Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CRISIS ENERGÉTICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN
- Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN
- Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- CIERRE DE LA SESIÓN
-
CRISIS ENERGÉTICA
- ANEXO SESION
- Moción del H. Senador señor Bitar, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez, en las ciudades de Arica e Iquique. Boletín Nº 2323-04.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Bitar Chacra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Moción del H. Senador señor Bitar, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez, en las ciudades de Arica e Iquique. Boletín Nº 2323-04.
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 34ª, en martes 20 de abril de 1999
Especial
(De 16:20 a 20:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
Acuerdos de Comités
V. ORDEN DEL DÍA:
Crisis energética
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y Presidente de la Comisión Nacional de Energía , y el señor Presidente del Directorio del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central .
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El acta de la sesión 29ª, ordinaria, en 31 de marzo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Discusión Inmediata", respecto del proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal. (Boletín Nº 2.254-06).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira la urgencia que hiciera presente al proyecto de reforma constitucional que introduce modificaciones a los artículos 26, 27 y 84 de la Constitución Política de la República, sobre calificación de la elección de Presidente de la República y Tribunal Calificador de Elecciones. (Boletín Nº 2.314-07).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último retira del Congreso Nacional el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al Tratado sobre Transferencia de Presos Condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil. (Boletín Nº 2.295-10).
--Queda retirado el citado proyecto.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 2.298-05). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Hacienda y a la Defensa, en su caso.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, con excepción de las que indica, que ha rechazado. (Boletín Nº 2.254-06). (Véase en los Anexos, documento 2).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual designó a los señores Diputados que menciona para que la conformen en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para que integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senado, relativo a la conveniencia de enviar a tramitación legislativa un proyecto sobre cargos fijos de los servicios básicos.
Del señor Contralor General de la República, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a traspaso de terreno que indica.
Del señor Subsecretario del Interior, con el que remite, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Presupuestos, los antecedentes que indica.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre cuotas de pesca de la merluza austral.
Del señor alcalde de Coquimbo , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a descentralización de fondos sociales.
Del señor Director General de Obras Públicas , con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta dirigidos por el señor Ministro de Obras Públicas a las autoridades que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba el Convenio en materia de Seguridad Social entre Chile y Quebec. (Boletín Nº 2.261-10). (Véase en los Anexos, documento 3).
2) El relativo al Convenio de Seguridad Social suscrito entre los Gobiernos de la República de Chile y de Italia. (Boletín Nº 2.273-10). (Véase en los Anexos, documento 4).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indica. (Véase en los Anexos, documento 5).
--Se toma conocimiento.
Moción
Del Senador señor Bitar, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la erección de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez en las ciudades de Arica e Iquique. (Boletín Nº 2.323-04). (Véase en los Anexos, documento 6).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente que el último asunto no se encuentra incluido en la Convocatoria Extraordinaria de Sesiones.
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de Comités.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Los Comités adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.- Concluir la presente sesión a las 18:30 horas, a menos que se estime necesario prorrogarla. Esta sesión especial fue citada hasta las 20 horas.
2.- Tratar en la sesión ordinaria de mañana el proyecto sobre el Fondo Común Municipal, que tiene urgencia calificada de "Discusión Inmediata" e informe de Comisión Mixta, en cuanto se reciba el respectivo oficio de la Cámara de Diputados.
3.- Prorrogar hasta el lunes 3 de mayo, a las 12, el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre Ministerio Público.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se toma conocimiento de los acuerdos.
V. ORDEN DEL DÍA
CRISIS ENERGÉTICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La sesión especial convocada para hoy tiene por finalidad ocuparse en la crisis energética que afecta al país.
Para tal efecto, la Sala acordó en su momento invitar a diversos Ministros, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , don Christian Nicolai , y al Presidente del Directorio del Centro de Despacho Económico de Carga , señor Eduardo Ricke Muñoz.
El señor BOMBAL .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BOMBAL .-
¿A qué Ministros se les cursó invitación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Según tengo entendido, por la minuta que se me ha entregado -no estuve en esa sesión-, se invitó a los Secretarios de Estado siguientes: Presidente de la Comisión Nacional de Energía; de Minería; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Defensa Nacional; Secretario General de la Presidencia ; de Planificación y Cooperación -casi un Consejo de Gabinete...
El señor BOMBAL.-
¿Y al señor Ministro del Interior?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
También, señor Senador.
El señor BOMBAL .-
Deseo consultar, además, si los señores Secretarios de Estado ausentes han excusado su inasistencia y en razón de qué.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Está presente el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , quien podrá, seguramente, en representación de sus colegas de Gabinete, dar los antecedentes que correspondan y las excusas de quienes no han podido concurrir a la sesión. La Mesa no ha recibido nota alguna en tal sentido.
El señor BOMBAL .-
¿Pero habrá alguna información oficial al respecto, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tal vez el Ministro señor Biehl nos puede dar algún antecedente.
El señor MORENO.- En su momento, señor Presidente. Mejor entremos al debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene preferencia para usar de la palabra el señor Ministro .
El señor BIEHL ( Ministro Secretaría General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , señores Senadores, efectivamente estaba esperando que se iniciara la sesión para entregar las disculpas de mis colegas, quienes, por compromisos previos y por sentirse representados por el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía y quien les habla, se excusan de no asistir a la sesión de hoy.
Asimismo, le ruego, señor Presidente , recabar la autorización de la Sala para que ingrese a ella el Subsecretario de Economía , señor Luis Sánchez Castellón .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
El señor NOVOA .-
No, señor Presidente . El Comité UDI prefiere que la sesión se lleve a cabo sólo con los Ministros que pudieron venir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por haber oposición, no puedo autorizar el ingreso al Hemiciclo del Subsecretario de Economía .
El señor BOMBAL .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hay varios oradores inscritos para intervenir, señor Senador .
El señor BOMBAL .-
Únicamente deseo hacer un alcance sobre el punto.
En la sesión pasada, cuando el Senador que habla, con el mayor respeto, formuló la solicitud a la Sala para que resolviera acerca de la idea de citar a esta sesión, y dada la gravedad e incidencia de la crisis, que abarca aspectos de toda la vida nacional, especialmente en lo relativo a la seguridad de las personas y a la productividad del país, se planteó la necesidad de extender invitaciones para que estuvieran presentes esta tarde, precisamente, a los Ministros que integran la Comisión Nacional de Energía, que por algo son altos representantes del Poder Ejecutivo .
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BOMBAL.-
Estoy haciendo uso de ella, señor Senador.
Y, en razón de que se trataría esta materia y la crisis que vive el país, se pidió invitar, con la mayor amplitud, a esos Secretarios de Estado.
Creo que, habiéndose procedido para tal efecto con la debida anticipación, queda en evidencia que la ausencia de ellos es más que lamentable. Desde luego, los señores Ministros presentes pueden aportar mucho al debate, pero, precisamente, se trataba de que asistiera la totalidad de los ya mencionados, para poder abordar un asunto que está afectando a todos los sectores de la vida nacional.
En consecuencia, es de lamentar, señor Presidente -y, por lo menos, quiero dejar constancia de ello en la Sala-, que ante una invitación del Senado se produzca la situación expuesta, la cual resulta de lo más desafortunada.
El señor GAZMURI .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Daré por última vez la palabra sobre el particular, porque debe comenzar la discusión del tema de fondo, de modo que no cabe abocarse a la cuestión aludida. Si se desea retomarla en el transcurso de las intervenciones posteriores, Sus Señorías pueden hacerlo, pero me parece que basta con las explicaciones que ha dado el señor Ministro Secretario General de la Presidencia frente al reclamo formulado por un señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede usar de ella el Honorable señor Gazmuri .
El señor GAZMURI .-
Solamente quiero consignar que no corresponde a la Oposición, en un régimen presidencial, determinar qué Ministros concurren al Congreso.
El señor BOMBAL .-
Fue una invitación.
El señor GAZMURI.-
Y tampoco es algo que decide el Senado. Por lo tanto, no me hago parte, como miembro de esta Corporación -y lo hago presente en nombre de la bancada socialista-, de que sea la Oposición la que resuelva...
El señor BOMBAL .-
Constituyó un acuerdo.
El señor GAZMURI .-
Estoy hablando, Honorable colega.
El señor BOMBAL .-
Yo también.
El señor GAZMURI .-
No le he dado una interrupción,...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido que se deje usar de la palabra, por favor.
El señor GAZMURI .-
... así que no tiene derecho a intervenir.
El señor BOMBAL .-
Lo tengo.
El señor GAZMURI .-
No, Su Señoría. Mientras hablo, no lo tiene, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito a los señores Senadores mantener una actitud de respeto.
El señor GAZMURI.-
Los derechos son reglamentarios.
El señor BOMBAL .-
Tengo derecho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido dirigirse a la Mesa.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri .
El señor GAZMURI .-
Me dirijo al señor Presidente para afirmar que el Senador señor Bombal , o Su Señoría -como expresa el Reglamento-, o don Carlos Bombal , como se pudiera decir, no tiene derecho a hablar cuando no le corresponde.
El señor BOMBAL.-
A protestar, sí.
El señor GAZMURI.-
Lo que ocurre es que la Derecha, en general, asume derechos que no le asisten. Pero, en fin,...
El señor BOMBAL.-
A protestar, sí.
El señor GAZMURI .-
... sólo quiero puntualizar que ésa...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Reitero a los señores Senadores que se dirijan a la Mesa.
El señor NOVOA .-
Nos hallamos en un régimen...
El señor GAZMURI .-
... es una vieja costumbre y tradición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Le repito, señor Senador, que se dirija a la Mesa y en tercera persona...
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , por su intermedio sostengo, en tercera persona, que algunos señores Senadores de la Oposición asumen derechos de los que normalmente carecen.
En todo caso, quisiera dejar sentado, porque me parece un tema de principio, lo siguiente: en un régimen presidencial,...
El señor BOMBAL.-
Está claro que los señores Ministros no vinieron.
El señor GAZMURI .-
... es el Primer Mandatario y el Ministerio la instancia en que se resuelve cómo los Secretarios de Estado se presentan en el Congreso Nacional. Ésa es la cuestión central.
El señor BOMBAL .-
No quisieron venir. Está claro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Gracias, Honorable señor Gazmuri .
El señor BOMBAL.-
Comencemos, señor Presidente. Los señores Ministros no quisieron venir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hago presente a la Sala, de todas maneras, que, efectivamente,...
El señor BOMBAL.-
La Cámara de Diputados sesiona...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
... de acuerdo con las normas constitucionales, los Ministros son invitados...
El señor GAZMURI .-
Por mi parte, estoy por el régimen parlamentario, además. Ésa es otra cuestión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
... al Parlamento y al Senado. Y sobre esa base se procedió en la situación que nos ocupa.
El señor BOMBAL.-
Se trata de una descortesía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los Secretarios de Estado resuelven, entonces -y se tiene razón al sostenerlo-, quiénes pueden asistir o no.
En todo caso, se deja constancia de las reclamaciones formuladas.
El señor BOMBAL.-
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Foxley .
El señor MORENO .-
Perdón, señor Presidente . ¿Podríamos conocer antes la lista de oradores?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hasta el momento, se hallan inscritos los Honorables señores Foxley , Moreno , Martínez , Bitar , Matthei y Pérez .
El señor PIZARRO .-
¿Y el Senador señor Bombal no...?
El señor BOMBAL.-
Ahora solicito que se me incluya, señor Presidente.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , ¿no será adecuado que el señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía intervenga para iniciar el debate?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si éste lo estima conveniente, cuenta con preferencia para ello.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Señor Presidente , dispongo de dos alternativas: efectuar una exposición, escuchar a los señores Senadores y luego responder sus inquietudes, o escucharlos primero para después usar de la palabra.
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor HAMILTON .-
Sugiero una...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Foxley ha planteado la conveniencia de comenzar con la intervención del señor Ministro , para, sobre esa base, empezar a continuación el debate.
Ofrezco la palabra al señor Ministro, quien decidirá si usa de ella o no. En caso contrario, la tiene el Senador señor Foxley.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Gracias, señor Presidente . En primer lugar realizaré una intervención introductoria.
El punto central que nos convoca hoy es la emergencia grave que afecta al sistema interconectado central, el cual cubre, aproximadamente, 90 por ciento de la población y poco más de 80 por ciento de la actividad económica, y genera y entrega electricidad desde Taltal hasta Chiloé. Al norte se encuentra el del Norte Grande, que no ha presentado dificultades de abastecimiento -es un sistema totalmente térmico-, y al sur el de Aisén, pequeño y autocontenido, además de tres subsistemas en Magallanes.
Para dar una dimensión de la situación a que nos hallamos enfrentados como consecuencia de la sequía, es importante destacar algunas cifras básicas. En este momento, hay instalados en el sistema interconectado central 6 mil 700 megawatts de potencia y el máximo que es posible utilizar en las horas punta no llega a 4 mil, sobre la base de reservar parte de la capacidad de regulación en los embalses.
En promedio, durante la generación diaria, de esos 6 mil 700 megawatts hay 3 mil inutilizados por falta de agua. Estos últimos equivalen a producir la misma cantidad que se está generando en racionamiento. Si se pudieran usar plenamente, en un año con registros hídricos adecuados, representarían una cifra igual. En relación con un año normal, el sobredimensionamiento del sistema en este instante, respecto de la capacidad instalada, es del orden de 60 por ciento.
Cabe precisar que la sequía no empezó ahora, sino el año pasado. Ha sido extremadamente prolongada. ¿Qué ha impedido un resultado de catástrofe, en medio de la imagen que intento exponer a través de la capacidad que no puede ser utilizada para generar? Se debe mencionar, en primer lugar, el ingreso del gas natural al país, que permitió la instalación de centrales de ciclo combinado y diversificar, por lo tanto, las posibilidades de generación en el sistema interconectado central. Y el segundo elemento es el esfuerzo -que, desde el punto de vista del regulador, se refiere a señales de regulación, y, desde el punto de vista de las empresas, a inversión- que ha llevado a instalar en los últimos cuatro meses el equivalente a 650 megawatts. ¿Cómo? De esa cifra, 580 megawatts corresponden a unidades de emergencia, y 70, que no era posible utilizar, a una ampliación en la línea de transmisión de San Isidro-Polpaico. O sea, 18 por ciento de lo que se genera en este momento es producto del esfuerzo de instalación -repito- realizado, contra el tiempo, en el período indicado.
Sin embargo, tanto las empresas como la autoridad deben considerar el futuro sobre la base de las posibilidades que existen. En los escenarios hidrológicos que se plantean hay probabilidades de que surjan muchísimas situaciones diferentes. Nosotros efectuamos un seguimiento diario de los análisis que realizan sobre el tema expertos meteorólogos, no sólo nacionales, sino también internacionales, y se da el caso de que todavía se presenta lo que se conoce como "fenómeno de La Niña", un cuadro de enfriamiento en las zonas del Pacífico cercanas al Ecuador, lo que configura un factor no directo, no preciso, no determinado, pero sí correlacionado con lo que ocurre con el clima en Chile. Lo que empezó a fines de mayo de 1998, se ha ido prolongando en el tiempo y ha tenido lugar una corrección muy gradual desde enero del año en curso. Es decir, se ha recuperado algo de terreno; pero los especialistas aún informan que los pronósticos del otoño son absolutamente abiertos -no se encuentran correlacionados con la situación- y lo que suceda en el invierno dependerá de qué tanto avance el proceso de corrección de "La Niña".
En seguida, frente a la situación general grave, producida por eventos naturales absolutamente incontrolables y prolongados, y respecto de los cuales las autoridades y las empresas a cargo de la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica han hecho esfuerzos para superarlos, es importante efectuar algunas precisiones acerca de cuál es el marco regulatorio que delimita las funciones de los actores en este ámbito.
En primer lugar, la normativa vigente en la materia es el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, que en su artículo 8º señala, con absoluta precisión y en forma explícita, que las empresas generadoras y transmisoras no son de servicio público y no tienen obligatoriedad de dar servicio. Se trata de un precepto que contrasta con el inmediatamente anterior -el artículo 7º-, el cual estipula que las empresas distribuidoras sí están obligadas a dar servicio y son de servicio público. Esto es curioso, porque si se analiza la ley que regula las empresas sanitarias -acerca de las cuales se discutió un marco regulatorio que, por supuesto, integraba desde la producción de agua potable hasta la disposición de aguas de alcantarillado-, se desprende que habría sido imposible obligar a la red de distribución dar servicio sujeta a una condición absolutamente abierta desde el punto de vista de su producción; o sea, la obligatoriedad de proveer aguas sin obligatoriedad de producirlas.
El decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, no norma el racionamiento ni contempla un artículo o un inciso, ni mucho menos un capítulo o un título, que lo regule. Aún más, tampoco incorpora una norma vinculada a lo que obviamente es importante en un sistema hidrotérmico: la regulación de situaciones de preemergencia que posibilite la actuación preventiva, a fin de evitar que se produzcan crisis como la que se enfrenta y que se deriva de una sequía severa y prolongada.
Sólo el artículo 99 bis -introducido en febrero de 1990 y que alude a las compensaciones a que tienen derecho los usuarios sometidos a tarifas reguladas y también a las limitaciones de esas compensaciones cuando la sequía es peor que la del peor año, el que para estos efectos es 1968- hace una referencia curiosa al señalar que, en caso de que se decrete racionamiento frente a una situación de sequía o fallas prolongadas de centrales térmicas, las compensaciones se aplicarán de esta manera. Y ahí aparece por primera vez el racionamiento en la ley. Ésta nada dice sobre funcionamiento especial en condiciones de racionamiento, formas de operar en condiciones de racionamiento, obligaciones especiales en condiciones de racionamiento o atribuciones especiales de autoridades en condiciones de racionamiento.
Ya que aludí al artículo 99 bis, deseo despejar un aspecto. Este precepto se refiere a compensaciones en situaciones de déficit de generación de energía. La ley, en ninguna de sus disposiciones, establece ninguna compensación, curiosamente, para el caso en que se produzca una falla de empresas que sí tienen la obligación de dar servicio, que son las concesionarias de servicio público o distribuidoras. Dicho de otra manera, en la legislación no hay compensaciones si se presenta una situación como la ocurrida en Buenos Aires, la que, como Sus Señorías saben, fue de distribución -y nada tiene que ver con la que ahora enfrentamos- y que se explica no por falta de energía, sino por el desperfecto mayor en una nueva unidad de control y de distribución de energía eléctrica. Para este caso, la legislación chilena no considera ninguna compensación especial a los clientes regulados.
Además, deseo señalar -porque ha sido un tema de discusión lo relativo a cómo los consumidores y los distintos actores intervienen en este proceso- que los precios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 1 (o sea, los precios de nudo), los cuales están en proceso de ser decretados por el Ministerio de Economía, previo informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, y que incluso han sido objeto de controversia pública en estos días por primera vez en mucho tiempo -se trata de precios técnicos, de regulación-, están pensados de tal manera que recojan los escenarios promedios en un período futuro de varios años. En el caso del Sistema Interconectado Central, la costumbre, la tradición, de la Comisión Nacional de Energía ha sido considerar un horizonte de cuatro años, que es el plazo máximo permitido por la ley; el mínimo son dos años En otras palabras, la legislación vigente no prevé que los precios actúen como señal de escasez o sean elementos de ajuste entre la oferta y la demanda, sino que supone que, cuando hay disponibilidad de energía, se provea de toda la que demanda el sistema; y cuando no la hay, el artículo 99 menciona la posibilidad de dictar un decreto de racionamiento y se refiere a compensaciones a los usuarios regulados, sujetas a ciertas limitaciones.
Como saben los señores Senadores, los precios de nudo son posteriormente calculados teóricamente, se contrastan con los precios libres existentes entre las empresas generadoras y los clientes libres y, finalmente, se aplica la banda de 10 por ciento, la que ha determinado estos precios en las últimas cuatro oportunidades en términos de corresponder al límite inferior de dicha banda. Por eso, en la actual fijación se produjo un cambio en los nudos principales de menos 0,8 por ciento o de menos 1 por ciento, que es lo que varió la banda de los contratos libres entre generadoras y clientes grandes.
Asimismo, toda la regulación en esta materia entrega la operación del sistema a los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) en el caso del Sistema Interconectado del Norte Grande y en el del Sistema Interconectado Central. Esto significa que corresponde a las empresas -que conforme a la ley son las llamadas a coordinarse en los CDEC (el Presidente del SIC nos acompaña en esta Sala)- señalar cuál es la operación más económica del sistema; ordenar el funcionamiento de las unidades y, en general, operar todos los aspectos técnicos, incluidos la posterior valorización de las transacciones y la solución de los problemas vinculados a la interconexión. En una situación de racionamiento ocurre exactamente lo mismo: el Centro de Despacho Económico de Carga calcula los déficit, se los informa a los clientes y éstos -que son empresas distribuidoras y en este caso también clientes libres de las empresas generadoras- toman las decisiones acerca de cómo racionar, a qué hora hacerlo y de qué manera distribuirlo.
Una interpretación relativa a cómo concebir los efectos del artículo 99 bis sobre los decretos de racionamiento conducía a pensar que éste debía ser focalizado en los clientes de las empresas deficitarias. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen derecho a compensaciones. ¿Por qué? Porque así lo reconocen los decretos de racionamiento, instrumentos que autorizan a las empresas a realizar algo que normalmente no pueden hacer: reducir el voltaje por debajo de la banda permitida o cortar el suministro. Además, no imponen el racionamiento, sino que a las empresas les permiten hacer ciertas cosas. Lo señalan así: podrán hacer determinadas cosas si el sistema presenta déficit. Pero esta interpretación del artículo 99 bis conducía a que, en una situación de severa restricción como la actual, el racionamiento se distribuyera de manera absolutamente focalizada. Y eso, sumado a la magnitud de los eventos que ha desatado la falla de la central Nehuenco -es decir, el profundo déficit que eso genera-, significaba en la práctica cortes de electricidad por varias horas en ciertas ciudades y zonas del país y la inexistencia de racionamiento en otras, en circunstancias de que el precio que pagan los consumidores es solidario. Es decir, quienes son clientes de empresas termoeléctricas no pagan el costo variable de la termoelectricidad. De hecho, la cuenta de un usuario en el sistema del Norte Grande (totalmente termoeléctrico), es sobre 40 por ciento más alta que en el Sistema Interconectado Central. Eso se debe, entre otras cosas, a la existencia de hidroelectricidad. Y el país ha utilizado el desarrollo de la hidroelectricidad porque le abre la posibilidad de un desarrollo más eficiente.
En consecuencia, en noviembre mediante un compromiso voluntario (un tanto forzado pero voluntario) de las empresas, y el 1º de abril a través de una resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, basada principalmente en la necesidad de proteger la seguridad de los ciudadanos, adoptamos medidas para tratar de hacer lo más uniforme posible el racionamiento. ¿Qué significaba? Que todas las distribuidoras tuvieran la misma restricción, e incluso que se incorporaran a ésta los clientes libres.
¿Por qué la gente percibe que el racionamiento no es aplicado de modo uniforme? Porque las empresas distribuidoras, a su vez, tratan de reducir en algunos casos el efecto sobre la población llegando a acuerdos con algunos de sus propios clientes libres. En consecuencia, en ciertos días algunas de ellas logran reducir el número de horas de restricción; otras no lo consiguen en esos mismos días. De manera que jamás tenemos la factibilidad técnica de mantener un racionamiento absolutamente igual en todos los puntos del sistema con rotación horaria. Inclusive, en casos determinados se presentan problemas técnicos bastante curiosos: cortar el suministro de energía eléctrica en alguno de los alimentadores podría implicar interrumpir un proceso productivo que aporta energía eléctrica al sistema, es decir, una unidad productiva que, en la medida en que reciba cierta cantidad de energía, puede poner a funcionar su propia capacidad de generación como complemento. Por lo tanto, quizás técnicamente resulte más razonable llegar con esa empresa al acuerdo de cortarle el suministro ciertos días, o de mantenerla en funcionamiento para que haga un aporte que, en definitiva, puede reducirle el racionamiento a todos los demás.
Pongo otro ejemplo. En el Sistema Interconectado Central y en el CDEC, hay empresas cogeneradoras. Una de ellas es Arauco Generación, que no tiene clientes libres. Si le aplicáramos racionamiento pararíamos su proceso productivo y por consiguiente, dejaría de generar vapor, dejaría de producir electricidad y terminaríamos perdiendo el aporte de Arauco Generación al sistema.
En síntesis, hay problemas técnicos reales que hacen que la operación de un racionamiento no pueda ser cuadrada de manera matemática. Por supuesto, el costo de ello es la percepción que la opinión pública tiene de que no hemos logrado cumplir a cabalidad lo que nos habíamos planteado, que era uniformar al máximo el efecto de aquél sobre la población, y no concentrarlo en algunas partes; no tener ciudades con 8 ó 10 horas de racionamiento y otras sin restricción.
Ahora bien, la situación general del Sistema Interconectado Central en este momento nos obliga, en primer lugar, a hacer los mayores esfuerzos para que el proceso de reparación de la gran central que es Nehuenco -que antes de fallar representaba un 11 por ciento del sistema- se reduzca al mínimo posible. Nos parece sumamente bueno que la empresa proveedora Siemens y Colbún se hayan puesto de acuerdo en el camino corto y no en el camino largo. El camino corto significa última semana de mayo. El camino largo implicaba diez semanas más.
Luego de eso deberemos tratar de absorber el déficit por la entrada en mantenimiento de una unidad mayor: Nueva Renca. Y, a partir de allí, con el lanzamiento de la campaña que realizaremos en las próximas semanas sobre intensificación del ahorro de energía y del esfuerzo de instalación de unidades de emergencia, esperamos ponernos a cubierto hacia el futuro de una situación que, si no se da un escenario hidrológico adecuado, puede tener un prospecto excepcionalmente difícil a contar de la primavera y el verano. O sea, tenemos muchísimo trabajo por delante.
Debo señalar a los señores Senadores que existe una restricción: el sistema tiene una capacidad instalada de 6 mil 700 megawatts. Pero ya hay pensado un sobredimensionamiento a largo plazo. Y el obtener que algunas empresas privadas -que responden a sus accionistas en estas condiciones- incurran en inversiones adicionales en instalaciones que no podrán operar en forma efectiva por muchos años, como son las del ámbito de la generación, no es un proceso fácil. Por eso, estamos redoblando los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad del sistema frente a la posibilidad de que el invierno no sea lo suficientemente lluvioso.
Frente a esta situación de emergencia, nuestro primer objetivo, desde noviembre...
El señor PIZARRO .-
¿Me excusa, señor Ministro ? Desearía hacerle una consulta, con la venia de la Mesa.
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).-
Muy bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro .
El señor PIZARRO .-
Sólo deseo aclarar un dato.
El señor Ministro ha mencionado en dos oportunidades que existe una capacidad instalada de 6 mil 700 megawatts. Eso es lo que el país puede producir en años de normalidad, ¿no es cierto?
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).-
Incluyendo las unidades de emergencia.
El señor PIZARRO.- Ya, con las unidades de emergencia. Pero no me ha quedado claro lo que se requiere normalmente.
¿Cuánto necesita el país para el consumo normal, en una situación de plena producción?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
En las actuales condiciones de demanda, un poco más de 60 por ciento.
El señor PIZARRO .-
¿Alrededor de 4 mil megawatts?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Sí, ésa es más o menos la cantidad que se usa en las horas de punta.
El señor PIZARRO .-
Muchas gracias.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , también quiero formular una pregunta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor FOXLEY .-
El señor Ministro ha hablado del ciclo corto y el ciclo largo de recuperación de Nehuenco. ¿Cuáles son los plazos de cada uno?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
El primero es de hoy a aproximadamente la última semana de mayo. El segundo eran diez semanas más.
El señor FOXLEY .-
Es decir, después de mayo, diez semanas más.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Así es. Pero las empresas proveedoras y Colbún se han puesto de acuerdo en el proceso corto. Esta noche, alrededor de las 23, llega a Chile un avión gigantesco con el rotor de la unidad.
El señor NOVOA .-
¿Me permite?
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Tal vez los señores Senadores prefieren...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Podríamos dejar que el señor Ministro termine su intervención.
El señor NOVOA .-
Seré breve, señor Presidente .
Entiendo que estamos hablando de 6 mil 700 megawatts de capacidad instalada en el Sistema Interconectado Central, no en todo el país.
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).-
En efecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el señor Ministro .
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Trataré de resumir.
El objetivo fundamental que tenemos por delante es utilizar al máximo nuestras facultades regulatorias. La primera meta que nos planteamos en noviembre, enfrentando una situación extremadamente difícil, fue lograr la mayor coordinación entre las empresas.
Y aquí me voy a referir a un tema esencial, que he señalado en reiteradas oportunidades y que no tiene que ver con una u otra empresa en particular, sino con el funcionamiento de un sistema interconectado, en el que cuando se cae parte de él por su cuenta el resto no queda absolutamente sin problema.
El grado -tal vez voy a usar una palabra un poco excesiva, pero no encuentro otra en este momento- de conflictividad comercial que existe entre las empresas integrantes del Sistema Interconectado Central ha crecido de manera exponencial en el último tiempo. Están en desacuerdo acerca de casi todo. Lo último en que están en desacuerdo es respecto de cómo financiar la independización del CDEC de aquéllas que incumplieron las consignas de racionamiento la semana pasada, y de manera grave el lunes 12 de abril. Según las empresas distribuidoras, ellas cumplieron su parte. Según las generadoras, no la cumplieron. Hay cifras complejas. Pero además están en desacuerdo en cuanto a la propuesta que se comprometieron a entregar al Gobierno para lanzar una segunda etapa de la campaña de ahorro, con intervención de todas las empresas, el Gobierno y el país entero, porque debemos hacer un llamado nacional a enfrentar la situación. En lugar de esa propuesta he recibido, simplemente, el plan de ahorro de una empresa con una carta conductora en la que expone que no se ha podido llegar a un acuerdo. Y los gerentes generales me han manifestado que no van a llegar a acuerdo sobre el tema. No me estoy refiriendo a desacuerdos sobre costo de falla, o sobre cálculos de valorización de las transacciones ocurridas en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, ni acerca de reservas de derechos sobre la forma de operación del sistema todas las semanas. La documentación sobre este asunto es voluminosa, y si alguien quiere constatarlo directamente, basta que asista a una reunión de Directorio del CDEC.
Cabe señalar que aquí tenemos un problema fundamental. Porque existe una contradicción entre la necesidad de enfrentar una emergencia con decisiones oportunas, coordinadas, adecuadas, rápidas, transparentes, en la que todos los actores sientan que la contribución que están haciendo los demás es proporcional, y la situación de conflictividad.
Éste es un problema no menor, respecto del cual seguimos insistiendo en la necesidad de llegar a acuerdos más firmes. Ello, a mi juicio, ha constituido la diferencia fundamental entre lo que ha sido posible lograr en esta emergencia y lo que se pudo obtener en emergencias anteriores mucho menos profundas.
Voy a poner un ejemplo sobre el particular. En julio y agosto de 1989, enfrentados a un riesgo de déficit, con un sistema generador mucho más hidroeléctrico que el actual; con cotas en los embalses, en el lago Laja y en la laguna del Maule, que hoy serían consideradas sumamente holgadas comparadas con lo que contamos en la actualidad, las empresas eléctricas generadoras y distribuidoras se pusieron de acuerdo autónomamente y establecieron un Comité para el Cuidado de la Energía Eléctrica . Adoptaron acuerdos con todos sus clientes, tanto con las distribuidoras como con los usuarios libres, negociaron metas de contención en el aumento del consumo, y se logró un racionamiento que, conforme a las estadísticas del CDEC, fue de la absoluta magnitud de lo que acaeció en noviembre y que en términos relativos equivale al doble del actual, porque en esa época el sistema producía la mitad (mil megawatts al mes) de los más de dos mil que hoy genera. Se llevó a efecto un racionamiento preventivo de común acuerdo con las empresas, en el marco del decreto Nº 222 que las autorizaba para hacerlo, al igual como ahora lo permiten los artículos del decreto Nº 640. En definitiva, se efectuó un racionamiento en forma autónoma, privada, preventiva y sin cortes de energía, lo que algunos equivocadamente denominan "ahorro de energía", y dicen que en aquella ocasión se logró ahorro voluntario -o sea, se llamó al ahorro- y que ahora no se ha podido hacer lo mismo.
En esa época, los técnicos don Germán Guerrero y don Edison Román realizaron los análisis sobre el particular. Son personas de altísima respetabilidad, hasta el punto de que ambas fueron llamadas por las empresas distribuidoras y la Comisión Nacional de Energía para que actuaran en esta coyuntura, en coordinación con el CDEC, a fin de transparentar el cumplimiento del racionamiento. En este momento se hallan auditando la actual situación con el objeto de dar garantías a todos los involucrados. Y los informes de esas personas, que manejaron la crisis de 1989, señalan claramente que los siguientes factores fueron los que permitieron producir el ahorro: reducción de voltaje, convenios con los clientes, tanto con los grandes como con las distribuidoras, logrados de común acuerdo por las empresas.
Tal disposición a actuar de común acuerdo, preventivamente, no ha existido en esta oportunidad.
La pregunta es: ¿puede el regulador, en el marco de la ley, con las señales de precio que da, producir el mismo efecto? Quiero detenerme un momento y referirme a cuáles eran las señales de precio que estaban disponibles. En primer lugar, las compensaciones a los usuarios, que de existir eran lo suficientemente importantes como para hacer rentables, desde el punto de vista comercial de cada empresa en particular, los acuerdos de ahorro preventivo a fin evitarse las compensaciones. Estas últimas, desgraciadamente, por el hecho de que se hallan limitadas por la sequía de 1968, y la sequía es superior, de acuerdo con los informes recibidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, son insignificantes, y en muchos casos nulas. Es decir, fijando como límite la peor hidrología anteriormente conocida, las empresas no entrarían en déficit, y ello por lo tanto no daría lugar a compensaciones.
La segunda señal de precio que teníamos como regulador -éste no es un interventor; sólo puede recomendar, colocar puntos de referencias, a fin de que los actores privados procedan adecuadamente- era el hecho de que el costo al que se transa la energía en el mercado "spot" reconociera la existencia de falla. Sin embargo, la decisión de cómo se valoriza la transacción de energía no correspondía al regulador, sino al CDEC, porque toda la operación se encuentra a cargo del Centro de Despacho Económico de Carga, de carácter privado. Sobre este punto hubo divergencia con el CDEC (una de las múltiples discrepancias que tuvimos con dicho organismo en 1998, año en el que ha habido más desacuerdos que en toda la historia de la normativa en comento), la cual fue resuelta por el Ministro de Economía al establecer que había que aplicar el costo de falla.
Sin embargo, ésta es una señal de precio que, en la medida en que las empresas se reservan el derecho de recurrir a los tribunales, tiene algún descuento desde el punto de vista de su operación. Uno debería esperar que, enfrentados a comprar energía a costo de falla, que es altísimo (en el primer tramo de déficit, hasta 10 por ciento, es el doble del costo marginal de la central termoeléctrica más cara que esté funcionando, o un poco más), habría un espacio para llevar a cabo una política de ahorro con incentivos sobre los clientes de las empresas.
Estas señales de mercado no están desarrollándose en la emergencia. Los mecanismos de cooperación consultados en el decreto de racionamiento para emparejar el déficit y cooperar preventivamente no se encuentran funcionando en la emergencia, y los esfuerzos que hemos realizado son para que funcionen, hasta el grado de requerir de las empresas una toma de posición acerca de esta materia y reunirlas a fin de que vean la posibilidad de llegar a un acuerdo al respecto. Éste ha sido un trabajo largo, prolongado, semana tras semana.
Reitero: no me estoy refiriendo a una empresa determinada, sino a un hecho objetivo, existente en un Centro de Despacho Económico de Carga, que tiene la responsabilidad de manejar un sistema interconectado y que, desgraciadamente, dificulta, limita la respuesta frente a una emergencia.
Por otra parte, quiero mencionar -sé que constituye una preocupación de muchos señores Senadores y ciertamente de todo el país- que en noviembre, cuando comenzó la emergencia y empezaron los cortes de electricidad (dos días antes de que se autorizaran a través de la expedición de un decreto de racionamiento), la situación hidrológica de los embalses ya era sumamente complicada. ¿Por qué? Porque no sólo disponíamos de un cierto nivel de reservas, sino que además había compromisos de riego. Los regantes sacrificaron parte de sus cuotas y regaron sobre la base de un porcentaje de lo que era posible, tanto en la cuenca del Maule como en la cuenca del Laja; y por supuesto que esa agua, que debía extraerse para cumplir con los compromisos de riego, fue generada hidroeléctricamente, reduciendo de modo progresivo las cotas del lago Laja, de la laguna del Maule y de los embalses corrrespondientes.
En consecuencia, si observamos en una fotografía la situación, cuando empezaron los apagones el 11 de noviembre no era posible sostener que íbamos a guardar esa agua y que en adelante trabajaríamos tratando de reservarla. Excepto eventos puntuales, en que hubo salida intempestiva de algunas centrales térmicas que fallaron y en las cuales se usó agua de otras que no tienen restricción de riego, como Rapel u otras, o con menos restricción, como Canutillar, en mi opinión, el gasto de agua por encima de los compromisos de riego -aun cuando hubiéramos podido evitar esas fallas de centrales térmicas- no nos habría permitido cubrir más de cuatro o cinco días de ausencia de la Central Nehuenco. Es un cálculo -éste se puede analizar-; pero no es más que eso lo que ocurrió durante los 124 días en que no hubo racionamiento.
Por lo tanto, lo relativo al agravamiento de los embalses -que es muy preocupante, porque sin saber cuál será la hidrología del próximo invierno se nos plantea un problema muy difícil, no sólo desde el punto de vista del desabastecimiento, sino también de la disponibilidad de agua para otros usos- constituye una situación que, en buena medida, partió al comienzo de la emergencia.
Por último, deseo señalar que las atribuciones en materia de fiscalización y requerimiento de información -aspecto central en esta situación- hacia el sector generador por parte de la entidad fiscalizadora, que no es la Comisión Nacional de Energía, sino la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, son muy limitadas. Hasta el actual Gobierno, conforme a la tradición, nunca se había hecho algún cargo o algo parecido a empresas generadoras, no existía una tradición fiscalizadora de la Superintendencia, la cual está pensada más bien en la dirección de los servicios eléctricos y de la distribución.
En consecuencia, al comienzo de este proceso era muy importante asegurar un fortalecimiento de esas atribuciones, por lo que de inmediato el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con ese propósito y a fin de incrementar la capacidad sancionatoria de manera concordante con lo aprobado en el caso de las empresas sanitarias, lo cual implicaba multiplicar la multa máxima posible en aproximadamente 200 veces. Para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según el valor actual de la unidad tributaria mensual, ésta alcanza a poco menos de 13 millones de pesos.
El señor VALDÉS .-
¿Cuánto, señor Ministro ?
El señor LANDERRETCHE (Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía).-
Trece millones de pesos.
Por ello, la cifra propuesta en la iniciativa bordea los 3 mil millones de pesos, multa consistente con lo despachado por el Congreso en el caso de las sanitarias.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y esperamos su rápido avance, pues necesitamos contar con información y, también, con la seguridad de que el comportamiento de todos los actores contribuya de manera adecuada a la superación de la crisis.
Señor Presidente , aunque mi intervención inicial no es exhaustiva, sé que los señores Senadores desearán formular múltiples consultas. Como una exposición introductoria, he querido subrayar los temas fundamentales, pues seguramente habrá preguntas muy interesantes que podré responder más adelante.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa desea hacer una observación: hay doce señores Senadores inscritos, y si todos intervienen tendríamos que sobrepasar la hora de término de la sesión, que la misma Sala fijó a las 18:30.
Desde ya hago esta advertencia para los efectos del desarrollo de la sesión.
El señor BOMBAL.-
Puede que no todos usen de la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Eso espero, señor Senador. Normalmente, no ocurre así.
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , cualquier persona que anoche haya encendido el televisor a la hora de las noticias, se habría sorprendido al ver que fue necesaria una intervención del Presidente de la República para que una empresa alemana, abastecedora de equipos para la Central Nehuenco, se decidiera a enviar un rotor de repuesto que hiciera posible pasar de lo que el señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía llamó el ciclo largo de reparación, al ciclo corto de reparación.
A mi juicio, la pregunta que se plantea la inmensa mayoría de la gente que vio esa noticia en televisión es ¿por qué el Jefe del Estado debe intervenir, en nombre de una empresa, para conseguir un repuesto? ¿Dónde estaba la empresa involucrada, responsable de proveer un servicio de utilidad pública -lo diga o no la ley de 1982- que resulta esencial para la población? ¿Dónde estaba?
El problema que analizamos, señor Presidente , tiene una repercusión fortísima en la economía nacional. Ayer, la Sociedad de Fomento Fabril estimó que las pérdidas serían de 140 millones de dólares por cada mes de racionamiento. Tales pérdidas se encuentran, naturalmente, ramificadas en todo el sistema económico, porque se trata de miles de productores y de decenas de miles de comerciantes que se ven afectados diaria y sistemáticamente en sus posibilidades de producción o de ventas. Se trata de centenares de miles de personas que deben salir a trabajar en las mañanas y ven aumentado el tiempo de desplazamiento para llegar a su lugar de trabajo o para volver a su casa. Se trata de problemas de congestión, de una vida cotidiana que se hace enormemente más dificultosa para el conjunto de la población. Pero, además de este impacto directo de pérdida de producción, no cabe duda de que la actual crisis eléctrica tiene también un impacto en las expectativas con que los agentes económicos ven el futuro inmediato y el mediato.
Cuando uno vuelve a ver en televisión, todas las tardes o en las noches, a un vocero de una de las empresas de distribución eléctrica que, en forma permanentemente vacilante, explica a la gente por qué hay que revisar los minutos de racionamiento del día siguiente, debido a que las proyecciones que ellos hacían -no para los próximos seis meses, sino para las horas anteriores o las inmediatamente posteriores- se debían revisar y cambiar, obviamente, la sensación que se transmite al país a partir de ese tipo de vocería es la de que estamos en un grado de precariedad muy alto. Y la consecuencia de ello, sobre todo para quienes deben tomar decisiones de producción, es que se introduce un elemento de incertidumbre bastante grande.
Me imagino al gerente general de una empresa llamando a su gerente de producción con el objeto de pedirle el plan de producción que ha elaborado para los próximos seis meses. Seguramente le dirá: "Mire, la economía finalmente terminó su proceso de ajuste; estamos convencidos de que no vamos a enfrentar problemas con el valor del dólar ni con la inflación. Tráigame su plan de producción para los próximos seis meses, pues quiero que ella vaya aumentando gradualmente, ya que terminó el ajuste.". El gerente de producción tendría un problema mayor de por medio. Ello, porque naturalmente, en este marco de incertidumbre -en el que un insumo básico para la producción, como es la electricidad, no se puede determinar hasta que un vocero anuncie, todas las noches, cómo se revisó la meta del día anterior-, ¿cómo se puede programar la producción para seis meses de plazo?
Considero que ese factor implica un costo adicional al país, lo cual significa que el proceso de reactivación de la economía ¿que desde el punto de vista de la situación macroeconómica está más que maduro para que comience- probablemente se va a ver en algún grado postergado por esta situación de incertidumbre derivada de la crisis eléctrica.
Pero vuelvo a formular la pregunta: ¿dónde se hallaba la empresa involucrada? ¿Por qué tuvieron que pasar días y semanas para que esta empresa entendiera que una reparación de ciclo largo demoraría probablemente hasta agosto (o, por lo menos, hasta julio) la normalización de la generación de energía? ¿Dónde estaba esta empresa -o el conjunto de empresas, o quien fuera que tenía la responsabilidad entre los varios generadores de energía- cuando debía cumplir con su condición de tener que abastecer -por definición- adecuadamente de electricidad a la población?
Es obvio que estamos en una situación extraordinariamente anormal debido a la sequía. Pero también lo es que la electricidad, lo diga o no la ley, es un servicio público. Y el daño que causan a la economía chilena -por no existir esta noción en la ley- las empresas que, como dice el señor Ministro , no se ponen de acuerdo en nada, es substancialmente superior al costo que tendrían que pagar si realizaran las inversiones para resolver el problema.
En particular, si el costo para la economía en la actual situación es de 140 millones de dólares al mes, y hubiéramos dejado a la empresa en cuestión sin la intervención del Presidente de la República , habríamos debido recurrir al ciclo largo de reparación y tendríamos diez semanas más de racionamiento. Y eso le habría costado al país 300 millones de dólares, es decir, muchas veces más que el valor de la turbina, aunque la hubiéramos traído nueva y con otra turbina al lado.
Por lo tanto, el hecho de no ser un servicio público y de limitar al Gobierno para intervenir; el hecho -mencionado por el señor Ministro - de que no existe acuerdo entre las empresas cuando se presenta una situación difícil como la que se está viviendo; el que el sistema de precios de mercado no funcione adecuadamente en este cuadro, circunstancia que también él representó; el que no se puedan fijar las tarifas según sea la escasez; el que las señales de mercado no operen en cuanto a las sanciones y a los costos de falla, etcétera, todos estos factores nos llevan a reconocer, al menos tentativamente, que, como producto de esta crisis por la sequía, tenemos en el sector eléctrico un sistema de organización industrial imperfecto, no adecuado, pues no cumple con la función principal consistente en que, aun en situaciones tan anormales como la actual, su condición de servicio público le signifique o abastecer a la población o, si se quiere, tomar un seguro que le permita cumplir con el abastecimiento aun en tales circunstancias.
Lo que sorprende -y que refuerza lo anterior- es que, como igualmente lo mencionó el señor Ministro , ya en noviembre del año pasado sabíamos lo que venía; y que se ha perdido, desde el punto de vista de decisiones de inversión, un buen número de meses en los cuales este problema pudo haber sido resuelto.
Para ser justos, también es cierta la afirmación del Ministro señor Landerretche en cuanto a que en el período se tomaron por parte de una empresa algunas decisiones de inversión y se importaron turbinas destinadas a aumentar la capacidad termoeléctrica, lo que permitió aumentar tal capacidad en 600 megawatts, con una inversión de 200 millones de dólares.
Sin embargo, la pregunta que uno se hace es por qué, si desde hace muchos meses sabíamos lo que ocurriría, hoy todavía soportamos un déficit de 300 megawatts, que podría resolverse mediante una inversión no superior a los 100 millones de dólares. Esta cifra es menor que la pérdida que representa para la economía del país un mes de racionamiento.
La pregunta es: ¿por qué las empresas no invierten? Una de las explicaciones que se nos da es que las empresas están esperando que llueva. A lo mejor es razonable, desde el punto de vista de la racionalidad económica, que no quieran sobreinvertir ahora o no deseen instalar capacidad que después no van a utilizar. Pero dejar el suministro eléctrico de un país pendiente de que el gerente general de una empresa mire al cielo para ver si va o no va a llover en los próximos días, es otra demostración de que el sistema adolece de imperfecciones serias.
Además de la falta de lluvias, la situación se hace particularmente vulnerable si alguna de las centrales en funcionamiento dejan de trabajar por algún problema, o si tienen que entrar en mantenimiento. Se mencionaba que la central Nueva Renca ha postergado su mantención por un año. Si esa central, o la de San Isidro, caen, el racionamiento aumentaría a seis horas al día.
Para no alargarnos en el diagnóstico, preguntémonos qué es lo que se requiere en esta situación de emergencia. Es obvio que, como asunto de fondo, debe modificarse la legislación. Pero, ¿qué se requiere para la emergencia? A mi juicio -doy una opinión personal-, se necesita de una autoridad clara del Estado que asuma plenamente la situación, entendiendo que, más allá de la letra de una legislación, se trata de un servicio de utilidad pública esencial para el desenvolvimiento normal de la vida de las personas y de la economía del país; que, por lo tanto, sobre los operadores del sector pesa una responsabilidad social, y que el Gobierno debiera exigir que el plan de inversiones, no superior a los 100 millones de dólares, se efectúe en el plazo más corto posible.
Si se realiza la inversión, se puede tener en operación capacidad termoeléctrica en un plazo fluctuante entre 90 y 120 días, según sea el equipo que se importe.
El señor Ministro nos ha dicho -y tiene toda la razón- que éste no es un proceso fácil, porque no existe un marco regulatorio adecuado y suficientemente fuerte. Estoy de acuerdo. no es un proceso fácil; será difícil, pero, desde el punto de vista de los intereses del país, de su economía y, sobre todo, de los consumidores y los usuarios, resulta necesario.
Agregaría, y lo planteo como pregunta, ¿hasta dónde ese esfuerzo se podría complementar con un aumento en la capacidad de producción de energía, para la emergencia por parte de algunas empresas estatales como CODELCO, PETROX y RPC?
Obviamente hay una tarea importante para el Parlamento, en términos de revisar la legislación. Creo que el señor Ministro ha dado dos o tres ejemplos bastante claros y dramáticos. Y también el Congreso Nacional tiene que hacer una autocrítica. preguntándonos por qué no reparamos antes en las debilidades de este marco legislativo. La legislación en curso corregirá por lo menos algunas de estas fallas, aun cuando todavía no la hemos visto en el Senado.
Para redondear mi intervención, señor Presidente , debo expresar que, a mi juicio lo que está en juego supera las inconveniencias que afectan a los usuarios y ante las cuales la opinión pública reacciona muy airadamente, yendo más allá inclusive de los daños que se causen a la producción de las empresas. Si no resolvemos esta situación en forma adecuada y en un plazo razonablemente breve, nos vamos a encontrar con un descrédito global del sistema vigente en materia de generación y distribución de energía eléctrica.
Simplemente como contexto histórico, debo recordar que cuando el país vivía una situación similar en 1943, causada por racionamientos e inadecuación de la oferta de energía, se tomó la decisión de crear una empresa, que fue ENDESA. Ésta comenzó tímidamente a cumplir una función; pero, luego, durante 50 años fue capaz de programar anticipadamente todos los ciclos de sequía o de escasez de los recursos hídricos necesarios para producir energía. Su capacidad de anticipación no era de seis meses de un año, sino que visualizaba los proyectos a cinco, a diez o a quince años plazo; y durante todo ese período nunca esa empresa dejó de mostrar una capacidad de respuesta, aun en situaciones extremas de escasez de electricidad.
Si vamos al fondo del asunto, señor Presidente , resultará evidente que el sistema requiere de algunas adecuaciones fundamentales: mayor capacidad de planificación, anticipar las fluctuaciones del consumo a futuro, y lograr que tal planificación incluya el diseño de fuentes alternativas de energía. Se ha mencionado la posibilidad de interconexión con Argentina. Nos pilló la crisis, y nos encontramos sin el proyecto y sin haber negociado esa posibilidad.
Además, como lo ha sugerido el Ministro señor Landerretche , es indispensable establecer un sistema de sanciones que sea operativo. Las sanciones y las multas actuales tienen como límite 20 mil dólares. En Argentina, por el corte de electricidad que se produjo, la multa aplicada fue de 100 millones de dólares. Por lo tanto, si no se imponen sanciones adecuadas, careceremos de mecanismos para poner en línea a las empresas incumplidoras.
Por último, como lo he dicho anteriormente, se hace indispensable regular más apropiadamente el sistema, porque éste tiene que implicar un seguro a la población para que no vuelvan a producirse situaciones como ésta, y para que no volvamos a pedir a los Presidentes de la República que, dentro de sus funciones, deban tramitar en el extranjero la adquisición de máquinas, instrumentos y repuestos necesarios para que el sistema de energía eléctrica funcione normalmente en el país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , no hay duda de que en Chile estamos en presencia de una crisis energética, la que evidentemente cae dentro del rango de lo que se relaciona con la seguridad nacional. El que exista una pérdida general para la industria productiva de 140 millones al mes, más los gastos adicionales que no se miden y los tiempos de traslación que aumentan; el desorden del tráfico e incluso la pérdida de imagen de la autoridad política, nos lleva a pensar que estamos en presencia de un típico y claro problema de seguridad nacional.
Alguien podría preguntarse si en Chile existen o no existen mecanismos para hacer frente al problema sin crear alarma en la población, ni pensar que estamos frente a una situación de tipo bélico u otra cosa por el estilo. Hay que responder afirmativamente. En este caso, el mecanismo radica en el Consejo Superior de Seguridad Nacional, presidido por Su Excelencia el Presidente de la República e integrado por los cuatro frentes en los cuales se organiza toda la actividad nacional: productivo, de apoyo, de defensa y de regulación de la vida. Por tanto, ante problemas de este calibre, que trascienden horizontalmente todas las actividades de la sociedad, evidentemente podría y debiera recurrirse a dicho organismo, cuyo origen se encuentra en el decreto con fuerza de ley Nº 181, de 1960, que se revalidó primero en 1967 y, posteriormente, por la propia Contraloría General de la República.
El Consejo Superior lo preside el Primer Mandatario. Fue concebido para hacer frente a situaciones de crisis, y no necesariamente para resolver un problema bélico, materia que se aborda en la segunda parte del decreto que lo crea. Su función esencial es poner en marcha la capacidad defensiva de Chile. Una crisis energética que se traduce en que el inversionista extranjero mira al país como poco fiable en materia de continuidad de energía, evidentemente, atañe a lo que se llama la "estatura político-estratégica de Chile".
El hecho de que se encuentren estudiando el problema un grupo de siete Ministros de Estado indica que, en alguna medida, la dirección superior de la nación se aproxima al concepto del Consejo Superior de Seguridad Nacional, el cual se constituye sólo cuando el Presidente de la República lo convoca, sin explicitar ninguna causa para ello.
Dentro de lo que se denominan "Documentos Primarios de la Seguridad Nacional", en el Consejo Superior debiera haber un documento que podría llamarse "Plan Nacional de Generación de Energía Eléctrica". ¿Por qué lo planteo? Porque la seguridad nacional no es incompatible con el libre mercado ni con la libertad de trabajo, ni con la capacidad de creación ni de empresa de los ciudadanos. No va en contra de tales principios. Lo que hace es asegurar a las personas la continuidad de sus labores.
El que se ponga en práctica alguno de los conceptos a que estoy haciendo alusión no significa que vaya a alterarse la imagen de un país en el cual el libre mercado está claramente protegido dentro del marco de la ley.
La situación de crisis que estamos viviendo -la cual, insisto, atraviesa toda la sociedad chilena- cae dentro del concepto de seguridad nacional, por lo cual tendría que establecerse un Plan Nacional de Generación de Energía, que aparentemente no se ha invocado. Dicho plan, como documento primario de la seguridad nacional, debiera abordar aspectos tales como el aumento en Chile de la generación de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, de ciclo combinado y la nuclear. Por un problema, quizá, de apreciación política de la ecología, hemos desechado voluntariamente la idea de que en el futuro existan centrales de energía nuclear, lo que no condice con la realidad y con el desarrollo del país.
Asimismo, ese plan debiera incluir la puesta en marcha de centrales eólicas, solares y mareomotrices.
Evidentemente, tras un plan primario del tipo mencionado, siempre existe uno secundario, el cual corresponde a la idea de interrupción energética. Porque, la interrupción de la energía hay que asimilarla a un terremoto o, Dios no lo quiera, a una acción militar. En tal caso, sin duda el Plan Nacional no se aplica, porque él no soluciona la falta de energía termoeléctrica cuando se agota la generación hidroeléctrica o cuando falla el ciclo combinado.
Por supuesto, el plan secundario tiene que asegurar además la existencia de energía en Chile cuando se interrumpe el flujo de petróleo y combustibles fósiles para las centrales eléctricas especialmente. El país, por razones de facilidad, ha aumentado el consumo de energía eléctrica, pero ésta depende, en alguna medida, de los combustibles fósiles.
Como parte de ese Plan Nacional de Interrupción de la Energía debieran estar los sistemas subsidiarios de generación eléctrica de emergencia. Tal punto fue abordado por el Senador señor Foxley , cuando preguntó por qué si en noviembre del año pasado teníamos el problema, hoy en día no están funcionando centrales portátiles -cuestan alrededor de 10 ó 12 millones de dólares- en todas las grandes ciudades del país, a fin de aportar la energía no entregada por las fuentes tradicionales.
A mi juicio, se ha fallado en esta materia por no existir el plan a que me he referido y porque no se ha constituido el Consejo Superior de Seguridad Nacional. No se solucionó el problema, y hoy enfrentamos una situación bastante complicada, que obliga incluso a que el Jefe del Estado intervenga en un asunto propio de los contratos de suministro de material de determinada empresa. Porque el problema en Siemens es que no se ha cumplido con la calidad del material. Y el gesto del Excelentísimo señor Frei implica traer a Chile en un avión especial el rotor que se precisa. No me parece bien, porque el Presidente de la República no está para eso.
Por tales razones, deseo preguntar al señor Ministro si se ha pensado en convocar al Consejo Superior de Seguridad Nacional, para enfocar el problema dentro de los marcos generales que he señalado.
Por último, me parece que el Presidente de la República , ante esta situación que afecta directamente la imagen del país, tiene la posibilidad de recurrir a facultades extraordinarias para establecer una acción coordinada frente a la crisis. Y esa acción coordinada debe asegurar que la economía -que hoy día es el signo más claro de la salud de un Estado moderno- continúe creciendo y entregando lo que corresponde a los ciudadanos para que cumplan sus compromisos. Aquí estamos en presencia, incluso, de un concepto que podríamos llamar de "movilización económica", el cual, desde el punto de vista de la seguridad nacional, no colisiona con los principios de libre comercio, de intercambio, de libre actividad de las personas, etcétera. Es decir, lo planteado por mí es totalmente posible dentro de la propia legislación vigente. Si se hubiera puesto en marcha, se habría resuelto el problema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , el tema que nos ocupa esta tarde realmente nos coloca a todos en una situación de perplejidad. Por una parte, constatamos que en el curso de los últimos diez años el país ha duplicado el Producto Nacional y ha crecido casi doblando el ingreso per cápita, todo ello dentro de un marco de libertad y respeto a las personas. Pero, por otra parte, nos encontramos en estos instantes en una crisis que pone en jaque parte de esos avances y vemos que muchos de nuestros compatriotas comienzan a preguntarse qué ocurre con la calidad de vida a la que aspiran.
Al margen de los juicios y proposiciones que formularemos en esta intervención sobre la crisis específica que nos ocupa, estamos obligados a hacer un análisis de los elementos que han condicionado lo que hoy está ocurriendo, y a ir más allá de la explicación natural y obvia de que la sequía del año 1998 es la responsable de una tensión en el sistema. Ello nos obliga a analizar el papel del libre mercado y del Estado en nuestra sociedad; es ineludible.
La Democracia Cristiana es firme sostenedora -creo que nadie puede dudarlo- del sistema democrático, del respeto a las personas y a la individualidad de cada ser humano. Y así ha respaldado y respaldará siempre el quehacer económico privado, el rol de la empresa privada, el cual va de la mano con la función de subsiriariedad del Estado y con la capacidad reguladora de una sociedad como la nuestra, la cual debe enfrentar los conflictos propios de una economía moderna y las disputas que, muchas veces, colocan en riesgo la utilización de los recursos y la calidad de vida que se obtiene de los mismos.
Por ello, en el momento en que hoy nos encontramos, debemos reconocer que los éxitos económicos alcanzados, tanto en el control de la inflación y del balance fiscal, como respecto de la estabilidad de nuestra moneda, aun cuando han generado discusiones durante el curso de estos diez años, son ampliamente reconocidos.
Además, los hechos, más que los discursos, se han encargado de desmentir los temores que alguien tuvo, en cuanto a que la Concertación no sería capaz de administrar eficientemente un modelo de corte monetarista como el que hoy nos regula, con fuerte acento en los equilibrios macroeconómicos, y, al mismo tiempo, disminuir en forma sustancial la pobreza de nuestros compatriotas, en un ambiente de respeto y libertad, manteniendo el progreso material del país. Es evidente que todo ello ha ocurrido.
Sin embargo, por falta de definiciones, en algunos casos, y por ser inherente al modelo adoptado, en otros, se ha generado -y la crisis que hoy nos ocupa lo ha puesto en evidencia ante el país- un grave problema de concentración económica, que constituye un efecto no deseado y que exige medidas prácticas y rápidas de superación, tarea en la que estamos explícitamente comprometidos.
El poder económico concentrado es un peligro para el desarrollo y la democracia misma; genera sus propios códigos; afecta la distribución del ingreso e influye en la imagen de equidad y austeridad a que Chile aspira, y, muchas veces, violenta -como en el caso que estamos discutiendo- la sana competencia, que se ve seriamente afectada cuando se generan complejas tramas de poder, que evidencian aún más las desigualdades y desfiguran gravemente ante la opinión pública las exigencias éticas del bien común.
El fenómeno, muy someramente descrito, que se presenta hoy en Chile en áreas críticas, como el de la energía, también lo apreciamos en el sistema previsional, en el de las comunicaciones masivas y en el temor que tenemos respecto de otros servicios, a los cuales se agregará próximamente la privatización del agua potable en la Región Metropolitana.
Resulta muy preocupante comprobar en esta etapa que el debate sobre la concentración del poder económico esté ausente en nuestro país. Se soslaya, no se toca, se evita.
Por lo tanto, nos preocupa que se insista en las privatizaciones por la vía de la venta de acciones y de servicios públicos, como el agua potable, cuando ya se conoce -como ocurre hoy- el problema generado con la energía eléctrica. No se ha obtenido mayor eficiencia mediante el traspaso del poder económico desde el Estado a un pequeño grupo de empresarios. Por el contrario, varias experiencias recientes nos hacen ser severos críticos de lo que ha ocurrido en casos como el de ENERSIS, por ejemplo.
Lo que está sucediendo en el sector sanitario, en que se crean empresas mixtas entre el Estado y los privados, incorporando en forma minoritaria a los trabajadores, es sintomático de una política ambigua. Y aquí, en el caso de las empresas eléctricas, ha quedado demostrado que el famoso sistema de asociación, a través de lo que se denominó el "capitalismo popular", hoy es una ironía, porque ha terminado en manos de una empresa española.
Eso es lo que realmente nos obliga a discutir. Y lo que ha ocurrido con EDELNOR y Colbún debieran ser ejemplos suficientes para no repetir los errores.
La incorporación del capital privado debe hacerse por medio de otros mecanismos -estamos a favor de ello-, pero no bajo el de la desprotección y, en algunos casos, de la ingenuidad.
Cabe, pues, reclamar una política económica más justa, más eficiente y, sobre todo, más acorde con los equilibrios que cada día va exigiendo la democracia. Ésa es una tarea urgente para los próximos años.
Debemos dar inicio a un proceso de cambios en la orientación político-económica del país, ya que sobre la base de lo que hemos hecho es posible avanzar hacia un desarrollo verdaderamente humano de la economía. Pero para ello es necesario rectificar algunos de los problemas que estamos enfrentando.
Por eso, lo sucedido en el sector eléctrico demuestra categóricamente que la concentración en pocas manos de toda un área clave del desarrollo nacional sólo alienta conductas monopólicas y, eventualmente, especulativas, por cuanto, lejos de divisarse efectivos aumentos de inversiones para incrementar la producción, observamos con estupor -como lo hemos visto hasta el mediodía de hoy- cómo distintos grupos económicos pugnan por controlar paquetes accionarios con una publicidad que no conocíamos en el país, desde el punto de vista de -excúsenme la dureza del término- la voracidad para controlar un sector estratégico de la vida nacional, como aquel del cual estamos hablando.
Ése es el tema de fondo.
Está comprobado que los monopolios sólo buscan la renta desde su posición dominante, lo que, por supuesto, está en abierta pugna con el desarrollo de un parque energético confiable y sustentable para épocas de crisis. Ello ha quedado en evidencia después del análisis hecho por el señor Ministro y por el relato que ha efectuado el Honorable señor Foxley .
Por lo tanto, debemos reconocer que, desde 1982 a la fecha, el sector privado controla en forma absoluta, por un largo período, muchos de estos sectores.
Esperamos que los órganos del Estado encargados de velar por el adecuado equilibrio y por lo que significa la generación de una energía como ésta estén realmente a la altura de las necesidades de los tiempos modernos.
Desde ese punto de vista, señor Presidente, quiero dar a conocer al Senado el acuerdo del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana de la noche de ayer, que, en lo referido a este tema, dice expresamente lo siguiente:
"1.- Las fallas que conoce la población en el sector eléctrico son producto de la falta de inversión de las empresas eléctricas en Chile, y de la falta de una política de prevención que pudiese estar a la altura de las responsabilidades que se le han entregado a las empresas privadas.
"2.- La irresponsabilidad del sector privado en la materia, representa el más grande fracaso de dicho sector desde la crisis bancaria de 1981-1982. Lo que demuestra que la Democracia Cristiana ha tenido razón, en cuanto a que no resulta conveniente entregar servicios públicos esenciales para la población al sector privado sin que exista un marco regulatorio estricto, materia que es particularmente relevante en lo que es este sector y la futura privatización del sector sanitario en otras áreas.
"3.- El área respectiva que desde el Estado es responsable de diseñar las políticas para el sector eléctrico, no ha tenido la capacidad para descubrir a tiempo las falencias que hoy cuestan tan caro a los chilenos. El país debe saber que esa responsabilidad no deseamos omitirla, pero que en un ámbito privatizado y frente a un marco regulatorio débil" -como aquí se ha explicado- ", la responsabilidad del Estado es evidentemente inferior.
"4.- La Democracia Cristiana no avalará ninguna política que, con pretexto de solucionar la contingencia que nos afecta, pretenda traspasar al sector público los costos de falla del sistema, teniendo presente que no es lógico que una vez más los errores de algunos privados, los terminen pagando todos los chilenos, sobre todo teniendo en consideración que dichas empresas han invertido sus utilidades fuera del país, y que incluso los principales operadores empresariales en el sistema intercontectado central son hoy en día, empresas extranjeras.
"5.- Esperamos que el Gobierno adopte las más enérgicas medidas que correspondan tanto al sector privado, como a quienes en el sector público no han respondido a las expectativas que la opinión pública esperaba de ellos.".
Ése es el acuerdo unánime del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana.
Para finalizar, señor Presidente, deseo referirme a tres o cuatro puntos que considero indispensable hacer presentes.
En primer término, exigimos que se revisen y se cambien los convenios vigentes desde 1949 y 1958, los cuales, en manos de ENDESA y con el acuerdo de la entonces Dirección de Aguas -hoy Dirección de Obras Hidráulicas-, permiten la utilización de recursos hidráulicos con el objeto de generar energía.
ENDESA ha venido aprovechando sistemáticamente este convenio, abusando de él y generando un cuadro absolutamente distinto al establecido cuando se suscribió un acuerdo entre empresas del Estado, donde se fijó la regulación del sistema por parte de las autoridades, las que designaban precisamente a los responsables de estos sectores. Este convenio, actualmente, es lesivo para los intereses del país.
Segundo, es indispensable que se realice a la brevedad la investigación respecto del resultado de la integración vertical en este esquema. Hoy todos sabemos que ENDESA, generadora, posee más del 50 por ciento de la capacidad de generación de energía, y que CHILECTRA, distribuidora, en manos del mismo grupo, controla más del 50 por ciento de la distribución. Entre ambas controlan más del 85 por ciento de las líneas de transmisión.
Queda claro, como aquí fue muy bien explicado, tanto por el señor Ministro como por el Senador señor Foxley , el hecho de que las generadoras, al no asumir el carácter de concesionarias de servicio público, quedan al margen de la tuición del Estado o de la sociedad en una crisis como la que estamos viviendo.
Tercero, estimamos indispensable actuar lo más pronto posible, pidiendo la colaboración de las empresas industriales que tienen capacidad de autogeneración de energía. Ellas poseen, según las estimaciones que han llegado a nuestras manos, más de 600 megawatts instalados para su propio consumo, lo que no es plenamente utilizado. Por lo tanto, esto podría ser perfectamente adquirido por las empresas generadoras, las cuales, obviamente, no desean pagar el valor de mercado, porque esperan que se decrete el costo de falla, que tiene un valor distinto.
Cuarto, deseo proponer que si es necesario realizar alguna inversión -considero indispensable hacerlo- con el objeto de crear un colchón de seguridad en la generación de energía, esos recursos queden en manos de empresas eficientes del Estado.
Concretamente, presentaremos una moción para que la planta de Alto Cachapoal, cuya propuesta ha sido declarada desierta en estos días, y que generaría, en dos etapas distintas, 300 megawatts en la Central de Corrales, y 210 a 220, en una segunda etapa, en la Central Cortaderal, ambas de propiedad del Mineral El Teniente, división de CODELCO, ubicada en la Sexta Región, reciba el financiamiento necesario, lo cual significaría crear el citado colchón de seguridad.
Termino refiriéndome a un punto extraordinariamente delicado. Quiero dejar constancia en el Senado de que el 26 de marzo pasado, con posterioridad a lo informado por el señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción en cuanto a cuál sería el costo de falla que se aplicaría, se hizo correr el rumor de que habría una falla en el gasoducto de Gas-Andes, con la advertencia de que algunas centrales deberían bajar su capacidad y su nivel de operación. Y todo esto ocurrió en el momento en que funcionaba -como alguien lo señaló aquí- el COSENA.
Cabe advertir que una eventualidad de esta naturaleza amerita la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
El señor MARTÍNEZ .-
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
El señor MORENO.-
No tengo ningún inconveniente, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , deseo aclarar que me he referido al Consejo Superior de Seguridad Nacional, el cual no es el COSENA. Aquél es presidido por el Primer Mandatario y agrupa a todos los Ministerios de la República , y cada uno está organizado en frentes: frente interno, frente externo, frente económico y frente militar o de defensa.
El señor MORENO .-
Agradezco la precisión, señor Senador, pero eso no cambia la sustancia de lo que he señalado.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite formular una pregunta, Honorable señor Moreno?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ya ha terminado el tiempo de Su Señoría, por lo tanto, ello no es posible.
El señor PÉREZ.-
Son sólo cinco segundos, que los usaré a cargo del tiempo que usaré posteriormente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Hay dos señores Senadores que me manifiestan que desean que la sesión continúe con los inscritos.
La Mesa entiende que debe haber acuerdo unánime para aceptar lo solicitado por Su Señoría.
El señor PÉREZ.-
Yo quería, simplemente...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Debo informar que, como esta sesión fue citada hasta las 18:30 y hay varios señores Senadores inscritos, la Sala tiene que acordar la prórroga de su hora de término, a lo menos, hasta las 19:30.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Así se acuerda.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente , una moción de orden?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , como se informó al comenzar la sesión, se ha pedido autorización para que funcione, paralelamente con la Sala, la Comisión Mixta de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que está citada a las 18:30 para tratar el proyecto sobre el Fondo Común Municipal, cuya urgencia está calificada de "Suma".
Solicito el acuerdo de la Sala a fin de retirarnos, para tal efecto, por no más de 15 minutos.
--Se accede.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , en esa misma línea, la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Justicia está citada, de 19 a 21, para estudiar el proyecto relativo a la protección de la vida privada de las personas. Pido que se autorice su funcionamiento en forma paralela con la Sala.
--Se accede.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez para formular una consulta.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , me parece que hace mucho tiempo que no escuchábamos un discurso como el del Honorable señor Moreno , por lo menos, desde el punto de vista conceptual.
Y como no puse mucha atención a la cita que hizo sobre el acuerdo del Consejo del Partido Demócrata Cristiano, quiero saber si las ideas por él planteadas son o podrían considerarse como parte de la plataforma de la candidatura presidencial del abanderado de su colectividad.
El señor MORENO.-
Con todo gusto le contesto. El acuerdo es unánime del Consejo Nacional del Partido, el que respalda a nuestro candidato presidencial.
Estimo que la respuesta es más que obvia.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , al empezar cualquier discusión sobre la crisis energética que vivimos, debe mencionarse, en primer lugar, el profundo daño que los cortes de energía están causando al público, tanto por la alteración de su vida cotidiana como por la inmensa inseguridad que significa que barrios enteros estén a oscuras.
El daño que la restricción energética causa a la actividad productiva en nuestro país, por su parte, ha sido ya claramente expuesto por la SOFOFA en días pasados y por la Confederación de la Producción y del Comercio. Sólo cabe agregar que no se vislumbra cómo puede producirse una reactivación de la economía si la energía no alcanza ni siquiera para los deprimidos niveles de producción que tenemos en esta etapa recesiva.
La situación no puede ser peor: ya se habla de que la restricción podría alargarse esta semana a períodos entre dos horas y dos horas y media. Para el cercano futuro se prevén dos períodos de cortes diarios. En la medida en que aumente la duración de éstos, se hace más inestable el sistema. Y un sistema inestable nos lleva inexorablemente a la posibilidad de un "blackout" total en el país.
Por su parte, la temperatura del mar frente a nuestras costas, que está entre uno y dos grados más frío de lo normal, pronostica nuevamente un año seco. Y de no cambiar estas condiciones, peligrará el abastecimiento de agua, incluso para consumo humano, de aquí a pocos meses más. Es de imaginarse el daño permanente que esto causaría a la agricultura.
Frente a ello, los Senadores tenemos tres responsabilidades: en primer lugar, analizar por qué hemos llegado a esta situación y qué medidas se tomaron o se debieron tomar para reducir el impacto de esta sequía; en segundo término, advertir a la población respecto de los peores escenarios que podríamos llegar a enfrentar, y, finalmente, preocuparnos sobre las medidas que se pueden tomar para aliviar y corregir esta situación.
Para hacer un análisis de lo ocurrido, debemos partir de la base de que la sequía que hemos sufrido durante dos años consecutivos es la peor que se ha registrado en la historia. A pesar de que, en materia de lluvias, 1998 es comparable con 1968, si se toman en cuenta los caudales afluentes, que es lo que en definitiva cuenta en materia de energía hidroeléctrica, la situación es claramente peor, debido a que prácticamente no hubo deshielos.
En efecto, si estuviésemos en un año normal, habría un 60 por ciento de excedente en producción de energía. Incluso, con caudales afluentes, como los que hubo en 1968, este año no habría emergencia con las centrales existentes. Sin embargo, a pesar de los niveles sin precedentes de esta sequía, cabe preguntarse si los agentes que intervienen en esta materia pudieron o debieron advertir la gravedad de la situación, y pudieron o debieron tomar a tiempo medidas que aminorasen su impacto.
Uno de los errores que se considera ha tenido mayor incidencia en los actuales racionamientos es la extracción acelerada de las aguas del lago Laja y de la laguna del Maule en los meses de julio y agosto de 1998, pactada entre la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y ENDESA.
La entrega anticipada de aguas constituye una larga encadenación de errores que ha tenido gravísimas consecuencias. A fines de junio, ENDESA declaró déficit energético del orden de 4 gigawatts-hora, que no podía ser cubierto por las termoeléctricas. La decisión del Ministerio de Obras Públicas de entregar agua a ENDESA no fue en sí objetable, porque era razonable tratar de evitar una falla en el sistema interconectado central, porque aún podía llover y se esperaba ampliar la capacidad de generación termoeléctrica con lo que se creía que era una inminente entrada de Nehuenco.
La entrega de agua, sin embargo, fue completamente desproporcionada en relación al déficit que sufría el sistema, de aproximadamente 4 gigawatts-hora. Para cubrirlo, se autorizó una cantidad tal que permitió generar 550 gigawatts-hora. Es decir, en vez de hacer una entrega anticipada de un volumen que permitiera cubrir solamente el déficit, se actuó como si sobrase agua. Ello, a pesar de que con fecha 1º de julio un informe del CDEC a la Comisión Nacional de Energía indicaba la difícil situación de abastecimiento eléctrico del SIC por falta del vital elemento. Y otro, de 6 de agosto, en el que la Dirección de Riego del MOP informaba que, de las dieciséis estaciones de nieve, seis presentaban un déficit de ciento por ciento, y las restantes, niveles muy bajos.
El segundo error es el de que, aun entregando todas esas aguas -lo que no era necesario-, dicha Dirección pudo y debió haber impuesto cláusulas que asegurasen un uso racional de ellas, obligando a ENDESA a abastecerse de toda la energía térmica disponible para el cumplimiento de sus contratos antes de utilizar el recurso. Sin embargo, no sólo no se puso cláusula alguna por parte del MOP, sino que se entregó toda el agua en bloque: cien millones de metros cúbicos para ser retirados del embalse durante julio, otros cien en agosto, y dieciséis millones más a fines del mismo mes. Esta entrega en bloque es claramente un incentivo a usar el elemento en forma inmediata e ineficiente.
Es obvio que, al haberse gastado esas abundantes aguas, se consideró su precio a costo marginal cero en el CDEC, con lo cual las generadoras térmicas dejaron de producir por no poder competir con el costo artificialmente bajo de las hidroeléctricas.
Finalmente, si se suma a todo lo anterior el bajísimo precio al cual se autorizó ese volumen (2,2 millones de dólares, en vez de 12 millones, que fue la recomendación de estudios independientes), el episodio completo resulta inexplicable y refleja una gravísima negligencia en la utilización de un bien nacional de uso público por parte de la autoridad.
Para subrayar lo anterior, basta señalar que las reservas del Laja en este momento ascienden a 195 millones de metros cúbicos. En julio y agosto se entregó un volumen superior al de todas las reservas existentes en este momento.
Por otra parte, el déficit en julio y agosto era del orden de 4 gigawatts-hora. Las termoeléctricas dejaron de producir en total, por un problema de precio causado por el MOP, 120 gigawatts-hora. Todo el racionamiento decretado a partir del 18 de noviembre del año pasado ascendió a 57 gigawatts-hora; es decir, el racionamiento completo de 1998 fue menor a lo que dejaron de producir las termoeléctricas por el mal uso de estas aguas.
Para finalizar esta materia, debo señalar que resulta absolutamente censurable e inaceptable que las bancadas de la Concertación en la Cámara de Diputados se opongan a la formación de una Comisión Investigadora sobre esta anormal venta de aguas. Esa sola oposición levanta más sospechas sobre esta materia que todos los rumores que se escuchan al respecto.
El señor MORENO .-
Señora Senadora , ¿me permite una interrupción para aclararle una información?
La señora MATTHEI.-
¡No me diga que ahora autorizaron la Comisión Investigadora...! Sería una muy buena noticia.
El señor MORENO.-
Hemos estado siempre dispuestos a ello.
La señora MATTHEI.-
No es lo que han dicho en los informes.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
El señor MORENO.-
Sólo estoy dando la información oficial para su conocimiento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El Honorable señor Moreno le solicita una interrupción, señora Senadora.
La señora MATTHEI.-
No, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, Su Señoría continúa con el uso de la palabra.
La señora MATTHEI.-
En segundo lugar, no entraré en la polémica pública por la compra de turbinas Siemens en vez de General Electric por parte de Colbún cuando ésta era aún empresa pública. Sólo debo manifestar que esta materia debiera ser también objeto de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. ¡Ojalá que no se opongan! Aportaré solamente algunos datos técnicos sobre esa adquisición.
General Electric ha instalado centrales de ciclo combinado con una capacidad de más de 425 gigawatts, siendo reconocida como líder en el suministro de este tipo de unidades. En términos de centrales instaladas similares a Nehuenco, la referida empresa ha construido más de 40 centrales de ese tamaño, o superior. Por su parte, Siemens sólo puede mostrar una experiencia equivalente a 45 gigawatts en turbinas a gas y plantas de ciclo combinado, y únicamente ha construido 9 centrales en el mundo de tamaño similar o superior.
Asimismo, en los momentos en que se tomaba la decisión de compra de turbinas, la central GENELBA, en Buenos Aires, tenía problemas con la construcción y puesta en marcha de un ciclo combinado Siemens de similares características a la que nosotros adquirimos, los que persisten hasta el día de hoy.
Además, se aceptó por parte de Colbún -empresa pública- una tecnología prototipo en la protección térmica de la cámara de combustión, en base a cerámica, hecho que en definitiva ha sido la causa de la falla de la central, porque todas las otras turbinas cuentan con una protección térmica matálica.
Quiero referirme a otros problemas que han agravado la situación.
Era obvio que en el CDEC venían sucediéndose dificultades para coordinar la operación del sistema. La actual integración del organismo, en que participan, en calidad de directores, representantes de las empresas generadoras de energía, con la posibilidad de veto por cualquiera de ellas, ha dado lugar a lentitud e ineficiencia para enfrentar problemas y divergencias. Dado que la toma de decisiones requiere de la unanimidad, las diferencias de criterios, que generalmente obedecen a intereses comerciales, no pueden ser resueltas por las partes. Y en esto el Ministro señor Landerretche tiene razón, pero la verdad es que estos problemas venían evidenciándose hace más de cinco años, y sólo requerían de la dictación de un reglamento por parte del Gobierno para solucionarlos. Ello se hizo recién a fines del año pasado y no resolvió de manera definitiva las graves dificultades resultantes de la estructura del CDEC. Lo que se ha hecho en otros países es entregar al organismo independencia jurídica y financiera, con capacidad operativa y técnica, con el objeto de cumplir adecuadamente su función. Demandamos del Ejecutivo que haga lo mismo en Chile. Pudieron haberlo hecho hace diez años; pero lo hicieron recién a fines del año pasado. De modo que no le echen la culpa al sistema. No necesitaban ni siquiera una ley, sino un simple reglamento.
Por otra parte, en el CDEC se planteó una divergencia, a fines de julio, con relación al precio de la energía. En tal situación, corresponde al Ministerio de Economía resolver los conflictos. A partir de julio de 1998, los contratos se siguieron realizando, pero los documentos se acumulaban en espera que se fijara el precio, porque el Ministro tardó meses en determinar el valor de la energía. El costo de falla lo determinó recién hace un mes -¡un mes!-, cuando en realidad estamos con problemas desde julio del año pasado.
Por otra parte, no hubo una conducción adecuada de la situación. Cuando hay déficit de energía se pueden tomar diferentes medidas sin llegar a un racionamiento, materia que, desgraciadamente, por falta de tiempo, no abordaré. Sólo quiero recordar que la crisis de los años 88, 89 y 90, cuando el déficit alcanzó una profundidad de 14 por ciento, pudo enfrentarse sin suspensión de suministro a la población. Y ahora, cuando es de 8 por ciento solamente, o sea, menos que el de esos años, hemos debido sufrir cortes una y otra vez.
En cuanto a la información a la población, es evidente que hasta ahora no se han definido políticas claras en cuanto a la información pública sobre la crisis energética.
Si no llueve dentro de los próximos meses, para fines de año no quedará agua para beber. Por lo demás, el lago Laja se abastece con los deshielos, de modo que aun cuando haya precipitaciones en las semanas que siguen, el deshielo de las nevadas sólo vendrá después de septiembre. ¿Tiene la población idea de la catástrofe que podemos enfrentar? ¿Cuándo pretende la autoridad dar a conocer la situación que se vive, con el objeto de que la ciudadanía tome real conciencia de la magnitud del problema?
Nuestro país reaccionó con prontitud y responsabilidad a campañas como las del cólera. ¿Por qué no se explica a cabalidad lo que está sucediendo y se pide con seriedad la colaboración de la población?
¿Existe conciencia sobre la ineficiencia del sistema de cortes del suministro adoptado? Hasta ahora se ha economizado muy poco con él, porque la gente sigue haciendo lo mismo, pero a diferentes horas.
¿Tiene claro la autoridad que a medida que aumenten las horas de interrupción del servicio se incrementará la inestabilidad del sistema y las posibilidades de un "blackout"? ¿Hay claridad en cuanto a que, de producirse uno, para poner en funcionamiento nuevamente las centrales térmicas se requerirá de gran parte del agua que aún existe en reserva?
Todas esas cosas no las conoce la población y, probablemente, ni siquiera la mayoría de los Senadores.
Habiendo abordado de alguna manera los dos primeros temas, realmente creo que debemos ver qué se puede hacer respecto de esta situación.
La raíz del problema que vivimos...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Excúseme, señora Senadora , pero ha concluido su tiempo.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogárselo por cinco minutos más.
Acordado.
Puede continuar, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Gracias, señor Presidente.
La raíz del problema que vivimos es que la oferta y la demanda aquí no cuadran. En ese sentido, también el Ministro señor Landerretche tiene razón. En economía se enseña que la oferta y la demanda se cuadran a través de las señales de precios enviadas a productores y consumidores. Es decir, mediante un precio adecuado se puede estimular el ahorro de energía y la producción adicional, hasta llegar a un punto en que la cantidad de electricidad demandada y ofrecida coinciden.
En este aspecto, lo planteado en días pasados por Diputados de distintas tendencias políticas en cuanto a establecer incentivos económicos para una menor utilización de energía resulta absolutamente razonable. También deben crearse otros para producir energía adicional. Un mayor precio puede ayudar a movilizar centrales extrasistema, que existen y que están paradas, por ejemplo, las generadoras de ENAP y El Teniente, ambas del sector público, señor Senador .
El señor MORENO .-
¿Me lo dice a mí, señora Senadora?
La señora MATTHEI.-
¡Sí, para indicarle nada más que el sector público también tiene centrales!
El señor MORENO .-
¡Agradezco su deferencia, Honorable colega!
La señora MATTHEI-
Señor Presidente , con un sistema de incentivos económicos bien diseñado se puede inducir la instalación de más turbinas a gas. ENDESA ya instaló 600 megawatts adicionales. Tales equipos se pueden traer en dos meses; se pueden arrendar, adquirir vía leasing o comprar, para luego, cuando haya terminado la crisis, venderlos. Pero, para que eso ocurra, se necesitan señales de precio adecuadas.
Es obvio que no estamos propugnando una mayor ganancia para las empresas eléctricas y que se requiere un cambio en las reglas del juego. Pero también es claro que en este momento las señales económicas introducidas en la Ley Eléctrica, consistentes en el pago de compensaciones a los clientes cuando no se puede generar todo lo prometido, no están funcionado, porque han entrado a operar dos limitaciones al artículo 99 bis: la sequía que estamos sufriendo es peor que la de 1968 y, además, persiste por dos años seguidos.
Nos podrán decir -y aquí se ha expresado- que la autoridad carece de herramientas legales para diseñar e imponer un sistema de precios de esta naturaleza. ¿Y qué están esperando para proponerlo? ¿Qué están esperando para plantear un cambio al sistema legal? Han tenido 10 años para hacerlo. Llevamos casi uno en crisis y todavía no hemos visto un proyecto que dé más atribuciones a la autoridad, o que haya cambiado el CDEC, cuando es claro que no está funcionando y que para ello ni siquiera se requiere ley, sino sólo un reglamento.
Cuando se han necesitado leyes con urgencia, el Parlamento siempre las ha aprobado en plazos cortísimos.
Hay diversas formas de construir señales económicas que estimulen el ahorro en el consumo y una mayor oferta de energía.
Se puede diseñar una tarifa más alta para las distribuidoras, a fin de que compren reducción a los que consumen menos, y adquieran energía a mayor precio a productores extrasistema. Podría idearse otro mediante el cual la energía disponible se venda según precio ley y la adicional a uno distinto.
Si el Gobierno no puede forzar este tipo de acuerdos, si no puede imponer esta clase de medidas, por carecer de facultades, puede y debe pedir un cambio legal.
El problema de fondo -y esto es lo más grave de todo- radica en que no se ve reacción alguna en el Ejecutivo . Se señaló que el Presidente de la República había ido a traer la turbina. ¡Por favor! La dificultad es entre SIEMENS y su aseguradora, no entre la empresa chilena y la proveedora alemana.
Por lo tanto, la gestión del Primer Mandatario , si bien es graciosa, realmente no creo que haya tenido como resultado la solución del problema entre SIEMENS y sus aseguradores.
En verdad, nadie sabe cuál es la estrategia del Gobierno -si es que la tiene- para prevenir la catástrofe que puede producirse. Es obvio que, frente a diversos intereses, el Estado, en su papel regulador, debe imponer un rumbo, una vía de solución, un diálogo con la ciudadanía, con las empresas involucradas. El Ejecutivo tiene la palabra. Esperamos que en lo sucesivo muestre mayor diligencia e inteligencia en el manejo que el hasta ahora observado. Porque, a decir verdad, a veces uno se pregunta si ha actuado tan ineficientemente sólo para desacreditar definitivamente el hecho de que el sistema eléctrico esté a cargo del sector privado.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señora Senadora.
La señora MATTHEI.-
Si no ha sido ése el propósito, sencillamente es incapaz de conducir al país.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , la situación que enfrentamos en este momento -muestra de ello es que en el propio Senado se ha producido el corte del suministro eléctrico- requiere de un conjunto de acciones rápidas, que deben partir de un adecuado diagnóstico. Y si bien hay coincidencia respecto de los puntos que debemos abordar con firmeza, no puedo menos que destacar que si de un diagnóstico equivocado de la crisis eléctrica se pretende concluir que el Gobierno no es capaz de conducir el país, o que la crisis de abastecimiento energético se debe al Ministerio de Obras Públicas, o a que no prosperó una acusación que se pretendió entablar en la Cámara de Diputados respecto de determinado Ministro o del Presidente de la República , obviamente, si el diagnóstico va por ese lado no se llegará a ningún resultado adecuado. De manera que entre las apreciaciones de nuestra Honorable colega cabe distinguir ciertos fundamentos técnicos del hecho de matizar su exposición con ácidas estimaciones políticas coyunturales que, a mi juicio, son ajenas al debate, y que de seguir por ese lado, no harán sino crear mayor dificultad para entenderse.
Quiero expresar nuestra disposición a dar respaldo inmediato y total a un plan excepcional que proponga el Gobierno. Al respecto, coincido con la señora Senadora : la autoridad debe asumir una acción más firme en las medidas que deban impulsarse. Entre ellas, la primera es -y pregunto al señor Ministro si existe el mismo criterio en el Gobierno- la necesidad de implementar un seguro de potencia instalada térmica del orden de los 500 megawatts en los próximos seis a doce meses. Ésa es la decisión número uno que debe adoptarse. No se me escapa que, en la perspectiva de lluvias dentro de probabilidades razonables, moderadamente críticas, ninguna empresa va a invertir, más aún si esa potencia luego queda sin usar, generando, por tanto, pérdidas de recursos o caídas muy considerables en rentabilidad.
Entonces, ¿quién es responsable en el caso crítico, excepcional, de la peor sequía del siglo y de la que se tenga registro? ¿Quién garantizará el abastecimiento de energía eléctrica a la población? ¿Quién responderá por los daños que se aprecian en este momento y que se traducen en caída del producto, problemas en hospitales, semáforos apagados, equipos quemados por variaciones de voltaje y tantos otros? A nuestro juicio, el Estado tiene que responder, pero al mismo tiempo debe disponer de capacidad productiva o de incentivos suficientes o de sanciones correspondientes para exigir que esos costos sean asumidos por las propias empresas, si es que éste es un sistema privado.
Hoy día tenemos que dar ese paso. Y frente a ello, hay dos caminos que, incluso, pueden combinarse. El primero es la constitución de un fondo para el seguro de abastecimiento. La instalación de cada megawatts de energía térmica cuesta, aproximadamente, 1 millón de dólares. Por ende, si se trata de 500 megawatts, el costo será de 500 millones e dólares, más o menos. Según mis informaciones, en julio se van a instalar 120 megawatts, a los que podrían sumarse 500 megawatts más. No es algo tan enorme y puede hacerse con rapidez implementando dicho fondo, de manera que el Estado financie una parte y las empresas, otra. Debe considerarse, sí, una forma de cubrir lo aportado por el Estado una vez que estas instalaciones entren en estado de régimen y empiecen a funcionar de manera regular.
Y el segundo camino es hacer inversiones en plantas de energía de empresas públicas, como El Teniente y ENAP, y ampliar la producción en unos 500 megawatts adicionales. Todo ello a sabiendas de que -y aquí viene una decisión política compleja-, si se altera favorablemente el régimen de lluvias, es muy probable que dicha instalación quede sin uso, porque, como ha dicho el señor Ministro , efectivamente existe una sobreinstalación de capacidad térmica en el país para años de precipitaciones normales. Hoy día el Sistema Interconectado Central genera cerca de 1.200 a 1.300 megawatts en energía térmica. El Sistema Interconectado del Norte Grande , produce otro tanto. De hecho, entre Tarapacá y Antofagasta, hay tanta potencia térmica instalada como en todo el Sistema Interconectado Central.
De manera que lo que planteo es posible.
Éste es, a mi juicio, el camino más importante. De lo contrario, se estará permanentemente pendiente de si Nehuenco es más inseguro o no. La producción energética se halla absolutamente calzada, de manera que la salida de cualquier central térmica del sistema crea situaciones como la ahora se está viviendo.
Sin embargo, esto no ha sido posible ni de prever ni de proyectar debido al diseño y funcionamiento de la legislación vigente.
Ahora bien, ¿quién puede tener duda de que éste es un buen negocio? Hoy día mismo Endesa España ha hecho una nueva oferta: cerca de 350 pesos acción de Endesa Chile, superando la planteada por Duke Energy. Entonces, hay dos empresas compitiendo por apoderarse de Endesa y de la energía chilena, porque es un buen negocio. O sea, no estamos aquí diciendo: "Hagamos un esfuerzo para algo que no es necesario". Además de ser fundamental para la seguridad nacional y para la economía chilena, es un buen negocio. Y, por lo tanto, debemos actuar en esa línea.
Sugiero que el Gobierno, en un plazo prudente, señale si opta por un fondo de seguro de abastecimiento, donde se concentrarían recursos para ampliar la capacidad instalada térmica en empresas públicas existentes, o por una forma mixta, con participación de los sectores público y privado, pero con recuperación de los recursos invertidos por el Estado, si el sistema es privado, una vez que esas plantas comiencen a funcionar.
El segundo punto fundamental acerca del cual debemos llegar a un acuerdo hoy, o por lo menos expresar voluntad en ese sentido -reconozco que así se ha manifestado, pero hay que ver si esa voluntad es real al momento de discutir los proyectos de ley respectivos-, se refiere al reconocimiento de que el sistema jurídico regulador del sector eléctrico es malo, presenta fallas graves y carece de capacidad regulatoria para resguardar los intereses nacionales. Creo que esto está fuera de cuestión. Tengo en mis manos un informe elaborado por abogados que señala todas las normas violadas en esta materia por las empresas generadoras y distribuidoras, como las relativas a incumplimiento a instrucciones impartidas por la Comisión Nacional de Energía y por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; incumplimiento del decreto supremo Nº 640 o Decreto de Racionamiento, del 13 de noviembre de 1998; e incumplimiento de las normas legales del Centro Despachador Económico de Carga (CDEC).
En cuanto a incumplimiento a instrucciones impartidas por la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se mencionan, respecto de empresas distribuidoras, incumplimiento de la comunicación de sus programas de corte para el día siguiente, el que deben remitir antes de las 19:30 horas a la Superintendencia; incumplimiento del programa de corte informado; incumplimiento de las instrucciones que imparte directamente el CDEC-SIC. La Superintendencia no cuenta con la información necesaria para detectar esta última infracción, y ella depende de la información que reglamentariamente debe remitir el CDEC a la Comisión.
Respecto de las empresas generadoras y de transmisión de energía eléctrica, se señala que habrían incurrido en incumplimiento de la obligación de informar a la Comisión Nacional de Energía antes de las 18 horas de cada día su programa de generación y transmisión para los próximos siete días.
En lo atinente a incumplimiento de las normas del Decreto de Racionamiento, o decreto supremo Nº 640, se destacan, en fin, otros incumplimientos.
Estamos en presencia de un sistema que no tiene capacidad ni de sancionar ni de operar. No existe ningún mecanismo de emergencia en base al cual el Estado -es decir, la autoridad encargada de resguardar el interés general- pueda intervenir si hay una crisis de esta naturaleza. Hemos estado revisando la normas legales sobre la materia, y lo único que podemos hacer es aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y poner jefes de plaza en las distintas regiones del país. Pero no veo cómo eso solucione el problema de abastecimiento eléctrico.
En definitiva, no hay sanciones. Se planteó el tema de las multas. El CDEC ha operado bajo un permanente clima de conflictividad de las empresas y no tiene capacidad de regular. El costo de falla -lo digo a propósito de lo señalado por una señora Senadora- también ha sido resistido por las empresas. Y ahora, después de que el Ministro de Economía acaba de determinar (hace unas semanas) dicho costo, van a recurrir a los tribunales, porque tampoco desean que se les aplique. O sea, estamos en presencia de una situación de debilidad del sistema regulatorio del sector público sobre esta área fundamental de la economía en manos privadas.
Por lo tanto, afirmo nuevamente nuestra disposición -y supongo que es también la del Senado y de la Oposición en particular- a aprobar, con discusión inmediata, un conjunto de cambios legales en esta materia.
Señalar que aquí habría habido un error del Ministerio de Obras Públicas para regular esta situación es considerar el asunto desde un ángulo que no explica absolutamente nada. En primer lugar, ningún parlamentario de la Concertación en la Cámara de Diputados jamás se ha opuesto a la existencia de una comisión investigadora. Por el contrario, todos han señalado -y se reitera aquí responsablemente- la conformidad en que se envíe el informe completo a los tribunales, a la Contraloría, o a quien sea. Si hay que extender el período de investigación, que se extienda. Pero señalar que si en junio o julio del año pasado se decidió autorizar a ENDESA a transferir aguas de unos embalses a otros sin tener conocimiento de las condiciones meteorológicas que iban a existir al año siguiente, con supuestos de probabilidad distintos y de ahí desprender que habría una irregularidad o que se habría podido prever esta crisis, creo que es una forma no rigurosa de explicar la situación.
Y, en ese terreno, debo decir que por primera vez el año pasado se recurrió a un estudio de la Universidad Católica, por encargo del Presidente de la República al Ministro de Obras Públicas , para determinar cómo se debía cobrar la transferencia de aguas que podían ser utilizadas en distintos momentos y, por lo tanto, generar recursos adicionales. Se aplicó estrictamente lo recomendado en dicho informe. Además, es la primera ocasión en que se cobra por tales transferencias. En consecuencia, todo lo que haya que aclarar aquí, que se aclare, pero no se vincule de esa manera una cosa con otra, y menos suponiendo presuntas irregularidades, cuando, en verdad, nada hay de irregular, y mucho menos tiene que ver el caso con una explicación de la dificultad que se enfrenta.
Afirmo que la situación se origina, además de por una crisis de sequía importante, por un sistema regulatorio malo. Y, para confirmarlo, también, menciono brevemente algo que ya el Senador señor Moreno comenzó a plantear en su exposición, en el sentido de que el 26 de marzo ocurrieron hechos -y ello, para demostrar la incapacidad de la autoridad reguladora, por carecer de atribuciones, y la disputa entre las empresas- tales como rumores de que el gasoducto de Gasandes iba a bajar sus niveles de operación de manera inminente. El lunes 29 de marzo, al mediodía, medió un cambio radical, y la conclusión de que se registraría un déficit determinado el 5 y 6 de abril se estimó de otra manera. El CDEC-SIC informó que las proyecciones del viernes ya no eran aplicables y que el racionamiento era próximo y debería ser puesto en práctica a partir del martes 30. El Gobierno logró 24 horas de prórroga para preparar a las autoridades y la población, pero la restricción finalmente proyectada para el miércoles y jueves resultó ser muy pequeña.
Es importante destacar que el déficit lo decide autónomamente el Centro de Despacho Económico de Carga, que agrupa a las generadoras y transmisoras, y que, por acuerdo interno alcanzado en febrero, el racionamiento se aplicaría de manera dispareja.
En fin, puedo seguir acreditando que el Estado no disponía a tiempo de datos acerca de que podía producirse esa última medida y, por lo tanto, no podía preparar a la opinión pública; que la forma, pareja o dispareja, de distribuir el racionamiento la deciden las empresas privadas; que aún en la actualidad no se ha podido instalar un centro independiente en el CDEC; que hoy la ley no permite que una autoridad estatal se encuentre presente y ejerza atribuciones, en condiciones de crisis, respecto del modo como se distribuye y se despacha.
Y aprovecho que se encuentra acá el presidente del CDEC para solicitar que también entregue información sobre el tema.
Pero, dicho lo anterior, estimo que es preciso asumir un compromiso que debe abordar los siguientes aspectos: afirmar el proyecto de ley en estudio, elevar las sanciones, aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, fortalecer con presencia del Estado la organización e independencia del CDEC y, además, también es importante aprobar cambios legales para la compensación a los usuarios. En efecto, no puede ser que incluso hoy, tal como sucedió ayer, se quemen televisores y nadie pague, sin que la empresa sea responsable. Una persona compra un refrigerador, se queda sin el aparato y nadie la compensa, aunque se haya llegado a 300 ó 350 volt.
Los cambios, señor Presidente -y voy terminando-, se deben realizar simultáneamente con otros proyectos de un poco más largo alcance. Para completar los que considero los cinco puntos fundamentales que es necesario abordar, menciono la conveniencia de avanzar en el proyecto de interconexión con Argentina, que resulta indispensable. Ello no resolverá las cuestiones de corto plazo, pero a dos o tres años sí puede proporcionar una capacidad de abastecimiento adicional, lo que es relevante en un mundo globalizado. Y cabe tomar medidas mucho más drásticas para el uso eficiente de energía, que pueden convenirse con la Asociación Chilena de Municipalidades, por las luminarias, y combinar lo anterior con otras formas de incentivo, con el propósito de enmendar la situación.
Resumo, entonces: se requiere, primero, un seguro de aproximadamente 500 megawatt de potencia adicionales, ahora; segundo, una iniciativa de discusión inmediata, para modificar el sistema regulador actual y el grueso de las disposiciones mencionadas; tercero, protección y compensación a los usuarios; cuarto, interconexión con Argentina, y quinto, ahorro de energía.
Creo que tal enfoque asume bien el asunto y tiene que dar capacidad de acción. Se debe evitar un diagnóstico equivocado, en que no se entienda que se ha privatizado un sistema con una alta concentración pero sin regulación y que ésa es la fuente generadora de la dificultad; que la estructura de precios no es inductora de decisiones correctas. Si ello no es asumido a cabalidad por todos, no se obtendrán las mismas soluciones. Por lo tanto, el diagnóstico debe afinarse para poder actuar. Pero no me cabe duda de que, independientemente de lo anterior, los cinco elementos aludidos dan pie para elaborar un plan eficaz, inmediato, y dar respuesta a los chilenos, que se hallan muy preocupados por la situación.
Además, se debe tener presente la inseguridad que proyecta hacia el mundo un sistema con "pies de barro" -a pesar de la sequía-, por no ser capaz de enfrentar sólidamente la realidad económica con un abastecimiento de energía como corresponde.
Pienso que Chile se encuentra perfectamente en condiciones de abocarse a esa tarea y, de esa manera, solucionar los problemas señalados.
Gracias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente, no efectuaré un análisis sobre el tema, porque suscribo todo lo expresado por la Honorable colega Matthei , y, también, con el propósito de ahorrar tiempo. Sólo me referiré a lo atinente a la interconexión eléctrica con Argentina.
Pero previamente quisiera formular dos observaciones. Una de ellas dice relación a lo planteado por el Senador señor Moreno respecto de que la cuestión radicaría en la voracidad de algunos empresarios, en los propósitos monopólicos y especulativos que los animan, y a los comentarios de Su Señoría sobre -palabras textuales- la "libertad para vender y comprar acciones", refiriéndose al capitalismo popular; la "libertad para crecer en la capacidad y concentración accionaria".
La verdad es que todos lo escuchamos y creo que muchos quedamos sorprendidos por su discurso. En todo caso, simplemente quisiera puntualizar que las empresas privadas en el sector eléctrico han sido extremadamente eficientes durante estos años y han invertido miles de millones de dólares que seguramente el sector público no habría podido destinar a tal efecto. Al mismo tiempo, han mejorado sus índices de productividad y, en términos tecnológicos, también están dando una lección a todos los países de la Región.
Lo segundo es lo relativo a lo aseverado por el Senador señor Bitar en cuanto a que la ley no permite una regulación adecuada, a que se registra una incapacidad reguladora por parte de la autoridad, a que el sistema de regulación es malo. Mi pregunta es muy simple: ¿por qué no lo han cambiado? Llevan casi diez años gobernando y no veo por qué hasta el momento o en forma previa a la situación que se vive hoy no se presentaron las indicaciones legales, las mociones o los mensajes del Gobierno para rectificar la institucionalidad que hace poco operativo el desenvolvimiento del negocio eléctrico.
En 1990, a poco andar del Gobierno del Presidente Aylwin, con los Diputados señores Carlos Vilches y Cristián Leay visitamos al señor Tohá , entonces Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , y le expusimos un proyecto para llevar adelante la interconexión eléctrica entre Chile y Argentina. En años posteriores enviamos oficios sobre el tema, y con el Senador señor Adolfo Zaldívar , por lo menos en dos oportunidades en los años recientes, también llevamos la inquietud al Grupo Interparlamentario Chileno-Argentino. La verdad es que advertimos, en relación con el asunto -igualmente mencionado por el Honorable señor Bitar -, casi una década en que no ha mediado ninguna resolución o iniciativa.
A pesar de todos los llamados a ahorrar energía formulados por las autoridades ¿y me refiero al caso actual- y empresas generadoras, para evitar nuevos racionamientos y cortes de suministro, el consumo de electricidad, lejos de disminuir, ha seguido aumentando a tasas de 6 por ciento anual, muy superiores al crecimiento del producto.
Por otra parte, la situación de sequía y de escasez de reservas de agua que afecta al país no ha experimentado mejoría alguna, lo que puede mantenerse durante todo 1999.
Tres antecedentes son relevantes de considerar. El primero de ellos, como ya se ha dicho y lo hizo presente la Senadora señora Matthei, es que la potencia instalada en el sistema interconectado central alcanza a 6 mil 165 megas, de los cuales 63 por ciento, ascendente a 3 mil 860 megas, corresponde a fuentes hídricas y 37 por ciento, equivalente a 2 mil 300 megas, a fuentes térmicas, incluidos Nehuenco y San Isidro.
Segundo, esa estructura energética, altamente concentrada en las fuentes hídricas, hace extremadamente vulnerable el abastecimiento eléctrico en períodos de sequía.
Y, tercero, no es eficiente sobredimensionar el sistema eléctrico expandiendo excesivamente su capacidad térmica para cubrir la demanda en horas punta y en situaciones extremas de sequía, que sólo ocurren una vez cada más de cien años. Tal camino requeriría inversiones adicionales que superan los 2 mil millones de dólares.
¿Por qué se generó la crisis de energía? Ya se ha dicho: se trata de un año hidrológicamente de extrema sequía, que, de acuerdo con las probabilidades, sólo se da una vez cada más de cien años, lo que ha reducido a la mitad la capacidad de las plantas generadoras hidroeléctricas.
Respecto de la interconexión con Argentina, es obvia y evidente la conveniencia de esa medida para ambos países, tanto en términos de seguridad de abastecimiento eléctrico como de eficiencia económica. Y ello, primero, porque evita una muy costosa sobreinversión en cada país; segundo, porque permite cubrir o paliar los déficit generados por situaciones extremas en cualquiera de las dos naciones. De hecho, Argentina es y seguirá siendo un país exportador neto de energía a través del petróleo, el gas y la electricidad. Su sistema interconectado tiene una capacidad operativa cercana a los 20 mil megas y una capacidad de reserva instalada superior a los 2 mil megas. Esta última supera con largueza los mayores déficit ocurridos en Chile en las horas de punta, que alcanzaron los 700 megas.
En tercer lugar, porque la interconexión en la línea este-oeste no sólo es natural por su cercanía geográfica, sino altamente conveniente, pues los "peaks" de demanda naturales no coinciden en ambos países por la diferencia de una hora en la luz solar.
Ésta es, sin duda, la solución más eficaz y definitiva para enfrentar situaciones extremas como la que hoy estamos viviendo. De haber existido esa interconexión entre los sistemas eléctricos de las dos naciones, Chile habría podido evitar totalmente todos los enormes costos y dificultades provocados por la actual crisis eléctrica.
La mejor conexión posible entre el Sistema Interconectado Central chileno y el argentino parece ser la que va desde Neuquén , pasando por el paso Lonquimay, hasta un punto al norte de Temuco. Ella tiene una extensión que bordea los 150 kilómetros, con un costo inferior a 80 millones de dólares y un plazo de construcción, incluyendo su puesta en marcha, cercano a los doce meses.
Señor Presidente , estoy reiterando conceptos vertidos con diez años de anterioridad, respecto de los cuales -según se nos ha informado- no ha habido iniciativas en orden a llevar adelante los protocolos que se requieren entre las autoridades de ambos países para lograr una política de esta naturaleza. Ciertamente, dicha interconexión precisa de un protocolo que regule los aspectos operativos y económicos y, adicionalmente, de una adecuada coordinación entre la Comisión Nacional de Energía de Chile y su equivalente argentina.
A mi juicio, es hora de que consideremos muy en serio el tema, porque tiene un costo ínfimo en relación a la crisis que hoy día estamos viviendo. Además, las interconexiones -como la realizada con Argentina para abastecernos de gas natural- son la palanca del desarrollo en materias eléctricas y existen en todos los países que miran hacia el futuro en términos comunes.
Sobre el particular, deseo preguntar al señor Ministro qué se ha hecho respecto del tema en el último tiempo.
Señor Presidente, el Senador señor Viera-Gallo me ha pedido una interrupción. Con la venia de la Mesa, se la concedo con mucho gusto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , seré muy breve. Sólo quiero sacar la siguiente conclusión, y no sé si es ajustada. El sistema que se ideó en el Régimen militar presentaba fallas muy profundas, y el Gobierno democrático que lo sucedió no propuso los cambios que debían efectuarse. Si los hubiera planteado, tal vez, no habrían sido aceptados. Quizás, esta crisis nos puede llevar a una nueva perspectiva en los dos sectores.
No sé si el Gobierno y la Oposición estarían dispuestos a otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para enfrentarla.
En tal virtud, pregunto al Senador señor Pérez si considera que ése es un método eficaz, vale decir, que el Presidente pida esas atribuciones al Congreso para hacer frente a la crisis.
Gracias.
El señor PÉREZ .-
Depende de qué Presidente las solicite. En todo caso, señor Senador, me parece que lo serio, en lugar de pedir facultades extraordinarias, habría sido que durante estos años se hubiese planteado algún proyecto de ley que rectificara las incapacidades regulatorias señaladas por el Honorable señor Bitar .
Sin embargo, como el tema nos preocupa, estamos dispuestos a hacer nuestro aporte para solucionar estos problemas.
El Senador señor Larraín me ha solicitado una interrupción, y se la concedo con cargo a mi tiempo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , mi planteamiento, si bien tiene que ver un poco con la inquietud formulada por el Honorable señor Viera-Gallo , en realidad está referido a otro aspecto.
No deseo entrar en el detalle de las cuestiones propias del racionamiento eléctrico o de la crisis energética que en estos momentos afecta al país, porque ya han aludido a ese tema los Senadores señora Matthei y señor Pérez . También intervendrán sobre él el Honorable señor Bombal y otros colegas que han realizado trabajos muy técnicos e intensos sobre la materia.
Sin embargo, sí abordaré un área que, si bien no se relaciona en forma directa con el tema, está subyacente. Me refiero a los problemas de la agricultura, derivados de la propia sequía. En este sentido, los sectores más afectados se localizan principalmente en la Séptima Región, la cual está sufriendo no sólo la sequía más larga de este siglo, sino que también debió afrontar la de buena parte del siglo pasado. Hace como 130 años que no surgía una crisis de la magnitud de la que hoy día está conociendo esa zona. Lo mismo ocurre en la Sexta Región; algo similar acontece en la Quinta, y en menor proporción en algunas partes de la Octava y Novena Regiones.
Al parecer, tal realidad no ha sido descrita suficientemente con todo el énfasis necesario, pese a afectar a cientos y miles de pequeños propietarios agrícolas, los cuales el año pasado ya sufrieron las consecuencias de esta sequía y, por lo tanto, han perdido parte de su producción, y en algunos casos la totalidad de ella.
Esas personas, que tienen animales en sectores de secano y hacia la cordillera, se han visto obligadas a venderlos, pues no han contado con la capacidad para mantenerlos. El venderlos en este período significa entregarlos a precio regalado, lo cual se traduce en que las pérdidas patrimoniales, no sólo del flujo, son realmente muy significativas.
Frente a la situación reseñada, uno se plantea ¿esto en su oportunidad se lo pregunté a la autoridad, porque el problema se veía venir desde mucho tiempo- la necesidad de adoptar otro tipo de medidas. Tengo aquí copia de los antecedentes sobre la materia que presenté a mediados del año pasado, en reiterados oficios dirigidos al Presidente de la República , a los señores Ministros del Interior ¿por eso lamento también su ausencia-, de Agricultura, de Obras Públicas, en fin.
El Senador señor Viera-Gallo planteó la idea de entregar facultades extraordinarias al Presidente de la República . Creo que no es necesario hacerlo, porque en Chile existen los estados de excepción constitucional, y uno de ellos se decreta cuando hay calamidad pública.
Muchos Parlamentarios, entre los cuales me encuentro, hemos venido sosteniendo la necesidad de que algunas Regiones, como la Séptima en particular -también lo solicitamos en conjunto con el Senador señor Chadwick respecto de la Sexta-, sean declaradas zonas de catástrofe, puesto que cuando hay situaciones de calamidad pública están previstas las medidas para operar con este estado de excepción constitucional.
La gravedad del problema que afecta a Regiones eminentemente agrícolas, donde existe gran cantidad de pequeños propietarios -es el caso de la Séptima, particularmente las provincias de Cauquenes y Linares , y en general el de muchas otras Regiones, en especial de la zona central-, exige la declaración de calamidad pública para decretar el estado de catástrofe. De este modo surgen medidas de excepción y la autoridad puede realizar una serie de gestiones, que hoy le están impedidas, sin transgredir algunas normas constitucionales, como también surge la posibilidad de que, en lo más urgente, cuente con recursos extraordinarios. Porque el 2 por ciento constitucional que se puede utilizar en los estados de excepción procede cuando hay declaratoria de calamidad pública, como la que estoy señalando.
Por lo tanto, a mi juicio, no se requiere dictar una ley que otorgue atribuciones extraordinarias al Presidente de la República , pero sí resulta necesario declarar ciertas zonas de catástrofe, a lo menos, en la Séptima Región, y probablemente en varias otras, como la Quinta, la Metropolitana, la Sexta, la Octava y la Novena Regiones.
Ése es el estudio que solicito a las autoridades de Gobierno que hoy nos acompañan. Porque no podemos seguir combatiendo un terremoto como si fuera un temblor. Esta crisis reviste esa gravedad, con la agravante de que presenta un grado de hipocresía, pues en un terremoto quedan muy visibles los efectos de los daños que provoca; en cambio, ahora estamos frente a una situación disimulada, que empieza a vislumbrarse en forma gradual pero sistemática.
Por eso, también me sumo a la inquietud de que es preciso responder con todos los medios posibles, pues no podemos tratar un cáncer con una aspirina, ni las consecuencias de un terremoto como si fuera un temblor. Estamos frente a una calamidad pública de carácter nacional, a cuyo respecto se requiere decretar zona de catástrofe para enfrentar la situación en debida forma.
Pido enfáticamente a las autoridades que nos acompañan que el Gobierno adopte, al menos, esa resolución, con el objeto de paliar los graves daños que ya se produjeron en el ámbito agrícola. De continuar la sequía ellos serán aun mayores y nos veremos enfrentados a un gesto de solidaridad nacional, que todavía no se inicia por parte de la autoridad.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Restan 28 segundos al Honorable señor Pérez .
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , deseo terminar mi intervención reiterando -al igual como lo manifestó la Senadora señora Matthei - que, en verdad, la situación que estamos viviendo hoy día se pudo prever. Hay informes de los ingenieros de INGENDESA de junio del año pasado y otros posteriores en los que se vislumbraba el problema de sequía y de carencia de recursos hídricos que ahora tenemos. En su oportunidad podrían haberse generado ciertos incentivos para el ahorro tanto de electricidad como de recursos hídricos, a fin de regular la catastrófica situación que se vive hoy en el país.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , tal vez muchas de las contradicciones que aquí afloran respecto de las causas de la crisis las encontremos en el documento de octubre de 1996 que tengo en mi poder, relativo a la política energética del Gobierno, con los discursos del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , señor Jadresic , donde respecto del sector eléctrico señala textualmente: "Desarrollo acelerado del sector. Se requiere un desarrollo acelerado del sector porque el mejoramiento de la calidad de vida exige niveles crecientes de suministro energético. Nuestras estimaciones indican que para mantener las tasas actuales de desarrollo económico se requiere invertir unos US$ 500 millones al año en proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica.".
Y agrega: "Para lograr esta meta es esencial comprometer inversión privada, nacional y extranjera, lo cual, a su vez, exige políticas claras y estables.
"En este campo, la política eléctrica chilena y, en particular, su marco regulatorio, ha mostrado una gran efectividad. En los últimos años se ha producido una extraordinaria expansión de la oferta. Entre 1990 y 1994 se materializaron grandes proyectos de inversión por una cifra superior a los US$ 1.100 millones, que permitieron expandir la capacidad de generación casi en un 60%. Actualmente se encuentran proyectos en construcción por una cifra superior a los US$ 1.300 millones, que permitirán asegurar el suministro eléctrico para lo que resta de esta década.
"A estos logros se suman los buenos resultados que las empresas eléctricas chilenas han obtenido en sus esfuerzos por colocar títulos mercantiles en el exterior y, de esta forma, obtener recursos frescos para acometer sus proyectos de inversión en Chile y en el exterior.".
El representante máximo del Gobierno en el sector eléctrico en 1996 destacaba en esa forma algunos hechos como logros relevantes de la política energética del país.
Y en otro acápite añadía: "...esta autoridad regulatoria" -la gubernamental- "evalúa muy positivamente el empeño de las empresas estatales: de Edelnor, en su momento, y de Colbún y Codelco-Tocopilla, en la actualidad," (entonces Colbún era empresa pública) "por competir y desarrollarse recurriendo al capital privado para financiar su expansión.".
Hago esta cita, señor Presidente , porque ése era el marco en el cual se estaba desarrollando el tema de la energía, donde se asumía que el sector privado estaba acometiendo los desafíos y que el sector público, a su turno, iba regulando -como indicaba dicho Secretario de Estado - con el excelente marco regulatorio existente en esa época.
Por ello, cuando al correr de dos años y medio los hechos se vuelcan para cargar toda la responsabilidad en un determinado sector de la actividad económica -al que sin duda caben responsabilidades, pero no todas-, uno se explica, por un lado, las contradicciones que en definitiva han llevado a que la autoridad haya actuado muy torpemente en lo relativo al marco regulatorio que la ley le encomendaba, y, por otro, la insuficiencia que ha tenido el sistema público para operar.
El Senado no conoce un informe elaborado por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre la investigación de los hechos que motivaron el racionamiento de energía eléctrica en el país. Y no han sido simples lucubraciones o especulaciones las que hizo acá la Senadora señora Matthei respecto de lo que ha estado ocurriendo. Lo dicho por ella está ratificado por ese informe de la otra rama legislativa, donde se señala claramente cómo se manejó la situación de la sequía; cómo no se dio cumplimiento a ninguno de los controles que debieron efectuarse para la puesta en marcha de las plantas de ciclo combinado; cómo es posible que la decisión de emplear energía hídrica más allá del déficit fue una realidad; cómo hubo ausencia de instancias para regular las preemergencias y una información incompleta e inoportuna. La suma de esos elementos llevó, en su momento, a que estallara la crisis.
Sin embargo, dichos problemas no estaban contemplados en el anterior marco regulatorio. El reglamento se dictó recién el 10 de septiembre del año pasado, después de cuatro años de largos debates. Habría bastado que las autoridades adelantaran su dictación para evitar la posibilidad de vivir emergencias y poder mantener las condiciones en que el ex Ministro señor Jadresic decía que se estaba operando.
El actual Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ha manifestado que la crisis es consecuencia de que el marco regulatorio de 1982 no contemplaba regímenes de concesión de servicios públicos para la generación y transmisión; de que el DFL Nº 1 no regulaba ni trataba convenientemente situaciones de racionamiento; de que el sistema tampoco establecía señales de precio hacia la escasez, y de que la operación del sistema del CDEC excedía las facultades del Gobierno, en circunstancias de que estaba en manos de éste dictar, no otra ley, sino más bien -como terminó haciéndolo- un reglamento. Porque precisamente todas las materias que aquí se han mencionado como causas de la crisis eran susceptibles de regularse mediante la facultad exclusiva (o potestad reglamentaria) que al efecto tiene el Presidente de la República .
Por lo tanto, el Gobierno tenía en sus manos los elementos para evitar una crisis, sólo que, como advertía el problema de distinta forma cuando las cosas eran exitosas y se vestía con la que era su política energética, llegada la hora de la crisis no supo cómo manejarla. Y tardíamente dictó el reglamento, con el que pretende resolver todos los problemas, en circunstancias de que a estas alturas muchos de ellos probablemente no se solucionen ni siquiera por la vía reglamentaria, dado que la crisis nos ha excedido con mucho.
Señor Presidente , el informe de la Cámara de Diputados fue concluyente. Y es efectivo que en él se consigna una situación de la mayor gravedad: la utilización indiscriminada que se hizo del recurso hídrico. Si se hubiera usado responsablemente, como lo permitían todas las disposiciones legales, hoy no estaríamos enfrentando esta crisis, y, más que eso, la consecuencia a que -como bien dijo la Senadora señora Matthei -, de mantenerse las actuales condiciones climáticas, eventualmente nos puede llevar: a un problema de abastecimiento de agua para beber.
En ese informe que, repito, el Senado no conoce -sería bueno que se pusiera a disposición de todos los señores Senadores-, quedó expresamente establecido cómo se procedió y la forma en que se utilizó el recurso hídrico en un período en que ya estaba en total evidencia la emergencia que se está viviendo. De hecho, la entonces Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía hizo ver a todas las compañías eléctricas las dificultades que existían por la escasez de agua. De ello hay abundante literatura en la correspondencia que en su oportunidad se envió desde esa entidad hacia las empresas.
Pero hay más. El 20 de noviembre de 1998 el actual Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , señor Landerretche (en esa fecha Ministro de Economía subrogante), y la propia Secretaria Ejecutiva de ella, señora González , anunciaron a la opinión pública que a fines de ese mismo mes, es decir cuando nos encontrábamos en plena crisis, entraría en funcionamiento la central termoeléctrica Nehuenco, de Quillota, lo que permitiría mejorar el suministro eléctrico y superar en gran parte los problemas de cortes. También hicieron presente que a mediados de diciembre podría superarse la crisis, estimando que en marzo de este año deberían quedar solucionados todos los inconvenientes, por las holguras que se iban a producir en tal fecha.
Ésos y otros anuncios se hicieron en la Cámara de Diputados durante la sesión especial celebrada el 19 de noviembre -en plena crisis- para analizar la crítica situación de suministro de energía eléctrica que empezaban a enfrentar vastos sectores del país.
En ese sentido, la ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía señaló que a mediados de diciembre del año pasado se resolvería el problema, y que deberíamos estar en condiciones ajustadas, pero sin cortes de luz, alrededor del 15 de ese mes.
El 20 de noviembre la autoridad afirmó también que si se cumplían las medidas anunciadas en virtud del acuerdo del Gobierno con las empresas eléctricas para la compra de energía a autoproductores y la disminución de la demanda de los clientes libres, y si a fines de dicho mes volvía a operar Ventanas II, los problemas de suministro podrían quedar totalmente superados. Se insistió en que la puesta en vigencia de la central Nehuenco (con capacidad para 370 megawatts) era fundamental para dar más solidez al sistema. Asimismo, en ese entonces, el Ministro del Interior , señor Raúl Troncoso , señaló que se esperaba que la crisis estuviera resuelta en un plazo máximo de 8 a 10 días.
A cinco meses de las declaraciones emitidas por el Gobierno y las altas autoridades que lo representan, uno se pregunta qué garantías tenemos hoy los chilenos de que ese tipo de predicciones y explicaciones del Gobierno en noviembre pasado no vuelvan a repetirse con iguales resultados. Por cuanto si hubiera existido una mínima vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, que informa a la Comisión Nacional de Energía, se habría sabido exactamente la situación de Nehuenco. Ésta se hallaba en una condición absolutamente precaria en mayo o junio del año recién pasado; sin embargo, en noviembre se nos dijo que el problema estaba del todo resuelto. Y hoy hemos llegado a la situación dramática -toda la prensa espera el hecho, y seguramente será un espectáculo para la televisión- de que muy pronto arribe el gigantesco avión en que viene la turbina que, según se dice, fue gestionada por el Presidente de la República . Sin embargo, es claro -acabo de certificarlo- que ello debía ser resuelto entre las compañías de seguros y la empresa Siemens. Pero, en fin, por último, atribuyamos al Primer Mandatario el hecho de que, en su viaje al extranjero, preocupado por el tema de la energía, quiso hacer esa concesión importante al país, que bien la necesita, en cuanto a por lo menos acortar en los plazos la solución de la crisis de Nehuenco. Probablemente, dado el nivel de predicciones anteriores -ahora se habla de plazos muy cortos-, la turbina demorará en instalarse y tal vez en una semana o en 15 días nos digan que ello va a tomar más tiempo. Confiemos en que la buena voluntad y la buena intención se manifiesten.
Otra pregunta que uno se hace es la siguiente:¿Qué plan de contigencia hay para enfrentar la magnitud de esta crisis? Porque una cosa es seguir responsabilizando a unos y a otros; pero, en definitiva, sin pretender justificar ni asumir la defensa de nadie, lo que aquí importa ¿y por eso solicitamos esta sesión en el Senado- es saber con qué plan de contingencia cuentan hoy los chilenos para enfrentar la magnitud de una crisis como la que nos afecta y que puede prolongarse muchísimo.
Tengo a la mano una información obtenida a través de Internet, correspondiente a un centro de predicción meteorológica -el más importante del Ministerio de Energía de Estados Unidos-, conforme a la cual hasta septiembre próximo, no hay indicio alguno de que la temperatura del Océano Pacífico vaya a subir. Dicha medición se tomó en América del Sur desde el hemisferio norte y abarcó nuestro país, y nada indica que aumentará la temperatura, a fin de permitir que los frentes de baja presión entren al continente.
Por lo tanto, según las predicciones hasta septiembre no tendremos agua. Y si a ello agregamos que en abril la temperatura en Santiago alcanza a 27 grados, naturalmente algo nos está indicando que "La Niña" sigue instalada en mitad del Océano Pacífico y que, en consecuencia, no existen indicios de lluvia. Sin embargo, la apuesta fue siempre a esta última: todas las autoridades, tanto del sector eléctrico como del ámbito regulatorio, sostuvieron que el problema se resolvía con la lluvia, no obstante la existencia de esos indicadores. Por lo demás, el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile también los venía revelando de esa manera. Hace poco nos dieron la buena noticia de que en febrero pasado habría subido medio grado la temperatura del mar. Sin embargo, conforme a las estimaciones de marzo, esas condiciones volvieron atrás.
En consecuencia, uno se pregunta: ¿Qué plan de contingencia nos ofrece la autoridad que nos gobierna para resolver esta cuestión tan fundamental a la que el país se verá expuesto en los próximos días?
Aquí hay un tema que no puedo dejar pasar y respecto del cual lamento la ausencia en esta sesión del Ministro del Interior . En efecto, al margen de todo cuanto significa la productividad, la economía y todos los indicadores que se verán alterados en la estructura macroeconómica del país, aquí existe un problema muy fundamental: la seguridad de las personas. Barrios completos quedan a oscuras, y los delincuentes lo saben con antelación; es decir, oficialmente se les comunica que en determinados sectores de la ciudades de nuestro país van a poder campear absoluta, tranquila y serenamente, haciendo toda clase de fechorías. Y la población naturalmente empieza a sentir temor. Además, ya no se trata de un racionamiento de media hora, sino de una o dos horas. Incluso, cuando se sostuvo que podía demorar bastante la reparación de la falla de Nehuenco, se decía que podía durar tres e inclusive cuatro horas, como se señaló la semana pasada.
En consecuencia, hay un problema muy de fondo. ¿Qué plan de contigencia está previsto para enfrentar esa realidad de la delincuencia, que va a generar muchísimas dificultades? ¿Existen más recursos? ¿Qué plan de contingencia ofrece ONEMI si a la crisis eléctrica se agrega otra catástrofe natural como un terremoto? ¿Cómo está preparado dicho organismo para enfrentar una contingencia de esa naturaleza? ¿Se ha indicado al país acerca de cómo van a reaccionar los servicios a los cuales la población puede y debe acudir en caso de que la emergencia se prolongue más allá de lo esperado?
Sobre tal punto, reitero que lamento que no se halle presente el Ministro del Interior , para que informe al Senado cómo se va a enfrentar la coyuntura de la seguridad ciudadana y si es posible ¿como ocurrió en 1968- que el Gobierno dicte el decreto correspondiente para utilizar el 2 por ciento constitucional. Porque esta Corporación y, naturalmente, toda autoridad estarán disponibles no sólo para cuanto compete al Ejecutivo , sino para dar a éste ¿conforme a nuestras facultades- las atribuciones correspondientes para enfrentar esta crisis.
Sin duda, nadie podría restarse patrióticamente a encarar con los recursos legales que se requieren una crisis de la envergadura que estamos viviendo.
Nos hallamos en presencia de una crisis de la mayor gravedad. Lamento profundamente que no hayan asistido a esta sesión los señores Ministros, que fueron invitados no por la Oposición, como dijo un señor Senador, sino por la unanimidad de la Sala del Senado, cuando acordó celebrarla. Deseo hacer tal precisión para que no se señale aquí que la Oposición quiso colocar al Gobierno en jaque con motivo de esta crisis, pues ha sido la unanimidad del Senado, en una actitud muy responsable, la que asumió esta realidad como un hecho gravísimo que está viviendo el país.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , haré una reflexión sobre la crisis que nos afecta, y también una precisión acerca de las palabras del Senador señor Bombal , las que, a mi entender, fueron dirigidas a mí.
Yo señalé únicamente que el Senado tiene el derecho de invitar a todos los Ministros que desee -lo cual, conforme a nuestras facultades, está bien-; pero que es el Gobierno el que, en un régimen presidencial, determina qué Secretarios de Estado concurren. Y a mí me basta con los Ministros presentes para llevar a cabo el diálogo que el Senado necesita sostener con las esferas oficiales. Se encuentran en la Sala el señor Ministro Secretario General de la Presidencia ; el llamado "equipo político", que se halla al tanto de la conducción general del Gobierno, y el señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía -sector muy complejo-, quien maneja la política energética y, particularmente, eléctrica del país.
A mi juicio, sería totalmente absurdo que intentáramos negar la profundidad de la crisis energética y eléctrica. Tengo la impresión de que, por un conjunto de circunstancias, llegamos a descubrir que, en un sector clave para el desarrollo del país, en todos sus aspectos, efectivamente experimentamos fallas estructurales y estamos sometidos, como sociedad, a riesgos muy dañinos desde todo punto de vista. Ello afecta -como aquí se ha planteado- a la producción, la vida cotidiana, la salud, la seguridad ciudadana, etcétera.
Por lo tanto, la luz de alerta -la que debemos activar todos los sectores que concurrimos a la conducción del país- tiene que ser muy seria. En mi opinión, lo peor que podríamos hacer en una coyuntura como la que vivimos es intentar disminuir la gravedad de la crisis que nos afecta. Porque, además, está comprobado que, incluso, cualquier predicción sobre el futuro es muy difícil, y no por responsabilidad de alguien, sino por cuanto hemos estructurado un sistema -había buenas razones para hacerlo así-, en el cual todavía nuestra dependencia de los factores hídricos y de energía eléctrica son fuertes. Según entiendo, corresponde a cerca del 60 por ciento del Sistema Interconectado Central.
Por otra parte, quiero discrepar acerca de un dato más bien técnico, pero que tiene gran importancia futura. Las sequías, como la que tuvimos el año pasado, no se producen cada cien años. El mundo vive un período global de cambios climáticos, donde toda predicción climatológica se hace extraordinariamente incierta. En nuestro país, en particular, no podemos considerar que las sequías son un accidente. En los últimos decenios, hemos experimentado dos sequías gravísimas. Antes eran, efectivamente, accidentes. En la actualidad, existe un cambio climático total, que está siendo estudiado por el mundo desde hace 15 ó 20 años, y que tiene que ver con muchos fenómenos.
Por lo tanto, la predicción de factores climatológicos es extraordinariamente compleja, incluso a mediano plazo. Sin embargo, han mejorado las técnicas de predicción, como lo demuestra el hecho de que hoy podamos contar con un pronóstico para agosto.
Cuando hace treinta años estudié climatología en la universidad, era imposible predecir el tiempo con los instrumentos de la época. Actualmente, son relativamente anticipables los fenómenos atmosféricos. Pero, en los ciclos largos, tengo la impresión de que en Chile la estadística a largo plazo ya no sirve. Por lo tanto, la precariedad existente todavía por la dependencia de los factores hidroeléctricos -había buenas razones para dar mucha importancia a la generación hidroeléctrica-, hace más inseguro el sistema que antes.
Por otro lado, evidentemente la crisis de organización del sistema es total. Tiene su origen en la legislación de 1982, la cual -aquí se encuentra la responsabilidad del Gobierno- no ha sido alterada substantivamente durante estos años. En tal sentido, tiene razón la Oposición cuando señala que la responsabilidad no puede atribuirse solamente a la ley. Podrían haberlo hecho en los Gobiernos de la Concertación durante 1990, 1991 ó 1992, pero no en 1999.
Las primeras reformas substantivas a la ley fueron propuestas por el actual Gobierno. Por eso celebro la rectificación propuesta en los dos proyectos que ahora se tramitan en la Cámara de Diputados. Porque se trata de un sistema en un sector tan complejo, tan vital y de tanta trascendencia en los servicios de utilidad pública como el eléctrico, el cual se basa en dos principios que, a mi juicio, generan su desgobierno: la operación completa por el sector privado -cuestión que se puede compartir- y el principio de la autorregulación como elemento ordenador fundamental.
Considero que aquí hay un error de fondo. No es admisible pensar que el mercado va a operar con estos dos principios en un sistema de tanta complejidad como el sector eléctrico, ya que, si la empresa privada va a tener el monopolio de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en condiciones de relativa competencia, resulta completamente absurdo un marco regulatorio donde la base del mismo es la autorregulación de las empresas. Eso puede funcionar durante muchos años -como lo ha hecho-, cuando no hay problemas, cuando no existe expansión, cuando se tiene una demanda activa como consecuencia del crecimiento que hemos tenido en estos años, en que se ha duplicado el Producto, donde ha habido transferencias de empresas, intereses vinculados al sector, etcétera.
Sin embargo, en momentos de problemas o de crisis, en la previsión de fenómenos de largo plazo como el que señalo respecto de la incertidumbre del factor hídrico, evidentemente se requiere un sistema distinto de regulación pública que, probado razonablemente, sea del todo diferente de la ley vigente, donde el sector privado mantenga una gran importancia en su generación.
Y que no se venga a decir que ésta es una cuestión puramente reglamentaria.
Pienso que en los últimos cinco años el Gobierno no ha tenido una conducta como la que habría sido necesaria en la materia. Yo hubiese elaborado hace bastante tiempo una proposición de reformas como las planteadas. Porque sin duda el reglamento no puede resolver los problemas de una legislación que descansa en conceptos que, de una u otra manera, debemos discutir, como es en este caso el sistema de autorregulación que se halla en el corazón del cuadro jurídico vigente. Por ello, la responsabilidad -sobre todo en el manejo de la crisis- corresponde básicamente al Centro de Despacho Económico de Carga que es un ente privado. Y ahí los privados deben resolver entre sí sus conflictos de intereses. Éstos, en tiempos de crisis, son muy cuantiosos, y más aún cuando existe un sistema de sanciones donde las multas son ridículas. Y un esquema así, dentro de un negocio que mueve miles de millones de dólares estimula a infringir la ley. Cuando se trata de negocios cuantiosísimos, siempre resultará más remunerativo transgredirla y pagar las multas, antes que su cumplimiento estricto.
Me gustaría que de este debate surja -como ha ocurrido en otras oportunidades en el Congreso- una posibilidad de generar acuerdos mayoritarios para lograr una revisión profunda de nuestro sistema jurídico.
Más allá de las múltiples acusaciones, como parlamentario de la Concertación, reconozco que existe responsabilidad del Gobierno en esta materia. Sería completamente absurdo pensar que por acción o por omisión el Ejecutivo no posee responsabilidad frente a esta crisis; pero él debe asegurar la conducción del proceso en un momento de crisis.
Respecto del tema legal, estimo que en el Gobierno y en el Ministerio del ramo existen muestras de rectificación. De hecho, en la Cámara de Diputados se han planteado los primeros instrumentos jurídicos, que pueden ser la base de una discusión que, seguramente, será insuficiente. No obstante, podríamos proceder tal cual lo hemos hecho en otras áreas -por ejemplo, en las empresas sanitarias-, donde el Senado concordó en un marco regulatorio que, a mi juicio, es bastante razonable. Sin embargo, aquél fue resuelto después de una larguísima discusión, cuando el sector privado entró en una relativa crisis. Por ejemplo, la empresa "Lo Castillo" dejó sin suministro de agua potable a un sector muy importante de Santiago. Fue después de esa crisis cuando se vio que el sistema, efectivamente, necesitaba contar con regulaciones más fuertes.
El Senador Romero participó activamente en ese acuerdo, cosa que reconozco. Creo que ésa es la anotación que Su Señoría desea hacer.
El señor ROMERO.-
No es ésa, señor Senador.
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?
El señor GAZMURI .-
Con mucho gusto.
El señor ROMERO .-
Señor Presidente , deseo aclarar ¿porque fui actor principal- que cuando nosotros llegamos a un acuerdo respecto de las reglamentaciones y regulaciones de las sanitarias, no lo hacemos en función de casos específicos, sino en consideración al interés general del país.
El señor GAZMURI .-
Lo que yo estoy diciendo, Honorable colega -podemos estar en desacuerdo en ese punto-, es que en los casi diez años que llevamos en el Parlamento siempre ha habido gran dificultad para legislar en el ámbito de la regulación. Cada vez que analizamos los proyectos nos invaden con citas de algunas de leyes y con una inmensa cantidad de informes, entre ellos los del Instituto Libertad y Desarrollo, diciéndose que incursionar en el mercado significa un terrible peligro para la economía nacional.
La señora MATTHEI.-
Para esos efectos, está la Superintendencia de Bancos, señor Senador.
El señor GAZMURI .-
No diga que no, señora Senadora, pues se ha dicho que hasta sería terrible aprobar los convenios de la O.I.T, porque con ello echarìamos abajo el mercado del trabajo.
En todo caso, quiero enfrentar la discusión con el ánimo más positivo, porque, efectivamente, las crisis de los sistemas generan las condiciones propicias para un debate acerca de cuáles son los temas de fondo que debemos resolver.
Nadie ha dicho hoy que el marco regulatorio actual es suficiente. Por eso debemos partir de esa base. Posiblemente el Gobierno debió haber presentado las modificaciones hace cinco años, pero ya lo hizo en enero. Y como la crisis debemos enfrentarla con sentido de futuro, pienso que el Senado debería dar su acuerdo para realizar un estudio a fondo del tema, lo que permitiría definir -en función de nuestra experiencia en esta materia, que ya tiene casi veinte años- el marco regulatorio que requiere una actividad tan importante como ésta. En dicho marco deberemos redefinir los roles del sector privado, pues nadie discutirá la importancia que ellos tienen en la producción, generación y distribución de la energía eléctrica; pero, al mismo tiempo, debemos dotar a la autoridad pública de los instrumentos indispensables para no sólo manejar las crisis, pues si ahora tenemos ésta, nadie puede asegurar que no tengamos otras a futuro. Por ello conviene establecer algunas políticas de largo plazo. Resulta completamente absurdo sostener que estas últimas, en asunto de este tipo, son de responsabilidad exclusiva del sector privado.
En la Sala se han planteado discusiones muy centrales; y es bueno que ellas se den también en todo el país. ¿Vamos o no vamos a utilizar energía nuclear? Yo entiendo que éste debería ser un debate muy abierto. Hay distintas posiciones y no se ha hecho el análisis correspondiente. ¿Quién lo va a hacer? ¿La empresa privada? ¿Los directorios de ellas? Es una discusión que corresponde hacer a la autoridad pública, al Estado, especialmente en cuanto a usos alternativos.
Se ha planteado el tema de la interconexión con Argentina, materia que, a mi juicio, es muy importante. Imaginen Sus Señorías lo que hubiera ocurrido en Chile si en el primer lugar de la agenda pública del Presidente Aylwin en 1990 no hubiésemos considerado la integración energética con la república hermana. Fue una medida que tuvo detractores en el país. Incluso, se aseguraba que ella podría enajenar aspectos importantes de la seguridad nacional. Yo digo: si no tuviéramos hoy los gasoductos con Argentina, la crisis actual hubiera tenido características catastróficas. Y así como éste y otros, se trata de temas de políticas públicas.
No podemos entregar solamente al sector privado la orientación estratégica de áreas tan vitales como el desarrollo energético del país. En mi opinión, es posible llegar a un acuerdo razonable que permita el pleno despliegue de la iniciativa privada; pero que, al mismo tiempo, otorgue a la autoridad pública y al Estado el control de asuntos fundamentales en materias regulatorias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, deseo pedir una orientación a la Sala acerca del desarrollo de la sesión.
Faltan 10 minutos para la hora de término fijada. Hay todavía varios señores Senadores inscritos para intervenir en el debate. A su vez, el señor Ministro querrá sin duda dar respuesta a muchas consultas que se le han formulado. Creo, entonces, que habrá que decidir si poner término a la sesión a las 19:30, o citar para mañana a una nueva sesión de una hora y media de duración, para completar el tratamiento del asunto que nos ocupa. Así tendríamos la posibilidad de que intervenga ahora un señor Senador más, para levantar la sesión y citar para mañana -propongo que sea de 12 a 13:30- para oír la opinión de tres oradores más, y la exposición final del señor Ministro .
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , habría que preguntar al señor Ministro si puede asistir mañana a una nueva sesión. No sé si podríamos terminar hoy, prorrogando la hora de término del debate.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ya me han señalado que no hay acuerdo para prorrogar la hora en esta sesión, señora Senadora.
El señor GAZMURI.-
Mañana no vamos a tener quórum, señor Presidente . Hay Comisiones citadas para trabajar. Si hemos estado toda la tarde en esto, creo que podemos escuchar a tres señores Senadores más, y al señor Ministro .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , me parece que las 12 que usted acaba de proponer es una hora poco práctica, porque hay Comisiones citadas para discutir asuntos que ya vienen de atrás con bastante necesidad de ser tratados. Pero, ¿qué pasaría si optáramos por sesionar mañana en la tarde? No sé qué materias habrá que tratar en la sesión ordinaria. Creo que será una tabla corta. Si es así, podríamos, previo acuerdo en cuanto a poner término temprano a la sesión ordinaria, continuar después con este debate.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , tengo una proposición diferente: que las cuatro personas inscritas hasta el momento y el señor Ministro nos autolimitemos en nuestras intervenciones y prorroguemos esta sesión hasta las 20. Así podríamos despachar ahora el asunto en debate.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Insisto, señor Senador: no hay acuerdo en la Sala para proceder así.
El señor ROMERO.-
Pero recábelo nuevamente, señor Presidente .
El señor PRAT.-
En estos términos distintos, señor Presidente ; con autolimitación.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés, después de lo cual responderé a la proposición del Senador señor Boeninger.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , yo estoy inscrito; pero creo que se ha hablado bastante, se ha dicho todo. Mi intención no es repetir, como tampoco alargar la sesión indefinidamente. De manera que, si otros señores Senadores me acompañaran, suprimiría mi intervención.
Ahora, no quiero hacer una excepción si los demás van a hablar, obviamente, porque la tentación de hacerlo es muy irresistible. Pero, en estas emergencias, no quiero complicar al Senado. Así que puede el señor Presidente disponer de mi tiempo.
El señor ROMERO.-
Yo me comprometo a limitar mi intervención a cinco minutos, señor Presidente .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Hay dos proposiciones: una, del Senador señor Romero, para limitar los discursos a cinco minutos, hablando luego el señor Ministro , y otra, del Honorable señor Boeninger, que parece interesante. Para mañana tenemos una tabla breve, lo que nos permitiría concluir con el asunto de esta sesión destinando a él los primeros 60 minutos, de 16 a 17.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , en la disyuntiva, si fuera factible la propuesta del Senador señor Romero, me parece que ella es mejor, porque desde luego evita a los Ministros señores Landerretche y Biehl venir de nuevo mañana. Así, si se trata de quedarnos ahora hasta las 20 o 20:15, me parece preferible.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Bien, ¿habría acuerdo en la Sala para prolongar esta sesión para que intervengan por 5 minutos los señores Senadores inscritos, además del señor Ministro?
El señor PRAT.-
Ocho minutos, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se han propuesto 5 minutos, Su Señoría, y eso es lo que se plantea a la Sala. ¿Hay acuerdo?
--Se aprueba.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , es posible que al tener que reducir la intervención a 5 minutos, lo que haya que plantear salga un poco más crudo, porque uno tiene que ir "al hueso" solamente.
En mi opinión, la conducta de los actores, en las circunstancias que se viven, de alguna manera están expresando las debilidades del momento actual, como condición común de sociedad, y de su Gobierno, para dirigirla adecuadamente.
Llama la atención, por ejemplo, que las campañas de ahorro en los consumidores hayan producido cero efecto. Por lo tanto, las conductas de éstos están totalmente alejadas del interés común que rige la materia. Eso llama a prestar atención y analizar el problema.
Las generadoras, igualmente, envueltas en una disputa en que cada una lucha por sus legítimos intereses, tampoco han logrado concordar en una situación que favorezca el bien común. Y -diría yo- el Gobierno ha sido incapaz de llevar a cabo su gestión, su visión como ente regulador en el asunto. Ha terminado limitándose a asumir el carácter de comentarista; va relatándonos lo que sucede, refiriéndose a las falencias del marco legal o a lo que está pasando, y terminamos todos oyendo esta suerte de comentarios del día a día provenientes del Gobierno, en espera de que llueva.
Hoy es cuando se requiere reasumir el rol conductor por la autoridad gubernamental para aunar las conductas de los actores hacia un camino tendiente al bien común. En primer lugar, debe desarrollarse una mayor capacidad del Gobierno para cumplir el papel que le cabe como regulador. En segundo lugar, debe despejarse la desidia mostrada hasta ahora para efectuar los ajustes que el marco regulatorio requiere. Ya en 1992 -tengo a la vista la versión de una sesión especial del martes 9 de junio- la situación hacía decir al señor Tohá que en el ente que regula la conexión, el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), el rol de Colbún había sido muy importante. Bueno, lo lógico es que en el momento en que se privatizó a Colbún y, en consecuencia, se perdió la herramienta que había ahí para actuar en aras de producir un acuerdo, era necesario introducir las modificaciones que nacían de la experiencia obtenida en esa práctica.
Desde 1992 a 1999 han transcurrido 7 años, con ninguna iniciativa en la materia. En fin. Perdónenme Sus Señorías, pero creo que las cosas no pueden dejarse sin hablar. Opino que en la intervención de televisión a que se ha llevado al Presidente de la República por parte de sus asesores en el día de ayer, hay un grado de efectismo que debe ser identificado. No sé si esos asesores han querido justificar un viaje que hoy está resultando muy incómodo atendida la situación que vive el país y que no dice relación a ese viaje que hoy aparece extemporáneo; o si se ha querido aliviar la responsabilidad del Ejecutivo , dado que él fue quien hizo el contrato con Siemens cuando Colbún era estatal en manos de CORFO.
En mi opinión, señor Presidente , preocupan las expresiones que se han oído en este debate. Ya hacía relación el Senador señor Pérez a lo que expresó el Honorable señor Moreno . Yo quiero referirme a las del Senador señor Bitar . Cuando afirma que estos hechos demuestran que los precios y el mercado no son eficientes asignadores en este tipo de situaciones, se está apartando del diagnóstico correcto. Y del diagnóstico que él tiene, seguramente vendrán proposiciones de suyo inconvenientes.
Justamente lo que aquí hace falta es introducir incentivos, como, por ejemplo, estimular a los consumidores para que asuman una conducta de ahorro. En estos momentos en que los barrios están con dos horas de racionamiento diario, si se les planteara que a partir del ahorro que logren en la jornada en que tienen luz obtendrán una menor restricción en los próximos tres días, tal vez ello produciría automáticamente una conducta distinta, tendiente a gastar menos en los días en que se dispone de luz, a fin de conseguir como barrio, un menor castigo de racionamiento en los días siguientes. En fin, si se estableciera un incentivo a la transacción de excedentes de energía y a la compra de energía faltante, también se avanzaría en la solución de las dificultades existentes.
En mi opinión, señor Presidente , debería modificarse la normativa, para restringir fuertemente los casos en que resulta legalmente admisible fallar en la provisión del servicio. Hoy se toma la sequía como factor determinante, pero las tecnologías actuales y la mayor proporción de energía térmica con que cuenta el país deberían hacernos prescindir de los años de sequía como parámetro y llevarnos a una situación de mercado en cuanto al precio de falla, de manera que, salvo caso de fuerza mayor -llámese terremoto u otro tipo de eventos incontrolables-, esté prohibida definitivamente la posibilidad de fallar en la provisión del servicio.
Gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Biehl.
El señor BIEHL ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente y señores Senadores, ruego que me excusen por tener que retirarme, pero debo atender compromisos ineludibles en Santiago.
Quiero agradecer al Senado el haberse tomado este tiempo para debatir el problema.
No me voy a referir a las argumentaciones políticas que han tratado de hacer recaer la culpa en uno u otro sector. Todos -los que estamos en la vida pública y en la privada- sabemos bien que cuando las cosas funcionan en la forma prevista, normalmente no se tocan. Sólo cuando sobrevienen crisis profundas, uno hace una reflexión y piensa en cambiarlas.
El Gobierno estima que el sistema privado de generación y distribución de electricidad ha funcionado bien y ha sido beneficioso para el país desde todo punto de vista. Lo que la actual crisis evidencia -ojalá nadie olvide la buena predisposición manifestada por todos aquí- es que, probablemente, el marco regulador, concebido bajo un esquema optimista, no funciona cuando se producen crisis tan profundas como la que estamos viviendo ahora, y debe ser reemplazado.
Es lo que el Gobierno quiere hacer, y para ello está trabajando en un proyecto integral que, aun cuando le signifique mayor tiempo, desea elaborar de común acuerdo y a través del diálogo con el sector privado, pues la intención no es cambiar el fondo del sistema imperante. Dicho proyecto estará listo en los próximos días para poder iniciar las conversaciones con dicho sector, y luego será enviado al Parlamento.
Sin perjuicio de lo anterior, que es a mediano y largo plazo, resulta evidente que debe solucionarse la crisis, la cual no puede prolongarse por el resto del año. Y, aunque el sistema ha funcionado bien -tan bien que disponemos de una capacidad sobreinstalada realmente importante-, tendremos que hacer un esfuerzo para que en el corto o el mediano plazo se solucione el problema con algunas medidas que, en un cuadro normal, no habría sido necesario tomar.
Fuera de los planteamientos positivos aquí formulados, que contribuirán a subsanar el problema, y de los diagnósticos que se han dado, debemos recordar que en estos momentos grupos extranjeros están tratando de comprar, o ya lo han hecho, gran parte del sistema eléctrico nacional. Pienso que esto produce un efecto en las gerencias privadas de las empresas -me refiero a la adopción de medidas, y esto es algo real, que está sucediendo-, que ignoran quiénes serán los nuevos dueños de las mismas en el corto plazo y dónde se tomarán en definitiva las decisiones. A veces uno piensa que los españoles se quieren quedar con bastante más que nuestro sistema eléctrico. Y no ha habido un debate serio sobre lo que ello podría significar. Entiendo que hoy hicieron una nueva oferta por ENDESA que es prácticamente irresistible. Ya veremos cómo eso termina de desarrollarse.
Todo lo anterior debe ser considerado.
Quiero señalar, dentro de un espíritu constructivo, que gran parte de las cosas que se han dicho aquí están incluidas en el plan de emergencia a que se encuentra abocado el Gobierno desde hace varios días, el cual será consensuado con el sector privado, porque la idea es mantener el sistema, pero perfeccionándolo hacia el futuro. Desde luego, hay que solucionar la crisis y los graves efectos que ella está produciendo en la calidad de vida de los chilenos.
Repito: muchas de las cosas que aquí se han dicho están consideradas -como hechos, no como proyectos- en el programa que pronto se presentará al país. Y las que no lo están, de todas maneras enriquecen enormemente la discusión, por lo que agradezco todos los aportes que se han efectuado, así como también el debate público que se ha producido en estos días en la televisión y los periódicos, lo que igualmente ha contribuido a ese enriquecimiento -es parte de la democracia-. Y aunque a veces sea tentador contestar acusaciones políticas o referencias acerca de dónde se ubican las culpas, el Gobierno no lo va a hacer.
Probablemente, hubo una etapa en el desarrollo de esta crisis en la que nosotros mismos nos vimos sorprendidos, porque pensábamos que los mecanismos de entendimiento con el sector privado iban a funcionar. Quizás todos pecamos un poco de inocentes, y esto, por encima de partidos políticos. Sin embargo, hoy, en conjunto con el mismo sector privado, hemos llegado al acuerdo de cambiar el marco regulatorio, pero manteniendo el esquema de fondo.
Realmente, agradezco este debate. El señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ha tomado cuidadosa nota de todas las sugerencias planteadas en la Sala, aunque por el momento no está en condiciones de responder directamente algunas de las preguntas que se han formulado, como cuál es el plan de emergencia del Gobierno. Con toda franqueza, quiero decir a Sus Señorías que se nos ha pedido -y en eso estamos trabajando- medidas concretas en el muy corto plazo. Desde hace varias semanas, y más que semanas, hemos estado analizando muchas de las cosas que aquí se han mencionado, pero sólo una vez que ellas constituyan medidas concretas -y no comisiones o anuncios de cosas que van a pasar, porque para eso se está trabajando- se darán a conocer al país. Espero tener la oportunidad de consultarlas con los señores Senadores antes de su anuncio, a la luz del debate realizado en esta Alta Corporación y de los hechos señalados aquí como posibles defectos.
Una vez más, agradezco al Senado este debate, y le aseguro que vamos a solucionar el problema. La crisis no va a continuar. No estamos esperando que llueva. La solución debe construirse sobre la peor hipótesis, una hipótesis extremadamente grave. Por fortuna, somos un país con recursos, somos un país diferente del que fuimos en otra época. Podemos tomar ciertos riesgos, podemos hacer ciertos cambios, podemos realizar pactos imaginativos con el sector privado,
La crisis debe y va a estar solucionada en un plazo razonable, porque además se requiere volver al crecimiento económico, lo que es importantísimo. El empleo, que preocupa a todos los señores Senadores, obviamente se ve afectado por ella. Lo que señalaban el Honorable señor Foxley y otros señores Senadores, tanto de Gobierno como de Oposición, es absolutamente cierto. La crisis provoca incertidumbre en la economía, en la calidad de vida de las personas y en el medio ambiente. Sus Señorías deben saber que algunas de las plantas clausuradas por la CONAMA o con prohibición de funcionar por contaminantes están hoy en pleno funcionamiento. Muchas empresas, haciendo un esfuerzo, han debido comprar plantas generadoras de emergencia, las que, por ser de segunda o de tercera generación, son contaminantes. De modo que, tal como se ha expresado aquí, múltiples problemas se vinculan con la electricidad.
El Gobierno tiene clara conciencia de la gravedad de la situación y de sus ramificaciones. Creo que esta sesión del Senado ha contribuido a reforzar esa conciencia. Y participaremos en la solución del problema junto con el sector privado y ustedes, los Parlamentarios, poniéndonos en la peor de las hipótesis. El riesgo de hacer aquí determinados anuncios que después puedan ser ridiculizados porque en medio de ciertas acciones haya lluvia, es una consideración que no está en el Gobierno. Se ha decidido correr tal riesgo, por ser parte del diálogo; pero no podemos jugar a que llueva o no llueva.
Gracias, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , ya se ha hablado de los aspectos técnicos y todos hemos escuchado las explicaciones dadas por los señores Ministros. Hay conciencia de que enfrentamos una crisis muy severa y no es mi voluntad cargar responsabilidades a uno u otro sector.
Sin embargo, disiento de lo afirmado por el Ministro señor Biehl , que se retira en este instante, en cuanto a que el sistema en aplicación en este campo es bueno. En mi opinión, es malo. Porque los sistemas se prueban, no cuando todo marcha bien, sino cuando las cosas se complican. Matrimonios estables de pronto se descomponen; los automóviles que no son buenos se nota que son débiles cuando chocan. No cabe duda de que el sistema no ha funcionado cuando ha sido sometido a una severa prueba. Los datos están a la vista.
¿A qué se debe esto? No oí la exposición del Honorable señor Moreno , por lo que no me referiré a sus expresiones. A mi juicio, aquí ha habido una falla en la concepción de algo que debiendo ser servicio público se entregó en exceso al interés privado.
No soy estatista, sino partidario de la empresa y de los servicios privados, pero también tengo claro -tal vez por la experiencia y por ser mayor que los entusiastas liberales tan bien representados aquí- que en un país como el nuestro, por su configuración física, por la distribución del ingreso que tiene y por la escasez de capitales que presenta, el rol del Estado debe funcionar mucho más activamente cuando hay de por medio bienes fundamentales, estratégicos, de servicio público, como la energía, el agua, el aire, el medio ambiente y otros.
En Chile somos extremistas. En la década del 70 hubo un Ministro de Hacienda que creyó que pasando a manos del Estado todas las empresas se generaban más utilidades, y así se podían satisfacer las necesidades sociales. El colapso fue total, y hasta el día de hoy todos lamentamos esa idea y ese resultado.
A veces me pregunto si la veneración por el mercado, al que aquí se rinde homenaje con incienso, como en los tiempos de Babilonia, es tan exagerada como la del señor Vuskovic y otros estatistas de la época. Se cree que dando señales el país va a caminar, porque ellas son escuchadas. Eso ocurre en un mercado perfecto, cuando hay alternativas claras.
Digo esto, porque vi nacer la ENDESA, en la época de Reinaldo Harnecker y otros extraordinarios empresarios. No soy estatista -reitero- ni quiero que esas empresas vuelvan al Estado. Me tocó ver cómo la CORFO, a través de la ENDESA, proyectaba con cinco o seis años de anticipación la energía que se iba a necesitar, y cargaba a los precios el ahorro necesario para que el país, además de caminos y Fuerzas Armadas, tuviera energía, un bien capital, esencial.
Al privatizarse, en la forma como se ha hecho, tanto la generación como la distribución, podemos apreciar los resultados en épocas de crisis. ¡Ellos fueron diferentes cuando teníamos un crecimiento de 8 ó 9 por ciento!
Creo que ningún país latinoamericano ha generado una capacidad empresarial, de ingeniería, como Chile en materia energética. En mi opinión, lo más importante que se ha llevado a cabo, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, ha sido el desarrollo de la energía en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otras partes. Tengo dudas de si ese esfuerzo tan extraordinario no se hizo a veces a costa de las previsiones que se debían tomar para nosotros. En todo caso, tal esfuerzo ha resultado fallido en el caso chileno; pero no ha resultado así en Argentina, donde sólo ha habido algunas dificultades por culpa de los suministradores.
Además, deseo referirme a la necesidad de cambiar un poco de conceptos, que seamos menos dogmáticos y no pensemos tanto en que meras señales económicas determinarán ciertas realidades. Apreciaría que la Honorable señora Senadora , que habló mucho de señales, pero que está conversando,...
La señora MATTHEI .-
Lo estoy escuchando.
El señor VALDÉS .-
...leyera, entre otros libros -seguramente los conoce-, la última publicación de George Soros, que no es un ignorante en la materia, ni en la teoría ni en la práctica.
La señora MATTHEI .-
Pero no es muy prestigiado.
El señor VALDÉS .-
No lo sé. En todo caso, es una obra donde demuestra concretamente esta situación. Ignoro si tiene o no prestigio; pero conozco una colección de seis libros, por lo menos, desde que empieza a crear en el mundo cierta reacción frente al mero uso de señales. Porque éstas son más bien propiedad de los ángeles o de los espíritus puros, pero no de las realidades económicas, que no constituyen una ciencia exacta. Desconozco si lo es; me inclino a creer que todavía es más arte que ciencia.
La señora MATTHEI .-
Nunca ha sido ciencia.
El señor VALDÉS .-
En todo caso, esta inmensa obra de ingeniería chilena ha tenido, a mi juicio, una falla. Porque es evidente, como lo expresaron el Honorable señor Gazmuri y otros señores Senadores, que a la concentración de esfuerzos que no combinan entre sí y a la existencia de un sistema concebido como la autonomía total de la utilidad en función de la demanda no le pone coto una ley y no controla el Estado, que es el encargado del bien común. La energía es un bien escaso y necesario.
Pues bien, hay casos concretos, como el de la planta Neltume , diseñada hace ocho o diez años,...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor VALDÉS .-
...que estaba pronta a construirse, que no ocupa un metro de terreno, es de paso continuo y el agua escurre por un túnel desde el lago Pirehueico al Neltume. Y no se concretó, porque había dificultades relacionadas con la propiedad de aguas para ENDESA, en tiempos del señor Yuraszeck, no obstante estar de acuerdo en el proyecto. Pero comenzaron las ventas al exterior y no se sabía quién iba a manejar dicha empresa. Tampoco ahora se sabe quién va a ser el dueño. Y en estas horas parece que todo va a ser de ENDESA España.
Entonces, ¿quién decidirá la construcción de esa planta? ¿ENDESA España? ¿Habrá que ir allá para hablar sobre ella? ¿Quién hará la inversión? ¿En qué mundo estamos viviendo cuando en Chile -excúseme, señor Presidente , que me extienda, pues quería hablar un poco más del tema- ENDESA es dueña de las aguas, y eso es parte del problema? En nuestro país no se pueden sacar del lago Ranco ni del Riñihue, como tampoco del río Calle Calle, porque todas han sido entregadas en concesión y tienen propiedad. Espero que se modifique esta situación.
Pero, ¿quién decidirá las inversiones? ¿Quién dirá cómo se llevará a cabo el proceso? ¡Si actualmente en Chile todo parece estar en OPA, en oferta pública de acciones: se vende todo. Inversionistas extranjeros compran todo; los españoles ya adquirieron los teléfonos. El diario "La Segunda" de hoy informa que es posible que la Universidad de Chile venda su estación de televisión; confío que la Universidad Católica no siga el mismo camino. Las radios, que también reclaman, están cambiando de dueño, y se venden empresas y bancos importantes.
¿Quién se preocupará de la soberanía, sobre la cual ha hablado con tanta propiedad un Honorable señor Senador y Pienso que hay aquí un problema de soberanía. En el Senado hemos discutido, con calor, por kilómetros o metros en el Campo de Hielo Sur. Y en el asunto en análisis -reitero- está en juego dicho concepto. Un país cuya energía se maneja desde afuera, casi como un monopolio, pierde su soberanía. En alguna medida, ya la hemos perdido en Londres. No sigamos por ese camino, por razones comerciales, porque el mercado da señales, pues siempre las habrá mejores en Brasil y en Argentina, países más grandes y más ricos.
Para terminar, estimo que esta situación es mucho más de fondo que el simple problema de las centrales o de rotores que se rompen. Está en juego una concepción de país que requiere una concertación distinta entre el sector privado, que es decisivo, y la acción del Estado.
Gracias, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el debate, que ha sido bastante prolongado.
Lamento que a estas alturas de la discusión haya tan pocos señores Senadores en la Sala. Me interesa muchísimo que los dos representantes de la Concertación que aún permanecen en ella puedan transmitir a sus colegas las opiniones vertidas por el Ministro señor Biehl , en cuanto a lo que el Gobierno estima que es y debe ser su posición respecto de un tema tan importante como la crisis energética.
Quiero destacar, en primer lugar, las palabras vertidas por dicho Secretario de Estado por razonables y prudentes, porque no me cabe la menor duda que ellas obedecen a un interés superior, mirado desde un punto de vista de gobierno, para resolver una crisis que afecta a todos los chilenos.
Al mismo tiempo, considero relevante -espero que esto también lo recojan los analistas- que el señor Ministro se aparte absolutamente de la línea de pensamiento que algunos señores Senadores han arriesgado en esta discusión. Porque cuando hablan en nombre de sus propios partidos, casi ex cáthedra, ese tipo de definiciones conceptuales, a veces, resultan lamentables y sorprendentes, sobre todo cuando al día siguiente se comparan con lo que el Gobierno comunica sobre la materia.
El Ministro señor Biehl ha señalado con claridad que el sistema de producción, generación y distribución eléctrica ha funcionado bien. Además, ha dicho que se trabajará con el sector privado y no contra éste, en una materia de naturaleza tal que no la podemos disminuir ni sobredimensionar.
En verdad, hay involucrados distintos factores. Ya se ha hablado extensamente sobre lo ocurrido en el país, que lo ha llevado a la situación que nos ocupa. Incluso, se ha llegado al punto de que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra expresara que estamos a punto de seguir perdiendo la soberanía, que ya la perdimos en Londres y que podríamos seguir perdiéndola en lo que resta del período.
Personalmente, considero que la soberanía y la virginidad se pierden una sola vez. Y, en cuanto a lo de Londres, el Honorable señor Valdés ha dicho una tremenda verdad: la soberanía se perdió en la capital inglesa. El Gobierno, ante las noticias publicadas hoy día en los diarios, debiera indicarnos que hay alguna reacción respecto de ese hecho.
Pero no quiero apartarme de una materia tan importante como la que nos preocupa. El Senador señor Gazmuri , presente en la Sala, ha planteado que todo el problema radica en que la estructura institucional del país prácticamente ha impedido que el Gobierno avance en el campo de la regulación, y se ha referido expresamente a la cuestión sanitaria.
Quiero recordar a Su Señoría que la Cámara Alta jamás ha evitado el debate, el análisis o la concordancia, porque éste es un Senado de acuerdos, un lugar de encuentro. Aquí no solamente se alcanzó el consenso en relación a importantes materias financieras e internacionales, sino también en el campo económico. Y además de llegar a un acuerdo tocante a la regulación de las sanitarias, también se logró respecto de la privatización de los puertos. Otra cosa es que se den interpretaciones diferentes a esos acuerdos alcanzados en la Corporación.
En mi concepto, políticamente no podemos aceptar que se extraigan conclusiones que vayan más allá de lo que debiéramos enfrentar. En el país se ha generado una crisis en un año hidrológico de extrema sequía que, sin duda, es la razón más importante y principal.
No es cierto que no existan evaluaciones y anticipaciones a los hechos. Quiero recomendar al Honorable señor Gazmuri , ingeniero agrónomo, que lea la revista "El Campesino", de agosto de 1968. También puede solicitar el resumen estadístico de las precipitaciones ocurridas en Chile desde la llegada de los conquistadores, desde Pedro de Valdivia . Y si hace un análisis de las mismas, puede llegar a entender que en el país hay períodos de 20 ó 25 años en los que se produce este tipo de situaciones. La anterior fue en 1967-1968; hace veinte años. Y la primera de este siglo se presentó en un lapso mayor, en 1924.
Señor Presidente , no quiero extenderme en una materia de esta naturaleza, pero sí señalar que no podemos extrapolar ni mal utilizar la situación, atacando a la empresa privada ni a organismos de regulación de las crisis. Porque, en definitiva, no ha fallado el marco regulatorio general, sino que, tal vez, lo que se debe hacer es revisar claramente cómo evitar y enfrentar una crisis de la magnitud de ésta.
Por otra parte, me parece que debemos dar aplicación plena y oportuna a las disposiciones de la actual Ley Eléctrica, especialmente en lo relativo a los mecanismos para hacer operable el sistema de precios en períodos de escasez, lo que, lamentablemente, en esta crisis se aplicó muy débilmente y, a mi juicio, en forma tardía.
Asimismo, se debe revisar la legislación vigente, en particular, las facultades de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Energía y Combustibles, a fin de fortalecer la capacidad de fiscalización y supervisión del sistema eléctrico, considerando, incluso, la actualización de sanciones pecuniarias que se planteen sobre la materia, para hacerlas más eficaces y operativas, pero no expropiatorias. Porque, en último término, es importante que nos pongamos en esa situación.
Por último, también cabe efectuar un reestudio del reglamento de operación del CDEC, como planteó un analista del tema, porque no cabe la menor duda de que los marcos de incentivos no funcionan adecuadamente en tiempo de crisis.
Pienso que este debate ha representado un importante avance y que el Senado, una vez más, ha efectuado un aporte sobre la materia. Y espero que las resoluciones que vaya adoptando el Gobierno acerca de esta situación tan crítica no sean aprovechadas políticamente por quienes, a veces, utilizan malamente una oposición para criticar cualquier cosa, ni tampoco que sus propios sostenedores vayan a extraer conclusiones muy riesgosas como las sacadas por los Senadores señores Moreno y Bitar .
El señor GAZMURI .-
Recomiendo al Honorable señor Romero un estudio sobre el cambio climático global, o "global change", publicado con posterioridad a 1968, después de la aparición de la revista que me sugirió leer.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath, por un minuto.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , respecto del tema que nos ocupa, sería deseable que tuviésemos un enfoque más global, y a eso me voy a constreñir en el tiempo de que dispongo.
El fenómeno climático está golpeando al país y son muchos los problemas globales que lo van a seguir afectando, como el agujero en la capa de ozono, el proceso de desertificación, etcétera. En este sentido, es un aspecto que no podemos dejar de lado.
Del potencial hidroeléctrico de Chile, particularmente en el sur -es la modalidad económica más directa, a la cual se deben sumar costos y externalidades-, utilizamos apenas 15 por ciento. Potencialmente, quedan disponibles más de 20 mil megawatts. Y como bien se ha señalado, esas aguas, en su gran mayoría, no están en manos chilenas.
El carbón de Magallanes tiene también un potencial para cien años. En algún momento se constituirá en un recurso disponible y atractivo.
Y en lo que respecta a la palabra "soberanía", estoy de acuerdo con la integración con el vecino país y con la necesaria utilización eficiente de las disponibilidades de recursos en Chile y Argentina. Pero no puedo dejar pasar esta ocasión sin destacar la ironía de la situación: justamente el petróleo y el gas natural que ellos poseen estuvo en un territorio que fue nuestro y que, por considerárselo inútil, estéril, sin ningún valor, les fue cedido hace alrededor de cien años. Y hoy en día vemos que los derechos de un recurso tan vital como el agua -Campo de Hielo Sur es la tercera reserva de agua potable más importante del planeta- también se están cediendo a Argentina. Tendemos, en términos de soberanía, a repetir algunos errores.
Y en cuanto a la distribución territorial, la verdad es que los lugares de consumo están muy lejos de los centros potenciales de producción. Y ahí, en términos globales de estructura y de largo plazo, hay que hacer un esfuerzo notable por descentralizar el país y ordenar su territorio para que aparezca en una condición menos frágil. Lo cierto es que esta crisis ha demostrado lo frágil que es Chile.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , seré muy breve y directo en homenaje al tiempo, y pido que eso no se tome a mal.
En diez años se ha duplicado el consumo de energía eléctrica. No obstante este aumento, la capacidad instalada del sistema interconectado central es de un 160 por ciento de las necesidades. Por lo tanto, hay que descartar de plano que el sistema privado de generación eléctrica haya sido imprevisor o voraz o irresponsable, como aquí se ha señalado. La intervención que al respecto realizó el Ministro Biehl me ahorra mayores comentarios.
Obviamente, es posible pensar que un 60 por ciento de sobrecapacidad es insuficiente. El Honorable señor Bitar propuso agregar 500 megawatts, lo que es llevarlo casi al 70 por ciento. Estudiemos esa alternativa, pero veamos si es económicamente soportable por el país porque se traduce en un mayor costo, y si, a la luz de las actuales circunstancias, que son bastante extremas, es realmente es necesario. Y, como es natural, habrá que ver qué es lo que está pasando con la propiedad de las eléctricas, pero todo el mundo sabe que las decisiones que ahora se tomen van a repercutir sólo en cinco, ocho o diez años más. Es decir, no es un problema de hoy día.
¿Cómo orientamos el debate en forma que sea útil? Creo que, primero, debemos tratar de dilucidar si estamos frente a un problema estructural o ante una emergencia. Claramente, hoy el problema no es estructural. Podrá serlo, porque el clima está cambiando. Hay que analizarlo. Podrá serlo, si no es posible llevar a cabo inversiones previstas como RALCO. Podrá serlo, si no se estudian otras alternativas. Podrá serlo, si no se asume la inversión en transmisión de energía desde el sur, donde hay mucha agua, hasta el centro del país, que la consume. Hay allí un problema de transmisión de la energía, que debería abordarse. Pero no creo que en estos momentos nos encontremos frente a un problema estructural, sino ante una situación de emergencia, y dada la gravedad de la crisis, creo que no es bueno derivar a la consideración de otros temas muy importantes pero que, obviamente, no nos pueden ayudar a solucionar el problema.
Hoy día hay una emergencia producto claramente de una sequía muy fuerte. Ahora, ¿qué se espera de las autoridades frente a las emergencias? Se espera una sola cosa: capacidad para manejar la emergencia. Yo no estoy diciendo que haya otras responsabilidades: una conducta razonable de la población, comportamiento del sector privado, una serie de cosas. No las quiero excluir, pero -reitero-, ¿qué esperamos de la autoridad frente a una emergencia? Capacidad para afrontar esa situación.
Uno podría decir que estamos frente a una emergencia tan grande que no hay capacidad posible. Pero de los datos que nos ha proporcionado el señor Ministro no podemos llegar a una conclusión como ésa. En este momento la producción prácticamente iguala al consumo: se enfrentan problemas marginales y, como lo señalaré más adelante, hemos sufrido situaciones peores.
En definitiva, creo que la autoridad ha carecido de capacidad para superar la emergencia, y no estoy de acuerdo con el Ministro señor Biehl en cuanto a que no contestaría consideraciones políticas. Lo cierto es que los Gobiernos tienen que responder las críticas políticas, si es que, con fundamento, ellas señalan que ha habido mal manejo de la situación.
¿Cuáles son los elementos que me permiten afirmar que no ha existido un manejo adecuado? Primero, discoordinación por parte de las autoridades. Han sido públicos y evidentes los conflictos en este sentido. Segundo, imprevisión frente al fenómeno y la aplicación de un criterio especulativo al respecto. Habría que analizar las declaraciones formuladas por distintas autoridades en noviembre en que nos decían que en pocos días se acababa este problema. Y tercero, claros errores. La crisis eléctrica de 1988 y 1989, tal como lo señaló el señor Ministro , fue el doble de grave de la actual. Las estimaciones de la profundidad de la crisis llegan a 14 ó 15 por ciento. En cambio, la actual se aprecia entre 8 y 10 por ciento. ¿Qué se hizo en aquella ocasión? Entiendo que se decretó racionamiento antes de que el sistema colapsara. Ahí tenemos una diferencia con el señor Ministro , quien manifestó que sólo había existido un acuerdo entre empresas. Me parece que hubo un decreto de racionamiento. Se hizo una intensa campaña de ahorro ante la opinión pública. El Metro disminuyó las frecuencias en los horarios peack. Hubo economía de grandes clientes. Se redujo el voltaje. La televisión suspendió sus programaciones en una determinada hora. Los alcaldes del país tomaron el acuerdo de apagar luminaria por medio, cosa que ahora solo hicieron los alcaldes de las Condes y de Vitacura.
Regía el mismo marco regulatorio de ahora, y quizás era peor porque no estaba en vigencia el reglamento aprobado el año pasado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hubo claramente una acción muy eficaz del Estado, y ante una crisis que duplicaba la actual no se produjeron los problemas que hay ahora. Y el hecho de que el Metro disminuyera sus frecuencias y que los alcaldes actuaran de una forma demostraba que había un impulso del Gobierno.
Yo no quiero que aquí se descalifiquen cosas porque podría haber detrás cuestiones o motivaciones políticas. No nacen en mí, pero creo que el problema de la venta de agua del MOP a ENDESA es un error gravísimo. La realidad es que el embalse El Laja siempre fue considerado como una reserva interanual, y haber dispuesto de una reserva enorme en dos meses provocó sobreconsumo de energía hidroeléctrica y desaprovechamiento de energía térmica. Ello demuestra que hay incapacidad para enfrentar la emergencia, y si nos desviamos del análisis de ese punto, a lo mejor no la solucionamos y podríamos enfrentar una situación más grave en lo futuro.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LANDERRETCHE ( Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía ).-
Seré muy breve, señor Presidente , porque a estas alturas no corresponde hacer una intervención muy extensa. Simplemente, quiero decir, en primer lugar, que, como lo manifestó el Ministro señor Biehl , he tomado nota detallada de las observaciones, ideas y críticas de los señores Senadores.
Debo señalar que aquí hay una combinación de factores que, indiscutiblemente, hace que la situación sea distinta. En mi intervención inicial me referí concretamente a los problemas existentes, pero en el sentido de poner de acuerdo a los actores a fin de trabajar juntos para superarlos. Ése es el tema.
Me preocupan los conflictos entre las empresas, porque impiden contar con interlocutores que deseen resolver las dificultades, como las relativas a incentivos a los consumidores para ahorrar energía eléctrica, o como sentarse ante una mesa con los clientes libres, que sólo lo puede hacer la empresa proveedora, e informar transparentemente sobre lo que cada uno de ellos puede hacer. Hay clientes libres que no pueden bajar 10 por ciento su consumo porque tienen que paralizar totalmente su producción; otros, en cambio, sí pueden hacerlo. Para ello se requiere un alto grado de cooperación, e insistiremos en eso. Y vamos a hacerlo, porque no ha carecido completamente de resultados el esfuerzo hecho en todo este período. Como se ha dicho, se han incorporado al sistema alrededor de 650 megawatts. Esto, en cualquiera condición, es algo espectacular. Y se llevó a cabo en cuatro meses. Aquí se hicieron obras de transmisión que son increíbles, y se utilizaron helicópteros solamente. No se tocaron los alrededores.
Reitero: se han hecho cosas muy importantes, pero la crisis es muy grave. Y debemos actuar para lograr acuerdos con todos los actores.
Yo me felicito por este debate, en el cual, además, he recogido la idea general de que lo que queremos es perfeccionar el marco regulatorio. Ésa es la idea: resolver vacíos que generan conflictos entre las empresas y que hacen imposible el manejo de una emergencia. Y resolverlos perfeccionando, no destruyendo.
Ésa es una idea fundamental.
Además, quiero señalar que hemos trabajado todos los días en esto. Con o sin facultades nos hemos ocupado en esta materia de manera muy fuerte, con una debilidad: la disponibilidad de recursos es complicada y hay necesidades de coordinación múltiples, porque se hallan involucrados temas de riego, de orden público, de transportes, lo cual añade tensión muy fuerte a la Comisión Nacional de Energía, la que no parece haber sido diseñada para manejar emergencias, sino como organismo técnico para realizar estudios y análisis.
Hemos dependido mucho también del trabajo de coordinación con otras autoridades y, también, con las empresas.
Me llevo el mensaje de que tenemos que insistir en el tema, de que -como dijo el Ministro señor Biehl - mucho de lo propuesto aquí lo estamos trabajando para hacerlo viable y concreto, y poder enfrentar la situación. Creo en la necesidad de instalar por lo menos 500 megawatts más; que debemos ponernos en el peor de los casos; que el Estado tiene una responsabilidad; y, en definitiva, que las ideas relativas al marco regulatorio, que constituye una prioridad para el Presidente de la República , no van a solucionar el problema de esta emergencia. Los marcos regulatorios no se discuten con "suma urgencia". Por lo tanto, lo que debemos hacer es recoger bien esta experiencia y presentar las ideas para un debate adecuado, como, por ejemplo, el que se llevó a cabo respecto de las sanitarias, que fue sumamente enriquecedor.
Quiero agradecer al Senado la oportunidad de permitirme plantear parcialmente las ideas; no era la ocasión de realizar una discusión sobre lo que hemos hecho día a día. Pero quiero pedir a Sus Señorías que juzguen con generosidad la gestión que nos toca efectuar, que iniciamos en medio de una crisis y que continuamos en una situación de dificultad muy grande, a veces producida por imprevistos, sin los cuales, a lo mejor, en este momento aún no habría cortes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:12.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción
subrogante
ANEXO SESION
Moción del H. Senador señor Bitar, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez, en las ciudades de Arica e Iquique. Boletín Nº 2323-04.
El Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez, recientemente fallecido, fue no sólo un sacerdote notable, consagrado a la causa del Evangelio, sino un testimonio de vida y de fe contundentes y señeros para la vida de la Iglesia.
Junto a otros importantes pastores, como José Manuel Santos, Manuel Larraín y Enrique Alvear, fue capaz, además, de leer los signos del tiempo y conducir a la Iglesia chilena a una especial y fecunda alianza de la fe con el compromiso histórico del país. Como él mismo lo manifestó en el año 1972, “Está claro que si el cristianismo se enajena de la sociedad y de sus luchas, no es verdadero. La fe lleva siempre a su compromiso social y político”.
Su obra más señera, la más profética, y por la que los chilenos lo recordamos siempre con profunda gratitud, fue la creación de la Vicaría de la Solidaridad cuando en nuestro país se quebrantó el Estado de Derecho y se ignoraron las garantías constitucionales. En ella se congregaron los valores permanentes del Evangelio, como el medieval derecho al asilo, con una aguda visión de un sociedad en crisis que necesitaba recomponer sus esquemas básicos de convivencia.
En momentos en que nuestra sociedad vive un período de confusión y de cambio cultural, el testimonio de vida y fe que nos ha regalado el Cardenal Silva debe servirnos a todos, cristianos y no cristianos, para iluminar nuestro caminar y reencontrarnos con la más profunda tradición de la Iglesia: madre y maestra de humanidad.
Creo que esa vida, esa vocación y ese camino luminoso, debe ser reconocido por todos los chilenos, y para rendir un homenaje imperecedero a este chileno notable por tantos conceptos, vengo en proponer un proyecto de ley que autorice la construcción de un monumento en su memoria en las ciudades de Arica e Iquique, que represento en el Senado.
Por lo expuesto, vengo en proponer al Congreso Nacional el siguiente
“proyecto de ley:
Artículo 1º.- Autorizase erigir un monumento en las ciudades de Arica e Iquique, por suscripción popular, en homenaje del Cardenal Arzobispo Emérito de Santiago Monseñor Raúl Silva Henríquez.
Artículo 2º.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas mediante la realización de colectas públicas, las que se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea por el artículo 4º, como también por medio de donaciones y otros aportes privados.
Artículo 3º.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial de once miembros Ad Honorem, encargada de ejecutar los objetivos de la presente ley, la que estará constituida por:
a) El Rector de la Universidad Arturo Prat, de Iquique.
b) El Rector de la Universidad de Tarapacá, de Arica.
c) Dos Diputados de I Región.
d) Dos Senadores de la I Región.
e) El Alcalde de Iquique.
f) El Alcalde de Arica.
g) Un representante de Diócesis de Iquique, designado por ésta.
h) Un representante de Diócesis de Arica, designado por ésta.
i) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales, designado por éste.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- Corresponderá a la comisión especial:
a) Determinar la fecha y forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
b) Administrar el fondo señalado en el artículo 3º.
c) Establecer la ubicación de los monumentos.
d) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo.
e) Abrir una cuenta corriente especial y administrarla en la forma que acuerde, para gestionar el fondo referido en la letra b) presente.
Artículo 6º.- Si al concluir la construcción de los monumentos que se autorizan por esta ley, quedaren excedentes de los fondos recibidos, éstos serán destinados al fin que la comisión determine”.
(Fdo.): SERGIO BITAR, Senador.