Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO DE MINERÍA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- DEBATE
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jorge Martinez Busch
- Manuel Antonio Matta Aragay
- Roberto Munoz Barra
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Sergio Romero Pizarro
- Beltran Urenda Zegers
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Hamilton Depassier
-
RESERVA DE IDENTIDAD POR INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- DEBATE
-
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en miércoles 21 de junio de 2000
Ordinaria
(De 16:20 a 20:38)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece nuevo Código de Procedimiento Penal (1630-07) (queda pendiente su discusión particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el artículo 73 del Código de Minería y Energía (2294-08) (se aprueba en general y particular)
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece obligación de secreto para quienes reciban información conducente a ubicación de detenidos desaparecidos (2520-07) (se aprueba en general y particular)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, Secretario General de la Presidencia y de Justicia.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 29 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 36ª, ordinaria, en 16 de mayo del presente año, en sus partes pública y secreta, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 37ª, ordinaria, en 17 de mayo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República con el que retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir. (Boletín Nº 2.504 -15).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha accedido a la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto de ley que modifica el Código Penal, creando una figura penal que sanciona los procedimientos ilegales en la cobranza de créditos. (Boletín Nº 1.700-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el siguiente informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo relativo al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , OMPI, sobre interpretación o ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996. (Boletín Nº 2.413-10).
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996. (Boletín Nº 2.414-10).
--Pasan a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Relaciones Exteriores.
Con el cuarto informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 2.504 -15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el quinto comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga compensaciones y otros beneficios que indica a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 2.456 -05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el último informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata". (Boletín Nº 2.520-07).
--Por acuerdo de Comités adoptado en el día de ayer, pasó a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, resolviéndose, asimismo, autorizar que ambas Comisiones funcionen juntamente con la Sala en el día de hoy e informen de manera verbal en la sesión especial citada para las 18.
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la necesidad de legislar para establecer una sobretasa para la importación de productos lácteos.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, referido a la necesidad de legislar para promover el uso de gas natural en los vehículos.
Del señor Ministro de Obras Públicas , con el que remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos por dicha Secretaría de Estado a los señores parlamentarios y autoridades en general, durante el mes de mayo pasado.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la necesidad de dotar con instalaciones deportivas a diversas poblaciones de la comuna de Iquique.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a los problemas que afectan al retén ubicado en la desembocadura del río Vodudahue.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que propone, de conformidad al inciso final del artículo 36 del Reglamento de la Corporación, el archivo del proyecto de ley que agrega un inciso al artículo 471 del Código del Trabajo, con el objeto de que en las causas laborales se conceda preferencia para la vista y fallo de los recursos. (Boletín Nº 1.905-13).
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
Complementando la información proporcionada respecto del proyecto que ha pasado a las Comisiones unidas, su Presidente me ha informado que las sesiones se van a realizar en la sala "Rafael Eyzaguirre".
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , se dio cuenta de un proyecto que otorga compensaciones y otros beneficios que indica a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior, con urgencia calificada de "Simple". Como esta iniciativa ya fue tratada por la Comisión de Educación, quiero solicitar -tengo la impresión de que se acordó en otra sesión- que sea estudiada por las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Muñoz Barra ha formulado una proposición relacionada con el proyecto que otorga compensaciones y otros beneficios que indica a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior.
¿Habría acuerdo para que sea enviado a las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas?
Acordado.
El señor HAMILTON.-
Pido la palabra sobre la Cuenta en función de la tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No puedo concedérsela, señor Senador, porque la tabla ya está confeccionada. Ahora, corresponde entrar al Orden del Día.
En relación con el primer asunto del Orden del Día, se ha planteado el siguiente procedimiento, dada la forma como se va a operar en la sesión de hoy: escuchar en primer término la exposición del señor Ministro y, luego, el informe del Presidente de la Comisión . Con ello quedaría suspendida la discusión por hoy.
Por tratarse de un proyecto de bastante importancia y contundencia en cuanto al material que debe analizarse, se ha solicitado discutirlo en las sesiones de la primera semana de julio, a la vuelta de la semana regional.
Creo que el acuerdo sería el siguiente: se comenzará a discutir el martes 4 de julio, debiendo quedar despachado el proyecto a más tardar el miércoles 5, a las l8.
Si le parece a la Sala, se procedería en esos términos.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal , con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1630-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 17ª, en 4 de agosto de 1998.
Constitución (segundo), sesión 5ª, en 20 de junio de 2000.
Discusión:
Sesiones 22ª y 23ª, en 18 y 19 de agosto de 1998 (queda pendiente su discusión general); 24ª, en 19 de agosto de 1998 (se aprueba en general).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Como el segundo informe de la Comisión de Constitución es muy extenso -se ha hecho un estudio muy exhaustivo-, para los efectos reglamentarios, bastará referirse a algunos aspectos sobre los cuales se deja constancia en el informe.
En primer lugar, se expresa que del proyecto aprobado en general no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 66, 76, 149, 195, 251, 358, 393, 400, 401 y 531.
De conformidad al Reglamento, la Mesa debe dar por aprobados dichos artículos al inicio de la discusión en particular en forma automática.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobados los citados artículos, de acuerdo con el Reglamento.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, en el acápite II, se deja constancia de que sólo fue objeto de indicación rechazada el artículo 123, la cual podría ser renovada con la firma de diez señores Senadores o de Su Excelencia el Presidente de la República , en su caso.
A continuación, en el párrafo III se enumeran las indicaciones aprobadas, las que son numerosas; en el IV, las aprobadas con modificaciones; en el V, las rechazadas; en el VI, las retiradas, y en el VII, las declaradas inadmisibles, que fueron las Nºs. 43 y 71.
Según consta en el informe, la mayoría de las proposiciones de la Comisión, fueron aprobadas por unanimidad. Y a partir de la página 1 de la segunda parte de dicho documento, se consignan las enmiendas introducidas a la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión particular el proyecto.
De acuerdo con lo acordado, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ha concluido una ardua tarea en relación con el análisis del Código de Procedimiento Penal.
Al inicio de mi intervención, quiero hacer un reconocimiento al trabajo realizado por el Senador señor Díez , Presidente de la Comisión ; por el Honorable señor Larraín , su anterior Presidente , y por todos los integrantes de la misma, pues resulta indispensable contar con este cuerpo legal dentro de un período cercano, para que, en definitiva, después de todos estos años, empiece a regir, en conformidad a la ley, en la Cuarta y Novena Regiones, a contar del 16 de diciembre, iniciando con ello el cambio estructural en materia procesal penal y de aplicación de la justicia en nuestro país.
En esa perspectiva, la labor ha sido ardua. Se efectuó un análisis fino respecto de varias normas que trataremos de resumir lo mejor posible, en cuanto permiten que el nuevo Código Procesal Penal tenga las características que requiere un cuerpo legal de esta naturaleza para el inicio del nuevo procedimiento que, en definitiva, es un cambio cultural en Chile, en cuanto a la forma en que se hará justicia a partir de su puesta en vigencia.
En su trámite en la Comisión de Constitución, el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados ha conservado la estructura del nuevo proceso penal y sus características más importantes. En consecuencia, los protagonistas de este nuevo proceso son los trámites que se deben cumplir en la substanciación de una causa criminal, manteniéndose en su totalidad las estructuras, pero con las diferencias que indicaremos más adelante.
Se mantienen en la iniciativa los necesarios equilibrios entre los institutos, que permiten una eficaz actividad persecutoria penal y aquellos que ofrecen a las personas el resguardo elemental para su dignidad y garantías fundamentales.
Se respetan escrupulosamente los límites de la actuación investigadora del Ministerio Público frente al conjunto de potestades de garantías que se reconocen a los jueces llamados a otorgar las autorizaciones que la Constitución demanda para la práctica de actuaciones que pudieren vulnerar los derechos constitucionales. Del mismo modo, se custodian las posibilidades de actuación de la víctima, sin olvidar los derechos de la colectividad en su conjunto para ejercer algunas acciones penales especiales.
Las innovaciones que ofrece el texto mejoran muchas disposiciones y corresponden al mayor debate científico público que ha tenido lugar en el país, una vez aprobada la reforma constitucional que introdujo el Ministerio Público.
Los operadores jurídicos nacionales han asumido la inminencia del enorme cambio que para el régimen de administración de la justicia penal representa la vigencia de un nuevo código; y tal convicción ha generado análisis, aproximaciones y discusiones que enriquecieron el trabajo de la Comisión del Senado, permitiendo generar consensos que antes resultaron difíciles de alcanzar. De este modo, institutos tan indispensables para un adecuado funcionamiento del sistema, como son las llamadas "salidas alternativas", han recibido aportes que conducen a su mayor y mejor utilización, asegurando la efectividad del juicio oral mismo.
En nuestra opinión, el proyecto aprobado por la Comisión cuenta con el respaldo de la comunidad científica; y se ha hecho cargo de las críticas que se formularon, en su momento, al texto que venía de la Cámara de Diputados, en términos de mejorarlo en los aspectos puntuales en que se innovó.
En razón de lo anterior, expreso la conformidad del Ejecutivo con el proyecto que hoy se somete a la consideración del Senado.
Las principales enmiendas -que trataré de resumir- dicen relación a instituciones como las siguientes:
Garantías de procedimiento justo y racional
La existencia de garantías de un procedimiento justo y racional permite velar por el efectivo ejercicio de las garantías de las personas y por el juzgamiento conforme a la norma de un debido proceso.
Se faculta al juez para sobreseer la causa si estima que el imputado, por causas no subsanables, no puede ejercer las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justa, de acuerdo con las normas constitucionales, legales o consagradas en tratados internacionales ratificados y vigentes, y se faculta al juez para subsanarlas si lo estima posible.
Reconocimiento de sentencias extranjeras
Se resuelve asignar valor a las sentencias penales extranjeras, condenatorias y absolutorias, con las excepciones (tomadas básicamente del estatuto de una Corte Penal Internacional) de los procesos efectuados para sustraer a los individuos del juzgamiento nacional; o si el juzgamiento no fuere serio o si el afectado reclamare que no hubo el debido proceso.
Por lo tanto, estas normas permiten el reconocimiento de las sentencias extranjeras en Chile, pero con las salvedades que acabo de indicar.
Acciones
Se establece que de los delitos de acción mixta -que pasan a llamarse de "delitos de acción pública previa instancia particular"- se excluyen la violación, la bigamia, la estafa y otros engaños, los cuales pasan a la categoría de delitos de acción penal pública. Se hace una diferencia importante al fijar la obligatoriedad, en este caso, respecto de ilícitos de una acción penal pública.
La Comisión no ha creído conveniente mantener como delito de acción privada el giro fraudulento de cheques, por lo que también lo incorporó en la categoría de delito de acción pública.
La acción civil
En materia de acciones civiles, se acuerda que sólo podrá interponerla la víctima en contra del imputado; y se autoriza para que los otros perjudicados puedan pedir medidas prejudiciales ante el tribunal civil y presentar la demanda una vez concluido el juicio penal.
Esta decisión persigue aligerar el juicio penal, evitando las dilaciones que representa la existencia de intervinientes que pueden litigar en otras sedes, como la estrictamente civil. A mi juicio, ello constituye una incorporación importante, pues impide la existencia de numerosos litigantes en el proceso y se limita exclusivamente a seguir las acciones que por esta materia, en particular, deben conocerse en el procedimiento penal, permitiendo que otras puedan ejercerse en sede civil.
A mi entender, es una innovación importante.
Policía
Se impone a la policía el deber de resguardar el sitio del suceso en tanto no se designe a quienes deberán practicar la investigación.
Esta fase es también de vital importancia en el procedimiento y fue motivo de grandes discusiones tanto en la Comisión de Constitución del Senado como anteriormente en la Cámara de Diputados, y en foros en los que intervinieron profesionales expertos en el tema de la investigación.
¿Por qué es importante? Porque lo que se pretende con esta norma es que quien lleve a cabo en definitiva la investigación sea un órgano especializado y, por lo tanto, al llegar la policía al sitio donde debe realizar esta acción, en principio sólo se limite a resguardar el lugar hasta que el fiscal designe a quien en definitiva será el investigador.
Esta materia, que podría estimarse de menor trascendencia, desde el punto de vista de la investigación final y de la forma como en este nuevo Código se implementará el posterior juzgamiento, reviste vital importancia. Cabe recordar en este sentido que las pruebas acumuladas en cada una de estas etapas serán expuestas ante un tribunal oral y público, con la presencia de fiscales y de abogados defensores. Por lo tanto, las pruebas que allí se logren retener deberán ser, desde el punto de vista legal, lo suficientemente rigurosas para evitar posteriormente nulidades de juicios.
Asimismo, se introduce el control de identidad y se autoriza a la policía interrogar autónomamente al imputado -medida que también constituye una innovación respecto del criterio de la Cámara-, pero en presencia de su defensor o, si aquél se allana a declarar -en este caso, el imputado-, se le permite interrogarlo, siempre que el Ministerio Público haya autorizado a la policía para hacerlo..
¿Qué pasa en este punto central? Que se acogieron las sugerencias hechas en diversos ámbitos sobre la necesidad de que, en algunos casos, la policía pueda recopilar antecedentes en el momento mismo en que se ha producido una situación determinada. Sin embargo, aquí se fijan ciertas restricciones y obligaciones para proceder en esa forma, o bien se le permite hacerlo siempre y cuando el Ministerio Público haya delegado esta facultad. Es decir, la responsabilidad final de lo que ahí se haga y de cómo se haga, corresponde en este caso al Ministerio Público.
Amparo
En lo que respecta al problema del recurso de amparo, que estaba pendiente y cuya definitiva solución supone serias dificultades como la de resolver si esta materia va o no al Tribunal Constitucional, se ha llegado a la siguiente conclusión.
La Comisión estableció un recurso de amparo, que no es de menor categoría, y que permite a un abogado o a quien tenga conocimiento de que una persona está siendo objeto de una situación contraria a la ley, presentarlo directamente al tribunal de garantía.
Debemos recordar que, según el nuevo procedimiento, estos tribunales van a estar ubicados a lo largo del territorio en forma más espaciada de lo que hoy están los juzgados existentes y las Cortes de Apelaciones.
En consecuencia, la mayor posibilidad de las personas de concurrir de amparo a un tribunal de garantía y resolver así su situación, es de suma importancia. Lo anterior no anula la posibilidad de recurrir de amparo a las Cortes de Apelaciones, pero permite que la situación que afecte a una persona detenida por alguna circunstancia especial que pudiere considerarse extrema o peligrosa para ella, pueda ser resuelta con mayor prontitud y rapidez. Tal es el propósito de la modificación que hemos señalado.
Víctima
Se impone al Ministerio Público la obligación de informar del procedimiento al cónyuge e hijos de la víctima que hubiere fallecido y que no hubieren intervenido. Se trata también de una obligación establecida por la Comisión, y que se consideró de suma importancia.
Detención
En cuanto a la detención, se ha mejorado semántica y dogmáticamente la enunciación de las situaciones de flagrancia, excluyéndose la frase referida a la tentativa de delito, porque está comprendida en el enunciado "el que actualmente se encontrare cometiendo el delito", y también la referencia "al que hubiere realizado actos preparatorios sancionados por la ley penal". De este modo, la enumeración ha quedado en términos semejantes a los actuales, los que no han ofrecido dificultad práctica en su aplicación.
Por lo tanto, esta materia -ampliamente debatida en todas las etapas previas, puesto que se trata de la detención de que pueda ser objeto una persona- debe quedar claramente regulada en la norma. En ella se establece en forma muy precisa la duración o etapas especiales de la detención y cuáles son las atribuciones al respecto.
Si se tratare de detención policial por flagrancia, evento en el cual la necesidad de establecer un estatuto de garantías para el sujeto es mayor que en el caso que señalaba anteriormente, se deberá informar al Ministerio Público dentro de las doce horas, y este organismo ordenará la libertad del sujeto o dispondrá que se ponga a disposición del juez, antes de las 24 horas desde su detención. Si no hay decisión del Ministerio Público, el sujeto debe ser presentado al juez en 24 horas. Y si el Ministerio Público no concurre a la primera audiencia judicial del detenido, éste quedará en libertad, lo que constituye cabal aplicación del principio acusatorio que sirve de sustrato al Código.
Este punto, como he señalado, fue uno de los más discutidos y es conveniente recordar que existe la posibilidad de detención -hecho sobre el cual también se han producido debates en muchas oportunidades- pero con sujeción a estrictas normas establecidas en el Código y que obligan necesariamente al Ministerio Público a estar atento y presente en cada una de estas instancias.
Formalización de la investigación.
Se cambia el nombre a la institución y pasa a llamarse "formalización de la investigación", porque se reemplazó la palabra "instrucción" de todo el Código. Ello tuvo por objeto conferir mayor eficacia a la gestión de investigación, y se permite que, antes de tal formalización, el juez autorice determinadas actuaciones que afecten derechos constitucionales sin previa comunicación a los afectados, cuando la gravedad de los hechos lo aconsejare, y también después de formalizada, si comunicada la actuación al afectado, perdiere su eficacia.
Por lo tanto, no es sólo un tema semántico, sino que es importante desde el punto de vista de la actuación. Hay aquí alguna posibilidad de que el juez y el Ministerio Público determinen investigaciones que se realicen inmediatamente de sucedidos los hechos, con el fin de configurar las pruebas necesarias para iniciar con posterioridad los juicios correspondientes.
Acuerdos reparatorios.
Se eliminaron numerosas restricciones propuestas en el proyecto para la aplicación de los acuerdos reparatorios, y se señala que sólo podrán celebrarse sobre delitos que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, de los que consistieren en lesiones menos graves o de los que fueren culposos, y siempre que el imputado no haya incurrido habitualmente en ellos.
En tal virtud, se amplió el universo de aplicación de los delitos, pero se agregó una limitación respecto del que habitualmente los hubiere cometido.
Al aprobar el acuerdo, el juez sobreseerá definitivamente la causa. El acuerdo reparatorio no podrá anularse o resolverse por la interposición de acciones civiles.
Los acuerdos reparatorios constituyen etapas tendientes a evitar que todos los casos deban ser resueltos en sedes judiciales, y puedan serlo antes por acuerdo de las partes. De esa manera es posible impedir lo que ocurre actualmente, en que cualquier causa o denuncia de diversa naturaleza son llevadas ante los tribunales de justicia, son analizadas por éstos, iniciando un completo proceso de investigación. Toda la maquinaria del Estado empieza a trabajar en función de una denuncia que, en definitiva, no es resuelta con sentencia favorable ni desfavorable, sino que queda archivada o sólo se deja constancia de que el proceso se encuentra en esa instancia. En este caso, permite, en cosas menores, llegar a acuerdos y evitar, como dije, que todas las causas lleguen a sedes judiciales.
Es importante, desde el punto de vista teórico, vislumbrar cuántas causas llegarán a resolverse en definitiva en los tribunales de justicia. ¿Qué nos interesa en concreto? Que lleguen las que efectivamente deben ser resueltas por ellos; es decir, las originadas en delitos graves, respecto de las cuales tienen que pronunciarse los tribunales orales y dictar la sentencia correspondiente, y se resuelvan con anterioridad, en función de los acuerdos reparatorios, aquellas que efectivamente puedan zanjar las partes. En este último caso, se trata de hechos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Aquí no puede haber delitos de sangre ni graves, sino simplemente los que permiten a las partes alcanzar acuerdos. Por eso son relevantes las modificaciones introducidas a este respecto por la Comisión.
Recursos
La regla general es que el juzgamiento de las causas se verifique en un juicio oral de instancia única, esto es, sin recurso de apelación. Sin embargo, como no se puede descartar la posibilidad del error judicial, en cumplimiento de compromisos internacionales contraídos por el país, se establece el derecho de recurrir a un tribunal superior, que principalmente será la Corte de Apelaciones, y excepcionalmente la Corte Suprema, según expresaré más adelante.
Dados los intensos debates producidos en las sedes académicas, profesionales y judiciales, la Comisión acordó eliminar el recurso extraordinario y el de casación, consagrando, en cambio, el de nulidad para invalidar el juicio y la sentencia definitiva, o solamente ésta.
El recurso de nulidad se interpondrá por escrito, con fundamentos de hecho y de Derecho y peticiones concretas, en el plazo de 10 días, por causales diversas, a saber: a) si se hubieren infringido derechos o garantías esenciales asegurados por la Constitución o garantizados por tratados ratificados y vigentes, y la infracción hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; b) si se hubiere hecho errónea aplicación del Derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y c), por motivos absolutos de nulidad, que son, en general, los que se consagraban como motivos absolutos de casación.
Respecto de este punto, que es muy técnico, puedo señalar que en una de las reuniones celebradas por la Comisión, en la cual participaron el Fiscal Nacional, el Ministro que habla y la Corte Suprema, esta última hizo presente la necesidad de algún recurso que velara por la uniformidad jurisprudencial, que, en definitiva, evitara la existencia de distintas sentencias sobre causas similares, y pudiera llegar, de alguna forma, a conocimiento del Tribunal Supremo, para que, en último término, unificara jurisprudencia.
En esa perspectiva se elaboró este recurso de nulidad, que permite, en las sentencias en que haya infracción a normas constitucionales, ir directamente a la Corte Suprema. En los demás casos, de acuerdo con las normas que cité con anterioridad, dicho recurso será resuelto en sede de Cortes de Apelaciones. Pero lo importante es que esto permitirá que en aquellos casos en que exista un error grave desde el punto de vista del juzgamiento, el Alto Tribunal, conociendo de la infracción, podrá invalidar el juicio, pero no dictar sentencia de reemplazo. Anulará el juicio y ordenará la iniciación de uno nuevo.
Asimismo, en aquellos casos en que existan diversos fallos por similares condiciones en distintos tribunales del país, al haber varias Cortes de Apelaciones, se permite al Tribunal Supremo, sea por decisión propia o porque la parte le acompaña los antecedentes necesarios para demostrar que hay diversas sentencias sobre causas iguales, conocer de ellos y unificar la jurisprudencia.
Ésta es una innovación importantísima hecha por la Comisión, la cual, a nuestro juicio, y en opinión de la Corte Suprema -que analizó la materia, impulsó la idea y pidió que existiera la posibilidad de llegar con los recursos hasta ella-, producirá mayor agilidad.
Durante el debate habido en la Comisión se planteó la idea de que si se daba la posibilidad de que siempre pudiera ser apelada cualquiera de estas sentencias, en definitiva, toda la agilidad del procedimiento que perseguíamos mediante la modificación propuesta se nos iba a transformar en lo que actualmente tenemos.
Por eso es tan importante la fórmula establecida por el organismo técnico, dado que no sólo permite contar con un procedimiento eficaz, claro, rápido y eficiente, como anhelamos todos quienes trabajamos en esta materia y como espera también el país, sino que, además, constituye uno de los aspectos que, en definitiva, producirá una gran transformación en nuestra sociedad.
Son muchas las diferencias establecidas en el debate habido durante largos meses en la Comisión de Constitución. Sin embargo, es esencial tener presente que esta transformación, esta verdadera revolución cultural, que se inició en el Gobierno del Presidente Frei y que vamos a concretar en el del Presidente Lagos , con participación -en esto quiero ser sumamente claro- de todos los sectores políticos del país, fue fruto del consenso absoluto en la necesidad de que se requería este cambio estructural en materia de justicia en el país.
En esa perspectiva, se invertirán en el transcurso de cuatro años 258 mil millones de pesos. En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con un presupuesto de 70 mil millones de pesos. Tal es el cambio, desde el punto de vista financiero, de la inversión que está haciendo el Estado para mejorar la justicia en el país. Lo decía el Presidente Frei en su época: ésta es una tarea de Estado que se asumió y que se va a concretar en el nuevo siglo.
Asimismo, es importante señalar que contaremos con más de 400 jueces en lo penal y 400 juzgados de garantía. O sea, se incorporarán 800 jueces más al sistema judicial en el período. Actualmente no hay más de 79 jueces especializados del crimen, de un total de 270 magistrados.Además, existirán 460 fiscales, personas que se dedicarán exclusivamente a la investigación, que serán los abogados de las víctimas. Hemos señalado, en muchos lugares, que no existirá un intermediario, como sucede actualmente con los actuarios en los tribunales de justicia, sino un órgano especializado, creado y capacitado especialmente para realizar la investigación y posteriormente allegar los antecedentes, cuando el caso lo amerite, al juicio oral, para los efectos de dictar sentencia.
Otra pata de esta sólida mesa que se ha conformado -y ruego a Sus Señorías disculpar la expresión- son los defensores de los victimarios. De no tener configurado completamente el sistema, podría considerarse que no estamos cumpliendo con el objetivo básico de que exista el debido proceso. En esa perspectiva, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se discute el proyecto que crea la Defensoría Penal Pública, que permite incorporar 450 defensores.
En concreto, ingresarán al sistema judicial más de siete mil 500 personas. Tal es la transformación desde el punto de vista de recursos humanos.
Por otra parte, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en forma conjunta, están llamando a licitación para adquirir un sistema computacional y un soporte tecnológico que cambiará la forma de trabajo en los tribunales de justicia.
En verdad, si se dimensiona lo que está aprobando el Parlamento, en general, y el Senado en particular, y lo que se está haciendo en materia de justicia en Chile, se concluirá que nos hallamos ante una revolución desde el punto de vista cultural. En un país donde el contrato firmado es lo que vale -lo demás, la sola palabra, no vale-, estamos introduciendo un procedimiento oral, público y transparente para defender los derechos de la víctima.
Quiero ser muy categórico y claro en esto: en algún momento se ha dicho que éste es un Código exclusivamente garantista. No es así. Es uno en el cual la víctima tiene todos los derechos para hacer efectivas las responsabilidades de quienes cometen graves delitos. Pero también el imputado o victimario tiene el derecho a ser defendido de la misma manera. Porque esto va a ser discutido y resuelto en una sede pública, en forma oral, donde los protagonistas estarán de cara a la gente, la que podrá observar claramente cómo se solucionan los problemas judiciales llevados al respectivo tribunal, al revés de lo que sucede hoy día, en que hay intermediarios desconocidos y un procedimiento sumario.
Señor Presidente , concluyo señalando que este trabajo, que realizó anteriormente la Ministra de Justicia señora Soledad Alvear , que se inició bajo el mandato del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que hoy día culminamos, tiene para la gente los visos de un proyecto de Estado, en el cual ha participado toda la comunidad: abogados, profesores, jueces, senadores y diputados de todas las bancadas. Y eso es lo que distingue con claridad a esta iniciativa. Además, ello permite apreciar nítidamente lo que la gente de este país aguarda: que el nuevo procedimiento sea efectivo, que se cumplan sus objetivos y que sea puesto en vigencia oportunamente. Estamos cumpliendo una tarea fundamental, y esperamos que sus normas entren a regir en la fecha fijada en las Regiones que ya señalé.
Por eso es tan importante la pronta aprobación del proyecto en análisis.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo a lo resuelto por la Sala, tiene la palabra al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , tengo el agrado de presentar al Senado el resultado del trabajo que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, bajo la presidencia del Honorable señor Larraín , primero, y del Senador que habla, luego, realizó desde el 10 de noviembre de 1998, si bien tuvo interrupciones breves, derivadas de la necesidad de despachar, en primer lugar, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y después, la ley que creó los nuevos tribunales con competencia en lo criminal y modificó el Código Orgánico de Tribunales.
Cabe destacar que ayer iniciamos la discusión general del proyecto de ley sobre creación de la Defensoría Penal Pública, que esperamos informar en general a la Sala el próximo mes, para después dedicar -seguramente- un par de meses a su discusión particular. Y nos restaría la última de las iniciativas que integran la reforma procesal penal, cual es la que establece diversas normas adecuatorias del sistema legal chileno con esta novedad del Ministerio Público y del nuevo Código de Procedimiento Penal. Esta última no es una iniciativa simple, porque debemos adecuar la legislación vigente para diversas instituciones -Consejo de Defensa del Estado, Servicio de Impuestos Internos, etcétera-, considerando la nueva realidad de investigación y de juicios que tendremos en nuestro país.
La discusión particular del proyecto en análisis se desarrolló en forma intensa en 51 oportunidades -varias de ellas implicaron todo un día de trabajo-, con la participación, además, de los Senadores señores Cordero, Fernández , Martínez , Silva , Stange , Urenda , Zurita y Parra , algunos de los cuales incluso integraron ocasionalmente la Comisión.
En este informe, es mi obligación destacar el respaldo que nos brindaron la Ministra de Justicia doña Soledad Alvear y el actual titular de dicha Cartera, don José Antonio Gómez , y sus colaboradores, los señores Rafael Blanco , Raúl Tavolari y Cristián Riego , quienes asistieron a todas nuestras sesiones y, con paciencia y celo profesional, contestaron las diversas preguntas formuladas y entregaron la información que les fue requerida.
También queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que se hizo representar, a invitación nuestra, por su anterior Presidente , don Roberto Dávila -a quien la Comisión homenajeó después de su fallecimiento-; por el actual, don Hernán Álvarez , y por el Ministro de ese Alto Tribunal señor Mario Garrido (de asistencia cuotidiana).
La Corte Suprema tuvo la deferencia de recibir a todos los miembros de la Comisión el 16 de mayo en un Pleno Extraordinario, al cual concurrieron el señor Ministro de Justicia y el señor Fiscal Nacional. Allí intercambiamos puntos de vista y recibimos importantes sugerencias en materia de recursos, querella de capítulos, extradición y registro del juicio oral.
La Comisión también contó con la participación del señor Fiscal Nacional, don Guillermo Piedrabuena , y de sus asesores, señores Tito Solari y Héctor Hernández .
Escuchamos a representantes de diversas instituciones relacionadas con los procedimientos especiales y a invitados especiales (Ministerio de Relaciones Exteriores, Gendarmería de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones, etcétera), lo cual nos permitió formarnos una opinión acabada sobre aspectos específicos de la ley en proyecto y su funcionamiento posterior.
Dejo especial constancia del reconocimiento de la Comisión al profesor señor Jorge Bofill , quien, en forma desinteresada, nos orientó y efectuó sugerencias de mucha utilidad a lo largo de todo el estudio que llevamos a cabo.
He reservado para el final -aunque para mí es la más importante- la colaboración prestada por el personal de la Comisión de Constitución. Y me refiero especialmente a su Secretario , el abogado señor José Luis Alliende , quien no sólo dedicó extensas jornadas a este trabajo, con inteligencia y acuciosidad, sino que, además, muchas veces aconsejó a los integrantes de aquélla con extraordinaria perspicacia en cuanto a las relaciones de una disposición con otra, lo cual es muy importante, porque, estando en presencia de un Código con más de 530 artículos, la adecuada coordinación es absolutamente indispensable. Las soluciones ideadas por la Comisión y las líneas establecidas desde el principio, siempre fueron recordadas en forma muy oportuna por su Secretario . Por consiguiente, no me cabe duda de que este reconocimiento que realizo en nombre de la Comisión de Constitución también debe hacerlo el Senado.
El informe que está a la vista de Sus Señorías se elaboró con especial cuidado, porque contiene el fruto del estudio y de la colaboración de las personas antes nombradas, y porque creemos que un Código de Procedimiento Penal debe tener una historia fidedigna de su establecimiento. Por eso, con mucho más cuidado que el habitual, cada uno de los artículos es objeto de análisis en el extenso informe de sobre 800 páginas que se halla a disposición de los señores Senadores.
Se prefirió que todas las observaciones al Código de Procedimiento Penal estuvieran en la parte general del informe -se entregó un resumen a Sus Señorías la semana recién pasada-, porque muchas veces las exposiciones orales pueden crear ambigüedades en materias delicadas, como son las de procedimiento, que afectan no sólo las prerrogativas de las víctimas, sino también la legítima defensa a que todo ciudadano tiene derecho.
Nuestras principales inquietudes apuntaron a prevenir y solucionar las eventuales dificultades prácticas que podrían surgir durante la aplicación de esta normativa.
Las modificaciones que proponemos al texto aprobado por la Cámara de Diputados -como expresó el señor Ministro -, aunque a simple vista son numerosas y afectan casi a la totalidad de los artículos, conservan la estructura básica de la iniciativa y mantienen las instituciones que esa Corporación sugiere introducir a nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma, en lo sustancial, sólo apuntan a perfeccionar el proyecto, por una parte para adecuarlo a las dos iniciativas ya despachadas y que inciden en la reforma procesal penal, y por otra, para robustecer los principios que lo sustentan.
Nos preocupó, por ejemplo, dar reglas claras acerca de la forma en que se relacionarán la policía y el Ministerio Público. Desarrollamos, al efecto, el mandato constitucional que encomienda al Ministerio Público la dirección exclusiva de la investigación de hechos delictivos, estableciendo la obligatoriedad para la policía de actuar siempre en cumplimiento de las instrucciones que dicho organismo le imparta, las cuales podrán ser de carácter particular, dadas por el fiscal a cargo del caso, o generales, respecto de todas las situaciones en que se faculta a la policía para proceder de inmediato, sin esperar, por razones obvias, la recepción de instrucciones especiales.
Nos detuvimos asimismo, con singular cuidado, en la labor de coordinación entre el Ministerio Público y los tribunales con competencia en lo criminal, a la luz de las respectivas disposiciones constitucionales que los rigen y, muy en particular, de los derechos y garantías de las personas, que se deben observar rigurosamente.
Al respecto, aceptamos diversos mecanismos de control que ejercerá el juez de garantía, como dejar sin efecto la decisión del fiscal de aplicar el principio de oportunidad y, en consecuencia, obligarlo a continuar la persecución penal; negar aprobación a los acuerdos reparatorios; ordenar la reapertura de la investigación cuando lo solicite alguno de los intervinientes para realizar diligencias que el Ministerio Público haya desechado, y excluir ciertas pruebas, que no podrán ser utilizadas en el juicio oral.
No nos pareció pertinente, sin embargo, contemplar la posibilidad de que, una vez cerrada la investigación, el juez de garantía obligue al fiscal a formular acusación o rechace el sobreseimiento que se pida en razón de no haberse reunido antecedentes suficientes para acusar. En el primer caso, optamos por permitir que la acusación se formule por el querellante que desee proseguir la acción penal, excluyendo de esa manera al Ministerio Público del procedimiento. En el segundo caso, si faltaren los antecedentes mencionados, se faculta al Ministerio Público para comunicar su decisión de no perseverar en la investigación, tal como en su momento dio a conocer la decisión de formalizarla.
Un tema cuya solución integral planteamos al señor Ministro de Justicia es el relativo a la obligación de que tres jueces del juicio oral se encuentren presentes durante toda la sustanciación del proceso y en la dictación de la sentencia. Ello es esencial en un juicio público, transparente, que se quiere acabado y respecto del cual se desea que ninguno de los magistrados ignore alguna de las circunstancias o declaraciones que puedan afectar, o a los derechos de la víctima, o a la inocencia del presunto inculpado.
La existencia de tribunales de juicio oral con tres miembros en nueve comunas hace indispensable que, con un sacrificio pecuniario no muy importante, sobre todo si se realizará a través de los años -esta vez son sólo las Regiones Cuarta y Novena, y entiendo que entre las dos se trata sólo de cinco localidades-, el número de jueces se aumente a cuatro. De ese modo, si uno de ellos se enferma, sale de vacaciones, se accidenta, un tribunal colegiado de tres jueces presenciará siempre toda la sustanciación del proceso y dictará sentencia, lo que resulta esencial -repito- en el procedimiento. Para la fe pública que se desea proporcionar a través del juicio oral, es básico que cada juez cuente con la inmediación de la prueba y del caso.
Hemos advertido la necesidad de introducir ese ajuste en el Código Orgánico de Tribunales durante el estudio de la norma que permite convocar a un mayor número de jueces cuando puede presumirse que con la cantidad ordinaria de tres miembros no es posible cumplir con la obligación impuesta por el Código de Procedimiento Penal en análisis de que asistan en forma ininterrumpida a la audiencia del juicio oral.
Tal disposición es de vital importancia, ya que se arriesga la nulidad del juicio oral, pero será letra muerta en las nueve comunas cuyos tribunales incluyen sólo tres jueces, sin perjuicio de que también podrían presentarse serias dificultades en otros por los hechos habituales que he mencionado y que estadísticamente demuestran que es verdadera nuestra aprensión en lo que respecta a permisos, enfermedades y razones similares.
Creemos que el Ejecutivo , en la tramitación que queda, puede presentar la indicación respectiva, o bien, formularla con ocasión del proyecto sobre normas adecuatorias, cuando iniciemos su estudio.
Aunque parezca una cuestión de detalle, hemos estado preocupados de cómo se aplicarán las leyes que estamos dictando. Y estimamos que el expuesto constituye un inconveniente que se debe subsanar.
Por otra parte, incorporamos reglas expresas sobre la entrada en vigor del Código de Procedimiento Penal, y en especial de algunos preceptos que merecen una regla particular. Se evita, con ello, la diversidad de interpretaciones, siempre desaconsejable, porque de alguna manera vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Deseo referirme en forma muy breve a otros temas, señor Presidente .
La Comisión amplió el procedimiento por faltas, denominándolo "simplificado", a fin de comprender también a los simples delitos para los cuales el fiscal solicite una pena que no exceda de 540 días de privación de libertad. En esa medida, será un procedimiento supletorio, no sólo del juicio oral ordinario, sino asimismo del procedimiento abreviado.
El procedimiento simplificado se inicia mediante la presentación de un requerimiento del fiscal al juez de garantía, en el que solicita la citación inmediata a juicio y expone los antecedentes en que se funda. El juez cita al imputado y demás intervinientes a una audiencia, en la que informa a la víctima y al imputado, cuando corresponde, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, sobre la posibilidad de celebrar un acuerdo reparatorio y poner término al procedimiento por esa vía. Si ello no procede, o bien, si no se logra dicho acuerdo, el imputado puede admitir su responsabilidad en el hecho, caso en el cual, si no fueren necesarias otras diligencias, el juez de garantía falla de inmediato, aplicándose sólo pena de multa, por regla general, salvo que procediere la prisión y el imputado haya sido previamente advertido al respecto.
La Comisión decidió incluir una modalidad aún más concentrada, consciente de la rapidez requerida en el juicio penal y que es consustancial a la justicia. Así, creó el llamado "procedimiento monitorio", para el caso de una falta sancionable sólo con pena de multa. Se desea ahorrar personal, papel, tiempo, etcétera. En la situación señalada, si el imputado paga la multa o no controvierte su monto ni el requerimiento, se entiende que la resolución del tribunal que acoge este último y ordena el pago de la primera, notificada al imputado, hace las veces de sentencia definitiva ejecutoriada y pone fin al procedimiento. Si, por el contrario, el imputado manifiesta su disconformidad, prosigue el procedimiento simplificado.
Señor Presidente , también hay otra materia sobre la cual deseo llamar la atención de la Sala. Me refiero a la improcedencia del recurso de apelación respecto a las resoluciones de estos tribunales colegiados.
La Comisión considera que si un recurso de apelación contra lo resuelto por un tribunal de juicio oral en lo penal, compuesto por tres ministros, y producto de un procedimiento oral público, con la asistencia del fiscal, del defensor público, etcétera, es presentado en otro tribunal de tres miembros -la Corte de Apelaciones- para que se imponga lejanamente a través de registros y no con la viveza y perspicacia que da la oralidad, se contraría toda la filosofía de la normativa que se propone. Por eso, el recurso de apelación no procede; pero están los recursos de nulidad y de casación, el requerimiento ante la Corte Suprema cuando no se han respetado las garantías constitucionales y las nulidades expresas en caso de omitirse las garantías procesales establecidas por el propio Código. Y con esto no se infringen los compromisos internacionales del país, situación que se analizó con todo cuidado porque se está en presencia de un tribunal colegiado, que es el que aplica la pena, y de un recurso de casación ante un tribunal superior, si hay vulneración grave de la ley. De manera que se ha cumplido con los tratados internacionales, los cuales jamás utilizan la palabra "apelación" en el sentido que le da el actual Código de Procedimiento Penal chileno.
De lo contrario, esta reforma procesal penal sería solo aparente, puesto que, por la vía de recurrir de apelación, la última decisión correspondería a un tribunal que seguiría resolviendo del mismo modo en que lo hace hoy día, sin la aplicación de un procedimiento público, trasparente ni verbal, sino sobre la base de registros de lo obrado.
Por eso, el recurso de apelación se reemplazó por el de nulidad -a que se refirió el señor Ministro y que fue creado en la Comisión-, que tiende a obligar a un juicio nuevo cuando no se han respetado las garantías procesales y los trámites que indica el Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, puede llamar la atención de algunos juristas la exclusión del recurso de amparo en el nuevo Código de Procedimiento Penal. La Comisión optó por mantener la decisión de la Cámara de Diputados de eliminarlo del articulado, por cuanto su incorporación contribuiría en alguna medida a reafirmar la idea de que es una acción procedente contra resoluciones judiciales -es lo que ocurre hoy-, en circunstancias de que no tiene esa naturaleza ni una connotación penal, sino que apunta, precisamente y por el contrario, a que una persona pueda recabar el amparo de los jueces en contra de acciones de otra autoridad que afecten su libertad.
El postulado de estimar procedente el amparo contra resoluciones judiciales responde a propósitos de garantía del procesado, explicables en el contexto del actual proceso penal, con escasas o nulas posibilidades de defensa durante la etapa sumarial, y ha adquirido más actualidad a raíz de la improcedencia del recurso de queja en contra de la Corte de Apelaciones cuando se trata de revocar autos de procesamiento, por ejemplo, de manera que, al haberse cerrado el camino para llegar a la Corte Suprema por ese mecanismo, se está utilizando la fórmula del recurso de amparo. Este pie forzado y esta realidad procesal desaparecen con el nuevo Código Procesal Penal, que consagra un procedimiento que es contradictorio y que desde el inicio abre un amplio campo a la actuación de la defensa.
Tanto el constituyente como la Comisión entendieron bien que la expresión final del amparo es el derecho de la persona privada de libertad a ser llevada ante el juez, lo cual se encuentra contemplado expresamente entre las disposiciones del nuevo Código. No obstante, la Comisión acordó desarrollar en mayor medida esa garantía, contemplando una acción rápida, que se puede interponer verbalmente por cualquier persona ante el juez de garantía, con el objeto de que examine la legalidad de la detención y las condiciones en que se encontrare el detenido, así como para que ordene su libertad o adopte las medidas que fueren procedentes.
Otra materia que preocupó a la Comisión se refiere al desafuero parlamentario. A la Comisión le surgieron serias dudas acerca de la conveniencia de mantener esta institución, no sólo por la percepción de la opinión pública acerca del desafuero -que, por lo demás, también la tiene sobre el sometimiento a proceso de una persona-, en cuanto no la estima un simple requisito de procesabilidad, sino un prejuzgamiento sobre el fondo. Se trata de que esta institución, concebida como medida de protección de los Parlamentarios para evitar que sean objeto livianamente de denuncias o querellas criminales, perjudicando el cabal ejercicio de sus funciones -es lo que protege el desafuero- podría convertirse, por el contrario, en un mecanismo gravoso que impida el desarrollo de su labor parlamentaria. Es decir, lo que estaba diseñado como una discriminación positiva se transforma en una discriminación negativa en su contra, al impedirles que se acojan tempranamente a alguna de las diferentes salidas alternativas que contemplará el nuevo Código de Procedimiento Penal y a las cuales, evidentemente, cualquier ciudadano chileno puede acceder.
Analizamos la posibilidad de hacer renunciable el fuero, pero no fue posible por el claro texto del artículo 58 de la Carta Fundamental, opinión que fue confirmada por los profesores de Derecho Constitucional que tuvieron la gentileza de absolver nuestras consultas. Concluimos que, mientras no sea revisado dicho precepto, es preciso regular el desafuero en los términos que mejor armonicen con el nuevo Código Procesal Penal, con la actuación del fiscal, con el requerimiento o formalización de la investigación, etcétera. Y creemos que así lo hemos hecho. Pero muchos integrantes de la Comisión consideramos que ha llegado el momento de plantear una solución distinta, en el sentido de que los Parlamentarios puedan ser demandados sin tener fuero y que el juez que conozca estas causas sean ministros de Corte , y que aquellos sean suspendidos en el ejercicio de sus cargos cuando estén privados de libertad por cualquier causa o que sus funciones terminen si son condenados por sentencia de relativa importancia. Estimamos que así se defiende de mejor manera la función parlamentaria que el actual sistema de desafuero, que permite la eternización de este tipo de procesos. No hay para qué citar ejemplos. A veces, por faltas menores, se pierden dos, tres o cuatro años, lo que constituye la totalidad del período de un Diputado y la mitad del de un Senador.
En seguida, la Comisión, analizó una especie de reformulamiento del rol de la Corte Suprema. Se tiene la impresión de que, a raíz de las reformas que se están introduciendo a la legislación procesal, ha llegado el momento de replantear el papel que cumple. Guiados por su prestigio, el constituyente y el legislador han ido entregando cada vez mayores atribuciones tanto a ella como a los ministros que la integran, cada una de las cuales puede haberse justificado plenamente en su momento, pero lo cierto es que su acumulación parece haber excedido los límites que aconsejaría la eficiencia para el buen cumplimiento de sus funciones esenciales.
No es éste el momento de efectuar un análisis integral de los diversos cometidos que el sistema jurídico chileno entrega a la Corte Suprema o a sus ministros, ni de entrar a reformarlos, pero sí puede ser la oportunidad para avanzar reflexiones sobre el tema.
La Comisión piensa que es necesario dar más énfasis a la función de gobierno judicial que debe cumplir la Corte Suprema -sobre todo ahora que se incorporan centenares de nuevos jueces y el funcionamiento de nuevos tribunales con un procedimiento distinto- y, en ese contexto, contemplar la posibilidad de que, al menos en lo que concierne al conocimiento de los recursos penales, ella quede más aliviada de su actual carga de trabajo y en condiciones de enfrentar de mejor manera los nuevos requerimientos del sistema que se está estableciendo, por el aumento sustancial de tribunales y la naturaleza distinta del procedimiento creado. El propósito orgánico de reestructurar el papel que le compete a la Corte Suprema en materia de recursos, resulta de esta manera perfectamente armónico con el objetivo funcional de acercar la administración de justicia a las personas.
Los razonamientos que preceden reafirman la conveniencia de establecer, como regla general, que la revisión de los fallos de los tribunales del juicio oral en lo penal (y de los jueces de garantía, en su caso, cuando resuelvan los asuntos sometidos al procedimiento simplificado o al abreviado, como lo he especificado) quede radicada en las Cortes de Apelaciones. Esto es explicable sobre todo si se piensa que las sentencias que examinarán provenientes de los tribunales de juicio oral habrán sido dictadas por tres jueces de Derecho, al término de un juicio público rodeado de garantías para todas las partes, lo que sin duda reduce significativamente las posibilidades de error o incorrección.
Señor Presidente , el mejor análisis del proyecto tanto para los señores Senadores como para los estudiosos, profesores, jueces y abogados, es el examen de la documentación elaborada por la Comisión: el primer informe, con su anexo; el segundo informe, relativo a la discusión particular, en el cual la Secretaría, con un celo realmente encomiable y mucha inteligencia, explica cada una de las disposiciones, y, además, el resumen de dicho documento, que señala las líneas gruesas del mismo.
La Comisión espera que en el curso del año queden despachados el proyecto que crea la Defensoría Penal Pública y el que establece diversas normas adecuatorias, a fin de que pueda iniciarse el funcionamiento del nuevo sistema procesal penal. Éste constituirá un gran progreso que, aunque la opinión pública no pueda advertir en la actualidad, sí percibirá en el futuro. En una sociedad libre, en que la información resulta ser un bien inapreciable, la cercanía de la justicia -el poder ver, oír y asistir a los juicios penales en los cuales se tiene interés, ya sea personal, por el vecindario o por la comunidad en que se vive- significa un progreso evidente.
Sabemos que ése es un desafío difícil, pero diría que lo estamos emprendiendo con verdadera audacia creadora, porque realmente no estamos conformes -al igual que nuestro pueblo- con el sistema de justicia existente. Ello se debe, no a la calidad de las personas, sino a que nuestro procedimiento corresponde a una sociedad más pequeña, con problemas mucho menores. Es indudable que el desarrollo de la sociedad hace absolutamente indispensable la reforma, sobre todo cuando va unido a la incorporación de la persona a la vida de la sociedad; al deseo de participar más en ella y, evidentemente, de tener conocimiento de lo que le interesa, sobre todo en materia penal, donde se afecta no sólo la libertad de los inculpados sino, fundamentalmente, la protección de las víctimas.
Creemos que una justicia eficiente, en que la opinión pública conozca a quienes han cometido determinados crímenes, a los jueces, etcétera, contribuye a educar, a combatir la delincuencia y a afianzar la seguridad ciudadana.
Con esa intención, el Presidente que habla, los Honorables colegas miembros de la Comisión y los señores Senadores que asistieron a ella en numerosas oportunidades, hemos tratado de producir lo mejor de que hemos sido capaces en este segundo informe del proyecto sobre nuevo Código de Procedimiento Penal que hoy ponemos a disposición de la Sala.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En conformidad a lo resuelto, la discusión particular del proyecto continuará en las sesiones ordinarias del martes 4 y miércoles 5 de julio, debiendo iniciarse la votación a las 18 de esta última, salvo que el debate finalice antes, caso en el cual también se anticipará la votación.
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO DE MINERÍA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 73 del Código de Minería, con informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2294-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 17 de mayo de 2000.
Informe de Comisión:
Minería, sesión 5ª, en 20 de junio de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
La Comisión deja constancia en su informe que el objetivo esencial de la iniciativa es uniformar las sanciones contempladas en el artículo 73 del Código de Minería, para lo cual se establece una principal y otra accesoria, propias de los simples delitos. Agrega que el inciso primero (que no se modifica) de ese precepto establece que el ingeniero o perito no podrá en caso alguno abarcar con la mensura pertenencias vigentes.
Por las razones que señala la Comisión, por unanimidad, acogió la idea de legislar, y luego, también por consenso, le prestó su aprobación en particular.
En la parte resolutiva, recomienda al Senado acoger el texto despachado por la Cámara de Diputados con las modificaciones que indica.
El proyecto, que es de artículo único, se transcribe al final del informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, la iniciativa se originó en moción de algunos señores Diputados y tiene por finalidad modificar un tipo penal especial introducido por la ley Nº 19.573 (publicada en el diario Oficial de 25 de julio de 1998) en el artículo 73 del Código de Minería, que sanciona al ingeniero o perito que interviniere en la mensura de una manifestación que incluyere pertenencias vigentes, con una pena compuesta de privación de libertad y una accesoria especial de inhabilitación para efectuar mensuras por un lapso determinado.
El proyecto es de artículo único compuesto por dos letras, por las que se sustituyen los incisos segundo y final del artículo 73 del Código de Minería.
Cabe señalar que el inciso primero del referido artículo establece: "El ingeniero o perito no podrá en caso alguno abarcar con la mensura pertenencias vigentes.".
El inciso segundo expresa: "El ingeniero o perito que a sabiendas" (o sea, con dolo) "infringiere la prohibición del inciso precedente sufrirá la pena de prisión en cualquiera de sus grados a reclusión menor en su grado mínimo, y la accesoria de inhabilitación especial temporal de entre tres y seis años para llevar a efecto mensuras de pertenencias mineras.".
Por último, el inciso cuarto estipula: "La acción penal correspondiente sólo podrá ser ejercitada por el titular de la concesión que soporte directamente la superposición.".
En cuanto a la sanción que se ha previsto para esta conducta delictiva, será una mezcla entre penalidad de falta y de simple delito, lo cual rompe el esquema de la escala general que establece el artículo 21 del Código Penal.
En efecto, la pena para el delito en cuestión va de uno a 540 días de privación de libertad, que es el tramo resultante de aplicar la sanción de prisión en cualquiera de sus grados, a reclusión menor en su grado mínimo.
En concepto de los autores de la moción, esta verdadera mixtura de penas provoca conflictos tanto con respecto al desarrollo del delito como a la prescripción de la acción penal.
Como es sabido, la falta no puede sancionarse cuando queda en grado de tentativa o de frustración. En consecuencia, y al aplicarse el principio in dubio pro reo, sólo se castigará este delito cuando se haya consumado.
En cuanto a la prescripción, también ha de aplicarse el principio antes mencionado. Por lo tanto, debe entenderse que el tiempo de prescripción para el ejercicio de la acción penal de esta figura delictiva es de seis meses, que es la que corresponde a las faltas, y no el plazo de cinco años establecido para los simples delitos.
Finalmente, se considera por los autores de la moción que el ejercicio de la acción penal que nace de este delito debe ser de carácter privado, a fin de evitar denuncias infundadas y de hacer plenamente responsable ante la ley a quien la formula, con la obligación de sostener su acción en los términos que señala el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal, con el objeto de evitar interpretaciones encontradas que el actual texto de esta disposición puede ocasionar.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados elimina la pena de prisión, y reemplaza la accesoria por la de inhabilitación especial y temporal de tres años y un día a cinco años para cargos y oficios públicos y profesiones titulares. Además, sustituye el inciso final del artículo 73 por otro que pretende aclarar que la acción penal correspondiente es de carácter privado.
Hasta aquí la concepción del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
La Comisión contó con la importante asesoría del profesor de Derecho Minero , don Carlos Hoffmann . Allí pudimos advertir que la redacción de la moción no era muy feliz, ni conducía a satisfacer enteramente el objetivo que habrían perseguido los legisladores de la Cámara de Diputados al proponerla.
Considerando que el Código de Minería debería ser modificado, actualizado y modernizado, la Comisión acordó por consenso estudiar un anteproyecto completo para modificarlo en su contexto global, al menos en los aspectos más fundamentales.
Sin perjuicio de lo anterior, aprobó, también por unanimidad, el proyecto propuesto por la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones bastante importantes que buscan perfeccionarlo y perfilarlo mejor.
Así, se reemplazó la pena accesoria propuesta por la de suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, a fin de armonizarla con la pena principal, de manera que ambas sean sanciones propias de simples delitos. Por otra parte, se optó por mantener la actual redacción del inciso final del aludido artículo 73 del Código de Minería, precisando que la acción penal correspondiente tiene carácter de privada, con el fin de evitar equívocos que puedan prestarse para interpretaciones en orden a que la citada acción pudiera ser pública o mixta.
Para dejar constancia de él, daré lectura al artículo único, que es simple y breve:
"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 73 del Código de Minería:
"a) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:
"El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo, y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público o profesión titular.
"b) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
"La acción penal correspondiente tiene el carácter de privada y sólo podrá ser ejercida por el titular de la concesión que soporte directamente la superposición.".
Habiéndose aprobado este texto por la unanimidad de la Comisión, propongo a la Sala que lo apruebe en igual forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En conformidad a lo acordado por los Comités, no se llevará a efecto la hora de Incidentes.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De los señores HAMILTON, MARTÍNEZ, MATTA, MUÑOZ BARRA, PARRA, ROMERO y URENDA:
A Su Excelencia el Presidente de la República, solicitando PROYECTO DE LEY CON DIVERSOS BENEFICIOS PARA JUBILADOS, RETIRADOS Y MONTEPIADAS.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Economía , Fomento y Reconstrucción, acerca de BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR ZONA FRANCA EN REGIÓN DE AISÉN.
Del señor LAGOS:
A Su Excelencia el Presidente de la República y al Consejo de Monumentos Nacionales en lo atinente a ENTREGA EN COMODATO A MUNICIPIO DE POZO ALMONTE DE EX OFICINAS SALITRERAS SANTA LAURA Y HUMBERSTONE, Y RECURSOS PARA SU RESTAURACIÓN (PRIMERA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
A los señores Ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción, y de Agricultura, con respecto a REEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPTACIÓN DE RETORNOS EN FORMA ILÍCITA.
A la señora Ministra de Educación , referente a ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO DIFÍCIL A PARADOCENTES Y AUXILIARES DE CAUQUENES (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas , acerca de RECURSOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CUESTA QUILICURA (SEXTA REGIÓN).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , sobre REUBICACIÓN DE ANTENA PARA TELÉFONOS CELULARES EN DOÑIHUE (SEXTA REGIÓN).
Del señor MUÑOZ BARRA:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, referente a PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA PARA COMUNA DE VICTORIA (NOVENA REGIÓN).
Del señor RUIZ-ESQUIDE:
Al señor Director de Vialidad, concerniente a ESTADO DE AVANCE DE CAMINO NACIMIENTO-CURANILAHUE (OCTAVA REGIÓN).
Del señor STANGE:
A la señora Ministra de Educación , referente a PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ESCUELA DE FUTALEUFÚ (DÉCIMA REGIÓN).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se empalma esta sesión con la especial citada para las 18 y, en espera de recibir el informe del proyecto que deberemos tratar en seguida, se suspende.
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--Se suspendió a las 17:37.
--Se reanudó a las 18:11.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
RESERVA DE IDENTIDAD POR INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde discutir el proyecto de ley, en según trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos, con informe verbal de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2520-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 21 de junio de 2000.
Informe de Comisión:
Constitución y Derechos Humanos, unidas,(verbal), sesión 7ª, en 21 de junio de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las Comisiones unidas de Constitución y de Derechos Humanos han concluido el examen de la iniciativa, relacionada con el secreto profesional propuesto por la Mesa de Diálogo, por lo que voy a dar la palabra a su Presidente , el Honorable señor Viera-Gallo, para que informe verbalmente a la Sala.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , las Comisiones de Constitución y de Derechos Humanos, unidas, se reunieron para analizar el proyecto enviado por el Presidente de la República -aprobado hoy por la Cámara de Diputados- cuya finalidad es señalar un camino para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, o determinar las circunstancias que condujeron a su destino.
Las Comisiones escucharon a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la que indicó las razones por las cuales se opone a la iniciativa, las que en síntesis son las siguientes. En primer lugar, considera que el proyecto, al consagrar un secreto profesional extendido, de alguna manera puede determinar una forma que impida a los tribunales llegar a conocer la identidad de los hechores de los crímenes. En segundo término, opina que la iniciativa establece una suerte de desigualdad ante la ley entre los delitos a que ella se refiere y los demás delitos. Y, por último, advierte que más de alguien podría imaginar que la aprobación del proyecto significa una señal para los tribunales de justicia en orden a aplicar la Ley de Amnistía.
A continuación, el señor Ministro del Interior hizo una exposición acerca del contenido del proyecto y de los alcances que le son propios.
Por el poco tiempo de que disponían, las Comisiones no realizaron un debate de la iniciativa, sino que cada señor Senador fundamentó su votación. No me corresponde a mí, en tan pocos minutos, hacer una síntesis de lo que cada uno de ellos señaló, máxime si todos están presentes y pueden repetir aquí, seguramente con mucho mayor precisión que quien habla, los argumentos de su posición.
El proyecto fue aprobado por unanimidad.
Es todo lo que puedo informar a la Sala, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha pedido la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia .
El señor GARCÍA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Gracias, señor Presidente .
Quisiera presentar brevemente la posición que el Ejecutivo tiene en esta materia.
Se trata de un proyecto extraordinariamente simple, pero a nuestro juicio fundamental, que persigue un solo fin: crear o facilitar las condiciones para obtener información útil y conducente a ubicar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. Ésta es la petición que hace sólo una semana la Mesa de Diálogo hizo al país y, en particular, al Ejecutivo y al Parlamento, y creo que podemos felicitarnos de la agilidad con que hemos dado respuesta a dicha petición.
Hay que reconocer, sin embargo, que este esfuerzo se enmarca en una prolongada tarea por saldar, una deuda histórica por aliviar la pesada carga moral, social y política que el país y particularmente los familiares de los detenidos desaparecidos han tenido durante todos estos años.
Recordemos el esfuerzo que hicieron la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación, y los proyectos de ley que se enviaron a este Parlamento, todos apuntando hacia el mismo objetivo. Deseo rescatar la decisión que este Parlamento tomó, hace ya 8 años, al aprobar la ley que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación, donde se estableció el derecho inalienable de las familias de los detenidos desaparecidos, así como el de todos los ciudadanos del país, a ubicar los cuerpos y el paradero de los detenidos desaparecidos.
Este esfuerzo, encabezado por la Mesa de Diálogo y que hoy, espero, está llegando a su fin en el Congreso Nacional, es en mi opinión la respuesta más eficaz al mandato que la nación dio al Parlamento hace 8 años.
Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo realizado por la Mesa de Diálogo -a la que felicito-, el cual nos ha permitido discutir hoy un proyecto que no nace del Gobierno, de un partido político o de una posición particular del país, sino que constituye el compromiso de instituciones y de personas directamente involucradas en los hechos y que le da la solvencia moral que ahora permite al Congreso legislar con la unanimidad que estamos constatando.
Es fundamental, también, el hecho de que la Mesa de Diálogo haya constituido lo que autodenominó "una verdad compartida que Chile necesita"; el reconocimiento que hicieron todos los actores de que en nuestro país se violaron los derechos humanos y de que en esas violaciones participaron agentes de organizaciones del Estado, así como también la crítica que merece la violencia política que existió en el período.
Ello condujo a la Mesa de Diálogo, y creo que a todo el país, a comprometerse a que nunca más esos hechos vuelvan a ocurrir en Chile.
La Mesa de Diálogo hizo a este Honorable Congreso y al Gobierno una petición muy concreta y acotada: legislar para instituir la obligación de secreto respecto de las fuentes que entreguen información conducente a establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Ése, como ya señalé, es el único objeto del proyecto de ley. Éste consagra el deber de reserva y define quiénes son los sujetos amparados por él, los cuales provendrán de las instituciones que participaron en la Mesa de Diálogo y deberán estar debidamente inscritos en un registro que llevará un ministro de fe de cada de esas instituciones.
El secreto se establece exclusivamente para la fuente o persona que otorgue información útil y conducente.
Es indispensable señalar que el secreto no se refiere a la información creada y, por lo tanto, las personas que reciban la información tienen la obligación moral y legal de transferirla al Presidente de la República , quien posteriormente, la enviará a los tribunales, facilitando así no sólo el establecimiento de la verdad, sino también el desarrollo de nuestra justicia, de acuerdo con la legislación vigente.
Por eso, el Gobierno ha establecido con toda claridad que el proyecto de ley que hoy se vota no constituye de ninguna manera un punto final, no establece forma alguna de impunidad ni modifica la responsabilidad que los hechores de los crímenes cometidos pudieran tener y que esperamos sean objeto de aclaración y trato por parte de nuestra justicia. Tampoco interpreta la ley de amnistía. Los tribunales seguirán siendo las únicas instituciones del Estado responsables de interpretar la ley y velar por que ella se cumpla.
Como señalé al principio, el objetivo de la iniciativa en debate es simple, pero crucial: facilitar la obtención de la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y entregarla a los tribunales.
Al concluir estas palabras, quiero felicitar la dedicación y diligencia con que el Congreso en general y las Comisiones unidas de Constitución y de Derechos Humanos del Senado en particular han trabajado, facilitando la aprobación de un proyecto de ley, que espero sea aprobado en un tiempo extraordinariamente breve, y por esa vía lograr el descubrimiento del paradero de los detenidos desaparecidos, que es lo que inspira la acción que todos estamos desarrollando hoy día, lo que sin duda fortalecerá la unidad del país y va a constituir un aporte histórico para sanar las heridas que el pasado nos ha dejado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo al orden de los inscritos, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente:
La transición chilena participa de algunos elementos de otras que han ocurrido en las últimas décadas, especialmente en la española. Pero también tiene sellos muy peculiares en el caso nuestro y, respecto de esta última, dos diferencias fundamentales.
Por un lado, recordemos que el franquismo, muerto Franco, abdica de las trincheras autoritarias, deshaciendo las propias cortes heredadas de Franco, la institucionalidad que éste creía haber dejado atada, y bien atada.
Por distintos factores, que no es del caso analizar, España renunció a discutir su pasado.
En el caso nuestro, el régimen autoritario perpetuó parte de su poder durante estos 10 años de transición por un triple capítulo:
Primero, la inédita perpetuación al frente de las Fuerzas Armadas de personeros importantes del Régimen militar.
Segundo, sectores políticos han hecho difícil modificar ventajas que quedaron del Régimen militar para esos sectores, y en el tema que nos preocupa, Chile ha sido incapaz de superar la lamentable secuela que en materia de derechos humanos nos dejó el pasado. Todos los intentos hechos en ese sentido han resultado infructuosos para cerrar ese triste capítulo.
Finalmente, él se dejó abandonado a lo que pudieran hacer los tribunales, cuyas limitaciones todos conocemos, tanto en materia de eficiencia como de tiempo.
Hubo algunos que pensaron que el tiempo se encargaría de terminar con el problema.
Los hechos ocurridos -el término del larguísimo período del general Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército; su asunción como Senador Vitalicio; su permanente presencia en la política contingente del país, su desafortunado viaje a Inglaterra y todo cuanto sucedió posteriormente; la petición de desafuero; la elección de un gobierno de la tendencia de los partidos que tienen la mayor cantidad de víctimas; el cambio notorio de la composición y, por ende, de los fallos de los tribunales, etcétera- llevaron a que en vez de que el tiempo o los tribunales pudieran resolver el problema, éste permaneciese vigente.
No había duda de que esto no podía mantenerse indefinidamente con las tensiones consiguientes.
Por otra parte, todos quienes han abordado el tema en función del interés nacional más que el propio partidista o de sentimientos personales, reconocen que el punto más sensible y conflictivo es el drama de los detenidos desaparecidos.
La razón es muy simple, quien sabe lo que ocurrió con su ser querido llevará una herida en el alma por toda su vida; pero el hecho mismo ha quedado en el pasado. Para quien tiene un familiar desaparecido, cualesquiera que sean las circunstancias en que ello ocurrió, implica, señores Senadores, una angustia que el tiempo no mejora, sino que agrava.
Los que nos opusimos al Gobierno militar creemos que muchos de los desaparecidos fueron arrojados al mar o en lugares inaccesibles de la cordillera. Ésa fue la convicción que manejó la oposición al Gobierno militar cuando ocurrían los hechos. Pero una cosa es creerlo así y otra muy distinta es que ello quede establecido en forma oficial.
Se dice que es una falsificación jurídica que los tribunales hayan "creado" la figura del secuestro permanente. Unos hablan incluso de "chacota judicial", y otros señalan la presunta contradicción entre sostener que fueron asesinados y pretender que todavía estén vivos y secuestrados en alguna parte, incluso sin consideración hacia el sentimiento de los familiares de las víctimas. La tesis es increíblemente no correcta. Aunque se pudiera dar por establecida la muerte por otros medios de prueba, lo que no se sabe es cuándo ella ocurrió, lo que resulta decisivo para aplicar la amnistía o la prescripción, aparte de la discusión jurídica sobre la primacía de los tratados internacionales que en este tipo de delitos no admite ninguna de las dos figuras.
Frente a lo señalado, nada tiene de raro el empantanamiento que se ha producido en la materia; y por ello es tan importante el acuerdo a que se llegó en la Mesa de Diálogo.
Al margen de los puntos señalados, aquél es de los acuerdos que vale por sí mismo, ya que desentraba dicho empantanamiento y abre un camino para que, por fin, se dejen en el pasado los años de división y separación en bandos irreconciliables de los chilenos, y se trabaje hacia el futuro, sin perjuicio de que cada uno mantenga su propia interpretación histórica.
Comprendemos el rechazo de los familiares de detenidos desaparecidos ante cualquier avance en la materia. Es un sentimiento muy comprensible, después de tantos años de desconfianzas y temores. Pero en este caso, con todo el respeto que nos merecen, creemos que el acuerdo tiene aspectos positivos que vale la pena considerar.
En efecto, debe dejarse en claro que con este acuerdo sólo se da un paso hacia la averiguación del destino que tuvieron los detenidos desaparecidos; pero nada se dice en el sentido jurídico que pueda hacer variar las actuaciones de los tribunales.
Nada más lejano que una ley de punto final que cierra y deja en el pasado el proceso, sin averiguar nada sobre la verdad y sin que se haga justicia.
Aquí se da un paso a favor de la verdad, pero NADA ELIMINA QUE HAYA JUSTICIA, y al revés el conocimiento de la verdad podrá significar precisamente que se pueda hacer justicia.
Quizás si lo que temen los familiares, señores Senadores, es que los tribunales después de sabida la verdad apliquen ya la amnistía y la prescripción. Ello depende de la interpretación de los tribunales; pero sin averiguar lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos, nos mantenemos en esta situación incierta en que los procesos quedarán ahí, sin avanzar ni retroceder, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones de los derechos humanos.
Este temor, además conduciría al equívoco increíble de que para mantener vigentes los juicios, termine siendo necesario que no se sepa finalmente qué ocurrió con los detenidos desaparecidos.
Sin embargo, insistimos que jurídicamente nada se altera, salvo la posibilidad de la averiguación señalada. Ahora, si lo que se teme es el cambio político que se puede producir, debe tenerse presente que así como la situación política que conducía inexorablemente hacia el término del problema sin solución alguna de éste, mañana hechos impredecibles podrían volver a dar vuelta el tema, retornándose a la misma situación.
Para el país nada es más conveniente que el acuerdo producido. Es obvio que él no resuelve las profundas discrepancias sobre los acontecimientos del Gobierno militar, sus causas y acciones.
Es imposible que en el tema lleguemos a una interpretación única, y por ello la redacción cuidadosa del mismo. Pero, sin condonar para nada lo ocurrido, tanto de uno como de otro bando, se produce una especie de cierre de la separación entre las Fuerzas Armadas y la mayoría del país. Con ello puede darse un paso gigantesco, cuya magnitud no estamos en condiciones de asumir hasta que el país vuelva a su normalidad institucional, donde las Fuerzas Armadas no pueden estar colocadas en la situación actual, sino que plenamente sometidas a la civilidad.
Hay un largo camino que recorrer para llegar hasta el punto que implica grandes reformas constitucionales, pero que serían imposibles de alcanzar si no superamos los problemas del pasado.
Específicamente, el acuerdo en materia de detenidos desaparecidos es un acto de confianza que nadie puede traicionar; es un acto de confianza hacia el compromiso de las Fuerzas Armadas para buscar la información que manifiestan no tener orgánica ni institucionalmente. Para ello, la enmienda legal que se nos propone es mínima y asegura solamente el secreto profesional de quien aporta el dato, sin ninguna garantía de impunidad, premio u otro tipo de ventajas para quien proporciona la información.
Ésa es la posición de nuestra bancada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente , señores Senadores, en primer lugar, deseo hacerme cargo de un argumento que circula y que considero injusto: que la Mesa de Diálogo pudo llegar a acuerdos, porque los políticos no estaban en ella. Desde luego, la creación de la Mesa de Diálogo fue producto de una decisión política tomada en mi Gobierno, y la determinación política de que se llegara a un acuerdo en cierto plazo, fue de la Administración del Presidente Lagos.
En segundo término, la Mesa de Diálogo operó bajo el alero del Ministerio de Defensa Nacional. El ex Secretario de esa Cartera don Edmundo Pérez Yoma , y su actual titular, don Mario Fernández , han sido sus firmes impulsores. Fueron mis cercanos colaboradores. Vaya para ellos mi homenaje y gratitud, porque supieron mantenerse firmes, a pesar de las críticas y de los malos entendidos.
En tercer lugar, la política implica operar con el pluralismo que existe en la sociedad. En ella subsisten distintas visiones sobre lo que la autoridad debe hacer o no hacer. Por lo mismo, la política implica aproximaciones de diversos sectores al bien común. Los acuerdos no son la perversión de la política, sino el instrumento a través del cual ésta se hace viable. Los acuerdos no son transacciones sobre la verdad. Sólo los autoritarismos imponen su verdad y sacrifican la disidencia. La democracia, en cambio, se funda en los acuerdos.
Finalmente, el Congreso Nacional es el espacio natural donde se expresa la pluralidad social. Diariamente, en todos los proyectos de ley llegamos a acuerdos sobre las visiones de una norma. El Parlamento es, entonces, una "mesa de diálogo" permanente.
Con la aprobación de la iniciativa en el Senado, se termina una etapa y comienza otra. En efecto, en lo sustancial, el presente proyecto figuraba en las propuestas que tanto el Gobierno del ex Presidente Aylwin como el mío presentaron al Congreso en su oportunidad. En ambas se buscaba mantener en reserva la identidad de quienes proporcionen información sobre los hechos punibles y sus circunstancias. Sin embargo, en esa ocasión, no hubo voluntad política para avanzar.
Los argumentos a favor y en contra de dichas iniciativas no son sustancialmente distintos de los que se esgrimen en la actualidad. Lo relevante, con todo, es que la oportunidad política es ahora. En el pasado, cada proyecto generó un intenso debate y, luego de meses de trabajo, las iniciativas fueron archivadas o retiradas. Hoy, en cambio, en dos días, prácticamente, el Congreso Nacional aprobará la ley.
Resulta necesario destacar que con la aprobación del proyecto no se termina el compromiso que todos asumimos al apoyar los resultados de la Mesa de Diálogo.
La Mesa de Diálogo dio sus frutos después de diez meses de intenso trabajo. Cuando mi Gobierno decidió crearla, sabíamos que era difícil lograr un consenso; pero el hecho de que se sentaran a conversar quienes representaban posiciones distintas fue, en sí mismo, un gran avance. Durante el período que tomó su labor, la Mesa pasó por muchos momentos de crisis. En varias oportunidades su misión fue desahuciada. Sin embargo, quienes la integraron tenían fe en lo que estaban haciendo.
La iniciativa que aprobamos ahora entrega seis meses para que se pueda recopilar información útil respecto del paradero de los detenidos desaparecidos. Durante ese lapso -es decir, de aquí a diciembre-, será clave mantener nuestra confianza y apoyo en quienes la están recopilando. Tengamos hacia ellos la misma actitud que mostramos con la Mesa de Diálogo: dejémoslos efectuar su trabajo. Ellos saben lo que están haciendo; no los presionemos.
No tenemos derecho a fracasar. Los familiares de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con ellas. Como legisladores no nos corresponde aplicar justicia. Ésa es una labor de los tribunales, y ellos determinarán las responsabilidades en cada caso.
Dentro de seis meses evaluaremos los resultados y tomaremos la opción de prorrogar o no prorrogar el plazo para juntar la información.
Si es necesario perfeccionar este instrumento con otros, desde ya manifiesto mi disposición favorable. Pero no podemos seguir postergando, una y otra vez, la solución de este problema, sacrificando la opción de futuro por un pasado que no sabemos asumir.
Si bien tengo claro de que no hay leyes ni decretos que por sí solos impongan la reconciliación entre los chilenos, asumir lo sucedido y generar mecanismos para superar sus traumáticas consecuencias es un paso fundamental para dejar atrás una carga histórica de profundas resonancias humanas.
Por lo mismo, debemos perseverar en crear condiciones, promover iniciativas y buscar los caminos que nos permitan desarrollar una poderosa e incontenible corriente a favor de la paz y la reconciliación de los chilenos. Transformar lo que nos dividió en el pasado en una fuente de unidad para enfrentar el futuro es un desafío que el país nos exige acometer, sobre todo, por el bien de las nuevas generaciones.
Por ello, anuncio mi voto favorable al proyecto.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , cuando en el Gobierno del ex Presidente Frei , el Ministro de Defensa de la época, don Edmundo Pérez Yoma , logró juntar a un grupo de personalidades altamente representativas de la comunidad nacional en torno del problema de los detenidos desaparecidos durante el Régimen autoritario, había pocas expectativas de que esa iniciativa pudiera alcanzar un acuerdo tan importante como el dado a conocer recientemente.
A través de los relatos de quienes participaron en esas instancias, hemos conocido su voluntad de lograr relevantes avances y vencer las naturales desconfianzas y los dispares criterios, a fin de conseguir resultados positivos.
El impacto que el acuerdo alcanzado ha tenido en el país, es la mejor demostración de su importancia para recomponer la convivencia nacional. Bastaría comparar la situación existente antes del funcionamiento de la Mesa de Diálogo, con la generada a raíz del acuerdo alcanzado por ésta. Anteriormente, algunos sectores se referían a "presuntos desaparecidos" y ahora el país reconoce, sin distingos, la verdadera situación de los detenidos desaparecidos.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Reitero mi petición a quienes se hallan en las tribunas de guardar silencio, a fin de seguir el debate. Escuchemos, por el bien de todos.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor HAMILTON .-
Ya no se habla de "excesos" para referirse a las violaciones de los derechos humanos, sino que éstas son abiertamente reconocidas y, más aún, unánimemente condenadas.
El documento final distingue entre lo que fue la "espiral de violencia política" anterior al golpe de Estado, el golpe mismo y lo que ocurrió después.
No hay justificación del golpe sobre la base de la violencia previa, aunque sobre eso los chilenos sostienen, legítimamente, distintas posiciones. Pero, aún más importante: no hay justificación a lo que siguió al golpe, y se deja en claro que no se trata de un asunto de opiniones. El citado texto señala que "hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan.".
Lo anterior se complementa con la afirmación de que "El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas". Y luego añade: "Se hace indispensable desterrar o rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.".
La idea se reafirma en seguida por los firmantes al aseverar que "el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la nación". Incluidas, por cierto, y en primer lugar, las Fuerzas Armadas y Carabineros, que son parte del acuerdo. Se trata de un compromiso escrito, para asegurar el respeto a la democracia. Y, además, hay acuerdo para traducir esas ideas en material de docencia y alimentar la formación cultural de todos los chilenos en ese sentido.
Lo expresado tiene enormes proyecciones para el futuro del país, aunque hasta ahora no se le haya prestado toda la atención que merece por el apuro justificado para analizar las medidas concretas que ha generado el proyecto en discusión.
El acuerdo de la Mesa de Diálogo propone en concreto al Presidente de la República que auspicie "en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos". Y al Congreso Nacional le pide: "Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.".
Eso lo ha cumplido el Primer Mandatario, y eso es lo que estamos haciendo la Cámara de Diputados y también el Senado.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros y las demás instituciones que integran la Mesa de Diálogo, se han comprometido a buscar y reconstruir la información sobre detenidos desaparecidos, para el solo efecto de entregarla, dentro de seis meses, al Presidente de la República , de manera que éste pueda hacerla llegar a los tribunales de justicia.
Para facilitar esta importante tarea es necesario aprobar el proyecto que está sometido a nuestra consideración.
El contenido de la iniciativa legal contempla, en primer lugar, el "deber de reserva", análogo al secreto profesional, que beneficia a quienes recaben o reciban la información pertinente; ese deber afecta a pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias e instituciones religiosas con personalidad jurídica, a los miembros de la Gran Logia de Chile y la B´Nai B´rith de Chile y a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, designados por las respectivas instituciones para actuar, en forma reservada, como receptores de la información relativa al paradero o destino de detenidos desaparecidos; el secreto que el receptor no puede revelar recae sólo sobre el nombre o datos que permitan identificar a los informantes; la información debe ser útil y conducente para determinar el objetivo de que se trata; la iniciativa hace referencia al artículo 6º de la ley Nº 19.123, que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación y que consagra el derecho de los familiares de los detenidos desaparecidos a ubicar los restos de éstos o establecer su destino, por lo que la propuesta constituye una forma paralela de ejercer ese derecho ahora también por parte del Estado; la violación del secreto de la fuente por parte de los receptores autorizados importa la sanción penal que contempla el artículo 247 del Código Penal; el deber de reserva sigue a los receptores aun cuando dejaren de pertenecer a la institución en virtud de la cual recibieron la información; los receptores no serán obligados a declarar como testigos en juicio criminal, ni les será aplicables el delito de obstrucción de la justicia que norma el artículo 269 bis del Código Penal, y este proyecto se plantea, por último, como una norma excepcional y temporal, a regir sólo por seis meses.
También, y frente a interpretaciones equivocadas, el mensaje contempla lo que el proyecto categóricamente no es:
En primer lugar, no es un punto final. No establece impunidad alguna, no modifica la responsabilidad de quienes hayan delinquido ni altera su situación procesal.
Yo celebro que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la reunión de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, unidas, haya expresado textualmente que, a su juicio, este proyecto no apunta a la impunidad. Sin embargo, lo rechaza porque entiende que hay un mensaje implícito a los tribunales de justicia, que ella no acepta.
En segundo término, tampoco es una interpretación de la Ley de Amnistía del año 1978. El proyecto no se refiere ni afecta en sentido alguno esa normativa, cuya aplicación sigue enteramente entregada a los tribunales de justicia.
Y, en tercer lugar, no altera ni entorpece la labor que en la materia vienen cumpliendo los tribunales. Por el contrario, la información que genere la iniciativa tendrá como destinatario último precisamente a los jueces, quienes deberán resolver conforme a Derecho.
Así como había escepticismo en algunos respecto de la Mesa de Diálogo, ahora también han surgido dudas acerca de la eficacia del procedimiento consensuado para obtener información conducente a saber el paradero o destino de los detenidos desaparecidos. Sólo el tiempo disipará esas dudas...
Pero lo que verdaderamente importa, a mi juicio, en un tema tan complejo y delicado, que afecta a la convivencia entre los chilenos y que por tanto tiempo ha dificultado e impedido la reconciliación, es la inmensa voluntad, la gran capacidad de entendimiento y el coraje demostrado por todos los miembros de la Mesa de Diálogo para sugerir un camino que debe conducir a alcanzar esas metas.
Para mí tiene mucha fuerza el hecho de que las distinguidas personalidades de la Mesa de Diálogo, entre ellas los representantes de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, sostengan que "quien oculta la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica...".
Estoy convencido de que, por encima de las diferencias que tengamos con relación a esta materia, todos concurriremos esta noche a aprobar el proyecto de ley que, por indicación de la Mesa de Diálogo, nos propone el Presidente de la República , conscientes de que con ello estamos contribuyendo a crear en nuestra patria condiciones para alcanzar un destino mejor para las futuras generaciones de chilenos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , cada vez que se ha presentado al Parlamento una iniciativa sobre este tema tan doloroso para la sociedad chilena, surge de inmediato la clara conciencia del lugar en que estamos en el proceso de transición. Y no cabe duda de que si miramos hacia atrás, podemos ver hoy día que después de lo que ha ocurrido en la Mesa de Diálogo, en el reconocimiento de las violaciones ocurridas en el régimen militar, ha habido un avance significativo. Sin embargo, quiero dejar muy en claro cuál es mi posición.
En primer lugar, tengo cierto escepticismo en cuanto a que en el plazo señalado se pueda encontrar la información que todos buscamos. Creo -y ojalá me equivoque- que esa información pudiera no llegar a los tribunales en la forma completa y total como quisiéramos. Pienso que al final se medirá el esfuerzo de la Mesa de Diálogo no sólo por el gesto importante, sino por los resultados que traiga.
Deseo, sí, hacer algunas precisiones respecto del proyecto mismo. En primer lugar, lo que él establece es la reserva del nombre del declarante, no del hechor. Me parece que éste es un punto importante, en el sentido de que si quien declara no es el autor del delito, el juez puede perfectamente llegar a identificar al responsable. Hay que precisar bien este punto, porque una cosa es el anonimato del declarante, y otra, la del hechor.
El segundo punto que considero importante es que la reserva de quien recaba la información, en cualquiera de las instituciones, no empece al juez para conocer su identidad. Debo aclarar que no me refiero a la identidad del declarante, sino que aludo, con precisión, a la de quien recoge la información, que perfectamente puede ser interrogado por el juez, sobre cualquier materia que no sea el nombre de quien prestó la declaración.
El tercer punto -me parece importante recordarlo- es que quien recoja la información tiene la obligación legal de entregarla íntegramente a su superior, al Presidente de la República , y después a los tribunales. No puede haber aquí "filtro": nadie puede decir "esta información la recibí y yo entrego lo que me guste, lo que no me guste, yo lo evalúo", sino que la información entera que se reciba debe llegar a los tribunales.
Y el cuarto punto es que, cualquiera que sea el resultado de este camino, no empece, no impide que pueda operar en plenitud el artículo 6º de la ley Nº 19.123, que consagra el derecho inalienable e imprescriptible de los familiares de detenidos desaparecidos para conocer el destino de éstos y, además, las circunstancias del desaparecimiento y, por tanto, la identidad de los hechores. O sea, una cosa es el mecanismo que ahora estamos implementando, de resultado incierto, que ojalá sea positivo, y otra es el instrumento que establece el artículo 6º de la ley Nº 19.123, que no se ve en absoluto afectado por el proyecto en análisis.
El quinto punto que me parece importante precisar es que subsiste una situación de relativa ambigüedad, al decirse, en el artículo único, inciso primero, que la identidad de quien declara quedará en reserva cuando entregue información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
¿Quién juzga si la información es útil y conducente? Ése es un punto que no queda claro. Para mí, por lo menos, el único que puede juzgar eso es el tribunal, es decir, el juez respectivo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido tranquilidad. Creo que es interesante para todos los presentes que escuchen los diferentes planteamientos. Pueden gustar o no; pero es importante que los conozcan.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto al público presente que, de acuerdo con el Reglamento, no puedo permitir intervenciones desde las tribunas. Deseo evitar tomar la medida de desalojarlas. Por lo tanto, les pido, por favor, que guarden silencio, por el bien de todos. Si alguno de los asistentes a las tribunas tiene algo que decir, puedo escucharlo fuera del Hemiciclo.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , creo interpretar el sentimiento de una importante mayoría de nuestro país que nos ha planteado con distintas voces, fuerza y en diferentes oportunidades la necesidad de desarrollar el mayor esfuerzo posible para permitirnos superar los conflictos y divisiones del pasado; la necesidad de recuperar la confianza que siempre debe existir entre los diferentes sectores políticos, para que, en conjunto, sin divisiones ni conflictos, podamos dar solución a tantos y tan urgentes problemas que afectan a nuestra gente; la necesidad de terminar con una situación injusta, para evitar que las nuevas generaciones de nuestro país hereden conflictos y divisiones de los cuales no tienen responsabilidad alguna.
En ese sentido, la Alianza por Chile, tanto Renovación como la UDI y nuestro ex candidato presidencial, don Joaquín Lavín , en distintos momentos hemos manifestado, con mucha fuerza, nuestra voluntad y decisión -y hemos trabajado en ello- de construir un acuerdo que nos permita reencontrarnos con una mayor paz social entre los chilenos.
En ese espíritu y con tal propósito valoramos muy especialmente el esfuerzo realizado por la Mesa de Diálogo y el acuerdo suscrito. Lo entendemos como un paso de gran trascendencia histórica y social para avanzar, precisamente, en la solución de los problemas de derechos humanos aún pendientes. Y hoy reafirmamos nuestra confianza en tal sentido, porque esperamos que el acuerdo de la Mesa de Diálogo pueda culminar con pleno éxito, ya que el país así lo necesita. En ello, y ante el Senado, comprometemos nuestra voluntad política de colaborar para que sea realidad.
Respecto de los contenidos del acuerdo de la Mesa de Diálogo, deseo hacer tres reflexiones que se relacionan con tres aspectos distintos que él aborda: una acerca de las visiones del pasado, otra referida a las urgencias del presente, y finalmente, sobre los compromisos que debemos asumir hacia el futuro.
En cuanto a lo primero, creo que la Mesa de Diálogo por medio de su documento hace un aporte de especial relevancia. Es fundamental, si queremos avanzar en la paz social del país, que tengamos, no una visión única de nuestra historia, pues sería absurdo, pero sí la posibilidad de compartir ciertos hechos sustanciales y, más aún, que nos respetemos nuestras distintas visiones con relación a algunos hechos de reciente data.
El documento de la Mesa de Diálogo hace un aporte relevante en este sentido. En primer lugar, se rechaza la espiral de violencia que nuestro país sufrió en la década del 60, agravada, como el propio documento lo señala, por el hecho de que ciertos sectores de la vida política en ese entonces asumieron y utilizaron la violencia como método de acción política. Hay un rechazo expreso -reitero- a la situación de violencia de los años 60 que considero muy importante que sea compartido.
Al mismo tiempo, se reconoce el hecho de que podemos tener diversas pero legítimas apreciaciones de los sucesos del 11 de septiembre de 1973, y que fueron la culminación, precisamente, de la espiral de violencia que se vivió en los momentos previos.
Finalmente, considero de especial importancia que se haya asumido un rechazo común y condenado las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el Gobierno militar, y se haya repudiado la acción violenta que utilizaron algunos opositores contra dicho régimen.
Estos tres elementos que aporta la Mesa de Diálogo, el reconocimiento y rechazo común acerca de nuestro pasado, y el respeto implícito de las divergencias que tengamos en relación con esos hechos, creo que son un paso decisivo en la construcción de un espíritu de reencuentro y no de descalificaciones.
En segundo lugar, hay también una contribución relevante que dice relación a las urgencias de hoy. Todos los sectores hemos venido señalando que la posibilidad de alcanzar un acuerdo que nos permita dar solución a los problemas pendientes de derechos humanos exige y requiere que desarrollemos los mayores esfuerzos posibles para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, si ello fuera imposible, reunir antecedentes que puedan determinar las circunstancias de su muerte.
¿Qué ha pasado? En este esfuerzo, al cual todos hemos comprometido nuestra voluntad política para que pueda materializarse, ha sucedido que los procedimientos ordinarios utilizados hasta el momento por los tribunales de justicia, luego de más de 25 años, no han tenido la eficacia suficiente para dar respuesta a este problema.
Por eso -y así se ha planteado en diversas oportunidades- era necesario generar un mecanismo nuevo, distinto, que abriera un camino más eficaz en el logro de ese objetivo.
La Mesa de Diálogo, a nuestro juicio, establece un procedimiento que tiene un doble valor: primero, uno de inmenso carácter ético, porque el mecanismo diseñado compromete -y así lo han hecho formal y solemnemente- a las Fuerzas Armadas para recopilar antecedentes y hechos que permitan encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o aportar datos sobre las circunstancias de su muerte. Tiene un inmenso valor ético -insisto- el hecho de que las propias Fuerzas Armadas hayan comprometido solemnemente todo su esfuerzo en esta tarea.
Así, señor Presidente...
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto que me veré en la obligación de hacer desalojar las tribunas.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Les pido, por favor, tranquilidad.
Ustedes, señoras dirigentas, pongan tranquilidad.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Reitero que me veré obligado...
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No puedo dialogar con los asistentes a las tribunas.
Tendré que suspender la sesión.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ordeno desalojar las tribunas.
Se suspende la sesión.
__________________
--Se suspendió a las 19:1.
--Se reanudó a las 19:7.
__________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Para dar cumplimiento al acuerdo sobre término del debate, una vez que concluya el Senador señor Chadwick intervendrá el Honorable señor Núñez , y después, conforme a las normas aplicadas en otras oportunidades, se votará. Cada pronunciamiento será fundamentado según el orden de inscripción, para luego proseguir en la forma reglamentaria.
Retoma el uso de la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , como expresaba hace un momento, el mecanismo establecido por el acuerdo de la Mesa de Diálogo reviste un doble valor, a mi juicio: por una parte, el de carácter ético derivado del compromiso asumido por las Fuerzas Armadas, y por la otra, el de la eficacia, en la cual confiamos. Porque se ha determinado, a través del proyecto de ley en análisis, un sistema simple, directo, pero indispensable si el objetivo consiste en poder obtener antecedentes: el del secreto profesional. En efecto, la reserva es completa y absoluta en cuanto a la fuente de la información, respecto de cualquier tercero o autoridad (para despejar una duda que se ha señalado aquí durante el debate acerca del alcance de la medida). Esperamos -insisto- que este mecanismo sea eficaz para lograr lo que hasta el momento ha sido imposible a través de los procedimientos ordinarios de la justicia: dar con el paradero de los detenidos desaparecidos.
Asimismo, quiero hacer una reflexión en este instante sobre un tema que no se puede obviar, con relación a los procesos sobre derechos humanos aún pendientes ante los tribunales.
Sin duda alguna -y en ello creo que no cabe ninguna otra interpretación-, la iniciativa que nos ocupa en nada interfiere la acción de los tribunales de justicia. Pero, junto con señalar lo anterior, también me parece importante asumir que esos juicios no gozan hoy de un elemento básico, de un principio fundamental del Estado de Derecho y que todo proceso penal merece: la certeza jurídica. En la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál es la legislación aplicable a los procesos pendientes en la materia. Y ello ha ocurrido por las múltiples y diversas interpretaciones judiciales, contradictorias entre sí, manifestadas en la dictación de resoluciones.
Pienso que lo aseverado por el Primer Mandatario en su discurso a raíz del acuerdo de la Mesa de Diálogo en el sentido de que, una vez obtenida la información, iba a enviarla a los tribunales de justicia y de que esperaba que ellos hicieran lo que correspondía conforme a derecho, implica que esa tarea debe hallarse dotada de certeza jurídica, elemento esencial para todo proceso judicial.
Al inicio de mi intervención, señor Presidente , destaqué que en el documento de la Mesa de Diálogo veía también un importante compromiso respecto del futuro, quizás el más trascendente que ese texto contempla.
Señala el acuerdo -y comencé mis palabras refiriéndome al punto- que no es justo que las nuevas generaciones de chilenos sean víctimas de las divisiones y conflictos del pasado. Ellos no tuvieron responsabilidad alguna en esas situaciones.
Por tal razón, así como se hace un esfuerzo por buscar una historia donde podamos encontrarnos, un mecanismo que permita superar los problemas de derechos humanos y hallar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, insisto en que me parece muy relevante que el documento -y asumimos lo que ello significa- importe un compromiso en cuanto al futuro. Queremos que en el país nunca más, bajo ninguna justificación, se use la violencia como método de acción política y que nunca más, bajo circunstancia alguna, se violen los derechos humanos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
En primer lugar, señor Presidente , lamento muy profundamente que haya sido preciso desalojar las tribunas. El tema de que se trata es extraordinariamente importante. Sin duda, la Mesa no tiene responsabilidad en lo sucedido, como tampoco la tienen los señores Senadores que han emitido sus opiniones. Creo que el hecho mismo demuestra que los chilenos todavía carecemos de capacidad de diálogo y de escucharnos.
Entiendo perfectamente a los familiares de los detenidos desaparecidos. Entre ellos se incluyen numerosas compañeras de mi Partido. Todas esas personas experimentan mucho dolor. Por desgracia, tal sufrimiento, a veces, no nos permite escucharnos. Y me parece que lo que hacemos hoy es un intento por avanzar en el proceso de reentendimiento, que es básico si no queremos seguir hundiéndonos más en la división y el distanciamiento entre todos.
Señor Presidente , el proyecto sometido a la consideración del Senado es, sin duda alguna, de máxima trascendencia para nuestro país. Constituye, como se sabe, el fruto de un largo debate desarrollado en la denominada "Mesa de Diálogo", instalada gracias a la tenacidad del Ministro de Defensa señor Edmundo Pérez Yoma y de su sucesor, señor Mario Fernández , y que contó con el firme respaldo del Presidente Frei , hoy entre nosotros como Senador, y del actual Jefe de Estado , señor Ricardo Lagos .
Digámoslo francamente: no era fácil ni predecible saber con antelación si dicha Mesa de Diálogo iba a llegar efectivamente a un buen resultado. Si ello fue posible -es decir, si aquélla obtuvo un producto concreto, respecto de parte del cual corresponde hoy que el Senado se pronuncie-, se debió básicamente a que en sus integrantes primaron, en lo fundamental, la buena fe y la disposición positiva de no ocultar, por dolorosas que fueran, las diferencias objetivas existentes entre ellos.
Eso es, tal vez, lo más relevante de tal instancia, la cual demostró en la práctica que la buena fe y la confianza no son incompatibles con las legítimas diferencias aún subsistentes en el país para interpretar nuestro pasado, para analizar determinados fenómenos, especialmente aquellos que vivimos durante la década de los 60, como el de la violencia, y para enfrentar los dramas acaecidos en el país luego del 11 de septiembre de 1973.
Al respecto, deseo reiterar ante esta Sala tanto mi respaldo como el del Partido Socialista al documento final que la Mesa de Diálogo entregó al país en días recientes, porque contiene aportes de evidente significación. Gracias al empuje del Presidente Lagos , precisamente en los momentos en que más se requería su apoyo y opinión, el texto final recoge acertadamente cuestiones como la necesidad de erradicar definitivamente la violencia en la práctica política de Chile, de valorar el camino democrático como el único posible para acceder al poder y el acuerdo de impulsar en la enseñanza nacional -incluyendo también a los institutos armados- el estudio tanto de los derechos humanos como del derecho humanitario internacional.
Estos son, indiscutiblemente, aportes muy importantes, desgraciadamente muy poco relevados en estos días en que se ha abierto un intenso debate tanto a propósito de las conclusiones de la Mesa de Diálogo como del proyecto de ley sometido hoy a consideración del Senado, que establece -como todos sabemos- la obligación del secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.
Siendo en sí positivos estos resultados, deseo resaltar el hecho de que en el documento, por primera vez en este largo período de transición, las Fuerzas Armadas y de Orden han reconocido que durante el Régimen militar se violaron sistemática y masivamente los derechos humanos de un sector mayoritario de chilenos, y que, por la lógica propia de los hechos sucedidos, el Estado de Chile implementó una política de terrorismo, imposible de negar a estas alturas del proceso histórico.
Tal reconocimiento es, sin duda, un paso extraordinariamente positivo que todos valoramos en la medida en que implica no sólo que las Fuerzas Armadas y de Orden asuman una suerte de deuda moral y ética respecto de quienes fueron las víctimas de esa política, sino también, en lo fundamental, por ese reconocimiento, tienen la obligación, ante el país y las instituciones que representan, de responder positivamente al compromiso solemne de reunir todos los antecedentes de aquellos chilenos que aún permanecen detenidos desaparecidos.
Señor Presidente , a propósito de ese documento, hay un tema sobre el cual los socialistas tenemos observaciones de fondo. Me refiero a la frase que habla de la violencia que vivió Chile durante la década de los 60 y que "culminó el 11 de septiembre de 1973". Sobre este asunto, es bueno que de una vez por todas los chilenos sepan todas las verdades y no sólo una, aquella que antojadiza y arbitrariamente se ha intentado establecer como la verdad absoluta y total. Esta absurda pretensión no sólo carece de rigurosidad histórica, sino que además oculta intencionadamente una serie de hechos ocurridos en la década señalada que, tratados con altura de miras, podrían dar una visión más acabada de los orígenes y de las consecuencias de esa violencia política que hoy todos -y no sólo algunos- quieren desterrar de nuestra práctica política.
En relación al proyecto mismo, quiero puntualizar lo siguiente, manifestando, desde ya, mi pleno acuerdo a las observaciones jurídicas formuladas por el Senador señor Viera-Gallo .
Primero, apoyamos la iniciativa legal en discusión, por cuanto la consideramos positiva en la tarea de encontrar a tantos chilenos detenidos desaparecidos.
Segundo, la eficacia del procedimiento que se propone dependerá de la capacidad que muestren las Fuerzas Armadas de dar respuesta positiva -como ya está dicho- al requerimiento de entregar los datos que poseen sobre las circunstancias y destino de tantos compatriotas desaparecidos.
Tercero, desde nuestra perspectiva, este proyecto no es un punto final para el tema de los derechos humanos. No se trata de generar impunidad alguna para aquellos que resulten culpables de delito, según lo establezca la justicia, ni menos busca eximir de responsabilidad a nadie. Sabiendo que el tema reviste discutibles puntos de vista, y sobre el cual existen visiones jurídicas diferentes, nosotros siempre hemos sostenido la idea de que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles, según lo establecen todos los convenios que sobre esta materia ha suscrito Chile en el ámbito internacional. Sé que éste es un asunto difícil, que debe ser discutido y dársele respuesta positiva.
Señor Presidente , al terminar mi intervención, reitero que desde nuestro punto de vista es absolutamente legítimo -y es más: explicable- la oposición a este proyecto de quienes integran la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ellos, como tantos chilenos, tienen derecho a sostener que esta iniciativa legal nos lleva a una suerte de impunidad, afirmación que obviamente no comparto, pero que es posible sustentar por cuanto expresa la desconfianza -también legítima- en relación a la real disposición de las Fuerzas Armadas y de Orden de entregar los antecedentes -que, sin duda, tienen- respecto de los chilenos detenidos desaparecidos.
Tengo fe y tenemos fe en que las Fuerzas Armadas harán un gran esfuerzo patriótico para enfrentar el compromiso que han asumido ante el país.
Señor Presidente , sigo creyendo que la justicia chilena ha de cumplir con el alto poder y autoridad que posee. Confío en que nuestros jueces sabrán responder a la idea de que un país no se reconstruye en la confianza mínima y elemental que deben tener todos sus miembros si ella no se basa en la verdad y la justicia como bienes superiores e indispensables para aspirar a vivir en una sociedad civilizada.
Al dar mi voto favorable, lo hago pensando en tantos compañeros y amigos socialistas, a quienes aún no encontramos, a pesar del esfuerzo que hemos desplegado, particularmente sus propios familiares. Con esta iniciativa legal esperamos hallarlos, no sólo para darles sepultura, sino para seguir luchando por la justicia que ellos merecen.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Conforme a lo acordado, se da por cerrado el debate.
Según el orden de inscripción, los Senadores que aún no han intervenido pueden fundamentar su voto por cinco minutos.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente , trataré de explicar brevemente mi posición favorable al proyecto.
Creo que tienen mucho de razón los planteamientos que los familiares de los detenidos desaparecidos formularon en la Comisión, como también sus dudas sobre el tema de fondo, es decir, cómo restañar realmente la herida que en la sociedad chilena produjeron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Régimen militar. Su duda, en cuanto a que este proyecto -aunque no tenga nada que ver- se constituya en una señal para que los tribunales de justicia no sigan investigando ni determinando la responsabilidad de quienes cometieron esos crímenes, es pertinente y razonable. Yo la rescato porque, efectivamente, ella también forma parte del sentimiento mayoritario del país.
Es cierto -como dijo un señor Senador de Derecha - que gran parte de los chilenos quiere superar las divisiones del pasado; pero también es más cierto aún que la inmensa mayoría desea verdad y justicia. Esto es algo que el Senado no puede olvidar en ningún momento. A veces, es fácil decirlo, sobre todo desde las bancas donde tal vez el dolor sea menor -aun cuando existe dolor también-, o desde las bancas donde hubo mucha responsabilidad en la gestión del Gobierno militar.
Me alegro de que hoy se haga una valoración por parte de las bancadas de la Derecha respecto del resultado de la Mesa de Diálogo. La verdad es que aquí deberíamos disponer de mucho más tiempo para discutir los temas políticos de fondo, por cuanto eso significa un cambio importante después de que el propio presidente del principal partido de Oposición diera por fracasada la Mesa de Diálogo, diciendo que no conduciría a nada. Y hoy, como digo, me alegro de que en esta Sala se establezca un compromiso y una voluntad política de apoyo a los resultados de la Mesa de Diálogo y que, a partir de este proyecto, haya un ofrecimiento de colaboración para lograr su objetivo principal, cual es acercarnos a la verdad de lo que sucedió con los detenidos desaparecidos y encontrar, ojalá, sino la totalidad, parte de los cuerpos de las víctimas.
Sin embargo, me parece que hoy no basta esa manifestación de voluntad, ni que las Fuerzas Armadas y de Orden hayan asumido con mucha altura de miras el desafío de reconocer -como dijo el Senador señor Núñez - lo sucedido en nuestro país durante esos años. Además, es necesario adquirir el enorme compromiso frente a la nación de recabar la información y de entregarla. Porque también tienen razón los familiares de los detenidos desaparecidos al sostener que evidentemente la información la tienen los militares y los miembros de las Fuerzas de Orden. ¿Quién más podría tenerla? ¡Sólo ellos! Y la pregunta obvia es por qué no la han proporcionado antes. Instancias han existido; oportunidades ha habido.
Por eso, es bueno destacar el hecho político de que esa voluntad se manifiesta hoy a través de un compromiso ante el país y, además, con la implementación de la presente iniciativa, que permitirá que esa información la recaben quienes actualmente dirigen las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Sin embargo, nosotros no podemos evadir el tema de fondo. Me alegro de que el asunto se haya planteado en los términos que hemos conocido. Y el hecho de que el proyecto contribuya a acercarnos a esa verdad nos induce a considerarlo en forma positiva y votarlo a favor. Pero, indiscutiblemente, el objetivo de fondo de nuestra sociedad no puede ser otro que establecer la verdad y hacer justicia.
Al respecto, es importante que el Senado deje constancia en el debate de que la justicia efectivamente la aplican los tribunales. Y los tribunales deben entender -al contrario de lo afirmado por los familiares de los detenidos desaparecidos, que estiman que el texto en estudio es una señal negativa para que aquéllos sigan investigando- que existe una voluntad ciudadana muy mayoritaria que busca la verdad y quiere que en democracia ellos cumplan su papel a cabalidad, y no como lo hicieron en el pasado, cuando no estuvieron a la altura para defender la vida de muchos seres humanos.
Voto a favor.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , lo relevante del proyecto, a diferencia de todas las iniciativas anteriores, es que esta vez son las Fuerzas Armadas y de Orden las que a través de sus Comandantes en Jefe han comprometido su honor frente al país y al Estado de Derecho, representado por el Presidente de la República , en poner todo su esfuerzo en la obtención de esa verdad.
No es fácil para nosotros hacer este voto de confianza. Tenemos a nuestras espaldas 27 años de desconfianzas. Siento, sin embargo, que con este acuerdo estamos iniciando un nuevo camino. De ahí la importancia de que las confianzas que hoy día renacen no sean defraudadas.
Fundamentaré mi voto favorable a la iniciativa derivada de la Mesa de Diálogo en la plena convicción de que todos sus interlocutores, venciendo muchos obstáculos e incomprensiones, trabajaron arduamente en este proceso guiados por los intereses superiores del país.
Cabe reconocer muy especialmente -porque me parece que se lo merece- el aporte y sacrificio de la abogada señora Pamela Pereira , Vicepresidenta del Partido Socialista e hija de un detenido desaparecido. Para ninguno de los interlocutores de la Mesa de Diálogo fue fácil concurrir a la cita del Ministro de Defensa , pero creo que para Pamela Pereira fue particularmente difícil.
Con todo respeto, mucha comprensión y solidaridad para con aquellos familiares de detenidos desaparecidos que rechazan el acuerdo, yo les pediría ponerse por un momento en el lugar de Pamela Pereira, quien comparte idéntico dolor y la tragedia que durante más de un cuarto de siglo han vivido las madres, los hijos, las esposas de más de un millar de detenidos desaparecidos, que han luchado incansablemente por la verdad y la justicia.
Es cierto que el tema es muy complejo, pero estoy convencido de que hay fundamentos profundamente éticos y morales en este esfuerzo por conocer la verdad y clarificar el destino final de las víctimas de ese método de represión tan inhumano.
Con buenas razones es factible impugnar la Ley de Amnistía autodictada por el Régimen militar. Con toda legitimidad, los familiares de detenidos desaparecidos pueden y deben mantener su demanda de justicia. Pero al final hay un hecho indesmentible: durante 25 años hemos buscado vanamente la verdad por distintas vías y mecanismos. Los familiares han recurrido a los tribunales de justicia para demandar castigo a los culpables; han denunciado la situación en todos los foros internacionales; han movilizado a la inmensa mayoría del país en apoyo a sus demandas. Sin embargo, pese a todos esos enormes sacrificios y esfuerzos, sólo hemos alcanzado una mínima parte de la verdad.
El proyecto que ahora discutimos es, sin duda, limitado. Reconozcámoslo derechamente. Apunta a saber la verdad y clarificar el destino final de los detenidos desaparecidos. Yo comprendo y comparto la frustración de los familiares al sentir que alcanzar la verdad pudiera alejar la justicia que demandan. Pero estoy seguro de que esa verdad, por dura y dolorosa que sea, es el inicio de un camino que traerá certeza y consuelo para muchos.
En mi opinión, la presente iniciativa no será una ley de punto final. No se cerrará con ella uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. No obstante, en algún momento, con un paso más avanzado, sabiendo y asumiendo esa dura verdad, deberemos realizar una discusión mucho más trascendente y de fondo que la de hoy, para determinar con sabiduría, mirando el interés superior del país, cómo superar definitivamente los traumas que aún pesan sobre nuestra convivencia. Considero que todavía no es el momento para adoptar esa dramática decisión. Y no lo será mientras no sepamos la verdad. Toda la verdad.
Señor Presidente , deseo expresar también nuestro reconocimiento a los abogados de derechos humanos que asumieron esa pesada responsabilidad; a las altas autoridades morales y religiosas que se involucraron; al Ministro de Defensa anterior señor Edmundo Pérez Yoma , y al actual, señor Mario Fernández ; en fin, a todos los interlocutores que participaron de la Mesa de Diálogo.
Voy a detenerme un momento en esta parte porque me parece importante hacer explícito el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de Orden, que, con entereza y con la vista puesta en el bien común de la patria, vencieron resistencias internas y externas para dialogar y construir un acuerdo que las compromete con quienes, erróneamente, alguna vez consideraron como enemigos. Comprendo perfectamente el esfuerzo realizado por sus representantes, quienes, superando poderosos obstáculos, mantuvieron el diálogo y expresaron su voluntad de llegar a un acuerdo que los involucra muy solemnemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , sólo necesito dos minutos para terminar la fundamentación de mi voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sólo un minuto más, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
Desgraciadamente, no puedo concluir esta intervención sin hacer presente mi preocupación por lo que creo puede convertirse en una grave injusticia histórica al centrar todas las responsabilidades en las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile.
De alguna manera, soy parte de la que se ha dado en llamar "la familia militar" y, desde esa sensibilidad, me parece fundamental que todos asumamos nuestras responsabilidades.
Pienso que ésta no es una historia que involucra solamente a militares y a izquierdistas. Desde la Izquierda, muchos hemos realizado una crítica particularmente severa de nuestras actitudes. Pero con cierta tristeza advierto que hay sectores que no han sido capaces de revisar críticamente sus propias actuaciones. Me refiero a aquellos que inspiraron el golpe de Estado; a quienes tempranamente golpearon los cuarteles; a quienes les tiraron trigo a los oficiales de las Fuerzas Armadas y clamaron por la intervención militar. Me refiero, en suma, a los sectores que constituyeron la base civil de apoyo al Régimen militar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador ,...
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , permítame sólo un minuto más, para terminar.
El señor MARTÍNEZ .-
Yo le cedo un minuto de mi tiempo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a Su Señoría redondear su intervención.
Puede continuar hasta por un minuto.
El señor OMINAMI.-
Me refiero, señor Presidente , a los sectores que constituyeron la base civil de apoyo al régimen militar y que guardaron silencio cómplice frente a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, convencidos de que ése era el costo que había que asumir para imponer un determinado modelo económico.
Un general norteamericano -y con esto termino- hizo una amarga reflexión acerca de la guerra de Corea, concluyendo que había luchado, finalmente, para defender los intereses de algunas transnacionales. No creo que los militares chilenos hayan dado el golpe de Estado para favorecer determinados intereses empresariales, pero debo decir que, luego del resultado del plebiscito que dio el triunfo a las fuerzas del "No", a la Derecha le preocupó principalmente blanquear los procesos de privatizaciones y mantener los enclaves autoritarios. Los derechos humanos y los problemas judiciales que pudieran enfrentar las Fuerzas Armadas no estuvieron en su campo de preocupaciones.
Espero que a partir de este acuerdo, todos, señor Presidente, todos podamos hacer nuestra contribución a la reconciliación nacional.
Voto favorablemente.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , aprovecharé estos minutos sólo para subrayar ciertos aspectos que algunos de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, particularmente el Honorable señor Chadwick , ya mencionaron, interpretando de un modo claro lo que sentimos frente a lo que estamos decidiendo.
En primer lugar, valoro el significado que para el país ha tenido la Mesa de Diálogo. Probablemente, ante el escepticismo de muchos, al final el hecho de haber sentado a representantes de las Fuerzas Armadas junto a abogados de los derechos humanos, rodeados de otros personeros de distintas agrupaciones que se han confrontado entre sí, que han tenido desencuentros profundos y sustanciales durante muchos años, constituye un hecho sobresaliente. Debemos agradecer a todos el que hayan tenido la generosidad, incluso la humildad, para dar un paso que seguramente los obligó a vencer muchas resistencias, públicas y privadas.
Sin embargo, es en torno de los acuerdos donde más debemos mostrar nuestra valoración. Primero, porque en ellos se expresa el reconocimiento de una realidad que envenenó el alma chilena durante décadas; que se inició en los años 60, cuando empezó a propiciarse la violencia política como método de acción legítimo, aceptado y reconocido por muchos. Esa realidad terminó posteriormente en lo que puede esperarse cuando se ventilan tales ideas: aplicando la violencia en uno y otro sentido.
Creo que el valor de lo logrado por esa Mesa de Diálogo radica en haber dado cuenta de los hechos que nos condujeron al 11 de septiembre, de los problemas que lo antecedieron y de los que lo sucedieron. Ese solo reconocimiento es digno de destacar, más todavía cuando en sus recomendaciones hay un compromiso para que, junto con repudiar y rechazar el uso de la violencia, nos comprometamos a nunca más utilizarla, bajo ningún concepto.
Sin embargo, en el ámbito de los reconocimientos, lo que me llama poderosamente la atención es el hecho de que, en el análisis practicado por la Mesa, a diferencia de lo que corrientemente ocurre en estas instancias, más que seguir el camino habitual de afirmar "Tú eres el culpable", lo que sólo encuentra como réplica el mismo raciocinio: "No, el culpable eres tú", que no conduce a lugar alguno y que por el contrario contribuye a mantener tensiones y a perseverar en la división entre los chilenos, lo que el documento expresa es que todos de alguna manera fuimos culpables.
En nuestro país, todos tenemos un juicio acerca de lo que ocurrió, el que puede ser legítimo y quizá necesario; juicio de carácter político, ético y de toda índole. Pero si queremos realmente alcanzar la reconciliación, la unidad, el seguir caminando como un país de hermanos, no es conveniente entregarse al juego de asignar responsabilidades. Dejemos que la historia realice ese juicio, aparte del que nosotros tenemos.
Éste es un hecho que quiero subrayar especialmente, porque contiene la lógica que permite el avance: no seguir imputando responsabilidades, sino que más bien reconociendo las propias en los hechos del pasado; en lo que hicimos o en lo que dejamos de hacer. En mayor o menor grado, todos tenemos responsabilidades, y el criterio propuesto por la Mesa de Diálogo mediante el presente acuerdo es especialmente valioso.
Respecto de la solución misma, quizá comparta también cierto escepticismo. En verdad, después de 25 años en que no hemos dado con la respuesta, a pesar de haberse ensayado formas y caminos para ello, ¿por qué pensar que hoy, con una solución mágica vamos a encontrarla? Tal vez no. O acaso más tarde tengamos que reconocer que pudo idearse una fórmula mejor. Pero ahora hay una fórmula, y su fuerza radica no tanto en sus contenidos específicos, sino más bien en la base que la sustenta. Por eso no hemos querido introducirle cambios, ni precisiones ni modificaciones, puesto que podrían llegar a tergiversar la voluntad que dio origen a esa fórmula.
Pienso que nuestra contribución, junto con hacernos partícipes de este reconocimiento, el que a mi juicio ha hecho posible alcanzar el acuerdo, consiste en apoyar la fórmula tal cual está propuesta por la Mesa de Diálogo, en la esperanza de que pueda entregar resultados. No lo digo para que el día de mañana, si no resulta exitosa, podamos afirmar "Bueno, lo insinuamos, lo anticipamos". No. Lo digo simplemente porque creo que si en tanto tiempo no hemos logrado resolver estas inquietudes, tal vez en estos seis meses seremos capaces de dar un paso sustancial, aunque no sea definitivo; un paso que sirva para el reencuentro entre los chilenos mediante un logro que es clave: el de ubicar el paradero de los desaparecidos. Mientras no lo hagamos, habrá una herida abierta en el alma chilena. Pienso que todos, uniformados y civiles, por la responsabilidad que tenemos, debemos contribuir a que eso ocurra, ojalá al más breve plazo posible.
Por estas consideraciones, voto que sí.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , sin dejar de reconocer las buenas intenciones y la sinceridad que tanto el ex Presidente Frei como el Presidente Lagos han puesto en este intento, creo que un proyecto tan importante, que toca heridas tan profundas, no puede ser discutido y aprobado sólo en un día, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Un procedimiento así desvirtúa la ecuanimidad necesaria.
En segundo lugar, opino que la forma en que se está aprobando, tal como ha sido presentada, no va a cumplir su propósito del modo que la gran mayoría de los chilenos quisiera. Personalmente, me pareció más práctica y eficaz la discusión que estábamos sosteniendo en la Comisión de Derechos Humanos, bajo la presidencia del Senador señor Silva .
Por último, no sólo me asaltan dudas acerca de la transparencia y la eficacia del acuerdo, sino que, más importante, tengo problemas de conciencia para aprobarlo. Muchas personas lucharon conmigo en el PRODEN (Proyecto de Desarrollo Nacional) y en el diario " Fortín Mapocho ", y desaparecieron sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
En consecuencia, sin efectuar un análisis más profundo, como me hubiese gustado hacerlo, para no seguir polemizando más sobre un asunto tan delicado, prefiero manifestar mi posición contraria al proyecto. ¡Dios quiera que yo esté equivocado!
Voto que no.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , no voy a entrar a la cuestión de fondo sobre derechos humanos. He dejado claramente expuesta mi posición desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, deseo hacer una pregunta al señor Ministro de Justicia .
Señor Presidente , tenemos tribunales que, a pesar del principio pro reo, no aplican ni la Ley de Amnistía ni las prescripciones. Tenemos tribunales que inventan la figura de "secuestro permanente". En fin, tenemos tribunales que, por la interpretación que dan a la ley, terminan por no respetar ni su sentido ni su espíritu.
Por eso, señor Presidente , no me queda claro qué interpretación darán los tribunales a este proyecto que estamos aprobando. De hecho, un señor Senador ha expresado que entiende que las personas que reciban la información sólo deben guardar la reserva ante terceros, pero no ante el juez. Asimismo, un señor Senador ha sostenido que la reserva únicamente debe mantenerse cuando quien entrega la información no es el hechor. En ese caso, alguien tendría que determinar si el que proporcionó la información es o no el hechor y, luego de investigar esto último, ver si efectivamente hay que mantener o no la reserva.
Señor Presidente , antes de votar, quiero pedir al señor Ministro de Justicia que diga cuál es, a su entender, el alcance de la normativa, con el objeto de que su opinión quede registrada en la historia fidedigna de la ley.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Vamos a hacer una interpretación extensiva del Reglamento, específicamente de su artículo 169, inciso final, relativo a la interpelación a los Secretarios de Estado, con el fin de que el señor Ministro de Justicia pueda responder a la Honorable señora Matthei .
¿Estaría disponible el señor Ministro para dar esa respuesta?
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Siempre voy a estar disponible, señor Presidente .
Respecto de la interpretación de la ley, es a los tribunales de justicia a los que corresponde hacerla. Y puede haber distintas interpretaciones porque en Chile, a diferencia de Estados Unidos y otros países donde impera el sistema angloamericano, existe jurisprudencia permanente. Ése es el procedimiento que siempre se ha aplicado en nuestro país. Los tribunales nacionales interpretan la legislación de la manera que ellos consideran más adecuada y todos nosotros tenemos la obligación de aceptar esa interpretación. Y si no nos gusta, debemos tratar de modificarla vía los recursos que la propia ley establece.
En cuanto a la consulta de la Senadora señora Matthei , lo que el proyecto establece claramente es la obligación de reserva respecto del nombre o identificación de la fuente que entregue antecedentes. Para esos efectos, se dispone que deberán ser las instituciones pertinentes las que designen de entre sus miembros a los que estarán destinados a recibir la información, quienes tendrán la obligación, de acuerdo con la ley, de mantener de por vida la reserva de la persona que les proporcione los antecedentes, de forma tal que no sea posible su identificación. Esto regirá sólo respecto de las personas que entreguen información, pero no en cuanto a los hechos, los cuales deberán ser comunicados al Presidente de la República para que éste, a su vez, los ponga a disposición de los tribunales de justicia con el fin de que puedan realizar su trabajo.
Ése es el sentido de la reserva que establece el proyecto en lo tocante a quienes hagan entrega de información.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Queda claro, entonces, que respecto de los hechos no habrá reserva. Y, según la interpretación del señor Ministro de Justicia , quienes reciban la información deberán guardar reserva de por vida acerca de los nombres de las personas que se la proporcionen.
Me gustaría, señor Presidente , que la interpretación del señor Ministro quedara registrada en la historia fidedigna de la ley, porque en estos momentos considero necesario dejar en claro no sólo su letra, sino también su espíritu, lo que, a mi juicio, en general no se está cumpliendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a Su Señoría que se ha tomado debida nota de lo señalado en la Versión Taquigráfica del Senado.
La señora MATTHEI.-
Muy bien, señor Presidente.
Entonces, voy a votar a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , el proyecto abre por primera vez la potencialidad de que un procedimiento como el que él establece permita obtener información efectiva respecto del destino de los detenidos desaparecidos.
Segundo: el acuerdo de la Mesa de Diálogo ha sido posible, en primer lugar, por la voluntad política que condujo a su instalación. De ahí mi reconocimiento al Presidente Frei y a su Ministro Pérez Yoma . Y, en segundo término, porque la confrontación cara a cara de los actores directamente involucrados permitió establecer las confianzas necesarias para concordar el texto que hoy conocemos, al que la clase política no pudo arribar por sí sola debido a las extremas desconfianzas entre los sectores que cada uno creía o debía interpretar.
Tercero: está claro que el proyecto no afecta en ningún aspecto la labor de los tribunales ni toca en modo alguno ni en ninguna de sus partes la legalidad vigente. No hay mensaje a los tribunales, como algunos sospechan, ni paso alguno en un sentido de impunidad.
Desde mi perspectiva, resulta fundamental el reconocimiento, institucionalmente consagrado por las Fuerzas Armadas a través de sus representantes en la Mesa, de las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes y organizaciones del Estado durante el Gobierno militar. Por cierto, también es valiosa la condena a la violencia política, pero creo que todos ya la habíamos hecho.
Comprendo, ciertamente, el dolor y la pasión en la actitud que han tenido los familiares de los detenidos desaparecidos, que les ha impedido, a veces, calibrar el profundo valor del solemne compromiso asumido por las Fuerzas Armadas ante el país.
Entiendo que este paso no ha resultado fácil para las instituciones castrenses. Por algo tuvieron que pasar 10 años de democracia para que ocurriera. Por eso, lo valoro en todo su significado, pero, naturalmente, el movimiento se prueba andando y el resultado final sólo se va a dar si efectivamente se logra la información requerida.
Me sumo al especial reconocimiento a la abogada Pamela Pereira , pues sus circunstancias personales le hacían particularmente difícil asumir el rol tremendamente positivo que en definitiva desempeñó.
Por último, quiero decir que cada día tiene su afán, y sólo si el proceso que hoy se inicia tiene el éxito suficiente podremos empezar a pensar en el desarrollo de futuras iniciativas en este tema.
Voto que sí.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , este proyecto, cuyo origen viene de los acuerdos adoptados en la denominada Mesa de Diálogo, tiene por objeto dar forma legislativa a una de sus principales aspiraciones, cual es la de recabar toda la información posible y necesaria para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos.
Antes de abordar la iniciativa misma, me referiré a la denominada Mesa de Diálogo.
Una de las principales aspiraciones de cualquier sociedad civilizada es la de contar en su interior con la unidad necesaria que la guíe e ilumine en su camino, de manera de avanzar y enfrentar adecuadamente los distintos objetivos que ella misma se ha trazado.
Para nadie es un misterio que en nuestro país esa unidad dista mucho de ser realidad, y, más allá de factores temporales y hechos puntuales que cohesionan a los distintos integrantes de la sociedad bajo la apariencia de una unidad nacional, esta última no se ha logrado en plenitud en torno de un objetivo común.
Para algunos, ello se debe a una transición inconclusa, idea que no comparto; para otros, a la existencia de visiones contrapuestas e irreconciliables de lo ocurrido en nuestro país a contar de la década de los sesenta.
Uno de los efectos de la Mesa de Diálogo -tal vez el más importante- es el de haber logrado aunar criterios en personas con pensamientos esencialmente distintos y visiones muy contrapuestas sobre los acontecimientos ocurridos en nuestro país en las últimas cuatro décadas.
Ese acuerdo, si bien por sí solo no da solución a los profundos problemas que afectan a nuestro país, sirve como punto de partida para entregar un mensaje directo a la ciudadanía, y especialmente a los distintos actores políticos, de que la unidad nacional no sólo es necesaria, sino también posible, y de que se puede acceder a ella en la medida en que dejemos de lado nuestras legítimas pretensiones, en pos de un objetivo común que nos lleve a encarar con vigor y altura de miras los desafíos que el presente siglo nos depara, haciendo prevalecer los intereses superiores de la Nación, por sobre los egoísmos y las rencillas particulares.
En este orden de cosas, el presente proyecto de ley pretende facilitar la obtención de la información necesaria para determinar el paradero de los cuerpos de detenidos desaparecidos, regulando con ese objetivo lo que se conoce como el deber de reserva, institución similar, en alguna medida, a lo que actualmente en nuestra legislación se consagra como el secreto profesional.
Ahora bien, este deber de reserva no sólo se aplica a representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, sino también a los representantes de las otras instituciones que en este proyecto se señalan, quedando de manifiesto que ésta es una responsabilidad que recae sobre la sociedad en su conjunto, lo cual refuerza la idea de unidad a que he hecho referencia anteriormente.
Si con este proyecto se pueden comenzar a cerrar las heridas de un pasado que nos entrampa y no nos permite ver con optimismo el futuro de nuestra Nación, votaré favorablemente su aprobación.
Señor Presidente, señores Senadores:
No quiero culminar esta intervención sin antes llamar a todos mis compatriotas a que reflexionemos acerca de este importante momento que vive nuestro país, que es el momento de la generosidad, la humildad y el perdón mutuo.
En ese mismo sentido, quiero aprovechar esta ocasión para rendir un homenaje sincero a todos los caídos, sin importar en qué sector estaban cuando ocurrieron los hechos que hoy el país pretende superar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , esperanzador es el ambiente que se observa en el país. Pareciera que corren nuevos vientos. Pareciera que hay un renacer de un espíritu de convergencia, de búsqueda de la unidad.
Me parece importante el establecimiento de esta Mesa de Diálogo. En primer lugar, porque se observa una voluntad real para superar los traumas, los dolores y las heridas del pasado. Aparece un compromiso político de crear el ambiente, de catalizar situaciones para desencadenar ciertos procesos. Lo hemos visto en la Sala del Senado.
Hay un ambiente nuevo en el país. Cada cual empieza a asumir sus propias responsabilidades por los hechos equivocados del pasado y hace su propio esfuerzo para intentar reconstruir una armonía, una unidad nacional, para que todos los chilenos nos podamos mirar a la cara y buscar construir nuevas confianzas.
Me alegro por este acuerdo de la Mesa de Diálogo. Creo que efectivamente el país empieza a reencontrar una senda que le abre una expectativa insospechada, en mi opinión.
Hay un espíritu realmente muy novedoso. Esperamos que surja el fruto de la verdad, que la información fluya con rapidez y que en los próximos seis meses se conozca el destino de aquellos detenidos desaparecidos que vieron atropellados sus derechos humanos.
Me parece también importante -y quiero destacarlo- el hecho de que el Gobierno -el anterior, el del Presidente Frei, y el actual del Presidente Ricardo Lagos- se comprometa seria y responsablemente a la búsqueda de esta convergencia.
Tengo la impresión de que fue muy difícil crear ese ambiente en otras épocas. Y hoy se empieza a construir un clima distinto.
Yo me alegro mucho de esta reflexión que está haciendo el mundo político -también creo yo con responsabilidad y con un espíritu elevado, con gran sentido de patriotismo- en la búsqueda de hermanar y de construir unidad.
Y, por sobre todo, me parece importante que se avance en el ámbito religioso, en sus distintas expresiones, en cuanto a crear el ambiente que tanto necesita Chile. También me alegra el que al fin los líderes en el ámbito espiritual, más allá de las corrientes particulares, empiecen a asumir un rol protagónico en la búsqueda de la verdad y de este entendimiento.
Ojalá que los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro país hagan su aporte y contribuyan a lograr el objetivo propuesto por la Mesa de Diálogo.
Saludo y felicito a la gente que actuó en la Mesa Diálogo, cuyos integrantes, con pensamientos tan distintos o disímiles, fueron capaces de sobreponerse a sus particulares puntos de vista, a sus dolores, a sus ansias y a sus temores.
Ver, por ejemplo, la actitud de la gente que estuvo abocada por años al tema de los derechos humanos, en la búsqueda de puntos de consenso con altos oficiales de las Fuerzas Armadas, me parece realmente un ejemplo esperanzador.
Por todo esto, señor Presidente, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile han asumido ante el país una responsabilidad inmensa, que es la de recopilar información acerca del paradero de los restos de los detenidos desaparecidos.
Quiero dejar testimonio en la Sala del Senado que, en mi opinión, para que ese objetivo se cumpla en su finalidad última -traer la paz y el reencuentro entre los chilenos- es indispensable que todos los actores políticos y sociales del país actuemos con generosidad y buena fe.
Nada sería más ajeno al espíritu con el que participaron las instituciones uniformadas en la Mesa de Diálogo y con el que se han comprometido a recabar tal información, que pretender poner en duda su honestidad, cualquiera sea el resultado final; o, peor aún, pretender mañana estigmatizarlas, si es que efectivamente, como todos deseamos, se tiene éxito en la misión que se emprende.
El amplio respaldo que ha despertado el acuerdo de la Mesa de Diálogo se sostiene sobre esta premisa: nadie podrá buscar nunca dividendos políticos, ni podrá imponer una descrédito moral sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, por haber enfrentado valientemente las heridas de un pasado triste y doloroso en el que toda la sociedad chilena tiene grados importantes de responsabilidad.
Quiero resaltar en este sentido las palabras del Presidente de la República en el mensaje con que inicia este proyecto de ley, en cuanto a que el trabajo de la Mesa de Diálogo presenta diferencias sustantivas con otras iniciativas emprendidas por Gobierno anteriores. Aquí no hay una visión o planteamiento unilateral, ni una visión parcial de un Gobierno o de un sector, sino que es una iniciativa consensuada por personas provenientes de distintos sectores e instituciones. No estamos frente al intento de construir una verdad oficial; allí radica su mayor mérito y la razón de su buen éxito.
Por último, señor Presidente, quiero hacer un par de comentarios para la historia fidedigna de la ley.
En primer término, resaltar que me parece indispensable que la calificación acerca de la utilidad de la información recibida debe quedar entregada a quien la recibe. En caso contrario, podría darse el caso que alguien que entrega de buena fe información, si ella es errónea por cualquier causa, quede expuesto a ser develada su identidad ante una orden judicial o administrativa.
Asimismo, y especialmente en el caso de las instituciones uniformadas, no puede quedar duda alguna de que el titular de la obligación de guardar secreto es la persona y no la institución, de manera que en ningún caso será posible que incluso sus propios mandos puedan traspasar el deber de silencio que esta norma impone.
Señor Presidente , por todas estas consideraciones, en la seguridad de que estamos colaborando para la reconciliación de todos los chilenos y para que podamos mirar hacia el futuro de una vez, como país en paz, recordando a tantos carabineros asesinados, cuyos autores materiales e intelectuales aún no son detenidos -sus familias no tienen esperanza alguna de saber quién y por qué fueron muertos sus seres queridos- y no obstante que tal problema no se incluyó en el proyecto que nos ocupa, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , por las razones expuestas por el Honorable señor Chadwick en nombre de la Alianza por Chile, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , aprovecho la fundamentación de mi voto para hacer un alcance sobre la pregunta formulada por una señora Senadora , quien, lamentablemente, no se encuentra presente en la Sala en este momento.
El artículo 73 de la Constitución Política dispone: "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.".
Por su parte, el inciso segundo del artículo 3º del Código Civil -que rige desde 1855- establece lo siguiente: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.".
Lo anterior significa que la materia que preocupa a la señora Senadora es de la competencia exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia y que las sentencias dictadas por ellos sólo valen respecto de las causas particulares en que se dicten.
Voto a favor del proyecto.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo hacer -como ya se ha realizado con anterioridad aquí- un reconocimiento al trabajo y al acuerdo logrado por la Mesa de Diálogo, y situar este dramático problema en su justo contexto histórico.
Estoy convencido de que la justicia se produce también en una dimensión que trasciende lo social. Se trata del castigo que pesa sobre la conciencia de las personas y de quienes permitieron, fomentaron o actuaron, desde distintas épocas o lugares, en las violaciones de los derechos humanos y en la entronización de la violencia en Chile.
Tal aseveración, por cierto, no obvia la sanción social. Por ello, este acuerdo permite evitar, por un lado, las divisiones entre chilenos que no queremos legar hacia el futuro; y, por otra, valora y permite una oportunidad para que quienes tienen esta carga de conciencia, al menos, puedan aliviarla.
Por lo tanto, valoro en toda su dimensión, el trabajo de todos los que posibilitaron y participaron en el acuerdo de la Mesa de Diálogo y en el proyecto que hoy aprobamos.
Voto a favor.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , quiero dejar en claro que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como instituciones, nada tienen que ver con los hechos que se recogen en la Mesa de Diálogo.
Los hechos son de personas y no obedecen a doctrinas de las instituciones, como majaderamente algunos pretenden hacer creer.
Tampoco estoy de acuerdo en que se diga que todos somos culpables. No todos lo somos. Algunos sí, pero el resto no. En definitiva, esto lo decidirá la historia.
Mi formación cristiana católica me lleva a votar favorablemente el proyecto, en el ánimo de que ello contribuya a cerrar heridas personales y a avanzar en la unidad nacional que, según las últimas encuestas, más de 54 por ciento de los chilenos desea y propugna.
Por esta razón, reservaré para otras oportunidades mis comentarios sobre ciertas aseveraciones contenidas en la declaración de la Mesa de Diálogo que sirve de base al proyecto.
Lamento profundamente que, por ser el Congreso Nacional el lugar natural donde está radicada la discusión última de esta desunión entre los chilenos, la iniciativa se discuta en forma apresurada y diría -doy excusas, pero es mi opinión- hasta ligera. Pienso que esto no es bueno ni lleva a alcanzar una mejor solución en lo que en realidad nos divide.
Hago presente todo lo anterior en aras de ayudar al reencuentro entre todos.
Por esta razón, voto a favor.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, quiero enfatizar dos cosas.
En primer término, el proyecto que nos ocupa es una oportunidad, acaso la última, para que quienes tienen información y porfiadamente la han ocultado durante muchos años, la entreguen y contribuyan así al desarrollo futuro del país.
Como bien estableció la Mesa de Diálogo, el ocultamiento de información es ilegal, inmoral y antipatriótica. Por eso, el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República hace bien al dejar constancia de que la ilegalidad de esa actitud tiene asignada severas penas en nuestra legislación.
Si esas personas no contribuyen al desarrollo del país y mantienen su actitud negativa, expondrán no sólo la tranquilidad y paz de sus conciencias, sino que, naturalmente, ellas mismas quedan sujetas a las sanciones penales que el mensaje presidencial señala.
En segundo lugar, adhiero a todo cuanto se ha sostenido respecto de la actitud de quienes forjaron la Mesa de Diálogo y participaron en ella, haciendo posible llegar hasta este punto.
Reconozco, de manera especial, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. El depósito de confianza que esta noche, a través nuestro les entrega el país, deberá ser honrado en la actividad que se despliegue en los próximos meses.
En ese sentido, no puedo dejar de destacar, con la esperanza de que sea imitada, la actitud del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, señor Patricio Ríos, quien ha manifestado públicamente que la trascendencia de la tarea lo compromete de manera personal y que, en lo que dice relación a la Fuerza Aérea, asumirá del mismo modo la responsabilidad de abrir los espacios para que la información fluya hacia el Presidente de la República y, luego, a los tribunales de justicia.
En los meses pasados, el trabajo responsable de un juez ejemplar nos ha permitido conocer la verdad respecto del destino de unos pocos detenidos desaparecidos. Sus cadáveres fueron desenterrados del lugar donde se les pretendió ocultar, y nos hemos encontrado con sus rostros interrogándonos a todos, desde el fondo de sus cuencas vacías, acerca del porqué de sus sacrificios, e interpelándonos también para que con generosidad podamos construir un camino de paz que excluya permanentemente la violencia y afirme la construcción del futuro por las vías de la democracia.
Voto que sí.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , no obstante considerar que el proyecto en debate no es una panacea sobre la materia y que probablemente tiene algunas imperfecciones de redacción, votaré a favor, porque representa la expresión de la Mesa de Diálogo.
Indudablemente, la Mesa Diálogo constituye una etapa muy importante en la vida nacional, toda vez que, por primera vez se sentaron a conversar representantes de la extrema Izquierda y de las Fuerzas Armadas, en presencia de personeros morales muy trascendentes de nuestra patria. Ahí se han llegado a establecer cosas que nunca antes se habían podido hacer, a fijar verdades que, no obstante ser conocidas, unos y otros las ocultábamos, pero, fundamentalmente, a contraer un compromiso moral en cuanto a realizar un esfuerzo nacional para solucionar el problema de los detenidos desaparecidos. Eso solo justifica la aprobación de este proyecto, a la que contribuyo gustoso.
Quiero, sin embargo, aprovechar para insistir en que, de acuerdo con el claro texto del proyecto, es evidente que el secreto que resguarda las acciones de las personas a las que las Fuerzas Armadas encomienden para solicitar y recibir información, como asimismo el de las muchas personas que puedan proporcionar antecedentes a ellos, está debidamente resguardado.
En general, el proyecto hay que leerlo con el mensaje porque aquél en sí es muy breve, pero éste es muy amplio, y está claramente establecido que el concepto de que el secreto reza no sólo para quienes "proporcionen o confíen información útil y conducente", sino que va más allá, porque su inciso tercero expresa que "El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan". Y agrega que "Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal", que implica precisamente que determinadas personas que tienen secretos profesionales que resguardar, no están obligadas a declarar como testigos.
En consecuencia, podemos tener la certeza -confío en que así será interpretado- de que esta reserva ha de facilitar el cumplimiento del gran objetivo: obtener mayores antecedentes para ubicar los restos de los detenidos desaparecidos.
Por último, quiero dejar constancia de que la Mesa de Diálogo, de alguna manera, encontró abierto su camino por la acción del Senado en su Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que preparó el ambiente y elaboró un proyecto muy completo que, probablemente, pueda ser útil el día de mañana, si las circunstancias lo requieren.
Creo que no podemos olvidar la acción realizada tanto por la Comisión de Derechos Humanos, como por el Senado mismo, que aprobó un proyecto que tiende al mismo propósito que éste sobre el cual nos estamos pronunciando.
Estoy seguro de que Chile ha dado un importante paso hacia delante y de que, por consiguiente, todos debemos contribuir a que sea exitoso, con la máxima buena fe y como una esperanza cierta de esa reconciliación que anhelamos y de ese deseo de brindar a las nuevas generaciones una mejor posibilidad de realizarse en un país unido y sin las divisiones del pasado.
Voto que sí.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , el acuerdo que hoy día ratifica en un sentido político esta Corporación, constituye a mi juicio un hecho de una trascendencia moral, social y jurídica de gran relevancia histórica.
En nuestra lenta transición han sobrevivido visiones muy distintas de los hechos a los cuales este acuerdo se refiere. Tal vez estas divisiones van a mantenerse por mucho tiempo, quizás para siempre, porque la historia no está sustentada sobre bases científicas, sino que está preñada de subjetividad, que se exalta cuando ella está construida por pasiones, cuya legitimidad siempre será discutida. Sé de gente que en Francia se viste de luto todos los 14 de julio, porque no aceptan la revolución, en la que sus antepasados fueron castigados.
Por eso, existen vías especiales para pasar adelante de esa historia sin que entorpezcan el desenvolvimiento de los pueblos, que tienen instinto de vida, como sucedió después de las guerras crueles del siglo pasado, y como, por lo demás, ha ocurrido siempre.
El acuerdo propone un camino inteligente para aquello que es real, actual y que duele a todos en Chile. El sistema sugerido es práctico y compromete el honor de quienes lo aprobaron. Creo que el voto que estamos dando compromete también el honor de los Senadores y, a través de nosotros, el honor de todo el país.
Hay detalles que a mí no me preocupan mucho. Por lo contrario, me hacen pensar en que este acuerdo se logra como una expresión moral de la sociedad, porque hace 27 años ocurrieron hechos que hoy se lamentan. Quienes supieron del destino de los desaparecidos, y que fueron autores, encubridores o cómplices, no han dicho nunca una palabra, pudiendo haberlo hecho. No creo que hoy día estén dispuestos a proporcionar los antecedentes porque haya secreto al respecto. Siempre se habló de secretos. Hicimos gestiones, propuestas, hace años. Pienso que si hoy día se acepta de parte de las Fuerzas Armadas el dar a conocer antecedentes es porque aquí están ellas formando parte de este compromiso, como todos nosotros, y como lo está también Pamela Pereira , que ha sido una mujer magnífica en la historia de Chile, y porque aquí hay implícito un valor moral que exige poner término a esta situación. Nadie exige que la justicia apure, pero los hechos morales se imponen a las personas y las instituciones. No hay institución en Chile, no hay persona, no hay jerarquía que esté por encima de la voluntad moral de un país que dice "esto no puede seguir". Aquí hay gente que sufre, que sigue sufriendo, y sobre este sufrimiento no se construye una patria.
Estimo que aquí se ha expresado el alma del país. En esta notable organización de una Mesa cuya formación fue tan original, y que ha tenido tanta repercusión en Chile. Considero que el valor de ella es de carácter moral. Lo jurídico tiene importancia, porque es un país donde el Derecho posee una jerarquía y construye la arquitectura de la sociedad. Pero el valor moral que implica el que se hayan encontrado estas personas, cara a cara, ha conmovido el alma nacional. Y es eso lo que quiero recalcar, porque al final los pueblos advierten que hay valores superiores al Derecho, a la propia justicia que se exige, como son los del sentimiento de culpa compartida, y de búsqueda de aquello que corresponde al dolor de la gente.
Voto que sí con entusiasmo, felicitando a los Presidentes que han participado, a los Ministros, a las autoridades militares, a los dirigentes sociales, porque han dado un ejemplo que nosotros deberíamos seguir. No concluye aquí el proceso de transición. Nunca he aceptado que la transición terminó por un decreto, sino que termina como lo hace la ola que se agota en la arena, cuando ya ha perdido la energía que creaba las divisiones. Aquí hay un camino de importancia para generar -como lo he expresado en alguna oportunidad-, al final de este proceso y no antes, un gran acuerdo político, un gran debate, para que organicemos la vida jurídica y política en función del mandato moral que hemos recibido.
Me siento con plena legitimidad para decir lo que estoy señalando, porque también he escuchado a la gente. He estado dos semanas en el sur, la he visto sufriendo y la he acompañado. Le oigo decir: ¡Qué hacen ustedes, los políticos, que no se ponen de acuerdo! Este país necesita trabajo, libertad, dignidad, construcciones, algo que realmente haga eficiente la democracia.
Creo que para llegar a este acuerdo se ha escuchado a la gente. Y pienso que por este camino podemos construir una patria unida, que es esencial en el mundo globalizado.
Voto que sí.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, no cabe duda de que estamos ante un proyecto muy complejo, porque es un hito que marca la historia del país y cambia el rumbo hacia nuevos y superiores destinos.
Bien sabemos que el poder del Estado -esta iniciativa involucra una decisión de Estado- es la fuerza que proporciona los instrumentos y fundamentos para hacer lo que un Estado desea: avanzar en la satisfacción de los objetivos nacionales y garantizar la supervivencia de su pueblo.
Nuestro país radica ese poder de Estado y su nacionalismo, en su historia, soberanía y autodeterminación. En efecto, en su historia, que lamentablemente incluye extremos quebrantamientos políticos -así sucede en el devenir de los pueblos-, como lo fue el del 11 de septiembre de 1973, en el cual tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en un pronunciamiento que es ajeno a su vocación y profesionalismo, en un escenario (como se reconoció en la Mesa de Diálogo) hostil, complejo, inestable para el país y la sociedad toda, cuya recuperación generó consecuencias complejas, muy dolorosas para todos, difíciles de resolver y de evaluar, máxime en un pasado que para la gran mayoría ya es historia.
Por lo tanto, el presente nos demanda alternativas prácticas que en alguna forma hagan posible nuestra necesaria reconciliación. Las pérdidas de vidas serán siempre dramáticas y dolorosas, sobre todo en un pueblo de hermanos. Sin embargo, el destino de los pueblos continúa siempre y sólo hacia el futuro. Por consiguiente, es de nuestra responsabilidad reconocer orígenes y consecuencias para no repetirlas y no provocar nuevas angustias.
Democracia sólida y estable no es posible sin la paz social. Estoy cierto de que constituye una solución eficiente para la reconciliación, el diálogo y una normal transición que siempre estará presente, porque los países transitan hacia un mejor futuro. Pero esto requiere necesariamente la contribución de cada chileno y, sobre todo, el aporte y el esfuerzo de la autoridad del Estado, por cuanto una democracia estable y sólida se construye en el tiempo, bajo sus políticas y decisiones.
El Estado, como bien sabemos, es aquella parte de la sociedad política especializada en los intereses del todo. Por consiguiente, es la institución rectora del bien común, lo que necesariamente implica diálogo, libertad, justicia y paz, entre otros factores.
La Mesa de Diálogo se genera en este concepto del bien común, en un presente en que nuestro país necesita un acuerdo nacional para transitar hacia niveles superiores de desarrollo. Como se ha dicho, es un hito exclusivo de nuestra historia, y nos otorga un gran comienzo, que dependerá de todos desarrollar y materializar, y debemos entenderlo en su real significado para nuestro destino.
El proyecto que se nos presenta a nuestra consideración es una conclusión muy trascendental de sus integrantes, bajo la presidencia y dirección del señor Ministro de Defensa Nacional . El profundo y versado diálogo de estos nueve meses nos indica el flexible y patriótico esfuerzo de sus diversos miembros. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en particular, como instituciones permanentes y fundamentales del poder del Estado, como siempre, han mirado hacia delante, con su característico aporte de vocación y patriotismo.
Estoy muy consciente de que la seguridad, la defensa y estas instituciones permanentes son el alter ego, el reverso de la medalla de la estructura jurídica en que descansa y se fortalece la democracia. Una fuerza sin estructura jurídica ni compromisos jerárquicos, como bien sabemos, es anarquía, y un Estado sin estructura jurídica ni fuerza que le otorgue su poder es una nación sin destino.
Naturalmente, la iniciativa en análisis, como conclusión de un profundo diálogo, no es lo que cada cual quisiera; pero así son las grandes conclusiones de la historia, que generan nuevas etapas hacia destinos superiores. Ella representa el sentir de la gran mayoría nacional y, por lo tanto, debemos respetarla y apoyarla en beneficio del presente y futuro de las nuevas generaciones de chilenos.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si Sus Señorías me lo permiten, deseo intervenir brevemente, ante todo, para sumarme a las felicitaciones a quienes han sido los grandes actores de la Mesa de Diálogo: sus propios componentes, los dos Ministros de Defensa que la presidieron y los Presidentes de la República señores Frei y Lagos.
Voto absolutamente tranquilo con mi conciencia de que lo que estamos haciendo no es una ley de punto final, tampoco estamos creando ningún manto de impunidad para nadie, ni eliminando la responsabilidad penal de los autores, cómplices o encubridores de los hechos de que se trata. Lo único que estamos haciendo es tratar de avanzar en la verdad y lograr justicia. Mediante la ley en proyecto nadie está limitando lo que le corresponde hacer a la justicia en el próximo tiempo, o lo que ha hecho o ha podido hacer hasta el momento.
No obstante, quiero recoger algo de lo señalado por el Honorable señor Valdés , en cuanto a que esto no es sólo un voto o una expresión de confianza; tampoco la solución, sino una iniciativa que abre caminos de esperanza en la búsqueda de una solución. Y no es sólo eso. Por supuesto, constituye un voto de confianza en las Fuerzas Armadas y en los líderes religiosos que puedan recibir información. Pero también nos exige confianza en nosotros mismos como sociedad y en quienes representamos la voluntad de ella.
En ese sentido -y formulo un llamado al Gobierno- deseo expresar algo que, por lo demás, se señaló durante los debates dentro de la propia Mesa de Diálogo, creo que debiera iniciarse desde el día de hoy una gran campaña de motivación pública hacia todos y cada uno de los sectores para que asumamos esta tarea en conjunto, para que quienes tengan información sean motivados por la propia presión que la sociedad ejerza sobre ellos. Es una labor que debemos asumir en plenitud, utilizando todos los medios de comunicación y cada capacidad de expresión que esté a nuestro alcance. Ésta es una tarea de país. Y lo digo por creer que nos estamos jugando algo que en seis meses más, cuando debamos hacer el balance, puede prestigiarnos ante el mundo la forma de lograr una solución a nuestros problemas, o significar una gran desesperanza y desmotivación. Y, a lo mejor, debamos retomar los mismos caminos que hemos transitado durante todo este tiempo.
Por esa razón, voto conscientemente lo que estoy haciendo, porque creo que es bueno para Chile buscar la solución de estos problemas, entendiendo la actitud de los familiares de los detenidos desaparecidos, a quienes muchas veces les cuesta entender lo que hacemos, e incluso, la confianza que podamos tener.
Creo sinceramente que lo que estamos realizando es lo mejor para el país. Sin embargo, pido al Gobierno y a todos que provoquemos una gran cruzada para lograr el resultado que Chile requiere y espera.
Voto que sí.
El señor Lagos ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (43 votos a favor y uno en contra).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Lavandero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia .
El señor GARCÍA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , sólo quiero agradecer la diligencia e intensidad con que ha trabajado el Parlamento en su conjunto -en esta ocasión, el Senado de la República-, que en 34 horas aprobó un proyecto de ley clave para el desarrollo del país, el cual abre una oportunidad para cerrar heridas, muestra la capacidad de Chile para ponerse de acuerdo en los temas importantes para la convivencia nacional y hace recaer la responsabilidad de seguir avanzando en aquellos que hoy tienen la información.
Comparto sus palabras, señor Presidente , en el sentido de que todo el país -y el Gobierno en particular- debe llevar adelante una campaña que facilite y promueva la recolección de información. Pero apelo hoy día a la conciencia de quienes disponen de ella para que la entreguen y hagan realidad la esperanza que la iniciativa abre a la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , dado el tema tratado, que sin duda es casi histórico, consulto si reglamentariamente puede publicarse este debate en toda su extensión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para tal efecto necesitamos acuerdo unánime de Comités, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Podríamos plantearlo en la próxima sesión?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la próxima reunión de Comités, Su Señoría.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:38.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.