Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- CONVENIO DE FACILIDADES DE TRÁNSITO ENTRE CHILE Y ECUADOR
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- CONVENIO DE FACILIDADES DE TRÁNSITO ENTRE CHILE Y ECUADOR
- VI. ORDEN DEL DÍA
- DEDUCCIÓN TRIBUTARIA DE DIVIDENDOS HIPOTECARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- DEDUCCIÓN TRIBUTARIA DE DIVIDENDOS HIPOTECARIOS
- VII. INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Marco Antonio Cariola Barroilhet
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- REPOSICIÓN DE VUELOS COMERCIALES CHILENOS A ISLAS MALVINAS
- INFORME DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. OFICIO
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 21 de julio de 1999
Ordinaria
(De 16:18 a 19:4)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
ÍNDICE
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV.CUENTA
V.FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Facilidades de Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines Turísticos entre Chile y Ecuador (2332-10) (se aprueba en general y particular)
VI.ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que propone la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta (2358-14) (se aprueba en general y particular)
VII.INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Reposición de vuelos comerciales chilenos a islas Malvinas (observaciones del señor Martínez)
Informe de Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Oficio (observaciones del señor Martínez)
Anexos
ACTA APROBADA
Sesión 10ª, en 6 de julio de 1999
DOCUMENTOS
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea la Subsecretaría Forestal y el Servicio Nacional Forestal (2265-01)
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el DFL. Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios (2280-03)
3.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto relativo al Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (2333-10)
4.- Informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas (855-03)
5.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coihaique, y crea el museo y archivo del explorador Augusto Grosse Ickler (2157-04)
6.- Informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique, y en Isla de Chiloé, y crea museo y archivo en Aisén, en memoria del misionero de la obra don Guanella R. P. Antonio Ronchi (2156-04)
7.- Informe de las Comisiones de Hacienda y Vivienda y Urbanismo, unidas, recaído en el proyecto que propone la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales (2358-14)
8.- Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (2152-07)
9.- Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (2152-07)
I.ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Vivienda y Urbanismo, y los señores Subsecretario de Hacienda, Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos y Asesor del Ministro de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 16:18 en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 10ª, ordinaria, en 6 de julio del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 11ª, especial, en 7 de julio del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV.CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia, en el carácter de “simple”, al proyecto de ley que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia. (Boletín Nº 2.176-07).
Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
1) Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea la Subsecretaría Forestal y el Servicio Nacional Forestal, con urgencia calificada de “suma”. (Boletín Nº 2.265-01) (Véase en los Anexos, documento 1).
Pasa a la Comisión de Agricultura y a la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, y a la de Hacienda, en su caso, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
2) Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios. (Boletín Nº 2.280-03) (Véase en los Anexos, documento 2).
Pasa a la Comisión de Economía.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativo a la aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, y sus Anexos. (Boletín Nº 2.333-10) (Véase en los Anexos, documento 3).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas. (Boletín Nº 855-03) (Véase en los Anexos, documento 4).
Dos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath y Stange , que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coihaique, y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse Ickler. (Boletín Nº 2.157-04) (Véase en los Anexos, documento 5).
2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Horvath , que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique y en la Isla de Chiloé, y crea el Museo y Archivo en la Región de Aisén en memoria del Misionero de la Obra Don Guanella , Reverendo Padre Antonio Ronchi . (Boletín Nº 2.156-04) (Véase en los Anexos, documento 6).
De las Comisiones de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que propone la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales, con urgencia calificada de “suma”. (Boletín Nº 2.358-14) (Véase en los Anexos, documento 7).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, con urgencia calificada de “simple”. (Boletín Nº 2.152-07) (Véanse en los Anexos, documentos 8 y 9).
Quedan para tabla.
Comunicación
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con la que solicita el archivo de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath , Muñoz Barra , Ríos y Zaldívar, don Andrés , que modifica el artículo 4º de la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, estableciendo la obligatoriedad del depósito legal que indica respecto de todas las publicaciones extranjeras que se internen al país con fines comerciales. (Boletín Nº 1.198-04).
2) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath y Muñoz Barra y del ex Senador señor Díaz , sobre valoración y enriquecimiento del idioma castellano, y su identidad en Chile. (Boletín Nº 1.876-04).
3) Proyecto de ley, iniciado en moción de los ex Senadores señores Alessandri y Otero , que modifica la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual. (Boletín Nº 1.944-04).
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder y permanecer en los establecimientos de educación. (Boletín Nº 1.251-18).
El señor HORVATH.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, sólo deseo aclarar que el primer proyecto cuyo archivo se propone fue incluido en una modificación que aprobamos a la Ley sobre Abusos de Publicidad, donde se salvaguardó el depósito legal respecto de los libros que se publican en Chile, ya que también se pretendía reducirlo a una mínima expresión.
Por otra parte, con la anuencia del señor Presidente de la Comisión de Educación, deseo solicitar que los dos proyectos que autorizan la construcción de monumentos y crean museos y archivos puedan ser tratados sobre tabla, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Presidente de la Comisión de Educación ya ha escuchado su petición y veremos cómo la resuelve.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, con el objeto de que no aparezca como algo curioso, quiero explicar por qué estamos enviando a archivo algunos proyectos suscritos por varios Senadores.
El primero, tal como lo señaló el Senador señor Horvath , era impracticable dada la pequeña cantidad de libros que se importan y que son muy caros. Incluso, algunas editoriales podrían perder dinero.
En cuanto al segundo, se atendió la posición de los radiodifusores, quienes nos manifestaron que con esta iniciativa prácticamente se obligaba inclusive a cambiar los títulos de los discos que venían en otros idiomas y chilenizar los nombres de los artistas.
El tercer proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores Alessandri y Otero , fue incluido en una modificación propuesta por el ex Senador señor Cantuarias .
Por último, el cuarto resultó ser inadmisible porque no nos corresponde determinar la creación obligatoria de guarderías infantiles en los liceos. Ni siquiera vale la pena discutirlo como una política aplicable a todos los colegios del país.
Se accede al archivo solicitado, previo acuerdo de la Cámara de Diputados en el caso del proyecto signado con el Nº 4.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, aprovechando la presencia del Ministro señor Insulza , sugiero que se retire la calificación de “suma urgencia” al proyecto que crea la Subsecretaría Forestal y el Servicio Nacional Forestal, del cual se dio cuenta. La Comisión de Agricultura ha estado esperando esa iniciativa, ya que actualmente analiza el proyecto que modifica la legislación sobre el bosque nativo, y necesita algo más de tiempo para examinar ambos textos en conjunto, según lo acordó con anticipación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con esa información, tomará la decisión correspondiente.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en realidad, la iniciativa también debe pasar necesariamente por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, donde se estudió el proyecto modificatorio del decreto ley Nº 701, de 1974, que fija el régimen legal de los terrenos forestales, y que fue igualmente informado por el señor Ministro de Agricultura para que nosotros pudiésemos tratarlo. De manera que todo está preparado como para despacharlo en un plazo breve.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La modificación de lo resuelto sobre el particular por la Presidencia requiere el acuerdo de la Sala.
El señor MORENO.-
¿Me permite, señor Presidente? En razón de que esta iniciativa ya la explicó en la Comisión de Medio Ambiente el titular de Agricultura de la época, sugiero que en el momento en que la Comisión de Agricultura se aboque al tratamiento del asunto sesionemos en forma conjunta con la de Medio Ambiente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En ese caso tendríamos que acordar que las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente sesionaran unidas para tratar el proyecto, luego de lo cual, si es el caso, pasaría a la de Hacienda.
¿Estaría de acuerdo la Sala para proceder en esa forma?
Acordado.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, también respecto de la Cuenta solicito la anuencia de la Sala para que tratemos como de fácil despacho, sin debate, las dos mociones que informó la Comisión de Educación relativas a la erección de monumentos y creación de algunos museos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Me parece mejor atender primero los proyectos del Orden del Día, y luego ver manera de dar rápido despacho a esas dos iniciativas.
Terminada la Cuenta.
V. FÁCIL DESPACHO
CONVENIO DE FACILIDADES DE TRÁNSITO ENTRE CHILE Y ECUADOR
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Facilidades de Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines Turísticos entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y del Ecuador, suscrito en Santiago el 27 de agosto de 1997, que cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto (2332-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 36ª, en 4 de mayo de 1999.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 13ª, en 13 de julio de 1999.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
Para informar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra al Honorable señor Valdés .
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, existe un Convenio de 1985 con Ecuador sobre tránsito de personas, equipajes y vehículos con fines turísticos entre ambos países. Este instrumento ha sido modificado para establecer que los ciudadanos de cada una de las dos naciones pueden ingresar al territorio de la otra portando pasaporte o cédula de identidad (hasta ahora se exige portar pasaporte). Esta facilidad se aplica desde hace bastantes años en el intercambio con Argentina, Brasil , Colombia , Paraguay y Uruguay, y ahora se ve la necesidad de ampliarla al Ecuador, por ser un país del ámbito latinoamericano donde operan las mismas situaciones y circunstancias existentes en las demás naciones.
La Comisión de Relaciones Exteriores, por la unanimidad de sus miembros, acogió favorablemente el proyecto de acuerdo, y solicita a la Sala que le dé su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará este proyecto de acuerdo.
Por unanimidad, se aprueba en general y en particular.
VI.ORDEN DEL DÍA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Respecto del primer proyecto del Orden del Día, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia ha manifestado la voluntad del Ejecutivo de retirar la calificación de “suma urgencia“, para luego renovarla, lo que coincide con la conveniencia de que él se trate cuando contemos con la presencia de los dos señores Senadores de la Primera Región, ambos ausentes en este momento.
Por otra parte, no es posible pedir segunda discusión para esta iniciativa debido precisamente a la urgencia fijada, la que vence el próximo 31 de julio. Habiéndose anunciado el retiro de ésta, se pospondría su discusión hasta cuando reglamentariamente corresponda realizarla, en el mes de agosto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor INSULZA (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, desde el punto de vista del Ejecutivo, no hay inconveniente alguno para que el Senado trate esta iniciativa ahora. Sin embargo, en razón de que no se encuentran presentes los señores Senadores que representan a la Región afectada, por deferencia hacia ellos hemos accedido a retirar la urgencia, y estoy esperando recibir la firma del señor Presidente de la República para formalizar este trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Muy bien, señor Ministro. Debo señalar que a eso se agrega el interés de parte del Ejecutivo por que se despache pronto el proyecto signado con el número 3 del Orden del Día, sobre deducción del valor de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta.
En cuanto al proyecto que figura en segundo lugar del Orden del Día, no se encuentra presente el Senador señor Larraín , autor de la moción, quien ha manifestado a la Mesa su interés en estar presente durante su tratamiento.
¿Habría acuerdo en la Sala para posponer también esa discusión hasta que el Honorable señor Larraín se haga presente, y tratar de inmediato el proyecto número 3?
Acordado.
Una vez terminada la discusión de esos dos proyectos, el Senador señor Muñoz Barra podría renovar su petición de que se vean, en carácter de fácil despacho, aquellos cuyo tratamiento solicitó hace un momento.
El señor MUÑOZ BARRA .-
Señor Presidente, son tan pocas las ocasiones que tenemos de ocuparnos en proyectos originados en mociones de nuestros Honorables colegas que, si no va a haber debate, ¿por qué no los pone en votación? En dos minutos podríamos aprobar ambas, y luego continuar con los otros dos proyectos que Su Señoría ha enunciado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sucede que los informes de las mociones recién se están distribuyendo. Personalmente no tengo inconveniente en despacharlas en esta sesión, pero eso podría hacerse en una hora más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señores Senadores, en este momento se me informa que ha quedado formalizado el retiro de la urgencia para el proyecto sobre medidas de desarrollo para las provincias de Arica y Parinacota.
DEDUCCIÓN TRIBUTARIA DE DIVIDENDOS HIPOTECARIOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que propone la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta, informado por las Comisiones de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo, unidas.
-Los antecedentes sobre el proyecto (2358-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 20 de julio de 1999.
Informe de Comisión:
Hacienda y Vivienda, unidas, sesión 17ª, en 21 de julio de 1999
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Foxley , Presidente de la Comisión de Hacienda, quien informará esta iniciativa legal.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, intervendré muy brevemente porque a continuación el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo va a describir el contenido del proyecto. Sí solicito a Su Señoría que me inscriba para participar en el debate que se abrirá después.
El proyecto en análisis tiene por objeto reactivar el sector económico de la construcción. Para ello propone reducir los impuestos a las personas que al comprar una vivienda DFL Nº 2 contraigan una deuda. La forma de aplicación del beneficio consiste en que tales personas podrán deducir el valor del dividendo de la base tributaria que les corresponda.
La iniciativa fue analizada en forma conjunta por las Comisiones de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo; se discutió y aprobó unánimemente en general, en tanto que en la votación particular se registró un voto de abstención en la fórmula específica de aplicación de la exención tributaria.
En atención a ello, esperamos que la Sala debata y acoja el proyecto en la misma forma, ojalá en la presente sesión.
Hemos acordado con el señor Ministrode Vivienda y Urbanismo que él describa el contenido del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Ministro solicita que se autorice el ingreso a la Sala del Subsecretario del Ministerio de Hacienda, don Manuel Marfán ; del asesor de ese mismo Ministerio, don Heinz Rudolph , y del Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos, don René García .
Si no hubiera opiniones en contrario, así se acordaría.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HENRÍQUEZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, quiero hacer una descripción rápida de los contenidos principales del proyecto del Ejecutivo, que se trata ahora por la Sala luego de ser aprobado por las Comisiones de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo, unidas.
En primer lugar, su objetivo primordial es permitir o alentar la recuperación de empleo en la construcción. Desde fines de 1997, dicho sector viene perdiendo empleos, y hoy en día se advierte en él una desocupación superior a las 100 mil personas. Ha sido el área más afectada por los problemas económicos vividos por el país. Por lo tanto, nos interesa muchísimo buscar fórmulas la iniciativa en debate es una de ellas para poder alentar la ocupación de mano de obra en tal actividad.
El proyecto considera una rebaja tributaria porcentualmente decreciente, para que los adquirentes de viviendas DFL 2 que todos conocen tengan acceso a una disminución de su base imponible para los efectos del cálculo de la rebaja de sus impuestos por el valor de los dividendos que deben pagar, con ciertos topes. Hemos determinado que tales topes sean decrecientes; y, a mi juicio, ésa es la primera característica de la iniciativa. Ello significa que las personas naturales que adquieran viviendas en el breve plazo y antes del 31 de diciembre del presente año van a tener un descuento mayor que aquellas que tomen la decisión entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del próximo año o entre el 1 de octubre del año 2000 y el 30 de junio del 2001. La idea de hacer decrecientes los topes se debe, precisamente, a nuestra intención de favorecer la generación de empleo.
Además, la iniciativa tiene la característica de ser neutral desde el punto de vista de la industria del financiamiento. Todas las formas de pago a plazo para la compra de viviendas son factibles de acogerse al beneficio. Esto incluye a los bancos, a las mutuarias de crédito hipotecario, a las compañías de leasing inmobiliario, etcétera.
Por otro lado, el proyecto considera el punto de vista de los operadores del sector –por así decirlo, en orden a que no solamente puedan acogerse al sistema las viviendas construidas por una inmobiliaria o por una empresa constructora, sino, también, las que tengan su origen en una cooperativa. Incluso estamos hablando de la autoconstrucción de viviendas DFL 2.
Los beneficios de la iniciativa son complementarios de todas las otras formas de subsidio estatal. No sustituye a ninguna de ellas. Esto es muy importante para aquellas personas que se encuentran en los tramos más bajos de ingresos, las cuales no obstante beneficiarse con el descuento muy significativo de sus tributos el descuento al valor absoluto no va a ser tan relevante, porque ellas no pagan muchos impuestos, van a seguir teniendo acceso, cuando se trate de la primera vivienda, a las líneas de subsidio que tiene el Estado para viviendas de hasta 1 mil 500 UF.
La idea del Ejecutivo es que el beneficio vaya a las personas naturales y, por lo tanto, a la demanda dentro del sector. Ésta no es una ventaja para los constructores o para las empresas inmobiliarias, sino para las personas naturales, que podrán emplearla con toda libertad cuando lo dispongan.
El beneficio es, además, retroactivo: su vigencia está prevista para el 22 de junio de 1999. De ahí la conveniencia de aprobar el proyecto cuanto antes, si los señores Senadores lo tienen a bien. Porque, como la opinión pública ya lo conoce, hay muchas decisiones de compra que están pendientes de su despacho.
Por otro lado, el beneficio propuesto, a pesar de que tiene un plazo finito de duración, el 30 de junio del año 2001 ello permitirá incluso el ingreso de proyectos nuevos de vivienda siempre que estén listos antes de esa fecha, alcanzará a todos aquellos que hagan uso de él mientras mantengan deudas vigentes.
La rebaja tributaria del DFL 2 es parte de un paquete de medidas que anunció el Presidente de la República la noche del 21 de junio del año en curso. Ese paquete de medidas tiene como propósito generar mecanismos objetivos que permitan la reactivación de la economía del país. Por ejemplo, dispuso acciones especiales para la pequeña y mediana empresas, que generan altos niveles de empleo; y también para la pequeña minería, que es muy intensiva en mano de obra. Asimismo, dispuso, entre otras, medidas en el sector de la vivienda. Dentro de ellas se incluye el proyecto de ley que ahora se somete a la consideración del Senado.
Cabe recordar algunas normas para el sector de la vivienda. Se determinó que todas aquellas personas que tengan dividendos por deudas con el Ministerio del ramo y que se encuentren cesantes al día de hoy tendrán la posibilidad de posponer el pago de dividendos por los próximos seis meses, a fin de que puedan salir de esa situación. También se contempló un incremento de los programas de vivienda del llamado Programa Especial de Trabajadores (PET), para aumentar el número de soluciones habitacionales de ese tipo, determinándose un aumento de los fondos disponibles para ser gastados de inmediato en pavimentos participativos. Finalmente, se puede mencionar la iniciativa legal en debate, la cual, como dije, tiene por objeto generar una disminución del “stock” de viviendas hoy disponibles para la venta, a fin de que las empresas comiencen nuevos proyectos y contraten a la mayor brevedad a las personas despedidas en el sector.
Tales son, en suma, las características principales del proyecto.
Debe destacarse que durante su discusión se han planteado temas como el la vivienda usada. Como el proyecto tiene por finalidad generar aumentos en la ocupación, no se ha previsto la inclusión de tal materia.
Se ha dicho, también, que la iniciativa favorecería a quienes gozan de mayores ingresos. En respuesta a ello, hemos recordado que en general esas personas tienen desde hace mucho tiempo acceso a este tipo de beneficios, a través de la creación de sociedades personales o de otro tipo.
Señor Presidente, aparte de su propósito de generar empleo, el mérito del proyecto es que, por primera vez, ha de permitir que gente de la clase media que gana desde 261 mil pesos hacia arriba tenga derecho a descontar de sus impuestos una parte de los fondos que invierte en solucionar su problema habitacional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, deseo expresar mi apoyo a este proyecto que presenta el Gobierno, por varias razones.
En mi opinión, es oportuno para un momento de crisis económica. Es, también, bastante imaginativo en cuanto al tipo de incentivos que propone para reactivar el sector de la construcción. Pero, sobre todo, creo necesario destacar el hecho éste va a ser el punto central de mi intervención de que estamos frente a una política pública importante diseñada en función de un grupo objetivo: la clase media del país.
Durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, e incluso en las Comisiones del Senado de Hacienda y de Vivienda y Urbanismo, unidas, varios señores Parlamentarios hicieron el alcance algunos hasta una objeción, de que sus beneficios no serían obtenidos por los sectores más modestos de la población. En mi concepto, eso objetivamente es así, porque ésta no es una política que específicamente esté destinada a resolver el problema de la vivienda de los sectores más pobres, y tal vez ni siquiera de los ubicados inmediatamente por encima de ellos.
Creo que los Gobiernos de los Presidente Frei y Aylwin no deben sentir ningún complejo sobre sus políticas habitacionales para los sectores de ingresos más bajos. En el último período, se han construido alrededor de un millón de viviendas y, al mismo tiempo, se ha desarrollado –con buenos resultados un conjunto de políticas sociales orientadas a atacar el problema de la pobreza, lo que ha permitido reducir los niveles de pobreza más o menos a la mitad de lo que era la cifra original.
Me parece importante reconocer que en el proceso de crecimiento de la economía y de la modernización de sus estructuras, obviamente tiende a surgir una clase media crecientemente diversificada, la que a veces ha tenido buenas oportunidades para aumentar los ingresos de quienes la integran con ocupaciones o empleos bastante atractivos; pero no por eso están inmunes a algunas consecuencias o impactos que el propio proceso de crecimiento y de modernización tiene, que los afecta de manera distinta, pero no necesariamente menos intensa. Particularmente, en los momentos de crisis, los afecta tanto como a los grupos de menores ingresos.
No me refiero, en el nivel superficial, a lo que el otro día escuchaba a un amigo parlamentario, que aparentemente ha sido víctima de la situación derivada de la crisis financiera en términos muy personales. Me decía: “Nosotros –la clase media- somos personas que nos caracterizamos por tener gustos caros, ingresos modestos y muchas deudas.”. Esa descripción -que en cierta medida la sufre en carne propia ese amigo- puede servir como una cierta caracterización superficial de la clase media en el país.
Yendo un poco más al fondo del asunto, cabe preguntar: ¿Cuáles son los datos correspondientes a la forma en que se desenvuelve la vida cotidiana de un profesional con varios hijos o de uno con más edad, cuando ambos deben enfrentar el Chile de fines de siglo? Yo diría, en primer término, que esas personas al revés de lo que ocurrió con generaciones anteriores, han asumido una serie de obligaciones que son suministradas por el sector privado. Naturalmente, ellas aspiran a tener acceso a esos servicios, que son privados y que, en general, son de bastante calidad, pero por esa misma razón, muy caros.
Una familia de clase media con varios hijos debe pagar altas cuotas por la educación de ellos en colegios particulares, solventar elevados aranceles universitarios, cancelar los planes de las ISAPRES, que sin duda son bastante onerosos y, normalmente, está comprometida con un plan de adquisición de bienes durables que la modernización y la apertura de la economía de hoy ponen a su alcance, lo que no sucedía antes.
Esa misma familia de clase media con varios hijos, al mismo tiempo, está afecta a una tasa de tributación, a mi juicio, alta si se la compara con la de otros países o con la de naciones más desarrolladas. La tributación de las personas en Chile llega hasta el 45 por ciento. Y en verdad hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de efectuar una reforma tributaria que permita bajar las tasas, con el objeto de impactar positivamente a este sector de clase media que actualmente debe pagar los servicios sociales básicos que antes eran estatales y, por lo tanto, gratis o muy baratos, y que al ser privatizados, resultan bastante caros.
El tercer elemento es que tales sectores medios, en una economía abierta, al igual que los de menores ingresos, están bastante desprotegidos frente a los imprevistos derivados de situaciones como las que ha estado viviendo Chile en el último tiempo. La economía globalizada –que es un lugar común- significa interdependencia, y quiere decir que cualquier persona puede sufrir el impacto de un hecho que sucede en un lugar muy distante del mundo y que, por la vía del efecto contagio, a través de los sistemas financieros nacionales e internacionales, terminan afectando las condiciones directas de supervivencia y la capacidad de las personas de mantenerse al día en el pago de sus obligaciones y de enfrentar con normalidad su vida cotidiana.
Los sectores medios no son proclives –por lo menos éstos- a golpear las puertas del Estado para “pedir una ayudita” por aquí o por allá. Son sectores a los que en general les gusta descansar en su propio esfuerzo y sentir que, en la medida en que se esfuerzan y ordenan sus cosas, realmente no necesitan de ninguna dádiva del sector público. Por lo tanto, estos grupos medios no son una clientela del Estado –como pudieron haberlo sido hace diez, veinte o treinta años-, sino que aspiran a pararse en sus propios pies con el fin de afrontar los imprevistos con una menor vulnerabilidad de lo que ha sido hasta ahora.
A mi juicio, la clave en este tema radica en los impuestos y en el ahorro. El Congreso dio un paso adelante cuando, a propósito del reajuste de pensiones –me parece-, se establecieron ciertos incentivos tributarios al ahorro, sobre todo, al ahorro financiero, en acciones, que efectivamente está dirigido a los sectores medios.
Pienso que las medidas que el Gobierno adopta en el sentido de establecer un mecanismo para reducir los impuestos que afectan a la clase media, vinculados a necesidades y aspiraciones fundamentales para cualquier profesional joven –por ejemplo, tener una vivienda propia lo antes posible-, poniendo al alcance de una persona y su familia (seguramente con varios hijos) una vivienda y que el valor del dividendo lo pueda descontar del pago de impuestos, es una señal extraordinariamente positiva.
Nosotros, como dirigentes políticos o como personas que estamos en el Gobierno o en el Congreso, debemos tener un lenguaje, un discurso y propuestas de política pública orientados no sólo a un sector de la población, sino también un discurso-país de carácter verdaderamente nacional.
El Chile del futuro debe dar a los grupos medios emergentes la señal de que ellos no sólo tienen un espacio, sino que, si ordenan sus cosas y trabajan duro, pueden legítimamente aspirar a un bienestar creciente. Por eso, éste es un paso adelante en esa dirección.
Sin duda, el proyecto tiene muchos otros méritos en función de lo que sea capaz de reactivar el sector de la construcción, punto que podrá ser discutido o no; pero me gustaría ver el sistema ideado inscrito dentro de una línea de acción pública, que se inició con los incentivos al ahorro para la clase media, continúa con esta franquicia tributaria para quienes compran una vivienda y tienen que pagar dividendos y ojalá se complete con otras ideas que han estado circulando y que el Gobierno todavía no ha concretado, como la de establecer un mecanismo especial para la obtención de libretas de ahorro para la educación superior, lo que también tendría algún grado de financiamiento público, para permitir a una familia de sectores medios o modestos ahorrar, desde muy temprano en la edad de sus hijos, para asegurar el financiamiento de su educación superior. Y, por qué no decirlo, también está la idea de concebir algunos fondos que permitan afrontar emergencias frente al sistema bancario crediticio.
Esta idea se ha discutido en algún grado, incluso en ambientes internacionales. El punto es el siguiente. Cuando se produce una crisis externa de la envergadura de la que estamos viviendo, se pregunta al sector bancario –como lo hemos hecho públicamente en estos días- por qué en los meses críticos de la recesión no dan facilidades a los deudores para que no entren en cesación de pago y en toda la indignidad que eso significa. A esto, los bancos responden: “No queremos deteriorar nuestra cartera. Estamos en una economía de mercado. ¿Por qué se nos exige salir de las reglas del mercado?”
Esto mismo planteó ayer a ese sector el Presidente de la República.
Pienso que, a futuro, debemos idear un mecanismo de refinanciamiento, el que puede ser de mercado; una especie de reaseguro que permita a los bancos, en los meses críticos durante un período de seis meses, por ejemplo, mantener al deudor que no puede pagar, cargándole para el final del crédito las cuotas de los meses difíciles. Y los bancos podrían refinanciarse en esos meses acudiendo a un fondo de emergencia.
Esa idea, que en este momento, tal vez, puede parecer un poco extraña en Chile, es la idea fundamental que se está planteando a nivel internacional a propósito de la crisis de Asia, como un elemento central de la llamada Nueva Arquitectura Financiera Internacional.
Se trata de que el Fondo Monetario Internacional establezca con los bancos privados una especie de reaseguro que se coloque en el mercado a una determinada tasa, al cual los países puedan recurrir comprándolo antes de la crisis, de manera que cuando ésta se produzca, en vez de recurrir al Fondo Monetario Internacional y sujetarse a un plan de emergencia que le signifique, a veces, un ajuste brutal innecesario, la banca privada lo utilice manteniendo el crédito a los deudores durante los meses críticos, sin necesidad de que entren en cesación de pagos.
Este tipo de medidas podría construir una política coherente. Como algunos sostienen, para el Chile del siglo XXI, toda la gente quiere acceder a la clase media y, una vez que forme parte de ella, no retroceder de nivel. Este sector no desea depender del Estado, ni busca la dádiva estatal. Sin embargo, necesita sistemas que lo hagan menos vulnerable a eventos que no pueda controlar, originados fuera del país, sistemas que le permitan acceder a servicios privatizados, aunque sean caros, para lo cual, seguramente, se necesitará reducir las tasas tributarias, disponer incentivos tributarios y, sobre todo, mecanismos claros para ahorrar, a fin de que la gente quede en condiciones de enfrentar adecuadamente sus obligaciones.
El proyecto del Gobierno -que tiene muchos otros ángulos-, desde mi visión particular, es especialmente positivo, precisamente porque está dirigido a los sectores medios. Y no considero que sea un argumento particularmente fuerte para descalificarlo, el señalar que no beneficia a los sectores más pobres, porque este Gobierno, así como el anterior y muchos otros, han tenido una larga batería de instrumentos dirigidos a los sectores pobres. Pero esta iniciativa tiene, a mi juicio, un objetivo diferente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa .
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate tiene propósitos muy claros. Primero, reducir el stock de viviendas, con la esperanza de que esta reducción lleve de inmediato a la construcción de nuevas viviendas y se reactive así un sector que genera mucho empleo. Resulta muy improbable que podamos saber con certeza si ese efecto se producirá de inmediato o no.
Pienso que la reactivación de la economía en el país pasa por muchas variables; pero sí es claro que cuando se reactive, es mejor que no haya un stock de viviendas, porque así, inmediatamente, se inicia la construcción de nuevas viviendas.
Desde ese punto de vista, me parece que el proyecto reviste un contenido social importante. Aunque estimo inconveniente generar expectativas que puedan ser erradas, y se piense que tan pronto sea aprobada la iniciativa, comenzarán a levantarse nuevas obras, porque es posible que no ocurra así.
El segundo propósito del proyecto es subsidiar a los contribuyentes del impuesto global complementario o del impuesto único al trabajo para que adquieran viviendas DFL 2. Por la definición de subsidio, estamos frente a un apoyo que el Estado otorga a la clase media.
Este propósito también es loable, porque se trata de beneficiar a un sector que necesita el apoyo del Estado. Además, me parece que la forma en que este apoyo se ha diseñado, es decir, permitiendo descontar de impuestos la inversión que se haga en vivienda, constituye un mecanismo y un sistema eficaces.
¿Dónde se presenta el problema? En el mecanismo ideado por el Gobierno para alcanzar esos propósitos. Aquí se ha señalado que este mecanismo es muy imaginativo; sin embargo, a mi juicio, le faltó un poco de imaginación, porque podríamos haber elaborado un sistema mejor.
¿En qué consiste el mecanismo? Éste permite deducir de la base imponible el monto que se pague por concepto de dividendos, con un tope. ¿Qué efecto produce? Al deducirlo de la base imponible, las personas que están en un tramo alto de impuesto dejan de pagar la tasa marginal. Esto es, si pertenezco al tramo del 40 por ciento, deduzco de mi base imponible una cantidad, lo que significa que hago una economía equivalente a ese mismo porcentaje del dividendo mensual.
En el caso de las personas que están en los tramos más bajos del impuesto -digamos 5 ó 10 por ciento-, este mecanismo les permite deducir 5 ó 10 por ciento del dividendo que pagan. Obviamente, eso genera una situación que, por lo menos, merece ser analizada con mayor profundidad.
¿Cuáles son los problemas concretos que se presentan frente a esta situación? Primero, se entrega un subsidio a la demanda, el que crece en la medida en que la persona que recibe el subsidio tiene más ingresos.
Ello debe ser corregido, no anulado, porque claramente aquí estamos hablando de crear un beneficio contra impuesto. Por lo tanto, por definición, con el proyecto se benefician quienes tributan; o sea, se trata de personas que no pertenecen al sector más pobre del país. En consecuencia, los efectos de esta situación deben corregirse, porque mientras más ingresos tenga una persona, más beneficios recibirá.
El segundo problema que presenta este mecanismo se relaciona con el stock de viviendas. El 60 por ciento de las viviendas que ofrece el mercado valen 2 mil unidades de fomento o menos. Es decir, se trata de viviendas a las cuales pueden aspirar personas de la clase media, pero obviamente las de los ingresos más bajos de ese sector.
En la Comisión sugerí sustituir el mecanismo propuesto por el Gobierno y aprobado por la Cámara, por otro igualmente simple, el que consistía en deducir del impuesto el 25 por ciento del dividendo, con un tope.
¿Qué significa eso? Que las personas que se hallan en los tramos menores de los impuestos pueden obtener un crédito contra la totalidad del tributo que paguen. Las personas que están en un tramo de impuesto mayor continuarán recibiendo un beneficio, pero menor, porque, en definitiva, para no encarecer substancialmente el costo del sistema, debía bajarse el monto del tope. De manera que las personas con mayores ingresos, que con el proyecto quedan, según entiendo, con un tope de 48 unidades de fomento, con mi proposición tendrían uno de 30 unidades de fomento. Por lo tanto, los contribuyentes de mayores ingresos tendrían un beneficio menor, pero las de menores ingresos podrían percibir uno mayor, independientemente del porcentaje de impuesto que pagaran. Desgraciadamente, no tenemos iniciativa para haber propuesto esta indicación, y el Ejecutivo no la acogió. En todo caso, deseo agradecer la disposición del señor Subsecretario, quien envió los antecedentes, pidió que se hicieran los estudios y me señaló que, considerando la variable que era aquella en la que yo estaba pensando en el sentido de imputar hasta el monto de impuestos pagados, o sea, no pedir devolución, o que le dieran plata adicional, la indicación significaría un costo mayor de 57 por ciento.
Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué, si bajamos el tope absoluto, el costo total es mayor? La respuesta es muy simple: porque con el sistema que proponía el Senador que habla esto iba a funcionar. Y mucha gente de menores ingresos estaría en condiciones de adquirir una vivienda de hasta dos mil unidades de fomento. Si bajando el tope se aumentaba el gasto total, era porque efectivamente estábamos generando un sistema que permitía liquidar más rápido el stock, propósito que el Ejecutivo perseguía, pero además dábamos un mayor beneficio a quienes más lo necesitan, que son personas de un ingreso que probablemente es de un millón doscientos mil pesos mensuales, un millón de pesos u ochocientos mil pesos mensuales. Esas personas podrían aspirar a una vivienda DFL 2 con un costo de dos mil UF.
Quiero señalar que valía la pena haber estudiado mejor esta iniciativa, porque el incremento del costo tampoco es algo muy sustancial. El menor ingreso para el Fisco que el proyecto del Ejecutivo propone es de alrededor de 15 millones de dólares en los años “peak”, 2002 en adelante. ¡Eso es menos que el uno por mil de los ingresos! El modificar este proyecto para que funcione mejor, tanto social como económicamente, con un incremento de un 50 por ciento del costo, no me parece una opción que deba descartarse. Lamentablemente, por el carácter de “suma urgencia”, por la necesidad de dar la señal hoy o mañana, vamos a aprobar un proyecto que, aunque bien inspirado, podría no cumplir el propósito perseguido, en circunstancias de que es factible corregirlo de manera que resulte socialmente más beneficioso y aceptable.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Deseo plantear al Senado la siguiente situación. La iniciativa en debate tiene “suma urgencia”, por lo cual el plazo vence el 30 del mes en curso. Debemos comprometernos a despacharla hoy. En caso contrario, nos veríamos obligados a convocar al Senado la próxima semana.
En consecuencia, propongo iniciar su votación a las seis de la tarde.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger .
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, en verdad, voy a ser bastante reiterativo, principalmente respecto de lo ya señalado por el señor Ministro y el Senador Foxley . Pero quería insistir, en primer lugar, en que el objetivo del proyecto –ya que esto ha sido motivo de polémica- es reactivar para generar empleo. Tal es su propósito fundamental, y no otro.
Creo que tal como está concebido, el proyecto tiene grandes probabilidades de constituirse en una contribución eficaz a tal objetivo, siempre que se apruebe efectivamente con la rapidez que, al parecer, va a ocurrir. Además, por la manera en que está planteado, forma parte de un conjunto de medidas anunciadas por el Presidente de la República el día 21 de junio.
En segundo término, y con relación a lo mismo, no hay que olvidar que normalmente, no sólo en este caso, una reactivación después de una recesión es liderada por el sector de la construcción, en el que también se concentra habitualmente una alta proporción del desempleo, cosa que también ocurre ahora en nuestro país. Alrededor de un tercio del desempleo corresponde precisamente a dicho sector.
En consecuencia, me parece que, con muchas probabilidades de éxito, cabe realmente apostar a generar la reactivación a partir de la construcción, y este proyecto cumple ese objetivo. Más concretamente: aquí hay un stock de aproximadamente veinte mil viviendas DFL 2 que, con los incentivos tributarios que se están discutiendo, podrían venderse y permitir entonces que entren rápidamente a tallar –esto se hizo presente en la Comisión- dos categorías de proyectos que aseguran una cierta rapidez de reacción. Uno, proyectos detenidos que no se empezaron cuando la economía comenzó a descender, y segundo, proyectos que se encuentran en avanzado estado de preparación pero que no se han iniciado. Estas dos categorías podrían provocar una mayor actividad, a medida que se va vendiendo el stock existente. Y ésas son las que crean empleos, no las que se venden.
En tercer lugar, si bien es perfectamente posible pensar en la opción planteada por el Honorable señor Novoa , creo que una diferencia de costo de 50 por ciento no constituye una cifra despreciable, sobre todo cuando esto se extiende por un número considerable de años. Además, considero que, de todos modos, el que, dentro de esta clase media, los que pagan menos impuestos van a ser relativamente los más beneficiados, es algo que se compatibiliza con el hecho de que también las viviendas DFL 2 más caras se puedan liquidar y sea posible iniciar rápidamente nuevos proyectos.
Ahora, el hecho de que no se trate de un proyecto redistributivo, también es un punto susceptible de discusión, porque ciertamente no lo es en cuanto a que los que tienen las viviendas son las empresas constructoras, o probablemente, como se ha dicho, los bancos. Pero, en definitiva, al lograr venderlas, ellos tendrán la posibilidad –y la confianza- de iniciar nuevos proyectos. Los que se benefician son indudablemente los adquirentes, como ya hemos dicho, pero también las personas que acceden a empleos, las que en su gran mayoría pertenecen a los estratos más modestos de la población.
En consecuencia, si hacemos el balance neto de la situación, comprobaremos que no es posible sostener que este proyecto sea distributivamente regresivo. Y en ese sentido quiero reiterar que concuerdo totalmente con lo ya señalado por el Honorable señor Foxley , y que también mencionó al comienzo de su intervención el Senador señor Novoa , en cuanto a que es perfectamente legítimo y conveniente que existan en una sociedad como la nuestra elementos de apoyo -en este caso, subsidios por rebajas de impuestos- a la clase media. No veo ninguna razón para que eso no ocurra. Desde luego, porque la aspiración de la gente de incorporarse a la clase media, es para sobreponerse, como bien lo dijo el Honorable señor Foxley , a las perturbaciones que en su proceso sufren por las alteraciones de la economía. Y, además, porque en este país existe un conjunto no despreciable de medidas de apoyo a la clase media, como el propio DFL 2 y otros programas de viviendas impulsados desde el año 90, existentes en el área de la Salud, etcétera.
En consecuencia, es importante este punto, porque entre nosotros se ha ido construyendo el concepto de que sólo es políticamente correcto aquello que va en apoyo de los más pobres e indigentes. Naturalmente, la mayor parte de la política social va dirigida hacia los más pobres e indigentes. Pero eso no significa que sea exclusiva y excluyente y que no pueda beneficiarse también a sectores medios.
En consecuencia, desde el punto de vista político-social, me parece que el proyecto es adecuado y puede ser eficaz para lograr el efecto deseado.
Ahora, hay que pensar asimismo que se trata, no de una ventaja tributaria permanente, sino de una medida transitoria (hasta mediados del año 2001) para conseguir el efecto de recuperar la tasa de crecimiento histórica.
Sin duda, uno podría lamentar muchas cosas. Por ejemplo, la necesidad de reactivar porque la situación económica desatada por la crisis asiática se agravó probablemente a raíz del sobreajuste. También, que hubo exceso de optimismo de las empresas constructoras que acumularon el stock y percibieron mal lo que iba a pasar. ¿Cuánta responsabilidad tuvieron ellas y cuánta la crisis asiática o el ajuste? No es el momento de dilucidarlo.
Creo que esas consideraciones no son pertinentes a la decisión que debemos tomar hoy día. Se trata, señor Presidente, de ver si el proyecto que se somete a nuestra consideración puede ser eficaz para reactivar a través del empleo. Y si lo es, debemos apoyarlo sin vacilaciones.
Por consiguiente, respaldo con mucho entusiasmo esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el pasado 21 de junio el Presidente Eduardo Frei anunció al país un completo plan para estimular la reactivación económica, promover el empleo y apoyar a los cesantes temporalmente. Para eso, adoptó una serie de medidas. Unas, por la vía administrativa, como adelantar las obras públicas y del Ministerio de Vivienda, reasignando las partidas presupuestarias. Otras requieren modificaciones legales. Y los proyectos ya se encuentran en el Parlamento. Uno es el referente a la protección al trabajador cesante. Otro, el que ahora nos ocupa, mediante el cual se plantea -la suma es bastante larga- la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales.
Creo que esta iniciativa es pertinente y apunta en la dirección correcta para conseguir los objetivos que se ha propuesto el Gobierno.
Las medidas fundamentales son, desde luego, la reducción de impuesto a las personas que adquieran viviendas DFL 2 durante este año y el próximo; se permitirá descontar el dividendo pagado de la base imponible del global complementario. Los objetivos son generar un impulso reactivador en el sector construcción; apoyar a la gente para la adquisición de la casa propia; estimular la venta de las viviendas, e incentivar el empleo.
El período de vigencia comprende desde el 22 de junio de 1999 (o sea, a partir del día siguiente al del anuncio del Presidente de la República) hasta el 31 de diciembre del año 2000. Y los beneficios tienen un tope máximo. O sea, la rebaja en la base imponible por las viviendas adquiridas entre el 22 de junio y el 31 de diciembre de 1999 no podrá exceder de 10 UTM; de 6 UTM por las compradas entre el 1º de enero y el 30 de junio del año 2000, y de 3 UTM por las adquiridas entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del 2000.
Lo anterior, agregado a la baja en las tasas de interés efectuada por el Banco Central, permite que las personas, fundamentalmente de la clase media, se encuentren en condiciones óptimas para adquirir hoy día su vivienda.
Y digo que el proyecto está bien orientado porque una de las actividades más generadoras de empleo y de las que hoy día han provocado la más alta desocupación ¡100 mil personas! es la construcción. ¿Y por qué las empresas constructoras han despedido a tanta gente? Porque tienen sus obras terminadas y no han vendido: ¡19 mil 370 departamentos y casas, por un valor de 1.200 millones de dólares! ¿Cómo podrían, entonces, continuar construyendo? ¿Qué banco seguirá prestándoles plata, sobre todo si no existe venta?
Por eso, el estímulo a la venta de esas viviendas favorecerá, no a los más pobres, pero sí a la clase media, e indirectamente aliviará a las empresas constructoras, que, con la expectativa de vender, podrán reiniciar planes de construcción y contratar nuevamente a los 100 mil obreros cesantes, quienes son los más necesitados del país.
Podrá haber un poco de demora. Pero, si no se adoptan las medidas, nunca llegará la reactivación.
En consecuencia, la iniciativa es absolutamente conveniente para Chile y para toda la ciudadanía.
Está claro que el impacto financiero del proyecto hasta el año 2026, en términos de valor presente, representa un costo de 66 mil 400 millones de pesos. Se trata de una cantidad relevante, que alguien puede interpretar mal señalando que es de beneficio para los constructores. ¡No! ¡Va en beneficio directo de los adquirentes!
Por eso revestía tanta importancia la proposición del Senador señor Novoa , que a lo mejor podría haber sido más justa, más equitativa y digna de apoyo; yo la habría apoyado. Pero en forma inmediata consultamos al Ejecutivo -porque es el único que tiene iniciativa sobre la materia- si estaría dispuesto a apoyarla. De accederse, no estaríamos aprobando hoy el proyecto, pues habría sido necesario otro trámite y, seguramente, despacharlo en agosto. El Gobierno respondió negativamente, explicando que ya se había estudiado y desechado esa alternativa.
Lo único que nos queda, pues, es aprobar el proyecto tal como viene, con la finalidad de que se convierta en ley lo antes posible y los beneficios empiecen a concretarse con la mayor brevedad.
Por esas razones, anuncio mi voto favorable, en la esperanza de que despachemos ahora la ley en proyecto y así el Parlamento pueda contribuir también dando una señal muy importante en el sentido de que estamos preocupadísimos por la situación que se vive en nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra .
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, desearía que todos los Ministros de Hacienda se convirtieran algún día en Senadores de la República, porque, después de escuchar la intervención del ex Ministro de Hacienda y actual Senador señor Foxley , veo que se acercan mucho más a los problemas de las personas cuando llegan a este Hemiciclo que cuando deben cumplir las difíciles tareas de administrar los recursos.
El Honorable señor Foxley , ex Ministro de Hacienda, hizo hoy una muy buena radiografía de la clase media chilena, respecto de la cual por ninguna razón debe haber complejo alguno para conocerla, ver su realidad y defenderla.
La clase media chilena, a cuya formación contribuyeron con tanta visión los Gobiernos radicales (a los que recuerdo con mucho cariño, porque de esas raíces doctrinarias provengo) y que tanto bien hizo al desarrollo del país, es un sector social muy importante. Y tanto, que hasta su composición resulta difícil definirla sociológicamente, porque no se sabe dónde empieza ni dónde termina. En ella se encuentran obreros especializados así se sienten, funcionarios de la clase media, pequeños y medianos empresarios. Es un sector positivamente muy orgulloso, que nunca está golpeando puertas para pedir subsidios. Y desde hace muchas décadas no hay gobierno que haya puesto acentuación, sin ningún tipo de complejos, para dar preferencia a este sector social en materia de beneficios. Sin embargo, al escuchar los discursos de todos los candidatos a la Presidencia de la República, especialmente en el último tiempo, uno comprueba que todos apuntan a que no es posible llegar al sillón de O’Higgins sin atraer a ese sector social, que hoy, en forma casi extraordinaria diría yo, está siendo incorporado en una iniciativa de ley para acceder a un mejoramiento.
Dicho sector tenía antes otras salidas, otros caminos, lo cual sirve para rebatir los razonamientos de los colegas que, a lo mejor guiados por una vocación de extremada sensibilidad, pretendan decir que el proyecto beneficiará a quienes tienen recursos, en desmedro de los que carecen de ellos.
Al respecto, quiero recordar que las denostadas cajas previsionales del pasado permitían a quienes pertenecían a ese sector social adquirir una buena vivienda. ¡Qué lindas poblaciones construía el Servicio de Seguro Social, donde cotizaban los obreros! Por intermedio de la Caja de Empleados Públicos -la recuerdo porque a ella, en nuestra geografía sociológica, estaban incorporados los sectores medios de la sociedad chilena- también era factible acceder a una vivienda. La Caja de Empleados Particulares construía hermosísimas poblaciones en nuestras comunas. La Caja de los Ferrocarriles del Estado, exactamente igual. Y la Caja Bancaria de Pensiones, lo mismo. O sea, en el pasado había muchos caminos que hacían posible a estos sectores sociales tener una vivienda. En la actualidad, es sumamente complicado, porque las instituciones previsionales están orientadas hacia otros fines.
Por lo tanto, celebro esa radiografía que se ha hecho en forma tan positiva.
Pienso, asimismo, que debemos tener claridad en los proyectos sociales a que uno aspira y, sin complejos, apuntar que la misión de los Gobiernos, por mucha que sea su sensibilidad social, no puede estar focalizada exclusivamente en los sectores de extrema pobreza. Porque, a lo sumo, de la extrema pobreza se pasa a la pobreza si no respaldamos con otros elementos, como la educación, que en forma muy maciza, según sostienen algunos yo, también, hacen factible romper el círculo doloroso y dramático de la miseria.
¿Por qué digo esto? Porque la clase media a que me refiero percibe una renta que, en un inmenso porcentaje (70 por ciento), no supera los 500 mil pesos por grupo familiar. Y si se quiere que uno de sus hijos estudie en un centro de educación superior en Santiago, no cuesta menos de 150 mil pesos mensuales, viviendo en la Capital.
En consecuencia, bienvenido este proyecto, que apoyo sin ningún complejo, por creer que la clase media chilena ha hecho mucho por el desarrollo del país. Y quien en este Senado provenga de ese sector social habrá de recordar con cuánto sacrificio se llega a ocupar un sillón en este Hemiciclo o a desarrollar otras actividades y profesiones.
Debemos tener presente, por otro lado, que la cesantía en el sector de la construcción equivale a alrededor de 20 por ciento del total, en la medida en que se habla de 600 a 650 mil desempleados y 100 mil en la construcción.
Bienvenida, entonces, la iniciativa si contribuye a reactivar este sector económico que hoy se ve en graves problemas.
No me cabe duda alguna, señor Presidente, de que el Senado respaldará el proyecto, con las modificaciones del caso por ejemplo, respecto de su vigencia hasta el año 2026 o de algún otro aspecto de tipo tributario, pero ateniéndonos al texto tal cual está.
Por eso, entusiasta y sinceramente, daré mi voto aprobatorio a la proposición del Ejecutivo.
He dicho
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero .
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, si analizamos con atención las observaciones formuladas, veremos que apuntan en dos sentidos: uno, que la iniciativa generará mano de obra, y otro, que está destinada a la clase media. Y podemos advertir que ésa es una posición equívoca. No hay una relación causa-efecto con este proyecto, pues la venta de estas 20 mil viviendas sobrantes contra los fundamentos de las leyes del mercado -porque se trata de una sobreoferta; y si paliamos ésta con subsidios, contra las leyes y fundamentos del mercado (digo), esto podría ser imitado con iguales argumentos por muchos que tienen sobreproducción, en el sentido de acudir al Estado para que les dé subsidios que les permitan absorberla- no lleva aparejada disposición alguna que nos garantice que las empresas respectivas estarán comprometidas a reinvertir en la construcción de otras. El texto no lo dice en ninguna parte.
Por consiguiente, no es claro que al salvar a las empresas que tienen una sobreoferta estancada no puedan decidir invertir en exportar o en otra cosa. Y, por supuesto, no van a generar mano de obra agregada. En la primera etapa, de ninguna manera.
Eso, por una parte.
Asimismo, decir que esto resolverá los problemas de la clase media también es absolutamente equivocado.
He señalado en alguna ocasión que, de acuerdo con las estadísticas, 79,65 por ciento de los chilenos (casi 80 por ciento) gana menos de 204 mil 800 pesos mensuales, y 44 por ciento de los asalariados, menos de 104 mil 800 pesos al mes.
¿Puede una persona de ese casi 80 por ciento de los chilenos adquirir una vivienda DFL 2 en estas condiciones?
Examinemos un caso.
Supongamos que en una familia trabajan el hombre y la mujer, y entre ambos logran reunir 400 mil pesos mensuales. ¿Qué vivienda pueden comprar? ¿Una de 2 mil UF? ¿Qué significa eso? 30 millones de pesos. ¿Y cómo es una vivienda de ese valor? Cuenta con un solo dormitorio, living-comedor, cocina y un bañito. Y punto. ¿Es ésa una casa para una familia de clase media? Es todo lo que podrían adquirir. ¿Y qué implicaría eso? Tener una renta de 700 mil pesos.
Si sabemos que 79,65 por ciento de los chilenos gana menos de 204 mil 800 pesos mensuales, indudablemente, no van a poder comprar una vivienda DFL 2 de tales características. Esto es real.
¿Y qué significa ello para el Fisco? Un menor ingreso de 79 mil 800 millones de pesos hasta el año 2010. De tal manera que estamos destinando 79 mil 800 millones de pesos a un sector que está fuera del 80 por ciento de los chilenos, en vez de orientarlos a otros. ¿A quiénes?
En la Región que represento hay quienes han ahorrado toda la cantidad exigida para una vivienda básica. Son personas muy, pero muy pobres. Han vendido hasta las bicicletas de los niños para tener la plata depositada en una libreta del SERVIU. Sus Señorías han visto por la televisión lo ocurrido en las tomas recientes de terreno por gente con libretas de ahorro para la vivienda al día. Entonces, ¿por qué, después de esperar 6, 7 u 8 años, aún no tienen casa? Porque el Estado carece de recursos suficientes para acelerar el proceso de construcción de viviendas.
¿Qué es lo más exitoso del Gobierno en esta materia? Los pavimentos participativos. ¿Y qué pasa con ellos? Ahí están parados, a pesar de que la gente, con sacrificio, ha ahorrado. ¿Por qué? Porque el Estado les rebajó el presupuesto por falta de recursos y la crisis asiática. ¡Y nosotros estamos destinando 79 mil millones de pesos a resolver el problema del costo de las viviendas que se ofrecen, las que no están dentro de las posibilidades del 80 por ciento de los chilenos trabajadores y de clase media!
Quiero explicar lo que significa comprar una casa de 2 mil unidades de fomento, con una habitación. Hay que tener una renta de 700 mil pesos mensuales para obtener un crédito hipotecario de mil 500 unidades de fomento.
No me mire mucho, Senador señor Urenda , pues esos préstamos no son para mayores de 60 años. Ninguno de los presentes aquí podría optar a ellos, salvo el Honorable señor Larraín , que tiene una cara de jovencito.
El señor LARRAÍN.-
¿Y la Senadora señora Frei ?
El señor LAVANDERO.-
La señora Senadora se escapa por ser mujer…
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Evite los diálogos, Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Volviendo al tema de fondo, ¿de dónde se sacan las 500 unidades de fomento, correspondientes al 25 por ciento del valor de la casa, para completar las 2 mil unidades de fomento? De un crédito directo con el banco, lo que implica un dividendo total de 385 mil pesos mensuales. Una familia que, considerando los ingresos del marido y la mujer, percibe 400 mil pesos mensuales tendría que desprenderse de muchos más de los dos tercios de esta cantidad para comprar una pequeñísima casa de una sola habitación.
Miren bien, señores Senadores. Aquí tengo un aviso publicitario que dice: “NUEVOS BENEFICIOS PARA VIVIENDAS DFL2. CONSULTE Y APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA” ¡la que estamos aprobando!; se vende “DFL2 ampliables hasta 170 m2 ó 190 m2 más terraza” Ya no son 140 m2 correspondientes a un inmueble DFL 2.
Al respecto, quiero señalar que el 40 por ciento de las viviendas DFL 2 edificadas en el sector oriente de Santiago han aumentado la superficie construida, evadiendo impuestos. Éste es un dato del Servicio de Impuestos Internos.
Pero la oferta en el edificio “Jardín de las Torcazas” continúa señalando: “Vea El Golf desde el mejor ángulo”; “Excelentes terminaciones”; “piscina”; “2 ó 3 departamentos por piso”; “DFL2 ampliables hasta 170 m2 ó 190 m2 más terraza”. ¿Y cuánto vale esta preciosura para la clase media? Se agrega: “Precios desde 7.150 hasta 9.500 UF”; o sea, entre 105 y 140 millones de pesos. ¡Algún señor Senador me va a decir que un empleado de clase media va a poder comprarse un departamento DFL 2 en 105 ó 140 millones de pesos, cuando para ello debería contar con una renta de al menos 3 millones y medio de pesos mensuales!
¡Ésa es la realidad!
Entonces, miremos las cosas como son. Se trata de un subsidio directo que no está destinado a los sectores más pobres. Debemos darnos cuenta de que, en medio de la pobreza que existe en el país, derivada de la crisis asiática y de otros desaciertos cometidos, ya se ha otorgado un subsidio por 400 millones de dólares a los sectores de más altos ingresos, negándoselo a los pavimentos participativos y a la construcción de viviendas básicas, destinados a los sectores más pobres, que se han visto en la necesidad de tomarse terrenos, porque después de depositar su plata durante 5, 6 ó 7 años, no han recibido beneficio alguno.
Llamo la atención sobre este hecho, y lamento no poder votar en contra. Me voy a abstener, y lo haré por una sola razón: porque el Ministro de la Vivienda está intentando cambiar las cosas, por ejemplo, en relación al sistema de “leasing” habitacional que, no obstante haberse aprobado la ley respectiva, no había operado hasta la fecha. Y ahora simplemente lo está haciendo funcionar, alcanzando el sistema sin ahorro previo a más de 3.000 personas.
Sé que el “corazoncito” del Ministro de la Vivienda preferiría que este Gobierno se endeudara -porque lo hemos autorizado en el presupuesto para ello- y, con los beneficios que hoy se están otorgando al sector de altos ingresos, pudiera pagar los intereses de ese endeudamiento e incentivar el mecanismo de pavimentos participativos y la construcción de viviendas básicas, las que el país y mi Región imperiosamente necesitan. Estoy cierto de que él preferiría -aun cuando no lo dirá- que el Senado le dijera: “Señor Ministro, endéudese, y los 79 mil millones de pesos utilícelos en pavimentos participativos y en la construcción de las viviendas básicas que faltan en este país”.
Por tales razones, señor Presidente, he levantado mi voz. No creo que este proyecto responda a la relación de causa-efecto, ni genere la mano de obra requerida para paliar la cesantía existente, ni sirva para resolver los problemas de la clase media, sino, muy por el contrario, resolverá el problema y las equivocaciones de los grupos económicos.
¡Hablemos en serio! Estudiemos un proyecto que favorezca a la clase media. Es necesario. Pero la iniciativa en debate, a mi juicio, no la beneficia.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Me ha pedido intervenir el Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán , para entregar algunos antecedentes financieros sobre el proyecto.
¿Habría acuerdo para acceder a su solicitud?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Marfán .
El señor MARFÁN (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, tal como han señalado algunos señores Senadores, es efectivo que esta iniciativa, que se encuadra dentro de los anuncios que hizo el Presidente de la República el 21 de junio, tiene el propósito de generar demanda por viviendas en un segmento que produjo alta ocupación en el momento en que se construyeron, y que posteriormente, cuando ese proceso se detuvo, provocó elevada cesantía. Estamos hablando de 19 mil 370 viviendas como se mencionó, cuyo valor total es del orden de 40 millones de unidades de fomento.
El proyecto supone que las viviendas van a ser adquiridas por personas que las ocuparán directamente. No es rentable para los sectores de altos ingresos comprarlas como inversión, ya que existen otras formas de hacerlo sin el correspondiente pago de impuestos.
En consecuencia, el beneficio debe ser diseñado de manera tal que llegue a quienes pueden adquirir las viviendas, el grueso de las cuales se concentra en las que se hallan al alcance de la clase media. De acuerdo con las cifras disponibles, sólo alrededor de cuatro mil superan las tres mil unidades de fomento, siendo todas las restantes de un precio inferior. Por lo tanto, y desde el momento en que son compradas para los efectos de su uso, los beneficiarios de la iniciativa son personas que aspiran a adquirir inmuebles que no exceden, básicamente, de ese último valor.
Sobre la base de tal supuesto y de que el tipo de crédito presenta una estructura de plazos y de tasas de interés equivalente a las que el mercado ha estado aplicando hasta ahora, se ha estimado que el costo financiero del proyecto, en términos de valor presente, asciende a un total de 66 mil 400 millones de pesos, como se señaló. Ello se descompone en un costo fiscal, por la menor recaudación, de alrededor de 2 mil millones de pesos para el 2000, de 4 mil 500 millones para el 2001 y de 7 mil 300 millones en los años siguientes, hasta el 2010, con un efecto tributario decreciente posterior que alcanzará a 120 millones, lo que prevalecerá hasta el 2026. Se considera que es algo que sigue la lógica, repito, de la estructura de plazos con que se otorgan los créditos habitacionales.
En las Comisiones de Vivienda y de Hacienda, unidas, se me pidió responder en la Sala acerca de la proposición del Honorable señor Novoa en el sentido de otorgar, en vez de una rebaja en la base imponible, un crédito tributario equivalente a 25 por ciento del dividendo, con topes de 30, 18 y 9 unidades tributarias mensuales al año, respectivamente, y el mismo calendario del proyecto del Ejecutivo. Evaluamos la idea, como expresó Su Señoría, y ella importaría 57 por ciento más de efecto fiscal, respecto de los 66 mil 400 millones de pesos calculados como costo del proyecto.
Es evidente que hay muchas formas de pensar en beneficios que pudieran ser mayores que el contemplado en la normativa en análisis, respecto de los cuales cabría argumentar que proporcionan una mejor salida a las mismas viviendas. Me parece que el punto de fondo expuesto por el señor Senador dice relación a si la iniciativa del Ejecutivo es capaz o no de generar una aceleración en el proceso de ventas del “stock”. Y entiendo que el espíritu que lo animó al presentar su indicación fue que no era suficiente el texto del Gobierno y que se requería, en consecuencia, un estímulo adicional. Como es obvio, no es posible dar ciento por ciento de seguridad respecto del futuro, pero la reacción de las empresas inmobiliarias y la Cámara Chilena de la Construcción es que el beneficio resulta suficiente y que aspiran a poder deshacerse de la existencia de viviendas con rapidez, de modo de reiniciar, en esa forma, la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios.
En el Ejecutivo se ha estimado que el proyecto permitirá recuperar en el área un nivel de ventas parecido al “peak” histórico, de 1997, y que correspondía, desde la perspectiva financiera, a colocaciones del orden de 17 millones de unidades de fomento por semestre para la adquisición de viviendas nuevas tipo D. F. L. 2. Ello significa que en los próximos dos años sería posible vender la existencia actual y otra equivalente que se terminara de construir durante el período. Ése sería claramente el efecto más reactivador de la normativa, que permitiría recontratar a una parte importante de las cien mil personas que han dejado de trabajar el último año en el sector.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, quisiera considerar el proyecto en un sentido distinto del planteado por el Honorable señor Lavandero . Puede beneficiar, en efecto, “eventualmente” entre comillas, a sectores económicos altos, pero debe ser apreciado siempre desde el punto de vista financiero y global del desarrollo social del Estado.
En 1992, presidiendo la Comisión de Vivienda, establecimos con el Ministro Etchegaray una política y una acción que culminan el 2002. O sea, duran diez años. Y se apuntaba al objetivo, básicamente, de cumplir con la cifra de cuatro habitantes por casa. En virtud de lo anterior, en todos los proyectos de Ley de Presupuestos siempre procuramos que se incluyeran los recursos necesarios. Y, efectivamente, ello fue operando.
Para que dicho propósito se llevara a cabo, se debían construir 120 mil viviendas anuales, concretamente. Esa cantidad permitía destinar del orden de 74 mil unidades, más o menos, conforme al aumento vegetativo de la población y distribuir el resto según los porcentajes que debían bajar.
En 1992, el Instituto Nacional de Estadísticas determinó la existencia de 4,28 habitantes por casa. La fracción 0,28 era del orden de 350 mil viviendas, aproximadamente, a lo que se agregaba el aumento vegetativo de la población. Lo anterior sumaba el millón 200 mil viviendas.
Junto con mantener ese nivel de desarrollo, se lograban varias cosas muy importantes. No cabe olvidar que en 1993, si no me equivoco el señor Ministro de Hacienda de la época, aquí presente, podrá recordarlo, se enfrentó una situación económica complicada, como país, no por efecto de la acción financiera propia, sino por circunstancias externas. Y se registraron precios del cobre muy bajos, etcétera. En esa ocasión, el objetivo primordial en ello participó la Comisión de Vivienda era mantener el nivel de la construcción, porque permitía estabilizar la baja en otras áreas. Y dicho sector registró un incremento de 14 puntos, lo que llevó a que efectivamente se equilibrara el crecimiento en 5 ó 6 por ciento –no recuerdo la cifra con exactitud, pero era importante, hecho que mantuvo los niveles de desarrollo económico, de desarrollo social, de ocupación.
Lo anterior implicaba no sólo la acción del Estado en relación con los subsidios y las demás que le son propias y ya conocemos, sino que también era necesario dictar otras normas. Y se entregó una serie de libertades para que el Ministerio respectivo –en ese caso, el de la Vivienda- pudiera actuar modificando tales beneficios, creando otros, en fin, libremente.
Al mismo tiempo, se dictó, como recordaba el Senador señor Lavandero , la ley del “leasing” habitacional. Ese sistema no ha prosperado, desde mi punto de vista, no por razones técnicas, sino por motivos relacionados con la actitud del chileno y de las instituciones financieras al enfrentar el tema, en el cual en otros países se ha logrado éxito. No en muchos más, eso sí, porque el “leasing” para la vivienda es bastante nuevo en el mundo entero.
En fin, siempre existió una disponibilidad de trabajo. Se trataba de intentar por todos los medios posibles que hubiera tranquilidad en lo financiero en el sector de la construcción. Recuerdo perfectamente que en 1990 y es importante tenerlo presente se registraban en el plano habitacional cerca de 280 mil deudores críticos en el ámbito público y unos 105 mil en el ámbito privado.
Y en ese tiempo participamos activamente con el Presidente Aylwin y sus Ministros a fin de rebajar esa deuda. En definitiva, de los 300 y tantos mil deudores críticos, quedaron cerca de 64 mil; la situación del resto se resolvió.
Entonces, comenzó a haber tranquilidad y el sector privado empezó a invertir. De esa forma, aumentó también el número de trabajadores. Sin embargo, hubo un defecto que realmente no fuimos capaces de prever con toda la intensidad con la que teníamos obligación de hacerlo, aunque en el transcurso de los años siguientes sí lo hicimos, concretamente en 1993. Se trató de que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la emigración hacia Santiago continuó siendo tanta, que terminó gran parte de la construcción, el 60 por ciento estoy hablando de la suma de la pública y la privada en la Región Metropolitana, y el 40 por ciento en el resto de las Regiones del país. Esta emigración se desarrolló con toda fuerza.
Hoy día, el Ministerio de Planificación y Cooperación nos entrega una información muy importante los señores Senadores deben tenerla en sus respectivos escritorios: el crecimiento previsto de aquí al 2005 en Chile es del orden de 5,8 por ciento (aumento vegetativo de la población). Pero Santiago se mantiene sobre el 9 por ciento. O sea, a la Capital llegarán a vivir alrededor de 380 mil personas, lo que no debería suceder.
Como la perspectiva de la construcción de viviendas se sitúa muy fuertemente allí, sin duda alguna, sigue siendo interesante y atractivo irse a Santiago. Además, una persona que trabaja en dicha ciudad gana un sueldo superior, en términos globales, aunque no quiero decir que con él viva mejor. Alguien que desarrolla un trabajo en la Región Metropolitana existen decenas de estudios al respecto gana 30 por ciento más que aquel que realiza el mismo trabajo en otra Región. ¿Por qué? Porque tiene más gastos, más obligaciones y su costo es mayor.
Teóricamente, los subsidios alcanzaban a resolver el problema de 100 mil viviendas; las otras 20 mil correspondían al sector privado. Esta cifra es bastante cercana a las 19 mil 370 viviendas actualmente sin vender en Chile, cantidad muy importante, porque nuestra proyección era de 120 mil viviendas, como he señalado. De esas 19 mil y tantas, 10 mil 670 corresponden a la Región Metropolitana, y 8 mil 700 al resto del país. (Resulta un poco dura la expresión “resto del país”).
Lo anterior significa que los porcentajes se mantienen. Es decir, estamos hablando de alrededor de 60 ó 64 por ciento de viviendas en Santiago. En las demás Regiones del país existe un stock que alcanza más o menos al 40 ó 42 por ciento.
En suma, ¿qué es lo importante? Si esta ley en proyecto tiene el éxito que se espera, bienvenida. Ojalá lo tenga, vamos a ayudar, todos tenemos que colaborar. Porque, si bien es cierto que pueden –entre comillas- beneficiarse sectores altos, a quien realmente estamos favoreciendo es al trabajador de la construcción. Ello, porque hoy existen más o menos 100 mil trabajadores cesantes, de las 510 mil personas que trabajan en ese rubro. Me refiero a viviendas y otras construcciones. No tengo claro cuánto es exactamente el número en vivienda, pero debe ascender a más o menos 80 por ciento del total, porque ahí es donde está la mayor cantidad de mano de obra. Si es así, estamos hablando del orden de 460 mil personas trabajando en la construcción, lo cual significa que hay 80 mil trabajadores menos en ese sector, si es que la cifra que estoy entregando se acerca un poco a las realidades que conocemos. Efectivamente, esas personas tienen un costo para el país. ¿Cuál es? ¡Conozcámoslo!
Basta ver los programas de trabajo desarrollados en las municipalidades de Chile. Cada trabajador cesante de los programas especiales llamados Programas de Mejoramiento Urbano y otros que están a cargo de las municipalidades representa un costo de 1 millón 440 mil pesos anuales. O sea, la opción es, o entrego alguna facilidad para que el stock se termine y comience nuevamente la construcción en el ámbito privado, o sigo manteniendo la responsabilidad de proveer económicamente a los trabajadores cesantes.
¿Qué resulta más barato para el Estado? Sin duda alguna, entregar este subsidio, que mantener los programas de mejoramiento urbano que tienen un costo de 1 millón 440 mil pesos por persona. Se trata de una cifra muy alta: 2 mil 796 dólares, lo cual involucra aproximadamente 46 mil 494 personas. Deseo que se entienda bien esta cifra, porque para mí es muy importante, como también lo es otra que recordaré al Honorable señor Lavandero . El señor Subsecretario de Hacienda ha señalado que el costo de este proyecto en el tiempo es de cerca de 130 millones de dólares. Dicho costo representa el trabajo de 46 mil 494 personas, en circunstancias de que en el ámbito de la vivienda la cesantía bordea las 80 mil, lo cual es bastante más, casi el doble. Esto indica que la función a través de la acción privada implica para el país un costo menor, aparte de los ingresos tributarios y otros.
El gasto que significaría para el Estado este proyecto: 79 mil millones de pesos según indicó el Honorable señor Lavandero , representa, al valor actual de los planes de vivienda, de los planes sociales en las municipalidades del país, el trabajo de 54 mil 861 personas. Esta cifra es bastante menor a la real cesantía del país, así que siempre existirán ciertos recursos o determinadas opciones del Estado que pueden favorecer a la persona de mayores recursos. Hay miles y miles de ejemplos: una persona que pasa por una plaza de peaje conduciendo un Mercedes Benz que compró en 40 millones de pesos paga lo mismo por ese concepto que otra que viaja en una renoleta. Uno podría preguntarse por qué razón quien circula con un capital mayor paga lo mismo que el que se desplaza en un vehículo de menor valor. Son cosas propias de la administración del Estado, y hay centenares de ejemplos como éstos.
Lo importante es entender -por eso votaré favorablemente- que para el Estado es más barato entregar este subsidio, que mantener trabajando a las 80 mil personas en los planes sociales, laborales, que por efecto de la crisis se mantienen en las municipalidades de Chile. Reitero: el costo de cada una de estas personas asciende a 1 millón 440 mil pesos, cifra inmensamente más alta que el gasto que implica este proyecto.
Termino con una cosa muy simple. Siempre debemos tratar de regionalizar Chile, a través de cualquier norma legal, de cualquier acción financiera, en cualquier momento del Estado. Si en esta ocasión, señor Presidente y, a través suyo, señor Ministro, hubiéramos creado un subsidio distinto entre la vivienda que se vende en Regiones y la que se vende en Santiago, estaríamos dando una señal permanente. Y eso hay que hacerlo. El hecho de que el Estado haya construido la Escuela de Investigaciones en el nudo vial espantoso donde lo hizo lo cual es una barbaridad constituye un ejemplo de mentalidad centralista, que hiere y destruye el desarrollo armónico del país.
Por eso –carezco de facultades para presentar indicaciones-, considero que este proyecto habría resultado más redondo si hubiéramos aumentado el subsidio en las Regiones y disminuido en Santiago.
En esta forma y teniendo a la vista los hechos expuestos, votaré a favor del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ha llegado la hora fijada para votar, y restan por intervenir los Honorables señores Urenda y Moreno . En consecuencia, el Senador señor Urenda empezará fundamentando su voto.
En votación el proyecto.
(Durante la votación).
El señor URENDA.-
Señor Presidente, lamento que, como siempre sucede en estos casos en que nos enfrentamos a proyectos un poco improvisados y con urgencia, estemos impedidos de procurar perfeccionarlos en la medida adecuada.
Parto del supuesto de que efectivamente esta iniciativa contribuirá a eliminar el stock de viviendas DFL Nº 2, y permitirá una reactivación de la construcción que absorba parte de la cesantía. No me parece algo absolutamente cierto, pero no hay tiempo para un mayor análisis.
Lo que sí deseo señalar, porque tiene trascendencia como política general, es que evidentemente en este caso el Ejecutivo ha preferido una ley reactivadora a una norma equitativa, dejando un poco de mano el concepto de crecimiento con equidad, para simplemente abordar un problema puntual importante. Y, como lo manifestó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, probablemente permitirá una gran absorción de cesantía, que es lo que todos esperamos.
Sin embargo, cabe señalar –y es bueno hacerlo presente ante algunas afirmaciones hechas en esta Sala- que el proyecto no resulta equitativo, porque, indudablemente, la ayuda o subsidio que otorgará el Fisco ni siquiera será en función de la propiedad de que se trate, de su valor, sino de la renta del adquirente. Dicho en otra forma, la misma propiedad, en definitiva, resultará más barata para quien percibe un ingreso superior, por cuanto podrá descontar del dividendo una suma considerablemente mayor.
Con respecto a lo manifestado acá en cuanto a la clase media, conviene tener presente lo siguiente. El Honorable señor Muñoz Barra –lamento que no esté ahora en la Sala- ha expresado que, según él, forman parte de ella las personas cuya renta es de 500 mil pesos hacia abajo; pero éstas tienen un beneficio tributario máximo anual que alcanza las 5 unidades de fomento y quienes perciben un ingreso más alto se aproximan a las 95 UF en igual período.
Por lo tanto, el problema concreto es que esta ley en proyecto otorgará mayores incentivos a quienes gozan de una renta superior. Esto lo señalo porque tiempo atrás se dijo que era inadecuado postergar el pago de impuestos, no obstante que ello podía significar mayor ahorro y más actividad para el país. Sin embargo, ahora nos encontramos con ese mismo argumento; vale decir, ya no sólo se posterga el pago de un tributo, sino que simplemente se da un incentivo que implica pagar sustancialmente menos impuestos a las personas de mayor renta.
Señor Presidente, debido al sistema que se aplica durante el debate y que siempre se traduce en una reducción de mi tiempo, formularé ahora dos o tres observaciones. En primer lugar, coincido plenamente con lo manifestado por el Senador señor Ríos en orden a que si estas materias las estudiamos a la carrera, el resultado se traduce en mayores incentivos para la Región Metropolitana y menos estímulos para el resto de las Regiones. O sea, con ello se acentúa la centralización del país, y no se adopta ninguna medida al respecto. No se han aceptado –no está en nuestras manos proponerlo- fórmulas de solución para este problema, ni existe la posibilidad de establecer normas tendientes a impedir que el gasto o sacrificio que hará el Estado contribuya nuevamente a un crecimiento exagerado de Santiago, en perjuicio del de las Regiones.
Por otra parte, cuando se habla de los problemas relacionados con la clase media y de que muchas veces ésta requiere apoyo, sería interesante –ya que estamos en presencia de personeros del Servicio de Impuestos Internos y de especialistas- que nuestro sistema tributario lo adaptáramos precisamente en función de esa clase media. Porque, a vía de ejemplo, Chile no tiene ventaja tributaria alguna en razón del número de cargas familiares o de hijos, al contrario de lo que sucede hoy en el mundo; tampoco hay acá descuentos respecto de otros factores, como ocurre en diversos países.
Efectivamente, la clase media está castigada. Pero, entendámoslo bien: el proyecto no contempla verdaderos alicientes para la clase media baja, sino que, en alguna medida, ellos están dirigidos a la clase media alta. Ojalá, esto no se traduzca por la circunstancia de que la casa resulta más barata para quienes perciben mayor renta en que estas personas adquieran propiedades, las que no se hallan afectas a otro tipo de tributos, precisamente como negocio, pudiendo arrendarlas; ello, en menoscabo de los pocos que podrían beneficiarse. Lo que estoy señalando va dirigido en cierto modo al Senador señor Muñoz Barra , aunque no está presente en la Sala.
Reitero: para la gente que gana 500 mil pesos el beneficio tributario máximo no alcanza a 5 unidades de fomento, en circunstancias de que para otros puede llegar a 95 UF. En consecuencia, las personas que perciben una renta inferior a esa suma carecen de incentivos tributarios en esta normativa. Esto lo destaco para que nos entendamos bien.
Conviene tomar nota del criterio del Ejecutivo, de la evolución que se produce, porque a veces la inversión y el ahorro justifican normas que a primera vista no aparecen como equitativas. Es de esperar que, con motivo del análisis de iniciativas tributarias y de toda ley que se dicte, tengamos en cuenta el tremendo problema existente en el país, esto es, que Santiago sigue creciendo más que las Regiones, en desmedro de éstas.
Sobre el particular, haré una alusión directa. Probablemente, este proyecto será muy útil para la Quinta Región, que tiene mucho stock de viviendas; pero creo que su contexto debe ser mirado a nivel nacional: el Estado está realizando un nuevo aporte, una nueva inversión, en perjuicio del crecimiento armónico de Chile.
Señor Presidente, quiero hacer fe en que efectivamente se producirá un efecto reactivador y en que el criterio manifestado hoy por el Ejecutivo se expresará también en otros proyectos tendientes a fomentar el ahorro y la inversión, y que no signifiquen un retroceso, como ocurrió con motivo de la derogación de las normas más importantes del artículo 57 bis.
Por ello, con esas reservas, lamentando que no se trate de una iniciativa más equitativa y de que no se considere la situación a nivel de país, y en la esperanza de que esto sirva de estímulo para estudiar normativas en ese sentido, voto a favor del proyecto.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, el objetivo de la iniciativa en votación representa una medida de emergencia por parte del Gobierno para reactivar el empleo, y constituye una herramienta para estimular indirectamente la construcción de nuevas viviendas.
Antes de fundamentar mi voto expresamente, deseo formular algunas observaciones. La primera es para precisar que la causa del desempleo no obedece al hecho de que la gran existencia de viviendas haya paralizado la construcción, pues en los últimos cuatro años ella se ha mantenido por encima de los niveles existentes y su promedio ha sido, desde marzo de 1996 a la fecha, de 11 mil 227 viviendas.
La causa del desempleo en la actividad inmobiliaria es un sostenido deterioro en la venta de viviendas nuevas es decir, la poca demanda, lo que ha llevado a reducir el ritmo de construcción permitiendo que, aun frente a la importante baja en la demanda (las ventas cayeron en 20 por ciento en 1997, en comparación a 1996, y el año pasado en 53 por ciento respecto de 1997; o sea, entre 1996 y 1998 la demanda por viviendas nuevas cayó en 63 por ciento), el nivel de stock no aumentara, sino que, muy por el contrario, también se haya reducido, siendo actualmente un 3 por ciento menor al promedio de los últimos cuatro años.
Como segunda consideración, debo destacar que el hecho de reducir la existencia de viviendas de por sí no es garantía suficiente para lograr la reactivación inmediata de nuevas construcciones. En esto se da el efecto de los vasos comunicantes; vale decir, en la teoría, si se venden las viviendas existentes, obviamente, se supone que habrá una reposición. Pero es un supuesto, y se basa en el nivel de ingresos y en la forma como se presenten los nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque quienes estimularán la venta de viviendas son aquellos que desarrollaron los proyectos inmobiliarios menos atractivos para los compradores. Por lo tanto, ésta es una intervención dirigida a un mercado que, obviamente, estará alterado.
En mi opinión, lo que debemos hacer es focalizar normas tendientes a estimular de manera directa y rápida la construcción de nuevas viviendas, aparte de reducir el stock existente. Eso es lo que debe posibilitar realmente una medida de esta naturaleza.
Por razones de tiempo no me extenderé en otras consideraciones que tenía preparadas. Quiero señalar, sí, que habría sido útil mantener el beneficio de manera uniforme durante los 18 meses y no segmentarlo en una escala de tres etapas como se ha planteado. Porque lógicamente el beneficio será de categoría distinta para quien venda viviendas en los primeros seis meses; y después los adquirentes del actual stock van a ser castigados mediante precios más caros o a través de dividendos menos beneficiados, en circunstancias de que teóricamente corresponderán a las viviendas menos atractivas. En consecuencia, hay una contradicción en el elemento que estamos aprobando.
Es indispensable extender el beneficio a los nuevos proyectos inmobiliarios que obtengan permiso de edificación dentro de los primeros seis meses. ¡Ahí está la llave de la reactivación! En los que pidan permisos de edificación para construir ahora, es donde está la reactivación directa, y no en la venta de un stock que puede hallarse sobredimensionado.
El peor escenario sería implementar esta medida que votaré favorablemente; que los recursos se gasten y que continúe el desempleo. Porque dicho escenario es absolutamente contradictorio.
Es preciso dejar establecido que la forma en que se encuentra formulado el proyecto -como lo han dicho otros señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- no garantiza que se inicie de inmediato la construcción de nuevas viviendas. Eso debe quedar claro. No se está inyectando una medida para asegurar la construcción inmediata en los próximos 30, 60 ó 90 días.
Tal como se ha dicho, es necesario hacer un esfuerzo para estimular la construcción otorgando estos beneficios a los nuevos proyectos inmobiliarios que se aprueben en el segundo semestre del año en curso. Eso dará verdaderamente la posibilidad de crear empleos.
Por otro lado, hago míos los argumentos que aquí se han dado respecto de la regionalización. En ese aspecto la iniciativa es incompleta, plana, porque en el fondo busca desahogar los proyectos inmobiliarios ya concluidos en las zonas de gran concentración urbana y, básicamente, en la Región Metropolitana. En cambio, para la Sexta Región (que represento en el Senado) no veo que vaya a significar beneficio alguno. Por lo tanto, creo que el subsidio apunta en la dirección equivocada. No obstante estar de acuerdo en que se otorgue, me parece que no favorece a todo el país. Es interesante lo propuesto por el Gobierno en la iniciativa y quienes representamos a zonas donde hay desempleo en otros rubros, como la agricultura y la actividad forestal, en algún momento propiciaremos la aprobación de medidas análogas para distintos sectores de la economía chilena que permitan generar empleos. Porque las plazas de trabajo no sólo se logran en el ámbito de la construcción, sino también en el de otras actividades.
Los señores Senadores saben perfectamente que pueden crearse ocupaciones sobre la base de garantizar algunos precios de productos agrícolas, aplicar ciertos mecanismos de comercialización y establecer incentivos destinados al aprovechamiento de la mano de obra existente en regiones, que es distinta de la disponible en la Región Metropolitana.
Con esas consideraciones, voto favorablemente el proyecto.
El señor RÍOS.-
Que se apruebe, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Secretaría continuará tomando la votación en el orden que corresponde.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, la exposición que hemos escuchado al señor Ministro de Vivienda ha sido bastante clara y, a mi juicio, convincente, partiendo de la base de que las ideas que entregó son las contenidas en el proyecto, que no corresponden a la interpretación que de ellas hizo el Senador señor Lavandero . Por eso la Cámara de Diputados procedió a aprobarlo, y por eso, también, la casi unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas entiendo que con excepción del Honorable señor Novoa lo respaldaron, como consta en el informe.
Sólo deseo agregar algo. A esta altura no estamos en libertad de votar a favor o en contra de la iniciativa. Porque producido el anuncio presidencial, junto con materializarse en el texto enviado a la Cámara de Diputados y aprobarse por ésta además, todos hemos oído al señor Ministro del ramo, en distintos medios de comunicación, pidiendo a la gente esperar la dictación de la ley a fin de aprovechar las franquicias para la adquisición de viviendas nuevas acogidas al DFL Nº 2 en las circunstancias contempladas en ella, el mercado ha quedado virtualmente paralizado y la única forma de impulsarlo es precisamente a través del proyecto. De modo que no estamos en libertad de votarlo a favor o en contra. Su eventual rechazo produciría una grave distorsión en el mercado y agravaría la crisis.
En consecuencia, voto favorablemente.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, sólo deseo reafirmar lo señalado por el Senador señor Ríos aprovechando la presencia del señor Ministro de Vivienda, quien observo que está asintiendo en orden a que ésta es una magnífica oportunidad para discriminar a favor de las regiones.
La verdad es que, en términos relativos, vivir en Santiago es más económico que hacerlo en el resto del territorio. Por ejemplo, el combustible que se refina aquí en Valparaíso es más caro que en la Capital. Y hay una serie de cosas bastante ilógicas. En el fondo, la concentración poblacional y la expansión urbana tienen un costo, una externalidad enorme que estamos pagando en forma discriminada pero al revés, sobre todo en las regiones.
Como aprecio buen ánimo en el señor Ministro en tal sentido para los proyectos a futuro, voto a favor.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en el fundamento de mi voto favorable a la iniciativa, quiero formular algunos breves comentarios.
El proyecto, tal cual ha sido analizado y comentado por diversos señores Senadores que han intervenido hoy, tiene por objeto reactivar la actividad de la construcción, por cuanto, al facilitar la venta del stock de viviendas existente, va a permitir a las empresas constructoras desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y sobre esa base absorber mano de obra, contribuyendo así a resolver el problema de cesantía que enfrentan muchos trabajadores del país.
Si bien los efectos de la normativa están por verse se producirán en algún plazo una vez liquidados los stocks, es posible pensar que sea un factor de reactivación y contribuya a resolver el problema de desempleo en el ámbito de la construcción. Sin embargo, considerando los beneficios que entrega, no comparto los argumentos que aquí se han dado para fundamentarlo desde el punto de vista de la justicia social.
El proyecto no favorecerá a los sectores de bajos recursos y sólo en escasa medida beneficiará a los de ingresos medios. En realidad, quienes aprovechen sus ventajas serán los grupos con ingresos de cierta cantidad hacia arriba. Por ello, desde el punto de vista de justicia social me parece regresivo.
He conversado con el señor Ministro de la Cartera acerca de los problemas del sector. Para resolverlos, uno quisiera como expresaban igualmente otros señores Senadores que los recursos involucrados pudiesen beneficiar a la gente de bajos ingresos que carecen de vivienda, que esperan una oportunidad para conseguirla y que demoran años en obtenerla. Incluso más: algunas medidas implementadas para favorecer a los deudores habitacionales no llegan a todos los interesados. El Ministerio de Vivienda ha decretado recientemente que aquellos trabajadores que se encuentren cesantes pueden solicitar la prórroga o postergación de sus dividendos por seis meses, en espera de que durante este período pueda reactivarse la economía y recuperar su trabajo, sin que deban pagar esas obligaciones, ni quedar sujetos a multas, intereses, declaración de morosidad e, inclusive, a remate judicial. Sin embargo, para hacer expedito el sistema, debe acreditarse el estar acogido a un subsidio de cesantía, beneficio del cual gozan los trabajadores cesantes aun cuando durante los últimos quince meses hayan trabajado durante doce. Tal situación permite que algunos asalariados chilenos reciban tal ayuda; pero no es aplicable, por ejemplo, en todas las zonas rurales donde haya obreros que cumplen labores temporales. Éstos, pese a estar cesantes, no pueden, impetrar tal beneficio. En el día de hoy he solicitado dirigir un oficio al señor Ministro, pidiéndole que dicho subsidio se extienda a otros sectores que no pueden acreditar su condición de cesantes. Ojalá el Senado pudiera colaborar apoyando esta iniciativa que cuenta con un respaldo que el señor Ministro por los antecedentes que ha podido recoger ha ido percibiendo. Efectivamente, son muchas las personas que carecen del beneficio en cuestión y que, sin embargo, no pueden aspirar a él, por no reunir el requisito que el respectivo decreto de la Cartera de Vivienda estableció. Y se está produciendo en la gente no sólo una frustración, sino una sensación de inconfortabilidad por haberse impuesto de la existencia del beneficio y que, pese a ello, no va a poder acceder a él.
Desearía que estos recursos pudieran hacerse extensivos a esas personas. Pero el señor Ministro ha señalado su buena voluntad para estudiar el problema que afecta a estas otras personas; y espero que la solución del problema ocurra a la brevedad, porque realmente se trata de una necesidad social.
Por estas consideraciones, señor Presidente, hubiese preferido un proyecto que, junto con reactivar el sector de la construcción, diera un mayor beneficio a los sectores sociales con menores ingresos y más dificultades desde el punto de vista del empleo. Sin embargo, no todo se puede obtener simultáneamente; y como los parlamentarios en esta materia no tenemos iniciativa es poco lo que podemos hacer para actuar frente a esta situación.
Por lo tanto, no queda sino votar favorablemente esta iniciativa, haciendo presente esta especie de regresividad social de ella y solicitando al Ministerio de Vivienda que tenga a bien buscar otras medidas para aliviar la situación de los que se encuentran en la búsqueda de la casa propia o de quienes ya la tienen, pero que no pueden pagar los dividendos.
Voto que sí.
El señor MARTÍNEZ.-
Uno de los elementos fundamentales que nace de la apreciación geopolítica de Chile, como país que es un concepto geográfico, es que tenemos en la zona austral con las Regiones Décima, Undécima y Duodécima, que es creciente y en la región del norte con Iquique y Aricados extremos débiles, con un centro muy poderoso. Hemos escuchado cómo cada día es creciente la concentración de personas en la Región Metropolitana, razón por la cual, desde el punto de vista de las leyes del mercado, la vivienda en esta última tiende a ser más barata. Esto ocurre también con la cesantía, donde en las zonas extremas tal proceso es agudo y hay disminución de la actividad económica.
Pareciera entonces conveniente estudiar la posibilidad de que se incremente el beneficio para la adquisición de casas en los extremos territoriales, sobre todo que respondan a condiciones climáticas diferentes a las del centro. En el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena las viviendas tienen un costo diferente, porque el material usado en su construcción es distinto. Allá no se puede levantar una casa de latón o de cartón, porque ello conlleva la posibilidad de que sus moradores puedan morir de neumonía a los pocos días de estar en ellas.
Frente a lo relatado, sería conveniente que, considerando la necesidad de poblar o de mantener a los habitantes ubicados en los extremos del país, junto con mejorar la calidad de vida de ellos, como una manera de atraer a otros chilenos y, por otra parte, absorber la cesantía o la mano de obra disponible que los afecta, se dé la posibilidad de dar un nuevo paso es una sugerencia para el señor Ministro, con el objeto de que los extremos territoriales sean privilegiados, activando la construcción y otras actividades, mediante un subsidio superior o multiplicado.
El señor HENRÍQUEZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
¿Me permite, señor Senador?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No se pueden conceder interrupciones, porque estamos en votación.
El señor MARTÍNEZ.-
Con los antecedentes que he entregado, le hago llegar mi inquietud al señor Ministro.
En todo caso, mi voto es favorable al proyecto, pues considero que algo avanza en el tema y que él es positivo.
El señor ROMERO.-
Es indudable y así se ha destacado en la Sala el efecto reactivador que tiene el incentivo a la construcción. Ciertamente nos encontramos frente a un incentivo indirecto, cual es salir del “stock” existente para permitir a las empresas constructoras que inicien un nuevo ciclo. Sin embargo, junto con ser reactivador, también tiene un efecto centralizador, como también aquí se ha destacado, porque no cabe la menor duda de que es en los centros urbanos donde se aplicará con mayor fuerza el proyecto en debate. Y esto obviamente, tendríamos que unirlo al combate que todos los chilenos debiéramos hacer en contra del desempleo, porque lo cierto es que existe una cesantía real, que aflige con angustia muy crítica a cada familia chilena, a lo cual cabe agregar que hay sectores y regiones donde tal situación es mucho más grave. En la Quinta Región, por ejemplo, tenemos el record nacional, con un desempleo de cerca del 13,6 por ciento; en los sectores interiores, y particularmente en la provincia de Petorca, se puede calcular que llega a un 25 ó 30 por ciento. Tal situación sería extremadamente grave si nosotros no enfocásemos los esfuerzos de manera paralela y dirigirlos a distintas actividades, pues sin duda nadie va a estar en contra de la idea de que la construcción tiene un efecto reactivador. Pero, en mi concepto, el resultado que hoy en día se está manifestando a través de los programas de empleo de las municipalidades no ha sido esencialmente equitativo. Y en este aspecto, yo he estado haciendo una ronda de encuestas, por intermedio de las municipalidades de la Quinta Región, con el objeto de saber exactamente, con los proyectos y programas presentados, cuáles de ellas están recibiendo efectivamente la aprobación de ellos. Porque se habla así se informa en los diarios, a página completa, que hay 69 mil nuevos empleos. En verdad, yo no los veo. Y no estoy haciendo una crítica política. A mí me interesa que haya ese número de nuevos empleos y que sea mayor el número de ellos. Lo que importa es que nosotros atendamos con urgencia y en el corto plazo la situación que repito tiene angustiado, con dramatismo, a muchos sectores de la población.
Tal vez lo que se está patrocinando en este proyecto sea efectivo para un sector importante de la población, como es la clase media chilena. Pero no cabe la menor duda de que hay sectores, particularmente rurales, que en la actualidad no tienen apoyo efectivo para programas de viviendas sociales ni apoyo para programas municipales de mano de obra y empleo. Entonces, nos encontramos con una situación que resulta tremendamente discriminatoria. El “imperialismo urbano como alguien lo calificó con una frase tal vez rimbombante nuevamente está recogiendo todo y centralizando cuanto sea la colaboración y ayuda que se pueda prestar.
En mi concepto, es indispensable que, junto con este proyecto tendiente a mejorar la situación de un sector urbano de clase media, se implementen programas de desempleo en los sectores rurales. En tal sentido, deseo solicitar al Ministerio de Hacienda a través de un oficio, en mi nombre que nos indique, precisa y exactamente, cuáles son los proyectos que a través de las municipalidades se están ejecutando a lo largo y ancho del país. Aquí se ha centralizado todo un cordón de ayuda, y lo que quiero saber es si existe una distribución equitativa entre las municipalidades urbanas y las rurales, porque no hay duda alguna por lo que aprecio en la Quinta Región de que no se está produciendo esa equidad ni la necesaria armonización de esfuerzos en esta materia. He visto algunos proyectos que son efectivamente importantes y trascendentes. Menciono por ejemplo el caso de la provincia de Petorca con su capital La Ligua, donde se han hecho esfuerzos; sin embargo, en poblaciones más pequeñas y rurales que giran en torno a dicha actividad, no he visto el mismo esfuerzo y calidad. Algo similar ocurre en la provincia de Aconcagua.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre a la autoridad correspondiente para que indique en forma clara qué proyectos y montos han sido aprobados, y el número de beneficiados, a lo largo y ancho de todo el país en cada una de las municipalidades.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El pronunciamiento sobre el envío del oficio queda pendiente para después, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite votar, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede fundar su voto, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que parto de la base y así lo ha planteado el Gobierno a través del señor Ministro, cuya acción en materia de vivienda nos tiene gratísimos de que el proyecto persigue fundamentalmente dos objetivos: primero, desbloquear la venta de casas que hoy se encuentra detenida por carencia de poder comprador, y, segundo, como consecuencia de lo anterior, permitir la construcción de una nueva era de edificación al término de dicho proceso, para generar más empleos y hacer posible que mucha gente pueda optar a lo que hoy no posee, esto es, a la posibilidad de una vivienda. Nadie puede manifestarse en contra de eso, y, desde ese punto de vista, considero que todos estamos contestes en cuanto a que se trata de un planteamiento claro y preciso.
En segundo término, conforme a lo que esta mañana hemos conversado con el propio señor Ministro, es un hecho claro que en la actualidad los dueños reales del stock de casas son los bancos. En ese marco, tengo ciertas dudas y deseo formular algunas observaciones.
La primera consiste en que al final de la cadena vamos a resolver de hecho el problema de los dueños de las viviendas, que son los bancos, sin que simultáneamente y lo digo con franqueza, pues no es una dificultad legal, sino una cuestión de consecuencia respecto de lo que estamos aprobando dictemos normas para evitar la presión de ahogamiento que hoy los bancos ejercen contra sus propios deudores. Es decir, las entidades financieras operan sobre la base del mercado, pero al mismo tiempo nosotros estamos interviniéndolo, por la vía del proyecto que nos ocupa, a fin de garantizarles una salida a sus problemas.
Ésta es la añeja versión de la parábola bíblica de aquel administrador de fincas que le pide dinero a su patrón, pero que no aplica el mismo criterio para resolver las necesidades de sus deudores. Y esta situación me violenta.
El segundo aspecto radica en que no resulta claro que sea un hecho consustancial, es decir, no es una consecuencia lógica e inevitable, que con la iniciativa en debate se crearán rápidamente nuevos empleos, porque será el mismo mercado, en el momento en que se hayan vendido las casas, el que intervendrá para saber si se construirán más viviendas. Es posible que así ocurra, pues ése es el negocio de las empresas. Pero, ¿si eso no sucede? Es decir, volvemos a lo mismo: el mercado será el elemento que motive los resultados del momento.
Entonces, una vez más estamos alterando el mercado que, cuando es bueno para los dueños del dinero, debe mantenerse libre, abierto e intocable; pero cuando se trata de solucionar los conflictos que éste genera, debe ser intervenido poniendo como escudo la necesidad de salvar a los más pequeños y pobres. Ésa es la vieja frase de que el capital obedece al libre mercado en las ventajas, pero depende del estatismo cuando hay que salvarlo de sus problemas. Y eso tampoco me agrada, aunque no sea sino una consecuencia indirecta de los procesos.
Tercero, la imagen de venta que se ha dado aquí, respecto a casas cuyos valores sobrepasan los 100 millones de pesos, produce el efecto de un hecho negativo para el objetivo que se persigue.
No sólo deben hacerse las cosas que corresponden a la política, sino que también debemos dar señales correctas para que la gente entienda la razón de fondo por la cual trabajamos, y, en ese sentido, estamos dando una pésima expresión de lo que sucede.
Cuarto, se trata de un proceso aleatorio que, espero, no produzca los efectos que temo y que ya he señalado.
Por último, hay un problema de futuro que muchos señores Senadores ya han planteado. Llegará el momento, cuando venza la vigencia del proyecto, en que algunos recibirán cierto subsidio y otros no, lo cual, en el fondo, significa que deberemos mantener el sistema de aquí para adelante. Si eso es bueno, estoy dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, no quisiera que procediéramos de manera tal que desde ya empiecen a producirse problemas al pensarse en qué pasaría si no se compra ahora o si se compra después de determinado plazo.
Por eso, señor Presidente, con la franqueza y claridad con que siempre intento hacer mis planteamientos, digo que no votaré en contra, porque las dudas que tengo no son suficientemente sólidas y fuertes como para oponerme a una iniciativa que, aparentemente, tiene realidades buenas y objetivas. Eso sería contrario a mi análisis. Pero también mis dudas son lo suficientemente fuertes como para señalar que me abstendré.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, las observaciones del Senador señor Ruiz-Esquide son, como siempre, profundas y bien pensadas, y hacen dudar acerca de la conveniencia del proyecto al momento de votar.
No voy a repetir las razones que lo abonan, pero quiero hacer presente, como concepción general, algo que ya se ha dicho en la Sala, pues deseo insistir en ello.
Hay dos factores que me preocupan. En primer lugar, ¿qué seguridad hay o puede haber de que los recursos que obtengan las empresas por vender su actual stock –y no me importa tanto que sean grandes o chicas; a veces las grandes son mejores, pues trabajan con menores costos y más eficiencia, serán invertidos en nuevas casas? Es cierto que ése es su oficio, su trabajo, pero hemos visto que en el país se han vendido empresas por 4 ó 5 mil millones de dólares y que esas cantidades, de las cuales muchos están ufanos, sobre todo quienes recibieron los dineros, no se han empleado en inversiones de esa naturaleza.
Según la información disponible, dichos recursos se hallan en dólares, en depósitos a plazo o en el extranjero. La capacidad de regeneración de la inversión, sea del área eléctrica, telefónica, de los bancos, de IANSA, etcétera, no se usa para producir en Chile, vale decir, no contribuye a generar empleos en nuestra nación.
Me preocupa que esos dineros se inviertan en otras cosas, porque somos parte de un mercado en donde las empresas constructoras también pueden interesarse en comprar bienes en Argentina o en otro lugar.
Dicha situación me inquieta y quiero transmitirla como microbio de preocupación al señor Ministro, para que él vea, respecto a la materia, si es factible establecer un compromiso real con la Cámara de la Construcción, con las empresas, porque el problema es tan grave que no puede dejarse sólo en manos del mercado, pues uno sabe que éste, en definitiva, concentra.
Mi segunda observación apunta, precisamente, a la concentración.
Como dijo con propiedad el Senador señor Horvath , realmente estamos en un país en donde la concentración poblacional avanza tanto en los niveles de altos ingresos como en Santiago. Se ha visto que eso ocurre en forma similar en toda América Latina, y los cuadros de Naciones Unidas así lo demuestran.
Vale la pena repetir, para que la gente tenga idea de ello a pesar de que lo que uno dice en la Sala sólo es oído por unos cuantos amigos Senadores que Santiago, tomado como un continuo de casas, tiene una población de 7 millones 100 habitantes. Así lo demuestra un estudio que realizó alguien que sabe sobre esta materia. Me refiero a Juan Parrochia , Premio Nacional de Urbanismo.
Pues bien, lo normal es que la mayoría de los esfuerzos de construcción se hagan en Santiago. Pregunto al señor Ministro, sin esperar hoy una respuesta, porque la situación es complicada: ¿existe alguna posibilidad de que se den más incentivos a la construcción en provincias? Allí no hay interés por construir, porque la gente (lo veo en mi Región) que obtiene algún recurso, sea porque ha vendido sus animales, ya que la carne está barata, compra departamentos en Santiago. Entonces, tenemos un stock en Santiago; pero no lo hay en provincias. Esto no va a funcionar sino en el sentido de multiplicar el esfuerzo constructivo en la capital.
Me parece que ello debiera de alguna manera corregirse. No debería existir ley alguna en Chile que no considerara que una obligación fundamental del país es regionalizar. Discutimos si los intendentes deben ser elegidos, o no; discutimos problemas de descentralización administrativa; pero no creamos las condiciones que se han establecido en Italia, en Francia y en otros países, para desparramar el esfuerzo productivo y la inversión.
Con esas observaciones, entrego mi voto favorable al proyecto, pero quisiera dejar manifestada esta preocupación al señor Ministro.
He dicho.
El señor ZALDIVAR (don Andrés).-
Si me permite la Sala, fundamentaré mi voto desde la testera, y desde ya anuncio mi voto favorable al proyecto.
En mi opinión esta iniciativa, con la modificación que le introdujo la Cámara de Diputados, tendrá un efecto reactivador, e incluso responde en parte a la inquietud manifestada por el Senador señor Valdés . A ese respecto, me parece que va a realizarse la reinversión en proporción importante, puesto que se prorrogó el beneficio hasta el 30 de junio del año 2001. Si hubiéramos aprobado el proyecto en la forma en que lo envió el Ejecutivo, que se refería sólo a las viviendas existentes hasta el momento en que empezara a regir la ley, no se habría producido la reinversión, porque primero se habría tratado de liquidar el stock, ya que las viviendas que se empezaron a construir a partir de entonces, no podrían competir con las que estaban contempladas en el beneficio. Por eso, creo que la corrección hecha por la Cámara Baja tiene un efecto reactivador.
En segundo término, pienso que efectivamente la iniciativa no favorece a los sectores de ingresos medios, medios-bajos. Además, ése no es el objetivo principal, ya que existen otras maneras de beneficiar a aquellos sectores, tales como el otorgamiento de subsidios. En Chile existe un sistema de subsidios para la gente que no accede a las viviendas sociales, sino que compra las del segmento menor, en 2 mil UF. Ahí es donde se aplican 120 ó 150 UF; y, en el caso de remodelaciones urbanas, 200 unidades de fomento. En el sector rural, en los villorrios, son 230 UF las que se entregan como subsidio.
Este proyecto tiene otro objetivo. Sin embargo, debo hacer presente al señor Ministro que me quedo con una inquietud después de leer el proyecto con mayor detalle, sobre todo porque creo que el Servicio de Impuestos Internos tendrá que sufrir bastante para lograr el control adecuado y la fiscalización del beneficio. Eso, porque habrá diferentes contribuyentes con distintos beneficios por diferentes plazos de seis meses. Los habrá desde esta fecha hasta diciembre de 1999, que conformarán un contingente; otro contingente llegará hasta junio, y en total suman tres contingentes. Unos van a obtener 10 unidades tributarias, otros 6, y los terceros, 3. Eso ya configura una situación compleja.
Pero además me preocupa otro aspecto que no se deja claro en el texto en estudio, y que debe precisarse durante la discusión en el Senado: que el beneficio se puede otorgar sólo en una operación por cada contribuyente. Eso es algo que no dice expresamente el proyecto. Debió expresarse en el artículo 2º, que en su primera parte tendría que disponer “La deducción referida en el artículo 1º, por cada contribuyente no podrá ser superior a diez…”. Porque de otra manera podría interpretarse que la franquicia se otorga por cada operación hipotecaria.
Por eso, creo conveniente dejar esta constancia, para que el beneficio otorgado no llegue a prestarse para abusos por parte de personas que podrían comprar tres, cuatro o cinco viviendas DFL 2, acumulando beneficios de 10 unidades tributarias, o 6, o 3, dependiendo del momento en que se haga la operación.
El otro aspecto que advertí al señor Ministro antes de esta sesión se refiere a que esta materia tendrá que volver a verse en el Congreso Nacional, porque dentro de poco tiempo habrá que modificar el sistema. No puede permitirse que haya personas que han comprado ese tipo de viviendas haciendo uso del beneficio tributario en un determinado período, mientras que las que compren después de junio del año 2001, teniendo el mismo nivel de ingresos, no gozarán de la misma franquicia.
Hubiera preferido que se estudiara la posibilidad de reemplazar el beneficio (tal vez se haga más adelante) por un sistema equivalente al que se aplica en otras partes del mundo (por ejemplo, en Estados Unidos), y que consiste en permitir, a quien adquiere una propiedad de determinado rango –aquí pueden ser las viviendas DFL 2deducir de sus gastos los intereses generados por los créditos hipotecarios correspondientes. Y esa es una franquicia generalizada hasta un determinado valor.
El problema se va a presentar aquí, porque cuando hay discriminación –como la habrá en este caso, al igual como ocurrió con la disposición 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, es necesario buscar una manera de regularizar el beneficio de modo que resulte equitativo para todo el segmento de la población afectada por la legislación en proyecto. Cuando corresponda, me sumaré a quienes estimen que hay que estudiar un sistema que evite la discriminación en el otorgamiento del beneficio a la gente de clase media que quiera comprar viviendas en las condiciones mencionadas.
Hechas estas precisiones y dejando la debida constancia de mi inquietud, voto que sí.
Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger , Bombal , Canessa , Cantero , Cordero , Chadwick , Fernández , Foxley , Frei , Gazmuri , Hamilton , Horvath , Larraín , Martínez , Matta , Matthei , Moreno , Muñoz Barra , Ominami , Páez , Prat , Ríos, Romero , Ruiz (don José) , Sabag , Silva , Stange , Urenda , Valdés , Vega , Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés) .
Se abstuvieron los señores Lavandero , Novoa y Ruiz-Esquide.
No votó, por estar pareado, el señor Parra .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por no haberse formulado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular con la misma votación.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HENRÍQUEZ (Ministro de la Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, por su intermedio agradezco al Senado el despacho del proyecto. Éste ha sido un día de trabajo magnífico, por lo que igualmente agradezco a los señores Senadores Presidentes de las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda y a todos sus integrantes. Se ha llevado a efecto un debate de excelente nivel.
No es éste el momento propicio para hacerme cargo de los comentarios que se han formulado en torno al proyecto, aunque los he anotado todos y a su respecto vamos a seguir trabajando.
Un Senado de la categoría del nuestro eleva el prestigio del país. El Ejecutivo agradece esta jornada de trabajo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Es lo que nos corresponde. Muchas gracias, señor Ministro.
Queda despachado el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para incluir, de acuerdo con el Reglamento, en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión, las dos mociones que proponen la erección de monumentos y creación de museos, que había pedido tratar hoy el Honorable señor Muñoz Barra .
Se acuerda.
VII.INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria, y se agregará a ellos el que pidió despachar el Honorable señor Romero durante la votación anterior.
Los oficios cuyo nombre se anuncia son los siguientes:
Del señor ROMERO :
Al señor Ministro de Hacienda, acerca de INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE CESANTIA A TRAVÉS DE MUNICIPALIDADES.
Del señor CARIOLA :
Al señor Ministro de Obras Públicas, con relación a ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO DE CAMINO LA UNIÓNCORRAL (DÉCIMA REGIÓN).
Del señor HAMILTON :
Al señor Ministro de Minería, referente a APLICACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL PETRÓLEO A LOS PRECIOS FIJADOS POR ENAP.
Del señor LARRAÍN :
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, tocante a POSTERGACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS A BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO HABITACIONAL, Y SUSPENSIÓN DE COBRANZAS JUDICIALES.
Del señor STANGE :
Al señor Ministro de Educación y a la señora Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, acerca de MODERNIZACIÓN DE BIBLIOTECA “DOCTOR MATÍAS YURASZECK” DE PUERTO MONTT (DÉCIMA REGIÓN).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, los Comités Institucionales 2, Mixto, Demócrata Cristiano, UDI e Independientes y
Renovación Nacional no harán uso de sus respectivos tiempos.
Tiene la palabra, en el turno del Comité Institucionales 1, el Honorable señor Martínez .
REPOSICIÓN DE VUELOS COMERCIALES CHILENOS A ISLAS MALVINAS
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, en varias ocasiones me he referido en esta Sala a la gravísima situación que afecta a la soberanía de nuestro país, derivada de la detención ilegal y secuestro de Estado de que es objeto nuestro Honorable colega el Senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte , como asimismo del agravio que ello significa para el honor de la República.
También he expresado mi opinión respecto de la ineficacia de las gestiones de nuestras autoridades de Gobierno para restablecer el derecho y la honra nacional en nuestras relaciones bilaterales con los países que en este caso los han atropellado.
A mi juicio, se ha actuado en forma indecisa, inhibida ideológicamente y políticamente condicionada a objetivos partidarios y de poder.
Hoy deseo llamar la atención acerca de un hecho que confirma la falta de solidez y consecuencia en el manejo por parte del Gobierno de esta lamentable situación que vive el país y que se prolonga ya por más de nueve meses.
Me refiero a la suspensión de los vuelos comerciales desde Chile a las islas Malvinas , que, a contar del 31 de marzo, constituyó quizás la única gran medida adoptada por nuestra Cancillería que tuvo un efecto concreto en Gran Bretaña para demostrar, según se dejó muy claro en su momento, la molestia del Gobierno chileno por el atropello a la soberanía nacional que significaba la reclusión del Honorable Senador Pinochet en Londres.
El aislamiento en que quedaron los habitantes del archipiélago bajo el dominio británico y los costos de solucionarlo con vuelos desde Inglaterra se hicieron sentir, y ello contribuyó de manera decisiva a que Argentina lograra quebrarle la mano a Gran Bretaña con un reciente acuerdo para restablecer el tráfico aéreo con las Malvinas.
Casi simultáneamente, el Gobierno de Chile, confirmando su resolución anterior, por decreto 425, publicado en el Diario Oficial del 8 de julio, prolongó por 180 días la prohibición de vuelos a dichas islas.
Sin embargo, y en forma inexplicable, cinco días después y sin que mediara ningún cambio en la situación con Inglaterra, resolvió revertir dicha suspensión, ahora “obedeciendo a una política de respaldo al gobierno del señor Carlos Menem en sus negociaciones con Inglaterra”, según informó el mismo Canciller Valdés a la opinión pública el 15 de julio pasado.
El Canciller señor Di Tella confirmó lo anterior señalando que el acuerdo de su país con Inglaterra y el retorno de los vuelos desde Chile al archipiélago “no ha sido la consecuencia lineal del tema Pinochet, que es otro tema”.
La situación resumida precedentemente constituye un claro ejemplo de la improvisación y falta de coherencia de las resoluciones adoptadas por el Gobierno en esta gravísima circunstancia en que se encuentra el país, y evoca otras anteriores en que se ha llamado y retornado a Embajadores según las presiones políticas internas y sin que mediara cambio alguno en la situación bilateral con Gran Bretaña o España que lo justificara.
De lo expuesto se desprende que se ha desplazado el propósito de responder a Gran Bretaña con una actitud política de dignidad nacional, hacia otro, ajeno e inconexo, como es el apoyo chileno a las pretensiones de soberanía argentina sobre las islas Falkland .
Con ello se ha desvirtuado absolutamente la medida adoptada inicialmente de suspender los vuelos a las islas Malvinas y se ha desperdiciado el costo y sacrificio que significó para muchos de nuestros conciudadanos. Sin embargo, el perjuicio más significativo lo deben absorber la credibilidad e imagen del país y la gestión del Gobierno en el manejo de esta crisis, cuya solución se aprecia muy incierta en la medida en que se continúen generando señales de inconsecuencia como la indicada, que han hecho y seguirán haciendo poco convincentes las medidas de persuasión política que se resuelva adoptar para superar esta situación insostenible de agravio a la soberanía y dignidad nacionales, que, moral y constitucionalmente, el Gobierno es el primer responsable de garantizar, según la Constitución.
INFORME DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. OFICIO
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, en un ámbito distinto, pero que también dice relación a ciertas prácticas en la conducción de nuestra política exterior, en cuanto se la condiciona a objetivos ideológicos e intereses partidarios de política interna, quiero referirme al último informe sobre Chile del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dicho organismo emite conforme lo establece el artículo 40 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país el 10 de febrero de 1972.
En este último se establece que los Estados Parte “se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos derechos”.
Conforme a lo anterior, el Gobierno elaboró el Cuarto Informe Periódico de Chile, que abarcó el período 19901996 (los tres informes anteriores fueron presentados por el Gobierno Militar), respecto del cual el Comité emite su propio informe, denominado “Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos”.
Revisado en detalle dicho documento, he quedado sorprendido por su contenido, pero especialmente porque constituye una reproducción del informe enviado por nuestro propio Gobierno.
Entre los “Factores y Dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto”, señala textualmente que “las disposiciones constitucionales que formaron parte del acuerdo político que facilitó la transición de la dictadura militar a la democracia, dificultan la aplicación plena del Pacto por el Estado Parte”.
En el párrafo “Principales Motivos de Preocupación y Recomendaciones”, el Comité crítica y expresa su “profunda preocupación” por los “enclaves de poder que siguen estando controlados por miembros del antiguo régimen” y por las “facultades otorgadas al Senado de bloquear las iniciativas aprobadas por el Congreso”. Asimismo, señala que “la composición del Senado impide la reforma jurídica que permitiría al Estado Parte cumplir más plenamente con sus obligaciones en virtud del Pacto”.
Critica además en el mismo sentido al Consejo de Seguridad Nacional, la vigencia de la Ley de Amnistía, la jurisdicción de los Tribunales Militares y la práctica de la detención preventiva y de incomunicación.
También expresa honda preocupación por la penalización del aborto sin excepción, señalando que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, “incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo”.
Asimismo, se critica la no existencia de una Ley de Divorcio y que exista una ley que “penaliza las relaciones homosexuales entre adultos”, porque ello implicaría una “discriminación sobre la base de la orientación sexual”.
En otros ámbitos, el Comité expresa su preocupación por el efecto en la cultura indígena de los “Proyectos de Energía Eléctrica y otros Proyectos de Desarrollo”.
Critica igualmente la “condición especial concedida en el Derecho Público a la Iglesia Católica”, porque “entraña la discriminación de las personas por motivos de su religión”, y el no reconocimiento del “derecho a huelga y negociación colectiva de los funcionarios públicos”.
De esta apretada síntesis puede apreciarse que el ya mencionado Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incursiona en todos los ámbitos de la vida política, social, económica, religiosa y judicial, que generalmente se han considerado de la exclusiva competencia soberana interna del país.
En efecto, se llega al extremo de opinar críticamente respecto de los acuerdos políticos entre autoridades del Gobierno Militar y personeros del Gobierno elegido para llevar adelante la transición hacia la plena vigencia de la Constitución Política de la República.
Asimismo, se refiere a este Senado en términos absolutamente desinformados, tendenciosos y hasta ofensivos, que debieran resultar inaceptables para esta Corporación.
En cuanto a los demás temas que incluye, no es difícil percibir que es el resultado de posiciones ideológicas transmitidas por los sectores partidistas que forman parte del Gobierno.
Sin embargo, lo esencial de la razón por la cual me he querido referir a esta materia es que se suma a otra variada clase de iniciativas que parecieran perseguir la hipoteca de nuestra capacidad y derecho de autodeterminarnos como país soberano e independiente, a cambio de una suerte de “seguro político” contraído en instancias extranjeras o internacionales para “proteger” ciertos objetivos ideológicos que sustenta la coalición política en el poder.
Parecen tener desconfianza, a pesar de decirse tan democráticos, en la capacidad de nuestras instituciones, en la calidad y solidez de la cultura de nuestro pueblo y en el liderazgo de nuestras autoridades políticas y morales para ventilar y resolver internamente nuestros desafíos y problemas y sacar provecho de las oportunidades que nos ofrece la favorable posición que ha alcanzado el país luego de más de un cuarto de siglo de superación y progreso.
Me parece que es una conducta equivocada el que las autoridades que gobiernan al país busquen en el exterior las instancias para lograr sus objetivos políticos internos. Constituye una pésima señal, además de ser una conducta equivocada, que está sentando un peligroso precedente en cuanto a nuestra imagen exterior y para el respeto y consideración internacionales, que requerimos tanto para nuestro desarrollo como para la seguridad nacional.
Señor Presidente, solicito oficiar al señor Ministro de Relaciones Exteriores a fin de que se digne informar si lo tiene a bien de las personas que conformaron la delegación que participó en la audiencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para responder al 4º Informe elaborado por el Gobierno, como asimismo para que se sirva remitir una copia de dicho informe para conocimiento del Senado.
Respecto del abrupto giro adoptado en los objetivos que se buscaban con la suspensión de los vuelos al archipiélago de las Malvinas, solicito requerir del señor Ministro de Relaciones Exteriores que tenga a bien dar a conocer cuál es la política que se seguirá en esta materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó a las 19:4.
Manuel Ocaña Vergara ,
Jefe de la Redacción