición. De ahí que, salvo voces aisladas, no hubo demandas ni iniciativas políticas tendientes a la derogación de la amnistía; todo ello facilitado por el progresivo cambio de actitud de los tribunales en general y de la Corte Suprema en particular, que han permitido los avances en materia de justicia ya señalados.
3. La aceptación de las prerrogativas del General Pinochet y la protección de su persona (extendida por éste, mediante las conocidas presiones del ejercicio de enlace, el boinazo y el asado militar de Punta Peuco, a su familia y, en especial, al caso de los llamados "pinocheques").
Se trata aquí, en parte, de un pacto explícito: la aceptación del derecho del General a continuar como Comandante en Jefe del Ejército por 8 años, lo que efectivamente ocurrió. Como dijimos, quedó pendiente, en 1989, la eliminación de los senadores designados, incluida la de los senadores vitalicios. Sin embargo, nadie planteó que esta última reforma abarcaría la supresión del derecho del General a eventualmente ocupar un sillón en el Senado (o sea, tácitamente se aceptaba un artículo transitorio). Este aserto queda plenamente confirmado por el hecho de que, al presentarse en 1992 las reformas constitucionales pendientes, nadie en la Concertación planteó la supresión del cargo reservado al General Pinochet. Por el contrario, hubo iniciativas, que no prosperaron, para reparar una injusticia relativa evidente y otorgar ese mismo derecho al Presidente Aylwin . Este fenómeno se repitió de idéntica manera cuando, en 1995, el Presidente Frei propuso las mismas reformas, incluida la supresión de la institución de senador vitalicio, pero respetando el derecho del General Pinochet.
4. La detención en Londres del General Pinochet produjo, de hecho, la ruptura de ese entendido o pacto tácito o como quiera llamársele, no por obra de chilenos, sino como resultado de acción extranjera.
5. Es un hecho que -como se evidenció anteriormente con la acusación constitucional contra el General y con su incorporación física al Senado el 11 de marzo- a amplios sectores de la Concertación (no sólo al PS y al PPD) se le ha ido agotando la capacidad de continuar respetando, por tan largo tiempo, las sucesivas transacciones y acuerdos que estoy reseñando. Hemos visto en estos días cómo el país se divide entre quienes se debaten entre la ira y la angustia por la detención de su héroe y líder, los que no pueden ocultar su júbilo ante la perspectiva de que -por fin- el General sea llevado a la justicia, aunque sea en el extranjero (ahí no rige la Ley de Amnistía), y por último, un sector de ciudadanos -que yo creo que es la mayoría- que mira lo que ocurre con la aprensión y el temor al rebrote de la conflictividad política pasada.
6. Entiendo y comparto el anhelo de justicia y no tengo dudas acerca de la responsabilidad, al menos política y moral, del General Pinochet en los hechos que se le imputan. Sin embargo, estoy convencido de que lo fundamental es preservar lo mucho que el país ha ganado en estos diez años. Una política de Estado responsable no podía sino defender la institucionalidad vigente y el triple conjunto de pactos, acuerdos tácitos y estrategia política que he recordado. Por ello, apoyo plenamente y aplaudo las gestiones del Presidente Frei , las de su Gobierno y las del Presidente del Senado , don Andrés Zaldívar . Hago mención especial -como otros lo han hecho- de respeto y homenaje para el Canciller Insulza que ha sabido anteponer su condición de hombre de Estado a sus legitimas emociones y convicciones.
Por la misma razón, me declaro desde ya contrario a toda iniciativa tendiente a derogar la Ley de Amnistía. Exhortaría, en cambio, a los tribunales a acentuar la interpretación de ella, en el sentido de investigar hasta descubrir la verdad y, en lo posible, identificar a los culpables. Ciertamente, ello no excluye al Senador Pinochet, contra quien ya se han presentado una sucesión de querellas.
B) El contexto internacional
1. Hay que entender, en primer término, que en el mundo globalizado en que vivimos se está produciendo una pérdida de soberanía nacional en diversos planos. Todos hemos aceptado que ello ocurra en la economía, tanto en el comercio como en el plano financiero. Pues bien, la protección de la democracia y el respeto a los derechos humanos han ido también consagrándose como objeto legítimo de preocupación e intervención internacional. Así lo atestiguan, por ejemplo, los casos de jerarcas serbios y bosnios enjuiciados en el exterior. El caso más paradigmático ha sido el juicio de Adolf Eichmann, secuestrado en Argentina y juzgado en Israel por crímenes cometidos en Alemania.
El mundo exterior, obviamente, no está comprometido con los pactos, acuerdos o entendidos producidos entre los chilenos, ni podemos exigirle que comprenda nuestra compleja transición. Por otra parte -entendámonos-, Pinochet es cosa juzgada en el mundo occidental en relación a las violaciones a los derechos humanos. No cabe, pues, esperar simpatía o disposición política favorable hacia su causa de parte de ningún gobierno occidental, incluido Estados Unidos.
3. Las observaciones anteriores no invalidan el hecho de que no se ha estructurado una justicia internacional indiscutida en la materia. No hay duda de que la proliferación de jueces "Garzón" conduciría a un verdadero caos y a un riesgo grande de abuso de los países grandes respecto de los más débiles. Desde ese punto de vista, el alegato chileno de la falta de jurisdicción del tribunal español respecto de crímenes en Chile me parece legítimo y correcto.
Lo que se requiere es que el Tribunal Penal Internacional recientemente concordado se establezca definitivamente, cosa que no ocurrirá mientras no adhiera a él Estados Unidos, país que ha expresado algunas comprensibles reservas sobre la materia.
4. Creo, en síntesis, que no ha habido atropello a la dignidad ni a la soberanía de Chile, sino que estamos en presencia de una situación jurídica internacional contenciosa y fluida, en la cual hoy día chocan -al menos parcialmente- los principios contradictorios tradicionales de territorialidad y nacionalidad con los modernos de personalidad pasiva y universalidad, relativos a si el Estado tiene jurisdicción sobre hechos acaecidos en el extranjero que afecten a sus connacionales y a si hay crímenes que son de interés general de la humanidad.
5. Mención aparte merece Inglaterra. Furiosamente atacada por la Derecha, ha demostrado poseer un Estado de Derecho que funciona, a mi juicio, con claridad y precisión. El Gobierno de Blair no ha hecho nada por ayudar a Pinochet, pero tampoco presionó al tribunal que, por unanimidad, acogió el recurso de hábeas corpus. Nótese que la argumentación de los jueces no se apoya en la misión especial otorgada a Pinochet, cuya aceptación previa por Inglaterra no está totalmente clarificada, sino que en una argumentación que resulta curiosa desde el punto de vista de la lógica del ciudadano. Se nos dice, en efecto, que Pinochet goza de inmunidad en su carácter de ex Jefe de Estado , porque Inglaterra estima que no cabe a un Estado cuestionar los actos soberanos de otro. Como se ha señalado, esta norma permitiría juzgar a Molotov o Göring, no así a Stalin o Hitler. Me parece que la lógica profunda de esta curiosa disposición radica en que si Inglaterra hubiera considerado ilegítima y punible la conducta del Estado chileno en aquel tiempo, así lo habría debido indicar, por ejemplo, rompiendo relaciones diplomáticas y retirándole su reconocimiento al Jefe de Estado , cosa que no hizo.
6. No sabemos aún si el comité judicial de la Cámara de los Lores confirmará o no el fallo del tribunal. Si hay ratificación, el episodio en su dimensión externa termina. En caso contrario, la situación se alargaría, no quedando a mi entender más recurso que su liberación por razones humanitarias en algún momento difícil de anticipar.
C) ¿Qué hacer en Chile?
1. Creo esencial respetar la trayectoria de estos 10 años. Chile es un país cuya senda de progreso nos muestra -pese a la crisis asiática que hoy nos aflige- un futuro promisorio, con un destino mejor para todos sus habitantes. Para que ello ocurra es condición esencial no recaer en un clima de confrontación política que no involucra riesgos de regresión autoritaria; pero sí de inestabilidad, pérdida de fe en el futuro, estancamiento y perturbación social.
Para ello, las elites dirigentes deben moderar su discurso. No es posible que se diga que está en interdicción el Congreso chileno; ni que se sugiera la existencia de algún oscuro complot internacional que involucraría a sectores del país; o que se llame a la ingobernabilidad o se amenace veladamente con la ruptura del orden institucional. Por su parte, las demandas por justicia sólo volverán a un cauce más normal, propio de todos estos años, si los dirigentes actúan conscientemente como agentes moderadores. Obviamente, no pueden repetirse actos tan ridículos como lo obrado por el alcalde Labbé o las amenazas de boicot a Inglaterra y España, cuya única víctima sería precisamente Chile, convertido en paria para la Unión Europea. Tampoco me parece correcto el viaje a Inglaterra de Diputados de la Concertación para contradecir las tesis del Gobierno de Chile.
2. Queda cada vez más claro que se requieren gestos concretos de quienes aparecen como responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en nuestro país:
a) Seguiré respetando el derecho del General Pinochet a ocupar su asiento en el Senado. Creo, sin embargo, que el único y último gesto político positivo que hoy podría hacer es marginarse definitivamente de toda presencia política. Pero eso depende de su decisión personal.
b) Del mismo modo, un gesto de reconocimiento de responsabilidades y perdón -a la manera del general Balza - sería un aporte extraordinario para generar mayor conformidad en el entorno político, cultural y familiar de las víctimas. Esto depende exclusivamente de voluntades institucionales y personales. Ojalá su mente -guiada por la conciencia y el corazón- se ilumine en un futuro no lejano.
c) La oposición política debiera extraer una fuerte lección de lo ocurrido, abandonando la defensa irrestricta del pasado y su arrogante actitud ideológica en lo interno y provincialismo nacionalista en lo internacional.
Por último, como ya señalé, corresponde a los tribunales la tarea de establecer un máximo de verdad y de justicia dentro del marco legal vigente. Ciertamente, sería de gran valor que surgiera información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, lo que depende de la existencia de ella y de la voluntad de proporcionarla.
Estoy convencido de que necesitamos copulativamente todos estos pasos, que involucran a la totalidad de los actores chilenos, para preservar lo que ha sido un período singularmente exitoso, pese a todas sus limitaciones y defectos.
No es mayor la justicia lograda en otros países, donde hay leyes de punto final o de obediencia debida; entidades similares a la Comisión Rettig, como en Sudáfrica; o franca inacción, como en las naciones de la ex órbita soviética.
Es legítimo aspirar a lo máximo. Es responsable cumplir con lo posible. Los Gobiernos de la Concertación han hecho y continúan haciendo su parte. Corresponde ahora a otros actores dar pasos valientes y decisivos para evitar que podamos recaer en la tragedia de aparecer divididos entre amigos y enemigos.
Para terminar, me pregunto: ¿cuál es el objetivo real de esta sesión? ¿Imponer determinado criterio? ¿Sacar ventajas políticas -en este caso, por parte de la Oposición- para hacer evidentes las diferencias de criterios que existen en la Concertación?
Quisiera creer y estimular a que se tengan en vista principal conceptos y realidades contenidas en dos breves citas, correspondientes a artículos publicados recientemente en la prensa, y con cuya lectura concluiré mi intervención.
Eugenio Tironi -citando a Humberto Giannini- dice: "La base de la democracia es la tolerancia y el fundamento de ésta es el esfuerzo permanente por "comprender las razones de los demás".".
A su vez, Jaime Estévez , en su columna del diario "El Mercurio" de hoy, termina expresando: "En lo interno, ello requiere que la pasión de estos días dé lugar a la tolerancia, a la aceptación de que hay diversas opiniones en el país, favorables o desfavorables a la persona de Pinochet, más o menos abiertas al mundo y a la globalización en el ámbito político y valórico.
"Es posible convertir las dificultades en oportunidades si se establece una conversación real entre las partes, que asuma sus dolores, que entienda qué es lo que amenaza a unos de los otros, que concuerde en reforzar y no debilitar las instituciones y el derecho, único modo de superar las diferencias y hacer de lo diverso un solo país."
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , se ha dicho -y comparto la idea- que durante estos días hemos vivido una crisis que, según algunos, es la más grave que hemos experimentado en el transcurso de la transición.
A mi juicio, efectivamente se ha producido una grave crisis en nuestra convivencia nacional. Han surgido asuntos del pasado; se ha roto cierto estado de normalidad en la cual se desarrollaba la transición. Hemos visto reaparecer actitudes, en mi concepto, principalmente de parte de sectores de la Derecha, que pretenden minar, de alguna manera, la fortaleza de las instituciones. Tuvimos el episodio, lamentable en una crisis política, de haber suspendido el funcionamiento de una institución fundamental de la democracia como es el Senado. Hemos visto a autoridades municipales volver a usar con entero arbitrio el poder público que les entregó la ciudadanía.
Por lo tanto, ciertamente, todos tenemos responsabilidades en cuanto a cómo surgimos de esta crisis fortalecidos en nuestra convivencia y nuestra democracia.
Felizmente, ella no ha afectado las bases institucionales del país. Ése es un elemento que habla de la fortaleza de la transición. Quiero destacar, de manera muy singular, la actitud responsable que han tenido en esta crisis el Gobierno y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército. Ellos han asumido una actitud muy distinta de la que advertimos frente a problemas similares en el pasado, lo que habla bien de la normalización institucional del país.
Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que esta crisis también demuestra con claridad que hay problemas que no hemos sabido resolver bien en la transición, y ellos son las grandes cuestiones que el país tiene por delante.
Antes de referirme a ello, quiero hacer un par de observaciones sobre el episodio concreto que ha provocado esta crisis.
Me parece fundamental tener claro de quién es la responsabilidad de la crisis que ha vivido el país, para entender qué nos está ocurriendo. Yo afirmo que la responsabilidad principalmente es del Senador Pinochet, en un doble sentido. En primer lugar, por su temeridad de exponerse a la situación en que se halla. El general Pinochet tiene varios juicios en el mundo -en Argentina, España, Estados Unidos e Italia-, por delitos que no son de cualquier orden, sino contra la humanidad: tortura, desaparición de personas, atentados en el exterior -extraterritoriales- a connotadas figuras chilenas como el ex Canciller Letelier , Bernardo Leighton y el general Prats .
Por lo tanto, el general Pinochet se expuso a ser juzgado por países bajo cuya jurisdicción él, por propia voluntad, y seguramente muy mal asesorado, decidió ponerse. En un mundo donde avanza no sólo la conciencia global sobre el valor precisamente universal de los derechos humanos, sino también de manera muy sustantiva el derecho internacional -que también forma parte del derecho chileno- respecto de estas materias. Forman parte del derecho chileno las Convenciones de Ginebra, con todas las consecuencias jurídicas que ello involucra. Y hay poderosas razones -discutibles todas, como son en derecho- para afirmar que ese tipo de delitos pueden ser juzgados por otros tribunales. Ellas han sido dadas con solidez por distintos hombres de derecho, aquí y en el mundo.
Por lo tanto, no es posible argumentar que el afirmar en derecho, incluso conforme al derecho chileno, que hay crímenes que se pueden juzgar fuera del país constituye un atentado contra la soberanía nacional. Podemos tener discrepancias al respecto. Es evidente que en esta materia el orden internacional todavía no alcanza su plena madurez. Y también, por cierto, esta discusión no se realizaría si existiera un tribunal reconocido por todos los Estados. En su momento, voy a invitar al Senado a aprobar lo que ya el Gobierno chileno ratificó en Roma: la constitución del Tribunal Penal Internacional. Pero no se puede decir que quienes afirmamos que en Derecho hay razones para que estos juicios se lleven a cabo, somos personas que estamos trabajando contra la soberanía nacional. Porque ése es un argumento, a mi juicio, inaceptable en una sociedad democrática. Eso significa volver nuevamente a dividirnos, por nuestras opiniones, entre patriotas y antipatriotas. Y sabemos a qué condujo al país esa división entre los chilenos.
Por lo tanto, hemos dicho que no se trata aquí de un conflicto de Estado. No es que no haya problemas en el país. Comprendemos que el Gobierno defienda determinados principios jurídicos. Pero la situación creada no afecta al Estado chileno como tal. No afectan al Estado chileno, ni a sus bases, ni a sus relaciones internacionales, asuntos que son responsabilidad principal de un ciudadano sometido a juicio en nuestro país y en el mundo por delitos que nadie ha intentado demostrar que no ocurrieron.
Por consiguiente, debemos desterrar de nuestra discusión afirmaciones como las realizadas por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra cuando señala que quienes afirmamos esta tesis del derecho internacional estaríamos poco menos que incurriendo en un crimen de lesa patria. Con ese tipo de argumentación no podemos construir una convivencia democrática y civilizada.
Sin duda, no sabemos cómo concluirá este episodio. Hemos dicho que ha de resolverse en sedes jurídicas y, obviamente, nos atendremos a lo que señalen los dictámenes de los tribunales competentes. Sin embargo, nos preocupa la situación que esto ha producido en el país. Y todo el mundo lo dice: tenemos problemas pendientes con los derechos humanos y con la justicia. Entonces, aboquémonos a enfrentarlos.
Quiero decir también, recogiendo la invitación del Honorable señor Pérez en cuanto a hablar con la verdad pues creo que la situación nacional lo exige, que, a mi juicio, todavía falta entre nosotros un elemento que es previo a la justicia, cual es establecer una cierta verdad compartida. En tal camino hemos avanzado poco. El ex Presidente Aylwin hizo un gran esfuerzo en este sentido, porque entendió bien que un elemento fundamental para asegurar la convivencia nacional y superar los terribles traumas del pasado era establecer una cierta verdad compartida. Ése fue el trabajo minucioso que realizó un grupo de chilenos eminentes y que concluyó en el llamado Informe Rettig, en donde se estableció de manera meridiana que en Chile, desde el Estado, se violaron de manera sistemática derechos humanos esenciales.
Ésa es la que estimo indispensable fijar como una verdad común. Y les digo a mis Honorables colegas de las bancadas de enfrente, con mucha responsabilidad, que sobre este asunto Sus Señorías deben dar al país una señal y una palabra clara, puesto que cada vez que se toca el tema hablan de otras cosas que también son pertinentes al debate, pero que se alejan de lo fundamental.
No creo que vayamos a establecer una verdad compartida acerca de las causas del quiebre constitucional de Chile. Pienso que los chilenos podemos seguir discutiendo legítimamente durante años en cuanto a qué llevó a nuestra nación a sufrir dicho quiebre en 1973. Ése no es el tema en lo concerniente a los derechos humanos. Creo que nosotros -lo digo con orgullo, como hombre de Izquierda, como socialista- hemos sido quienes más asumimos o intentamos asumir nuestras responsabilidades en dicho episodio. No obstante, no vemos la misma actitud en los demás. Incluso, el Senador señor Viera-Gallo pidió perdón en la Sala por sus responsabilidades personales que pudieran haber incidido en el quiebre constitucional. No hemos escuchado esa voz desde la otra parte. Y cada vez que entramos al tema, que es terriblemente doloroso para la sociedad chilena, de las graves violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, se nos contesta con otras cuestiones: que hay que entender el contexto; que la historia es acción y reacción; o lo que llegaron a sostener algunos Comandantes en Jefe cuando se publicó el Informe Rettig, desvalorizándolo por parcial, por incompleto, porque tenían observaciones sobre la metodología. Y aquí está presente el Senador señor Martínez . Lo hizo el General Pinochet, en ese momento Comandante en Jefe del Ejército...
El señor MARTÍNEZ .-
Hice uso de mi derecho, señor Senador.
El señor GAZMURI .-
Me parece muy bien, Su Señoría. De la misma forma, yo ejerzo mi derecho para manifestar mis opiniones.
El tema es el siguiente -debemos contestar preguntas muy elementales-: ¿hay algún contexto que justifique la tortura sistemática de hombres y mujeres? ¿Hay algún contexto que justifique Villa Grimaldi , una organización del Estado, compuesta por funcionarios públicos que torturaban con horario, desde las 8 hasta las 18, y después iban a compartir con sus familias? ¿Qué contexto justifica acciones de ese tipo? ¿Qué contexto justifica el secuestro nocturno de hombres, mujeres, jóvenes e incluso ancianos, su paso por campos de detención y su virtual desaparecimiento?
No hablo de un caso, sino de mil. ¡Mil chilenos! Ellos no murieron al fragor de los enfrentamientos del 11 de septiembre de 1973; o cuando, efectivamente, había organizaciones que también intentaban defender con las armas al Gobierno del Presidente Allende. No en esas circunstancias. Hablo de 1974, 1975, 1976 y 1977.
Por lo tanto, es fundamental que ustedes, señores Senadores, respondan a ello. No por el afán de inculparlos, sino porque los chilenos debemos darnos las garantías de que, cualesquiera que sean los contextos que vivamos en el futuro, estos atropellos no ocurrirán nunca más.
Sé que es muy duro lo que les estamos pidiendo, como también es muy duro lo que nos ha tocado vivir durante estos años: no vamos a poder mirarnos a los ojos y construir una sociedad realmente civilizada si no estamos en condiciones de afirmar: Todos nos comprometemos a que, cualesquiera que sean los contextos de la futura historia del país, estas cuestiones nunca más van a ocurrir. Eso es lo que, a mi juicio, hoy día el país demanda de una parte de la sociedad para su reconciliación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , tengo la intención de referirme exclusivamente al problema jurídico, pero antes quiero ocuparme de lo que ha dicho el Senador señor Gazmuri .
Tengo el convencimiento absoluto de que todos los chilenos queremos que los acontecimientos de los últimos años no se repitan, tanto los citados por Su Señoría cuanto los que vienen de la otra parte, como la instigación del asesinato de un Senador en la investigación, como quién es el causante de los crímenes intelectuales que originaron la creación de los grupos violentistas en el país...
El señor GAZMURI .-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor DÍEZ .- Ninguna de estas cosas tiene que volver a suceder. Ninguno...
El señor GAZMURI .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor DÍEZ.-
¿ de los acontecimientos anteriores ni posteriores al 11 de septiembre de 1973.
Todos tenemos conciencia de que se trata de una etapa dolorosa que debemos ser capaces de superar.
El señor GAZMURI .-
¿Me permite, señor Senador ?
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri .
El señor GAZMURI .-
Concuerdo con Su Señoría en que todos deseamos eso. Con el Senador señor Núñez y gente de estas bancadas asistimos a la misa oficiada en memoria del ex Senador señor Guzmán .
El señor DÍEZ.-
De eso somos todos testigos y no me cabe duda de...
El señor GAZMURI .-
Pero quisiéramos verlos a ustedes en alguna de las nuestras.
El señor DÍEZ .-
...ninguno de los Senadores socialistas con respecto a eso. No me estoy refiriendo a ellos, ni he hecho ninguna imputación.
Alguien tiene responsabilidad por haber creado el crimen intelectual que terminó con el asesinato de Jaime Guzmán , o en el caso de Pérez Zujovic y muchos otros.
No deseo hacer imputaciones, pero quiero señalar que eso no puede volver a suceder, y estoy seguro de que no hay nadie en el país que quiera revivir esos acontecimientos históricos.
Señor Presidente , deseo referirme al punto de vista jurídico, que considero muy grave para el país. Concuerdo absolutamente con el Presidente de la República , de palabra y de corazón, en el sentido de que la soberanía y la dignidad nacional han sido afectadas. También se ha vulnerado el principio de igualdad jurídica entre los Estados y se ha afectado el principio de libre determinación de los pueblos.
Eso es muy grave para nosotros, no sólo por lo que atañe al honor nacional, que Chile ha mantenido siempre muy en alto, sino por las consecuencias prácticas, presentes y futuras, de la disminución de la igualdad jurídica de los Estados; de la disminución de la libre determinación, y de la disminución de la independencia.
No hay duda de que el Presidente de la República ha respondido a la tradición nacional, y lo ha hecho oportunamente y en forma que merece nuestro sostén y aplauso.
Aquí no se trata tanto del problema de un Senador injustamente detenido. Mirándolo con proyección histórica -y cualquiera que sea el resultado de esta situación concreta-, Chile debe preocuparse de mantener su honor nacional, su independencia y su soberanía. Hoy esa pérdida de independencia puede afectar la libertad de alguno de sus miembros; mañana podría sostenerse que no se puede defender a los connacionales ni tampoco sus intereses legítimos frente a un país extranjero que los amague. Y en lo futuro se puede demandar al Estado de Chile y embargar nuestros bienes o nuestro cobre para responder a los perjuicios que se causan por determinados o presuntos delitos juzgados en el extranjero.
La verdad es que en el mundo globalizado una cosa es esencial: la independencia de los países y el respeto que cada uno tenga por ella. El decir que la globalización del mundo trae como consecuencia el decaimiento de estos valores es absolutamente inaceptable.
¿Qué pasa en la circunstancia actual? De principios de los que nadie duda se desprenden conclusiones peligrosas y equivocadas. Nadie pone en tela de juicio que el hombre es superior y anterior al Estado; que tiene derechos y que es el centro de la creación. Hecho a imagen y semejanza de Dios, no podría dejar de ser para nosotros el centro de la creación.
De ahí se puede sacar cualquier tipo de conclusiones, y que, en consecuencia, el hombre tiene que ser protegido en todas partes. De ello se concluye que todos tienen jurisdicción para realizar los actos destinados a protegerlo. ¡Ésta es la barbarie! Es dejar a la discreción de cada país o de cada juez la aplicación de una justicia universal.
Indiscutiblemente el mundo tiene que establecer una conformidad entre los valores de la independencia y la soberanía, y los valores de los derechos humanos universales frente a acciones que afectan a todos los hombres. Y eso se hace, y se ha ido haciendo, mediante compromisos, declaraciones y convenciones internacionales. Hay en esto una evolución en la cual los Gobiernos chilenos han dado ejemplo. No sólo participaron en la redacción, sino que el Gobierno del General Pinochet, acusado de violación masiva de los derechos humanos, aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a Chile y estuvo en los patios de los lugares de detención. Aceptó la competencia de una comisión nombrada por Naciones Unidas, la cual posteriormente dijo que había contado en Chile con toda libertad y que había tenido acceso a toda la información. Después, y durante varios años, el Relator Especial, haciendo fe en que el hombre es superior al Estado, sostuvo que Chile se sometía a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. Aquí está la gran diferencia.
La jurisdicción tiene que ser internacional en asuntos de derechos humanos, porque, si no, es la anarquía y habremos retrocedido en lo atinente a tales derechos, no avanzado.
Los Gobiernos de Chile siempre han sido consecuentes en tales materias. Esto no es algo que nos viene desde afuera y de sorpresa. Yo propuse en Naciones Unidas, junto con el Embajador de Uruguay , la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo similar al que existía para los refugiados, siguiendo la práctica que partió en San Francisco, de Cruz-Coke, de Hernán Santa Cruz, y que ha mantenido nuestro país en los organismos internacionales. Pero una cosa muy distinta es que un país se arrogue el derecho de juzgar respecto de hechos ocurridos en otro. ¿Qué dice el juez y la Corte española? Lo siguiente: "En materia de genocidio y en materia de tortura, yo tengo competencia internacional.".
Para investigar esta situación, me he puesto en estos días a estudiar lo que se llama "Código Internacional de Derechos Humanos", escrito por don Carlos Corral, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y de la Universidad Pontificia de Madrid; y por don Juan José González Rivas , magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, letrado de carrera del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho, ambos españoles.
En este libro, se analiza el Tratado de Genocidio, al cual adhirió España con reservas el 13 de septiembre de 1968. ¿Qué dice tal tratado? Primero, define al genocidio, y lo hace en forma absolutamente clara. De manera que no tenemos dudas acerca de lo que es: delito: perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o moral de los miembros del grupo, etcétera. Pero grupo nacional, étnico, racial o religioso. Primera cosa.
Segunda. Este mismo tratado dice que los tribunales competentes son los del país donde sucedieron los hechos, y también los internacionales.
Sostienen los comentaristas españoles citados que las personas acusadas de genocidio serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante el tribunal penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción (artículo 6º). Agregan que España formuló reserva al artículo 9º, que sometía las controversias de las partes a la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia.
De manera que España ni siquiera ha ratificado ese tratado, como lo hemos hecho nosotros. Además se niega a someterse a la Corte Internacional de Justicia. Ello significa que todos estos delitos cometidos en España, por graves que sean, sólo pueden ser juzgados por los tribunales españoles, y ni siquiera por esa corte. Éste es el país -cuya legislación estoy citando- que quiere transformarse en una especie de tutor universal de los derechos humanos, pero que ni siquiera acepta la competencia de aquélla.
Y respecto del Tratado de la Tortura -que autoriza a un Estado para crear en su legislación la posibilidad de conocer los casos en que sus nacionales sean afectados o autores- rige en España (según los autores) desde 1987. Como lo ratificó el 21 de octubre de aquel año, rige desde el 20 de noviembre siguiente, de manera que no tiene aplicación alguna a hechos anteriores al momento en que tal tratado comenzó a regir como ley española.
Dicen los profesores de aquel país lo siguiente:
"Aun perteneciendo al orden internacional, las normas internacionales pueden pasar a formar parte de los ordenamientos internos conforme a los mecanismos de incorporación fijados por lo general en las constituciones. Según la española, artículo 96.1, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno."¿
"Y son fuente tan consistente de obligación en él que "sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional" (art. 96.2). Nunca, pues, por la exclusiva voluntad del Estado. Una acción así respecto de los tratados o convenios internacionales" -que yo he leído- "sería anticonstitucional por ir en contra de los preceptos constitucionales" (arts. 93-96). El grado de obligación de las normas internacionales será el de norma jurídica estricta o el de principio de derecho según se trate de tratados respectivamente de declaraciones.".
En consecuencia, señor Presidente , el hecho que un tribunal extranjero pretenda imponer jurisdicción sobre Chile y que tal proceder sea ratificado por su Consejo de Ministros implica un atentado contra nuestra dignidad y una ofensa de ese país. Según tratadistas españoles, ambas cosas son inconstitucionales en España. Y no podía ser de otra manera. Yo me resistía a creer que en la legislación de ella no hubiera algún principio que pudiera ser invocado para que la racionalidad operara. Fue necesario que esas personas, en la Introducción al Código Internacional de Derechos Humanos, precisaran con claridad que son los tratados internacionales los que señalan la competencia, y desde el momento en que ellos rigen en el país respectivo. Y, para vergüenza de España, en materia de genocidio, ese país ni siquiera acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
Entonces, tiene razón el Presidente de la República cuando señala que éste es el punto fundamental. No se trata de hechos ni de personas que nadie ha juzgado, sino de decir: "Somos un pueblo libre, independiente; somos iguales jurídicamente a España; tenemos derecho a nuestra libre determinación, lo que significa dictar nuestras propias leyes y tener nuestros propios tribunales de justicia. Y sólo cuando por bienes superiores de la humanidad voluntariamente hayamos reconocido una competencia ajena a nuestros tribunales, ella nos puede ser invocada.
Chile ha dado un ejemplo. Ha reconocido siempre la competencia internacional.
El señor ZURITA .-
¿Me permite una breve interrupción, señor Senador ?
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita .
El señor ZURITA .-
Cuando en Europa no se pensaba en estas cosas, ya Chile había firmado un tratado. En 1928, nuestro país suscribió el Código de Bustamante, que podría servir de enseñanza a los europeos. ¿Qué dice en su Capítulo III, Reglas Generales de Competencia en lo Penal, artículo 340?: "Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Díez .
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , a mi juicio, frente a la globalización y a la existencia de bloques tan fuertes, poderosos y ligados como la Comunidad Económica Europea, debemos tener todavía más conciencia de nuestra identidad.
Si se analiza el siglo XX que se nos va, vemos que Europa no es el continente de los valores; es el continente del socialismo soviético o comunismo; del socialismo alemán o nacionalsocialismo-nazismo; del socialismo italiano o fascismo. Lo que debemos tener respecto de las ideas vigentes en Europa en materia política, es temor, porque, evidentemente, como señaló el Honorable señor Zurita , los valores han nacido primero aquí. Chile, como legítimo sucesor de la vieja tradición jurídica española, cuando España era grande -tradición de la que estamos orgullosos, y yo lo estoy, además, por vínculos de sangre- ha ido conformando su Derecho y el apego al mismo. Y ha entendido que éste se encuentra siempre al servicio del hombre. Pretender que eso significa la anarquía absoluta es el retroceso de la civilización a que aspiramos a la barbarie que ya hemos superado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , hablo esta mañana en una doble condición: como Senador por la circunscripción que represento y como Secretario Nacional del Partido Demócrata Cristiano.
En lo personal, fui opositor al Régimen militar desde el primer día hasta el último, actitud que compartió la inmensa mayoría de los militantes de mi partido. Por esa razón, debí enfrentar un sinnúmero de dificultades, que rara vez he querido revelar públicamente: amenazas de muerte en dos oportunidades, cuyos testimonios escritos y evidencia de quienes las habían insinuado se encuentran en notarías públicas. Mi familia y yo fuimos obligados a desprendernos de nuestros escasos bienes personales, como consecuencia de la dictación de un decreto que ordenó su confiscación. Se encuentra presente el Senador que fue mi abogado en ese entonces, el Honorable señor Adolfo Zaldívar , quien hizo la liquidación de mi sociedad conyugal. No la tuve que hacer por causas comerciales o de otra naturaleza, sino por razones estrictamente políticas.
Por no tener trabajo en mi país, me vi forzado a emigrar con mi familia, después de casi 6 años de haberse terminado la democracia. Mi casa en Roma fue abierta a todos los perseguidos por el Gobierno militar, cualquiera que fuese su color político. Entre ellos tuve como huéspedes al actual Presidente del Senado , el Honorable señor Andrés Zaldívar , y a su familia. Soy testigo del dolor y sufrimiento que se les infligió. Convivieron en mi casa durante meses, al inicio de su exilio, que les fue aplicado precisamente por defender valores y principios en Chile.
Por lo tanto, tengo la autoridad moral y política para sostener lo que voy a decir. Muchos de los chilenos que hoy conformamos la Concertación fuimos quienes gestamos, directa o indirectamente, la transición, a la cual se sumaron los que defendían el Régimen militar, después de la derrota electoral del 5 de octubre de 1988. Pero todos, cuál más, cuál menos, hemos contribuido a la transición. No fue prerrogativa de unos pocos. Obviamente, ella dio motivo a diversos logros que nuestro país no puede colocar en riesgo el día de hoy: el funcionamiento de un sistema democrático que progresivamente ha avanzado; el respeto a los derechos humanos; la libertad de prensa; el derecho a disentir, incluso en conflictos sociales, sin colocar en riesgo la propia vida o libertad, y haber podido democratizar el Parlamento chileno, los municipios y muchas instituciones que hoy nos rigen.
No todo ha sido posible. Lo sabemos, y lo lamentamos; pero nadie está obligado más allá de lo que la convivencia le permite realizar. Por eso defendemos en su integridad a los dos Gobiernos de la Concertación, encabezados el primero por don Patricio Aylwin y el actual por don Eduardo Frei Ruiz-Tagle . Los respaldamos plenamente, porque es la única forma de dar al país gobernabilidad y estabilidad dentro de un sistema democrático.
Imbuido en esos principios y valores, ante la coyuntura que vive el Senado, quiero responder a las palabras de un señor Senador de la Derecha : no fuimos renuentes a discutir el tema del Senador señor Pinochet . Desde el primer instante, lo quisimos debatir. No fuimos los Senadores de la Concertación los que nos ausentamos. Estábamos dispuestos a discutir, ya sea en sesión especial o en una ordinaria, la anómala situación en que nos encontrábamos.
Por lo tanto, no han pasado en vano 17 días para enfrentarnos a este debate. No es nuestra responsabilidad, sino la de quienes se ausentaron. Nosotros estuvimos y estaremos aquí para hablar en el momento que sea conveniente.
Por lo mismo, una vez producida esta situación, la Democracia Cristiana planteó oficial y públicamente su posición, cual es, en primer término, la defensa irrestricta de los derechos humanos que deben imperar en nuestro país respecto de todos.
Desde ese punto de vista, es verdad que hay situaciones de injusticia que permanecen en nosotros. No podemos mentirnos ni mentirle al país. Mucha gente confunde hoy la transición con la impunidad de crímenes, torturas y dolores que no han tenido reparación. La sociedad chilena ha avanzado en la búsqueda de esa situación, pero no ha logrado despejar muchos problemas.
El informe emitido por la Comisión que presidió el ex Senador Raúl Rettig , que ha sido citado por varios señores Senadores, ha mostrado el drama, pero no dio una solución.
Sobre el particular, el Senado y la Cámara de Diputados han dictado leyes de reparación y generado mecanismos para atenuar en parte -porque nunca podrán mitigarse en profundidad- el daño y el dolor sufrido. Pero era lo posible. Era lo que el país estaba en condiciones de realizar.
Ahora, por parte de algunos se ha dicho que existieron cláusulas secretas para una transición que estaba pactada explícita e implícitamente.
Debo señalar al respecto que la Democracia Cristiana no ha suscrito ninguna cláusula secreta de transición. ¡Ninguna! Y todo lo que hoy respaldamos es lo que legítima y lealmente concordaron quienes representaban a la Democracia Cristiana.
No tenemos nada guardado en el armario.
El señor PÉREZ .-
¡El Honorable señor Boeninger tiene derecho a réplica!
El señor MORENO.-
No tenemos nada, en el sentido de decir que aquí hubo situaciones que no hubiésemos concordado.
Por lo tanto, producida la detención del Senador señor Pinochet , la Democracia Cristiana respalda no sólo al Gobierno, al Presidente de la República , al Ministro de Relaciones Exteriores , sino también al Presidente del Senado , porque su conducta ha sido impecable en la defensa de lo que significa la integridad de quien forma parte de esta Corporación, así como respecto de la territorialidad de nuestra ley, de nuestro Estado, y también respecto de la dignidad de nuestro país.
Deseo reiterar oficialmente ante el Senado chileno que nuestro respaldo al Gobierno no se basa en que seamos la principal fuerza de la Concertación, sino en que compartimos lo obrado por él, así como también hacemos nuestra la actuación que le ha correspondido al Presidente del Senado .
Cuando se es fuerza de Gobierno, no se comprende al Gobierno: se lo respalda. Cuando se tiene la tarea de conducir un país, uno debe estar "a las duras y a las maduras" y no puede, por legítimas y respetables que sean las consideraciones que existan, disociarse de la condición de conducir su país. Eso es lo que la Democracia Cristiana, en la Concertación y con la Concertación, seguirá representando y respaldando.
Pero, junto con ello, queremos dejar claramente establecido que hay dos sentimientos contradictorios mayoritarios en el país, en cuanto a que los chilenos deben ser juzgados en Chile. Y ningún Senador o miembro del Gobierno, revestido o no de fuero parlamentario o de fuero de Gobierno, está exento de responder por las acusaciones de crímenes o de violaciones que haya recibido o cometido en el país. Ninguno de nosotros tiene comprada la impunidad. ¡Que eso quede establecido! Porque si los tribunales o los jueces chilenos llaman al Senador señor Pinochet o a cualquiera de nosotros a declarar, nadie puede asilarse en el fuero para restarse a la juridicidad y a la búsqueda de la verdad.
Ése es un elemento que debe quedar sentado entre nosotros. De otra manera, el sentimiento mayoritario de defensa de la dignidad del país se estrellará con otro, que paradójicamente también envuelve a una inmensa mayoría de los chilenos, en el sentido de que aquí no se ha podido hacer justicia respecto de los crímenes que se cometieron y, por lo mismo, no se ha podido dar paz y tranquilidad a las familias de los detenidos-desaparecidos.
Estoy cierto de que cualquier miembro del Senado habría hecho lo imposible si su padre, su hijo, su hermano o su mujer hubiera desaparecido, porque forma parte de la naturaleza humana y de la integridad de quien es humanista, sea cual sea su denominación. Por lo tanto, se debe dejar establecido que se deben dar pasos nuevos y adicionales en la búsqueda de esta tranquilidad.
Sobre el particular, quiero recoger las opiniones vertidas en la prensa de la mañana de ayer por el precandidato presidencial de uno de los partidos de la Derecha, el Alcalde señor Lavín , quien expresó estar dispuesto a la búsqueda de mecanismos para encontrar la verdad de los detenidos y de los desaparecidos.
Tengo derecho a exigir a quienes lo representan en el Senado que ello sea verdad y se cumpla. Tengo derecho como chileno a creer lo que él está diciendo y a buscar la reconciliación. Porque no se puede lograr la paz sobre la base de creer que la inmunidad parlamentaria significa la impunidad parlamentaria. ¡Eso no es así! Eso, el pueblo chileno no lo acepta y no lo reconocerá jamás, porque es un elemento injusto en su sentido más profundo.
Por ello, el Partido Demócrata Cristiano establecerá todos los mecanismos que sean necesarios en sus esfuerzos por encontrar la verdad, ya sea modificando leyes que hoy pueden no ser inamovibles o buscando otros mecanismos, directos o indirectos; en una palabra, generando los espacios para que la convivencia democrática de Chile no esté en riesgo, para que la transición sea una verdad y para que la gobernabilidad del país no esté sometida a las tensiones de quienes creen en este momento que ella es frágil y puede ser dejada atrás.
Ésa es la opinión de la Democracia Cristiana, señor Presidente, Honorables colegas. Y en eso seremos inclaudicables.
Muchas gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión hasta las 16.
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--Se suspendió a las 14:2.
--Se reanudó a las 16:12.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , Honorable Senado:
La detención del ex Presidente de Chile , Senador Augusto Pinochet Ugarte, efectuada en Londres a requerimiento de un juez español, constituye un gravísimo atentado a la soberanía nacional. En efecto, un juez español se arroga la facultad de conocer asuntos ocurridos en Chile y ordena la detención de un ciudadano chileno mediante el simple expediente de dar una orden internacional de captura. A continuación, en un procedimiento sugestivamente rápido, este Senador chileno que había viajado al Reino Unido amparado por el Gobierno de Chile, que lo había designado como Embajador en misión especial, fue detenido. Se ignoró con dicha detención no sólo la inmunidad diplomática que Chile había concedido al Senador Pinochet, sino también la inmunidad soberana que beneficia a quienes han sido Jefes de Estado, y que el propio gobierno inglés había reconocido cuando lo recibió a su llegada a Londres, dispensándole el trato reservado precisamente a quienes han ocupado ese cargo.
Este hecho suscitó de inmediato una justa conmoción en Chile. El Canciller Insulza presentó una protesta formal ante el gobierno británico "por lo que se considera una violación a la inmunidad diplomática de la cual goza el Senador Pinochet". El Presidente Frei , desde Portugal, declaró que se había presentado una protesta porque se estaba violando la inmunidad diplomática y, además, debido a que se pretendía aplicar extraterritorialmente una legislación extranjera. El Presidente del Senado respaldó de inmediato la protesta del Gobierno de Chile. A continuación, se sumaron las voces del Presidente de la Corte Suprema y del Contralor General de la República. Tanto el ex Presidente Aylwin como Raúl Rettig , quien presidió la Comisión Verdad y Reconciliación, expresaron que los jueces españoles carecen de jurisdicción para procesar al Senador Pinochet . La Oposición respaldó plenamente la posición oficial del Gobierno de Chile y lo sigue haciendo.
He hecho esta sucinta descripción de los hechos, porque ellos reflejan de manera elocuente la gravedad del momento que vive Chile y que se expresa en tres aspectos políticamente inaceptables y jurídicamente aberrantes.
El primer hecho en hacerse evidente, que contraría flagrantemente las más elementales normas de convivencia internacional y que demuestra una falta de consideración hacia Chile y su Gobierno, fue el arresto de un ex Presidente de la República y Senador en ejercicio. La detención se hizo sin siquiera informar a las autoridades chilenas, demostrando, por parte del gobierno laborista inglés, un absoluto desprecio por las relaciones amistosas entre los dos países. Luego, se ignoraron, y entiendo que aún siguen sin respuesta, las notas de protesta que presentó Chile. Esta actitud de falta de respeto a nuestro país, se encuadra en la misma línea que hace poco le conocimos al gobierno de Suiza, que negó la extradición de un terrorista condenado en Chile y que se había fugado, pretextando que en nuestro país el Estado de Derecho no daba garantías suficientes.
Honorable Senado, éste es el primer hecho que nos obliga a reaccionar. Se desconoce la realidad que impera en Chile, se nos menosprecia, se pasa por encima del Gobierno, se ignoran las opiniones que reflejan una inmensa mayoría del país y se nos pretende enseñar desde afuera a manejar nuestros procesos democráticos. Como bien se ha señalado en el Senado, la transición chilena ha sido obra de todos, incluido el ex Presidente Pinochet , y nosotros, mejor que nadie, sabemos como manejar nuestros asuntos internos.
El segundo hecho en hacerse evidente y cada vez con más fuerza, es que el punto central de este problema se encuentra en la pretensión de los tribunales españoles de ejercer jurisdicción sobre hechos ocurridos en Chile.
Respecto de esto debemos pronunciarnos. El Senado de la República no puede permanecer impasible frente a una pretensión extranjera que atenta contra la esencia misma de nuestra Independencia.
Señores Senadores, ¡se está atentando contra la Independencia de Chile!
Nuestro país no hizo una declaración formal de independencia que pueda ser leída en esta Sala ni enseñada en nuestras escuelas. Todos sabemos que hace 188 años, cuando se constituyó la Primera Junta Nacional de Gobierno, se mantuvo en lo formal una vinculación de dependencia con el Rey de España. Pero ello, a poco andar, fue cambiando. Rápidamente el pueblo chileno adoptó decisiones soberanas que jurídica y políticamente dieron al mundo la clara señal de que Chile era un Estado independiente.
¿Cuál fue esa clara señal que dimos al mundo?
Todos los historiadores coinciden en señalar que lo que puede ser considerado como la solemne declaración de independencia de Chile es la disposición del artículo 5º del Reglamento Constitucional de 1812, que indica:
"Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno; y los que intentaren darle valor serán castigados como reos de estado.".
Chile declaró su Independencia señalando que ninguna autoridad o tribunal extranjero tendría jurisdicción en Chile. Ése fue y es nuestro valor más preciado como nación libre, y es por ello que sostengo que hoy, lo que está amenazada, es precisamente la esencia de nuestra Independencia. Esta amenaza viene de afuera, y es tan grave que ni siquiera quiero referirme a aquellos que desde Chile alientan la intervención de tribunales extranjeros.
Para la reflexión de quienes se hallan tan equivocados, sólo leeré nuevamente lo que ha sido considerado, y con razón, la declaración formal de la independencia de Chile:
"Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor serán castigados como reos de estado.".
El tercer hecho que quiero destacar es que este atentado a nuestra independencia no se hace de frente, lo que dificulta defender nuestra libertad con el valor y la fortaleza que siempre han caracterizado al pueblo chileno.
Si antes las potencias extranjeras tenían que dejar en evidencia sus afanes de dominación moviendo sus flotas o luchando contra los pueblos que pretendían avasallar, hoy lo hacen en forma subrepticia.
El viernes 16 de octubre, a las 2 de la tarde, entre gallos y medianoche, un partido político español -la Izquierda Unida- presentó una querella en contra del Senador Pinochet. Un juez, entre gallos y medianoche, admitió a tramitación la querella y sometió a proceso a un ex Presidente de Chile por supuestos delitos cometidos en nuestro país. Entre gallos y medianoche, se dio orden de captura, se ofició a Londres y otro juez, también entre gallos y medianoche, ordenó el arresto del Senador Pinochet. A la medianoche de ese día, tan sólo diez horas después de haberse presentado una demanda en Madrid, nuestra soberanía como país libre fue pisoteada en Londres.
¿Ha reconocido Chile competencia a esos tribunales extranjeros? ¿Es ése un proceso que se pueda llamar justo?
Tan absurdo es dicho procedimiento, que realmente puede ser calificado como una farsa.
El juez español, conociendo los graves vicios de su primera orden de detención, tuvo que dictar otra, en la cual se hacen extensivos los supuestos crímenes y delitos hasta diciembre del año 1992. O sea, supuestamente en Chile, bajo el Gobierno del Presidente Aylwin, se torturaba, se secuestraba y se tomaban rehenes.
La sola lectura de esas órdenes de detención demuestra que estamos frente a una verdadera farsa.
Señor Presidente , quiero ser muy enfático: no hay en este caso la actuación de ningún tribunal internacional. Y tampoco podría haberla, porque Chile no se ha sometido, no ha limitado su soberanía a tribunal internacional alguno competente para juzgar este asunto.
Asimismo, considero oportuno expresar que no existe hoy ese pretendido orden internacional que permita juzgar hechos ocurridos en otros países y al cual Chile haya adherido.
Traigo a colación lo anterior para señalar en este Senado que Chile está viendo amenazada su independencia en una forma nueva, pero igualmente peligrosa para las naciones pequeñas.
Se habla de una justicia global y en nombre de una globalización de la economía, que jamás ha limitado la soberanía de los países, se pretende limitar la jurisdicción de nuestros tribunales. Si antes estas violaciones a la soberanía de los países, cometidas siempre por las naciones más grandes, costaban sudor, sangre y lágrimas, hoy se pretende hacer lo mismo, pero de manera distinta. Parece que ahora a algunos les basta ensuciarse los dedos con tinta para atropellar la soberanía de otros países.
Honorable Senado, el problema de hoy, el más importante, el que debe concentrar nuestros esfuerzos, es un problema de dignidad nacional, de respeto a nuestros gobiernos, de inmunidad de jurisdicción y de independencia de Chile, independencia que por cierto, y por sobre todo, nos da el derecho para solucionar nuestras dificultades, principalmente las más dolorosas, conforme a nuestra legislación y a nuestros entendimientos, tal como lo hemos venido haciendo durante diez años.
Sobre ello pedimos el pronunciamiento de este Senado, en un proyecto de acuerdo que evita referirse a la heridas del pasado, que no entrega nuestra visión de la historia y que ni siquiera alude a quienes nosotros consideramos responsables de lo ocurrido. No reabrimos -insisto- las heridas del pasado. Nuestro proyecto de acuerdo tampoco se refiere a ataques injustos que hemos recibido. Él busca sólo que los principios y valores consustanciales a nuestro carácter de país libre e independiente sean respetados y reconocidos en todo el mundo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , había preparado, modestamente, algunas páginas para participar en este delicado análisis político. Sin embargo, después de escuchar a mis Honorables colegas, he querido simplemente pautar ciertas ideas sobre aspectos que me producen inquietudes y que con seguridad se irán aclarando en las intervenciones futuras.
Se ha solicitado esta sesión especial para examinar un hecho político -repito- que ojalá no impacte negativamente en el desarrollo de nuestra transición a la democracia y que no implique que la imagen internacional de Chile se vea menoscabada tras un análisis provinciano que -como se ha señalado en el exterior- concluya en que nuestra institucionalidad se halla en peligro.
Desde las tribunas se dijo: "¡No fue elegido!". Yo me pregunto: ¿Podrá enojarse alguien si sostengo esta tarde que, efectivamente, el General Pinochet no fue elegido Presidente de Chile?
Él fue Presidente de una Junta Militar que gobernó de facto. Y fue Jefe del Estado de Chile sin que hasta 1980 mediara un acto electoral que legitimara su investidura. Después siguió gobernando en virtud de un plebiscito que dio origen a la Constitución de 1980, que, según sostienen muchos, es la que nos tiene amarrados, la que nos impide solucionar numerosos problemas que obstaculizan la reconciliación.
Un señor Senador del conglomerado que integro manifestó esta mañana en un emotivo discurso que, cuando se forma parte de un gobierno, se lo debe respaldar en las duras y en las blandas, en las maduras y en las no maduras.
Encuentro toda la razón a Su Señoría. Y por eso desde estas bancadas estamos apoyando a la actual Administración, pues ha actuado en resguardo de la soberanía del Estado de Chile. ¡Qué duda cabe! ¡Nadie lo discute!
Empero, señor Presidente , me habría gustado que ese colega, al mismo tiempo que expresó que no le gustaba que un grupo de hombres y mujeres pertenecientes a uno de los partidos políticos de la Concertación viajara a Inglaterra en estos días, se hubiera referido a los Senadores que partieron primero hacia ese país, donde, con una autoridad que nadie les había concedido, afirmaron -y pretendieron convencer de ello al resto del mundo- que nuestra democracia estaba en peligro, llegando al extremo de utilizar conceptos que muchos calificaron de sediciosos. Porque en los planteamientos de esa primera embajada de Parlamentarios no se adujeron los argumentos jurídicos hechos presentes hoy en esta Sala, sino que prácticamente se dio la impresión, al hablarse de la fragilidad de nuestra institucionalidad, de que había que llegar a una especie de trueque para que, a cambio de la libertad del Senador detenido, se nos concedieran las condiciones de normalidad institucional.
¡Por Dios qué grave es eso!
¡Cómo no va a tener derecho a ir a Inglaterra Juan Pablo Letelier ! ¡Si le asesinaron a su padre! ¡Quién en esta Sala va a negar a ese joven el derecho de ir hasta el más recóndito lugar de la Tierra a buscar castigo para quienes impulsaron el asesinato! ¡Qué planteamiento jurídico puede atentar en contra del derecho de ese joven chileno a ir a buscar justicia! ¡Quién puede decir que Isabel Allende no tiene derecho a ir a plantear ese pedazo de la historia que significó el suicidio de su padre! ¡Quién puede negar a la Vicepresidenta de nuestro Partido, Sofía Prats , el derecho de ir a buscar justicia, a investigar quiénes fueron los responsables intelectuales de la bomba que mató a su padre y a su madre! ¡Qué Parlamentario de las bancadas del frente, en una situación similar, no recorrería el mundo buscando justicia! ¡Quién puede negar a Sola Sierra, que también se encuentra en Inglaterra, el derecho a preguntar quiénes mataron a su esposo y por qué!
Ciertamente, algún señor Senador podrá atribuir poca importancia a estos conceptos. Porque hay gente que mira como una cosa irrelevante la muerte, pues no le toca a ella.
Alguien señala en artículos que leí esta mañana que nuestra democracia envejece, que la juventud no quiere escuchar nuestros mensajes. Y la verdad es que existe razón para ello. Porque a uno mismo, que ya es viejo, le cuesta entender -lo conversábamos aquí, en los pasillos- los acuerdos a que llegamos.
Confieso honestamente que, a pesar de mis años, en determinados momentos siento que estoy en un mundo extraño, donde veo que a veces los principios y las convicciones se transan en una pieza cerrada y estrecha, como sucede en este caso, en que se pretende encuadrar el problema dentro de ciertas temáticas que convienen.
Para mí, señores Senadores, ¿cuál sería el tema rico a discutir en esta oportunidad? Más que de las inmunidades, cuestión que se ha debatido toda la mañana, yo hablaría de cómo descorrer las cortinas negras y espesas de las impunidades. ¡Ése sí que sería un tema rico, que interesaría, que entenderían esos jóvenes que no nos siguen y que no se quieren inscribir en los registros electorales!
Algunos sectores expresan -porque se ha tendido una cortina espesa sobre el particular- que en el tema del General Pinochet se halla en grave peligro nuestra soberanía.
¿Qué dice el artículo 5º de la Constitución Política, reformado tras su ratificación plebiscitaria en 1989? Su inciso segundo señala textualmente: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
Pero aquí nos encontramos frente a un hecho donde versallescamente, académicamente, estamos sacando el bulto al corazón del problema.
El General Pinochet, Senador vitalicio por una Constitución aprobada en su tiempo, vuelve a Chile absolutamente dañado. Y vuelve absolutamente dañado -¡digámoslo!- porque el segundo informe Rettig , hecho por el mundo, descascaró una especie de barniz que se le quiso colocar en el sentido de que era un hombre que estaba más allá del bien y del mal y de que sólo el futuro y la historia lo iban a enjuiciar.
Fíjense, Sus Señorías -y esto lo reconocen los propios sectores de la Derecha que lo apoyan, en las voces de los señores Piñera y Lavín , quienes le dicen: "En un acto de grandeza, váyase para la casa"-, que este segundo informe Rettig que el mundo ha hecho al General Pinochet no fue una planificación política de los Partidos de la Concertación ni del actual Gobierno: fue un autogolpe que infligieron al General Pinochet sus propios asesores, quienes le dijeron que podía ir a Inglaterra, en circunstancias de que todo el mundo sabía que tenía conflictos políticos y diplomáticos en el extranjero.
¿Qué se les olvidó a esos asesores? Que tras la segunda guerra mundial se abrió un interesante proceso de cambios jurídicos en el Derecho Internacional para que, ante determinados delitos de extraordinaria gravedad y que constituyen atentados tremendos contra la humanidad -como el genocidio, la tortura, el terrorismo y otras conductas degradantes-, se haga excepción a las normas comunes del Derecho Penal. Son numerosos los acuerdos y convenciones destinados a evitar que esos delitos abominables sean objeto de prescripción o amnistía. Y también se abre paso a la idea de que, para que sus autores no queden impunes, en casos calificados se acepte la extraterritorialidad, que es lo que estamos planteando y lo que se ha discutido.
Señores Senadores, disponemos de 15 minutos para analizar un proceso que duró 17 años, para ocuparnos en un hecho histórico que el mundo está observando.
Deseo confesar (porque nunca he negado mis orígenes) que soy un modesto profesor, y de ninguna manera tendré la osadía de responder análisis jurídicos hechos por algunos distinguidos Senadores de Oposición. Pero, con la misma humildad con que reconozco lo que soy, apelo a Sus Señorías para que no sólo entreguen ideas inteligentes sobre cómo resguardar la inmunidad: en mi condición de chileno, les ruego que utilicen su inteligencia para descorrer los velos de la impunidad que amargan a este país y que lo tienen aferrado a un pasado que todos deseamos dejar, pero de verdad y no únicamente de palabra.
A los juristas que se encuentran frente a mí, a quienes han respaldado al General Pinochet (y tienen sus razones para hacerlo), les solicito por favor que propongan algo concreto -lo señaló un señor Senador esta mañana- para que aparezcan de una vez por todas los 3 mil desaparecidos; para que busquemos una fórmula que permita entregar algún consuelo a 75 mil exonerados, a los que en aquel tiempo les quitaron el trabajo sólo porque no pensaban igual que el Gobierno de turno.
Me gustaría que buscáramos fórmulas para reconstruir las familias que se destruyeron en los 17 años de exilio.
Me gustaría que buscáramos fórmulas para pedir al Senador vitalicio un acto de grandeza y que no se escude -y nadie puede pretender escudarlo- en sus 83 años y en su enfermedad. Porque cuando él gobernó Chile tenía 58 años de edad. Fueron años de mocedad, de juventud del Senador vitalicio, años tal vez de demasiada arrogancia, en que decía que en su Gobierno no se movía una sola hoja sin que él lo supiera.
A ese Presidente de 58 años y que decía que ni una sola hoja se movía sin su conocimiento le pido un acto de grandeza: que haga caso a muchos de los líderes de la Derecha y deje que este país camine tranquilamente y pueda olvidar ese gran dolor que viene del pasado.
¿Cuál es, entonces, el propósito de esta reunión?
Alguien dijo esta mañana: "Se fue la gente que estaba en las tribunas. Se acabó la sesión, perdió el interés".
¡No, señor Presidente ! Pienso que la resonancia de lo que aquí digamos sinceramente, respetándonos, debe ser la gran posibilidad para articular hacia el futuro soluciones que den justificación a lo negro del pasado y para poner de manifiesto que el hecho de creer en la democracia y en la libertad no obliga a aceptar a otros su convicción sobre un proceso de la historia de este país. Nadie puede pedirnos que construyamos el futuro fundados en el análisis que realicen los sectores de la Derecha respecto de lo que fueron los 17 años del Gobierno del General Pinochet.
Señor Presidente , señores Senadores, éste es quizá el discurso de un político que no estuvo en las universidades de este país ni en las del extranjero, de un político que emerge desde una base muy sencilla. Pero es increíble cómo uno aprende en la sencillez de la base cuáles son las ansiedades, las utopías y los dolores de la gente.
Al recorrer los distintos sectores del país y visitar las casas de sus habitantes, vemos que ellos quieren terminar este episodio, donde el General Pinochet tiene permanentemente en la discusión a los sectores democráticos de enfrente y de acá.
Termino mis palabras manifestando que me gustaría que el proyecto de acuerdo que todas las bancadas consensuemos al final de esta reunión refleje la conformidad en una sola idea de democracia y de libertad, sin confundir los intereses de un solo hombre, por respetable que sea, con el gran concepto de Estado, de Patria.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , luego de escuchar algunas intervenciones -entre otras, la que acaba de concluir-, uno se pregunta qué nos congrega en esta sesión. Tengo a mano la respectiva citación, que corresponde a lo que un grupo de Senadores solicitamos, donde se señala que su propósito es "ocuparse de los hechos que afectan al país con motivo de la detención y arraigo en el Reino Unido del H. Senador señor Augusto Pinochet Ugarte , y a fin de que el Senado adopte las resoluciones y acuerdos que correspondan al respecto.".
Estamos ante algo concreto: la detención ilegal y arbitraria de un Senador que integra esta Sala. No nos hallamos convocados para analizar los hechos que pudieron haber ocurrido en tiempos pasados -lo digo con mucho respeto-, por ejemplo, durante el Gobierno militar. (Hay opiniones legítimas, sentimientos que uno percibe y comprende, pero ello no corresponde a lo que ahora nos reúne). Tampoco nos encontramos aquí para examinar el porqué acontecieron esos hechos en ese período y - ya que el país no empezó en 1973- antes de él; ni para hablar de la Unidad Popular, de los movimientos guerrilleros o de las escuelas terroristas que en ese tiempo sacudían a América Latina; ni para referirnos a las bondades o defectos que pueda haber tenido, o que tiene, uno de nosotros -precisamente, quien está detenido-, a raíz de sus actuaciones en el pasado. No, estamos ante algo más modesto.
Es cierto que nos gustaría hablar de muchas otras cosas, como se ha dicho. Cuando recorro sectores humildes de mi circunscripción, como las poblaciones "Horacio Villablanca", de Parral, "Fernández", de Cauquenes, o la "Comandante Prat", de Linares, u otros sectores rurales pobres o modestos, percibo que nuestros debates no les dan respuesta. Desearíamos exponer sobre estos temas; pero no es lo que nos preocupa ahora. Hoy debemos pronunciarnos respecto de lo que nos está afectando como Senado. Y la pregunta que surge es si en la situación planteada hay principios involucrados que nos obligan a actuar. Y la respuesta es que, efectivamente, en los hechos externos que han perjudicado al Senador señor Pinochet y que determinaron su detención, existen, a nuestro modo de ver, agresión institucional y vulneración de principios básicos del Derecho Internacional. En el caso de Inglaterra, estos principios se han trasgredido desde el momento en que no se reconoce la inmunidad diplomática que el Gobierno de Chile otorgó al Senador Pinochet al nombrarlo embajador plenipotenciario en misión especial. Además, el propio Reino Unido, de acuerdo con su tradición jurídica -gracias a Dios, tuve oportunidad de estudiar allí-, siempre ha reconocido inmunidad diplomática a los ex Jefes de Estado, como lo hizo con el entonces Jefe de Estado o Presidente de la República don Augusto Pinochet , desde el 11 de septiembre de 1973. El Gobierno británico podrá haber discrepado de lo ocurrido en Chile, o podrá haberle molestado, pero siempre reconoció la existencia de esa Administración y nunca rompió relaciones diplomáticas. En consecuencia, en ese entonces -no hoy- se dio al Senador Pinochet el status de Jefe de Estado . Mal puede ahora no reconocérsele. Y si lo ha hecho, ha sido por una decisión política, tanto es así que los tribunales ingleses la han corregido.
Más grave aún es lo de España. Es cierto que siempre el Derecho Internacional tiene vocación de unificar, de globalizar. Y esto no es nuevo. Desde sus precursores -Grocio y Vitoria-, se sabe que su objetivo es integrar y relacionar a los Estados y a las personas jurídicas que actúan en el campo internacional. También, en el siglo pasado, el derecho comparado pretendió crear un derecho internacional que abarcara todos los ámbitos, es decir, un derecho universal. Pero la realidad es otra.
En la actualidad, existen Estados y personas jurídicas regulados por el Derecho Internacional, y en esta área se aplican dos principios esenciales: la libre determinación de los pueblos y la igualdad jurídica entre los Estados. El primero permite a cada nación definir soberanamente cómo estructurar sus poderes, cómo reglar internamente los derechos y deberes, y su funcionamiento; o sea, cómo nosotros juzgamos los hechos ocurridos en Chile. Y sólo si nosotros determinamos un camino distinto, entonces otra nación u organismo puede interferir en nuestros asuntos. Pero si no lo hace, Chile, en virtud de este principio, es el único país que puede resolver lo que suceda en su territorio.
Conforme a la igualdad jurídica entre los Estados -que siempre se vulnera cuando se aplica la ley del más fuerte-, no puede haber un Estado que se arrogue supremacía sobre otro, independientemente de sus consideraciones. Ello, precisamente, porque no hay un Estado supranacional, sino que los hay en igualdad de condiciones. Y cuando voluntariamente autolimitan su soberanía -por ejemplo, mediante un tratado-, la interferencia de las Naciones Unidas, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de la Corte Europea de Derechos Humanos alcanza hasta donde ese tratado autoriza. En el caso en análisis, no hay instrumento alguno que permita a España asumir jurisdicción sobre hechos acaecidos en Chile. La aceptación en esta materia es, como se ha dicho aquí, un atentado contra la dignidad nacional y limita nuestra soberanía. En Chile no hay vulneración interna de la institucionalidad, pero sí la hay de origen externo. Y por eso resulta preocupante lo que sucede. No lo es porque se evalúe bien o mal lo obrado por un Gobierno, sus defectos o las transgresiones a los derechos humanos que puedan haber ocurrido durante su ejercicio. Defendemos principios básicos de la convivencia internacional que, en el caso de Chile -país ubicado en el fin del mundo-, están siendo desconocidos por Inglaterra y España.
Entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos dar? ¿Sumarnos a ese proceder porque nos conviene, por un mezquino interés político de corto plazo? ¿O debemos actuar como Estado? Eso es lo que al Senado corresponde resolver y lo que debió hacer desde el principio, porque uno de sus miembros, cuya presencia en Inglaterra ha causado esta situación, motiva un pronunciamiento nuestro como cuerpo. Lo hicieron el Presidente de la República , su Canciller y su Embajador; el Presidente del Senado , a plena satisfacción nuestra; el Presidente de la Corte Suprema (al manifestar que no hay posibilidad alguna de aceptar la jurisdicción de otros tribunales, porque negar ese principio equivale a decir a los jueces chilenos: "Señores, ustedes no sirven para nada"); y las Fuerzas Armadas, en declaraciones sobrias y precisas. Pero no lo ha hecho el Senado, no obstante que uno de sus miembros ha estado cautivo de una legislación injustamente aplicada en su contra. Ése ha sido el sentido de nuestra actuación.
¿Por qué inicialmente no quisimos integrarnos a la Corporación? Porque no veíamos la voluntad de entrar al análisis de este tema. Y si ahora lo hacemos es porque, primero, nosotros lo solicitamos y, segundo, porque muchas instituciones han manifestado su voluntad de llegar a un consenso.
Hemos planteado un proyecto de acuerdo cuyo contenido, en lo fundamental, no puede ser rechazado por nadie en esta Sala. Así lo pensamos. Hemos procurado elaborar -como recién se dijo- un documento de altura, que permita a todos sentirse parte de él. Reclamamos en contra de la extraterritorialidad de los tribunales españoles y contra el Reino Unido, porque no reconocen la inmunidad de jurisdicción; señalamos que ese desconocimiento, respecto de los derechos de un Senador, afecta el funcionamiento de esta Corporación, pues se halla impedida de desarrollar sus labores en forma normal cuando falta uno de sus integrantes, injustamente retenido en el extranjero; solicitamos al Supremo Gobierno que coordine los Poderes públicos (algunos ya se han pronunciado: el Ejecutivo , el Judicial, y hoy le corresponde hacerlo al Senado); pedimos que en Chile y en el extranjero la defensa de nuestros miembros sea parte de los intereses permanentes de la República.
¿Alguien puede objetar estos planteamientos, señor Presidente?
Finalmente, manifestamos nuestro apoyo al Presidente de la República , quien, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, ha velado por la soberanía de Chile y por su autonomía como nación, al representar los hechos que las afectan con motivo de la detención del Senador Pinochet.
No es más que esto lo que nos congrega hoy día, independientemente de muchas consideraciones personales que hemos oído. Hay en esta Sala y en el país quienes han sabido superar sus propios problemas personales, sus inquietudes, respecto de quien ha sido objeto de una detención arbitraria. Ellos han sabido actuar. Me ha sorprendido el proceder del Canciller señor Insulza , con quien he tenido muchas diferencias. Sé -tuve la oportunidad de encontrarme con él en algún medio de comunicación- que le ha sido muy doloroso lo ocurrido en el pasado y que comparte lo que se ha manifestado aquí, pero ha entendido que, antes de sus dolores, se encuentra la dignidad de Chile. Es ésta la que se halla objetada.
Me pregunto: ¿en realidad, está amenazada nuestra institucionalidad? No sé si se compartirá este punto de vista, pero creo que ha reaccionado extraordinariamente bien. Los principales Poderes, las más importantes instituciones de Chile, han respondido de una sola manera: defendiendo la dignidad y soberanía nacionales.
Chile vive hoy día -y sigue viviendo- un Estado de Derecho democrático, donde todas las instituciones funcionan como reloj. Y aun cuando tengamos crisis y dificultades, señalar en esta Sala que se ha alterado la institucionalidad porque algunos han salido a protestar a las calles, o porque un alcalde no ha retirado la basura de una embajada, o porque alguien ha pedido que no se compren productos españoles o ingleses, me parece inaceptable, más aún si estas afirmaciones provienen de quienes llevan años protestando en las calles. ¿Eso significa, entonces, que ellos siempre han alterado la institucionalidad? ¿Ha sido esa su función? Pongamos las cosas en su lugar. Los problemas de Chile, y particularmente del Senado, en este momento se originan por una situación externa que no podemos aceptar. Por eso, exigimos que halla una sola voz, no por dividir a los chilenos entre patriotas y no patriotas, sino porque la dignidad del país, no así su institucionalidad, está siendo amenazada.
Ciertamente, llama la atención aquí la actitud de algunos sectores políticos, fundamentalmente socialistas y del Partido Por la Democracia. Tengo que decirlo con honestidad, porque cuando escucho al Honorable señor Ominami y a otros Senadores, entiendo la profundidad de sus conceptos y la legitimidad de sus sentimientos, pero no logro comprender que en una situación de esta índole no puedan separar lo que corresponde a intereses partidistas y políticos o a historias personales, de lo circunscrito, preciso y concreto que nos afecta ahora. Curiosamente, si se produce alguna alteración de la institucionalidad, ella podría provenir de esta inquietud. Y cabría esperar que de ahí surja el desconocimiento, no de un pacto secreto de la transición -porque no creo que lo haya-, sino de las normas fundamentales o transitorias, a menos que se modifiquen en la forma en que la propia Constitución lo establece. Y eso no lo veo claro en las actuaciones de los Parlamentarios socialistas. Por ejemplo, se dice que una delegación va a Londres a defender causas personales. No entiendo a qué causas personales se refieren. El caso doloroso vinculado al Diputado don Juan Pablo Letelier ha sido sancionado por los tribunales de Estados Unidos, pues allí se produjo, y, respecto de la participación que se descubrió de Chile, también fue penado acá. Y, entre otros uniformados, hay un general preso como consecuencia de la sentencia dictada por nuestros tribunales.
Pero tales sucesos nada tienen que ver con la situación que ahora nos preocupa. Al contrario, advertimos que, si bien estamos actuando unidos, como país, hay un grupo que no desea ser parte de esa unidad, ya que, al sumarse a los objetivos del Gobierno inglés o del español y aunque se den otras justificaciones, están poniéndose en contra de la dignidad y de la defensa de la soberanía nacionales, lo que no es valioso ni positivo.
Aquí se habla de mirar hacia el futuro, de pensar cómo seguiremos caminando. El acuerdo que hoy día adopte el Senado nos situará en la ruta correcta, pero, respecto de lo que todavía debemos resolver, procedamos con la calma y frialdad que corresponda.
No es verdad que no hayamos hecho nada. Se alude al tema de los desaparecidos. Hace más de tres años un grupo de Senadores de Renovación Nacional y de la UDI presentamos un proyecto de ley que abordaba esta materia. Pudo no haber sido perfecto, pero tuvimos la iniciativa. Y no fuimos nosotros quienes vetamos la posibilidad de seguir examinándola, sino las bancas de la Concertación, particularmente socialistas y del Partido Por la Democracia, que no han podido resolver su conflicto interno acerca del tema. Así que no nos endosen esta situación.
El pasado será siempre objeto de análisis. Las coyunturas nos permiten dar paso a debates y lograr acuerdos, sobre todo acerca de inquietudes que se deben enfrentar en el porvenir. Pero hoy se trata de resolver algo preciso: la detención de un Senador, el señor Augusto Pinochet , realizada en el extranjero en forma arbitraria e ilegal.
Pensamos que el Senado, unido detrás del Gobierno y del Poder Judicial , debe transmitir al mundo, en particular a la Cámara de los Lores, su rechazo al agravio implícito e exigir su liberación, para así reafirmar el compromiso de esta Corporación con la dignidad de nuestro país, independientemente de cualquier otra consideración sobre el pasado político del Senador señor Pinochet , su Gobierno u otras consideraciones, que, para estos efectos, son circunstanciales o secundarias, porque lo que estamos discutiendo no es el pasado o presente de una persona, sino la dignidad de Chile, afectada por una injusta determinación del Gobierno británico e inspirada en una peor decisión de un juez español.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , la detención del general Pinochet en Londres y la decisión de los tribunales españoles de intentar procesarlo por hechos ocurridos en Chile han generado en nuestro país un clima de efervescencia y confrontación. Las pasiones del pasado han revivido con vehemencia. Tanto en algunas cúpulas partidistas como en otros sectores se han producido reacciones temperamentales, que sobrepasan los límites de la racionalidad.
Estimo que nuestro deber, por la responsabilidad que nos cabe en la conducción de la patria, es hacer un gran esfuerzo para encarar estos hechos con criterio amplio, sereno y responsable, pensando principalmente en el bien común de Chile.
Nuestra patria sufrió mucho, durante largos años, por su profunda división entre amigos y enemigos. Desde la recuperación de la democracia, con el inicio de los Gobiernos de la Concertación en marzo de 1990, esta lógica de guerra ha sido reemplazada por una lógica de paz, que ha buscado entendimientos para solucionar los problemas e impulsar el progreso nacional y ha procurado la reconciliación entre los chilenos. Volver atrás en lo avanzado por ese camino, que se ha traducido en una convivencia pacífica, con pleno respeto al imperio del derecho y la libertad, y en evidentes avances en los ámbitos del desarrollo económico y la justicia social, sería indiscutiblemente muy perjudicial no sólo para la buena convivencia entre los chilenos, sino también para el progreso nacional; sería olvidar nuestros deberes frente al futuro, por caer en la tentación de ensimismarnos en nuestras disputas del pasado.
Es explicable, sin duda, que frente a lo que le sucede al General Pinochet se susciten no sólo pasiones encontradas, sino asimismo diferencias racionales perfectamente legítimas. Existen al menos dos perspectivas respetables para analizar lo que ocurre: la de quienes privilegian por sobre todo el anhelo de justicia en materia de violación de los derechos humanos, y la de quienes privilegian el imperio y la vigencia del derecho en las relaciones entre los Estados. Es comprensible que a los primeros los seduzca la posibilidad de que se juzguen esas violaciones en el extranjero, ya que en Chile ello no se ha podido lograr en forma plena, y que los segundos rechacen la jurisdicción de tribunales extranjeros como una indebida interferencia en la soberanía nacional.
Lo que ha ocurrido en estos días en Europa y otros lugares del mundo con relación al asunto de que se trata es expresión del valor y significado que el concepto de los derechos humanos y el respeto a los derechos civiles alcanza en la conciencia civilizada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha ido adquiriendo progresivamente, en su medio siglo de vida, el significado de una verdadera Carta Magna en las relaciones entre los hombres y entre las naciones. Los sucesivos pactos, tratados y acuerdos que la han ido complementando denotan el anhelo de los pueblos de llegar a una convivencia pacífica fundada en el respeto y la vigencia de la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna.
Cuando la conciencia universal reacciona airada o con explicable indignación ante los crímenes de lesa humanidad que aún suelen cometerse en diversos lugares del mundo, como ha ocurrido en estos mismos días en Kosovo, Federación Yugoslava, el hombre y la mujer común quieren que se haga justicia y se sancione a los culpables, para que atrocidades semejantes no se repitan jamás. Esos mismos sentimientos -y no supuestas "confabulaciones" partidistas- son los que explican la disposición que manifiesta la opinión pública de países europeos y que interpretan algunos letrados, y aun tribunales, de condenar las violaciones que en Chile y otros países se cometieron y que han quedado sin juzgamiento.
Frente a esa perspectiva, que los amigos y defensores del General Pinochet, especialmente la Derecha tradicional chilena, debieran respetar y tratar de comprender, hay otra igualmente legítima, que los defensores de los derechos humanos también deben, por su parte, respetar y comprender: la que en forma sobria y digna ha procurado interpretar nuestro Gobierno, fundada en el respeto al derecho internacional como norma que rige las vinculaciones entre los Estados. Ese derecho se funda en el principio de la soberanía nacional de cada uno de ellos, que les reconoce el poder exclusivo de gobernarse, legislar y administrar justicia dentro de su territorio, con independencia de los demás. Tales disposiciones impiden que los Estados se entrometan o interfieran en los asuntos internos de otros. Y la vigencia de dichos preceptos no sólo es garantía necesaria para la paz entre las naciones, sino también la mejor garantía de los derechos de aquellas pequeñas y débiles en sus relaciones con las grandes y poderosas.
Sobre esa base, resulta consistente la posición sostenida por nuestro Gobierno, que, conforme a convenciones internacionales vigentes, alega la falta de jurisdicción de tribunales extranjeros para juzgar hechos acontecidos en nuestra patria. Y, al defender la vigencia del derecho internacional, con prescindencia de los juicios morales que merezcan los hechos que se imputan al General Pinochet y de la simpatía o distancia que su persona suscita, el Gobierno del Presidente Frei y especialmente su Ministro de Relaciones Exteriores y funcionarios de esa Cartera no han realizado otra cosa que cumplir con su deber.
Hay quienes, invocando la trascendencia supranacional del concepto de derechos humanos y su obligatoriedad para todos los países, pretenden que su tutela trascendería los límites de las soberanías nacionales. Ésa es, sin duda, la tendencia prevaleciente en nuestros días. Y en buena hora, porque señala el camino adecuado para asegurar la plena vigencia de esos derechos en todo el mundo.
Pero ello no opera automáticamente, ni por imposición unilateral de unos Estados sobre otros. Para que esa tendencia se convierta en norma obligatoria, debe concretarse en la creación de tribunales internacionales, con jurisdicción para juzgar violaciones a los derechos humanos más allá de las fronteras de cada país. Ya existen algunos, como la Corte Europea de Derechos Humanos o el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que funciona en San José, Costa Rica. Y en septiembre del año pasado, al cabo de negociaciones que duraron largo tiempo, se suscribió en Roma un tratado para crear un tribunal penal internacional, precisamente para juzgar graves violaciones a los derechos humanos. Chile suscribió ese instrumento, que se encuentra sujeto a la ratificación correspondiente.
Sólo juzgando los hechos que en estos días han estado aconteciendo en relación con el General Pinochet a la luz de los principios y criterios que dejamos expuestos, y siendo capaces de sobreponernos a las explicables pasiones que suscita el personaje, se logrará que el imprevisto episodio que nos ocupa no perturbe gravemente la convivencia nacional, la que con esfuerzo, prudencia y buena voluntad de casi todos hemos ido reconstruyendo en los últimos diez años.
No ayudan en ese propósito las actuaciones de quienes, en su explicable anhelo de justicia respecto de hechos de que fueron víctimas, desatan pasiones y critican la conducta correcta del Gobierno. Menos aún contribuyen a ello quienes, abusando con arrogancia de los poderes fácticos que detentan, desconocen la realidad de las masivas violaciones a los derechos humanos causadas por la dictadura en Chile, no respetan el dolor de sus víctimas y adoptan actitudes prepotentes reñidas con la democracia o que lesionan nuestro prestigio en la comunidad internacional.
Si queremos seguir avanzando como nación, en vez de quedar anclados en nuestras divisiones del pasado, debemos empezar por acatar las normas y principios del derecho internacional que rigen en la materia, tal como lo ha hecho en todo momento nuestro Gobierno, con dignidad, firmeza y eficiencia.
Pero ello no basta. Como nación, los chilenos debemos desplegar un serio esfuerzo para no volver a quedarnos prisioneros de dichas divisiones. Es algo que exige gestos demostrativos de la voluntad real de todos los sectores influyentes para avanzar en los caminos de la verdad, la justicia y la reconciliación.
Hay todavía muchas víctimas o familiares de víctimas que tienen derecho al menos a una explicación. El cuento de que en Chile hubo una guerra no convence a nadie. Todos sabemos que no es verdad. Y pretender que la solución sea el olvido resulta injusto, imposible e inaceptable. La paz verdadera se construye sobre las bases de la verdad y la justicia. No se puede pedir a los familiares o amigos de las víctimas que borren de sus recuerdos el sufrimiento padecido. Ello tampoco es justo ni sería bueno para la sociedad chilena. Por el contrario, la única manera de precaver a las futuras generaciones para que nunca más vuelvan a ocurrir en el país las situaciones que lamentamos y que nos dividen es que ese recuerdo se conserve en la memoria nacional.
Y, para superar el odio y fortalecer a Chile como familia, sigue siendo necesario, cada vez más, que quienes detentaron el poder absoluto durante el período en que esos hechos se registraron y quienes les dieron su pleno respaldo político efectúen gestos significativos de que al menos comprenden el dolor que causaron y ayuden a avanzar en el camino de la verdad.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , quisiera exponer, como aporte a este debate tan necesario, las impresiones que recogí al integrar una comisión que se trasladó a Londres en el marco de las acciones que la mayoría de esta Corporación, en subsidio de una adoptada por ella, ha debido realizar en estos días, con motivo de la injusta y arbitraria detención de uno de nuestros Senadores en esa ciudad.
Deseo consignar cómo aprecié, en la Embajada de nuestro país, la acción unida del Estado de Chile, a través de las medidas dirigidas por el Presidente de la República , por su Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Embajador en esa plaza, para solucionar la situación con un sentido de resguardo de los intereses nacionales permanentes, en este caso, la soberanía del país.
Formulamos algunas observaciones sobre aspectos que, a nuestro parecer, debían ser corregidos, o acciones que habían de ser complementadas para darles más eficacia. Pero en ningún caso podemos cuestionar el sentido de ese actuar, ni de qué manera estaba orientado al interés permanente de Chile, comprometido en la materia. El señor Embajador -personero de tienda socialista, según entiendo- supo y ha sabido posponer sus inclinaciones políticas en aras de su misión como representante de Chile ante un Gobierno extranjero. Ese ejemplo debe ser recogido por todos los sectores políticos representados en la Sala.
Cabe señalar que el ambiente que se vive en Europa es tremendamente contrario a la figura del Senador señor Pinochet y a su Gobierno en conjunto. Yo diría que allá lo políticamente correcto es estar en contra de él y aplaudir su detención. Sin duda, ésta es la concesión de los Gobiernos europeos a los sectores de marcada izquierda de su entorno político, quizás para justificar sus políticas liberales, aun cuando sean de tinte socialista, o por otra consideración. Pero lo claro es que, mientras el gobernante Fidel Castro se paseaba por Europa, siendo recibido con honores por las más altas autoridades y fotografiado junto a ellas -las que muchas veces se aplauden acá-, sucedía esto con el Honorable señor Pinochet . Yo diría que tal hecho marca la "judicialización" de la política, lo cual ya hemos visto suceder en otro campo. Debemos acostumbrarnos, en primer lugar, a identificar esta circunstancia altamente inconveniente en la judicatura y tender a lograr que en los procesos de modernización judicial que estamos llevando a cabo no se internalice este mal en nuestro país, pues constituye una perversión de la judicatura, producida al llevarla a campos que no le son propios.
En este momento lo importante es que están en juego nuestra soberanía, nuestra dignidad y la verdad histórica. Ésta la habremos de esclarecer nosotros, y no podemos permitir que se construya artificialmente fuera del país, porque la verdad histórica pesará sobre las próximas generaciones y marcará nuestra visión existencial. Y, por lo tanto, no podemos dejar que otros la elaboren, puesto que debemos hacerlo nosotros.
Igualmente, en este caso se halla comprometida la apreciación de nuestra justicia. Existe una tremenda desinformación sobre ella, y la están generando precisamente los Parlamentarios socialistas que viajaron a Europa. Porque -como bien se ha señalado-, respecto de los casos que han sido sensibilizados allá, por ejemplo, por la ex Diputada señora Maluenda , quien sin duda ha vivido un drama humano, sus culpables están cumpliendo penas de presidio perpetuo. Y esta segunda parte de la información no es puesta en conocimiento con su presencia allá. Lo mismo sucede con el Diputado señor Letelier .
La desinformación que se produce respecto de la eficacia de nuestro sistema judicial daña al país en su conjunto. Y es tremendamente inquietante y lamentable que haya chilenos participando en esa iniciativa.
Por eso, señor Presidente , hoy el Senado tiene un deber fundamental en cuanto a tomar un acuerdo, como Corporación, que se una a las acciones que está llevando el Ejecutivo y que defienda nuestra comprometida soberanía nacional -según ha quedado latamente expuesto en la Sala-, que restablezca nuestra dignidad, que proteja la verdad histórica que habrá de marcar el destino de nuestras próximas generaciones y que cuide la imagen de nuestra justicia, que en este momento está siendo gravemente adulterada por el proceso que se vive en el exterior.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , como se ha dicho durante la sesión, ésta fue convocada para analizar los hechos que afectan a Chile a propósito de la detención del General Pinochet. Y creo que rápidamente esto se está convirtiendo en una especie de balance de lo que hoy somos como país.
Al comienzo del debate, un señor Senador se preguntaba en qué país queremos vivir. Quizás durante un buen número de años creímos -probablemente en forma errónea- vivir en una nación en forma, en un país democrático y organizado, en un país exitoso y aplaudido en el ámbito internacional.
Recuerdo una ocasión en que un alto personero de una nación desarrollada, alabando todos los avances que Chile había tenido en democracia, hacía, retóricamente, la pregunta: "¿qué podría fallar en Chile?" Y agregaba: "Me cuesta imaginar cuál sería el punto vulnerable que pudiera hacer retroceder a este país.".
Debo reconocer que, después de cuatro años en el Ministerio de Hacienda, de haber presidido el Partido Demócrata Cristiano y de haber tenido la oportunidad de participar en innumerables foros internacionales, sentía a veces un poco el rubor de cualquier chileno frente al elogio continuo, reiterado: ¡Qué bien ustedes, los chilenos, han hecho las cosas! ¡Qué bien han manejado la transición! ¡Qué economía más exitosa! ¡Qué sabiduría política para convertirse en un ejemplo de lo que debe hacer un país en desarrollo para progresar a fines del siglo XX!
Si alguien hubiera encendido un televisor la semana pasada o la antepasada en Chile, Perú o Argentina; en Lisboa, Londres o, seguramente, en Moscú (en este mundo globalizado), y esa persona fuera un chileno, diría que no nos merecíamos el espectáculo que hemos visto. Como tampoco las acciones irreflexivas de agitación. No nos merecíamos los pequeños pero simbólicos incidentes de las basuras no retiradas; o el embajador arrinconado por exaltados en la calle; o enterarse de que el Consejo Británico -respetada institución que ha permitido a generaciones de chilenos continuar sus estudios de posgrado en Inglaterra- había sido clausurado con cadenas y candados por instrucciones de un alcalde de la Oposición.
Tampoco nos merecíamos, después de tantos años de esfuerzos para superar nuestras diferencias, que alguien manifestara la frase, demoledora en su dureza: "Les diremos a los españoles y a los ingleses que les vamos a hacer la vida imposible".
Creo que no nos merecíamos eso.
Podemos, sí, rescatar algunos avances sustantivos que hemos hecho juntos. Tal vez 20 años atrás, 10 años atrás, no habríamos tenido un Presidente de la República capaz de entender que él representa no sólo a sus partidarios, sino también a sus adversarios. En los tiempos del sectarismo chileno eso no habría sido posible.
Hace muy poco tiempo tampoco se habría concebido que el Comandante en Jefe del Ejército chileno, en la primera ocasión en que se vio enfrentado a las cámaras de televisión sobre este asunto, en el momento más dramático y difícil de la situación del General Pinochet, tuviera la entereza y el coraje de decir: "Aplaudo y agradezco la gestión del Gobierno y del Presidente de la República ". Porque en esa frase reflejó, con hidalguía, el reconocimiento de que en este tiempo hemos logrado ir superando una enorme brecha entre civiles y militares para construir un país de verdad.
Señor Presidente , en tiempos de crisis se miden muchas cosas: se miden las conductas; se miden las reacciones. Yo he trabajado con un ánimo extraordinariamente constructivo, al igual que todos los integrantes de esta bancada, con los Senadores de Oposición. Pero hoy quiero decirles fraternalmente que, en momentos de crisis, hay ciertas conductas que no se pueden dejar pasar, simplemente, "como pequeñas anécdotas que no deben tomarse muy en serio", como decía recién el Senador señor Larraín .
En días pasados, algunos Diputados de Derecha me expresaron: "Vamos a presionar el Gobierno hasta hacer ingobernable el país". Ésta no me parece una frase sensata ni reflexiva. Demuestra más bien un retroceso. A mí por lo menos me dejó perplejo, porque no calzaba con aquellas personas con quienes habíamos trabajado en conjunto para lograr soluciones concretas respecto de diversos problemas que afectan a mucha gente en el país.
Cuando se ha planteado la tesis de la ingobernabilidad; cuando se ha dicho públicamente que se impedirá sesionar al Congreso; cuando se anuncia que se está convocando a los alcaldes y concejales y algunos de ellos deciden no asistir a las sesiones de sus municipios, uno se pregunta: ¿En qué estamos? ¿Estamos sólo frente a una diferencia táctica, o ante el empleo de todos los medios de lucha para conseguir un determinado objetivo político?
La tesis de la ingobernabilidad es tan dañina como la del boicot. En mi opinión, no ha sido especialmente reflexivo el llamar a boicotear los productos de países europeos con los cuales tenemos comercio.
Hace pocos días el Senador señor Bombal expresaba: "Vamos a ir a la discusión de la Ley de Presupuestos a exigir que se rechace la compra de submarinos españoles". Esto lo decía frente a las cámaras de televisión, en circunstancias de que todos sabemos que las compras de armamento en Chile no se hallan incluidas en la Ley de Presupuestos, no por decisión nuestra, sino del Gobierno militar y, por lo tanto, esa protesta habría que hacerla ante la correspondiente rama de las Fuerzas Armadas: la Marina.
En todo caso, una actitud más reflexiva debería ponernos un poco en el horizonte de país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazos, para ver cuáles son verdaderamente los intereses nacionales permanentes. Porque ocurre que la prosperidad de esta economía de mercado abierta al mundo, descansa entre otras cosas en los 4 mil millones de dólares en productos que exportamos anualmente a los países de la Unión Europea.
Por eso, cuando algunos llaman a la ingobernabilidad en un momento en que la situación económica y financiera del país es frágil y delicada, antes de emitir ese tipo de frase debería saberse que uno de los factores importantes y determinantes de la clasificación del riesgo soberano de un país consiste, precisamente, en evaluar si sus instituciones funcionan con normalidad; si su sistema político es estable, no sujeto a los vaivenes de acontecimientos como los que aquí se mencionan.
Por eso, hay que preguntarse qué es lo que hemos resuelto mal que nos ha llevado, a propósito de una lamentable situación externa, a un retroceso significativo en lo que entre todos habíamos construido, con mucho esfuerzo y gran generosidad, en el último decenio.
Desde luego, a todos nos corresponde una mayor dosis de humildad, en el sentido de reconocer que la obra que tenemos al frente, la obra de país, es extraordinariamente incompleta; que las tareas pendientes son más numerosas que las que creíamos, y que los problemas mal resueltos no se encuentran en el margen del sistema, sino que son bastante centrales y fundamentales.
Hemos tomado la decisión de incorporarnos a un mundo globalizado y no sabemos bien cómo sacar las conclusiones lógicas que se desprenden de esa decisión compartida por todos los sectores. Y cuando se nos presenta una situación tan difícil como la que estamos viviendo, pareciéramos volver a una mentalidad de país sitiado; pareciéramos volver a sentirnos inseguros, defensivos, disonantes en el mundo internacional. Considero que no somos "ese pobre país en el fin del mundo" a que hacía referencia recién un señor Senador. Hemos logrado ser mucho más que eso, pero entre todos debemos hacer un esfuerzo para resolver mejor los problemas pendientes.
¿Vamos a insertarnos en el mundo aceptando reglas y valores compartidos por la totalidad de los países que quieren formar parte de la comunidad internacional? ¿Vamos a conformar o no un orden político interno coherente no sólo con el orden económico que hemos construido -muy exitoso por lo demás-, sino que también acepte las normas de civilización, que reconozca las imperfecciones de nuestras instituciones y las corrija? ¿Vamos a incorporar o no en nuestra sabiduría y cultura nacional las reglas globales que hoy día acepta libremente una buena parte de la humanidad respecto de protección de la democracia, cuidado del medio ambiente y afirmación de los derechos humanos de las personas y que son anteriores al Estado?
No me parece bien ni honesto de nuestra parte que apuntemos con el dedo a países históricamente amigos de Chile, como España, Inglaterra y otros de Europa, para acusarlos de neocolonialistas. Porque se trata de naciones profundamente respetables; porque tienen democracias en forma; porque poseen sistemas judiciales que funcionan; porque son leales socios comerciales nuestros; porque siempre hemos compartido con ellos los mismos valores democráticos desde el comienzo de nuestra historia republicana.
No hemos resuelto bien la forma de relacionarnos en un mundo globalizado con los países que se han puesto en la frontera de la construcción de un nuevo orden internacional más humano y más civilizado.
Me parece, señor Presidente , que tampoco tenemos bien resuelto el problema sobre los derechos de las personas. Aquí deseo señalar algo muy personal. Yo comprendo y apoyo a quienes se sientan con la obligación moral de asistir hoy al lugar en que, en su opinión, deben estar para dar un testimonio. Se trata de personas cuyos padres fueron asesinados. El hecho que tal gesto sea necesario muestra hasta dónde no hemos resuelto bien los dolores, los sufrimientos y la destrucción de muchas personas. Sobre el particular, creo que Monseñor Errázuriz en esto fue suficientemente elocuente.
Como consecuencia de esta crisis, pienso que tenemos la obligación moral de acercarnos más a la verdad y a la justicia. Me parece -como incluso lo reconoció hace unos días Joaquín Lavín - que son necesarios ciertos gestos de algunas personas. Creo indispensable una convocatoria moral renovada -tal vez de parte del señor Arzobispo-, en torno de un nuevo acuerdo que permita avanzar en el tema de los derechos humanos.
Para terminar, deseo invitar a mis colegas de las bancadas de Oposición a que hagamos una vez más el esfuerzo que tantas veces hemos realizado para tener una buena convivencia democrática. En verdad nos cuesta entender cuán disruptiva puede ser la presencia de una sola persona. Hemos trabajado bien para construir esta democracia, para resolver sus dificultades económicas, para solucionar los problemas de la gente.
Creo que es necesario un supremo esfuerzo para reencontrar el camino. La obra de país realizada es incompleta. Esta pueda ser una gran obra nacional, de la cual una generación entera podrá estar orgullosa por muchos años. Pero sin la participación de ustedes, sin cortar ciertas ataduras -se los digo con toda sinceridad- esa obra de futuro quedará trunca, coja y vulnerable. Ese esfuerzo lo podemos intentar. Nuestro ánimo es hacerlo. Nuestra intención es encontrar el terreno común para superar un conflicto que en buena medida el país no se merecía.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , está claro el objeto fundamental de esta sesión: reclamar porque el Senado está hoy incompleto por la detención arbitraria de uno de sus miembros, y porque para llegar a ello fue menester violar normas claras del Derecho Internacional, desconocer nuestra soberanía, ofender la dignidad nacional y tal vez -esto es importante decirlo- fue necesario un engaño, un proceder que realmente nos ha herido.
La circunstancia que afecta a uno de nuestros colegas, convaleciente de una grave operación y retenido en el extranjero, hace inoportuno, al menos en estos instantes, atacar su persona o aprovechar la coyuntura para denigrar lo que fue su Gobierno o analizar otras situaciones. Desde luego, lamento que ello haya ocurrido, porque somos muchos los chilenos que estimamos que el General Pinochet: encabezó el Gobierno de las Fuerzas Armadas; nos salvó de gravísimos males; restableció nuestra economía; enfrentó, con habilidad y firmeza, graves peligros de guerra sin ceder territorio, e impulsó la vuelta a una democracia dictando una Constitución y estableciendo un itinerario que cumplió rigurosamente.
Lo dicho aquí, especialmente luego de oír al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra -a quien mucho aprecio y en cuyo buen criterio siempre he confiado-, me lleva a referirme a algo más de lo que es el motivo específico de la sesión. Agregaré al problema meramente jurídico dos elementos adicionales.
En primer lugar, en cuanto al afán existente hoy en el mundo de castigar y perseguir con severidad determinados tipos de delitos -materia en la cual hay una tendencia que no sólo yo comparto, sino todo el Senado-, hay que precisar que se establecen claras reglas de juego, las que, en este caso, han sido absolutamente violadas.
Quiero también señalar lo grave que resulta el hecho de que la detención del Senador señor Pinochet se produjera en circunstancias de que había sido invitado a Inglaterra -país que él había visitado varias veces- para cumplir una misión importante, y que, de alguna manera, se hiciera en una forma en que influyó un engaño y una vejación innecesaria.
Como complemento de lo ya dicho y frente a la extrañeza que para algunos haya podido tener la resolución de la corte inglesa, deseo hacer presente que no debemos olvidar que la Convención de Viena -burlada lamentablemente por Inglaterra, rompiendo su tradición en lo concerniente a la inmunidad diplomática- tiene normas que, al parecer, se olvidan y que fueron las que tuvo presente dicho tribunal. La Convención de Viena comienza señalando que deben tenerse en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativa a la igualdad soberana de los Estados, y agrega más adelante lo siguiente: "Afirmando que las normas del derecho internacional consuetudinario han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la presente Convención..."; y que, indudablemente, ese derecho internacional, desde siempre, ha establecido un trato especial para quienes antes se llamaban soberanos y que hoy reciben el nombre de Jefes de Estado .
Por eso, en esta oportunidad a un problema de orden jurídico y de soberanía, se han agregado otras circunstancias, lo que tiene una gravedad que no podemos desviar sobre la base de otro tipo de consideraciones, porque nos afecta hoy y nos podrá afectar en el futuro. En efecto, en la medida en que no nos respeten como nación soberana, pueden seguir sucediendo hechos tan graves como éste o como el que hace poco más de un mes ocurrió con Suiza, que negó al actual Gobierno la extradición de un delincuente que delinquió, fue condenado y se fugó durante las Administraciones de la Concertación. Es decir, si no nos hacemos respetar, pueden acontecer hechos lamentables para Chile, Argentina y los países pequeños.
Por otra parte, aquí se ha querido dar caracteres especialmente graves a la reacción frente a los hechos ocurridos. A mi juicio, en dicho comportamiento hay diversos factores que no podemos dejar de considerar, sin perjuicio de que, en acontecimientos como los vividos, es natural que haya reacciones ardientes, propias, por lo demás, de un pueblo que se ha caracterizado por su altivez.
En verdad, como chilenos, nos sentimos ofendidos y humillados, despreciados por quienes creíamos nuestros amigos. Sentimos que nuestro propio Gobierno era engañado y, de alguna manera, ignorado en su carácter de autoridad máxima de nuestro país, al desconocerse la misión que él había entregado y en la forma en que eso ocurrió.
Por ello, los Senadores de Oposición no estimábamos necesario -como aquí se ha dicho- hacer un boicot al Senado, sino que considerábamos imprescindible que el primer problema que debíamos tratar era el que nos afectaba como Institución y que revestía un carácter especialmente grave. En el fondo, no ha habido paralización, como aquí se ha sostenido. Y la reacción de la gente surgió precisamente porque se sintió vejada, engañada, menospreciada.
Sin embargo, a mi juicio, en lo manifestado por quien me antecedió y en las palabras expresadas por otros señores Senadores, de alguna manera puede hallarse la clave de lo que ha ocurrido y de las reacciones producidas. Y es que estos hechos han puesto en evidencia -contrariando, quizás, lo que todos pensábamos- que la leyenda negra, tejida en el mundo en contra del Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, y del General Pinochet, era de una extensión enorme y se hallaba alimentada, en parte, por quienes pensábamos que estaban junto a nosotros en un proceso de reconciliación.
Hay algo más grave. Y ello quiero deducirlo de las palabras expresadas por el Senador señor Foxley . Este afán de perseguir a un hombre determinado ha llevado no sólo a desprestigiar al Gobierno militar, a las Fuerzas Armadas y a esa persona, en términos increíbles frente a otros hechos que están ocurriendo u ocurrieron y que ahora no queremos mencionar, sino también a desprestigiar lo que hemos llevado a cabo en estos nueve años de plena democracia, es decir, todo el proceso y esfuerzo que hemos realizado por ir coincidiendo en muchos aspectos, por ir construyendo Chile cada día más.
En mi opinión, éste es un pecado que no es nuestro y que, de alguna manera, los alcanza a ustedes, con el afán, la odiosidad, el rencor. Afortunadamente, he visto, y me satisface plena y moralmente escucharlo, que hay señores Senadores que no tienen odio a este respecto. Pero la verdad de las cosas es que esa odiosidad hacia el General Pinochet, hacia el ex Presidente de la República , los ha llevado, en alguna forma, a destruir su propia obra y la que estamos haciendo en conjunto, de la cual legítimamente podemos enorgullecernos. Porque hemos estado en muchos lugares del mundo y, en verdad, el problema fundamental de la gente no era el ex Presidente Pinochet ni el Gobierno de las Fuerzas Armadas -ello constituía algo secundario-, sino la admiración por nuestro proceso, por la forma en que habíamos logrado salir de situaciones extraordinariamente difíciles, para construir un nuevo entendimiento.
Por lo tanto, hoy día debemos hacer una profunda reflexión. No es posible que un señor Senador diga -casi con orgullo-: "Pinochet es cosa juzgada en el mundo". Es decir, lo fundamental sería eso; no Chile, ni su futuro ni las nuevas generaciones, sino esa condena. Esta última no es tan efectiva como se dice, porque -como señalé- he tenido oportunidad de estar en muchos lugares, de conversar con muchas personas, y, si bien es cierto que existen determinados niveles y ciertas organizaciones internacionales en que se halla latente esta campaña contra Pinochet y su Gobierno -hay quienes lo están gritando diariamente-, no lo es menos que hay también muchas personas en el mundo que aprecian lo realizado por nosotros y lo que hizo el Gobierno militar. Aún más, eso lo he escuchado de taxistas en la República Checa, en Rusia, en Alemania, en todas partes. Lo he oído decir de hombres sencillos, que han expresado: "Aquí faltó un Pinochet para que nos librara de la trágica situación que hemos vivido".
No deseo que nos distraigamos del problema de fondo; pero, a mi juicio, a veces, la odiosidad lleva a que actitudes como, en este caso, el afán de castigar, de sancionar, de denigrar a una persona, se traduzcan en un perjuicio para Chile entero, para la propia Concertación y su Gobierno, y en un desprestigio para todos nosotros, como una democracia que ha demostrado que sabe hacer las cosas.
A este respecto, deseo -pero no quiero echarle más leña al fuego- mencionar las causas por las cuales se llegó a un Gobierno militar. En verdad, yo viví la época de la Unidad Popular como hombre maduro, con ocho hijos, y observé con terror hacia dónde iba nuestra patria. Pero hoy día casi no necesito reforzar con argumentos mi pensamiento, basado en tantas cosas, porque ha sido precisamente el Presidente del primer Gobierno de la Concertación quien ha señalado y retratado en forma absolutamente gráfica el ambiente que Chile vivía en esos momentos, el que condujo a la muerte de nuestra democracia y al pronunciamiento militar. En efecto, él, en términos totalmente claros y explícitos, refiriéndose a la vocación democrática y constitucionalista de su partido, la Democracia Cristiana, expresa: "nos llevaba también a experimentar honda desconfianza acerca de las verdaderas intenciones de la Unidad Popular. Sabida era la concepción oficial del partido socialista, que en su Congreso de 1967, en Chillán, había proclamado la violencia revolucionaria como inevitable". Más adelante, expresa también cómo la presencia de tantos extranjeros "y la multiplicación de comandos populares y cordones industriales que hacían frecuentes manifestaciones de fuerza, contribuían también a crear la imagen de que el país estaba al borde de una confrontación violenta.". Luego, agrega: "Lo cierto es que en ese tiempo no se sabía cuál era su real envergadura y muchos abrigábamos verdadero temor".
Ésa fue la realidad. Y ese temor, para quienes vivíamos en Chile, no era muy liviano, toda vez que sabíamos lo que significaban esos gobiernos populares en otros lugares del mundo, lo que había sucedido en Hungría dos veces, en Rusia y en toda Europa del Este. Recordábamos el golpe de Praga y lo que ocurría en Cuba.
Tampoco podemos olvidarnos de que durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, en el extranjero se entrenaba a guerrilleros para venir a asesinar carabineros y soldados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor URENDA.-
En seguida termino, señor Presidente.
Había internaciones de armas, etcétera.
Señalo esto para demostrar que la leyenda puede tener más de una cara, y porque cada día tiene su afán. Y, en este momento, el problema que nos afecta radica en que un Senador se halla arbitrariamente retenido.
En consecuencia, eso es lo que el Senado debe resolver. Sin embargo, estamos todos abiertos para examinar en qué nos pudimos haber equivocado en este proceso de reconciliación y de seguir adelante con nuestra democracia. No hay inconveniente alguno para que el día de mañana podamos analizar con serenidad los errores que hayamos podido cometer y qué medidas debemos adoptar. Pero no nos distraigamos del verdadero problema que nos afecta.
Nuestra soberanía y dignidad han sido vulneradas y, simultánea y directamente, se ha afectado a esta Alta Corporación, que no sólo se encuentra privada de uno de sus miembros, sino que incluso se ve amenazada de que puedan existir acciones contra otro de sus integrantes.
Por ello, Honorables colegas, los invito a que adoptemos una resolución adecuada a la circunstancia actual; apoyemos al Gobierno del Presidente Frei y al Presidente del Senado para cumplir la tarea, y después, con la mayor serenidad y disipado el problema, podremos realizar todos los análisis necesarios y tomar todas las medidas pertinentes.
Jamás me he negado a ello y nunca he puesto obstáculo alguno para buscar soluciones a los problemas que todavía afectan a tantas personas. Pero cumplamos con nuestro deber de hoy y sigamos luchando por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, por el futuro y por la integridad del Senado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , el Senado se halla analizando la detención en Londres del Senador señor Pinochet y lo ha hecho desde los puntos de vista político, diplomático y jurídico.
En un esfuerzo de síntesis, deseo abordar fundamentalmente el último problema desde la perspectiva del derecho internacional y, específicamente, en materia jurisdiccional.
1. Antecedentes de hecho. El Honorable señor Pinochet y los miembros de la Junta Militar que rigió al país durante el Gobierno autoritario son objeto, entre otras acciones judiciales, de demandas criminales ante los tribunales de España por los delitos de genocidio y terrorismo internacional, de los cuales fueron víctimas ciudadanos españoles y otras personas entre 1973 y 1990, y por los que se ha pedido la detención del señor Pinochet para su interrogatorio y eventual solicitud de extradición.
Para analizar esta situación, a mi juicio, es menester analizar fundamentalmente dos situaciones: si los tribunales de España tienen jurisdicción para conocer esos procesos y si los hechos en que se fundan las demandas pueden ser tipificados como los delitos que en ellas se invocan.
2. Jurisdicción. En el Derecho Internacional debe entenderse por jurisdicción la expresión de la soberanía del Estado para generar normas legales y hacerlas cumplir.
El profesor Benadava se refiere a que "una de las manifestaciones más importantes de la soberanía territorial es la jurisdicción, es decir, la administración de la justicia civil y criminal por tribunales del Estado.".
El principio rector en la materia consiste en que cada Estado soberano tiene poder para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en relación con los delitos cometidos por nacionales y extranjeros dentro de su territorio. Esa expresión de la soberanía es conocida como el principio de la territorialidad.
En Chile, la norma sobre territorialidad de la ley penal está consagrada en el artículo 5º del Código Penal, y en España, en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Extraterritorialidad. No obstante lo señalado, las legislaciones nacionales contemplan excepciones cuando autorizan que el brazo de la justicia se extienda más allá de lo que se considera el territorio nacional.
Así es que la Ley Orgánica del Poder Judicial español señala que la jurisdicción penal de ese país puede extenderse excepcionalmente y abarcar delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, situación conocida como de aplicación del principio de extraterritorialidad.
Según el número 4 del artículo 23 de la referida ley, se da competencia a los tribunales españoles para conocer y juzgar extraterritorialmente hechos constitutivos de genocidio o de terrorismo internacional.
Según la misma legislación, la referida excepción no opera cuando el delincuente ha sido absuelto, indultado o condenado y ha cumplido la condena en el extranjero.
4. Tribunal competente. Chile y España forman parte de la Convención Internacional sobre el delito de Genocidio, aprobada por Naciones Unidas en 1948, en vigencia internacional desde 1951 y vinculante a Chile, según el mismo tratado, desde 1953.
Dicha normativa establece textualmente: "las personas acusadas de genocidio"... "serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.".
Por lo tanto, la jurisdicción que el tratado vigente reconoce para los casos de genocidio es el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se cometió el acto, o bien, el tribunal internacional aceptado, el cual, para nosotros, está en etapa de creación. En ningún caso se considera que la jurisdicción pueda ser ejercida por un tribunal de un país distinto de aquel donde el acto ocurrió.
La misma Convención determina que en caso de controversia respecto de su aplicación o interpretación, cualquiera de sus partes puede someter la diferencia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
De esta forma, la discrepancia surgida entre nuestro país y España con relación al juzgamiento de los delitos cometidos en Chile o fuera de España durante el Gobierno de Pinochet, en cuanto a los tribunales llamados a juzgarlos, puede ser sometida a la consideración de esa Corte y resuelta por ella en conformidad a derecho.
Son relevantes en la materia las declaraciones hechas en Buenos Aires por el ex Presidente del Gobierno de España, Felipe González , cuya oposición al régimen de Pinochet y defensa de los derechos humanos, entonces conculcados, es por todo el mundo conocida. Expresó: "Fundamentalmente, creo en la territorialidad de la aplicación del Derecho Penal y soy de los que firmó para que hubiera un Tribunal Internacional. Si no hay tribunal no hay ámbito"....
Por lo demás, así lo ha reconocido la Corte Suprema de Chile el 29 de enero de este año, al rechazar un exhorto enviado por el juez español don Manuel García Castellón .
5. Delitos imputados. Por otra parte, es discutible que los delitos en que se fundan las acusaciones puedan ser configurados por los hechos que las mismas invocan.
El propio Fiscal General de España ha sostenido al respecto: "las transgresiones cometidas por las dictaduras militares (de Argentina y Chile) no pueden calificarse de delitos de genocidio, porque no se orientan respecto de una raza, etnia o grupo social determinado, ni como delitos de terrorismo, ya que no tratan de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos países, no merecen tal clasificación y por tanto no pueden ser juzgados por las autoridades españolas.".
5a. Genocidio. El delito de genocidio está tipificado en el Código Penal de España, y en términos similares a los de la referida convención internacional en la materia.
El artículo 607 de dicho Código se refiere a los que tienen "el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso"....
Para un sector importante de la doctrina, la destrucción de un grupo nacional se refiere a la eliminación o exterminio de personas debido a su nacionalidad, lo que diferencia al genocidio de los homicidios múltiples en cuanto a que en aquella situación existe la voluntad de destruir a un grupo humano en función de lo que es y no en función de lo que hace.
Según lo anterior, el genocidio importa la destrucción total o parcial de un grupo de personas en razón de su nacionalidad, raza, etnia o religión.
5b. Terrorismo internacional. El Código Penal español considera este delito en su Capítulo V, bajo el epígrafe "De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y de los delitos de terrorismo".
Incurren en el delito referido "los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública"...
No se pone la ley en el caso de autoridades, de funcionarios públicos o de servicios del Estado que ejerzan actividades terroristas. El concepto de "terrorismo de Estado" es una idea política que se viene abriendo paso, pero que aún no ha logrado consagración en la legislación penal positiva, aunque los hechos que la configuran tipifiquen otro tipo de delitos.
6. Tendencias. Se ha hablado mucho -y se ha insistido hoy- de las nuevas tendencias que se han venido imponiendo en el campo del Derecho Internacional en orden a proteger los derechos humanos esenciales como un patrimonio común de toda la humanidad.
Ello es cierto y, también, positivo. Pero una tendencia no constituye derecho hasta que se encarna en instrumentos internacionales libremente aceptados por los países que se obligan a ellos.
Así ha surgido el proyecto de crear un tribunal internacional en la materia. El Gobierno de Chile ha respaldado la iniciativa, y su Canciller suscribió el respectivo documento, en Roma, el 11 de septiembre del año en curso. Sin embargo, esa iniciativa está en ciernes y el tribunal aún no existe. Como diría don Felipe González , "no hay ámbito".
7. Conclusiones en lo jurídico. De acuerdo con lo anterior, podemos concluir:
a) Es de la esencia de todo Estado soberano ejercer jurisdicción penal respecto de los delitos que se cometan en su territorio:
b) Los delitos cometidos fuera del territorio de un Estado pueden ser sólo excepcionalmente alcanzados por sus tribunales cuando así se establezca de acuerdo con el Derecho Internacional;
c) Los delitos de genocidio y de terrorismo internacional, según la respectiva convención internacional, aprobada por Chile y España, pueden ser objeto de la aplicación del principio de extraterritorialidad, conforme a los instrumentos del Derecho Internacional;
d) En el mismo caso, y de acuerdo al citado instrumento internacional y a la legislación penal de ambos países, el caso que nos ocupa sólo puede ser juzgado en Chile o por un tribunal internacional, el que -repito- aún no se ha creado;
e) Los hechos invocados en contra del Senador Pinochet y de los demás imputados, por graves y ciertos que sean, no pueden considerarse constitutivos de genocidio ni de terrorismo internacional según los tratados y legislaciones aplicables, y
f) En consecuencia, como lo señala nuestro Gobierno en declaración oficial de 28 de mayo de 1997, "Chile no reconoce competencia a tribunales de otros países para juzgar hechos acaecidos en nuestro territorio y sometidos a las leyes y jurisdicción de tribunales chilenos.".
Es peligroso en las relaciones internacionales y contrario a los intereses del país que no se respeten las normas que regulan la jurisdicción internacional, pues eso llevaría a que, en definitiva, se impusiera siempre la ley del más fuerte.
8. Reflexiones finales. Lo expresado no importa aceptación de los excesos en materia de derechos humanos en que incurrió el Gobierno de Pinochet y que en parte fueron recogidos en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de 1991, aprobado en su oportunidad por la unanimidad del Senado de Chile, ni defender a quienes hayan sido responsables, legal o políticamente, de esas censurables acciones.
Tampoco significa respaldo alguno a la impunidad de situaciones ante las cuales una mayor colaboración de las autoridades y una mayor diligencia de los tribunales de justicia debieran permitir determinar las responsabilidades, como ha venido ocurriendo en algunos casos en los años recientes.
Tampoco toca -como lo han hecho importantes autoridades- los problemas humanitarios envueltos en el caso y que, naturalmente, siempre son dignos de considerarse.
Actualmente, el Ministro de fuero, don Juan Guzmán , conoce de 14 procesos criminales en que se responsabiliza, de una forma u otra, al General Pinochet por las mismas acciones a que nos venimos refiriendo.
9. Efectos políticos. Dentro de la limitación del tiempo con que cuento, quiero referirme brevemente a las implicancias políticas del caso tanto dentro como fuera del país.
Aunque es difícil por ahora, y sin conocer el desenlace, dimensionar los efectos externos de la situación, no cabe duda de que en la conciencia del mundo occidental se ha revivido el escándalo de que en Chile, conocido a través de su historia como una comunidad libre y democrática, haya tenido cabida un régimen dictatorial que por 17 años -si bien con distinta intensidad- suprimió o restringió severamente las libertades políticas y violó de manera sistemática los derechos humanos.
En el plano interno, la misma situación ha revivido la odiosidad, la confrontación y la división entre los chilenos. Más aún, son innumerables las declaraciones de dirigentes políticos y de Parlamentarios de Oposición que desembozadamente han sostenido que ella ponía en riesgo la institucionalidad democrática.
Resulta curioso que representantes populares, investidos de la delegación de la soberanía, se hayan negado a ejercerla y excluido del funcionamiento normal del Senado, supuestamente para defender la soberanía nacional. Aparte de esta abierta contradicción, no se divisa cómo en esa forma se puede defender la soberanía del país. Al revés, y cualquiera que haya sido el raciocinio por el cual se llegó a esa actitud, quienes incurrieron en ella han entregado una señal negativa respecto de su propia valorización de sus funciones como delegados de la soberanía que les han sido confiadas y que libremente han asumido.
Por el contrario -como ha quedado demostrado-, lo que corresponde en el caso es hacer funcionar las instituciones y aplicar el Derecho para obtener el restablecimiento de los valores que se estiman conculcados.
Para ser franco, ha habido un inútil y exagerado juego escénico que no guarda relación alguna con nuestras tradiciones democráticas, que no prestigia a sus autores y que rebaja la imagen que se tiene de nuestro país.
Rechazo la violencia, las amenazas a la institucionalidad, las ilegalidades de algunas autoridades locales y la siembra de odiosidades, que dañan la convivencia y afectan nuestra imagen como nación.
Por encima de discrepancias o sensibilidades, que pueden ser legítimas o comprensibles, creo que el caso debiera enfrentarse con espíritu constructivo, solidario y democrático, y pensando sólo en el porvenir de Chile y de su gente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sin el ánimo de perjudicar a los oradores que restan, el acuerdo que adoptó la Sala al comenzar esta sesión podría interpretarse en el sentido de proceder a votar empezando con la fundamentación en el orden de inscripción.
Hay inscritos 37 señores Senadores y hasta el momento han intervenido 18. Falta, por tanto, oír a más de la mitad.
Es muy compleja la alternativa de continuar el debate en la forma como lo hemos hecho hasta ahora, porque a continuación habrá que pronunciarse sobre dos proyectos de acuerdo que han llegado a la Mesa. Y entiendo que está por llegar un tercero.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , se adoptó un acuerdo sobre la materia: votamos y fundamentamos.
El señor DÍEZ.-
Acordamos votar a las 18, señor Presidente. El proyecto de acuerdo que no haya llegado a esa hora, simplemente, no existe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Comenzaríamos, entonces, a votar los proyectos de acuerdo, permitiendo fundamentar su posición, en el mismo orden en que se hallan inscritos, a los Senadores que no han intervenido en el debate.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , propongo dar más tiempo a esos Senadores y, en todo caso, abrir ahora mismo el período de votación -como se hace habitualmente- en la Secretaría. Por lo tanto....
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El problema, Su Señoría, es que aún puede presentarse un tercer proyecto de acuerdo.
Tal vez podríamos suspender la sesión por diez minutos, a fin de ordenar la votación.
El señor DÍEZ .-
No.
El señor NOVOA.-
No, señor Presidente. Votemos de inmediato.
El señor DÍEZ .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la Sala, por unanimidad, acordó empezar la votación a las 18. De manera que debemos proceder en esa forma. Los proyectos de acuerdo que se presenten con posterioridad tienen que considerarse inexistentes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez .
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , cualquiera que sea el tiempo asignado a los Senadores para fundamentar su posición, pido a la Mesa que desde este momento pueda votarse ante el señor Secretario .
El señor LAGOS.-
No, Honorable colega.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quiero solicitar a los señores Senadores que dejen a la Mesa ordenar la votación -es, por lo demás, lo que corresponde, de acuerdo con el Reglamento-, para luego someter a la Sala una proposición concreta y tomar una decisión definitiva.
El señor ERRÁZURIZ .-
¿Me permite formular una sugerencia, señor Presidente?
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , usted no leyó el acuerdo completo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si vamos a abrir debate, tendré que ofrecer la palabra.
La tiene en primer lugar el Honorable señor Lavandero , y luego, los Senadores señores Errázuriz y Larraín .
El señor LARRAÍN .-
No hay consenso para modificar el acuerdo, señor Presidente . Por tanto, corresponde votar.
El señor ZALDÍVAR (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , el acuerdo no fue leído completamente. Éste consiste en comenzar a votar a las 6 de la tarde -sin perjuicio de dejar el voto en Secretaría- y en no admitir la fundamentación de voto a los Senadores que hubieran intervenido con anterioridad.
Por eso, pido al señor Presidente que lea el acuerdo completo, para saber a qué atenernos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, está claro que quienes expusieron en el debate no pueden fundamentar su voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ .-
Por esa misma razón, señor Presidente , ya que algunos Senadores no tendrán derecho a fundamentar su voto, los que se hallan inscritos y no han intervenido podrían contar con un tiempo adicional. Así todos quedarían contentos.
El señor GAZMURI .-
Me opongo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
Ruego a Sus Señorías mantener el orden.
El señor Secretario dará lectura a los proyectos de acuerdo que se han presentado.
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa dos proyectos de acuerdo.
El primero, suscrito por la Honorable señora Matthei y los Honorables señores Cariola , Prat , Romero , Pérez , Novoa , Canessa , Chadwick , Martínez , Díez , Cordero , Fernández , Stange , Vega , Horvath , Larraín , Urenda , Aburto , Zurita , Cantero , Bombal , Ríos, Lagos y Errázuriz , dice lo siguiente:
"PROYECTO DE ACUERDO
"Ante la grave situación que afecta al país y al H. Senado de la República de Chile, motivada por la ilegal y arbitraria privación de libertad que continúa afectando al H. Senador Don Augusto Pinochet en el Reino Unido;
"Considerando que esta situación puede ser resuelta por el gobierno británico, que tiene las facultades para permitir el inmediato regreso del Senador Pinochet;
"Teniendo presente que la soberanía de Chile, y de otros países del Continente, se encuentra seriamente amenazada por la pretensión de los tribunales españoles de aplicar extraterritorialmente tanto su legislación como la competencia y jurisdicción de sus tribunales;
"Considerando que esta ilegítima interferencia en nuestros asuntos internos se agrava al hacerse ella en contradicción de la voluntad popular, expresada libre y soberanamente por el pueblo chileno en los plebiscitos de 1988 y 1989, en dos elecciones presidenciales y en tres elecciones parlamentarias, actos celebrados en un clima de paz y armonía, que representan la voluntad mayoritaria del pueblo chileno de consolidar la transición democrática; y
"Constatando que esa ilegítima intervención foránea está perturbando el desarrollo y estabilidad de la sociedad chilena en el orden político, social y económico;
"EL SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE ACUERDA LO SIGUIENTE:
"1. Protestar formalmente por la manera en que tribunales españoles han atropellado la soberanía de Chile al pretender aplicarnos extraterritorialmente tanto sus leyes como la competencia y jurisdicción de sus tribunales. Lo anterior atenta claramente contra la libre determinación de los pueblos y la igualdad jurídica entre las naciones, contrariando con ello el orden jurídico internacional.
"2. Representar lo anterior al Reino Unido y, además, protestar formalmente por el obstinado desconocimiento que el Gobierno Inglés ha hecho de la inmunidad de jurisdicción que goza el Senador Pinochet, quien, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fue Jefe del Estado de Chile y mantuvo relaciones diplomáticas con el Reino Unido durante todo dicho período.
"3. Declarar que esta situación afecta gravemente al país y al Senado y, en consecuencia, asumir como preocupación permanente de esta alta Corporación el restablecimiento del imperio del derecho y el inmediato retorno a Chile del Senador Pinochet, por cuanto su detención representa un grave atentado al funcionamiento de uno de los órganos del Estado y a nuestras instituciones democráticas. Declarar asimismo, que las circunstancias que rodean este hecho constituyen una amenaza permanente para esta Corporación, la cual puede ver interrumpido su normal funcionamiento, de aceptarse esta pretendida competencia o jurisdicción de tribunales foráneos.
"4. Solicitar al Supremo Gobierno que coordine a los tres poderes del Estado para que, en el contexto de este Acuerdo, defiendan los intereses nacionales gravemente comprometidos.
"5. Procurar, en Chile y en el extranjero, la defensa jurídica de sus miembros, de los fueros de la Corporación y de los intereses permanentes de la República.
"6. Prestar su pleno apoyo al Presidente de la República , quien en cumplimiento de sus deberes constitucionales, ha velado por la soberanía de Chile y por nuestra autonomía como Nación, al representar los hechos que la afectan con motivo de la detención del Senador Pinochet.
"En cumplimiento del presente Acuerdo, la Mesa del Senado arbitrará las medidas que procedan y dará cuenta de ellas a la Sala.".
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra, señor Presidente, para una cuestión reglamentaria.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Primero se dará lectura a los proyectos de acuerdo, señor Senador, y después ofreceré la palabra.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
El segundo proyecto de acuerdo, suscrito por la Honorable señora Frei y por los Honorables señores Bitar , Boeninger , Foxley , Gazmuri , Hamilton , Lavandero , Matta , Moreno , Muñoz Barra , Núñez , Ominami , Páez , Parra , Pizarro , Ruiz (don José ), Ruiz-Esquide , Sabag , Silva , Valdés , Viera-Gallo , Adolfo Zaldívar y Andrés Zaldívar , señala lo siguiente:
"PROYECTO DE ACUERDO
"1.- Reafirmamos nuestro compromiso pleno e inclaudicable con los derechos humanos y la justicia. Ellos constituyen una demanda universal que los chilenos hemos aprendido con dolor y de la cual no nos vamos a sustraer. La situación creada es consecuencia de la sistemática violación de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"2.- El país debe tener confianza en la solidez de las instituciones democráticas. Lo que corresponde, como conducta política, es fortalecer las instituciones y no debilitarlas. El Senado lamenta y condena los llamados a la ingobernabilidad que en estos días han hecho algunos dirigentes de oposición. La agitación callejera, los actos irreflexivos contra las Embajadas del Reino Unido y España, y los excesos de un nacionalismo autoritario, menoscaban la imagen de la democracia chilena y debilitan su economía creando un serio riesgo a la sólida situación económica que nos está permitiendo enfrentar la crisis internacional.
"La soberanía y la dignidad de Chile se fortalecen respetando las instituciones democráticas y haciendo plena justicia.
"3.- La reciente crisis demuestra que el país no ha tenido la capacidad de resolver el problema pendiente de los derechos humanos. Tan erróneo como buscar una revancha en esta materia, sería aceptar pasivamente el actual statu quo. El país debe asumir, con carácter nacional, la búsqueda de la verdad sobre la suerte de los detenidos-desaparecidos y un avance significativo en la justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno del general Pinochet. Nadie está por encima de la justicia.
"La Comisión de Derechos Humanos del Senado es una instancia que se mantiene vigente para hacer luz en el caso de los detenidos- desaparecidos.
"4.- En este caso y dada la situación política que ha generado la detención de Pinochet en Londres, el Senado de la República respalda la posición asumida por el Gobierno del Presidente Eduardo Frei y por el Presidente del Senado , Andrés Zaldívar , en el entendido de que sus acciones han tenido la virtud de responder eficazmente a su labor de Estado despersonalizándolo de quien fuere el afectado.
"5.- Consecuente con lo señalado, el Senado acuerda convocar a un grupo de personalidades, que a raíz del llamado del Arzobispo de Santiago , estudien y propongan los mecanismos institucionales que den respuesta a la aspiración legítima de la sociedad chilena de superar constructivamente la herida abierta de los derechos humanos, conculcados durante el gobierno autoritario, principalmente a través de la acción de la justicia.".
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , deseo plantear un problema reglamentario.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría para el exclusivo objeto que indicó.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , el artículo 6.º de la Constitución dice que "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
"Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.".
Deseo preguntar a los autores del primer proyecto de acuerdo cuál es el sentido del punto 3. Al leerlo se aprecia que su sentido obvio es que el Senado no va a seguir funcionando en el caso de que la justicia inglesa tome determinado curso. Si así fuera, se estaría violando el artículo 6.º de la Carta Fundamental.
Solicito una aclaración al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , también se encuentran amenazados de lo que le ocurrió al Senador señor Pinochet los Honorables señores Stange , Fernández , Martínez y Canessa , quienes figuran en la lista del juez Garzón . Y ésa es la razón que puede producir la interrupción de las funciones normales de la Corporación,. no la que Su Señoría pensaba.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor ERRÁZURIZ.-
Reglamentariamente no corresponde abrir debate.
El señor VIERA-GALLO .-
Por desgracia, la explicación dada no es satisfactoria para mí. Porque una cosa es lo que haga la justicia del Reino Unidos respecto de una persona,...
El señor ERRÁZURIZ .-
Señor Presidente , no corresponde abrir debate. Sólo hay que votar.
El señor VIERA-GALLO .-
...pero eso no puede afectar el funcionamiento de esta Corporación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Hay acuerdo unánime de la Sala -no de los Comités- en cuanto a que a esta hora debemos pronunciarnos sobre los proyectos de acuerdo presentados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es.
El señor LARRAÍN.-
Entonces, pido proceder a la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se someterán a votación dos proyectos de acuerdo, pero no el tercero por haber llegar fuera de plazo, salvo acuerdo unánime, el que, como se me ha manifestado, no hay.
Como el Honorable señor Valdés debe retirarse de la Sala por motivos de orden personal, solicito el asentimiento de la Sala para que fundamente el voto en primer lugar.
Acordado.
Para los efectos de facilitar la votación, el pronunciamiento se hará por el proyecto de acuerdo número 1 o por el proyecto de acuerdo número 2.
Si le parece a la Sala, así se procedería.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Por razones familiares que no puedo explicar, fundamentaré muy brevemente mi voto.
En primer lugar, deseo contestar al Honorable señor Urenda que al Senador que habla no lo mueve ninguna odiosidad. Creo no tenerla con nadie. Tal vez los años me han ayudado a ello. No tengo empatía con todo el mundo, pero estoy libre de aquel sentimiento, a pesar de que también fui un poco víctima. Fui amenazado de muerte. Quien quiera conocer los detalles podrá imponerse de ellos en un libro que se presentará el 16 de este mes. Estuve dos meses preso; mis hijos estuvieron en el exilio. Tendría razones, pero no me mueve ni me ha movido ese sentimiento desde el momento en que recibí del General Pinochet la banda presidencial. Sólo me motiva una intensa preocupación por lo que está pasando.
Creo que la sesión ha sido útil. Pero se notan diferencias muy importantes. Después de lo ocurrido, no cabe seguir diciendo que somos los ingleses de América Latina.
Las palabras del Secretario de mi Partido , el Honorable señor Moreno , y de los Senadores señores Boeninger y Foxley me ahorran comentarios. Se han expresado muy bien. No obstante, debo destacar que apoyo al Gobierno, particularmente al Presidente de la República , al Canciller -de quien, con razón, se ha hablado bien- y al Presidente del Senado , que se manifestó oportunamente.
No acepto la jurisdicción de los tribunales españoles. Considero que es un arrebato inaceptable, a pesar de que se avecina una ola de respeto por los derechos humanos, así como hoy se defiende el medio ambiente y otros valores, y se combate la droga. Los derechos humanos son anteriores al Estado. Y no habrá jurisdicción en el mundo -y espero que luego- que permita decir: "Yo hago lo que quiero en mi territorio: torturo, mato, exilio." Creo que eso se está acabando.
A diferencia de lo manifestado por el señor Díez , aplaudo a Europa. De ella pueden provenir cosas malas, pero también es origen de nuestra cultura, civilización y Derecho, y no de países tan notables como China u otros.
El señor DÍEZ.-
De Europa de otros siglos.
El señor VALDÉS .-
No, de ahora. Europa ha sido siempre así. Le legó su apellido, porque Su Señoría no es de origen mapuche.
El señor DÍEZ .-
¡Y no sería ningún deshonor!
El señor VALDÉS.-
Entonces, le doy la bienvenida a la ola de los derechos humanos que va a expandirse por todo el mundo, superando los conceptos de soberanía, dignidad e independencia, que todos respetamos.
Los Estados no son eternos. El ser humano es anterior al Estado, institución que emergió a partir de Enrique IV, en 1580. De ahí proviene la noción de Estado. Y en el siglo XVIII se le dio soberanía absoluta. Y el Estado, que es una invención nueva, empieza a derrumbarse en todas partes. Por la globalización de la economía, no se sabe de quiénes son los teléfonos, los caminos, la electricidad. En este ámbito estamos globalizados, pero también deben globalizarse jurídicamente los derechos humanos. Y por eso soy partidario de un Tribunal Internacional donde pueda recurrir, no cabe duda, Sofía Prat , si aquí no encuentra justicia, o un inglés o un francés. El hombre está antes de esta creación artificial que se llama Estado.
Pues bien, este debate ha sido bueno (no voy a repetir los argumentos que se han dado), porque ha puesto de relieve una falla de nuestra transición. Ha sido eficaz en el orden político: el Congreso ha funcionado, aunque no es la expresión total del pueblo, como diría Jefferson . Este Senado no es perfecto, tiene limitaciones fuertes. Y hay otras instituciones que tampoco responden a una concepción integral de la democracia; pero con ella hemos caminado y lo hemos hecho bien.
En economía hemos dado -como señaló el Honorable señor Foxley - una demostración que todo el mundo celebra. Tenemos el mejor índice de desarrollo social y humano entre los países emergentes de América Latina. Sin embargo, nos faltó una cosa: tener coraje, valor y conciencia de que los derechos humanos se hallan en la base de todo. Y si ellos no son atendidos, no hay legitimidad jurídica. Por mucho que ésta sea probada en la forma, carece de fondo. Y eso es lo que me preocupa, pues ha quedado develado con motivo del lamentable, imprevisto y -diría- casi temerario viaje del Senador Pinochet, que ha provocado esta evolución tan difícil.
Señor Presidente , deseo proponer al Senado que esta falencia nuestra no sólo sea cubierta con gestos. La palabra "gesto" ya la encuentro gastada. No hay gestos que valgan si no hay justicia. Y me refiero a una justicia posible, más allá de lo que propuso el Presidente Aylwin , porque han pasado los años y la herida está más grave que antes. Ha caído nuestro prestigio internacional duramente, y eso es importante para un país que vive del exterior. Estamos rotos internamente.
Hagamos un esfuerzo real. Me dicen: "Es muy difícil encontrar a los desaparecidos". ¡No se ha intentado! "Yo sé donde estaban", pero hoy no están los de Chihuio. "Me han dicho quienes fueron, pero no lo digo porque no puedo comprobarlo". ¡Todo eso se puede dilucidar! ¿Por qué no aclaramos algunos casos? No para castigar, sino para saber el destino. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, sobre la base de la autoridad moral que nos convoque, entre nosotros, privadamente -si no hay que hacer política; esto no tiene nada que ver con las candidaturas, con los partidos-, y como chilenos hacemos un gran esfuerzo para demostrar a las víctimas que realmente ellas son una llaga para todos nosotros?
Eso propongo, señor Presidente.
Voto por el proyecto de acuerdo número 2.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , señores Senadores, la verdad es que al igual que el debate acerca del 11 de septiembre pasado, éste, que ha permitido sincerarse a muchos señores Senadores y que han expuesto sus puntos de vista con tal claridad y crudeza que hacen entender mejor las cosas, no debió haber ocurrido. Y ello, porque los hechos del mismo 11 de septiembre tampoco debieron haber sucedido. Eso significa que la pérdida de la convivencia democrática y ciudadana tampoco debió pasar, salvo por el hecho de que un partido determinado -y sabemos cuál es: el Socialista- en 1968 adoptó la vía violenta como forma de acceder al poder político. Con esto no quiero culpar a los militantes, en esa época, de esa colectividad y de otras fuerzas, porque ése no es el caso. Pero hay un comienzo de todo ello. Desde entonces la convivencia en Chile se deterioró tan profundamente que hoy día nos encontramos en una situación internacional en la cual el Presidente de la República de Chile es cuestionado en su potestad de entregar, por razones que sólo a él competen, a quien estime necesario y conveniente una alta designación mediante un pasaporte diplomático. Pero cuando el receptor de tal nombramiento llega al Reino Unido, éste se arroga la facultad de cuestionar la potestad del Jefe de Estado diciendo: "A este señor sí le acepto su calidad de embajador plenipotenciario, a este otro señor no se lo acepto".
El segundo lugar, como consecuencia de esta situación, hoy día se pone en duda la independencia del Poder Judicial chileno, atribuyéndose los tribunales españoles la facultad para juzgar actos cometidos en Chile. Ello se justifica diciendo que nuestra justicia no es autónoma ni independiente y que no existe un Estado de Derecho.
Y, en tercer lugar, un ex Presidente de la República, ex Comandante en Jefe del Ejército y Senador en ejercicio, es vejado en su dignidad, haciendo tabla rasa de convenios y de costumbres internacionales claramente aceptados por las naciones civilizadas.
Estos tres aspectos son consecuencia de una larga cadena de acontecimientos que se iniciaron en 1968. Con ello deseo explicar que, si no se cambia la forma de acceder al poder, o la manera de ejercerlo, no cabe duda de que no aprenderemos nada de la historia.
Pero quiero agregar algo más, aunque no deseaba hacerlo por respeto a los sentimientos de las personas. Comparto el dolor, las experiencias personales y todos los sentimientos frustrantes que hay tras ello. Eso lo respeto. Pero aquí, en este intercambio de opiniones, nadie ha mencionado la otra cara de la moneda. ¿Cuántos chilenos cayeron acribillados a mansalva? ¿Cuántos familiares perdieron a sus seres queridos? ¿Cuántos quedaron heridos, tullidos e impedidos de vivir normalmente, sin que vocerías políticas, medios de comunicación u organizaciones dijeran que estos chilenos también tenían derechos humanos?
Comparto la preocupación de todos los Senadores por los derechos humanos, pero no se ha hecho mención de los 224 chilenos que murieron entre agosto de 1970 y julio de 1988; y de los 1.125 chilenos que sufrieron lesiones de diferente grado, de los cuales 675 fueron de carácter tan grave que quedaron impedidos para el resto de su vida.
Señor Presidente , no se trata de poner estos casos en el otro lado de la balanza. No, eso no es posible. Pero sí quiero hacer presente que eché de menos que no se recordara que un gran porcentaje de compatriotas, que no tienen partidos políticos ni organizaciones, que no reciben plata de afuera, permanecieron en silencio. ¿Y por qué razón? Porque, como chilenos, guardaron su sufrimiento en el corazón y no han utilizado -respeto los sentimientos- su propio dolor como bandera de acción política, que es lo que se ha producido.
No quería tocar este asunto, pero tengo el deber de hacerlo. Debo hablar por una mayoría de gente silenciosa, que arrastra este tipo de penas, que no han levantado nunca la voz para hacerse presente. Hablo por los carabineros muertos; por los integrantes de las Fuerzas Armadas muertos; por los civiles inocentes muertos; por la gente que fue quemada, por la que perdió su vida en los buses incendiados, o por quienes sencillamente pasaban por la calle y cayeron abatidos.
Por esa razón, señor Presidente, comparto la idea profunda de que debemos mirar hacia adelante. Pero la justicia presentada en un solo sentido produce frustración. Si ponemos las dos justicias juntas, a lo mejor resolvemos el problema
Voto a favor del proyecto de acuerdo número 1.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , tenía preparada una exposición normal, igual que el resto de los señores Senadores, pero ahora, al estar constreñido por el tiempo, haré una síntesis de mi intervención y sólo abordaré tres aspectos del asunto en discusión.
Como cuestión previa, diré que me parece fuera de lugar el aprovechamiento de las circunstancias que afectan al Senador Pinochet para discutir la legitimidad de la investidura que hoy ostenta. La existencia misma de esta Corporación y el ejercicio de las atribuciones que posee constituyen una expresión del ordenamiento institucional de la República. La institucionalidad política de Chile es legítima; refleja lo que la ciudadanía libremente acordó sobre el particular y, por tanto, ponerla en duda implica ofender a la ciudadanía en su conjunto, a las instituciones y a las personas a las que sirve.
Dicho lo anterior, quiero, en primer lugar, hacer constar mi preocupación porque el Senado de la República no haya podido expresar su opinión, como cuerpo, sobre la privación de libertad que afecta a uno de sus miembros. Los hechos que la opinión pública conoce ponen de manifiesto el alto grado de arbitrariedad, de abuso y cobardía que han rodeado la detención del Senador Pinochet.
Ante un atropello tan evidente, ¿por qué no hemos sido capaces de concordar un propósito común? Simplemente porque algunos Parlamentarios antepusieron sus sentimientos personales y los intereses partidistas a las exigencias del bien común. Hasta este momento se ha bloqueado cualquier iniciativa orientada a dar cuenta de la realidad de las cosas. Es curioso: en el plano de los principios, es decir, en la defensa de la soberanía nacional y en el rechazo a la pretendida extraterritorialidad de la legislación penal española, casi todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando se trata de aplicar esos principios a una realidad concreta -en este caso, a lo ocurrido al Senador Pinochet-, lo que prima es la división y, en consecuencia, la impotencia.
No olvidemos, entonces, que el propósito de esta sesión es reparar una omisión y alcanzar un acuerdo. ¡La Nación tiene derecho a conocer qué es lo que piensa el Senado ante la detención que ha sufrido en el extranjero uno de sus integrantes!
En segundo término, para comprender las razones que han puesto a Chile en esta difícil coyuntura, resulta imposible ignorar que si hoy aparece como un país minusvalorado, cuyas instituciones pueden ser ofendidas impunemente, ello se debe a una campaña de desprestigio que comenzó el mismo 11 de septiembre de 1973.
En el plano del Estado, la detención del Senador Pinochet puso de manifiesto el fracaso de la política exterior seguida en los últimos años. La ilusión de lo que se ha dado en llamar reinserción internacional; es decir, agradecer confiadamente los aplausos que nos brindaron otras potencias cuando actuábamos en su línea, se ha desvanecido. Quizás perdimos de vista el significado de la soberanía, deslumbrados por la globalización y la cercanía de un nuevo siglo.
No nos engañemos. La independencia y el respeto a cada nación son esenciales para conservar la paz interna y externa. Cualquier claudicación realizada al margen del derecho acabará por destruir la sagrada herencia de libertad que hemos recibido, la misma que debemos transmitir intacta a quienes nos sucedan.
Estamos ante una agresión a la soberanía de nuestro Estado, a nuestra Patria y a sus instituciones. Tengamos, pues, la capacidad de enfrentar este problema con esa perspectiva.
En tercer y último lugar, ahora ya no en el plano del Estado sino en el de la sociedad, lo ocurrido en Londres ha puesto en evidencia que la reconciliación, para algunos sectores que gustan especialmente de referirse a ella, no pasa de ser una consigna.
En ese contexto, recordaré a mis Honorables colegas que al restablecimiento de esas instituciones no ha sido ajeno el ex Presidente de la República y actual Senador don Augusto Pinochet Ugarte . En la hora más sombría de este siglo, cuando ese totalitarismo que hoy tantos evitan mencionar -como fea mancha o incómodo pecado de juventud- estuvo a punto de aplastar la libertad de los chilenos, él encabezó el proceso de reconstrucción moral, material e institucional, en cuya virtud todos los presentes -incluso este edificio- nos encontramos hoy aquí, contribuyendo en democracia y civilizadamente a la grandeza de nuestra Patria y al bienestar de su pueblo. De caballeros es reconocerlo. Hay que hacerlo, como está de moda decirlo, en "un acto de grandeza".
Voto por el proyecto de acuerdo Nº 1.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , creo que debemos lamentar -algunos señores Senadores se han referido también a ello- el que hayamos perdido ese sentido de la reconciliación que después de tantos años, por el esfuerzo de todos, creíamos que había venido lográndose en nuestra Patria para el bien del futuro de Chile.
La derogación del 11 de septiembre como día festivo, obtenida luego de tanto esfuerzo, y el debate que se ha producido en torno del tema que ha generado esta reunión, nos demuestran que, lamentablemente, esa reconciliación no existe. Y con esto estamos desoyendo la voz de nuestro pueblo, estamos desoyendo las voces de nuestros jóvenes que, de alguna manera, no se sienten interpretados por esta forma de hacer política.
Sorprendentemente, los votos que el señor Presidente ha tenido a bien someter a nuestra consideración, en el fondo, en lo puntual, dicen lo mismo. Ambos se pronuncian respaldando la acción del Presidente de la República , de la Cancillería y del Presidente del Senado . Y tienen razón en reconocerlo, porque la verdad es que tanto una acción como la otra tienen como fundamento la más genuina concepción jurídica de lo que es el derecho desde el punto de vista internacional. En consecuencia, sería una falacia que no hubiese sido así. La falacia no está de nuestra parte, sino de quienes han pretendido conculcar las bases fundamentales del derecho que corresponde aplicar hoy día.
Sin embargo, no nos ponemos de acuerdo, y un voto y otro están pugnando por ver quién tiene la razón. Y ¿cómo va a interpretar la opinión nacional esta nueva pugna que se produce en el Senado de la República? Pugna lamentable, señor Presidente , y la califico así porque una vez más vamos a aparecer divididos, en circunstancias de que lo razonable hubiese sido que todos demostráramos la capacidad y la armonía necesarias para decir "estamos de acuerdo en respaldar la gestión que se ha hecho porque ella respeta y salvaguarda la soberanía y la dignidad de nuestro país que eventualmente están siendo conculcadas".
¿Qué diferencia hay entre un proyecto de acuerdo y otro? Sorprendentemente, en que el Nº 2 hace hincapié en la necesidad de que se luche por la defensa de los derechos humanos. Y tampoco eso es discrepante, porque quienes hemos escuchado a los señores Senadores de Oposición en el día de hoy y en los precedentes, hemos comprobado que ellos también están reconociendo la conveniencia de que los derechos humanos sean motivo necesario de justicia, pero en nuestra Patria, no en el exterior.
Por lo tanto, no hay diferencia. No obstante ello, estamos obligados porque al parecer los acuerdos reglamentarios -lo que es un sarcasmo- nos imponen asumir criterios en un sentido o en otro. Esto no tendrá ninguna posibilidad de que llegue a ser comprendido por la conciencia nacional.
Obligado a tener que votar, lo hago por el proyecto de acuerdo Nº 2 porque allí especialmente se hace referencia a la necesidad de defender lo atinente a los derechos humanos, pero todavía me queda la vana esperanza de que el Presidente de esta Corporación pueda imponer su recto y reconocido criterio y lograr, si es posible, una concordancia de puntos de vista que, a mi juicio, en el fondo todos la estamos anhelando.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , en mi opinión, hay tres cuestiones principales que dicen relación con principios. La primera tiene que ver con la soberanía de nuestro país, expresada en la potestad de Su Excelencia el Presidente de la República para dar el trato diplomático y la inmunidad consiguiente a los ciudadanos de nuestro país y a sus autoridades. Esta soberanía se expresa por la capacidad de darnos un gobierno propio, de dictar nuestras propias leyes y aplicar nuestra propia jurisdicción, lo que en el hecho ha sido atropellado por un tercer país.
El segundo elemento tiene que ver con la territorialidad, que es la jurisdicción de los tribunales de nuestro país para administrar la justicia en el marco del imperio sobre el territorio específico que les corresponde. Esto no significa que no sea factible que un tribunal de una nación distinta pueda administrar justicia. Eso no está en cuestión. La jurisdicción de extraterritorialidad, en todo caso, requiere la voluntad de nuestro país, el acuerdo, el concurso de nuestra decisión, el que normalmente se expresa en un tratado, situación que en el hecho no se halla establecida. De tal manera que aquí existe una segunda cuestión que sirve para justificar la decisión que tomaré sobre esta materia.
El tercer elemento se refiere a los derechos humanos.
Sin duda, éste es un tema abierto, una herida que se encuentra latente. Pero, a mi juicio, hay que tratar -y en este sentido creo que todos tenemos algo que decir y que hacer- de dar un valor absoluto a esta materia. A mí me parece -y lo digo con honestidad y con toda la consideración del caso- que se exalta el atropello a los derechos humanos cuando lo cometen adversarios políticos, y se guarda silencio cómplice cuando quienes los atropellan son los aliados ideológicos.
Lo vimos y lo comprobamos hace pocos días: una fecunda explicación del porqué de la acción en contra del Senador Pinochet, y un silencio respecto de la presencia de Fidel Castro en España. Es un contrasentido que cuesta entender en Chile y en el mundo. Así lo hemos comprobado al menos de las expresiones vertidas en las más diversas cadenas internacionales de noticias.
No puede haber doble estándar respecto de esta materia.
Es cierto -tal como se señaló- que durante el Gobierno militar hubo atropello a los derechos humanos. Pero hay quienes hoy pretenden pontificar en este tema sin reconocer, exteriorizándolo en público también, las tremendas responsabilidades que les ha correspondido en la promoción de la lucha de clases, el odio entre los ciudadanos y validando la vía armada para acceder al poder. Ése es el germen, que los transforma en ideólogos o intelectuales de la violencia, lo que finalmente dio por fruto actos que, por cierto, han sido de brutalidad y que hay que reconocer y rechazar.
Debe avanzarse, en la medida de lo posible, en la verdad, en la reconciliación en función de ésta, y, también, en la justicia. Y yo estaré siempre dispuesto para tal ejercicio.
Necesitamos dar normalidad al país; necesitamos construir la unidad nacional. Para ello, todos debemos hacer gestos y expresar nuestra mejor voluntad para consolidar la reconciliación y terminar de una vez por todas esta transición, que parece renacer permanentemente. Resulta paradójico que hoy estemos en un ambiente tan polar, tan confrontacional; pareciera que la guerra fría no hubiese terminado; pareciera que el muro de Berlín todavía estuviera levantado; seguimos polarizando y confrontándonos con tremendas odiosidades.
Muchas veces me he preguntado si existe real voluntad para solucionar el tema de los derechos humanos, o es que, en realidad, algunos -y espero que no muchos- sólo buscan sacar provecho político de la situación. Hoy no podemos eludir el desafío; no podemos dejar pasar la oportunidad de cerrar de una vez por todas este capítulo. Y, para eso, todos debemos expresar nuestra mejor disposición. Por lo menos nosotros -y así lo planteó mi sector- seremos los primeros en tratar de colaborar en ese sentido.
Voto por el primer proyecto de acuerdo, porque el segundo, francamente, tiene alcances inaceptables.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , la detención del General Pinochet, sin duda, genera entre nosotros posiciones controvertidas en muchos aspectos, y evoca pasiones que tienen que ver más que todo con los motivos de su detención. Porque hay que tener en cuenta que, más allá del juicio que se tenga respecto de la jurisdicción española y de la actitud de la justicia inglesa, aquí por lo menos no se ha alzado ninguna voz que señale que el General Pinochet es inocente. Y yo creo que eso ya es un punto importante.
Pero digo que evoca pasiones, porque muchos de nosotros sufrimos en parte las acciones de las cuales a él se le inculpa.
En primer lugar, desde un punto de vista estrictamente legal o jurídico, habiendo tratado de estudiar lo más posible el caso, quiero señalar que la situación me parece extremadamente controvertible.
Entiendo que el Gobierno de Chile sustente la tesis de la inmunidad, porque se la dio. Pero también entiendo al Gobierno inglés que no la reconozca, porque no la aceptó. Y respecto de la jurisdicción española, si se compara el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales de Chile, respecto de la extraterritorialidad de la ley chilena, con el artículo respectivo del año 85, de la ley española, nos daremos cuenta de que hay diferencias, pero la filosofía no es tan distinta. Porque también los tribunales chilenos se atribuyen posibilidad de juzgar delitos cometidos por extranjeros fuera de nuestro país, como la piratería, la falsificación de moneda, el narcotráfico y delitos contra la seguridad del Estado.
Dicho lo anterior, me parece muy importante que el caso se encamine como se ha hecho hasta ahora, esto es, por la vía judicial, en un Estado de Derecho, y que esto dependa de las resoluciones de los tribunales, las que podrán parecernos criticables, nos podrán gustar o no, pero es lo que corresponde. Ojalá las otras controversias, las que tuvimos en el pasado, hubieran podido resolverse con un debido proceso, con el derecho a la defensa y con tribunales imparciales, con lo cual ahora cuenta el General Pinochet.
Ahora, quisiera hacer un alcance respecto del fallo de la Alta Corte de Londres .
Ahí se sostiene un argumento que no me parece válido. No se acepta la tesis del Gobierno de Chile de la inmunidad de jurisdicción por misión diplomática, sino por la que favorece a los Jefes de Estado. Pero se sostiene que los actos que se le imputan -dice la sentencia-, por repugnantes que puedan ser, sin embargo, forman parte de los actos de gobierno y, por tanto, no pueden dar origen a un proceso.
Personalmente no acepto esa tesis. Espero que sea revocada en esa argumentación, porque sería extremadamente grave sostener que son actos de gobierno los que constituyen crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, los que, por el contrario, son la negación del buen gobierno: son delitos que se cometen con ocasión del gobierno, y no actos de éste.
Y ésa fue la tesis de los tribunales norteamericanos cuando juzgaron al dictador Marcos y a su esposa, señalando que la tortura, el asesinato y la desaparición de personas en Filipinas no constituían actos de gobierno, sino justamente casi todo lo contrario.
Por último, no hemos llegado al final del drama, todavía estamos en pleno desarrollo. Creo que sería apresurado decir hoy día una última palabra. Las palabras que aquí se expresen serán las penúltimas. Pienso que sería muy importante que todos tuviéramos ese espíritu. Porque no está concluido este episodio. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el fallo del jueves; nadie sabe cómo evolucionará la salud del General Pinochet; nadie sabe qué va a pasar si mañana la justicia española va a Inglaterra para un interrogatorio. Es decir, hay demasiadas incógnitas. De modo que, por la responsabilidad que le cabe al Senado, debiéramos tomar una decisión con mesura.
Por eso, me parece muy objetable -y con esto termino- el tercer párrafo del proyecto de acuerdo presentado por los señores Senadores de Oposición. Por una razón muy simple: porque no se puede señalar que el funcionamiento del Senado dependa de lo que le pase al General Pinochet. Pueden ser muy partidarios de él; pero una institución democrática no puede depender de eso para su funcionamiento. Y un voto del Senado para sostener que esa institución funcionará o no según cual sea la suerte de un proceso judicial, a mi juicio, esa decisión se aparta de la Carta Fundamental. El día de mañana un señor Senador puede ir a prisión y no por eso va a dejar de funcionar esta Corporación. Es necesario hacer un distingo entre lo que afecta a una persona, por importante que ella pueda ser para algunos, y lo que es una institución.
Me parece grave que el referido párrafo tenga tal sentido. Y como dijo el Honorable señor Zurita , si muchos son los afectados, por numerosos que ellos sean, el Senado tiene otra jerarquía, otra lógica de funcionamiento.
Voto por el segundo proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , cuando un país o una región ha vivido largos períodos de violencia, sus líderes pueden elegir básicamente entre dos caminos: el interminable de las querellas para dirimir quién inició las acciones, quién fue más cruel, quién sufrió más, quién tuvo más muertos, y aplicar la justicia a ultranza; o el de entablar conversaciones y firmar tratados de paz que, de alguna manera, permitan a sus habitantes, sin olvidar lo que sucedió, tener una vida normal y un futuro, acceso a un trabajo estable, a una remuneración digna, a educación para sus hijos, a la salud.
En verdad, la segunda vía requiere de muchísimo más coraje que la primera. Hemos visto que asesinaron a Rabin por haber optado por ese camino, al igual que Anwar al-Sadat, cuando tuvo la valentía de sentarse a conversar con los israelíes; o que Netanyahu también esté amenazado de muerte y con protección especial. Asimismo, uno puede observar en Irlanda del Norte lo que han sufrido los líderes de las dos facciones por tener la valentía de dialogar. Y no es improbable que uno de ellos muera por una bomba o una bala, pues siempre habrá extremistas que preferirán la sed de venganza antes que dar un futuro a su país.
En respuesta a lo aseverado recién por el Senador señor Viera-Gallo , deseo preguntarle, a través de la Mesa, cuánto tiempo cree que duraría el tratado de paz recientemente firmado en Medio Oriente si un país extranjero detuviera a Yasser Arafat por supuesta participación en actos de terrorismo. ¿Cree realmente Su Señoría que en tales condiciones podría perdurar dicho instrumento?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señora Senadora , no puede formular preguntas, pues estamos en votación.
La señora MATTHEI.-
Entonces, las dejo planteadas en forma abierta.
¿Cuánto durarían las conversaciones de paz en Irlanda si una nación extranjera detiene al líder del Sinn Fein, el ala política del IRA?
Si el nuevo Presidente de Colombia desea llevar algo de paz a su país, que ha sufrido tantas muertes, no le queda más que sentarse a conversar y firmar la paz con los narcotraficantes. Es lo que está haciendo, y lo admiro por ello.
Por lo tanto, al reaccionar como lo hemos hecho estos días ha sido porque realmente tenemos clara visión de que el Senador señor Pinochet ha liderado en muchas oportunidades actos que han permitido a nuestro país llegar a su estado actual. Y no se puede dudar de ello, o que un país extranjero intervenga en nuestros asuntos internos.
No deseo que Chile vuelva a caer en la violencia, y considero un deber de todos contribuir a que eso no suceda.
También debo señalar que estábamos muy preocupados, sobre todo los primeros días, cuando la reacción inicial del Gobierno fue que, por tratarse de un asunto puramente jurídico que afectaba al Senador señor Pinochet , él debía solucionarlo por la vía judicial. Porque ésa fue realmente la primera reacción del Ejecutivo ; después cambió, y lo celebramos.
Asimismo, resulta inconcebible que el Senado haya demorado 15 días en reaccionar, y que muchos se hayan negado a firmar una declaración de respaldo que pedíamos para las acciones emprendidas por el Presidente Frei , una vez que hubo asumido la defensa de la soberanía del país, como también para las del Presidente del Senado , declaración que pudo ser unánime, lo que nos habría ahorrado muchos problemas.
Voto por el primer proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick , a quien doy excusas, pues debí ofrecérsela con antelación.
El señor CHADWICK .-
No hay problema, señor Presidente .
Por razones de tiempo, obviamente, debemos centrarnos en los aspectos que consideramos sustanciales o principales. Y creo que hay uno que aparece meridianamente como el más fundamental.
Los pueblos, para desarrollar un proyecto histórico, necesitan compartir y tener en común ciertos principios básicos: aquellos que los constituyen como país. Dentro de ellos, sin duda alguna, están la soberanía y la dignidad nacional. No hay Estado sin soberanía ni nación sin dignidad ni respeto por su pueblo y por sus principios. A mi juicio, en el caso nuestro, lo medular que hoy se ve amenazado es, justamente, la soberanía y la dignidad nacional.
Indiscutiblemente, existen otros principios básicos y fundamentales, como el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, la necesidad de superar situaciones de desigualdad social y de vivir en un clima de armonía social. Pero el que está actualmente amenazado -y por eso adquiere esta función primordial- es, precisamente, el de la soberanía y la dignidad del país.
Por eso, en esta sesión, no estamos abocados a discutir la culpabilidad o inocencia del Senador señor Pinochet en su responsabilidad histórica -porque no somos un tribunal ni es el tema que debe preocuparnos en lo fundamental-, sino a defender los principios básicos que conforman nuestra nación.
¿Por qué es un tema de soberanía? Deseo precisarlo porque, a mi juicio, a través del debate me percato que se ha producido una confusión. No es lo mismo, como algunos sostienen, un tribunal internacional que uno extranjero. El primero es aquel al que voluntariamente los países otorgan competencia para tratar temas supranacionales, y surge, justamente, de una cesión voluntaria de soberanía, que es el elemento esencial de las relaciones internacionales.
Estamos en presencia de un debate extraordinariamente interesante, relativo a profundizar el proceso de globalización de la humanidad, donde más allá de las relaciones económicas, empieza a surgir la necesidad de instancias supranacionales que puedan cubrir otros aspectos. Pero eso está marcado por un elemento básico: la voluntad.
En cambio, un tribunal extranjero se funda, precisamente, en un elemento completamente distinto, como ha ocurrido con España, país que, por voluntad propia, se da una legislación en la cual atribuye a sus tribunales la facultad de juzgar hechos ocurridos fuera del territorio español. Eso no es globalización, sino imperialismo; no es voluntad, sino imposición. Y quien no logre comprender esta diferencia sustancial entre uno y otro proceso, ocurre lo que hemos visto aquí, y se termina, lamentablemente -quizás sin intención-, debilitando un principio básico del país, como es su soberanía. Eso es lo que está en juego en esta sesión.
El Senador señor Foxley decía en su intervención que Chile no se merece espectáculos como los ocurridos frente a las embajadas, o llamados que generan manifestaciones de protesta.
Pero, a mi juicio, señor Senador, hay algo mucho más importante que eso y que Chile tampoco se merecía: que países con los cuales ha existido una impecable tradición en las relaciones diplomáticas, con los que nos sentíamos amigos compartiendo culturas y tradiciones y desarrollando procesos históricos en un afán de colaboración, como son España e Inglaterra, desconozcan la soberanía chilena, debiliten un aspecto fundamental de nuestro poder como nación y nos generen afrentas en nuestra dignidad nacional. ¡Eso es lo que Chile no se merecía! ¡Eso es lo que hoy día estamos discutiendo y protestando!
Señor Presidente , votaré por el primer proyecto de acuerdo, porque en él, en primer lugar, se defienden los principios de soberanía y de dignidad, que históricamente el Senado no puede omitir hoy día; en segundo término, porque fundamentalmente se está protestando por la detención arbitraria e ilegal de un miembro de esta Corporación, de un Senador constitucionalmente reconocido. Y eso la Cámara Alta no lo puede silenciar.
Además, lo votaré afirmativamente, porque en él se respalda al Presidente de la República en la defensa de esos principios, sin debilidades ni condiciones. En cambio, el presentado por los señores Senadores oficialistas omite la defensa de los principios de soberanía y dignidad nacional. No hay una frase para ellos. Silencia la protesta que se hace porque un colega nuestro fue detenido arbitraria e ilegalmente en otro país. No hay una palabra al respecto. Además, condiciona el respaldo al Presidente de la República en la defensa de esos principios.
Por eso, señor Presidente, voto por el primer proyecto de acuerdo.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , cuando uno escucha a personas que defienden la inmunidad diplomática de un dictador acusado de más de 4 mil crímenes -algunos contra chilenos y otros contra extranjeros-, me viene a la memoria, irónicamente,el chiste de Don Otto y su amigo Fritz . Éste tenía relaciones sexuales con la mujer de aquél. Y la actitud de don Otto fue vender el sofá donde su esposa lo engañaba. ¡Lo importante para don Otto no eran las relaciones extramaritales, sino el sofá!
En el caso Pinochet no son importantes ni el pasaporte diplomático ni su inmunidad diplomática, sino si él es o no es responsable de los delitos de que se le acusa en distintos países. ¡Eso es lo esencial! Lo demás son elementos circunstanciales. ¿O acaso algún señor Senador cree que por tener esa calidad y poseer pasaporte diplomático le permitiría narcotraficar en Inglaterra, España , Alemania o Francia, aun cuando el Gobierno ha incurrido en el grave error de darle una misión oficial? Estoy cierto de que jamás se le respetaría la inmunidad a un narcotraficante por tener pasaporte diplomático. ¡Y los delitos por los cuales es acusado Pinochet son mucho más serios y graves que el ilícito de narcotráfico!
Por eso, el Derecho Internacional se va imponiendo cada vez más y con mayor fuerza sobre el ordenamiento jurídico interno de los distintos países. En muchas ocasiones, prevalece sobre ellos. Incluso puede significar la derogación de disposiciones que le son contrarias. Es lo que ocurre especialmente con las denominadas normas imperativas del Derecho Internacional conocidas como el "jus cogens"; es decir, aquellas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por un precepto que se dicte posteriormente y que tenga el mismo carácter.
¿Pero qué dice la Constitución chilena a este respecto? En ese sentido, doy una respuesta al Senador señor Chadwick . Porque también los constituyentes de las Cartas de 1925 y 1980 contemplaron lo anterior al dictarlas. No sé si por un "gafe" lo incluyeron. En el artículo 5º de la actual Carta Fundamental aparecen precisamente dos limitantes claras a la soberanía nacional: la primera dice relación a los derechos humanos. La segunda, surgió después de la modificación introducida a la Constitución en 1989, la cual dice: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.". En ese sentido, vale la pena destacar la opinión del constitucionalista señor Nogueira , quien señala: "Ello significa que el tratado forma parte del derecho interno una vez aprobado por el Congreso, luego de ser ratificado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial.".
Es del caso expresar sobre el particular que incluso la ley de amnistía ha sido objeto de petición de inconstitucionalidad ante los tribunales de justicia, porque ella se opone a la interpretación del artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución, que declara la incompatibilidad de la normativa con los tratados sobre derechos humanos que se encuentran plenamente vigentes en nuestro ordenamiento institucional. ¿Y cuáles son éstos? 1) Las Convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, de 1949, y los Protocolos adicionales, de 1997, que establecen infracciones calificadas de crímenes de guerra aplicables al caso chileno; 2) La Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, de 1948; 3) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; 4) La Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas (1984); 5) La Convención interamericana para prevenir o sancionar la tortura (1987); y 6) La Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969.
Esos tratados son los que rigen en Chile, los cuales deben ser respetados, pues impiden que, frente a la comunidad internacional, dictadores militares crueles se autoconfieran leyes de amnistía para evitar que puedan ser sancionados o fiscalizados por los actos cometidos.
La comunidad internacional, previendo acciones de tal naturaleza, los ha establecido como delitos de lesa humanidad, como el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y el genocidio.
Por estas razones, señor Presidente , atendiendo la existencia de elementos claros, categóricos y precisos para que los dictadores puedan ser juzgados en España o en cualquier país del mundo conforme a dichos tratados internacionales, voto favorablemente el segundo proyecto de acuerdo.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , uno de los actores principales de todo lo que ha sido el debate en Chile en los últimos años y en estos días se encuentra ausente. Así lo creo. Un señor Senador decía -refiriéndose a nosotros- que pudiésemos tener un encuentro algún día en todo lo que pensamos y sostenemos como hechos futuros importantes. Y, en verdad, ese encuentro es precisamente la institucionalidad de Chile.
Nosotros, y no otros, somos los responsables del destino de nuestro país. Ello nos ha sido asignado por el pueblo. Y, por tal motivo, el entender que Chile puede carecer de capacidad suficiente, según autoridades judiciales españolas o inglesas, para resolver al interior cuestiones teóricamente de justicia, y que en esa medida es posible afectar la libertad de uno de sus Parlamentarios, el Senador señor Pinochet , obedece a una actitud, desde mi punto de vista, que no sólo da vuelta la espalda a nuestra institucionalidad, sino que -y es lo más importante- también se la da al propio país, a su pueblo. En efecto, este último es el que actuó en el plebiscito de 1988, que puso término al Gobierno militar; en el plebiscito de 1989, que modificó la Constitución; en las elecciones presidencial y parlamentaria de 1989, etcétera, y toda su participación ha ido determinando paulatinamente y en forma ordenada, armónica e informada las distintas mayorías que configuran los Poderes del Estado, fundamentalmente el Ejecutivo y el Legislativo.
Ése es el pueblo, señor Presidente , que eligió a la Cámara de Diputados hoy en funciones, la misma en que se acusó constitucionalmente al Senador señor Pinochet pretendiéndose que ello comprendiera, básicamente, sus actos como Comandante en Jefe del Ejército . Pero, en último término -y como se concluye al leer con detención todo lo que fue el proceso-, sin duda alguna la acción emprendida en esa rama del Congreso apuntó a llegar a todos los actos del Gobierno militar y, en lo fundamental, a los del actual Senador señor Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973. Y el pueblo escogió a quienes rechazaron la acusación.
Por tales razones, cuando el juez Garzón y otros aseveran que en Chile no se juzga a las personas, al margen de desconocer la acción del pueblo en la institucionalidad, no reconocen la intervención fiscalizadora de uno de sus cuerpos o corporaciones, como la Cámara de Diputados, que ya se pronunció en aspectos relevantes atinentes al Senador señor Pinochet .
Incluso, los mismos acusadores, recordando la existencia del juicio en España, que guarda alguna relación, naturalmente, con el honor de nuestro país, señalaron textualmente en la presentación de su libelo que el Estado chileno "no reconoce jurisdicción a los tribunales españoles en este proceso.". Es decir, la Cámara de Diputados, a través de la acusación, ya conoció la opinión de quienes acusaron constitucionalmente al Senador señor Pinochet . Sin embargo, algunos de ellos, hoy en Inglaterra, intentan no repetir en Londres lo que expresaron en la Cámara, por hallarse en una posición distinta aprovechando circunstancias de carácter internacional.
Así que, en definitiva, las mayorías en Chile fueron decididas por el pueblo -no por otra entidad-, a través de elecciones secretas, informadas, con participación plena de todos los habitantes.
Es cierto que en los últimos comicios surgió el "partido político" más fuerte, tal vez, que todos: el de los que se abstuvieron, el de los que no quisieron votar, quienes representan una cifra cercana a 38 por ciento. Esperamos que la justicia española y los ingleses no le echen la culpa al pueblo por no participar en un proceso democrático abierto...
En el proyecto de acuerdo presentado por un grupo de 23 señores Senadores se dicen dos cosas contrapuestas y extrañas. Primero se afirma que "El país debe tener confianza en la solidez de las instituciones democráticas.", y luego, en el punto siguiente, que "La reciente crisis demuestra que el país no ha tenido la capacidad de resolver el problema pendiente de los derechos humanos.". Esa capacidad, por tal motivo, aparentemente es débil, sin hallarse acompañada de la fortaleza correspondiente a la acción como pueblo para ir conformando la institucionalidad.
El texto de esos Honorables colegas no se concilia en plenitud con el objeto de la sesión, señor Presidente . Porque la verdad de las cosas es que tan sólo el punto 4 se refiere al tema del Senador señor Pinochet . El resto son expresiones de carácter político muy claras y definidas.
Y se termina formulando un llamado -que no acepto, a pesar de la importancia que pueden revestir las personas de que se trata- en el sentido de que "el Senado acuerda convocar a un grupo de personalidades, que a raíz del llamado del Arzobispo de Santiago , estudien y propongan los mecanismos institucionales que den respuesta a la aspiración legítima de la sociedad chilena", etcétera. Sobre el particular, el pueblo escogió a quienes nos encontramos en esta Sala para resolver las acciones acordes con la institucionalidad. Tenemos que entenderlo de una vez por todas y hacer caso a nuestros conciudadanos, ante la confianza que las mayorías nos han entregado para el ejercicio de nuestras funciones. Por tal razón, nuestros actos dicen relación a las responsabilidades hacia el futuro y a las proyecciones de Chile.
Señor Presidente, termino manifestando que voto por el proyecto de acuerdo Nº 1, dados los principios que contiene y porque realmente responde a la causa de haberse citado a sesión especial.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente , apoyo el proyecto de acuerdo Nº 2 planteado esta tarde, en primer lugar, porque creo que apunta en la dirección correcta al tocar claramente los temas que hoy cruzan a la sociedad chilena. Y es total y absolutamente aceptable y pertinente que 23 Senadores expongamos nuestro punto de vista respecto de la situación política que vive el país y la manera como se desenvuelven la institucionalidad democrática y cada uno de los actores que participamos en ella.
En ese documento se respalda claramente al Gobierno en cuanto a la forma como ha encarado y asumido el asunto surgido por la detención del Senador Pinochet. Declaramos que lo ha hecho bien -y lo hemos dicho claramente desde el principio- y que ha procedido oportunamente. Se ha actuado con visión de Estado, velando por el interés nacional.
Respecto de los temas jurídicos, comparto plenamente lo manifestado aquí por los Senadores señores Hamilton , Valdés y otros.
Me parece necesario enfrentar el tema de fondo que ha quedado en evidencia, en el sentido de que, frente a una crisis, lo que se ha puesto en cuestión ha sido la transición hacia una democracia más plena. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué cada vez que se suscita un problema o una situación política en que se encuentran de por medio las violaciones a los derechos humanos cometidas sistemáticamente en el país, se origina nuevamente un cuadro de crisis o nos damos cuenta de que todavía falta mucho por caminar en lo referente a la transición democrática?
No cabe duda de que el General Pinochet divide de manera profunda a la sociedad chilena, hallándose unos a favor de su persona, en forma muy apasionada, y otros en contra, también muy apasionadamente. Lo que llama la atención es que el estar en uno u otro caso y la pasión despertada generan conductas y acciones que buscan provocar ingobernabilidad o el debilitamiento de las instituciones democráticas. Entonces, políticamente, uno tiene derecho en esta Corporación a preguntarse por qué se registra ese fenómeno. ¿Basta la explicación solamente sentimental, la de la pasión, o existen otros objetivos detrás? ¿Qué se persigue con ello?
A mi juicio, en los últimos quince días no se ha actuado con altura de miras. Ni siquiera con serenidad. Me alegro de la actitud asumida por algunos señores Senadores, que han modificado sus dichos o sus conductas al intervenir en la Sala. Se habla, entonces, de llamar a la no violencia, de sumar los esfuerzos a la unidad. Y me parece bien. Me alegro de que sea así y de que hoy no se insulte, ni se profieran groserías en contra de quienes opinan distinto -como hace pocos días-, ni se formulen llamados destemplados a no consumir determinados productos, o a iniciar todo tipo de movilizaciones, o a no retirar la basura, o, en fin, a una serie de acciones. Me alegro de que al menos los Senadores se planteen hoy en forma positiva.
Lo que pasa es que nos encontramos discutiendo en relación con tiempos, objetivos y términos diferentes. En este momento a nosotros nos interesa discutir cómo fortalecer la democracia y cómo encarar a futuro el tema de las violaciones a los derechos humanos.
Por eso, planteamos propuestas en este sentido. No están fuera de lugar. Si no las hacemos en esta Corporación, ¿dónde entonces?
Plantear que esta sesión es tardía porque algunos no quisieron dar la unanimidad para supuestos proyectos de acuerdo, es esconder la cabeza bajo la tierra como las avestruces.
Señor Presidente , la verdad -y todos lo sabemos en la Sala- es que fueron los señores Senadores de la Derecha quienes pidieron hace 15 días no discutir políticamente ni debatir este tema en el Senado.
Entonces, que no se diga ahora que nos demoramos esa cantidad de días en debatir este asunto. ¡Claro que esta sesión es tardía! Por ello, hoy debemos ver los problemas que vienen a futuro, y no solamente la situación política generada por la detención del señor Pinochet .
También decimos claramente que para hacer patria, para hacer soberanía y para mantener nuestra dignidad en alto -lo planteamos en el proyecto de acuerdo-, la soberanía y la dignidad de Chile se fortalecen primero respetando las instituciones democráticas y haciendo plena justicia.
Algunos han dicho: "Nosotros no vamos a trabajar, estamos en huelga, porque Pinochet está primero.".
Entiendo a los señores Senadores de Derecha, porque es un asunto sentimental. Pero no hay explicación posible que justifique el no poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Con ese criterio, los trabajadores de nuestra patria ¿no están primero (teníamos que legislar respecto a convenios laborales), al igual que los profesores? Y la discusión del Presupuesto ¿tampoco está primero?
Realmente, hay que actuar con más sentido de país, con una visión de Estado y buscando los objetivos planteados en el proyecto Nº 2, los cuales buscan fortalecer la democracia y superar los problemas que hoy nos mantienen divididos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Por cuál proyecto de acuerdo vota Su Señoría?
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente , al inicio de la intervención anuncié mi voto favorable al proyecto de acuerdo Nº 2.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muy bien, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Aburto.
El señor ABURTO .-
Señor Presidente , deseo fundamentar mi voto en el punto relativo a la vulneración de nuestra soberanía, al invadir los tribunales españoles nuestro derecho jurisdiccional.
Sobre esta materia, estamos defendiendo la actitud de verdaderos estadistas adoptada por nuestras autoridades de Gobierno.
Sin embargo, se ha olvidado mencionar que también la Corte Suprema tiene una jurisprudencia -vigente en este momento- que reafirma nuestra soberanía exclusiva y privativa para conocer y fallar nuestros procesos.
En materia penal, los delitos cometidos en Chile sólo pueden ser juzgados por nuestros propios tribunales. Al efecto, voy a leer una sentencia muy breve del 29 de enero del presente año:
"Vistos y teniendo presente:
"1º.- Que se ha solicitado por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de Madrid, en comisión rogatoria, que se cumplan ciertas diligencias en relación con una querella presentada por la Fundación del Presidente Allende, así como la Asociación de Unión Progresista de Fiscales de España, relacionada con los delitos de genocidio, asesinato, secuestro, torturas y contra los derechos humanos, cometidos en el período comprendido entre el día 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990, que involucraría a don Augusto Pinochet Ugarte y otros.
"2º.- Que, como aparece de dicha solicitud, se pretende investigar presuntos delitos cometidos en Chile, contra personas de nacionalidad española y otras, que no se identifican, que se habrían ejecutado en el período indicado precedentemente.
"3º.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, será competente para conocer de un delito el juzgado en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da origen al proceso, norma que pertenece claramente al orden público interno.
"4º.- Que el artículo 17 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, publicada en el Diario Oficial de 18 de octubre de 1976, y ratificada por España el 14 de julio de 1987, establece que "el Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público".
"5º.- Que por lo hasta aquí relacionado aparece evidente que toda diligencia solicitada en la carta rogatoria, tendiente a obtener antecedentes que permitan investigar hechos punibles cometidos en Chile, contrariando las normas de su orden público interno, permiten rehusar el cumplimiento del exhorto solicitado.
"6º.- Que la conclusión precedentemente señalada concuerda con el principio contenido en el artículo 340 del Código de Bustamante" -recordado por mi Honorable colega señor Zurita - "que establece que "para conocer de los delitos y faltas, y juzgarlos, son competentes los jueces y tribunales del estado contratante en que se hayan cometido.".".
Hasta aquí lo fundamental del fallo. Esto revela que hay una jurisprudencia establecida por nuestra Corte Suprema, la cual habilita ampliamente el acuerdo que se está votando en este momento.
En consecuencia, me pronuncio a favor del proyecto de acuerdo número 1.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , la arbitraria e ilegal privación de libertad de que es víctima el Senador señor Pinochet en el Reino Unido, a instancias de un juez español, constituye una abierta violación de los principios del Derecho Internacional y de las mínimas normas de convivencia entre las naciones.
Esta situación afecta a Chile como nación independiente y soberana, y agravia a todo su pueblo, porque desconoce su derecho a resolver sus propios asuntos sin injerencia ni tutela de potencias extranjeras. No es un problema que afecte sólo a la familia del Honorable señor Pinochet y a sus partidarios.
Por ello, la inmensa mayoría de los chilenos hemos respaldado la resuelta actitud del Presidente de la República , quien ha repudiado este atentado a nuestra soberanía, protestando con energía ante los Gobiernos del Reino Unido y de España, como asimismo la declaración del señor Presidente del Senado .
El pueblo de Chile está legítimamente indignado por el abuso cometido. No podemos tolerar que, por la mera solicitud de un juez español, la policía del Reino Unido, nación que había sido tradicionalmente amiga de nuestro país, detenga arbitrariamente a un Senador de la República de Chile, que además fuera Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la República , atropellando su inmunidad y sin demostrar ni un mínimo de consideración y respeto.
Este atropello a una autoridad chilena, convaleciente de una operación y que, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre su Gobierno, merece respeto, es un acto colonialista que agrede a Chile entero y constituye un agravio contra los sagrados sentimientos de independencia y soberanía de su pueblo.
Nuestro país podrá tener menor desarrollo y recursos que España o el Reino Unido, pero no acepta ser tratado como una nación de segunda clase y reclama su derecho a un trato respetuoso de su independencia y de su honor nacional. Como país libre, Chile no acepta ser tratado como vasallo de quienes se creen con el derecho de interpretar o decidir cuál es la voluntad del pueblo chileno, imponerle sus propias leyes y suplantar a sus tribunales.
Desgraciadamente, si otros países han llegado a estimar que tienen derecho a interferir de modo tan brutal en nuestros asuntos internos, ello ha sido en parte consecuencia de décadas de desinformación y propaganda de quienes, desde el interior y en el extranjero, han falsificado permanentemente nuestra historia y, voluntaria o involuntariamente, han contribuido a formar en ciertas naciones de Europa la convicción de que Chile no vive una verdadera democracia y que sus leyes e instituciones gozan de tan poco crédito y efectividad que es preciso que las antiguas potencias coloniales asuman la responsabilidad de restaurar en él el orden y la justicia.
Deploramos que esta situación haya llegado a producirse y rechazamos la actitud de quienes contribuyeron a crearla. La vergüenza debe recaer sobre ellos.
Chile reclama de todas las naciones el respeto a su independencia y autodeterminación. Nuestros problemas los resolvemos soberanamente, de acuerdo con nuestras leyes y a través de nuestros propios tribunales.
Señor Presidente , la investigación judicial de hechos ocurridos durante la etapa que vivió el país en el pasado, cubiertos por la ley de amnistía vigente, y el agotamiento de los esfuerzos para determinar el paradero de los restos de personas fallecidas en esa época, son hechos que indudablemente afectan todavía la convivencia entre los chilenos y su adecuada solución compromete profundamente el interés nacional.
Una situación de tal trascendencia debe ser abordada con la mayor seriedad, responsabilidad, respeto y decisión por todos los sectores, ya que su persistencia puede poner en riesgo la estabilidad y el progreso del país, y es un imperativo nacional recuperar la concordia entre los chilenos.
Empero, es inaceptable vincular o condicionar la defensa de la soberanía y el honor nacional frente al atropello de potencias extranjeras a la aceptación de imposiciones de reconocimiento de culpabilidad o de actos de arrepentimiento unilaterales completamente inadmisibles.
Esa extorsión debe ser rechazada por todos los chilenos como una nueva afrenta a la dignidad nacional.
Tal como rechazamos el intento de imponernos leyes y tribunales extranjeros, no toleraremos que el Senador Pinochet sea juzgado por un verdadero tribunal popular internacional, como hasta ahora se ha pretendido hacerlo.
Si hay cargos concretos en su contra de acuerdo a la legislación chilena, son nuestros tribunales los únicos llamados a juzgarlo por ellos. Nadie más tiene derecho a hacerlo, ni a anticipar condenas preñadas de odio y venganza.
Rechazamos, por innobles y cobardes, los intentos de juzgarlo y condenarlo fuera de los tribunales nacionales mientras se encuentra enfermo y cautivo en el extranjero.
Reclamo para Chile la defensa incondicional de su independencia y de su honor por parte de todos los chilenos, sin excepción. Y para el Senador Pinochet demando de esta Sala el mismo trato y respeto que merecen todos sus integrantes.
Por lo tanto, señor Presidente, voto a favor del proyecto de acuerdo Nº 1.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , la historia nos ha enseñado que la justicia es más que textos legales -la justicia, de alguna manera, refleja estados espirituales de una nación- y que la verdad es una manifestación de transparencia de una sociedad. Y lo cierto es que en Chile no hemos asumido que aún no hay justicia ni verdad suficientes.
Ésa es una responsabilidad de todos, porque hemos cometido un acto de hipocresía histórico. Es más, hemos barrido debajo de la alfombra y no nos hemos dado cuenta de que el tema de la violación a los derechos humanos ha pesado y seguirá pesando en nuestra conciencia como nación
Mientras no enfrentemos con valentía ese hecho, difícilmente vamos a seguir transitando en un grado de convivencia suficientemente civilizado.
Mientras no enfrentemos ese baldón de la historia de Chile, con seguridad se repetirán situaciones como las que hemos vivido en estos días.
Mientras no enfrentemos nuestros propios errores, difícilmente podremos construir algo que se parezca a una nación unida y enfrentar el futuro de manera que haya absoluta convivencia entre nosotros.
Eso es lo cierto; es lo que ha surgido en estos días. Aquí no hemos defendido principios a propósito de la detención del Senador vitalicio Augusto Pinochet . El argumento de la extraterritorialidad de la ley lo hemos sostenido desde antes de la Concertación. Lo sostuvimos a lo largo de todos los años que duró la dictadura. Lo dijimos aquí y fuera del país: "Los delitos de lesa humanidad no tienen frontera en el mundo de hoy". Lo señalamos en forma constante y permanente. Y no nos arrepentimos de haberlo hecho, porque la humanidad ha avanzado lo suficiente, a raíz de todas las dictaduras latinoamericanas y de lo que sucedió en Europa durante las dictaduras que ahí existieron (no solamente las nazis, sino también las comunistas).
Por tanto, con motivo de esos hechos, estamos totalmente convencidos de que en materia de derechos humanos es fundamental tener conciencia de que no existen fronteras y de que ése es el impulso vital de la sociedad contemporánea.
Así lo señalamos mucho antes de la Concertación, y no sólo ahora a causa de la detención del General Augusto Pinochet. Lo señalamos incluso a propósito de una petición que hizo el Gobierno de Alemania, hace muchos años, para extraditar al criminal nazi Walter Rauff . En aquella oportunidad sostuvimos que ese personaje, dados los crímenes que se le imputaban, era perfectamente extraditable, desde nuestro punto de vista.
Por consiguiente, así como hemos reconocido la voluntad institucional, la disposición del Presidente de la República y de sus Ministros para defender determinados principios, también nos ha parecido completamente legítimo defender otros principios que hemos venido sosteniendo durante muchos, muchos años.
Y por eso nos ha dolido que desde las bancadas de la Oposición se haya expresado, entre otras cosas, que Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Sofía Prats no deberían haber ido a Europa.
¡Por favor! ¡Eso es absolutamente inadmisible! Ellos representan parte significativa del dolor que ha sufrido un gran número de chilenos. Ellos reflejan claramente lo que aconteció en nuestro país. Son personas que en cierto modo constituyen símbolos de un hecho verdaderamente traumático en la historia de Chile y que tenemos la voluntad de superar. Por lo tanto, no hemos aceptado ni aceptaremos que se descalifique la misión que están cumpliendo en Inglaterra. Ellos están expresando nuestra opinión, mi opinión, la opinión de nuestro Partido. Porque es bueno que se conozca con exactitud lo que sufrimos durante 17 años de dictadura.
Aquí hemos manifestado con mucha claridad y honestidad que nunca hemos tenido ánimo de venganza alguna. No queremos aprovecharnos de la situación que afecta al Senador vitalicio en Londres . Él la buscó. Nosotros no la buscamos. Fue una falacia lo que se inventó en el sentido de que se habría tratado de una confabulación socialista. Es una mentira que ha quedado absolutamente desprestigiada, no sólo en Chile, sino ante la conciencia inteligente del mundo entero.
Por lo expuesto, no solamente voto a favor del proyecto de acuerdo Nº 2, sino también, de manera muy precisa, en contra del proyecto de acuerdo Nº 1, porque su punto 3, en mi opinión, es clara y absolutamente inconstitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de proyectos de acuerdo; sólo puede hacer tal declaración tratándose de proyectos de ley o de indicaciones recaídas en ellos.
Tiene la palabra el Honorable Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en esta sesión se ha planteado que el mundo ya tiene opinión formada acerca del Gobierno militar y del Senador Augusto Pinochet. Incluso, se ha señalado que ésta es materia y cosa juzgada. Es decir, no hay un juicio, sino que ya lo hubo, a menos que sea un prejuicio. En verdad, esto es inadmisible.
Por otro lado, el poder, en una visión histórica, se ha vinculado en forma gradual, primero, al dominio de la tierra, a los recursos naturales; después, a la población, al trabajo creativo; luego, a la energía, y finalmente, ahora, al manejo de la información. Y en este contexto deseo centrar un poco el análisis.
Es claro que estamos ante un problema jurídico, político y diplomático, pero en un escenario de información distorsionada. Para ser más claro, en un doble escenario, donde confluye por un lado lo que antes Antonio Gramsci -entre otros- comprendió muy bien: esta forma de acceso al poder y de ejercerlo. Por ello combatió incluso el determinismo económico que planteaban los socialistas marxistas en su época, a lo que señalaba que subestimaban el trabajo político. Para él, la eficacia exige que la discusión intelectual y moral predomine sobre la dominación del Estado. Su estrategia enseñaba que las superestructuras ideológicas de la sociedad civil -como los partidos, los sindicatos, las escuelas y, muy particularmente, la información- debían predominar sobre la sociedad política, incluyendo el aparato político, el judicial y el militar, por lo cual había que establecer una hegemonía sobre la sociedad civil para que la revolución pudiese realizarse.
Tal vez han cambiado las palabras y algunos actores. Pero este "Príncipe" moderno -por así decirlo, haciendo referencia a Maquiavelo- está funcionando. Y somos testigos en este caso.
Por otro lado, se han superpuesto en las últimas décadas, en los últimos años, una positiva conciencia planetaria y una mayor sensibilidad y valoración de los derechos humanos y de la protección de las minorías y de los marginados.
La historia de fines del siglo XX se mueve muy rápido, y por eso confluyen y se superponen los procesos que he señalado, para configurar un escenario donde ninguna autoridad política se atreve a poner las cosas en su lugar, y menos con jueces políticos.
La sistemática campaña internacional de distorsión de la realidad chilena no ha cesado en ningún minuto. Los medios de comunicación internacional hoy en día -y años atrás con mayor razón- no pueden referirse a Chile sin hacer mención de la dictadura militar y de una serie de atrocidades. Hay poco menos que una censura si no aparece un carabinero y, ojalá, un militar reprimiendo a un civil (estamos hablando de hoy). Sin embargo, nada se dice de la guerra civil que se evitó en 1973, y menos se ataca realmente a los genocidios que sí se realizaron en los gobiernos socialistas bajo la esfera de la ex Unión Soviética. Sólo Parlamentarios de Europa Central se han atrevido a levantar la voz contra esta arbitraria detención.
El Gobierno de Gran Bretaña debió negar la entrada de don Augusto Pinochet ; de hacerlo, no se habría visto comprometida políticamente como parte de una confabulación. Incluso, previamente sus autoridades lo invitaron.
Recibirlo con honores no puede ser visto como caer en un error de sus asesores, así como el Gobierno español tampoco debiera dar pie a una acusación del fiscal Garzón , que tiene, desde luego, pretensiones muy ajenas en este caso.
Chile será tal vez una nación aún pequeña; pero esta nueva forma de colonialismo contra un país digno y con un corazón grande, evidentemente, es inaceptable.
Hay un llamado claro para que esta anormalidad, que pone en jaque el proceso de transición democrático en Chile y a la chilena, promueva protestas sistemáticas y pacíficas de la mayoría de nuestro pueblo.
El baluarte de la soberanía, la dignidad, la integridad de Chile, en ningún caso pueden ser atropellados. Ningún país, en ningún proceso de globalización, puede atropellar a otro, menos a una de sus autoridades, más aún cuando aquí existe el espíritu -y está en los dos proyectos de acuerdo- de empeñarse en restaurar la convivencia nacional y de comprometernos cada vez más en el respeto de los derechos humanos.
Por esas razones, apoyo el proyecto de acuerdo Nº 1.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ .-
Señor Presidente , esta sesión especial fue citada con el expreso propósito de abocarnos a la grave situación que afecta al país y al Senado, motivada por la arbitraria privación de libertad del Senador Augusto Pinochet, ocurrida en el Reino Unido, ilegalidad que ha sido reconocida por la más Alta Corte de ese país, que incluso condenó en costas al Estado por la arbitrariedad cometida.
Estamos aquí también para analizar la pretensión del Gobierno español, que, a través de una legislación dictada por sí mismo, busca erigirse en juez internacional de acusaciones respecto de supuestos delitos cometidos en cualquier parte del mundo, y en este caso específico, en diversas naciones latinoamericanas.
Sin embargo, la sesión ha derivado en un análisis respecto de los derechos humanos, derechos que todos compartimos y que los socialismos reales nunca respetaron, como fue demostrado por más de setenta años de oprobio en que a sangre y fuego se conculcaron los derechos esenciales del ser humano. Tales atropellos sólo tuvieron fin una vez que la historia sepultó esas políticas luego del derrumbe y bajo los mismos ladrillos del Muro de Berlín, construido para dividir a la humanidad.
Apenas se produjo la detención del Senador Pinochet en su cama de enfermo en Londres, calificamos el hecho como un burdo secuestro internacional. Compartimos la denuncia de algunos en cuanto a que se fraguó una operación en las sombras por fuerzas aún activas, cobijadas en fachadas políticas socialistas, alentadas por el propio asesor personal del ex Presidente Allende . Una petición inicial ilegal y una segunda no menos ilegal que la primera así lo han demostrado.
El fallo unánime de la justicia inglesa nos ha dado la razón, ordenando poner término al secuestro del ex Mandatario chileno y a la situación de atropello a un Senador ocurrida en el Reino Unido.
Quedan aún pendientes y sin resolver, empero, importantes asuntos de principios. Ellos son:
1.- La extraterritorialidad, para que no puedan las potencias extrajeras resolver unilateralmente -repito: unilateralmente- los asuntos internos de Chile, vulnerando nuestro derecho jurisdiccional.
2.- La inmunidad de cualquier Senador de la República , en este caso específico refrendada por una decisión diplomática especial otorgada por el Estado de Chile al Senador Pinochet. Sólo cuando ello ocurra se habrá restablecido el respeto a la dignidad atropellada.
No podemos desconocer, señor Presidente , que en Chile se ha abierto un nuevo escenario político. Se cayeron las caretas de los que ayer hablaban de reconciliación, haciendo gárgaras con los derechos humanos, mientras fraguaban venganza alimentada por odio. Fueron los mismos que llevaron al rompimiento institucional de 1973.
De una vez por todas, debemos superar el pasado si queremos nuevamente reconstruir la transición, quebrantada por inexplicables actitudes de aquellos que, desde la extrema Izquierda, no han sido siquiera capaces de respetar a su Gobierno -al Gobierno del Presidente Frei-, al Presidente del Senado , al Ministro de Relaciones Exteriores , quienes, con sentido de Estado, con sentido patrio y más allá de sus legítimos sentimientos, han defendido la soberanía del Estado y la dignidad nacional atropellada.
La campaña mundial socialista de desinformación no sólo busca desdibujar el rol histórico que representó impedir que Chile se convirtiera en una nueva Cuba (como propiciaban los socialistas al comienzo de la década de los 70), sino que además -y hagámoslo notar- ha desvirtuado la transición chilena, denigrándola y ridiculizándola. Han faltado fuerza y decisión de todos nosotros, y también de los Gobiernos de la Concertación, para defender resueltamente el pacto social de la transición, logrado entre todos quienes amamos a Chile y queremos construir nuestra democracia, caro tesoro que todos también deseamos defender e impulsar.
Estoy seguro de que ninguno de los aquí presentes -ni el 99,99 por ciento de la población nacional- conoce el destino de los detenidos desaparecidos. Todos quisiéramos saber la verdad y todos debemos luchar por alcanzarla. Pero tal situación no puede dividirnos, porque no es posible que unos pocos -cualquiera que sea su color político-, quienes violaron principios básicos de la persona humana, los cuales deben ser centro de nuestra preocupación, centro del universo y razón de nuestro quehacer, entorpezcan e impidan la labor que como Parlamentarios debemos realizar a fin de construir un futuro mejor para nuestra patria.
Hoy vuelve a marcarse en Chile un sistema bipolar, y parece que nos vuelven a llamar para tomar posiciones irreconciliables.
Debemos buscar justicia defendiendo siempre los derechos humanos. No soy "pinochetista". Tres "by pass" en mi corazón me lo recuerdan permanentemente. Pero ese corazón no alimenta odio y tampoco nubla mi visión en cuanto a reconocer el rol histórico que jugaron las Fuerzas Armadas al evitar una lucha fratricida que nos amenazó ayer.
Recuerdo a los Honorables colegas que hace algún tiempo, en la discusión de las reformas constitucionales, el Senador que habla suscribió un acuerdo con el Gobierno y la Concertación para eliminar la institución de los Senadores vitalicios. Declaré que no se trataba de que fueran acumulándose en nuestra Corporación ex ilustres personas para verlos convertirse en "viejitos gagá". Expresé que no era bueno para la institución presidencial que los ex mandatarios bajaran al terreno político, donde fueran víctimas de ataques personales, o se vieren obligados a defender su gestión. No forma parte de nuestras tradiciones ni de nuestra historia la institución de los Senadores presidenciales y, mucho menos, la de los Senadores vitalicios.
Por eso, propongo concretamente que, luego del regreso a Chile del Senador Pinochet, estudiemos todos juntos una reforma constitucional a fin de terminar con la institución de los Senadores vitalicios, como primer paso para que aquél pueda gozar de la tranquila ancianidad a que también tiene derecho un general de la República que, a su manera, entregó lo mejor de su espíritu en favor de su patria.
Sugiero que la institución de los ex Presidentes de la República pueda ser debidamente resguardada por todos, como ex representantes de la nación y del Estado, dotados del fuero propio de los Parlamentarios, sin impunidad y con el respeto que todos les debemos, dentro de la diversidad de los seres humanos.
Por lo tanto, concluyo proponiendo una modificación constitucional que entregue al ex Presidente Pinochet la paz que su quebrantada salud y edad requieren, permitiendo los grandes acuerdos y consensos que todo Chile busca, que el pueblo nos exige y que nuestros hijos nos demandan.
Voto a favor del proyecto de acuerdo número 1, es decir, por el que interpreta las grandes mayorías nacionales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , el resultado de esta votación ya lo conocemos. Cada uno de nosotros ha argumentado sobre la materia que nos ocupa. Yo me siento interpretado por las intervenciones de mis colegas de la Concertación. Sin embargo, con el mismo interés también he escuchado los argumentos de la Oposición. Tal vez, en tres o cuatro minutos no vamos agregar más fundamentos para sostener una posición u otra. Pero, sí, quiero hacer una breve reflexión sobre cómo nuestras palabras vertidas en esta sesión serán leídas y comprendidas en el futuro.
Creo que de esta crisis debemos ver una oportunidad. El grado de tensión que vive Chile en esta circunstancia tiene que encaminarnos a una situación mejor.
Deseo expresar que, por lo que escuchado, estoy convencido de que hay dos cuestiones esenciales que han quedado a la luz y a las cuales debemos dedicar nuestra vida y nuestro compromiso para seguir adelante. No es la soberanía. El Gobierno ha planteado su punto de vista con bastante claridad y en nuestro voto como Concertación respaldamos lo obrado por él. Creo que avanzaremos en la solución de nuestros problemas si hacemos más democracia y más justicia.
En este episodio a todos nos envuelve el dolor. Estos días no han sido fáciles para ninguno. A ratos da la sensación de que hemos dedicado largos años de nuestras vidas a intentar llegar a la playa nadando para después encontrarnos con que estamos en el mismo lugar, agobiados y agotados, porque no conseguimos sacar al país adelante y lograr la plena reconciliación. Queda en evidencia que las amenazas a la institucionalidad asustan a los chilenos, inhiben y crean sentimientos de desconfianza crecientes. Sólo creyendo más en las instituciones y afirmándolas -ésta es más que una advertencia, es una convicción profunda- podemos mantener en marcha al país.
Las amenazas del último período -aquí se expresaron- nos debilitan, y por esa vía no vamos a parte alguna. Requerimos más democracia, más justicia. De lo contrario, no avanzaremos. Si en un año más surgiera esta misma discusión, no habremos dado pasos sustantivos en esa dirección. Hay un sentimiento profundo en el país en cuanto a que hemos restaurado confianzas, y éstas se restauran con justicia.
Es cierto que no todo es posible. Aquí se ha mencionado por muchos señores Senadores el tema de los detenidos desaparecidos y el de que no hay nadie impune. ¡Nadie! La justicia tiene que recaer sobre cada todos y cada uno. Por lo tanto, no se puede defender a una persona por encima de la justicia.
Tenemos que afianzar los tratados internacionales que establezcan normas que regulen los crímenes de lesa humanidad en cualquier país, porque los derechos de cada persona son anteriores al Estado. Si avanzamos en ese sentido hacia la justicia, en un año más podremos estar más tranquilos y concluir que toda esta crisis ha servido para llevar a cabo una mayor reconciliación.
Hoy ni la reconciliación ha salido fortalecida ni la democracia ha resultado favorecida cuando vemos expresiones de la Oposición en Londres que amenazan con el quiebre institucional de Chile si no se resuelve el problema de una persona.
Ésos son los dos caminos: más democracia y más justicia.
Esta tarde quiero hacer otra reflexión: que nuestros hijos o nietos, cuando lean lo que debatimos hoy, aprecien que hay base para avanzar después. Y sólo sobre esos dos elementos, esos dos pilares, podemos construir esa base. Si nos desviamos, estamos equivocados. Si creemos que la situación chilena es igual a la de árabes e israelíes, estamos totalmente equivocados. Se trata de dos naciones, dos Estados, dos pueblos, en conflicto mayor de guerra y que están buscando entenderse. Si creemos que el IRA o la ETA -grupos terroristas- se asemejan a lo que se hizo en Chile, que era un terrorismo de Estado, estamos equivocados. Ésa no es la interpretación. No olvidemos esos dos puntos.
Al votar a favor del proyecto de acuerdo de la Concertación, lo hago, además, porque en el de la Oposición no se mencionan ni una sola vez las palabras "democracia" y "justicia". También, estimo que su punto 3 es inconstitucional.
Si hemos sido elegidos y estamos dedicando nuestra vida a servir a nuestro país, yo asumo aquí el compromiso de trabajar a fondo y de buscar los mayores entendimientos por la democracia, por la justicia. ¡Así hacemos soberanía, así hacemos dignidad, así hacemos un país decente para todos!
Voto a favor del proyecto de acuerdo número 2.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , hago mías todas las argumentaciones jurídicas realizadas desde estas bancas, y en razón de la limitación de tiempo surgida, omitiré las referencias que iba a hacer en mi intervención.
Escuchando este debate, uno vuelve a constatar que las fronteras que nos separan, difícilmente podemos precisarlas con cierta objetividad. Nunca concordaremos siquiera respecto de cuántos años antes de 1973 y qué errores del mundo político comenzaron a trazar esa línea divisoria. De hecho, determinar ese punto de origen es, en sí mismo, una razón de disputa. Pero hay algo que sí está claro: buena parte de su trazo se ha escrito con la vida y el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas de ambos lados, al menos en las últimas tres décadas.
Ya lo dije en el Senado hace algunos días: ¿será posible que cada uno de nosotros sea capaz de pasar por sobre esta frontera, sin renegar de lo que somos, sin desconocer nuestros ideales ni deshonrar algunos sueños de ayer, ni traicionar la lealtad que sentimos por los que quedaron en el camino? Estoy convencido de que sí es posible; pero la tarea nos exige a todos perseverar en algunos esfuerzos especiales.
Pienso que, ante todo, es necesario tener humildad para reconocer que no tenemos derecho a mantener a los jóvenes de nuestro país -para quienes nuestras querellas forman parte de la historia- anclados por nuestros rencores y nuestras disputas. Ellos sólo quieren construir su propio destino, su propio país y su propio futuro. Ellos tienen derecho a hacerlo. No les impongamos, entonces, nuestras pesadillas y frustraciones, en vez de permitirles que sigan cultivando sus más legítimos sueños.
En seguida, creo que debemos respetar la valentía de quienes desean asumir y no renegar hipócritamente de sus opciones del pasado, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y con sus errores. Sin este gesto, estimo que no es posible una verdadera autocrítica. La mesura y la serenidad que ello entrega, en cambio, es muy diferente de la actitud del que pretende ocultarlo disfrazando su pasado, adulterando la historia, o escondiéndolo bajo la vociferante coraza de la soberbia, que lleva a quien la adopta a erigirse en falso juez de los demás.
También -ya lo dije en el Senado- en lo personal y con la frente muy en alto, reitero que apoyé al Gobierno militar y trabajé en él como alcalde de Santiago sin tener otro norte que atender las necesidades de los más desposeídos y contribuir al progreso de mi país. Fui amigo y compañero de grandes jornadas del Senador Jaime Guzmán , un verdadero mártir, un apóstol del servicio público, asesinado impunemente por el odio de una Izquierda extrema. Sus asesinos hoy los cobija Castro , el mismo al que Aznar recibe en España, le rinde honores como Jefe de Estado y que Fraga Iribarne califica como símbolo de la independencia. El propio Garzón , con los expedientes completos sobre los horrores de Castro, no mueve una página y, sin embargo, se erige en juez del mundo.
Señor Presidente , Chile necesita generosidad para perdonar todos los agravios que durante este tiempo se nos hayan podido hacer. Los que tenemos una fe -ya lo decía- sabemos positivamente, gracias a Dios, que llegará el momento en que todos deberemos pedir perdón y saber perdonar. Por eso es que me parece estéril gastar las energías de nuestros corazones en exigir a otros que pidan perdón, cuando el individual aporte que cada uno puede hacer a la armonía y unidad de nuestra sociedad consiste, precisamente, en el esfuerzo interior enriquecedor de perdonar y ser instrumento de paz.
No es sano para el alma del país mantener la lógica perversa de exigir que el otro pida perdón, que lo haga de una determinada forma, y mientras eso no ocurra, yo no perdono ni pido perdón.
¿Quién -me pregunto-, salvo Dios, conoce el alma de cada uno para dimensionar la justa equivalencia de cada gesto? Definitivamente, señor Presidente , no creo que sea este tipo de razonamientos el que nos permita avanzar a los caminos de entendimientos y de reconciliación.
A instancias del pasado 11 de septiembre tenemos que ponernos en la situación del otro, por distante que nos parezca, por ajeno que nos resulte, por extraño que al comienzo lo sintamos. No es fácil, pero es la única manera que conozco de llegar a entender el sufrimiento de los demás. Por lo pronto, es la mejor manera de entender, por ejemplo, que las viudas, que los huérfanos que hemos heredado en estas tres décadas de conflictos, lo son de Chile y no de un bando o de otro, de uno u otro partido, y que el suyo, ciertamente, es un dolor verdadero, respetable por sí mismo y que, en la medida en que a cada uno nos resulte posible, debemos compartir y ayudar a sobrellevar.
Si somos capaces de hacerlo, podremos cruzar la frontera que nos dividió y empezar a entendernos y respetarnos, sin renegar de lo que somos, sin desconocer nuestro ideales y sin traicionar la lealtad que sentimos por los que quedaron en el camino.
Sólo una actitud espiritual de esta envergadura pienso que hará posible, finalmente, desarrollar una cultura en la que siempre seamos más críticos y exigentes con nosotros mismos que con el otro. Cuando eso comience a ocurrir habremos comenzado a construir de verdad esta reconciliación que tantos chilenos esperan y que anhelan hace tanto tiempo.
Finalmente, señor Presidente , si aberrante resulta el atropello del que hemos sido objeto en nuestra dignidad como país; si injusto y agraviante resulta para un Senador vivir lo que ha vivido el Honorable señor Pinochet en Londres, inaceptable resulta, a su turno, que los chilenos no seamos capaces de cultivar después de este trance sentimientos nobles que nos ayuden a sobrellevar la hora actual, con un espíritu de grandeza, donde al menos advirtamos que las virtudes podemos alcanzarlas sin recriminarnos eternamente por aquello que hicimos o por aquello que dejamos de hacer.
Voto a favor del proyecto de acuerdo número 1.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , después de escuchar tan versadas, profundas y fundamentales opiniones resulta bastante difícil decir algo nuevo. Sin embargo, en términos generales, quiero fundar mi voto.
Pienso que el centro del actual problema radica en la debilidad que le provoca a nuestra soberanía la decisión del Gobierno inglés, porque la justicia, que por supuesto tiene mucha importancia, es una conclusión. ¡Cómo un pueblo puede generar justicia, si no tiene soberanía! ¡Y cómo podemos alcanzar una verdadera democracia, si no hay justicia!
Por lo tanto, el punto central afectado en este caso es la soberanía; y eso nos debe preocupar porque debilita nuestra existencia como nación.
Me parece que la detención del Senador señor Pinochet en Inglaterra constituye una intervención indebida e innecesaria, que nos conmueve y altera el desarrollo que habíamos logrado sustentar en los últimos años. Son presiones de otros países las que gravitan en la estabilidad que necesitamos para proyectarnos hacia un mejor futuro.
La situación que afecta a un Senador de la República , quien por su especial característica es un ex Jefe de Estado , altera el proceso de reconciliación que hemos buscado desde largo tiempo, tan necesario para sostener el desarrollo de Chile como país integral, independiente y digno.
Todos sabemos que la reconciliación es un proceso de gran dificultad; requiere de dar y de sacrificios. Miremos los países del mundo, lo que han debido hacer interna y externamente para lograr algunas bases y una suerte de reconciliación que les pueda permitir proyectarse unidos hacia el futuro. Para alcanzarla hay que saber dar y flexibilizar posiciones extremas; y eso es lo que nos ha demostrado la historia reciente de nuestro país.
El camino que hemos logrado recorrer en los últimos años y del cual, a mi juicio, debemos sentirnos todos orgullosos, junto con constituir un ejemplo para todo el mundo, pertenece a todos los chilenos sin excepción.
Por ello, es responsabilidad de toda nuestra sociedad cuidar estos resultados que nos encaminan al fortalecimiento de una verdadera democracia. Lo que está sucediendo con el Honorable señor Pinochet , lamentablemente no es compatible con el proceso de globalización que el mundo debe vivir. Para que este fenómeno mundial que ya se ha iniciado hace algunos años sea realmente un beneficio para todas las naciones, es necesario el respeto recíproco; el desarrollo de relaciones internacionales basado en los principios universales de la buena fe y el reconocimiento de la igualdad del derecho de todos los Estados, sin que ningún país pueda arrogarse mayores potestades en razón de su historia, de su fortaleza económica, de su poder militar, etcétera.
De esta forma, el respeto mutuo entre los Estados resulta fundamental para el entendimiento internacional en todo orden de materias. Debemos generar este respeto mutuo entre los ciudadanos de una República para construir una sociedad estable y sólida.
A su vez, el respeto a las normas que rigen la inmunidad diplomática es, sin duda, un factor esencial que posibilita el diálogo de las naciones desde siempre. El respeto a las embajadas y al emisario con la bandera blanca son principios que no pueden ni deben fallar jamás entre las relaciones de las sociedades del mundo.
Todos, si excepción, debemos colaborar en el proceso de obtener la unidad que necesitamos para proyectarnos hacia el futuro; en fortalecer y seguir insistiendo en alcanzar nuestra reconciliación, porque la justicia es una consecuencia, y todos debemos producir dicha consecuencia.
Este difícil y muy sensible episodio nos ha demostrado que a los chilenos aún nos falta mucho camino por recorrer en la tarea de enfrentar los desafíos que el mundo de hoy nos impone. Debe ser de nuestra responsabilidad, entonces, saber avanzar cada día en este dificultoso camino nuevo, para brindar a las próximas generaciones el futuro que verdaderamente merecen.
Voto por el proyecto de acuerdo número uno, porque creo que engloba en términos generales mi pensamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a los señores Senadores que aún no han emitido su voto que no tienen derecho a fundamentarlo si anteriormente han intervenido para expresar su opinión.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , la detención ilegal de que ha sido objeto el Senador señor Augusto Pinochet Ugarte ha provocado apasionadas reacciones en nuestro país.
Al asumir esta alta investidura me comprometí públicamente a trabajar por la ansiada reconciliación nacional, tarea que en consideración a los últimos acontecimientos se ha tornado en extremo difícil. Sin embargo, por una convicción íntima y personalísima, no cejaré en mi intento por el bien de nuestra patria.
En efecto, el bien común, entendido como la suma de los bienes individuales y superior a éstos en la escala axiológica, me impulsa a rechazar en forma enfática las decisiones judiciales de España y de Gran Bretaña, por constituir una violación flagrante de las normas imperantes del derecho internacional, y de nuestra legislación, pues han aplicado extraterritorialmente su legislación, además de la competencia y jurisdicción de sus tribunales.
Ningún tratado o convención internacional puede invocarse para privar al Estado chileno del ejercicio de su soberanía que, conforme lo consagra nuestra Constitución, se ejerce a través de las autoridades que la Carta Fundamental establece. Nuestro Poder Judicial es una de esas autoridades que, con la función encomendada por el constituyente de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, es el testimonio fehaciente de nuestra autonomía nacional.
Consecuente con el principio anterior, reconocido por los cuerpos normativos de todas las naciones del orbe, el derecho internacional señala que sólo es posible proceder a la extradición de un individuo requerido cuando los tribunales del país exhortante tienen jurisdicción para juzgarlo, lo que obviamente en este caso no sucede, pues los tribunales españoles son absolutamente incompetentes para abocarse al conocimiento de la desaparición de ciudadanos españoles ocurrida en Chile durante el Gobierno militar.
Así lo entendió con absoluta claridad Su Excelencia el Presidente de la República , quien tuvo la valentía de protestar públicamente en España, y expresarse con vehemencia en defensa de nuestra soberanía. Así también lo entendió nuestro Canciller, miembro del Partido Socialista, quien personalmente ha defendido a nuestro país. Y de igual modo actuó, y fui testigo presencial de cómo se ha desempeñado, nuestro Embajador en Londres, de la misma tienda política que el señor Ministro .
Es imposible, y creo que los Honorables colegas me acompañan en este sentimiento, desconocer el dolor de los compatriotas y de aquellos ciudadanos extranjeros que perdieron a sus familiares durante el período de restauración política, económica y social producido con posterioridad al pronunciamiento militar de 1973. Pero seamos claros y objetivos. Como integrante durante gran parte de mi vida de Carabineros de Chile, pude palpar en carne propia el dolor de perder a miembros valiosísimos de la Institución durante ese proceso. Un gran número de carabineros fue vilmente asesinado durante la etapa en comento. Me pregunto: ¿quién los mató? ¿Quién ordenó ultimarlos? ¿A qué ideologías obedecían los asesinos? ¿Cuál era la culpa de los carabineros? Sólo ser eficientes servidores de la patria. No figuran desaparecidos; pero están muertos.
Chile necesita de la buena voluntad de todos los actores de la vida nacional para superar los antagonismos y odiosidades que nos polarizan en bandos aparentemente irreconciliables. Pongámonos la mano en el corazón para superar las posiciones político-partidistas que nos abanderizan, y así actuar como una sola fuerza en defensa de nuestra soberanía nacional. Cada chileno y chilena ha sabido a lo largo de nuestra historia luchar con hidalguía por los valores nacionales. Hoy, los altos intereses de la patria nos requieren nuevamente. Alcemos nuestra voz, con el corazón enfundado en la bandera, para defenderla de esta agresión internacional.
Señor Presidente, por las razones invocadas, voto por el proyecto de acuerdo número uno.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , al término de esta votación tal vez trascienda la imagen de un Senado profundamente dividido, de un país igualmente dividido, polarizado y tensionado, y no sería raro que ésa sea la imagen que recorra el mundo.
Creo, sin embargo, que es conveniente rescatar algunas cosas que han ocurrido durante esta larga jornada en el Senado; que sin duda constituirán bases de nuestra acción futura, y que nos autorizan a mirar con optimismo y rechazar desde ya, como equivocada, aquella imagen.
En efecto, estimo, en primer lugar, que la sesión que ha desarrollado el Senado en toda la jornada ha sido ejemplar, caracterizada por la franqueza y honestidad con que cada señor Senador ha planteado sus puntos de vista, con el clima de respeto y tolerancia en que ello ha ocurrido, por la búsqueda, en fin, de acuerdos que interpretaran hasta donde fuera posible el pensamiento mayoritario, o idealmente unánime, de la Corporación.
Pienso, en segundo lugar, que las afirmaciones aquí hechas han abierto un muy positivo cauce para superar los problemas pendientes de la transición. Se ha conocido una disposición generalizada para abordar los asuntos de derechos humanos en todo aquello que está pendiente; y para posibilitar, a través de las reformas legales que sean necesarias, la adopción de acciones de nuestros tribunales de justicia a fin de que esos problemas dejen ya de estar pendientes.
Se han oído también anuncios reiterados, de un grado de apertura que hasta aquí no conocíamos, para revisar la Constitución Política de la República, asumiendo que en su estado actual no facilita la concreción, la culminación del proceso de transición. Cómo podría facilitarla, Honorable Senado, una Constitución en torno a la cual, desde el 11 de marzo de 1990, se han presentado ya 172 proyectos de reforma, de los cuales sólo 6 se han aprobado y 70 se encuentran en trámite. Sin embargo, hemos escuchado voces de uno y otro sector que señalan una disposición positiva para abordar ahora ese tema y facilitar que el país entre al próximo siglo en condiciones distintas de aquellas en las que hoy se encuentra.
Por otro lado, ambos proyectos de acuerdo son coincidentes en un punto (numeral 6 del primero y 4 del segundo): el de entregar pleno respaldo a Su Excelencia el Presidente de la República , a su Ministro de Relaciones Exteriores y al Presidente del Senado por la actitud que han tenido y la forma en que han conducido el problema que afecta al Senador Pinochet. ¡Ese punto va a ser aprobado con la unanimidad de los votos que se están emitiendo esta tarde en el Senado! Hay diferencias en la literatura de uno y otro texto, pero no las hay en su espíritu, no las hay en el contenido esencial de ellas. Y eso es bueno que el país lo sepa. En torno a esto se está produciendo un acuerdo unánime en el Senado esta tarde.
Personalmente, voy a votar por el segundo proyecto de acuerdo, y lo haré por las siguientes razones.
Primero, porque bastaba el respaldo otorgado a la acción del Presidente de la República y del Presidente del Senado para que las tesis jurídicas recogidas en el primer proyecto de acuerdo quedaran, de algún modo, implícitamente incorporadas.
Segundo, por cuanto el contenido del proyecto de acuerdo número 1 me parece pretencioso al asumir de manera explícita una tesis jurídica que, como aquí se ha dicho, es opinable, y porque, desde luego, ignora aspectos que son fundamentales. Porque, si estamos unidos en la defensa de la soberanía, en la defensa del principio de la territorialidad, no he escuchado voces disonantes tampoco respecto de la conveniencia de reconocer y hacer espacio al principio de universalidad, que en el derecho internacional contemporáneo ha adquirido definitiva posición cuando se trata de juzgar determinados delitos. Ni he escuchado, por fortuna, esta vez, como ha ocurrido en alguna sesión anterior, voces disonantes respecto de la necesidad de instaurar para esos efectos una jurisdicción internacional que, sin duda, encarnará el recientemente creado Tribunal Penal Internacional.
Además, este proyecto de acuerdo contiene un considerando número 3, cuya constitucionalidad, a lo menos, merece dudas.
El segundo proyecto de acuerdo, en cambio, enlaza, tal vez no de manera feliz en su expresión formal, el tema que nos ha ocupado en esta sesión con el de los derechos humanos, que es su causa, y que sin duda debe merecer también permanente consideración, en respeto a la dignidad y a la imagen internacional del país.
Por tales consideraciones, señor Presidente, voto por el proyecto número 2.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , en verdad, después de escuchar el debate del Senado se rescata una realidad objetiva: el ambiente en que nos encontramos discutiendo el tema a estas alturas de la tarde no es el que tuvimos en la mañana, lo cual demuestra que cuando la serenidad llega a los espíritus de todos es posible conciliar los puntos de vista, sin por eso dejar de plantear nuestras propias ideas.
Siempre he sostenido aquí que el respeto a la opinión ajena no limita nuestra obligación de plantear los puntos de vista propios con extrema claridad. En lo personal, sólo deseo hacer un par de comentarios.
En primer término, debo señalar con mucha preocupación que enfrentamos un tema difícil, que nos ha dividido, que nos ha planteado puntos de vista distintos y que, dependiendo de lo que suceda en las próximas horas, puede continuar en el debate nacional. Por lo tanto, lo primero que debemos exigirnos a nosotros mismos -no al del frente, sino a nosotros mismos, para luego tener la autoridad de pedirlo a los demás- es mantener extrema serenidad en el próximo tiempo.
Ahora, en el debate se han tocado aspectos que creo muy importantes. Respecto del tema de la soberanía, está claro que hay opciones diferentes para ver cómo se interpreta dentro de determinadas jurisdicciones internacionales. El problema de cuándo y cómo el mundo debe preocuparse de los derechos humanos de ciertos países no viene sólo de ahora. Hace muchos años, ése era el debate frente a las dictaduras latinoamericanas de entonces, y muchos de nosotros salimos a la calle a decir que no estábamos dispuestos a tolerar que personas de distintos países fueran asesinadas en determinadas dictaduras. Pero eso no significa que no reconozcamos que una tesis como ésta puede conducir a las exageraciones que aquí se han planteado. Y también es una exageración decir que sólo se puede juzgar a alguien en determinada circunstancia y que no haya sanción para los dictadores. Eso puede transformarse en un agravio a los derechos humanos de muchas personas en muchos lugares.
Por otro lado, ha sido extremadamente positivo que el Senado, de una vez por todas, discuta a fondo el tema de los derechos humanos. No es inútil seguir hablando de esto. No se trata de decir: "No hablemos más del pasado, porque el pasado nos divide". Porque si no somos capaces de entender que se cometieron errores, podemos repetirlos, y el país queda abierto a ese tipo de riesgos.
Yo creo que el problema de los derechos humanos no es sólo jurídico. En el fondo, consiste en saber si estamos dispuestos a respetar a las personas que no piensan como nosotros. Y si no asumimos que ahí caímos todos en errores, no vamos a corregir los problemas pendientes. Por eso, debemos asumir todo lo que se ha hecho aquí y el avance que hemos logrado a fin de cambiar las leyes.
En mi opinión, la mayor experiencia que debemos sacar de este triste episodio, donde el país entero ha sufrido, es que el sufrimiento constituye una escuela de comprensión. Chile sufrió y todos los que estamos aquí alguna vez sufrimos por determinado Régimen, que a lo mejor era nuestro adversario. Pero hubo quienes sufrieron más. Y, en verdad, no se entiende con claridad el dolor de estar en tierra extraña, de la que no se puede volver, hasta que se llega a experimentarlo en carne propia.
Reconozco mi público rechazo a la conducta de los Senadores de Oposición cuando exageraron las notas para poner en duda la estabilidad de la transición chilena. Dije claramente que a mi juicio estaban equivocados. Con la misma hidalguía, les señalo que, así como en algún instante oí decir a un representante de la Oposición palabras muy fuertes y extemporáneas sobre lo que podía suceder y acerca de cómo actuar frente a otros países, recojo aquí el valor que le doy a expresiones de los señores Senadores que manifestaron textualmente lo que acabo de señalar: el sufrimiento propio hace comprender el ajeno. Y ése creo que puede ser uno de los grandes avances en esta ocasión.
Voto por el segundo proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , deseo resumir situaciones puntuales con relación a la detención arbitraria, vejatoria y extraterritorial del Senador señor Augusto Pinochet , pues ésta es la única razón de la citación a esta sesión y no para deliberar sobre alguna utópica responsabilidad de alguien.
1.- El Senador señor Pinochet viajó a Inglaterra en su calidad de ex Presidente de la República y de Senador en ejercicio, respaldado por un documento oficial del Gobierno chileno.
2.- El viaje obedeció a una invitación del Ministerio de Defensa inglés y como tal fue recibido oficialmente en el aeropuerto.
3.- Posteriormente, y después de someterse a una operación grave y de urgencia, se dictó en su contra, primero, una orden de arraigo y, luego, de detención.
Sin lugar a dudas, la maquinación política urgente de un juez español, de clara filiación socialista, y alentada por un abogado y asesor del ex Presidente Allende , comenzó la pretensión de no respetar a un Estado independiente, soberano y democrático. En tiempo sospechosamente breve, este juez requirió el arraigo y la detención después del Senador en Inglaterra.
Todos conocemos las circunstancias posteriores que están sucediendo en Inglaterra y España.
Y es aquí donde quiero resumir por qué no podemos ceder a la presión internacional:
1.- Los señores Presidente de la República , Presidente del Senado , Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente de la Corte Suprema han rechazado tajantemente esta violación a la soberanía nacional y a la libre determinación de los pueblos.
2.- Chile no puede aceptar que otro país, por poderoso que sea, se inmiscuya directamente en sus asuntos judiciales internos, atropellando al Poder Judicial chileno establecido.
3.- Es necesario que el Senado -ahora incompleto por la detención arbitraria y en país extranjero de uno de sus integrantes- defienda unido y tajantemente la soberanía, como pueblo libre -del que siempre nos hemos enorgullecido-, y reclame por ese arresto ilegítimo.
4.- No podemos desconocer la proyección futura que en definitiva puede tener este grave atropello a nuestra dignidad nacional. Y si es aceptado ahora, ¿qué otros ámbitos podrá abarcar a futuro una aberración jurídica como la que ahora nos preocupa?
5.- ¿No podemos ser capaces de afrontar unidos, todos los chilenos, el rechazo tajante a la prepotencia de un Estado foráneo que, pisoteando nuestra dignidad como país libre, trata de imponernos su decisión unilateral?
6.- Por ello, señor Senadores, los invito a agruparnos alrededor de las máximas autoridades de la nación, porque éste es un problema del Estado de Chile. Por ahora debemos ser todos chilenos, primero, con respeto mutuo, y después actuar conforme a nuestras convicciones políticas.
Voto por el primer proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , hay sentimientos encontrados que impiden un razonamiento equilibrado respecto del asunto que motiva esta sesión: lo que para unos es un hecho insoportable, para otros representa un motivo de alegría.
El Gobierno de Chile, a través de las declaraciones de Su Excelencia el Presidente de la República , del Ministro de Relaciones Exteriores y de la Ministra de Justicia, ha colocado el problema en su justa ubicación: las decisiones de las autoridades inglesas y de la judicatura española violentan flagrantemente los fueros diplomáticos, las unas, y la soberanía chilena, la otra.
Por otra parte, el Presidente del Senado ha emitido una declaración en ese mismo sentido, plenamente respaldada por dos publicaciones, una suscrita por el Honorable señor Juan Hamilton y la otra, por 24 señores Senadores.
La Excelentísima Corte Suprema ha declarado expresamente que los procesos iniciados en España contra diversos chilenos por presuntos delitos cometidos en Chile atentan contra la soberanía del país y la jurisdicción de sus tribunales; y en razón de ello la Sala Penal ha rechazado en tres oportunidades exhortos dirigidos por los tribunales españoles para pedir diligencias. La primera negativa es de enero de este año.
Y aquellos que ven con agrado lo que está ocurriendo o les parece bien, no deben olvidar que, al aceptar que se atropelle la soberanía -porque no nos hace daño y hasta nos permite expresar algunos sentimientos reprimidos-, estamos abriendo las puertas para que a futuro tal atropello atente contra nosotros. Y, entonces, ya no podremos reclamar. Europa, que ahora pretende ejercer tutela sobre nosotros, darnos lecciones e incluso aplicarnos correctivos, ha sido ejemplo clarísimo de esto. Conocidísimo y aún fresco el recuerdo aparece como las tolerancias de los atropellos cuando éstos afectaban a otros países, lo que significó que una tragedia horrenda los involucrara a todos. Si hubieran reclamado lo primero, no habría ocurrido lo último. Si hubiera existido un Churchill y no un Neville Chamberlain , no habríamos tenido ni el triunfo del nazismo ni del socialismo soviético.
Por último, no creo necesario repetir los múltiples argumentos que se han dado a favor de la primacía de nuestra soberanía exclusiva para juzgar los hechos ocurridos en nuestro territorio. Pero creo conveniente ampararme en opiniones emitidas en igual sentido por personalidades muy distinguidas, como Mario Soares , ex Presidente de Portugal ; Felipe González , ex Primer Ministro de España ; Patricio Aylwin , ex Presidente de Chile ; Raúl Rettig , ex Senador y Presidente de la Comisión Verdad y Reconciliación. Además, se puede mencionar que Fidel Castro , Jefe del Gobierno de Cuba, tuvo una opinión similar. Claro que esta última debemos mirarla un poco con beneficio de inventario, porque los ancestros españoles de Castro le harán recordar el refrán que dice: "Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar".
Por eso, voto por el primer proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Voy a votar por el segundo proyecto de acuerdo, porque me interpreta y porque consigna nuestra posición.
En todo caso, quiero dejar constancia de que me hubiera gustado sintetizar los puntos 4 y 6 en uno, y haber dejado las otras dos posiciones en forma separada.
El señor LAGOS (Secretario).-
Resultado de la votación: 24 votos por el primer proyecto de acuerdo y 23 por el segundo.
Votaron por el primer proyecto de acuerdo los señores Aburto, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Errázuriz, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Pérez, Prat, Ríos, Romero, Stange, Urenda, Vega y Zurita.
Votaron por el segundo proyecto de acuerdo los señores Bitar, Boeninger, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En consecuencia, queda aprobado el primer proyecto de acuerdo.
Debo hacer presente a los señores Senadores que mañana a las 16 hay sesión ordinaria.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:49.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción