Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Sergio Espejo Yaksic
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Alberto Robles Pantoja
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Karla Rubilar Barahona
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniel Alexander Melo Contreras
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Javier Hernandez Hernandez
- Ramon Barros Montero
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Norambuena Farias
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Aldo Cornejo Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Raul Fernando Saldivar Auger
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Antonio Coloma Alamos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe De Mussy Hiriart
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alexander Melo Contreras
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Pilowsky Greene
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Barros Montero
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Ignacio Macaya Danus
- PETICIÓN DE OFICIO
- Ramon Barros Montero
- Celso Morales Munoz
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Ignacio Macaya Danus
- PETICIÓN DE OFICIO
- Ramon Barros Montero
- Celso Morales Munoz
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Gaston Schilling Rodriguez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Gaston Schilling Rodriguez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Gaston Schilling Rodriguez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN, SEÑOR ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
- HOMENAJE : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PARTICIPACIÓN : Patricio Melero Abaroa
- PETICIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN, SEÑOR ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
- V. ORDEN DEL DÍA
- POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVA ESTRUCTURA CURRICULAR ESTABLECIDA EN LA LEY N° 20.370 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11132-04)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- PERFECCIONAMIENTO DE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS TERRORISTAS Y DE LOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL ESTADO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 10460-25) [VOTACIÓN]
- ANTECEDENTE
- POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVA ESTRUCTURA CURRICULAR ESTABLECIDA EN LA LEY N° 20.370 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11132-04)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- ADOPCIÓN DE PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS (N° 839)
- INTERVENCIÓN
- Jorge Sabag Villalobos
- Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN
- SUBSIDIO PERMANENTE PARA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DE FERTILIZANTES NATURALES Y ORGÁNICOS (N° 840)
- INTERVENCIÓN
- Jorge Sabag Villalobos
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJEROS EXPRESO MAULE (N° 841)
- INTERVENCIÓN
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN
- FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS (N° 842)
- INTERVENCIÓN
- Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN
- ADOPCIÓN DE PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS (N° 839)
- VII. HOMENAJE
- HOMENAJE
- Ramon Farias Ponce
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- HOMENAJE
- VIII. INCIDENTES
- HOMENAJE : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniella Valentina Cicardini Milla
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Celso Morales Munoz
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Sabag Villalobos
- INCIDENTES
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Perez Arriagada
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karol Aida Cariola Oliva
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Lautaro Carmona Soto
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Tucapel Jimenez Fuentes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Sergio Aguilo Melo
- Lautaro Carmona Soto
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Karol Aida Cariola Oliva
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Fuad Chahin Valenzuela
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Roberto Leon Ramirez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Raul Fernando Saldivar Auger
- Yasna Provoste Campillay
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Sergio Aguilo Melo
- Lautaro Carmona Soto
- Marcos Espinosa Monardes
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Patricio Vallespin Lopez
- Matias Walker Prieto
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Karol Aida Cariola Oliva
- Cristina Girardi Lavin
- Luis Lemus Aracena
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Sergio Ojeda Uribe
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Jorge Sabag Villalobos
- Raul Fernando Saldivar Auger
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL Y DEL DIPUTADO SEÑOR MONSALVE EN LA 136A ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP), EFECTUADA EN DHAKA, BANGLADESH, DESDE EL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2017.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Denise Pascal Allende
- Manuel Monsalve Benavides
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 365ª
Sesión 12ª, en martes 11 de abril de 2017
(Ordinaria, de 10.33 a 13.49 horas)
Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Jaramillo Becker, don Enrique.
Presidencia accidental del señor Vallespín López, don Patricio.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 26
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 29
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 29
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 29
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN, SEÑOR ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ ......................................................31
PETICIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ......31
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 36
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVA ESTRUCTURA CURRICULAR ESTABLECIDA EN LA LEY N° 20.370 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11132-04)..................................................................................................................36
PERFECCIONAMIENTO DE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS TERRORISTAS Y DE LOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL ESTADO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10460-25) [VOTACIÓN] ..................................................56
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 60
ADOPCIÓN DE PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS (N° 839) ................60
SUBSIDIO PERMANENTE PARA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DE FERTILIZANTES NATURALES Y ORGÁNICOS (N° 840) .......................................................61
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJEROS EXPRESO MAULE (N° 841)........................................................................................................62
FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS (N° 842) ............................................................64
VII.- HOMENAJE....................................................................................................................................... 65
VIII.- INCIDENTES ................................................................................................................................... 65
IX.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES . 68
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ..................................................................................................... 69
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7025-31, REFUNDIDO CON BOLETÍN N° 7855-13) ....................................................................................................................69
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETIN N° 6701-02) ..............................69
3.- NUEVO PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, TIPIFICANDO EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS”. (BOLETÍN N° 9818-17) ...........69
Pág.
4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE,
QUE “CREA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.”. (BOLETÍN
N° 10372-03) ................................................................................................................................69
5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.284, EN EL SENTIDO DE ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE JUEGOS INFANTILES NO MECÁNICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, PARA NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD”. (BOLETÍN N° 9701-14) ...................................................................................................................69
6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, CARMONA, GUTIÉRREZ, DON HUGO, Y JIMÉNEZ, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL”. (BOLETÍN N° 11182-07) ........................................................69
7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES NÚÑEZ, DON DANIEL, AGUILÓ, CARMONA, GUTIÉRREZ, DON HUGO, POBLETE Y TEILLIER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, QUE “ESTABLECE ACCESO GRATUITO A EVENTOS QUE DECLARA DE INTERÉS GENERAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA”. (BOLETÍN
N° 11185-19) ................................................................................................................................69
8.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MORANO, CHAHIN, CORNEJO; ESPINOZA, DON FIDEL; FLORES, FUENTES, LEÓN, SAFFIRIO Y SALDÍVAR, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PROVOSTE, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL OBJETO DE INCORPORAR LA INICIATIVA CIUDADANA DE LEY”. (BOLETÍN N° 11186-07) ...................................70
9.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE; AGUILÓ; CARMONA; ESPINOSA, DON MARCOS; JIMÉNEZ; VALLESPÍN Y WALKER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA FERNÁNDEZ, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE INCORPORAR EL CONTRATO ESPECIAL DE FUNCIONARIOS DE APOYO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA”. (BOLETÍN N° 11187-13) ....................................................................70
10.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, CARIOLA Y GIRARDI, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEMUS, MELO, OJEDA, POBLETE, SABAG Y SALDÍVAR, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.253, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS INDÍGENAS, Y CREA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, PARA RECONOCER AL PUEBLO CHANGO COMO ETNIA INDÍGENA DE CHILE”. (BOLETÍN
N° 11188-17) ................................................................................................................................70
11.- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL Y DEL DIPUTADO SEÑOR MONSALVE EN LA 136A. ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP), EFECTUADA EN DHAKA, BANGLADESH, DESDE EL 1 AL
5 DE ABRIL DE 2017. ......................................................................................................................70
12.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3246-16-INA. .................................................70
13.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3241-16-INA. .................................................70
14.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2916-15-INA. .................................................70
15.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3386-17-INA. .................................................70
16.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3396-17-INA. .................................................71
17.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3389-17-INA. .................................................71
Pág.
18.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3384-17-INA. .................................................71
19.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3394-17-INA. .................................................71
20.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3219-16-INA. .................................................71
XI.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Petición:
Formulada por 44 señores diputados para citar a la ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Alejandra Krauss Valle , en conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 52 N° 1 de la Constitución Política de la República, y en las normas del Título V del Libro III del Reglamento de la Cámara de Diputados, para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático que indica.
2.- Licencia médica:
Que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Espejo
por un plazo de tres días, a contar del 5 de abril de 2017.
3.- Notas:
Del diputado señor Robles
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 6 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 6 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
De la diputada señora Rubilar
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 6 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
Del diputado señor Melo
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 11 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
4.- Comunicaciones:
Del diputado señor Paulsen
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica por impedimento grave su inasistencia a la sesión celebrada el día 6 de abril de 2017.
Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Hernández reemplazará al diputado señor Barros
en la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de organismos y funcionarios públicos en relación al proyecto minero Dominga , en la Región de Coquimbo.
Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Norambuena reemplazará a la diputada señora Hoffmann
en la Comisión Especial Investigadora de la responsabilidad de los organismos públicos en razón de las eventuales irregularidades en el financiamiento extranjero de campañas presidenciales.
5.- Oficios:
De la Comisión de la Familia y Adulto Mayor por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes publiquen por medios electrónicos imágenes de contenido sexual o erótico en las condiciones que indica”, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. boletín N° 9543-07.
De la Comisión de la Familia y Adulto Mayor por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el Código del Trabajo para regular la contratación de cuidadores de personas con dependencia severa”, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. boletín N° 10980-13.
De la Comisión de la Familia y Adulto Mayor por el que solicita el acuerdo de la Cámara para que se le remita por un plazo acotado el proyecto que “Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica”, boletín Nº 11176-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, toda vez que regula materias propias de familia.
De la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Arriagada .
De la Comisión Especial Investigadora de la responsabilidad de los organismos públicos en razón de las eventuales irregularidades en el financiamiento extranjero de campañas presidenciales, por el cual informa que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Cornejo .
De la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de organismos y funcionarios públicos en relación al proyecto minero Dominga , en la Región de Coquimbo, por el cual informa que procedió a elegir como presidente al diputado señor Saldívar .
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Coloma
integrará la delegación que concurrirá a la reunión de la Comisión Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile Parlamento Europeo, a realizarse los días 3 y 4 de mayo de 2017 en Bruselas, Bélgica (17).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que la diputada señora Carvajal
integrará la delegación que concurrirá a la reunión de la Comisión Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile Parlamento Europeo, a realizarse los días 3 y 4 de mayo de 2017 en Bruselas, Bélgica (15).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor De Mussy
integrará la delegación que participará en la XI Reunión del Comité de Diálogo Político Congreso Nacional de Chile-Asamblea Popular Nacional de China, desde el 23 al 27 de mayo de 2017, en Beijing, China (18).
Del superintendente de Pensiones por el cual remite informe de gestión de la Comisión Ergonómica Nacional y de la Comisión de Apelaciones, en cumplimiento de lo establecido en la glosa presupuestaria 04 de 2015 para dicha entidad. (6864).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputado Pilowsky , Adopte las medidas pertinentes en relación a las eventuales irregularidades que se habrían producido en la compra de repuestos militares efectuada por la Brigada de Aviación del Ejército de Chile, cuyo monto ascendería a los 4,1 millones de dólares, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (11150 al 2849).
Diputado García don René Manuel , Solicita que se sirva informar sobre todos los procesos de licitación realizados por el Ministerio de Educación y por organismos dependientes, para la adquisición de textos escolares desde el año 2014 en adelante, en los términos que señala. (11468 al 26456).
Ministerio de Interior
Diputado Monsalve , Requiere que informe a esta Cámara si el nieto del señor Rene Carlos Zepeda Valenzuela , es beneficiario del Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (1197 al 25416).
Diputada Molina doña Andrea , solicita informar el estado de los beneficios concedidos al señor Luis Omar Rivas López , en su calidad de exonerado político del antiguo Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción. (1525 al 25639).
Diputado Flores, Solicita informar las razones que impidieron invitarle formalmente a las actividades realizadas por la Ministra de Bienes Nacionales en la Región de Los Ríos, en su reciente visita a la zona, adoptando las medidas que correspondan ante lo que considera una falta de consideración y respeto. (183 al 26326).
Diputado Sandoval , Solicita que se sirva informar sobre las medidas que se adoptarán en relación con las viviendas ubicadas en la localidad de Valle Simpson, comuna de Coyhaique, en los términos que señala. (237 al 26610).
Diputado Hernández , Informar sobre las medidas adoptadas y las que se adoptarán por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad para la prevención del delito en las comunas de Frutillar y Puerto Varas, en los términos que señala la solicitud adjunta. (287 al 26702).
Diputado Espinoza don Fidel , Informe sobre el número de personas provenientes de otros países que han tramitado visas de residencia de trabajo y estudio ante el Departamento de Extranjería de la Gobernación de Osorno desde el año 2010 a la fecha, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (363 al 26628).
Diputado Urízar , Solicita que se sirva informar sobre la posibilidad de reconsiderar la decisión del Gobierno, de rebajar en 2.800 millones de pesos el presupuesto de la Región de Valparaíso para el año 2017, en los términos que señala. (687 al 26772).
Diputado Espejo , Solicita informar las medidas que se adoptarán a fin de adquirir los elementos técnicos necesarios para el combate de incendios forestales y los recursos destinados a ello, indicando el cronograma que se ha establecido en la materia para garantizar que dichas adquisiciones se concreten antes de la próxima temporada estival. (767 al 26684).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (1999 al 24468).
Ministerio de Hacienda
Diputado Jackson , Requiere información relacionada con el proceso de homologación de condiciones laborales para los Sindicatos Democrático, STI y Sinaffi de la Fundación Integra (49 al 24642).
Diputado Robles , solicita informar sobre la efectividad de una eventual rebaja de los recursos asignados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la Región de Atacama para apoyar a las zonas afectadas por los siniestros ocurridos en la zona centro sur del país. (568 al 26529).
Diputado Robles , Solicita informar sobre la efectividad de una eventual rebaja de los recursos asignados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la Región de Atacama para apoyar a las zonas afectadas por los siniestros ocurridos en la zona centro sur del país. (568 al 26530).
Ministerio de Educación
Diputado Urízar , Requiere que se informe si la señora Sandra Azagra Arcaya cumple con los requisitos necesarios para obtener al beneficio establecido en la ley Nº 20.976, que permite a los funcionarios de la educación acceder a la bonificación por retiro voluntario (231 al 25863).
Ministerio de Justicia
Diputado Pilowsky , Solicita informar sobre el estado de avance de la investigación iniciada por ese ministerio respecto a las irregularidades detectadas en la pasada administración de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. (1744 al 26010). Ministerio de Defensa NacionalDiputado García don René Manuel , Solicita disponer el mejoramiento de las viviendas asignadas a los funcionarios de Carabineros de Chile que se desempeñan en la comuna de Cunco, en atención a las malas condiciones que presentan, circunstancia particularmente grave por las condiciones climáticas de la zona, informando las medidas que en este sentido se adopten. (1566 al 26709).
Diputada Álvarez doña Jenny , Informar sobre el número de solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios tramitadas ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, desde el año 2010 a la fecha, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (1640 al 26635).
Diputado Ward , Informe sobre las audiencias otorgadas y registradas desde el mes de septiembre del año 2015, detallando el nombre de las personas naturales y jurídicas que asistieron, las fechas en las cuales se llevaron a cabo y las materias tratadas en ellas, en los términos señalados en la solicitud adjunta. (6855 al 26537). Ministerio de Obras PúblicasDiputada Molina doña Andrea , Solicita que se sirva informar sobre los estados de avance de los proyectos que indica. (636 al 26742).
Diputado Flores, Razones que justifican el retiro de la barcaza que cruzaba la bahía de Corral. (637 al 24521).
Diputado Monsalve , Solicita que se sirva evaluar la situación de la señora Gloria Leal Tapia , quien solicita ayuda para conseguir la habilitación de barreras de contención en el sector “Paradero la Sede”, comuna de Los Álamos, en los términos que señala. (638 al 26221).
Ministerio de Agricultura
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Informe sobre la deuda que mantiene el señor Eduardo Alfredo Urra Tobar y si existiría la posibilidad de renegociarla, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (18393 al 26617).
Ministerio de Bienes Nacionales
Diputado Urízar , Solicita considere evaluar el caso de ayuda Médica-Social, para el joven Luís Raúl Michea Lazo, en los términos que señala. (1238 al 23372).
Diputado Ward, Diputada Núñez doña Paulina , Diputado Coloma , Diputado Paulsen , Requieren información relacionada con los funcionarios públicos pertenecientes a su ministerio, en los términos que señala. (202 al 23274).
Diputado Paulsen , Reitera el oficio Nº 23.274, de fecha 26 de septiembre del 2016, cuyo texto se adjunta. (202 al 26368).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Diputado Soto , Informar los antecedentes de carácter previsional del señor Luis Osvaldo Ulloa Villegas , detallando los trámites realizados en virtud de la ley N° 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso que indica y autoriza al instituto de normalización previsional para transigir extrajudicialmente en situaciones que señala, en los términos establecidos en la solicitud adjunta. (46973 al 26878).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Se sirva informar sobre la situación previsional de la señora Liliana Veneranda Aravena Tobar , detallando si tiene derecho a recibir el aporte previsional solidario, en los términos que señala la solicitud adjunta. (46992 al 26952).
Diputado Jaramillo , Sirva informar sobre la situación del señor Eduardo Enrique González Donoso , detallando si cumple con los requisitos de la ley 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para transigir extrajudicialmente en situaciones que señala, en los términos que señala la solicitud adjunta. (46994 al 26943).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Se sirva informar sobre la situación previsional de la señora Patricia Eugenia Bravo Liberona , detallando si tiene derecho a recibir el aporte previsional solidario, en los términos que señala la solicitud adjunta. (46995 al 26953).
Ministerio de Salud
Diputada Rubilar doña Karla , Solicite que informe sobre el estado de la solicitud realizada por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas respecto al reconocimiento de la certificación de subespecialidades médicas, en los términos que señala. (1187 al 25669).
Diputado Poblete , Solicita remita un informe respecto al impacto ambiental y sanitario que se producirá para los habitantes de la comuna de Los Ángeles, como consecuencia del cierre del vertedero Boyeco en la comuna de Temuco, derivándose los desechos de esa comuna hasta el relleno sanitario de Los Ángeles. (1188 al 25891).
Diputada Molina doña Andrea , Solicita informe respecto de materias relacionadas con licitaciones para hospitales en el país, durante los últimos 4 años, en los términos que señala. (1193 al 24221).
Diputada Molina doña Andrea , Solicita que por su intermedio el señor Jefe del Departamento de Inversiones del Ministerio de Salud, informe respecto a la situación en la que se encuentra la construcción del Hospital de Marga Marga. (1193 al 24222).
Diputado Rocafull , Requiere que informe a esta Cámara si la obra edificada en el sector La Ponderosa, sitio Nº1 del Valle de Lluta, de la Región de Arica y Parinacota, cuenta con autorización sanitaria (1194 al 26304).
Diputada Pascal doña Denise , Diputada Carvajal doña Loreto , Diputado Flores, Diputado Letelier , Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Diputado Urrutia don Ignacio , Diputada Pacheco doña Clemira , Diputado Hernández , Solicitan información sobre la posibilidad de implementar una mesa de trabajo, en conjunto con la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, con el fin de diseñar y proponer la implantación de soluciones estructurales a las deficiencias sectoriales en el funcionamiento del mercado de la leche (1195 al 26266).
Diputado Farcas , Posibilidad de entregar bloqueadores solares en los consultorios durante la época estival. (1210 al 25523).
Diputado Monsalve , Solicita que se sirva informar respecto a la situación ocurrida en la comuna de Cañete por la aplicación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud, tomándose las medidas pertinentes para regular la situación del médico señalado en la solicitud, en los términos que señala. (1211 al 26220).
Diputado Berger , Solicita que sirva informar respecto al alcance de la competencia de la Dirección del Servicio de Salud con asiento en la comuna de Valdivia, en los términos que señala. (1214 al 26605).
Diputado Berger , Se sirva informar sobre la fecha en que se iniciarán las obras de reposición del consultorio externo ubicado en Avenida Francia de la comuna de Valdivia, precisando la oportunidad, tiempo y recinto o recintos a los que serán trasladados los funcionarios de dicha repartición mientras se ejecutan los trabajos, los criterios técnicos y espaciales considerados para elegir los puntos de atención transitorios, y las unidades internas que se destinarán a cada lugar. (1232 al 23350).
Diputado Berger , Reitera las peticiones contenidas en el oficio N° 23.350, de 27 de septiembre del presente año, sobre la fecha en que se iniciarán las obras de reposición del consultorio externo ubicado en Avenida Francia de la comuna de Valdivia y otras materias que se indican en la intervención que se acompaña. (1232 al 25282).
Diputado Lorenzini , Informe sobre los resultados del Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina, Eunacom , rendido por profesionales extranjeros que prestan servicios en cada una de las comunas de la Región del Maule y acerca de la posibilidad de establecer una habilitación temporal destinada a quienes se inscriban para rendirlo nuevamente. (1233 al 26027).
Diputada Molina doña Andrea , Solicita que se sirva informar sobre las razones que fundan la falta de dictación de una norma primaria de calidad para arsénico a nivel nacional con el fin de proteger la salud de la población, en los términos que señala. (1235 al 26741).
Diputado Alvarado , Requiere disponer una fiscalización sanitaria al terreno ubicado en la población Charlesbourg de la comuna de Ovalle, en el cual se emplazaría un vertedero de basura, remitiendo el informe que concluya esta investigación e informando las medidas que se adoptarán para regularizar la situación. (1237 al 26568).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Solicita que se sirva informar respecto a la posibilidad de otorgar algún tipo de ayuda a la señorita Darlanne González Pérez , quien ha sido diagnosticada con un cáncer papilar de tiroides, en los términos que señala. (1239 al 26172).
Diputado Mirosevic , Solicita reconsiderar la decisión de trasladar el centro de atención prehospitalaria de Arica, Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), al sector industrial de la ciudad y, en cambio crear una segunda unidad de atención ya que la comuna de Arica requiere dos centros. Asimismo, se solicita informar las medidas que se adoptarán para concretar esta solicitud. (1547 al 25084).
Diputado SILVA , Solicita que se sirva informar sobre todas aquellas materias y actividades que requieran autorización de esa Corporación, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.937 que determina que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez continuará ejerciendo las funciones anteriores que se concretan en informes, dictámenes, resoluciones y certificaciones, en los términos que señala. (401 al 26744).
Ministerio de Minería y EnergíaDiputado Jarpa , Solicita que se sirva informar respecto a la posibilidad de gestionar los recursos necesarios para la actualización del sistema de luces en calles y avenidas de la ciudad de Chillán, en los términos que señala. (416 al 26356).
Diputado Ward, Diputada Núñez doña Paulina , Diputado COLOMA , Diputado Paulsen , Requieren información relacionada con los funcionarios públicos pertenecientes a su ministerio, en los términos que señala (418 al 23273).
Diputado Verdugo , Solicita que informe el estado de avance de del proyecto de recambio del alumbrado público por luminarias LED en la Región del Maule, durante el año 2016. (427 al 26846).
Ministerio de Energía
Diputado Paulsen , Reitera el oficio Nº 23.273, de fecha 26 de septiembre del 2016, cuyo texto se adjunta. (418 al 26375).
Diputado Chahin , Informe si los funcionarios de ese ministerio señora Claudia San Martín y señor Raúl Garrido asistieron en forma oficial y con cometido funcionario, a una reunión sostenida con la comunidad del sector Chanlelfu , en la comuna de Loncoche, el día 14 de enero pasado, precisando los compromisos adquiridos a cambio de apoyo a un proyecto eléctrico. (426 al 26334).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Diputado Sandoval , Requiere información sobre las medidas a adoptar ante la presencia de sistemas de fosas sépticas, sin conexión al alcantarillado adyacente, en el proyecto de construcción de viviendas para la localidad de Valle Simpson, en la comuna de Coyhaique (237 al 26268).
Diputado Sandoval , Requiere información sobre las medidas a adoptar ante la presencia de sistemas de fosas sépticas, sin conexión al alcantarillado adyacente, en el proyecto de construcción de viviendas para la localidad de Valle Simpson, en la comuna de Coyhaique (237 al 26271).
Diputada Molina doña Andrea , Solicita que se sirva informar sobre los campamentos ubicados en la Región de Valparaíso en los términos que señala (2498 al 26853).
Diputada Molina doña Andrea , Solicita información sobre los motivos que justifican el otorgamiento de beneficios habitaciones sin previa postulación, a los vecinos de la Villa San Alfonso, de la comuna de Quillota, en los términos que señala. (600 al 26031).
Ministerio Secretaría General De La Presidencia
Diputada Núñez doña Paulina , Se sirva disponer una auditoría para determinar las presuntas irregularidades ocurridas en el Programa de Seguridad Pública que ha suscrito la Municipalidad de Antofagasta, la intendencia de la Región de Antofagasta y la Subsecretaría de Prevención del Delito, remitiendo copia de los resultados de dicha verificación. (11308 al 1506).
Ministerio Público
Diputada Rubilar doña Karla , Solicita que se sirva informar sobre el estado actual de las investigaciones derivadas de las 283 denuncias realizadas por el Servicio Nacional de Menores entre los años 2014 y 2016, en los términos que señala. A su vez, solicita informar sobre el estado de la investigación iniciada en el año 2013 en el marco de presuntos abusos contra adolescentes en centros del Servicio Nacional de Menores. (230 al 26551).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Morano , Se sirva informar sobre el derrame de combustible que tuvo lugar en el Río Grey, ubicado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, hecho constatado el día 13 de marzo del presente año, detallando las labores de fiscalización realizadas, y los planes de contingencia para prevenir y mitigar estas incidencias, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (099 al 26859).
Diputado Espinoza don Fidel , Informar sobre las medidas adoptadas por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Los Lagos, por la presencia de un alga en la ribera del Lago Llanquihue, en la comuna de Puerto Varas, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (100 al 26625).
Ministerio de la Mujer
Diputado Ward , Solicita que se sirva informar sobre los principales aspectos y medidas a implementar en el plan nacional anual de acción en materia de violencia intrafamiliar y protección a la familia en la Región de Antofagasta, en los términos que señala. (184 al 26987).
Ministerio de Cultura y De Las Artes
Diputado Verdugo , Solicita que se sirva informar sobre el estado de avance y ejecución de los procesos de continuidad del Programa Acciona. (568 al 26829).
Diputado Verdugo , Solicita que informe la entrega de los fondos concursables de esa cartera en la Región del Maule el año 2016. (577 al 26842).
Intendencias
Diputada Álvarez doña Jenny , Solicita que se sirva informar respecto del plan piloto impulsado por el convenio suscrito entre el Gobierno Regional y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, para la instalación de una planta desalinizadora en las Islas Desertores, ubicadas en la provincia de Palena. (1374 al 26400).
Diputado Sandoval , Solicita que se sirva informar sobre las medidas que se adoptarán en relación con las viviendas ubicadas en la localidad de Valle Simpson, comuna de Coyhaique, en los términos que señala. (237 al 26613).
Servicios
Diputado Rathgeb , Solicita informar cuáles son las comunas de la Región de La Araucanía a las que se les ha entregado ayuda por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario, destinada a los habitantes afectados por los recientes incendios forestales que afectaron la zona, indicando en cada caso si el parlamentario fue invitado formalmente a las respectivas ceremonias. (17991 al 26557).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Se sirva informar sobre la situación previsional de la señora María Angélica Calquín González , detallando si tiene derecho a recibir el aporte previsional solidario, en los términos que señala la solicitud adjunta. (47059 al 26948).
Varios
Diputado Jackson , Reiterar el oficio Nº 24.642, de fecha 9 de noviembre de 2016. (49 al 27109).
Diputado Silber , Solicita que se sirva informar sobre la eventual construcción de un oleoducto que transportaría combustible aeronáutico al aeropuerto Arturo Merino Benítez , en los términos que señala. (515 al 26663).
Diputado Sandoval , Solicita que se sirva informar sobre la situación del señor José Villegas Nail y las acciones que se adoptarán para mejorar su situación, en los términos que señala. (547 al 26724).
Diputado Mirosevic , Solicita informar el número de personas que utilizaron durante el año 2016, el beneficio tributario establecido en la Resolución Exenta del Servicio de Impuestos Internos N°67 de fecha 11 de mayo del año 2009, norma que establece normas para la devolución del impuesto del Título II y del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, de 1974, a las personas naturales sin domicilio ni residencia en el país, que compren mercancías en la zona franca de extensión de la Región Arica y Parinacota. (663 al 26902).
Diputado Espinoza don Fidel , Remita antecedentes y copia del Acuerdo Voluntario de Preinversión suscrito entre la Empresa Sowitec, el Consejo Nacional de Producción Limpia y la Comunidad Indígena de Catrihuala, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (68 al 26797).
Diputado Urízar , Solicita que se sirva remitir antecedentes de la orden de detención de Manuel Figueroa Vergara , responsable de la muerte del menor de edad Joaquín Molina Escobar , en los términos que señala. (91 al 26767).
Diputado Espinoza don Fidel , Remita los antecedentes del proceso sancionatorio incoado a raíz de la denuncia formulada por el Servicio Nacional de Pesca contra las empresas salmoneras Australis Mar y Salmones Maullín , en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (915 al 26623).
Municipalidades
Diputado Rathgeb , Informar las medidas que ha adoptado ese municipio, particularmente la Dirección de Obras, en relación con la habitabilidad y constructibilidad del sector denominado El Morro, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (065 al 26789).
Diputada Molina doña Andrea , Existencia de nuevos proyectos de mejoramiento de alcantarillado y pavimentación para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Junta de Vecinos del sector Pachacamita. (55 al 26103).
XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Carmona Solicita que se sirva informar sobre las medidas adoptadas para evitar el robo de concentrado de cobre recomendadas por la Comisión Investigadora de pérdidas de concentrado de cobre en los términos que señala. (27199 de 06/04/2017). A gerente general de la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Diputado Chahin Solicita que se sirva informar sobre la situación actual del subsidio rural otorgado a la señora Rosa Elena Fuentes Saldías en los términos que señala. (27200 de 06/04/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Chahin Solicita que se sirva informar sobre la situación actual del menor de edad José Leonel Rivera Cárdenas en los términos que señala. (27201 de 06/04/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Edwards Solicita que se sirva informar sobre las interrogantes que plantea relacionadas con la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía en los términos que señala. (27203 de 06/04/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Edwards Solicita que se sirva informar sobre las interrogantes que plantea relacionadas con la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía en los términos que señala. (27204 de 06/04/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Gahona
Solicita que se sirva informar sobre las interrogantes que plantea relacionadas con el transporte de minerales y concentrado de cobre en la Región de Coquimbo en los términos que señala. (27205 de 06/04/2017). A ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Gahona
Solicita que se sirva informar sobre las interrogantes que plantea relacionadas con el transporte de minerales y concentrado de cobre en la Región de Coquimbo en los términos que señala. (27206 de 06/04/2017). A Ministerio Medio Ambiente.
Diputado Gahona
Solicita que se sirva informar sobre las interrogantes que plantea relacionadas con el transporte de minerales y concentrado de cobre en la Región de Coquimbo en los términos que señala. (27207 de 06/04/2017). A varios.
Diputada Hernando doña Marcela Solicita que se sirva informar sobre todos los planes de acción dispuestos por las unidades de Carabineros de Chile dirigidas a proveer seguridad a los habitantes y bienes del sector costero de la Región de Antofagasta en los términos que señala. (27208 de 06/04/2017). A general jefe de la Segunda Zona de Carabineros de Chile de Antofagasta.
Diputado Melo Solicita que se sirva informar sobre las empresas de locomoción o transporte público que esa cartera ha autorizado para realizar el recorrido habitual por la calle Nueva Oriente ubicada en la Región Metropolitana en los términos que se señala. (27209 de 06/04/2017). A ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Pilowsky
Solicita que se sirva informar sobre las medidas adoptadas para evitar nuevos fraudes financieros en la institución que dirige en los términos que señala. (27210 de 06/04/2017). A varios.
Diputado Robles Solicita que se sirva informar sobre el número de funcionarios que trabajan en centros hospitalarios públicos que se encuentran expuestos a radiación en los términos que señala. (27211 de 06/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Soto Solicita que se sirva informar sobre todas las remuneraciones o emolumentos recibidos por el doctor Aliro Galleguillos Subdirector Médico del Hospital de la Dirección Previsional de Carabineros de Chile durante el último año en los términos que señala. (27212 de 06/04/2017). A Ministerio de Defensa Nacional.
Diputado Walker
Remita antecedentes de la feria de productos usados que funciona en la localidad de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo detallando la posibilidad de fiscalizarla en los términos que señala la solicitud adjunta. (27243 de 06/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Se sirva informar sobre el caso de la señora Katia Rosalía Tapia Villalobos detallando la posibilidad de reincorporarla a la Universidad de Antofagasta para continuar sus estudios en los términos que señala la solicitud adjunta. (27244 de 06/04/2017). A varios.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Se sirva informar sobre la posibilidad de gestionar ante la Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador S.A. el traspaso de terreno en que se ubica el Comité de Agua Potable Rural San José de Pataguas de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua en los términos que señala la solicitud adjunta. (27245 de 06/04/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Se sirva informar sobre la posibilidad de que representantes de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social realicen una visita al Comité de Vivienda Gulutrén en la comuna de Peumo en los términos que señala la solicitud adjunta. (27247 de 06/04/2017). A ministra de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Rathgeb
Sirva informar el estado del dictamen Nº 094625N16 detallando si se ha dado curso a este en los términos que señala la solicitud adjunta. (27248 de 06/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Mirosevic Se sirva informar el marco regulatorio que rige a la Corporación Nacional Forestal en materia de quema de residuos vegetales u otros elementos biológicos similares y las medidas que ha adoptado esa corporación para prevenir esto hechos detallando las denuncias recibidas producto de esta quema irregular en los valles de Azapa y Lluta de la comuna de Arica en los términos que señalan la solicitud adjunta. (27249 de 06/04/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Fuenzalida Se sirva informar sobre los proyectos de mejoramiento del transporte público de la comuna de La Reina en los términos que señala la solicitud adjunta. (27250 de 06/04/2017). A varios.
Diputado Arriagada Se sirva informar sobre la formación profesional escalafón y remuneración de todo el personal contratado por trato directo que se desempeña en el Servicio Nacional de Menores y el nombre de todas personas naturales que son colaboradores del Sename en los términos que señala la solicitud adjunta. (27251 de 06/04/2017). A Ministerio de Justicia.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Se sirva informar la situación de la pensión de invalidez de la señora Katia Rosalía Tapia Villalobos en los términos que señala la solicitud adjunta. (27252 de 06/04/2017). A varios.
Diputado Berger Se sirva remitir copia de todos los contratos de empresas que están vinculadas al puente Chacao incluidos los de construcción y asesoría de inspección fiscal señalando la inversión efectuada en cada uno y las sumas pagadas a cada una de las suscriptoras. (27253 de 06/04/2017). A servicios.
Diputado Fuentes Se informar la situación de las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección de Vialidad de Puerto Aysén quienes habrían recibido un pago inferior al que correspondía en los términos que señala la solicitud adjunta. (27254 de 07/04/2017). A servicios.
Diputado Mirosevic Se sirva informar sobre el proceso de acreditación iniciado en 2016 de la carrera de Medicina de la Universidad de Tarapacá sede Arica en los términos que señala en la solicitud adjunta. (27255 de 07/04/2017). A Ministerio de Educación.
Diputado Walker Se sirva informar si existe un proyecto para crear accesos para personas discapacitadas y de la tercera edad en el sector de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo en los términos que señala en la solicitud adjunta. (27256 de 07/04/2017). A director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo.
Diputado Walker Se sirva informar el sobre estado de avance del proyecto de construcción del Servicio de Alta Resolución en el sector de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo en los términos que señala la solicitud adjunta. (27257 de 07/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Walker Se sirva informar sobre el estado de avance del proyecto de construcción del Servicio de Alta Resolución en el sector de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo en los términos que señala la solicitud adjunta. (27258 de 07/04/2017). A alcalde de la Municipalidad de Coquimbo.
Diputado Walker Se sirva informar sobre el estado de avance del proyecto de construcción del Servicio de Alta Resolución en el sector de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo en los términos que señala en la solicitud adjunta. (27259 de 07/04/2017). A director de Obras de la Municipalidad de Coquimbo.
Diputado Fuentes Se sirva informar sobre el avance de la denuncia realizada por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo a raíz de la supuesta ocupación ilegal de un inmueble fiscal en la comuna de Puerto Aysén en los términos que señala la solicitud adjunta. (27260 de 07/04/2017). A procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Diputado Fuentes Se informar la situación de las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección de Vialidad de Puerto Aysén quienes habrían recibido un pago inferior al que correspondía en los términos que señala la solicitud adjunta. (27261 de 07/04/2017). A ministro de Obras Públicas.
Diputado Fuentes Se sirva informar sobre la posibilidad de crear una Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo acogiendo la Resolución Nº 79 aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de junio del 2014 en los términos que señala la solicitud adjunta. (27262 de 07/04/2017). A director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27263 de 07/04/2017). A municipalidades.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27264 de 07/04/2017). A municipalidades.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27265 de 07/04/2017). A municipalidades.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27266 de 07/04/2017). A municipalidades.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27267 de 07/04/2017). A municipalidades.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27268 de 07/04/2017). A alcalde de la Municipalidad de Hualaihué.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27269 de 07/04/2017). A varios.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27270 de 07/04/2017). A varios.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27271 de 07/04/2017). A intendencias.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27272 de 07/04/2017). A intendencias.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27273 de 07/04/2017). A intendencias.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que se sirva informar el número de extensiones de redes de suministro eléctrico que han sido financiadas con fondos regionales o comunales en los últimos 5 años indicando su ubicación precisando si se encuentran dentro o fuera de la zona de concesión e identificando a cada una de las empresas distribuidoras beneficiadas. (27274 de 07/04/2017). A varios.
Diputado Carmona Solicita que se sirva informar sobre los cortes de agua no programados efectuados por la concesionaria Aguas Chañar S. A. en parte del sector de Paipote y el centro de la ciudad de Copiapó. A su vez se solicita un análisis químico del agua entregada en los términos que señala. (27275 de 07/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Barros Solicita que se sirva informar sobre el estado del puente “Camino el Algodón” ubicado en el sector Chacarilla de la comuna de Nancagua Región del Libertador General Bernardo O´Higgins en los términos que señala. (27276 de 07/04/2017). A director regional de Vialidad del Libertador General Bernardo O´Higgins.
Diputado Macaya Diputado Barros Diputado Morales Diputado ÁlvarezSalamanca Solicita que se sirva informar sobre las materias que indica relacionadas con la Corporación Nacional Forestal en los términos que señala. (27277 de 07/04/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Macaya Diputado Barros Diputado Morales Diputado ÁlvarezSalamanca Solicita que se sirva informar sobre las materias que indica relacionadas con la Corporación Nacional Forestal en los términos que señala. (27278 de 07/04/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Rincón Diputado Arriagada Solicita que se sirva informar sobre los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores que han realizado denuncias relacionadas con la comisión de delitos tanto dentro como fuera de la institución con víctimas acogidas en dicha institución en los términos que señala. (27279 de 07/04/2017). A Contraloría General de la República.
Diputado Rincón Diputado Arriagada Solicita que se sirva informar sobre aquellos organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores que han realizado denuncias relacionadas con la comisión de delitos tanto dentro como fuera de la institución en la que fueran victimas menores de dicha institución en los términos que señala. (27280 de 07/04/2017). A Ministerio Público.
Diputado Sandoval Solicita que se sirva remitir las actas y acuerdos adoptados en el último encuentro binacional desarrollado en la localidad de Calafate en la República Argentina en los términos que señala. (27281 de 07/04/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Sandoval Solicita que se sirva informar sobre el proyecto de construcción de una nueva cárcel en la ciudad de Coyhaique en los términos que señala. (27282 de 07/04/2017). A secretario regional ministerial de Justicia de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Diputado Urrutia don Osvaldo Solicita que se sirva informar sobre el correcto cumplimiento de todos los contratos a honorarios en el Ministerio Secretaria General de Gobierno en los términos que señala. (27283 de 07/04/2017). A Contraloría General de la República.
Diputado Urrutia don Osvaldo Solicita que se sirva informar sobre las funciones exactas que cumplen en esa cartera todos los funcionarios a honorarios contratados entre enero y junio del año 2017 en los términos que señala. (27284 de 07/04/2017). A varios.
Diputado Schilling Se sirva informar si existen obras de conectividad directa para ciertas localidades de Las Vegas con el centro y servicios de la comuna de LlayLlay en los términos que señala la solicitud adjunta. (27285 de 10/04/2017). A coordinador de concesiones de Obras Públicas.
Diputado Schilling Se sirva informar las fiscalizaciones realizadas a la termoeléctrica Los Vientos de la comuna de Llay-Llay desde 2014 a la fecha en los términos que señala la solicitud adjunta. (27286 de 10/04/2017). A secretario regional ministerial de Medio Ambiente de Valparaíso.
Diputado Schilling se sirva informar sobre las fiscalizaciones aplicadas a los servicios Uber Cabify y otros de transportes mediante aplicaciones detallando la información por región en los términos que señala la solicitud adjunta. (27287 de 10/04/2017). A ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Hernández Se sirva informar sobre el proceso de mejoramiento y normalización de los hospitales de las comunas de Río Negro y Puerto Octay en los términos que señala la solicitud adjunta. (27288 de 10/04/2017). A Ministerio Público.
Diputado Hernández Se sirva informar sobre el estado del proceso de mejoramiento y normalización de los hospitales de las comunas de Río Negro y Puerto Octay y acerca de la posibilidad de una asignación presupuestaria especial en los términos que señala la solicitud adjunta. (27289 de 10/04/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Hernández Se sirva informar sobre el estado del proceso de mejoramiento y normalización de los hospitales de las comunas de Río Negro y Puerto Octay y acerca de la posibilidad de una asignación presupuestaria especial en los términos que señala la solicitud adjunta. (27290 de 10/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de Bienes Nacionales y el subsecretario de Bienes Nacionales del mes de marzo presente. (27291 de 10/04/2017). A Ministerio de Bienes Nacionales.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de Minería y subsecretario de Minería del mes de marzo presente. (27292 de 10/04/2017). A Ministerio de Minería.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de Educación el subsecretario de Educación y el subsecretario de Educación Parvularia del mes de marzo presente. (27293 de 10/04/2017). A Ministerio de Educación.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género y la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer del mes de marzo presente. (27294 de 10/04/2017). A Ministerio de la Mujer.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de Salud subsecretario de Redes Asistenciales y subsecretario de Salud Pública del mes de marzo presente. (27295 de 10/04/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministradel Trabajo y Previsión Social el subsecretario del Trabajo y el subsecretario de Previsión Social del mes de marzo presente. (27296 de 10/04/2017). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones el subsecretario de Transportes y el subsecretario de Telecomunicaciones del mes de marzo presente. (27297 de 10/04/2017). A ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la ministra de Vivienda y Urbanismo y el subsecretario de Vivienda y urbanismo del mes de marzo presente. (27298 de 10/04/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro de Agricultura y el subsecretario de Agricultura del mes de marzo presente. (27299 de 10/04/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro del Deporte y subsecretario del Deporte del mes de marzo presente. (27300 de 10/04/2017). A Ministerio del Deporte.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro de Desarrollo Social subsecretario de Servicios Sociales y subsecretario de Evaluación Social del mes de marzo presente. (27301 de 10/04/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro de Economía Fomento y Turismo subsecretario de Pesca y Acuicultura y el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño del mes de marzo presente. (27302 de 10/04/2017). A Ministerio de Economía Fomento y Turismo.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro de Energía y el subsecretario de Energía del mes de marzo presente. (27303 de 10/04/2017). A Ministerio de Minería y Energía.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro de Hacienda y subsecretario de Hacienda del mes de marzo presente. (27304 de 10/04/2017). A Ministerio de Hacienda.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro de Justicia y Derechos Humanos el subsecretario de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos del mes de marzo presente. (27305 de 10/04/2017). A Ministerio de Justicia.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del ministro del Medio Ambiente y el subsecretario del Medio Ambiente del mes de marzo presente. (27306 de 10/04/2017). A Ministerio Medio Ambiente.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del Ministro de Relaciones Exteriores el Subsecretario de Relaciones Exteriores y el Director Nacional de Fronteras y Límites del Estado del mes de marzo presente. (27307 de 10/04/2017). A Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala.
A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del Ministro Secretario General de la Presidencia y el Subsecretario General de la Presidencia del mes de marzo presente. (27308 de 10/04/2017). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades del Ministro de Obras Públicas y el Subsecretario de Obras Públicas del mes de marzo presente. (27309 de 10/04/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. A su vez se solicita informar sobre la agenda de actividades de la Ministra Secretaria General de Gobierno y el Subsecretario General de Gobierno del mes de marzo presente. (27310 de 10/04/2017). A Varios.
Diputada Hernando doña Marcela Solicita que se sirva informar sobre la posibilidad de entregar una solución a la situación de la señora Rosalba Loyola Villagrán paciente de traumatología del Hospital Regional de Antofagasta en los términos que señala. (27311 de 10/04/2017). A Servicios.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre el denominado conflicto “Por las Cargas Limpias” en la ciudad de Valparaíso en los términos que señala. (27312 de 10/04/2017). A Servicios.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre las medidas concretas adoptadas para combatir los hechos de violencia en la Región de La Araucanía. Asimismo precise los recursos usados por esa cartera en viajes durante el año 2016 y todas aquellas actividades llevadas a cabo por esta última durante el mes de marzo del año 2017 en los términos que señala. (27313 de 10/04/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre el denominado Conflicto “Por las Cargas Limpias” en la ciudad de Valparaíso en los términos que señala. (27314 de 10/04/2017). A Ministerio de Hacienda.
Diputado Kast Solicita que se sirva informar sobre el denominado conflicto “Por las Cargas Limpias” en la ciudad de Valparaíso en los términos que señala. (27315 de 10/04/2017). A ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputada Molina doña Andrea Solicita que se sirva informar sobre todas las inversiones en obras de riego y recursos implementados en la Región de Valparaíso durante los últimos 4 años en los términos que señala. (27316 de 10/04/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputada Molina doña Andrea Solicita que se sirva informar sobre todas las inversiones en materia de infraestructura y recursos implementados en la Región de Valparaíso durante los últimos 4 años en los términos que señala. (27317 de 10/04/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputada Molina doña Andrea Solicita que se sirva informar sobre todos los recursos invertidos en la Región de Valparaíso durante los últimos 4 años en los términos que señala. (27318 de 10/04/2017). A director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Valparaíso.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (116)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma.
-No estuvo presente por encontrarse con actividades propias de la labor parlamentaria, el diputado señor Daniel Melo Contreras.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.33 horas.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 2ª se declara aprobada. El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor JACKSON .- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor JACKSON .- Señor Presidente, consulto si el gobierno retiró la urgencia de “discusión inmediata” al proyecto de reforma a la educación superior.
Eso como primera pregunta.
En segundo lugar, quiero saber cuáles son, según el Reglamento de la Corporación, las consecuencias prácticas de que alguna de las Cámaras no respete, en términos de plazos, una urgencia presentada por el Ejecutivo para el despacho de un proyecto.
Es una pregunta reglamentaria, señor Presidente.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Con la venia de la Sala, señor Presidente, respecto del punto uno, la respuesta es no. Aún no ha llegado el oficio que retira la urgencia a la que el diputado hace alusión. Sin embargo, hago presente que, conforme al Reglamento, el retiro de una urgencia opera ipso jure, por lo cual, una vez que el gobierno presente el oficio, la iniciativa quedará automáticamente sin urgencia.
Sobre la segunda pregunta, si el proyecto está en comisión y a esta se le vence el plazo del trámite, el secretario respectivo deberá certificar el hecho de que la comisión no lo despachó a tiempo y el proyecto se remitirá a la Sala para su votación. El que la Sala no lo vote es una situación que no tiene aparejada ninguna sanción.
El señor JACKSON .- Señor Presidente, para que quede claro: lo que nos dice el señor Secretario es que no hay ningún efecto práctico para el hecho de que, durante la tramitación de un proyecto en una comisión, este no llegue a votarse, aunque haya una urgencia vigente; que la única consecuencia práctica es que la iniciativa deberá enviarse a la Sala. Por lo tanto, entiendo que se podría continuar la tramitación del proyecto.
El señor LANDEROS (Secretario).- Así es, señor diputado, pero tendría que venir a la Sala y se obviaría el trámite de comisiones.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy .
El señor DE MUSSY .- Señor Presidente, como es de público conocimiento, ayer terminó el trabajo de la mesa sobre pensiones, que duró más de seis meses y que se inició por una invitación que emanó de la Presidenta Michelle Bachelet , que busca un acuerdo nacional en ese tema.
En ese contexto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo para que se dé cumplimiento a algo que acordamos ayer, que es definir un informe oficial por cada uno de los miembros que integraron la comisión, y no un simple resumen como el que hoy están entregando los mencionados ministros a la Presidenta Michelle Bachelet .
Esto fue algo que conversamos ayer entre todos los miembros de la mesa, y todos manifestaron estar de acuerdo. Por lo tanto, solicito que la Cámara de Diputados pida al ministro de Hacienda que se avance en ese informe durante las próximas dos o tres semanas, a fin de tener un informe oficial de lo realizado por más de seis meses.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor diputado, lamentablemente la petición que usted hace no guarda relación con la Cuenta, por lo cual le solicito que lo plantee en Incidentes. Solo si hubiera unanimidad se podría acordar en esta parte de la sesión.
¿Habría acuerdo?
No hay unanimidad.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN, SEÑOR ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
La Sala guardará un minuto de silencio en memoria del exsecretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; ex Secretario Jefe de Comisiones, ex-Prosecretario de la Cámara de Diputados y ex Secretario General de la Corporación, señor Adrián Álvarez , que en paz descanse.
(Los señores parlamentarios, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio)
En nombre de la Corporación, enviaremos condolencias oficiales a la familia del señor Álvarez .
-Aplausos.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, transcurridos ya nueve meses desde que renunciara el edecán militar de esta Corporación, cargo que representa una tradición democrática y republicana, que el Senado replica con un oficial en retiro de la Armada, quiero saber qué resolución ha tomado la Mesa para reemplazarlo. Lo planteo porque después de leer cierta información publicada por la prensa, a uno le queda la inquietud por saber qué caminos se están siguiendo al respecto, qué resoluciones se han adoptando y qué opciones se están barajando.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Señor diputado, aunque no es un tema de la Cuenta, puedo informarle que la Mesa está trabajando al respecto con el Ministerio de Defensa y con los demás organismos pertinentes.
Ya enviamos todos los antecedentes y estamos a la espera de una respuesta. Ojalá que durante el mes de abril queden subsanadas todas las observaciones.
PETICIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 44 señoras y señores diputados para citar a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss Valle , de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, y las disposiciones Título V del Libro Tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo con el cuestionario temático adjunto.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Lemus Aracena, Luis ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara, Osvaldo ; Tuma Zedan , Joaquín .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
La sesión se realizará el miércoles 3 de mayo, de 16.30 a 19.30 horas.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de la Comisión de Familia y Adulto Mayor en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal con el propósito de sancionar a quienes publiquen, por medios electrónicos, imágenes de contenido sexual o erótico, en las condiciones que indica, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, ¿el proyecto volvería después a la Comisión de Constitución?
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
La solicitud no fue planteada en esos términos, señor diputado.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Entonces no doy la unanimidad.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
No hay acuerdo.
Rechazada la petición.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, el proyecto que establece la ley marco para garantizar los derechos de la infancia se tramitó, en primer trámite, en las comisiones de Familia y Adulto Mayor, y de Hacienda. Terminado ese proceso y luego de pasar por la Sala, fue enviado para segundo informe a la Comisión de Familia, donde se modificaron ciertas disposiciones, entre ellas, algunas que son de competencia de la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, solicito que, en concordancia con lo que se hizo en la primera etapa de tramitación del proyecto, pase ahora -como corresponde a la Comisión de Hacienda, dada la materia que fue modificada por la Comisión de Familia.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Señor diputado, la semana pasada se revisó ese tema y, lamentablemente, la Sala no dio su acuerdo para proceder del modo que usted solicita.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, según entiendo, lo que pasó fue que, después de que la Sala dio el debate al que usted se refiere, la Comisión de Familia trató la iniciativa y modificó disposiciones que son de competencia de la Comisión de Hacienda.
Ese es un antecedente nuevo que hace una diferencia respecto de lo que se acordó la semana pasada. Por eso no lo estoy planteando como un asunto para la reconsideración de la Sala, sino más bien para que lo analice la Mesa, porque, al modificarse la normativa sobre financiamiento, que es lo que hizo la Comisión de Familia, tocó un artículo propio de la competencia de la Comisión de Hacienda, lo que, conforme a lo que dispone del artículo 226 del Reglamento, obliga de pleno derecho a que la iniciativa deba pasar nuevamente a la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, estoy pidiendo que constate si lo que planteo es lo correcto y, de ser así, que se dé curso a esa acción, más allá de lo que se haya acordado la semana pasada.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Lo vamos a revisar y le entregaremos una propuesta de solución lo antes posible.
-0-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, estoy plenamente consciente de que tenemos un acuerdo en cuanto a que los homenajes se rinden cada cinco años. Sin embargo, quiero dedicar un minuto de esta sesión a que recordemos que un día como hoy, hace seis años, falleció, en un accidente de trayecto a nuestro trabajo, un muy querido colega nuestro: el diputado Juan Lobos Krause .
Creo que por el solo hecho de haber fallecido en trágicas circunstancias cuando se dirigía al Congreso, es importante que nunca olvidemos la figura de quien fuera en vida el médico Juan Lobos Krause .
He dicho.
-Aplausos.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor para que se le remita por un plazo acotado el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica (boletín Nº 11176-07), actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, toda vez que regula materias propias de familia.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, pido que se vote.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Distinguida diputada, no procede la votación en este caso, ya que solo se puede acceder a la solicitud por la unanimidad de la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor manifiesto mi tristeza, porque, por razones que desconozco, se ha excluido de una instancia especializada un tema que tiene que ver con los niños, que son uno de los sustentos de la familia.
Solo estamos solicitando el envío de ese proyecto por un plazo acotado de una o de dos semanas.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que una vez realizado el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se envíe el proyecto por una semana a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.
Efectivamente, el proyecto contiene temas que dicen relación con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Sin embargo, no parece lógico que no se remita a la Comisión de Familia, aunque sea por un plazo de una semana, para que esta pueda emitir su informe.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa está absolutamente de acuerdo con sus planteamientos, pero, lamentablemente, no hay unanimidad.
Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a la petición del diputado señor René Saffirio . No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, no di la unanimidad, porque no es posible que una presentación formal que llega a la Mesa se cambie en el curso de su discusión.
Si se quiere solicitar lo planteado por el diputado Saffirio , no hay ningún inconveniente que se pida en otra ocasión; pero en la solicitud se debe precisar lo que se está pidiendo, porque no sé si el proyecto volverá después a la Comisión de Constitución y cuál sería el plazo acotado.
En consecuencia, para evaluar de manera informada si uno da la unanimidad, solicito que los peticionarios precisen lo que están pidiendo.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Muy bien. Solicitaremos que la petición planteada por el diputado señor René Saffirio se haga llegar formalmente a la Mesa de la Corporación.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, antes de que entremos en el Orden del Día, quiero preguntar si llegó el oficio de la Cancillería relacionado con el llamado a informar del embajador de Chile en Israel porque no se dejó entrar a ese país al presidente de la Federación Palestina de Chile, lo que debe ser informado a la Cámara de Diputados.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
No ha llegado absolutamente nada, señor diputado.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, solicito recabar la unanimidad de la Sala para pedir a la Cancillería un informe sobre esa materia, porque me imagino que el embajador viene en camino.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor para que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo para regular la contratación de cuidadores de personas con dependencia severa, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
No hay acuerdo.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Se hace presente que, de conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el jueves 6 de abril, hoy se votará el proyecto de ley, iniciado en moción, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.
V.ORDEN DEL DÍA
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVA ESTRUCTURA CURRICULAR ESTABLECIDA EN LA LEY N° 20.370 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11132-04)
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370.
Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Roberto Poblete .
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 134ª de la legislatura 364ª, en 8 de marzo de 2017. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 11ª de la presente legislatura, en 6 de abril de 2017. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Hago presente a la Sala que, de conformidad a los acuerdos de los Comités adoptados el jueves 6 de abril, para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos a cada señor diputado o señora diputada.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de “suma”, que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370 (boletín N° 11132-04).
La idea matriz o fundamental de la iniciativa consiste en postergar el año en que debe entrar a regir la nueva estructura curricular de seis años para la educación básica regular y seis años para la educación media regular, que se establece en el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Fundamentos
El mensaje que da inicio al proyecto de ley en estudio señala que artículo 25 de la ley Nº 20.370 establece que los niveles de educación básica y media regular tendrán una duración de seis años cada uno. Asimismo, se dispone que en el nivel de educación media regular habrá a su vez cuatro años de formación general y dos de formación diferenciada.
De acuerdo con el artículo 8° transitorio de la ley Nº 20.370, esta nueva estructura curricular comenzará a regir a partir del año escolar que se inicie ocho años después de la entrada en vigencia de dicha ley, que fue publicada el 12 de septiembre de 2009, por lo que esa estructura curricular debiese ser aplicada a partir del 2018.
En consecuencia, los cursos de séptimo y octavo año de enseñanza básica, y los de primero, segundo, tercero y cuarto año de enseñanza media pasarían a denominarse primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de la educación media, respectivamente.
La nueva estructura curricular que dispone el artículo 25 de la ley N° 20.370 tiene dos propósitos.
El primero dice relación con facilitar a los estudiantes de Chile una trayectoria escolar de calidad, en la cual puedan ingresar y egresar de un mismo establecimiento educacional sin necesidad de trasladarse a otro al pasar del nivel de educación básica a la educación media.
El segundo propósito es contar con profesores especialistas en todas las asignaturas desde el actual séptimo año de enseñanza básica, lo que permitirá a los estudiantes una trayectoria escolar progresiva, más profunda y especializada, desde una edad más temprana.
Para implementar esta nueva estructura curricular, la ley N° 20.370 estableció un plazo de ocho años con el fin de dar tiempo a la institucionalidad del Ministerio de Educación y a las comunidades educativas en general para adecuarse a los cambios que esta modificación legal supone, entre los que se cuentan transformaciones en el currículum nacional, adecuaciones a la infraestructura de los establecimientos educacionales y modificaciones a la actual conformación de los cuerpos docentes de aquellos.
Sin embargo, el plazo anterior se ha hecho insuficiente, atendida la complejidad de los cambios que supone esta adecuación curricular. Ejemplo de ello son los importantes cambios que deben realizarse en materia de infraestructura y especialización de los docentes.
En cuanto a la infraestructura para que este cambio sea efectivo, resulta necesario readecuar alrededor de 2.420 establecimientos municipales y 1.175 particulares subvencionados que imparten enseñanza básica completa, además de 374 establecimientos municipales y 241 particulares subvencionados que solo imparten enseñanza media completa.
Si se aplica la nueva estructura curricular, unos tendrían un excedente de infraestructura, y otros, que solo ofrecen los actuales cuatro cursos de media, tendrían un déficit.
Respecto de los docentes, este cambio implica que un conjunto importante de ellos, que actualmente imparte clases en séptimo y octavo año de la enseñanza básica, deberá especializarse para enseñar en los dos nuevos cursos iniciales de educación media. Entre los actuales docentes de séptimo y de octavo básico, el 60 por ciento, aproximadamente 38.430, posee una especialidad. Sin embargo, el 40 por ciento restante, aproximadamente 25.160, aún no la tiene.
Adicionalmente, debe tenerse en consideración el impacto de las profundas reformas que el sistema escolar chileno ha experimentado desde la publicación de la ley N° 20.370, entre las que se encuentran la ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; la ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, y la ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
El conjunto de estas normas hace sumamente compleja la implementación de una modificación curricular de la envergadura y en los plazos que la ley N° 20.370 originalmente dispone.
En virtud de lo anterior, es necesario postergar la puesta en marcha de la nueva estructura curricular, lo que permitirá al Ministerio de Educación realizar las acciones necesarias para la implementación de la nueva estructura curricular y, asimismo, facilitar la adaptación de los establecimientos educacionales a esta.
Contenido
El proyecto de ley consta de un artículo único que modifica el artículo 8° transitorio de la ley N° 20.370, postergando el año en que debe entrar a regir la nueva estructura curricular de seis años para la educación básica regular y seis años para la educación media regular, que se establece en el artículo 25 de la misma ley.
Para tales efectos, se reemplaza la frase que dispone que el año de entrada en vigencia de esta nueva estructura será el año escolar que se inicia ocho años después de la entrada en vigencia de dicha ley, que corresponde al año 2018, por el año escolar 2027.
Tramitación en la comisión
Durante la tramitación del proyecto en la comisión se plantearon indicaciones por parte de diputados para establecer que el Ministerio de Educación debe informar anualmente a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado respecto de las medidas implementadas para dar cumplimiento a la nueva estructura curricular.
Asimismo, para que el Ministerio de Educación desarrolle acciones destinadas a facilitar la incorporación de los establecimientos educacionales a la citada nueva estructura curricular, incluyendo programas de formación para la especialización de profesores de educación general básica que imparten los cursos de séptimo y octavo año básico.
El Ejecutivo, tras coincidir con las propuestas de los diputados, presentó una indicación que las recogió, la que fue aprobada unánimemente por la comisión.
Por otra parte, se aprobó también en forma unánime una indicación para que la fecha de entrada en vigencia de la nueva estructura curricular sea a partir del año 2026, en lugar de 2027, como proponía el mensaje.
Constancias reglamentarias
El artículo único del proyecto reviste el carácter de ley orgánica constitucional, por cuanto modifica una norma de ese rango. No hay normas de quorum calificado.
Los artículos del proyecto aprobado por la comisión no requirieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos: nueve votos a favor y una abstención.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, por su intermedio, vaya mi saludo a la ministra de Educación.
El informe recién leído por el diputado señor Roberto Poblete ha dejado clara la situación. Al respecto, quiero recordar algunos hechos.
En 2009 aprobamos la Ley General de Educación, que recogió una demanda extraordinariamente importante y que, tras un proceso de discusión muy rico, puso término a la LOCE, originada en la década del 80.
La Ley General de Educación, entre muchos elementos, recogió la idea de cambiar la estructura curricular de nuestro sistema educacional. Se trata de una discusión que se ha dado tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la actualidad, ocho años corresponden a la educación básica -un logro alcanzado gracias a la reforma educacional de don Eduardo Frei Montalva, en la década del 60y cuatro años a la enseñanza media.
La experiencia internacional, particularmente de Europa, indica que ello ha ido modificándose, aunque parece una involución porque volvemos a la estructura que existía antes de esa reforma que creó el séptimo y el octavo año de educación básica, de la que fui uno de los afectados. Volvemos a dos ciclos de seis años cada uno, pero con la diferencia de que los dos últimos años de enseñanza media son de educación diferenciada para que los alumnos tengan vías de egreso distintas: la educación superior tradicional -las universidades y la educación técnico-profesional.
Esa idea matriz inicial sigue vigente, no ha cambiado. Por medio de este proyecto se propone modificar el artículo 8° transitorio de la Ley General de Educación, que establece que ocho años después de promulgada esa ley -en 2009entrará en vigencia la nueva estructura curricular, es decir, en 2018.
Durante el gobierno del Presidente Piñera no se hizo nada al respecto, y, para ser sincero, durante el actual gobierno, que se embarcó en la más profunda reforma educacional, tampoco se tomaron las acciones necesarias para sentar las condiciones que permitieran realizar un cambio tan importante.
En primer lugar, estamos hablando de cambios en materia de infraestructura, pues miles de establecimientos educacionales tienen que adecuar su realidad a una educación básica de seis años y una educación media también de seis años.
Existe otro elemento que es más sustantivo. Me refiero a disponer de profesores con los cursos de especialización necesarios para impartir clases en séptimo y octavo año básicos, a fin de que se cumpla la idea de que los niños sean atendidos por profesores especialistas en cada uno de los ramos a partir del séptimo año básico.
Según datos que nos entrega el propio mensaje, el 60 por ciento de los profesores que trabajan en séptimo y octavo año básicos ya cuenta con esas especialidades, lo que considero un logro importantísimo, porque estamos hablando de más de 30.000 profesores. Sin embargo, aún nos queda 40 por ciento de profesores que no tienen esa especialidad, esto es, alrededor de 25.000 profesores.
En ese sentido, el haber aprobado el proyecto de ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente es un paso importante en esa dirección.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor diputado. Debido a que hay pocos diputados inscritos, ¿habría acuerdo para que las intervenciones sean de diez minutos?
Acordado.
Puede continuar, señor diputado.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, intento entregar argumentos para que mis distinguidos colegas puedan comprender la importancia, el sentido y el alcance del proyecto, que, a mi entender, no es menor.
Reitero: aproximadamente 40 por ciento de los docentes no tiene especialización para trabajar en séptimo y octavo año básicos, por lo que el proyecto que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente es una buena noticia en ese sentido, al igual que el reforzamiento del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip), que ha sido un símbolo del desarrollo histórico de la educación en Chile. La idea de reforzarlo, de manera que tenga enorme un rol en la formación continua y en la actividad de nuestros profesores es también una buena noticia.
Conozco el trabajo del Cpeip de otras épocas, cuando fue un faro en la formación de los profesores en el país.
En suma, todo lo indicado nos va generando condiciones para alcanzar las metas, pero está claro que la nueva estructura curricular no se puede implementar el próximo año porque no están dadas las condiciones para hacerlo.
Originalmente, este proyecto planteaba que se postergara la entrada en vigencia hasta el 2027. En la comisión concordamos en que fuera un año antes, para que la consecución de este objetivo no se extendiera por el periodo de tres gobiernos distintos y fuera acotado a solo dos.
Otro tema importante es la indicación, de mi autoría -que contó con el respaldo de los colegas de la comisión-, que esperamos que ayude para que no se vuelva a dar la situación que estamos comentando. No se tomaron las medidas, año a año, que permitan garantizar que en 2026 no tengamos que pedir, una vez más, la postergación de la entrada en vigencia de una medida tan importante. La indicación señala que, año a año, el Ministerio de Educación debe informar a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado sobre los avances graduales y sistemáticos que aseguren que en 2026 sí entrará en vigencia este importante cambio en la organización de nuestro sistema educacional.
Las razones expuestas son suficientes. Se trata de un proyecto sencillo, pero muy importante, de manera que invito a todos los colegas a que lo apoyen y voten favorablemente este cambio, que, por lo demás, es un imperativo de la realidad, ya que no hacerlo nos pone en una situación muy compleja, más aun si estamos claros que será otro gobierno el que, probablemente, deberá tomar la decisión el próximo año.
Anuncio mi voto favorable a este proyecto e invito a los demás colegas a que voten en iguales términos.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, primero, saludo a la ministra de Educación. La intervención del diputado Venegas me ahorra parte de mi discurso.
Lo relevante de este proyecto es que posterga algo que venía desde hace diez años. ¿Por qué no estuvimos listos? ¿Por qué pasaron nueve años y cuando iba a entrar en vigencia dijimos que eso no podía ocurrir? Es una buena pregunta, pero no tiene respuesta. De hecho, este proyecto de ley no da respuesta a esa interrogante.
Teníamos la duda de si desechar totalmente la opción de transformar los ciclos educativos en dos de seis años o postergar la decisión por otros diez años para que se pudiera ajustar. Se optó por esta segunda alternativa -es decir, postergar por otros diez años-, pero, como dijo el diputado Venegas , amarrado a que ocurrieran al menos dos cosas: primero, que se entregue información permanente al Congreso Nacional, para saber cómo va el proceso de avance y, segundo -que es el otro compromiso, que está incluido en un artículo transitorio-, conocer las acciones del Ministerio de Educación para contar con más profesores especialistas. Recordemos que, en Chile, la mayor parte de los profesores son de educación básica. Aproximadamente, hay dos profesores de educación básica por cada profesor de educación media.
Quiero mencionar algunos datos concretos. Cuando miramos los resultados del Simce de alumnos de cuarto básico o de otras pruebas estandarizadas y después los comparamos con los resultados en octavo básico y en segundo medio, constatamos que las brechas van aumentando. Por supuesto, hay distintas razones para explicar que esas brechas aumenten. Una de ellas es que el capital humano se construye a través del capital humano adquirido previamente; así comienza a abrirse esa brecha. Pero otra razón por la cual esto sucede, que es muy relevante, es que en la educación particular subvencionada, especialmente en la particular pagada, los profesores especialistas enseñan desde quinto, sexto o séptimo básico, mientras que en la educación municipal lo hacen desde primero medio, lo que hace una diferencia muy relevante en los aprendizajes de nuestros niños y niñas.
Por lo tanto, tener un ciclo de primero a sexto básico y otro de primero a sexto medio -por decirlo de alguna manera implicaba la conveniencia de que profesores que daban clases en educación media podían hacerlo también en séptimo y octavo básico y recibir la subvención media, no la básica, lo que implica más recursos, para intentar mejorar los aprendizajes de ese grupo de estudiantes.
Hay que discutir dos aspectos sustantivos, para lo cual se necesitó más flexibilidad. El primero es la forma en que hoy se enseña. Esto se ha repetido tanto que parece majadero, pero si miramos una sala de clase hoy y la comparamos con una de hace cien años, comprobaremos que es exactamente igual. Y es bastante evidente que nuestros niños de hoy no son iguales a los de hace cien años. Por tanto, la educación no puede seguir exactamente igual que hace cien años. Lo que es disruptivo no es tener tecnología dentro de la sala de clases, sino ocuparla para implementar una forma de aprendizaje distinta. La disrupción no es la tecnología en sí, sino cómo se utiliza.
Si bien en el pasado hay un análisis relativamente lineal de cómo se fueron produciendo estos cambios, hacia el futuro esos cambios no son lineales, sino explosivos. Así como en los cinco últimos años se ha generado más información que en los primeros 2.000 años de la humanidad, lo que ocurra de aquí en adelante va a ser demasiado cambiante como para querer estructurar ciclos completamente fijos sin que exista la posibilidad de revisarlos en el futuro.
Es decir, hay una alta probabilidad de que en cinco o diez años más los ciclos no tengan que durar seis y seis años, sino, por ejemplo, pueden empezar con cuatro años: un ciclo con prekínder, kínder, primero y segundo básico, relacionado con la madurez; luego otro de tercero, cuarto, quinto y sexto básicos, y después, como lo hacen en otras partes del mundo, un ciclo de educación más vocacional en los últimos años, que permita una transición más fácil hacia la educación técnico-profesional y universitaria.
Está claro que la educación no puede seguir siendo un compartimento estanco, como una isla que no conecta con otras, del que se sale y al que nunca más se vuelve a entrar. Hoy es necesario un aprendizaje continuo. Para ello, el currículum es una parte muy importante. Reconozco que hubo una discusión, lamentablemente muy improvisada, sobre cómo se va a hacer ese currículum, que hoy está a cargo del Consejo Nacional de Educación (CNE), para que cada ciertos años sea renovado y se aplique un nuevo currículum que esté acorde a los estándares que necesitan nuestros niños y requiere la modernidad.
Hace cien años, las portadas de los diarios señalaban que las máquinas iban a reemplazar a las personas en sus trabajos. Ello no ocurrió, si bien reemplazaron parte de los trabajos, al mismo tiempo se crearon otros nuevos. En algún momento de la humanidad, cerca del 50 por ciento de las personas trabajaba en el ámbito agrícola y hoy solo lo hace el 3 por ciento, pero se crearon otros trabajos.
El problema actual es que la velocidad del cambio es tal que no sabemos qué pasará más adelante. Los informes de distintos organismos internacionales muestran que hay una alta probabilidad de que el 47 por ciento de los actuales empleos no sigan en el futuro. ¿Qué estamos haciendo en educación para adaptarnos a esos cambios y a esa velocidad explosiva del cambio, que no es lineal y que es de futuro? No tiene que ver con si le pasaron o no la materia del libro, si aprendió o no justo lo que dice el texto, porque hoy el aprendizaje es distinto.
Creo que la discusión que debiésemos haber tenido a propósito de este proyecto de ley es analizar cómo hacemos más flexible nuestro currículum, cómo hacemos más flexible la educación y cómo nos enfrentamos a esas habilidades de futuro que tienen muchos de nuestros hijos, que no tenemos nosotros y que lamentablemente menos tuvieron nuestros padres. Seguir anclados en una estructura educacional basada en lo que hicimos hace cien años es un profundo error para los próximos diez años.
En suma, este es un proyecto que casi nos pone entre la espada y la pared. Es imposible no pedir que se postergue la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular, porque los colegios aún no están preparados para implementarla.
Nuestra autocrítica debería estar enfocada en por qué los gobiernos anteriores no hicieron lo necesario para que, efectivamente, en 2018 se implemente la nueva medida, también llamada 6+6. Era clave haber puesto incentivos reales para que no sucediera esto. Me habría gustado que hubiésemos tenido más debate de fondo respecto de la educación del futuro, sobre la forma de enseñar y la manera de preparar en habilidades a nuestros niños y a nuestras niñas, porque, como bien dijo un filósofo chino, la educación nunca va a ser un vaso por llenar, sino que siempre va a ser un fuego por encender.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a la ministra de Educación.
El proyecto de ley, iniciado en mensaje, que hoy discutimos, tuvo un apoyo transversal en la Comisión de Educación, pues reconoce que no están dadas las condiciones necesarias para la implementación, en 2018, de la nueva estructura curricular, que establecía un sistema que contempla seis años de enseñanza básica y seis años de enseñanza media, también conocido como 6+6.
No obstante, quiero recoger la discusión suscitada en la comisión técnica, que guarda relación con la pertinencia de la nueva estructura curricular sin llevar a cabo profundos cambios en la forma en que concebimos la educación y el proceso educativo. En ese sentido, cabe preguntarnos cuál es la educación necesaria para el siglo XXI o qué conocimientos resultan imprescindibles en la sociedad de la información.
Uno de los fundamentos para el cambio curricular fue la necesidad de contar con una educación más especializada, que comenzara a más temprana edad, donde los actuales sexto y séptimo básicos pasaran a ser los primeros años de la enseñanza media.
Quiero detenerme en este aspecto y cuestionar cuando se exaltan los beneficios de la especialización, principios propios de una sociedad posfordista que, a través de la división y estandarización, busca un rendimiento óptimo, rentabilidad, optimización de recursos, cumplimiento de metas estandarizadas y rendición de cuentas, principios propios de la economía. Si los aplicamos al aula, conseguiremos sujetos egoístas, exitistas, individualistas, lo que nos alejaría más y más de una sociedad basada en la solidaridad, en la igualdad de oportunidades y en el respeto.
Como en múltiples aspectos, una nueva estructura curricular nos da la oportunidad de corregir las inequidades inherentes al sistema capitalista y de entregar las herramientas a todos los niños y jóvenes para cumplir con sus expectativas. Sin embargo, debemos evitar a toda costa que se imponga un determinismo socioeconómico o las tesis más estructuralistas en que la conciencia no determina su entorno, sino que más bien es el entorno social el que determina la conciencia. Eso redunda en la idea de que ciertos estudiantes provenientes de estratos socioeconómicos altos sean preparados para ir a la universidad, en desmedro de otros que, por su origen social humilde, tienen como destino natural la preparación para el mundo del trabajo o como aspiración máxima obtener un título técnico de nivel medio.
En ese sentido, llamo al Ejecutivo a hacer todos los esfuerzos para igualar el nivel educacional y el acceso a las oportunidades, mediante un proceso educativo inclusivo; a no asimilar ni a naturalizar la estratificación social imperante y a no dar sustento a lo sentenciado por Herbert Marcuse , quien en su magistral obra El hombre unidimensional, sentenció: “En esta sociedad, el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado en que determina no solo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino que también las necesidades y las aspiraciones.”.
Por último, cabe señalar que la educación debe ser la principal preocupación de todo gobierno.
Como docente, entiendo el rol del aula y el poder transformador de la escuela como herramientas para construir un mejor mañana.
Por lo tanto, apoyaré el proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-
Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a la ministra de Educación, quien hoy nos acompaña.
Como lo manifestó el diputado Jaime Bellolio , hemos perdido una gran oportunidad. Cuando se aprobó la ley N° 20.370, hace casi ocho años, se estableció un plazo que, en ese entonces, se consideró prudente, pues se creyó que Chile estaba en condiciones de ir tomando las medidas para implementar un sistema educacional de seis años para la enseñanza básica y de seis años para la enseñanza media, con el beneficio de que séptimo y octavo básico estuvieran a cargo de profesores especialistas. Eso imponía ciertos desafíos, como preparar profesores con especialidad y, a la vez, cumplir con el requisito de infraestructura.
En ese momento también se discutieron las dificultades que iban a tener los estudiantes del mundo rural, quienes actualmente asisten a las escuelas solo hasta octavo básico, porque por diversas razones, justificadas en su mayoría, esa escuela no se puede transformar en un establecimiento de educación media.
Evidentemente, desde esa fecha hasta ahora se hizo poco o nada. Lo que hoy tenemos es un proyecto de ley que se pretende aprobar apresuradamente, en una sesión; sin embargo, no se entregan razones técnicas ni tampoco se han mostrado avances.
Valoro las indicaciones que se han presentado para que, año tras año, las diversas autoridades que estén a cargo del Ministerio de Educación deban ir dando cuenta de las medidas que se han ido adoptando, de los avances que ha tenido la implementación de las mismas, a fin de que en 2026 se pueda aplicar la ley, tenga el impacto esperado y los alumnos de séptimo y octavo básicos tengan un mayor nivel de exigencia, con una formación más especializada en áreas como matemáticas, ciencias, lenguaje e idiomas, y en todas las actividades curriculares a las que ellos se ven sometidos regularmente durante el año escolar.
Por otro lado, también era pertinente -tal vez es lo que echamos de menos en la discusión de este proyecto de ley haber analizado qué se espera hacia el futuro, porque quizás en 2026 los desafíos de la educación sean distintos. Con esto me refiero a incorporar tecnología, a hacer frente a los nuevos desafíos para aprender las nuevas habilidades que se requieren para desenvolverse en un mundo globalizado, a aprender idiomas y a dominar la tecnología en el plano social.
En ese sentido, creemos que esta fue una oportunidad perdida. Ahora, solo nos queda tomar todas las medidas que nos permitan cumplir con éxito en el nuevo plazo. Será tarea de las nuevas autoridades, a contar de marzo de 2018, tomar las primeras decisiones en esa dirección. Si el proceso se puede adelantar, también será una buena señal.
Sería bueno abrir un debate con los sostenedores, para evaluar la posibilidad de contar con colegios con ciclos completos, es decir, con educación preescolar, educación básica y educación media en el mismo establecimiento, de tal manera de sumar la ventaja que tiene para el debate pedagógico el hecho de contar con equipos multidisciplinarios que puedan apoyar el proceso formativo desde los primeros años.
De más está decir que la educación preescolar de calidad es la que hace la diferencia.
Por tanto, si queremos igualdad de oportunidades, debemos avanzar en adoptar medidas que vayan en la dirección de otorgar mejor y mayor aprendizaje y una formación más integral a los estudiantes desde los primeros años de vida.
Espero que este año el Ministerio de Educación adopte medidas que permitan trazar un camino para avanzar en la implementación de la ley. Hoy evidentemente no estábamos preparados para ello. Si se hubiese seguido presionando para su aplicación, quizás muchas comunas habrían tenido graves problemas para ello. Por lo tanto, es necesario que aprobemos el proyecto; pero –insisto el compromiso tiene que ser de todos en el sentido de avanzar gradual y paulatinamente para que la implementación de la ley sea una realidad en 2026.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano .
La señora DELPIANO, doña Adriana (ministra de Educación).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los señores diputados y señoras diputadas, y a todos quienes se encuentran presentes en las tribunas.
Quiero reiterar la valoración que el gobierno hace de la posibilidad de contar con educación básica de seis años y con educación secundaria de seis años, con profesores especialistas, a lo cual se agregará la implementación de la ley que establece el kínder obligatorio. Seguramente, en poco tiempo más se incorporará el prekínder, ámbito en el que tenemos una cobertura casi universal.
Nuestro sistema educativo se ha ordenado en el tiempo no solo por una decisión curricular, sino también por las posibilidades que el país ha tenido de entregar educación obligatoria a toda la población. Primero, la educación obligatoria que se estableció en su momento fue de seis años. A ellos se sumaban seis años de secundaria en el liceo, pero que no eran obligatorios; solo eran una posibilidad. En el gobierno del Presidente Frei Montalva se establecieron ocho años de educación básica obligatoria; es decir, el país hacía un esfuerzo por retener dos años más a la población en este proceso de educación obligatoria. Fue así que se constituyó el “ocho y cuatro”.
Reitero: esta decisión no fue necesariamente curricular, sino que se basó en las posibilidades de entregar educación obligatoria a toda la población. Recién en el gobierno del Presidente Lagos llegamos a los doce años de educación obligatoria, y en el gobierno del Presidente Piñera se modificó la Constitución Política para agregar el kínder como obligatorio.
En consecuencia, hoy tenemos una estructura educativa que obliga a la familia, por un lado, y le da la posibilidad, por otro, de que sus hijos estén al menos doce años en la escuela.
Dividir la educación escolar en seis años de básica y seis años de secundaria es una decisión que se discutió ampliamente y que tiene que ver con las posibilidades de entregar, primero, una educación más general, y luego, una educación más especializada. Para cumplir con ese propósito en los tiempos en que se fijó originalmente, claramente ha habido dificultades -han sido manifestadas por varios parlamentarios-, en el sentido de que para ello se requieren, al menos, dos recursos fundamentales: en primer lugar, la infraestructura. Muchos liceos están constituidos para impartir clases a cuatro cursos, y muchas escuelas básicas han hecho un gran esfuerzo para tener ocho años de enseñanza básica.
En segundo lugar, se requiere que el 40 por ciento de profesores de séptimo y octavo básico que aún no tienen una especialidad como la que se necesita para cubrir esos dos años, la adquieran.
Esas son las dos razones de fondo.
En el debate parlamentario que hubo en la comisión asumimos compromisos, algunos de los cuales ya se están cumpliendo. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip), del Ministerio de Educación, tiene un programa de menciones y de trabajo que se está desarrollando con universidades con el fin de acelerar el proceso de contar con más profesores especialistas. En este minuto tenemos cuarenta cursos de especialidades funcionando. Ello significará contar con 2.300 profesores formados en una especialidad a finales de año, que pueden ser profesores de básica que se especializan, o profesores de media que adquieren una formación más amplia para trabajar con niños o jóvenes que son menores.
Hemos estado haciendo un gran esfuerzo en materia de infraestructura. No obstante, hay un elemento muy importante a considerar: el hecho de que los niños actualmente pasen de un ciclo a otro cambiándose de establecimiento no solo tiene que ver con un asunto de orden curricular académico. Se trata de una situación que muchas veces afecta el desarrollo del niño, pues en una etapa compleja como es la adolescencia se encuentran con que deben cambiar de grupo humano. Esto, en general, no pasa en los colegios particulares pagados, pues imparten el ciclo completo.
Por lo tanto, algo muy deseable sería que los colegios avanzaran hacia contar con el ciclo completo. Incluso, ese ciclo completo no tiene por qué cursarse en el mismo lugar físico, pues podemos acoplar liceos con colegios, poniéndolos a ambos bajo un mismo RBD, es decir, un mismo RUT, por decirlo de alguna manera, del establecimiento. En consecuencia, la enseñanza básica se cursa en un lugar, y la media, en otro lugar.
Por lo tanto, lo que solicitamos en este proyecto de ley -fue lo que aprobó la Comisión de Educación es no hacer obligatoria la implementación de la ley en 2018, pero sí seguir avanzando para que en ocho años más se tengan cubiertas todas las necesidades señaladas, pues creemos que es mejor desde el punto de vista curricular.
En consecuencia, nuestro compromiso, como muy bien mencionó el señor Roberto Poblete , diputado informante del proyecto, es el siguiente: dar apoyo y orientación a los establecimientos que puedan y quieran adelantar la medida; flexibilidad para contratar profesores de media en séptimo y octavo cuando no haya profesores de básica con mención -bajo esa condición-; flexibilizar la ubicación física de los establecimientos y posibilitar el uso de dos locales para el mismo establecimiento; promover la especialización docente mediante la oferta de menciones, medida que ya estamos desarrollando y que iremos intensificando mayormente; y revisar y llegar a acuerdos con las universidades sobre la formación de profesoras y profesores de educación básica y media. Respecto de esto último, hago presente que la semana pasada inauguramos la nueva Universidad de O’Higgins, la cual entre las trece diversas carreras que impartirá -medicina, agronomía y otras contempla las pedagogías con especialidad, es decir, pedagogías para los seis años de media.
Sabemos que esta es una necesidad del país, y si no la enfrentamos, se ampliarán brechas que muchas veces se dan por niveles socioeconómicos distintos, pues el 80 por ciento de los establecimientos particulares pagados ya tienen la modalidad señalada, al igual que una parte importante de los particulares subvencionados. Por ello, queremos avanzar en materia de educación municipal y esperamos que a través de los servicios locales se consiga prontamente.
Por otra parte, casi toda la oferta de educación rural en el país es municipal, lo que trae consigo el problema del traslado. Si bien este problema ha ido disminuyendo, pues se ha ido avanzando aceleradamente en términos de contar con caminos pavimentados y con movilización por parte de los municipios, el hecho de que quienes deben trasladarse a lugares más lejanos son pequeños es y sigue siendo una complicación en muchas localidades rurales del país.
Por tanto, señor Presidente, invito a los señores diputados a apoyar esta iniciativa, que solo tiene por objeto postergar la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular que establece la ley N° 20.370. Ello, porque estamos avanzando en esta medida, que nos parece del todo loable y deseable para el país: mejorar el aprendizaje de los niños de sexto y séptimo básico, lo cual se suma al esfuerzo que nos encontramos realizando hoy día para terminar con el cambio curricular de tercero y cuarto medio, que permitirá tener más horas de formación general y la opción vocacional en esos dos últimos años escolares sin las inmensas diferencias que se generan hasta el día de hoy entre la formación técnico-profesional y la científico humanista.
La idea es entregar una formación vocacional que permita a los alumnos salir preparados al mundo del trabajo y, además, continuar en la educación terciaria con su formación técnico profesional.
Señor Presidente, también fuimos capaces de asumir las muy importantes sugerencias hechas por los parlamentarios a este proyecto de ley, que consta de un artículo único, el cual, sin lugar a dudas, finalmente fue mejorado en la Comisión de Educación.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano .
Recuerdo a mis colegas presentes en este hemiciclo que si hoy estamos en este debate es porque el año 2009, en un proceso legislativo -tal vez en esa época muchos de nosotros no formábamos parte del Parlamento se acordó establecer una nueva estructura de ciclos educativos, la cual debería aplicarse a partir de 2018.
Por eso hoy es importante esta discusión, porque votaremos la posibilidad de postergar la entrada en vigencia de la referida estructura curricular.
Eso me parece positivo, pues de alguna manera refleja la necesidad de realizar un mayor análisis sobre la materia y tener en consideración tal vez otros elementos que no formaron parte del debate en esa oportunidad, dado que, finalmente, el propósito era generar una estructura de ciclos distinta a la que actualmente conocemos.
Por otros motivos, lamento que la discusión solo se haya acotado a una mirada más bien reducida sobre los años de los ciclos y no a una mirada mucho más amplia en cuanto a cómo ellos pueden impactar en las bases curriculares. Por esta razón presentamos indicaciones; algunas con mayor éxito que otras.
Lo anterior, porque en nuestro país se han ido acumulando mucho conocimiento y muchas expectativas al respecto.
En 2006, el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación indicó al Ministerio de Educación que el currículo debía ser sometido a revisión periódica. Así, recomendó establecer ciclos regulares de revisión y actualización. Señalo esto, porque nuestra historia reciente demuestra el interés de los gobiernos de turno por hacer cambios a las bases curriculares. Solo para recordar, y a modo de ejemplo, están los anuncios hechos en su momento para reducir las horas lectivas de Filosofía.
Dicho consejo estima que la existencia de procedimientos públicos y periódicos de actualización permitiría contrarrestar la tendencia a sobrecargar prematuramente el currículo como respuesta a la velocidad con que cambian los conocimientos y la sociedad, y favorecer su apropiación y puesta en práctica por estudiantes y docentes.
Por tanto, las bases curriculares deben tener una mirada larga, una mirada de ciclo, pero, sobre todo, una mirada de política de Estado y no de gobiernos de turno.
Además de las recomendaciones propuestas en 2006 por dicha comisión asesora presidencial, nuestro gobierno, el gobierno de la Presidenta Bachelet , constituyó en 2015 una mesa de trabajo con la finalidad de que entregara recomendaciones para una política nacional de desarrollo curricular. Dicha mesa de trabajo propuso, entre otras cosas, diseñar ciclos y estrategias de actualización periódica del currículo nacional, considerando para ello fenómenos como el desarrollo del conocimiento, el surgimiento de nuevas necesidades, la emergencia de nuevos actores, canales y formas de participación, y desarrollos educativos en el contexto internacional.
Esas estrategias deben implicar ciclos de revisión y renovación curricular, contemplando etapas de levantamiento de información (basadas en monitoreo a la implementación curricular, diagnósticos y articulación con el mundo del conocimiento), consultas, procesos participativos y evaluaciones que permitan dar continuidad a los procesos curriculares.
Los expertos convocados por el Ministerio de Educación para la constitución de la referida mesa de trabajo propusieron diferentes niveles de renovación curricular: ciclos cortos de seis años para actualizaciones de contenidos que permitan dar cuenta de las contingencias que desafían al currículo, y ciclos de al menos doce años para cambios que impacten la arquitectura y estructura curricular.
Señalo lo anterior, porque realmente considero que la situación en esta materia es lamentable. Entiendo la urgencia de postergar la entrada en vigencia de la estructura curricular establecida en 2009. Sin embargo, esa misma urgencia nos restó de la tarea de hacer un análisis mucho más profundo respecto de aquellos temas que deberían convocarnos en cuanto a las bases curriculares.
Otra recomendación del consejo asesor presidencial sobre la materia se relaciona con la implementación de procesos de participación que comprendan diversas metodologías de participación ciudadana que hoy en día se ocupan en la elaboración de políticas públicas, considerando también aquellas que se están implementando a nivel internacional, además de respetar las modalidades de participación propias en el caso de los pueblos indígenas. Ello, como lo manifesté en su minuto, con el propósito de generar una política nacional de desarrollo curricular.
Además, nos parece que esta discusión sobre los ciclos también nos abre al debate respecto de lo que, al menos para la bancada de la Democracia Cristiana, forma parte de nuestras preocupaciones.
Muchos de nosotros representamos territorios donde las escuelas rurales juegan un rol muy importante. Por tanto, pensamos que esta reforma debe ir aparejada a otra gran reforma sobre las tareas de formación docente para asegurar que los profesores que posean un conocimiento más especializado lleguen a ejercer a esos lugares. Para ello hay que adecuar la estructura del financiamiento, el sueldo de nuestros docentes, pero, más importante que eso, garantizar que el sentido de pertenencia que se genera con las escuelas situadas en localidades rurales siga siendo una oportunidad para que nuestros niños y niñas no deban desarraigarse de sus familias y trasladarse a otros sectores para estudiar.
En consecuencia, la postergación de la entrada en vigencia de las modificaciones a la estructura del “seis más seis”, aprobada en 2009, nos da la posibilidad de hacer un debate más profundo sobre la integralidad de políticas en materia de educación vinculadas a formación docente, a infraestructura, a equipamiento, de manera que todos estos elementos sean coadyuvantes del propósito inicial al que todos aspirábamos: que la educación realmente permita desplegar todas las capacidades y los talentos de nuestros niños y niñas.
Por lo expuesto, vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la postergación de la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370.
Sin embargo, queremos consignar, al menos en este debate, que nos parece importante hacer un análisis mucho más de fondo respecto de la integralidad que deben tener las políticas de formación docente, de infraestructura y de equipamiento, y, por cierto, las bases curriculares de nuestro país, cuyo cambio no puede ser una tentación del gobierno de turno, sino una política de Estado con una mirada larga en que los ciclos deben ayudar también para que esto quede establecido por ley.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Germán Verdugo .
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto deja en evidencia una situación que siempre me ha preocupado y a la cual ya me he referido en este hemiciclo.
De lo que hablo es de que muchos de los proyectos de reforma que se han presentado con la intención de mejorar la educación no están directamente relacionados con la calidad. Exactamente lo contrario ocurre con la norma cuya aplicación hoy se pretende postergar, pues apunta directamente a lo que deseamos todos: mejorar la calidad de la educación.
Esto se discutió ampliamente cuando tratamos la reforma educacional, entre 2006 y 2009, ocasión en la que se aprobó, con apoyo transversal, el establecimiento de los dos ciclos, de seis años cada uno, en la educación, pensando en que la especialización de los profesores en las distintas materias era fundamental para mejorar la calidad de la educación.
Por eso, resulta lamentable que no hayamos podido cumplir con la disposición legal cuya aplicación hoy buscamos postergar.
Se aduce como causa de aquello la alta complejidad de los cambios, lo que derivaría de dos problemas: la falta de infraestructura y la falta de profesores especializados.
Los profesores son actores principales y fundamentales del proceso educativo, pero en todas las reformas los hemos postergado y dejando de lado, lo que nuevamente ha quedado en evidencia con esta situación.
El perfeccionamiento docente es fundamental si queremos mejorar la calidad de la educación. Me refiero a un perfeccionamiento docente entregado por el Estado, no a uno financiado por los profesores, como normalmente ocurre.
Quiero compartir, porque estoy plenamente de acuerdo con él, lo manifestado por el presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Pedro Montt , ante la Comisión de Educación de nuestra Corporación, donde expresó: “la necesidad de dar certeza -lo cito textual respecto de la voluntad de implementar el cambio a la estructura curricular de la educación escolar dispuesta en la LEGE, de 2009. A juicio de los consejeros, la postergación en diez años de la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular parece excesiva y puede dar una señal equívoca al sistema, que debilite su implementación a futuro.”.
Efectivamente, diez años, y ahora, con la indicación que se presentó, nueve años, también me parece un tiempo excesivo. Aunque la señora ministra haya hablado de un proceso, en la ley, tal como está, se habla del año 2026. Ahí hay como una contradicción entre lo que establece la norma y lo manifestado por la señora ministra, que, en mi opinión, es lo lógico, lo razonable, lo que necesariamente hay que hacer. Hay que considerar cuál es la realidad de cada sostenedor y en qué plazos puede adecuarse a este nuevo sistema, que es fundamental para que podamos mejorar la calidad de la educación.
Es cierto que en este momento hay muchos profesores con especialidad que están haciendo clases en séptimo y octavo años de educación básica. Pero hay algo que me llama la atención: los directores de dichos establecimientos tienen la facultad para decir al profesor que está haciendo matemáticas que el próximo año vaya a hacer ciencias, de acuerdo a las necesidades y horarios que se le presenten y a la forma como adecuarlo, lo que perjudica necesariamente a los profesores, y en muchos casos lo desmotiva.
No es posible que se mantenga esa situación, es decir, que, por ejemplo, a un profesor de ciencias se le pueda ordenar que al año siguiente haga clases de lenguaje. Y eso pasa, porque los directores tienen esa facultad.
Me parece que eso perjudica enormemente el trabajo de los profesores y la motivación por especializarse.
Es importante que los profesores de educación básica, fundamentalmente, tengan la posibilidad de especializarse en las respectivas materias y poder cumplir, de alguna manera, con la exigencia que el mejoramiento de la calidad nos impone.
Por otro lado, existe una situación que también es difícil de entender: que un profesor de enseñanza media deba tener la autorización de la secretaría regional ministerial, es decir, del ministerio, para hacer clases en la educación básica. Creo que eso es un contrasentido, por lo cual debería disponerse que exista esa posibilidad, la flexibilidad para que el profesor de enseñanza media pueda hacer clases en la enseñanza básica.
Considerando la situación y las circunstancias, no nos queda otra alternativa que aprobar este proyecto, pero espero y confío que lo manifestado aquí por la señora ministra, en cuanto a que con esto se iniciará un proceso, se haga realidad. No puede ser de otra manera; no podemos abocarnos a resolver esta situación de un año para otro.
La educación es un proceso, un proceso de renovación continua. Así la entiendo. La educación, como proceso de renovación continua, tiene aquí su mayor posibilidad de llegar a tener lo antes posible a profesores especialistas haciendo clases en las materias que les correspondan y así mejorar la calidad de la educación.
Esta ley apuntaba a eso, es decir, a mejorar la calidad de la educación, y lo que estamos haciendo es postergar su aplicación, demorar un tiempo más el inicio de este proceso que los profesores esperan, que los padres y apoderados desean y respecto del cual los sostenedores deben asumir la responsabilidad para que en el menor tiempo posible se pueda cumplir esta normativa.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, este proyecto nos está llevando a un debate más profundo.
Quizás ese debate más profundo quiso hacerse, pero como hay pocos inscritos, ya no se hizo; solo se insinuó.
No estoy de acuerdo con ir a lo más profundo del proyecto; solo quiero que recordemos un poco la historia más reciente de lo que el proyecto modifica.
El 2009 entró en vigencia la ley N° 20.370, conocida también como Ley General de Educación, que dio para mucho. Esa normativa, cuya entrada en vigencia hoy estamos modificando, tenía, entre otros objetivos, el de establecer una nueva estructura curricular, según la cual a partir de 2018 la educación básica tendría una duración de seis años, y la media, también de seis años, con lo que se pretendía establecer una educación más completa y equilibrada entre ambos niveles de enseñanza.
Recuerdo con mucho cariño la historia del proyecto que dio lugar a esa ley, porque me tocó ser educado con ese currículo de seis cursos de enseñanza básica y seis cursos de enseñanza media.
¡Qué bueno que se haya pensado en que las nuevas generaciones también tienen el derecho a mejorar lo que tanto queremos, la educación, respecto de la que tanto se discute y la que tanto se ha reformado para bien de todos los jóvenes.
Para lograr lo anterior, se requería, por una parte, mejorar la capacidad de infraestructura de los colegios, y por la otra, una adecuada capacitación de los estamentos docentes en los diferentes niveles. Quedamos en deuda.
De allí nace el proyecto en discusión, ya que llegada la fecha de implementación de esa reforma, es posible constatar que no se ha logrado concretar ni una ni otra condición, por lo que puede resultar problemático realizar el cambio a partir del próximo año.
Por esa razón, reitero, se ha enviado a tramitación el proyecto en discusión, que establece una prórroga para que ese cambio entre en régimen a partir del 2026.
Debo señalar que era la oportunidad de lograr el verdadero cambio que queremos con este nuevo currículo, que me parece muy adecuado. Quienes estudiamos en un momento en que la educación básica y media se dividía en seis niveles cada una, no siempre comprendimos las razones del cambio posterior. Por ello, considero que volver a la antigua división de niveles en seis años va a resultar satisfactorio para lo que se espera en materia de calidad de la educación y formación de nuestras futuras generaciones.
La ley debió aplicarse cuando correspondía, por lo que no estoy de acuerdo con seguir prorrogando reformas tan necesarias y que van en beneficio de nuestras futuras generaciones.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, he estimado oportuno intervenir en relación con el proyecto, porque si bien entendemos su objetivo final, como se ha señalado en las diferentes intervenciones, quiero recordar que en este caso particular se prorroga la aplicación de la ley N° 20.370, que retrotrae la forma de entregar la educación a como se realizaba hace algunas décadas, cuando la enseñanza primaria y las humanidades duraban seis años cada una.
Dicha ley se dictó el 12 de septiembre de 2009 y comenzaría a regir el año que viene. Por lo tanto, hemos tenido nueve años para prepararnos; pero nos hemos dado cuenta de que no cumplimos con las modificaciones curriculares, con las dotaciones docentes y con la infraestructura, lo que habla de esta suerte de improvisación con que estamos haciendo muchas modificaciones o reformas educacionales.
Es más, me pregunto si las regiones están preparadas para asumir un desafío de esta naturaleza. Les quiero entregar un ejemplo de cómo una política diseñada a nivel central se refleja en territorios tan disímiles como los de la Región de Aysén. La ley N° 20.370 está pensada como si todos los chilenos vivieran en una gran ciudad, lo que no es así, porque estamos distribuidos a lo largo de un país que tiene diversas realidades geográficas. De las diez comunas que componen mi región, cinco ni siquiera disponen de liceos de enseñanza media, por lo que niños de entre trece y catorce años de edad deberán trasladarse a otras ciudades cuando terminen su ciclo de seis años de enseñanza básica. Imagínense lo que significa para niños de esa edad salir de sus hogares, del ambiente en que reciben afecto, donde están sus amigos, de su territorio, para ir a varios kilómetros de distancia. O’Higgins, Lago Verde y Tortel son comunas extremadamente alejadas, por lo que sus habitantes tienen que ir a las capitales de sus provincias o de sus comunas para, de allí, dirigirse a donde quieren ir. Esas distancias enormes no permitirán a esos alumnos retornar con frecuencia a sus respectivos hogares.
A los problemas que menciona el ministerio en materia curricular, docente y de infraestructura, debemos agregar la preparación que deberemos tener para enfrentar este cambio tan radical en la vida de niños de tan poca edad, ya que cuando salgan de su casa para continuar sus estudios de enseñanza media en una ciudad distinta, con suerte podrán volver algunos a sus hogares los fines de semana. O sea, estamos hablando de costos que no están mencionados en el proyecto; se trata de enormes costos humanos que es necesario considerar.
No es posible que se establezca una política de Estado que no aborde ni dé solución a todos los aspectos que implica. Por eso muchos papás y mamás de la Región de Aysén nos manifiestan permanentemente su preocupación sobre la urgente necesidad de postergar la aplicación de la ley N° 20.370. Por lo tanto, consideramos un avance que se haya prorrogado su aplicación hasta el 2026. Esperamos que ese año logremos que todos los niños de regiones puedan acceder en igualdad de condiciones a esa formación.
La comuna de Coyhaique, que es la capital de la Región de Aysén, tiene establecimientos educacionales ubicados a noventa o a cien kilómetros de distancia, lo que hará imposible que sus alumnos vayan en la mañana al colegio y regresen en la tarde a sus hogares. Al respecto, el proyecto ni siquiera menciona este problema humano. ¿Qué sucede con ese menor de trece años que sale de su casa y tiene que recurrir a un programa de residencia familiar u otra alternativa para continuar sus estudios?
Obviamente, el Estado debe cambiar su visión centralista a la hora de establecer esas modificaciones por una sensibilidad más regionalista. ¿Hasta cuándo los habitantes de territorios rurales, de comunas alejadas, de regiones extremas tendrán que pagar la falta de previsión y de preparación para impulsar este tipo de modificaciones?
El mensaje del proyecto señala su preocupación en el sentido de que se deben hacer profundas modificaciones en el ámbito curricular, en el de dotación de docentes y en el de infraestructura; pero, ¿qué pasa con los costos humanos? ¿Qué pasa con ese menor de trece años que tiene que salir de su hogar para continuar su enseñanza media? ¿Quién se preocupa de los costos familiares que implican estas modificaciones? ¿Quién ve los problemas económicos que producirán estos cambios?
Repito: pareciera que pensáramos que todos los habitantes de Chile viven en una gran ciudad, porque no somos capaces de vislumbrar las realidades territoriales.
Por eso, valoro la postergación de la aplicación de la ley N° 20.370. Sin embargo, el ministerio tiene que analizar con mucha mayor dedicación y seriedad las implicancias que tiene esta reforma, que comenzaría a regir en 2018, pero que hoy se posterga hasta el 2026, respecto de la gente de las zonas extremas y de las comunidades rurales donde no existen liceos, como sucede en una gran cantidad de comunas a lo largo del país. ¡Para qué decir lo que pasa en mi región!
Obviamente, el proyecto da una señal adecuada a esas comunidades. No obstante, no puedo dejar de señalar la suerte de improvisación con que el Ministerio de Educación está enfrentando muchas reformas y modificaciones al sistema educacional, así como la visión centralista con que las está elaborando.
Por lo dicho, señor Presidente, no nos queda más que apoyar esta iniciativa, y esperar que el ministerio realice propuestas pensadas con claridad, que consideren los efectos territoriales y familiares, así como las implicancias que provocan en los niños y niñas de nuestro país.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de la palabra, señora diputada.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y del artículo 147 del Reglamento de la Corporación, me inhabilito de votar.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Se dejará constancia de su inhabilitación, señora diputada.
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las cuales se votarán a continuación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 3 abstenciones y 1 inhabilitación.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara, Osvaldo ; Pascal Allende, Denise ; Schilling Rodríguez , Marcelo .
-Se abstuvo la diputada señora Pacheco Rivas , Clemira .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general el artículo único del proyecto, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 5 abstenciones y 1 inhabilitación.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara, Osvaldo ; Fuentes Castillo, Iván ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Pascal Allende, Denise ; Schilling Rodríguez , Marcelo .
-Se inhabilitó la diputada señora Pacheco Rivas , Clemira .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto al Senado.
PERFECCIONAMIENTO DE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS TERRORISTAS Y DE LOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL ESTADO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 10460-25) [VOTACIÓN]
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general, sin discusión, el proyecto de ley, iniciado en moción, que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 11ª de la presente legislatura, en 6 de abril de 2017.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes, Marcos ; González Torres, Rodrigo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Pérez Arriagada, José ; Robles Pantoja, Alberto ; Vallespín López , Patricio .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar el artículo 5° y el inciso primero del artículo 6°, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Rechazados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes, Marcos ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Robles Pantoja, Alberto ; Vallespín López , Patricio .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general los incisos primero, tercero y cuarto del artículo 1°, el artículo 2°, el inciso primero del artículo 7°, el inciso primero del artículo 12 y los artículos 13 y 14, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Rechazados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes, Marcos ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Pérez Arriagada, José ; Robles Pantoja, Alberto ; Vallespín López , Patricio .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Se hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el rechazo de una disposición que requiera mayoría especial para su aprobación importará también el rechazo de las demás que sean consecuencia de aquella.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
ADOPCIÓN DE PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS (N° 839)
Intervinieron los diputados Jorge Sabag y Karla Rubilar .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 839 en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 839.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
SUBSIDIO PERMANENTE PARA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DE FERTILIZANTES NATURALES Y ORGÁNICOS (N° 840)
Intervinieron los diputados Jorge Sabag y Alejandra Sepúlveda .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 840 en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 840.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Godoy Ibáñez , Joaquín .
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJEROS EXPRESO MAULE (N° 841)
Intervinieron los diputados Pedro Álvarez-Salamanca y Alejandra Sepúlveda .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 841 en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 841.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarez Vera, Jenny ; Cariola Oliva, Karol ; Godoy Ibáñez , Joaquín .
FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS (N° 842)
Intervino el diputado Patricio Melero .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 842 en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 842.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Girardi Lavín, Cristina ; Pascal Allende, Denise .
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.HOMENAJE
La Cámara de Diputados rindió homenaje al actor y director teatral señor Humberto Duvauchelle Concha .
Intervinieron los diputados Ramón Farías y Daniel Núñez .
VIII.INCIDENTES
Resumen de las intervenciones de los siguientes diputados:
La señora DENISE PASCAL
(PS) rindió homenaje en memoria del señor Pedro Martínez Romo , exalcalde, exconcejal y exregidor de la comuna de Melipilla, recientemente fallecido.
La señorita DANIELLA CICARDINI
(PS) denunció deficiencias en el servicio de suministro de la empresa sanitaria Aguas Chañar y pidió al ministro de Obras Públicas y al superintendente de Servicios Sanitarios que evalúen la continuidad de la concesión entregada a esa empresa.
El señor MANUEL MONSALVE (PS) solicitó oficiar al ministro del Interior, al intendente de la Región del Biobío, al gobernador de la provincia de Arauco y al director de la Conadi de la Región del Biobío, a fin de que se preocupen de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas de la provincia de Arauco en las mesas territoriales celebradas en 2015.
Asimismo, pidió que el ministro del Interior visite la zona y se reúna con las comunidades indígenas involucradas en esos acuerdos, para evaluar el seguimiento que se está dando al cumplimiento de esos compromisos.
La señora KARLA RUBILAR (IND) solicitó a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al superintendente de Previsión Social y a la ministra de Salud, que den solución a trabajadores declarados irrecuperables a quienes la Compin rechaza sus licencias médicas, pero que no alcanzan el porcentaje de discapacidad o de invalidez para acceder a una pensión.
Asimismo, pidió a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al superintendente de Previsión Social y a la ministra de Salud seguridad de atención para trabajadores que sufren accidentes laborales.
La señora ALEJANDRA SEPÚLVEDA (IND) requirió al ministro de Obras Públicas urgencia para diseño de proyecto de agua potable y pavimentación de camino de la localidad del Rincón de Panamá, comuna de Santa Cruz.
Asimismo, demandó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones información sobre fiscalización por toma de la franja del ramal de la Empresa Ferrocarriles del Estado a Pichilemu, comuna de Peumo, provincia del Cachapoal.
Además, requirió al ministro de Obras Públicas 500 horas-máquina para reforzar defensas fluviales del río Cachapoal en el sector de Monte Lorenzo, comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
Pidió al ministro de Obras Públicas un estudio técnico para llevar agua desde el embalse
Convento Viejo hasta la comuna de Marchigüe.
Finalmente, solicitó al director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), al ministro del Interior y Seguridad Pública y al ministro de Defensa Nacional ayuda para la instalación de la antena repetidora del Radio Club San Fernando en el cerro Las Romazas, ubicado en la localidad de Roma, provincia de Colchagua.
El señor VLADO MIROSEVIC
(PL) solicitó a la ministra de Bienes Nacionales y, por su intermedio, al seremi de dicha cartera en la Región de Arica y Parinacota el cumplimiento del compromiso de entregar los títulos de dominio de sus viviendas a los comités de vivienda de los valles de Lluta y de Azapa.
El señor FERNANDO MEZA (PRSD) solicitó a la ministra de Salud y al ministro de Desarrollo Social adoptar las medidas necesarias para entregar pensión básica solidaria a las personas que sufran de alguna discapacidad para trabajar, pero cuyas licencias médicas han sido rechazadas por la Compin.
Asimismo, pidió a la Presidenta de la República y a la ministra de Salud que gestionen los recursos para construir el nuevo centro de salud familiar metodista de Temuco.
También requirió que la ministra de Salud instruya a quienes están a cargo de centros de diálisis, que entreguen una alimentación adecuada a su enfermedad a los pacientes.
Por último, solicitó oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para que den cumplimiento a la promesa de la casa propia a los integrantes de los comités de vivienda de Villarrica.
La señora ANDREA MOLINA (UDI) consultó a la ministra de Salud qué autoridad regional autorizó la continuidad en funciones en el cesfam de Papudo de médico que no había aprobado el Eunacom y que es investigado por eventual negligencia en atención a paciente, con precisión de si el profesional llegó al cargo a través de concurso público.
Además, ofició al ministro de Bienes Nacionales y al secretario regional ministerial de esa cartera en Valparaíso, al director del Serviu de Valparaíso, al director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y a los comandantes en jefe de todas las ramas de las Fuerzas Armadas para conocer el catastro de terrenos del Estado disponibles en la Región de Valparaíso. Asimismo, solicito que se oficie al director del Serviu de Valparaíso para que informe cuál fue la meta que se impuso este gobierno al inicio de su gestión en materia de construcción de viviendas, qué porcentaje se ha cumplido y cuáles son los proyectos definidos para el 2017. Finalmente, solicito conocer el detalle de la cantidad de subsidios habitacionales entregados en la región desde el 2013 y cuántos de ellos no han sido ejecutados.
El señor CELSO MORALES
(UDI) solicitó al director del Indap que disponga la entrega de un bono de ayuda solidaria a recolectores de hongos y frutos silvestres de la Región del Maule afectados por megaincendio.
El señor DAVID SANDOVAL
(UDI) solicitó oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que entregue información pormenorizada acerca de la construcción de la ruta 7.
El señor ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE
(UDI) pidió oficiar a la ministrade Transportes y Telecomunicaciones, al intendente de la Región del Biobío y al alcalde de la comuna de Concepción, a fin de que adopten las medidas pertinentes para la instalación de lomos de toro y/o bandas reductoras de velocidad en vías ubicadas junto a los establecimientos educacionales de la comuna de Concepción.
El señor JORGE SABAG (PDC) solicitó oficiar al Servicio Agrícola y Ganadero, con el propósito de que esa repartición confeccione un estudio poblacional de la perdiz.
En segundo lugar, pidió oficiar al Ministerio de Salud para que solucione el problema relacionado con la escasez de ambulancias en la comuna de Yumbel.
Por último, solicitó oficiar al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que solucione el problema de accesibilidad que afecta al señor José Álvarez Órdenes , vecino de sector 3 R, ubicado en la comuna de Cabrero.
INCIDENTES
-Se levantó la sesión a las 13.49 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.02 horas.
El señor JOSÉ PÉREZ (PRSD) pidió que se oficie a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al ministro de Energía a fin de que soliciten a la empresa de electricidad Frontel que retire el poste del tendido eléctrico que en su momento fue instalado en el patio de la casa del señor José Isaías Urra Mondaca, vecino de la comuna de Tucapel.
Asimismo, solicitó que se oficie a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que estudie la factibilidad de instalación de una antena de telefonía en el sector de Tinajón, comuna de Quilleco.
-Se levantó la sesión a las 13.10 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE; CARMONA; GUTIÉRREZ, DON HUGO, Y JIMÉNEZ, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL”. (BOLETÍN N° 11182-07)
“Tomando en cuenta que el concepto de solidaridad es una de las bases de los sistemas democráticos modernos, y que mediante ella los integrantes de una nación pueden enfrentar de mejor forma los efectos negativos del siempre cambiante mercado laboral y de la globalización sobre los individuos.
Considerando que el concepto de solidaridad es por su naturaleza polisémico, y que puede malinterpretarse como actos de caridad destinados a llenar los vacíos que deja la ausencia del Estado en materias de derechos sociales.
Definida por el diccionario de la Real Academia Española, significa la “adhesión circunstancial a las causas o empresas de otros”, y que esta se manifiesta dentro de unidades sociales homogéneas (comunidades, sociedades, naciones) que comparten valores mínimos que las unen como tales. Su objetivo es, en consecuencia, la búsqueda de la superación de la injusticia y la desigualdad en la sociedad.
Haciéndonos parte de los anuncios de la Presidente de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, sobre la necesidad de un nuevo sistema de pensiones que entregue a cada cual un ingreso digno producto tanto de su aporte al fondo de ahorro como de los aportes de las generaciones más jóvenes, del Estado y del empleador como parte de un consenso nacional en materia de pensiones.
Tomando como propias las demandas ciudadanas de los cientos de miles de ciudadanos que se han manifestado pacíficamente en las calles de nuestra patria clamando por un nuevo sistema de pensiones más justo y solidario para todos los chilenos.
Asumiendo que el sistema de pensiones debe ser para todos (universal), basado en el apoyo mutuo (solidario), basado en proporción a los años trabajados y los aportes de empleador y Estado (integridad) y distribuido de forma equitativa (uniforme).
Partiendo de la base de que el sistema de pensiones chileno se basa en el ahorro forzoso (los trabajadores están obligados a cotizar en el sistema; los trabajadores no pueden elegir otro sistema de pensiones), que la carga de las pérdidas recaen sobre el trabajador, que el sistema es altamente vulnerable a las crisis internacionales (las AFP utilizan los dineros de los fondos para invertir en el extranjero, lo que hace que las crisis bursátiles en los mercados internacionales afecten el monto de las pensiones), y que un 42% del presupuesto en gastos de pensiones es destinado al pago de pensiones versus un 27% del pilar solidario para el año 2015.
Convencidos que Chile debe dar un paso hacia un sistema de pensiones con un sistema de verdaderamente mixto, en el que la libertad de elegir de cada persona dónde decidirá que vayan sus fondos no entrará en contradicción con el crecimiento de su pensión, y en el que tanto el Estado como el empleador serán parte de la contribución hacia un sistema tripartito de pensiones. Las pensiones no deben ser más producto de un sistema individualizado, en donde el Estado se desentiende de su rol garante de pensiones dignas para todos.
Asumiendo que la solidaridad se define dentro del derecho como “Actuación o responsabilidad total en cada Uno de los titulares de un derecho o de los obligados por razón de un acto o contrato”, por lo que de ella se desprende la responsabilidad del conjunto para con las partes, en cooperación para el bienestar colectivo de los integrantes de la sociedad.
Con la firme idea de que, finalmente, el concepto de solidaridad es necesario para mejorar las pensiones tanto a corto como a largo plazo, permitiendo que los más jóvenes contribuyan a aumentar las pensiones de quienes se jubilarán en el corto plazo mediante la solidaridad intrageneracional, y que estos elementos forman parte de la agenda de la Presidenta para mejorar las pensiones de todas y todos los chilenos, se propone el siguiente proyecto de reforma constitucional:
Artículo único: agréguese al numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el siguiente párrafo:
“Toda persona posee el derecho inalienable e irrenunciable a la Seguridad Social, el cual se regirá por los principios de universalidad, solidaridad, integridad y uniformidad. El sistema de pensiones deberá, obligatoriamente, reflejar estos principios mediante un sistema mixto y solidario”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES NÚÑEZ, DON DANIEL; AGUILÓ, CARMONA; GUTIÉRREZ, DON HUGO; POBLETE Y TEILLIER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, QUE “ESTABLECE ACCESO GRATUITO A EVENTOS QUE DECLARA DE INTERÉS GENERAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA”. (BOLETÍN N° 11185-19)
I. ANTECEDENTES
Por más de dos décadas, un vacío legal ha permitido la generación de un lucrativo negocio a costa del derecho a la información de los chilenos, sacrificando, además, la masificación del deporte más popular de nuestro país. Las imágenes de los goles y las mejores jugadas de los partidos del fútbol nacional han quedado restringidos a su emisión, en varias temporadas, a una sola señal de televisión, mientras el resto de los canales debe esperar dos días para emitirlas.
Esto fue acompañado de otras medidas restrictivas. Se prohibió, mediante normas dictadas por privados, el acceso a los estadios a todos los canales de televisión que no sean titulares de derechos de transmisión.
Es decir, el interés general consistente en el derecho de la sociedad a informarse sobre el desarrollo del deporte cedió ante un interés particular que, sin embargo, se sirve muchas veces de la inversión pública.
El fútbol no es solo un deporte masivo, es una actividad arraigada en la cultura popular que merece ser incentivada y, desde luego, informada ampliamente. Hoy, subsisten dos clases de restricciones a la libertad de información relacionadas con el fútbol. La primera, mencionada más arriba, se traduce en una limitación para que los ciudadanos puedan elegir libremente el medio de comunicación por el cual informarse del desarrollo de los partidos de fútbol nacional.
La segunda restricción, está constituida por la existencia de un control monopólico de la emisión de los encuentros del torneo de fútbol nacional.
Es necesario recordar, por otro lado, que la importancia del fútbol en la vida nacional ha contado desde siempre con el apoyo del Estado. La mayor parte de la infraestructura deportiva usada por el fútbol fue precisamente construida por el Estado, que además provee de la seguridad para la realización de los eventos deportivos. Así, por ejemplo, sólo para enfrentar el Mundial Sub-17 y la Copa América 2017, el Estado invirtió unos $126 mil millones en la remodelación de ocho estadios[1]. Si se compara la dimensión de los recursos que el Fisco ha utilizado en este rubro con lo que pagan los clubes por concepto de arriendo de algunos estadios, resulta evidente que existe un desequilibrio entre el esfuerzo que toda la sociedad emplea en función del desarrollo del deporte y la escasa retribución que la industria deportiva y televisiva realiza.
En nuestra legislación encontramos varias normas que justifican un tratamiento especial de la información deportiva. En primer término, la garantía constitucional -artículo 19 Nº 12- de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, esto es, el derecho de la sociedad a buscar y recibir información.
En segundo lugar, el inciso final del artículo 1º de la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo que “reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.”
Una tercera norma reconoce el valor social e informativo del fútbol. El inciso quinto del artículo 17 de la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, modificada por la ley de Televisión Digital Terrestre, dispone que: “Los partidos de la selección nacional de fútbol profesional, que tengan el carácter de oficiales, en el evento de ser transmitidos, deberán serlo a través de señales de televisión de libre recepción, sin perjuicio de las transmisiones que puedan hacer los permisionarios de servicios limitados de televisión.”
En la legislación comparada, numerosos países recogen la importancia del acceso al deporte -y al fútbol en particular- regulando al efecto tanto la transmisión de ciertos eventos por televisión abierta, como también el acceso a resúmenes de los acontecimientos deportivos.
En América Latina, tanto Uruguay como Argentina prevén normas especiales relativas a la información de acontecimientos relevantes, refiriéndose especialmente a los deportivos. La ley de servicios de comunicación audiovisual de Uruguay resguarda especialmente la transmisión en directo de ciertas presentaciones de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol.
La Directiva 2007/65/Ce del Parlamento Europeo -que modifica la Directiva 89/552 de 1989- sobre regulaciones relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva establecen disposiciones que permiten a los Estados miembros la adopción de medidas para garantizar que ciertos eventos de gran importancia sean transmitidos en televisión de libre recepción, para evitar que su difusión en exclusiva prive a una parte relevante del público de seguir tales acontecimientos.
La legislación española, en tanto, también regula el derecho de acceso a eventos de interés general, facultando al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales la elaboración de un listado anual de acontecimientos que deban transmitirse por televisión abierta. Este mecanismo asegura el acceso en directo y por televisión abierta los juegos olímpicos de invierno y de verano, los partidos oficiales de la selección española absoluta de fútbol y de baloncesto, las semifinales y la final de la Eurocopa de fútbol y del Mundial de fútbol. Del mismo modo, asegura que un encuentro por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de primera división sea transmitido en abierto.
Las normas del derecho comparado dan cuenta que la existencia de derechos exclusivos sobre esta clase de acontecimientos tienen efectos negativos que hacen necesaria la regulación estatal. Así acontece con la marginación de amplios sectores de la sociedad del derecho a informarse, como se ha expuesto. En segundo lugar, se genera a partir de tales derechos exclusivos la imposibilidad de que otros actores interesados concursen en la transmisión de eventos deportivos. En Chile, ello ha derivado en la creación de un monopolio de la información en formato audiovisual sobre los partidos del fútbol nacional.
El presente proyecto de ley viene a crear un derecho de acceso a ciertos eventos deportivos que son de indiscutible interés para la mayoría de la ciudadanía. Entendemos como necesario establecer una norma de carácter general que no sólo comprenda el conocimiento del fútbol sino que también pueda extenderse a otros deportes que concitan gran interés, como el tenis u otros donde las respectivas selecciones o formaciones nacionales destaquen.
Habida cuenta que concurre un interés nacional, la moción establece el derecho de acceso respecto de ciertos eventos como los partidos de la Copa Davis, las finales de los torneos de fútbol nacional y la emisión de un encuentro por semana, estableciendo al efecto reglas para resguardar la participación de los titulares de derechos exclusivos de transmisión en los recursos que se obtengan del respectivo evento.
Por otra parte, se garantiza la diversidad de fuentes de información sobre el desarrollo del torneo de fútbol profesional, permitiendo que todos los canales de televisión abierta puedan emitir un resumen de los goles y jugadas principales, con razonables limitaciones de tiempo, que podrá ser proporcionado por el titular de derechos exclusivos o bien obtenidos directamente por los canales, según el caso.
Finalmente, estimamos indispensable proteger el libre acceso de las radioemisoras a los estadios y recintos deportivos, como una forma de garantizar la continuidad de su labor y, al mismo tiempo, de reconocer su histórico aporte en la difusión del deporte nacional.
Por tanto, los diputados y diputadas que manifiestan su adhesión firmando, presentan el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- La libertad de información comprende el derecho de la sociedad a acceder a la transmisión en directo, a través de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción, en todo el territorio nacional, de determinados eventos de interés general.
Artículo 2°.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, se declaran de interés general para la sociedad los siguientes eventos:
a) Los partidos en que participe el equipo nacional en el grupo mundial de la Copa Davis;
b) La o las finales del Torneo de Apertura y Clausura del fútbol profesional de primera división.
c) La o las finales de la Copa Chile de Fútbol.
d) Las finales de eventos deportivos relevantes donde participe la respectiva selección nacional.
Artículo 3°.- Un partido de la primera división del campeonato nacional de fútbol profesional, de forma semanal, deberá ser transmitido en directo por televisión de libre recepción. La determinación de los encuentros será acordada entre los clubes, por sí o representados por la o las asociaciones de clubes que designen, y él o los canales de televisión que un reglamento determine, de cobertura nacional, que manifiesten interés a lo menos catorce días antes del inicio del torneo respectivo, mediante carta certificada al Consejo Nacional de Televisión. Dicho partido deberá ser disputado en horario de alta audiencia, cautelando la presencia de todos los clubes en la respectiva temporada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, los partidos podrán ser emitidos por servicios limitados de televisión o por internet.
Artículo 4°.- Cuando existan derechos de transmisión exclusiva de alguno de los eventos señalados en los artículos 3 y 4 de esta ley y éstos sean de titularidad de un permisionario de servicios limitados de televisión, el canal de televisión que emita el evento deberá negociar un porcentaje de participación en la venta de publicidad durante el espacio con el permisionario. De no existir acuerdo respecto del porcentaje de participación, el titular de los derechos podrá consultar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con el objeto de determinar el valor mínimo de participación. El Tribunal conocerá sin forma de juicio y para su dictamen deberá estarse a los valores de mercado con que regularmente dichos eventos se trancen en nuestro país y en especial al estado de la industria de la televisión.
Artículo 5°.- Los canales de televisión que determine el respectivo reglamento y los permisionarios de servicios limitados de televisión, tendrán derecho a acceder en condiciones justas, razonables y no discriminatorias a un breve resumen informativo sobre los acontecimientos de interés general para la sociedad, que hayan sido transmitidos en exclusiva por una entidad de radiodifusión televisiva o a cuyo respecto existan derechos exclusivos.
Dicho material será facilitado apenas concluya el evento por el canal de televisión o por el permisionario que realizó la transmisión o por el titular de los derechos exclusivos y sólo podrá ser utilizado en los noticieros dentro del plazo de 24 horas, contados desde la finalización del evento. La emisión del resumen de un acontecimiento deportivo, que no podrán exceder de noventa segundos, no dará lugar a contraprestación económica, con la excepción de los gastos necesarios para la elaboración del resumen. Los canales de televisión podrán consultar sobre la estimación del monto de tales gastos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien resolverá sin forma de juicio. La falta de acuerdo respecto de los gastos no suspenderá la obligación de los canales o permisionarios, respectivamente, de facilitar los resúmenes.
En el evento que los titulares de derechos exclusivos no faciliten los resúmenes a que se refiere este artículo, los canales de televisión que el reglamento determine podrán acceder a los lugares o recintos deportivos con el objeto de obtener las imágenes y elaborarlos por sí mismos, sujetos a las mismas limitaciones de oportunidad y tiempo.
Artículo 6°.- Las radioemisoras tendrán libre acceso a los estadios y recintos para transmitir en directo los eventos deportivos de toda clase. Este tipo de transmisión no podrá ser objeto de derechos exclusivos de origen contractual”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MORANO, CHAHIN, CORNEJO; ESPINOZA, DON FIDEL; FLORES, FUENTES, LEÓN, SAFFIRIO Y SALDÍVAR, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PROVOSTE, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL OBJETO DE INCORPORAR LA INICIATIVA CIUDADANA DE LEY”. (BOLETÍN N° 11186-07)
“La iniciativa ciudadana de ley o iniciativa legislativa popular es un mecanismo de participación ciudadana en la actividad legislativa. Corresponde a la facultad que determinados ordenamientos jurídicos otorgan a un conjunto de ciudadanos para que estos puedan instar la discusión y eventual aprobación de una iniciativa legislativa que puede convertirse en ley.
En nuestro país, desde la vuelta a la democracia a lo menos nueve proyectos de ley han sido presentados a discusión en el Parlamento a objeto de modificar nuestro ordenamiento jurídico e incorpora este mecanismo de participación en nuestra Constitución Política de la República. Sin embargo ninguna de las propuestas ha prosperado de manera positiva algunas derechamente fueron archivadas y otras sólo llegaron hasta el primer trámite constitucional.
Desde entonces y hasta la fecha no hemos resuelto como entregar espacios a los ciudadanos que organizadamente puedan presentar una iniciativa ante el parlamento.
Actualmente, la sala ha rechazado la solicitud de Archivar proyectos similares, lo que refleja la voluntad de legislar, en definitiva, pero la comisión encargada de darle curso no ha podido reflejar un avance sustantivo de los mismos, cosa que se manifiesta en los proyectos presentados y que se detallan a continuación:
En los sistemas democráticos, la democracia representativa, es el modelo a través del cual los gobernantes son elegidos por los ciudadanos como sus representantes. Sin embargo en la práctica muchos ordenamientos han dado cabida a la intervención directa de la ciudadanía en la vida política, conociéndose algunos de estos mecanismos como “democracia semidirecta”.
La democracia semidirecta se caracteriza por una combinación equilibrada de técnicas de democracia representativa y de democracia directa, adoptando generalmente dos tipos de procedimientos: la iniciativa popular de ley y el referéndum o plebiscito.
En la experiencia comparada se puede encontrar este tipo de mecanismos regulados a nivel constitucional entre ellos Suiza, país pionero en la incorporación y utilización de mecanismos de democracia semidirecta, seguido de Austria y España que han demostrado que la iniciativa legislativa popular ha servido como un poderoso complemento a la democracia.
En el mismo sentido en latinoamerica países como; Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela y Estados Unidos, han establecidos en sus respectivas normas constitucionales este derecho, con un desarrollo mayor o menor de los requisitos exigidos.
Asimismo, la mayoría de los países mencionados, con excepción de Uruguay, poseen leyes que reglamentan su aplicación. De esta forma se determinan, las materias que están excluidas, la forma de iniciar el procedimiento, trámite de admisión de la iniciativa, tramitación parlamentaria, compensaciones estatales por gastos realizados, entre otras materias.
La iniciativa ciudadana de ley es una institución de la democracia representativa, mediante la cual se canaliza la participación ciudadana, siempre manteniendo el rol que le corresponde al Congreso y al Presidente de la República en el quehacer legislativo.
Incorporar la iniciativa ciudadana como herramienta de participación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico, permitirá fortalecer la institución de la democracia representativa, contribuyendo de esta forma al aprendizaje político de los ciudadanos, permitiéndole a todos y a cada uno de los integrantes de la sociedad moderna pueda presentar sus propias ideas y necesidades en forma directa ante un parlamento que escucha a la ciudadanía, sin que esto implique interferir en cuestiones propias de las atribuciones propias del congreso o de las facultades exclusivas del Presidente de la República.
Por lo anteriormente expuesto los diputados y diputadas que firman vienen en presentar el siguiente proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
Modifíquese el artículo 65 de la Constitución Política de la República en el siguiente tenor:
a) Reemplázase el inciso primero que actualmente dice:
“Artículo 65. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores. (…)”
Quedando:
“Artículo 65. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República, por moción de cualquiera de sus miembros o por iniciativa ciudadana. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores. Los requisitos para ejercer la iniciativa ciudadana, así como la admisibilidad, procedimientos y todas aquellas cuestiones que permitan el ejercicio de este derecho respecto de las materias de ley que les serán propias, quedarán reguladas mediante una Ley Orgánica Constitucional. (…)”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, AGUILÓ, CARMONA, ESPINOSA, DON MARCOS, JIMÉNEZ, VALLESPÍN Y WALKER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA FERNÁNDEZ, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE INCORPORAR EL CONTRATO ESPECIAL DE FUNCIONARIOS DE APOYO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA”. (BOLETÍN N° 11187-13)
ANTECEDENTES
Como sabemos, el personal contratado para apoyar el ejercicio de la función legislativa constituye un estamento dentro del personal de la Cámara de Diputados cuya naturaleza jurídica no es la de funcionarios, sino que se trata de personal contratado bajo las normas del Código del Trabajo para desempeñar funciones relativas al apoyo de los Diputados y los comités parlamentarios.
Anteriormente, hasta la dictación del artículo 3-A de la Ley Orgánica Constitucional del H. Congreso Nacional mediante la ley N° 20.464, de 12 de octubre de 2010, y las modificaciones subsecuentes al reglamento de la Cámara de Diputados, los funcionarios de los Comités y de apoyo a los parlamentarios, tanto quienes prestan servicios en el Congreso Nacional como en cada uno de los distritos del país, eran sujetos de contratos de trabajo celebrados por los mismos parlamentarios, quienes, a su vez, financiaban su remuneraciones y gastos propios del contrato con las asignaciones que legalmente corresponden a cada parlamentario.
Sin embargo, los problemas derivados de una carga administrativa excesiva para la capacidad de gestión de una oficina parlamentaria, las más de las veces pequeña y con funciones centradas exclusivamente en el quehacer de representación del respectivo Diputado, así como también el ejercicio progresivo de acciones que perseguían la responsabilidad solidaria o subsidiaria de la Cámara de Diputados producto de los conflictos normales que se generan en este tipo de relaciones jurídicas, impulsaron un cambio de régimen jurídico para la contratación del personal de apoyo a la función parlamentaria.
Es así como a partir de la normativa señalada se llevaron adelante las modificaciones del Reglamento de la Cámara de Diputados para la contratación de personal de apoyo a la función parlamentaria de los Diputados y comités parlamentarios.
Dicho Reglamento “fija los derechos y deberes de estos trabajadores, establece las normas de probidad que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones; determina el rango de sus remuneraciones; y establece, en general, las demás normas para la adecuada aplicación del artículo 3° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.” [Artículo 3].
Transcurridos ya más de 5 años de aplicación del artículo 3-A y del reglamento citado, es dable pensar que como toda construcción jurídica, ésta requiere de una mirada retrospectiva que dé cuenta de los problemas de aplicación y de los escollos que ha encontrado en el cumplimiento de sus fines, que no son otros que un fluido desarrollo de la función parlamentaria, así como también de las posibles soluciones que se pudieren implementar.
Calidad Funcionaria
La contratación del personal de apoyo a la función parlamentaria no implica el engrosamiento de la planta de funcionarios de la Cámara, sino que constituye un estamento especial regido por las normas generales del Código del Trabajo y cuya dependencia directa no es respecto de las autoridades de la Corporación, sino que de los propios Diputados y comités.
Se trata, sin duda de una figura atípica por dos razones: altera los principios generales en orden a que quien suscribe el contrato de trabajo, es a la vez el empleador y por sí, o por interpósita persona, ejerce la subordinación y dependencia sobre el trabajador. Asimismo, es atípica porque cobija en un mismo servicio público a trabajadores cuya naturaleza jurídica es enteramente diversa.
Con todo, es preciso reconocer que el nuevo régimen ha permitido ampliar las condiciones de mayor protección laboral a través de una mejor formalización de los contratos de trabajo y, con ello, de los derechos y obligaciones de las partes; este elemento adolecía de contornos muy difusos cunado la relación de trabajo se establecía únicamente con el respectivo Diputado.
Nos ha parecido relevante abordar el tema de la calidad funcionaria de los trabajadores que prestan servicios como apoyo a los Diputados, en razón de que su incorporación al quehacer administrativo de la administración de la Corporación es una figura especial que debe ser tratada adecuadamente.
En mérito de estas consideraciones, este Diputado estima pertinente analizar la posibilidad de que la regulación jurídica de la relación laboral de estos trabajadores pudiere ser complementada en un estatuto contenido en el Código del Trabajo de forma tal que se pudiere demarcar nítidamente los derechos y obligaciones y la forma de acordarlos con las autoridades de la Corporación.
Causal de Término por Pérdida de confianza.
Como sabemos, tanto la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, como su reglamento, contiene una causal de término del contrato de trabajo del personal de apoyo a la función parlamentaria, que consiste en la pérdida o falta de confianza del respectivo Diputado o comité.
Esta causal, especialísima en nuestro ordenamiento, tiene su justificación con la naturaleza de la función parlamentaria, pues ésta dice relación tanto con la formación de la ley, como con la representación de la ciudadanía, asuntos cuyos contornos consideran elementos técnicos, políticos, de relaciones institucionales, de negociación y acuerdos, los que muchas veces requieren de reserva, oportunidad y discreción que sin duda son atributos que permiten construir las confianzas necesarias entre el trabajador y el respectivo Diputado o comité.
La pérdida de dicha confianza no permite, por el contrario, seguir contando con los servicios del trabajador dado que el elemento ordenador de la relación laboral en este caso es el adecuado cumplimiento de la función legislativa y ésta, no se puede llevar adelante sino sobre la base de una adecuada confianza de cada colaborador del Diputado o comité.
Sin embargo, desde una perspectiva laboral, esta causal tiende a vislumbrarse como depositaria de un alto grado de discrecionalidad por parte del empleador, siguiendo una dirección contraria a la objetivación imperante en las causales contempladas en los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo; más aún, la única causal que deja cierto margen a la discrecionalidad del empleador es la contemplada en el artículo 161 sobre necesidades de la empresa o establecimiento, la cual ha ido progresivamente acotando sus márgenes, debiendo el empleador no solamente manifestar su invocación en la carta de despido y el finiquito, sino que debe fundamentar su aplicación en necesidades económicas, de modernización de la gestión, cambio en las condiciones del mercado u otras similares que permitan al juez constatar más objetivamente la correcta aplicación del despido.
A la luz de las condiciones en las que se desarrolla el ejercicio de la función parlamentaria esta causal se encuentra plenamente justificada.
Sin embargo, se han presentado casos en los que esta causal ha sido equívocamente utilizada, más que nada para resolver problemas de relaciones laborales que han entrado en diversas fases de una crisis.
En efecto, se han constatado reclamos porque se ha pedido a la Cámara la aplicación de esta causal ante la negativa de varios trabajadores para firmar un anexo de rebaja de remuneraciones, asunto que debe necesariamente resolverse por la vía del acuerdo y de un golpe de autoridad, tratándose las remuneraciones de una cláusula enteramente bilateral en el contrato de trabajo.
Asimismo, se han observado casos en los que se utiliza indebidamente esta causal frente a las deficiencias técnicas o profesionales de un trabajador.
Dicho de otra forma: si bien es cierto que atendida la naturaleza de la función parlamentaria la existencia de esta causal se encuentra plenamente justificada, no lo es menos el hecho que puede ser utilizada en forma equivocada si no cuenta con una regulación que limite su aplicación a una legítima subjetividad que asiste al criterio de un Diputado o de un comité para la selección y mantención de uno u otro trabajador en el apoyo a una función como la parlamentaria, que tiene claros ribetes políticos y personales.
Ello se puede lograr, creemos, en el marco de un estatuto especial en el Código del Trabajo, que explique y delimite esta causal de despido así como lo hace con las otras causales de cesación de la relación laboral. Asimismo, en este estatuto parece interesante explorar la posibilidad de incorporar una causal de terminación que dé cuenta de las diferencias entre las capacidades del trabajador y los requerimientos técnicos de la labor que desempeña, considerando siempre las especiales condiciones de la función legislativa. Esta causal permitiría evitar la equívoca utilización de la causal basada en la pérdida de confianza, quedando pendiente, por cierto la implementación de las normas para hacer compatible esta, con el régimen general de las indemnizaciones que la Cámara pague a los trabajadores desafectados, y la ley d 19.728, permite imputar a dichas indemnizaciones y que corresponden a las sumas enteradas por el empleador en la cuenta individual del trabajador.
En cuanto a la aplicación plena de las normas sobre de despido, indemnizaciones y acceso al seguro de cesantía, es clara la conclusión de un informe emanado de la Cámara de Diputados (2014) sobre el punto:
“1.- Los trabajadores contratados para el apoyo al ejercicio de la función parlamentaria, se encuentran regidos por el Código del Trabajo y a efectos de algunas materias acotadas, entre otras las causales de terminación del contrato de trabajo y desvinculación, se rigen conforme lo señala el artículo 3°A de la Ley 18.918 y su reglamento.
2.- Por su parte, la Ley 19.728 que crea el Seguro de Cesantía, establece que el seguro que crea se establece en favor de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, pero en las condiciones que la misma Ley señala.
3.- Entonces, si bien es cierto que los trabajadores de apoyo a la función parlamentaria se rigen por el Código del Trabajo y, por ende, les son extensibles los beneficios del seguro de cesantía, no lo es menos el hecho que el acceso a dichos beneficios, debe realizarse conforme la ley del seguro y no conforme a otro estatuto especial.
4.- Atendido lo anterior, entonces, es preciso señalar que en las condiciones de acceso a los beneficios que establece la ley del seguro, se considera entre sus requisitos que el término del contrato de trabajo debe haberse producido por algunas de las causales del Código del Trabajo y no se consideran habilitantes las causales contenidas en otros estatutos.
5.- Finalmente, puesto que la estructura normativa de las leyes citadas no permiten encontrar un margen de interpretación plausible a fin de permitir el acceso delos trabajadores mencionados a los beneficios del seguro de cesantía, se hace necesario a juicio de esta asesoría, una modificación legal en tal sentido, la cual se propone en el cuerpo de este informe.”.
En este sentido, las modificaciones legales que son necesarias se refieren más que nada a la ley 19.728, pero también pueden y deberán ser consideradas y tratadas integralmente en el estatuto especial de trabajadores de apoyo a la función parlamentaria que se propone en este informe.
Es importante que los trabajadores objeto de este informe, cuenten con similares derechos a cualquier trabajador contratado bajo las normas del Código del Trabajo; nuestro sistema es puesto a prueba cuando las especificidades de una actividad limitan o restringen indebidamente el acceso a uno u otro derecho laboral, individual o colectivo. Hoy día no es concebible tampoco que en cuanto al ejercicio de uno u otro derecho existan vacíos que no puedan ser integrados por la legislación general, dejando a trabajadores desamparados o faltos de la protección que asiste a todo el resto de las personas, especialmente frente a la terminación del contrato de trabajo.
Aplicación del Fuero Maternal y a la Causal de Cesación del Cargo.
EL informe mencionado también emitió su opinión sobre el tema específico de la aplicación del fuero maternal en caso de la cesación de funciones del respectivo parlamentario.
En este caso las conclusiones a las que arribó un detallado informe construido sobre la base de la jurisprudencia administrativa y de tribunales, fueron las siguientes:
1.- La regulación sobre el fuero maternal se construye a partir de un eje fundamental que consiste en la protección de la fuente de empleo de una trabajadora embarazada, que por su calidad de tal puede ver disminuida su capacidad de trabajo, frente a un acto voluntario -legal- del empleador que es el despido.
2.- Las causales de terminación de la relación laboral, en estos casos, pueden agruparse en aquellas en que juega un rol la voluntad del empleador y aquellas que emanan de un mandato legal, en relación con la naturaleza de los servicios que se prestan. En cuanto a las primeras, el despido por necesidades de la empresa constituye la expresión directa de voluntad del empleador en orden aponer fin al contrato de trabajo; en el caso del cumplimiento del plazo convenido o bien de la terminación de la obra o faena determinada objeto del contrato, constituyen expresión de una voluntad mediata del empleador, sujeta a verificación judicial de los supuestos de hecho en que descansa la decisión. Finalmente, en el caso del mandato de la ley, no concurre la voluntad del empleador bajo ningún respecto, por lo que no procede su revisión judicial.
3.- Las conclusiones anteriores se materializan en los textos legales citados, en dos sentidos: el primero de ellos apunta a que en el inciso primero del artículo 3-A de la LOC del Congreso Nacional, se contiene estipula que cada cámara podrá contratar…...”a quienes prestarán servicios a los comités parlamentarios y a los diputados o senadores, durante el desempeño de sus cargos y en labores que digan relación con el ejercicio de la función parlamentaria.” Ello no indica otra cosa sino que -a contrario sensu- el contrato dura lo que dura el período del cargo de parlamentario, sin excepción alguna. ¿Cabría, entonces, una revisión judicial sobre si el parlamentario efectivamente terminó su período legislativo? Nos parece que la negativa a ello es forzosa. Asimismo, cuando alude a que se trata de servicios propios de la función parlamentaria, nuevamente, por el contrario, no sería dable extender el mismo contrato para otras funciones que no son el objeto de este preciso contrato.
En segundo término, el inciso tercero alude a que “Sin perjuicio de las causales previstas en los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo, la relación laboral a que se refiere el inciso primero terminará siempre por la pérdida de confianza del comité o parlamentario para quien prestaba sus servicios, así como por la cesación en el cargo del parlamentario…”. De la expresión “siempre” debemos inferir forzosamente que sea cual fuere la condición en la que él o la trabajadora se encuentre al momento de la cesación en el cargo del respectivo parlamentario, el contrato terminará de todas formas; nuevamente, ¿cabría en este caso revisión judicial de la terminación, pudiendo el juez llegar a una conclusión que contravenga la LOC del Congreso Nacional en la norma citada? Ello no encuentra su razón en una desprotección de la trabajadora sujeta afuero, sino que emana directamente de la naturaleza de los servicios contratados por un organismo público como lo es el poder legislativo.”.
Sin embargo, siendo esta sensible materia muy susceptible de interpretaciones diversas, como era previsible, la generación de acciones destinadas a mantener el fuero maternal y revisar judicialmente los despidos sea cual fuere la causal invocada, constituye un elemento de permanente preocupación para la Cámara, dado que genera una incerteza con respecto a una parte significativa de las contrataciones de personal de apoyo a la función parlamentaria.
El autor de esta moción, es de la opinión que se requiere de una norma clara que más allá de cualquiera interpretación posible, es necesario dar cuenta en una norma clara y precisa de los límites que tiene el mecanismo del fuero como protección de la trabajadora en el caso de los contratos de trabajo del personal de apoyo a la función parlamentaria.
Así se ha hecho en los casos de los contratos por plazo fijo, y, especialmente, en los contratos de prestación de servicios transitorios, que conforme lo dispuesto en el artículo 183-AE del Código del Trabajo, se establece que el fuero maternal termina de pleno derecho a la finalización de los servicios contratados:
“Art. 183-AE. Las trabajadoras contratadas bajo el régimen contemplado en este Párrafo, gozarán del fuero maternal señalado en el inciso primero del artículo 201, cesando éste de pleno derecho al término de los servicios en la usuaria.
Si por alguna de las causales que establece el presente Párrafo se determinare que la trabajadora es dependiente de la usuaria, el fuero maternal se extenderá por todo el período que corresponda, conforme a las reglas generales del presente Código.”.
Derechos Colectivos.
Otra área que adquiere contornos francamente difusos en este tipo de relación laboral, está conformada por el ejercicio de los derechos colectivos, principalmente en lo relativo al reconocimiento de su organización como Asociación de Funcionarios regidos por los términos de la ley 19.296, y principalmente en lo referido a los límites de sus fueros y prerrogativas en relación al tipo de contratación a que acceden este tipo de trabajadores.
En efecto, los trabajadores contratados en labores de apoyo al ejercicio de la función parlamentaria se agrupan en una Asociación de Funcionarios, afiliada a la ANEF, y que es heredera de un sindicato interempresa que agrupaba a los trabajadores cuando eran contratados por cada parlamentario en forma directa.
Sin embargo, se han detectado conflictos por terminación de los contratos en aplicación de la causal de pérdida de confianza y de cesación de funciones, los cuales, hasta ahora han terminado en acuerdos extrajudiciales.
Sin embargo, nuestro Código del Trabajo consulta varias normas sobre término del fuero sindical en virtud de las características del tipo de contrato de que se trate. Es así como el artículo 243 del dicho Código, establece la terminación del fuero sindical por término de la empresa; asimismo, en el caso de los Directores de Sindicatos de trabajadores Eventuales o Transitorios, o de los aforados de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, cuyos contratos sean a plazo fijo o celebrados por obra o faena determinada, el fuero los ampara solamente por la extensión de dichos contratos, no siendo necesario solicitar el desafuero al términos de éstos.
Por lo anterior, y siguiendo la misma línea argumental de los capítulos anteriores, este DIputado estima que es posible clarificar más allá de toda interpretación posible, la extensión de los fueros y las limitaciones en un estatuto legal ubicado jerárquicamente en medio de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y de su Reglamento, de tal forma que se puedan clarificar y detallar el ejercicio de los derechos del trabajador y de las obligaciones del empleador, lo cual debería sin duda, ser un elemento coadyuvante al mejoramiento de las relaciones laborales al interior de la Cámara de Diputados.
Estatuto Propuesto.
La propuesta de la presente Moción, apunta a perfeccionar algunos elementos que componen la relación laboral de la Cámara de Diputados con los trabajadores contratados para servir de apoyo al ejercicio de la función parlamentaria, sea en las oficinas de un Diputado en particular, sea a través de los servicios prestados en un comité parlamentario.
Como se ha mencionado al pasar revista sobre algunos de los problemas detectados luego de 6 años de aplicación de las normas derivadas el artículo 3-A, es posible intentar elaborar un estatuto especial, en el Código del Trabajo, de tal forma que se puedan regular las soluciones que permitan mejorar el régimen laboral de los trabajadores mencionados.
Esencialmente, un contrato o estatuto especial en el Código del Trabajo, tiene por objeto compatibilizar la protección de los derechos laborales derivados de un contrato de trabajo, con las especificidades propias y particulares de una actividad que escapa normalmente a los cánones tradicionales de organización laboral y productiva.
Es así como a partir de la década de los 80 se han ido incrementando las actividades cuya organización de jornada de trabajo o de tipos de remuneración o de especies de responsabilidad, han ido encontrando en una regulación especial la posibilidad de compatibilizar los dos valores mencionados en el párrafo anterior. De esta forma, actividades como por ejemplo las desarrolladas por artistas y técnicos de espectáculos que laboran a veces solamente tres o cuatro días cada mes pero en jornadas diarias intensas y con una remuneración significativamente alta, encuentran en su estatuto especial las posibilidades de asegurar sus derechos sin afectar la naturaleza de la actividad.
De la misma forma, los pilotos y tripulantes aéreos cuya jornada de trabajo evidentemente no cuadra con una jornada de 45 horas en el mes distribuida semanalmente en 5 o 6 días con topes diarios de 10 horas, encuentran en el Contrato Especial legislado en 2009, la posibilidad de crear segmentos de trabajo seguidos de períodos de descanso que compensen jornadas extendidas en viajes de largo alcance.
Entonces, la creación de un estatuto especial que considere las especificidades de la labor parlamentaria y de las funciones del personal que la hacen posible, puede ser un elemento de importancia significativa en el mejoramiento de las relaciones de trabajo de este sector público. Finalmente, es preciso señalar que formalmente, corresponde plenamente la dictación de un estatuto de tales características al tratarse de trabajadores que expresamente son contratados por la ley que rige los contratos de trabajo del sector privado, esto es, el Código del trabajo (Artículo 3-A, L.O.C Congreso Nacional).
El Proyecto de Ley que contiene el estatuto propuesto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Incorpórase en el Código del Trabajo, el siguiente Capítulo VIII en el Título II del Libro I del Código del Trabajo:
CAPÍTULO VIII
DEL CONTRATO ESPECIAL DE TRABAJADORES DE APOYO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA
Artículo 152 Quáter A.- Se regirán por las normas del presente Capítulo, los contratos de trabajo de los trabajadores contratados conforme a las normas del artículo 3-A de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Las normas de este Código se aplicarán a dichos contratos en lo que no estuviere regulado en el presente Capítulo, en tanto ello no sea contradictorio con sus normas y con la disposición citada en este artículo.
Artículo 152 Quáter B.- Los contratos de trabajo del personal mencionado en el artículo anterior, deberá contener las menciones que señala el artículo 10 de este Código. Asimismo, deberá contener la mención del o los Diputados, o Comité Parlamentario, para quien o quienes se prestarán los servicios. El contrato podrá celebrarse por obra o servicio determinado, plazo fijo, o indefinido.
Artículo 152 Quáter C.- La jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder de cuarenta y cinco horas semanales, debiendo distribuirse de común acuerdo entre las partes en no más de seis días ni menos de cuatro, considerando los requerimientos de la función parlamentaria; con todo, la jornada diaria no podrá exceder de doce horas, en cuyo caso deberá interrumpirse por una hora, siendo ésta imputable a la jornada diaria.
Las partes podrán acordar la realización de horas extraordinarias, en tanto las horas de la jornada diaria en total, no sobrepase el límite señalado en el inciso anterior.
Artículo 152 Quáter D.- El Reglamento de la Cámara de Diputados, determinará las modalidades de pago de las remuneraciones que deba percibir el trabajador por la prestación de sus servicios.
Artículo 152 Quáter E.- El contrato podrá terminar por aplicación de las causales contempladas en los artículos 159 y 160 de este Código.
Adicionalmente, el contrato de trabajo podrá terminar en razón de cambios técnicos, operativos o funcionales que afecten el ejercicio de la función parlamentaria y que requieran condiciones o habilidades diferentes a las del trabajador contratado. El Diputado, deberá informar al trabajador y al Departamento de Personal de la Cámara de Diputados sobre los fundamentos en que se basa la solicitud de despido por esta causal.
Asimismo, podrá ponérsele término, a petición del Diputado o Comité respectivo, por causa de pérdida de confianza. Con todo, cualquiera sea la duración estipulada en el contrato de trabajo, éste terminará por el cese de las funciones del respectivo Diputado, cualquiera sea la época en que ello ocurra, o bien por la disolución o terminación del respectivo Comité Parlamentario, en su caso.
Artículo 152 Quáter F.- El fuero maternal de que gozan las trabajadoras contratadas conforme las normas de este Capítulo se extenderá por la totalidad de la duración del contrato y terminará de pleno derecho al momento de la terminación del mismo por las causales señaladas en el artículo 152 Quáter E, sin que se requiera solicitar su desafuero.
Artículo 152 Quáter I.- Los trabajadores contratados conforme las normas de este Capítulo, gozarán de todos los derechos para asociarse en los términos que señala la ley 19.296. El fuero de que gozan los dirigentes de la o las Asociaciones de Funcionarios que agrupan a los trabajadores señalados en este artículo, terminará de pleno derecho al momento de la terminación del contrato de trabajo por las causales señaladas en el artículo 152 Quáter E, sin que se requiera solicitar su desafuero”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, CARIOLA Y GIRARDI, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEMUS, MELO, OJEDA, POBLETE, SABAG Y SALDÍVAR, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.253, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS INDÍGENAS, Y CREA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, PARA RECONOCER AL PUEBLO CHANGO COMO ETNIA INDÍGENA DE CHILE”. (BOLETÍN N° 11188-17)
ANTECEDENTES HISTORICOS:
1. El término “chango” aparece documentado por primera vez a mediados del siglo XVII para denominar a toda la población que ocupaba el litoral costero entre Copiapó y Coquimbo. Con el paso del tiempo, el apelativo se amplió también a los pueblos pescadores que habitaban más al norte hasta el sur del Perú, conocidos hasta entonces como camanchacas, proanches o uros, todas denominaciones que parecían hacer referencia a un grupo étnico en particular de pueblos pescadores.
2. El pueblo de los Changos fue pescador y nómada. Se dedicaban a la extracción de moluscos y peces y, a la cacería de lobos marinos. Sus herramientas eran arpones y anzuelos. Utilizaban balsas, confeccionadas con el cuero de los lobos marinos y cocidos con fibras vegetales. La singular estructura de los botes consistía en dos odres de forma cilíndrica inflados y unidos entre sí por medio de sogas. Al centro dejaban un espacio que les permitía poner una tabla sobre la que iban los Chonos de rodillas. Este pueblo nómade fabricaba sus casas con la misma piel de lobo que sus barcazas, siendo exclusivamente un toldo o carpa de cuero que armaban y desarmaban cuando consideraban que debían dejar el lugar donde estaban.
3. A la llegada de los españoles, en 1536, un grupo de Changos habitaba en la costa de Valparaíso. Más al norte los conquistadores conocieron a Carande (cara grande), jefe de la tribu de Changos que habitaba esa zona costera, rebautizándolo como Papudo. Aquel poblado es conocido hasta el día de hoy con ese nombre, avistado por primera vez por las fuerzas marítimas que prestaban apoyo a Diego de Almagro en 1536.
4. La investigación etnohistórica y arqueológica revela la presencia en el litoral de agrupaciones étnicas conocidas en Chile como Changos, coetáneos al período de la cultura Diaguita. Los Changos fueron descritos, por diversos viajeros durante los siglos XVIII y XIX; pero poco sabemos de su origen, lengua y organización social. Tal presencia changa es con asiduidad descubierta con el alumbramiento de yacimientos líticos, piedras horadadas y cementerios que se han encontrado en Tongoy, Guanaqueros y Puerto Aldea.
5. Desde los inicios de la presencia colonial, diversos autores se refirieron a los habitantes de Cobija denotando la riqueza de los recursos marinos de esta ensenada. En términos generales, los pescadores que vivían a lo largo de la costa del norte grande de Chile llamaron la atención de los europeos fundamentalmente en tres aspectos: su condición de vida; su movilidad y el aprovechamiento integral del lobo marino, para la construcción de balsas, viviendas, vestimenta, recipientes, cordelería y alimentos. Estas poblaciones habían logrado una buena adaptación a este ambiente que incluía el mar, requeríos, playas e islas y la zona de la Cordillera de la Costa que les proporcionaba otro tipo de recursos, vegetales y animales, como el guanaco. Además, pudieron disponer de ciertos excedentes - productos del mar secos y/o salados, conchas y guano - susceptibles de intercambiarse con recursos y bienes de tierras altas.
6. Durante el siglo XVI, la población indígena presente en Cobija fue denominada bajo los siguientes términos: Camanchacas, urus, pro - anches y changos. La única referencia de uros en Cobija, está señalada por Pedro Sande en 1581 “En la ensenada de Atacama, ques donde está el puerto , hay cuatrocientos indios pescadores uros, que no son bautizados ni reducidos ni sirven a nadie, aunque a los caciques de Atacama dan pescado en señal de reconocimiento. Es gente muy bruta, no siembran ni cojen y susténtanse de solo pescado”.
7. En cuanto al término Camanchaca, una de las primeras menciones parece ser la de Francis Drake en 1578, al referirse a los habitantes de la costa al norte de Copiapó.) Mucho más específica es la Información de Juan de Segura en 1591, aludiendo a camanchacas de Cobija. Esta denominación siguió en uso hasta mediados del siglo XVII, para nombrar la población de este lugar. Quizá si el único relato temprano que intenta caracterizar físicamente a los camanchaca, situándolos en el primer repartimiento de Chile, Copiapó y que de paso, refiere alguna de sus costumbres, es el de Lizárraga, a fines del siglo XVI: en este trecho de tierra hay algunas caletillas con poca agua salobre, donde se han recogido y huido algunos indios pescadores, pobres y casi desnudos; los vestidos son de pieles de lobos marinos y en muchas partes de esta costa beben sangre de estos lobos a falta de agua; no alcanzan un grano de maíz y no lo tienen; su comida solo es pescado y marisco. Llaman a estos indios camanchacas, porque los rostros y cueros de sus cuerpos se les han vuelto como una costra colorada, durísimo; dicen les proviene de la sangre que beben de los lobos marinos, y por ese color son conocidísimos. Por su parte Bittmann sugiere que es probable que los pescadores del norte de Chile en la época colonial temprana, hayan comprendido diferentes etnias cuya área de distribución en algunos casos o, por lo menos, en el de los "camanchacas", comprendiera hasta el litoral del sur del Perú. Estas etnias incluirán a camanchacas, pro-anches y changos, ya que ellos aparecen diferenciados en distintas fuentes; "pro-anches" y "camanchacas" registrados en los libros parroquiales de Cobija y la presencia de "camanchacas ", diferenciados sobre la base de un criterio lingüístico en Chulín, Perú.
8. Esta misma investigadora consigna un dato aislado y novedoso al mismo tiempo, respecto de los "camanchaca", apelativo dado a ciertos indígenas de la costa meridional del Perú de acuerdo a un documento de la Colección "Egerton 1816" (Museo Británico, Londres, fol.223) que contiene datos acerca de un relato proporcionado al Capitán Francisco de Cadres, por un indio nombrado Chepo, de 115 o 120 años de edad, en el que narra viajes marítimos realizados por los indígenas desde los puertos de Arica e Ylo, respectivamente. Según la declaración de Chepo, llegaron después de dos meses de viaje a una isla desértica llamada Coatu y, posteriormente, a dos islas llamadas, la una Qüen, la otra Acabana. Estas islas eran gobernadas por jefes; allí había llamas y venados y los habitantes vestían ropas de algodón y lana. En dichas islas adoraban a un ídolo de oro al que le hacían ofrendas de este mismo metal, piedras azules, rojas y blancas y finos textiles de lana y algodón de todos los colores. Consultado sobre el idioma de los moradores de estas islas, Chepo contesto que "entendían la lengua de D. Sebastián Camanchac". Señalo además, que los indígenas habían realizado dichos viajes en balsas de madera. Aunque tan sólo se refiere a un caso, la nota es de interés, ya que indica que don Sebastián Camanchac y presumiblemente los demás "camanchacas " que estaban en el sur del Perú eran considerados "forasteros" o, por lo menos, se distinguían como grupo lingüístico de los demás indios de aquella parte del litoral. Bittmann no conoce la fecha del documento citado, pero supone -creemos que acertadamente- que dataría del siglo XVI, siglo de documentadas exploraciones de sajones a las costas del Pacífico sur.
9. De naturaleza diferente y aunque brevísima, la información que ofrece Santa Cruz Pachakuti es tremendamente significativa, cuando cualifica a los camanchas pescadores de Atacama como "grandes hechiceros". Los ibéricos, no sólo estigmatizaron a los indios cazadores recolectores considerándolos "salvajes", sino también quisieron hacer notar que a ello se sumaba el ser "idólatras".
10. María Rostworowski ha observado una relación longitudinal entre valles de la costa sur andina, que Galdós ha constatado entre los puertos prehispánicos de Arica, Ite, Ilo y Chule, a cuya población los cronistas y visitadores llaman "yungas pescadores" y que serían los camanchacas mencionados por Lizárraga, quienes como etnia, figuran en documentación del siglo XVII (1639) en el Archivo Departamental de Arequipa.
11. Es también a mediados del siglo XVII que se utiliza el término de pro- anches para población del sector de la costa aledaña de Morro Moreno y de Caldera, más al sur. Este apelativo sólo aparece en esta centuria e identifica a los pro- anches como originarios de Copiapó y Morro Moreno, aunque inscritos en partidas de bautismo y matrimonio de Cobija. En esta misma época, se empieza a usar la denominación de changos que a partir de 1665 es la única que permanece vigente hasta el siglo XIX, para identificar a las poblaciones de Cobija y de Copiapó. Para Bittmann "Changos" o "chiangos" también es un nombre utilizado para designar desde por lo menos mediados del siglo XVII, a grupos de pescadores recolectores y cazadores costeros, habitantes de la franja del Pacífico entre aproximadamente los 17º Lat. S. (sur del Perú) y los 30º Lat. S. (Tongoy en la costa chilena). Casassas especula que el término pro-anche es una deformación del vocablo quechua purum -auca o poro- auca y que podría haberse aplicado a camanchacas no sometidos; la argumentación es débil aunque sugerente.
12. En el Libro de Varias Ojas de la Parroquia de Chiu - Chiu, aparecen nombres propios de los proanches, que no se repiten para otras poblaciones y que desaparecen de los registros parroquiales a partir del siglo XVIII. Según Bittman los apelativos Alaguana Jaguaña, Chacaguaina, Anchuño; Calpiche (Chalpiche), Cancota, Coimas, Cherepe, Chamalco, Chiquin,Lacmor, Laicor, Maqueta, Quilama, Sacaya (Sajaya, Sacalla), son nombres que con la excepción de "Cacaia" y "Jaguaña", eran propios de la población del litoral designada "proanche " en el sentido de que estos nominativos no aparecen en las inscripciones referentes a personas del interior de la región atacameña, ni se encuentran asociados a los demás pobladores de la costa.
13. Se señalan además matrimonios entre pro - anches y camanchacas, lo que al menos, implica su coexistencia y diferenciación. La mayoría de las menciones a pro -anches en el LVO, se centran entre los años 1646 y 1662 y generalmente se denota que proceden de la jurisdicción de Chile y más específicamente de Morro Moreno y Copiapó.
14. Por lo señalado, una primera aproximación, podría hacer pensar que se trata de grupos étnicos distintos; no obstantes, la complejidad que encierran alguno de estos vocablos -como el de uro por ejemplo- y la poca precisión de las fuentes obligan a una saludable cautela. Estamos frente a conceptos que pueden comprender actividades diferentes, procedencias u orígenes, niveles sociales, entre otras posibilidades. En este sentido es sugerente la observación de Bibar en 1558 que señala que; los que matan lobos no matan otros peces como habemos dicho y los que matan toninas es en ejercicio. Así que cada género de pescador mata el género de pescado a que se aficiona y no otro.
15. Aunque la observación es general para la costa comprendida entre Arica y Coquimbo, sabemos que las denominaciones de camanchacas y changos, fueron usadas con la misma extensión. Por otra parte, el término uro, tiene una serie de connotaciones, entre otras, de personas que no se dedican a la agricultura, sino más bien a la recolección, la pesca, la caza y eventualmente el pastoreo y por añadidura son percibidos como "pobres".
16. Bien podría tratarse, de que estas denominaciones no designen etnias distintas, sino grupos con actividades económicas especializadas y de otro lado, similares, como en este caso las propias de una economía marítima. John Murra señaló hace 40 años, que se necesitaba más investigación para determinar hasta qué punto "uru", se refería a un grupo étnico o a un estrato ocupacional bajo o más probablemente a ambos. A pesar de las nuevas investigaciones sobre este grupo, todavía el problema no está resuelto. Hacemos notar que prácticamente en todas las descripciones sobre los uru , está siempre presente la idea de lo no domesticado en toda su extensión.
17. Según Espinoza Soriano, la documentación del siglo XVI y primera parte del XVII, demostraría que la lengua puquina se extendía por el altiplano peruano-boliviano, más al sur del departamento del Cuzco, Arequipa, Moquegua y el Norte de Tarapacá incluyendo a Atacama. La tesis de que la lengua de los uros era el puquina(75) es una proposición bien documentada, pero aún parcial.
18. En cuanto a la lengua o las lenguas que se hablaban en Cobija, documentos del siglo XVII son claros en denotar que "hablan diferente lengua y tan rudas que no hay, quien los entienda, si bien hablan la española". A mediados de este siglo, relatando su experiencia evangelizadora, el cura de Atacama, escribe que desarrolla sus prédicas en Cobija "en la lengua materna de los indios camanchacas" a quienes alude como "los del mar que son camanchacas Pescadores y de diferente nación que estos atacamas" (...)enseñando e industriando a los indios de este su beneficio de atacama la baja y camanchas y changos habitadores en estos puertos de mar por que más de veinte y un años que aquí les administra
19. Desde luego, el párrafo es muy sugerente. No sólo usa el término camanchacas sino también changos, distingo que también es claro en otro documento de la época. En lo que concierne al área de distribución de los changos, existe una referencia a los "indios camanchacas y changos, pescadores y no pescadores, que de mi encomienda estuvieron en Cobija y costa de Atacama...". Dichos indígenas habían huido de su encomendero de acuerdo a un documento otorgado en la ciudad de La Serena en 1659 y que se refiere a la encomienda de Fernando de Aguirre Riberos. Pero, en opinión de María Rostworowski, el nombre camanchacas, prácticamente es sinónimo de pescadores y recurre a Cuneo Vidal que señala que camanchaco, camanchango o chango eran voces para designar a los mismos grupos de pescadores; la palabra chango habría derivado de las primeras, aseveración esta última que nos parece acertada y que podemos refrendar, teniendo en consideración el documento que hemos citado en líneas precedentes.
20. Concordando con Murra, Martínez sugiere la posibilidad de que los conceptos con los que se identifican a los grupos costeros podrían estar encubriendo categorías sociales, religiosas o especializaciones productivas y no necesariamente identidades étnicas distintas.
21. Otro problema que no escapa a los investigadores y que está presente a partir de los documentos del siglo XVI, es la aparente relación de subordinación que tienen los pescadores frente a los señores de Atacama y que ya Pedro Sande notara cuando relataba que los indios "pescadores uros "(...) á los caciques de Atacama dan pescado en señal de reconocimiento". En este contexto recordemos que Polo de Ondegardo en 1571, señalaba las dificultades que surgían en el Collao, al tratar de encomendar los indios de los valles costeros, porque pertenecía a cabeceras que estaban en la altiplanicie.
22. Sin duda que la problemática reseñada respecto de los grupos indígenas asentados en la costa, nos deja muchas más preguntas que respuestas. Hablar aquí de una identidad cultural sólo nos puede remitir por el momento, a la configuración común del compartir prácticas en torno a ciertas actividades económicas relacionadas fundamentalmente con los recursos marinos y a retazos de una historia precolombina aún no bien delineada.
23. La gente que a principios del siglo XX es reconocida como chango, pertenece a un conjunto de familias de pescadores que habitan el litoral chileno, en asentamientos precarios y transitorios, de acuerdo a la percepción de Latcham, quien relata que construyen sus casas con lo que encuentran en las caletas: Aun hoy en día, en los lugares más apartadas, hacen la misma cosa, usando además cuando los pueden conseguir, hojas de lata secadas de los tarros parafineros; sacos viejos, lonas, etc. Cuando la vecindad de algún puerto lo permite, a veces procuran algunas planchas de fierro galvanizado, o tablas, por la mayor parte sacadas de los cajones usados para la trasportación de mercaderías. El ajuar de estos ranchitos es de lo más escaso primitivo. Duermen en cueros tendidos en el suelo, no usan almohadas, o cuando más un trozo de madera. Sus ollas son de barro, de fabricación tosca, pero de varias formas. Una concha de mejillón les sirve de cuchara, i a veces también de cuchillo. Unos sacos de cuero, colgados de los postes de los ranchos sirven para guardar su comida.
24. Hoy no existen descendientes reconocidos de los grupos changos, dado el profundo mestizaje que ha ocurrido en los últimos siglos. No obstante, su modo de vida sigue siendo practicado por pescadores, algueros y orilleros desde Chañaral a Cobija, quienes mantienen mucho de la tecnología, la economía y el patrón de asentamiento de estas antiguas poblaciones del desierto costero.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO:
1. En la actualidad, la calificación de la calidad de indígena, se logra, según nuestra legislación, justamente atendiendo a señas de identidad, al saberse y decirse indígena, como bien señala el artículo segundo de la ley indígena Nº 19.253, que expresamente señala que “Se considerarán indígenas para los efectos de esta ley, las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en los siguientes casos: c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas”.
2. Que de igual forma que a los changos, la etnia diaguita, la cual fue ninguneada como un pueblo extinto, sabemos que su dignidad fue restablecida, reconociéndosele su calidad originaria por ley. Así, se señalaba que la etnia diaguita estaba extinta. Así lo hablaba la academia. Pero olvidaban dos importantes conceptos de la antropología. La reetnificación y la etnogénesis.
3. La Reetnificación es un proceso de recomposición cultural, mediante el cual los individuos pertenecientes a un grupo étnico, asocian valores y significados a prácticas culturales nuevas o preexistentes.
4. El concepto de etnogénesis ha sido tradicionalmente utilizado para dar cuenta del proceso histórico de la configuración de colectividades étnicas, como resultado de migraciones, invasiones, conquistas o fusiones. En otras oportunidades se ha recurrido a él para designar al surgimiento de nuevas comunidades que se designan a sí mismas en términos étnicos, para diferenciarse de otras sociedades o culturas que perciben como distintas a su autodefinición social. En algunos casos, estos procesos de estructuración étnica son resultados de migraciones interestatales cuya consecuencia es el desarrollo de una colectividad diferenciada en el seno de una sociedad mayoritaria, de la cual se distingue por razones lingüísticas, culturales o religiosas. Con frecuencia, dentro de la actual literatura europea, se ha recurrido al término para calificar el auge de los nacionalismos diferenciales dentro de estados multiétnicos. El tema no es nuevo para la reflexión antropológica, pero existe un reciente e interesante ensayo de Antonio Pérez (2001) que intenta abordarlo de manera comparativa. Este autor acuña incluso una tipología inicial, en la que distingue, entre otras, a las etnias reconstruidas, es decir a aquellas que perdieran hace poco sus bases culturales identitarias pero que mantienen una continuidad territorial, parental o histórica, y a las etnias resucitadas, cuya relación con el pasado proviene en parte de la memoria y en parte de la literatura existente sobre el grupo.
5. En este proceso, se ha logrado la dictación de la Ley Nº 20.117, que integra a la etnia diaguita al artículo 1º de la Ley Indígena.
6. Así, considerando lo señalado sobre el pueblo Diaguita, existen diversos testimonios que señalan la pervivencia de formas de vida y de patrones culturales que testimonian la supervivencia del pueblo Chango.
7. Es así que hoy los changos están integrados a las grandes ciudades, unos viven en los puertos y muchos permanecen fieles a su balneario, como es Tongoy, Guanaqueros y en la llamada Playa Changa de Coquimbo, en Chañaral, Obispito y Carrizalillo más al Norte. En el pasado creyeron conveniente adoptar los apellidos de los encomenderos y hoy abundan los Mirandas, Zuletas, Cisterna y Álvarez, en Tongoy, media población se apellidaba Zambra y otros apellidos más. Los que han conservado sus patrones culturales ligados a la pesca y al manejo de los recursos hidrobiológicos.
8. En la página web de TURISTEL, se señala: “Recorriendo las costas del norte, y en particular la costa al norte de Huasco, aparece una tribu digna de destacar: los huireros, nómades, pieles gruesas y de colores alucinantes, aguerridos desafían el mar y los vientos costeros recogiendo lentamente kilos de huiros para ser vendidos. Pasan semanas e incluso meses viviendo al borde del mar, instalados en medio de extensas playas y rodeados de bidones de agua, perros, plásticos y niños felices que sonríen y disfrutan cada momento de la libertad que da el vivir en la playa: a pata pelada y en polera junto a su perro preferido. De alguna manera somos testigos de tradiciones que están muy cerca de nuestros antepasados, de culturas y formas de vida que no vemos o no rescatamos como un claro vínculo con los primeros habitantes. Un viaje por la costa de Huasco puede ser mucho más que disfrutar de sus excelentes playas o del esporádico milagro del desierto florido, también puede ser una forma de vivir hoy nuestro pasado indígena”.
9. Señalar que existen estudios establecen que los Changos, por su parte, presentarían a su vez rasgos culturales de los pueblos de tradición Chinchorro, existentes en esta zona durante el período arcaico, entre 8.000 y 4.000 años atrás. Este conjunto de evidencia sugiere una ocupación continua de la costa por cerca de 8.000 años, y una posible vinculación genética entre todas estas etnias. Finalmente, estaría contribuyendo de manera posterior al pool genético de caleta Paposo la etnia Aymara, con quienes los Changos mantuvieron cierto vínculo cultural entre los siglos XVII y XVIII.
10. De esta forma señalamos que la etnia changa no se ha extinguido, sigue viva, pero sin la dignidad que merece.
11. Por todo lo señalado, es nuestro deber el darle reconocimiento y dignidad al pueblo Chango, así que nuestra legislación sobre los pueblos originarios (ley Nº 19.253), la que señala que “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias...”, no deje dudas sobre el reconocimiento de esta etnia.
12. Esto, debido a que con sola esta definición de indígenas que da el legislador, deberíamos entender que es posible, el reconocimiento de la etnia de los changos, pues cada uno de los elementos que conforman el ser indígena está presente, siendo tal vez, el de la pureza genética, el único, que pueda cuestionarse, aunque dicha objeción ha de ser relativizada por la noción esencialmente cultural del modelo nacional de reconocimiento y calificación de los pueblos originarios y de sus integrantes. No obstante, los estudios genéticos nos apoyan, como vimos.
13. Así, lo que queremos mediante este proyecto de ley es dar la posibilidad cierta del desarrollo de una cultura, que en pequeños nichos ha luchado por pervivir en el tiempo. Es por ello que proponemos modificar el Artículo Primero de ley Indígena, para incorporar, junto a las etnias mapuche, aymara, rapa nui, atacameña, quechua, diaguita y colla; junto a las menguadas comunidades kawashkar y yagán de los canales australes, a los changos, como un acto de reconocimiento, de dignificación y sobre todo de promoción para su desarrollo futuro y consolidación.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, reemplazando por una coma (,) la conjunción "y" que antecede al vocablo "diaguita", e insertando después de esta la expresión "y Chango".
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL Y DEL DIPUTADO SEÑOR MONSALVE EN LA 136A ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP), EFECTUADA EN DHAKA, BANGLADESH, DESDE EL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2017.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar sobre la participación que les correspondió a los diputados señora Denise Pascal (Presidenta de la delegación y del Comité de Medio Oriente) y señor Manuel Monsalve durante la 136ª Asamblea y reuniones conexas de la Unión Interparlamentaria, efectuadas en Dhaka, Bangladesh.
I. REUNION GRULAC
Por no haberse reunido el quórum requerido, no se adoptaron acuerdos, y la Presidenta señora Passada,procedió a informar sobre su participación en la Cumbre de Presidentas de Parlamentos, efectuada en Abu Dhabi, sobre una solicitud formulada por Bolivia en orden a ser sede del próximo encuentro de Presidentas y sobre la participación en la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC.
Se discutió acerca de adoptar una resolución en torno a la situación de los parlamentarios venezolanos, pero finalmente no se adoptó ningún acuerdo al respecto.
En relación con las solicitudes de inscripciones de puntos de urgencia, se dio cuenta de 7:
-México, el endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo y el riesgo de violación.
-Reino Unido; el apoyo de los parlamentos a una respuesta mundial alahambruna, sin precedentes, que afecta a millones de personas.
-Bélgica, la hambruna que afecta a poblaciones de Yemen, Sudán del Sur, Somalía y el Norte de Kenia.
-Palestina, en nombre del Grupo Árabe, las colonias israelíes en el Estado Palestino ocupado: la posición de los parlamentos con respecto a una situación que es ilegal y perjudicial para la solución de dos Estados.
-Kenia, la sequía y la hambruna en el Cuerno de África y el Este de África.
-Bélgica, Kenia y Reino Unido, actuar con urgencia a nivel internacional para salvar a millones de personas de la hambruna y la sequía en ciertas partes de África y Yemen.
-Argentina, preocupación por los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela.
Se dio cuenta de los informes presentados por los miembros en relación con “Política migratoria para los países del Grulac”, donde la Cámara presentó un que se consigna en Anexo N° 1.
Por último consignar que para las vacantes de las Comisiones de los Jóvenes y de Naciones Unidas, se propusieron representantes de Bolivia y Argentina, respectivamente, retirándose la postulación de Chile a la última Comisión.
II. PUNTO DE URGENCIA APROBADO POR LA ASAMBLEA.
La Asamblea aprobó el punto de urgencia refundidosobre el tema“Actuar con urgencia a nivel internacional para salvar a millones de personas de la hambruna y la sequía en ciertas partes de África y Yemen”, del siguiente tenor:
“Gravemente preocupadapor la situación humanitaria en el Este de África y en el Cuerno de África, en Nigeria y Yemen, donde millones de personas son seriamente amenazadas de morir de hambre en razón de la hambruna y la sequía, y de una situación de inseguridad alimentaria extrema,
Constatando que algunos de estos países hacen frente al tercer año consecutivo de sequía, causando sed y hambre, la diezma del ganado, la destrucción de los medios de subsistencia, la propagación de enfermedades y el desencadenamiento de desplazamientos de la población a gran escala,
Constatando tambiénque Etiopía y Kenia figuran entre los 10 países que acogen la mayor cantidad de refugiados y que éstos son particularmente vulnerables en la crisis actual,
Apreciandoel llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a entablar una acción internacional de urgencia para resolver una situación que concierne a más de 20 millones de personas, y reconociendo que otras regiones de África se enfrentan a la inseguridad alimentaria y a la sequía,
Conscientedel llamado a la acción concertada, formulado por Stephen O’Brien, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, en su informe al Consejo de Seguridad, el 10 de marzo de 2017, después de una visita a los países afectados o amenazados por la hambruna, que hace seguimiento a un primer llamado a una acción decisiva lanzada por el Secretario General de la ONU Antonio Guterres el 22 febrero de 2017.
Profundamente alarmadapor el hecho de que el Secretario General Adjunto de la ONU ha observado que, desde comienzos de 2017, la comunidad internacional hace frente “a la más grave crisis humanitaria” desde la creación de la ONU; y reconociendo plenamente que los efectos desastrosos de los conflictos violentos que conducen al hambre deben preocupar a todo el mundo, y no únicamente a los países directamente concernidos,
Gravemente preocupadapor la lentitud de la reacción de la comunidad internacional frente a la situación humanitaria en los países afectados por el hambre y la sequía, en lo que concierne a la movilización de los recursos para proporcionar una ayuda humanitaria y otras formas de asistencia a las poblaciones y a los países concernidos,
Conscientede que la falta de lluvia y la evolución de los fenómenos meteorológicos, causados en gran parte por el calentamiento global, han contribuido a la sequía en el Este de África y en el Cuerno de África,
Teniendo en cuentala importancia del derecho a la alimentación, que está implícitamente incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y que el derecho a la vida y el derecho a la salud pueden solamente ser ejercidos si el derecho a la alimentación, incluido el acceso al agua limpia, es garantizado,
Conscientede los compromisos realizados por los líderes de todos los Estados Miembros de la ONU en setiembre de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para 2030, en particular el Objetivo 2 de lucha contra el hambre, y el Objetivo 6 de acceso al agua limpia y al saneamiento,
Acogiendo con satisfacciónlas medidas tomadas y los esfuerzos realizados por los gobiernos de los países afectados por la hambruna y la sequía, las instituciones especializadas de la ONU, la Unión Europea y las organizaciones no gubernamentales para atenuar y combatir el hambre en varias regiones del Este de África, del Cuerno de África y de Nigeria,
Obligada por los compromisos que la propia UIP ha realizado en el marco de la Declaración de Hanói para hacer avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 para asegurar que los parlamentos hagan rendir cuentas a los gobiernos en traducir las palabras en acciones a través de la implementación de medidas eficaces tendientes a realizar estos objetivos y a no dejar a ninguna persona de lado,
Reconociendo que sólo una acción internacional concertada puede prevenir una hambruna que peligra ser sin precedentes y una catástrofe humanitaria inminente que amenaza a numerosas regiones de África y Yemen,
1. Llamaa la comunidad internacional a lanzar una acción inmediata para ayudar a las organizaciones humanitarias internacionales a tomar medidas urgentes para solucionar la crisis de hambruna que afecta actualmente a millones de personas en el Este de África, el Cuerno de África, Nigeria y Yemen, en particular asegurando que los recursos humanos y financieros adecuados sean consagrados a este esfuerzo;
2. Pide a la ONU que asigne los recursos necesarios para aportar un apoyo humanitario y una ayuda alimentaria en las zonas gravemente afectadas de ciertas partes de África y Yemen, así como una ayuda al desarrollo a largo plazo;
3. Pide también a los Miembros de la UIP, que aún no lo han hecho, a incitar, según corresponda, a su gobierno a aportar contribuciones voluntarias para financiar la ayuda humanitaria para resolver esta crisis;
4. Invita a los Parlamentos Miembros de la UIP a incitar a su gobierno a contribuir a la vasta campaña internacional de la ONU de recaudación de fondos, a fin de financiar la lucha contra el hambre; una de las posibilidades de esta recaudación de fondos puede hacerse de manera voluntaria utilizando el modelo de financiamiento de UNITAID;
5. Pide a la ONU y a la comunidad internacional que concentren su atención sobre las personas más vulnerables a la actual sequía y hambruna, en particular las mujeres, los niños y las personas de edad;
6. Exhorta a la Dirección Mujeres, Género y Desarrollo de la Unión Africana, a la Organización Panafricana de Mujeres (PAWO por sus siglas en inglés), aONU Mujeres, a la Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias de la UIP y a las otras organizaciones internacionales competentes, a ayudar a las poblaciones concernidas, en particular a las mujeres y los niños, a reconstruir sus medios de existencia, recuperar sus perspectivas de empleo y a reforzar sus capacidades para ocuparse de sus familias, de manera de permitirles recobrar la salud;
7. Exhorta también a la comunidad internacional a ayudar a los países afectados a elaborar mecanismos de resiliencia nacionales y exhaustivos, en particular atacando las causas profundas de la hambruna y la sequía;
8. Exhorta además a la comunidad internacional a intensificar las intervenciones de atenuación del cambio climático y de adaptación para reducir el calentamiento global, y a invertir en las medidas que ayuden a los países vulnerables a luchar contra estos cambios;
9. Llama en particular a los gobiernos a tomar las medidas apropiadas e inmediatas a fin de poner fin a los conflictos y hostilidades, y a levantar todos los obstáculos al acceso humanitario en ciertas partes de África y Yemen;
10. Exhorta a las autoridades nacionales a garantizar la seguridad del personal y de las operaciones de las organizaciones humanitarias, y del personal y de las infraestructuras de salud operativos en las regiones concernidas por la hambruna y la sequía, en particular si éstos son afectados por los conflictos;
11. Exhorta también a los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales competentes, así como a la Secretaría de la UIP, a ayudar a los países concernidos a reforzar sus instituciones democráticas, incluyendo particularmente el respeto del estado de derecho;
12. Reafirma que fuera del marco de este llamado a la acción internacional inmediata tendiente a responder a la actual crisis del hambre y la sequía, el acceso a los alimentos y al agua constituye un derecho esencial, y que el hambre no debe ser jamás utilizada como arma de guerra y los responsables de esta utilización deben ser llevados a la justicia;
13. Llama a los parlamentarios de los Parlamentos Miembros de la UIP a dar prioridad a las leyes que promueven la seguridad alimentaria y las medidas apropiadas para atenuar las consecuencias del hambre y la sequía”.
III.ASAMBLEA.
Durante el Debate General, usó de la palabra la diputada señora Denise Pascal para intervenir en el tema “Corregir las desigualdades para asegurar a todos la dignidad y bienestar”, quien en síntesis expresó que: ”Como parlamentariachilena, de un país situado en el hemisferio sur, latinoamericano, en vías de desarrollo, de ingresos medios y 17 millones de habitantes, hemos tratado, de manera sostenida y bajo gobiernos de diverso signo político, de impactar en el bienestar y dignidad de sus habitantes, vengo a manifestar que Chile cree firmemente que una estrategia de desarrollo sostenible debe ser una tarea mundial, y para lograrlo, sólo es posible en un contexto internacional basado en principios compartidos.
Por ello celebramos la recuperación de una mirada global del desarrollo, que no se reduce a metas que deban cumplir los países más pobres y que reserva el mero rol de “colaboradores” para los países desarrollados, sino que es un esfuerzo de la humanidad en su conjunto.
Entendiendo la escala del problema y el nivel de esfuerzos que demanda, Chile, como ha sido su costumbre, confía en los acuerdos y en la arquitectura del sistema internacional para buscar respuestas planetarias, las cuales respetará y apoyará de manera decidida como ha sido su tradición histórica. Es por ello que esta nueva etapa que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no sólo es una nueva mirada del desarrollo que combina equidad social, crecimiento económico y protección del medio ambiente, sino que representa una oportunidad para asentar una nueva línea de base sobre la cual construir las relaciones internacionales que impulsen un progreso de la humanidad, como lo fue en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tan serio es el compromiso de Chile, que ha sido pionero en América Latina en conformar un Consejo de Ministros en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual es presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores e integrado por los Ministros de las carteras de Economía, Desarrollo Social, y Medio Ambiente, que tiene como misión asesorar a la Presidencia de la República en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; coordinando todos los esfuerzos a nivel nacional de las organizaciones gubernamentales, internacionales, sector privado y sociedad civil. Como sostiene Alicia Bárcena, Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas: “Chile hoy envía una señal muy poderosa a toda la región y al mundo. La presencia de cuatro Ministros demuestra cómo es clave la apropiación nacional de la Agenda 2030”.
Un elemento central en esta nueva generación de objetivos, es que la introducción de una mirada de sostenibilidad implica la relación virtuosa entre las dimensiones económica, social y medio ambiental. No se puede avanzar en una si no hay avances al mismo tiempo en las otras dos. Esto reviste enorme importancia, en especial desde la mirada de la desigualdad, puesto que en el proceso anterior, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), culminado el año 2015, enfrentamos una situación paradójica: por un lado vimos reducir la pobreza a escala global, con 800 millones de personas que superaron el umbral de los US$1,25 dólares diarios de ingreso vital; pero por el otro lado, la desigualdad en el acceso a bienes y servicios aumentó en un 11% al interior de los países en desarrollo, sin hablar de los efectos en el medio ambiente del crecimiento económico.
Esta situación paradójica se explica en la natural predisposición que tienen los gobernantes de orientar sus acciones a impactar en el indicador que está siendo medido. Por ello esta nueva mirada multidimensional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, permite orientar acciones más allá del estrecho cálculo del PIB per cápita, por lo que un real esfuerzo para la superación de la pobreza y la consecución del bienestar de la población mundial, pasa, invariablemente, por reducir las enormes desigualdades que se han venido ensanchando en las últimas décadas. De esta manera, pareciera, que el crecimiento económico no sería suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, es decir, este no debería ser un fin social en sí mismo si no cumple estas condiciones.
Desde una óptica de las relaciones internacionales, la desigualdad a nivel global, ello nos llama a incorporar una mirada más certera en la definición de los términos del intercambio del comercio mundial y a la construcción de relaciones más equitativas entre los países. No puede ser que el estrechamiento de las desigualdades sea producto del desplome de los mercados de los países desarrollados, sino que debe ser expresión de relaciones más justas y equitativas entre países y regiones del planeta.
Expresión de este nuevo modelo de desarrollo, es el cambio en como se entiende metodológicamente hoy la pobreza. Tradicionalmente, la pobreza en Chile ha sido medida a partir del ingreso total per cápita de los hogares, pero debido a las limitaciones de esta metodología, que no da cuenta de las múltiples situaciones de pobreza o carencias en que viven muchas familias, desde el año 2013 se ha venido trabajando en una nueva metodología para medir la pobreza, que busca rescatar el carácter multidimensional de ésta. Un entendimiento más comprehensivo de la pobreza permite diseñar e implementar mejores políticas sociales en beneficio de quienes lo necesitan, y por lo tanto, impactar mejor. Esto ha llevado a que Chile lleve un monitoreo de la desigualdad de manera permanente en sus políticas sociales, pues considera que un individuo se encuentra en situación de pobreza cuando está en desventaja respecto a los individuos que conforman la sociedad de la que es parte, definiendo el límite para la situación de pobreza en relación a indicadores del bienestar del conjunto de la sociedad.
Ligado con lo anterior, y rescatando la solidez estadística que tiene América Latina, otro elemento estratégico dice relación con la medición y “accountability” en el cumplimiento de las metas y objetivos, esto es, la calidad de los datos con que se evaluará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A este respecto, a mayor ambición en los objetivos perseguidos, mejores datos se necesitan para su examen periódico por parte de la sociedad civil, los países cooperantes y los organismos internacionales. Ello demanda no solo mayor cantidad de datos, sino también mejorar el acceso a éstos y la calidad de la información (desglose por género, origen étnico, ubicación geográfica, situación migratoria, etc.). Esto plantea un llamado a la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en aquellos países con menos recursos humanos y técnicos.
Sobre la base de esta información certera, de calidad y transparente, es que los parlamentos y los ciudadanos, en especial aquellos que se encuentran en una situación de desmedro, pueden ejercer control de los resultados de las políticas.
A este respecto, como institución representativa que es el parlamento, estamos llamados en primer término, a ser articuladores entre las demandas de nuestros electores y la toma de conciencia de los mismos de los retos que impone el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos pues, ser agentes promotores de la participación, como también, los principales promotores de los acuerdos en la ciudadanía. Todo ello debe ayudar a proporcionar mayor legitimidad y compromiso social en la consecución de los objetivos trazados. Nuestros Parlamentos deben reforzar sus competencias fiscalizadoras para transformarse en garantes de los compromisos suscritos internacionalmente por los gobiernos, y ejercer sus facultades fiscalizadoras.
Por su parte, el Estado debe garantizar canales de participación e información transparente para los ciudadanos. A este respecto, Chile ha avanzado de manera decidida en este camino, por un lado ha adherido al Open GovernmentPartnership (OGP), que se ha materializado en la creación del Portal de Gobierno Abierto, que buscan promover un Estado transparente y participativo donde gobierno y ciudadanos colaboran en el desarrollo colectivo de soluciones a los problemas de interés público, a través de la implementación de plataformas de gestión de información e interacción social. Por otra parte, ya están instituidos en el funcionamiento del Estado chileno, los Consejos de la Sociedad Civil, que son un mecanismo de participación ciudadana en que se vincula a los órganos de la administración del Estado con representantes de la sociedad civil organizada.
Al señalar estas dos buenas prácticas, reconocidas por diversos organismos internacionales y regionales, queremos demostrar que, cuando hay voluntad política y grandes consensos sociales sobre los problemas que aquejan a nuestras sociedades, se puede avanzar y lograr cambios sustantivos en nuestros países y el mundo.”
IV. COMISIONES.
1.- La Comisión de Paz y Seguridad Internacional analizó “El papel del Parlamento en la prevención de las injerencias externas en los asuntos internos de los Estados soberanos”.
La Minuta preparada por la BCN contiene los siguientes aspectos:
1. Antecedentes generales
En el Derecho Internacional contemporáneo, que se desarrolla a partir del final de la segunda guerra mundial, el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados soberanos adquiere, progresivamente, un papel central. Su elaboración, sobre la base de antecedentes en el derecho internacional americano, será producto de las condiciones políticas de las décadas centrales del siglo XX y derivará de la diplomacia multilateral y la jurisprudencia internacional.
Entre las décadas del ‘60 y ‘80 del siglo pasado, el principio de no intervención adquirirá sus contornos característicos, y pasará a ser considerado una norma básica del Derecho Internacional actual. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) señalará, en un fallo de 1986, que dicha norma forma ya parte del derecho internacional consuetudinario. En la década del ‘90, con los cambios geopolíticos asociados a la postguerra fría, el principio de no intervención comenzará a ser re-analizado, y en ocasiones cuestionado, a la luz de la aparente contradicción entre su vigencia y la preocupación de Estados, instituciones y la comunidad internacional, por la protección efectiva de los derechos humanos en situaciones en que estén siendo gravemente violados dentro del territorio de algún Estado.
En vista del debate sobre la no intervención, o “la prevención de las injerencias externas”, que tendrá lugar en la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional de la UIP, este Informe tiene un propósito esencial. En concreto, pretende entregar antecedentes históricos y ofrecer una caracterización general de este principio, para clarificar una afirmación realizada en el Memorando explicativo distribuido con ocasión de este debate. En él se sostiene que “la ausencia de una definición universal de la “injerencia externa en los asuntos internos de los Estados soberanos” ha conducido con frecuencia a explicaciones vagas y contradictorias”.
Adicionalmente, los antecedentes históricos entregados muestran el aporte del derecho internacional americano, y en especial de los países de América Latina, al desarrollo de este principio, lo que no está suficientemente relevado ni en el Memorando ni en el Proyecto de Resolución que se considerarán en la reunión. Por último, respecto a la relectura de la no intervención desde los ‘90, frente a la perspectiva del aseguramiento de la vigencia de los derechos humanos, este Informe se acompaña de otro documento que aborda la aparición de la norma sobre la “responsabilidad de proteger”.
1 Se trata del fallo en el caso relativo a las Actividades Militares y Paramilitares de Estados Unidos.
2. Elaboración de una norma universal: contexto histórico y aporte latinoamericano
En la comunidad internacional, el desarrollo progresivo de una norma sobre la no intervención está asociada a las condiciones políticas generadas por el proceso de descolonización y el ingreso masivo de los nuevos Estados soberanos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de 1960. Al mismo tiempo, muchos de esos países pasaron a cumplir un rol destacado en la articulación del Movimiento de los No Alineados (NOAL), y la no intervención se convirtió en un principio reivindicado por el tercermundismo.
Al mismo tiempo, las superpotencias de la guerra fría (Estados Unidos y la Unión Soviética) iniciaron una era de coexistencia pacífica -que daría paso a una fase de distensión bipolar-y la no injerencia externa también se incorporó en los documentos inspirados por ella. Así ocurre, especialmente, con el Acta Final de Helsinki, de 1975, que concluyó la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (origen de la actual OSCE).
En este contexto histórico tomarían forma las declaraciones emblemáticas de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la no intervención, esto es, la Resolución 2131 (XX) de 1965 y la Resolución 2625 (XXV) de 1970. Como sostiene el profesor Edward McWhinney, “en los principios jurídicos básicos [con que se construye esta norma universal] parece haber una síntesis operacional de dos corrientes de pensamiento jurídico históricamente diferentes pero que actualmente convergen entre sí”.Por una parte, la doctrina jurídica de los Estados surgidos de la descolonización que, a nuestro entender, se plasma en la preocupación por la conclusión con el colonialismo, el racismo y el apartheid, así como la defensa de la libre determinación de los pueblos.
Por otra parte, las doctrinas jurídicas clásicas de los Estados latinoamericanos, desde fines del siglo XIX, y que se concretaron en el marco del denominado derecho internacional americano en el marco de las Conferencias Panamericanas. La experiencia de los países de nuestra región con las intervenciones de Estados europeos, y posteriormente de Estados Unidos, fueron consolidando esta doctrina antiintervencionista. En estas circunstancias, “los esfuerzos de los estadistas más relevantes de América Latina se concentraron en demostrar que no puede admitirse, lógica ni jurídicamente, la existencia del derecho de intervención, porque no puede haber un derecho frente a otro superior: el derecho a la soberanía es incompatible con el derecho de violarla”.
De este modo, se desarrollaron técnicamente ciertas proposiciones jurídicas como la “Doctrina Calvo” y la “Doctrina Drago”, por los nombres de sendos diplomáticos de la región que las plantearon frente a situaciones vividas. La primera de ellas, de mediados del siglo XIX, rechazaba las presiones diplomáticas e intervenciones armadas que realizaban los Estados (en los hechos, europeos) para proteger los intereses de sus nacionales residentes en otros países, y propugnaba que éstos debían someterse a la jurisdicción de los tribunales locales para plantear sus demandas. Por su parte, la “Doctrina Drago” se enunció en respuesta a la intervención armada de varios países europeos en Venezuela en 1902 para exigirle el pago de su deuda externa, denunciando la ilegitimidad del recurso intervencionista para cobrar dichas deudas.
Esta última doctrina fue prontamente reafirmada como parte del derecho internacional americano en la 3Conferencia Panamericana (1906), en tanto la primera fue más debatida -encontrando la oposición de Estados Unidos-antes de ser incorporada en sucesivas conferencias hemisféricas. Por su parte, la política intervencionista estadounidense en las primeras décadas del siglo XX generó entre los países de América Latina un creciente interés por consagrarlo de manera general como norma del derecho americano. El asunto fue debatido en el foro hemisférico, la Conferencia Panamericana, en diversas ocasiones, siendo incorporado en la Convención Interamericana sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933.
Este instrumento jurídico, conocido como Convención de Montevideo, fue adoptado en la 7Conferencia Panamericana (1933), aunque Estados Unidos formuló una reserva a dicha norma. Tres años después, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, se aprobó el Protocolo Adicional relativo a la No Intervención que, en este caso, fue aceptado unánimemente y sin reservas. Estados Unidos lo aprobó, ya que estaba impulsado su denominada “política de buena vecindad” con América Latina. En su momento, al adoptarse la Carta de Bogotá que crea la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la 9a Conferencia Panamericana (1948), el principio de no intervención quedó consagrado en varios artículos del Capítulo IV “Derechos y Deberes fundamentales de los Estados”.
A este respecto, los más destacados son los artículos 19 y 20 que se reproducen a continuación: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen” (Art. 19).
“Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”. (Art. 20)
Esta formulación del principio en el derecho internacional americano se convertiría en modélica, ya que organizaciones regionales como la Liga de Estados Árabes y la Organización de la Unidad Africana (hoy, Unión Africana) recogieron el principio en sus cartas constitutivas inspiradas en la redacción panamericana. Otro tanto ocurriría en el marco de la ONU, ya que las principales Resoluciones que consagran el principio guardan en su texto una impronta significativa de lo explicitado en la Carta de Bogotá.
Con vistas al debate que tendrá lugar en la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional de la UIP, resulta relevante destacar este aporte latinoamericano, que no se halla relevado en los documentos de los parlamentarios co-relatores. En efecto, en el Memorando explicativo, ya citado, la Sra. Koutra-Koukouma (Chipre) y el Sr. Kosachev (Rusia) enfatizan como antecedentes las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, el Acta Final de Helsinki, y las resoluciones anteriores de la UIP. Por su parte, en el Proyecto de Resolución, incorporar referencias a instrumentos jurídicos de ámbito universal, es decir, de la ONU y el sistema de Naciones Unidas, y de la UIP.
Por tanto, no se hace mención al aporte del sistema interamericano, y en particular de América Latina, al desarrollo de esta norma universal. Se trata de una referencia incompleta a los antecedentes históricos a considerar que es relevante poner de manifiesto en la reunión de la citada Comisión de la UIP.
3. La ONU y el principio de no intervención: una caracterización general
En el plano universal, la Carta de San Francisco, constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no contiene una disposición expresa que establezca el principio de no intervención de un Estado en los asuntos de otro. Existe en la doctrina jurídica un debate, vinculado a las posturas de diferentes grupos de países durante la guerra fría, respecto a si la previsión del artículo 2 número 7, que prevé la excepción de jurisdicción interna, debiera entenderse regulando expresamente la no injerencia externa.
Se considera, siguiendo al profesor Diez de Velasco, que el principio de no intervención no está explícitamente enumerado en la Carta pero se halla implícito en la misma, especialmente en las disposiciones del artículo 2. En concreto, en el número 1 de dicho artículo, que consagra la igualdad soberana de los Estados, por tratarse “de un principio tutelar del ejercicio de la soberanía”y, por ende, tiene una fundamentación complementaria en otros principios como el de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y el de la libre determinación de los pueblos. En consecuencia, el principio en comento se encuentra en el espíritu, más no en la letra, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, lo que constituye un matiz a las afirmaciones de los parlamentarios co-relatores tanto en el Memorando explicativo como en el Proyecto de Resolución ya citados. Por su parte, el profesor Roncagliolo, pese a no compartir este criterio técnico-doctrinario, entrega una fundamentación del principio en base a su finalidad que pareciera abonar, igualmente, su vinculación con las disposiciones de la Carta que menciona Diez de Velasco. En efecto, va a sostener que “el principio de no intervención protege tanto a los Estados soberanos y sus gobiernos como a los pueblos y sus culturas, permitiendo a las sociedades mantener las diferencias religiosas, étnicas y de civilización que tanto valoran. Esto significa, desde un punto de vista jurídico, que tiene un estrecho vínculo con los principios de igualdad soberana de los Estados y de autodeterminación de los pueblos”.En cualquier caso, es una diferencia menor que es heredera del debate jurídico y político generado, como se señaló anteriormente, en años de la guerra fría. En buena medida, esa polémica comenzó a quedar superada en la práctica cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró, con el apoyo decisivo de los países del “Tercer Mundo”, el principio de la no intervención a través de sucesivas Resoluciones. Entre ellas destaca, en primer lugar, la Resolución 2131 (XX) de diciembre de 1965, titulada Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía. Fue aprobada por la Asamblea General con 109 votos a favor, ningún voto en contra, y 1 abstención.
En sus considerandos reafirma, antes que nada, el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA y de las otras organizaciones regionales, y, pese a mencionar la Carta de la ONU y los principios que consagra, no hace mención expresa al número 7 del artículo 2. Asimismo, reconoce que “el pleno acatamiento del principio de no intervención de los Estados en los asuntos internos y externos de otros Estados es condición indispensable para el cumplimiento de los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.Los contenidos de esa Resolución inspiraron, posteriormente, la recepción del principio en el marco de una Declaración emblemática adoptada por aclamación (es decir, por unanimidad y sin votación) con motivo del 25° aniversario de las Naciones Unidas. De ese modo, se adoptó la Resolución 2625 (XXV), de noviembre de 1970, titulada Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Ella constituye un instrumento jurídico de gran relevancia, ya que desarrolla y amplía los principios explícitamente enumerados en la Carta, dando así consagración formal al principio de la no intervención, como reconoció posteriormente la jurisprudencia de la CIJ.El propósito declarado de la Resolución 2625 (XXV) consiste en lograr el desarrollo progresivo y la codificación de una serie de principios para conseguir su aplicación efectiva. Entre ellos, incluye “la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con lasesión plenaria del 20° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Carta”. Procede, posteriormente, a formularlo específicamente en términos muy similares a la Carta de la OEA, estableciendo que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional”.
Asimismo, el texto identifica una serie de supuestos de conducta intervencionista que se hallan prohibidos, tales como aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado usar la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional Por último, la Resolución establece que “todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.Más de una década después, en 1981, la Asamblea General aprobó una nueva resolución en materia de no intervención que, en sintonía con las circunstancias políticas de la época, va a señalar algunos otros comportamientos considerados intervencionistas. En concreto, esta Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención e injerencia en los asuntos internos de los Estados, que concitó menores grados de consenso que las dos precedentes, hizo referencia a cierto tipo de conductas que los Estados estaban obligados a seguir para no incurrir en prácticas de intervención ilegítima, entre otras: el deber de todo Estado de abstenerse de explotar y deformar las cuestiones de derechos humanos como medio de injerirse en los asuntos internos de los Estados, de ejercer presión sobre otros Estados, o de crear desconfianza y desorden dentro de los Estados o grupos de Estados o entre ellos el deber de todo Estado de abstenerse de hacer uso de prácticas terroristas como política de Estado contra otros Estados o contra los pueblos sometidos a dominación colonial, ocupación extranjera o regímenes racistas y de impedir que se preste asistencia o se utilice o se tolere a los grupos terroristas, saboteadores o agentes subversivos contra terceros Estados.
-el deber de todo Estado de abstenerse de toda campaña de difamación, calumnia o propaganda hostil realizada con fines de intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
-el deber de todo Estado de abstenerse de cualquier tipo de actividad política, económica o militar que se desarrolle en el territorio de otro Estado sin su consentimiento.
Al tenor de lo establecido en las Resoluciones de la ONU, la norma sobre la no intervención perfila esta figura jurídica con ciertas características básicas: solo un Estado (o grupo de Estados) puede realizar un acto calificable como de intervención ilegítima, cuyo objeto es someter la voluntad de otro Estado en relación a la conducción de asuntos -internos o externos-de su exclusiva competencia, a través del uso de una diversidad de medios con los que ejerza una coerción o coacción suficiente sobre el Estado intervenido.
De manera sintética, el profesor Piñol caracteriza el comportamiento intervencionista de tal modo que pueda ser diferenciado de otros tipos de conductas propias de las relaciones de poder en la vida internacional, que implican presión, negociaciones, persuasión e influencia. Sostiene el referido profesor que la intervención implica “el empleo de una coacción objetivamente capaz de limitar el libre ejercicio de los derechos soberanos de un Estado sin el consentimiento de éste”.
A comienzos de la última década del siglo XX, los conflictos y situaciones producidas al concluir la guerra fría vienen acompañadas, en varias ocasiones, de violaciones masivas a los derechos humanos. En ese contexto, se va a retomar el examen del principio de la no intervención y su reformulación en términos más contemporáneos. Esta reflexión buscaba hacerse cargo, en particular, de la aparente contradicción que se generaría entre la protección de los derechos humanos en esas situaciones y el respeto a la no intervención.
En la doctrina jurídica se reconoce, cada vez más ampliamente, que el principio del respeto de los derechos humanos es una norma universal que tiene su fundamento implícito en la propia Carta de las Naciones Unidas.De hecho, así ha sido consagrado en distintas resoluciones de la Asamblea General, en términos similares a como lo hace la Declaración final de la Cumbre Mundial de 2005: “reafirmamos que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y con la misma atención. Si bien es necesario tener en cuenta la importancia de las peculiaridades nacionales y regionales y los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, todos los Estados, independientemente de cuál sea su sistema político, económico y cultural, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En consecuencia, como señala el profesor Vargas Carreño, puede sostenerse que para el actual Derecho Internacional los derechos humanos han dejado de ser exclusivamente asuntos internos de los Estados. Por lo demás, esta materia se halla regulada por numerosas convenciones internacionales a que han adherido la gran mayoría de Estados, además de las obligaciones generales derivadas del derecho internacional consuetudinario, y se han establecido diversos órganos de control a nivel de la ONU y las organizaciones regionales.
En estas circunstancias, afirma Vargas Carreño, los Estados pueden adoptar medidas contra otros Estados que violan gravemente los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, sin que sean intervenciones ilegítimas. Ello ocurre, sostiene, cuando se trata de medidas compatibles con otras normas internacionales, y pone como ejemplo de conductas no proscritas las representaciones diplomáticas (reclamos formales), las expresiones de preocupación o de desaprobación respecto a las violaciones acontecidas. En cualquier caso, incorpora también una cautela en relación con las conductas unilaterales reprobatorias de un Estado respecto de la situación de derechos humanos en otros Estados, al sostener que “dada la creciente importancia que la comunidad internacional ha conferido a la tarea de promover la defensa de los derechos humanos, pareciera ser más apropiado que los Estados conduzcan sus críticas a través de los órganos y por los procedimientos que los tratados internacionales, tanto regionales como universales, han establecido para proteger los derechos humanos”.
Están proscritas, por cierto, las conductas que impliquen la amenaza o el uso de la fuerza por parte de un Estado o grupo de Estados, lo que no solo constituiría intervención sino, además, uso ilegítimo de la fuerza de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, durante los ‘90 del siglo XX este asunto se reabrió con el debate sobre la posibilidad de la denominada “intervención humanitaria” ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, por parte de algunos Estados y, generalmente, por parte de la comunidad internacional a través de la ONU. Desde comienzos del siglo XXI, este debate fue reformulado, y ha evolucionado en torno al concepto de la “responsabilidad de proteger”.
2.-La Comisión de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio, se abocó al tema “Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los ODS, en particular, favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del desarrollo”.
La Minuta confeccionada por la BCN destaca:
1. La importancia de la inclusión financiera
La inclusión financiera puede ser un gran aliado en la lucha contra la pobreza y en el logro de un crecimiento económico inclusivo. Cuando los individuos son capaces de participar en el sistema financiero, también son capaces de iniciar y expandir sus negocios, invertir en diversos ítems fundamentales como vivienda y educación y enfrentar de mejor manera shocks externos y así suavizar sus ingresos.
A nivel global, las mujeres tienen una menor probabilidad de poseer conocimientos y acceso a servicios financieros puesto que, entre otras cosas, cuentan con menores tasas de escolaridad y menores oportunidades de trabajo en comparación con los hombres. La situación se hace aún más crítica en algunas regiones, especialmente Asía y Medio Oriente, en donde las mujeres comúnmente quedan relegadas a quehaceres domésticos y en muchos casos ni siquiera cuentan con derechos de propiedad establecidos. Pero las mujeres representan la mitad de la población y su acceso a productos financieros posee una potencialidad enorme en términos de emprendimiento, de crecimiento económico, de asignación eficiente de recursos, reducción de la pobreza y la desigualdad y en la mejora de la salud, nutrición y escolaridad de los niños.
A nivel global, según datos del Banco Mundialpara el año 2011 el 47% de las mujeres tenía alguna cuenta bancaria versus el 54% de los hombres, números que al año 2015 subieron a 58% y 65% respectivamente. A pesar de las mejoras netas, la brecha de género no se redujo y se mantuvo fija en 7 puntos porcentuales. Los números para ahorro y crédito si bien van en la misma dirección anterior, presentan brechas menores: mientras el 29% de los hombres sobre 15 años tuvo alguna clase de ahorro formal solo el 26% de las mujeres lo tuvo, y mientras el 12% de los hombres sobre 15 años tuvo alguna clase de crédito, este número bajó a 10% para el sexo femenino.
2. La inclusión financiera femenina y los ODS
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representan un esfuerzo a nivel global para avanzar en poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando el desarrollo inclusivo y sostenible, es decir, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Si bien los ODS son compromisos más que obligaciones legales, se espera que los países sean los responsables de incorporarlos en sus propias políticas públicas y registrar debidamente el progreso logrado a través de planes de seguimiento y estadísticas confiables.
A pesar de que la inclusión financiera femenina no es un objetivo en sí mismo, sí está íntimamente relacionado con varios de éstos. El Objetivo N°1 de “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, tiene como una de sus metas “garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación”. El Objetivo Nº 5 de “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” habla explícitamente del rol femenino por cuanto tiene como meta el “emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales”. Muy relacionado con el Objetivo N°1, el Objetivo N° 8 de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” se enfoca en el rol que tiene el sistema financiero, la institucionalidad nacional y las oportunidades en la creación de puestos de trabajo de calidad. Por lo anterior, algunas de sus metas son el “promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros” y “fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos”.
3. Inclusión financiera femenina en Chile
3.1 En Cifras
En la actualidad, el 98% de la población adulta chilena cuenta con algún tipo de producto financiero, con un promedio de 5,6 productos financieros por individuo. Los productos de administración de efectivo (cuentas corrientes, cuentas vistas, etc.) son aquellos con mayor penetración llegando al 76% de la población adulta, seguidos por los productos de ahorro que llegan al 69% y finalmente los productos de crédito que llegan al 52%5. El mayor motor de la inclusión financiera en nuestro país han sido sin duda los bancos estatales a través de sus cuentas transaccionales y su red de corresponsalías; el aporte a la inclusión financiera de la banca estatal se estima en un 87% de la población adulta.
En cuanto a diferencias entre hombres y mujeres, a pesar de que en materia de acceso a la educación y a la salud nuestro país no presenta brechas significativas de género, según “The Global Gender Gap Report” del año 2016, las mayores diferencias se encuentran precisamente en participación económica y participación política, ejes fundamentales para el desarrollo de un país. Particularmente en el tema de inclusión financiera, la decimoquinta edición de “Género en el sistema financiero” de la SBIFrevela que existe bastante variabilidad de brechas según cuál es el producto que se analiza: mientras que en productos de ahorro las mujeres llevan la delantera, este no es el caso para cuentas de administración de efectivo ni para créditos.
Brechas en Ahorro
El número de cuentas asociadas a mujeres en productos de ahorro es significativamente mayor al de los hombres a pesar de que los montos globales que manejan son menores. La composición de la cartera de ahorro femenina también se diferencia a la de los hombres por cuanto las mujeres presentan un mayor peso relativo de productos de ahorro para la vivienda y ahorro a plazo, en desmedro del ahorro previsional voluntario en donde los hombres representan el mayor número de cuentas (Ver anexo N°1).
Brechas en Administración de efectivo
En el periodo 2002-2015, la proporción de cuentas de administración de efectivo femeninas aumentó de un 38% a un 48%, mostrando una importante reducción de brecha frente a los hombres, que pasó de 38 a 8 puntos porcentuales durante el periodo y logró que el número de cuentas agregadas de las mujeres como porcentaje de los agregados de los hombres terminara en un 92% (Ver anexo Nº2). Este fenómeno puede ser atribuido principalmente a las cuentas vistas y a la penetración que han tenido los bancos estatales.
Brechas en Crédito
A pesar de que el 52% de la población adulta cuenta con productos de crédito (cifra superior al promedio de la OCDE de un 45%), todavía existen diferencias en el acceso y en las condiciones de dichos créditos entre hombres y mujeres.
La cobertura de los créditos sigue siento mayor en hombres (como así también los montos involucrados) pero las mujeres crecen rápidamente en los últimos años atenuando las diferencias (Ver anexo Nº3).
En cuanto a condiciones diferentes entre sexos en el otorgamiento de créditos, para los créditos hipotecarios no se advierten diferencias significativas en tasas de interés y plazos aplicados a hombres y mujeres, no obstante, el monto promedio de crédito suscrito por las mujeres es significativamente menor que el de los hombres. Para el caso de los créditos de consumo y créditos comerciales la realidad es otra puesto que las mujeres acceden a tasas 15% y 17% más altas respectivamente y a montos 32% y 41% más bajos respectivamente que los hombres. Lo anterior no tiene relación con patrones culturales dentro del subgrupo femenino que aumente los niveles de riesgo: indicadores de integridad financiera como proporción de cheques protestados o morosidad sistemáticamente favorecen al sexo femenino.
En relación a los créditos con fines productivos otorgados a personas naturales, fundamentales en el emprendimiento, en la creación de trabajos y en el crecimiento económico, las brechas de género son especialmente significativas: las mujeres representan solo el 39% del total de deudores y concentran sólo un 25% de los montos transados. Para los segmentos de pequeño y microempresario, las mujeres tienen una participación 38 y 14 puntos porcentuales menor que la de los hombres en términos de número de deudores (Ver anexo Nº4) y 43 y 18 puntos porcentuales menor en términos de monto de deuda, respectivamente.
Otro punto importante de destacar es que entre las personas naturales con créditos productivos, la incidencia de la informalidades significativamente mayor en las mujeres y particularmente alta en el segmento Micro, donde alcanza el 5,5% (versus la informalidad micro masculina de un 3,9%).
3.2 Políticas Públicas
Desde hace ya varios años que en nuestro país se reconoce la importancia de la inclusión financiera (Ver Anexo N°5). Entre las políticas públicas en la materia destacan las iniciativas impulsadas por el Banco Estado como la cuenta RUT y la red de corresponsalías Caja Vecina, que permitieron que cada individuocon un RUT vigente pudiese acceder a una cuenta vista y ampliaron los canales de prestación de servicios bancarios hacia una serie de comercios adheridos. Ambas medidas en su conjunto significaron múltiples beneficios para la población como por ejemplo el aumentar de manera significativa el número de puntos de atención presencial en que puede usarse la Cuenta Rut y en horarios más amplios y convenientes que el de las sucursales bancarias. Efectivamente, la cuenta RUT fue un elemento muy importante de inclusión femenina a la banca: en el año 2005 el número de cuentas de depósito a la vista de mujeres correspondía a solo el 66% de las cuentas de los hombres, luego del lanzamiento de la cuenta RUT, el número creció en un 73% y continuó incrementándose a una tasa promedio anual del 22% hasta el año 2014.
Por otro lado, las medidas exclusivamente enfocadas en el sexo femenino en nuestro país se han orientado más que nada en el financiamiento de emprendimientos, pudiéndose mencionar el programa Capital Abeja Emprende de SERCOTEC, Crece Mujer Emprendedora de Banco Estado y el Programa Más Capaz de SENCE, entre otros.
Si bien el aumento de los salarios y de la participación femenina deberían contribuir a la larga al cierre de las brechas de sexo en materia financiera, existe una importante piedra de tope. Para el año 2014, el 54,5% del total de inscripciones matrimoniales fueron bajo el régimen de sociedad conyugal, el que no otorga los mismos derechos de propiedad a ambas partes involucradas. La administración de las propiedades maritales, ya sea adquirida durante el matrimonio, así como cualquier propiedad aportada al matrimonio por la mujer figura a cargo del esposo.
Esto crea diversas barreras para las mujeres como por ejemplo en el caso de separación en donde para la mujer continúa siendo necesario el permiso de su esposo para poder utilizar propiedades adquiridas antes o durante el matrimonio como aval para un préstamo, enfrentarse a dificultades para obtener un historial de crédito o en el peor de los casos, verse afectada negativamente por un mal historial crediticio de su marido y por lo anterior no ser capaz de conseguir financiamiento propio.
4. Anexos
Anexo Nº 1: Cuentas de ahorro de las mujeres por tipo de producto (Cuentas de las mujeres como porcentaje de las cuentas de los hombres)
Anexo Nº 2: Instrumentos de administración del efectivo de las mujeres
(Agregados de las mujeres como porcentaje de los agregados de los hombres)
Anexo Nº3: Crédito a las mujeres por tipo de cartera
(Número de deudoras mujeres como porcentaje de los deudores hombres)
Anexo Nº4: Cartera productiva asociada a personas naturales por tamaño (*) (número de deudores)
Anexo Nº5: Hitos asociados a la estrategia de Inclusión Financiera de Chile
El diputado señor Manuel Monsalve, intervino en la Comisión donde señaló que Chile había emprendido un importante compromiso para el logro de los ODS, en el sentido de que el Gobierno creó recientemente un Consejo Nacional para la implementación de los ODS para el 2030, adoptados por Naciones Unidas el año 2015, que será integrado por los Ministros de Economía, de Medio Ambiente y por el Subsecretario de Desarrollo Social, cuya principal función será asesorar a la Presidenta de la República en cuanto a la implementación y seguimiento de la agenda 2030.
Será una instancia de coordinación a nivel nacional entre los diversos actores gubernamentales, organismos internacionales, sector privado y la sociedad civil en aquellos asuntos relacionados con los avances que experimenten tales objetivos, cuya importancia radica en que tienen un carácter universal, es decir, obligan a todos los países que lo han suscrito y agrega nuevos temas como el tema ambiental y de desarrollo sustentable.
También adquieren importancia otros factores como la equidad y la igualdad dentro de la lucha contra la pobreza.
Lo anterior conforme la Agenda 2030, que consiste en un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Recalcó que aun cuando Chile ha experimentado avances importantes, quedan tareas pendientes que realizar.
3.- La Comisión de Democracia y Derechos Humanos, discutió sobre el proyecto de resolución recaído en “Compartir nuestra diversidad: El 20 Aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia”.
Del mismo modo, llevó a cabo un panel sobre el tema “Actuar ahora para los adolescentes: el papel de los parlamentos en la promoción de la salud y el bienestar de los adolescentes”.
La minuta elaborada por la BCN sobre el “Rol de los Parlamentos en la promoción de la salud y el bienestar de los adolescentes” contiene los aspectos siguientes:
“1.- La salud y bienestar del adolescente como un asunto de salud pública.
Múltiples factores han contribuido a que la adolescencia, no haya sido durante mucho tiempo considerada como una etapa crítica del ciclo vital. En efecto, la adolescencia no comienza a configurarse como una etapa del desarrollo diferenciada de la niñez sino hasta finales del siglo XIX, como consecuencia de la extensión de la enseñanza de los niños y la consecuente postergación de su entrada al mundo laboral.
Bajo el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y desde una perspectiva sanitaria, la adolescencia representa al grupo de la población, hombres y mujeres, comprendido entre los 10 y 19 años de edad. Sin perjuicio de ello, y en consonancia con el marco establecido por la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, sin pretender definir la adolescencia, ha centrado este período de la infancia, entre los 10 y los 18 años de edad.
En el marco de las normas y políticas públicas los adolescentes, habitualmente, no son visibilizados como un grupo con características propias y necesidades particulares. Como consecuencia de ello, el adolescente suele quedar subsumido en la expresión niño (todo menor de 18 años) o joven (que abarca hasta los 24 años de edad), y por tanto, en disposiciones y políticas que contienen a grupos etarios diversos donde el énfasis no suele, precisamente, estar en los requerimiento específicos del adolescente.
Colabora en ello, la apreciación del adolescente como una persona saludable, puesto que, en efecto, sus tasas de mortalidad y morbilidad son relativamente bajas comparadas con otros grupos de edad. En este sentido, la idea que los adolescentes no enferman no sólo ha limitado la atención que a este grupo se brinda, sino también, ha contribuido a olvidar que parte importante de las conductas y hábitos nocivos para la salud, que tendrán sus manifestaciones en la vida adulta, son adquiridos durante esta etapa del ciclo vital.
Tal es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cerca del 70% de las muertes prematuras en el adulto, se deben a conductas iniciadas durante la adolescencia. La evidencia muestra que los problemas que afectan a este grupo de la población generan consecuencias en el largo plazo y pueden repercutir incluso sobre las generaciones futuras.
Si bien los adolescentes enferman y mueren poco, el riesgo de muerte y enfermedad existe, y en su mayoría se debe a causas asociadas a determinados comportamientos que pueden ser manejados y por ende prevenidos. Entre las principales causas de enfermedad y muerte evitables entre adolescentes se encuentra el embarazo y parto, el aborto en condiciones no seguras, el VIH/Sida y las infecciones de transmisión sexual, los accidentes de tránsito, la violencia, las enfermedades mentales y el suicidio, así como también el aumento en la prevalencia de algunas enfermedades crónicas no transmisibles, producto por ejemplo, del aumento de la obesidad y sobrepeso entre los adolescentes.
Considerando el impacto que una mala salud en la adolescencia y la juventud puede tener en el desarrollo sostenible de un país, es que la propia OMS, tomando cartas en el asunto, inició hace unos años, una campaña de concientización de los Estados sobre la importancia que tiene asumir la salud del adolescente como un asunto de interés y salud pública. Lo cual exige disponer de los medios necesarios para establecer las intervenciones que, atendiendo a la adolescencia en su complejidad, permitan al adolescente desarrollar aptitudes para la vida, fortalecer su contacto con el sistema de salud y brindarle atención sanitaria por especialistas, a fin de prevenir y/o detectar problemas de salud y resolverlos adecuadamente.
Es así, como en el marco de la 64a Asamblea Mundial de la Salud, realizada el año 2011, la OMS adoptó la resolución Los jóvenes y los riesgos sanitarios, por la cual instó a los Estados a adoptar las políticas y planes necesarios para abordar los principales determinantes de salud que afectan a los jóvenes, incluidos los adolescentes.
El mismo año, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dedicó su Informe sobre el Estado Mundial de la Infanciaa la adolescencia, siendo quizás el primer documento de alcance internacional dedicado exclusivamente a abordar a la adolescencia desde espacios tan diversos como la educación, el trabajo o los efectos del cambio climático. El Informe lanzó una voz de alerta sobre lo paradójico que resulta desplegar grandes esfuerzos por salvar la vida de los niños menores de 5 años y la poca atención que tradicionalmente se ha prestado a estos niños en su etapa adolescente. El documento concluye que invertir en herramientas que permitan mejorar la vida de los adolescentes implica invertir en el fortalecimiento de las sociedades a las que éstos pertenecen.
Coincidente con el llamado de UNICEF a dar una oportunidad a la segunda década de la vida, la OMS lanzó en 2014 la herramienta multimedia Healthfor the world'sadolescent. A second chance in the seconddecade. A través de la ella, de una manera dinámica e interactiva, se explica por qué los adolescentes requieren de una atención de salud diferenciada de los niños y los adultos, se describen cuáles son sus principales necesidades en salud, profundizando a través de datos, en las principales causas de mortalidad, morbilidad y enfermedad. Asimismo, se presentan herramientas y estrategias para contar con sistemas de salud responsivos, a la vez que refiere a políticas que contribuyen a dar soporte a la atención de salud del adolescente.
En la misma línea y más recientemente, en septiembre de 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó una actualización de la Estrategia Mundial adoptada en 2010 en relación con la salud de la mujer y el niño, ampliando, esta nueva versión, a la salud de los adolescentes. Su inclusión, como señala en su prólogo el entonces Secretario General de la entidad, Ban Ki-Moon, se debe a que “éstos son fundamentales para todo lo que deseamos lograr y para el éxito general de la Agenda hasta 2030. Al ayudar a los adolescentes a gozar de sus derechos a la salud, el bienestar, la educación y la participación plena y por igual en la sociedad, los estamos pertrechando para que realicen su pleno potencial en la vida adulta”.
2. La salud y bienestar del adolescente desde una perspectiva de derechos humanos
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por nuestro Congreso Nacional en 1990, se caracteriza por ser el primer instrumento del derecho internacional de los derechos humanos en reconocer de manera expresa a niños, niñas y adolescentes como agentes sociales de cambio y titulares activos de sus propios derechos.
La Convención representa un verdadero cambio de paradigma en la tradicional concepción que aprecia al niño, niña y adolescente como un objeto de protección. En este sentido, al ampliar -como expresa Cillero-la noción de ciudadanía a la infancia, la Convención da paso al reconocimiento del niño, niña y adolescente como un titular y sujeto de derechos, los que les son reconocidos ante el Estado y la comunidad, facultándosele incluso para exigir su cumplimiento en caso de inobservancia.
La Convención se aproxima a la infancia y a la adolescencia ya no desde sus carencias y necesidades sino desde sus derechos, garantizándole contar con una protección integral que favorezca su pleno desarrollo y su efectiva incorporación a la sociedad. Conforme a ello, la Convención reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios de salud adecuados (artículo 24).
Ha sido el Comité de los Derechos del Niño, quien se ha encargado, a través de sus Observaciones Generales, de otorgar orientaciones acerca del modo cómo este derecho a la salud debe comprenderse y puede realizarse de manera efectiva respecto de los adolescentes.
En este sentido, el Comité ha destacado la necesidad de entender el derecho a la salud del adolescente a la luz de de los demás derechos consagrados por la Convención (interdependencia), en particular con aquellos que constituyen los principios rectores de este instrumento, a saber, el derecho a no ser discriminado.
El Comité expresa que es imprescindible brindar atención de salud al adolescente sin discriminación, de manera que la prestación de servicio no puede ser limitada por criterios que excluyan a algunos adolescentes por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición socioeconómica, impedimentos físicos, nacimiento, orientación sexual, estado de salud o cualquier otra condición del menor.
Bajo criterio del Comité, no pueden los Estados negarse a prestar los servicios sanitarios a los que por ley tiene derecho el adolescente, alegando por ejemplo, falta de recursos económicos o la objeción de conciencia del personal sanitario.
2.2 Participación
El Comité reafirma la calidad de titular de derechos que detenta el adolescente incluso en el espacio sanitario, lo que implica que para dar efectividad a este derecho debe el adolescente contar con la posibilidad real de expresar, con libertad, sus opiniones en los asuntos que le afectan y que dicen relación con su cuerpo y salud, y a que estas opiniones sean debidamente tenidas en cuenta, atendiendo a su edad y madurez (autonomía progresiva).
Sobre este punto, el Comité, siguiendo la línea sostenida en sus anteriores Observaciones, vuelve en su última recomendación de 2016, a instar a los Estados a la promulgación de leyes “que afirmen el derecho del adolescente a asumir responsabilidades cada vez mayores en relación con las decisiones que afecten a su vida, o revisar en este sentido las ya vigentes”.
Para ello, el Comité sugiere el establecimiento, a través de disposiciones jurídicas, de edades mínimas -iguales para mujeres y hombres-para el consentimiento sexual, el matrimonio, para adoptar decisiones en relación con servicios y tratamientos de salud, la adopción, el cambio de nombre, entre otros ámbitos.
Estos límites mínimos de edad legal que insta a adoptar el Comité, deben ser compatibles con el derecho a la protección, el interés superior y el respeto al desarrollo evolutivo del adolescente.
2.3 Acceso a la información
Asimismo, el Comité ha entendido que el derecho del adolescente a gozar del más alto nivel posible de salud incluye el derecho de acceder a la información necesaria para su salud y desarrollo, particularmente en ámbitos relacionados con la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, los métodos contraceptivos, la prevención del VIH, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo precoz.
En lo que refiere al VIH/SIDA, el Comité ha expresado que para que la prevención sea efectiva “los Estados están obligados a abstenerse de censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente las informaciones relacionadas con la salud, incluidas la educación y la información sobre la sexualidad”.
2.4 Confidencialidad
Mientras la Convención en su artículo 16 consagra el derecho de niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, de manera permanente el Comité -reconociendo que durante esta etapa del ciclo vital la privacidad adquiere progresivamente mayor relevancia-ha profundizado en la necesidad que los adolescentes no sólo puedan acceder a los servicios y prestaciones sanitarias bajo adecuados márgenes de confidencialidad, sino también a que se resguarde su privacidad en el acceso a la información que de dicha atención se deriva.
En esta línea, el Comité ha indicado: “Al objeto de promover la salud y el desarrollo de las adolescentes, se alienta asimismo a los Estados Partes a respetar estrictamente el derecho a la intimidad y la confidencialidad incluso en los que hace al asesoramiento y las consultas sobre cuestiones de salud (art. 16)”.
En igual sentido, ha expresado: “Es necesario que los Estados partes introduzcan leyes o reglamentos para garantizar el acceso de los niños al asesoramiento y consejo médico confidencial sin el consentimiento de los padres, independientemente de la edad del niño, en los casos que sea necesario para la protección de la seguridad o el bienestar del niño”.
2.5 Rol de los padres
Sin perjuicio del rol activo y central que la Convención y el Comité asignan al adolescente, éstos no desconocen el papel esencial que como guías y orientadores en el ejercicio responsable de los derechos, desempeñan los padres, la familia y todos quienes tienen bajo su cuidado al menor (artículo 5).
Este deber, en el espacio sanitario, se traduce en otorgar al adolescente una correcta dirección que le permita a éste promover las mejores condiciones para su salud y desarrollo, así como ejercitar de mejor forma sus derechos. En esta línea, el Comité expresa: “los adolescentes necesitan que los miembros de su entorno familiar les reconozcan como titulares activos de derecho que tienen capacidad para convertirse en ciudadanos responsables y de pleno derecho cuando se les facilita la orientación y dirección adecuadas”.
2.6 Interés superior del adolescente
Cualquiera sea el llamado a adoptar una decisión en relación con el cuerpo, cuidado y salud del adolescente, siempre ésta habrá de tener por primordial consideración su interés superior. En efecto, la Convención, en diversas disposiciones, establece que cualquiera sea la medida que se adopte en relación con el niño, niña o adolescente, ésta siempre deberá considerar su interés superior. Sin embargo, la Convención nada dice sobre en qué consiste este interés.
Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que lo que caracteriza este interés es su sentido dinámico y evolutivo, que hace que varíe de persona en persona, atendidas sus características particulares, situación en que se encuentra y contexto en que se desarrolla. Su objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención, permitiendo el desarrollo integral del adolescente. De acuerdo a ello, el Comité entiende que el interés superior incluye un triple concepto, como derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo fundamental, y como norma de procedimiento.
Bajo esta mirada, el interés superior “debe entenderse como aquella razón fundamental que llama a la plena satisfacción de los derechos del niño, niña y del adolescente mediante la adopción de aquella de las alternativas posibles que objetivamente le reporte los mayores y/o mejores beneficios, habida cuenta de su situación particular y circunstancias, admitiendo que, con independencia de quién sea llamado a decidir -incluso si éste fuera el propio adolescente- no podrá adoptar decisiones que se opongan a este interés”
2.7 Servicios y prestaciones sanitarias adecuadas
De la interpretación armónica de las disposiciones contenidas en la Convención, el Comité observa que el derecho del adolescente a gozar del más alto nivel posible de salud, implica el disfrute de una amplia gama de bienes, servicios y prestaciones, que deberán cumplir con condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y calidad que garanticen un ejercicio óptimo de este derecho.
Esto implica que, al menos en la atención primaria de salud, se deben incluir servicios adaptados a las necesidades de los adolescentes, con especial atención, a su salud sexual y reproductiva y su salud mental (disponibilidad); estos servicios deben ser conocidos, de fácil acceso para todos los adolescentes sin distinción (tanto económica, como física y socialmente) y deben garantizar la confidencialidad (accesibilidad); igualmente deben respetar las disposiciones de la Convención, los valores culturales, las diferencias de género, la ética médica y ser aceptables para los adolescentes y la comunidad (aceptabilidad); debe además tratarse de servicios científicamente y médicamente adecuados, en los que participe personal especialmente capacitado en las necesidades y cuidados del adolescente (calidad).
3. Avances legislativos en favor de la salud y bienestar del adolescente
La adolescencia se caracteriza como una etapa del desarrollo dinámica, que presenta una gran variabilidad en cuanto al crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de cada persona, en él se producen en un relativamente corto período de tiempo importantes cambios que afectaran de manera determinante la configuración del futuro adulto.
Dentro de este período se distinguen tres fases: adolescencia inicial o temprana (10 a 13-14 años de edad), donde se evidencian los primeros intentos por salir de la familia hacia el exterior; la adolescencia media (14-15 a 16-17 años de edad), etapa en la que se produce un distanciamiento afectivo de la familia y un acercamiento hacia los pares; y la adolescencia tardía (17-18 a 19 años de edad), en que se avanza hacia la identidad y autonomía propias.
Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al presente año los adolescentes representarán sobre el 13% de la población total de Chile, con poco menos de dos millones y medio de hombres y mujeres, entre los 10 y 19 años de edad.
Tabla 1. Distribución de la población adolescente en Chile según tramo de edad.
Entre el total de menores de 18 años que se proyecta habrán este año en el país -los que se estima equivalen a casi el 27% de la población total-los adolescentes representan casi la mitad. Sin embargo, son escasas las normas y políticas que se han implementado y dedicado exclusivamente a atender a las necesidades de salud y bienestar de este grupo de la población. Entre estas últimas, destaca particularmente el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes impulsado por el Ministerio de Salud (MINSAL), el cual persigue “mejorar el acceso y la oferta a servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención del sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades actuales de adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad”. Este programa incluye a toda la población entre 10 y 19 años de edad (adolescentes) y entre 20 y 24 años de edad (jóvenes), beneficiaria del sistema público de salud, constituyendo un programa de referencia para la atención de adolescente y jóvenes en el sistema privado de salud. En lo que respecta al ámbito normativo, y entendiendo que pueden los Parlamentos contribuir significativamente a la realización del derecho de los adolescentes a gozar del más alto nivel posible de salud y consecuentemente, de bienestar, impulsando y aprobando iniciativas que, enfocándose en las particulares características de esta etapa del ciclo vital, atiendan a sus necesidades y complejidades bajo un enfoque de derechos humanos, es posible observar que durante los últimos años se han realizado algunos avances legislativos en Chile para atender a la salud y bienestar de los adolescentes, aun cuando no siempre, sea este grupo etario el destinatario exclusivo y directo de tales iniciativas. Así sucede por ejemplo, con la Ley Nº 19.966 que establece un régimen de garantías en salud (Ley GES), por el cual se concede a todos los ciudadanos una serie de prestaciones y coberturas asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud, que son definidas periódicamente, y donde un número importante de éstas están orientadas a atender problemas de salud que afectan a niños, niñas y adolescentes. Lo mismo ocurre con la Ley Nº 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidady la Ley Nº 20.869 sobre publicidad de los alimentos que complementó a la primera, las que han significado un endurecimiento en las reglas que regulan la composición nutricional, rotulación y publicidad de los alimentos en Chile. Particularmente de aquellos productos que tienen un contenido elevado de nutrientes considerados como críticos (tales como calorías, grasas, azúcares o sal).
El espíritu que orienta estas normas es prevenir y educar al público en el consumo informado y responsable de alimentos, de manera de contribuir a la generación de hábitos y estilos de vida saludables. Su justificación se encuentra en razones de salud pública, que muestran importantes cambios demográficos y epidemiológicos en el país, en las últimas décadas, que evidencian un envejecimiento de la población y un aumento de las patologías asociadas a una malnutrición por exceso. En este sentido, los datos muestran que un alto porcentaje de la población de niños y niñas y adolescentes sufren de sobrepeso u obesidad.
Es por ello, que ambas leyes contemplas algunas disposiciones que se dirigen especialmente a generar estilos de vida saludables en los menores de 18 años de edad, estableciendo obligaciones y/o restricciones que buscan protegerlos. Así por ejemplo, la Ley Nº 20.606 dispone que:
-Los establecimientos de educación parvularia, básica y media deben incluir, en todos sus niveles, la enseñanza de hábitos de alimentación saludables y advertir de los efectos nocivos de una dieta excesiva en nutrientes críticos. Asimismo, deben incorporar la actividad física y la práctica de deportes.
-Se prohíbe la comercialización, promoción y publicidad de alimentos con altos contenidos de nutrientes críticos dentro de los establecimientos de educación parvularia, básica y media.
-Se prohíbe el ofrecimiento o entrega de los alimentos con altos contenidos de nutrientes críticos, a título gratuito, a menores de 14 años de edad. Asimismo, se prohíbe la publicidad de estos alimentos a este grupo etario.
-La venta de alimentos especialmente destinados a menores no puede efectuarse mediante ganchos comerciales que no estén relacionados con la promoción del producto (como regalos, concursos, juegos, etc.)
Por su parte, la Ley Nº 20.869 impuso nuevas limitaciones a la publicidad de alimentos con elevado contenido de nutrientes críticos. Así, la publicidad que se transmita por servicios de televisión y cine, sólo podrá emitirse entre las 22:00 y las 06:00 hrs., y siempre que no estén dirigidas a menores de 14 años. Sólo excepcionalmente, podrá autorizarse su emisión fuera de este horario cuando se trate de eventos o espectáculos deportivos, culturales, artísticos o de beneficencia social y se cumplan los requisitos dispuestos por la propia ley.
Las restricciones impuestas durante los últimos años al consumo del tabaco, son otro caso de normativas que sin estar dirigidas exclusivamente a la población adolescente, han contribuido al fomento de estilos de vida saludables y a la prevención de conductas de riesgo. Así, por ejemplo, se prohíbe la comercialización, ofrecimiento, distribución o entrega a título gratuito de productos de tabaco a menores de 18 años de edad, o que en programas que son transmitidos en vivo, por televisión o radio, en horario permitido para menores, aparezcan personas fumando o indicando características favorables al consumo de tabaco. Igualmente, se prohíbe la venta de estos productos en lugares ubicados a menos de 100 metros de distancia de colegios.
Quizás los ámbitos donde mayores avances se han alcanzado, en términos legislativos, son en materia de no discriminación, salud sexual y reproductiva y prevención del VIH/SIDA. Aun cuando, sólo es en este último caso, donde los cambios introducidos a la ley se dirigieron exclusivamente a atender la necesidad de confidencialidad de los adolescentes. Así, cabe destacar:
-Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminación, disponiendo de un procedimiento judicial para restablecer el imperio del derecho en caso de actos de discriminación arbitraria, entendiendo por tal “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
-D.F.L. Nº 2 del Ministerio de Educación, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, disponiendo que ni la maternidad ni el embarazo pueden ser causas que justifiquen impedir el ingreso y la permanencia de las estudiantes a sus establecimientos educacionales, siendo deber de éstos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.
-Ley Nº 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, representa el primer instrumento de rango legal en consagrar de manera expresa los derechos sexuales y reproductivos de la población en general, incluida la adolescente. De esta forma, se reconoce el derecho de toda persona, sin distinción, a: (i) recibir educación, información y orientación - clara, comprensible, completa y confidencial - en materia de regulación de la fertilidad; ii) elegir libremente de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina, que cuenten con la debida autorización; iii) acceder efectivamente a tales métodos; iv) a la confidencialidad y privacidad sobre las opciones y conductas sexuales y sobre los métodos y terapias que se elijan para la regulación o planificación de la propia vida sexual.
-Ley Nº 20.987 que modifica el procedimiento para el examen del VIH respecto de menores de edad, que extiende el carácter voluntario y confidencial del examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana para los mayores de 14 y menores de 18 años de edad, quienes no requerirán de la autorización de su representante legal para practicarlo. Sin perjuicio de ello, y en caso que el examen arrojare resultados positivos, cesa la confidencialidad en favor del adolescente, debiendo informarse de este hecho a su representante legal.
En lo que refiere a iniciativas legislativas que buscan atender las necesidades de salud y bienestar de los adolescentes en actual tramitación ante el Congreso Nacional, es preciso mencionar el Boletín Nº 10305-11 que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente. Proyecto que persigue solucionar algunas carencias detectadas en relación con la legislación vigente que trata el embarazo adolescente. En este sentido, la moción apreciando una falta de armonía y cohesión entre la normativa regulatoria de la fertilidad y del embarazo adolescente, así como la carencia de definiciones claras busca promover, la adopción de un único cuerpo normativo en el que se establezcan acciones de prevención y protección del embarazo adolescente, aplicables tanto en el ámbito público como privado de salud y educación. El proyecto contempla además, la provisión de servicios de salud especializados, bajo márgenes de confidencialidad; el mayor involucramiento del padre adolescente; la implementación en establecimiento educacionales (en todos los niveles) de planes de educación sobre afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad; y el establecimiento de una Política Nacional en favor de la Prevención y Protección del Embarazo Adolescente.
4. Desafíos legislativos
Atendiendo a las orientaciones otorgadas por el Comité de los Derechos del Niño en las múltiples observaciones generales en las que ha referido a la salud y bienestar de los adolescentes, y considerando las Observaciones finales que la misma entidad efectuó a los Informes Periódicos Cuarto y Quinto combinados que Chile le presentó34, en cumplimiento de lo prescrito por la propia Convención sobre los Derechos del Niño, es posible identificar diversos espacios en los cuales puede el Congreso Nacional adoptar una actitud propositiva y promotora de medidas legislativas, tendientes a subsanar las deficiencias detectadas en nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta a la plena y efectiva realización del derecho de niños, niñas y adolescentes a alcanzar el más alto nivel posible de salud. En este sentido, pueden destacarse:
-Autonomía y confidencialidad
El Comité se ha manifestado preocupado por la falta de una norma que reconozca expresamente el derecho del niño (incluyéndose en la expresión, al adolescente) a ser escuchado y a que se tengan en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que le afecten, particularmente en educación, salud y asuntos familiares.
En efecto, la Ley Nº 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud (Ley de derechos y deberes de los pacientes), no contiene mención alguna a la posibilidad que los adolescentes puedan por sí mismos consentir informadamente sobre determinados procedimientos médicos, intervenciones o alternativas terapéuticas.
Si bien el proyecto de ley que dio origen a esta norma contemplaba espacios de actuación personal, bajo márgenes de confidencialidad, para los menores entre 14 y 18 años de edad, durante la tramitación legislativa de la iniciativa se acordó extraer toda mención a los adolescentes. De esta manera, se dejó constancia en actas que, en esta materia, debía seguirse la regla general, según la cual los menores de 18 años de edad son absoluta o relativamente incapaces, y por tanto deben actuar representados.
Sobre el particular, el Comité de los Derechos del Niño, ha expresado que dentro de las obligaciones de los Estados partes, para dar cumplimiento y supervisar los derechos de los adolescente a la salud y el desarrollo se encuentra: “Garantizar el acceso de los adolescentes a la información que sea esencial para su salud y desarrollo y la posibilidad de que participen en las decisiones que afectan a su salud (en especial mediante un consentimiento fundamentado y el derecho a la confidencialidad), la adquisición de experiencia, la obtención de información adecuada y apropiada para su edad y la elección de comportamientos de salud adecuados”.
En lo que respecta a la confidencialidad, el Comité ha expuesto: “si lo desean, todos los adolescentes tienen derecho con independencia de su edad a acceder de forma confidencial a orientación y asesoramiento médicos sin el consentimiento de un progenitor o tutor legal. Este derecho es distinto a otorgar consentimiento médico y no debe someterse a ninguna limitación de edad”.
-Salud sexual y reproductiva
El Comité recomienda al Estado chileno, entre otras medidas, la adopción de una política general de salud sexual y reproductiva para los adolescentes que respete la confidencialidad y privacidad, se mejoren los programas de educación sexual para niños y niñas e igualmente la formación de los profesionales de la salud (materias a las que se dedica la moción parlamentaria contenida en el Boletín Nº 10305-11, anteriormente comentado).
En relación con el aborto, el Comité recomienda su despenalización (iniciativa actualmente en tramitación) y el acceso de las niñas en condiciones de seguridad a servicios de aborto y a atención después de éste, y a que sus opiniones en la materia se escuchen y tengan siempre en cuenta.
-Sistema de salud integral
El Comité se muestra preocupado por la falta de un sistema integral de asistencia sanitaria para todos los niños hasta los 18 años de edad, dada la diferencia de calidad entre servicios públicos y privados de salud. Por ello, recomienda que se asegure a todos los niños (incluidos los adolescentes) acceso a servicios de salud de calidad, públicos o privados, hasta que alcancen los 18 años de edad.
Asimismo, el Comité pide especial preocupación por ciertos grupos de niños, niñas y adolescentes, y la necesidad que éstos puedan acceder a servicios de salud adecuados. Ello ocurre con los niños en situación de discapacidad (respecto de los cuales solicita además se adopten medidas que impidan su esterilización y respeten sus derechos sexuales y reproductivos); niños refugiados y solicitantes de asilo; niños migrantes; niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas; niños de la calle; y niños privados de libertad.
-Matrimonio precoz, prácticas nocivas e identidad de género
El Comité insta a elevar la edad para contraer matrimonio a los 18 años de edad (hoy establecida en los 16 años).
En lo que respecta a prácticas nocivas, urge a adoptar un protocolo de atención de salud con enfoque de derechos para los niños intersexo, de manera de evitar que éstos puedan ser objeto de intervenciones o tratamiento médicos innecesarios durante la infancia, se proteja su integridad física y mental y su autonomía, y se les ofrezca apoyo y asesoría adecuados.
El Comité, además, insta a que el Estado chileno adopte las medidas legislativas, normativas y administrativas necesarias para que se reconozca el derecho a la identidad de género de los niños homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexo.
Al respecto, se debe recordar que se encuentra en tramitación ante el Congreso Nacional, desde el año 2013, la iniciativa contenida en el Boletín Nº 8924-07, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. El pasado mes de enero, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado aprobó excluir del proyecto a los menores de 18 años de edad, exigiendo la mayoría de edad como requisito para poder solicitar el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil e Identificación.
Sobre estas últimas materias, el Comité ha expresado en su más reciente Observación General que: “todos los adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión y a que se respete su integridad física y psicológica, su identidad de género y autonomía emergente. Condena la imposición de “tratamiento” mediante los que se pretende cambiar la orientación sexual de una persona, y que los adolescentes intersexuales sean sometidos a intervenciones quirúrgicas o tratamientos forzados. Insta a los Estados a que erradiquen esas prácticas, deroguen todas las leyes que criminalicen o discriminen a las personas en razón de su orientación sexual, su identidad de género o su condición de personas intersexuales, y aprueben leyes que prohíban la discriminación por esos motivos. Los Estados también deben actuar de manera eficaz para proteger a todos los adolescentes gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales frente a todas las formas de violencia, discriminación o acoso mediante la realización de actividades de sensibilización y la aplicación de medidas que les brinden seguridad y apoyo”.
La Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas, a su vez, debatió acerca del “Seguimiento parlamentario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en preparación de la sesión 2017 del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de ONU y también sobre “Erradicar la pobreza y favorecer la prosperidad en un mundo en plena evolución”. Se incluye minuta preparada por la BCN.
“La pobreza y la prosperidad en la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“1.-Contexto general de los ODS
Actualmente vivimos en una modernidad paradójica, pues como bien señala Naciones Unidas -entre otros organismos internacionales e investigadores-, el mundo viene atravesando desde hace 60 años por una fase de crecimiento enorme; pero dicha situación no ha redundado en una mayor prosperidad para las personas, es más, se ha visto aparejada de un ensanchamiento de la desigualdad entre ricos y pobres tanto al interior de los países como entre países. Al mismo tiempo, dicha fase de crecimiento ha significado un estrés sobre el planeta, que ha llevado a comenzar a rozar los límites de la sostenibilidad medioambiental, que pone en riesgo la viabilidad de la especie humana.
A este panorama poco alentador, Naciones Unidas ha buscado incidir en un cambio de rumbo basado en el consenso de grandes objetivos planetarios. Un primer paso fue el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que no obstante todas las críticas que recibió, mostró un importante logro,
como fue “su aceptación global y su capacidad de movilizar recursos y articular el debate político hacia el combate a la pobreza”, más no obstante, lo limitado del alcance en la definición de los ODM circunscrito en mejorar indicadores de calidad de vida, limitaba -o abiertamente resultaba imposible-generar un cambio a escala planetaria en el rumbo trazado por el actual modelo de desarrollo.
Tratando de subsanar ésta y otras críticas al proceso anterior, Naciones Unidas ha desarrollado una nueva agenda Post-2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales “apuntaba a un nuevo paradigma de desarrollo a partir de la integración del crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental”. Cada uno de estos pilares aparece relacionado con los otros, por lo que la consecución efectiva de dichos objetivos, se sustenta en la integración de estos: “El núcleo principal de esta propuesta y el criterio para evaluar su éxito residen precisamente en la integración efectiva de estos tres pilares del desarrollo, a fin de que la política social no esté supeditada al crecimiento económico y que la sostenibilidad del medio ambiente no esté sujeta a las modalidades de producción y de consumo prevalecientes”.
Pero este concepto de integración entre pilares, conlleva, además, un cambio de paradigma sobre el desarrollo como un asunto global, que no se circunscribe solo a los países en vías de desarrollo, donde los países son responsables de sus resultados, entendidos como respuestas en función de sus realidades nacionales: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales”.
2. Un nuevo modelo de desarrollo
Como se señaló, los ODS plantean levantar un nuevo modelo de desarrollo basado en los tres pilares: crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental, los cuales deben avanzar de manera integrada, pues, como señala la CEPAL, todavía persiste la idea secuencial del desarrollo, donde el crecimiento económico antecede y arrastra al desarrollo social, y estos dos, al cuidado medio ambiental. Bajo este nuevo paradigma de desarrollo, se plantea la pregunta crucial respecto a cómo repensar el crecimiento económico bajo una lógica del desarrollo sostenible.
Bajo este predicamento, la UIP ha avanzado en buscar una respuesta sobre cómo pensar un nuevo modelo de desarrollo, donde el crecimiento debe tener límites, en tanto el crecimiento sostenido hace imposible la viabilidad futura de la especie humana. A este respecto señala en el Comunicado de Quito del año 2013, que: “En un mundo finito, el ciclo incesante de consumo y producción sin mengua, que constituye la esencia misma del actual modelo económico, ya no es sostenible. El crecimiento por sí solo no es la respuesta a los desafíos sociales, económicos y ambientales de nuestro tiempo; de hecho, se ha convertido en parte del problema. Si deseamos evolucionar como una comunidad mundial capaz de poner en práctica valores humanos básicos como la paz, la solidaridad y la armonía con la naturaleza, debemos adoptar un enfoque diferente, que se centre en el bienestar en todas sus dimensiones”.
No obstante la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo sostenible se había instalado como premisa desde la Cumbre de Rio del año 1992, no es hasta la actual crisis global que comenzó el año 2008, que la preocupación por un nuevo paradigma de desarrollo adquirió fuerza en la agenda internacional y de los países, en tanto el impacto económico y social ha sido considerable (crisis alimentaria, crisis de refugiados, desplome económico, crisis habitacional, desastres ambientales, entre muchas otras), que ha llevado a un intenso debate en diferentes latitudes respecto del funcionamiento del sistema económico mundial, al rol del Estado y la sociedad civil y la insuficiencia de la institucionalidad internacional para responder (entendido como regular, prevenir y mitigar) a los desafíos que enfrentamos como especie.
Si se sostiene la lógica imperante de crecimiento económico, como bien señala Naciones Unidas a través de su Secretario General, en un contexto de crecimiento demográfico (de 7.000 millones a 9.000 millones al 2040) y decreciente urbanización (en especial de África y Asia), la demanda por productos y recursos aumentará a niveles difícil de sostener, pues se debería duplicar la producción de alimento y energía, y aumentar en un tercio el acceso al agua potable, lo que resulta un escenario incierto en términos medio ambientales.
Todo ello hace un llamado a repensar el crecimiento a largo plazo, dejando de lado los incentivos y las recompensas a corto plazo. Desde un punto de vista político, esto representa un llamado a grandes acuerdos sociales, que superen los tiempos de la política (elecciones).
2.1 Cómo entender la prosperidad
El Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad mundial comisionado por el Secretario General de la Naciones Unidas en el año 2010 para entregar una nueva visión respecto del desarrollo sostenible y la prosperidad, entregó su informe el año 2012 en el sexagésimo sexto período de sesiones del organismo. En dicho informe, se sostiene que es necesario transformar la economía mundial para lograr la sostenibilidad del desarrollo. Dentro de estos cambios estructurales, el informe señala algunos factores cruciales:
-“Incorporar los costos sociales y ambientales en la regulación y establecimiento de precios de los bienes y servicios, así como abordar los fallos del mercado.
-Elaborar una guía de incentivos que valore cada vez más el desarrollo sostenible a largo plazo en las transacciones de inversión y financieras
-Aumentar la financiación para el desarrollo sostenible, incluida la financiación pública y privada, y promover las asociaciones para movilizar grandes volúmenes de fondos nuevos
-Modificar la manera de medir los progresos hacia el desarrollo sostenible creando un índice o un conjunto de indicadores de desarrollo sostenible”.
Estos cambio redefinen lo que debe entenderse como prosperidad, que no obstante su difícil definición, en tanto involucra no solo aspectos objetivos como el nivel de ingresos, sino también subjetivos, como buen vivir, cohesión social, entre otros, de compleja evaluación. Por ello, como ha quedado definido en los ODS, la prosperidad debe desligarse en su evaluación del crecimiento medido como aumento del PIB, en tanto esta medida es insensible a factores cruciales para medir la prosperidad, como el impacto en el cuidado del medio ambiental y el progreso social: “los indicadores meramente económicos no dicen nada sobre si el bienestar material se creó a expensas de los efectos ambientales y sociales o a riesgo de crear un estrés indebido en los recursos naturales”. Como señala el Comunicado de Quito de la UIP, “Si bien el crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo y, de hecho, ha ayudado a innumerables generaciones a salir de la pobreza, ahora se debe prestar más atención a la naturaleza del crecimiento y a la distribución de sus beneficios. Un crecimiento fuerte no conduce necesariamente a un mayor desarrollo humano y felicidad. A la inversa, con el equilibrio adecuado de la política social es posible mejorar el bienestar general, incluso en los bajos niveles de crecimiento económico”.
Como se aprecia, el crecimiento por sí mismo no es garantía de prosperidad si este no establece un diálogo fecundo y real con el bienestar humano y ambiental, donde, inclusive, el propio crecimiento no debería ser un objetivo en sí mismo si no integra dichas dimensiones.
2.2 Crecimiento verde
El crecimiento verde, según las Naciones Unidas, es el horizonte al que deberíamos transitar a escala planetaria, el que consiste, siguiendo la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como “aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica”. Bajo estas premisas, la economía verde está intrínsecamente relacionada con el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; son inseparables.
En esta línea, la UIP en su comunicado de Quito del año 2013 es categórica al respecto, en tanto cómo debe entenderse la prosperidad dentro de una economía verde, al señalar que “la búsqueda del bienestar como el objetivo último del desarrollo, y del progreso humano, requerirá el establecimiento de un nuevo contrato social basado en una visión del planeta y de las personas como activos que hay que preservar y cuidar”.
Como señala el Informe “El Futuro que Queremos para Todos”, algunos nudos aparecen como prioritarios para encarar, como son: el nexo entre alimentos, agua y energía; la vinculación entre ciencia y política para definir límites medio ambientales y planetarios; grandes acuerdos para establecer los costos ambientales y sociales de la producción y consumo; como asimismo, los costos de la exclusión social, además de construir indicadores de desarrollo que superen las limitaciones de las mediciones basadas en el PIB.
De esta manera, siguiendo los lineamientos del Comunicado de Quito de la UIP, “La economía verde, y la vinculación de ésta con la eficiencia tecnológica, los productos respetuosos del medio ambiente y otras prácticas similares, nos sitúa en la dirección correcta, pero sólo si dicha economía verde forma parte de un marco de políticas más amplio. Hará falta establecer incentivos fiscales y políticas públicas para que la composición del crecimiento se base en un consumo y producción con menor uso intensivo de recursos. Un modelo revisado de crecimiento también deberá depender en mayor medida de políticas distributivas para repartir la riqueza y las oportunidades de manera más uniforme a fin de hacer más viables las economías y de reforzar el bienestar. De hecho, nada menoscaba más el bienestar que el sentimiento de exclusión y privación en contraste con la riqueza excesiva de los demás”.
En resumen, bajo este paradigma, existe una exhortación a una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, donde esta última está llamada a ser un agente activo y participativo en la definición del desarrollo sostenible.
3. Una redefinición de la pobreza para lograr la prosperidad
Como se señaló, bajo los criterios de los ODM más restringidos, la conceptualización de la pobreza se manifestó en una vinculación mecánica al crecimiento económico, expresado en su cálculo en función del PIB per cápita y el entender el desarrollo como mínimos de bienestar, que limitaron el alcance conceptual de los objetivos antes mencionados. “Si el debate se centra exclusivamente en la pobreza, el hambre, la salud materno-infantil y el acceso al agua potable sin abordar las desigualdades y las asimetrías entre grupos y poblaciones que se dan en la dinámica del desarrollo, tanto nacional como global, no es posible lograr transformaciones económicas y sociales más profundas”.
Por ello los nuevos ODS representan un cambio profundo en cómo entender la pobreza, y por extensión, como entender la superación de la pobreza, y finalmente la prosperidad. Así, el documento oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que fija los ODS a cumplirse en 2030, abre con una alusión directa al tema de la pobreza: “Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.
La expresión práctica de esto en las metas del objetivo 1 es:
1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y fragilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
1.6.a. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
1.7.b. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
Un primer elemento que cabría destacar de estas metas, es que se observa una evolución significativa sobre como entender la pobreza, pues no obstante mantenerse algunos indicadores basado en una concepción absoluta de la pobreza, es decir, como necesidades básicas insatisfechas (NBI), que para este caso se establece en US$1,25 dólares diarios por persona como medida para su determinación (meta 1.1), por el contrario, también se avanza en integrar elementos de medición de la pobreza en términos relativos (meta 1.2), es decir, que pobre es quien está por debajo de un umbral de satisfacción de una determinada necesidad (vivienda, alimentación, energía, etc.) en función de los costos promedio para determinada sociedad. Este modelo relativo de medición de la pobreza es el que ocupa la OCDE para calcularla, y permite que los países desarrollados se comprometan con logros efectivos en esta materia, pues la medición basada en los NBI los deja fuera de la lucha global de este flagelo, pues están por sobre los US$1,25 de ingresos diarios.
Un segundo elemento tiene relación con un enfoque de derechos humanos, que se expresa en metas de protección social (meta1.3) y metas en materia de derechos económicos, sociales y culturales (meta 1.4), que habla de integrar elementos de la normativa internacional de Derechos Humanos en metas concretas, como son el acceso a recursos, servicios, propiedad, herencia, igualdad ante la ley (acceso a la protección), entre otros.
Un tercer elemento a destacar, es aquel que dice relación con las metas de desarrollo de capacidades de resiliencia (meta 1.5), que responde a la integración de elementos medioambientales y territoriales (conflictos) en la obtención de logros vinculado a la superación o riesgos de caer nuevamente en la pobreza. Acá el acento se pone en el impacto de situaciones imprevisibles, donde con independencia de las medidas de previsión, dada la magnitud que han adquirido los fenómenos de desastres naturales, cambio climático, como conflictos sociales y políticos, imponen la adaptabilidad y desarrollo de capacidades de respuesta como las mejores estrategias para reducir los riesgos a estos eventos.
Finalmente, están las metas de implementación, que apuntan tanto a la inversión y gasto público, la cooperación internacional e, inclusive, la inversión privada como base material para desarrollar políticas y acciones tendientes a superar la pobreza (meta 1.6.a) y, por otro lado, está el llamamiento a desarrollar marcos normativos y legales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y su protección (meta 1.7.b).
4. Conclusiones
Estos Objetivos de Desarrollo Sostenibles entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2016, por lo que ya deben ser considerados la guía en el diseño e implementación de políticas públicas de nuestros países y ser el eje que coordine las relaciones internacionales entre Estados por los próximos 15 años, hasta el 2030.
Dentro de los aspectos que hay que considerar como estratégicos en estos primeros pasos, está la dimensión política de estos ODS, en tanto ellos tienen “en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y prioridades nacionales”. Ello plantea que en la definición de dichas prioridades, jugarán un rol muy importante los grupos de interés, la sociedad civil y los grupos de presión, lo que plantea el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de instalación de estos temas en el sistema de partidos políticos como parte de sus agendas, pues es en este contexto donde la priorización se llevará a efecto. Esto significa, que el reconocimiento de las singularidades nacionales implica necesariamente el desarrollo de las capacidades de una contraparte organizada.
Otro elemento estratégico que dice relación tanto con la medición y “accountability” en el cumplimiento de las metas y objetivos, es la calidad de los datos con que se evaluará. A este respecto, a mayor ambición en los objetivos perseguidos, mejores datos se necesitan para su examen periódico por parte de la sociedad civil, los países cooperantes y los organismos internacionales. Ello demanda no solo mayor cantidad de datos, sino también mejorar el acceso a éstos y la calidad de la información (desglose por género, origen étnico, ubicación geográfica, situación migratoria, etc.). Esto plantea un llamado a la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en aquellos países con menos recursos humanos y técnicos: “Reconocemos que siguen sin existir datos de referencia para varias metas y pedimos un mayor apoyo para fortalecer la recopilación de datos y la creación de capacidad en los Estados Miembros, a fin de establecer bases de referencia nacionales y mundiales cuando aún no existan. Nos comprometemos a subsanar esas lagunas en la recopilación de datos para informar mejor la medición de los progresos realizados, en particular respecto de las metas que no incluyen objetivos numéricos claros”.
Desde una perspectiva económica, para concretar el logro de estas metas y objetivos planteados en los ODS, la región requiere más que un Estado que mantenga la inflación y el gasto público a raya, necesita un ente orientador del desarrollo sostenible a largo plazo, ello implica un pacto social amplio y convocante. O como señala la UIP: “La transición hacia políticas de bienestar no será fácil y el camino aún debe ser trazado. Hará falta valentía para acometerla. Los encargados de adoptar las decisiones deben esforzarse por reducir las enormes desigualdades de condiciones y oportunidades que existen hoy en día, tanto dentro de los países como entre unos países y otros. Deben establecerse incentivos y reglamentos para que las fuerzas del mercado trabajen en pro del bienestar”.
Otro elemento que resalta como estratégico, es la necesidad de una visión integrada, que no reduce los objetivos a indicadores atomizados, por el contrario, busca articular las tres dimensiones del desarrollo sostenible, como son la economía, lo social y lo ambiental. “Para lograrlo, reclaman una cohesión de políticas basada en las normas a todos los niveles y piden que se lleve a cabo la reforma correspondiente de los mecanismos de gobernanza mundial y se establezca una nueva asociación mundial eficaz para el desarrollo sostenible. Sostienen que esto debe estar basado en la solidaridad, la cooperación, la rendición de cuentas mutua y la participación de los gobiernos y todos los interesados”. Es decir, se demanda el consorcio y el compromiso, no solo del Estado, sino de todos los actores sociales, es un llamado a una alianza universal, al modo de los Derechos Humanos.
Concurrió el diputado Manuel Monsalve.
V. OTROS COMITES Y ORGANOS DE LA UIP
-Foro de Mujeres Parlamentarias
La diputada señora Denise Pascal, participó en la 25ª Sesión del Foro de las Mujeres Parlamentarias.Durante la reunión se analizaron los siguientes temas:
“Reformar los marcos regulatorios y cambiar las normas culturales desfavorables: una obligación a cumplir para la inclusión financiera de las mujeres”, “Promover el acceso de las mujeres más vulnerables a las oportunidades y servicios financieros”, “Participación de las mujeres en la política: un nuevo ímpetu para romper el techo de cristal” y “Empoderamiento de las niñas hoy para alcanzar el Desarrollo Sostenible mañana”.
Se constató una mayor participación femenina que en otras Asambleas, por lo que se instó a continuar con este aumento.
-Comité sobre las cuestiones de Medio Oriente
El Comité, presidido por la diputada señora Denise Pascal, examinó la situación en la región y concluyó que el panorama actual en Medio Oriente no es prometedor, específicamente en Irak, Libia, Siria y Yemen. Se reforzó la idea de continuar los esfuerzos de impulsar el dialogo mediante proyectos de paz. También se pasó revista a los acontecimientos más recientes entre Palestina e Israel a raíz de la aprobación por parte del Knesset de la llamada Ley de Regularización, que viola el derecho internacional y mengua significativamente las perspectivas de la solución basada en dos Estados.
Los miembros respaldaron la declaración emitida por el Presidente de la UIP, la cual condenó la aprobación de la ley, afirmando que podría conducir a una mayor inestabilidad e inseguridad para toda la región y más allá de ella.
Asimismo, se constató que la ley no recibió apoyo unánime en el Knesset.
Se solicitó al Presidente y al Secretario General a continuar con dichos esfuerzos.
A pesar del panorama sombrío, el Comité reafirmó su determinación para continuar su trabajo con miras a reducir el conflicto en Oriente Medio. El Comité ha recibido apoyo de distintos actores internacionales así como de líderes parlamentarios israelíes, quienes consideraron los proyectos de paz del Comité como la única iniciativa del proceso de paz de Oriente Medio que ha mostrado progreso. También, tomó nota de la correspondencia del presidente del Knesset y un parlamentario israelí. Ambos confirmaron su compromiso para instaurar un clima de confianza en la región. El Sr. Al Ahmad manifestó su apoyo al enfoque del Comité hacia los proyectos de paz.
Se respaldó el plan de trabajo para 2017, el que incluye la segunda mesa redonda sobre el agua, el establecimiento de la Red Parlamentaria sobre el Agua, una propuesta de mesa redonda sobre ciencia, tecnología y energía y los procedimientos para la reunión del Comité en San Petersburgo. También encomendó al Secretario General a consultar a los miembros del Comité con la finalidad de identificar cómo y cuándo se implementaran las iniciativas planteadas.
Los miembros manifestaron un gran interés en el progreso del trabajo de la UIP para prevenir el extremismo violento, especialmente mediante su enfoque de conflicto sin resolver como una de las principales causas.
Se discutió acerca de la situación prolongada en Siria y se acordó ejercer presión para el establecimiento de corredores humanitarios para aliviar el sufrimiento de la gran cantidad de desplazados en Siria.
Se expresó el deseo de invitar a jóvenes parlamentarios a participar de forma más activa en su trabajo con miras a aportar una nueva perspectiva.
El Comité reiteró su mandato para continuar las consultas, facilitar el dialogo y encontrar formas en que los parlamentarios podrían trabajar para alcanzar y sostener paz en la región, sin importar que sus garantías sean escasas.
Asimismo reafirmó que las circunstancias negativas deberán enfrentarse con una perspectiva positiva, especialmente al combatir la desigualdad. Esto cobra más relevancia en Oriente Medio, donde los derechos de las personas, especialmente de los niños, deberían ser atendidos de manera efectiva.
Por último, se ratificó en la presidencia a la diputada señora Pascal, quien fue objeto de felicitaciones por la labor desarrollada instándola a continuar en la presidencia.
-Red parlamentaria por la no proliferación de armas nucleares.
Participó la diputada Pascal, durante la discusión y redacción de la Resolución sobre “Un mundo libre de Armas Nucleares 2017-2020". Insto a los parlamentarios a adherirse a esta resolución y tomar acciones concretas para estos fines.
VI. AGENDA DE LAS PRÓXIMAS REUNIONES.
2017
Regional seminar for Young Parliamentarians of the Asia-Pacific region
COLOMBO (Sri Lanka), 25-26 April 2017
Information seminar on the structure and functioning of the Inter Parliamentary Union for English-speaking participants
GENEVA (IPU Headquarters), 16-19 May 2017
Regional Seminar for the Asia-Pacific region on the SDGs
Ho Chi Minh City, 11-13 May 2017
Parliamentary side event at the 70th World Health Assembly
GENEVA (Switzerland), May 2017 , (Date to be confirmed)
Parliamentary side event at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)
NEW YORK, mid-July 2017, (Date to be confirmed)
137th Assembly and related meetings
ST. PETERSBURG (RussianFederation), 14-18 October 2017
39th session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO
GENEVA (Switzerland), September-October 2017, (Dates to be confirmed)
Parliamentary session within the framework of the annual WTO Public Forum
GENEVA (Switzerland), September-October 2017, (Dates to be confirmed)
Annual session of the Parliamentary Conference on the WTO
BUENOS AIRES (Argentina), 11-14 December 2017
Fourth Global Conference of Young Parliamentarians
Venue and date to be confirmed
Sub-regional seminar for African Parliaments on health and development
Venue and date to be confirmed
Regional seminar on Parliaments and the implementation of UN Resolution 1540
Venue and date to be confirmed
Regional seminar for Young Parliamentarians in Africa
Nigeria, (second half of the year)
12th Meeting of Women Speakers of Parliament
Venue and date to be confirmed
Regional Conference on Violence against Women and Girls for the Central and Eastern Europe and Central Asia regions
Venue to be confirmed, (second half of the year)
2018
138th Assembly and related meetings
GENEVA (Switzerland), 24-28 March 2018
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD G, Dirección de Asuntos Internacionales”.