Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Bitar Chacra
- Julio Lagos Cosgrove
- Andres Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- V. ORDEN DEL DÍA
- NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE CONFLICTO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (Continuación)
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Rozas Velasquez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Felipe Valenzuela Herrera
- Carlos Montes Cisternas
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jorge Ulloa Aguillon
- Sergio Velasco De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE CONFLICTO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (Continuación)
- VII. INCIDENTES
- PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL. Oficio.
- RECHAZO A EVENTUAL DEROGACIÓN DE APORTES AL TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
- DEPÓSITO DE RESIDUOS TÓXICOS EN VERTEDERO DE CARTAGENA. Oficios.
- IRREGULARIDADES EN ADQUISICIÓN DE ACCIONES. Oficio.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Salvador Urrutia Cardenas
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Montes Cisternas
- Patricio Walker Prieto
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- PROBLEMAS DE POBLACIONES DE MAIPÚ. Oficios.
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- OBRAS VIALES Y ELECTRIFICACIÓN EN NOVENA REGIÓN. Oficios.
- PROBLEMAS DERIVADOS DEL PLANO REGULADOR INTERCOMUNAL DE PUENTE ALTO. Oficios.
- ADMINISTRACIÓN DE LA CALETA EL BLANCO, DE LOTA. Oficios.
- MEDIDAS EN FAVOR DE DEUDORES DEL INDAP DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Ulloa Aguillon
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Haroldo Fossa Rojas
- Cristian Antonio Leay Moran
- Juan Pablo Letelier Morel
- Salvador Urrutia Cardenas
- Waldo Mora Longa
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- DETERMINACIÓN DE TERRENOS DEL SERVIU Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA. Oficios.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jorge Ulloa Aguillon
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Juan Pablo Letelier Morel
- Salvador Urrutia Cardenas
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS CATALÍTICOS. Oficio.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jorge Ulloa Aguillon
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Juan Pablo Letelier Morel
- Salvador Urrutia Cardenas
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TOMÉ. Oficios.
- ADHESION
- Jorge Ulloa Aguillon
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- QUINTO CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA DE ALTA MONTAÑA Y DE FISIOLOGÍA DE ALTURA. Oficios.
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
- DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Oficio.
- CONSULTA CIUDADANA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE REPRESA HIDROELÉCTRICA RALCO. Oficios.
- INCINERACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL. Oficio.
- ADHESION
- Salvador Urrutia Cardenas
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- REALIZACIÓN DE PLEBISCITOS ANTE ENAJENACIÓN DE BIENES PÚBLICOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 20ª, en miércoles 2 de agosto de 2000
(Ordinaria, de 10.44 a 13.59 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto
Presidencia accidental de los señores Huenchumilla Jaramillo, don Francisco; Rocha Manrique, don Jaime; Ortiz Novoa, don José Miguel, y de la señora Caraball Martínez, doña Eliana
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión10
III.Actas10
IV.Cuenta10
Autorización a Comisión especial investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala 10
Informe de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano 10
V.Orden del Día.
Nuevo Código de Procedimiento Penal. Tercer trámite constitucional 11
VI.Proyectos de acuerdo.
Investigación de causas en conflicto de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. (Continuación) 33
VII.Incidentes.
Prevención del maltrato infantil. Oficio 35
Rechazo a eventual derogación de aportes al templo votivo de Maipú. Oficio36
Antecedentes sobre adjudicación de concesión de servicios de agua y alcantarillado en la Novena Región. Oficio 37
Depósito de residuos tóxicos en vertedero de Cartagena. Oficios 37
Irregularidades en adquisición de acciones. Oficio 38Problema de poblaciones de Maipú. Oficios 40
Obras viales y electrificación en Novena Región. Oficios 41
Problemas derivados del plano regulador intercomunal de Puente Alto. Oficio 42
Administración de la caleta El Blanco, de Lota. Oficios 43
Medidas en favor de deudores del Indap de la Sexta Región. Oficio 44
Determinación de terrenos del Serviu y construcción de colectores de aguas lluvia. Oficios 44
Estudios técnicos sobre restricción de vehículos catalíticos. Oficio 45
Estudios técnicos sobre manejo de residuos sólidos en Tomé. Oficios 45
Quinto Congreso mundial de medicina de alta montaña y de fisiología de altura. Oficios 47
Destinación de recursos para planificación familiar. Oficio 47
Consulta ciudadana sobre construcción de represa hidroeléctrica
Ralco
Oficio 48
Incineración de desechos hospitalarios en el Cementerio General. Oficio 48
Realización de plebiscitos ante enajenación de bienes públicos48
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del Senado, por el cual comunica que acordó disponer el archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, del proyecto que deroga las leyes Nºs 18.432 y 18.607, con el objeto de suprimir los feriados que indica (boletín Nº 1867-06) (S)50
2.Moción de los diputados señores Tuma, Sánchez y Navarro, realizar plebiscitos vinculantes antes de la enajenación de patrimonio estatal de clara identificación local, regional o nacional (boletín Nº 255-507)50
3.Oficios del Tribunal Constitucional, por los cuales transcribe las resoluciones recaídas en el proyecto de acuerdo relativo al Convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas (boletín Nº 233-10)54
IXOtros documentos de la Cuenta.
Informe del diputado señor Palma, don Osvaldo quien, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Corporación, da cuenta acerca de su participación en la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano realizado en La Habana, Cuba. (Se rinde en forma oral).
1.Oficios:
Contraloría General de la República.
-Del diputado señor Encina, auditoría construcción de Cruz del Tercer Milenio.
-Del diputado señor Vargas, prohibición de ingreso de vehículos de locomoción colectiva a ciertas áreas de la ciudad de Quillota.
Ministerio del Interior
-De los diputados señores Delmastro, Bertolino, Ascencio, Velasco, Jarpa, Palma, don Joaquín; Mora, Van Rysselberghe, Kuschel y de la diputada señora González, planes o programas de emergencia para ser ejecutados por la Oficina Nacional de Emergencia, en caso de catástrofes.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-De los diputados señores Palma, don Osvaldo; Arratia y Ortiz, importación de sustancias tóxicas y peligrosas desde Suecia, por empresa chilena Promel.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Molina, informe técnico sobre ventanas de perforación de la flota industrial en el litoral de la Tercera y Cuarta regiones en área de reserva de la pesca artesanal.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Delmastro, camino Casablanca-Los Pellines y puente Póveda, provincia de Valdivia.
-Del diputado señor Jarpa, puentes Arturo Prat y Comercio, en comuna de Coihueco.
-De la diputada señora Laura Soto, gastos de habilitación de edificio ex Congreso Nacional.
-Del diputado señor Hales, operaciones de defensas camineras y conservación de pasarelas en Ruta 5, Región Metropolitana.
-Del diputado señor Navarro, derechos de agua en zona del río Laja.
-Del diputado señor Ortiz, eventual construcción de costanera sur en comuna de San Pedro de la Paz.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Delmastro, conflicto entre pequeños productores de trigo y Sociedad Agrícola y Molinera Lanco S. A.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-Del diputado señor Huenchumilla, información sobre pensiones asistenciales en la Novena Región.
Ministerio de Salud
-De la Corporación, proyecto de ley para establecer procedimiento de reclamo judicial contra isapres.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Melero, informe sobre Población José Fuentes Guerra (Ex Lo Seco 1 y 2), de Colina.
Gobernador de Llanquihue
-De los diputados señores Kuschel, Galilea, don Pablo; García, don José; Van Rysselberghe, Ulloa, Rojas y Sánchez, avance en implementación de jornada escolar completa en escuelas y liceos.
Alcalde de Arica
-Del diputado señor Navarro, internación de sustancias tóxicas a Chile por parte de Empresa Promel.
Alcalde de Lautaro
-Del diputado señor Huenchumilla, proyecto de alcantarillado de Pillalelbún.
Juez de Policía Local de Freire
-De los diputados señores García, don René; Correa, Delmastro, Fossa, Galilea, don Pablo; Ibáñez, Martínez, don Rosauro; Mora, Pérez, don Víctor; Ulloa y Vega, situación de doble patente.
Consejo de Defensa del Estado
-De los diputados señores García, don René; Correa, Delmastro, Fossa, Galilea, don Pablo; Ibáñez, Martínez, don Rosauro; Mora, Pérez, don Víctor; Ulloa y Vega, procesos por hechos de violencia protagonizados por miembros de comunidades indígenas.
Banco Central de Chile
-Fiscalización y control de ingresos de capitales extranjeros relacionados con el lavado de dinero.
Consejo Nacional de Televisión
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Sistema Administrador de Empresas
-De la diputada señora Soto, privatización de empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A., Esval S.A.
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
-Información financiera de los Fondos de Pensiones y las Sociedades Administradoras.
Dirección Nacional de Aduanas
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Centro Nacional de la Productividad y la Calidad
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Empresa Nacional del Petróleo
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Comisión Chilena del Cobre
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Cruz Roja Chilena
-Agradecimientos por congratulaciones enviadas con motivo de labor desarrollada en los últimos temporales.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada,
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, OsvaldoR
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez, y los senadores señores Sergio Bitar, Julio Lagos y Andrés Zaldívar.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 15ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 16ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión Especial encargada de analizar el caso Matute Johns pueda sesionar simultáneamente con la Sala el día de mañana, de 11.30 a 12.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma , por cinco minutos, para entregar el informe del encuentro de la Comisión de Salud del Parlatino, efectuado recientemente.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, recientemente asistí, en representación de la honorable Cámara de Diputados, a la reunión programada de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano realizada en La Habana, Cuba.
En esa reunión, los temas tratados fueron VIH, sida, tabaco, envejecimiento saludable y violencia contra la mujer.
En relación a todos los temas, adjunto documentos que ya están a disposición de los señores diputados en la Comisión de Salud y en la Cámara.
Con respecto al VIH, sida, se planteó lo positivo de contar con una ley especial por la gran prevalecencia y mortalidad que esa enfermedad alcanza en todo el mundo. En Chile, las cifras son bastante menores; tenemos alrededor de tres mil enfermos, la mitad ya muertos, contra los dos y medio millones de personas que viven con el VIH en las Américas, 1.600.000 en América y un millón en Estados Unidos. Esto es en una relación de uno por doscientos adultos en total.
En la Comisión de Salud del Parlatino se postula la unión de países latinoamericanos para enfrentar mejor la enfermedad, como, por ejemplo, en políticas comunes o en cosas simples pero importantes, como obtener mejores precios en la compra de medicamentos, una de las mayores dificultades en el tratamiento por su alto costo, muchas veces inalcanzable para todos los enfermos. Es una dura realidad que también vive Chile.
Con respecto al tabaquismo y en pro de lograr al fin una sociedad libre de tabaco, se aprueba promover y aprobar leyes que prohíban fumar en espacios públicos o compartidos; promover demandas contra las compañías tabacaleras.
Es importante legislar para incluir este tema en programas desde la educación preescolar para lograr la cultura de no fumar. El tabaquismo es considerado la principal causa de muerte evitable en el mundo. El tabaco ocasiona muertes tanto como el sida, pero de menor efecto comunicacional: 670 mil personas en las Américas para este año.
El Parlamento Latinoamericano se plantea como una necesidad urgente la integración entre nuestros países, con raíces comunes y, más aún, con futuros comunes en lo político, social, cultural, económico y comercial.
Es la manera inteligente de enfrentar muchos problemas internacionales y, más aún, en esta globalidad a la que nadie puede restarse por evidente y natural y que ya muchos países enfrentan como grandes bloques unidos para optimizar las gestiones nacionales e internacionales. Los que no entendemos esto sólo ocasionamos a nuestros países pérdida de oportunidades y fuerza ante la unión de los demás en grandes bloques.
Un punto importante es el acuerdo del Parlatino de solicitar que se nomine, en los países miembros, parlamentarios permanentes y por especialidades en las comisiones en que habitualmente trabajan para optimizar el trabajo y los recursos y lograr continuidad y coordinación política en este imprescindible proceso de integración latinoamericana.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Informo a la Sala que en las sesiones que celebrará la Cámara los días miércoles 9 de agosto y martes 15 de agosto próximos se rendirá homenaje a los ex parlamentarios señores Alejandro Ríos Valdivia y Sergio Merino Jarpa , respectivamente.
Un señor DIPUTADO.-
El martes 15 es feriado, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
La Mesa corregirá esta decisión.
Por otro lado, informo a la Sala que a la sesión pedida por firmas, que se celebrará el miércoles 9 de agosto próximo para tratar el tema de la prevención del consumo de drogas en el país, los Comités parlamentarios acordaron invitar al señor subsecretario del Interior, a la señora secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, al señor general director de Carabineros de Chile y al señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile.
V.ORDEN DEL DÍA
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Tercer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1630-07, sesión 17ª, en 18 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de Constitución, sesión 19ª, en 1 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que sustituye por uno nuevo el actual Código de Procedimiento Penal data de 1906 y el proyecto fue remitido al Congreso Nacional por el Presidente Jorge Montt en 1894, cuya finalidad esencial es remplazar el sistema inquisitivo vigente, en el que el juez asume las funciones investigadoras, acusadoras y juzgadoras, por uno acusatorio, en que se separan dichas funciones, tocándole al Ministerio Público investigar y acusar, y a los tribunales su misión esencial, que es la de sentenciar, luego de un juicio oral público.
Tal vez, desde la dictación del Código Tributario, en 1960, no se había emprendido la magna tarea de revolucionar el sistema procesal penal mediante un cuerpo legal íntegro, que comprende alrededor de medio millar de artículos.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia designó, en este trámite constitucional, una Subcomisión, compuesta por los diputados señora Pía Guzmán , señor Juan Bustos y señor Sergio Elgueta , quienes analizaron y recomendaron a la Comisión la aprobación de las normas y modificaciones del Senado, con la salvedad de las que se expondrán más adelante, respecto de las cuales se propone su rechazo, informe que la Comisión aprobó por unanimidad.
En las páginas 2, 3, 4 y 5 del informe se destacan los artículos del Senado que se rechazan, los cuales figuran en la columna del medio con la numeración que se les dio en la Cámara de Diputados. Alcanzan a un total de 97 y fueron desechados por diversas razones, los cuales, si así lo aprobare esta Sala, deberán tratarse posteriormente en comisión mixta.
Haré un breve resumen de lo aprobado por el Senado.
Al igual que el proyecto de la Cámara, el Ministerio Público está a cargo de la formalización de la investigación, su cierre y la acusación. Existe una audiencia del juicio oral preparatoria, a cargo del juez de garantía. El juicio oral es conocido por un tribunal colegiado de tres jueces letrados, los que dictan el fallo, el cual es inapelable y sólo recurrible de nulidad o revisión ante la Corte Suprema. Existen otros recursos si la sentencia fuere dictada por el juez de garantía ante la corte de apelaciones, siendo este juez, además, el ejecutor de dicha sentencia.
Por otra parte, el Ministerio Público podrá aplicar el principio de oportunidad y el archivo provisional del caso, conservándose el procedimiento abreviado y el de faltas por delitos menores ante el juez de garantía. También se dan otras salidas, aparte del sobreseimiento, como la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios.
Señor Presidente, paso a exponer el rechazo a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Para una más breve explicación, sólo me limitaré a reseñar las discrepancias que motivaron el rechazo de los artículos indicados en las páginas 2, 3, 4 y 5 del informe, tratando de agruparlas por materias.
1ºLa Comisión propone, en el proceso penal, el rechazo a la exclusión del actor y del tercero civilmente demandado.
Como es sabido, en todo proceso penal, además de perseguirse el delito, se puede actuar civilmente, sea para recuperar la cosa objeto del delito, sea para ejercer las acciones de indemnización por la víctima contra el imputado y tercero responsable. Así, se legisló en el artículo 10º, actual 12 del Senado, en que se deja fuera al actor civil y al tercero civilmente responsable, con el pretexto de que tales personas deben recurrir al juez civil, depurando de esta manera el proceso penal. Esta norma define o enumera a los intervinientes en el proceso.
Lo que se pretende con el rechazo es que la víctima pueda demandar civilmente a los terceros responsables, a fin de tener, a través de una economía procesal, más rapidez y eficacia en tales juicios. De lo contrario, si no se rechazare este artículo y se aceptara lo propuesto por el Senado, ésta, la víctima, debería recurrir posteriormente al juicio penal, a un juez letrado en lo civil.
Esta materia está vinculada con los artículos 68, 70, 336, 340, 341, 361, 374, 382, 394, 376, nuevo, y 387, nuevo, además de los artículos 81, 83 y 137, todos los cuales se refieren precisamente a las actuaciones, procedimientos, recursos y fallos en que el Senado deja al margen la acción civil de la víctima contra terceros responsables y que la Comisión propone a la Cámara rechazar en su conjunto.
2ºEl artículo 23 se rechaza con el fin de dar intervención a las cortes de apelaciones en materia de solicitar antecedentes secretos o reservados, que el Senado propone sólo recabar por el Ministerio Público, con autorización de la Corte Suprema, con lo que se pretende una especie de símil con el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin percatarse de que dicha norma se refiere a la situación en que los particulares demandan estos antecedentes o documentos secretos o reservados y no a un poder investigador, como es el Ministerio Público, que, en el caso del nuevo Código Procesal Penal, viene a remplazar a los tribunales. Actualmente y en general, no hay un secreto que pueda estar guardado si lo requiere un tribunal, salvo la excepción contemplada en el Código de Justicia Militar.
3ºEn relación con las notificaciones a que alude el artículo 33 29 del Senado, la Cámara estima que a los privados de libertad debe notificárseles en persona en el lugar en que esa privación se esté ejecutando, ya que hoy día se trasladan alrededor de 1.700 personas a los tribunales, de las cuales el 65 por ciento es para notificarles resoluciones denegatorias de libertad.
En consecuencia, la Comisión propone su rechazo, con el objeto de que se establezca como regla general que a estas personas privadas de libertad no debe trasladárselas para notificarlas, sino que deben ser notificadas de las resoluciones en el lugar en que estuvieron privadas de libertad, sea su casa particular o un establecimiento penal.
4ºDe los registros judiciales a que se refieren los artículos 47, 48, 49, refundido en el artículo 43; 375, 343 y 375, se pide también su rechazo.
Es sabido que el nuevo proceso es desformalizado, sin los expedientes que se conocen actualmente, que llevan una carátula, donde se van cosiendo las hojas y los documentos respectivos y se van formando los cuadernos cuando ello se requiere.
Sin embargo, el Senado estableció la obligación de tener copias fieles de sentencias y de otros documentos, efectuar el procedimiento de reconstrucción de los mismos en el caso de que se destruyan los antecedentes, y dispone su conservación en los tribunales de garantía y en el tribunal oral mientras dura la investigación o el proceso y la devolución o remisión de los que pudieren ser incorporados al debate, por la lectura, al juicio oral. Además, el artículo 375 establece que el registro del juicio oral debe ser íntegro.
Todos estos artículos están rechazados porque, en lugar de tener un auténtico registro, habrá un expediente, que es lo que se quiere evitar. La escrituración y formación de expedientes alteran la desformalización del juicio oral donde, como su nombre lo indica, se producen las pruebas, el debate y el fallo.
En consecuencia, por tales razones se rechaza el capítulo compuesto por todos los artículos que se refieren a los registros judiciales.
5ºLos artículos 62 y 63, relativos a la acción penal pública y privada, se rechazan para que todo lo que se refiere a delitos de tipo sexual contra menores de edad siempre tenga el carácter de acción penal pública y para excluir las lesiones del artículo 399, dejando vigentes las normas sobre delitos sexuales del Código Penal, a fin de eliminar la posibilidad de denuncia de personas diferentes al ofendido por el delito.
6ºEl artículo 99 establece la misión de la policía en el nuevo proceso penal.
La Policía de Investigaciones, como dice el proyecto, es auxiliar del Ministerio Público y debe actuar según las instrucciones que le proporcionan los fiscales, a fin de investigar hasta los delitos de instancia privada y, por supuesto, los de instancia pública. En cambio, los carabineros pueden actuar por orden del fiscal o cuando faltare la Policía de Investigaciones. También Gendarmería puede diligenciar actuaciones por orden del Ministerio Público por hechos delictuales ocurridos al interior de los recintos carcelarios.
Esta disposición se rechaza para determinar con mayor precisión y claridad las funciones que corresponden a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.
Al respecto, si se lleva a comisión mixta, se pretende establecer que ambas policías estén en plano de igualdad en la colaboración con el Ministerio Público, su dependencia respecto de éste o, por el contrario, tener una policía verdadera y directamente conectada con el Ministerio Público, de manera que Carabineros de Chile actuaría sólo en aquellos casos en que no exista la Policía de Investigaciones en el lugar.
7ºSe rechaza el artículo 85, nuevo, sobre control de identidad que contiene reglas similares al proyecto que elimina algunas tareas de carabineros, cuyo trámite finalizó ayer en la comisión mixta, que contempla tal fiscalización en el caso de delitos y faltas y propone la identificación sólo con documentos emanados de la autoridad pública o, en caso de negativa, se le ofrece la posibilidad de quedar libre si autoriza por escrito que se le tomen fotos y huellas dactilares.
La negativa de la Comisión se debe a que no se contempla la situación de los menores ni acepta que pueda generarse una especie de registro prontuarial en Carabineros. Lo que puede ser aceptable en un procedimiento inquisitivo respecto del que se ha obrado en la Comisión Mixta, no lo es en un proyecto acusatorio y garantizador, como el analizado.
Por esas razones, se rechaza el artículo 85, nuevo.
8ºEl artículo 95, nuevo, crea una acción rápida de amparo una especie de recurso de amparo, muy similar a la acción constitucional que existe en la actualidad, denominada también recurso de amparo, el que se puede deducir verbalmente por cualquier persona ante el juez de garantía para que examine la legalidad de la detención y las condiciones del detenido y pueda adoptar medidas de prevención.
Su rechazo es para perfeccionar la norma, lo que obligaría a conducir sin demora a su presencia al detenido o al privado de libertad, en cualquier momento, es decir, sin que existan horas ni días inhábiles para constituirse en el lugar y examinar, entonces, las condiciones en que se encuentra la persona privada de libertad, sin que para ello sean obstáculo los días feriados o las horas hábiles o inhábiles. En cualquier momento se podría efectuar este tipo de diligencia, por lo cual se propone el rechazo del artículo 95 nuevo.
9ºEl artículo 135 también es rechazado ya que, al definir a la víctima, se la señala como el directamente ofendido, en circunstancias que sabemos que puede haber víctimas que no sean los directamente ofendidos e, incluso, aquí se incurre en una contradicción, puesto que, a continuación, el artículo señala que también pueden ser víctimas el cónyuge, los hijos y otros parientes, de todo lo cual resulta que no siempre es el directamente ofendido.
Por eso se propone rechazar este artículo para suprimir la forma adverbial “directamente”.
10º El artículo 110 nuevo se refiere a la información que el Ministerio Público debe dar a la víctima o a los parientes que no han intervenido en el proceso.
Para precisar el alcance de esta comunicación, que no aparece claro en el artículo 110 nuevo, se propone su rechazo, a fin de perfeccionarlo en la comisión mixta.
11º El artículo 161 regla los plazos dentro de los cuales debe presentarse al detenido ante la autoridad correspondiente, que la Cámara fijó en un máximo de 12 horas. Sin embargo, el Senado lo determinó en hasta 48 horas y, en caso de flagrancia, en 12 horas.
Se rechaza para que en ningún caso este plazo pueda exceder de 24 horas, si no fuere hora de despacho para presentar al detenido ante la autoridad. Con este rechazo se pretende que la persona privada de libertad pueda ser presentada ante el tribunal respectivo y éste, en consecuencia, adopte las resoluciones que sean convenientes, y no mantenerla indebidamente en los cuarteles de la policía o en los establecimientos penales.
12º La reglamentación de la prisión preventiva prevista y de otras medidas cautelares es rechazada en los artículos 170, 171, 180, 185 y 186, por las siguientes razones:
a)no se fijan criterios para precisar la seguridad de la sociedad, puesto que el Ministerio Público y el defensor, según se adujo en el Senado, alegan y exponen sus fundamentos ante el juez de garantía, lo que actualmente no ocurre cuando se trata de un proceso inquisitivo en el cual el tribunal o el juez cumplen el doble papel de investigador y acusador, y luego de sentenciador.
En consecuencia, es menester decidir si aceptamos que, a fin de evitar peligrosidad para la sociedad, se fijen pautas o criterios al juez de garantía, como ocurre en la actualidad, o bien lo dejamos al arbitrio o al juicio del tribunal respectivo para que determine frente a las alegaciones de las partes, del fiscal y del abogado defensor, las condiciones que fundamenten la seguridad de la sociedad.
b)Tampoco regla adecuadamente los casos de improcedencia de la prisión preventiva.
En este punto quiero destacar que el Código Procesal Penal no habla de la libertad provisional, sino que aquí, a la inversa, la prisión preventiva es excepcional, temporal, está sujeta a la jurisdicción y solamente es procedente en casos muy extraordinarios.
Esta parte no se regla adecuadamente, pues la prohíbe en el caso de que el delito no mereciere pena aflictiva. Es decir, una persona que comete un delito cuya pena no alcanza a los tres años y un día, no puede estar en prisión preventiva.
Hubo discusión, porque se estimó que hay distintos criterios en atención a que podíamos encontrarnos con situaciones graves o peligrosas. La Comisión señala al respecto que tal prohibición de prisión preventiva sólo debería existir en el caso de que se apliquen penas pecuniarias o multas; penas privativas de derechos, o presidio o reclusión menor en su grado mínimo.
c)Porque en la ejecución de la prisión preventiva existe confusión entre la que se cumple en la casa y en establecimientos penales, en circunstancias que esta última es la regla general.
d)Porque entre las otras medidas cautelares no se contempla la privación de libertad total o parcial, en su caso, o la que el propio imputado señale.
Por estas razones, se rechazan todos los artículos relativos a la prisión preventiva y las medidas cautelares que he indicado.
13º En cuanto a los artículos 199 al 239, que se refieren a la prueba y su reglamentación, la Comisión consideró que estaban mal ubicados en el Título VIII del Libro Primero, ya que estas pruebas sólo pueden tener lugar en la audiencia del juicio oral. Cuando se plantea la acusación, su respuesta y las pruebas ocurren en esa audiencia y, por esa razón, perteneciendo al juicio oral, que es el procedimiento ordinario en este nuevo código procesal penal, estas materias deberían estar en el Libro Segundo, Título III, del proyecto.
14º El artículo 248 obliga a denunciar a senadores, diputados y a otras personas, como inspectores, directores y profesores, que, incluso, no son funcionarios públicos. Les extiende la obligatoriedad de la denuncia.
La Comisión estimó que tal deber era improcedente o, al menos, no en cualquier situación. Expresa que para regular las situaciones por las cuales esas personas podrían estar obligadas a denunciar por ejemplo, los parlamentarios por delitos que ocurran en la Sala o en Comisiones; o sea, cuando están ejerciendo realmente sus funciones, podría reglamentarse en mejor forma. Se trata de no obligar a denunciar cualquier delito, puesto que les acarrea una serie de obligaciones o deberes que los llevaría a estar en presencia del ministerio público o en los tribunales, en circunstancias que no son conductas delictuales que les atañen directamente.
En consecuencia, se rechaza el artículo con el fin de aclarar la situación respectiva.
15º En cuanto al artículo 223, nuevo, que regla la comparecencia del imputado ante el Ministerio Público, se propone suprimirlo del proyecto, porque puede estar en libertad y debe hacerlo o, si está privado de ella, el ministerio público podría ir al establecimiento penal a interrogarlo o recabar alguna prueba.
Por esas razones, se rechaza el artículo.
16º Los artículos 118, 119, 121 y 260 se refieren a la declaración voluntaria del imputado ante el fiscal. Se rechazan con el objeto de sintetizar lo que se requiere del imputado, ya que se trata de una declaración voluntaria, y el texto que propone el Senado contiene tantos detalles que prácticamente superan a la norma actual del procedimiento inquisitivo. Se propone reducir la exigencia que estas normas señalan respecto de esa declaración.
17º El artículo 261 reglamenta el careo ante el fiscal.
En primer lugar, se rechaza porque existe un juicio oral, en el cual se van a confrontar la víctima con el imputado. Allí estarán presentes el Ministerio Público y el abogado defensor. En consecuencia, creemos que no debe darse lugar a esta diligencia, como sucede en el actual proceso inquisitivo.
Por otra parte, el careo no constituye una prueba, por cuanto todas ellas se rinden en el juicio oral y, además, porque el imputado no está obligado a declarar y podría producirse una especie de amedrentamiento, tanto en la víctima como en los testigos, para que concurran a la audiencia del juicio oral posterior.
19º El artículo 277, referido al registro por la policía en caso de delito flagrante, se rechaza para perfeccionarlo y agregar otras hipótesis de proceder sin orden judicial previa, y sin autorización del dueño o encargado, en un lugar cerrado, cuando existan llamadas de auxilio u otras demostraciones que indiquen que se está cometiendo un delito.
Cabe señalar que esta disposición ha sido requerida para la ley de violencia intrafamiliar, porque, no obstante que una persona esté pidiendo auxilio, que existan demostraciones de que se está cometiendo un delito, la policía, sin orden judicial, llega hasta la puerta y no puede intervenir.
Esta hipótesis no está contemplada en el artículo 277. La comisión mixta quiere incorporarla y para esos efectos se rechaza el artículo.
20º Los artículos 291, 292 y 253, nuevo, implican una especie de medida intrusiva, ya que afectan a las empresas de telégrafos, de cables o de otros sistemas de comunicación, en cuanto a incautación de documentos y a interceptaciones telefónicas.
Se rechazan dichos artículos para adoptar algunos resguardos, como la intervención en todos ellos del juez de garantía, con el objeto de que ordene y precise las condiciones o circunstancias en que ha de actuarse con motivo de esta diligencia.
Estas disposiciones tampoco resguardan el secreto profesional respecto de las personas que lo poseen. Asimismo, tampoco establecen la prohibición de interceptar los teléfonos o comunicaciones entre el imputado y su abogado. La Comisión, respecto de esta última situación, estimó que, incluso, el teléfono podría ser intervenido si el abogado tuviere responsabilidad penal en los hechos que se investigan.
Para solucionar la falencia de estas normas sobre medidas intrusivas, se recomienda rechazarlas para resolver el asunto en la comisión mixta.
21º El artículo 274, nuevo, se refiere a los efectos de los llamados acuerdos reparatorios que se logran cuando el fiscal y la víctima se ponen de acuerdo y regulan la situación mediante debidas indemnizaciones, sobre todo en caso de delitos de tipo patrimonial o menores.
Se rechazan estos efectos para que el juez de garantía pueda ejecutar el acuerdo a que se ha llegado mediante la norma del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
De esta manera, el mismo juez podrá ejecutar el acuerdo reparatorio en caso de incumplimiento, y no habrá necesidad de recurrir, como propone el Senado, a un juez extraño, a un juez letrado civil. Con ello se simplifica el trámite y se resguardan, además, los derechos de la víctima.
22º El artículo 317 fija un plazo de dos años para la instrucción. Es decir, el proceso investigatorio que pueda realizar el fiscal tiene un plazo de dos años. Si en éste no logra acusar, simplemente debe cerrarse y sobreseerse el caso.
Sin embargo, la disposición del Senado le otorga una prórroga de dos años. Si se considera que el actual sumario penal, según las estadísticas, demora alrededor de cuatro años, se llegaría prácticamente a lo mismo; porque no habría juicio penal, de acuerdo con el proyecto; es decir, que no se tomara el plazo de cuatro años, puesto que los dos años serían prorrogables por otros dos.
Por eso, se rechaza esta norma con el objeto de que no se dé lugar a la prórroga de dos años, con lo que se evita la dilación de los procesos penales.
23º Respecto del sobreseimiento definitivo, se propone rechazar el artículo 320 para reincorporar la idea de que no procederá nunca en el caso de los delitos imprescriptibles o no amnistiables que establezcan los tratados internacionales, ratificados por Chile y vigentes. Las únicas excepciones serían los casos que señala el artículo 93 del Código Penal, numerales 1 y 2, que se refieren a la muerte del procesado y al cumplimiento de la condena, caso en el cual, sin duda, deberá darse lugar, de todos modos, al sobreseimiento definitivo.
24º El artículo 338 alude a los vicios formales en que se puede incurrir en la formulación de la acusación particular, en la del fiscal o en la demanda civil. Se rechaza con el objeto de mejorar su redacción e impedir que si ello no se corrige, se dé lugar al sobreseimiento definitivo.
En este artículo se otorga un plazo a los intervinientes para que corrijan los vicios formales; pero si no se corrigen dentro de determinado plazo, la sanción favorece al imputado, porque se sobresee definitivamente.
Como pensamos que es una decisión muy grave frente a vicios formales, se rechaza esta norma para que se dé otra salida a la situación.
25º Los artículos 353 y 321 nuevo, regulan la publicidad en el juicio oral. Generaron una amplia discusión en la Comisión respecto de la posibilidad de fotografiar, filmar o transmitir el juicio oral y de emitir opiniones, sobre el proceso, por los fiscales, abogados y demás intervinientes por los medios de comunicación social.
En general, la Comisión es partidaria de eliminar las restricciones respecto de una audiencia pública, como es un juicio oral, dentro del procedimiento acusatorio nuevo.
Se propone rechazar los artículos y llevar la materia a la comisión mixta.
26º Los artículos 363, 364, 365 y 378, que reglan la recepción de las pruebas en el juicio oral, se rechazan con el objeto de hacer un ordenamiento en que cada parte determine el orden de la rendición de su prueba. Cada parte será dueña de decidir el orden en que presentará su prueba.
Se corrige la norma en el sentido de que, primero, debe hacerlo el ministerio público y, luego, el defensor. Los testigos y peritos deberán declarar y serán interrogados personalmente, por lo que no podrán ser sustituidos por registros o lecturas, y se abrirá la oportunidad, por una sola vez, sobre pruebas que no se hubieren podido rendir por no haber sido conocidas antes por las partes.
27º Luego del debate en el juicio oral, se procede a la deliberación por parte de los jueces, aspecto que regla el artículo 379, que se rechaza con el objeto de que la deliberación sea estrictamente privada. Se pretende perfeccionar la norma para que se especifique qué implica “un tiempo razonable”.
28º Se propone rechazar, asimismo, el artículo 380, que se refiere a la sentencia, fallo y, especialmente, a la convicción que debe tener un juez para condenar. El Senado habla de “convicción suficiente”, pero la Comisión estima que esa expresión es inapropiada, porque o la convicción es absoluta y no requiere de tal adjetivo, o habría que definir qué sería “suficiente”. Internacionalmente, se reconoce la fórmula que sugiere la comisión: la convicción más allá de toda duda razonable.
Por este motivo, se rechaza la norma para llevarla a la comisión mixta.
29º En el nuevo código procesal penal, la absolución o condena debe darse a conocer inmediatamente de concluido el debate; pero puede haber casos en que el juicio oral dure más de dos días y la complejidad del asunto demande un plazo superior. El Senado fijó hasta tres días.
Esta norma se rechaza, porque cuando se amplía el plazo para las deliberaciones, los jueces que intervengan en el asunto pueden estar sujetos a presiones, y lo más probable es que se tomen el tiempo máximo señalado para cavilar y deliberar.
Por eso, la Comisión propone que se rechace la norma y que se vuelva al texto primitivo en la comisión mixta, el que establece un plazo de veinticuatro horas para decidir si absuelve o condena.
30º Se refiere a la lectura del fallo, reglada en el artículo 385. Si bien se da a conocer el resultado del mismo absolución o condena, sus fundamentos pueden ser estudiados y, en consecuencia, ser leído con posterioridad a los mismos.
Se rechaza para que, en caso de condena, el tribunal pueda abrir incluso un debate sobre factores relevantes para la ejecución de la pena, y para establecer un mínimo de penas para aquel que hubiere reconocido verazmente su participación, e incluso rebajarla al grado inferior.
Se trata de incentivar al imputado o acusado y condenado, para que cuando haya cooperado y servido a la justicia diciendo veraz y prontamente la verdad, el delito se hubiere esclarecido y, además, si se hubiere determinado su responsabilidad penal, se le incentive con una rebaja de pena.
Se rechaza la norma, con el objeto de perfeccionarla en comisión mixta en la forma indicada.
31º Los artículos 395, 407 y 408, que han pasado a ser 360, regulan la tramitación de los recursos de apelación ante las cortes, y el 361 lo aprueba en esa instancia.
La sentencia que dictan los tribunales colegiados en el juicio oral son inapelables; pero cuando hablamos de apelación, nos referimos a la sentencia que dictan los jueces de garantía respecto de delitos menores o cuando se trata del procedimiento abreviado, situaciones en las cuales puede existir recurso de apelación contra esa sentencia.
En estos artículos se establece una tramitación bastante parecida a lo que dispone el actual Código de Procedimiento Civil, en segunda instancia, y el Código Orgánico de Tribunales. Con su rechazo se pretende simplificar esta materia, pues su reglamentación excesiva contrasta con la de desformalización con que se deben llevar estas causas.
32º Se rechazan todas las disposiciones relativas al fuero y desafuero de las autoridades señaladas en la Carta Fundamental, como senadores, diputados, ex Presidentes de la República de período completo, intendentes y gobernadores, puesto que fueron objeto de críticas por no situarse o no corresponder a lo que dictaminan la Constitución y las nuevas normas sobre proceso penal.
En efecto, para dar lugar al desafuero se exige que existan antecedentes para acusar; pero cuando llegamos a la acusación en este nuevo proceso penal ya ha ocurrido toda la investigación, y esto supone necesariamente una investigación previa. En el caso de un senador o un diputado se habría completado todo el proceso de investigación, y cuando llega el momento de acusar se recurre a la corte de apelaciones para obtener el desafuero.
La pregunta que surgió en la Comisión fue cómo investigar a un aforado sin desafuero. En la actualidad, el desafuero es un antejuicio donde hay sólo diligencias preliminares y, además, existen elementos o circunstancias que permiten la detención o la privación de libertad de la persona. Sin embargo, acá se va mucho más allá, puesto que exige el proceso prácticamente completo hasta llegar a la acusación, porque después viene el juicio oral.
Los preceptos aprobados por el Senado tampoco consignan la posibilidad de apelación en caso de negarse el desafuero por la corte de apelaciones.
De acuerdo con la historia de la Constitución de 1925, continuada por la de 1980, en las actas constitucionales y en la historia de la primera Carta Fundamental mencionada se dejó expresa constancia de que el recurso de apelación era procedente en caso de denegarse el desafuero.
Tampoco establece la duración del desafuero. En la situación actual implica una verdadera condena anticipada, puesto que esta duración es indefinida y no se suspende mientras dura el proceso. En consecuencia, para que termine la suspensión del cargo, durante la cual el parlamentario o las personas aforadas no pueden desempeñar sus funciones, puede transcurrir un tiempo muy largo. Naturalmente, si termina absuelto, ese castigo impuesto para impedir cumplir sus funciones constituye una sanción anticipada que va contra las normas del debido proceso.
Tampoco se contempla en estas materias relativas al desafuero qué ocurre en caso de negarse éste. Si el proceso se archiva o se sobresee definitivamente o cuál es la solución que la ley ofrece para resolver situaciones en que, con posterioridad a la negativa del desafuero, pueden ocurrir hechos o traerse a colación pruebas que no se conocieron antes y, en consecuencia, si se sobresee definitivamente, como lo propone el Senado, y se archiva el proceso, éste jamás podría reabrirse no obstante haberse cometido un delito, pero que, de acuerdo con nuevos elementos de convicción, una persona aforada resulta culpable o responsable.
33º Los artículos 486, 490, 491 se refieren a la querella de capítulo, antejuicio relativo a la conducta delictual ministerial, es decir, a los delitos que cometan los jueces en el ejercicio de sus funciones.
Se rechazan con el objeto exclusivo de homologarlos con los procedimientos y efectos del desafuero, porque ambos tienen similares características, y lo que se resuelva respecto de uno también tendrá que resolverse respecto del otro.
34º También se rechaza el artículo 528, relativo al destino de las especies decomisadas y al rol que corresponde a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado en el remate o destrucción de los bienes que lleguen a su poder por esta vía.
Esas son todas las disposiciones que la Comisión recomienda rechazar.
Luego del debate que seguramente habrá en esta Cámara, las proposiciones de la Comisión deberían votarse en un solo acto. De esta manera se aprobarían las normas que no han sido objeto de observaciones o discrepancias en la Comisión y se rechazarían las señaladas en las páginas 2, 3, 4 y 5 del informe, lo cual facilitaría su votación.
Termino proponiendo este procedimiento: aprobar las proposiciones de la Comisión y las que concordamos con el Senado, y rechazar aquellas con las cuales estamos en desacuerdo, que he comentado y descrito.
He dicho.
El señor Presidente saluda y da la bienvenida a los dirigentes vecinales, presentes en las tribunas, de la comuna de Lo Valledor, provincia Cardenal Caro.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor ministro de Justicia ha solicitado a la Mesa pedir el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala su asesor, señor Rafael Blanco.
No hay acuerdo.
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, hoy no se trata de celebrar que esta Sala analice nuevamente el Código de Procedimiento Penal, porque se ha hecho muchas veces a raíz de la reforma procesal penal. En consecuencia, me referiré a los cambios introducidos por el Senado al nuevo Código Procesal Penal y a ciertas normas que se recomienda rechazar a fin de perfeccionarlas en la Comisión Mixta.
En el Senado, la iniciativa fue objeto de numerosas modificaciones, producto de una detenida discusión y del análisis desarrollado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha Cámara.
En general, de la lectura del proyecto en su nueva versión y de su comparación con el despachado por esta Corporación, se evidencia un importante progreso, por el afinamiento y ajuste de ciertas disposiciones, pero también cosa muy importante de la maduración de algunas instituciones. Me refiero a un cambio absolutamente revolucionario de cómo se debe hacer justicia en materia criminal. Se pasa de la escrituración a la oralidad, de amontonar una cantidad de papeles a la realización efectiva de un juicio frente a un tribunal imparcial, lo cual requiere de una maduración de los legisladores y de las instituciones, a fin de buscar la mejor forma de concretar el nuevo sistema, y las modificaciones del Senado van fundamentalmente por esa vía.
Entre los cambios más positivos están los referidos a las actuaciones de la policía, a la mejor regulación de los recursos y al establecimiento de un procedimiento simplificado.
La actuación de la policía se regula con mucho mayor claridad en el proyecto aprobado por el Senado. Se cambia la orientación desde la tradicional orden de investigar que hoy se manda a Investigaciones o a Carabineros por actuaciones propiamente autónomas.
En el proyecto de la Cámara se mantuvo la lógica vigente que concibe la intervención policial fundamentalmente a través de esta emisión de órdenes de investigar y que, en este caso, ya no va a ser enviada por el juez, sino por el fiscal. El Senado se adecua mucho más a la realidad de los sistemas de justicia criminal modernos, en que las actuaciones policiales se conciben, a lo menos, como regla general, sobre la base de facultades y tareas que pueden ejercerse autónomamente por los agentes policiales en cuanto toman conocimiento del hecho ilícito, sin esperar a que esto pase a un tribunal o a un fiscal que ordene investigar el delito; ello, a fin de poder preservar lo que son las pruebas del crimen.
En su actividad debe ponerse el acento en la adecuada concreción, en especial, en los delitos de baja y mediana gravedad, que son los más comunes, lo que significará un enorme ahorro de tiempo y evitar la duplicidad de gestiones.
Sin perjuicio de lo bien que se regula la actuación de la policía, se recomienda rechazar el artículo 79, a objeto de definir con mayor precisión el rol de la Policía de Investigaciones.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados está más de acuerdo con el criterio que tuvo la Comisión de Constitución del Senado y no con el artículo 79 despachado por la Sala del Senado.
Es importante que el tema se vuelva a discutir en la comisión mixta, a fin de dar un rol preponderante a la Policía de Investigaciones, centrado en la investigación de los delitos, para lo cual deberá contar con la técnica necesaria.
El segundo punto que es necesario destacar es el sistema de recursos. El texto del Senado constituye un claro avance respecto del proyecto de la Cámara. Es mucho más coherente con la lógica del sistema acusatorio.
De partida, al suprimirse el recurso extraordinario se elimina cualquier vestigio de la apelación tradicional que nada tiene que ver con el juicio oral. Con una apelación, se revisan los hechos y el derecho, pero revisar los hechos sería realizar un segundo juicio, con los mismos peritos y los mismos testigos ante el tribunal superior, lo que significa duplicidad y desconocer el principio de economía procesal. Por lo tanto, en general, el recurso de apelación tendrá que ver con la aplicación del derecho, lo cual fue reconocido en el Senado con el recurso de nulidad, que busca un mayor control del tribunal superior respecto de las garantías del debido proceso y el respeto a los valores y principios inmersos en el nuevo sistema de justicia criminal, entre otros, la inmediación, la publicidad y la adecuada defensa. Ello está establecido en el artículo 375 y constituye un gran avance, una maduración del Senado en relación con los recursos propios de este sistema.
Por último, el establecimiento del procedimiento simplificado es un mecanismo importante, con miras a reducir la presión de casos que necesariamente existirá sobre tribunales colegiados. Es claro que, aunque los casos que llegarán a la etapa de juicio oral porcentualmente serán pocos, su complejidad y duración harán que dichos tribunales siempre se encuentren presionados por la carga de trabajo, con riesgo de atochamiento y demora.
En tal sentido, trasladar los casos de menor gravedad a otros tribunales unipersonalescon iguales garantías, pero con un juicio muy directo, constituye una fórmula razonable para obtener una mayor productividad sin deteriorar los objetivos del sistema.
También nos parece adecuado determinar el uso de este procedimiento en relación con las penas concretas que solicite el fiscal para, de este modo, estimular que el Ministerio Público utilice ese mecanismo cuando la pena teórica de los delitos pueda ser incluso superior a los 541 días, pero en que el fiscal esté dispuesto a mantener su pretensión dentro de un límite por considerarlo socialmente más adecuado, lo que significará ahorro de tiempo y de recursos. Por lo tanto, la simplificación del procedimiento para los delitos respecto de los cuales exista una solicitud de pena concreta de no más de 541 días es correcta y corresponde a esta maduración del nuevo sistema procesal penal.
No obstante los progresos que anotamos, creemos que las modificaciones del Senado presentan algunos problemas puntuales que justifican, ya sea volver a la fórmula aprobada por la Cámara o buscar una tercera alternativa de acuerdo. Propongo que las modificaciones que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda no acoger, sean rechazadas en bloque por la Sala, agregando una más que, erróneamente, fue dejada de lado en el informe.
Los problemas que detectamos, en forma muy resumida, tienen que ver, en primer lugar, con el orden de las pruebas en el juicio oral. En verdad, el artículo 330 propuesto por el Senado establece que la recepción de pruebas deberá seguir un orden determinado muy rígido: primero los peritos, después los testigos y, por último, los documentos. Creemos que en el juicio oral la prueba debe ser fruto de una planificación estratégica de la parte que la presenta, porque tiene que ver con la coherencia de la tesis, ya sea de acusación o de defensa, que sostiene el abogado. Por lo tanto, debe quedar entregada al juicio del fiscal o del abogado defensor la determinación estratégica del orden en que se presentarán las pruebas. Lo que pretendemos es, mediante el rechazo del artículo 330 del Senado, flexibilizar el orden de presentación de las pruebas en el juicio oral.
También sugerimos que los artículos 166 a 195, que se refieren a determinados medios de prueba, sean trasladados del Libro Primero al Libro Segundo, porque las pruebas tienen validez en el juicio oral.
Asimismo, cuestionamos los registros del juicio oral, que el Senado así lo establece el artículo 41mantiene en forma rígida. Se trata de que las actas del juicio no se vinculen de ninguna manera a escrituración, porque con ello se tendería a volver al sistema actual. El peso de la cultura es muy fuerte y si dejamos abierta la posibilidad de que de alguna forma se registre lo que se dice en forma oral, tendremos un retroceso. Por lo tanto, lo importante es rechazar el artículo 41 y dejar establecido que existen muchas fórmulas para efectuar registros fidedignos, sin que sean necesariamente escritos.
Por último, proponemos votar separadamente el artículo 346, que se refiere a los plazos para dictar la resolución. Se ha informado que queremos acortar los plazos para dictar la sentencia; por ello es indispensable rechazar dicho artículo, que no aparece incluido en el informe.
En todo caso, el informe rendido por el diputado señor Elgueta ha sido completísimo y en los demás temas me remito a lo señalado por él.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Informo a la Sala que en las tribunas se encuentra una delegación de niñas, niños y adultos de la fundación Children International Chile, encabezada por su director, señor Jorge Donoso.
(Aplausos).
La visita se enmarca dentro de las celebraciones del Día del Niño y de la Declaración de los Derechos del Niño. Ellos serán recibidos por la presidenta de la Comisión de Educación, a quien harán entrega de diversos planteamientos relacionados con sus derechos.
Les damos la bienvenida y los felicitamos por esta iniciativa.
(Aplausos).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continuando con la discusión de las modificaciones del Senado al proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Penal, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, no me referiré a todas las materias que deberán ser analizadas por una comisión mixta, después de que la Sala se pronuncie sobre la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; sólo tocaré algunos temas que han generado mayor debate y que, de una u otra forma, se relacionan con la Comisión de Seguridad Ciudadana, que presido.
En primer lugar, quiero destacar que en la comisión discutimos una propuesta que presentamos en conjunto con el Ejecutivo. En derecho, las acciones penales se clasifican en públicas, privadas y mixtas. En muchos casos los delitos sexuales son cometidos en contra de menores aprovecho de mencionarlo porque el próximo domingo se celebra el Día del Niño y porque hay muchos niños en las tribunas que no siempre son representados por sus padres, ya sea porque ellos o sus familiares están involucrados en tales delitos, por lo general, violaciones, estupro, incesto, abusos deshonestos, etcétera, o por otras razones. Entonces, como se trata de niños que requieren mayor protección, junto con el Ejecutivo proponemos que esos delitos siempre sean considerados de acción penal pública, de manera que la iniciativa no quede sólo en manos de sus familiares o de las personas cercanas a ellos, sino que, en particular, del Ministerio Público. Por eso, proponemos que la acción penal pública siempre será ejercida para perseguir delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.
Otra materia que también generó gran debate y que tratamos ayer en la comisión mixta que estudió otro proyecto de ley, se refiere al control de identidad que ejerce Carabineros y la Policía de Investigaciones. Al respecto, no obstante estar de acuerdo con la idea central propuesta por el Senado, es decir, que ambas policías tengan la facultad de controlar la identidad de las personas, la Cámara la restringió sólo a cuando existan indicios de que se ha cometido o se ha intentado cometer un crimen o un simple delito, y el Senado incluye la falta. Es decir, nosotros consideramos que reyertas callejeras, hurtos menores, etcétera, no justifican el control de identidad o la acción de Carabineros.
Por otra parte, se mantiene la idea de que la identificación se realizará por medio de su cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir.
En la comisión mixta se deberá determinar a qué edad va a ser exigible el control de identidad. Algunos creemos que desde los 14 años; otros estiman que a partir de los 16.
De todas maneras y en eso estamos de acuerdo con el Senado, toda la operación de identificación que se realice en la unidad policial, en caso de que la persona por identificar no contare con alguno de los documentos indicados, no puede durar más de cuatro horas. O sea, no se debe detener en demasía a quienes debe identificarse.
Si una persona se niega a acreditar su identidad o habiendo recibido las facilidades del caso para hacerlo, no se hubiere logrado, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para su identificación. Si aún así no fuere posible identificarla, se le otorgará la posibilidad, previa autorización escrita de ella, de que se le tomen fotografías y huellas digitales, las que sólo podrán ser utilizadas para fines de identificación. Cumplido el trámite, se le otorgará de inmediato la libertad.
Es decir, además de la huella digital el Senado propone incorporar la fotografía. Nosotros, como Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, consideramos excesivo incorporarla, puesto que con esa medida nos aproximamos mucho a la confección de un prontuario, que es bastante indigno para la persona que se va a identificar.
El diputado informante y la diputada señora Guzmán hicieron ya alguna mención a la materia que voy a abordar a continuación. Desde mi punto de vista es fundamental, para el éxito de la investigación, la buena cooperación y coordinación entre el Ministerio Público, a través de sus fiscales regionales y adjuntos, con la policía.
La filosofía del proyecto es que la Policía de Investigaciones sea la que se encargue de las tareas de investigación, como lo dice su denominación, y que Carabineros también realice dichas funciones en aquellos lugares donde la policía civil no pudiere ejercerlas y cuando el fiscal a cargo del caso así lo dispusiere. En la práctica, las dos policías van a realizar labores de apoyo al Ministerio Público en la instrucción e investigación.
La Cámara de Diputados estableció que la Policía de Investigaciones será auxiliar del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias de la instrucción y deberá, por iniciativa propia o por orden de los fiscales de ese organismo, investigar los hechos punibles.
Nosotros consideramos, y en eso estamos de acuerdo con el Senado, que entregar exclusivamente a la Policía de Investigaciones o a Carabineros el inicio de la investigación, puede resultar un tanto inconveniente. El éxito de esta reforma, que crea un nuevo procedimiento penal, está basado en el principio de la oportunidad; en una cierta discrecionalidad que tiene el Ministerio Público el fiscal, concretamente de seleccionar aquellos delitos que merecen una investigación; de poder determinar qué delitos deben ser investigados y, por lo tanto, movilizar todo el aparato estatal para ese efecto, y, posteriormente, perseguir, acusar y llevar al juicio oral del tribunal colegiado a los inculpados.
Por eso, si dejamos a las policías resolver las materias por investigar, se podría provocar un verdadero choque, una suerte de colisión entre la opinión del Ministerio Público respecto de determinados delitos y la de las mismas policías. Por eso, nos parece positiva la proposición del Senado, no obstante que es necesario mejorar su redacción y completarla.
Quiero referirme de manera muy sucinta a una vieja institución del proceso penal. Me refiero al amparo. Como es bien sabido, el recurso de amparo o hábeas corpus es un recurso contemplado en la Constitución desde hace mucho tiempo. En los albores de nuestra república ya se planteaba ante los tribunales superiores, como es la corte de apelaciones, cuando a un ciudadano se le privaba de libertad.
El Senado hace un gran aporte al incorporar en el proyecto esta figura del amparo, cuya acción se puede ejercer ante el juez de garantía. Es decir, toda persona detenida tendrá derecho a ser conducida, sin demora, ante un juez de garantía, con el objeto de que se examine la legalidad de la detención si se hubiere practicado sin orden judicial previa. En todo caso, deberá examinar las condiciones en que se encuentra el detenido, como también la posibilidad de ordenar su libertad o adoptar las medidas que fueren procedentes.
Estamos de acuerdo con la incorporación del amparo, que se puede deducir ante el juez de garantía, aunque sí requiere de algún perfeccionamiento en la comisión mixta.
Por último, quiero referirme a la institución de la prisión preventiva. En el Código de Procedimiento Penal se establecen ciertos requisitos para ordenar la prisión preventiva. Uno de ellos es que existan antecedentes calificados que permitan al juez considerar que la prisión preventiva es indispensable, primero, para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación y, segundo, que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.
La proposición de la Cámara detalla cada una de estas tres figuras y norma cuando la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las investigaciones, como también cuando la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado. Sin embargo, el Senado omitió aquellos casos en que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, no obstante que la Cámara estableció lo contrario, ello en consideración al número de delitos imputados, el carácter de los mismos, etcétera. Atendido lo anterior, es necesario reincorporar el inciso que detalla esa materia.
Se trata de algunos tópicos sobre los que quería llamar la atención, pues ellos han generado debate. Con todo, es necesario señalar que el Senado ha incorporado muchas normas positivas para el perfeccionamiento del proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se suspende la sesión por tres minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, me referiré a algunos aspectos del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y a las modificaciones propuestas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Quiero llamar la atención de la Sala en cuanto a que los artículos rechazados por la Comisión de Constitución no concitaron la unanimidad de sus miembros. Con ello quiero señalar que no hubo artículos rechazados por mayoría de votos. Sin embargo, existen algunos artículos que me llaman la atención me habría gustado que el ministro de Justicia hubiera permanecido en la Sala y a ellos me referiré a continuación.
El artículo 12, cuya modificación propuesta por el Senado fue rechazada por la Comisión, la que dejó a firme la proposición de la Cámara, plantea el efecto de las sentencias penales de tribunales extranjeros en Chile. En él se señala que la “sentencia absolutoria pronunciada por un tribunal en el extranjero tendrá valor en Chile para todos los efectos legales, a menos que recaiga sobre algún delito cometido en el territorio nacional o en los demás lugares sometidos a la jurisdicción chilena o sobre alguno cometido en el extranjero que debiere juzgarse en Chile”. Y agrega: “Sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las sentencias condenatorias de tribunales extranjeros no se ejecutarán en Chile en cuanto impusieren penas”. Quiero hacer especial hincapié en esta norma. ¿Por qué? Porque en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara se aprobó por estrecha mayoría la incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional, también conocida como Tratado de Roma. En ese tratado, que no contó con nuestros votos, se establece que determinados delitos cometidos en Chile pueden ser sancionados por la Corte Penal Internacional, es decir, por un tribunal extranjero. Además, el tratado señala que una vez juzgado un delito por un tribunal nacional, y si a juicio de la corte no ha habido objetividad ni imparcialidad en el proceso, no rige la cosa juzgada, y la Corte Penal Internacional se reserva el derecho de juzgarlo una vez más.
En una oportunidad, la ex ministra de Justicia, señora Soledad Alvear , señaló en la Comisión de Relaciones Exteriores que se había firmado un convenio entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Ministerio de Justicia para adecuar la legislación interna al tratado que incorpora a Chile a la Corte Penal Internacional. Sobre el particular por eso hace un momento preguntaba por el ministro de Justicia, quiero saber cómo logra compatibilizarse el tratado que incorpora a Chile a la Corte Penal Internacional con el inciso segundo del artículo 12, que señala: “Sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales ratificados por Chile, las sentencias condenatorias de tribunales extranjeros no se ejecutarán en Chile en cuanto impusieren penas”. Lo que allí se menciona responde a la lógica más elemental; sin embargo, es contradictorio que estemos aprobando esta modificación al Código de Procedimiento Penal si paralelamente hacemos lo propio con un tratado que incorpora a Chile a la Corte Penal Internacional, el que contiene una norma completamente distinta.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Señor diputado, el honorable señor Riveros le solicita una interrupción.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, se la concederé dentro de un instante.
El artículo 41, que la Comisión no consideró pertinente rechazar, pasó a ser artículo 375.
El artículo 63 se refiere a los delitos de acción pública, como la violación, abusos deshonestos, rapto, bigamia, lesiones, violación de domicilio, etcétera. Me habría gustado agregar como parte de los delitos de acción pública ojalá esta materia pueda tratarse en alguna instancia la ocupación ilegal de terrenos privados. ¿Por qué digo esto? Porque se está haciendo costumbre que algunas personas que han tratado de vender sitios y no lo han conseguido, fomenten la ocupación de sus terrenos para presionar al Ministerio de Vivienda a fin de que los compre. Como el único que puede demandar o denunciar es el propietario y no lo hace, entonces el procedimiento se transforma en una situación de hecho. En la medida en que se permita acción pública para que cualquiera pueda denunciar inmediatamente la ocupación de terrenos, evidentemente que la fuerza pública podría intervenir. No sólo estoy hablando del caso de Peñalolén, sino también de otras comunas.
Por otro lado, no veo por qué la Comisión recomendó el rechazo del artículo 251, que pasó a ser 208, sin enmiendas.
El artículo 476, que se refiere al desafuero, fue suprimido por el Senado, para incluir entre las personas que pueden ser desaforadas no sólo a los diputados y senadores, sino también a los intendentes y otras autoridades. En verdad, este tema se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, porque hay delitos, como injurias y calumnias, que tienen una sanción muy baja. Como la pena no es aflictiva en su grado máximo llega a tres años, las personas que se querellan contra autoridades provistas de fuero, en especial parlamentarios, logran el desafuero y después prolongan en forma indefinida el juicio, con el objeto de privarlos de su concurrencia al Congreso. Digo esto, porque en l971 me querellé por injurias en contra del ex diputado socialista don Joel Marambio , y me preocupé de alargar el juicio a través de innumerables diligencias, con el fin de impedirle concurrir a la Cámara. Creo que esa no es la idea, sino someterlo a proceso; pero hay que buscar una fórmula que impida que por la vía del desafuero se alargue un juicio en que, en definitiva, resulta mucho más grave que la sentencia la privación del fuero del afectado.
Comparto las propuestas de la Comisión de Constitución respecto de las modificaciones sugeridas por el Senado y creo que en la comisión mixta se podrán resolver estas discrepancias.
Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al diputado señor Edgardo Riveros.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.
¿Su Señoría le concedería una interrupción al diputado señor Riveros?
El señor WALKER (don Ignacio).-
Con mucho gusto, señor Presidente, pero descontándola de mi tiempo.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
No se puede, pero será muy breve.
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo para referirme a lo señalado por el diputado señor Maximiano Errázuriz respecto del Tribunal Penal Internacional.
La respuesta es muy simple: en primer lugar, el propio artículo dice que es sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. En nuestro país, éstos se ratifican mediante el procedimiento del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política, o sea, requieren la aprobación del Congreso Nacional y se someten a los trámites propios de una ley. De manera que es perfectamente posible hacer compatible lo señalado en el Código de Procedimiento Penal con el trámite que estamos siguiendo para ratificar el Tribunal Penal Internacional. Creo que la duda expresada no tiene lugar en esta discusión.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, antes de intervenir deseo hacer una solicitud a la Sala.
Junto con la ex ministra de Justicia, señora Soledad Alvear , y el actual ministro, señor José Antonio Gómez , ha habido una persona clave en todo el trámite del proyecto: el abogado señor Rafael Blanco. Por ello, solicito que se recabe la unanimidad de los señores diputados para que pueda ingresar a la Sala, porque es una persona indispensable en toda esta discusión.
El señor ROCHA (Presidente accidental).
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
No hay acuerdo.
Puede continuar, señor diputado.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Agradezco la “delicadeza” de la Oposición respecto de un proyecto que ha concitado tanto apoyo en un amplio espectro político.
Como es obvio, el diputado informante ha centrado su informe y nos ha ilustrado en forma muy versada, como siempre, en aquellos puntos donde hay discrepancias con el Senado, los que, sin duda, irán a comisión mixta.
Quiero centrar mi exposición en lo medular, en lo sustantivo, en aquello en lo cual existe acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados después de casi tres años de tramitación del proyecto, que son 400 de 490 artículos. La inmensa mayoría del proyecto ha concitado acuerdo entre los senadores y diputados.
Como sabemos, lo medular del nuevo Código Procesal Penal es el establecimiento de un juicio oral público, que se conozca en única instancia, para procurar, por un lado, el acceso a la justicia y, por otro, la celeridad y eficacia, que son los grandes temas de crítica a la administración de justicia en nuestro país. No se trata de que tengamos malos jueces o personal inadecuado, sino de que existe un sistema procesal penal absolutamente colapsado. Por lo tanto, la introducción del juicio oral público, en que un tribunal conoce en única instancia de los crímenes o simples delitos, constituye, sin duda alguna, lo medular y el avance más sustantivo del proyecto.
Se consagra, por primera vez, la institución de los fiscales que investigan y jueces que fallan, en un juicio oral y público, en única instancia. En eso consiste, en una frase, lo medular del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, la investigación está radicada y es de exclusividad del Ministerio Público, lo que requirió en su momento de una reforma constitucional y de una ley orgánica que rige la actividad de dicho organismo: fiscal nacional, fiscales regionales, fiscales adjuntos, o sea, 640 fiscales que estarán dedicados exclusivamente a investigar, apoyados por cerca de tres mil personas que servirán de soporte técnico y administrativo a la función del Ministerio Público.
Toda medida restrictiva de libertad, como arresto, detención, prisión preventiva, etcétera, debe ser autorizada por el juez de garantía. La decreta el fiscal, pero requiere de autorización del juez, para hacer efectivas las garantías constitucionales, en especial del inculpado. Esto requiere, por lo tanto, una autorización judicial previa. O sea, es un fiscal dueño del proceso, pero controlado permanentemente, sobre todo en lo que se refiere al debido proceso y a las garantías constitucionales, por el juez de garantía, que se instituye también por primera vez en nuestro procedimiento.
También se establece un sistema de protección a la víctima y el derecho a la defensa, como dos cuestiones fundamentales. Paralelamente al Código Procesal Penal, a lo que aprobamos en su momento como Ministerio Público, estamos conociendo la creación del defensor penal público, que garantizará un derecho efectivo a la defensa del inculpado.
En fin, simpleza y celeridad en los regímenes de comunicaciones, notificaciones, en las formas de las resoluciones para hacer que la justicia sea efectiva, rápida, y cumpla con el objetivo que requiere la sociedad: que se haga justicia en los casos de delito y velar adecuadamente por la seguridad ciudadana.
Junto con los fiscales y los jueces de garantía, el tribunal oral en lo penal. Un tribunal colegiado, compuesto por tres miembros, que conoce en única instancia de estos procedimientos. Hoy existen 75 jueces del crimen. El año 2003, en plena aplicación del nuevo sistema, habrá 783 jueces, sea de garantía o del tribunal oral en lo penal, apoyados por cerca de dos mil personas en el trabajo técnico-administrativo, que servirán de sustento a la labor de los magistrados. Esa es la trilogía del proceso: el fiscal que investiga, el juez de garantía que vela por los derechos del inculpado, por las garantías constitucionales, y que falla, en algunos casos de delitos menores, y el tribunal oral en lo penal, donde se calcula que llegará el 10 ó 15 por ciento, y no más, de los casos. Además, la Policía de Investigaciones, en su rol auxiliar del Ministerio Público y, eventualmente, Carabineros, cuando el fiscal así lo dispusiere. La preparación de la Policía de Investigaciones que está teniendo lugar es fundamental para apoyar la tarea de los fiscales.
En fin, existirá un régimen de garantía real sobre el imputado, el detenido, el procesado, con las más avanzadas y sofisticadas normas del derecho comparado, para hacer efectivas las garantías constitucionales y el debido proceso. Por ejemplo, el amparo que se establece ante el juez de garantía para el caso de una detención ilegal (artículo 95), o la designación de un defensor, libremente o designado por el defensor penal público, incluso antes de la realización de la primera audiencia, como lo señala el artículo 102.
Pero lo medular del proyecto es cómo se concilian cuatro etapas: la investigación, la acusación propiamente tal, la preparación de juicio oral y la realización del juicio oral del tribunal que conoce en única instancia.
Respecto de la etapa de investigación, de los artículos 196 y siguientes, está, en primer lugar, lo que se conoce como el procedimiento ordinario, que es la persecución penal pública propiamente tal en manos de fiscal o del Ministerio Público, precedida por la formalización de la investigación, que es donde se reúne toda la prueba, innovando fundamentalmente en el sistema de valoración de la prueba. Así, el artículo 168 establece que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Es decir, mucho más libertad en la apreciación de la prueba frente a las rígidas normas que rigen nuestro procedimiento escrito, engorroso, burocrático, lento, del cual tenemos conocimiento desde hace cien años en el país.
Ahora bien, junto con este procedimiento ordinario se establecen otras instituciones anexas importantes; por ejemplo, el archivo provisional cuando no hubiere antecedentes suficientes y mientras no hubiere intervenido el juez de garantía. En segundo lugar, cuando los hechos no comprometieren gravemente el interés público y salvo que la pena mínima excediere el presidio o reclusión menor en grado mínimo, o sea, más de tres años, el fiscal no iniciará la persecución penal pública, dando cuenta, por cierto, al juez de garantía, porque se trata de concentrar la acción de la justicia del crimen en los delitos mayores; o la institución del juicio inmediato, en que pasa directamente a la etapa del juicio oral sin la preparación previa o la acusación.
Después, la suspensión condicional del procedimiento cuando hay penas menores de tres años, delitos menos graves y, por supuesto, cuando no hubiere una condena previa; o sea, no podrán ser reincidentes. En este caso, hay medidas alternativas para asegurar la permanencia del imputado.
Junto con la suspensión condicional del procedimiento tenemos los acuerdos reparatorios cuando se trata de bienes jurídicos de carácter patrimonial, de lesiones menos graves o de delitos simplemente culposos y, por supuesto, hay un acuerdo entre el imputado y la víctima, o procedimiento abreviado en la audiencia de preparación de juicio oral respecto de penas privativas de libertad no superiores a cinco años de reclusión o presidio.
Junto con esta etapa de investigación y estas modalidades alternativas, están la acusación propiamente tal, la preparación del juicio oral y el juicio oral y público en que se rinde toda la prueba en forma continua y en sesiones sucesivas hasta la conclusión. Es decir, termina el juicio oral, deliberan los jueces, inmediatamente fallan en el sentido de absolución o de condena y no hay apelación posible, salvo el recurso de nulidad para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva.
En síntesis, aquí hay un sustancial acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados y espero, tal como lo ha pedido el diputado informante, que la Cámara tenga a bien aprobar el informe, es decir, estos 400 artículos respecto de los cuales hay acuerdo, e ir a una comisión mixta respecto de los 90 restantes en que ha habido discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Falta que hablen el diputado señor Coloma y la señora Laura Soto. Solicito el acuerdo de la Sala para que después de esas dos intervenciones se vote el proyecto.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, ésta es la tercera vez que los distintos parlamentarios de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos referimos al tema, pues ha sido objeto de larga explicación en la tramitación general, en la particular y ahora en este tercer trámite; de manera que para hacer más breve la intervención entendamos que los planteamientos de fondo que se han hecho respecto de la reforma procesal penal están contenidos en los debates que se efectuaron en su oportunidad.
Quiero referirme simplemente a las modificaciones del Senado, que la Cámara está reemplazando para los efectos de ir a una comisión mixta que pueda resolver adecuadamente la reforma procesal más importante que nuestra justicia ha tenido, por lo menos en las últimas décadas.
Debo reconocer que parte de este trabajo lo ha facilitado bastante el informe del diputado señor Sergio Elgueta , quien hizo un acucioso estudio respecto de las implicancias de una y otra posición y de cuáles son los efectos y posibles soluciones que incluso va a plantear la comisión mixta. Adicionalmente, creo que los otros colegas parlamentarios han hecho ver sus puntos de vista sobre lo que nos interesa fijar como Cámara, lo que comparto en lo medular.
Con todo, quiero referirme a cinco modificaciones que considero fundamental que la comisión mixta resuelva adecuadamente, pues cada uno de los planteamientos del Senado cercenan derechos o situaciones que tienen que ver con la seguridad pública y que obviamente deben revertirse, para los efectos de retomar el criterio que la Cámara ha planteado en estos puntos.
El primero de ellos, quizás el más importante, dice relación con la libertad provisional. En los grandes avances realizados en la Cámara de Diputados estaba el consensuar un conjunto de disposiciones en torno del problema de la libertad provisional, armonizando el derecho que a ella tiene cualquier persona afecta a un proceso con el derecho de la sociedad de tener claro que hay sanciones que deben aplicarse a personas que han delinquido. Las señales públicas respecto de cómo enfrentar la delincuencia tienen que ver directamente con la libertad provisional.
Hay dos aspectos que me preocupan al respecto. En primer lugar, la modificación al artículo 171 que plantea el Senado, que, en lo medular, establece que no se podrá ordenar la prisión preventiva cuando parezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, la circunstancia de su comisión y la sanción probable. Específicamente, dice que no procede cuando el delito imputado no merezca pena aflictiva. Nuestra disposición a este efecto era bastante más exigente, en el sentido de que había normas que hacían mucho más difícil obtener la libertad provisional, particularmente por la naturaleza de los delitos. Se planteaba que no procedería la prisión preventiva respecto de los delitos que no merecieran la pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. O sea, hay una primera diferencia relevante respecto del criterio de la Cámara y el del Senado. Creo que el de la Cámara, siendo más restrictivo, tiene directa relación con lo que el país necesita. Es una muy mala señal que siempre proceda la libertad provisional cuando haya un delito que no merezca pena aflictiva. Hay una infinidad de hurtos y robos que por la naturaleza de las especies sustraídas tienen penas menores que la aflictiva. Obviamente, cuando una persona comete un delito, se le lleva al tribunal y acto seguido se le libera, se debe tener un proceso bastante distinto.
El segundo aspecto respecto de la libertad provisional dice relación con las condiciones o los elementos de juicio que se habían establecido en la Cámara, después de un largo acuerdo entre todos nosotros respecto de lo que el juez debe considerar para otorgar la libertad provisional. Mucho de eso se desestima en el Senado, quitándosele una especie de código que se había elaborado, que era muy positivo. Espero que retomemos el criterio de la Cámara.
En segundo lugar, hay un tema que no es menor respecto de la publicidad de la audiencia del juicio oral y que tiene que ver con las modificaciones al artículo 353 de una y otra norma.
En la Cámara, reconociendo que la audiencia era pública, había una especial consideración para proteger la intimidad, el honor y la seguridad de cualquier persona que debía tomar parte en ese juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley. Una serie de procedimientos armonizan adecuadamente esta publicidad con la defensa de determinados derechos, que muchas veces tienen que ver con la intimidad de las personas.
El Senado reemplaza ese concepto y agrega frases como: “Los medios de comunicación podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que las partes se opusieren a ello.”; pero, en definitiva, el tribunal lo va a fijar.
Miremos un poco la problemática del siglo XXI. Parte de los problemas por generar se relacionarán precisamente con estos procesos, por lo que tenemos que establecer transparencia; pero, al mismo tiempo, debemos buscar la justicia y la protección de los derechos.
Creo que aquí tenemos una segunda línea de reflexión, que espero que la comisión mixta resuelva adecuadamente.
El tercer aspecto que cabe destacar dentro de los múltiples que se han planteado, tiene que ver con la escrituración del juicio oral. Considero que la modificación del Senado significa un retroceso al respecto. Si uno va a entender que aquí hay un juicio oral, luego de lo cual se dictará la resolución de un conflicto, el hecho de que se plantee que todo esto debe escriturarse es volver a un sistema que es más propio del actual esquema, y no veo la utilidad que tendrá para lograr esa resolución.
En cuarto y quinto lugar voy a mezclar estas materias para ser más breve y, además, porque tienen directa relación entre sí, he de referirme a los artículos 380 al 384, que tienen que ver con la naturaleza de las convicciones de un tribunal para los efectos de una condena y el plazo que hay para ello.
Es un tema que se discutió largamente en la Comisión y respecto del cual debemos buscar una fórmula conjunta para determinar cuál es la naturaleza de la convicción. Incluso como Comisión, sugeriremos un criterio para la comisión mixta, con el objeto de que se especifique que la convicción tiene que ser más allá de toda duda razonable, con el fin de no dejar establecida cierta vacilación que se advierte en los distintos textos respecto de este punto y mantener a todo evento el criterio de la Cámara respecto de los plazos para tomar las decisiones por parte de los tribunales, una vez que han sido sometidas a su conocimiento las resoluciones del juicio oral. Hay disposiciones del Senado que pueden malentenderse, ya que al no exigirse las resoluciones inmediatas o virtualmente inmediatas después de un juicio, puede haber una extensión en el plazo que, al final, por la fijación de la audiencia, entraría en una dinámica de postergación de las resoluciones, lo que, pienso, es absolutamente contrario al espíritu del nuevo Código de Procedimiento Penal.
Señor Presidente, con esos puntos de vista y preocupaciones especiales, y compartiendo lo medular del texto aprobado por la Cámara de Diputados, nuestro partido, la UDI, va a aprobar el proyecto en la forma planteada por la Comisión respectiva, con el objeto de proceder a su debate en la comisión mixta, para, de una vez por todas, lograr la pronta implementación de un nuevo Código de Procedimiento Penal que, a pesar de que no nos asegure que será la mejor forma de enfrentar la delincuencia y de acceder a la justicia, sí nos permita dar un paso para que, con los esfuerzos humanos razonables, esto llegue a ser casi posible.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Seré muy breve, porque creo que se ha dicho todo.
Éste es un avance extraordinario, porque estamos contestes en que hay un resguardo de las garantías; pero también una celeridad en la tramitación, lo que, a mi juicio, nos hacía bastante falta en el país.
Sin embargo, quiero llamar la atención respecto de una cuestión que fue reparada en la Comisión y que, entendemos, va a dar lugar a un debate de fondo. Con el advenimiento de la democracia en nuestro país, la detención por sospecha fue una tremenda preocupación ciudadana, particularmente de la gente joven, de los estudiantes y, casi diría, de los niños, quienes alegaban que muchas veces la policía los detenía solamente por una sospecha, porque llevaban el pelo largo o un aro.
Nuestro partido tiene bastantes reparos respecto del control de la identidad, que, en el fondo, es como reponer la detención por sospecha, lo que significa retrotraer todo lo que, en esa materia, se ha avanzado en el Código de Procedimiento Penal.
Por lo tanto, me parece que esto debiera ser también motivo de mucha persuasión en la comisión mixta, porque no se puede devolver a la policía la facultad de detener simplemente por sospecha, particularmente a la gente joven. Incluso aquí se ha hablado de que los jóvenes que no tienen cédula de identidad puedan identificarse con el carné escolar.
Esto ha motivado un largo debate en la Comisión y creo que también lo ha dicho muy bien aquí el diputado señor Zarko Luksic. Incluso se ha discutido cuál es el umbral, es decir, desde qué edad se podrá detener a los niños. Además, está pendiente el proyecto de responsabilidad penal juvenil, cuyo texto también debemos tener en cuenta.
Reitero, nuestro partido va a ser muy vigilante para que no se restablezca el control de identidad, pues discrepamos de la detención por sospecha.
No quiero dejar pasar una cuestión planteada por el diputado señor Maximiano Errázuriz. Creo que él está en un error, ya que sostiene que habría que reponer que la usurpación es un delito de acción pública. Eso está establecido en el Código Penal y no ha sido materia de reforma alguna. En consecuencia, cuando hay usurpación y violencia, quedan sujetas a la acción pública. Otro cuento es que se arreglen con el dueño y lleguen a cuestiones raras; pero aquí está muy claramente delimitado que este delito es de acción pública.
Con esas dos precisiones y señalando que estamos absolutamente de acuerdo con lo obrado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y con el informe que ha dado tan fielmente el diputado señor Sergio Elgueta , integrante de ella, aceptaremos esta recomendación y votaremos conforme a ella.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
Sugiero a la Sala aprobar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, enviar a comisión mixta los artículos que aquélla ha propuesto rechazar y agregar a ellos el artículo 44 de la Cámara, que pasó a ser 346 del Senado.
¿Habría acuerdo para aprobar esto por unanimidad?
Aprobado.
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE CONFLICTO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. (Continuación)
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 446, de la señora Rozas , doña María ; señora Saa, doña María Antonieta ; señores Valenzuela , Montes , Errázuriz , Ulloa y Velasco.
Sus autores han retirado el considerando Nº 6.
“Considerando:
Que la Constitución Política de la República consagra en su artículo 19 Nº 10 el derecho a la educación, señalando que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho;
Que en el ámbito de la educación universitaria se han registrado en el último tiempo un sinnúmero de paralizaciones y “tomas” por parte del estudiantado, con el fin de reclamar por sus derechos ante la autoridad respectiva;
Particular gravedad reviste la situación que afecta a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde ya se han completado más de dos meses de paralización, afectando el normal desenvolvimiento de dicha casa de estudios;
Que hoy día, por la excesiva duración del conflicto, existe el riesgo serio que los estudiantes pierdan el semestre académico, con todas las consecuencias que ello implica;
Que la prolongación en el tiempo de esta paralización incidirá negativamente en la adecuada formación de estos futuros profesores, dado que, como se acaba de señalar, o perderán el semestre, o se les impartirán las clases respectivas en un tiempo menor al deseado;
Que por estar comprometidos recursos del Estado, es nuestro deber velar por que éstos sean correctamente invertidos, más aún si la mala distribución de los mismos puede significar que muchos estudiantes no puedan continuar sus estudios;
8.Que el concepto de autonomía universitaria, que todos compartimos y apoyamos, no faculta a las autoridades universitarias para distribuir a su arbitrio los recursos que el gobierno les otorga para un fin determinado;
9.Que esta Corporación no puede permanecer impasible ante un conflicto que se arrastra ya por más de 60 días y que amenaza con prolongarse aún más, impidiendo el normal funcionamiento de esta Universidad.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda encomendar a la Comisión de Educación que investigue las causas que han originado los más de 60 días de paralización de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, otorgándole un plazo de 30 días para evacuar su informe”.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo está suscrito por representantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, quienes provienen de cada una de las bancadas que integran esta Corporación.
El proyecto en discusión fue analizado por la Comisión en la sesión ordinaria de las 3.30 horas de la tarde de ayer, en la cual se ratificó apoyarlo y eliminar el considerando 6º, que fue objetado por dos distinguidos colegas cuando se leyó en la Sala.
Al parecer, había consenso unánime para aprobarlo; sin embargo, la Comisión de Educación está preocupada por el paro de actividades tan prolongado que se realiza en el establecimiento universitario que forma casi el 80 por ciento de los futuros profesores del país. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación lleva hasta hoy 63 días de paralización, lo que perjudica no sólo a dicho establecimiento, sino también la formación de esos profesores.
Estimamos que el problema no puede estar ausente de las preocupaciones de la Comisión de Educación y queremos, entonces, convertirla en comisión investigadora para reunir antecedentes, acopiados tanto por los directivos como por académicos y también estudiantes, tratando de ser una especie de puente de plata para conseguir una solución y restablecer la normalidad en esa universidad pedagógica.
Por eso solicito la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para apoyarlo, tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, es necesario aprobar el proyecto de acuerdo porque no sólo estamos hablando de un paro de actividades estudiantiles, sino también del sacrificio inmenso con que muchos padres educan a sus hijos y que sólo esperan que estos puedan estudiar en la universidad. Esas condiciones de estudio se han perdido desde hace más de 60 días, situación que es francamente inaceptable. Estamos frente a padres que, con esfuerzo y sacrificio, muchas veces envían a sus hijos a la universidad, incluso costeando pensiones y pasajes, haciendo un tremendo esfuerzo que en la práctica hoy se está yendo como la basura, que se está perdiendo.
Creemos útil que la Corporación, a través de su Comisión de Educación, estudie alternativas para poner fin a una situación tan anormal, como la que ocurre en esa universidad.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Un señor DIPUTADO.-
Que se vote.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En votación.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII.INCIDENTES
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL. Oficio.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno le corresponde al Partido Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, estamos muy próximos a celebrar un nuevo aniversario de la Convención que instauró la concepción de los derechos de la infancia. En ese marco me referiré a un nuevo y dramático caso de niños maltratados.
En mi distrito, específicamente en la ciudad de Calama, nuevamente ha surgido tan doloroso hecho. Un niño de 4 años, gravemente maltratado en su hogar, está hospitalizado; el segundo, de 3 años, presenta un cuadro infeccioso sin atención médica.
Detrás de ese drama, que se reitera cada cierto tiempo entre nosotros y nos coloca frente a hechos que todavía no hemos sabido impedir, está la realidad que nos exige, no simplificar las cosas, ni pensar que hay malas mujeres o malos hombres, ni demonizar a esos padres que no son capaces de cumplir su rol fundamental, sino ver un drama más complejo, frente al cual, como sociedad, como autoridades, como Estado, estamos en deuda.
¿Quiénes son estos padres? ¿Cuál es la realidad en que se da esta situación horrorosa de maltrato? Una muchacha de 20 años que, a esa edad, ya es madre de tres niños; es decir, su primer hijo lo tuvo a los 15 años. Fue una madre adolescente y vuelve a serlo en dos oportunidades más: otro niño de 3 años y un bebé de meses. Vive sola con su conviviente, no tiene ningún soporte familiar y viven en la pobreza en un barrio de Calama. Él está cesante, trabaja ocasionalmente, y viven en las condiciones de privación de tantos hogares nuestros.
Por lo tanto, estamos frente a un tema que se reitera una y otra vez, que no logramos corregir y que, sin duda, todos compartimos; porque, en primer lugar, estamos reconociendo que todavía no sabemos cómo solucionar el problema del embarazo adolescente. En otras oportunidades hemos advertido que en lugar de reducirse, aumenta; tenemos una tasa más elevada que la registrada en décadas pasadas.
También hay un hecho bastante generalizado entre nosotros: enfrentamos los problemas cuando se han manifestado. Hemos ido generando políticas para recuperar a los niños maltratados, para que haya conciencia, para que se denuncien estos casos y se reconozca como un problema, que no es privado, sino de nuestra sociedad, frente al cual debemos responder todos.
En el caso denunciado, el causante fue detenido; seguramente la madre va a ser atendida, el niño está hospitalizado.
Pero ¿qué hacemos para prevenir situaciones de esta naturaleza? ¿Cómo las detenemos? Detenerlas no es sólo llamar a que no se golpee a los niños. Detenerla, en este caso, claramente era reconocer que había un riesgo; era entregar los apoyos para que esa madre adolescente y ese hombre cesante, a lo mejor alcohólico, tuvieran el apoyo, la educación, los recursos, la red social, todo lo que se necesita para respaldar ese hogar y lograr que esos padres, que no estaban en condiciones de serlo verdaderamente, lo fueran. Es decir, necesitamos hacer políticas de prevención.
Estuve revisando algunos documentos, y el año pasado se estudió lo que pasaba con las políticas contra el maltrato infantil en la Región Metropolitana. Se han elaborado políticas, es un nuevo tema que han colocado los gobiernos de la Concertación; las hay, pero dichas políticas y los recursos están destinados fundamentalmente a recuperación. Fíjense en que se destina el 54 por ciento de los recursos a recuperación y sólo un 7 por ciento a prevención. Es muy poco; necesitamos volcarnos a eso.
Pido que se oficie al Ministerio de Justicia para que informe sobre los acuerdos a que llegó la Comisión interministerial que en 1995 se conformó para prevenir el maltrato infantil. Según la información que poseo, dichos acuerdos están en poder del Ministerio de Hacienda y todavía no se entregan los recursos.
Asimismo, que se elabore una política específica y focalizada hacia las madres adolescentes, porque representan familias u hogares que necesitan el apoyo especial del Estado.
He dicho.
Aplausos en las tribunas.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los partidos Socialista, Demócrata Cristiano, por la Democracia, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Radical.
RECHAZO A EVENTUAL DEROGACIÓN DE APORTES AL TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ. Oficio.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Luis Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, en los últimos días ha aparecido en los medios de comunicación que algunos parlamentarios solicitarán al Gobierno la derogación de la disposición legal que, desde hace varios años, favorece al templo votivo de Maipú. Nos parece altamente inconveniente esta petición al Ejecutivo, puesto que el templo de Maipú es orgullo no sólo para la comuna donde está instalado, sino también para el país. Dirigido desde hace varias décadas, con esfuerzo y cariño, por su rector, padre Raúl Feres , es reconocido y valorado nacional e internacionalmente. Es la materialización de un compromiso contraído por los padres de la Patria y me parece inaudito que algunos parlamentarios tengan la intención de derogar un aporte que se genera a través de los juegos de la Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Quiero advertir que la directiva nacional de mi partido ha tomado el acuerdo de rechazar cualquier iniciativa en ese sentido. Le pedimos al Gobierno que no la acoja, porque, por lo menos, tendrá los votos democratacristianos en contra.
Solicito que se envíe oficio al ministro de Hacienda, o a quien corresponda, a fin de que en ningún proyecto de ley se incluya una iniciativa de esta naturaleza.
He dicho.
Aplausos en las tribunas.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Se despachará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Hacienda, con la adhesión de las bancadas Demócrata Cristiana, de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional y del Partido por la Democracia.
ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quiero referirme al otorgamiento de una concesión que realizó el Ministerio de Obras Públicas para los servicios sanitarios de alcantarillado y agua potable rural de la localidad de Labranza, en virtud de las facultades legales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Concurrieron a la licitación la Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A., Essar , de gran experiencia en estas materias en la Novena Región y que exhibe buenos resultados tanto en su rendimiento técnico como en rentabilidad y utilidades, y una empresa denominada San Isidro , de reciente creación al parecer, para los efectos de participar en la licitación. El Ministerio de Obras Públicas, con los informes de la superintendencia mencionada, eligió, para otorgar dicha concesión, a la empresa San Isidro.
En estas circunstancias, como se trata de una empresa repito, creada, al parecer, específicamente para participar en la licitación, sin historia ni experiencia en el sector y que, en consecuencia, podríamos denominar “prototipo” de empresa de servicios sanitarios, solicito a su Señoría que se oficie al ministro de Obras Públicas con el objeto de que informe sobre los antecedentes y aspectos técnicos que tuvo en vista para los efectos de otorgarle la concesión, como, asimismo, sobre la naturaleza de esa sociedad, de su directorio, de los controladores mayoritarios y de todas las circunstancias relevantes que permitan deducir que la elección de su Ministerio fue la correcta.
Hago esta petición porque Labranza es una pequeña localidad cercana a Temuco y, en el futuro, en la Novena Región como probablemente en otras regiones van a existir también pequeñas localidades semiurbanas cuyos servicios sanitarios probablemente serán licitados, y queremos establecer una cierta política respecto de si este tipo de concesiones se otorgarán a empresas con tradición, historia, experiencia y conocimientos en la materia o a otras que van a experimentar al respecto. A nosotros nos guía el deber de resguardar un buen servicio, de calidad, a la gente en este caso de la localidad de Labranzae, insisto, esperamos que esa resolución haya sido la adecuada. Queremos fiscalizar mediante la petición del oficio señalado a fin de cautelar los intereses de la gente de esa localidad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y, para mejor comprensión, se adjuntará el texto de su intervención.
DEPÓSITO DE RESIDUOS TÓXICOS EN VERTEDERO DE CARTAGENA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, solicito que se envíen oficios a la señora ministra de Salud específicamente al Departamento de Medio Ambiente y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a fin de hacerles presente que desde la comuna de Puente Alto se están trasladando residuos tóxicos a vertederos de Cartagena. Ese hecho está causando alarma pública en la provincia. Se ha señalado, insistentemente, que tales residuos son totalmente asimilables a los domésticos; sin embargo, de acuerdo con la información que hemos logrado reunir, aparecen como tóxicos. La situación se complica aún más toda vez que el Ministerio de Vivienda, a través del Serviu, está construyendo, muy cerca de los vertederos, un complejo habitacional de viviendas sociales.
Nos parece extremadamente grave que, hoy, ese sector de Cartagena, que recolecta todos los residuos o desechos de la provincia de San Antonio, más encima tenga que recibir residuos tóxicos de industrias productoras de celulosa, como las empresas Papelera del Pacífico o Papeles Cordillera, ubicadas en la comuna de Puente Alto. Ellas botan un lodo químico que se traslada a una comuna que no tiene por qué recibir desechos de industrias instaladas en el área metropolitana.
Aún más, quiero precisar que la concesión del relleno sanitario de San Antonio pertenece a la empresa Blumemberg , que ya no ejerce su explotación, puesto que fue entregada, entre gallos y medianoche, a otra empresa de aseo denominada EcoGarbage Ltda., con sede en Viña del Mar.
Esta empresa acciona en un triángulo: presta servicios en la comuna de Viña del Mar, después en Puente Alto y continúa en el puerto San Antonio , donde deja los desechos.
La gravedad del hecho es enorme, porque son evidentes los síntomas de la contaminación y los perjuicios para la salud de quienes viven en las proximidades del vertedero, alrededor de doce mil habitantes, además de que compromete el turismo de la zona.
La situación preocupa a las autoridades, pero, según representantes del servicio del Medio Ambiente del departamento de San Antonio, no está claro si son residuos tóxicos o “asimilables”, es decir, asimilables a residuos domésticos.
Por eso, solicito que se informe de esta denuncia a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, de modo que visite, si es factible, el vertedero en la comuna de San Antonio, que pertenece a la empresa Blumemberg y que explota la empresa de aseo EcoGarbage Ltda., reitero, con sede en Viña del Mar.
A mi juicio, en esto hay gato encerrado, porque lo que se lleva a San Antonio no son residuos asimilables a desechos domésticos, sino claramente lodo químico, que afecta a la población de la comuna de Cartagena.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se agregará el texto de su intervención.
IRREGULARIDADES EN ADQUISICIÓN DE ACCIONES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Quedan siete minutos al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, hace algunos días, con los diputados señores Gabriel Ascencio y Tomás Jocelyn-Holt nos entrevistamos con el superintendente de Valores y Seguros con el objeto de darle a conocer un oficio que se envió desde la Corporación, respecto de la inquietud por la evolución y el eventual manejo de precios que podría darse con las acciones de varias sociedades anónimas vinculadas y controladoras de Soquimich.
He recibido dos cartas que un accionista de la sociedad de inversiones Norte grande, el señor Raúl Barahona , ha enviado al superintendente de Sociedades Anónimas, que leeré a continuación.
La primera es del 6 de julio e ingresó a la Superintendencia de Valores y Seguros a las 13 horas de ese día. Dice: “Dado el interés demostrado por el Gobierno y por la Superintendencia que Ud. dirige respecto de proteger los derechos de los accionistas minoritarios, hago llegar a Ud. la siguiente observación:
“El 10 de febrero de 1998, el directorio de la sociedad de inversiones Norte grande acordó emitir dos acciones de pago nuevas por cada una antigua que tuvieran los accionistas. El plazo para suscribir dichas acciones era hasta el 10 de junio de 1998. El precio de suscripción que pagamos los accionistas minoritarios fue de $ 2,50 por cada una, con un porcentaje al contado y el saldo con plazo hasta el 10 de agosto de 2000.
“Sin embargo, los accionistas controladores no suscribieron dichas acciones en el plazo de 10 de junio de 1998, razón por la cual dichas acciones salieron a remate al precio de mercado. Los accionistas controladores hicieron bajar el precio de la acción a $ 1 cada una, suscribiendo sus acciones a un 40% del valor pagado por los pequeños accionistas.
“Surgen las preguntas: ¿por qué los accionistas controladores no suscribieron las acciones en el plazo establecido por ellos mismos? ¿Por qué el precio más bajo de la acción en el mercado fue justo en el momento en que ellos se adjudicaron en remate las acciones?
“Hago llegar a Ud. mi inquietud respecto al perjuicio causado a los accionistas minoritarios, por cuanto en estas semanas se deben pagar los saldos de dichas acciones suscritas y, según información aparecida en la prensa, habría un traspaso de derechos de dichas acciones al Sr. Sebastián Piñera , razón por la cual debería existir una oferta pública de adquisición de acciones más transparente.
“En espera de una respuesta tranquilizadora, saluda atentamente a Ud.”.
La segunda carta, de 11 de julio, es del siguiente tenor: “Complementando mi presentación efectuada el día 6 del presente respecto del manejo de precios de suscripción de acciones de Norte grande, adjunto información de la evolución de precios de dicha acción en el año 1998.
“Se puede apreciar que al momento en que los accionistas mayoritarios propusieron el aumento de capital mediante emisión de acciones, éstas se cotizaban en alrededor de $ 3. La fecha de esta suscripción era con plazo de 120 días; sin embargo, los accionistas mayoritarios no suscribieron sus acciones, razón por la cual salieron a remate entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre el 58,3% del total de acciones a un precio promedio de $ 0,97 cada una, en circunstancias que los accionistas minoritarios pagamos $ 2,50 por cada una, es decir 258 % más cara.
“Informo esto por cuanto el día 9 de agosto vence el plazo para pagar el saldo y los minoritarios debemos pagar un saldo por cada acción de $ 2,10, en circunstancias que en el mercado se está transando a $ 1,65. Los mayoritarios, en cambio, deben pagar sólo $ 0,78 por cada una.
“La agravante de esta situación es que el contrato de suscripción (no se sabe si el contrato está de acuerdo a las normas de la Superintendencia) obliga a los accionistas a pagar el saldo, ya que en caso de retardo o mora deberá pagar un 15% de multa.
“A la fecha, la compañía no ha emitido ninguna información al respecto para orientar a los accionistas minoritarios.
“Esperando una orientación al respecto, le saluda”.
Estamos en los inicios de agosto y el plazo para inversiones Norte grande y otras sociedades relacionadas vence el próximo día 9.
Nosotros hemos pedido que se investigue la situación, pero también quiero que se investigue si es efectivo, como señala el señor Barahona , que los accionistas controladores no suscribieron las acciones que acordaron emitir a dos pesos cincuenta, a fin de que el superintendente informe a la brevedad a la Corporación.
Además, pido que el oficio se envíe lo antes posible, dada la proximidad del 9 de agosto.
Quiero recordar que en la Comisión de Hacienda se está comenzando la revisión del proyecto sobre oferta pública de adquisición de acciones, cuya ley se hizo necesaria después de un escándalo con el manejo de precios de acciones y de transacciones bursátiles que todo el país conoció como la estafa del siglo. Ojalá no se trate de un caso similar, en el que estaría involucrada una sociedad que ha sido muy controvertida en la prensa por haber sido adquirida por el señor Julio Ponce Lerou : Soquimich , controlada a través de inversiones Norte grande, y de otras sociedades relacionadas que están en la misma situación.
Por ello, quiero que, junto con el oficio solicitado, también se haga llegar mi intervención al superintendente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Hacienda, del cual depende el superintendente de Seguros y Valores, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Gabriel Ascencio , Salvador Urrutia , Jaime Mulet , Carlos Montes , Patricio Walker , doña Eliana Caraball y José Miguel Ortiz.
PROBLEMAS DE POBLACIONES DE MAIPÚ. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, en primer término, quiero hacer mías las palabras del diputado señor Pareto en relación con el Templo Votivo de Maipú y expresar que nuestra bancada rechaza frontalmente el deseo de dos diputados de la Concertación de privar al templo de Maipú de los dineros provenientes del sorteo de la Polla.
Esta mala idea es rechazada por la totalidad de los vecinos de esta comuna y, sin duda, por buena parte de los habitantes de nuestro país.
En otro orden de cosas, quiero decir que, invitado por los dirigentes Lorena Monsalve , Zinaida Kotesky , Lorena Muñoz , Reinaldo Sandoval , Bernardita Fuentes , Daniela Garnica , Patricio Moreno y otros, asistí a una reunión de vecinos en el límite de las comunas de Cerrillos y Maipú , conformado por las poblaciones Los Presidentes, Valle Verde, La Isla, Don Cristóbal , Los Industriales, Isla del Sol y Las Rosas, entre las calles Primo de Rivera, Avenida El Ferrocarril, Lumen y Alaska, donde pude comprobar que existe un predio de aproximadamente tres hectáreas, una especie de laguna natural llamada El Pajonal, donde se han depositado todo tipo de desperdicios, basuras, escombros, etcétera.
Cuando crece el zanjón de la Aguada, como sucedió este año, acoge todos los excedentes de aguas servidas, los cuales permanecen allí por varios meses con claro detrimento de las poblaciones aledañas y convirtiendo al sector en un foco de infección, hediondez y vandalismo.
A lo anterior se suma la instalación de una feria libre que funciona los martes y jueves de cada semana, donde el expendio y limpieza de pescado acrecienta los malos olores y convierte al barrio en un lugar de atmósfera irrespirable.
En innumerables oportunidades se ha solicitado a la municipalidad de Maipú que exija el cierre no transparente de este sitio, que pertenece a una empresa constructora. Sin embargo, han pasado los años y nadie hace nada.
De igual forma, deseamos que se elimine el expendio de pescado en la feria.
Por lo anteriormente expuesto, pido que se oficie a la ministra de Salud y al ministro del Interior para que tomen las providencias del caso.
En las poblaciones La Isla y Don Cristóbal , del programa PET, Programa Especial de Viviendas para Trabajadores, se vendieron departamentos en edificios de tres pisos; no obstante estando ya edificados los tres primeros, la municipalidad de Maipú autorizó la construcción de un cuarto piso. Como consecuencia de ello, los pisos superiores no tienen agua en verano y, en el invierno, por falta de presión, los calefones no encienden.
Pido que se oficie al ministro de Vivienda para que se ordene investigar el caso.
Los barrios Las Rosas y San Carlos se anegaron, porque sus calles no cuentan con colectores de aguas lluvia apropiados. La empresa constructora Sironvalle , que realizó la construcción y vendió las casas en un valor que fluctúa entre 1.150 y 2.000 unidades de fomento cada una, ofreció construir una comisaría en el lugar; en cambio, la municipalidad instaló allí una copa de agua que nunca se ha usado y que permanece como un verdadero monumento al cemento, sin utilidad alguna.
Pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que ordene una investigación en este caso y nos dé a conocer sus resultados.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Enrique Van Rysselberghe y Juan Masferrer.
OBRAS VIALES Y ELECTRIFICACIÓN EN NOVENA REGIÓN. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García , por tres y medio minutos.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta, pido que se oficie a las municipalidades de Pucón y de Cunco y a la Seremi de Obras Públicas, Novena Región, sobre las siguientes materias.
Desde hace muchos años estamos luchando por la construcción del camino costero del lago Colico, que une las comunas de Cunco y Pucón para salir por Colico hacia Playa Negra, en el sector Namoncahue. Existe el compromiso de las dos municipalidades y de la Dirección de Vialidad de hacer un estudio para la realización de esas obras. Quiero saber en qué etapa está ese proyecto y cuándo se van a realizar esos trabajos.
Cunco es una comuna eminentemente agrícola que poco a poco se está transformando en turística; por lo tanto, necesita caminos y un acceso expedito a los lagos, a fin de que los turistas puedan pasar de una comuna a otra sin tener que dar una vuelta de más de 100 kilómetros, de Pucón a Villarrica, para llegar a Cunco, en circunstancias que el camino propuesto está más o menos a 12 kilómetros entre un lago y el otro y es imperioso que se construya a la brevedad, con el objeto de fomentar el turismo en esa comuna.
También pido que se oficie a la intendenta de la Novena Región, para que nos haga saber por qué razón no se electrificó la faja 6.000, en Huichahue. Me parece que es una aberración y un castigo para la gente que vive en ese sector. Ese lugar está electrificado por la parte norte, sur, este y oeste; sin embargo, quedó un lunar al medio sin electricidad, lo que afecta a pequeños colonos y agricultores que han peleado este proyecto por varios años.
Tengo entendido que los estudios están hechos y priorizados, es decir, están recepcionados correctamente. Esta gente ya no halla a quién recurrir para que este proyecto se haga realidad. Como digo, es un lunar en esa parte.
También pido que se oficie para saber qué pasa con la pavimentación del camino hacia el volcán Villarrica , en Pucón. Hace algún tiempo se tomó un compromiso con el Ministerio de Obras Públicas en el sentido de que dicho camino, de 13 kilómetros de extensión, sería asfaltado, con el objeto de hacer más expedito el turismo en esa zona.
El estudio del proyecto de construcción del mencionado camino costó 37 millones de pesos, pero lo más trágico y tal vez lo mejor intencionado es que dentro de esa suma hay un aporte de particulares por 12 millones de pesos. De esa forma, el Ministerio cumpliría su promesa y el camino sería una realidad.
También quiero que se oficie a la Seremi de Obras Públicas de la Novena Región para que me diga en qué estado de avance va este proyecto.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
PROBLEMAS DERIVADOS DEL PLANO REGULADOR INTERCOMUNAL DE PUENTE ALTO. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta, por de pronto y antes de referirme al tema por el cual solicité estos minutos, quiero requerir, por su intermedio, que se oficie al alcalde de la municipalidad de Puente Alto, con el objeto de que se sirva informar, al tenor de la denuncia sobre desechos tóxicos en un vertedero de Cartagena, hecha por el diputado señor Sergio Velasco , a fin de que informe a esta Cámara respecto de esa denuncia, para lo cual pido que se acompañe al oficio la intervención del mencionado parlamentario.
Por otro lado, me ha movido a solicitar esta intervención lo siguiente.
Tiempo atrás, vecinos de la comuna de San José de Maipo, que viven a orillas del camino que va hacia ese lugar, me señalaron que como en el plano regulador intercomunal el ancho del camino se contempla en 52 metros, la franja que excede hasta llegar a esa extensión está sujeta a una eventual expropiación. Eso significa que a esas personas se les impide regularizar las construcciones que hayan hecho y construir, pero tampoco se les expropia.
Respecto de Puente Alto, en la villa Los Andes, las casas que daban a la avenida Nonato Coo se encuentran en la misma situación, porque dicha avenida también tiene contemplado su ensanche en el Plan Regulador Intercomunal.
Consultada la Dirección de Obras de la municipalidad de Puente Alto, ha informado que efectivamente algún día esa avenida podría ensancharse, lo que por el momento impide regularizar la situación de las propiedades ubicadas en esa vía.
Tiempo atrás consulté con el entonces ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos , acerca de la solución de este problema que, en definitiva, desvaloriza las propiedades, porque si una persona quiere comprar una vivienda y le dicen que está sujeta a expropiación, no la adquiere. Y no sólo existen estos casos. También tuve conocimiento de una persona que iba a comprar una vivienda en la comuna de Las Condes, pidió el certificado correspondiente y la municipalidad le contestó que estaba sujeta a expropiación del frontis en siete metros. El propietario de la vivienda tampoco estaba en conocimiento de ello; por lo tanto, le dijo al interesado que le hiciera una oferta y se la vendía, ya que, con esa información, el valor de su vivienda se había ido al suelo.
Me parece injusto que el Plan Regulador Intercomunal establezca el ensanche de determinadas calles y avenidas, para concretarse en un mes, en un año, en diez años o nunca, y por ese solo hecho, a los propietarios no se les permite regularizar las ampliaciones de sus viviendas, ni por la ley del mono ni por otra. Además, tampoco se procede a la expropiación, lo que les daría la posibilidad de recibir cierta cantidad de dinero producto de ésta y, en último término, sus viviendas se encuentran absolutamente desvalorizadas.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe a la Cámara de Diputados sobre la situación de las viviendas adyacentes a calles o avenidas que tienen contemplado el ensanche y qué posibilidades de solución hay.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ADMINISTRACIÓN DE LA CALETA EL BLANCO, DE LOTA. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.-
Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad de saludar a mis amigos de Lota, los hermanos Faúndez , y al Presidente de la Conapach Regional, don José Valenzuela , quienes se encuentran en la tribuna.
Tengo que denunciar un problema bastante delicado, sobre la caleta El Blanco, de Lota.
Solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, al director nacional de Obras Portuarias, don Juan Rusque Alcaíno ; al director regional de Obras Portuarias, don Carlos Brünnig Latut ; al seremi de Obras Públicas de la Octava Región, don José Luis Larraucán ; al Contralor y al Intendente , don Jaime Tohá , sobre la situación irregular que sucede en la caleta El Blanco, en Lota, respecto de lo que se llama varadero artesanal.
En la tribuna se encuentra el presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de la Caleta El Blanco, la cual está siendo administrada por un grupo bastante importante de pescadores, según acuerdo de hace cuatro años con la Dirección de Obras Portuarias.
Sin embargo, durante este período, Obras Portuarias, en lugar de haber colaborado con este grupo de pescadores, les ha puesto una serie de cortapisas, partiendo por visitas irregulares, una crítica permanente a la gestión, que ha terminado en una auditoría durante el año 1999, la que demostró que la gestión de este grupo de pescadores artesanales ha sido positiva.
Sin embargo, esto ha llevado a que personas interesadas en la región, después de haber visto el éxito de operación de este varadero, hayan empezado a usar influencias a fin de llevarlo a una licitación pública y dejar de lado a este grupo de pescadores, que no sólo lo ha administrado bien, sino que, además, ha dado un resultado adecuado para la zona, tanto técnico como económico.
No me parece adecuado que en Lota, especialmente, donde se requiere una reconversión y donde se está haciendo todo lo posible por solucionar los inmensos problemas de cesantía y de una economía marginal y bajísima, se dé una situación de esa naturaleza.
Debo aclarar que el Presidente de la Conapach se encuentra involucrado en este asunto porque él es quien da fe respecto del servicio que ha venido prestando el varadero.
En consecuencia, pido que se envíen los oficios solicitados, a fin de que se explique a esta Cámara a la brevedad sobre las intenciones de la Dirección de Obras Portuarias, por qué sus funcionarios no han actuado técnicamente y en forma adecuada, qué es lo que verdaderamente se pretende y qué sucede, a fin de orientar a este grupo de trabajadores y determinar qué medidas se deben tomar.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
MEDIDAS EN FAVOR DE DEUDORES DEL INDAP DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señora Presidenta, informo a esta Sala que mi distrito, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, tuvo la suerte de recibir la visita del ministro de Agricultura, don Jaime Campos , ex diputado, la que fue muy valiosa. En esa oportunidad el ministro se comprometió a que no se enviaran los antecedentes de los deudores de Indap a Dicom.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Agricultura, a fin de recordarle el compromiso que contrajo con esos deudores en el gimnasio de Marchihue, de no enviar sus antecedentes a Dicom, porque hoy se encuentran en una difícil situación. Todos sabemos que la agricultura está totalmente destruida por falta de políticas adecuadas y no podrían acceder a otras instituciones financieras si aparecen en Dicom.
Además, pido al señor ministro que se permita a los pequeños propietarios que tienen deudas con Indap que paguen sólo los intereses durante los próximos tres años, dado que hoy, por la crisis que vive la agricultura, es imposible que cancelen el total, y así evitar acciones judiciales que sólo llevan a paralizar a este sector y a perjudicar el desarrollo de las comunas que viven de lo que produce la tierra.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ulloa , Van Rysselberghe , Fossa , Leay , Juan Pablo Letelier , Urrutia , Mora y de quien habla.
DETERMINACIÓN DE TERRENOS DEL SERVIU Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta, quiero solicitar el envío de tres oficios.
Al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, a fin de que remita los planos de los terrenos de propiedad del Serviu, ubicados en la población Juan Antonio Ríos, que están desocupados desde hace mucho tiempo.
Al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que informe si en los pasos a nivel que se construirán en los cruces de El Salto y Recoleta con Avenida Américo Vespucio está contemplada la instalación de un colector de aguas lluvia, puesto que la población Héroes de la Concepción, ubicada en ese sector, año tras año debe sufrir inundaciones y el anegamiento de las viviendas. En principio, existe un compromiso del ministerio en tal sentido, pero quiero que se me confirme si efectivamente está considerada la construcción de un colector de aguas lluvia para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esa población.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Ulloa , Van Rysselberghe , Juan Pablo Letelier , Urrutia y de quien habla.
ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS CATALÍTICOS. Oficio.
El señor LEAY.-
Por último, pido que se oficie al secretario general de la Presidencia, a fin de que envíe los estudios técnicos que avalen una eventual restricción de circulación de los vehículos catalíticos. Hago esta petición porque un día una autoridad dice que la medida es para reducir el PM 10; después, otro personero sostiene que es para rebajar el PM 2,5. Hace dos días, el Presidente de la República dijo que era para proteger la capa de ozono.
Por lo tanto, me gustaría conocer a la brevedad posible los estudios técnicos de que dispone el Gobierno sobre la materia, porque muy pronto se reunirá el Comité de ministros y tomará una determinación, sin que la ciudadanía y el Parlamento conozcan dichos estudios.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Ulloa , Van Rysselberghe , Juan Pablo Letelier , Urrutia y de quien habla.
ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TOMÉ. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señora Presidenta, la mayor concentración habitacional de mi región más de un millón de personas se encuentra en una franja costera de no más de 80 kilómetros de largo. Ella comprende las ciudades de Tomé, Lirquén , Penco, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota.
Esa gran concentración de población en ese sector, que es uno de los polos industriales más importantes del país, indudablemente genera gran cantidad de residuos domiciliarios e industriales tóxicos.
Por lo anterior, el Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan , en 1995 financió un estudio denominado “Estudio y plan de manejo de residuos sólidos en las ciudades de Concepción, Penco y Talcahuano”, el cual señaló una superficie específica de 36.170 hectáreas de terrenos aptos para recibir la instalación de vertederos de residuos domiciliarios e industriales. Cabe señalar que el área propuesta no incluye la comuna de Tomé y, mucho menos, el pueblo de Rafael.
En 1998 la municipalidad de Tomé encargó un estudio de diagnóstico y disposición final de los residuos domiciliarios hago hincapié en esto de la ciudad de Tomé, el cual también fue financiado con fondos públicos, es decir, por Mideplan. El estudio concluye que “El emplazamiento para desarrollar un futuro proyecto de ingeniería corresponde al terreno que es ocupado, en parte, por el actual vertedero municipal, esto es, el sector Frutillar de Tomé”. Luego y curiosamente, este estudio financiado con fondos públicos se pone en un segundo caso que nadie pidió: que se adoptara un segundo criterio, el cual sería recibir residuos sólidos generados por otras comunas, lo que no se había encargado en el estudio.
En este caso, la consultora señala lo siguiente en la página 93 del estudio: “Un emplazamiento que podría ser considerado se ubica en la zona de Curaco Alto, distante alrededor de 3 kilómetros de la localidad de Rafael, y corresponde a terrenos de propiedad particular de aproximadamente 160 hectáreas de superficie”. Agrega: “En anexos se presenta un plano con la ubicación del sitio”. Incluso, éste se identifica con su rol de avalúo.
Como se puede ver, resulta muy curioso:
1ºQue un estudio encargado para analizar el destino de los residuos sólidos de la ciudad de Tomé termine analizando el destino de los residuos industriales y domiciliarios de la Gran Concepción.
2ºQue al hacer este estudio no encargado, no se señale una zona geográfica como apta para tal efecto, sino un predio específico, individualizándolo con su nombre, superficie y plano de ubicación.
El 25 de enero de 2000, la sociedad Hera Biobío S.A. de la cual es socio y gerente general la misma persona que en la fecha en que se realizó el estudio era director regional de la Corfoadquiere el denominado predio de Curaco Alto, de una superficie aproximada de 160 hectáreas, a que se hace referencia en el informe señalado precedentemente.
Todo lo anterior lleva a preguntarse lo siguiente:
1.¿Tuvo algún funcionario público injerencia para que un informe destinado a buscar una solución a los residuos domiciliarios de Tomé terminara por buscar un predio específico para la instalación de un vertedero de residuos industriales y domiciliarios de la Gran Concepción, todo ello financiado por el Estado?
2.¿Por qué en dicho estudio se buscó un predio específico y no una zona geográfica? Lo que se hizo, en definitiva, fue que con fondos fiscales se ubicara un predio que deseaba adquirir una sociedad privada, asumiendo el Estado el costo de dicha búsqueda y demanda.
Si no fue así, el entonces director regional de la Corfo utilizó la información de un estudio financiado por el Estado para adquirir un predio, a fin de desarrollar actividades personales y privadas.
Cabe hacer presente que por ese predio de Curaco Alto, de 160 hectáreas, cruzan tres esteros que desembocan en el río Rafael, del cual toma agua, a menos de un kilómetro, el pueblo de Rafael, de más de 3 mil habitantes. Evidentemente, si en ese predio se van a depositar residuos industriales tóxicos, se corre el riesgo de contaminar el río mencionado y la toma de agua que abastece a un pueblo de más de 3 mil personas y también la toma de agua de otros poblados ubicados río abajo.
Por lo tanto, pido el envío de cuatro oficios:
1ºAl ministro de Planificación y Cooperación, a fin de que informe sobre el estudio que la municipalidad de Tomé le solicitó que financiara, relativo al diagnóstico y disposición final de sus residuos, a quién se le encomendó el estudio y cuál fue su costo.
2ºA la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que informe qué cargos ha desempeñado en ese organismo don Iván Parra Ramos y las fechas entre las que ha ocupado estos puestos.
3ºA la municipalidad de Tomé, a fin de que se sirva informar de las resoluciones municipales mediante las cuales solicitó el estudio de diagnóstico y disposición final de los residuos de la ciudad de Tomé, y
4ºA la Contraloría General de la República, a fin de que investigue si en todo el proceso señalado de llamado a licitación para efectuar el estudio solicitado por la ilustre municipalidad de Tomé, en la adjudicación de dicho estudio y en su ejecución, así como en la posterior compra del inmueble Curaco Alto , señalado en el proyecto, intervinieron funcionarios públicos actuando, paralelamente, con intereses económicos propios y privados; si ello contravino o no las normas de probidad administrativa; si hubo o no uso de información privilegiada o uso, en beneficio particular, de conclusiones de un estudio pagado con fondos públicos.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jorge Ulloa y Juan Masferrer.
QUINTO CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA DE ALTA MONTAÑA Y DE FISIOLOGÍA DE ALTURA. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta, en la primera semana de octubre próximo se realizará en Chile, en Arica específicamente, el V Congreso mundial de medicina de alta montaña y de fisiología de altura, el cual constituirá un acontecimiento científico de enorme importancia, por cuanto se calcula que vendrán, aproximadamente, 500 científicos de alto nivel de todo el mundo para analizar el tema del evento.
Chile está tremendamente interesado en el Congreso, por cuanto la minería de altura en nuestro país ha ido creciendo progresivamente. Hay muchas explotaciones mineras por sobre los 4 mil metros de altura y un enorme desconocimiento mundial sobre los efectos que trabajar en altura tiene sobre el ser humano. En ese sentido, Chile es un verdadero laboratorio, en el cual recién se está adquiriendo experiencia y conocimientos sobre qué efectos causa sobre el ser humano trabajar y vivir en altura.
Indudablemente, es una oportunidad enorme para que Chile se perfile como un líder en este tema y pueda, al mismo tiempo, generar condiciones de seguridad para nuestros trabajadores de la minería.
Por ello, solicito oficiar al señor Presidente de la República para que se adopten todas las medidas de apoyo al congreso; que los Ministerios del Interior y de Minería, la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología, el Servicio Nacional de Turismo, la Intendencia Regional de Tarapacá y todas las autoridades locales de la Primera Región y de Arica presten la máxima colaboración a la realización de este congreso para que tenga el gran éxito que todos esperamos.
En el mismo sentido, pido que se haga presente a su Excelencia el Presidente de la República la conveniencia de concurrir al acto inaugural, al cual ha sido invitado oficialmente por el Comité Ejecutivo de este congreso, presidido por el doctor profesor Klaus Behn , de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Solicito acompañar a los oficios el texto de mi intervención.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados Juan Pablo Letelier y Leopoldo Sánchez
DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, solicito que el Ministerio de Hacienda, específicamente la Dirección de Presupuestos, informe a esta Corporación cuántos recursos se destinan a la planificación familiar en el país, en particular a través del Ministerio de Salud.
Los embarazos no deseados y la cantidad de abortos que se produce cada año es abismante, y todo indica que las estadísticas van en directa relación con la falta de recursos para prevenir estas situaciones.
Agradeceré que nos informen sobre la cantidad de recursos que se están destinando a través de los consultorios de los municipios, del Ministerio de Salud y de otros programas de planificación familiar, específicamente para acciones de intervención que permitan una planificación efectiva.
CONSULTA CIUDADANA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE REPRESA HIDROELÉCTRICA RALCO. Oficios.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, en estos días se ha puesto de moda hablar de consulta ciudadana, lo cual es muy importante hacer, como en la Región Metropolitana, respecto de la circulación de vehículos catalíticos.
Solicito, por su intermedio, enviar oficios a los ministros secretario general de la Presidencia y del Interior para que estudien la realización de una consulta ciudadana sobre la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco , y respecto del pago de $ 200 más cada mes a cambio de mantener ese patrimonio, único en la faz de la tierra, o si se permite seguir adelante con este proyecto, sin perjuicio de la convicción que tenemos varios de los presentes de que su ejecución está contra la letra expresa de la ley de pueblos indígenas.
INCINERACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, pido enviar oficio al Ministerio de Salud, específicamente al Sesma, para que informe si el Cementerio General, de la comuna de Recoleta, tiene autorización legal, no para cremar cadáveres, sino para incinerar desechos hospitalarios, lo que se está realizando desde hace muchos años.
Me parece que eso no está dentro del rubro de un cementerio y, adicionalmente, no se han llevado a cabo los estudios de impacto ambiental, por cuanto ese hecho significa una contaminación indebida en la Región Metropolitana.
Por ende, solicito que se remita este tercer oficio sobre la legalidad del procedimiento ejecutado en el Cementerio General para la quema de desechos hospitalarios.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Urrutia , Sánchez y la diputada señora Caraball.
REALIZACIÓN DE PLEBISCITOS ANTE ENAJENACIÓN DE BIENES PÚBLICOS.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señora Presidenta, en los últimos días se ha suscitado una nueva polémica pública por la decisión del Gobierno de incorporar al plan de descontaminación de la Región Metropolitana la posibilidad de restringir la circulación de vehículos que posean convertidor catalítico.
Como presidente de la Comisión del Medio Ambiente de esta Corporación no puedo sino estar a favor de dicha iniciativa por razones técnicas, que no es caso analizar en este momento.
La referida decisión gubernamental se fundamenta, como decía, en estudios técnicos, científicos e ingenieriles muy precisos y, además, se halla legitimada por la opinión expresada por más de 90 mil ciudadanos de la capital, que por distintas vías manifestaron su parecer positivo frente a semejante medida.
En efecto, la Conama efectuó una consulta ciudadana a través de su sitio de Internet y también mediante la instalación de mesas y buzones en distintos puntos de la ciudad de Santiago.
En resumen, la voluntad de la comunidad fue escuchada y ha servido de soporte y apoyo a una medida restrictiva de los derechos de las personas.
Sin embargo y por eso intervengo en esta Sala esa misma participación alabada para Santiago es desconocida para el caso de la Región del Biobío. Allá, hace algo más de un mes, más de 120 mil personas se pronunciaron claramente en relación a la privatización de la Empresa Sanitaria Essbío y dijeron “no” a su privatización.
Sabemos que hay circunstancias distintas en un caso y otro, derivadas justamente de que las normas que regulan el plan de descontaminación prevén este tipo de consulta ciudadana y, en el segundo caso, no existe la institución del plebiscito ciudadano que permita a las comunidades, sean nacional, regional o local, pronunciarse sobre aspectos tan relevantes, como la enajenación del patrimonio público.
Cuando en esta Corporación se designan comisiones especiales para investigar los procedimientos y efectos de la venta de Esval, de Emos o, en el caso de mi Región de Aisén, cuando se cuestionó la venta de Transmarchilay, de la generadora y distribuidora de energía eléctrica Edelaysen , se hace más urgente crear canales efectivos de participación ciudadana, para que sea la gente la que decida de verdad respecto de los temas más relevantes para su calidad de vida, en definitiva, para el quehacer cotidiano que vive a diario en el seno de sus familias.
Por lo dicho, junto a los diputados señores Tuma y Navarro , hemos presentado una reforma constitucional destinada a establecer la obligatoriedad de convocar a plebiscitos vinculantes antes de enajenar activos públicos de clara identificación nacional, regional y local, de manera que iniciativas como el plebiscito ciudadano de la Octava Región no queden, como hasta ahora ha sucedido, simplemente en el anecdotario de un proceso de privatización.
Finalmente, hago un llamado a las autoridades gubernamentales para que sean consistentes con sus discursos en favor de la participación y se tome en cuenta la voluntad de la gente, expresada de manera espontánea en Concepción, y se detenga la privatización de Essbío. Sólo así se despeja la duda sobre una posible inconsistencia cuando se habla de participación ciudadana para justificar la restricción en la circulación de los vehículos catalíticos, medida que, como ya expresé, apoyo. En el fondo y en términos políticos, se trata de descentralizar la participación de los ciudadanos en nuestro país y hacer algo muy importante: escuchar a la gente.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.59 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Tuma, Sánchez y Navarro Reforma Constitucional que establece la obligación de realizar plebiscitos vinculantes antes de la enajenación de patrimonio estatal de clara identificación local, regional o nacional. (boletín Nº 2555-07)
“Honorable Cámara:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar este proyecto de reforma constitucional que tiene como idea matriz la modificación del artículo 32 de la Carta Fundamental para incorporar la obligatoriedad de efectuar plebiscitos vinculantes, cuando el Estado o sus empresas pretendan enajenar activos fiscales de clara identificación nacional, regional o local.
La necesidad de los ciudadanos de participar e influir en la toma de decisiones
La sociedad chilena se encuentra inmersa en un proceso de modernización de sus instituciones democráticas. La crítica a la función representativa y gubernativa por parte de vastos sectores de la comunidad se vinculan claramente con la falta de participación e influencia real en la toma de importantes decisiones públicas.
Hoy en día, los ciudadanos necesitan encontrar espacios o nichos nuevos desde donde construir y hacer política. El término de las confrontaciones entre las ideologías, entendidas como metarrelatos de la realidad, a nivel mundial y de los proyectos excluyentes de sociedad, en el proceso político chileno, nos obligan a atender esta necesidad superior de participación de los ciudadanos, que va mucho más allá del simple ejercicio de elegir autoridades y representantes.
Hoy la construcción de la política es necesaria hacerla desde el cotidiano de la gente, y en ese cotidiano ciudadano, las decisiones superiores del Estado aparecen como asuntos distantes e incluso ajenos, pese a que los efectos de las decisiones públicas, como cuando se enajenan grandes activos nacionales o regionales, impactan fuertemente la calidad de vida de las personas.
Las privatizaciones y el modelo económico imperante.
Desde hace muchos años, primero “por la costumbre de la fuerza y luego por la fuerza de la costumbre”, se ha instalado una concepción hegemónica sobre los asuntos de la economía y de la sociedad. El neoliberalismo, se ha asentado en Chile como en el resto de Latinoamérica y en algunos países de América del Norte y Europa como un “Pensamiento Único”. En este esquema, la libertad de empresa, el aprovechamiento económico, la flexibilidad del mercado laboral, la desregulación masiva de la economía y la jibarización del Estado, mediante la externalización de servicios y la privatización de sus activos, se han ido transformando en un conjunto coherente de postulados de valor cuasi religioso para algunos, y no como debiera ser en meras alternativas de gestión o de organización.
En nuestro país, desde el inicio del Gobierno Militar se ha vivido un proceso de privatización de los principales activos públicos, con consecuencias en algunos casos nefastas y con procedimientos poco transparentes o claramente corruptos que permitieron el enriquecimiento de algunos a costa de la pérdida de la propiedad de empresas estratégicas para el desarrollo del país o la concentración abusiva de la propiedad de sectores completos de la economía por parte de algunos conglomerados económicos nacionales y extranjeros.
Con la reinstalación del régimen republicano al año 1990, los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, se reestructuró y reformuló la Corporación de Fomento de la Producción, que fue dividida en la práctica en dos entidades: una dedicada al fomento productivo y a la innovación tecnológica de la pequeña y mediana empresa, y otra, poderes casi omnímodos, denominada Sistema Administrador de Empresas (SAE), a cargo de la administración de lo que queda de las empresas públicas y de generar programas de enajenación de dichos activos y que han adolecido del grave defecto de ser diseñados de manera inconsulta y poco participativa, lo que les resta legitimidad social. Ya se han enajenado las empresas sanitarias de Valparaíso (Esval), de la Región Metropolitana (Emos), y ahora se pretende vender la sanitaria de la Octava Región (Essbío). En otras áreas se traspasó al sector privado Edelaysen, la productora y distribuidora de electricidad de Aysén y se vendió la Empresa de Transportes Marítimos de Chiloé y Aysén (Transmarchilay), por nombrar sólo algunas, y en cada uno de estos casos, se hizo sin la debida consulta de la ciudadanía, lo que constituye un error político de enorme trascendencia y al mismo tiempo un estilo de hacer las cosas que no está acorde con la realidad sociopolítica de un país que demanda en el seno de su sociedad civil participación e inclusión.
No propugnamos volver a la década del 40 en materia de participación del Estado en la actividad productiva, somos conscientes que ése actualmente no es su rol preferente, sino simplemente revalorizar el rol estratégico que en la economía de un país pequeño y frágil como el nuestro, sujeto a los vaivenes de la economía global, puede tener el Estado, el sector público, en el ámbito económico productivo y de servicios y también en la regulación de la actividad privada para encaminar al bien común y general de la sociedad.
El plebiscito en nuestra Constitución Política.
Una de las bases de nuestra institucionalidad política es el régimen de gobierno democrático y republicano, sustentado en el ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo-nación, así lo declara el artículo 5º de la Carta de 1980, la que precisa que el ejercicio de la soberanía se verifica mediante las elecciones periódicas y el plebiscito.
Nuestro ordenamiento constitucional tiene, sin embargo, serias limitaciones para el empleo de este instrumento de participación ciudadana, pues lo establece con un mecanismo de solución de controversias entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República durante la discusión de un proyecto de reforma constitucional y que se produce cuando el proyecto aprobado por el Congreso Nacional es observado, total o parcialmente, por el Presidente de la República y aquél insiste en su proposición (artículo 117 de la Constitución).
Asimismo, y en materia municipal, la Carta Fundamental establece que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades debe contemplar consultas no vinculantes o plebiscitos de carácter local para decisiones propias de ese ámbito del quehacer público.
El Gobierno del Presidente Frei trató infructuosamente de modificar la Constitución ampliando la extensión de los plebiscitos, pero siempre centrados en el conflicto de poderes, legislativo-ejecutivo; dicha iniciativa fue rechazada en el Congreso Nacional al no suscitar los acuerdos políticos necesarios.
Lo anteriormente dicho, hace mantener la disposición de las nuevas autoridades y de importantes sectores y actores políticos de que es necesario reformular este mecanismo de consulta popular, para convertirlo en un instrumento de participación general. En nuestro caso, la propuesta normativa es más limitada y se centra en la decisión de la venta o traspaso de activos públicos.
Nuestra propuesta de reforma.
Estimamos que el plebiscito es un mecanismo idóneo para asegurar la participación ciudadana y por ello proponemos la modificación del artículo 32 de la Constitución que es donde actualmente se contempla la facultad del Primer Mandatario de convocar a los plebiscitos.
El plebiscito que proponemos es de convocatoria obligatoria para el Presidente y no meramente facultativa como ocurre actualmente con el texto vigente. Asimismo, es vinculante en su resultado y en relación a su extensión, puede ser una consulta nacional, regional o incluso comunal, pues dice relación con la venta, traspaso o enajenación de activos públicos en bienes de clara identificación nacional, regional o local.
Respecto a este concepto jurídico indeterminado de bienes de clara identificación nacional, regional o local, lo utilizamos porque existe un precedente constitucional de su uso. En efecto la Constitución del año 1980, al momento de establecer la posibilidad de establecer tributos locales o regionales utiliza el concepto en comento, cuestión que no ha producido ninguna controversia doctrinaria sobre su significado y extensión.
Transcribimos la norma citada del Artículo 19 Nº 20 parte final, que es fruto de la Reforma del año 1991):
“Asimismo, podrá autorizar que los gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo”.
La experiencia del plebiscito ciudadano en Concepción.
Recientemente, en la ciudad de Concepción se verificó una consulta popular para opinar sobre la enajenación de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, (Esbbío S.A.) que actualmente integra el holding del Sistema de Administración de Empresas del Estado dependiente de la Corfo.
Esta consulta popular, nacida de un movimiento de naturaleza ciudadana, tuvo el doble mérito de incorporar a los ciudadanos de la Octava Región a un debate amplio sobre el destino de una empresa pública regional. Concepción, desde los albores de la República, se ha caracterizado por contar con una cultura cívica marcada por un elevado nivel de independencia y autonomía crítica respecto a lo que se hace y decide en la capital. Al mismo tiempo, con esta consulta los penquistas nos han dado un ejemplo de compromiso cívico con los temas que involucran a la comunidad en su conjunto.
En las comunas del Biobío en que se realizó la consulta, más de cien mil personas expresaron su opinión negativa sobre la enajenación de su sanitaria regional. Más allá del destino futuro de la empresa, creemos que dicha experiencia revela por una parte la necesidad de la gente de ser escuchada y atendida en sus opiniones, y por otra parte, la urgencia de que el Estado cree mecanismos para facilitar la expresión ciudadana en temas de tanta relevancia económica para el Estado y especialmente para los propios vecinos que a futuro se relacionarán con una empresa de servicios en manos de particulares con los consiguientes cambios de políticas comerciales.
Esta acción de los ciudadanos conscientes de la Octava Región, nos ha motivado a la presentación de esta iniciativa de Reforma Constitucional que hoy ponemos en conocimiento de la honorable Cámara de Diputados. Hemos señalado sus méritos, justificado su necesidad y explicado sus contenidos. Ahora sólo resta que la Corporación la analice y que el Ejecutivo asuma el desafío de progresar en materia de fomento de la participación ciudadana, que creemos, perfecciona el sistema democrático y lo hace más sensible a la gente común de nuestro país que quiere ser escuchada y tomada en cuenta y legitima a la política como espacio de debate y crecimiento de la comunidad nacional.
Por tanto:
En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de nuestras potestades constitucionales, legales y reglamentarias, venimos a someter a consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Proyecto de reforma constitucional:
Artículo único. Modifíquese el artículo 32 Nº 4º de la Constitución Política de la República de la siguiente forma:
a)Elimínese el punto y coma que sigue al guarismo 117.
b)Agréguese al final de la disposición la siguiente frase “y siempre que el Estado o sus empresas en que tenga participación mayoritaria, pretendan enajenar activos de clara identificación local, regional o nacional. Este plebiscito será vinculante para el Estado y sus empresas. Una ley establecerá los procedimientos para su convocatoria y ejecución”.