Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- HOMENAJE A POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN SU 67º ANIVERSARIO
- HOMENAJE : Sergio Bitar Chacra
- HOMENAJE : Andres Zaldivar Larrain
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y RÉGIMEN DE GOBIERNOS CORPORATIVOS
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Ricardo Nunez Munoz
- Sergio Bitar Chacra
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Jose Ruiz De Giorgio
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Enrique Silva Cimma
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- DEBATE
-
VENTA DE FERTILIZANTES A GRANEL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- DEBATE
-
ENMIENDA A NORMATIVA SOBRE ENAJENACIÓN DE PARCELAS CORA
- ANTECEDENTE
-
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y RÉGIMEN DE GOBIERNOS CORPORATIVOS
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Cordero Rusque
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Zaldivar Larrain
-
EL PLEBISCITO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1980
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
-
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
-
PRECISIONES SOBRE COMPRA DE NUEVO AVIÓN PRESIDENCIAL
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
-
INQUIETUD POR SITUACIÓN DE NIÑOS AUTISTAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Bombal Otaegui
-
DROGADICCIÓN EN LA JUVENTUD. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
SITUACIÓN DE JUBILADOS, RETIRADOS Y MONTEPIADAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
DÉFICIT DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AISÉN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- HOMENAJE EN MEMORIA DE RENÉ RÍOS BOETTIGER, CREADOR DE "CONDORITO". COMUNICACIÓN
- HOMENAJE : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- DEBATE
-
FORO NACIONAL SOBRE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PETICIONES DE OFICIOS
- ANEXO SESION
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR NÚÑEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN COPIAPÓ EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SALVADOR ALLENDE (2549-04).
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ricardo Nunez Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FERNÁNDEZ, STANGE Y URENDA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL LA EVASIÓN DE PERSONAS SUJETAS A DETENCIÓN O PRISIÓN PREVENTIVA (2550-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodolfo Stange Oelckers
- Sergio Fernandez Fernandez
- Beltran Urenda Zegers
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR NÚÑEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN COPIAPÓ EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SALVADOR ALLENDE (2549-04).
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 11ª, en martes 18 de julio de 2000
Ordinaria
(De 16:20 a 20:11)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
Acuerdos de Comités
Homenaje a Policía de Investigaciones en su 67º aniversario (se rinde)
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos (2289-05) (se aprueba en particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el DL. Nº 3.557, de 1981, en materia de venta de fertilizantes a granel (2207-01) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que requiere indicar el valor individual de cada uno de los bienes derivados de la Reforma Agraria al momento de ser enajenados (2344-01) (queda para segunda discusión)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
El plebiscito en la Constitución de 1980 (observaciones del señor Lavandero)
Servicio militar obligatorio. Oficio (observaciones del señor Fernández)
Precisiones sobre compra de nuevo avión presidencial (observaciones del señor Bombal)
Inquietud por situación de autistas. Oficio (observaciones del señor Bombal)
Drogadicción en la juventud. Oficio (observaciones del señor Romero)
Situación de jubilados, retirados y montepiadas. Oficios (observaciones del señor Romero)
Déficit de energía eléctrica en Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Homenaje en memoria de René Ríos Boettiger, creador de "Condorito". Comunicación (intervención del señor Viera-Gallo)
Foro Nacional sobre Servicio Militar Obligatorio (observaciones del señor Gazmuri)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, los señores Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, y el señor asesor de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 28 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El acta de la sesión 4ª, ordinaria, en 14 de junio del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República con el que retira la urgencia, y la hace presente nuevamente en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias. (Boletín Nº 1.148-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha dado su aprobación a las enmiendas propu4estas por el Senado al proyecto de ley, con urgencia calificada de "simple", que modifica diversos cuerpos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, con excepción de las que señala, que ha rechazado, (Boletín Nº 1.803-07), y que, en consecuencia, ha designado para la Comisión Mixta que debe formarse a los señores Diputados que menciona, en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento, y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que integren la referida Comisión Mixta.
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relativo a las consecuencias de la movilización de pescadores artesanales en la Undécima Región.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lagos, tocante a diversas situaciones irregulares denunciadas por el Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Nacional e Internacional de dueños, choferes y afines de la Primera Región .
Del señor Ministro de Defensa Nacional , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bombal, concerniente a la adquisición del avión que indica.
De la señora Ministra de Educación , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, acerca de la necesidad de otorgar la asignación de desempeño difícil a los no docentes.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relacionado con los procedimientos de fiscalización de las estaciones de radio que operan con repetidoras satelitales.
Del señor Contralor General de la República , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referente a la situación de veintiséis viviendas básicas que aún no han podido ser habitadas por problemas en la calidad de su construcción.
Tres del señor Subsecretario de Pesca:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, respecto de la instalación de un acuario oceánico en San Antonio.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre la crisis de la pesca artesanal en la zona austral.
Con el último contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lagos, relativo a la veda del jurel en las Regiones Primera y Segunda.
Del señor Director General de Investigaciones de Chile , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, tocante a los fenómenos delictuales asociados al tráfico de drogas.
Del señor Director General de Deportes y Recreación, en contestación a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, con relación a la segunda etapa del Estadio de Rapel.
Del señor Intendente de la Undécima Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, con referencia a la decisión de retirar de las calles y sacrificar a los perros vagos.
Del señor Director subrogante del Servicio Nacional de Pesca , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre la instalación de un acuario oceánico en San Antonio.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable Horvath, acerca de las consecuencias de la movilización de pescadores artesanales en la Undécima Región.
Del señor Alcalde de Coyhaique , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, relativo a la situación de los vertederos en la Undécima Región.
-- Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones
Del Honorable señor Núñez, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en la ciudad de Copiapó en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens. (Boletín Nº 2.549-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Honorables señores Fernández, Stange y Urenda, con la que inician un proyecto de ley que establece como circunstancia agravante de responsabilidad criminal, la evasión de las personas sujetas a detención o prisión preventiva. (Boletín Nº 2.550-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitudes
De los señores Jorge Augusto Hozven Pinedo y Atiliano Urrutia Urrutia, de rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nºs. S 510-04 y S 511-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).- Los Comités, reunidos en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
Proponer a la Sala la designación del Honorable señor Hamilton como representante de la Corporación en la Comisión encargada de la erección de monumentos en memoria del Cardenal Arzobispo Raúl Silva Henríquez en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Talca y Villa Alegre, ya que el mencionado señor Senador es autor de la moción que dio origen a dicha normativa legal.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si no hay opiniones en contrario, así se acordará.
Acordado.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Además, acordaron anunciar que el señor Presidente de la Corporación rendirá homenaje en memoria del Padre Alberto Hurtado en la sesión del miércoles 16 de agosto, a las 18, suprimiéndose para esos efectos la hora de Incidentes.
HOMENAJE A POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN SU 67º ANIVERSARIO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo con lo previsto, corresponde, en primer término, rendir homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile, con motivo de haberse cumplido el 19 de junio último el 67º aniversario de su creación.
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , señores Senadores, señor Director de Investigaciones , altos funcionarios, estudiantes que nos acompañan:
El presente homenaje es el primero que rinde este Senado a la Policía de Investigaciones de Chile en uno de sus aniversarios.
Me honra asumir la responsabilidad del mismo en esta ocasión. Lo hago en nombre del Senador señor Muñoz Barra , quien junto con el Presidente de nuestra Corporación consideraron valioso realizarlo por primera vez y al comienzo de la sesión, como hemos hecho con las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El Honorable señor Muñoz Barra me ha solicitado explicar a la Sala que se encuentra en su circunscripción acompañando al señor Presidente de la República .
En la vida contemporánea, la seguridad ciudadana ha alcanzado la más alta prioridad para la población. La Constitución señala dos organismos encargados de luchar contra la criminalidad: Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. Esos organismos dan cumplimiento al Derecho y contribuyen, por lo tanto, a que el Estado democrático sea una realidad efectiva. Carabineros, como define su propia ley orgánica, es una policía militar, fundamentalmente encargada del orden público y la prevención. La Policía de Investigaciones de Chile es un organismo de carácter civil, dedicado esencialmente a la investigación de los delitos.
Con ocasión del sexagésimo séptimo aniversario de la Policía de Investigaciones, expreso nuestra convicción de que su rol es insustituible. Sin ella, sin sus hombres y mujeres, reinaría la impunidad.
Realizaciones de esta última década en la lucha contra el crimen.
Los Gobiernos democráticos enfrentaron la situación deficitaria en que había sido mantenida la policía civil durante la década del 80. El apoyo concreto que se le ha dado no sólo muestra la decisión de trabajar por la seguridad ciudadana, sino que señala la seriedad con que se ha tomado esta tarea, robusteciendo una de sus principales herramientas: la policía investigadora.
La situación que hoy vive la policía civil es muy distinta que en 1990. Entonces nos encontrábamos con una policía donde casi 90 por ciento del presupuesto estaba destinado al pago de sueldos y salarios. Era imposible un programa de desarrollo y crecimiento institucional. La propia supervivencia de esta policía estuvo en juego.
Desde 1990 hasta hoy, la inversión ha sido creciente y sostenida, tanto en moneda nacional como en dólares. Además, se realizaron aportes extraordinarios, particularmente en 1991 y 1992, que permitieron la incorporación de tecnología para el área de inteligencia.
Están lejos los días en que los funcionarios debían comprar con dinero de sus propios sueldos la gasolina para mover los vehículos del Estado.
En esta década se construyeron más de 46 cuarteles nuevos.
Si queremos una policía investigadora que respete la dignidad de las personas, también debemos resguardar la dignidad de los funcionarios de esta policía civil.
En el último decenio también se logró modernizar el sistema de telecomunicaciones.
A fines de 1999 se inauguró el edificio de la Escuela de Investigaciones. Por primera vez un organismo especializado, con 67 años de vida, cuenta con un espacio adecuado para formar a los futuros detectives.
Junto a las modificaciones de mallas curriculares de la Escuela y de la Academia Superior de Estudios Policiales, se han instalado programas de formación permanente de sus miembros.
La policía civil ha revisado sus estructuras organizacionales, en particular la función de investigación criminal.
La ética
Pero la columna vertebral de la Institución ha sido la ética, preocupación central de su Director General , señor Nelson Mery Figueroa .
Así, se fortaleció con mayor personal y recursos al Departamento V de Asuntos Internos, organismo encargado del control ético de la conducta de los funcionarios.
En 1993 se creó el Consejo Superior de Ética Profesional, cuerpo colegiado, asesor del Director General, que analiza las conductas de los funcionarios y de las estructuras institucionales, aconsejando y proponiendo decisiones al Director General.
Ese mismo año se creó el Departamento VII de Control de Procedimientos Policiales , encargado de revisar críticamente los mismos, para extraer lecciones, mejorar las formas de trabajo policial y establecer eventuales irregularidades o responsabilidades.
En 1995 se reglamentó la realización de exámenes de detección de drogas al personal, sean selectivos o generales.
Ese mismo año la policía civil instituyó su Código de Ética Profesional, obligatorio para todos los funcionarios de la misma. Este Código se inspiró en la propuesta formulada por las Naciones Unidas, y hoy es señero para las policías de América.
El Código de Ética y la normativa para la detección de drogas se establecen por primera vez en la Administración Pública, y aun en la empresa privada. De esta forma, nuestra policía civil lidera esas iniciativas en un terreno crucial, como es la lucha contra la corrupción.
Por último, también se modificó el Reglamento de Calificaciones, incluyendo el respeto a la dignidad humana y el estricto cumplimiento de la ética profesional como criterios de evaluación.
Este amplio desarrollo, que es el más grande y continuo que ha tenido la policía civil en su historia, es parte del Plan Fénix de Modernización, y su nombre simboliza el verdadero renacimiento de la Policía de Investigaciones de Chile en estos diez últimos años.
Quiero expresar, y creo que es un sentimiento general del Senado, mi valoración muy positiva -y también mis felicitaciones- por los avances logrados en materia de ética, y la necesidad de continuar firme en esa línea.
Los derechos humanos
La Policía de Investigaciones ha cumplido un papel decisivo en el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado.
El trabajo encomendado por el Presidente de la República Patricio Aylwin a la Comisión Verdad y Reconciliación, creada en abril de 1990, contó con la valiosa colaboración de esta Institución.
La Policía de Investigaciones creó, en abril de 1991, una Comisión Especial que colaboró coordinando la acción investigativa que emanó del Informe Rettig. Y siguió también las diligencias de los casos denunciados a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
En el período, este servicio trabajó en 610 procesos judiciales, los que involucran un total de 1.004 víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Para señalar con más precisión este trabajo, básteme indicar algunos procesos de connotación en cuya investigación ha tenido y tiene actualmente participación directa esta policía: el homicidio de Orlando Letelier del Solar, la colaboración con la investigación del homicidio del General Carlos Prats, el homicidio por degollamiento de tres profesionales, las detenciones de Osvaldo Romo y Miguel Estay Reyno , los homicidios de José Carrasco Tapia y otros, como también los hechos ocurridos en la Operación Albania, los homicidios acaecidos en el caso conocido como Caravana de la Muerte, el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez y, por cierto, todos los casos que se encuentran en manos del Ministro señor Juan Guzmán Tapia .
Me parece de estricta justicia destacar en este solemne homenaje que las investigaciones criminales por violaciones de los derechos humanos no habrían sido posibles sin la decidida colaboración profesional de detectives chilenos. Este trabajo silencioso es fundamental para la reconstrucción de la democracia y la reconciliación.
Finalizada la década de los 90, es bueno recordar además que la Policía de Investigaciones permitió, virtualmente, desmantelar organizaciones terroristas, contribuyendo a recuperar la paz social.
El narcotráfico
El combate al narcotráfico se ha fortalecido por la ley Nº 19.366, que dotó a la policía de nuevas herramientas, y también se ha fortalecido con la experiencia y decisión de la Policía de Investigaciones para aplicarla.
Me permito sólo señalar que la organización chilena más importante de narcotráfico, liderada por Mario Silva Leiva , fue desmantelada enteramente. Destaco, además, la detención de Manuel Fuentes Cancino, quien dirigía una organización emergente, la que iba a alcanzar importancia semejante o mayor que la anterior.
Al 16 de julio, la policía civil ha puesto a disposición de los tribunales a mil 486 personas por delitos de drogas en este año. Sumando los años 1998 y 1999, la policía puso a disposición de los tribunales a 5 mil 603 personas involucradas en delitos de narcotráfico.
Falta mucho por hacer. Ésta es una batalla que recién comienza. La lucha contra el narcotráfico debe ser implacable. Podemos mucho más.
La reforma procesal penal
Al comenzar un nuevo siglo, asumimos el gran desafío de poner en marcha la Reforma Procesal Penal. El resultado práctico de ésta depende de la policía. Comparto la afirmación del Director General: "Si falla la policía, la reforma corre el riesgo de derrumbarse. Eso no lo puede permitir el Estado, pero tampoco podemos permitirlo nosotros.". Éste es el principal desafío para la Policía de Investigaciones en los próximos años.
Apreciamos una voluntad y un trabajo sistemático de la Institución, del Gobierno y del Senado para mejorar la policía. En 1990 existían 225 aspirantes a detectives, y este año la cifra ha aumentado a 718. Con todo, el número de detectives es exiguo. Con los actuales 3 mil 180 detectives para todo el país no es posible satisfacer las necesidades de investigación criminal. Resulta vital, por tanto, aumentar el personal y liberar también -al igual como lo hemos hecho presente para Carabineros- a un buen número de detectives ocupados en funciones que no les son propias. Ello obliga a la contratación de personas para dichas tareas. La cantidad de agentes investigadores debe aumentar -según investigaciones de expertos en la materia- a lo menos a 10 mil.
Del mismo modo, Chile debe incorporar a su policía civil tecnologías en informática, criminología, inteligencia y en la sensible área del narcotráfico y lavado de dinero.
Los nuevos cambios
Con todo, la policía debe dar pasos más firmes, revisar sus metodologías, superar los problemas, entablar nuevas relaciones entre detectives y peritos criminalísticos y revisar la estructura de su organización.
Me permito sugerir a los integrantes de la policía civil aquí presentes que se sientan con libertad para pensar su institución, para que la reformulen teniendo como único norte el combate a la criminalidad y la necesidad de paz social para alcanzar el progreso.
El traspaso de Investigaciones desde el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior es un paso indispensable para su mejor funcionamiento, y puede ser la ocasión para dar impulso al nuevo programa de acción que ha propuesto el Director General en este aniversario.
El gasto en seguridad es una inversión social, como en vivienda, salud y educación. Nos comprometemos a dar ese apoyo persistente, porque es el mejor y más útil homenaje que podemos hacer a nuestra policía civil.
Por último, saludo nuevamente al Director General de la Institución , a los altos funcionarios y jóvenes que nos acompañan desde las tribunas, para decirles que el éxito de ustedes es también el éxito para Chile y para la seguridad de cada uno de sus ciudadanos.
He dicho.
--(Aplausos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señores miembros del alto mando, alumnos, señoras y señores Senadores:
En representación del Senado de la República y por acuerdo unánime de todos sus Comités, vengo en adherir a este saludo y homenaje que rendimos hoy a la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión de sus 67 años de vida institucional.
La labor de los detectives es intensa, riesgosa y esforzada. Muchas veces ella es incomprendida por la ciudadanía y poco gratificante. Tal vez se trate de una de las profesiones cuyo principal premio sea la íntima satisfacción del deber cumplido.
Los 67 años de vida de la institución no han transcurrido en vano. Su tarea muchas veces no ha sido valorada; ha pasado por altos y bajos institucionales. Sólo el tesón y esfuerzo que han puesto sus integrantes y su dirección han hecho posible que encontremos hoy en día a la Policía de Investigaciones de Chile en el sitial que le corresponde y, por lo tanto, que reciba también el reconocimiento de todos por los logros alcanzados.
Dicho cuerpo policial se ha puesto al día en lo científico y tecnológico en materia de diligencias, elemento vital para la investigación moderna, pero también lo ha hecho en cuestiones básicas, como son los elementos materiales de trabajo, los cuales siempre serán insuficientes, frente a la demanda creciente de la ciudadanía por la seguridad de las personas y de sus bienes.
Tal resultado se ha fortalecido con la puesta en marcha del plan de modernización promovido por su actual Director General, don Nelson Mery Figueroa , su Alto Mando y sus funcionarios. Dicho plan -como se señaló aquí-, que con el tiempo recibió el acertado nombre de "Plan Fénix", ha permitido precisamente que la policía civil de Chile haya renacido y se haya potenciado.
Desde el Senado y el Parlamento en general, hemos tratado igualmente de contribuir a ese trabajo. Hemos discutido diversas iniciativas legales, tanto para fijar su planta funcionaria como para lograr -según lo recordaba hoy su Director- los recursos necesarios tendientes a construir el edificio de su escuela institucional, que ahora podemos mirar con orgullo, como símbolo de la institución.
Sin embargo, tenemos plena conciencia de que tales esfuerzos y resultados son aún insuficientes. Ya lo señalaba el Director General en su discurso de celebración de aniversario de junio pasado.
Iniciamos un nuevo siglo junto a la potenciación de los delitos emergentes, como el comercio de la droga, la transnacionalización del narcotráfico, el lavado de dinero, el nuevo delito informático o aquellos ilícitos ligados al medioambiente. Para enfrentar exitosamente esta nueva realidad la Policía de Investigaciones de Chile está obligada a aumentar al máximo su profesionalismo, su especialización, el uso creciente de la ciencia y de la tecnología.
No podemos olvidar, por lo demás, que la pronta entrada en vigencia de la reforma procesal penal supone un actuar cada vez más exigido por parte de quienes investigan los delitos: ¡ustedes, los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile!
Enfrentar la criminalidad para dar sólido sustento a la seguridad ciudadana es una tarea de Estado, que debemos enfrentar con perspectiva de país, más aún cuando día tras día la gente nos reclama por su seguridad ante la impunidad del delincuente.
Por eso, estamos dispuestos en el Parlamento a apoyar decididamente a quienes la ley y la Constitución les entregan la tarea de combatir la delincuencia. Es una lucha sin cuartel en la cual no podemos fallar.
El avance de la Policía de Investigaciones de Chile en este decenio, como se señaló, ha sido significativo. Eso nos permite confiar plenamente en que podemos enfrentar con éxito los desafíos del próximo futuro.
Por todo ello, como Presidente del Senado y en representación de todos mis Honorables colegas, reitero a ustedes nuestras felicitaciones y nuestro sincero homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se suspende la sesión por cinco minutos para despedir al Director de la Policía de Investigaciones de Chile y a los demás funcionarios de la misma.
______________
--Se suspendió a las 16:45.
--Se reanudó a las 16:59.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
V. ORDEN DEL DÍA
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y RÉGIMEN DE GOBIERNOS CORPORATIVOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2289-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 31 de agosto de 1999.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 25ª, en 21 de marzo de 2000.
Hacienda (segundo), sesión 10ª, en 12 de julio de 2000.
Discusión:
Sesión 31ª, en 18 de abril de 2000 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Ministro de Hacienda solicita la anuencia de los señores Senadores para que ingresen a la Sala los señores Enrique Marshall, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras ; Alvaro Clarke, Superintendente de Valores y Seguros, y Orlando Vásquez, abogado de esta última entidad.
--Se accede.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
El proyecto fue aprobado en general el 18 de abril del año en curso.
La Comisión deja constancia en su informe de que diversas normas deben ser aprobadas por los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio -es decir, 27 votos-, y otras, por mayoría absoluta, o sea, 25 votos.
En conformidad a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento, la Comisión señala que no fueron objeto de indicaciones los artículos 5º, 8º, 9º, 13 y 18, y los transitorios 2º, 3º, 5º y 7º, los cuales, por ser de quórum simple, en virtud de las normas reglamentarias, deberían darse por aprobados automáticamente, salvo los artículos 8º y 9º, y 3º transitorio, que para su aprobación requieren del pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta de los señores Senadores en ejercicio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados aquellos artículos.
--Se aprueban, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 31 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Asimismo, la Comisión consigna en su informe las indicaciones aprobadas; las aprobadas sin modificaciones; las aprobadas con modificaciones; las rechazadas -números 67 y 169-, las que pueden ser renovadas reglamentariamente; las retiradas, y que no hubo indicaciones declaradas inadmisibles.
Por su parte, la Secretaría elaboró un informe comparado cuya primera columna contiene las normas legales vigentes sobre la materia; la segunda, el texto aprobado en general; la tercera, las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda en su segundo inform, y la última, el proyecto final, en caso de aprobarse las enmiendas propuestas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo con el Reglamento, podrían darse por aprobados, sin discusión, los artículos que la Comisión acogió por unanimidad en la Comisión, salvo que algún señor Senador solicite a la Mesa discutir determinado precepto.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , las letras b) y c) del Nº 2 del artículo 11 fueron aprobadas en la Comisión, pero en el entendido de que eran susceptibles de ser perfeccionadas o modificadas. Creo que si votamos separadamente esas normas, sería posible lograr en la Sala el propósito expresado por los miembros del organismo técnico.
Por lo tanto, solicito votarlas en la forma indicada. Ellas se refieren a modificaciones a la ley sobre depósito centralizado de valores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Asimismo, deberán votarse separadamente las indicaciones aprobadas por mayoría, que son las siguientes.
La recaídas en el artículo 4º, Nº 8, letra e), que dice: "Suprímese el actual inciso octavo" -del artículo 48 del decreto ley 3.500-, y en las letras b) y c), del Nº 2 del artículo 11, a las cuales se refirió el Honorable señor Novoa.
En seguida, deberemos pronunciarnos sobre el inciso segundo del artículo Décimo Transitorio, y acerca de la indicación renovada que incide en él.
Si le parece a la Sala, se darían por aprobados todos los artículos que lo fueron por unanimidad en la Comisión, que no han sido objeto de indicaciones, salvo los aquí mencionados, incluidos aquellos a que se refirió el Honorable señor Novoa.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , ¿la votación en la Comisión, en el caso de las letras b) y c) a que se refirió el Honorable señor Novoa, fue de cuatros votos a favor y una abstención?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es, señor Senador.
--Se aprueban, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 31 señores Senadores.
En la discusión particular, corresponde tratar la enmienda recaída en el artículo 4º, Nº 8, letra e), que dice: "Suprímese el actual inciso octavo" (del artículo 48 del decreto ley 3.500).
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , ésta es una disposición relativamente simple, en virtud de la cual se suprime una prohibición que afectaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las que estaban facultadas para celebrar contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas de fondos mutuos, pero no podían ceder estos contratos. En la Comisión se advirtió que el obligar a las AFP a mantener un contrato de promesa de suscripción podría transformarse en una medida inconveniente para los intereses del Fondo, ya que si podían suscribir una promesa de suscripción, perfectamente podían efectuar la cesión para evitar un daño a aquél. La indicación correspondiente fue aprobada por cuatro votos a favor y una abstención.
--Se aprueba.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En seguida, corresponde tratar la modificación propuesta a la letra b) del Nº 2 del artículo 11.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , ante todo pido disculpas al Senado, pues en la última sesión de la Comisión acordamos tratar de corregir esta parte antes de que se viera en la Sala. Como no fue posible hacerlo, quiero proponer una fórmula para rectificar esta norma que está presentando algunos problemas.
En primer lugar, debo explicar que se trata de modificaciones a la ley que establece el depósito centralizado de valores. Ese cuerpo legal dispone que el emisor de valores puede acordar emitir algunos en forma desmaterializada; vale decir, que no existan títulos físicos, sino un contrato entre el emisor y una empresa que maneja el depósito centralizado de valores. Es ella la que lleva los registros de los valores emitidos, quién los compra y quién los vende.
El actual artículo 11º de la ley respectiva consagra en su inciso primero que "La empresa y el respectivo emisor podrán acordar, respecto de valores en depósito o susceptibles de ser depositados, que el emisor no estará obligado a emitir los títulos", etcétera. Y en el inciso segundo estatuye que "El emisor siempre estará obligado a emitir el título representativo de los valores que se retiren de la empresa", si alguien lo pide. Estas disposiciones son reemplazadas por una norma que dice algo completamente distinto, en el sentido de que entre los títulos que se pueden emitir en forma desmaterializada están las letras hipotecarias, que son valores que tienen una amplia transacción. De esa manera, al aprobarse, en la letra a), este nuevo inciso segundo, se elimina la norma que establece que el emisor siempre estará obligado a emitir el título, cuando alguien se lo pida. Y a continuación se aprueban dos incisos para consignar de modo perentorio en la ley que cuando se emite un título en forma desmaterializada, nunca se podrá pedir la emisión de éste.
Tal punto provocó un debate en la Comisión y no quedó bien resuelto. El inciso tercero que se pretende agregar dispone que "Cuando se hayan celebrado acuerdos para efectuar emisiones desmaterializadas, refundir o desmaterializar títulos emitidos", esta emisión "no podrá ser retirada de la empresa y permanecerá desmaterializada durante toda su vigencia".
¿Cuál es el problema que presenta este inciso? Primero, la ley establece que, cuando se hace una emisión desmaterializada y se deposita en una empresa depositaria de valores, nunca se podrá retirar esa emisión. Es decir, constituye un monopolio a favor de una empresa, que puede disolverse o quebrar, impidiéndose al emisor retirar la emisión de ella.
No tiene ningún sentido que por ley consagremos la irreversibilidad de un depósito en una empresa. Esto es particularmente grave, porque en Chile solamente hay una, y lo más probable es que no exista otra, porque normalmente el sistema funciona sobre la base de una sola. Si pensamos en el futuro, en un mercado globalizado, donde uno pudiera depositar en otros países, la norma impediría al emisor retirar sus valores.
Para corregir esto, se aprobó un inciso cuarto, que presenta una contradicción bastante grande, al señalar que las emisiones desmaterializadas "deberán permanecer en estas calidades durante todo el plazo de vigencia que les reste" (repite lo señalado en el inciso anterior) "sin perjuicio del derecho del titular o tenedor del valor de requerir la emisión del respectivo título representativo del mismo.". O sea, como se estaba aprobando una norma que evidentemente producía problemas, se intentó corregirla; pero sucede que en ella nos estamos contradiciendo, al decir que esta emisión permanecerá desmaterializada para siempre, sin perjuicio del derecho del tenedor a exigir el título.
Entonces, después de analizar mejor esta situación, me parece que, al rechazarse estos dos incisos, la ley no diría nada, ni establecería que nunca un título pueda volver a la materialización. Y, en definitiva, el problema quedaría entregado, en primer lugar, a las condiciones de emisión, y luego, a una reglamentación que dictará la Superintendencia en función de lo que establece el inciso final, que mediante la letra c) se propone sustituir por el que indica, el cual sugiero aprobar. En él se faculta a la Superintendencia para reglamentar cuándo títulos desmaterializados pueden emitirse en forma materializada, siempre que eso no cause perjuicio al depositario o a sus mandantes.
Por lo tanto, propongo rechazar los incisos tercero y cuarto, contenidos en la letra b), y aprobar el inciso final, consignado en la letra c), con una pequeña modificación: que donde se dice que la Superintendencia, mediante norma de carácter general, "ordenará que se emitan los títulos", se consigne que "deberá establecer las condiciones para que se emitan los títulos". Porque las normas de carácter general no ordenan emisión de éstos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , el Ejecutivo está de acuerdo con lo planteado por el Senador señor Novoa .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, se rechazaría la letra b), y se aprobaría la letra c), con la enmienda señalada por el Honorable señor Novoa , en el sentido de cambiar la redacción de la frase "ordenará que se emitan los títulos representativos" por "establecerá los casos y condiciones en que procederá la emisión de los títulos representativos".
Ruego a Su Señoría hacer llegar a la Mesa su proposición, para que la Secretaría redacte la norma.
--Por unanimidad, se rechaza la letra b) del Nº 2 del artículo 11, y queda aprobada su letra c), con la enmienda indicada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
A continuación, corresponde pronunciarse acerca del inciso segundo del artículo Décimo Transitorio. A su respecto, hay indicación renovada.
Antes de entrar en la discusión de esta norma, deseo hacer presente que el inciso primero no está sujeto a votación. Al final, señala: "deberá ceñirse estrictamente a las disposiciones del Título antes citado.". Y según lo indican la Secretaría de la Comisión y el asesor de la Superintendencia, debiera decir: "a las disposiciones del Título XXV de la ley antes citada.".
Si le parece a la Sala, se dejará consignada esta aclaración, que es una mera referencia.
Acordado.
En discusión el inciso segundo.
Ofrezco la palabra.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , el proyecto contiene muchas materias y, sin lugar a dudas, es extraordinariamente positivo. Nos referimos a las mismas durante la discusión general, de modo que no es del caso entrar en su análisis en esta oportunidad.
Sólo quiero hacer presente que, junto con la vasta modernización de la legislación referente a nuestro mercado de capitales y a la forma de funcionamiento de nuestras empresas, mediante esta iniciativa también se crean nuevos instrumentos que, a mi juicio, tendrán un papel muy importante en la dinamización de la economía. Me refiero, por ejemplo, a mecanismos tales como los fondos de inversiones privados, que pueden ser un instrumento muy útil para sostener el desarrollo y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas chilenas.
Sin embargo -y por eso intervengo en este punto-, siento que el proyecto, con todos los aspectos positivos que involucra, presenta el problema de que puede terminar desnaturalizando su objeto. Se trata, justamente, del contenido del artículo transitorio que nos ocupa.
Si atendemos a lo fundamental de la iniciativa en análisis, encontraremos que su motivación básica fue, desde el principio, proteger a los accionistas minoritarios, por medio de la obligatoriedad de una oferta pública de acciones en todas aquellas transacciones de paquetes controladores de acciones, la que naturalmente involucrara a los accionistas minoritarios también como vendedores. Dicho en otros términos: evitar situaciones como las producidas en el pasado reciente que, por lo demás, generaron gran alarma pública, en la medida que un accionista controlador, al margen de todo acuerdo con el resto de los accionistas de una empresa, podía vender su paquete controlador en condiciones completamente distintas a las prevalecientes en el mercado y hacer una gran ganancia, pero distribuirla de manera muy poco equitativa, dejando completamente al margen de los beneficios de esa transacción a los accionistas minoritarios.
Ése es el tema de fondo aquí planteado, sobre el cual quiero llamar la atención, y tal fue la razón por la que estamos legislando sobre la materia.
El proyecto se ha ido enriqueciendo durante su tramitación, primero en la Cámara de Diputados, y posteriormente en el Senado. Se ha incorporado un conjunto de materias muy importantes que no estaban consideradas en su inicio y que hoy día son objeto de consenso. Pero lo fundamental, la esencia de la iniciativa es la protección de los accionistas minoritarios en las condiciones descritas. Esto tiene que ver con la justicia y la equidad, y también con un criterio económico. Éste no es solamente un problema de justicia, sino de fortalecimiento y dinamización de las empresas y del mercado de valores. Es una señal muy importante, tanto desde el punto de vista de los inversionistas institucionales como de la imagen internacional de Chile.
Al hablar de accionistas minoritarios, puede ser un modesto ahorrante o una persona que pone sus ahorros en fondos de inversión de países desarrollados, los cuales posteriormente son invertidos en acciones de empresas de nuestro país. Por lo tanto, nos referimos a un conjunto muy amplio de sectores que constituyen un aporte fundamental a la dinamización del mercado de valores en una nación como la nuestra.
En el curso de la discusión del proyecto surgió un impasse. La Oposición planteó la necesidad de establecer una norma transitoria que por determinado período -concretamente, tres años- permitiera a los accionistas controladores exceptuarse de la aplicación de la nueva ley. Ése es el tema de fondo que se está discutiendo.
En virtud de crear las condiciones políticas para sacar adelante el proyecto y aprobarlo en general con los quórum pertinentes, me pareció que correspondía, políticamente, abrir paso a una solución de este tipo: incorporar la idea de un período excepcional de tres años.
Apoyé y apoyo esa idea para hacer viable el conjunto de la iniciativa. No lo hago con gran entusiasmo, porque en mi concepto, francamente, sería mucho mejor si sus normas permanentes comenzaran a regir una vez que se publicara la ley, sin recurrir a ningún tipo de disposición transitoria.
En todo caso, las cosas se plantearon de ese modo. En el Parlamento es necesario abrirse a acuerdos respecto de materias en las cuales uno puede no estar totalmente convencido. Pero así funciona el sistema, y por ello respaldé la norma transitoria de los tres años.
Lo que se discute hoy es más específico. Y a eso apunta la indicación renovada: a saber cómo se cumplen las condiciones del acuerdo, desde mi punto de vista. Éste prevé la transitoriedad de tres años. Lo que interesa es determinar cómo se entra o no se entra a ese período.
Desde esa perspectiva, no considero razonable lo que se plantea en el informe de la Comisión. Más aún, me parece un perfecto contrasentido que a través de un artículo transitorio se otorgue por ley a los accionistas controladores, per se y sin ninguna participación de los accionistas minoritarios, el derecho a determinar si entran o no en la legislación en proyecto.
Por ese motivo se formuló una indicación que reconoce el período excepcional de tres años, pero estableciendo algo muy razonable, muy evidente, muy de sentido común: que una junta extraordinaria de accionistas, por mayoría de las acciones presentes en ella, decida si la sociedad entra o no en las normas permanentes de la ley en proyecto o se acoge al mencionado período.
Pienso, señor Presidente , que ésa es la manera razonable de hacerse cargo de problemas que hoy pueden aparecen bajo un ángulo muy técnico, pero que han generado bastante debate, e incluso gran alarma pública. Fue el caso, por ejemplo, de las empresas eléctricas. La operación de ENERSIS respecto a las acciones Chispas fue justamente el detonante de esta situación.
Pero no ha sido el único caso. Probablemente, sí, el más bullado.
Posteriormente discutimos mucho acerca de lo ocurrido en la transacción, también muy polémica, de una filial de la Compañía de Teléfonos de Chile, donde quedó establecido con nitidez que el precio de venta estaba subvaluado, porque a la semana siguiente dicha filial se revendió en condiciones de precio completamente distintas.
Por lo demás, hace pocos días se produjo una situación relacionada con lo que estamos analizando: la venta, nuevamente por parte de ENERSIS, del 70 por ciento de su participación en el consorcio Aguas Puerto, que a su vez es propietario y controlador mayoritario del 40 por ciento de ESVAL. En esa transacción hubo una ganancia de capital del orden de 50 millones de dólares, de la cual quedaron completamente al margen los trabajadores, que son titulares del 10 por ciento de las acciones de la empresa, y cinco administradoras de fondos de pensiones.
Es por esa razón, señor Presidente , que he querido traer esta discusión a la Sala del Senado. Y renovamos la indicación correspondiente, que plantea algo tan simple como que los accionistas, expresándose en una junta extraordinaria convocada a tal efecto, establezcan por mayoría simple si entran o no a las normas permanentes de la ley en proyecto o a sus disposiciones transitorias. Porque, a mi juicio, sería un contrasentido que, habiendo desarrollado un tremendo esfuerzo para dotar al país de una legislación destinada a proteger a los accionistas minoritarios, éstos no tuvieran ninguna posibilidad de participar al momento de tomar una decisión como la descrita.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , sería útil dar lectura a la indicación renovada, para confrontar las dos posiciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene razón, señor Senador .
El señor VIERA-GALLO.-
Para plantear un problema reglamentario, pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , de acuerdo a lo que manifestó el Senador señor Ominami , lo lógico sería, por lo que entiendo, que no existiera tal norma transitoria. Porque no veo ninguna razón para dictar una disposición tan importante -donde incluso se hace mención de un Título entero- si se establece que regirá en tres años más. Ello, salvo que un motivo muy poderoso lo justifique. Pero debería explicarse.
La indicación suscrita sería necesaria en el evento de tener que fijar un plazo.
No participé en el debate realizado en la Comisión, señor Presidente . Entonces, primero deseo conocer la razón de la prórroga por tres años. Después veremos cómo se procede a ella.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , en primer lugar debo poner en votación lo planteado en el informe.
El señor VIERA-GALLO .-
Pero primero habrá que discutir sobre el particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por supuesto.
Ahora bien, para los fines de realizar un debate positivo, considero razonable la petición del Honorable señor Novoa de leer la indicación renovada, porque es contradictoria con la norma aprobada por la Comisión.
Por lo tanto, en su momento la Mesa deberá poner en votación el texto que sugirió la Comisión. Si fuera aprobado, habría que entender rechazada la indicación renovada. Y de ser rechazado, quedaría aprobada la indicación renovada.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Habría que votarla, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Efectivamente, habría que votarla.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , justamente por eso se debe aclarar la situación. Porque uno puede querer rechazar el precepto y la indicación renovada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se pueden hacer las dos cosas, Su Señoría.
Pero se dará lectura a la indicación renovada, a fin de realizar el debate en conjunto, porque -repito- se trata de una materia contradictoria. Se aprueba una cosa o la otra, o se rechazan las dos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
La indicación Nº 169, renovada por los Senadores señores Ominami , Parra , Gazmuri , Viera-Gallo , Núñez , Bitar , Lavandero , Ruiz De Giorgio , Zaldívar (don Andrés ) y Silva , tiene por objeto agregar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor:
"Artículo...- En el plazo de seis meses a contar de la fecha de publicación de la presente ley, deberá convocarse a Junta Extraordinaria de Accionistas para resolver si dicha sociedad se acoge de inmediato a las disposiciones de la nueva ley o aceptan un período transitorio de tres años a contar de la fecha de su resolución, tiempo en el cual podrán enajenar libremente sus acciones o cambiar su participación accionaria.
"La decisión que adopte al respecto la Junta Extraordinaria de Accionistas deberá contar con la aprobación de la mayoría de sus integrantes.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , la ley en proyecto tiene por finalidad regular las ofertas públicas de adquisición de acciones.
Cuando una persona desea adquirir acciones del mercado en general, hemos resuelto que dicho proceso se debe realizar mediante una reglamentación muy estricta, señalada en la normativa propuesta.
Existen casos de compra de acciones que, según el planteamiento formulado, sólo se pueden concretar mediante una OPA. Uno de ellos es cuando alguien desea adquirir el control de una sociedad.
Ése es el espíritu inspirador, en virtud del cual se pretende repartir un teórico premio que existiría al adquirir el control mayoritario.
Desde el inicio de la discusión del proyecto se suscitó la duda de qué hacer respecto de la situación en que una persona ya contaba con un paquete de acciones que significaba un control. Si no podía venderlo sino cuando alguien les ofreciera a todos comprar, se consagraba un gravamen, en definitiva, porque la única posibilidad que se le presentaba era que alguien se encontrara dispuesto a hacer una oferta pública de adquisición por el ciento por ciento de los títulos; ello, por el modo en que ésta se ha reglamentado. Dicho en términos muy simples, si la ley obliga a que quien desee tomar el control sólo pueda lograrlo mediante una oferta pública de acciones, aquel que lo mantenga no puede venderlo a menos que se concrete una oferta pública por todas las acciones.
En la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo y se dijo que la OPA era obligatoria, salvo -expresaba el proyecto aprobado- la enajenación efectuada por el actual controlador. De esa manera se intentó solucionar la dificultad que surgía cuando alguien ya había adquirido el control.
Con motivo del primer informe de nuestra Comisión de Hacienda, el Gobierno no mantuvo la posición recién consignada y se impulsó una norma distinta. Como Senadores de la Oposición, rechazamos el nuevo texto que propuso el Ejecutivo . Y, cuando asumió el actual Ministro del ramo y se inició un proceso de negociación en torno de las ofertas públicas de acciones, fue preciso un acuerdo diferente.
¿En qué consiste el nuevo acuerdo? En que la enajenación efectuada por un controlador se exceptúa de la obligación de que se realice una oferta pública de acciones siempre que la venta tenga lugar a precio de mercado. Se señaló que en esa forma no existe el imperativo de que alguien ofrezca comprar el ciento por ciento de los títulos. Y se incluyó un artículo transitorio en el sentido de que durante un período de tres años no regiría la limitación relativa al precio de mercado.
La razón para no hacer regir tal limitación fue expuesta por el propio Ministro de Hacienda al explicar el acuerdo a que se arribó. Y aseveró: "En el contexto de un mundo con restricciones legales y bajo la presencia de asimetrías de información, puede que se registren efectos adversos sobre el mercado de capitales si se establece de la noche a la mañana el carácter obligatorio de las ofertas públicas de acciones. Ello lo aceptamos. Es posible la generación de efectos marginales para aquellas empresas que pensaban concurrir al mercado de valores"... Y dio una serie de argumentos.
Se determinó que la restricción no regiría durante tres años fundamentalmente porque, como se encuentra en función de si el precio de venta es superior al del mercado o no, se estimó necesario que el mercado pudiera operar en ese período bajo la nueva regulación.
Deseo puntualizar, además, que el efecto en el precio...
El señor GAZMURI .-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor NOVOA .-
Sí, Su Señoría, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Si se trata de que el mercado pueda operar durante tres años con la nueva restricción, ¿cómo será ello posible si la aplicación del requisito tardará tres años?
El señor NOVOA .-
Con las nuevas normas, que exigen que cualquier persona que quiera adquirir el control debe proceder a una oferta pública de acciones. Y disponen que, si alguien compra hoy las acciones de un controlador, se halla obligado a vender después bajo las nuevas leyes. Por lo tanto, el efecto del mayor precio se diluirá prácticamente en forma instantánea, porque quien compre dentro del período de tres años un paquete controlador no podrá venderlo libremente sobre la base de la excepción, sino que deberá someterse a la regla permanente.
Parecía racional, entonces, establecer una transición por el lapso mencionado ante una situación que hoy no existe. En la actualidad, cualquier accionista, minoritario o mayoritario, puede vender libremente. El precepto expresa que, cuando la adquisición significa asumir el control de una sociedad, no se puede proceder a una venta directa, sino a la otra operación. Lo lógico, si se cambian en forma tan drástica las reglas del juego, es la fijación de un período transitorio. Y ello constituyó parte sustancial del acuerdo y fue planteado de esa forma en la Sala y en la Comisión.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor NOVOA.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , es para aclarar. Porque entiendo que a veces es mejor que las señales económicas sean nítidas y correspondan a un momento.
Por ejemplo, se suben los aranceles o se bajan, o se elevan los impuestos. Pero, en el caso que nos ocupa, si a determinadas personas se les indica que dentro de tres años, si no hacen nada, deben regirse por la norma en análisis, ¿no se crea una distorsión en cuanto a que en ese período se pueden hacer acciones que a lo mejor no se harían después?
O sea, me pregunto si, económicamente, no es mejor que las disposiciones sean claras desde un comienzo y no fijar un plazo. No veo por qué debería mediar una transición en las señales económicas.
Gracias.
El señor NOVOA .-
No se trata de una señal económica, señor Senador , sino de un cambio en las regulaciones de la compra y la venta de acciones. Por lo tanto, si se supedita la aplicación de cierta norma, establecida hoy, a la relación con un precio de mercado y el mercado se encuentra francamente deprimido, una razón económica aconseja un período de transición.
Por nuestra parte, concurrimos al acuerdo sobre ese lapso también por razones de tipo jurídico. Pensamos que quien adquiere acciones en condiciones determinadas no puede ser privado por una ley posterior de atribuciones inherentes al dominio, como la libertad para disponer de ellas. Y creemos que el plazo de tres años puede evitar que el cuerpo legal en proyecto origine un sinnúmero de juicios por inaplicabilidad, e incluso, que se recurra de la inconstitucionalidad de una disposición que afecte en forma expresa derechos de las personas.
Ésos fueron los fundamentos por los que llegamos a un acuerdo. Vale decir, de la norma aprobada en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad, porque establecía como excepción permanente la facultad de enajenar para quien poseía un paquete determinado, pasamos a un precepto mucho más restrictivo, el cual dispone que esa atribución puede ser ejercida, pero siempre que ello sea a precio de mercado. Y aceptamos retrotraer la situación, que había sido producto de un acuerdo en la otra rama del Congreso, porque se definieron dos condiciones: por una parte, que las operaciones se efectuaran a precio de mercado -como acabo de manifestar-, y por la otra, que mediara un plazo de tres años para que el mercado pudiera adaptarse a los nuevos precios.
Ahora bien -y con esto termino, señor Presidente -, quiero señalar lo siguiente. La norma acogida por unanimidad establece el período de tres años. La discusión radica en si este período queda sujeto o no a la aprobación de la junta de accionistas. Si la respuesta en afirmativa, en nuestra opinión, se vulneraría otro principio: el relativo a que los derechos individuales de los accionistas no pueden estar supeditados a los acuerdos de las mayorías. Si se lo quebranta, se debilitarían los derechos de los accionistas minoritarios.
Esta norma es una restricción que se impone a los accionistas en su carácter de tales: "Usted, que es accionista, no puede vender sino en estas condiciones". Si se aprueba una disposición en virtud de la cual el derecho del accionista a vender y la restricción para vender dependen de de un acuerdo de la junta de accionistas, se debilitarían -como dije- los derechos de los accionistas minoritarios. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana una junta de accionistas resuelve retirar las acciones de la transacción en la bolsa porque no conviene a los intereses mayoritarios? ¿Qué harán los accionistas minoritarios con acciones sin transacción bursátil?
El señor OMINAMI .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador , para referirme un punto?
El señor NOVOA.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , la discusión apunta al papel de las juntas de accionistas para los efectos de determinar, única y exclusivamente, si se les aplica no las disposiciones permanentes o transitorias de la ley en proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede recuperar el uso de la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Creo que ahí hay un error. Ninguna disposición en este momento entrega a las sociedades la decisión de si se les aplica o no la ley; ésta rige de inmediato. Hoy día cualquier persona que desee adquirir el control de una sociedad está obligada a hacer oferta pública de acciones, lo haya resuelto así o no la sociedad. La norma transitoria afecta a la capacidad de un accionista determinado para vender o no vender. Y la ley rige in actu: no hay sociedades que se acojan a sus preceptos ni sociedades que queden al margen de ellos. Como se establece una restricción para cierto tipo de accionistas, la misma ley dispone que esa limitación opera en tres años más.
Por lo tanto, si se hace depender el derecho de los accionistas a lo que resuelva la mayoría en de la junta, se estarían debilitando los derechos de los accionistas como tales, supeditándolos a las mayorías, lo que en definitiva sería la perdición para los accionistas minoritarios.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , mi inclinación es a que no haya período de transición. Éste ha sido mi criterio todo el tiempo. Y estimo que es mejor que el sistema entre en operación de inmediato. Este predicamento es perfectamente compatible con la situación de otros países y con el propósito principal de la normativa en análisis, que es defender a los pequeños accionistas. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque en la medida en que estén protegidos el mercado de capitales crece, se profundiza y de esa manera se hace mayor.
Se ha argumentado por el Senador señor Novoa que, como el nuevo comprador eventual del control sabe que no puede repetir la operación en el plazo de tres años, estaría dispuesto a pagar menos por ese control, ya que no puede obtener el mismo premio. Si es así, ese mismo argumento es válido en dos direcciones: si se mantiene la norma transitoria, se obtendrá un menor precio, y si se la elimina, no hay mayor diferencia, porque el nuevo comprador eventual no estará dispuesto a pagar mucho por un control que él, a su vez, no puede premiar con una venta mejorada.
Por otro lado, respecto a que el mercado se deprimiría, considero que la situación es al revés. Obviamente, los fondos internacionales que podrían participar en una OPAS o intervenir en la compra de un control siempre se inclinarán -así ocurre con la normativa que se aplica en Estados Unidos y Japón y en países europeos- por empresas que tengan -por así llamarlo- el "certificado OPAS"; vale decir, que se sepa que ya se encuentran sometidas a la ley en su totalidad.
Creo que los accionistas minoritarios, en lugar de ser perjudicados, se verán fortalecidos, porque el sistema les da una garantía de inmediato. Por esa razón, debe entenderse que la ley que se está impulsando significará una mejor protección para los accionistas y procesos más transparentes. La falta de regulaciones hasta ahora ha permitido la realización de operaciones de toma de control que han resultado beneficiosas para el accionista controlador, porque se ha quedado con el premio por control, marcando muchas veces sobreprecios en porcentajes muy importantes.
Según mis datos, el universo del país donde sería aplicable la nueva regulación que se dictará respecto a las OPAS abarcará más o menos a 440 sociedades anónimas abiertas o que se rigen por normas de sociedades anónimas abiertas, con un patrimonio en dólares del orden de los 57 mil millones de dólares. Entiendo que esto es teórico, pues las sociedades abiertas que cotizan sus acciones en las bolsas de valores y con presencia bursátil son alrededor de 85 ó 90.
Por otra parte, en Chile el número total de accionistas de sociedades anónimas abiertas es aproximadamente de 600 mil. A ellos se pretende proteger, lo que permitirá profundizar el mercado de capitales.
De la lectura de esas cifras es posible desprender muy bien quiénes tendrán más confianza en el proceso y, también, cuáles son las posibilidades de llevar a cabo OPAS, dejando el período de transición abierto. En los próximos dos o tres años no deberían esperarse más de cinco o diez ofertas públicas de adquisición de acciones en estas condiciones.
Mi pregunta es: ¿vale la pena mantener una norma transitoria por tres años para favorecer potencialmente a muy pocos controladores, más aún cuando se sabe que la venta podrá efectuarse por una sola vez y que quien compra de nuevo no podrá ejercer ese control?
Por eso, debemos inclinarnos por favorecer a esos 600 mil accionistas y por disponer normas claras de inmediato.
El premio por control debe pertenecer a todos los accionistas en iguales condiciones. Además, en mercados más profundos, más líquidos y con adecuada regulación -como el de Nueva York- los premios por control tienden a ser menores que en los menos desarrollados, por cuanto el potencial de creación de riqueza de la empresa ya está incorporado en el precio de mercado de la acción.
Creo que es de la esencia de la participación en una sociedad anónima que hace una oferta pública de sus acciones que la totalidad de sus accionistas participen de todos los beneficios y de todos los riesgos en una proporción equivalente al capital que han aportado. En este sentido, la apropiación del premio por unos pocos accionistas es una alteración de este principio, lo cual no me parece conveniente. Sería permitir que grupos controladores se adueñen del premio por control, lo que es lo mismo que aceptar que estos se paguen con un mayor flujo de dividendos por cada una de sus acciones, como lo vimos en un caso bastante connotado en nuestro país.
Por lo tanto, las regulaciones que ahora se pretenden aprobar son más modernas y presentan la gran ventaja de restablecer la confianza de los accionistas minoritarios, que habría sido dañada en el pasado -así lo creo- con tomas de control ocurridas en Chile sin el debido procedimiento.
Por eso, soy partidario de no establecer una norma transitoria y de que la ley empiece a regir desde ahora. Creo que es lo mejor. También rechazo tanto la disposición transitoria propuesta como cualquier indicación en ese sentido. Firmé la del Senador señor Ominami , por cuanto considero que abre una discusión sobre la materia. Pienso que si no resulta una solución en los términos en que la estoy planteando, ella debe encontrarse finalmente en Comisión Mixta. El mal menor sería que en esos tres años los márgenes de operación para grupos controladores fueran los mínimos. De lo contrario, se daría una ventaja inconveniente a grupos muy pequeños de accionistas; implicaría defender intereses de pequeños grupos controladores, lo que no se justifica. En ese sentido, desde el punto de vista del beneficio económico, me parece mejor una toma de decisión de aplicación inmediata.
Por eso, señor Presidente, soy contrario a la norma transitoria que establece un período de tres años para enajenar las acciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , en primer término, debo señalar que la iniciativa fue objeto de una larga discusión durante su segundo informe en la Comisión de Hacienda, donde entre otras disposiciones se mejoraron apreciablemente las relativas a las garantías en favor de los accionistas minoritarios, en comparación con las del texto despachado por la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, entre las materias aprobadas reglamentariamente esta tarde sin debate, hay algunas bastante importantes, como la atinente a la concentración bancaria y muchas otras. De manera que este análisis marginal debe mirarse en el contexto del conjunto del proyecto, que pasó por esas sucesivas instancias.
Precisamente dentro de ese contexto concurrí al acuerdo político que consigna un período de transición de tres años. Y lo hice por dos razones: primero, porque efectivamente existen expectativas de que puede haber un elemento de efecto negativo en el mercado en el corto plazo si la posibilidad de venta por parte de los controladores se acaba de manera brusca; y, segundo, porque si bien las argumentaciones de los Senadores señores Ominami y Bitar tenían méritos evidentes, lo concreto, y en ello coincidieron los miembros de la Comisión, es que en caso de realizarse la operación de venta por los controladores -cualquiera que fuere el procedimiento para acogerse al período de transición- a un precio sustancialmente superior al de mercado, por una sola vez (o sea, el eventual adquirente del control de la sociedad no podrá repetir la operación, sino que estará obligado a vender a precio de mercado y hacer una OPAS extensiva a todos los accionistas), se desvalorizaría considerablemente el premio de control. En otras palabras, si hoy el premio de control es 100, entonces lo probable es que, para una operación que se podrá realizar una sola vez dentro del período de tres años por aquellos que se acojan a la norma, será 20 ó 30. De todas maneras, constituye una especie de amortiguador respecto de los problemas de mercado que se puedan presentar.
En tercer término, se ha señalado que la fórmula a que se llegó en la Comisión tiene el carácter de acuerdo político. Así es, por un motivo muy simple: porque el Senador señor Novoa hizo presente un planteamiento jurídico en cuanto a que este aspecto involucraría derechos adquiridos que no se podrían violentar sin caer en inconstitucionalidad. Nosotros no compartimos ese criterio. Sin embargo, apoyamos la fórmula del período de transición por considerar que, además de eliminar el reparo jurídico hecho por el Honorable señor Novoa y otros señores Senadores de la Oposición, viabilizaba un acuerdo más global sobre el proyecto y, adicionalmente, tenía méritos en cuanto a su efecto sobre el mercado.
En síntesis, en lo relativo al período de transición me atengo al acuerdo político mencionado, por su integralidad en lo que tocante a la votación aquí en la Sala.
Con referencia a la indicación renovada del Senador señor Ominami (establece que deberá resolver la junta de accionistas, o sea, la mitad más una de las acciones, en vez del controlador, que puede poseer el 50 por ciento o menos), que difiere de la aprobada por la Comisión, estimo que en sí misma tiene méritos al menos equivalentes a los de la norma acogida en definitiva.
Podría sancionarse una fórmula u otra. En ambas hay una expresión de voluntad: en un caso se requiere un mínimo de 50 por ciento; y en el otro, únicamente la voluntad del controlador (siempre que se encuentre legalmente identificado y definido como tal), cualquiera que sea el porcentaje de acciones de que sea dueño.
Ahora bien, la alternativa específica aprobada en la Comisión fue parte del acuerdo político y por eso la respaldaré aquí en la Sala. Pero, además, la votaré a favor porque la indicación del Senador señor Ominami , pese a ser también muy razonable, tal vez debido al apuro con que la debe haber presentado contiene dos errores, que implican dar a los controladores más facilidades que en aquélla.
La gracia del artículo propuesto por la Comisión radica en que la operación de venta de acciones a precios superiores a los del mercado podrá realizarse por una sola vez. En cambio, la indicación del Honorable colega no es clara sobre el particular. Expresa: "deberá convocarse a Junta Extraordinaria de Accionistas para resolver si dicha sociedad se acoge de inmediato a las disposiciones de la nueva ley o aceptan un período transitorio de tres años a contar de la fecha de su resolución, tiempo en el cual podrán enajenar libremente sus acciones o cambiar su participación accionaria.". Y eso significa -porque no se dice nada en contrario- que el adquirente podría volver a efectuar la misma operación, y así, sucesivamente, dentro del plazo de tres años.
De otro lado, mientras el artículo décimo transitorio aprobado por la Comisión hace referencia específica a la enajenación de acciones a precios superiores a los del mercado, la indicación del Senador señor Ominami es un error inadvertido (o, al menos, un texto de dudosa interpretación) sobre el punto, al establecer que "deberá convocarse a Junta Extraordinaria de Accionistas para resolver si dicha sociedad se acoge de inmediato a las disposiciones de la nueva ley o aceptan un período transitorio de tres años". No se señala explícitamente que lo exceptuado de las disposiciones del Título respectivo es la enajenación de acciones a un precio superior al de mercado.
A causa de esos dos problemas que presenta la indicación renovada, la votaré en contra. Ello no significa que en algún trámite posterior del proyecto -en el tercero de la Cámara de Diputados o en el de una evenual Comisión Mixta- no se pueda llegar a una redacción diferente en cuanto al criterio según el cual una sociedad se acogerá al período de transición.
Por lo tanto, señor Presidente , no obstante considerar que la indicación renovada tiene, en lo sustancial, ciertos méritos y que los errores aludidos podrían obviarse en trámites ulteriores de la iniciativa, en virtud del acuerdo político a que llegamos en su momento votaré en contra de ella y a favor del artículo propuesto por la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente, el artículo Décimo Transitorio contiene una materia que a mi juicio afecta un enfoque constitucional. Se refiere a la forma en que se defienden los derechos adquiridos de las personas que se hicieron controladoras de una empresa. Ellos habían realizado inversiones respecto de las cuales los términos del juego económico se encontraban establecidos y vigentes, y el mencionado artículo introduce una limitación al derecho a tener libre disposición de sus bienes.
Desde ese punto de vista, parece lógico un lapso de transición, el que, sea de tres años o de seis meses, representa una defensa de los derechos de las personas. Por eso creo que el puente que se está trazando tiene raíz absolutamente constitucional. Opino que debe aprobarse la norma. La idea de establecer tres o seis meses puede discutirse; pero el puente es necesario, porque de otro modo se desconocerían los derechos de la persona.
Respecto del artículo que propone agregar el Senador señor Ominami , debo hacer notar que en seis meses puede ocurrir que la sociedad anónima no logre reunir a la junta. En ese caso, ¿cómo queda la empresa? ¿Se acoge a una disposición? ¿A cuál? Habría que prever esa eventualidad y determinar la situación de la sociedad ante la ley si en seis meses, por cualquiera razón, no resulta posible realizar la junta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , me referiré en la forma más breve posible a cuatro puntos, con el objeto de precisar mi posición al respecto.
En primer lugar, materias tan complejas como ésta, que continúan siendo motivo de debate en los lugares más de punta, tanto en términos académicos como económicos, no pueden llevarnos a tomar posiciones de blanco o negro, porque la realidad es bastante más compleja que sólo esas dos tonalidades.
Cuando me hice cargo del Ministerio de Hacienda me encontré con un impasse muy serio, sostenido por bastante tiempo, fundamentalmente en torno de tres asuntos: uno, el artículo 199, respecto del cual, mientras unos consideraban inalienable el premio por control, y por lo tanto sólo voluntariamente enajenable, otros pensaban que no se trataba de un premio como tal, y que por tanto debía ser obligatorio presentar OPAS. Seguían los desacuerdos en materia de concentración bancaria y de regulación de conflictos de intereses.
Dada esa situación, me reuní con Senadores miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, tanto de Gobierno cuanto integrantes de la Oposición. A estos últimos les expresé con claridad que, en mi visión, el hacer OPAS bajo determinadas circunstancias debía ser, a no dudarlo, una acción obligatoria, y no voluntaria. La razón por la cual insistí en ese punto ya la adelantó en alguna forma un señor Senador cuando expresó que en los mercados complejos que hoy abundan en el mundo no es posible llegar a una diferenciación tan sutil como que en un país haya algunas empresas que hacen OPAS, y otras no. O sea, habrá sin duda, en aquellas que no se acojan a tal tipo de ofertas, alguna suerte de externalidad negativa en contra de las que lo hagan. Por consiguiente era menester tener una especie de sello verde: "Éste es un país que protege a sus accionistas minoritarios.".
No obstante, tanto en la prensa como por parte de los señores Senadores de Oposición se me representó un punto que encontré de entera validez. Tal como, por ejemplo, en materia de aranceles un país de altas tasas promedio puede descubrir que otros países de similares características, o naciones industriales lo han hecho mucho mejor con aranceles notoriamente más bajos, es obvio que de allí no deriva la necesidad de bajar abruptamente los suyos pues, si bien ahí habría beneficios de largo plazo, pueden existir costos de corto plazo. Ése es exactamente el argumento válido en este caso. ¿Por qué? Porque la regulación de los países industriales proviene de circunstancias de conflictos de intereses entre accionistas y controladores, en que las más de las veces los controladores son los gerentes de las empresas, y no aquellos que mantienen una alta posición accionaria.
Chile es un país donde la concentración accionaria es muy fuerte; de tal manera que, de producirse una adopción brusca de la ley, podría advenir en el corto plazo un efecto adverso, que nadie quería, sobre nuestra Bolsa de Comercio , en función de que aquellos controladores con gran proporción de control podrían querer cerrarse con el objeto de no tener que acogerse a la ley de OPAS y, al mismo tiempo, los que aún no se habían abierto podrían considerar conveniente demorar su apertura justamente por la misma razón.
Era necesario, por tanto, lograr un equilibrio entre la obligatoriedad de las OPAS y el no producir daño al mercado por una adopción abrupta de la ley.
Así, en la Comisión de Hacienda, señores Senadores tanto de Oposición como de Gobierno convinieron en que era adecuado consignar en este cuerpo legal un período de transición, el que finalmente se negoció en tres años, de manera de maximizar los beneficios de dar al país un sello de protección para con los accionistas minoritarios, y minimizar los costos de una transición muy abrupta que pudiera implicar bajas de precios para algunas acciones.
El acuerdo se complementó con dos circunstancias adicionales clarísimas: la primera es que la cesión por premio de control, sin una OPA, podía hacerse sólo por una vez; la segunda, que la transición se refería sólo a la adopción del artículo 199, mientras que el conjunto de los otros preceptos del proyecto que implicaban también protección a los accionistas minoritarios entraban en vigor de inmediato.
A estas alturas, por lo tanto, creo que al interior de la Comisión de Gobierno existe entre Senadores de Oposición y de Gobierno un acuerdo casi completo. Subsiste un aspecto que, en mi visión, es de segundo orden, aunque no por eso podemos descuidar su importancia.
El Senador señor Ominami ha levantado un punto que sin duda tiene fundamento, cual es preguntarse qué ocurre en aquellas contadas compañías donde los controladores no tienen, o no reúnen (no solamente por sí solos, sino también por aquellos que lo acompañen), más de 50 por ciento de la junta de accionistas. ¿Es justo, en el contexto de una ley de protección de accionistas minoritarios, obligar a que la mayoría de una compañía no pueda disfrutar de tener certificado de OPAS, en circunstancias de que su mayoría lo quiere?
Uno a aquello el que el peligro de efecto adverso sobre la Bolsa, producido por una transición abrupta, es sin duda el mínimo en el caso de una sociedad muy desconcentrada. No obstante el mérito indudable del punto hecho presente por el Senador señor Ominami y la clarificación que destacó el Senador señor Boeninger , en tanto, desgraciadamente la indicación del Honorable señor Ominami contiene dos deficiencias: no consagra el derecho a hacer esto por una vez; y no establece claramente que la transitoriedad se refiere únicamente a este artículo, lo que nos deja en una situación en que habrá que perfeccionar en algún sentido el proyecto, pero ...
El señor OMINAMI .-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro ?
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Me falta muy poco.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Con la venia de la Mesa.
El señor OMINAMI.-
Si estuviéramos todos de acuerdo, podríamos arreglarlo inmediatamente en el sentido de hacer presente que es por una sola vez, y se corrige en el acto esa deficiencia.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Si hubiera disposición en tal sentido, personalmente no tengo problema alguno. Pero, como digo, al final, ninguna de las dos indicaciones, tanto la proveniente de la Comisión cuanto la del Senador señor Ominami finalizan completamente la discusión. Sin embargo, me parece que eso se puede retomar más adelante, en trámites ulteriores, insistiendo en que, a mi juicio, el acuerdo que ya prevalece sobre, fundamentalmente, la idea de que debe haber una transición y de que ésta debe ser aprobable por al menos la mayoría de una compañía, es un acuerdo muy de fondo, tal como en todas las otras materias de la ley de OPAS.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , este proyecto de ley toca múltiples materias, todas de suma importancia para el mercado de capitales chileno. Así lo comprobamos cuando se aprobó la idea de legislar.
Creo que el mayor mérito de la forma como se ha tramitado esta iniciativa en el Senado es el de haber permitido construir un acuerdo respecto de ella. En las actuales circunstancias del país y para los requerimientos de nuestra economía y de nuestro mercado de capitales, lo más importante es haber generado la señal de que es posible alcanzar acuerdos. Eso fue, en mi opinión, lo que despejó, hace ya unos dos meses, la incertidumbre existente en el tema, lo cual ha hecho que la ley en proyecto, aun antes de entrar en vigencia, no produzca sino beneficios en general.
Es cierto que todo acuerdo puede ser perfeccionado por la voluntad de las partes, pero lo que hoy está planteando el Senador señor Ominami es algo que, luego de ser analizado en su mérito, fue desestimado por adolecer de un error fundamental, consistente en confundir o ligar los aspectos relacionados con los derechos individuales con lo referente a las votaciones de mayoría. Ése es un error conceptual, doctrinario, insalvable. Y eso no ha sido modificado.
En este momento, lo más valioso es el acuerdo al que hemos arribado. Creo que cada uno de los que participamos en el debate podríamos traer a colación materias que no son de nuestro total agrado atendida la forma en que fueron resueltas, pero lo más relevante para el país es la señal económica que significa la construcción del acuerdo.
Coincido en parte con el Honorable señor Boeninger . Debemos respetar y poner en práctica ese acuerdo en la votación que vamos a realizar en el Senado, pero no podemos quedarnos ahí. Esta Corporación, como instancia válida para construir acuerdos políticos, no puede limitarse a generarlos, permitiendo que sus efectos queden entre cuatro paredes; tiene que jugarse a fondo por que el Congreso, en su conjunto, sea parte de esos acuerdos. Por lo tanto, a mí no me satisfaría en absoluto que la Cámara de Diputados actuara en forma distinta de lo que indica el acuerdo político aquí logrado. Sinceramente, creo que el Senado no estaría jugándose a fondo por fortalecer el rol que le cabe en nuestra política nacional.
Termino, señor Presidente, reiterando que lo más valioso del trabajo que hemos hecho es el haber construido un acuerdo.
No nos equivoquemos en ese norte.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley, que es el último Senador inscrito.
Luego de su intervención procederemos a votar.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , considero importante examinar el conjunto de las normas del proyecto y no remitirnos únicamente a un punto específico, que es lo que estamos haciendo en este minuto.
Resulta conveniente recordar que esta iniciativa es un paso más en la secuencia de cambios al mercado de capitales chileno, iniciada con una reforma bastante profunda en 1990 y continuada por el mismo Senado con la reciente creación de la bolsa "off shore" y varias otras normativas que se han venido aprobando a través del tiempo.
Como dijo un Honorable colega anteriormente, el problema para el legislador en esta materia radica en que los mercados financieros cambian a una velocidad vertiginosa. La integración financiera de los mercados a nivel mundial obliga a ir ajustando tanto los instrumentos que se crean en cada uno de ellos como las normas que los regulan. En ese sentido, se ha hecho un gran esfuerzo por incluir en el proyecto varias materias que representan una contribución significativa a un desarrollo profundo y eficiente de nuestro mercado de capitales.
Ésta no es una discusión general, pero es necesario hacer presente que se han logrado avances muy relevantes en lo que se refiere a los gobiernos corporativos dentro de las empresas. Ahora los accionistas minoritarios podrán actuar en ellos a través de un comité de directores independientes y, de este modo, intervenir en ciertas materias de gran importancia para la marcha de la empresa. O sea, la situación de esos accionistas no sólo está determinada por el hecho específico de si se contemplan o no normas de transición, sino que la iniciativa establece un conjunto de disposiciones que tienden a fortalecer sus derechos y sus posibilidades de precaver un perjuicio económico.
Asimismo, el proyecto consigna elementos relativos a la concentración bancaria, lo cual es muy importante para nosotros. El año pasado la Comisión de Hacienda del Senado realizó varias sesiones en las que se discutió si el nivel de concentración bancaria podía o no poner en riesgo la estabilidad futura del sistema financiero. Y algunos pensamos que resultaba fundamental que la Superintendencia del ramo contara con mayores atribuciones que le permitieran regular situaciones como la que se produjo con el Banco Santander Central Hispano, que hoy cubre casi el 30 por ciento del mercado.
Este tema no estaba contemplado en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, y al discutirse su inclusión en el Senado generó tal grado de controversia, que inicialmente los sectores de Oposición se mostraron bastante renuentes a considerarlo. Fue discutido durante largo tiempo, y nosotros, como Parlamentarios de Gobierno, insistimos en que debía introducirse en la ley.
También hay que recordar que esta iniciativa contiene normas que permitirán resolver cómo canalizar mejor el ahorro hacia la inversión, que es otro tema fundamental. El proyecto flexibiliza el funcionamiento de los fondos de inversión; crea o permite la figura de los multifondos de inversión, que podrán actuar en distintos rubros, y hace posible que las administradoras de fondos de pensiones canalicen más sus recursos de ahorro hacia la inversión en fondos de inversión. Además, en este proceso de perfeccionamiento se introdujeron también, al final de la discusión, normas que facilitan la creación de fondos de capital de riesgo, los cuales posibilitarán, tal como ocurre en las economías más avanzadas del mundo, que empresas pequeñas o nuevas iniciativas de constitución de empresas encuentren aportes de capital.
Digo todo esto porque a veces los árboles no dejan ver el bosque, que en este caso es muy frondoso. El proyecto representa un avance significativo; establece un buen mecanismo de canalización del ahorro a la inversión, y permite contar con un mercado de capitales moderno. Lo que se está discutiendo en este momento no constituye un aspecto central dentro de la iniciativa.
Sobre el tema específico, voy a expresar, con toda franqueza, la opinión que di en reiteradas ocasiones en la Comisión de Hacienda, donde debatimos "ad nauseam" los pros y contras de la transitoriedad. En lo que a mí respecta, siempre mantuve el criterio de que era innecesaria una norma de transición y de que era mejor aplicar la ley integralmente desde el comienzo. Sin embargo -y en esto recojo lo que decía el Senador señor Prat -, frente al país, frente a los mercados financieros, frente a los agentes económicos, tiene valor el hecho de que una legislación sea producto de un acuerdo político.
Sectores de Oposición no estaban de acuerdo con algunas de las normas que propusimos en este proyecto, pero, finalmente, las aceptaron. Igualmente nosotros, que teníamos objeciones a ciertos planteamientos que formularon, terminamos aceptándolos, porque pensamos que, en un tema tan fundamental para el buen funcionamiento de la economía como éste, era mucho mejor dar la señal de que podíamos sacar un buen proyecto, el cual, aunque no óptimo ni para nosotros ni para ellos en definitiva era muy bueno para el país.
En función de eso, y por haber preferido yo que no hubiera una norma de transición; pero a la vez, frente al acuerdo político con los parlamentarios de Oposición -en este aspecto lo tomó además el señor Ministro de Hacienda -, yo respaldo la posición que en ese momento tomó dicho Secretario de Estado .
En mi opinión, el acuerdo político tiene valor en sí mismo y por lo tanto votaré a favor de la mantención de las normas concordadas en su oportunidad entre el mencionado Ministro y los señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
El señor Presidente somete a votación el texto del último inciso del artículo Décimo Transitorio, que figura en la parte final de la página 276 del boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor RUIZ (don José ).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Estamos en votación.
El señor RUIZ (don José ).-
¿No sería más lógico votar primero la indicación y después el artículo?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No corresponde reglamentariamente.
El señor RUIZ (don José ).-
Normalmente, se vota la indicación primero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se vota el artículo y después la indicación, salvo que la Sala acuerdo algo distinto.
El señor OMINAMI .-
Señor Presidente , creo que corresponde dividir la votación del artículo. Tiene dos incisos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se puede pedir la división de la votación.
El señor NOVOA.-
Se está votando el inciso segundo.
El señor OMINAMI.-
Si se vota solamente el inciso segundo, está bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se está votando el inciso segundo en su totalidad.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora FREI (doña Carmen).-
Sólo en razón de los argumentos dados por el Honorable señor Foxley, voy a respaldar el acuerdo político.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , a mi juicio, este artículo transitorio no sólo resuelve problemas económicos, sino también los de constitucionalidad.
Al dar al controlador la opción de elegir entre una u otra ley, se obvia el problema de la retroactividad de la ley y de hacerla ejecutiva de inmediato, con lo cual se afectarían derechos adquiridos.
En seguida, establece un segundo plazo de seis meses -lo que poco ha sido mencionado- para decidir si se opta por una u otra opción. Y esto, considerado como un hecho de carácter preferente y referencial, será una orientación para los inversionistas, tanto mayores como menores.
Por esa razón, voto a favor del artículo.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , quiero solamente precisar que voto en contra, por creer que esta norma tiene que modificarse en la Comisión Mixta -ojalá allí se eliminara-, donde se puede resolver de otra manera el problema.
Además, estoy convencido de que en este caso el argumento constitucional no tiene asidero alguno, por cuanto si fuera objetable desde ese punto de vista la norma, no veo cómo podría dejar de serlo si se le hace una transición por tres años. Si es inconstitucional dañar un derecho, entonces no se puede aplicar por un mes, por tres años o por cuatro años.
Por lo tanto, es perfectamente constitucional. En cuanto al otro argumento, estimo que no es sustentable por el hecho mismo de que estamos hablando de una norma temporal y no permanente.
Voto en contra, como señal de que es preferible cambiar la disposición.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Resultado de la votación: 29 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Páez, Pérez, Pizarro, Prat, Romero, Sabag, Stange, Urenda, Valdés, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bitar, Lavandero, Matta, Ominami, Parra, Ruiz (don José), Silva y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Núñez y Viera-Gallo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como ha sido aprobado el inciso segundo del artículo Décimo Transitorio, quedaría rechazada la indicación en ese mismo contexto. Además, se dejará constancia del quórum exigido -era de 25 votos-, pues el artículo se aprobó con 29 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
Por no haber ningún otro tema pendiente en la discusión particular del proyecto, queda despachado en este trámite.
VENTA DE FERTILIZANTES A GRANEL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.557, de 1981, en materia de venta de fertilizantes a granel, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2207-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 20 de julio de 1999.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 10ª, en 12 julio de 2000.
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
En su informe, la Comisión señala que el principal objetivo del proyecto consiste en eliminar la exigencia de que todos los fertilizantes se vendan envasados. Para tal efecto, se establecen dos modalidades de ventas.
También la Comisión deja testimonio de los antecedentes de la iniciativa, de la discusión general y particular habida y de que el proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cariola, Larraín y Moreno.
En consecuencia, la Comisión propone a la Sala aprobar la iniciativa con las enmiendas que figuran en las páginas 4 y 5 de su informe.
Finalmente, cabe dejar constancia de que la Comisión, atendido el hecho de que se trata de una iniciativa de artículo único, propone a la Sala discutirla en general y particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , informaré de modo muy breve a la Sala.
El proyecto, iniciado en moción y que se halla en segundo trámite constitucional, propone fundamentalmente eliminar la exigencia de que los fertilizantes se vendan envasados, como lo establece hoy la legislación chilena. El texto señala que en caso de venderse en esa forma, deberá indicarse en un rótulo especial, en forma indeleble, la composición centesimal del producto que contiene; y que, si se trata de productos sólidos comercializados a granel, la composición centesimal de éstos deberá indicarse en las correspondientes boletas, facturas o guías de despacho.
La iniciativa en análisis modifica el decreto ley Nº 3.557, que en su momento, con el propósito de garantizar la autenticidad y evitar la adulteración del producto comercializado, exigió que los fertilizantes fuesen vendidos envasados, lo cual significó en la práctica un encarecimiento de los mismos. En efecto, el hecho de no permitir su comercialización a granel, impidió venderlos a una cierta escala.
Con el correr del tiempo, el Servicio Agrícola y Ganadero ha demostrado que está en condiciones de controlar la composición de los fertilizantes en cualquier etapa de su comercialización y que tal facultad puede ejercerla tanto respecto de productos envasados como a granel. Por lo tanto, la exigencia contemplada en el decreto ley Nº 3.557, de 1981, pasa a ser innecesaria.
Por consiguiente, la iniciativa permitirá a los agricultores, que utilizan permanentemente estos insumos adquirirlos a granel, con lo cual sus costos de producción han de bajar, reduciendo aproximadamente entre 6 y 8 por ciento los precios de los fertilizantes más importantes.
El proyecto fue estudiado y aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de nuestra Comisión, la cual recomienda a la Sala proceder en igual forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , como indicó el Presidente de la Comisión de Agricultura , dimos nuestra aprobación unánime al proyecto, razón por la cual sólo deseo dejar establecido para la historia de la ley el hecho de que la venta de fertilizantes a granel -que efectivamente puede rebajar los costos de producción a nivel del productor- conlleva un riesgo que es necesario tener presente. En efecto, muchos de estos fertilizantes, sobre todo algunos cuyos componentes son potencialmente dañinos para la salud humana, pueden producir, en caso de no manejarse adecuadamente, determinadas consecuencias que son previsibles.
Por lo tanto, después de aprobar el proyecto es preciso que, desde el punto de vista de la sanidad tanto ambiental como humana, haya una normativa -por ahora no hemos querido sugerirla, para no entorpecer el despacho de la iniciativa que nos ocupa- que establezca la obligatoriedad de fijar cuáles son las condiciones de inocuidad o peligrosidad de ciertos tipos de fertilizantes que al ser vendidos a granel pueden causar efectos perjudiciales para la salud humana.
Señalo lo anterior, en particular, porque en la Sexta Región hay un debate en curso acerca de los efectos que pueden producir en la salud humana el uso de pesticidas, fertilizantes u otras sustancias químicas, donde obviamente deseamos resguardar una población que trabaja sobre todo en contacto con la agricultura. No pretendemos detener el progreso que significa el empleo de tales productos; pero tampoco agravar la salud de esas personas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , me parece que aquí se cumplen dos objetivos. Por una parte, la fiscalización, que debe seguir siendo efectuada por el Servicio Agrícola y Ganadero, dado que en materia de fertilizantes es muy difícil que un usuario pueda determinar a primera vista la composición del producto que adquiere. En este aspecto, el control que realiza dicho organismo, así como la rotulación y la obligación de consignar en las facturas la composición de los productos, permite esa definición.
Por otro lado, el encarecimiento experimentado por el fertilizante a nivel mundial -lo cual ha hecho subir los costos de producción de muchos agricultores- de alguna manera se atenúa al permitir que cierto tipo de fertilizantes sea enajenado a granel, manteniendo naturalmente las prevenciones respecto del control por parte del organismo fiscalizador.
Asimismo, comparto el planteamiento formulado por el Senador que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que hay algunos fertilizantes con características nocivas para la salud, respecto de los cuales debe existir el cuidado necesario.
En todo caso, le prestaré mi aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular a la vez, y queda despachado en este trámite.
ENMIENDA A NORMATIVA SOBRE ENAJENACIÓN DE PARCELAS CORA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que requiere indicar el valor individual de cada uno de los bienes derivados de la Reforma Agraria al momento de ser enajenados, con informe de la Comisión de Agricultura.
Los antecedentes sobre el proyecto (2344-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 14 de junio de 2000.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 10ª, en 12 de julio de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En cuanto a esta iniciativa, se pidió segunda discusión.
Por lo tanto, en la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto queda para segunda discusión.
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CORDERO:
A Su Excelencia el Presidente de la República , sobre PRESERVACIÓN DE ESTILO COLONIAL EN LÍNEA ARQUITECTÓNICA DE EDIFICIOS DE LA SERENA.
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Subsecretario de Transportes , acerca de INQUIETUDES DE AGRUPACIÓN DE CHOFERES DE PUERTO NATALES SOBRE LICENCIA PROFESIONAL.
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores , al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión de Energía y al señor Intendente de la Undécima Región , en cuanto a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE GAS Y ELECTRICIDAD ENTRE REGIÓN DE AISÉN Y PROVINCIAS ARGENTINAS DE CHUBUT Y SANTA CRUZ.
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores y al señor Ministro de Agricultura, tocante a LEY DE RECUPERACIÓN Y MANEJO DE BOSQUE NATIVO.
A la señora Ministra de Salud , al señor Director Ejecutivo de CONAMA y al señor Presidente de COREMA, Segunda Región , con relación a CONTAMINACIÓN POR USO DE CARBÓN-PETCOKE EN TERMOELÉCTRICAS DE TOCOPILLA.
Del señor LAGOS:
A Su Excelencia el Presidente de la República y a la señora Ministra de Relaciones Exteriores , en cuanto a CARRERA FUNCIONARIA DE PERSONAL MUNICIPAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ( Primera Región ).
A Su Excelencia el Presidente de la República , a la señora Ministra de Salud , al señor Intendente Regional de Tarapacá , al señor Alcalde de Iquique y al Concejo Municipal de esta ciudad, sobre PROBLEMAS EN SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD EN IQUIQUE.
A la señora Ministra de Salud , al señor Contralor General de la República , al Concejo de la Municipalidad de Iquique y a la Asociación de Trabajadores Municipales de la Salud de Iquique, concerniente a PARALIZACIÓN DE CONSULTORIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN IQUIQUE.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Hacienda , sobre DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS A PERSONAL ACTIVO Y EN RETIRO DE FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN.
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Obras Públicas , relativo a MEJORAMIENTO DE RUTA DE ACCESO A "PASO EL LEÓN" (Décima Región).
A la señora Ministra de Salud, en cuanto a FUNCIONAMIENTO DEL "PRAIS" EN SERVICIO DE SALUD DE DÉCIMA REGIÓN.
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
A las señoras Ministras de Relaciones Exteriores y de Salud, respecto de SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE MÉDICOS PARLAMENTARIOS DE BOLIVIA.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
EL PLEBISCITO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1980
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , deseo tratar en esta oportunidad una materia importante, que dice relación a la soberanía que debe ejercer el pueblo chileno.
El núcleo de la argumentación de tal tema se encuentra en el inciso primero del artículo 5º de la Constitución, incorporado al capítulo "Bases de la Institucionalidad". Dicho precepto dispone: "La soberanía reside esencialmente en la Nación.". Y agrega: "Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas".
Su forma y contenido indican que se trata de una norma dispositiva que puede exigirse jurídicamente a gobernantes y gobernados, y tiene la particularidad de obligar y dar acción para exigir su cumplimiento.
En el artículo 5º existe un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos electores de Chile del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos a través de esos mecanismos: el plebiscito y las elecciones periódicas, y a ejercitar mediante ellos la soberanía con la sola limitación del respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Entre estos derechos esenciales está el de participar en el gobierno del país, y, por lo tanto, debe ser respetado y promovido. Calidad, esta última, que reconoce la normativa internacional de los derechos humanos: Declaración Universal, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, todos obligatorios para Chile.
Se reconoció el plebiscito:
"Todo nuestro ordenamiento constitucional, hasta los detalles de las leyes orgánicas constitucionales, es íntegramente plebiscitario".
No es raro, entonces, que la propia Ley de Votaciones Populares y Escrutinios regule en primer lugar los plebiscitos y después de las elecciones.
Debe considerar que sólo la Carta de 1980 reconoció por primera vez que el plebiscito es un instrumento para ejercer la soberanía al pueblo de Chile. En todas las otras Constituciones, como un precedente histórico, sin estar reconocido, se había utilizado para reformas totales o parciales de importancia.
La existencia del plebiscito, por la circunstancia de que se produjese un conflicto en una reforma constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, estaba contemplada en la Carta del 1925. Por lo tanto, lo único nuevo y diferente fue: primero, borrar la exclusividad del Gobierno chileno como representativo, y segundo, aprobar el artículo 5º de la Ley Fundamental, al señalar que el pueblo ejerce su soberanía por intermedio del plebiscito y las elecciones periódicas. Y ésta es, por supuesto, la fundamental diferencia entre la Constitución de 1925 y la de 1980, además de los enclaves que ésta instaló.
Por otra parte, habría sido absurdo realizar este cambio tan profundo en cuanto a lo representativo y al ejercicio de la soberanía sólo para limitarlo -como quieren hoy algunos- a lo que ya existía en la Carta Fundamental de 1925, referente a la diferencia entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, por una reforma constitucional puntualmente apoyada por los dos tercios de ambas ramas del Parlamento y en contra de ellas el Ejecutivo . Es indudable que esta disposición tan importante y novedosa se incorporó por primera vez para que se ejerciera, y no para que se convierta en una institución inoperante y carente de validez en sí misma.
Todo lo anterior está concatenado con el artículo 15, inciso segundo, de la actual Constitución, que señala que se llamará a plebiscito en los casos mencionados en ella. Como ya hemos señalado, el artículo 5º hace la diferencia y constituye la norma más importante y novedosa contemplada en su texto, lo cual se corrobora en su artículo 18 y en las tres leyes orgánicas constitucionales que regulan el plebiscito y la forma como se llama a elecciones periódicas. De manera que se establece prioritariamente el plebiscito, en un rango de privilegio, por sobre las elecciones periódicas.
Hay otro elemento determinante, como ya lo hemos señalado. En la Constitución de 1980 se definió a Chile como "una República democrática", eliminándose -repito- el vocablo "representativa" que la acompañaba en la de 1925. Ello, para hacer resaltar su carácter democrático directo o al menos semidirecto. Incluso más: quiere indicar que toda la organización jurídica de la República de Chile será fruto de la decisión directa del pueblo a través de sus representantes elegidos. En todo caso, se elimina toda exclusividad del factor "representativo" en la forma de ejercer el gobierno democrático. Todo ello concuerda con la enunciación prioritaria del plebiscito como forma de ejercer la soberanía por el pueblo en el artículo 5º.
Configurando el carácter esencial del plebiscito en el origen de la institucionalidad democrática, la conclusión no puede ser otra que, si por un plebiscito se aprobó una Constitución, con ese mismo instrumento el pueblo puede determinar la reforma de la misma, el cambio total, e incluso intervenir en las decisiones constitucionales, legislativas, judiciales, administrativas, militares y de control que le están reservadas.
Es más: ninguna norma jurídica positiva de órgano alguno del Estado o de la sociedad puede oponerse a dicha voluntad soberana, a menos que el ejercicio de esta soberanía contradiga los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Laguna constitucional
Repugna a la equidad natural que 30 Senadores, más 120 Diputados, más el Presidente de la República no puedan aprobar una reforma constitucional contra 16 Senadores, de los cuales 9 pueden ser designados, un vitalicio y sólo 6 elegidos, y que no se pueda hacer nada.
El tratadista Carl Schmitt señala: "también las lagunas de la Constitución -a diferencia de las oscuridades y discrepancias de la opinión de las leyes constitucionales en particular- pueden llenarse tan sólo mediante un acto del Poder Constituyente. Todo caso imprevisto cuya decisión afecte la decisión política fundamental es decidido por él".
Agrega que "Si alguien pudiese estimar que existiría una laguna constitucional en la normativa orgánica constitucional que debiera implementar la institución del plebiscito obligatorio o vinculante en el período permanente de la Constitución de 1980, por la imposibilidad histórica, política, ética, filosófica y jurídica de los dos únicos casos que contempla, el poder constituyente originario del pueblo es el único componente llamado a llenar completando así la Constitución que algún constitucionalista estimase incompleta, para cuyo efecto los poderes constituyentes derivados ( Presidente y Congreso) de común acuerdo o separados, deben llamar al pueblo a pronunciarse sobre uno a más proyectos específicos de normativa orgánica sobre el plebiscito".
Reformas constitucionales y plebiscito
El hombre común no acepta que la Constitución Política de 1980 no pueda ser reformada en todas las disposiciones antidemocráticas que contiene so pretexto de rodaje u otras falacias. Las leyes injustas no son verdaderas normas legales, sino violencias, y el pueblo de Chile, en los históricos pronunciamientos populares de 5 de octubre de 1988 y 11 de diciembre de 1989, rechazó categóricamente todo tipo de violencia por consenso nacional.
El pueblo chileno elector, como poder originario, tiene la facultad soberana suficiente para poder modificar, e incluso derogar íntegramente la Constitución de 1980, a través de un plebiscito.
Por tales razones, quiero resumir estos importantes antecedentes y señalar que, por ejemplo, todas las Constituciones, desde el nacimiento de la República, se reformaron sin excepción mediante un plebiscito. Ninguna de ellas contenía la autorización para convocar a dicho acto; sin embargo, los gobernantes dictaron el decreto supremo respectivo que permitió su realización.
La Carta Fundamental de 1925 establecía la posibilidad de efectuar consultas plebiscitarias sólo cuando se suscitaran diferencias entre los dos tercios del Congreso Nacional y el Presidente de la República por una reforma constitucional. Esto mismo se consigna en la de 1980.
La Constitución vigente es íntegramente plebiscitaria. Así queda demostrado en sus artículos 5º, 15, 18 y 82; además, en otras tres leyes orgánicas que regulan los plebiscitos y las elecciones periódicas. El artículo 15 dispone que podrá convocarse a plebiscito en los casos previstos en la Carta, y el artículo 5º consigna uno de ellos, que es el más importante.
Todas las Constituciones chilenas, sin excepción, fueron representativas, pues establecían que "el Gobierno es republicano y democrático representativo". La de 1980 suprimió -repito- el término "representativo", porque se construyó bajo otra forma, semidirecta, semirepresentativa o plebiscitaria en todos los aspectos que no fuesen materias de ley. De manera que para el texto constitucional que nos rige, el plebiscito es el primer instrumento que posee el pueblo de Chile para ejercer efectivamente su soberanía, es decir, su derecho a autogobernarse.
Las elecciones periódicas y las autoridades que la Carta Fundamental establece son instrumentos mencionados en segundo y tercer orden, respectivamente, y no tienen esa ubicación por casualidad, sino porque se trata de herramientas que sólo permiten el ejercicio indirecto de la soberanía, a diferencia del plebiscito, que constituye el único medio directo de que dispone el pueblo para autogobernarse.
La noción de las elecciones democráticas hunde sus raíces en el concepto fundamental de la libre determinación de los pueblos. Este derecho básico se halla reconocido en el número 2 del Artículo 1, del Capítulo I, de la Carta de las Naciones Unidas, y en el texto común del Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De modo que según la organización universal, nadie puede invocar el principio de la autodeterminación de los pueblos para cancelar precisamente el derecho del pueblo de darse la estructura institucional que estime más conveniente. Y el plebiscito es el instrumento más idóneo para expresar su opción soberana.
Todo cuanto se sostenga para negar la legitimidad jurídica del cambio total o parcial de una Constitución por vía plebiscitaria, son sólo argumentos políticos y no jurídicos. Porque el Derecho tiene una lógica elemental que no puede ser infringida o violentada por la redacción de una norma arbitraria, sea legal o constitucional, cuyo texto resulte incoherente con la institución básica que pretende desconocer, destruir o limitar. Si la soberanía reside en el pueblo, ¿cómo puede invocarse una norma que le impida ejercerla? Porque es eso lo que objetivamente hacen quienes invocan el artículo 15 de la Constitución de 1980: impedir que opere el artículo 5º de la misma.
Todo el mundo sabe que la Carta de 1980, por otra vía que no sea el plebiscito, no podrá ser reformada jamás, salvo un consenso unánime, que nunca existirá.
He querido entregar estos antecedentes, que diversos constitucionalistas nos aportaron, para desarrollar este trabajo y demostrar que uno de los elementos fundamentales que diferencian a la Constitución de 1980 de la de 1925 y del resto, es el hecho de que, precisamente, se elaboró una Carta plebiscitaria para que la soberanía pudiera ejercerse en forma directa por el pueblo de Chile. Y así quedó consagrado en su artículo 5º, que -repito- señala: "La soberanía reside esencialmente en la Nación". Y el pueblo la ejerce, primero, a través del plebiscito y, en segundo lugar, mediante elecciones periódicas y también por las autoridades que dicha Constitución determina.
Por consiguiente, ésa es la lógica constitucional. Y el artículo 117, destinado a resolver los problemas surgidos en una reforma constitucional tras la insistencia por los dos tercios del Congreso ante el Ejecutivo , corresponde a la misma disposición que existía en la Carta de 1925. ¿Cómo es posible, en consecuencia, colocar una disposición nueva, como es el artículo 5º, donde se establece el plebiscito, que se acompañan de otras disposiciones constitucionales y tres leyes orgánicas, para que no opere? Es algo absolutamente inconsecuente. Si se incluyó esta norma en la Constitución, en el Capítulo referente a las Bases de la Institucionalidad, es para que opere.
Diversos gobernantes dictaron decretos supremos para convocar a plebiscito, y así fueron reformadas las Constituciones de 1823, 1828, 1833, 1925 y la de 1980. En ninguna de ellas, salvo en esta última, existía la autorización para que el Ejecutivo pudiera dictar un decreto supremo y convocar a plebiscito. Sin embargo, todos esos Mandatarios, inclusive el señor Pinochet , dictaron un decreto supremo en ese sentido.
La Carta Política de 1980 -insisto- es la primera que incorpora el plebiscito en el ya mencionado artículo 5º. De manera que, en estas condiciones, los gobernantes del futuro, a partir de la Carta de 1980, tendrían que reconocer que cuentan con una disposición constitucional para dictar un decreto supremo y convocar a plebiscito.
Todo el mundo sabe que hay una Constitución que ampara a una minoría que, por el sistema binominal, ha logrado la mitad de la Cámara de Diputados y del Senado, y que los dos tercios del pueblo, tras ejercer su derecho en las urnas, sólo ha obtenido la otra mitad de ambas ramas del Parlamento. El resultado es que, durante los diez años de existencia del sistema actual, a partir de 1990, hemos estado empatados. ¿Y quién ha roto el empate entre el tercio que representa a la Derecha en las votaciones populares y los dos tercios correspondientes a la Concertación y los partidos extraparlamentarios? Han definido este empate permanente los Senadores designados y los vitalicios. Esto no es lógico. Por eso la Derecha, que cuenta con una votación minoritaria, con los Senadores designados se convierte en mayoría en el Senado. Por supuesto que, por este camino, no han podido pasar ni reformas tributarias ni laborales, como tampoco cambios en la ley de amnistía ni una más justa distribución del ingreso.
Por esa razón, para que podamos cambiar el sistema democrático, debemos reconocer que el pueblo es el soberano, el que tiene el poder constituyente originario y, en consecuencia, es el único que puede definir esta situación tan anómala constituida por el sistema binominal y los Senadores designados.
Solicito, señor Presidente , que se transcriban estas observaciones, por oficio, al Presidente de la República y también al Ministro del Interior , ya que no dejo de pensar que alguna vez en el país estas ideas democráticas lograrán florecer.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. OFICIO
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , desde mayo pasado y hasta el presente se está desarrollando un foro nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio, organizado por el Ministerio de Defensa, con participación de todas las instancias que han querido manifestar su opinión.
Considero importante el análisis que allí se está efectuando, porque los lineamientos que en ese foro se definan deben contribuir a las modernizaciones que nuestro país necesita en esta materia. Lo relativo al servicio militar suele olvidarse cuando se habla de modernizar el Estado. No obstante, él es un componente fundamental de nuestra defensa y ningún país puede ignorar las necesidades que ésta plantea. Al respecto, es muy claro el Libro de la Defensa Nacional, publicado en 1997, y que, con relación al servicio militar, recuerda que una de las decisiones que debe adoptar todo país concierne a los contingentes humanos necesarios para integrar su fuerza militar. Una de las respuestas es el sistema de conscripción, que admite tres modelos básicos:
Primero, el obligatorio universal, por el cual todos los ciudadanos en estado de cargar armas cumplen con las exigencias de la defensa. Es el concepto de "nación en armas". Como su nombre lo indica, es una carga pública obligatoria, universal y solidaria. Cada ciudadano contribuye a la defensa sin más retribución que la satisfacción del deber cumplido. Fue desarrollado por la Primera República Francesa al encontrarse rodeada de enemigos después de la revolución de 1789. En la actualidad, Israel se ciñe también a ese concepto, así como Suiza, con modalidades propias. Igualmente, Alemania , Dinamarca y Suecia, entre otros, mantienen la obligatoriedad. En Chile, el Reglamento Constitucional de 1811 dispuso, siguiendo el modelo francés, que "Todos los hombres libres prestarán servicios militares". Y la Constitución de 1823 señaló que "La fuerza del Estado se compone de todos los chilenos en condiciones de tomar las armas".
En parecidos términos, la Carta de 1833 prescribe que "Todos los chilenos en estado de cargar armas deben hallarse inscritos en los registros de las milicias", manteniendo así el criterio de que la defensa del país era asunto de toda la sociedad.
Segundo, el modelo obligatorio selectivo, que tiene también el carácter obligatorio y solidario de la carga pública, pero que, por diversos factores, no exige la concurrencia de todas las personas para cumplirlo.
Y tercero, el modelo voluntario profesional, por el cual las distintas ramas de las Fuerzas Armadas reciben personas que, voluntariamente y en condiciones contractuales, cumplen su servicio por determinado tiempo. El elemento central en este modelo es la voluntariedad, por motivos vocacionales. En él, los soldados son profesionales, como los oficiales y suboficiales encargados de entrenarlos y conducirlos.
Chile ha descartado la conscripción obligatoria universal, por su alto costo y por no ser necesaria.
También ha descartado, hasta ahora, el modelo voluntario profesional, que supone Fuerzas Armadas enteramente profesionales, pequeñas en número, pero con gran capacidad tecnológica.
Esa reducción del número de hombres en armas se compensa por material suficiente y constantemente modernizado, y por reservas con elevado entrenamiento, en permanentes condiciones de ser movilizadas con rapidez y eficiencia. Nuestro país no ha adoptado el modelo voluntario profesional, básicamente, por razones de costo.
Chile ha seguido desde 1900 el modelo de conscripción obligatoria selectiva, introducido por el General Körner, entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Como producto de la profesionalización del Ejército, se promulgó la ley Nº 1.362, sobre Reclutas y Reemplazos en el Ejército y la Armada, por la cual se inició el servicio militar en Chile, aproximadamente en su forma actual.
Durante largas décadas cumplió, además de su objetivo militar primordial, una función social, principalmente en cuanto a alfabetización e integración a la colectividad. Esta segunda función ha ido perdiendo importancia en la medida en que se ha masificado la educación, y hoy sólo tiene aplicación ocasional. Su función militar, en cambio, sigue siendo indispensable, pues la historia mundial de los dos últimos siglos muestra que son de relevancia eventualmente decisiva la presencia y disponibilidad eficaz de un contingente de conscriptos durante un conflicto armado o como factor de disuasión para que éste no llegue a producirse.
Lo real es que nuestro país deberá mantener el modelo actual de conscripción mientras no sea posible asegurar la completa integración de sus cuadros con soldados voluntarios.
No obstante, y sin perjuicio de que ella sea definida como la política del Estado de Chile, la actual obligatoriedad selectiva, que grava a algunos y no a otros, resulta una solución crecientemente inadecuada en nuestro tiempo.
Es evidente que el deseo de evitar esta obligación ciudadana prevalece frecuentemente en jóvenes que desean continuar sus estudios o comenzar a trabajar tras el egreso de la educación media, y consideran al servicio militar como un obstáculo para sus planes personales.
Para corregir esta situación, hay dos vías:
La primera consiste en introducir al modelo ciertos elementos compensatorios de esa desigualdad entre quienes cumplen el servicio militar y quienes no lo hacen.
La segunda es avanzar hacia la creación de un sistema de prestaciones ciudadanas, en el cual los jóvenes que no sean seleccionados para el servicio militar cumplan con prestaciones sustitutorias de carácter civil.
Ambos correctivos demandan recursos públicos de gran importancia.
El sistema de prestaciones ciudadanas tiene la ventaja de la universalidad y de la equidad en la repartición de las cargas, pero exige del Estado disponer de una oferta permanente y suficiente de puestos civiles, además de los militares, para satisfacer dichos requisitos.
Por el costo y dificultades de puesta en aplicación del sistema de prestaciones, se ha buscado, entretanto, impulsar el sistema de compensaciones para los jóvenes que cumplen el servicio militar, sin perjuicio de avanzar, simultáneamente, hacia procesos de instrucción y entrenamiento optimizados.
Entre los cambios emprendidos está la creación de un doble llamado: el primero, voluntario, y el segundo, obligatorio. En la actualidad, de un promedio anual de 120 mil convocados, sólo entre 25 mil y 30 mil son seleccionados. Dado que, en la práctica, jamás se han asignado a las Fuerzas Armadas los recursos para que la totalidad de una clase haga su servicio militar, eso hace que éste sea ya voluntario en alrededor de 60 por ciento. Es un avance significativo, que puede mejorarse.
Otros ajustes consisten en la reducción del período de conscripción en la Fuerza Aérea y el adelanto del licenciamiento en el Ejército; el incremento de cupos para jóvenes que prefieran cumplir con su conscripción durante el verano; compensaciones consistentes en pasajes aéreos para que los reclutas asignados a zonas lejanas visiten a sus familias; incentivos como el nuevo programa de reinserción laboral; capacitación laboral, que debe alcanzar a 20 por ciento del contingente anual; y, en general, un especial énfasis en los derechos de los reclutas.
En el Foro Nacional antes mencionado se esbozan ya algunas proposiciones que desarrollan el régimen de compensaciones y que, de llevarse a la práctica, harían del servicio militar obligatorio una opción atractiva para los jóvenes. Se aspira a que ellos puedan considerar el servicio militar, no sólo como un deber impuesto por el país, sino como una oportunidad de formación y de progreso individual:
1) Tal vez la más importante de todas es elevar la remuneración del conscripto, que hoy es de alrededor de 13 mil pesos mensuales, por lo menos al nivel del salario mínimo. Eso significaría unos 30 millones de dólares anuales, cifra razonable si se considera que el Estado se encuentra aquí frente a una de sus funciones verdaderamente esenciales e indelegables, tanto más si se tiene presente que el conscripto debe prestar, no un servicio cualquiera, sino uno en el que compromete su propia vida y en el que, durante buena parte de ese tiempo, debe renunciar al contacto con su familia y su medio habitual.
2) Dado lo anterior, debe ajustarse la edad legal de inicio del servicio militar a la edad normal de término de la enseñanza media, que también se halla determinada, en grado muy importante, por otra normativa legal que no ha considerado a la primera.
Los dos puntos anteriores deben relacionarse, pues para muchas familias de modestos recursos llevar a su hijo hasta el término de la enseñanza media es un sacrificio mayor, al cabo del cual el joven debe privarse durante 12 ó 14 meses de continuar en el mundo educacional o de incorporarse al laboral, para cumplir su servicio, lo cual es evaluado negativamente por aquéllas.
3) Precisamente en ese sector resulta tanto más urgente y necesario reforzar el factor de compensación, intensificando y perfeccionando la capacitación laboral durante el servicio y atendiendo mejor a la inserción laboral a su término. De este modo, el sentido cívico del servicio no se verá desvirtuado por un costo personal adicional, que puede resultar desmesurado para muchos, especialmente para los más modestos.
4) La tendencia contemporánea se orienta a favorecer la mantención del contacto del recluta con su familia y su medio en toda la medida de lo posible. En otras épocas históricas, el apartamiento del conscripto de su entorno habitual pudo estimarse favorable a ciertos respectos. Hoy las condiciones sociales y culturales son distintas, y esa antigua apreciación ya no puede sostenerse.
5) Debe promoverse en todas las instancias el concepto de que el recluta es un ciudadano en armas, sujeto temporalmente a una disciplina especial, pero que conserva en todo momento sus demás derechos y debe tener instrumentos para hacerlos valer.
En síntesis, se concuerda en que, para aumentar el grado de voluntariedad con miras a llegar al ciento por ciento, son necesarios un aumento sustancial de las asignaciones de sueldo; una mayor cantidad y calidad de incentivos, y una mayor especialización y capacitación de los soldados.
Crear tales condiciones es hoy posible, dado el grado de desarrollo que ha alcanzado el país. Lograrlo haría que la totalidad de cada cupo anual se llenara por llamado voluntario, sin que eso afectara la capacidad disuasiva de las reservas con instrucción; por el contrario.
Eso sería oportuno, pues el mundo contemporáneo tiende, en general, hacia el modelo voluntario profesional. Ese carácter, que hoy tienen los oficiales y suboficiales chilenos, se extendería también a los soldados, que dejarían de ser conscriptos.
Es ésa una meta cuyo costo obliga hoy a posponerla para cuando Chile alcance el desarrollo. Pero debe tenérsela presente y facilitar desde ahora tal paso, que habrá de darse en un futuro ojalá próximo.
En todo caso, cualquiera que sea el modelo por el que se opte, el servicio militar, en Chile como en la historia mundial, cumple una función de integración entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.
Las medidas que emerjan del mencionado Foro deben contribuir a generalizar la conciencia de que la defensa del país no es responsabilidad privativa ni exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino de toda la sociedad.
Todos los chilenos tenemos corresponsabilidad en la mantención de un adecuado instrumento disuasivo. La comunidad civil y la militar no son compartimentos estancos, y tanto menos pueden serlo en la época contemporánea, donde la interrelación de todos los componentes internos y externos se ha intensificado en grados sin precedentes.
Conviene recordar que, más allá de utopías que no encuentran asidero en ninguna realidad política mundial, la defensa nacional tiene por objeto dar respaldo a la política exterior y resolver los problemas de la seguridad de un Estado o nación cuando enfrenta la situación extrema de un conflicto. La defensa nacional es un bien público que sólo puede ser provisto por el Estado y que beneficia a la nación toda; es una función política de responsabilidad primaria del Gobierno como administrador del Estado, pero en la cual deben participar el Poder Legislativo, la ciudadanía y, por cierto, las propias Fuerzas Armadas.
Ése es el marco conceptual en el que, a mi juicio, debe analizarse hoy el tema del servicio militar, con miras a su perfeccionamiento y a la seguridad del país, así como al desarrollo personal de quienes lo cumplan.
Pido que se oficie en mi nombre al señor Ministro de Defensa , transcribiéndole los términos de esta intervención.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Restan nueve minutos al Comité UDI e Independientes.
El señor BOMBAL.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
PRECISIONES SOBRE COMPRA DE NUEVO AVIÓN PRESIDENCIAL
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer al señor Ministro de Defensa por haber dado respuesta a un oficio del Senado mediante el cual se le solicitaron más antecedentes sobre la adquisición de una moderna aeronave para la Fuerza Aérea.
Antes de referirme a los nuevos antecedentes, debo señalar, a modo de comentario -ya lo manifesté a Su Señoría-, que se acompaña a la respuesta un documento remitido por la Subsecretaría de Aviación donde el nombre del señor Presidente del Senado figura mal escrito en dos oportunidades. Me parece que debió existir mayor prolijidad de ese organismo para enviar los antecedentes del caso al señor Ministro .
Ahora bien, la respuesta recibida no hace sino confirmar lo que en su minuto señalé y que produjo tanto malestar en algunas autoridades: que se compró el mencionado avión y que su valor superó los 20 millones de dólares.
Dicho documento precisa que la aeronave fue adquirida en las postrimerías del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle para reemplazar otra, comprada también durante esa Administración, que no alcanzó a operar en Chile más de tres años y medio y que hubo de ser declarada totalmente obsoleta.
La pregunta que a uno le surge, entonces, es con qué políticas se adquieren aparatos de tanta envergadura y que al cabo de tres años quedan obsoletos -esto llama poderosamente la atención-, en circunstancias de que todos sabemos que en nuestro país el material de esa índole es utilizado durante muchas décadas.
Se dice que las razones para reemplazar el Gulfstream III por el Gulfstream IV fueron, entre otras, menor consumo de combustible; respeto de todas las normas medioambientales y de seguridad; mayor alcance, lo cual le permite volar a Estados Unidos sin escalas o hacer vuelos transoceánicos.
Uno se pregunta, señor Presidente , cómo es posible que una aeronave de tanta envergadura, comprada hacía tres o cuatro años, debió reemplazarse porque gastaba mucho combustible, no cumplía con las normas medioambientales, en fin. Contrario sensu, queda demostrado lo irracional de la adquisición.
De otro lado, se señala que la configuración estándar del G-IV corresponde a la que tiene todo avión de esa categoría y que, en consecuencia, no se trata de un aparato de lujo.
Tan absurdo resulta eso, que basta con ingresar a Internet para darse cuenta de que dicha aeronave se promociona para ser adquirida por los magnates más grandes del mundo. Y, en la práctica, así ocurre.
Se nos dice que el nuevo avión será de enlace y se utilizará para traslado operativo, principalmente del alto mando institucional; como puesto de mando en aire del señor Comandante en Jefe, y como apoyo a otras tareas reservadas, agregándose que se empleará en vuelos de emergencias médicas -se citan los trasplantes de órganos- y de patrullaje marítimo.
En verdad, resulta absurda -por decir lo menos- la explicación de que esa aeronave de más de 20 millones de dólares se utilizará en operaciones de enlace de la naturaleza indicada, porque todos sabemos que está destinada al uso de determinadas y muy exclusivas autoridades.
Por lo tanto, la respuesta recibida no sólo confirma todas las aprensiones que en su momento manifestamos respecto a la compra del referido avión, sino que además deja en evidencia lo insólito, lo sorprendente de ella.
Es más: ¿para qué preocuparnos tanto de que la nueva aeronave pueda realizar vuelos transoceánicos o llegar a otros países sin escalas si, según se nos dice, se utilizará como puesto de mando institucional, el que, hasta donde sabemos, no necesita traspasar fronteras ni está destinado a otras latitudes?
Por lo tanto, es evidente lo irracional de, mientras en este país hay gente que no tiene qué comer y cuya miseria ha quedado al descubierto, gastar esas sumas de dinero en aviones destinados al uso de los grandes magnates del mundo. Reitero: así se encuentra promocionada la nueva aeronave en las páginas de Internet.
Las faltas de ortografía en el nombre del señor Presidente del Senado son como el toque pintoresco del documento recibido, que no hace sino confirmar que lo que dijimos en su minuto no era falso, sino absolutamente verdadero.
INQUIETUD POR SITUACIÓN DE NIÑOS AUTISTAS. OFICIO
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , deseo manifestar nuestra preocupación porque en días pasados se produjo un asalto y un robo que frustró las expectativas de un conjunto de padres muy atribulados de San Miguel y de otras comunas de Santiago que, con mucho esfuerzo, financian un establecimiento especial para niños autistas, ubicado en el paradero 3 de la Gran Avenida.
Al término de un evento programado para juntar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de esos pequeños, dichas personas fueron víctimas, por parte de delincuentes inescrupulosos, de una acción muy violenta, que incluso pudo costar la vida a una madre que fue lanzada de un vehículo luego de que se le arrebatara el dinero recaudado. Y no sólo les robaron la plata, sino también todos los equipos audiovisuales especiales para esos niños -de amplificación, etcétera- que emplearon en el acto de beneficencia y el vehículo que un padre había puesto a disposición de los organizadores.
Señor Presidente , lo anterior no sólo deja al descubierto un nuevo hecho de violencia -dentro de los tantos que ya nos tienen agobiados, especialmente en la ciudad de Santiago-, sino que también pone de manifiesto las precarias condiciones en que sus familias atienden a niños que presentan una discapacidad tan seria y grave como la del autismo.
Muchos hombres y mujeres de gran precariedad luchan diariamente por sus hijos, cuyas dificultades físicas, motoras y mentales son de tal envergadura que requieren una atención muy particular.
En tal calidad los recibimos en la Comisión de Salud, para que, a raíz del tema de la discapacidad, en el cual estamos trabajando, nos presentaran su testimonio, que fue muy dramático y elocuente.
Por otra parte, también ha quedado al descubierto la escasa asistencia del Estado a ese tipo de escuelas, que trabajan en condiciones muy adversas y que requieren ingentes recursos, que desgraciadamente aquél no es capaz de proveer.
Espero que la Comisión de Salud recoja este punto en el informe que debe evacuar respecto de los discapacitados. En su seno advertimos el grave problema de falta de apoyo económico estatal y privado hacia aquéllos, dado que no existen mecanismos ni recursos para atender este tipo de anomalías, para las cuales -reitero- sólo se cuenta con los medios de los padres de quienes las padecen y con fondos provenientes de actividades como la reseñada, que tuvo tan mal fin debido a la acción delictual ya descrita.
Solicito, señor Presidente , que se envíe un oficio a la señora Ministra de Educación pidiéndole que se estudie, en el caso particular del único centro integral para niños autistas que funciona en el país -reúne a más de 108 pequeños-, un mecanismo de financiamiento especial -adicional al diseñado por sus padres- destinado a los aspectos formativo y educativo. O sea, más allá de la subvención escolar que se le otorga como escuela simple, que se le entregue una diferenciada, distinta, que posibilite solventar los elevados gastos que demanda la atención de ese tipo de niños. Podría contemplarse un régimen semejante al que mencionó la señora Ministra en días pasados, cuando visitó una escuela para madres embarazadas, oportunidad en que señaló la factibilidad de estudiar una subvención diferenciada. Ello permitiría a los padres de los niños autistas, por ejemplo, financiar el arriendo de las instalaciones del establecimiento, el funcionamiento de las piscinas temperadas requeridas para los tratamientos, etcétera.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Romero.
DROGADICCIÓN EN LA JUVENTUD. OFICIO
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , deseo analizar en primer término el problema de la drogadicción en la juventud, especialmente en la Quinta Región.
Los resultados de un estudio efectuado por los Ministerios de Salud y de Educación y por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes indican que 23,6 por ciento de los escolares entre octavo básico y cuarto medio ha consumido algún tipo de droga, sea marihuana, pasta base o clorhidrato de cocaína.
Los mayores índices se encuentran en el área metropolitana, donde 28 de 35 comunas superan el promedio del país, siendo las más afectadas Independencia, con 37,6 por ciento; San Joaquín , con 37 por ciento, y Pedro Aguirre Cerda , con 32,6 por ciento. Cabe hacer notar la condición de pobreza que caracteriza a todas ellas, si bien la droga constituye un flagelo que atraviesa transversalmente a todos los segmentos socioeconómicos, pero que se agrava, sin duda, por la pobreza y la marginalidad.
En la Quinta Región , donde se registra una triste marca nacional en desempleo, las cifras que arroja el estudio son extraordinariamente graves. Los mayores índices los presentan las comunas de Villa Alemana, con 28,9 por ciento; Quilpué, con 25,2 por ciento, y Valparaíso , con 24,1 por ciento. Todas ellas se encuentran por sobre la media nacional, de 23,6 por ciento.
Las causas, obviamente, son complejas y múltiples: pobreza, desocupación, falta de oportunidades, familias desintegradas, carencia de recursos policiales, etcétera.
Por la gravedad de la situación, no quisiera incurrir en una connotación más profunda respecto de lo terrible que para la población y la sociedad son cifras como las expuestas. Y ello, particularmente, si se considera que los encuestados son todos menores de 18 años y pueden ver sus vidas tronchadas por efecto de la droga, así como sus familias, naturalmente, que también resultan afectadas.
La falta de oportunidades de la juventud y el desempleo, crónico en la Quinta Región, deben motivar a las autoridades a crear con mayor imaginación nuevas fuentes laborales para ella. ¡Cómo no apreciar en el ámbito local la posibilidad de crear planes respecto de la realidad descrita! Recientemente se han conocido iniciativas tendientes a que el Estado otorgue una subvención o un subsidio a gente joven que extraiga oro del Marga-Marga, para citar un caso, a través de métodos artesanales, actividad que se ha venido realizando desde la Conquista. No es un tremendo negocio, pero se ha estimado como una forma real, en determinadas circunstancias, de concretar una fórmula en el sentido expresado. Y lo pongo, simplemente, como ejemplo.
Conviene atacar la problemática desde distintos ángulos: prevención, rehabilitación para enfermos, aparato jurídico-policial relativo a los traficantes. Es necesario procurar una mejor coordinación de todos los entes públicos y privados vinculados al asunto.
Resulta indispensable, a nuestro juicio, efectuar inserciones curriculares en la enseñanza básica y reforzar la acción del núcleo familiar y de monitores de establecimientos educacionales. Y se deben entregar con mayor énfasis aspectos valóricos, como el fortalecimiento de la familia y el ser útil a la sociedad.
Asimismo, se precisa coordinar con los municipios, la Dirección General de Deportes y Recreación y las iglesias mayores espacios de participación de jóvenes en actividades deportivas y de recreación.
En concreto, me parece que cabe solicitar, en primer término, a las prefecturas regionales de Carabineros y de Investigaciones que se cuente con mayores dotaciones policiales para hacer frente al narcotráfico, muchas veces planteado en términos de microtráfico, y exigir una mayor fiscalización en el expendio de alcohol a menores de edad en "pubs" y discotecas.
Se debe requerir a los alcaldes de todo el país -y, en particular, de la Quinta Región- que normen la apertura de esos establecimientos de diversión nocturna, a fin de obligarlos a funcionar más temprano. Hoy existe la "moda" de abrirlos después de medianoche, lo que impone que los jóvenes hagan hora y beban. Y se ha demostrado que el alcoholismo es la antesala de la drogadicción.
Se necesita estudiar junto con las municipalidades la creación de una especie de Fiscalía Antidelincuencial y Antidrogas que opere localmente. Y, para ello, se está tomando la iniciativa en el área de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué para hacerse parte en las causas en los tribunales. En subsidio, cabe analizar la posibilidad de asociarse con la Fiscalía creada en Santiago a nivel municipal, con el objeto de proyectar su acción a esta zona y aprovechar la infraestructura de recursos humanos y materiales. Destaco a la Municipalidad de Quilpué, que ya tiene funcionando una oficina destinada a recibir denuncias. Sin duda, se trata del principio de una medida que debe ser más completa.
Y se deben coordinar los planes y acciones regionales con los esfuerzos de la Comisión Nacional para el Control de Estupefacientes, a fin de impulsar con mayor fuerza y prontitud las políticas que ella desarrolla. Ésa es una labor que debemos respaldar y para ello he tomado contacto con la Directora Nacional de dicho organismo, señora María Teresa Chadwick , para concordar actividades más concretas que se adecuen a la realidad de las comunas de nuestra Región.
Pero, a mi juicio, el apoyo a las acciones de rehabilitación debe darse en la educación básica, en la que se han detectado las mayores carencias. Y, en ese aspecto, me parece indispensable apoyar aquellas que realizan organizaciones como el programa educacional "MÍRAME", del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile, para quintos años básicos, evaluado científicamente y validado en diversas experiencias -estimamos muy importante plantearlo- por una serie de informes y antecedentes que señalaré a continuación.
En efecto, la Facultad de Medicina de dicho plantel, a través de ese Departamento, ha venido midiendo científicamente la situación desde hace varios años y los resultados han indicado un aumento sostenido de conductas de riesgo y otros estilos de vida en poblaciones infantil y adulta. Frente a esa realidad, se han generado, desarrollado y evaluado estrategias para contribuir a atenuar la dificultad, consistentes en inserciones curriculares en educación básica, para promover factores protectores, habilidades y destrezas de modo que los niños, de 8 ó 9 años de edad, adquieran la capacidad de resistir la presión conducente a consumir alcohol, tabaco o drogas. Y ello, naturalmente, con la participación y apoyo del grupo familiar.
Ese programa, después de la evaluación, que fue altamente positiva, se halla en condiciones de ser aplicado en cualquier establecimiento educacional en el ciclo básico, sea en los cursos de cuarto o quinto año. Se ha probado su factibilidad y aceptación por padres, apoderados y profesores en 220 establecimientos, que representan a mil profesores y 26 mil alumnos, principalmente de la Región Metropolitana y de 25 comunas de otras seis Regiones.
Como ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, nos llama la atención que no se aplicado, porque no cabe la menor duda de que la destreza para decir que no al consumo de sustancias es una fortaleza que debemos hacer que la juventud asuma como propia. Y, en particular, si se halla validada científicamente en una estructura académica de seriedad reconocida, como el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, nos parece que debiera aprovecharse la experiencia. Por lo demás, la investigación tomó tres años y representa un costo importante.
Considero, francamente, que nos encontramos frente a la posibilidad de una combinación de acciones que creen en el menor una especie de vacuna en contra del consumo de alcohol, de tabaco o de droga. Y le agradeceré, señor Presidente , que el contenido del planteamiento expuesto sea oficiado a los alcaldes y a los directores de los colegios, escuelas o liceos de la Quinta Región, al igual que a sus centros de padres y apoderados, y a sus centros de alumnos. Me parece una cuestión muy fundamental que sea en los establecimientos educacionales donde se pueda realmente desarrollar una iniciativa como la señalada. Obviamente, por el número de ellos, se puede preparar un apartado que les sea remitido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , la Mesa no tiene inconveniente en acceder a su solicitud, pero los oficios deben enviarse a autoridades y no a todos los colegios. Podrían remitirse a las municipalidades correspondientes para que éstas se los hagan llegar.
El señor ROMERO.-
En ese caso, prefiero que los reciban los directores educacionales para que los distribuyan a los colegios. Se trata de una materia muy fundamental.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entiendo a Su Señoría. Sin embargo, para los efectos de que el procedimiento sea más directo, habría que mandarlos a los alcaldes.
El señor ROMERO.-
Sí, pero los centros de padres y apoderados deben tomar una posición sobre el tema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por eso, los municipios pueden hacérselos llegar. De lo contrario, habría que despacharlos a cada director provincial de educación.
El señor ROMERO.-
Entonces, solicito oficiar a los alcaldes de la Quinta Región, a los directores de educación y a los directores de liceos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ello no es posible. El día de mañana cualquier Senador puede pedir que se manden oficios a todos los electores de Chile...
El señor ROMERO.-
¡Pero por favor!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Estoy llevando la interpretación al extremo.
El señor ROMERO.-
Eso es absurdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Reitero que los oficios del Senado deben ser dirigidos a las autoridades o a personas que representen determinada actividad.
En este caso, la solución sería remitírselos a los alcaldes y a los directores de educación de las correspondientes municipalidades.
El señor ROMERO.-
Pero con el expreso deseo de que el contenido de los mismos se haga llegar a los colegios, porque, de lo contrario, no tiene sentido mi planteamiento. Es necesario que haya comprensión sobre el tema y nosotros debemos utilizar esta Alta Tribuna para plantearlo.
Señor Presidente, no se trata de electores, sino de directores de liceos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es, señor Senador , pero existen miles de escuelas.
Es posible enviar los oficios a los alcaldes y a los directores de educación municipal, pidiéndoles que su contenido lo transcriban a todos y cada uno de los directores de escuelas y liceos.
El señor ROMERO.- Y centros de padres.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Efectivamente.
El señor ROMERO.-
Si es así, no tengo inconveniente alguno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Y se adjuntará en ellos su intervención.
El señor ROMERO.-
Bien, señor Presidente.
Además, solicito doscientos apartados para hacerlos llegar a todos ellos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay problema. El señor Senador está en su derecho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados en los términos indicados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
SITUACIÓN DE JUBILADOS, RETIRADOS Y MONTEPIADAS. OFICIOS
El señor ROMERO.-
El segundo punto que quería tocar, señor Presidente , se refiere a la situación de jubilados, retirados y montepiadas.
Hace algún tiempo, varios Senadores y un grupo importante de Diputados de distintas tendencias planteamos un proyecto de acuerdo tanto en esta Corporación, donde fue aprobado, como en la Cámara de Diputados, con el objeto de oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República acerca de la aflictiva realidad que vive ese sector..
Como en una democracia corresponde dar mayor participación e interpretando a muchas personas y a diversos señores Senadores y Diputados, deseo hacer una consulta a nivel de asociaciones o de centros de jubilados o retirados de la Quinta Región, por lo menos, con el objeto de que nos hagan llegar sus puntos de vista para saber cuál es su posición frente a los siguientes temas:
a) Eliminación del descuento previsional de 3, 4 y 6 por ciento que afecta a los pensionados de varias cajas de previsión del antiguo sistema de pensiones y a los retirados de la Defensa Nacional (CAPREDENA).
b) Estudio para nivelar los montepíos de las viudas al ciento por ciento de la pensión que recibía el causante al momento de su fallecimiento.
c) Ordenar la creación de una comisión nacional, con participación de dirigentes de estas organizaciones, para que se aboque al estudio de cuatro materias que, a mi juicio, son fundamentales:
1. Reajuste extraordinario de pensiones para todos los jubilados, retirados y montepiadas, sin discriminación alguna, como primer paso de una revalorización de pensiones que permita recuperar la desvalorización acumulada como resultado del sistema de reajuste basado en el IPC.
2. Elaboración de una ley de continuidad de la previsión para solucionar los innumerables problemas que ocasionan las "lagunas previsionales".
3. Traspaso, en casos calificados, de imponentes desde las AFP a las cajas de previsión -hoy sistema INP-, dada la situación que se produce en desmedro de quienes, por falta de información, optaron por ingresar a las administradoras de fondos de pensiones.
4. Programa de salud especial para el sector pasivo, en consideración a su situación de jubilados, retirados y montepiadas.
Señor Presidente, solicito que, en mi nombre, se oficie a dichas asociaciones o centros de jubilados o retirados de la Quinta Región en todas sus comunas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quedan cuatro minutos al Comité Renovación Nacional.
El señor ROMERO.-
Se los cedemos al Honorable señor Horvath.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
DÉFICIT DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AISÉN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , a través del Senado, hemos requerido algunos antecedentes respecto a compromisos para suplir los actuales déficit de energía eléctrica en la Región de Aisén, situación que resulta altamente contradictoria, porque, no obstante contar con el potencial hidroeléctrico más grande del país, genera la energía eléctrica más cara de Chile y la quinta más cara en el mundo.
En ese sentido, el Plan Indicativo de Obras de la Comisión Nacional de Energía , de acuerdo con criterios económicos y de disponibilidad y necesidad de energía, recomendaba la construcción de una central para comienzos del 2000, y la Empresa Eléctrica de Aysén S.A. (EDELAYSEN S.A.), la que hace poco tiempo fue privatizada, se comprometió a su construcción incluso a partir de 1999.
Dicho proyecto se hallaba en trámite de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , y representa una inversión de 24 millones de dólares, distribuyéndose en tres etapas, cada una de las cuales corresponde a la puesta en servicio de unidades generadoras de 3,5 MW. Cabe mencionar que la inversión de la primera etapa asciende a 21 millones de dólares, y las restantes unidades adicionales se irían construyendo conforme a la demanda que se generara.
Al privatizarse el proyecto, se detiene la evaluación de impacto ambiental, y la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA XI) envió al proponente un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones, solicitando una respuesta para noviembre de 1998.
Posteriormente, la Empresa EDELAYSEN pide la suspensión del plazo para la entrega del Addendum del Estudio de Impacto Ambiental. A la fecha este Addendum no ha sido presentado.
Curiosamente, al ser privatizada la Empresa Eléctrica de Aysén S.A. -es la única que opera en ese mercado y se encuentra integrada verticalmente en generación y distribución de la energía-, empieza a dilatar este compromiso aduciendo, entre otras cosas -como lo manifiesta en una carta enviada a la Comisión Nacional de Energía, fechada el 25 de febrero de 1999-, que el proyecto no ha sufrido modificaciones sustanciales, porque no se han otorgado los permisos ni confeccionado las órdenes de fabricación de equipos, y que "El motivo por el cual no han habido avances en el desarrollo del proyecto, reside en el hecho de que el estudio de impacto ambiental aún no ha sido aprobado por el organismo competente.".
Aquí hay una clara contradicción, por cuanto el organismo competente está pidiendo a la empresa, con plazos bien definidos, que efectúe algunas aclaraciones, las que, por lo demás, son bastante sencillas. En este sentido, a nuestro juicio, existen claras sospechas -por así decirlo- de que la empresa no desea la construcción de la Central Lago Atravesado o que está dilatándola innecesariamente e incluso -y éste sería el riesgo- estaría dispuesta, en subsidio, a pagar la multa por ese incumplimiento. Consideramos que ello ocasionaría un perjuicio enorme para la Región de Aisén en cuanto a su demanda actual y futura de energía, que hoy día es suministrada, fundamentalmente, mediante sistemas termoeléctricos, en clara contradicción con las características de la geografía regional.
Por eso, me permito solicitar que, en mi nombre, se oficie a la Intendencia de la Undécima Región , al Sistema de Administrador de Empresas (SAE) -que fue precisamente el que privatizó EDELAYSEN-, al Consejo Regional y, también, a la Comisión Nacional de Energía y a la CONAMA, con el objeto de lograr la coordinación requerida y de evitar que continúen las excusas para no cumplir dicho compromiso.
Del mismo modo, pido todos los antecedentes para que, respecto al tema energético, se establezca algún sistema de integración de uso de gas con Argentina, que tiene gasoductos y terminales muy cercanos a nuestra frontera, para hacerlos llegar a las distintas ciudades de la Región de Aisén, con claros beneficios sociales, económicos y ambientales. Formulo este planteamiento porque actualmente la calefacción y la energía se obtienen, fundamentalmente, de leña de bosque nativo -que está siendo deteriorado en forma creciente- a precios cada vez más altos.
Además, recabo antecedentes acerca de la posible demanda de energía hidroeléctrica proveniente de esta Región, que cuenta con el mayor potencial de este tipo de energía en Chile, de modo que pueda abastecerse tanto a Argentina como al Sistema Interconectado Central .
Para los fines que acabo de mencionar, pido que, en mi nombre, se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Energía.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Comité Institucionales 1 no usará su tiempo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
HOMENAJE EN MEMORIA DE RENÉ RÍOS BOETTIGER, CREADOR DE "CONDORITO". COMUNICACIÓN
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, "El Roto Quezada asume defensa de Pinochet", escrito en una pared de Santiago, fue una de las últimas extensiones de la cultura "Condorito" a la realidad nacional, para expresar la precariedad por la que atravesaba el General Pinochet en Londres.
Ese simple hecho revela que una frase, un personaje o una idea de la famosa historieta puede servir para revelar con humor el significado profundo de muchas circunstancias. "Condorito" expresa, efectivamente, la idiosincrasia nacional. Su creador, René Ríos Boettiger , quien firmaba como "Pepo", falleció hace algunos días, y no sería justo que ante su partida no se le recordara, aunque sea brevemente, en el Senado de la República, pues con su arte caló hondo en el alma popular y proyectó la cultura chilena más allá de nuestras fronteras.
"Pepo" siempre se mantuvo al margen de los medios de comunicación, por su aversión a las entrevistas y su deseo, más que cumplido, de que la fama fuera para su personaje estrella, y no para él mismo.
Nació en Concepción en 1912. A los diez años, en esa misma ciudad, inauguró su primera exposición con las más connotadas personalidades de la sociedad penquista. Más tarde comenzó a publicar sus trabajos en la famosa revista de humor político "Topaze". Personajes como "Viborita" o " Don Gabito " (por Gabriel González Videla) , o las portadas de la picaresca "El Pingüino", daban vida a las ideas y al humor de "Pepo".
En los años cincuenta "Condorito" aparece en la revista "Okey". Era la época de oro de los cómics chilenos, con "El Peneca" y más tarde "Barrabases". Desde Argentina llegaba "Billiken", y desde México los clásicos de Walt Disney. Heredera de esa riqueza cultural fue la revista "Mampato", en las décadas del sesenta y setenta.
"Pepo" recordaba que en agosto de 1949 sufrió un profundo malestar al ver la película "Saludos amigos", de Walt Disney. Allí se mostraba a Chile como un pequeño avión que no podía cruzar la cordillera de Los Andes, y entonces creó a "Condorito", que alcanzaría la fama que todos le conocemos.
En Chile, Perú y Bolivia, "Condorito" inició su batalla contra el irascible "Pato Donald" y el ingenuo "Mickey". En 1955 se editó el primer libro de "Condorito". En 1983 dicha publicación se convirtió en quincenal.
En la conquista del mercado andino a "Condorito" -siempre disfrazado de huaso- lo acompañó "Titicaco", un pequeño indio colla, de constante buen humor y muy cordial y amistoso. Posteriormente, la incorporación de "Che Copete" hizo de "Condorito" una genuina expresión del humor latinoamericano.
El personaje cómico chileno se alzó por su simpleza, su picardía y por ser auténticamente popular. Además, por sobre todo siempre estuvo su infinita versatilidad: podía ser árbitro, carabinero, astronauta, millonario, bombero, médico, mayordomo, fakir, enfermo terminal, pordiosero, garzón, peluquero, gladiador, empresario circense y chofer de micro. Famosas fueron sus participaciones como voluntario de la Legión Extranjera, o al mando de su pandilla inseparable: "Huevoduro", "Cabellos de Ángel", "Fonola" y "Comegato". A veces, en las aventuras desérticas iba como guía "Washington", el más fiel y auténtico quiltro chileno.
La frase de " Don Chuma ": "No se fije en gastos compadre" es quizás la más pura expresión de una amistad sin límites; de ese compañero que uno siempre quiso tener: nunca se hacía el distraído al momento de pagar los tragos en el bar El Tufo, en el restaurante El Pollo Farsante o en el café El Insomnio; o el arriendo de la mediagua de "Condorito" en los extramuros de "Pelotillehue".
"Pepo" confesaba que a esos personajes los sacó de la realidad nacional. Y éste es uno de los factores del éxito de la tira cómica. ¿Quién no ha conocido a una suegra como "doña Tremebunda"; o a un amigo bueno para el trago como "Garganta de lata"; o a una eterna polola en la lejana juventud como "Yayita" y a su entrometida y catete sobrina "Yuyito", o a un rival antipático y soberbio como "Pepe Cortisona" o "Saco de Plomo"?
"Pepo" siempre mantuvo en secreto el origen del graffiti "Muera el Roto Quezada", que aparecía dibujado ahorcado en las paredes. Algunos de sus amigos sostienen que se trataría de un militar de apellido Quezada que habría intentado algún tipo de relación con su mujer.
"Coné", sobrino de "Condorito", merece un capítulo aparte. Fue bautizado así debido a un problema de audición en la Iglesia. Cuando el sacerdote consultó a "Condorito" cómo se llamaría el niño, respondió: "Ugenio". Entonces, el padre le preguntó "¿con "E"? y aquél respondió: "Bueno, Coné". Malévolo, flojo y desordenado, a veces al borde de la travesura trágica; alumno famoso por sacar de quicio a las profesoras, "Coné" es uno de los personajes más populares, absolutamente reconocible en cualquier establecimiento chileno.
La otra causa del éxito de "Condorito" es su carácter auténticamente popular: marginal, afuerino en la ciudad y en el campo; con aversión al trabajo y poco dinero en el bolsillo; con deudas impagas; como novio eterno con "Yayita", pero siempre enamorado de la enfermera o de la secretaria. Su pasatiempo preferido es leer "El Hocicón", recostado sobre un tronco en el patio; su oficio más conocido, el de pintor de brocha gorda de la línea de la carretera, que siempre termina en algún fiasco en los clásicos cuadros de "Panamericana". También incursionó con cierto éxito como administrador de la residencial "Dos se van, tres llegan".
Fue tal el éxito que los lectores de cada país latinoamericano donde se publicó la historieta asumieron que "Condorito" era un connacional.
"Condorito" cumplió medio siglo el año pasado, con ochenta millones de lectores en Chile, Argentina, México , Perú, Bolivia , Paraguay , Uruguay , Colombia , América y Estados Unidos. En el espacio virtual, en Internet, el querido pajarraco es uno de los sitios chilenos más visitados por los internautas de todo el planeta.
La gigantesca compañía de software Microsoft, lo eligió como una de las imágenes de su programa Windows'98 para Hispanoamérica.
"Condorito" es un legítimo representante del pueblo, capaz de vencer todos los obstáculos con más voluntad que conocimiento, con más suerte que habilidad. No habrá para él ni para su autor, "Pepo", una estatua; tal vez ni siquiera el nombre de una calle; pero sí el cariño y admiración de muchas generaciones de lectores de todo el mundo y de Chile que hoy queremos representar en el Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muy bien, señor Senador . Y adhiero a su exposición, que ojalá pudieran escuchar otras personas.
En todo caso, sería bueno remitir una comunicación a los familiares de "Pepo" transcribiendo este homenaje y manifestando nuestra solidaridad por su fallecimiento.
El señor VIERA-GALLO.-
Muchas gracias.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , también me sumo al envío de esa nota, con excepción de lo señalado acerca del graffiti con que empezó su homenaje el Honorable colega, porque nunca vi una alusión política en el trabajo de "Pepo". Pero me parece excelente la intervención y me sumo a ella.
El señor VIERA-GALLO .-
Esa alusión es equívoca en su significado; no es política, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Bueno, no vamos a discutir.
El señor HORVATH.-
Es lo único que me salto. Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Dicen que efectivamente el "Roto Quezada" tenía que ver algo con lo indicado aquí. Pero no es el tema.
El señor GAZMURI.-
¡Hubo una época en que todos los militares eran buenos!
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del Senador señor Viera-Gallo, con la adhesión de los Honorables señores Andrés Zaldívar y Horvath, y en este último caso con la salvedad anotada.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca artesanal en regiones distintas de la consignada en la respectiva inscripción. (Boletín Nº 2515-03) (Véase en los Anexos, documento 4).
Como la iniciativa es de muy fácil despacho, se incluirá en la Cuenta de hoy y se agregará a la tabla de la sesión ordinaria de mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
FORO NACIONAL SOBRE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , en el foro sobre Servicio Militar Obligatorio que se está desarrollando en el Ministerio de Defensa Nacional -al cual han sido invitados representantes de las colectividades políticas, de las instituciones de la Defensa Nacional y de un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil-, me correspondió dar a conocer la ponencia que sobre el particular ha venido elaborando el Partido Socialista. Ella comprende, además del tema específico del foro (el servicio militar obligatorio), algunos elementos que, a nuestro juicio, hacen indispensable colocar el debate sobre el sistema de conscripción en Chile en un marco más general: en el de los nuevos desafíos que enfrenta la definición de una política de defensa nacional donde se recojan los cambios trascendentales y dramáticos que se han producido, particularmente en los últimos diez años, tanto en la escena nacional como en la vecinal, y la modernización pendiente del sector de la Defensa Nacional en el contexto de la indispensable modernización del Estado en su conjunto.
a) Cambios profundos en el escenario internacional y en el entorno vecinal.
Ha existido un intenso debate y una constatación bastante general, académica y política acerca de los cambios experimentados por el escenario internacional, principalmente en la última década del siglo pasado. Parte de dichas transformaciones fueron ya aquilatadas en sus dimensiones de seguridad durante los debates que dieron forma al Libro de la Defensa Nacional de Chile . Lo más importante de esos cambios es la existencia de un proceso de globalización, con tendencia a la formalización de decisiones políticas y militares en el ámbito internacional que, acompañado de una sincronización económica entre los países, ha tendido a tensionar la soberanía de los Estados, los presiona hacia la homologación de sus sistemas jurídicos y ha instalado como ineludible la creciente necesidad de integración económica y cooperación para la seguridad y el desarrollo. El Estado soberano, ciertamente, no ha muerto y seguirá siendo un actor relevante en el escenario internacional, pero está obligado a habitar en una ecología social, política y económica muy diversa a la del siglo pasado.
Chile ha hecho una opción por una integración activa y positiva en ese mundo, aceptando sus oportunidades, riesgos y desafíos, sin ambigüedades. Esta decisión se estructura sobre la base de dos elementos, a saber: una disposición clara a asumir un papel activo en el nuevo orden internacional, especialmente en aquellas materias de orden regional, y con un claro compromiso en cuanto a integración y cooperación entre los países. En segundo lugar, realizando un giro sustantivo en materia de relaciones vecinales. Todo ello, con la convicción más profunda de que la defensa de los intereses nacionales en un mundo globalizado precisa de sólidos soportes doctrinarios anclados en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la consolidación de la paz.
En materia internacional global, el país está en pleno proceso para adecuar y mejorar sus recursos, a fin de asumir los compromisos que demanda esa política activa, tanto en el campo económico como en el diplomático y en el de seguridad. La decisión política de comprometer recursos civiles y militares en tareas de paz bajo mandato de las Naciones Unidas obliga a pensar nuestro nivel de alistamiento, desarrollo logístico y complementariedad técnica y operativa con las fuerzas aliadas. Pero, más aún, nos obliga a repensar en nuestra doctrina sobre el uso de la fuerza en el escenario internacional.
En materia vecinal, el Presidente Lagos ha señalado una política trascendental para el desarrollo de Chile. Ella afirma la decisión y la voluntad de construir un vínculo estratégico con Argentina y Brasil, y una política sostenida de cooperación e integración con nuestro entorno vecinal en el norte del país. Hoy día ya se encuentran resueltos los temas históricos pendientes con el Perú, lo que genera las condiciones para desarrollar relaciones basadas en la confianza mutua. En el plano vecinal queda pendiente la plena normalización de las relaciones con Bolivia, tarea prioritaria, a nuestro juicio, de la política exterior de Chile en el próximo tiempo. En el potenciamiento de la acción regional del país, el Presidente Lagos ha declarado la voluntad de integración plena de Chile al MERCOSUR, lo que implica elevar la calidad política de este acuerdo, y generar, entre otras materias, una agenda de cooperación y seguridad para la subregión y el resto de América del Sur.
Parte importante de todo lo anterior ha sido incorporada en sus análisis por los actores institucionales, académicos y políticos vinculados a la defensa nacional. Sin embargo, hasta el momento ello ha sido más bien un ejercicio individual y a veces desconectado de los esfuerzos conjuntos. En tal sentido, creemos que se torna evidente y urgente la necesidad de actualizar la denominada Apreciación Global Político-Estratégica a fin de que estos elementos se articulen en una visión sólida y claramente definida. De este mecanismo de interpenetración político-militar emergerán las hipótesis, misiones, sentido y volumen de las transformaciones y modernizaciones que deba experimentar nuestro dispositivo militar, proceso todo que se vería fortalecido mediante la elaboración de un nuevo Libro de la Defensa en el mediano plazo.
b) Modernización del Estado y modernización de las Fuerzas Armadas.
Un segundo aspecto que debe ser considerado es que el país se encuentra inmerso en un proceso de modernización de sus estructuras políticas y administrativas, del cual no pueden, obviamente, estar ajenas las instituciones de la Defensa, sobre todo si ellas muestran aún ciertas limitaciones significativas respecto de los procedimientos y formas que asume la administración de la defensa en un Estado democrático. Para realizar ese proceso, nosotros consideramos que existe una base política, técnica y de confianza suficiente que permite construir una agenda de modernización. Tal como lo señalara el Presidente Ricardo Lagos en su primer mensaje ante el Congreso Pleno, estamos convencidos de que en este proceso de modernización ocupa un lugar central la generación y aprobación de una Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, que proporcione el marco jurídico correspondiente con los cambios de la Defensa propios del siglo que inauguramos y, además, permita instalar una necesaria administración permanente -civil y militar- en el sector y que colabore en el desarrollo profesional de las instituciones militares, especialmente en todas aquellas materias referidas, por ejemplo, a la indispensable interoperatividad y planificación conjunta que deben poseer nuestras Fuerzas Armadas.
Es evidente que tanto el diagnóstico como la solución de los temas más arriba planteados requieren un ámbito diferente al del Foro en comento. Sin embargo, un debate real sobre el servicio militar obligatorio y cualquier decisión que se tome respecto de su funcionamiento, supresión o transformación, no puede soslayar los aspectos señalados. Ello, básicamente porque el servicio militar obligatorio es un instrumento militar destinado a satisfacer las necesidades de movilización del país, según la planificación hecha por las estructuras militares, a partir de la apreciación político-estratégica y de las directivas emanadas de la autoridad política del país.
Nuestra apreciación sobre el Servicio Militar Obligatorio
El debate sobre el Servicio Militar Obligatorio ha sido un componente permanente de la explicitación de la Política de Defensa que propugna el Partido Socialista, y que hemos intentado seguir desarrollando desde el inicio de la transición democrática. Fue así como, ya en noviembre de 1994, nuestra Comisión de Defensa realizó el seminario "Servicio Militar Obligatorio: una Institución en Debate". En aquella reunión, diversas organizaciones juveniles, políticas y de derechos humanos hicieron propuestas e inquietudes similares a las que se han conocido en dicho Foro. Las instituciones de la Defensa Nacional se hicieron presentes por intermedio, entre otros oficiales, del Almirante Jorge Patricio Arancibia , actual Comandante en Jefe de la Armada , que en ese entonces se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional .
No cabe duda de que la actual modalidad de Servicio Militar Obligatorio en nuestro país continúa presentando los rasgos básicos de la política de defensa implícita que dominó por más de un siglo el quehacer del Estado chileno y de sus Fuerzas Armadas en esta materia. Ella, consecuencia de una apreciación política y estratégica ya superada en muchos aspectos, mantiene elementos de inercialidad que no se justifican, u ofrecen dudas acerca de su efectividad en el actual escenario, tal como ha quedado de manifiesto en la gran mayoría de las exposiciones escuchadas en el Foro.
Esa política ha determinado que el servicio militar obligatorio deba entrenar determinado número de conscriptos (cerca de 30 mil, hace ya varios años). Ha fijado además los componentes de una movilización nacional para hacer frente a una amenaza que requiera fuerza militar (cuatro o cinco "clases" de reservistas) y un conjunto muy amplio de otros elementos. Dadas las características de nuestro país, su entorno vecinal y la vulnerabilidad militar de su geografía por la falta de profundidad estratégica, esa política preveía, para casi todas las hipótesis de conflicto que contemplaba, un dispositivo militar terrestre muy numeroso. De ahí que la destinación relativa de los conscriptos y cuadros en servicio y en reserva se concentrara en las zonas extremas del país, y básicamente en operaciones del Ejército. Más del 70 por ciento del contingente del Servicio Militar Obligatorio se instruye y combatirá, eventualmente, en el Arma de Infantería. Se puede afirmar que el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y la conscripción anual, así como la capacidad de movilizar las reservas, han sido elementos claves en la disuasión que históricamente nos ha permitido vivir en paz con nuestros vecinos por más de un siglo y en la neutralización de otras amenazas. A su vez, su obligatoriedad era una carga ciudadana ante el Estado.
Sin embargo, actualmente sólo son reclutados 30 mil de los 120 mil jóvenes en edad de ser obligados, asumiendo, además de la carga de la defensa, otras obligaciones, como procesos electorales, respuestas en situaciones de emergencia o, como ocurriera en diversas etapas de nuestra historia, inmiscuyéndose en tareas de intervención ante situaciones internas de conmoción social o política.
Progresivamente se ha ido generando una creciente desmotivación en la participación de núcleos importantes de la juventud. En efecto, el Servicio Militar Obligatorio se ha transformado muchas veces en obstáculo para las expectativas de estudio y de trabajo, principalmente de jóvenes de los sectores medios y altos, mientras que sus incentivos, que son componentes no militares, lo han ido convirtiendo en un sistema de capacitación laboral básica para jóvenes marginados o de bajos recursos. Nos parece que ello tiende a distorsionar los objetivos esencialmente militares de la conscripción. Además, esta desmotivación y una suerte de limitación formativa y educacional en los potenciales reclutas generan, sin duda, vulnerabilidades evidentes a la propia calidad del Servicio Militar Obligatorio. Nuestro sistema de defensa y las Fuerzas Armadas requieren, progresivamente, de soldados conscriptos mejor preparados para hacer frente de manera adecuada a su modernización y a los actuales niveles tecnológicos.
No podemos dejar de señalar que en materia de Servicio Militar Obligatorio en los últimos años se han producido evidentes y progresivas mejoras, tanto en su forma y convocatoria como en los beneficios que implica para los conscriptos. Entre ellas, podemos mencionar el sistema de "doble llamado", la tendencia a destinar a los reclutas al lugar de origen, las visitas de sus familiares y otras. No obstante, consideramos que como instrumento militar el Servicio Militar Obligatorio, en su actual modalidad, debe ser revisado significativamente. Ello no implica necesariamente un cambio drástico, global o inmediato. Sin embargo, las decisiones que se tomen sobre él no debieran perder de vista que el país tiene pendiente una modernización de su sistema de defensa y de sus Fuerzas Armadas, desafío que involucra, indispensablemente, la participación integrada de civiles y militares.
En dicho foro, también en el día de ayer, el Presidente de la Juventud Socialista presentó una propuesta específica sobre reformas al Servicio Militar, que, en lo fundamental, recoge la vieja idea de que todos los jóvenes deben realizar algún servicio a la patria. La propuesta de los jóvenes socialistas es generar un servicio al país que tenga una dimensión civil, mediante la participación en actividades solidarias o que apunten a fortalecer intereses nacionales importantes en el área social o ambiental u otras, y también una dimensión castrense. La idea es que cada joven pueda optar, individualmente, o por el Servicio Militar o por otra prestación al país en otras actividades.
A nuestro juicio, la proposición puede tener un gran impacto en la sociedad chilena y debiera ser discutida muy ampliamente, toda vez que recupera, en una dimensión no puramente militar, un elemento que estuvo presente desde el comienzo de la instauración de los servicios militares obligatorios en todo el mundo: la idea republicana, nacida en la Revolución Francesa, de que todos los ciudadanos, así como son sujetos de derechos, tienen también deberes, y, entre ellos, el de servir a la patria. Y no hay duda de que una sociedad como la nuestra crecería mucho si todos los jóvenes, universalmente, durante un período de su vida que habrá que determinar, sirvieran a intereses y a funciones nacionales, sea en el servicio militar, sea en algún tipo de trabajo solidario. De hecho, ya hay muchos jóvenes que, en distintas esferas, realizan un aporte de esta naturaleza y, por tanto, se podrían buscar modalidades para que esas contribuciones voluntarias que ya existen puedan ser consideradas también dentro de un sistema de servicio al país validado por el Estado.
Como digo, nos parece una proposición interesante, que resuelve muchos de los problemas pendientes respecto del Servicio Militar, que amplía la idea de un servicio universal a la patria.
Hemos hecho esta propuesta con la mejor intención de contribuir a un debate que nos parece indispensable, y en la línea de lo que venimos intentando los socialistas desde hace muchos años: considerar la política de defensa nacional como parte de las políticas públicas que son del interés del conjunto de la ciudadanía, por lo que -creemos- a todos corresponde contribuir a ellas; también a los partidos políticos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Se levantó a las 20:11.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR NÚÑEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN COPIAPÓ EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SALVADOR ALLENDE (2549-04).
Honorable Senado:
VISTOS: El artículo 60 Nº 5 de la Constitución Política de la República de Chile.
CONSIDERANDO:
1. Que el ex Presidente de la República Salvador Allende Gossens dedicó toda su vida al servicio público como lo demuestra su biografía:
SALVADOR ALLENDE GOSSENS nació un 26 de Junio de 1908 en Valparaíso. Hijo de doña Laura Gossens Uribe y del abogado Salvador Allende castro. Su abuelo, Ramón Allende Padín, fue el organizador de los Servicios Médicos del Ejército de Chile durante la Guerra del Pacífico, Senador del Partido Radical y Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia masónica de Chile.
Su niñez se desarrolló en las ciudades de lquique, Valdivia y Valparaíso, de tal modo que a temprana edad, el joven Salvador conoce gran parte de Chile y sus problemas sociales.
Realiza sus estudios secundarios en el Instituto Nacional, concluyendo a los 16 años, con excelentes notas y habiendo ganado los títulos de campeón juvenil en decatlón y natación.
A los 17 años ingresa como voluntario a cumplir su Servicio Militar, egresando del Ejército con la primera antigüedad y la mejor clasificación como jinete en el Regimiento 'Coraceros' de Viña del Mar.
En 1926, a la edad de 18 años, ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en donde realiza labores como Presidente del Centro de Alumnos, Vicepresidente de la federación de Estudiantes, Profesor ayudante en anatomía patológica y Profesor en las Escuelas Nocturnas para obreros.
En 1933, habiendo ya abrazado los ideales de justicia social y libertad que profesó toda su vida, participa en la fundación del Partido Socialista de Chile.
En 1935, redacta con José Viscarra el trabajo "Estructuración de la Salubridad Nacional', que habrá de constituir el germen del posterior Servicio nacional de Salud.
Durante el Gobierno del General Carlos lbáñez, del cual es un tenaz opositor es relegado a Caldera. Desde allí vuelve a Valparaíso para presidir el Frente Popular, coalición con la cual ganaría su primer escaño en el Congreso Nacional como Diputado por Valparaíso y Aconcagua.
En 1939, luego del triunfo del Presidente Pedro Aguirre Cerda, éste le pide hacerse cargo del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
El mismo año contrae matrimonio con Hortensia Bussi, unión de la que nacen sus tres hijas, Laura, María Isabel y Beatriz.
En 1940, publica el artículo 'Realidad Médico Social Chilena", que vendrá a cambiar la visión acerca de la salud pública en el país y por el cual recibió el premio van Buren.
En noviembre de 1940, siendo aún Ministro de Salubridad, recibe el voto de aplauso de la Convención Anual de la Asociación Médica. Ese mismo mes presenta el proyecto que establece el Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajo. Presenta, además, el primer proyecto de ley tendiente a crear el Colegio Médico de Chile.
En noviembre de 1941, pasa a ocupar la Vicepresidencia de la Caja del Seguro Obrero, luego de la muerte del Presidente Aguirre Cerda, hecho que lo lleva a renunciar como Ministro.
En 1942 es nominado Secretario General del Partido Socialista, siendo elegido, en 1945, Senador por Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes.
Desde 1949 a 1953 preside el Colegio Médico de Chile.
En 1952 enfrenta su primera postulación a la Presidencia de la República. Presenta ese año al Parlamento el proyecto de Nacionalización del cobre y en 1953 el Proyecto de creación de la Corporación de Ventas del Cobre.
En 1953 renueva su escaño senatorial esta vez en representación de Tarapacá y Antofagasta.
En 1958, vuelve a disputar la primera magistratura de la Nación. En 1961, es elegido Senador por Valparaíso y Aconcagua y en 1964 nuevamente es nominado por el FRAP como candidato a la Presidencia.
En 1966, es elegido Presidente del Senado, cargo desde el cual promueve activamente la integración Latinoamericana. En 1969, nuevamente renueva su mandato parlamentario
esta vez como Senador por Chiloé, Aysén y Magallanes con una alta votación.
El 4 de Septiembre de 1970, Salvador Allende es elegido Presidente de Chile, cargo que ocupa hasta el día de su muerte, el 11 de septiembre de 1973 a consecuencias de un golpe de Estado.
Desde aquella fecha, en las más diversas latitudes se han rendido homenajes a su memoria de demócrata y luchador social, dándole su nombre a numerosas plazas y calles y levantándose monumentos, como el recientemente inaugurado en la Plaza de la Constitución en la ciudad de Santiago.
2. Que constituye una antigua y hermosa tradición en nuestra patria erigir monumentos recordatorios a sus Presidentes de la República, por ser elementos fundamentales para la
preservación de nuestra memoria histórica como país y de claro valor pedagógico a las nuevas y futuras generaciones de chilenos.
3. Que la ciudad de Copiapó guarda un especial recuerdo del ex Presidente Allende toda vez que durante su gestión parlamentaria y presidencial tuvo especial preocupación por el tratamiento de la pequeña y mediana minería, actividades de suyo relevantes en esa ciudad.
Por lo anterior, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º: Autorizase erigir un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens.
Artículo 2º.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4º, en coordinación con
el Ministerio del Interior.'
Artículo 3º Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º: Créase una comisión especial, integrada por ocho miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Dos Senadores y dos Diputados, elegidos por las Cámaras respectivas.
b) Un representante de la Fundación 'Salvador Allende Gossens;
c) Un representante de los sindicatos de trabajadores de la División El Salvador de Codelco-Chile;
d) Un representante del Intendente Regional de la Región de Atacama; y
e) Un representante de la Ilustre Municipalidad de Copiapó.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º: La comisión especial tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y forma en que se efectuarán las colectas pública s
contempladas en el artículo 2º, como también realizar las gestiones pertinentes
destinadas a que éstas se efectúen;
b) Determinar el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con la Ilte.
Municipalidad de Copiapó y con el Consejo de Monumentos Nacionales y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para el diseño y ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo establecido en el artículo 3", y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6º: El monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones se destinarán a los objetivos" que la comisión especial determine.
Artículo 7º: Si al concluir la construcción e instalación del monumento resultaron excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión especial determine.
(Fdo.): Ricardo Núñez Muñoz.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FERNÁNDEZ, STANGE Y URENDA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL LA EVASIÓN DE PERSONAS SUJETAS A DETENCIÓN O PRISIÓN PREVENTIVA (2550-07)
Como es de público conocimiento, cada vez se hacen más frecuentes las fugas de detenidos o presos desde los distintos recintos penitenciarios del país, cuestión que genera inseguridad y alarma pública.
En la misma línea, el ordenamiento jurídico entiende que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, obligación que se cumple mediante la aplicación de una adecuada política de seguridad pública.
Del mismo modo, nadie podría negar que la libertad personal, como atributo del individuo, admite en forma excepcional algunas y determinadas restricciones, tal como lo establece el Nº 7 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado cuando se dan los
supuestos allí mencionados. La comisión de delitos y en general, la vulneración del ordenamiento jurídico, representa la principal y más justificada causa de ello.
Tratándose de tan fundamental garantía, que emana de la naturaleza humana misma, siempre será entendible que el individuo que se encuentre privado de la libertad, quiera o pretenda recuperarla.
En razón de lo anterior, no basta la custodia del detenido o preso que dispensa el ordenamiento jurídico a través de los órganos correspondientes. En efecto, el párrafo XII del título VI del libro II del Código Penal , en sus artículos 299 a 304 inclusive, describe y sanciona diferentes situaciones de "evasión de detenidos", pero en todos aquellos casos, la legislación hace recaer la responsabilidad penal en la persona del empleado público responsable de la custodia, y en un caso muy excepcional, traslada esa responsabilidad a la persona de un particular encargado de la conducción o custodia de los detenidos.
La estructura del Código Penal exime de responsabilidad al autor de la evasión, en razón de los supuestos que se han expresado anteriormente y que estuvieron en boga a la época de la dictación del Código, esto es a noviembre de 1874.
Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en D.S. 1771, de 9 de febrero de 1993, dispone que "el intento, la colaboración o la consumación de la fuga" es una falta grave respecto de los internos, que se sanciona en forma administrativa disciplinaria, con la pérdida o suspensión de ciertos privilegios.
De las argumentaciones anteriormente indicadas, fluye la necesidad de establecer medidas o instituciones eficaces que disuadan al individuo privado de libertad de incurrir en una potencial conducta evasiva.
Sin embargo, estas razones que engarzan con un fundamento de política criminal, no son las únicas que justifican el castigo de la evasión. Se trata, además, de una conducta que atenta contra el bien jurídico protegido, que es la "administración de justicia".
En consecuencia, los hechos han demostrado que el pretender radicar toda la responsabilidad penal en la persona de los custodios, no constituye una forma eficaz para disuadir la reiteración de estos hechos. Y por otra parte, resulta muy complejo el establecer una figura penal autónoma -de evasión de detenidos con sanción predeterminada para el autor de esa conducta- que entre otros inconvenientes, no se ajusta con los principios de técnica criminal. Por el contrario, la forma indicada para establecer una penalidad proporcionada a la infracción incurrida, constituye el establecer una nueva causal de agravación de la responsabilidad penal.
Por otra parte, se relaciona con este tema la institución del quebrantamiento de condenas, tratada en el párrafo I del Título IV del libro I del Código Penal, que se refiere a las penas en que incurren los que quebrantaron las sentencias, es decir, aquellos que rompen o violentan una obligación emanada de un fallo judicial. De ahí que el artículo 90 del Código del ramo disponga el agravamiento de la condena con penas accesorias a los crímenes o simples delitos. Sin embargo, esta institución no es aplicable al caso de la evasión que el presente proyecto pretende mejorar, toda vez que respecto de ellos, se trata de personas que no reúnen la condición de condenados, no obstante existir indicios o presunciones de participación en un hecho punible y que en definitiva se ignora si serán absueltos o condenados.
Por el contrario, la forma indicada y más aconsejable, para establecer una penalidad proporcionada al ilícito incurrido, constituye el establecimiento de una nueva causal de agravación de responsabilidad penal.
Por las consideraciones antes expuestas, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase al artículo 12 del Código Penal la siguiente circunstancia
2Oa:"Evadir el cumplimiento de una resolución judicial que someta al imputado a detención o prisión preventiva.".
(Fdo.): Rodolfo Stange Oelckers, Sergio Fernández Fernández y Beltrán Urenda Zegers.