Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Joaquin Godoy Ibanez
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Joaquin Godoy Ibanez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Ernesto Silva Mendez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ernesto Silva Mendez
- Juan Antonio Coloma Alamos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Lautaro Carmona Soto
- Karol Aida Cariola Oliva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Luis Lemus Aracena
- Marcos Espinosa Monardes
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alberto Robles Pantoja
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- INTERVENCIÓN : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EXINTENDENTE DE LA ARAUCANÍA SEÑOR JOAQUÍN CHUECAS
- HOMENAJE : Osvaldo Raul Andrade Lara
- FUSIÓN DE PROYECTOS
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS SUECOS
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10315-18) [CONTINUACIÓN]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Daniella Valentina Cicardini Milla
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marcela Sabat Fernandez
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10315-18) [CONTINUACIÓN]
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA COMUNITARIOS EN PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Cristian Campos Jara
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- ANTECEDENTE
- EXENCIÓN A ADULTOS MAYORES DE COBROS DERIVADOS DE CORTE Y REPOSICIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- German Becker Alvear
- Alejandro Santana Tirachini
- Marcela Sabat Fernandez
- German Verdugo Soto
- Bernardo Jose Berger Fett
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Pablo Lorenzini Basso
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD PARA FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIOS AFECTADOS POR INCENDIOS OCURRIDOS DURANTE EL VERANO EN CURSO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Jorge Ulloa Aguillon
- Fuad Chahin Valenzuela
- Mario Venegas Cardenas
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- ANTECEDENTE
- IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA COMUNITARIOS EN PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES
- VII. INCIDENTES
- DENUNCIA SOBRE COBRO DE IMPUESTOS A TRANSPORTE DE PLÁSTICOS PARA SU RECICLAJE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- PAVIMENTACIÓN DE CALLE IRIS CARRASCO, COMUNA DE ARICA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- PREOCUPACIÓN POR ABANDONO DE TERRENO EN QUE SE CONSTRUIRÁ PARQUE DE LAS AMÉRICAS EN ARICA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PICHIDEGUA, SEXTA REGIÓN (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- AGILIZACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN REGIÓN DEL MAULE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA “PERSONITAS”, DE SANTA OLGA, COMUNA DE CONSTITUCIÓN (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y PRODUCTORES APÍCOLAS DE LA REGIÓN DEL MAULE AFECTADOS POR INCENDIOS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- INFORMACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN COMUNA DE TILTIL (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- OBSERVANCIA DE NORMATIVA SOBRE INOCUIDAD DEL AGUA POTABLE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE INVERSIONES DE ESVAL (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- APLICACIÓN DE DECRETO DE EMERGENCIA PARA AGILIZACIÓN DE LIMPIEZA DE RÍO ANDALIÉN (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INFORMACIÓN SOBRE METAS, RECURSOS Y PERSONAL ASIGNADO A CENTROS DE NEGOCIOS DE SERCOTEC (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN HUASCO Y DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- INFORMACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR DESPIDO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PAGO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS A TRABAJADORES DE EMPRESA ROCOTO, COMUNA DE CURANILAHUE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- DOTACIÓN DE VEHÍCULO FORENSE A HOSPITAL DE CAÑETE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- DENUNCIA SOBRE COBRO DE IMPUESTOS A TRANSPORTE DE PLÁSTICOS PARA SU RECICLAJE (OFICIOS)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gustavo Hasbun Selume
- Joaquin Godoy Ibanez
- Pablo Lorenzini Basso
- Celso Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Jose Perez Arriagada
- Joaquin Tuma Zedan
- Jorge Ulloa Aguillon
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 133ª, en martes 7 de marzo de 2017
(Ordinaria, de 10.30 a 14.18 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo; Espinosa Monardes, don Marcos, y Silber Romo, don Gabriel.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 11
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 18
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EXINTENDENTE DE LA
ARAUCANÍA SEÑOR JOAQUÍN CHUECAS .......................................................................... 21
FUSIÓN DE PROYECTOS ....................................................................................................... 21
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ................................................... 21
SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS SUECOS ............................................. 23
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 23
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10315-18) [CONTINUACIÓN] ............... 23
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ................................................................. 66
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA COMUNITARIOS EN
PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES ............................................................................. 66
EXENCIÓN A ADULTOS MAYORES DE COBROS DERIVADOS DE CORTE Y REPOSICIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ................................................................ 69
CREACIÓN DE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD PARA FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIOS AFECTADOS POR INCENDIOS OCURRIDOS
DURANTE EL VERANO EN CURSO ...................................................................................... 72
VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 75
DENUNCIA SOBRE COBRO DE IMPUESTOS A TRANSPORTE DE PLÁSTICOS PARA
SU RECICLAJE (OFICIOS) ........................................................................................................ 75
PAVIMENTACIÓN DE CALLE IRIS CARRASCO, COMUNA DE ARICA (OFICIO) ............... 76
PREOCUPACIÓN POR ABANDONO DE TERRENO EN QUE SE CONSTRUIRÁ PARQUE
DE LAS AMÉRICAS EN ARICA (OFICIO) ................................................................................ 76
RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PICHIDEGUA, SEXTA REGIÓN (OFICIO) .................................................... 77
AGILIZACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA DAMNIFICADOS POR
INCENDIOS EN REGIÓN DEL MAULE (OFICIO) .................................................................... 77
RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA “PERSONITAS”, DE
SANTA OLGA, COMUNA DE CONSTITUCIÓN (OFICIO)....................................................... 78
Pág.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y PRODUCTORES APÍCOLAS DE LA REGIÓN DEL MAULE
AFECTADOS POR INCENDIOS (OFICIO) ................................................................................ 78
INFORMACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN
COMUNA DE TILTIL (OFICIOS)............................................................................................... 79
OBSERVANCIA DE NORMATIVA SOBRE INOCUIDAD DEL AGUA POTABLE (OFICIO) .. 80
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE INVERSIONES DE ESVAL (OFICIO) ............................... 81
APLICACIÓN DE DECRETO DE EMERGENCIA PARA AGILIZACIÓN DE LIMPIEZA
DE RÍO ANDALIÉN (OFICIOS) ................................................................................................. 82
INFORMACIÓN SOBRE METAS, RECURSOS Y PERSONAL ASIGNADO A CENTROS
DE NEGOCIOS DE SERCOTEC (OFICIO)................................................................................. 82
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN
HUASCO Y DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO) .......................................................................... 83
INFORMACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS) ...................................... 83
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR DESPIDO DE MANIPULADORAS DE
ALIMENTOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS) ................................................................. 84
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PAGO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS A TRABAJADORES DE EMPRESA ROCOTO, COMUNA DE CURANILAHUE (OFICIO).......... 85
DOTACIÓN DE VEHÍCULO FORENSE A HOSPITAL DE CAÑETE (OFICIO) ........................ 86
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................ 87
1.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES QUE RIGEN AL SECTOR EDUCATIVO, EN MATERIA DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y SITUACIÓN DE BECARIOS DE POSGRADO”. (BOLETÍN N°
11128-04) ................................................................................................................................. 87
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10315-18) ............................ 87
3.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10526-06) ............................ 87
4.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 11128-04) ............................ 87
5.- SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES RECAÍDO EN LOS PROYECTOS, INICIADOS EN MOCIONES DE REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE “MODIFICAN LA CARTA FUNDAMENTAL EN LO QUE RESPECTA A LA FECHA EN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DA CUENTA SOBRE EL ESTADO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO DE LA NACIÓN ANTE
EL CONGRESO PLENO.”. (BOLETINES NOS 9741-07, 10728-07 Y 10951-07, REFUNDIDOS) ............. 87
6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS,
Y WALKER, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN EL SENTIDO DE SUPRIMIR EL IMPEDIMENTO
DE SEGUNDAS NUPCIAS”. (BOLETÍN N° 11126-07) ....................................................................... 87
Pág.
7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, GODOY, LORENZINI, MORALES, NORAMBUENA; PÉREZ, DON JOSÉ; TUMA, ULLOA Y URRUTIA, DON IGNACIO, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N° 2.573, DE 1979, LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE DICHO SERVICIO Y DE
DURACIÓN EN SUS CARGOS”. (BOLETÍN N° 11127-07).................................................................. 87
8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3305-16-INA. ................................................. 87
9.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3328-17-INA. ................................................. 88
10.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3323-17-INA. ............................................... 88
11.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3346-17-INA. ............................................... 88
12.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3322-17-INA. ............................................... 88
13.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3326-17-INA. ............................................... 88
14.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3327-17-INA. ............................................... 88
15.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3310-17-INA. ............................................... 88
16.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3337-17-INA. ............................................... 88
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Petición:
De 47 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “recabar antecedentes sobre las eventuales irregularidades en que habrían incurrido los organismos públicos en razón del financiamiento, proveniente del extranjero, de la campaña presidencial de don Marco EnríquezOminami, y la de S.E. la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria , así como la actuación de aquellos organismos que, en atención a sus competencias, deben cautelar la legalidad de las fuentes de dicho financiamiento, en el contexto de las investigaciones a las empresas OAS, Odebrecht y Petrobras , y los contratos que han celebrado con instituciones públicas chilenas, en el marco de la operación conocida como Lava Jato”. Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a ciento ochenta días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
2.- Nota:
Del diputado señor Godoy
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 4 de marzo de 2017, para dirigirse a México.
3.- Licencia médica:
Otorgada a la diputada señora Rubilar
por la cual acredita que debió permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 28 de febrero de 2017.
4.- Comunicaciones:
Del diputado señor Godoy
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones comprendidas entre el 7 de marzo de 2017 y el 8 de marzo de 2017 por impedimento grave.
Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Coloma reemplazará al diputado señor Silva
en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Comunicación del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Silva reemplazará al diputado señor Coloma
en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
De la jefa de bancada de diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana por la cual informa que el diputado señor Carmona reemplazará a la diputada señora Cariola
en la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar información de la actuación de los servicios públicos implicados en la modificación del padrón electoral, impidiendo que un número indeterminado de ciudadanos pudiera ejercer su derecho a sufragio en las elecciones municipales 2016.
5.- Oficios:
De la Comisión de la Familia y Adulto Mayor por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para refundir las mociones contenidas en los boletines N°s 8327-32, 10285-18 y 10853-18, relativas al establecimiento de normas que consagran derechos de los adultos mayores.
EN TABLA.
Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual procede a declarar inadmisible la moción de de los diputados señores Lemus y Espinosa, don Marcos , y de la diputada señora Cicardini ,
que “Modifica la ley eléctrica para eximir de cobros en horario punta en caso de estado de catástrofe”, por cuanto se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 en relación con el N°10 del artículo 63 de la Carta Fundamental, pues modifica normas sobre concesiones de bienes del Estado, disponiendo un régimen excepcional respecto de las condiciones de general aplicación en un mercado regulado, sometido a un régimen de concesión por parte del Estado.(2).
Del jefe de la bancada del Partido por la Democracia, por el cual comunica que ha cedido uno de sus cupos en la Comisión de Ciencias y Tecnología al diputado señor Robles
, de la Bancada del Partido Radical Social Demócrata.
Respuestas a oficios
Ministerio de interior
Diputado Rathgeb , Solicita informar los recursos que se han dispuesto para este período estival, a nivel nacional, para ser entregados a los cuerpos de Bomberos de Chile, en atención a los costos que se producen para esta institución derivados del combate contra los incendios forestales. (374 al 26057).
Diputado Pilowsky , Solicita que se sirva informar respecto del gasto público efectuado por los Gobiernos Regionales y Municipalidades, en los términos que señala. (414 al 26287).
Ministerio de Relaciones Exteriores
Proyecto de Resolución 801, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, requerir al Secretario General de la OEA para que se apliquen artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana en relación con la detención del diputado venezolano, señor Gilber Caro . (1061). 2513.
Proyecto de Resolución 778, Declarar repudio y condena ante golpe de Estado ocurrido en Turquía y expresa solidaridad con las víctimas y familiares del pueblo de Turquía, afectados por actos terroristas el 10 de diciembre de 2016. (563). 2512.
Diputado Kast , Informar a esta Cámara sobre el monto total del dinero utilizado en viajes, por ese servicio, durante el año 2015, remitiendo su desglose según el tipo de gastos y especificando la cantidad destinada a cada uno. (178 al 20257).
Diputado Kast , Requiere las razones por las que se excluyó la pregunta relativa a la religión o credo de los ciudadanos, en el censo abreviado que se ejecutará el año 2017 (868 al 24814).
Proyecto de Resolución 717, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir al Subsecretario de Prevención del Delito y a la Directora del Instituto Nacional de Estadísticas para que se incorporen en el CENSO de población, consultas que den cuenta de los delitos no denunciados. (867). 2506.
Ministerio de Educación
Diputado Kast , Solicita remitir información referida a la cantidad de textos escolares que se reciclan y/o destruyen en el año o semestre, desde el año 2014 a la fecha. (115 al 22828).
Diputado Kast , Reitera el oficio Nº 22.828, de fecha 31 de agosto del año 2016. (115 al 24665).
Diputado Kast , Requiere información sobre la cantidad de textos escolares que se reciclan y/o destruyen en el año o semestre, desde el año 2014 a la fecha (115 al 25779).
Diputado Fuenzalida , Aporte en dinero que efectúa la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos a la Fundación Londres 38, en los términos que requiere en la solicitud que se acompaña. (76 al 25366).
Ministerio de Justicia
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita información relacionada con el material bélico adquirido por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, así como el tiempo de renovación del equipamiento mayor (1059 al 26305).
Diputado Monsalve , Solicita información sobre las posibles medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor Bastián Méndez Vigueras , quien requiere ingresar nuevamente a la Institución de Gendarmería de Chile (929 al 26247).
Diputado Rathgeb , Reitera oficio N° 25.262, de fecha 13 de diciembre de 2016, cuyo texto se adjunta. (977 al 26115).
Diputado Rathgeb , Efectividad de que, en su Ministerio, se aplicarán descuentos de remuneraciones o compensaciones por las horas no trabajadas durante la movilización de los trabajadores efectuada con ocasión de la discusión del reajuste de remuneraciones del sector público. (997 al 25262).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Rincón, Solicita que se sirva remitir un listado con todos los funcionarios contratados por la industria de la defensa y que en el pasado fueran funcionarios activos de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, en los términos que señala. (6855 al 25746).
Ministerio de Obras Públicas
Diputado Van Rysselberghe , Solicita informe sobre el estado del proceso de contratación de la consultoría del proyecto del Parque Científico y Tecnológico del Biobío, agilizando los procedimientos respectivos. (271 al 25775).
Diputado Espejo, Solicita que se sirva informar acerca de las medidas adoptadas para la protección de personas y bienes durante la construcción de obras de los canales del embalse “Convento Viejo”, en los términos que señala. (348 al 25944).
Diputado Álvarez-Salamanca , Solicita informar las obras ejecutadas en la Región del Maule, como consecuencia de la dictación del decreto supremo N° 241 de ese Ministerio, de fecha 28 de octubre del año 2016, instrumento mediante el cual se declaró zona de escasez hídrica a las Provincias de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes . (350 al 25837).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita informe respecto al estudio de pre factibilidad realizada por la Dirección de Arquitectura de ese Ministerio en la Región de Los Lagos, con el objeto de ejecutar un Proyecto de Sitio de la Memoria y de los Derechos Humanos, en los términos que señala. (399 al 25626).
Diputado Gahona , Solicita información relacionada con los trabajos de ensanchamiento del acceso Altovasol , ubicado en la Ruta D-41, en la Región de Coquimbo (406 al 26302).
Diputado Espejo, Solicita que se sirva informar sobre las razones que fundan la modificación del trazado del canal de regadío Convento Viejo, en los términos que señala. (407 al 25943).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Diputado Fuentes, Informa la situación que afecta a 560 trabajadores despedidos por la empresa a cargo de la construcción de un centro comercial entre la Avenida Argentina y la calle Rawson de la ciudad de Valparaíso, presuntamente por insolvencia, a fin que interponga sus buenos oficios para una pronta solución. (109 al 2667).
Ministerio De Salud
Diputado Kort , Requiere que remita a esta Cámara el permiso sanitario otorgado al local de alimentos, ubicado en la Ruta 5 Sur, entre los kilómetros 87 y 88, de la comuna de Rancagua. (57 al 25673). (57 al 25673).
Proyecto de Acuerdo 2, “Exigir la persecución de responsabilidades administrativas en el compromiso de construcción de los Hospitales de Ancud y Quellón .” (462). 2507.
Proyecto de Resolución 640, Solicita a S.E. la Presidenta de la República el aumento del subsidio permanente en favor de las casas de acogida que reciben a los Adultos Mayores. (423). 2511.
Proyecto de Resolución 625, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío a tramitación legislativa de una ley marco que constituya un Estatuto de Protección Integral en favor de los Adultos Mayores. (424). 2509.
Proyecto de Resolución 711, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir a las autoridades que indica se implementen mecanismos de entrega de recursos permanentes a instituciones de beneficencia, particularmente a la Fundación Las Rosas. (425). 2510.
Proyecto de Resolución 770, Solicita a S.E la Presidenta de la República disponer la presentación de un proyecto de ley para crear el Ministerio del Adulto Mayor. (487). 2508.
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Ward , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre cualquier contacto con su institución, reunión solicitada, oferta de negocios o participación en licitación, de parte de la señora Natalia Compagnon Soto , directamente o a través de sus empresas. (170198 al 19081).
Empresas del EstadoDiputado Flores, Solicita analizar la adopción de medidas urgentes para resolver el problema de los productores de leche de nuestro país, indicando las líneas de acción que en esta materia se seguirán. (116 al 25970).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva informar acerca de todos los proyectos que han sido financiados para la actividad pesquera en la Región de Los Lagos durante los últimos 3 años, en los términos que señala. (122 al 26204).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva informar acerca de todos los proyectos que han sido aprobados y financiados al Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero y a la consultora Mares Sustentables durante los últimos 3 años, en los términos que señala. (123 al 26203).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva informar acerca del financiamiento obtenido por la Fundación Chinquihue para el desarrollo del proyecto llamado “Centro de Extensionismo Tecnológico para una Miticultura Sustentable”, en los términos que señala. (125 al 26205).
Intendencias
Diputado Verdugo, Informe a esta Cámara sobre la implementación del Programa Abriendo Caminos, en los términos que indica. (123 al 26130).
Diputado Alvarado , Solicita informar a esta Cámara sobre la autorización otorgada a una empresa minera para la ejecución de los proyectos de extracción de hierro denominados “La Cabra” y “Chaco” en el sector agrícola de la localidad de Potrerillos Alto de la comuna de Ovalle (265 al 24981).
Diputado Chahin , Informe a esta Cámara sobre las evaluaciones efectuadas a las entidades patrocinadoras durante 2016 en la Región de La Araucanía. (621 al 26025).
Servicios
Diputado Castro , Requiere informe de los antecedentes tenidos a la vista para la desvinculación laboral de diversos trabajadores de la División El Teniente, durante el mes de noviembre del año en curso (19 al 25356).
Diputada Carvajal doña Loreto , Factibilidad de asignar recursos aéreos para el combate de os incendios que afectan a la comuna de san Fabián. (301 al 26229). Varios
Diputado Gahona , Solicita informe sobre la ejecución del proyecto de pavimentación del camino que une las comunas de Punitaqui y Combarbalá, indicando el estado de pavimentación del sector El Soruco Manquehua , la situación de los demás tramos y las mantenciones que se efectúan en las fracciones que se mantienen sin pavimentación (351 al 25772).
Diputado Espinoza don Fidel , Informe a esta Cámara sobre el proceso seguido contra el Sargento Primero de la Fuerza Aérea de Chile, señor Román Mauricio Castillo Naranjo , actual funcionario de la subdirección de Gestión y Servicio al cliente del Hospital Clínico General Doctor Raúl Yazigi J., señalando el estado de la causa, las acciones desarrolladas y el plazo estimado para el pronunciamiento definitivo. (37 al 26091).
Diputado Castro , Solicita información sobre la posibilidad de reevaluar el rechazo de las licencias médicas presentadas por las señora Sofía Pino Leyton . (3815 al 26196).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, el ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con licencia médica: Las diputadas señoras Loreto Carvajal Ambiado y Denise Pascal Allende.
-Con impedimento grave: Al diputado señor Joaquín Godoy Ibáñez.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.30 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 123ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 124ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor FARCAS .- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión reglamentaria.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor FARCAS .- Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para citar a sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a fin de recibir al general director de Carabineros el próximo jueves a las 10.00 horas.
Como es sabido por todos, ha ocurrido una serie de hechos que ameritan tener la versión oficial de esa institución, que goza de un prestigio muy importante, pero que lamentablemente se ha visto entrampada en situaciones de carácter delictual.
Por lo tanto, me parece muy necesario que la comisión sesione el próximo jueves, a partir de las 10.00 horas, en forma simultánea con la Sala.
El señor ANDRADE (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que la Comisión de Seguridad
Ciudadana sesione el próximo jueves, de 10.00 a 12.30 horas?
No hay acuerdo.
La comisión puede funcionar, pero no en el horario de trabajo de Sala.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás) .- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás) .- Señor Presidente, al revisar la Cuenta me percaté de que no figura una petición de prórroga de mandato por treinta días que ayer acordó la comisión investigadora del Sename.
El señor ANDRADE (Presidente).- Señor diputado, la petición no figura en la Cuenta porque no ha sido recepcionada por Secretaría.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás) .- Señor Presidente, la prórroga de mandato se acordó al interior de la comisión. Varios diputados manifestamos al presidente de esa instancia que la medida ni siquiera era discutible. De hecho, chequeamos con el Prosecretario la facultad de la Sala para extender el mandato de una comisión investigadora por una segunda vez, lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Un ejemplo reciente es el mandato, prorrogado dos veces, respecto de la comisión que investigó la fusión de las AFP Cuprum y Argentum .
Ayer, la comisión no alcanzó a recibir a todos los invitados, y no existe la posibilidad de marginarlos de las audiencias.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio pido que la solicitud a que he hecho referencia sea incorporada en la Cuenta de la sesión de mañana.
A la vez, pido que la Mesa se pronuncie sobre la posibilidad de que la Sala acuerde extender por segunda vez, por treinta días, el mandato de la comisión investigadora. Entiendo que existen precedentes, pero curiosamente en este caso algunos parlamentarios están poniendo problemas; no usted, señor Presidente, por supuesto.
El señor ANDRADE (Presidente).- Para referirse al mismo asunto, tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN .- Señor Presidente, en relación con la solicitud del diputado Nicolás Monckeberg , sería bueno, para efectos de lo que resuelva la Mesa, tener en consideración lo que ocurrió en su momento con la solicitud de prórroga de la Comisión Caval.
Usted recordará que cuando pedimos la prórroga la primera vez, la Sala se pronunció unánimemente. Sin embargo, la segunda vez recuerdo que incluso usted, que no era Presidente en ese momento, no dio la unanimidad. Por ello, hubo que acudir a la Comisión de Régimen Interno y Administración, tras lo cual se tomó la decisión correcta.
Pido que se tome en cuenta ese antecedente para efectos del pronunciamiento que se haga sobre la solicitud de prórroga de la comisión investigadora.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira .
La señora NOGUEIRA (doña Claudia) .- Señor Presidente, estuve presente en la reunión de Comités y estoy en conocimiento de los acuerdos que se adoptaron. Sin perjuicio de ello, para evitar que se deba solicitar la creación de una segunda comisión investigadora, dada la tragedia y la conmoción que ha causado lo que está ocurriendo en el Sename, y en atención a la gran oportunidad que tenemos para elaborar buenas medidas, pido que se acceda a la petición de prorrogar por treinta días más el mandato de la comisión. La idea –reitero es evitar que deba solicitarse la creación de una segunda comisión investigadora, porque creo que no corresponde.
Lo que favorecería y permitiría el mejor desarrollo de la comisión en la que hemos trabajado en conjunto la mayoría de los diputados, es que se autorice la prórroga. Por cierto, los diputados de todas las bancadas, excepto el Presidente de la Comisión, votamos a favor de solicitar dicha prórroga.
Señor Presidente, solicito que se considere la petición de votar la prórroga del mandato de la comisión investigadora por treinta días más.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Agradezco a los tres parlamentarios los aportes realizados, incluso desde el punto de vista de los precedentes, pero les pediría que el alegato fuera hecho en el momento pertinente, porque hasta ahora la Mesa no ha recibido ninguna solicitud de esta naturaleza y, en consecuencia, no está en condiciones de pronunciarse al respecto. La Mesa solo puede pronunciarse y someter a la consideración de la Sala el asunto una vez que exista una solicitud planteada sobre el particular, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Entiendo que la solicitud va a llegar en estos días. Cuando llegue a la Sala la daremos a conocer y la someteremos a la consideración de las señoras diputadas y señores diputados para que se pronuncien sobre ella.
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol) .- Señor Presidente, si la solicitud se hiciera llegar durante la mañana, ¿sería posible que la votáramos al término del Orden del Día, en el tiempo de votaciones?
El señor ANDRADE (Presidente).- Señora diputada, esa solicitud requiere acuerdo unánime y no votación.
Tiene la palabra el diputado David Sandoval .
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente, en el número 4 de la Cuenta, la Comisión de Familia y Adulto Mayor solicita el acuerdo de la Sala para refundir las mociones contenidas en los boletines Nos 8327-32, 10285-18 y 10853-18, referidas al establecimiento de normas que consagran derechos de los adultos mayores.
Dichas mociones tienen el mismo sentido. Por ello, pido que recabe el acuerdo de la Sala para que sean fusionadas.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Está considerado recabar el acuerdo de la Sala respecto esa solicitud, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio) .- Señor Presidente, en el punto 5 de la Cuenta se indica que se ha declarado inadmisible una iniciativa, de la cual no soy autor, pero que me parece muy interesante. De hecho, se trata de un proyecto firmado por el Vicepresidente señor Marcos Espinosa .
Pido que a través del señor Secretario se nos indiquen los fundamentos para haber declarado su inadmisibilidad.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Señor Presidente, como señala el informe de inadmisibilidad, hay temas que están reservados a la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.
En el caso de las concesiones de ciertos bienes, como el espectro radioeléctrico y otros, la única persona que puede modificar las leyes relativas a esa materia es la Presidenta de la República.
En este caso, el proyecto dice relación con servicios concesionados de distribución de servicios eléctricos, y tiene por objeto eximir del cobro de tarifas de hora punta a clientes domiciliados en zonas afectadas por catástrofes. Con mayor razón es la Presidenta de la República la que debe elaborar un mensaje sobre esa materia.
Desafortunadamente, conforme al régimen constitucional actual, los parlamentarios están impedidos de hacerlo sobre bienes del Estado.
El señor URRUTIA (don Ignacio) .- No me convence, señor Presidente; no me convence.
El señor ANDRADE (Presidente).- Señor diputado, me comprometo a hacer un esfuerzo para convencerlo y lo invito a que cambiemos la Constitución al respecto.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Osvaldo Andrade , adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se tomó conocimiento de las tablas de la semana.
2. Facultar a los respectivos jefes de bancada para fijar el orden de prelación de las intervenciones durante la discusión del proyecto de ley que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez (boletín N° 10315-18). Este proyecto se votará solo en general al término del Orden del Día. Luego será remitido para un segundo informe a la comisión técnica respectiva, a fin de que se pronuncie sobre las indicaciones formuladas durante su tramitación.
3. Trasladar la sesión especial convocada para hoy, cuyo objeto es analizar el fenómeno migratorio en Chile, sus consecuencias y las políticas públicas de inclusión implementadas hacia ese sector social, para el miércoles 22 de marzo.
4. Otorgar cinco minutos a cada diputado para la discusión del proyecto que modifica la Constitución Política en lo que respecta a la fecha en que el Presidente de la República rinde cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno (boletines Nos 9741-07, 10728-07 y 10951-07, refundidos), y votar dicha iniciativa en la sesión de mañana miércoles 8 de marzo.
5. Otorgar cuatro minutos a cada bancada para que, después de la Cuenta de la sesión de mañana miércoles 8 de marzo, efectúe una intervención con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, se acordó suspender el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo y de resolución.
6. Rendir homenaje al exdiputado señor Carlos Garcés Fernández (Q.E.P.D.), recientemente fallecido, el martes 14 de marzo, autorizando la intervención de un diputado por bancada.
7. Rendir un minuto de silencio en la sesión de hoy con motivo del reciente fallecimiento de don Joaquín Fernando Chuecas Muñoz (Q.E.P.D.), exintendente de La Araucanía entre los años 1990 y 1994.
8. Elegir a la nueva Mesa de la Cámara de Diputados el miércoles 22 de marzo, autorizando a la Mesa en ejercicio a presentar su renuncia el martes 21 del mismo mes.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-
Señor Presidente, todos sabemos que contar con una nueva ley de migración tiene una aceptación transversal. Obviamente, distinto es discutir el contenido de dicha ley; es decir, qué ley queremos y qué país queremos en definitiva en relación con esta materia.
Durante estos casi tres años que lleva el gobierno de la Presidenta Bachelet hemos entregado propuestas a los tres ministros del Interior que ha tenido esta administración. En forma transversal existe en la Cámara de Diputados una bancada orientada a lograr este objetivo: simplemente, y dado que se trata de una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, que el Ejecutivo ingrese a tramitación un proyecto de ley sobre el tema migratorio.
Por eso, toma tal relevancia la sesión especial convocada inicialmente para hoy, pero que se trasladó para otra fecha. Pero luego el primer comité político dijo en La Moneda que el envío a tramitación de dicha iniciativa no estaba entre las prioridades legislativas al menos para marzo.
La señalada sesión también tenía como objetivo pedir a los ministros el envío del proyecto de ley en cuestión para empezar su discusión.
Por esa razón, señor Presidente, pedí hacer uso de la palabra: para poder preguntarle un par de cosas muy concretas.
Primero, y dado que el traslado para otra fecha de la sesión especial en comento fue un acuerdo adoptado por los Comités -eso lo escuché del propio Secretario-, ¿cuáles son los motivos esgrimidos por los ministros invitados para no asistir a la sesión especial citada para hoy? Porque, insisto, creo que ello tiene una importancia vital para sacar adelante un proyecto en materia migratoria, pues este debe ingresarse a tramitación, discutirse y aprobarse para que en Chile tengamos una ley acorde, moderna sobre el particular.
Segundo, si para el 22 de marzo -si no me equivoco, esa fue la fecha acordada para el traslado de la sesión-, los ministros concurrirán a la sesión especial. Lo consulto, porque si, de conformidad con lo acordado por los Comités, estamos aceptando correr otra vez la fecha para la realización de tal sesión, que es clave, me gustaría que quedara claramente establecido que ella se realizará el 22 del presente mes porque vamos a tener a los ministros presentes.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En este momento el Secretario está buscando los oficios de excusa para los efectos de entregar la explicación correspondiente.
En el entretanto, señorita diputada, le señalo que, a propósito del tema migraciones, ya se presentó un proyecto en materia laboral al respecto, del cual soy autor. Sería bueno que lo conociera, para introducirle mejoras, lo cual siempre es conveniente.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).-
El ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza , la autoridad más relevante en la materia, se excusó ayer de asistir a la referida sesión debido a su participación en la inauguración del año académico de Carabineros de Chile, comprometida con anterioridad a la recepción de la citada invitación.
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-
Señor Presidente, prefiero preguntar bien.
Entonces, en la sesión del 22 de marzo, ¿los ministros invitados estarán presentes? ¿Por eso fijamos esa fecha: porque ese día ellos pueden venir?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señorita diputada, no estoy en condiciones de garantizar aquello. Creo que el nuevo Presidente de la Corporación podrá pronunciarse al respecto, porque ese día será elegida dicha autoridad. Sin perjuicio de eso, la idea es que aseguremos la concurrencia de los respectivos ministros a esa sesión.
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-
Señor Presidente, ¿pero esa fecha fue propuesta por la Mesa o a propósito de las excusas enviadas a la Corporación?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Los Comités acordaron esa fecha, su señoría.
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-
Los Comités acordaron esa fecha: el 22 de marzo.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Sí, y con bastante anticipación para poder cursar con tiempo la invitación.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EXINTENDENTE DE LA ARAUCANÍA SEÑOR JOAQUÍN CHUECAS
El señor ANDRADE (Presidente).-
A petición de la bancada de la Democracia Cristiana, la Sala guardará un minuto de silencio en memoria del exintendente democratacristiano de la Región de La Araucanía señor Joaquín Fernando Chuecas Muñoz , recientemente fallecido.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor ANDRADE (Presidente).-
A quienes nos visitan en las tribunas les quiero reiterar mi petición de acompañarnos con respeto cuando guardamos un minuto de silencio.
Ello lo hice presente en una sesión anterior respecto de algunos miembros de la prensa.
Al guardar un minuto de silencio en memoria de alguien, lo que hacemos es recordarlo por su servicio al país.
Sería bueno que quienes nos visitan en las tribunas se hicieran parte de esos homenajes; si no, que esperen fuera del hemiciclo.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Familia y Adulto Mayor en orden a refundir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las mociones contenidas en los boletines Nos 8327-32, 10285-18 y 10853-18, relativas al establecimiento de normas que consagran derechos de los adultos mayores.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 47 señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República y 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “recabar antecedentes sobre las eventuales irregularidades en que habrían incurrido los organismos públicos en razón del financiamiento, proveniente del extranjero, de la campaña presidencial de don Marco Enríquez-Ominami, y la de su excelencia la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria , así como la actuación de aquellos organismos que, en atención a sus competencias, deben cautelar la legalidad de las fuentes de dicho financiamiento, en el contexto de las investigaciones a las empresas OAS, Odebrecht y Petrobras , y los contratos que han celebrado con instituciones públicas chilenas, en el marco de la operación conocida como “Lava Jato”.”.
Para el cumplimiento de su propósito, la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a ciento ochenta días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
En consecuencia, corresponde votar la petición.
Recuerdo que para su aprobación se requiere el voto favorable de 47 señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 15 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Carmona Soto, Lautaro ; Pacheco Rivas, Clemira ; Poblete Zapata, Roberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Urízar Muñoz, Christian .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Provoste Campillay, Yasna ; Silber Romo, Gabriel ; Tarud Daccarett, Jorge ; Vallejo Dowling , Camila .
SALUDO A DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS SUECOS
El señor SILBER (Vicepresidente).-
La Mesa saluda a la delegación de parlamentarios suecos integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Chile, quienes se encuentran en la tribuna de honor.
Damos una especial bienvenida a los parlamentarios Marco Venegas , presidente de dicho grupo; Elisabet Knutsson , Rickard Persson , Lena Emilsson , Tomas Eneroth , Rikard Larsson y Jasenko Omanovic .
¡Sean muy bienvenidos a la Cámara de Diputados!
-Aplausos.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10315-18) [CONTINUACIÓN]
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez.
Informo a sus señorías que, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto hoy se votará en general, y volverá a la Comisión de Familia para su segundo informe reglamentario.
Antecedentes:
-La; discusión; del; proyecto; se; inicio; en; la; sesión; 131ª de; la legislatura; 323ª, en; 1; de; marzo; de; 2017.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, hoy es tiempo de corregir errores, es tiempo de enmendar la nefasta e indigna situación que afecta desde hace décadas a los niños y niñas vulnerables de nuestro país, es tiempo de reivindicar el sistema de justicia que rige a los niños y jóvenes con el objeto de que represente realmente para ellos eso que llamamos “justicia”.
Convertir a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas estatales ha sido una de mis principales preocupaciones.
Presidía la Comisión de Familia y Adulto Mayor cuando se ingresó a tramitación este proyecto, que constituirá la ley marco que deberá regir toda la normativa relacionada con la infancia. Hoy sigo formando parte de ese organismo, y soy testigo del trabajo mancomunado de mis colegas parlamentarios, de nuestros asesores, del Ejecutivo y de las organizaciones que estuvieron presentes durante la discusión de la iniciativa.
Por ello, rechazo la actitud de algunos parlamentarios que intentan retrasar la aprobación de esta iniciativa, desconociendo el trabajo que por más de un año realizó la Comisión de Familia y Adulto Mayor, las discusiones que allí se plantearon y los acuerdos transversales a los que arribaron sus integrantes en pro de agilizar el sistema, que resulta tan necesario para mejorar el trato que reciben los niños, niñas y adolescentes.
Del mismo modo, me conmueve la cruda realidad que se develó como consecuencia del trabajo de las dos comisiones investigadoras del Sename, la segunda de las cuales presido, pues han expuesto la realidad del sistema de protección, que lejos de constituir un medio de resguardo de la integridad de los menores, se ha transformado en un elemento que favorece el abuso y la desgracia de los niños y niñas que se les encargó proteger.
En las innumerables ocasiones en que esta Corporación ha discutido asuntos relativos a la infancia, he sostenido que tenemos una deuda normativa importante, que parte por la necesidad de definir qué queremos para nuestra infancia, lo cual, a su vez, pasa por reconocer los principios que deben inspirar nuestro sistema, y debe culminar en una serie de cuerpos legales asociados que reconozcan a dichos principios la calidad de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Por ello, respaldo profundamente la labor que ha realizado la Comisión de Familia y Adulto Mayor, que se concreta en un texto que está llamado a constituirse en la piedra angular en materia de niñez, desde el punto de vista legal.
Al trabajar en este proyecto, nuestro principal objetivo ha sido definir las bases institucionales que deberán servir para prevenir la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y velar y asegurar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, considerando su identidad cultural o pertenencia a pueblos indígenas, en caso que corresponda, para favorecer así su desarrollo integral.
El compromiso estatal estará ahora expresamente definido, en un sistema que exigirá la actividad de diversos órganos del Estado, como los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la administración del Estado, el Defensor de los Derechos de la Niñez, entre otras instituciones.
En cuanto a los esfuerzos que debe comprometer el Estado para llevar a cabo esta labor, insisto en que la redacción de las normas debe instar a utilizar el máximo de los recursos fiscales disponibles para garantizar los derechos de los infantes, a fin de que no nos encontremos nuevamente en la difícil situación de tener que conformarnos con la buena voluntad de los gobiernos de turno, en vez de con una obligación real que sea imposible soslayar.
Con todo, señor Presidente, reitero la urgencia de contar con un sistema de garantías integral de la niñez, que es la gran deuda que tenemos como Estado protector y garante, no obstante que ya habíamos adquirido compromisos internacionales en tal sentido, los que hasta ahora no han podido concretarse por falta de voluntad política.
Una vez despachado este proyecto por el Congreso Nacional, estaremos en condiciones de afirmar que avanzamos en manifestar nuestra real preocupación por la infancia de nuestro país y de decir que el drama que nos ha conmovido a raíz de los innumerables casos de vulneración conocidos comprometió nuestra labor de tal forma, que nuestros esfuerzos se destinaron a sacar adelante una reforma que servirá de instrumento que permitirá brindar protección y justicia a nuestros niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, si bien me parece que esta es una iniciativa loable, por referirse a los derechos de los niños, he leído el proyecto íntegramente y me parece que no hace más que repetir una y otra vez derechos y garantías que, de una u otra forma, ya están consagrados en distintos cuerpos normativos de nuestro ordenamiento jurídico, como la ley de Tribunales de Familia, el Código Civil, otras leyes que regulan la materia y los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.
Debemos recordar que en 2015 se cumplieron 25 años de nuestra ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño -ocurrió en 1989-, con lo cual, como Estado, nos comprometimos a adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que fueran necesarias para dar efectivo cumplimiento a los derechos reconocidos en dicho acuerdo internacional. Sin embargo, hemos visto cómo, no obstante haber ratificado esa convención, nadie se ha hecho cargo de las atrocidades que se cometían en un organismo tan relevante en esta materia como el Sename.
Entonces, señor Presidente, me pregunto qué logramos con seguir ingresando proyectos o iniciativas que no hacen más que “copiar y pegar” leyes y tratados que ya existen, si no somos capaces de hacerlos cumplir.
Por otro lado, me parece que el proyecto adolece de errores graves, como entregar atribuciones propias de los tribunales de familia al Ministerio de Desarrollo Social, dejando así a una entidad administrativa casi como juez y parte. Además, se entrega a ese ministerio la función de velar por estos derechos y garantías. Al respecto, me pregunto qué significa que el Sename y otras entidades pertinentes pasarán a estar bajo la tutela de dicho ministerio. Eso no queda muy claro, señor Presidente.
Insisto en que nada sacamos con aprobar un papel que mencione derechos y garantías repetidos si no logramos hacer que quienes tienen la responsabilidad de velar por ellos respondan cuando hacen total abandono de sus deberes. Todos sabemos lo que sucede con los sumarios administrativos, las querellas institucionales. ¡Y para qué decir con las acusaciones constitucionales! No llegan a ninguna parte y, para peor, quienes debieran responder son trasladados a otras entidades, de mayor responsabilidad. ¡Casi un chiste, señor Presidente!
En fin, creo que si bien este es un proyecto loable, es necesario que la comisión pertinente lo revise con mayor detención en los detalles y que se tomen en cuenta las observaciones contenidas en el oficio de respuesta que nos envió la Corte Suprema, de noviembre de 2015.
He dicho
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley marco de protección integral de la niñez, que no establece sanciones, pero impone deberes y obligaciones para con el Estado, la sociedad y la familia. En todo caso, no cabe duda de que sus disposiciones no tendrían real aplicación si no se crearan instancias como el Defensor de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, organismos complementarios anunciados por el gobierno para el cumplimiento y ejecución de las disposiciones de esta futura ley.
¿Qué se pretende, entonces, con este proyecto de ley? En primer lugar, adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, aplicar el resto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país y crear una nueva concepción de los niños: como sujetos de derechos, no como meros depositarios de prácticas asistenciales o como objeto de tutela estatal. Además, busca establecer las bases institucionales para prevenir la vulneración de los derechos de los niños y velar por su pleno desarrollo físico, mental, espiritual y social.
Quizá existan deficiencias en la iniciativa o sus normas sean insuficientes para cumplir con lo que se propone, en cuanto a resolver la situación de desamparo de los niños; pero hemos tratado, en lo posible -ha sido nuestro objetivo-, de ceñirnos estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño. Para eso hemos trabajado los diputados de la comisión.
Esa convención exige estándares máximos para efectos de favorecer a la niñez, materia en la cual estamos en deuda desde hace cincuenta años, esto es, desde que se celebró la convención.
Señor Presidente, la complejidad de la vida social, incluso familiar, posibilita la vulneración de los niños y hace que debamos establecer una ley para proteger a aquellos que queden en el desamparo o fuera del sistema familiar normal. Las profundas desigualdades sociales y los estados de pobreza contribuyen a ese desamparo. Lo común es que el niño viva en familia. De hecho, todo niño tiene derecho a vivir en familia, preferentemente en la de origen, y a completar su adecuado desarrollo. Pero si ello no es posible, por las causas que la ley prevé, debe ser el Estado, a través de sus organismos, el que vele y procure el ejercicio efectivo de esos derechos.
Se pretende proteger los derechos del niño consagrados en los tratados internacionales, que asignan al padre o la madre la tuición o el derecho sobre ellos y la sociedad en su conjunto, todo lo cual significa crear normas para restituir a los padres el derecho fundamental de la crianza y educación en el hogar familiar.
Los esfuerzos del Estado deben estar dirigidos a la protección del niño y a utilizar al máximo los recursos disponibles en el país. En el caso de no ser suficientes, deberá acudir a la cooperación internacional, tal como lo ordena el artículo 4° de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Por desgracia, señor Presidente, aunque el respectivo artículo fue aprobado en forma unánime en la Comisión de Familia, ha sido rechazado en la Comisión de Hacienda por una indicación del Ejecutivo. En consecuencia, estamos infringiendo una convención internacional que ratificamos.
El proyecto dispone el deber del Estado, de la familia y de la sociedad de respetar, promover y proteger los derechos del niño.
Debe existir una actuación armónica y complementaria de estas instancias. Los niños son sujetos de derecho y podrán ejercer sus derechos por sí mismos, en concordancia con la evolución de sus facultades y de su madurez. En todas las actuaciones o situaciones de los niños se considerará primordialmente sus intereses superiores, entendidos como la máxima satisfacción integral y simultánea de los principios, derechos y garantías reconocidos en esta misma ley en proyecto.
Todo eso contrasta con la indicación del Ejecutivo, aprobada en la Comisión de Hacienda -no hemos podido determinar si tiene atribuciones en estas materias-, que elimina las normas sobre el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la especialización, que permite a los niños acudir a los tribunales para solicitar las acciones efectivas para su defensa.
Señor Presidente, valoramos y estamos de acuerdo con esta futura ley marco, que nos pone al día con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, porque así nos instan los protocolos de los convenios internacionales; pero hay muchas situaciones que se deben corregir. Por ejemplo, el proyecto no establece recursos o acción de tutela especial para la vulneración de los derechos, se elimina el derecho de tutela judicial efectiva, se suprime el principio de prioridad en la atención de la niñez; a la administración del Estado solo le asigna el rol de coordinación entre las autoridades públicas y privadas; se prescinde del principio de responsabilidad del Estado, aduciendo solo el control del sistema. En suma, existe una serie de consideraciones que se deben resolver.
Los niños necesitan protección real y efectiva; que tengan la seguridad de que van a recibir, de inmediato, automáticamente y por el solo ministerio de la ley, una protección real y efectiva cuando sufran situaciones irregulares ante el desamparo de sus familias. Y que en caso de conflictos, tendrán asesoría, tutela, abogados especialistas y una institucionalidad que irá en su directo beneficio.
Reitero: valoro el proyecto de ley y estoy de acuerdo con gran parte de sus normas, pero creo que se pueden perfeccionar algunas de sus disposiciones, como la relacionada con la limitación de los recursos que estableció la Comisión de Hacienda.
Creo que ni el Ejecutivo ni la Comisión de Hacienda ni la Comisión de Familia y Adulto Mayor estamos en condiciones de restringir recursos, porque debemos acatar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 4° señala: “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”.
Todos los representantes de las organizaciones que abordaron este tema en la Comisión de Familia y Adulto Mayor estuvieron en desacuerdo con la indicación que presentó el Ejecutivo para limitar los recursos, porque señalaron que sin fondos y sin un presupuesto efectivo y real, no habría protección efectiva para la niñez, con lo que también estuvimos de acuerdo los miembros de la comisión, que recibimos y valoramos las observaciones de las organizaciones que expusieron ante esa instancia.
Por eso considero beneficioso que se envíe el proyecto de ley a la Comisión de Familia y Adulto Mayor, con el objeto de que le haga las rectificaciones correspondientes y lo ponga a tono con los tratados internacionales.
Finalmente, anuncio que lo votaré a favor.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala la señora Estela Ortiz , secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, desde la noticia de la muerte de Lissette Villa, la pequeña de 11 años que murió en un contexto de extrema vulnerabilidad, la infancia pasó a constituir una prioridad nacional.
Luego se destapó una serie de hechos sobre los niños del Sename, lo que llevó a conformar una nueva comisión especial investigadora y a acusar constitucionalmente a una ministra Estado.
Los datos fueron cada vez más brutales, a tal punto que hoy existe el triste consenso de que la peor crisis de derechos humanos que ha vivido Chile desde la vuelta de la democracia tiene que ver con los niños del Sename.
Dicho esto, y en honor a la verdad, me parece relevante entender que lo que se está analizando es un proyecto que establece una ley marco, cuya existencia es perfectamente cuestionable, dada la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Evidentemente, es políticamente correcto y, por lo mismo, resulta imposible rechazar. Sin embargo, las expectativas que genera son muchas y no se satisfacen por sí solas con la iniciativa.
La iniciativa no contempla ninguna medida concreta y efectiva para la protección de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad. Básicamente, se trata de una declaración de buenas intenciones, con la que no vamos a mejorar en nada la situación que ha sucedido, por ejemplo, en el Sename.
El proyecto fue ingresado a tramitación mucho antes de que todo esto se supiera. Por lo mismo, no tuvo presente el drama de los niños en situación de vulnerabilidad. De hecho, la iniciativa dedica solo un artículo, el 35, a la protección especial de los niños. Los ejemplos que ofreció Estela Ortiz a la hora de promover el proyecto de ley evidencian que en ningún caso el foco estaba puesto en los niños vulnerables. Por ejemplo, ¿por qué un niño de 15 años está obligado a mostrar los correos electrónicos a sus papás o no puede decidir que quiere estar solo en su pieza, sin que lo molesten?
El lirismo jurídico del proyecto se demuestra porque lo fundamental está contenido en su Título II, que es el más extenso y que recoge más de 25 derechos y principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En el mensaje de la iniciativa se afirma que el proyecto viene a “bajar” esos derechos a la legislación chilena. Sin embargo, ese ejercicio es trivial, porque los derechos de la Convención Internacional sobre de los Derechos del Niño se entienden incorporados a nuestra legislación en virtud del artículo 5° de la Constitución. Es decir, el proyecto no cambiaría en nada esa realidad jurídica.
A lo anterior, se suma que el proyecto no contempla ninguna medida concreta y efectiva para la protección de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la referencia a esos derechos no pasa de ser, como dije, una declaración de buenas intenciones. De esta forma, no es exagerado afirmar que una vez promulgada la ley en proyecto, así como las otras iniciativas que el gobierno ha presentado en esta materia, como las que crean la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, lamentablemente no cambiarán la realidad del Sename.
Lo que se debe hacer es presentar con urgencia un proyecto que reforme el Sename. Sin embargo, más allá de las promesas que ha realizado el gobierno, no sabemos si esto se llevará a cabo.
El niño como ente desvinculado de la familia
Uno de los problemas más graves del proyecto de ley es la retórica según la cual la relación de los padres con sus hijos, al ser jerárquica, tendería a ser una relación de conflicto y opresión.
No cabe duda de que en algunos casos los padres cometen errores y, a veces, errores graves, pero esta no es la regla general; la regla general es que los padres hacen todo lo humanamente posible por entregar lo mejor a sus hijos, ofreciéndoles cariño, afecto, protección y educación. El proyecto desconoce esta situación y convierte la excepción en la regla general.
El proyecto exagera en el concepto de “autonomía progresiva” y lo contrapone al rol educador de los padres. Se afirma que los hijos pueden ejercer esos derechos y que los principales agentes que violan su ejercicio son sus propios padres. De hecho, el texto original del proyecto contemplaba una acción que fue rechazada, que permitía al niño denunciar a sus padres cuando ellos limitaran el ejercicio de sus derechos.
Se promueve el debilitamiento del derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos, por ejemplo, tergiversando su redacción y disponiendo en el artículo 27 que ahora será el “derecho preferente de los niños a ser orientados y educados por sus padres y/o madres”.
El problema de esta afirmación radica en dejar de considerar que los niños están inmersos en una realidad familiar que es indispensable para su vida y que los define como hijos, nietos, hermanos, es decir, no son entes desvinculados. Por esto, el proyecto omite que la libertad del niño no se opone al derecho de los padres de educar a sus hijos, por lo que, precisamente, son ellos quienes le enseñan al niño qué es la libertad y cómo pueden ejercerla.
A pesar de que en el mensaje se afirma que el proyecto pone a la familia en el centro de la propuesta, la verdad es que en el articulado –reitero no existe ninguna medida tendiente a proteger al niño a través de la familia. Esto ocurre porque no se otorga a la familia la relevancia que tiene, lo cual debe llevarnos a la convicción de que la mejor manera de proteger los derechos de los niños es el resguardo del medio ambiente familiar.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, me confunden algunos comentarios de ciertos diputados, considerando el tratamiento que la iniciativa tuvo en la Comisión de Hacienda. El diputado informante, Patricio Melero , fue muy claro en sus observaciones, por lo que estoy de acuerdo con aprobar el proyecto.
Indudablemente, no hay ninguna ley perfecta, pero tenemos el derecho a perfeccionarla. Al parecer estamos olvidando lo fundamental, cual es que este proyecto crea un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Al respecto, Chile, durante su vida republicana, que fue interrumpida en algún momento de su historia, ha sido un constante promotor de la suscripción de tratados internacionales. Así se planteó y así lo entendimos en la Comisión de Hacienda, aspecto que no he visto plasmado en informes de otras comisiones que me ha tocado conocer.
Los tratados establecen derechos y garantías fundamentales, lo que en este caso nos da fuerza para aprobar el proyecto de ley.
Recién restituida la democracia, en 1990, nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que pocos meses antes había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. A partir de su ratificación, Chile adquiere el compromiso de ajustar su legislación a los estándares que dicha Convención establece, lo que lamentablemente se ha realizado de manera pausada y no siempre eficaz.
Esta situación es el aspecto negativo que podría señalar del proyecto de ley que discutimos, y por eso se requieren mejoramientos.
La iniciativa busca adecuar la legislación para que en nuestro país no solo se reconozcan los derechos del niño, sino que, además, se cuente con un sistema que garantice su protección. Queremos pasar de lo meramente declarativo a lo realmente operativo. Quizás esa frase sea la que les ha faltado a quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
La protección de los derechos del niño contempla los distintos tipos de relaciones que él establece durante las primeras etapas de su vida, en materia familiar -aspecto que se trató extensamente en la Comisión de Familia-, social y con los órganos del Estado. Ese es el grueso del proyecto, que no voy a detallar porque ya ha sido mencionado por los diputados informantes.
Tras escuchar los informes respectivos quedé totalmente complacido; sin embargo, me interesa destacar que esta iniciativa es un paso tremendamente importante para hacer efectivo lo que escuchamos cada vez que conocemos situaciones en que los derechos de los niños y niñas están siendo afectados. Sin duda, los hechos acontecidos recientemente servirán de base para implementar otras modificaciones, las que deberían haber estado establecidas en la discusión de las comisiones respectivas, y no ir en otros proyectos que deben llegar al Parlamento para mejorar lo que hoy estamos haciendo.
Me parece bien que el proyecto vuelva a comisión para que sea mejorado, lo que no pudo hacerse debido a su paso tan rápido por las respectivas comisiones.
No nos queda más que aprobar en general el proyecto y enviarlo nuevamente a comisión, pues, tras escuchar las intervenciones de los colegas, ha quedado claro que se requieren cambios para proteger de mejor forma los derechos de los niños.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI , ( doña Daniella) .-
Señor Presidente, durante más de un año estuvimos discutiendo este proyecto de ley en la Comisión de Familia, de la que usted también es miembro.
Tras largas jornadas de debate y de discusión estoy contenta de que finalmente el proyecto haya llegado a la Sala, porque es una de las iniciativas relevantes para el país. Es uno de esos temas que a todos nos debería importar y tener carácter prioritario en nuestra sociedad.
Debiera ser nuestra obligación hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que constituye uno de los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. Los niños debiesen ser considerados como uno de los tesoros más preciados para cualquier país. Aunque suene como una frase cliché, ellos son el futuro de nuestro país.
A la luz de los lamentables e indignantes casos de abusos, de maltratos, de agresiones y de muertes al interior del Servicio Nacional de Menores, que hemos conocido en los últimos meses y años, es innegable, doloroso y vergonzoso comprobar que como sociedad hemos fallado rotundamente en proteger los derechos de esos niños y su futuro.
El hecho de que recién después de 26 años de que Chile ratificara la Convención de los Derechos de la Infancia estemos discutiendo esta ley marco de un sistema de garantías de los derechos de la niñez es, sin duda, otra prueba de la desidia y de la negligencia con la que hemos actuado todos como sociedad para abordar este tema, que, reitero, debería tener siempre carácter prioritario.
Me pregunto cuántas de estas muertes, traumas y abusos que han sufrido esos niños y niñas se hubiesen evitado si hubiésemos discutido antes el establecimiento de un sistema de garantías como el que propone este proyecto, para hacer efectiva la protección real de esos derechos.
Aunque algunos digan que estos derechos se encuentran ya garantizados en la Constitución, la realidad nos muestra que ello, evidentemente, no ha sido suficiente.
La realidad muestra también que es necesario contar con un sistema como el que propone la iniciativa -que, por lo demás, es la base para cualquier idea que queramos concretar en el futuro-, con una mirada mayor y más integral y, a la vez, más específica de los derechos de la niñez y que pone el acento en un aspecto fundamental: concebir a todos nuestros niños y niñas como verdaderos sujetos de derechos y no solo como simples receptores de la tutela y del asistencialismo del Estado.
Pero no es suficiente. Necesitamos, con urgencia, adecuar nuestro actual ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos del Niño y a las otras declaraciones y tratados relacionados con la materia y ratificados por nuestro país; también necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad en este ámbito y prevenir y detener, ahora, los abusos, la violencia y las inaceptables muertes de más niños y niñas.
Necesitamos que de verdad Chile sea un país en el que se respeten la dignidad y los derechos de los niños, desde los derechos más básicos, pero fundamentales, como la salud y la educación, hasta aquellos que les permitan alcanzar todo su potencial y desarrollo para cautelar el respeto a su identidad e individualidad, que, en definitiva, les posibilite que sean felices.
En ese sentido, no puedo más que destacar la iniciativa como un avance, ya que nunca estarán de más, nunca sobrarán ni serán suficientes los esfuerzos que realicemos y las medidas que adoptemos para asegurarnos de que los derechos de nuestros niños se encuentren realmente protegidos y debidamente garantizados.
Por eso, agradezco haber sido parte de la cuidadosa y extensa revisión de este proyecto de ley marco en su paso por la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, quiero ser clara: me preocupa profundamente que, una vez más, nuestra respuesta sea insuficiente, que otra vez quedemos cortos respecto del deber y la obligación que tenemos con nuestros niños.
Por eso, subrayo que espero que de la aprobación de este proyecto que crea una política nacional de la niñez; de la creación de la Subsecretaría de la Infancia; de la discusión respecto del Servicio Nacional de Protección de la Infancia, que deberá acoger a los niños vulnerados en sus derechos; del cambio a la estructura del Sename, para atender a los niños infractores de ley, y de la discusión sobre la ley de adopción surja, como resultado de la discusión de ese conjunto de iniciativas, la creación de un verdadero sistema integral de protección, con suficientes recursos -esto es clave-, atribuciones, herramientas y el suficiente personal calificado que asegure, por fin, la protección de los derechos de la niñez en nuestro país. ¡Pero que los asegure realmente y de verdad, y no como letra muerta o como una simple declaración de intenciones!
Los niños que todos los días ven vulnerados sus derechos son reales, tienen rostro, nombre y apellido, como lo tenía la pequeña Lissette Villa . Un nombre, una historia y una vida truncada que ha remecido el alma y la conciencia de millones de chilenos y chilenas, y que espero sea capaz de ayudar a remecer y cambiar nuestra institucionalidad en esta materia.
La memoria de Lissette, de todos los menores vulnerados y de todos los niños y niñas de Chile exigen, merecen y reclaman respeto y la protección total de todos sus derechos, y nosotros les debemos ese respeto.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, primero, me hago eco de los planteamientos de mis colegas.
Quiero referirme a los derechos de los niños. En materia de derechos de la niñez, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y, al respecto, hay una deuda tremenda, porque no se han respetado aquellos derechos y, asimismo, por la falta de una institucionalidad que se haga cargo de ese compromiso nacional.
Hace algunos años, cuando fui alcaldesa, llevamos a cabo un diagnóstico participativo con los niños de la comuna de Antofagasta de todos los establecimientos educacionales, privados y públicos, a fin de medir y realizar un diagnóstico de la manera en que sentían y calificaban, participativamente, el cumplimiento de sus derechos como niños.
Uno de los aspectos más sorprendentes de aquella experiencia comunitaria fue el ser testigo de que el 70 por ciento de los niños, en promedio, percibía la vulneración de sus derechos, a pesar de que uno podía medir diferentes aspectos, algunos más graves que otros. También fue sorprendente observar que los niños que pertenecían a clases socioeconómicas más altas, de colegios privados, también veían vulnerados esos derechos, de una manera similar a los otros niños, resultado que no era esperable para nosotros.
Constituimos un consejo de la infancia, en el cual los concejales de la municipalidad presentaron propuestas. Recuerdo que, desde ese espacio, emergió una serie de proposiciones importantes para la comuna, que fueron implementadas. Por ejemplo, en las plazas de la ciudad se instalaron juegos para los niños discapacitados, una idea que surgió de ese consejo de la infancia de la comuna de Antofagasta.
Lo anterior da cuenta de la forma en que nuestra cultura y sociedad ha invisibilizado estos derechos y que, como sociedad, no estamos conscientes de que muchas veces los vulneramos.
Por eso es importante partir con una ley que considere al niño como un sujeto de derechos, porque, si bien algunas garantías están establecidas en nuestra Constitución Política, lo cierto es que en la vida diaria y en materia de salud, educación, vivienda, etcétera, los derechos de la niñez no son respetados.
Los niños, al igual que los adultos mayores y, en muchos casos, las mujeres, son invisibles para nuestra sociedad y sus garantías no son siempre respetadas.
Por lo tanto, la bancada radical no puede menos que apoyar firmemente el proyecto de ley que establecerá una institucionalidad y que, si bien dependerá de un ministerio que existe -el Ministerio de Desarrollo Social-, establece la forma de fiscalización que se desarrollará de aquí en adelante y visibiliza un tema que, hasta ahora, ha estado subsumido en las realidades de los otros ministerios.
Finalmente, manifiesto mi conformidad con la iniciativa. Tal como lo dijeron otros colegas, como el diputado Enrique Jaramillo , las leyes no son perfectas -siempre son perfectibles-, pero el presente proyecto es un punto de partida importante para que los niños vayan teniendo el lugar que se merecen en nuestra sociedad.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, también como miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, quiero decir que por muchos meses estuvimos abocados a la tramitación de este importante proyecto de ley.
Obviamente, al realizar una síntesis desde una perspectiva general, resultaría muy difícil que alguien se oponga a la idea general de legislar sobre una materia relativa a la situación actual de la niñez, la cual ha reflejado toda la precariedad institucional en el resguardo de un sector tan importante de nuestra población como es el que constituyen los niños y adolescentes.
La actual situación que descubre el país, que exhibe esta precariedad, este descuido, esta ausencia de una institucionalidad en un ámbito tan fundamental para una sociedad como es el de la niñez, también habla del nivel de atraso que exhibimos en materias relevantes.
En el Congreso Nacional se tramitan proyectos de ley relativos a diversas materias, pero, curiosamente, no se abordan las leyes trascendentes, profundas y de hondo sentido para la sociedad. En pleno siglo XXI, nos encontramos en toda la etapa de desarrollo del país y, pese a toda la historia institucional y jurídica de Chile, recién hoy estamos creando una ley marco de garantías de los derechos de la niñez.
Lo anterior habla de la despreocupación institucional que tenemos como país y sociedad respecto de la realidad que están viviendo, precisamente, los niños y las niñas. Estamos hablando de los niños y niñas que, además, están en una condición de vulnerabilidad, sea por abandono o por ser niños infractores de ley.
Por eso, en un sentido general, respaldamos la obligación de constituir un marco jurídico relacionado con la niñez, porque creemos que va en la dirección absolutamente correcta.
Necesitamos construir con urgencia una institucionalidad y un marco jurídico eficientes y eficaces para hacernos cargo de los niños, niñas y adolescentes, grupo social de tanta significación para nosotros. Todos los hechos que han impactado en nuestra sociedad demuestran el descuido de aquella sobre ese grupo. Por eso debemos avanzar y corregir tal situación.
En cuanto a la discusión generada sobre el proyecto en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, hubo un amplio consenso en muchas materias. De hecho, en algunos aspectos hubo mucho debate, porque estamos hablando de una profunda discusión, fundamentalmente ideológica, en materias muy sustantivas, por ejemplo, sobre quién tiene el resguardo preferente del cuidado de los niños y de las niñas. Además, surgieron algunos conceptos ideológicos sobre género, sobre quiénes constituían una familia, respecto de los tipos de familia y sobre quiénes tenían opción preferente. Comenzaron a plantearse algunas dudas que, en definitiva, se transforman -valga la redundanciaen legítimas dudas, las cuales obviamente habrá que enfrentar.
La discusión valórica que hubo en la comisión tiene un profundo sentido para nuestra sociedad, más allá de la necesidad, de la obligación o de la tarea de construir esta ley marco, lo cual es absolutamente necesario.
En líneas generales, anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Sin embargo, no podemos estar a favor de todos sus contenidos. Los niños son una población extremadamente vulnerable y delicada, y es la familia la que tiene la labor preferente de formarlos y educarlos.
La comisión también abordó la discusión de qué entendíamos por familia. ¿Quiénes son familia? ¿Dos hombres? ¿Dos mujeres? Además, examinamos diferentes experiencias y situaciones en ese contexto. Sin embargo -repito-, en una discusión tan profunda como esta no podemos estar absolutamente de acuerdo en todos los contenidos, porque entramos en materias que el proyecto trata de legislar -como se dice “por el costado”, para evitar ir al fondo del asunto. Estamos hablando de derechos tan fundamentales como la protección de la maternidad o la protección del niño en el caso de la mujer embarazada. En algún momento chocamos con esa discusión, puesto que había distintas visiones respecto del famoso proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. Entramos en choque con diferentes materias que -querámoslo o no hubo que plantearse y discutir.
Por ello, en términos generales, el proyecto va en un sentido lógico, razonable y necesario. Debemos avanzar en construir una institucionalidad que se haga cargo de la realidad que hoy vive nuestro país, por todos los hechos que hemos vivido, puesto que no ha dado el ancho suficiente para generar la adecuada protección a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, o a quienes han sido infractores de ley o vulnerados en sus derechos. Para ello, el Estado debe avanzar en la construcción de esta nueva institucionalidad. Tampoco queremos judicializar algunos aspectos que aborda la iniciativa, pero sí debemos perfeccionarla con la intervención del Ministerio de Desarrollo Social.
Repito: hay aspectos profundos que generaron discusión y un choque ideológico entre quienes piensan que debemos avanzar a todo nivel y aquellos que creemos que hay que ver la situación desde otros puntos de vista. Por ejemplo, no renunciamos a la esencia básica del derecho preferente a la formación y a la educación por parte de la familia; del padre, en ausencia de la madre; de la madre si no está presente el padre, o de los abuelos en ausencia de ambos.
Como he dicho, en la comisión se generó una discusión profunda e ideológica. Sin duda, el proyecto sobre despenalización del aborto colisiona con esta iniciativa. También choca con lo que entendemos por familia, con la función que desempeñan los progenitores. No podemos eludir esa discusión ideológica. Eso no tiene nada que ver con algunos mensajes políticos que señalan que algunos no quieren avanzar en esa iniciativa. Ellos están absolutamente equivocados, pues la semana pasada no se tramitó ese proyecto. Aun más, en la Comisión de Familia y Adulto Mayor se dijo que si el proyecto tuviera suma urgencia o discusión inmediata, estaríamos obligados a abordarlo. No obstante, el gobierno también entiende que está pisando en un terreno de arenas movedizas, razón por la cual es necesario corregir y avanzar.
Nuestra bancada está absolutamente disponible para avanzar en legislar sobre el tema que nos convoca, pero no se nos pida que renunciemos a nuestras convicciones respecto de quienes, por responsabilidad y significado, tienen el derecho preferente de formar o educar a sus hijos. No podemos renunciar a eso; es parte de la discusión que se debe plantear.
Finalmente, lo importante es no perder nunca el objetivo de la discusión, cual es el resguardo y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La idea es que la sociedad les asegure un marco jurídico adecuado que se haga parte de esa realidad.
Insisto: bajo ningún pretexto debe perderse la esencia fundamental de esta discusión, que tiene que ver con el sentido preferente de la familia en la formación y conducción de los hijos.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, en relación con el proyecto de la llamada ley marco de la infancia, debiéramos poner el tema en contexto y entender que el país solo ha conocido dos leyes relacionadas con la infancia: las promulgadas en 1928 y 1967. Si este proyecto, que constituye el sistema de garantías de la infancia, lo sacamos adelante y se transforma en ley, constituirá el tercer cuerpo normativo en toda la vida independiente del país y el primero elaborado sobre el nuevo derecho internacional de derechos humanos, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Eso quiere decir que recién ahora vamos a adecuar un sistema de garantías en favor de la infancia después de muchísimos años de habernos comprometido a ello.
Las leyes anteriores crearon un sistema que asumía que los niños y las niñas eran objetos de protección por ser menores en situación irregular o con problemas conductuales, no por el hecho esencial de ser sujetos de derechos.
La situación que se ha producido, que traspasa los gobiernos de turno y que constituye una falla del Estado en materia de protección de los niños vulnerables del Sename, no significa que no podamos ver que la ley debe ser integral y proteger a la niñez en su conjunto.
Nuestras leyes sobre infancia han permitido que el tratamiento de esta materia sea abordado con un centro en lo judicial y con un rol coadyuvante de la entrega social desde lo administrativo, en una suerte de segundo plano.
No obstante, en 1990, al firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, Chile se comprometió a modificar los enfoques, las leyes, las normas, las instituciones y las políticas para adecuarlas a los mandatos de dicho tratado.
La discusión en torno a esta materia se ha dado durante más de un año. La experiencia comparada muestra que, más allá de carencias y debilidades, los Estados, además de reconocer derechos, construyen sistemas de protección administrativa y judicial a la vez, de manera de racionalizar y optimizar la respuesta del Estado. Por lo mismo, se esfuerzan por que los sistemas administrativos se desplieguen a nivel local, al igual que los judiciales.
El desafío del Estado de Chile, mediante esta futura ley, es hacerse cargo tanto de la protección general, orientada a todos los niños y niñas, como de la protección especial orientada a los niños y niñas vulnerados en sus derechos. La protección administrativa debe estar concentrada en ambos: en la protección general y en aquella orientada a niños y niñas vulnerados. Por su parte, la protección judicial concentra su foco en la protección especial.
Es justo reconocer la contribución a esta iniciativa de algunos parlamentarios, sin perjuicio de que ya no formen parte de la comisión, como el diputado Ricardo Rincón. Su aporte permitió que el proyecto de ley contenga una sólida base doctrinaria y legal: deber general de protección, principio de inexcusabilidad, principio de prioridad, principio de efectividad, principio de responsabilidad del Estado, y principio de progresividad y de no regresividad.
De acuerdo con esta futura ley, el Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad responsable de velar por que los órganos de la administración del Estado cumplan con los principios mencionados. Sin embargo, para que sea realmente efectiva, la protección administrativa debe construir una estructura en los territorios, lo que se denomina “autoridad local de protección administrativa”. Esta autoridad debe velar por que los órganos municipales, sectoriales y privados hagan efectiva la protección general respecto de los niños y niñas.
No obstante, durante la discusión de la reforma hemos tenido problemas. Lamentablemente, el Ejecutivo no dio al proyecto la prioridad que en algún momento tuvo.
Cuando se me preguntó si este era el camino correcto, en vez de haber comenzado por la separación del Sename, contesté que el gobierno hizo lo correcto, porque estoy convencida de que hay que avanzar en una ley marco que sirva de piso para las demás leyes. Sin embargo, estamos ante una ley marco sin presupuesto, con indicaciones desde el Ejecutivo mediante las cuales se ha insistido en no dejar claramente establecido que el compromiso comprende hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias del país; una ley marco que lamentablemente no deja claridad respecto de qué es la protección administrativa y cómo esta no colisionará con lo que debe estar garantizado a través del Poder Judicial, no como coadyuvante; una ley que establece un sistema que supuestamente se complementará con la llegada de otros proyectos de ley, como el que crea la figura del defensor del niño y el que crea la Subsecretaría de la Niñez. Lamentablemente, uno se encuentra con que no se ha determinado claramente la función y ámbito de competencias del defensor del niño, y con que tampoco está claramente determinado el rol de la Subsecretaría de la Niñez como órgano que vele por la labor intersectorial.
Lamentablemente, tampoco tenemos claridad respecto de cuándo, cómo y con qué recursos se generará la autoridad local de protección administrativa. No sabemos si las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) efectivamente tendrán una reconversión, y si en esa reconversión tendrá responsabilidad el Ministerio de Desarrollo Social, como tantas veces nos lo han dicho las agrupaciones que trabajan por la infancia y que saben mejor que nadie lo que debemos hacer.
Hay muchas propuestas hechas por agrupaciones, como Bloque por la Infancia, en las cuales baso gran parte de mi intervención. Es fundamental reconocer la labor que han realizado en esta materia, y es necesario que el gobierno y el Parlamento las escuchemos mejor. La propuesta de Bloque por la Infancia contiene ideas propositivas para sacar adelante una ley que enorgullezca a todos. Es importante escucharlos. Ellos proponen tiempos. Es relevante que generemos tiempos y cronogramas reales respecto de cuánto demorará reconvertir las OPD para que sean garantes de la autoridad local de protección. ¿Cuánto demorará implementar esta futura ley y los proyectos que crean la Subsecretaría de la Niñez y la figura del defensor del niño? El Bloque por la Niñez habla de tres años, tiempo que parece extremadamente prudente para contar con una ley vigorosa en esta materia.
Es importante que se expliciten los procedimientos en términos de protección especial administrativa, pues dicen relación con los niños. Es importante que la protección judicial se dedique realmente a su rol, dado que existirá la protección administrativa, cuando le competa.
Asimismo, es necesario establecer qué se hará frente a los posibles desacuerdos entre la administración y el Poder Judicial. Es importante que se trabaje en dotar a las autoridades de mecanismos y fundamentos compartidos para la toma de decisiones, a fin de lograr lo que todos aspiramos: el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas.
El proyecto de ley es ampliamente esperado por muchas personas y agrupaciones que han dedicado su vida a los niños. Es una oportunidad única para que el Estado de Chile vuelva a dar prioridad a los niños que abandonó hace muchísimos años. Es importante que lo haga no por un tema de contingencia puntual que salga en la prensa, sino por la convicción de que hay que hacerlo. Sin embargo, para lograrlo no basta con dictar una ley que no funcione; tenemos que avanzar. Por ello, las setenta indicaciones presentadas, que harán que el proyecto vuelva a la comisión, nos darán una nueva oportunidad para aprender y para escuchar más a quienes trabajan diariamente por los niños, y para aprobar un proyecto que enorgullezca a nuestro país y que nos permita cumplir con el estándar internacional que nuestros niños y niñas merecen.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marco (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Desarrollo Social y a las organizaciones que trabajan por la infancia.
Quiero comenzar mi intervención narrando lo siguiente: un niño que nace en un barrio periférico de cualquier ciudad, hijo de una adolescente adicta a la droga, no tiene ninguna respuesta distinta en ningún programa de la atención primaria de salud, como el control niño sano, que aquel que tuvo la suerte de gestarse en el vientre de una mujer sana y que tuvo las condiciones mínimas de la vida normal de un ser humano. Al nacer, el hijo de una madre drogadicta, que se amanece en las poblaciones de La Granja, de La Pintana o de Puente Alto, tiene todo lo que se puedan imaginar; conozco decenas de casos. Muchos niños que eventualmente nacieron en el Padre Hurtado , en el Barros Luco o en el Sótero del Río, no tuvieron siquiera una oportunidad de ser controlados durante el embarazo porque, simplemente, la niña drogadicta, que vive en la calle, no consideró importante realizarse los controles maternales previos.
No hay un programa de salud para ellas.
Luego, si ese niño tiene la suerte de ingresar a una escuela, presenta trastornos del leguaje, déficit atencional y trastornos emocionales que lo hacen sujeto de la bien creada subvención del Programa de Integración Escolar (PIE) para atender a menores de edad con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes.
Señor Presidente, ¿sabe cuántos cupos por curso otorga el Estado chileno para ese tipo de niños subvencionados? Seis. Si usted va a las escuelas de La Legua o de La Pincoya, verá que los cursos completos están conformados por niños con necesidades educativas especiales.
Entonces, durante la discusión de este proyecto -debemos aprobar en general la iniciativa y valorar el esfuerzo que se está haciendo por generar una ley marco sobre la materia algunas intervenciones pondrán el acento en las deficiencias jurídicas, otras lo colocarán en las deficiencias administrativas y otras lo harán en las deficiencias operativas, y traerán a colación la dramática situación actual del Sename.
Pero luego de señalar las dos situaciones, la del Ministerio de Salud y la del de Educación, lo que me preocupa realmente es que la esencia de la discusión de este proyecto se esté dando sobre la base de los criterios económicos que fija el Ministerio de Hacienda, órgano del Estado que tiene su responsabilidad, lo cual comprendemos. Pero, como nunca en Chile, hoy existe la necesidad de contar por primera vez con una ley que efectivamente responda a los derechos reales de la niñez y que la responsabilidad de todos los órganos del Estado que deben velar por que se cumplan tales derechos sea una realidad.
Aparentemente, ello no será así. ¿Por qué razón? Porque mediante una indicación presentada por diputados de la Democracia Cristiana se estableció el principio de prioridad de la infancia en el Estado de Chile. Pero el Ejecutivo, a través de una indicación sustitutiva, se retractó de ello.
Se introdujo un artículo 10 que establece para todos los órganos del Estado el deber de entregar la debida prioridad a los niños en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en el acceso y atención de los servicios sociales.
Los dos argumentos que señalé al inicio de mi intervención lo desmienten. En efecto, respecto del deber de los órganos del Estado, de las obligaciones particulares y generales de los órganos de la administración, a través de la indicación sustitutiva a los artículos 2° y 5°, respectivamente, el Ejecutivo limitó ostensiblemente el funcionamiento del sistema.
Así se desprende de su lectura: “Al artículo 2°, inciso cuarto.
2) Para modificar el inciso cuarto en el siguiente sentido:
a) Suprímese la frase “hasta el máximo de los recursos disponibles en el país, debiendo, en caso de no ser suficientes, acudir a la cooperación internacional, en especial, en su versión de colaboración institucional,”.
b) Intercálase en el literal e), a continuación del vocablo “prioridad”, la frase “según la normativa respectiva”.”
Tengo la certeza de que cuando este marco general que empezamos a discutir vuelva a comisión será enriquecido con el aporte de todos.
Al respecto, quiero valorar el rol de las instituciones que trabajan con la infancia en Chile en condiciones bastante adversas y limitadas.
Por tanto, este proyecto será enriquecido.
No obstante, el Parlamento tiene el deber de revertir la visión economicista del Ministerio de Hacienda, que no entrega realmente los recursos para que los derechos de que se trata queden consagrados como una obligación, y no solo en términos generales.
No estoy diciendo ni comparto la visión pesimista total que tienen algunos sobre el esfuerzo que se está haciendo en la materia en comento. Tengo confianza en que oportunamente entrarán a tramitación legislativa los proyectos que operativizan la protección jurídica de los derechos de la infancia en Chile.
Pero, por eso mismo, es esencial el derecho a reclamar por el espíritu inicial de la iniciativa, pues no es justo que la modificación al artículo 5° -me tocó votar en general el proyecto en la Comisión de Familia imponga esta visión económica. ¿Por qué razón? Porque los ministerios seguirán limitados para no ver esta dolorosa realidad, en que la expresión más cruel es la cárcel de Puente Alto, con más de mil niños menores de dieciocho años de edad presos porque no tuvieron una familia que los protegiera, porque no tuvieron oportunidades, porque no hubo un proyecto de vida respecto de ellos. Sin embargo, luego nos quejamos y gastamos el doble en seguridad ciudadana: en gases lacrimógenos, en vehículos, en guardias, en vigilancia, pero no queremos atender la causa del problema del país que estamos construyendo.
Señor Presidente, creo que esta es una gran oportunidad, un llamado a la conciencia del Parlamento y del gobierno.
Los niños no marchan, los niños no protestan; los niños no hacen lobby, no llaman a los senadores ni a los diputados; no son empresarios tratando de conseguir preservar sus intereses, no son gremios exigiendo que se gasten miles de millones de pesos para aumentar legítimamente sus salarios. Los niños no tienen voz. Son los trabajadores de la infancia quienes saben qué hay que hacer con ellos, y es este Parlamento el que debe, de una vez por todas, poner la situación en su lugar.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, muchas veces escuchamos decir que los niños son el futuro de la humanidad. No comparto esa afirmación. En mi opinión, los niños son parte de nuestro presente, y, en consecuencia, cuál sea su situación en la sociedad, cómo nos preocupamos y ocupamos de ellos, qué políticas públicas diseñamos y ejecutamos para su cuidado y desarrollo ahora son temas fundamentales.
Han pasado casi veintisiete años desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, con tristeza hay que decir que la deuda del Estado de Chile con sus niños, niñas y adolescentes es tremendamente preocupante.
Si bien en las últimas décadas ha habido importantes avances en la materia, como la disminución de las tasas de mortalidad infantil y la lucha contra la desnutrición, cuestión que me tocó vivir muy de cerca a través de la labor de la Conin, la realidad que hoy nos preocupa es muy distinta: casi un millón de menores de 18 años de edad son pobres, y, de ellos, 330.000 viven en pobreza extrema. Más de 200.000 niños y niñas trabajan en nuestro país. En 2015, cerca de 6.700 niñas y 2.300 niños fueron ingresados al sistema de protección estatal como víctimas de abuso sexual. Asimismo, 9.000 menores de edad hoy viven en residencias del Sename o en las de sus organismos colaboradores.
¡Esa es la realidad de los niños, de quienes tanto hablamos y respecto de los cuales tan poco hemos hecho como Estado!
En 2014, la Presidenta de la República creó el Consejo Nacional de la Infancia, entidad que cuenta con un cuantioso presupuesto, con sueldos elevados -me atrevo a decir que esa institución exhibe los sueldos más altos entre los organismos estatales-, que tiene entre sus ejes programáticos la obligación de sacar adelante tres proyectos de ley: el que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, el cual después de dos años y medio ahora se encuentra en primer trámite constitucional en esta Sala; el que crea la Subsecretaría de la Niñez, iniciativa que continúa sin avances significativos en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, y el que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el cual, luego de ser aprobado en general por dicha corporación, espera el informe de la Comisión de Hacienda.
Ahora bien, la primera pregunta es, ¿por qué ha demorado tanto la aprobación de este proyecto? La respuesta evidente es que su retardo se debe, en primer lugar, a que es un mal proyecto. Así lo demuestran las más de seiscientas indicaciones presentadas por parlamentarios de distintos sectores, quienes, lejos de perfeccionarlo, lo que han hecho es corregir errores de la iniciativa original.
Cito al propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés , quien dijo en las últimas sesiones de la Comisión Especial Investigadora del Sename que “algunas de las modificaciones podrían implicar cuestionamientos a su constitucionalidad”. Así lo dijo el personero.
En segundo término, este proyecto es malo porque no aborda integralmente las temáticas de la infancia. Pese a la crisis que se detonó en abril de 2016 en el Sename, el Ejecutivo aún no presenta un proyecto de ley para la reestructuración de dicho servicio.
En tercer lugar, es un proyecto ineficaz y anodino, que poco y nada tiene que ver con el que ingresó hace un año y medio.
Este proyecto -que lo sepa todo el país sufrió una mutación que lo hace difícil de reconocer. En efecto, el proyecto original incluía normas que tenían por objeto establecer un nuevo marco institucional, administrativo y judicial cuya aplicación sea posible con la entrada en vigencia de esta iniciativa.
Hoy todo eso es letra muerta, pues nada de lo que aprobemos surtirá efectos, sino que quedará supeditado a dos hechos futuros e inciertos: una ley que establezca el Servicio Nacional de Protección de la Infancia, para lo cual se requiere un proyecto que aún no ha ingresado a tramitación ni se sabe cuándo lo enviarán, y una política nacional de la niñez. Es decir, estamos hablando de una iniciativa retórica, en tanto que los problemas de los niños son reales y no requieren soluciones retóricas ni meras declaraciones de buenas intenciones.
En cuarto lugar, este proyecto se retrasó porque, en vez de priorizar los temas urgentes relacionados con la infancia vulnerada, se tomó la decisión de utilizarlo como instrumento para imponer una determinada agenda ideológica, que, a mi juicio, fue improvisada.
La iniciativa busca ocultar el hecho de que hasta ahora el Estado no ha cumplido con su obligación principal, que es garantizar a niños y niñas sus derechos humanos.
No estoy dispuesto a ser parte de ese ocultamiento y asumo que nadie va a tocar las puertas del Estado con más fuerza, con más ímpetu que los padres o familiares de los niños cuando necesiten garantizar el respeto a sus derechos.
¿Quién puede oponerse a que el Estado y la familia estén obligados por esta futura ley? Por el bienestar de nuestros niños, espero que nadie. Sin embargo, en el proyecto no hay un solo artículo que proteja el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y a protegerlos de las amenazas externas.
En efecto, el artículo 2 equipara al Estado con la familia; incluso intenta reemplazar a la familia. Se niegan a reconocer el derecho preferente de los padres a formar a sus hijos.
Este proyecto de ley intenta pasar una premisa ideológica no reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño, no obstante que, según dice el mensaje, buscaba inspirarse en ella. Sin ir más lejos, el artículo 18 establece el reconocimiento a la identidad de género en los niños, pero lo hace con completa falta de rigurosidad, pues garantiza un derecho -la identidad de género que ni siquiera define y respecto del cual no establece sus alcances. A tal punto es así, que se invocó otro proyecto de ley para definirlo, uno que se tramitaba en el Senado; pero ese proyecto cambió diametralmente mientras nosotros tramitábamos esta iniciativa, por lo cual hoy estaríamos reconociendo una garantía sin saber en qué consiste, cuáles son sus alcances ni qué implica.
Desde ya digo que si, invocando el concepto de autonomía progresiva, se pretende permitir que un menor de edad, al cual la ley no autoriza a comprar cigarrillos ni alcohol, o a administrar sus bienes, tome una decisión irreversible en su vida respecto del sexo, con tratamientos o incluso con cirugías, estaríamos ante un error y una improvisación tremendos, que finalmente irán en perjuicio de los menores.
Con esta argumentación no estoy ni por un segundo negándome a debatir en profundidad, pero pido que también lo hagamos con responsabilidad. No se pueden establecer expectativas de crear un estatuto de garantías que no tienen aplicación; no se puede dictar una ley que diga que garantiza algo que no define, y, lo que es peor, no se puede presentar un proyecto de ley que tiene por finalidad proteger a los menores sin acompañar el correspondiente informe financiero.
Este es el primer gobierno en la historia que trata de convencernos de que protegerá las garantías de los niños sin gastar nada. Es decir, todo lo que queremos garantizar a los niños en términos de acompañamiento, de planes de rehabilitación del consumo de drogas o de alcohol, y tantas otras cosas, parece que se financiará con el maná del cielo, porque el proyecto no tiene informe financiero.
La bancada de la Democracia Cristiana intentó acercarse a aquello, dentro de lo que las facultades le permiten, pero eso “voló” del proyecto.
Francamente, creo que se ha jugado mucho con las expectativas de los niños y llegó el momento de las realidades. Un proyecto que establece garantías para defender los derechos de los niños debe estar debidamente financiado. Lo demás es demagogia, es populismo, es engaño, y creo que nuestros niños no merecen ninguna de esas tres cosas.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, nos aprestamos a aprobar un proyecto de ley de gran significación para los derechos de los niños de nuestro país, por lo que seguramente concitará el apoyo transversal de esta Corporación. No obstante, me parece necesaria una reflexión en torno a la forma de garantizar esos derechos a los niños, puesto que ello exige transformaciones no solo super estructurales, como en el caso de las leyes que rigen nuestra vida en sociedad, sino culturales, relativas a la forma en que los seres humanos nos relacionamos.
A modo de ejemplo, ¿cómo podemos garantizarles el derecho a la educación, a la salud o a que no sufran violencia si dicha violencia -o la mayor parte de ella se produce en el círculo más cercano y muchas veces la solución es peor que la enfermedad? Niños maltratados, violentados y muchos de ellos violados, mientras, paradójicamente, son protegidos por el Estado.
Debemos hacer todo lo posible por defender los derechos de los niños. Sin embargo, ¿es posible defenderlos a través de un sistema basado en la violencia, con espirales de abusos que se traducen en casos de violencia intrafamiliar que afecta de manera especial a los más vulnerables, los niños?
Siguiendo esa línea argumentativa, debemos decir que tras la violencia intrafamiliar se esconde un cúmulo de frustración, de rabia contenida y, en definitiva, una expresión de la mala estructuración de la sociedad. Es ahí mismo donde se construyen las verdaderas barreras, a veces invisibles, para el acceso al conocimiento y para el cumplimiento de las expectativas de vida, razones por las cuales es de vital importancia abordar la materia en su totalidad, en su integralidad, en todas sus dimensiones y facetas.
La verdadera dificultad al momento de discutir sobre la violencia contra los niños es la necesidad de que cada uno de los integrantes de nuestra sociedad haga primero una reflexión profunda acerca de la posibilidad de encontrar formas distintas a la violencia para imponer la disciplina y el respeto necesarios para vivir en comunidad, en lugar de llegar al extremo de formar una sociedad integrada por sujetos egocéntricos y egoístas, incapaces de soportar la vida en comunidad.
Otro aspecto problemático que incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, el que aquí ya se ha planteado, es que los protege del trabajo infantil. Yo les pregunto aquí a los parlamentarios de otros sectores políticos si se puede prohibir efectivamente el trabajo infantil. De ser así, deberían mostrarse a favor de reducir la pobreza, de hacer esfuerzos por reducir la vergonzosa desigualdad que sume a la gran mayoría de los chilenos en la pobreza y los fuerza a utilizar el crédito como única forma de paliar su precaria condición.
Sin una correcta distribución del ingreso, los niños seguirán teniendo la necesidad de trabajar, pues el salario de sus padres es muchas veces bajísimo e insuficiente para cubrir todas las necesidades del grupo familiar.
Si de verdad queremos eliminar de raíz el trabajo infantil y que los niños hagan lo que la sociedad les pide: descansar, crear, educarse, para que sean personas sanas quienes hereden este mundo, no personas que se vieron forzadas a dejar de ser niños, todos debemos estar por realizar transformaciones profundas en materia laboral. De otra manera, condenamos a esos niños a la pobreza permanente.
Para solucionar eso no existen fórmulas mágicas, sino una solución sistémica, que incluye mejores salarios para los padres, mejor educación escolar y acceso a actividades de esparcimiento y de recreación para toda la familia.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, al estudiar el contenido y los fundamentos del proyecto de ley que debatimos, nos hace reflexionar sobre cómo hacemos las cosas como país y la importancia que le asignamos a cuestiones esenciales, como la protección de las personas más vulnerables de la sociedad: nuestros niños.
El diputado informante indicó que la idea matriz del proyecto es adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales, denominado Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por Chile en 1990, es decir, hace 27 años. Sin embargo, los sucesivos gobiernos que han regido el país desde esa fecha no han sido capaces, en todo este tiempo, de crear una institucionalidad que permita otorgar una protección efectiva a los derechos que consagra dicho cuerpo normativo internacional.
Esta responsabilidad es del Estado en su conjunto, con sus tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Estado no ha podido establecer medidas efectivas que permitan garantizar y asegurar el derecho fundamental más importante: el derecho a la vida de los 865 niños que la perdieron mientras se encontraban bajo la tutela de un organismo estatal, el Servicio Nacional de Menores, desde 2005.
Esta impresionante y dramática cifra es real, y debemos tenerla presente especialmente al discutir y votar el proyecto de ley que propone una nueva institucionalidad para la protección de los menores, la que, lamentablemente, surgió con posterioridad a esos penosos y evitables desenlaces fatales, y que, por cierto, ha sido planteada de forma incompleta.
En este contexto, la iniciativa que analizamos, si bien constituye un avance, adolece de una serie de deficiencias que es necesario corregir antes del despacho de este importante proyecto por parte del Congreso Nacional.
En el conjunto de materias que corresponde perfeccionar, existe un tema central que se refiere a la efectiva protección de los derechos de los menores, la asistencia jurídica y su representación judicial.
En la actualidad, las causas judiciales sobre vulneración de derechos de menores del Sename son patrocinadas por la Corporación de Asistencia Judicial, con la intervención de estudiantes de derecho en práctica, quienes no tienen una formación académica completa ni experiencia profesional que les permita ejercer sus actividades con todas las competencias profesionales requeridas para defender correctamente los intereses de los niños vulnerados.
Así, se hace necesario discutir alternativas que permitan otorgar una defensa jurídica efectiva que proteja a los menores afectados en sus derechos, pero que también establezca la aplicación de sanciones a los responsables.
De esta manera, dotar de personal especializado a esos servicios del Estado y licitar o entregar a terceros especializados en estas materias, subcontratando sus servicios de defensa jurídica en materias penales, son alternativas viables que hay que analizar y considerar seriamente para implementarlas a través de esta iniciativa, puesto que en ambos casos mejoraremos los estándares existentes, que han demostrado claramente ser insuficientes.
En consecuencia, antes del despacho del proyecto, es necesario abordar este problema esencial, que se enmarca en la compleja tarea de la defensa de los menores vulnerados en sus derechos.
Digo eso solo como un ejemplo, porque otros parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han dejado en evidencia otros hechos que es importante analizar, respecto de los cuales estamos en deuda, por lo que se requiere efectuar cambios urgentes y de fondo para que, de una vez por todas, estemos frente a un sistema que otorgue garantías y protección verdaderas a nuestros niños.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza , quien se encuentra presente en la Sala, y a los representantes del denominado “Bloque por la infancia”, que ocupan las tribunas, quienes han seguido y coadyuvado permanentemente al estudio del proyecto de ley.
Dicho eso, lamento tener que señalar respecto de un proyecto de ley impulsado por un gobierno al que contribuí a elegir, que es extremadamente general y vago, y que al amparo del concepto de una ley marco y de promesas de envío de otros proyectos de ley, pretende subsanar los déficits crónicos que tiene la iniciativa en debate.
En concreto, el proyecto de ley aporta poco o nada al deficiente statu quo actual. No se establecen garantías específicas que mejoren el bajo estándar actual de efectividad de los derechos de la infancia.
Para construir un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, tal como lo dijeron el Comité de los Derechos del Niño, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), no basta con consagrar en una ley derechos que ya se encuentran reconocidos en cuerpos normativos de mayor jerarquía, sino que hace falta dotarlos de garantías específicas, ya sean primarias (contenidos protectores específicos) o secundarias (acciones, recursos y sanciones). Eso debió figurar en el proyecto de ley, pero no lo consigna, ya que se limita simplemente a reproducir el contenido del derecho que ya consagran la Constitución o la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo más lamentable aún es que, en no pocos casos, lo hace de modo regresivo respecto de lo ya reconocido.
Por eso, haremos reserva de constitucionalidad respecto de algunos puntos.
De hecho, por medio de indicaciones de los diputados Claudio Arriagada , Sergio Ojeda y otros, con bastante apoyo transversal de otros parlamentarios que han intervenido en la Sala, nuestra bancada logró consagrar derechos esenciales que el mensaje no consideraba, como los establecidos en el artículo 23, sobre Participación; artículo 24, sobre Vida privada; artículo 25, sobre honra y propia imagen; artículo 29, sobre salud; artículo 30, sobre educación; artículo 31, sobre recreación, participación en la vida cultural y en las artes; artículo 34, sobre debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización, que el Ejecutivo pretende eliminar por razones que no se entienden, lo que tampoco justifica el defensor de los derechos de los niños, porque no está facultado para establecer esa tutela.
Muestra clara de que no se aplican, no existen, no se explicitan garantías específicas es, por ejemplo, el artículo 28, sobre protección contra la violencia, ya que es absurdo prescribir que todo niño tiene derecho a ser tratado con respeto y que ningún niño podrá ser sometido a violencia, sin establecer al menos una mínima garantía, por ejemplo, de estándares penales para quienes violenten a niños de cualquier forma, siempre más alto que si se daña a un adulto, y nunca regresivo.
Por eso afirmamos que el proyecto de ley no establece garantías explícitas y que la redundancia de derechos ya reconocidos no constituye un avance.
A mayor abundamiento, ni siquiera se recogen derechos tan esenciales como la seguridad social. Todos sabemos que en una sociedad en desarrollo como la nuestra y en un mundo que centra toda su visión en los adultos, muchas veces no se respetan los derechos de los niños, por lo que resulta imprescindible que en materia de seguridad social se garantice que el titular de ese derecho es el niño y, por tanto, es quien debe beneficiarse de los bonos, asignaciones o subvenciones que se establecen para ellos, pero que se entregan a los adultos que los tienen a su cargo.
Sin embargo, el Ejecutivo no reconoce este derecho a los niños, pues supone que le irrogará gastos, en circunstancias de que se quiere garantizar que el niño goce efectivamente de ese derecho, para lo que se clarifica que él es el titular, y se castiga a los adultos que se apropien de tales beneficios que el Estado hoy ya consagra.
Nuestras indicaciones no tienen por objeto retrasar la tramitación de este proyecto de ley, sino construir un adecuado proyecto de ley. Por eso, estoy dando el fundamento concreto de por qué renovamos una indicación al respecto.
Sin garantías específicas, este proyecto de ley al menos incorporaba, por indicación de nuestra bancada, el principio de que la infancia es prioridad en el Estado de Chile. Sin embargo, el Ejecutivo, en una decisión que no se entiende, se retracta del principio de prioridad y mediante una indicación sustitutiva elimina el deber de priorizar, sustituyéndolo por un irrisorio deber de dar cuenta pública sobre la priorización que hubieren otorgado a los niños, si es que la otorgaron.
Reitero: dar cuenta pública en vez de establecer el principio de prioridad.
Al regular las obligaciones particulares y generales de los órganos de la administración del Estado, el Ejecutivo, mediante indicación sustitutiva a los artículos 2º y 5º, respectivamente, limita ostensiblemente el funcionamiento del sistema. A saber, que la administración del Estado cumpla con las obligaciones que la presente ley establece, las que se reducen a velar, tender y procurar, pero nunca a garantizar, cuando ello debiera ser la esencia del proyecto de ley.
Además, establece que lo haga dentro del marco de sus competencias legales, lo que no constituye avance alguno, pues ninguna competencia nueva se asigna a la administración.
El proyecto no obliga al Estado a tomar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos, que es precisamente a lo que nos obliga la Convención.
Peor aún, el artículo 49 del proyecto de ley entrega al Ministerio de Desarrollo Social solo una función de coordinación de la acción de los organismos públicos y privados, que hasta la fecha siguen siendo los mismos que existen y que funcionan tan deficientemente. Se asegura solo el acceso a servicios y prestaciones indeterminados, pero no la efectividad de los derechos.
Planes, prestaciones y servicios no se garantizan a nivel legal, sino que se dejan para un reglamento de tal ministerio, rebajando con ello el estándar regulatorio de lo que constituye el corazón del sistema. Además, se utilizan solamente los recursos de que disponga el país y sus respectivos presupuestos, los que podrían ser de cualquier monto.
La Corte Suprema de Justicia informó a esta Cámara que tal norma, “por estar por debajo del estándar que impone la Convención importa un incumplimiento convencional”; “que debe ser ajustada para que el proyecto efectivamente cumpla con los estándares que fija la Convención de los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.”.
En concreto, este proyecto de ley incumple el compromiso internacional de maximizar recursos y acudir a la cooperación internacional, si fuere ello necesario, en a lo menos once materias:
1) Proveer los servicios para la satisfacción de los derechos de los niños en forma oportuna y eficaz.
2) Promover, en condiciones de igualdad, el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños.
3) Proveer programas, asistencia y apoyo a los padres y/o madres, y a las familias en el ejercicio de su responsabilidad sobre los niños.
4) Promover el restablecimiento de los derechos cuyo ejercicio se haya visto privado o limitado por la falta o insuficiencia del desarrollo de los derechos y deberes que competen a los padres y/o madres, y a las familias.
5) Dar prioridad a los niños vulnerados en sus derechos en el acceso y uso a todo servicio, prestación y recursos de toda naturaleza, sean públicos o privados, necesarios para su completa rehabilitación, en las debidas condiciones de seguridad y dignidad.
6) Promover el restablecimiento de los derechos de los niños vulnerados por terceros distintos de los padres y/o madres, su familia, sus representantes legales o quienes los tuvieran legalmente a su cuidado.
7) Dar preeminencia al interés superior del niño.
8) Dar efectividad a sus derechos.
9) En la protección social a la infancia.
10) El derecho de los niños a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuados.
11) El derecho a la salud.
En todos los puntos mencionados, el Ejecutivo, en la Comisión de Hacienda, mediante indicación sustitutiva, eliminó el estándar debido.
El proyecto de ley crea un sistema de garantías de los derechos de la niñez sin asignar presupuesto alguno y, conforme a ese criterio, no se consagran tampoco los principios presupuestarios, estándares o modelos de acción debidos cuando un Estado crea y regula un sistema de garantías de los derechos de la infancia. Me refiero a los principios de progresividad, no regresividad e intangibilidad presupuestaria, tan demandados en distintas observaciones y declaraciones por la Cepal, por la Unicef y por el Comité de los Derechos del Niño.
Es más, en cada una de las normas de este proyecto de ley, en que se establecen obligaciones para el Estado o para la administración, el Ejecutivo ha evitado a toda costa incluir la palabra “garantizar”, lo que carece de todo sentido tratándose precisamente de un sistema de garantías.
En estricto rigor, este proyecto de ley solo vuelve a enunciar derechos ya reconocidos a los niños por la Convención, pero solo eso. En la iniciativa hay un inaceptable estándar de defensa jurídica de los niños, nula acción de tutela, y solo se ampara en el hecho de ser una futura ley marco y de que existirían otros proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional, que solucionarían aquello. Sin embargo, en realidad en dichos proyectos de ley -por estar en trámite, los conocemos ello tampoco acontece.
Señor Presidente, por las razones expuestas, reponemos indicaciones al artículo 15, que fijan los principios de progresividad, no regresividad e intangibilidad, tanto en materia de derechos (artículo 15) como en materia presupuestaria (artículos 16 ter, quáter y quinquies), y otras que fijan los estándares para la política presupuestaria de la niñez.
Existen indicaciones que no pueden calificarse como inadmisibles simplemente porque estén referidas a presupuestos, pues no fijan obligaciones presupuestarias específicas, sino solo principios rectores u orientaciones para el manejo del gasto público en materia de niñez.
De acuerdo con la doctrina (diccionario y uso filosófico de José Ferrater Mora), los principios son modelos o cursos de acción que forman parte del derecho positivo, pero “que nunca podrían imponer una obligación que no fuera sancionada por el mismo ordenamiento positivo.”. Por lo tanto, no estableciéndose una obligación especifica en estas materias, en esta ley en proyecto, los principios solo cumplirán una función interpretativa.
Inaceptable estándar de defensa jurídica de los niños
El artículo 29 del proyecto, que establece “el derecho de todo niño, niña o adolescente a contar con asistencia jurídica para el ejercicio de sus derechos en conformidad a la ley”, es una norma genérica, que no precisa la forma de hacerla efectiva y se encuentra limitada a “los casos en que proceda”, lo que lleva inevitablemente a preguntarse: ¿Es que existen casos en que un niño requiera asistencia jurídica y esta no procederá?
Es un artículo que además no está situado en el Título II, relativo a los derechos de los niños, sino en el título que refiere solo una garantía administrativa indeterminada. Ello implica una regresividad en la materia, pues no se está reconociendo a la asistencia jurídica el estatus de derecho, sino como una mera prestación administrativa, completamente indeterminada.
El proyecto se cuida de no incluirlo en su catálogo de derechos fundamentales del Título II. Este artículo es expresión clásica de formas de legislar para que nada suceda.
La Corte Suprema informó a esta Cámara:
a. “Que la Ley N° 19.968 en su artículo 19 establece como obligación del juez velar porque los intereses de niñas, niños y adolescentes se encuentren debidamente representados, para lo que establece la posibilidad de designación de un curador ad litem,”.
b. “Que los tribunales se enfrentan a escasa disponibilidad de recursos humanos y materiales al momento de efectuar este nombramiento, por lo que es imperioso que el proyecto de ley sea más concreto en la efectivización de este derecho”.
c. Que “Particularmente exigente se hace la consagración clara de tal sistema de asistencia jurídica, considerando que existirá una protección administrativa que ni siquiera sabemos en qué consistirá ni el órgano o autoridad que la ejercerá”, pues el Título III, referido a la Protección Administrativa, debido a las grandes falencias que tenía y que fueron representadas por la Corte Suprema, fue prácticamente vaciado de contenido por el Ejecutivo mediante una indicación sustitutiva.
Por ello, tal y como la Corte Suprema lo señala, “la defensa apropiada del eventual afectado frente a la propia actividad del Servicio encargado de brindar protección, que ahora es asumida por el mismo órgano a cargo de su aplicación, se acrecienta como un deber ineludible”.
Es imprescindible otorgar a la asistencia jurídica el estatus de derecho que le corresponde, así como elevar su estándar. La asesoría y defensa jurídica de niños, niñas y adolescentes debe regularse con el detalle básico de los medios que permiten instrumentarla en todos y cada uno de los ámbitos en que se requiera: judicial y extrajudicial, como demandante o como demandado (denunciante o denunciado, querellante o querellado, víctima y ofensor), en lo civil y en lo penal, en lo administrativo, laboral, protección especial, etcétera.
Es irónico que se prescriba que la “debida asistencia jurídica” sea un derecho que se ejerce “en conformidad a la ley”, cuando esta ley no dispone absolutamente nada en concreto.
El artículo 38 no aporta nada en términos de garantías; al contrario, desmejora el estándar ya existente en el artículo 19, número 3°, de la Constitución Política, sobre igual protección en el ejercicio de los derechos y derecho a la justicia. Por lo tanto, constituye una regresividad de derechos inaceptable en materia de derechos de la niñez.
Incluso la regulación es más sólida, no obstante sus deficiencias, en lo ya regulado en la Ley de Tribunales de Familia y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Por ello, repusimos la indicación que establece el derecho a una tutela judicial efectiva, que entre otras garantías incluye “el derecho a una asesoría jurídica especializada y autónoma” de la administración que aplicará medidas y financia el sistema de protección, garantía que el Ejecutivo eliminó en la Comisión de Hacienda.
Se prometió al inicio de este mandato presidencial que los niños de Chile contarían con un “defensor especial”, y en otro proyecto de ley, tramitado en el Senado, se les entrega una Defensor de la Niñez que no se ocupará de su asistencia jurídica, sino de evaluar las políticas implementadas, y que representará a los niños en forma discriminatoria “solo” en los casos “que provoquen alarma pública” y “siempre que se estime necesario”.
Omisión de la tutela jurisdiccional de derechos fundamentales de los niños
Un componente esencial de un derecho fundamental es precisamente la denominada “garantía secundaria”, consistente en el derecho a la protección mediante una acción o recurso ante un tribunal que ampare el derecho vulnerado o amenazado.
Resulta inconcebible que este proyecto de ley, que precisamente tiene como idea matriz generar un sistema de garantía de derechos, no contemple acción alguna de tutela en materia de derechos fundamentales. Se ha anunciado que este mecanismo se incluiría en otro proyecto, ligado a reformas a la Ley de Tribunales de Familia, pero no hay certeza de que el Ejecutivo tenga convicción de hacerlo.
La Corte Suprema ha señalado que “la garantía judicial, concebida como tutela jurisdiccional de derechos fundamentales de los niños, y concretada en una acción cautelar accesible y expedita, que entrega a los tribunales potestades para adoptar, entre otras, una gama amplia o abierta de medidas de cumplimiento y reparación, resulta incluso más importante (desde la perspectiva del diseño de garantías de derechos fundamentales) que la protección administrativa”.
La Corte nos recuerda que “El Estado administrador, directa e indirectamente, está en una posición de alta probabilidad cotidiana de vulnerar los derechos, cuya corrección y amparo deben estar entregados a los tribunales de justicia, órganos que representan un ente independiente e imparcial y titular de otro poder del Estado”.
Conforme a este proyecto de ley, si la acción vulneratoria es imputable a la administración, ¿ante quién reclamarán los niños? Por eso, ambas formas de protección: administrativa y judicial, deben estar contenidas y bien desarrolladas en esta ley en proyecto, pero no lo están.
Por ello, reponemos un derecho que constituye la más importante de las garantías secundarias, como es la tutela judicial efectiva de sus derechos, y la dotamos, además, de un contenido específico que garantice que su vigencia será efectiva.
No incluirlo sería actuar junto al Ejecutivo incumpliendo el compromiso internacional de no regresividad de los derechos de la niñez, que en este mismo proyecto de ley estamos intentando consagrar en un nuevo artículo 15 para que legislaciones regresivas como estas no vuelvan a presentarse en este Parlamento.
Mediante indicación se propone el siguiente artículo:
“Artículo 34. Debido Proceso, tutela judicial efectiva y especialización. En todo procedimiento administrativo o judicial que afecte a los derechos de un niño, niña o adolescente, estos tendrán derecho a un debido proceso que incluya, entre otros, el derecho de acción, el derecho de información del procedimiento aplicable y de los derechos que le asisten en él, el derecho a una representación distinta a la de sus padres o representantes legales en caso de intereses incompatibles, derecho a una defensa especializada, derecho a efectuar alegaciones, a presentar pruebas idóneas e independientes, a recibir asistencia estatal para la revisión de la decisión que le afecte, y a recurrir ante una decisión que le cause perjuicio.”
Ley extremadamente general con la excusa de que se trata de una ley marco y con promesas de leyes futuras que resultan insuficientes
1. Se ha señalado majaderamente que se trata de una “ley marco” en cuanto sienta las bases generales de un sistema de garantía de los derechos de la niñez, y el mensaje anuncia futuros cuerpos normativos que vendrán a complementar la institucionalidad proyectada y a poner en ejecución sus postulados.
2. Sin embargo, como lo expresó la Corte Suprema (Considerandos 19, 20, 21), “los lineamientos de algunos derechos así como los del Título III sobre Protección Administrativa, Título IV sobre Institucionalidad de la Infancia y Título V sobre Política de la Niñez, son extremadamente generales y producen más interrogantes que certezas.
3. “El articulado no es claro ni suficiente -dice la Corteen lo relativo a:
a. La delimitación de funciones entre la entidad administrativa que se pretende crear y los tribunales de justicia.
b. El estatuto normativo que deberán aplicar los tribunales de justicia al momento de conocer un caso en que exista privación o limitación de los derechos de niños, niñas o adolescentes.
c. El establecimiento de algún sistema de control de las decisiones de la administración, requerido no solo para seguimiento temporal del cumplimiento de las medidas que se determinen, sino además para evaluar si los objetivos de las mismas se cumplen, o si tienen los efectos esperados.
d. Que el control y seguimiento de la ejecución lo haga un ente neutral que vele por el respeto, promoción y protección de los derechos de niños y no el ente administrativo que las determina, ejecuta y financia.
e. Si se contará o no con un sistema encargado de controlar la ejecución de las medidas de protección impuestas por los tribunales de justicia. Un modelo claro y efectivo.
La forma en que se deberá enfrentar el proceso de transición entre la realidad actual y la implementación de la nueva institucionalidad.
f. El debido financiamiento para su ejecución.
g. La definición de la entrada en vigor de todo el sistema: la nueva institucionalidad, el nuevo Servicio de Protección y de Responsabilidad Penal Adolescente, la Defensoría de la Niñez, la asesoría jurídica especializada para los niños, y no solo de un fragmento carente de contenido significativo.
4. Concluye la Corte : “parece indispensable que el sistema sobre el cual descansa su efectivización esté plenamente establecido, por lo que se estima adecuado que el Congreso considere la posibilidad de suspender la tramitación en aquellos aspectos de este proyecto de ley especialmente indeterminados, en particular los títulos III, IV y V hasta que no se cuente con la totalidad de las propuestas legales que darán forma completa al sistema que se pretende incorporar en nuestro ordenamiento jurídico”.
5. En efecto, el Título III, Sistema de protección administrativa y judicial, es un título extremadamente genérico que nada garantiza sobre la protección administrativa y judicial que se dice se entregará a los niños.
Ningún artículo existe sobre la protección judicial ni menos cómo se articulará o diferenciará de la protección administrativa que se quiere establecer.
Sin embargo, no es inocuo, pues no obstante ser genérico, establece la existencia de una protección administrativa sin definición, estándar, requisitos, funciones ni límite alguno. Y se mantiene la idea de que órganos administrativos, que no sabemos cuáles son, ni quiénes los conformarán, ni quiénes los controlarán, serán los que “gestionarán y entregarán los servicios y prestaciones y adoptarán las medidas de protección indeterminadas”.
Se trata de atribuciones que además no contarán con la garantía de una regulación legal, pues el artículo 49 entrega su regulación a un mero reglamento.
Por ello, para introducir garantías específicas y dotar al Título III de contenido significativo, indicamos:
Artículo 38.- Asistencia jurídica.
Artículo 39.- Protección judicial y administrativa. Agregamos:
Artículo 39 bis. Principios rectores de la Protección Administrativa. Artículo 39 ter. Objetivos de la Protección Administrativa.
Artículo 39 quáter. Requisitos de validez de la Protección Administrativa.
Artículo 39 quinquies. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos por parte de los niños
Artículo 43 bis. Tutela en sede administrativa.
Artículo 43 ter. Acción de tutela de derechos fundamentales.
6. Título IV. Institucionalidad.
Es un título extremadamente genérico que nada garantiza; pero no es inocuo, pues rebaja la garantía de una regulación legal acerca de la institucionalidad que existirá, cómo se organizará, las funciones que tendrá, quién fiscalizará, atribuciones, requisitos, plazos, y la protección administrativa que entregará, a un mero reglamento.
Bien dijo la Corte Suprema que falta en el proyecto una mínima estructura administrativa visible y eficaz en los distintos niveles territoriales, al menos en cada comuna.
En la discusión del proyecto se aludió a “dispositivos territoriales”, término ambiguo que, por lo demás, no se encuentra en el articulado. El artículo 49 del proyecto apenas anuncia planes que, vía reglamento, permitirán el despliegue territorial del Ministerio de Desarrollo Social para los fines señalados.
El hecho de que el “despliegue territorial” del Ministerio de Desarrollo Social se delegue a un reglamento revela en sí mismo una rebaja de garantías primarias.
El establecimiento de estos “dispositivos”, que no son otra cosa que los planes, programas, funciones y órganos competentes del sistema por medio de una ley, es precisamente la garantía jurídica de protección que los niños en Chile necesitan.
Ni el Título III sobre Protección Administrativa ni el Título IV sobre Institucionalidad del Sistema consagran derechamente órganos o instituciones competentes, con funciones o atribuciones de protección, prevención y promoción, determinadas por la ley.
Se arguye que otro proyecto de ley, ingresado en el Senado, que crea “la Subsecretaría de la Niñez” dentro del Ministerio de Desarrollo Social, contemplaría el despliegue territorial de la protección. Sin embargo, allí solo se habla de “un posible fortalecimiento a nivel regional de las actuales estructuras del Ministerio de Desarrollo Social” por obra de otro reglamento que se dictará cuando tal iniciativa de ley ya haya sido aprobada.
Pero es obvio que el mero crecimiento de las secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Desarrollo Social como opción reglamentaria, resulta claramente insatisfactorio para los propósitos declarados en el proyecto de ley, tal y como hoy lo son las Seremis de Justicia o las Oficinas Regionales del Sename.
Título V. De la Política Nacional de la Niñez y su plan de acción.
Es un título extremadamente genérico que nada garantiza, pero no es inocuo, pues rebaja la garantía de una regulación legal acerca de la política que existirá, cómo se organizará, las funciones que tendrá, quien lo fiscalizará, atribuciones, requisitos, plazos, y la protección administrativa que entregará, a un mero reglamento.
Artículo 53.- Política Nacional de la Niñez. “La Política Nacional de la Niñez establecerá los objetivos generales, fines, directrices y lineamientos en materia de protección, garantía y promoción integral de los derechos…”.
Artículo 54.- Contenido mínimo de la Política Nacional de la Niñez. “… deberá contener, a lo menos, sus objetivos y fines estratégicos, distinguiendo áreas y materias; orientaciones y ejes de acción…”.
No fija ninguno, de ni un mínimo parámetro o estándar que esta deba cumplir. Artículo 57.- Procedimiento de formulación y aprobación.
Nuevamente se disminuyen las garantías al establecer que la política se formulará y aprobará conforme a un reglamento. Porque esta ley en proyecto no dice nada específico ni concreto al respecto.
Artículos transitorios
Artículo primero.- La Política Nacional de la Niñez deberá dictarse dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley.
Artículo segundo.- Las normas del Título III -Sistema de Protección Administrativa y Judicial, y el artículo 49regirán a contar de la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Protección de la Infancia, cualquiera sea su denominación legal.
Artículo tercero.- El reglamento a que se refiere el artículo 49 -el que determinará los planes de despliegue territorial del Ministerio de Desarrollo Social muy probablemente referidos a sus Seremis deberá dictarse en el plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la presente ley. En él deberá establecerse la progresividad de los planes de despliegue territorial que el mencionado artículo señala.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señorita Marcela Sabat .
La señorita SABAT (doña Marcela) .-
Señor Presidente, nuestro país, a pesar de haber ratificado hace más de un cuarto de siglo la Convención sobre los Derechos del Niño, exhibe políticas de infancia muy lejanas a las de un país que aspira al desarrollo y que pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El ingreso per cápita de nuestra nación no tiene un correlato en nuestras políticas públicas relativas a la infancia ni en las medidas concretas que, como Estado, hemos impulsado para dar efectividad a nuestras obligaciones internacionales.
El aumento en el presupuesto del Servicio Nacional de Menores y las enmiendas legislativas conducentes a satisfacer las obligaciones que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño claramente demuestran que la niñez no es prioridad gubernamental.
Lamentablemente, un tema que debiese ser una prioridad estatal per se solo ha adquirido protagonismo en los últimos meses, debido a la muerte de la pequeña Lissette Villa y por noticias referidas a explotación sexual y a abusos en el sistema de protección a la infancia vulnerable. Todo ello ha servido para dejar en evidencia un Sename atrapado por la acción de los partidos, en que la oferta de programas, recursos y competencias es absolutamente insuficiente.
Hoy votaremos el proyecto de ley que crea un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que, tal como lo señala el propio mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto “dotar al país de un sistema coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales, orientados a asegurar la efectividad de los derechos de los niños y a velar por su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, considerando su identidad cultural y su pertenencia a pueblos indígenas”.
La verdad es que, a pesar de todos los esfuerzos realizados en forma transversal para mejorar este proyecto de ley, ello no ha ocurrido en ningún caso. Lo anterior no solo ocurre con este mensaje, sino con otros que están en tramitación en el Congreso Nacional, que buscan dar respuesta a las obligaciones que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño, y que periódicamente el Comité nos recuerda a través de sus observaciones generales.
La agenda legislativa de este gobierno, lejos de generar mecanismos y procedimientos que aseguren el acceso a garantías universales, pone su foco en la creación de instituciones, de organismos y de un marco legal general. Sin embargo, no pone el acento en las brechas y en la creación de instrumentos que no solo declaren derechos y garantías.
No podemos seguir teniendo leyes que solamente enuncien garantías y derechos; por el contrario, necesitamos que permitan saber qué se espera como resultado de las políticas sociales y de las reformas legales. No basta con crear servicios o subsecretarías ni con elaborar un catálogo completo de derechos en abstracto e inexigibles, como, en efecto, ocurre en esta iniciativa.
Es completamente necesario contar con una nueva visión sobre las políticas públicas y los instrumentos que permitan saber qué funciona bien. En otras palabras, a pesar de que debemos impulsar una nueva institucionalidad en materia de infancia -entendemos la necesidad de avanzar en la creación del defensor de la niñez o de una ley marco de garantías, pero no en la forma actual-, es imprescindible pasar de las instituciones y de la mera propuesta orgánica a instrumentos que garanticen mejoras en los niveles de satisfacción de derechos.
Un proyecto que solo enuncia principios y evoca una declaración de buenas voluntades, sin tener aparejado un solo peso para esta futura ley marco, no aporta nada, no soluciona nada, no mejora nada, pues no contribuye a que el sistema que hoy nos debe avergonzar como país deje de vulnerar los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes, ni ayuda a reparar esa vulneración de derechos.
Como país, debemos ser capaces de dar respuestas urgentes a una infancia completamente vulnerada, con niños que después deben reinsertarse en la sociedad con una fuerte carga social, que tienen que optar por la autorresiliencia, porque nuestro Estado no les garantiza los derechos fundamentales. Ese necesario entender que en la implementación de buenas políticas públicas dirigidas a nuestros niños está en gran medida el éxito de una nación.
En los primeros años de vida se definen las bases del posterior desarrollo cognitivo, social y afectivo de las personas. Es fundamental comprender que, al aportar recursos a la infancia, particularmente en los primeros años de vida, el país hace su mejor inversión, con una tasa de retorno que, si bien no se visualiza en el corto plazo, tiene como resultado necesario una nación más justa y más próspera.
Hoy, Chile carece completamente de un sistema de protección integral para la infancia que permita hacer un seguimiento transversal de las leyes, de las políticas y de los programas -un diseño, un monitoreo y una evaluación para todos los niños, niñas y adolescentes, con una mirada universal y sujeto a un modelo de evaluación de impacto regulatorio. Es fundamental que las leyes y las políticas públicas referidas a la infancia sean objeto de una evaluación posterior. Esa es la única manera de cuantificar su impacto regulatorio o, incluso, de que se establezcan parámetros o criterios de resultados esperados con anterioridad a su entrada en vigencia, con el propósito de hacer que la evaluación sea más objetiva y eficiente.
Este proyecto no considera lo anterior y, a decir verdad, más allá de una mera enunciación de derechos, en los cuales coincidimos, no se establecen mecanismos para hacer realidad su ejercicio. Es más, se eliminaron las referencias al estándar de máximo de recursos disponibles, con una fórmula a la chilena, que desconoce por completo nuestras obligaciones internacionales.
Espero que podamos seguir avanzando en acuerdos que, de verdad, permitan despachar un proyecto de ley que esté a la altura de lo que nos demandan nuestros niños. A pesar de que estamos ante una deuda que el Estado de Chile ha tenido por años, este gobierno tiene el deber moral de hacerse cargo y de dar prioridad presupuestaria a esta enunciación de derechos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, todos los parlamentarios que han intervenido han coincidido en que este proyecto es fundamentalmente declarativo y que le falta la parte más importante, cual es garantizar los derechos. Para lograr ese propósito, hay que señalar claramente cómo se garantizarán esos derechos. No basta con decir que los niños tienen derecho a la educación, a la salud, a la vida, etcétera, si no se establece la forma en que se garantizarán tales derechos.
Es inevitable coincidir en esta materia, porque existen hechos concretos indiscutibles. Hace más de treinta años que el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en todo ese tiempo solo hemos trabajado en lo que dice relación con la violencia intrafamiliar. Efectivamente, existe algún nivel de protección de los niños en caso de que ocurran hechos de violencia en el seno de la familia, pero en los demás ámbitos no hemos trabajado en estos treinta años, y este proyecto no es la excepción.
En el artículo 38 se señala que todo niño tiene derecho a contar con la debida asistencia jurídica de un abogado para el ejercicio de sus derechos y, además, que el Estado procurará que los profesionales responsables de la defensa de estos ante tribunales tengan el carácter de especializados en la materia.
¿Qué ocurre si el abogado no es especializado en la materia? El Estado no lo garantiza, porque el artículo 38 simplemente dice que procurará que tengan ese carácter. Por consiguiente, los niños no van a tener la debida asistencia judicial que este proyecto señala como garantía, porque, al mismo tiempo, se deja la ventana abierta para no garantizar dicho derecho.
Por otra parte, se habla del derecho a la salud en un sistema público que tiene un millón y medio de pacientes en listas de espera para ser atendidos por un especialista. ¿Cuántos pacientes de esas listas de espera son niños? Si el Estado no puede garantizar -sin considerar este proyecto de leyque la población, en general, sea atendida como corresponde, menos va a poder garantizar a los niños el derecho a la salud que señala este proyecto de ley.
También se establecen normas para la actuación policial. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán ajustar sus actuaciones y procedimientos a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño, a los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes y a las leyes y reglamentos que en materia de garantías y protección de los derechos de los niños se hubieren aprobado en conformidad a esta ley.
¿Qué pasa hoy con los niños mapuches en La Araucanía, cuyos derechos son vulnerados? Estamos tramitando este proyecto de ley y, al mismo tiempo, vemos cómo se vulneran los derechos de los niños mapuches en La Araucanía, que son violentados por las fuerzas policiales.
¿Acaso tenemos un problema de esquizofrenia, en que el hemisferio derecho del cerebro no sabe lo que hace el izquierdo? No tenemos conciencia de que efectivamente estamos en un país que no garantiza a nadie -y no solo los niños sus derechos.
¿Cómo un proyecto de ley pretende garantizar derechos en un Estado que dice que es el mercado el que tiene que regular, distribuir y decidir en materia de salud, educación y en cualquier ámbito? En Chile, el Estado no decide ni garantiza nada, porque estamos insertos en un modelo en que el Estado es un simple observador y, por consiguiente, el mercado distribuye y decide todo. Eso es obvio en materia de salud. Hoy todos los afiliados de la isapre Masvida saben que la salud no es un derecho. Es más, hoy están atrapados. No pueden renunciar, porque el sistema se va a perjudicar si los afiliados se retiran en forma masiva de esa isapre. A nadie le preocupa el derecho a la salud de esos afiliados.
¿Qué le preocupa al Estado? Que el sistema funcione, que se perpetúe y que todo siga exactamente igual. Por lo tanto, es difícil garantizar los derechos de los niños en el sistema que tenemos.
Hay un tema muy raro que aparece en este proyecto de ley, que conversé con la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, que se relaciona con la violencia institucional. En este proyecto no hay ninguna palabra respecto de este tema.
La Convención sobre los Derechos del Niño dice que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño en contra de toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, incluido el Estado.
Todos sabemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Sename o en las instituciones financiadas por el Sename. Ello da cuenta de que el Estado no ha resguardado a los niños, como tampoco a las instituciones que se encuentran a su servicio.
Hoy, los niños han sido vulnerados. Donde más han sido vulnerados es en aquellos ámbitos donde deben ser protegidos: en la familia y en las instituciones del Estado. Este último no cuenta con ninguna herramienta que establezca que la violencia institucional es un delito.
Respecto del Sename, hace mucho tiempo se prometió que la institución cambiaría. Se dijo que se establecería un criterio distinto para aquellos niños que están bajo protección respecto de quienes han violado o vulnerado la ley. Sin embargo, treinta años después seguimos en la misma situación.
Es preocupante que un proyecto que pretende establecer un sistema de garantías de derechos de la niñez no indique cómo se llevará adelante ello. Como muchos dijeron acá, no existe una sola sanción para aquellos que siguen vulnerando los derechos de los niños, lo que es extraño, pero muy propio de nuestra institucionalidad.
He dicho
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, como han señalado colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, la Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por Chile hace veintisiete años. Muchos de los parlamentarios que critican en este hemiciclo ese instrumento marco han formado parte del Congreso Nacional durante diez o veinte años. Dicho eso, el Congreso Nacional debería hacerse una autocrítica sobre por qué no ha hecha nada sobre esta materia durante tantos años.
Es fácil criticar una política general que por primera vez garantizará el cumplimiento de un compromiso de Estado; es fácil no hacerse autocríticas sobre por qué el Parlamento no puso antes el punto sobre las íes sobre la materia y sobre por qué el Congreso Nacional repito, muchos de los aquí presentes han sido parlamentarios durante cinco, diez o quince años no hizo nada sobre este particular.
Hoy vemos los resultados. La vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas no se produce solo en el Sename o en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), sino también, día a día, en las calles, en los colegios y dentro de las familias. Muchas veces esa realidad permanece invisibilizada. ¿O acaso una puede desconocer que en las poblaciones, en cualquier comuna periférica, o en familias más acomodadas, niños y adolescentes son víctimas de la drogadicción, del abandono y de abusos sexuales? También ocurre que a muchos adolescentes se les niega su identidad de género.
Me ha tocado ver en poblaciones a niños que están en las calles, en basurales, en vertederos. No son niños que están en el Sename: son niños que consumen pasta base. Eso ocurre porque el Estado no tomó en consideración a tiempo los derechos que les asisten. Ello también es responsabilidad de este Congreso, no solo de los gobiernos de turno.
No soy abogada, ni miembro de la Comisión de Familia, por lo que no conozco en detalle el proyecto. Sin embargo, todo el mundo sabe que se trata de una futura ley marco que busca construir los cimientos para una nueva institucionalidad que asegure la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Espero que en la discusión particular mejoremos el proyecto, por cuanto necesitamos especificar cómo se garantizarán los derechos de los niños y niñas. Pero también necesitamos una política general sobre la materia. ¿Cuántas veces nos quejamos, por ejemplo en el ámbito educacional, de que construimos instituciones, subsecretarías y agencias para la calidad sin tener claro hacia dónde vamos? Bueno, este proyecto busca construir un sistema integral de protección de la infancia, política que, por lo demás, los organismos internacionales nos exigen elaborar.
Esa ley marco debería dar cuerpo a otros pilares vinculados con la materia, como la Subsecretaría de la Niñez, el Defensor del Niño y el proyecto que modifica la ley de adopción, tópico que resulta urgente abordar. En el fondo, se trata de fortalecer todo el sistema administrativo de protección de la infancia. Los niños que llegan al Sename han sido vulnerados en sus derechos antes de ingresar a dicha institución, ya sea como consecuencia del hacinamiento, porque viven bajo el amparo de familias drogadictas, etcétera.
En este ámbito existe una serie de derechos que no están garantizados por parte de las mismas instituciones que tienen las herramientas y los recursos para hacerlo. No existe coordinación desde el punto de vista administrativo.
Repito: necesitamos elaborar una política general sobre la niñez. Ello debe llevarse a cabo a través del diseño de proyectos de ley específicos, dotando a la institucionalidad de los recursos adecuados.
Anuncio que nuestra bancada votará a favor el proyecto. Esperamos que durante la discusión particular mejoremos los elementos pendientes. Necesitamos avanzar, de una vez por todas, como Estado y como Congreso Nacional, en una política marco para la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira .
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente, sin duda, nuestra sociedad está completamente en deuda con nuestros niños. Por eso, el proyecto que hoy nos convoca para crear el sistema de garantías de la niñez es de extrema importancia.
Hace ya dieciocho meses que la Presidenta Bachelet ingresó a tramitación esta iniciativa, sembrando muchas esperanzas y generando altas expectativas debido a lo esperado de la misma. La radical relevancia del proyecto se expresaba en el mensaje al poner el foco en la familia, “relevando el reconocimiento y el respeto de las relaciones y funciones de la familia como núcleo básico de protección de los derechos del niño, enfatizando el papel de orientación y guía que les compete a los padres en el ejercicio de los derechos de los niños, fortaleciendo, además, los deberes y derechos de los padres en relación con la crianza y cuidado de los niños”, y limitando la intervención del Estado en su rol subsidiario.
Sin duda, comparto esas ideas, porque precisamente es lo que Chile requiere: una comunidad que entienda que la mejor forma de resguardar a nuestros niños es fortaleciendo las familias, porque estas son el núcleo protector y fundamental de nuestra sociedad.
Los niños no viven solos, sino bajo el cuidado y protección de sus padres. Por ello, se debe defender especialmente la soberanía familiar a través del resguardo del derecho y deber preferente de los padres para educar a sus hijos, relevando la intervención del Estado a una posición subsidiaria y colaborativa de los padres, quienes son naturalmente los primeros educadores.
Hay que decirlo con todas sus letras: este proyecto no es lo que dice que es. Su articulado es en gran parte contradictorio con las ideas que propugna. Salvo honrosas excepciones que propusimos transversamente, como la protección en materia de salud al niño y a la madre, tanto extrauterina como intrauterinamente para casos como la espina bífida, la prohibición de todo tipo de maltrato, incluido el maltrato prenatal, el resguardo de la maternidad o paternidad adolescente y de sus hijos por nacer, este proyecto, seguramente sin pretenderlo, atenta contra sus propias ideas fundantes.
Por eso, no es menor que durante su discusión particular se hayan presentado más de seiscientas indicaciones para perfeccionarlo sustantivamente y hacer realidad lo que la propia Presidenta Bachelet aseguraba.
Solo para que se tenga presente, desde el ingreso del proyecto participé en prácticamente todas las sesiones en que fue tratado, no solo presencialmente, sino activamente, e intervine con la presentación de más de doscientas indicaciones. Asimismo, efectué múltiples reuniones con el gobierno para mejorar sustancialmente la iniciativa.
Hay que dejarlo claro: más allá de que quien habla sea una diputada de la oposición, aquí está en juego un bien superior: nuestros niños, y no puede haber ideología alguna que los margine y excluya de su bienestar.
Este proyecto ha sido trabajado, discutido y reflexionado, pero aun así no convence ni está a la altura de lo que se espera. Lo dice la sociedad civil, lo afirma la Corte Suprema, lo aseveran incluso no solo parlamentarios de oposición, sino también del oficialismo. Ello porque el contenido del proyecto se inspira en algo profundamente equivocado: la sospecha de que los padres vulneran permanentemente los derechos de sus hijos y que, por tanto, el Estado debe intervenir para protegerlos. Recordemos que esta iniciativa no está focalizada, por ejemplo, en los padres que abusan a sus hijos o los abandonan, como algunos equivocadamente creen. Esa materia está contenida en otro proyecto, vinculado al Sename, que, lamentablemente y pese a innumerables anuncios de la Presidenta de la República, aún no ha sido enviado a tramitación por el gobierno. También es un tema pendiente.
Este proyecto es aplicable a la generalidad de los niños y a aquellos padres que con sus limitaciones naturales tratan de hacer lo mejor posible por sus familias y sus hijos.
Por ello, como afirmó el ex-Presidente Pinera hace algunas semanas, se requiere un sistema de garantías de los derechos de la niñez, pero uno que refuerce, proteja y fortalezca a las familias y el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos frente al Estado.
Recordemos que la iniciativa original, ya corregida afortunadamente, establecía en su artículo 31 la intervención del Estado por “la falta o insuficiencia en el ejercicio de los deberes de orientación y cuidado” de los padres. ¿Quién puede arrogarse el título de ser un padre o madre perfectos o que realiza siempre su rol de manera adecuada? Lo más probable es que ninguno de nosotros. ¿Pero solo por eso el Estado debe intervenir la familia a través de medidas de protección? Pareciera ser, sin lugar a dudas, un exceso.
Esta confusión del gobierno, que desvirtúa el proyecto, se encuentra patente en el artículo 2, al señalar al Estado como el primer obligado a garantizar los derechos de los niños, y no a las familias, como si la familia fuese subsidiaria o igual que el Estado en el resguardo de un niño. Nada más alejado de la realidad.
El artículo 7, que establece como principio la autonomía progresiva de los niños, esto es que “todo niño podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia a la evolución de sus facultades, su edad y madurez”, es especialmente complejo, porque reconociendo la edad y madurez de los niños, el gobierno nuevamente debilita el rol de los padres, ya que quienes tienen el derecho preferente de ir estableciendo esos límites para ir ejerciendo esos derechos son naturalmente los padres, cuestión que es puesta en duda al permitir que incluso terceros o el propio Estado sean quienes determinen esa madurez, incluso con oposición de los padres.
En simple: para cualquier padre o madre es lógico poder limitar, por ejemplo, el acceso a internet de su hijo, su libre circulación en determinados lugares y horarios, acompañarlo al médico y estar presente para saber lo que le está ocurriendo, o incluso poder acceder a sus redes sociales por temor a vínculos con personas mayores que puedan abusar de él. Lo anterior, que naturalmente forma parte del proceso educador, orientador y de cuidado por parte de los padres a los niños, es conflictuado con el proyecto, pues se hace aparecer que quienes determinan los límites para el niño o la niña ya no son sus progenitores, sino el médico, el juez, el funcionario público o cualquier otro tercero, además del Estado, lo cual constituye una intromisión indebida en la relación padre-hijo.
Corolario de lo anterior es que no se reconoce el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos como principio general, sino algo muy distinto: el derecho de los niños a ser educados por sus padres. Así figura en el artículo 27 del proyecto. El gobierno cree que el derecho es del niño y no de sus padres, con lo cual mezcla peras con manzanas. La gran complejidad y discusión que existe hoy es hasta dónde el Estado puede entrometerse en la formación y guía de los hijos, habida consideración de que ese un derecho preferencial de los padres y no del Estado, el cual debe actuar solo de manera subsidiaria.
El artículo 14 del proyecto establece el deber del Estado de colaborar con las familias, pero ello constituye una mera declaración de principios toda vez que el proyecto, como todos saben, no contempla presupuesto alguno; incluso, a instancias del Ejecutivo, se suprimió la indicación que establecía la obligación de hacer uso con ese fin “del máximo de los recursos disponibles en el país, los recursos complementarios de la sociedad civil y, en caso de ser éstos insuficientes, acudirá la cooperación internacional”. Esta circunstancia ha sido duramente criticada por la sociedad civil.
Ahora bien, se señala que este proyecto establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, lo que -se supone podría beneficiar a todos los niños; sin embargo, tampoco se hace de ese modo. En efecto, pensar así es errado porque, en los hechos, lo que hace la iniciativa -además de lo mencionado en las críticas enunciadas es simplemente una bajada de lo que ya es ley en nuestro ordenamiento jurídico desde 1991: la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, no es más que un simple catálogo de derechos de los niños, salvo en algo perjudicial para ellos: la posibilidad de cambio de sexo registral de los niños y de intervenciones hormonales de readecuación sexual.
El proyecto tampoco establece acciones concretas para la protección de los derechos en él enunciados frente a las posibles vulneraciones del Estado. Recordemos nuevamente que el mensaje señalaba expresamente que “se establecerá una acción especializada y de tramitación rápida, que permitirá exigir a los órganos del Estado la prestación de los servicios que deben otorgar legalmente cuando el acceso a ellos haya sido negado o limitado afectando los derechos del niño”. Esa acción brilla por su ausencia; es decir, tampoco se establece un verdadero resguardo.
Como dije al principio, es un hecho el extremo fracaso que como sociedad hemos tenido respecto de la protección de los derechos de los niños. En tal sentido, existe la obligación moral de construir una institucionalidad que verdaderamente los resguarde, haciendo seria y profesionalmente las cosas. Si un proyecto es tremendamente criticado no solo por la oposición sino también por los parlamentarios oficialistas, por la sociedad civil y por la propia Corte Suprema, es un imperativo ético mejorarlo sustantivamente.
Creo firmemente que el proyecto puede y deber ser perfeccionado a través de las diversas indicaciones que repondremos, de modo que realmente cumpla su función de garantizar el respeto y pleno goce de los derechos los niños.
Por ello, votaremos a favor la idea de legislar, pero lo haremos –reitero a la espera de las modificaciones sustanciales que requiere el proyecto.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Ha concluido el Orden del Día.
Cerrado el debate.
Los diputados Ernesto Silva , Mario Venegas , Giorgio Jackson , Lautaro Carmona , Alberto Robles , Felipe Letelier , Fuad Chahin y Jorge Sabag , quienes estaban inscritos para intervenir, podrán insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones.
El señor CHAHIN.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, en la reunión de Comités se acordó que los diputados que no alcanzaran a intervenir en el debate en general quedarían inscritos en primer lugar para hacer uso de la palabra en el debate en particular. Sin embargo, usted acaba de pedir que insertemos nuestros discursos.
Solicito que se respete lo acordado en la reunión de Comités.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Diputado Chahin , para la discusión particular de este proyecto se considerarán los diputados inscritos para intervenir que acabo de nombrar y se respetará el orden de prelación.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, no es efectivo que en la reunión de Comités de hoy en la mañana se haya acordado lo señalado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. No hubo acuerdo en tal sentido. El debate en particular es un nuevo debate, y habrá que inscribirse para hacer uso de la palabra, como corresponde.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Gracias por aclarar el punto, señor diputado.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, pido la palabra sobre el mismo punto.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, lamento discrepar de mi colega Saffirio , pero aquí está el Secretario para confirmar lo que señalo-, dado que se acortó el tiempo de los discursos y que se acordó votar hoy en general el proyecto, se consideró que quienes no alcanzáramos a intervenir ahora quedaríamos inscritos con prioridad para la discusión particular en la Sala.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Para referirse al mismo punto, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, solo quiero aclarar a la Sala que la idea -lo discutimos en Comités, y también con anterioridad fue que si era necesario dedicar dos sesiones a la discusión particular de este proyecto, ello se haría. Por tanto, ningún diputado que quiera participar en ese debate quedará sin expresar su punto de vista, aunque haya intervenido en la presente sesión. Ello, para la tranquilidad de algunos colegas que piensan que a lo mejor no tendrán la oportunidad de intervenir en la próxima sesión en que tratemos en particular esta iniciativa.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Me quedo con lo señalado en el acuerdo de los Comités, en términos de que para la discusión particular de este proyecto se respete el orden de los inscritos para dar todas las garantías sobre el uso de la palabra. Ello, porque se trata de una iniciativa de alta importancia para esta Corporación y no hay ningún ánimo de no permitir que intervengan en su debate todos los parlamentarios que así lo manifiesten.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Está cerrado el punto, diputado Chahin . Usted hizo un planteamiento y la Mesa lo tomó en cuenta.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, con la salvedad de las normas que requieren de quorum especial para su aprobación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Kast Rist, José Antonio .
-Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli , Jorge .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general los incisos cuarto y quinto del artículo 25, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Kast Rist, José Antonio .
-Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli , Jorge .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general el inciso quinto del artículo 30 y el inciso segundo del artículo 36, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Kast Rist, José Antonio .
-Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli , Jorge .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para enviar un grupo de indicaciones del diputado señor Ricardo Rincón y otra del diputado señor Giorgio Jackson a la Comisión de Familia y Adulto Mayor, las que fueron recibidas con posterioridad a la calificación de discusión inmediata del proyecto de ley.
No hay acuerdo.
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Familia para su segundo informe, considerando únicamente las indicaciones contenidas en el boletín que enviará la Secretaría.
El ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza , me ha solicitado hacer uso de la palabra, la que le otorgo con la venia de la Sala.
El señor BARRAZA (ministro de Desarrollo Social).-
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio quiero agradecer a todas las diputadas y a todos los diputados que participaron en la tramitación de este proyecto de ley, que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, porque aportaron a un debate que requiere de mucho conocimiento y de buen juicio sobre el desarrollo de la política pública de la infancia, la cual necesita una urgente renovación y refundación.
He tomado nota del conjunto de intervenciones de las parlamentarias y de los parlamentarios sobre los aspectos que deben ser mejorados en este proyecto de ley, que, en lo sustantivo, considero histórico.
La ley de menores, que data del año 1967, ha sido objeto de algunas modificaciones, las cuales no han alterado de manera sustantiva una política pública que se edifica sobre la base de la concepción de situación irregular de la niñez y no a partir de una noción que entienda los derechos y las garantías de niños y niñas, tanto para aquellos que han sido vulnerados como para aquellos que no lo han sido, respecto de los cuales hay que aplicar medidas preventivas con el objeto de que no lleguen a estar en situación de vulneración.
Quiero recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país hace 26 años, es un cuerpo normativo de las Naciones Unidas que, siendo correcto y necesario, no tiene aplicabilidad desde el punto de vista de la operatoria en política pública. Es necesario reconocer que algunas normas legales han abordado la situación de los niños y niñas en nuestro país, tales como la ley de tribunales de familia o la ley de responsabilidad penal adolescente, pero no se ha realizado una discusión sustantiva que nos permita pasar desde este concepto de situación irregular a uno donde el niño y la niña sean entendidos como sujetos plenos de derechos.
Por lo mismo, con este proyecto se pretende establecer una ley marco y no subsanar las falencias de toda la política pública asociada a la niñez -sería ambicioso e imposible si así lo quisiera-, pero conceptualmente sirve de base para dictar un conjunto de proyectos de ley necesarios para edificar una nueva institucionalidad.
Durante 2016, la Presidenta de la República firmó la Política Nacional de Niñez y Adolescencia para el período 2015-2025, y está en construcción el plan nacional para hacer operativa la aplicación de esa política a través de todos los ministerios que tienen relación con la niñez. Lo importante es que este proyecto de ley inaugura un conjunto de normas de rango legal, como el proyecto de establecer la subsecretaría de la niñez, que actualmente se está tramitando en el Senado y que va a ser un componente activo del Ministerio de Desarrollo Social, o el proyecto de ley que crea la defensoría de la niñez. Asimismo, se van a presentar proyectos de ley para reemplazar el actual Sename.
Ciertamente, para que esta política tenga una expresión distinta, desde el punto de vista de los derechos, principios y garantías, se requiere también de una noción de protección administrativa, que es parte activa de los proyectos que están en trámite o que se van a presentar.
El proyecto de ley que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, siendo una ley marco, se hace cargo de las principales definiciones establecidas en la Convención sobre Derechos del Niño, así como de las recomendaciones emanadas del Comité Permanente de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de las de Unicef. Aborda una situación objetiva, cual es que hoy las políticas públicas orientadas a la niñez tienen su acento en la infancia vulnerada, lo que es correcto, pero no atienden con rigor al conjunto de la población de niños, niñas y adolescentes que también requieren intervenciones oportunas de carácter preventivo para que no se expongan a una vulneración posterior.
En consecuencia, valoro la aprobación en general del proyecto, que nos permitirá avanzar en la protección integral de los derechos de los niños.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muchas gracias, señor ministro.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA COMUNITARIOS EN PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES
El señor SILBER (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 808, suscrito por los diputados Miguel Ángel Alvarado , Loreto Carvajal , Cristián Campos , Alejandra Sepúlveda , Daniel Farcas , René Manuel García y Joaquín Tuma , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que ordene a la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga , implementar servicios de lavandería comunitarios en proyectos de viviendas sociales, especialmente en edificios de departamentos y condominios, pudiendo incluir la referida implementación de lavanderías comunitarias en la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria y su reglamento de la ley N° 19.537, y en el decreto ley N° 2.552, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que deroga el decreto ley N° 1.088, de 1975, y transfiere al Ministerio de Vivienda y Urbanismo los programas de viviendas sociales; modifica el decreto ley N° 1.519, de 1976, define las viviendas de emergencia y señala competencia de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, junto con otros diputados presentamos este proyecto de resolución. La construcción de viviendas sociales en Chile ha ido mejorando progresivamente: hoy ya se trata de construcciones sólidas, se está utilizando bastante la energía solar para calentadores de agua, sobre todo en mi Región de Coquimbo, etcétera.
Sin embargo, las viviendas son de tamaño reducido y los terrenos caros. El sector de lavado ocupa una parte de las viviendas que perfectamente se puede disponer para otros fines, por ejemplo, para aumentar el espacio de aquellas, lo que también permitiría evitar la humedad, sobre todo en edificios de departamentos o en casas de tamaño reducido para el uso en cuestión.
Lo que propone este proyecto ya se ha implementado en la Región de Coquimbo, específicamente en La Serena, y los resultados han sido realmente muy buenos.
Además, permite que las familias socialicen, porque ellas mismas se hacen cargo del servicio. Se trata de un modelo de trabajo que evita que la vivienda se transforme en un recinto cerrado que incluso lleve a la generación de enfermedades, sobre todo en el período invernal, por la acumulación de mayor humedad y la aparición de hongos al interior de los hogares, pues se sabe que la ropa lavada se cuelga en distintos lugares de la casa.
La tecnología va en aumento. ¿Por qué no aprovecharla en beneficio de todos los chilenos para que tengan una mejor calidad de vida?
Por lo expuesto, invito a los honorables diputados a apoyar este proyecto de resolución. Asimismo, hago un llamado a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que el servicio de lavandería comunitario que mediante este proyecto se propone y que se ha implementado en La Serena con muy buenos resultados, sea una medida general para todo el país, porque permitirá liberar espacios en las viviendas y mejorar la calidad de vida e incluso la salud de nuestros habitantes.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, anuncio que votaremos favorablemente este proyecto, entre otras razones, porque es muy evidente que las exigencias de la ciudadanía con respecto a la ciudad han cambiado muchísimo en los últimos años, no solo por el acceso a los bienes, sino también por cómo se piensa el crecimiento de ella.
Quienes hemos trabajado de cerca -creo que la gran mayoría de los diputados lo ha hecho con comités de allegados, con comités de vivienda, sabemos que los espacios públicos, los espacios comunes se deterioran por el uso, y cuando eso pasa, las viviendas sociales, el mayor subsidio que el Estado hace a una familia, terminan valiendo cada vez menos.
Desde hace un tiempo existen algunas políticas públicas en materia de viviendas sociales que permiten, por ejemplo, la reposición de escaleras en condominios sociales. Pero aun así, en los espacios comunes de sectores más vulnerables la vida en comunidad es más difícil.
Chile está repleto de edificios. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué en esos edificios sí se puede solucionar el problema del espacio común, pero en algunas viviendas sociales no? Eso tiene que ver con la generación no solo de hogares, sino también de barrios, y de vínculos entre las personas que viven allí.
La propuesta que aquí se levanta: la instalación de lavanderías comunitarias en viviendas sociales, tiene mucho sentido, no solo porque ahorra espacio al interior de los hogares, sino porque además permite formar vínculos en la comunidad.
Necesitamos pensar la ciudad; necesitamos pensar cómo seguirá la construcción de viviendas y procurar que estas sean de buena calidad.
Antes, la lógica era construir la casa más grande posible, en el menor tiempo posible y con los menores recursos posibles. Hoy sabemos que eso ya no es así. De hecho, un afamado arquitecto, ganador del premio Pritzker , que es algo así como un Premio Nobel en el ámbito de la arquitectura, trató de solucionar este problema. Él se preguntaba qué podemos hacer si las expectativas de los ciudadanos es tener viviendas de alrededor de 80 metros cuadrados, lo que en materia de viviendas sociales significa ampliar las actuales, muchas veces en condiciones muy precarias -se refería a los famosos palafitos en segundo o tercer piso-. Y llegó a la conclusión de que, en vez de construir viviendas de 40 metros cuadrados y esperar que los propietarios las amplíen, en condiciones precarias, a 70 u 80 metros cuadrados, es preferible construir la mitad de una casa de 80 metros cuadrados, pero dejarles el espacio libre necesario para que puedan ampliarlas en mejores condiciones.
Esa es una manera distinta de ver la política pública, que no se queda en lo inmediato, sino que contiene elementos de proyección.
Ojalá pensáramos así la ciudad, porque mejoraría la calidad de vida en las viviendas sociales de los distintos sectores del país.
En consecuencia, anuncio que con mucho gusto votaré a favor este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución Nº 808. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli , Jorge .
EXENCIÓN A ADULTOS MAYORES DE COBROS DERIVADOS DE CORTE Y REPOSICIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 809, de los diputados René Manuel García , Diego Paulsen , Germán Becker , Alejandro Santana , Marcela Sabat , Germán Verdugo , Bernardo Berger , Paulina Núñez y Pablo Lorenzini , que en su parte dispositiva expresa lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
1° Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien mandatar a las entidades competentes, para que tomen todas las medidas necesarias, financieras, legales y administrativas, a fin de eximir a los adultos mayores de nuestro país del cobro de la notificación de corte y de la reposición del servicio de agua potable.
2° Asimismo, solicitar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que estudie la posibilidad de que las empresas adjudicatarias de concesiones sanitarias eximan a los adultos mayores de nuestro país del pago por concepto de notificación de corte y posteriormente del cobro por concepto de reposición del servicio de agua potable.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, quiero explicar un poco cuál es el sentido y alcance de este proyecto.
Somos varios los diputados que desde hace años venimos manifestado nuestra preocupación por los problemas derivados de los cortes de suministro de agua potable y de electricidad, y son varias las empresas distribuidoras que se dieron cuenta de la molestia que esos problemas despiertan en la Cámara de Diputados, especialmente los cobros por corte y reposición.
Llegó a tal punto la injusticia que se había hecho una práctica el que, cuando el corte del suministro eléctrico afectaba a una comunidad, la empresa respectiva responsabilizara al usuario que llamaba para informar sobre el problema o emergencia, y, en consecuencia, cargaba en su cuenta el cobro por la reposición del servicio, razón por la cual había gente que prefería no llamar y quedarse sin luz por varios días.
Para tranquilidad de todos, cuando las empresas eléctricas se dieron cuenta de que la Cámara de Diputados había tomado cartas en el asunto, abandonaron esa práctica.
No obstante, subsisten los problemas con las empresas de agua potable. No es que corten el agua de improviso: primero va una persona y notifica al usuario que le cortarán el suministro. Lógicamente, a esa persona le pagan por entregar la notificación, y esa gestión se la cobran al usuario a través de la cuenta, al igual que le cobran por el corte y la reposición.
Si sumamos esos cobros, cuando el usuario afectado es un adulto mayor que forma parte del sistema social, el total a pagar puede ser mayor que la deuda que mantiene por el consumo de agua potable.
En consecuencia, creemos que es de toda justicia que a los adultos mayores beneficiarios del sistema social no se les cobre por la notificación ni por el corte y reposición del servicio.
Encuentro de extrema gravedad que se cometan abusos como los expuestos, esto es, cobrar por la notificación, por el corte y por la reposición.
Perdóneme que sea repetitivo, señor Presidente, pero me interesa dejar clara constancia de lo que sucede y opino.
Considero importante que la superintendencia llegue a un acuerdo con las empresas para que estos abusos no sigan ocurriendo, porque responde a un anhelo largamente esperado por los adultos mayores.
Como somos varios los diputados, de todos los sectores, que estamos de acuerdo en eso, esperamos que este proyecto de resolución se apruebe por unanimidad, para que en poco tiempo más los adultos mayores reciban ese alivio en las cuentas que les están cobrando por el agua potable que consumen.
Por las razones expuestas, anuncio que votaré a favor este proyecto, para que se acaben los cobros por la notificación de corte, por el corte mismo y por la reposición del suministro de agua potable para los adultos mayores de nuestro país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el tiempo restante, ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución.
Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, sin perjuicio de que votaré a favor este proyecto de resolución, considero necesario clarificar que la Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto de ley que modifica la ley general de servicios sanitarios, el cual elimina el cobro por corte y reposición. Eso ocurrió el miércoles 21 de diciembre, y lo aprobamos en forma unánime.
En consecuencia, entiendo la aprobación de este proyecto de resolución como un pronunciamiento político, en términos de pedir al gobierno que no se deje presionar por las empresas sanitarias y que se apruebe en el Senado esa reforma a la ley general de servicios sanitarios, puesto que esa modificación está siendo cuestionada.
Ya que estamos hablando del agua, del acceso al agua y de las empresas sanitarias, no puedo dejar de decir que la reforma que aprobamos el miércoles 21 de diciembre también establece que frente a los cortes injustificados, como los que han ocurrido en la Región Metropolitana, debe haber una compensación directa a los usuarios, compensación que equivaldrá a cinco veces el valor promedio del consumo diario y que se pagará directamente al usuario a través de un descuento en su cuenta de agua.
Hago presente estas modificaciones porque me parece que aún no son suficientemente conocidas.
Por último, quiero agregar que según la reforma que aprobamos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá rechazar cambios en los planes de inversión, atribución que considero fundamental, porque el problema que se produjo en la Región Metropolitana, en la Quinta Región y en la Sexta Región como consecuencia de los últimos cortes de agua está relacionado con la falta de atribuciones, de fiscalización y de intervención de dicha superintendencia en materia de planes de inversión.
En síntesis, señor Presidente, votaré a favor el proyecto, pero debemos recordar que el cobro por corte y reposición está en vías de ser eliminado y que el proyecto de ley que aprobamos unánimemente el 21 de diciembre establece la misma modalidad que se consagra en la ley eléctrica.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución Nº 809. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Macaya Danús, Javier ; Silva Méndez, Ernesto .
CREACIÓN DE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD PARA FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIOS AFECTADOS POR INCENDIOS OCURRIDOS DURANTE EL VERANO EN CURSO
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución Nº 810, de los diputados Diego Paulsen, Juan Antonio Coloma, René Manuel García , Gonzalo Fuenzalida , Jorge Ulloa , Fuad Chahin , Mario Venegas y Pedro Browne , que en su parte dispositiva propone lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve solicitar a su excelencia la Presidenta de la República lo siguiente:
Mandatar a las autoridades correspondientes para que tomen todas las medidas necesarias, tanto legales como administrativas, para disponer de un fondo que cubra todas las prestaciones médicas de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, brigadistas de Conaf, voluntarios de Bomberos, estamentos del Estado, personal municipal, gobernaciones, intendencias y todos aquellos voluntarios que lo requieran como consecuencia de las labores de control y extinción de incendios ejercidas en estos últimos meses.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, valoro mucho este proyecto de resolución.
Varios de los parlamentarios presentes fuimos testigos del enorme trabajo desarrollado por voluntarios de Bomberos y funcionarios de la PDI, de Carabineros y demás instituciones que participaron en las labores de control y extinción de los incendios que ocurrieron durante la presente temporada estival. Incluso, hubo bomberos que fallecieron en actos de servicio.
Ciertamente, en casos como ese está garantizada una pensión para la viuda, pero no existe ningún seguro que proteja a los bomberos o a otros voluntarios de las lesiones que sufran en actos de servicio.
Por esa razón, considero importante que la nueva institucionalidad que queremos promover, a través de la comisión investigadora de los incendios forestales y desde este hemiciclo, incluya una cobertura de salud para las víctimas de los accidentes que ocurran en siniestros como los recientemente ocurridos, que, como se ha dicho, llegaron para quedarse.
De manera que –reitero valoro este proyecto de resolución. Creo que debemos encontrar alguna fórmula que permita garantizar el financiamiento de las prestaciones de salud que se requieran como consecuencia de este tipo de eventos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, estamos a favor del proyecto de resolución que solicita a la Presidenta de la República disponer de un fondo que cubra todas las prestaciones médicas de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, brigadistas de la Conaf, voluntarios de Bomberos, entre otros. Estamos conscientes de los riesgos que todos ellos asumen al combatir siniestros y de las lesiones que pueden sufrir, por lo que mediante este tipo de proyectos se pretende solucionar en parte esas situaciones.
Por otra parte, aprovecho esta ocasión para comentar que he recibido denuncias de brigadistas de la Conaf, dado que no les han pagado las horas extraordinarias en que prestaron servicios para combatir siniestros en distintos lugares del país.
Por eso, más allá de aprobar el proyecto que pretende mejorar las prestaciones médicas de esos funcionarios, considero que también deberían ser pagadas las horas extraordinarias de los funcionarios de la Conaf que trabajaron en el combate de los incendios.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diputado señor Jorge Ulloa , ¿nos podría aclarar si estos trabajadores tienen seguros?
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, aun cuando firmé el proyecto de resolución, debo aclarar que ya existe un fondo de prestaciones médicas para muchos de los funcionarios nombrados.
Nosotros aprobamos la creación de ese fondo para los bomberos. Lo que estamos pidiendo mediante el proyecto de resolución es una modificación de esa disposición, para lo que esperamos el patrocinio del Ejecutivo, ya que la Comisión de Bomberos despachó la otra iniciativa.
Asimismo, existe este beneficio para las Fuerzas Armadas, pero no tengo claro si también se estableció para los brigadistas de la Conaf, aunque debieran tenerlo. Tal vez los únicos que no están cubiertos por ese beneficio son las personas que concurrieron a los siniestros de forma voluntaria, sin pertenecer a ninguna de las instituciones nombradas, y que sufrieron alguna lesión.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el proyecto puede estar lleno de buenas intenciones y es muy bonito, pues se juntan los parientes ricos con los parientes pobres.
Cuando hablo de “parientes pobres” me refiero a los brigadistas de la Conaf, porque tuvimos que rechazar el presupuesto asignado a la partida correspondiente del Ministerio de Agricultura, que entregaba muy pocos recursos a esa institución.
Si bien ellos son los parientes pobres del proyecto, hay otros que sí tienen seguros y remuneraciones. Me parece bien que se hagan las tareas respecto de las Fuerzas Armadas, de Bomberos y de la Conaf, situación que debió haber existido por siempre.
Como señaló el diputado señor Ulloa , prácticamente todas las instituciones mencionadas están cubiertas por este seguro, por lo que considero inoficiosa la presentación del proyecto de resolución.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución Nº 810. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 9 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Letelier Norambuena, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Girardi Lavín, Cristina ; Jaramillo Becker, Enrique ; Teillier Del Valle, Guillermo .
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
DENUNCIA SOBRE COBRO DE IMPUESTOS A TRANSPORTE DE PLÁSTICOS PARA SU RECICLAJE (OFICIOS)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto e Independientes.
Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, esta semana recibí una carta de la organización ambientalista Salvemos Chinchorro , de la comuna de Arica, la que se dedica a impulsar proyectos de reciclaje e iniciativas similares.
En esa misiva denuncian el cobro de impuestos por enviar a plantas de procesos industriales de la zona central desechos plásticos para su reciclaje.
En mi opinión, es un completo despropósito tener que pagar impuestos por reciclar.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República, al director del Servicio Nacional de Aduanas y al ministro del Medio Ambiente para darles a conocer esta situación, porque constituye un completo contrasentido el pagar impuestos por desarrollar iniciativas de reciclaje.
Lo que queremos en Chile es promover el reciclaje, por lo que el gobierno debe estudiar y adoptar medidas para promoverlo, particularmente en Arica, donde nos interesa mucho impulsar este tipo de iniciativas.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE IRIS CARRASCO, COMUNA DE ARICA (OFICIO)
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, el domingo pasado estuve en la calle Iris Carrasco , situada justo en los faldeos del Morro, en el casco antiguo de la ciudad de Arica. Dicha calle, a pesar de encontrarse en una zona turística de carácter patrimonial, no se encuentra pavimentada.
Por lo tanto, pido que se oficie al director regional del Serviu para solicitar que de manera urgente se invierta en la pavimentación de esa calle, que -reitero-, a pesar de estar ubicada en un lugar turístico de la ciudad, todavía está sin pavimentar.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
PREOCUPACIÓN POR ABANDONO DE TERRENO EN QUE SE CONSTRUIRÁ PARQUE DE LAS AMÉRICAS EN ARICA (OFICIO)
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, por último, solicito oficiar a la intendenta de la Región de Arica y Parinacota en relación con la situación del terreno destinado a la construcción del Parque de las Américas, proyecto que es un compromiso presidencial, y que forma parte del Plan de Zonas Extremas.
Quiero que el Gobierno Regional informe acerca del estado en que se encuentra la realización de dicho proyecto. Lo planteo porque el domingo en la tarde me reuní con los vecinos de la población Miramar II, que está justo frente al terreno que se va a destinar para la construcción del parque, y me manifestaron su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra. Se ha transformado en una zona de acumulación de desechos y de basura que llegan hasta las casas, transformándose en un foco de inseguridad ciudadana.
Es necesario que el gobierno cumpla el compromiso contraído por la Primera Mandataria con la ciudad de Arica en orden a construir el Parque de las Américas, cuyas áreas verdes servirían de sitio de entretención para las familias ariqueñas.
El Gobierno Regional debe explicar cuál es el estado de desarrollo de este importante proyecto.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PICHIDEGUA, SEXTA REGIÓN (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, he recibido una carta, firmada por el superintendente y la secretaria general del Cuerpo de Bomberos de Pichidegua, señor Claudio Lizana y señora Débora Donoso , respectivamente, en la cual me dan a conocer la situación que los afecta.
Recordemos que integrantes del Cuerpo de Bomberos de Pichidegua actuaron de forma generosa, rápida y solidaria en el combate de los incendios forestales que afectaron a la Región de O’Higgins.
En la carta manifiestan que no existen los recursos necesarios en el municipio ni en el Cuerpo de Bomberos para construir el cuartel que requiere la Primera Compañía de Bomberos de Pichidegua, por lo que, con ese objetivo, han postulado en la Intendencia a un Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), cuyo código voy a entregar a la Secretaría.
Por lo tanto, pido oficiar al intendente de la Región de O’Higgins para que la Primera Compañía de Bomberos de Pichidegua obtenga lo antes posible los recursos necesarios para construir su cuartel.
Espero que los diputados nos acompañen en esta petición.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
AGILIZACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN REGIÓN DEL MAULE (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, hace poco tiempo, la Región del Maule fue víctima de los más feroces incendios que se hayan producido en la zona. Se perdieron vidas humanas y animales, pero también casas, escuelas y aserraderos completos. Por lo tanto, mucha gente quedó sin vivienda y sin su fuente laboral.
Por tal razón, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a efectos de solicitarle que se destinen todos los recursos necesarios para ir en ayuda de aquellas familias que perdieron sus viviendas.
En tal sentido, hay distintas clases de damnificados. Primero, aquel que tenía su título de dominio al día. En consecuencia, en lo que respecta a la labor del gobierno, será más simple entregarle un subsidio de reconstrucción.
Segundo, el que vivía en un terreno, pero que no contaba con su título de dominio regularizado. Es necesario hacer un llamado al gobierno para que agilice esos trámites, porque, de lo contrario, los afectados no podrán recibir beneficios para acceder a su nueva vivienda.
A los anteriores se suman los allegados. En muchas casas de Santa Olga, de Los Aromos y en el sector de Altos de Morán vivía más de una familia, en condición de allegado. Respecto de aquellas personas, hasta el momento no he escuchado ninguna propuesta de solución.
Por eso, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de solicitarle que agilice los trámites y considere soluciones para todas esas familias, que deben estar catastradas. Es el momento de hacerlo; no se puede esperar más. Hoy, en Santa Olga el cerro está pelado. Por lo tanto, es la oportunidad de reconstruir en conjunto con aquellas familias que no tienen sus títulos de dominio regularizados.
Recuerdo que para el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el entonces Presidente Piñera envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer una regularización rápida, exprés, que hoy también es necesaria para que las familias, en poco tiempo -no en años-, tengan regularizados sus títulos de dominio.
También envió un proyecto de ley -hoy ley N° 20.458que estableció la gratuidad para las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz en aquellas zonas afectadas por el terremoto y maremoto. Por el contrario, en este caso, el gobierno no ha ingresado ningún proyecto de ley que vaya en esa dirección.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA “PERSONITAS”, DE SANTA OLGA, COMUNA DE CONSTITUCIÓN (OFICIO)
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, por otra parte, pido oficiar a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, a fin de solicitarle que adopte las medidas necesarias para la reconstrucción de la sala cuna “Personitas”, de Santa Olga.
Se trata de un jardín y sala cuna que funcionaba desde hace mucho tiempo en dicho sector, por lo cual hay más de noventa niños que han debido ser relocalizados en diferentes establecimientos de la zona. Por eso, espero que la Junji disponga rápidamente los recursos para reconstruir dicho jardín y sala cuna.
Además, allí trabajan diecisiete funcionarias, por lo que también solicito que sus derechos laborales sean resguardados y que las acompañen por el período que necesiten.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA A PEQUEÑOS AGRICULTORES Y PRODUCTORES APÍCOLAS DE LA REGIÓN DEL MAULE AFECTADOS POR INCENDIOS (OFICIO)
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, en materia agrícola, la emergencia no va a durar una semana o dos. Como mínimo, se padecerán doce meses de emergencia agrícola, pues se quemó el forraje para los animales y las praderas en los sectores costeros de la zona. De manera que es muy importante que el Ministerio de Agricultura no abandone a los pequeños agricultores.
En la misma situación de precariedad está la alimentación apícola. Nuestras abejitas también se vieron muy afectadas por el incendio en los campos y muchas debieron emigrar a otras zonas.
Tampoco puedo dejar de mencionar la pérdida de cercos que afectó a muchos campesinos. Ojalá el ministerio también evalúe la aplicación de algún tipo de programa para reponer los cercos que se quemaron a raíz del incendio.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura, para que no abandone a nuestros pequeños agricultores ni a los productores apícolas y colabore con ellos mediante el desarrollo de programas de ayuda.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN COMUNA DE TILTIL (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, nuevamente me toca intervenir en esta Corporación para reclamar por una situación abusiva a causa de la instalación de una nueva planta de residuos industriales en la comuna de Tiltil, provincia de Chacabuco, que me honro en representar en el Parlamento.
Se trata de la aprobación del Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri), ubicado en la localidad de Los Ciruelos, a tres kilómetros del pueblo de Rungue, una planta de tratamiento de basura peligrosa que será construida en Tiltil y que se suma a otros proyectos de impacto negativo que afectan a esa comunidad desde hace largo tiempo, como la planta criadora de cerdos Porkland , la cantera de mármol, las plantas de residuos de Aguas Andinas, el relleno sanitario de KDM, que recibe buena parte de los residuos domiciliarios de la Región Metropolitana; las moliendas de carbón, el tranque de relave de Huechún, la explanta minera Refinet , la planta de tratamiento de residuos Gersa , etcétera.
La pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿Por qué Tiltil tiene que pagar los platos rotos de todos los proyectos no deseados por las demás comunas de la Región Metropolitana, sin recibir por ello compensación alguna? Es demasiado el abuso hacia esa comunidad.
Por eso, reclamo en su nombre. Además, apoyo al alcalde Nelson Orellana , a su concejo municipal y también al consejo regional, por sobre el cual el gobierno ha aprobado el proyecto, sin que mediara acción alguna por parte del gobierno regional, apropiadamente constituido.
Hago un llamado a no seguir aumentando las condiciones negativas de una comunidad que lucha por revertir su precariedad de desarrollo y su gran pasivo ambiental.
Creo que las promesas de los gobiernos, en el sentido de compensar a Tiltil, no se han cumplido. Se esgrime que el plan regulador estipula el establecimiento de ese tipo de rellenos o de actividades peligrosas, complejas desde el punto de vista del medio ambiente, pero las mitigaciones no han sido suficientes y las compensaciones no han estado a la altura de lo que Tiltil necesita. Se han ejecutado pocas obras positivas y muchas de connotación negativa.
Esta situación no puede seguir. No hay nada que justifique este abuso desproporcionado, con inversiones de esa naturaleza, sobre una comunidad que clama por ser respetada, escuchada y compensada por los efectos nocivos que genera ese tipo de inversiones.
Resulta inexplicable que el intendente de la Región Metropolitana exprese, como disculpa, que ese proyecto está autorizado, que todos los organismos del Estado se han comprometido para exigir las mitigaciones necesarias y que la comunidad tiene los recursos para protestar o revertir la situación. ¿Qué posibilidad tiene una comunidad y un municipio de escasos recursos para revertir una acción donde el Estado de Chile aparece comprometiendo su apoyo y donde todos los elementos hacen difícil una compensación o la cancelación del proyecto?
Por eso, junto con reclamar y sumarme a la protesta legítima de la comunidad, pido que se oficie al ministro del Medio Ambiente y al intendente de la Región Metropolitana, a objeto de que me envíen todos los antecedentes que tuvo a la vista el gobierno regional para autorizar ese proyecto. También, para que señalen cuáles son los proyectos positivos que se desarrollarán con fondos regionales en la comuna de Tiltil y la manera en que el gobierno regional piensa mitigar o atenuar los efectos negativos de ese proyecto.
Asimismo, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, sobre quien recae la responsabilidad fundamental de la coordinación de los gobiernos regionales, a efectos de que convoque a una mesa de trabajo que comprometa a los ministerios sectoriales, a objeto de poder llevar un plan de compensación, de reconversión y de ayuda a la comunidad de Tiltil, que se refleje en el presupuesto de 2018 y se concreten obras de beneficio que mitiguen ese impacto negativo. De una vez por todas se debe dejar de invertir en este tipo de proyectos en la región.
Finalmente, pido oficiar a la ministra de Vivienda, para que a través de la Secretaría Ministerial de Vivienda se inicie la modificación del plano regulador, a objeto de no entregar más autorizaciones que comprometan zonas de la comuna de Tiltil.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
OBSERVANCIA DE NORMATIVA SOBRE INOCUIDAD DEL AGUA POTABLE (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, en los últimos días las comunas del Gran Valparaíso, particularmente Viña del mar, Valparaíso , Concón , Quilpué y Villa Alemana, han sufrido prolongados e imprevisibles cortes de agua potable -así lo ha señalado la empresa distribuidora como consecuencia de los aluviones ocurridos en la precordillera.
Además, durante varios días luego de ocurridos los cortes, habitantes de distintos sectores han debido sufrir la mala calidad del servicio, ya que ha sido entregada un agua turbia, de mal aspecto, contaminada con tierra y, probablemente, con otros agentes indeterminados hasta la fecha.
Señor Presidente, como usted sabe, la calidad del agua potable es un tema que preocupa a todos los usuarios, fundamentalmente por su repercusión en la salud. A las familias, a los niños, a las personas de la tercera edad y en general a toda la población les preocupa la entrega de ese vital elemento.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, con el objeto de que investigue y verifique el cumplimiento de todas las normas legales y reglamentos vigentes orientados a garantizar la inocuidad del agua potable que se está entregando por la empresa de servicios sanitarios, Esval , proveedora de agua en todo el Gran Valparaíso y las comunas que he indicado. También solicito que se cotejen las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud respecto de la calidad del servicio y de la entrega de agua potable.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE INVERSIONES DE ESVAL (OFICIO)
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Por otra parte, solicito que se oficie al superintendente del Servicios Sanitarios por el plan de inversiones presentado por la empresa Esval y aprobado por esa superintendencia, con el objeto de reponer redes y prevenir que hechos como los descritos vuelvan a ocurrir. La idea es efectuar las captaciones a tiempo, de modo que los aluviones que ocurren frecuentemente en la Quinta Región y que afectan el servicio no vuelvan a ocurrir. Se trata de un hecho que se puede prevenir.
También es necesario saber si en ese plan de inversiones la empresa tiene contemplado aumentar la capacidad de almacenamiento de agua potable, con el objeto de enfrentar estas emergencias por más horas y no se corte el agua en forma imprevista. Como se sabe, los cortes prolongados afectan no solo a las familias, sino también a los servicios públicos.
Pido que la Superintendencia de Servicios Sanitarios investigue a fondo esta situación. Hechos como los terremotos o los aluviones nos afectan en forma frecuente. Las empresas de servicios sanitarios, sobre todo las que entregan agua potable, deben estar preparadas para enfrentar esos imprevistos, para lo cual deben realizar todas las inversiones que sean necesarias para evitar que esos problemas afecten a la comunidad.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
APLICACIÓN DE DECRETO DE EMERGENCIA PARA AGILIZACIÓN DE LIMPIEZA DE RÍO ANDALIÉN (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En los cinco minutos adicionales a que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas, tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, tras los incendios que afectaron tan gravemente a la Región del Biobío durante los meses de enero y febrero de este año, la erosión resultante de los suelos está siendo caldo de cultivo para futuros aluviones e inundaciones en las zonas cercanas a estos. Así lo han avalado estudios técnicos, los que están en manos de las autoridades políticas del Ejecutivo regional. Años atrás, específicamente en el sector Collao , en Concepción, hubo terribles inundaciones, las que por su magnitud aún son recordadas en las peores pesadillas de los vecinos.
Ahora bien, el caudal del río Andalién se debe limpiar anualmente para que en el invierno los mayores flujos de agua no tengan problemas en escurrir. Con esto me refiero tanto a los flujos de agua del río mismo como al de los canales y esteros que desembocan en él, como el estero Nonguén y el Landa, este último ubicado en la Comuna de Penco.
Si las obras de conservación y de limpieza siguen los procesos burocráticos regulares llamados a licitaciones, etcétera-, las máquinas estarán dentro del río limpiándolo muy probablemente una vez que ya esté encima el invierno, es decir, a fines de mayo o a mediados de junio del presente año. Sin embargo, si el Ejecutivo regional aplica el decreto de emergencia actualmente vigente para que sin llamar a licitación proceda excepcionalmente, por la vía de la asignación directa a agilizar el proceso, dado el contexto de urgencia antes mencionado, las máquinas retroexcavadoras podrían estar limpiando el caudal muy probablemente dentro del mes de abril.
En consecuencia, señor Presidente, solicito oficiar al intendente regional del Biobío, al seremi de Obras Públicas del Biobío y al director de Obras Hidráulicas de la misma región, para que apliquen el decreto de emergencia antes mencionado para agilizar la limpieza del río Andalién.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE METAS, RECURSOS Y PERSONAL ASIGNADO A CENTROS DE NEGOCIOS DE SERCOTEC (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, agradezco al diputado Monsalve la gentileza de haberme cedido su tiempo.
En primer lugar, solicito oficiar al ministro de Economía, a fin de que me envíe un informe completo en relación con los 35 centros de negocios que Sercotec mantiene en el país, todos ellos constituidos a partir de 2016. Me interesa conocer en forma detallada las metas cumplidas durante el año pasado, los recursos que se les asignaron y, en general, la gestión realizada.
También me interesa saber cuáles son las metas definidas por Sercotec para el segundo año de operación, a fin de tener cabal conocimiento de cómo están cumpliendo estas cada uno de los centros a lo largo del país.
También me interesa saber quiénes son los directores de cada uno de los centros y los perfiles técnicos de cada uno de ellos. Me interesa conocer esa información por cuanto ha habido algunas diferencias en términos de gestión a nivel de país.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN HUASCO Y DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO)
El señor ROBLES.-
Por otra parte, pido que se oficie al intendente de la Región de Atacama, a fin de que informe formalmente cuándo se va a licitar la construcción de los hospitales de Huasco y Diego de Almagro. Ambos hospitales constan en el convenio de programación y deben contar con recursos del gobierno regional para su licitación y puesta en marcha.
Se comprometió que este año se comenzaría la construcción de ambos hospitales. Ambos proyectos cuentan con RS y todos los estudios.
Quiero saber con claridad cuándo se licitará la construcción de los hospitales de Huasco y de Diego de Almagro.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE RECURSOS DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS)
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y al director de la Dipres, a fin de que nos informen sobre una situación que se ha levantado como rumor. A mí no me gustan los rumores y creo que hay que actuar sobre hechos concretos. Me refiero a que en la Región de Atacama se especula que hubo una rebaja de 1.800 millones de pesos del FNDR. Se informó que dicha rebaja se efectuó para apoyar a las regiones que se vieron afectadas por los incendios registrados en los últimos meses. Cabe recordar que la Región de Atacama acaba de sufrir un siniestro importante, nuevamente producto de aluviones.
Por ello, quiero que el ministro de Hacienda y el director de la Dipres me informen si se efectuó una rebaja de 1.800 millones de pesos en el FNDR de la Región de Atacama.
Asimismo, solicito que se oficie al intendente de la Región de Atacama, a fin de que me informe en relación con su manejo del presupuesto regional.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA IMPEDIR DESPIDO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet ; a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano , y al director nacional de la Junaeb, a fin de que adopten las medidas necesarias para evitar que se deje sin trabajo, es decir, que no se les renueven sus contratos, de manera total y absolutamente arbitraria, a las manipuladoras de alimentos que trabajan en establecimientos educacionales públicos de Chile, las que son contratadas a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Quiero recordar que en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se sacó adelante la ley N° 20.238, y que en este segundo gobierno, de manera transversal, el Congreso Nacional aprobó una segunda ley, la N° 20.787, ambas destinadas a mejorar las condiciones salariales, pero sobre todo a dar mejores condiciones de estabilidad laboral a cerca de 45.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, jefas de hogar, que trabajan como manipuladoras de alimentos en establecimientos educacionales de Chile.
A pesar del espíritu mostrado por la Presidenta de la República, por su gobierno y transversalmente por el parlamento, se realizaron nuevas licitaciones en algunas regiones, entre ellas la del Biobío. Lamentablemente, las empresas que ganaron la licitación, en algunos casos las mismas empresas que la tenían previamente, decidieron no renovar el contrato a muchas manipuladoras de alimentos, sin tener ninguna razón justificada para ello.
Se trata de mujeres que se desempeñaban desde hace tres, cinco, diez o más años en un establecimiento educacional, prestando los servicios a través de la Junaeb, con una hoja laboral completamente impecable, sin ninguna falta. Sin embargo -reitero-, de manera total y absolutamente abusiva y arbitraria, las empresas que se adjudicaron la licitación decidieron no renovarles su contrato.
Me parece que ello está fuera del espíritu manifestado por el gobierno y por el parlamento, y no tiene una explicación racional. En muchos casos, tal decisión podría deberse a la voluntad manifestada por muchas trabajadoras de constituir nuevos sindicatos; es decir, tendría por objeto evitar que se formen organizaciones sindicales para defender los derechos de las trabajadoras al interior de las empresas.
Me parece que el gobierno no puede quedarse callado. La ministra de Educación y el director nacional de la Junaeb tienen que hacer valer el espíritu que ha tenido el gobierno y el parlamento para proteger los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos. Es eso lo que pido mediante oficio a la Presidenta de la República, a la ministra de Educación y al director nacional de la Junaeb.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PAGO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS A TRABAJADORES DE EMPRESA ROCOTO, COMUNA DE CURANILAHUE (OFICIO)
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que informe a esta Corporación sobre dos asuntos: cómo va a resolver que se paguen las remuneraciones a setenta trabajadores que prestaban servicios en una empresa que realizaba dos obras en la comuna de Curanilahue, con recursos del gobierno regional, es decir, con recursos públicos, cuyo contrato fue terminado por incumplimiento del mismo. Se trata de setenta trabajadores que laboraban para la empresa Rocoto , quienes desde hace nueve meses no reciben sus salarios.
¿Por qué pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública? En primer lugar, porque el jefe de inversiones del gobierno regional les dijo al municipio y a los trabajadores que se les iban a pagar sus remuneraciones, cuestión que fue mentira.
En segundo lugar, porque se firmó un acuerdo judicial entre la municipalidad y los abogados de los trabajadores, en virtud del cual el municipio se comprometía judicialmente a pagar; tampoco se ha pagado.
En tercer lugar, porque en una reunión con los trabajadores y con el intendente de la Región del Biobío, a la que personalmente concurrí, el gobierno regional se comprometió a que, una vez recibidos los antecedentes, iba a pagar parcialmente lo que se adeudaba a los trabajadores, cuestión que tampoco se cumplió.
Tampoco se han cumplido las fechas ni las reuniones comprometidas por las autoridades con los trabajadores.
Tal conducta no solo ha sido abusiva y ha vulnerado los derechos de nuestros trabajadores, sino que también ha reflejado una total irresponsabilidad y falta de seriedad por parte de las autoridades de gobierno.
Por eso, pido al ministro del Interior y Seguridad Pública que nos informe qué instrucciones va a dar para garantizar el pago de las deudas, con recursos públicos, que se mantienen con trabajadores de Chile, en este caso, con los trabajadores de la empresa Rocoto .
Asimismo, pido al ministro del Interior que adopte medidas para que la irresponsabilidad en que se incurrió en este caso no quede impune. No puede ser que funcionarios públicos comprometan acciones, que no las cumplan, con lo cual se afectan derechos de los trabajadores, y que no pase nada, es decir, que no se adopte ninguna acción. El ministro del Interior debería tomar acciones administrativas para sancionar la irresponsabilidad que se ha cometido con los trabajadores de la empresa Rocoto , a fin de que no quede impune.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
DOTACIÓN DE VEHÍCULO FORENSE A HOSPITAL DE CAÑETE (OFICIO)
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente, en la provincia de Arauco no existe una unidad del Servicio Médico Legal. Por ello, se asumió el compromiso de celebrar un convenio de cooperación entre el Servicio de Salud Arauco y el Ministerio de Justicia para invertir 1.900 millones de pesos en la construcción de una sede del Servicio Médico Legal en la provincia. La dependencia será construida durante el periodo 2017-2018, y estaría terminada a fines de 2018.
De manera transitoria, funciona una unidad forense en el hospital Kallvu Llanka de Cañete , la que cuenta con un anatomopatólogo que realiza los procedimientos de autopsia.
¿Cuál es el problema? Cuando una persona fallecida a causa de un accidente debe ser llevada a dicha unidad, no existe un vehículo forense que la traslade. Muchas veces ha ocurrido que el cuerpo del fallecido queda tendido en la vía pública y se debe esperar que llegue el vehículo forense de la provincia de Concepción.
De los 1.900 millones de pesos comprometidos para el proyecto de construcción de una sede del Servicio Médico Legal en la provincia de Arauco, 237 millones de pesos estarán destinados a la adquisición de equipamientos, entre ellos un vehículo forense. Por tanto, pido que se oficie al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que anticipe la adquisición de un vehículo forense, habida consideración de que actualmente funciona una unidad forense en el hospital de Cañete, en la provincia de Arauco. Ello permitirá que las personas sean trasladadas de manera oportuna a dicha unidad y que no veamos situaciones que no corresponde que se produzcan en el estado de evolución de nuestra sociedad. No es posible que una familia vea cómo el cuerpo de un familiar querido permanece horas tendido en la vía pública, exclusivamente porque no se resuelve la adquisición de un vehículo forense para su traslado.
Pido al ministro de Justicia y Derechos Humanos que disponga las medidas necesarias para que con los referidos fondos o con otros se dote de un vehículo forense para la provincia de Arauco, de manera de complementar la actividad que realiza la unidad forense transitoria del hospital de Cañete.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.18 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS, Y WALKER, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN EL SENTIDO DE SUPRIMIR EL IMPEDIMENTO DE SEGUNDAS NUPCIAS”. (BOLETÍN N° 11126-07)
1. ANTECEDENTES
La actual norma contenida en el artículo 128 del Código Civil dispone que "Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad".
"Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración a las cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer".
Por su parte, el artículo 129 del Código Civil indica "El oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el matrimonio de la mujer sin que por parte de ésta se justifique no estar comprendida en el impedimento del artículo precedente".
Resulta evidente la falta de justicia en las disposiciones previamente citadas, pues se trata de una norma claramente discriminatoria en contra de la mujer y cuyo único fundamento es la necesidad de evitar la confusión de paternidades, cuestión que hoy es prácticamente imposible a la luz de los avances científicos y pruebas biológicas que se aplican en nuestro país, cuando se requiere de ellas para determinar la filiación de una persona (conocido como examen de ADN).
En efecto, el artículo 128 del Código Civil, se justificaba en la medida que los mecanismos para la acreditación de la filiación eran prácticamente inexistentes. Hoy, muy por el contrario, nos encontramos frente a una situación diametralmente distinta: los avances médicos y de investigación, permiten afirmar que los exámenes a través de los cuales se puede determinar la paternidad tienen un nivel de certeza del 99,999%. En la práctica son infalibles.
Por sí solo este argumento ya hace innecesaria la existencia del artículo 128 del Código Civil que, inspirado en otra época y a la luz de avances científicos inexistentes en el área del examinación de ADN, hacían aconsejable la presencia de una norma que previniera la eventualidad de conflictos derivados de la incerteza en la paternidad, con todas las complejidades que ello podía desencadenar, desde el aspecto netamente vinculado al Derecho de Familia y hasta aspectos asociados al Derecho Sucesorio.
Pero a lo anterior, se agrega algo más: existe aquí una clara discriminación en contra de la mujer y ello, porque la norma en comento sólo se refiere a ella. Esto deriva en que en el caso de los hombres, una vez que se dicta la sentencia en virtud de la cual queda disuelto el matrimonio y la misma quede inscrita en el Registro Civil, podría volver a contraer matrimonio inmediatamente y, de hecho, eso ocurre con bastante más frecuencia de lo pensado. Por el contrario la mujer debe esperar, en principio, 270 días para volver a casarse y todo ello con la única finalidad de evitar discusiones respecto de la paternidad del hijo que está por nacer. Además, si no quiere quedar sujeta a esta prohibición, ni siquiera basta que acredite ante el Registro Civil que no está embarazada, sino que requiere solicitar autorización judicial, debiendo para ello contratar un abogado y esperar los resultados de dicha gestión, asumiendo el desgaste psicológico e incurriendo en los gastos que todo ello significa.
De hecho y en el mismo sentido que hemos señalado previamente, incluso cuando el matrimonio se disuelve en virtud de una sentencia firme de divorcio, se requiere, a lo menos, el cese efectivo de la convivencia por el término de un año, que por cierto es superior a los 270 días exigidos por el artículo 128 del Código Civil, por lo que en este caso, desde ya, resulta irrisoria la norma que se propone derogar.
Alguien podría alegar entonces que el artículo 128 del Código Civil, se justifica para aquellos casos en que el matrimonio se disuelve en virtud de otra causa legal: sentencia firme de nulidad o muerte de uno de los cónyuges. Pero precisamente para estos casos es que se cuenta con el auxilio de los avances científicos a los que ya hemos hecho referencia.
Derogada entonces que sea la norma del artículo 128 del Código Civil, resulta innecesaria la disposición contenida en el artículo 129 del mismo cuerpo legal, ya que esta última se refiere a la sanción a la que se hace merecedor el Oficial del Registro Civil que permite el matrimonio de un mujer que está comprendida en la hipótesis de la tantas veces mencionada norma del artículo 128 del Código Civil”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, GODOY, LORENZINI, MORALES, NORAMBUENA; PÉREZ, DON JOSÉ; TUMA, ULLOA Y URRUTIA, DON IGNACIO, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N° 2.573, DE 1979, LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE DICHO SERVICIO Y DE DURACIÓN EN SUS CARGOS”. (BOLETÍN N° 11127-07)
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El primer antecedente que se tiene de organizar una adecuada defensa de los intereses del Fisco y del Estado, se remontan al año 1895 y fue bajo la presidencia de don Jorge Montt Álvarez, quien envió al Congreso Nacional el primer proyecto de ley con dicho fin
El 21 de diciembre de 1895, se dictó el Decreto Supremo N° 2.629, el cual provisoriamente organizó la defensa fiscal, radicada dicha función en el Director del Tesoro.
No fue si no hasta la dictación del Decreto Ley N° 638, bajo el mandato del Presidente Arturo Allesandri Palma, que se materializó la constitución definitiva de este órgano de defensa fiscal, mediante el otorgamiento de personalidad jurídica, que estableció su estructura orgánica como representante del Fisco en todos los asuntos sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia, siendo su primer Presidente don Aurelio Valenzuela Carvallo.
Con la dictación de la Ley N° 19.202, de 1993, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el D.F.L. N° 1 de Hacienda, actual Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado (en adelante LOC del CDE), se intensificó y diversificó el trabajo del Consejo de Defensa del Estado, al otorgársele atribuciones en materia criminal en hechos que no necesariamente implicaban daño al patrimonio fiscal, pero que sí constituían situaciones de perjuicio para el interés superior de la sociedad como el tráfico de drogas.
I. OBJETIVO, FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEFEN DEL ESTADO
El Consejo de Defensa del Estado, de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de su ley orgánica, es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República e independiente de los diversos Ministerios.
El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente la defensa judicial de los intereses del Estado.
El artículo 3° de su ley orgánica, define cuales son las funciones del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de aquellas que se señalen en otros cuerpos legales.
Los órganos que componen el Consejo de Defensa del Estado, son el Consejo, el Presidente y los Departamentos de Defensa Estatal y de Defensa de la Ley de Alcoholes.
El Consejo se compondrá de doce abogados, quienes serán inamovibles en sus cargos y cesarán en sus funciones por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera. En caso de remoción, ésta deberá disponerse por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad. Serán nombrados por el Presidente de la República, sin sujeción a normas sobre escalafón, pudiendo recaer el nombramiento en personas ajenas al Consejo.
El Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República de entre los consejeros; durará tres años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento.
A su turno y respecto al Departamento de Defensa Estatal, establece el artículo 20 de la LOC del CDE, que Las funciones que el artículo 30 asigna al Servicio se ejercerán por medio del Departamento de Defensa Estatal, salvo aquellas a que se refiere la letra B) de este párrafo. En cada ciudad asiento de Corte de Apelaciones, habrá un Abogado Procurador Fiscal.
Por último, el Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes estará a cargo de un Director Abogado, quien tendrá la responsabilidad y atribuciones inherentes a sus funciones y la dirección de la defensa de los juicios, de acuerdo con las normas que imparta el Consejo.
III. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY.
A raíz de la designación como consejera del Consejo de Defensa del Estado de la Sra. Javiera Blanco, hecha por la Sra. Presidenta de Chile, se han gatillado una serie de cuestionamientos sobre los cargos públicos que no son renovables y cuyo periodo termina sólo una vez que la persona llega, en este caso a los 75 años de edad o no puede seguir ejerciéndolos.
Algunos justifican la inamovilidad de ciertos cargos públicos, en este caso el de Consejero del Consejo de Defensa del Estado, en que lo que se pretende es una cierta expertis mientras se desarrollara la labor. Eso haría que se preste el servicio de mejor manera.
Consideramos que la expertis para servir el cargo, debe necesariamente ser ex - antes de su designación, es decir, el motivo de la designación en tal o cual cargo público, debe obedecer precisamente a la expertis o pericia de que goza la persona elegida para desempeñar un cargo público, que le otorgará como se dijo la inamovilidad en el cargo hasta el cumplimiento de la edad establecida y una remuneración muy por sobre el mercado.
La designación presidencial de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, exacerba las facultades presidenciales, consideramos, en consecuencia, que debe establecerse un procedimiento que verdaderamente mire a las capacidades del consejero a nombrar y no sirva dicha designación como el pago de favores políticos.
Por lo mismo proponemos modificar el artículo 12 de la LOC del CDE, en cuanto a que la duración de los cargos de Consejeros, sea de diez años y que su nombramiento sea hecha por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios del Senado, previa audiencia pública, en donde el candidato pueda ser objeto de preguntas sobre su trayectoria, capacidades y propuestas para mejorar la forma de cómo se defienden los derechos e intereses del Estado
IV. PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 2.573, de 1979, que contiene la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado:
Modificase el artículo 12°, en la forma que se expresa: Artículo 12.- "El Consejo se compondrá de doce abogados, quienes duraran 10 años en sus cargos y cesarán en sus funciones por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera. En caso de remoción, ésta deberá disponerse por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo de los dos tercios del Senado, previa audiencia pública, sin sujeción a normas sobre escalafón, pudiendo recaer el nombramiento en personas ajenas al Consejo.
El cargo de Consejero del Consejo de Defensa del Estado, será incompatible con cualquier otro cargo remunerado con recursos fiscales o municipales”.