Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Antonio Kast Rist
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Javier Hernandez Hernandez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Karla Rubilar Barahona
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jorge Ulloa Aguillon
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Aguilo Melo
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Karla Rubilar Barahona
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ramon Barros Montero
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Tucapel Jimenez Fuentes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Joaquin Tuma Zedan
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Letelier Norambuena
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Cristian Campos Jara
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Alamos
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Alamos
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- INTEGRACIÓN
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Sergio Espejo Yaksic
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Gustavo Hasbun Selume
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Felipe Letelier Norambuena
- Fernando Meza Moncada
- Claudia Nogueira Fernandez
- Jaime Pilowsky Greene
- Marcela Sabat Fernandez
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTEGRACIÓN
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Marcelo Gaston Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Felipe Kast Sommerhoff
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- Gabriel Boric Font
- Vlado Mirosevic Verdugo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karol Aida Cariola Oliva
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Cristina Girardi Lavin
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Karla Rubilar Barahona
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR KORT SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE COMISIONES Y PUNTOS FOCALES GTIL (GRUPOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA), DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO DESDE EL 24 AL 25 DE MARZO DE 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Issa Farid Kort Garriga
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 365ª
Sesión 15ª, en lunes 17 de abril de 2017
(Ordinaria, de 17.04 a 20.18 horas)
Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Jaramillo Becker, don Enrique.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 8
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 11
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 11
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 11
PERMISO CONSTITUCIONAL ............................................................................................... 11
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ................................. 14
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ............................................ 16
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 17
V.ORDEN DEL DÍA
................................................................................................................................. 17
PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04)................................................................................ 17
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 67
1.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “ESTABLECE NORMAS QUE INCENTIVAN MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE REMUNERACIONES Y EMPLEO DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EXTERNALIZADOS A LAS MUNICIPALIDADES, EN RECOLECCIÓN, TRANSPORTE O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS”.
(BOLETÍN N° 11012-13) ............................................................................................................. 67
2.- OFICIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES EN QUE PUDO HABERSE INCURRIDO EN LAS LICITACIONES DE HOSPITALES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE MARGA MARGA , POR EL CUAL SE SOLICITA EL ACUERDO DE LA SALA PARA PRORROGAR EN TREINTA DÍAS SU MANDATO, A CONTAR DEL 28 DE ABRIL DE 2017, FECHA EN QUE EXPIRA EL PLAZO OTORGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO, DADO QUE PARA LA COMISIÓN ES IMPRESCINDIBLE ESCUCHAR A LOS SEÑORES MINISTROS DE HACIENDA, DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SALUD,
ADEMÁS DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. .............................................................. 67
3.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES JACKSON, BORIC Y MIROSEVIC , QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL DERECHO A UN PERMISO PARA ASISTIR A REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS QUE SEAN CITADOS LOS APODERADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”. (BOLETÍN N° 11195-13) ................. 67
4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA, CARVAJAL , FERNÁNDEZ , GIRARDI , HERNANDO Y RUBILAR , Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO; NÚÑEZ , DON MARCO ANTONIO ; TEILLIER Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO EN EL SENTIDO DE EXIGIR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PREVENTIVOS PARA ASEGURAR LA
VIDA DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO”. (BOLETÍN N° 11196-11) ........................................... 67
Pág.
5.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR KORT SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE COMISIONES Y PUNTOS FOCALES GTIL (GRUPOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA), DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA
A CABO DESDE EL 24 AL 25 DE MARZO DE 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO . .................. 67
6.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3006-16-INA. ................................................. 68
7.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ROL 3345-17-INA. ................................................. 68
8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3403-17-INA. ................................................. 68
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Notas:
Del diputado señor Farcas
quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a contar del 13 de abril de 2017, para dirigirse a México.
Del diputado señor Kast, don José Antonio
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 19 de abril de 2017, para dirigirse a Colombia.
Del diputado señor Hernández
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 13 de abril de 2017, para dirigirse a Argentina.
De la diputada señora Hernando
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 22 de abril de 2017, para dirigirse a Londres.
De la diputada señora Rubilar
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 15 de abril de 2017, para dirigirse a Estados Unidos.
Del diputado señor Ulloa
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 17 de abril de 2017, para dirigirse a México.
Nota del diputado señor Alvarado quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el 13 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
Del diputado señor Aguiló quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 13 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
De la diputada señora Sepúlveda
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 17 de abril de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
2. Comunicaciones:
Del diputado señor Farcas quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy 17 de abril de 2017, por medio día.
De la diputada señora Rubilar
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, entre los días 15 y 24 de abril de 2017.
Del diputado señor Barros
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 13 de abril de 2017, por medio día.
3.Oficios:
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Jiménez integrará la delegación que participará en el XLIX Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, que se llevará a cabo desde el 24 al 26 de abril de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia (29).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Tuma
integrará la delegación que participará en el XLIX período ordinario de sesiones del Parlamento Andino, que se llevará a cabo desde el 8 al 10 de mayo de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia (30).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Alvarado
integrará la delegación que participará en la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, a realizarse el 5 y 6 de mayo de 2017, en Ciudad de Panamá, Panamá . (31).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Letelier
integrará la delegación que participará en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, a realizarse los días 19 y 20 de mayo de 2017, en Ciudad de Panamá, Panamá (32).
De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual informa que el diputado señor Campos
integrará la delegación que participará en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Latinoamericano, a realizarse los días 19 y 20 de mayo de 2017, en Ciudad de Panamá, Panamá (33).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputada Hernando doña Marcela , Requiere informar el estado de tramitación del sumario administrativo que persigue determinar responsabilidades frente a la presencia de casi una tonelada de drogas en dependencias del Servicio de Salud Antofagasta, sustancias que según los registros de dicha institución habían sido incineradas. (11725 al 25834).
Diputada Girardi doña Cristina , Solicita que se sirva ejecutar una auditoría a la Municipalidad de Cerro Navia respecto de los contratos ejecutados entre esta Corporación y la empresa MTV Transportes Limitada, en los términos que señala. (12051 al 2670).
Ministerio de Interior
Diputado Rocafull , Informar sobre la forma en qué dará cumplimiento a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica recaída en Recuso de Protección 118-2017, que declaró la ilegalidad de la resolución administrativa exenta Nº39, que dispuso el plan de desalojo de viviendas del sector de la Población Cerro Chuño, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (314 al 26805).
Diputado Farcas , Solicita que informe respecto al estado actual y especifico del funcionamiento del Banco Unificado de Datos, en los términos que señala. (8113 al 24725).
Ministerio de Relaciones Exteriores
Proyecto de Resolución 803, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir al Ministro de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones que le competan, a fin de requerir la liberación del Diputado Venezolano Gilber Caro. (001768). 2530.
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Chávez , Solicita que informe sobre la eficiencia y operación del régimen de filtros del sistema de captación de agua de mar de la Central Termoeléctrica Santa María de Colbún, de la comuna de Coronel, en los términos que requiere en la intervención que en copia se acompaña (170372 al 25701).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputada Girardi doña Cristina , Reiterar el oficio Nº 02670, de fecha 2 de diciembre de 2016. (501 al 2882).
Ministerio de Salud
Diputado Rocafull , Solicita adoptar las medidas necesarias a objeto de solucionar el déficit de médicos y establecimientos de salud que presenta la Región de Arica y Parinacota, indicando las líneas de acción que en este sentido se seguirán. (1294 al 26383).
Diputado Chahin , Posibilidad de instalar un Servicio de Urgencia Rural que atienda las 24 horas a los habitantes de la localidad de Licán Ray, en la comuna de Villarrica. (1296 al 26337).
Diputado Chahin , Posibilidad de asignar una ambulancia a la Posta Rural de la localidad de Codopille, en la comuna de Padre Las Casas. (1297 al 26336).
Diputado Chahin , Posibilidad de asignar un vehículo destinado al traslado de pacientes para la Posta Rural de la localidad de Pitraco en la comuna de Perquenco. (1298 al 26338).
Diputada Cariola doña Karol , Solicita reconsiderar la reducción que ha sufrido el presupuesto destinado a la mantención y operación de los Centros Diurnos del Adulto Mayor que administran las municipalidades del país, adoptando las medidas que garanticen su funcionamiento. (1299 al 26716).
Diputado Ceroni , Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, informe a esta Cámara sobre el problema que afecta a la salud primaria de la comuna de Parral, donde no se les ha considerado alrededor de 6400 usuarios del sistema y que están siendo efectivamente atendidos, produciéndose un déficit en los recursos asignados, analizando las medidas que se adoptarán para obtener una solución. (1337 al 18974).
Diputado Alvarado , Solicita la entrega de un ecógrafo al Centro de Salud Familiar de la comuna de Monte Patria, informando las gestiones que se realicen con este fin. (1338 al 26332).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita la creación de un establecimiento hospitalario para el tratamiento del cáncer, que se ubique en la comuna de Puerto Montt, con el objeto de atender a los pacientes de la Región de Los Lagos, indicando las líneas de acción que en este sentido se seguirán. (202 al 26349).
Intendencias
Diputado Norambuena , Solicita que se sirva informar sobre la escasez de agua y la contratación de camiones aljibes, en los términos que señala. (535 al 27002). Municipalidades Diputada Cariola doña Karol , Solicita adoptar las medidas que permitan la continuidad del Centro Diurno del Adulto Mayor de la comuna de Independencia, especialmente disponer la asignación de los recursos que requiere. (240 al 26718).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrieron, además, la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma; la ministra secretaria general de Gobierno, señora Paula Narváez Ojeda; el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con permiso constitucional: El diputado señor Daniel Farcas Guendelman.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 17.04 horas.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
El acta de la sesión 5ª se declara aprobada. El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en la Cuenta se consigna la petición de un diputado que solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días, lo que podría modificar el quorum de votación del proyecto que debatiremos esta tarde.
Lo que no entiendo es que, simultáneamente, ese mismo diputado pida permiso para ausentarse hoy por medio día, sin goce de sueldo.
Quiero saber si se va a considerar la solicitud original -el permiso para ausentarse por medio díao este resquicio a través del cual se estaría modificando el quorum para la votación que se llevará a cabo hoy en relación con el proyecto de ley sobre educación superior.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
El señor Secretario dará respuesta a su consulta. Sin embargo, al parecer no existe incompatibilidad entre ambas peticiones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Señor diputado, el permiso constitucional no exime a los diputados de las multas cuando el viaje no corresponde a una misión oficial.
El diputado está pidiendo permiso constitucional para salir del país por más de treinta días, y, además, medio día sin goce de remuneraciones, ello para que no le sea aplicada multa. Son dos cosas completamente distintas.
Si no hay unanimidad de la Sala para acceder a la petición de otorgar el permiso constitucional, habrá que proceder a su votación.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el 13 de abril el diputado pidió permiso por cinco días, es decir, desde el 13 al 18 de abril. Posteriormente, habría solicitado permiso constitucional, el que rebajaría el quorum en la votación.
No es que haya incompatibilidad entre la petición de ausentarse por medio día, sin goce de sueldo, y el permiso constitucional; lo que hubo fue un replanteamiento de la primera solicitud con el fin de modificar el quorum. La primera era para ausentarse por cinco días y la segunda por más de treinta días.
No doy la unanimidad.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
¿Habría unanimidad de la Sala para conceder el permiso constitucional?
No hay unanimidad.
En consecuencia, corresponde votar la autorización para otorgar permiso constitucional al diputado a que hace referencia el señor Coloma .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Hoffmann Opazo , María José ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Edwards Silva, Rojo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Norambuena Farías, Iván ; Paulsen Kehr, Diego ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sandoval Plaza, David .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, si el diputado está en misión oficial, ¿por qué pidió permiso sin goce de dieta?
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Señor diputado, precisamente porque no se trata de un permiso constitucional para una misión de carácter oficial, debe pedirlo sin goce de remuneraciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, en el punto 14 de “Otros documentos de la Cuenta” se indica lo siguiente: “Comunicación del diputado señor Farcas , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy 17 de abril, por medio día.”.
Estamos en la tarde; ya se cumplió el medio día. Quiero saber si “medio día” corresponde a la mañana o a la tarde. No me vengan con que el Reglamento dice si es en la mañana o en la tarde o cuando hay sesión de Sala. El diputado pidió medio día y el medio día ya está cumplido. No arreglemos el Reglamento a lo que el señor Secretario quiera ni mucho menos. Mi pregunta es si el permiso por medio día es en la mañana o en la tarde. ¡Tan sencillo como eso!
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa va a analizar esa situación. Si hay que aplicar alguna multa, lo haremos, como corresponde. No hay dificultades respecto de ese asunto.
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, de acuerdo con el punto N° 1 de la Cuenta, el proyecto que establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que prestan servicios externalizados a las municipalidades, en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios, se enviará a la Comisión de Hacienda.
Quiero saber quién tomó esa decisión. Lo pregunto porque no estaba previsto que así fuese. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social no se estableció que alguna norma o artículo del proyecto requiera ser conocido por la Comisión de Hacienda. La iniciativa no tiene ningún efecto presupuestario, por lo menos de acuerdo con lo que analizamos en la comisión técnica. Por lo tanto, quiero saber quién tomó la decisión de remitirlo a la Comisión de Hacienda.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Señor diputado, si la Comisión de Trabajo no dispuso en su informe que el proyecto fuera conocido por la Comisión de Hacienda, porque estimó que no había normas de competencia de esta última, el proyecto debe quedar con la resolución de “en Tabla”. Por tanto, no debe ser remitido a la Comisión de Hacienda. Lo más probable es que este asunto no se haya revisado con la debida prolijidad, y solo se consideró la resolución original sobre la materia dictaminada por su propia señoría.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, agradezco la explicación del señor Secretario, pero quiero advertir que esta materia fue resuelta por la administración anterior, en el sentido de que la Comisión de Hacienda no tenía que conocer todos los proyectos, porque no era necesario. Veo que se ha retomado la vieja doctrina y eso es muy inconfortable.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en que pudo haberse incurrido en las licitaciones de hospitales durante el actual gobierno, con especial énfasis en el Hospital Provincial de Marga Marga, en orden a prorrogar en treinta días su mandato, a contar del 28 de abril de 2017, fecha en que expira el plazo otorgado para el cumplimiento de su cometido, dado que para la comisión es imprescindible escuchar a los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, a la ministra de Salud, y al contralor general del República.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
Corresponde votar la prórroga de plazo de la comisión. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Schilling Rodríguez , Marcelo .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cariola Oliva, Karol ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Pascal Allende, Denise ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling , Camila .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Se dejará constancia en el acta del voto en contra del diputado Carmona y del voto a favor del diputado Mirosevic .
Tiene la palabra el diputado Rojo Edwards .
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, quiero hacer una apreciación sobre la minuta de votación del proyecto que discutiremos a continuación, respecto de la categorización de las normas de ley orgánica constitucional.
De acuerdo con la minuta de votación, me llama la atención que las letras e), n) y o) del artículo 16 -páginas 8 y 9 del comparado-; los números 14), 16) y 19) del artículo 78; y el artículo 25 ter, contenido en el número 28) -página 54 del comparado-, no hayan sido considerados como parte de la votación en general de las normas de ley orgánica constitucional, toda vez que en ellas lo que finalmente se hace es dar la posibilidad de quitar el reconocimiento oficial que tiene una institución de educación superior. Cabe hacer presente que el número 11° del artículo 19 de la Constitución Política de la República dice lo siguiente: “Una ley orgánica constitucional establecerá (...) los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;”.
Por lo tanto, solicito a la Mesa que incorpore los números y artículos señalados en la votación general de las normas de ley orgánica constitucional.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Señor diputado, antes de la votación, la Mesa va a tomar conocimiento del requerimiento que usted ha hecho y, en función de eso, va a resolver. Si no hay acuerdo al respecto, el pleno resolverá sobre la materia.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Propongo a la Sala que la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar la información relativa a las irregularidades en la gestión y administración financiera al interior de Carabineros de Chile, y en particular respecto de las deficiencias en la aplicación de los procedimientos y mecanismos de control interno o externo, así como de la actuación de los organismos públicos que resulten involucrados en las referidas irregularidades, quede integrada con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Osvaldo Andrade , Pedro Browne , Sergio Espejo , Gonzalo Fuenzalida , Hugo Gutiérrez , Gustavo Hasbún , María José Hoffmann , Felipe Letelier , Fernando Meza , Claudia Nogueira , Jaime Pilowsky , Marcela Sabat y Leonardo Soto .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Prosecretario, quien va a dar a conocer los acuerdos de los Comités.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Fidel Espinoza , y con la asistencia de las señoras Carvajal y Hernando , y de los diputados señores Carmona , Jiménez , León, Melo , Sabag , Saffirio y Ward , adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
Tratar, durante la sesión de mañana martes 18 de abril, hasta las 13.30 horas, suspendiendo la hora de incidentes, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez (boletín N° 10315-18).
Asimismo, se acordó votar dicha iniciativa en la sesión del día martes 2 de mayo.
V.ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04)
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre educación superior.
Diputada informante de la Comisión de Educación es la señora María José Hoffmann .
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 39ª de la legislatura 364ª, en 5 de julio 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 13ª de la presente legislatura, en 12 de abil de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley,, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, sobre educación superior (boletín N° 10738-04), con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Con fecha 5 de julio de 2016 se presentó el proyecto de ley de educación superior, y el 7 de abril de 2017, ante la evidente falta de consenso sobre la idoneidad del proyecto, fue ingresada una indicación sustitutiva con el fin de dar respuesta a las observaciones que se efectuaron en el período de audiencias, en el cual expusieron más de ochenta invitados en las treinta sesiones que celebró la comisión.
Idea matriz o fundamental
La iniciativa tiene como propósito la creación y el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico-profesional y la gratuidad en la educación superior.
Fundamentos
Según se señala en el mensaje, la indicación sustitutiva tiene como objetivo general priorizar aspectos fundamentales del proyecto de ley de educación superior para simplificar y agilizar la tramitación legislativa de las siguientes materias.
1. Creación y fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de educación superior
La indicación, al igual que el proyecto original, crea dos instituciones nuevas: la Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del sistema y encargado de proponer y ejecutar las políticas de educación superior, y la Superintendencia de Educación Superior, órgano fiscalizador del cumplimiento de la legislación aplicable con el objeto de regular el sistema.
En esa misma línea, la indicación introduce una serie de modificaciones a la ley N° 20.129 para el fortalecimiento de la actual Comisión Nacional de Acreditación. De este modo, se reforma su composición y se refuerzan las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades. En ambos casos se busca prevenir potenciales conflictos de intereses.
Esas tres instituciones, más el Consejo Nacional de Educación, conformarán el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Este órgano permitirá la confluencia de las distintas vertientes del sistema de educación superior para una mayor coherencia sistémica, coordinación y retroalimentación institucional.
2. Aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior presenta una serie de desafíos que se estimó necesario abordar en la indicación sustitutiva, particularmente en relación con la elevación de los estándares y exigencias de los procesos de acreditación.
En la actualidad no es obligatorio contar con acreditación institucional. Asimismo, para aquellas instituciones que sí deciden someterse a un proceso de acreditación, las áreas de investigación y vinculación con el medio solo son evaluadas si ellas lo solicitan.
A raíz del diseño voluntario de la acreditación institucional, al día de hoy el 32 por ciento de las casas de estudio no se encuentran acreditadas.
Por otra parte, solo el 53 por ciento de las universidades acreditadas institucionalmente se encuentran certificadas en las dimensiones de investigación, y ningún centro de formación técnica o instituto profesional acreditado se encuentra evaluado en la dimensión de vinculación con el medio.
Otro aspecto central que modifica la indicación sustitutiva se refiere a los nuevos criterios y estándares para la calidad, los cuales deberán ser desarrollados por la Comisión Nacional de Acreditación, cuya propuesta deberá contar con la aprobación del citado comité de coordinación.
Esa modificación recoge una de las inquietudes planteadas durante las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Educación, en la cual no hubo acuerdo respecto a la atribución de la subsecretaría para fijar los criterios y estándares a propuesta del consejo.
3. Fortalecimiento de la formación técnico-profesional
Este fortalecimiento es uno de los objetivos declarados en el proyecto de ley que se mantienen en la indicación, estableciéndose para tal efecto un título específico sobre formación técnico-profesional.
Un tema prioritario es reconocer que la formación técnico-profesional requiere normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria. Así, se considera que la evaluación de la calidad debe realizarse sobre la base de estándares específicos para el sector. En el mismo sentido, respecto del sistema común de acceso, la indicación incorpora la creación del Comité Técnico Profesional, que deberá validar los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.
Cabe destacar en este ámbito la experiencia del recientemente creado Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, instancia asesora de la Presidenta de la República y encabezada por la ministra de Educación, que reúne a representantes del sector público, empleadores, trabajadores, instituciones de formación y expertos en torno al desarrollo de la formación técnico-profesional.
Dicho consejo es una instancia intersectorial y tripartita que incorpora a actores públicos y privados ligados a la educación, al trabajo y al desarrollo socioeconómico del país y cuya existencia será consagrada mediante la indicación sustitutiva.
El consejo será el encargado de proponer la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional que establecen tanto el proyecto de ley como la indicación, y coordinar su implementación.
4. Gratuidad en la educación superior
Durante los últimos años el Estado ha aumentado el gasto público en educación superior; sin embargo, esto no ha sido suficiente para aliviar realmente la carga de los estudiantes y sus familias.
En 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios de educación superior en treinta universidades a lo largo del país. Este beneficio se otorgó a los estudiantes pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable, es decir, a familias que tienen un ingreso promedio per cápita de 170.000 pesos mensuales.
Durante el año en curso se espera que la gratuidad beneficie a más de 250.000 estudiantes, de los cuales 95.000 corresponden a nuevos beneficiados, a los que prontamente se les sumarán los renovantes.
El presente año, los centros de formación técnica y los institutos profesionales ingresaron a la política de gratuidad. Las doce instituciones que se sumaron -seis centros de formación técnica y seis institutos profesionales tienen presencia en todas las regiones de nuestro país, y se espera que los beneficiados alcancen los 96.000 estudiantes.
Para el 2018 se incorporará el sexto decil a la política de gratuidad, generando cambios profundos al sistema de financiamiento de la educación superior chilena.
En esta materia hubo un gran debate en la comisión y también entre los actores relevantes del sistema, quienes hicieron presente las dificultades que el actual diseño de la gratuidad presenta para el desarrollo de las instituciones.
Tales inquietudes no fueron abordadas en la indicación.
5. Gradualidad
Una reforma a la educación superior se debe construir sobre lo que existe, perfeccionando las falencias del sistema y potenciando sus fortalezas. Asimismo, una transición requiere considerar un aumento gradual de las nuevas exigencias, particularmente respecto a la elevación de los estándares de calidad. De este modo, si bien en 2020 comienza a regir la obligatoriedad de la acreditación institucional, se contempla una ampliación progresiva de las exigencias respecto de la dimensión de vinculación con el medio, y, posteriormente, de la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación.
La gradualidad también es un elemento en la política de gratuidad, la cual contempla un aumento progresivo de su cobertura, aunque, en honor a la verdad, con poca información sobre el gasto y los efectos que tiene en las universidades y la calidad de sus proyectos.
Tramitación en la comisión
El proyecto, que ingresó en julio de 2016, se estudió en la comisión durante un período de nueve meses, en el cual se recibió a más de ochenta actores del sistema. En esas audiencias se hizo patente que el mensaje ingresado no respondía a las necesidades y expectativas del país, formulándosele una serie de observaciones de modo transversal.
El Ejecutivo, acogiendo parte de las observaciones formuladas, el 7 de abril del presente año ingresó una indicación sustitutiva e hizo presente la urgencia con carácter de “discusión inmediata” con el objeto de que la Comisión de Educación procediera a la votación en general de la iniciativa.
Sometido a votación el proyecto, fue rechazado por 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.
Los diputados que votaron a favor sostuvieron que si bien la indicación no acoge todas las observaciones formuladas durante el período de audiencias, constituye un avance importante y que también ha quedado de manifiesto la voluntad del Ejecutivo de acoger indicaciones que continúen perfeccionando el proyecto durante la su tratamiento en particular.
Los diputados que se pronunciaron en contra, en su mayoría hicieron presente que la iniciativa ha sido ampliamente rechazada por todos los actores del sistema porque impacta negativamente en la calidad. Asimismo, que la indicación sustitutiva no responde a los cambios profundos que requería el proyecto, dejando en la ambigüedad las futuras modificaciones.
El voto de abstención manifestó que la indicación sustitutiva no se hace cargo de materias sustantivas y solo pretende simplificar el trámite legislativo. Enfatizó que hay múltiples indicaciones que no podrán ser presentadas por los diputados por tratar materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Constancias reglamentarias
1. Tienen el carácter de disposiciones de rango de ley orgánica constitucional los artículos 4, letra d); 16, letras b), c), d), g), p) e inciso final; 30; 48; 78, números 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 23), 24), 25), 40) y 41); 93; 99; 100; 118; 119, número 14), y segundo transitorio.
El proyecto no contempla normas de quorum calificado.
2. En atención a que el proyecto fue rechazado en general por la comisión, no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda en esta ocasión.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En discusión el proyecto.
La ministra Delpiano solicitó hacer uso de la palabra antes de que los colegas diputados inicien sus intervenciones.
Tiene la palabra, señora ministra.
La señora DELPIANO, doña Adriana (ministra de Educación).-
Señor Presidente, junto con saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes, así como al público que nos acompaña en las tribunas, agradezco el informe que entregó la diputada Hoffmann conforme al Reglamento.
Me pareció necesario intervenir al inicio de este debate para señalar la importancia que tienen este proyecto de ley y los pasos que hemos dado, así como los que daremos a continuación, para que podamos contar con una ley absolutamente clave y determinante para el país, como es la que regula el sistema de educación superior.
Estamos convocados para discutir en torno a la aprobación en general de esta iniciativa, que ingresó a tramitación al Congreso Nacional en julio de 2016 y que luego fue objeto de un proceso de audiencias y consultas con expertos, rectores, gremios y estudiantes, todos ligados a la educación superior.
Se escuchó a muchísima gente, y de todos ellos fuimos sacando aportes y conclusiones que fueron repitiéndose en distintos momentos, lo que determinó que presentáramos una indicación sustitutiva que busca mejorar sustantivamente la iniciativa, a fin de conseguir el apoyo y la aprobación de la Cámara de Diputados.
La indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo recoge buena parte de las observaciones surgidas en el debate, al tiempo que preserva los ejes fundamentales del proyecto, que son:
1.- La creación de la institucionalidad necesaria para el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior, lo que se materializará, básicamente, a través del establecimiento de la Subsecretaría de Educación Superior.
2.- La adecuada fiscalización del sector y, en especial, la prohibición efectiva del lucro, a través de una Superintendencia de Educación Superior.
3.- El fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, por medio de transformaciones y mejoras a la Comisión Nacional de Acreditación.
4.- El avance progresivo y sostenible de la gratuidad en el país, ya que en estos dos años ha demostrado ser una de las políticas públicas de mayor impacto para las familias chilenas, en especial para los jóvenes talentosos que con esfuerzo han logrado terminar sus estudio de enseñanza media, pero que veían muy lejana la posibilidad de acceder a estudios de educación superior y, con ello, contribuir al desarrollo de la patria.
Quiero contarles, además, que junto con las observaciones que recibimos durante el período prelegislativo, previo al envío de la indicación sustitutiva, recogimos otros apoyos y otras indicaciones, de los cuales daré cuenta a continuación.
Atendida la importancia que tiene el fortalecimiento de las universidades del Estado para el Ejecutivo y para los partidos de la Nueva Mayoría, así como para los rectores y los estudiantes, se enviará -así lo decidió la Presidenta de la Repúblicaun proyecto de ley separado, que ingresará al Congreso Nacional la primera semana de mayo.
¡Ese fue el compromiso asumido, y lo vamos a honrar!
Con el propósito de facilitar la tramitación de este importante proyecto, iniciamos una ronda de conversaciones con distintos sectores para tratar estas materias. Hoy les hemos hecho llegar a todos los jefes de bancada el documento que contiene la arquitectura de la propuesta sobre educación estatal. Ojalá puedan compartirla lo antes posible con los diputados que integran sus bancadas.
Ese conjunto de cambios profundos a nuestro sistema de educación superior resulta indispensable para su fortalecimiento, y para resguardar el derecho de los estudiantes y sus familias a acceder a una educación superior de calidad, tanto en el sector universitario como en el técnico-profesional, cuestión que también queda dibujada en este proyecto de ley.
De ese modo, la reforma contribuirá al desarrollo de las capacidades humanas, al crecimiento de Chile y a formar personas que se puedan realizar profesionalmente y ayudar a enfrentar los desafíos futuros de nuestro país.
La indicación sustitutiva propone, en primer lugar, como señaló la diputada Hoffmann en su informe, regular el sistema para acabar con los abusos y fortalecer la calidad de la educación superior.
Con ese propósito se crea la Subsecretaría de Educación Superior, que será el órgano rector del sistema y el encargado de elaborar las políticas del sector.
Cuando analicemos el proyecto en sus particularidades, veremos que para muchos, en su momento, esta subsecretaría se veía muy necesaria, pero cargada de atribuciones. Eso también lo hemos asumido, con lo cual también mejoramos nuestra propuesta.
En segundo lugar, la creación de la Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar el cumplimiento de la ley y el resguardo de la fe pública. Esta materia ha cobrado gran relevancia en los últimos años, dado que si bien la ley prohíbe el lucro en las universidades, existe una percepción generalizada de que ello no se cumple o hay instituciones que no lo cumplen.
Hechos graves, como el caso de la Universidad del Mar, en el que más de 20.000 estudiantes y sus familias se vieron afectados, motivaron la creación de dos comisiones investigadoras de la honorable Cámara de Diputados.
Creemos que esa superintendencia no solo debe fiscalizar, sino también detectar a tiempo las posibles inviabilidades de una institución de educación superior, las dificultades económicas que enfrente. Se trata de un conjunto de situaciones que, sin ser necesariamente constitutivas de delitos o de faltas, debemos anticipar, porque nadie quiere dejar a cientos o a miles de estudiantes a la deriva.
El proyecto de ley que tienen en sus manos se hace cargo de esa dramática realidad, para lo cual establece la prohibición efectiva del lucro y una sanción penal a quienes lucren con las instituciones de educación superior.
Por otra parte, las deficiencias en gestión y en calidad de muchas de las instituciones del sistema -setenta de ellas no acreditadasson conocidas por todos. Hoy la acreditación es voluntaria, por lo cual tenemos a esas setenta instituciones que reciben a jóvenes estudiantes, en general de familias vulnerables, que acceden a ellas; pero respecto de dichas instituciones el Estado no puede acreditar su calidad, porque no han sido evaluadas.
Ese es un cambio que creemos urgente incorporar en la ley.
Lamentablemente, esta situación ha significado que los estudiantes que asisten a instituciones de baja calidad hayan sufrido las consecuencias.
Para solucionar ese problema, el proyecto consagra la acreditación institucional obligatoria y eleva los estándares de calidad y transparencia del sistema. Además, modifica la composición de la Comisión Nacional de Acreditación, al objeto de evitar conflictos de intereses como los que se han conocido en el pasado.
Un segundo aspecto muy importante de esta iniciativa de ley tiene que ver con la gratuidad. Ya hemos visto el impacto que la política de gratuidad ha producido en miles de familias.
Permítanme señalar que si bien es cierto recién el 31 de mayo podremos entregar las cifras finales, porque se han ido sumando nuevos grupos de estudiantes, como los que apelaron y los que se retrasaron en presentar su postulación, nuestras estimaciones indican que no serán menos de 230.000 o 240.000 los estudiantes que entre el año pasado y el presente van a acceder a la gratuidad. Ellos corresponden a estudiantes con méritos, aceptados por instituciones adheridas al sistema de gratuidad -hoy son 40-, por lo que creemos que es una masa crítica muy significativa de estudiantes hasta el quinto decil.
En el proyecto de ley están establecidos los rangos y mecanismos por los cuales subimos al sexto, al séptimo, al octavo y así sucesivamente, hasta el décimo decil. Por tanto, no es una propuesta que no se haga cargo de las condiciones económicas que el país requiere para ampliar una política pública de gran impacto y que, desde el quinto hasta el noveno decil, es una política que favorece directamente a las clases medias de nuestro país.
Durante el 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios, en treinta universidades. Este año agregamos doce instituciones técnico-profesionales, de modo que podemos decir con satisfacción que, de esos alumnos que ya están matriculados a esta fecha, el 58 por ciento está en instituciones de educación técnico-profesional. Es decir, no solo favorecemos a la familia, sino que también estamos en la línea de dignificar, de hacer crecer y de desarrollar la educación técnico-profesional que el país necesita.
Durante el año en curso se espera que la gratuidad, tanto en universidades como en centros de formación técnica e institutos profesionales, beneficie a 240.000 estudiantes, lo que es un gran esfuerzo país, porque este no es un esfuerzo del gobierno, sino del país, que hacemos entre todos, porque valoramos esta situación. No se trata de que no valoremos la importancia -como también lo hemos señalado en múltiples ocasiones, y tenemos cifras que lo demuestrande la educación parvularia, de la educación escolar y, en esta oportunidad, de la educación superior.
Cabe señalar que el proyecto de ley incorpora, a partir del 2018, el sexto decil a la política de gratuidad, lo que generará cambios profundos al sistema de financiamiento de la educación superior chilena.
En síntesis, para efectos de consolidar esta reforma y, en especial, la gratuidad de los estudios de educación superior, resulta indispensable legislar esta materia para que mediante una ley permanente se exprese el compromiso del país los estudiantes y sus familias. Hasta ahora -ustedes lo saben tan bien como nosotros-, hemos incluido esta política pública en la Ley de Presupuestos, pero creemos que la necesitamos en una ley de carácter permanente.
Tercer aspecto del compromiso de mejorar el proyecto de ley. Desde hace un tiempo se han planteado diversas inquietudes por parte de los parlamentarios y las parlamentarias de distintas bancadas, además de otros actores involucrados en la reforma, respecto de aspectos que no se consideraron adecuadamente en las indicaciones.
Quiero manifestar la voluntad del Ejecutivo de continuar mejorando esta reforma en conjunto con los diversos actores durante el debate en el Congreso Nacional. En particular proponemos que, en lo relativo a la transición para que las instituciones acrediten las cinco dimensiones, se dé un plazo más corto del que fue señalado originalmente. Habíamos planteado una transición larga, pero creemos que estamos en condiciones de acortar ese tiempo y ese espacio.
Asimismo, existe la necesidad de un período de transición para ajustar esta nueva exigencia. Durante la discusión en particular, estableceremos el plazo menor al propuesto por la indicación sustitutiva para que las instituciones acrediten las cinco dimensiones.
Respecto del cobro de aranceles a estudiantes que no se encuentran en gratuidad, el Ejecutivo se compromete -como nos comprometimos la semana pasada en la Comisión de Educación a que durante la transición a la gratuidad los estudiantes de los deciles que no estén en gratuidad no carguen con los costos de esta política.
Por último, el gobierno ha sido y es muy claro en su compromiso de eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), y reemplazarlo por un nuevo crédito, sin la participación de la banca. Más aun, nos comprometimos a enviar un proyecto de ley en ese sentido durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de que el CAE deje de operar a fines de 2018. Hoy reafirmamos la palabra empeñada de poner fin al CAE y manifestamos nuestra plena disposición a incorporar en este proyecto de ley de educación superior una fórmula que materialice y garantice este compromiso, asegurando, además, un sistema que lo reemplace cuando deje de operar.
Chile enfrenta hoy importantes desafíos para robustecer su educación superior. Cuarenta años de desregulación y una profunda heterogeneidad no se desmontan de la noche a la mañana. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad histórica y la responsabilidad de sentar las bases para la construcción de un sistema de educación superior nuevo, tanto en lo universitario como en lo técnico-profesional, que avance de manera firme hacia etapas más consolidadas en el desarrollo de nuestro país.
Nuestra educación superior no será la misma luego de la aprobación de la reforma, porque será más justa, inclusiva, equitativa, de calidad, con pleno resguardo a la fe pública y a los derechos de los estudiantes y de sus familias.
Chile necesita esta reforma y, como representantes de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad y oportunidad histórica, en conjunto con el Ejecutivo, de aprobarla.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Rojo Edwards .
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, primero, saludo a las ministras de Educación y secretaria general de Gobierno, y a la subsecretaria de Educación. He visto que la ministra y la subsecretaria de Educación asisten permanentemente a la Comisión de Educación, que generalmente es de difícil manejo, de manera que valoro mucho su participación.
Pero también quiero decir a la ministra que en su discurso inicial ha hecho muchas promesas, y una de las principales que hizo la Presidenta Bachelet al resultar elegida fue la gratuidad universal en seis años, cuando dijo que el 60 o 70 por ciento de los estudiantes iba a ser beneficiado con la gratuidad. Llevamos tres años y solo entre 16 y 18 por ciento de los estudiantes tiene gratuidad. Por lo tanto, la verdad es que los compromisos de la Presidenta Bachelet , al final, no se han cumplido.
También debo recordarle que para estos efectos se realizó una reforma tributaria, respecto de la cual se dijo que sería suficiente para financiar las reformas en educación, pero, más allá de los efectos negativos que dicha reforma ha provocado en el empleo y en el crecimiento, la verdad es que tampoco fue suficiente para financiar la gratuidad, y hoy estamos en problemas porque no se puede cumplir con esa promesa.
Por lo tanto, los compromisos que asumieron la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría en educación, simplemente, no se han cumplido y lo que hace esta reforma es poner una lápida al incumplimiento de esa promesa, por cuanto la gratuidad universal queda ligada a que los ingresos fiscales del gobierno sean iguales al 29,5 por ciento del PIB tendencial en Chile, algo que, de no mediar una reforma tributaria, se va a cumplir, según nuestros cálculos con parámetros razonables, en 2076.
Entonces, de no mediar una nueva reforma tributaria, en lugar de seis años, solo podríamos llegar a tener gratuidad universal en cincuenta o sesenta años adicionales. Por lo tanto, los compromisos del gobierno en materia de reforma educacional, claramente, no se han cumplido.
Pero, a mi juicio, eso no es lo más grave. En la tramitación no hemos visto algún modelo, análisis o paper que nos diga que se ha hecho una investigación y que lo que se está proponiendo realmente ayudará a la educación, y que todas esas palabras lindas que pronunció la ministra de Educación, en cuanto a que iba a mejorar la calidad y que habría más equidad en la educación, se cumplirán, porque vemos algo distinto.
Hay cuatro países de Latinoamérica que tiene gratuidad: Argentina, México , Venezuela y Uruguay, y en ellos no hay mayor equidad, al menos si consideramos la equidad como la proporción del 20 por ciento de los estudiantes más ricos respecto de los estudiantes que pertenecen al quintil más pobre. Por lo tanto, la gratuidad no es algo que en sí garantice mayor equidad; de hecho, hasta el momento no ha ocurrido así.
Ahora, en cuanto al tema de la calidad en la educación superior, si consideramos el número de habitantes por universidades de cierta reputación en algún ranking o el número de habitantes por universidades que realizan investigación, Chile es, lejos, el mejor en el ranking de países latinoamericanos.
Entonces, acá se está haciendo una regulación masiva, entregando amplios poderes a la subsecretaría y a la superintendencia, sin haber definido antes cuál es la calidad que se requiere o hacia dónde vamos. No vemos que haya intención de hacer una reforma en que se consideren los datos, el análisis; solamente se consideran ideas preconcebidas y políticas que pueda tener uno u otro gobierno.
Más allá de si las reformas tienen sustento en algún análisis o en datos, me preocupa que no exista una visión de la universidad del futuro. La forma de financiamiento utilizada, a través de pagar más por aranceles por estudiante, de acuerdo a la complejidad de las universidades, dará por resultado que haya muy pocas universidades y muy complejas, en circunstancias de que el mundo entero se mueve hacia la idea de tener muchas universidades docentes de calidad y muy pocas universidades complejas. Por lo tanto, vamos exactamente en la dirección contraria a la tendencia de los países desarrollados.
Además, hoy las universidades ofrecen carreras solamente a estudiantes de entre 18 y 24 años, que tienen todo el tiempo para estudiar; pero ¿qué pasa con la formación continua de profesionales? ¿Qué pasa con las posibilidades de estudios para las dueñas de casa? ¿Cómo las universidades pueden entregar cursos vía online? No se ve flexibilidad en el sistema. De hecho, por su intermedio, señor Presidente, le pregunto a la subsecretaria si para abrir y dictar carreras semipresenciales, las universidades, independiente de los años de acreditación, van a tener que pedir permiso a la subsecretaría.
Entonces, no vamos en la dirección correcta y no se ve cuál es el tipo de universidad sobre la que estamos legislando.
Al leer este mamotreto que nos entregaron me doy cuenta de que es una forma de control estatal sobre las universidades, que destruye su autonomía, pues la decisión que adopte el comité central de un partido político podrá determinar el cierre de una institución.
Quiero ser claro en este aspecto, pues, según el proyecto de ley, será la Subsecretaría de Educación Superior y no la universidad la que determinará cuántos estudiantes entran a cada carrera, en cada una de las instituciones de la educación superior; luego, a través de un comité de expertos fijará el dinero que se le entregará a cada universidad, en cada una de las 12.000 carreras, además, de determinar cuánto valen las carreras semipresenciales si es que decide apoyarlas.
Después de que el gobierno determine cuánto cobrar y cuántos alumnos entran a cada universidad, la Superintendencia de Educación Superior decidirá si es viable desde el punto de vista financiero. Es decir, se determina cuánto puede recibir y después se decide si es viable económicamente; de lo contrario se cierra el establecimiento.
Pero eso no es todo, porque todas aquellas universidades de menos de cuatro años de acreditación que deseen abrir una nueva sede o impartir una nueva carrera, van a tener que pedirle permiso a la Comisión Nacional de Acreditación, la que está compuesta por quince miembros, siete de los cuales son de exclusiva confianza de la Presidencia de la República.
Por lo tanto, si el comité central del Partido Socialista decide que una universidad se cierra, se va a cerrar, porque tiene todos los mecanismos para hacerlo. ¡No entiendo por qué se insiste en esa falta de autonomía!
¿Va a tener posibilidades de florecer bajo este sistema una universidad cuyos líderes estén en contra del gobierno? Vivirán con la amenaza, con la pistola sobre la mesa, de cierre por una determinación de la Comisión Nacional de Acreditación o de la Subsecretaría de Educación Superior.
¿Va a poder florecer, por ejemplo, una cátedra en derecho constitucional que considere que es inconstitucional un proyecto del gobierno -como podría haber sido el proyecto de gratuidad-, si tiene en contra a la Comisión Nacional de Acreditación, que está dominada por la Presidencia de la República? No lo creo.
Entonces, a mi juicio, esto es una bomba muy parecida a la que lanzó Trump en Afganistán, que va a estar siempre presente. Si una universidad se porta mal o no hace lo que le piden, se la pueden tirar, y esa universidad desaparece. Esa estatización, ese control gubernamental es algo que no podemos tolerar.
A juicio de todos los expertos, para que una reforma educacional dé frutos requiere de muchos años, quizá de una generación completa; así se lo he señalado en más de una ocasión a la ministra, Hoy, la ministra tiene a su favor una mayoría circunstancial -bien ganada-, pero sabe que dos de cada tres chilenos rechazan esta reforma, entre ellos, toda la oposición.
Esta reforma no tiene un acuerdo social. Por lo tanto, es muy difícil que en el futuro rinda frutos, pues va a ser modificada, ya sea por el próximo gobierno o por el subsiguiente, porque no tiene apoyo de la sociedad chilena. Por eso, en innumerables ocasiones le hemos manifestado a la ministra que no solamente tiene que lograr acuerdos con el Partido Comunista o con el Frente Amplio; debe tener la capacidad de conversar sobre las ideas que estamos defendiendo nosotros, que si bien pensamos distinto, también queremos lo mejor para Chile.
De aprobarse hoy esta reforma y de seguir su trámite legislativo, no va a tener la legitimidad que requiere para rendir los frutos esperados dentro de dieciocho, veinte o veinticinco años, porque va a ser modificada. En lo personal, si llego a ser diputado o senador, o a trabajar en un futuro gobierno, mis esfuerzos van a estar orientados en echar abajo la gran mayoría de las normas propuestas en este proyecto de ley, porque simplemente se está estatizando la educación y atentando en contra de la autonomía de las universidades. ¡No veo por dónde va a mejorar la calidad de la educación y tampoco la equidad!
La reforma debe hacerse mirando al futuro, pensando en la calidad de la educación y en el bienestar de los estudiantes vulnerables y de sus familias. Por el contrario, la iniciativa en discusión otorga poderes excesivos al gobierno y no se preocupa de la calidad en la educación, lo que perjudica a los estudiantes y sus familias.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, lamento intervenir cuando el debate ya ha avanzado nueve meses en la Comisión de Educación, pero no pude hacerlo allí, porque los socialistas cedimos uno de nuestros cupos a Revolución Democrática para que la discusión sobre las reformas a la educación tuviera más pluralismo.
Pero extemporáneo y todo, y por último para que quede registrado, quiero decir algunas cosas acerca del proyecto de reforma a la educación superior.
No hay nada más delicado y más sensible que hacer reformas a la educación. La Escuela Nacional Unificada galvanizó la alianza de la conjura que terminó con la democracia y con la vida de Allende. De ahí la necesidad de asumirla como un proceso, con prudencia; pero también hay que hacerlo con convicciones y sin temor a contrastar opiniones con otros actores.
En general, considero que el proyecto está demasiado centrado en hablar de las instituciones y poco preocupado de analizar las dinámicas que desata para el logro de una educación de calidad, inclusiva e integradora.
En realidad, el proyecto es bastante enredado, al contrario del que diseñó Rodrigo Roco , tal vez porque él proviene de la Universidad de Chile y viajó a Francia para revisar el sistema de educación pública, que es mucho más simple. Por ejemplo, no se entiende que este proyecto no privilegie claramente a las universidades públicas, las que son de propiedad del Estado.
La gratuidad debiera radicarse en las universidades públicas. Pero algunos van a decir que eso elitizaría la educación, porque la Universidad de Chile u otras universidades de gran reputación, como las de Valparaíso, especialmente en carreras como Medicina o Derecho, no absorberían a los jóvenes que estudiaron en las escuelas públicas. Pero el dueño puede poner condiciones, porque, si proporciona el financiamiento, perfectamente puede exigir que el 35 por ciento de los jóvenes que ingresan a sus establecimientos lo hagan por el ranking y siempre que provengan de escuelas públicas. Esto provocaría una dinámica, como ya pasó en la escuela de Ciencias Políticas de París, que haría que la integración no solo se produjera en el establecimiento de educación superior, sino también en las escuelas de barrios, porque los padres, incluso los de clase media, preferirían mandar a sus hijos a esos establecimientos, porque tendrían dos oportunidades para entrar a las universidades de gran reputación: el ranking de notas y la prueba de selección. Pero en nuestro país hemos renunciado a esas dinámicas y nos hemos contentado con regulaciones de instituciones y con creer que estas van a resolver el problema.
Para el lucro, una superintendencia. Por si no se han dado cuenta, en Chile las superintendencias son un chiste. Por ejemplo, cuando un ciudadano de a pie hace una denuncia sobre el mal servicio de la sanitaria Esval , ¿en qué vehículo llega el fiscalizador de la sanitaria a investigar el problema? ¡En la camioneta de Esval! ¿Esa es una superintendencia?
Le pongo otro ejemplo: la Fiscalía Nacional Económica, que debiera velar por la transparencia del mercado. Como ustedes saben, esa fiscalía actúa a pedido; no tiene un programa de fiscalización para, por lo menos, disuadir con la eventual amenaza de que puede fiscalizar, para que de esa manera no se cometan atentados contra la libre competencia, la transparencia del mercado y todas esas cosas que les gustan a los diputados de las bancadas de enfrente, pero que son puras mentiras.
Naturalmente, sobre esta afirmación, algunos se preguntarán. ¿Y cómo quedan las universidades tradicionales que finalmente han demostrado a lo largo de su existencia que no tienen fines de lucro y que han cumplido con el rol que querían, por ejemplo, los fundadores de la Universidad de Concepción, de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Universidad Austral o de la misma Pontificia Universidad Católica de Chile? ¡También se les puede dar un trato especial, dado que han demostrado que no hacen trampa, de manera que se les podría financiar institucionalmente y hacer extensiva, al menos en parte, la gratuidad a ellas, para que reciban un trato especial! ¿Por qué no?
Además, quiero decir que el poco prestigio que tiene la ciencia de Chile en el mundo proviene de las instituciones públicas y de las tradicionales. Por si no se acuerdan les menciono algunos nombres: Francisco Varela , Humberto Maturana , aunque también hay matemáticos, geólogos, juristas y médicos.
Sin embargo, en estas universidades tradicionales también se produce un caso especial, respecto del cual es bien difícil que nos hagamos los lesos: ¿De dónde provienen los grandes escándalos de delitos económicos para defraudar al fisco y cometer cohecho? ¿De dónde salieron esos gerentes y empresarios? ¡De la Escuela de Economía de la Universidad Católica!
Me pregunto -aquí hay exalumnos de la Universidad Católica que podrían contarnos de ellosi en la Universidad Católica no hacen clases de religión. ¿No estudian los diez mandamientos? ¿No saben que hay un mandamiento que dice: “No robarás”? ¿Y quieren que les demos un trato privilegiado, que les pasemos plata del fisco, para formar a esos profesionales que tienen en jaque a las instituciones de la democracia representativa en Chile con sus malas prácticas económicas?
Aquí no estamos hablando de entes etéreos. Y la Universidad Católica, cuyo rector se ha declarado en estado de subversión frente a la eventualidad de que el Congreso Nacional apruebe una ley que despenalice el aborto en tres causales, ha dicho que pide objeción de conciencia institucional para no practicar lo que dice la ley. ¿Dónde se ha visto esto?
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
¡En “La Oficina”!
El señor SCHILLING.-
¡Bueno tu chiste, latero! ¡Repítelo de nuevo!
¡Trata de esgrimir algún argumento, …………!
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Señores diputados, por favor, evitemos los diálogos y el vocabulario que no es conveniente para la discusión de un importante proyecto como el que estamos tratando.
Diputado René Manuel García , por favor.
Continúa con el uso de la palabra el diputado Marcelo Schilling .
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, los sabios y supuestos entendidos en cuestiones de educación han logrado confundirlo y enredarlo todo.
Esa es la razón por la cual la gente no sabe qué apoyar. No se entiende el proyecto; no se ve claro hacia dónde va, y frente a la confusión, se marcha por cualquier cosa. No se entiende qué estamos rechazando y qué estamos aprobando.
Respecto de las universidades privadas, lo mejor sería terminar con la hipocresía y con este cuento de que son sociedades sin “fines de lucro”, pero con fines de lucro a través de las sociedades relacionadas. ¿Por qué no se dice, de una vez por todas, que así como hay colegios particulares también hay universidades particulares y se paga por ello, y que sobre sus utilidades pagarán impuestos? ¿En qué ayuda a la sanidad de la sociedad chilena esta mentira, esta obligación a la truculencia para hacer trampa y poder retirar las ganancias? ¡En nada!
¡Las universidades privadas son un monumento al doble estándar de Chile!
A pesar de todas estas críticas, voy a apoyar el proyecto, porque así lo han pedido los rectores señores Vivaldi , Valle, Sanhueza , que nos acompañan desde las tribunas, y espero que en su trámite en particular…
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, diputado Schilling.
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, este proyecto tuvo más de nueve de meses de tramitación en la Comisión de Educación antes de proceder a la votación en general. El debate no fue en vano, porque motivó al gobierno a presentar una indicación sustitutiva que, a mi juicio, recogió buena parte de la discusión en la comisión. Además, se decidió comprometer un proyecto de ley específico -tengo el borrador en mis manos para la educación pública superior estatal.
Pero, ¿qué vamos a votar hoy? Primero, si creamos o no una Subsecretaría de Educación Superior, es decir, si le damos la relevancia institucional que merece la educación superior en el aparato estatal chileno.
Segundo, si establecemos o no un sistema único de acceso obligatorio para todas las instituciones de educación superior que reciban recursos públicos.
Tercero, si creamos -y lo hemos pedido a grito tantas veces o no una Superintendencia de Educación Superior que asegure el cumplimiento de la ley.
Cuarto, si creamos o no una figura penal para sancionar el lucro con cárcel.
Quinto, si fortalecemos o no la Comisión Nacional de Acreditación, cambiando la composición y designación de sus miembros, y eliminando los posibles conflictos de intereses.
Sexto, si establecemos o no acreditación institucional integral obligatoria de aquí a 2020, en lo que se refiere a la docencia y resultados de la formación, a la gestión y recursos institucionales, y al aseguramiento interno de la calidad. Por lo demás, el Mineduc ha mostrado flexibilidad para acortar plazos en lo que se refiere a la acreditación institucional para la investigación y la extensión.
Lo que es más importante, se votará, como parte del proyecto de ley, lo que hasta ahora era solo glosa presupuestaria y, por tanto, dependiente de la voluntad política del gobierno de turno. En este proyecto de ley se establecerá, negro sobre blanco, que los estudiantes del 60 por ciento más vulnerable de la población tendrán asegurada gratuidad total en la educación superior, tanto universitaria como técnico-profesional, en instituciones sin fines de lucro que tengan cuatro o más años de acreditación institucional, que formen parte del sistema común de acceso a la educación superior y que tengan políticas de acceso equitativo y programas de apoyo a la retención de los estudiantes de los dos quintiles más vulnerables.
Además, habrá una comisión permanente de expertos para la regulación de aranceles, formada por siete profesionales de trayectoria, seleccionados por sistema ADP.
Señor Presidente, parece que aquí hay diputados que preferirían que esa decisión fuera tomada en forma unilateral y monopólica por el Ministerio de Educación, como ha sido hasta ahora. Quiero aclarar -todos los sabemos que estamos votando el proyecto en general, es decir, la posibilidad de seguir adelante con el trámite legislativo o dejar la materia en manos del próximo parlamento.
Al respecto, es difícil explicarse por qué hay quienes votan en contra la idea de legislar, es decir, a favor de impedir que este proyecto continúe el trámite legislativo. ¿Acaso no hay acuerdo en crear la Subsecretaría de Educación Superior? ¿Acaso no hay acuerdo en establecer una superintendencia propia para el sector? ¿Acaso no hay acuerdo de instalar un sistema único de acceso obligatorio para las instituciones que reciben recursos públicos? ¿Acaso no hay acuerdo para hacer obligatoria la acreditación institucional?
Más difícil todavía es entender que se vote en contra de la idea de establecer por ley lo que hasta ahora ha sido cuestión de glosa presupuestaria. ¿Acaso no hay acuerdo en garantizar gratuidad para los estudiantes que provengan de los primeros seis deciles de la sociedad chilena?
Quiero que sean explícitos en esta materia. Si votan en contra de la idea de continuar adelante con el trámite legislativo, votarán en contra de ideas que he escuchado defender a diputados como Jaime Bellolio , quien ha dicho con claridad que se requiere de una subsecretaría de educación superior y de una superintendencia; que dice estar de acuerdo, al menos, con que el 60 por ciento de los estudiantes provenientes de familias más vulnerables tengan garantizado el acceso gratuito a la enseñanza superior, incluida la técnico-profesional, etcétera.
Francamente, no entiendo a la oposición ni a los compañeros que dicen que van a votar en contra de continuar adelante el trámite legislativo porque no están satisfechas todas sus aspiraciones. Perdónenme, la satisfacción inmediata de todas las demandas está bien para los adolescentes, pero no para los adultos que estamos sentados aquí, quienes somos los responsables de legislar para el presente, pero también para el futuro de Chile.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-
Señor Presidente, este proyecto de educación superior, discutido en la Comisión de Educación durante más de diez meses, instancia en la que escuchamos a expertos en materia de educación, rectores, estudiantes, académicos, trabajadores de instituciones, no fue respaldado por nadie, porque era un mal proyecto. Eso generó un consenso amplio en todos los sectores.
En virtud de eso, hace pocos días el gobierno ingresó una indicación sustitutiva y, además, tomó un par de compromisos adicionales, como tratar lo concerniente a las universidades del Estado en un proyecto separado -como señaló la ministra, hoy solo se conoce su arquitectura-, eliminar el CAE y proponer un nuevo sistema de ayuda estudiantil.
¿Qué busca el proyecto? Calidad en el sistema y garantizar acceso al mismo. Existe coincidencia en que ningún estudiante que tenga méritos y el deseo de estudiar puede quedar fuera por razones económicas. Creo que el punto de partida lo compartimos todos. La diferencia está en cómo implementamos mecanismos de ayuda que permitan de verdad conjugar un sistema de educación superior de calidad y que los alumnos puedan ingresar a él.
Algunos de los aspectos de la indicación sustitutiva constituyen un paso positivo, pues persiguen cambiar el sistema de acreditación al mejorar la comisión relacionada con ese ámbito; pero, evidentemente, hay un tema complejo, cual es obligar a todas las instituciones, a todas las universidades a acreditarse en las cinco dimensiones.
Al respecto aparece una duda. Hoy las universidades han manifestado su preocupación para incorporarse a la gratuidad, porque si no se cambia el actual modelo corren riesgo en su financiamiento. ¿Cómo vamos a asegurar el financiamiento de las instituciones de educación superior para que, además de dar un pregrado de calidad, puedan acreditarse en las cinco dimensiones? Eso significa un compromiso económico, pero el proyecto de ley nada dice al respecto. Por lo tanto, generamos un alto nivel de incertidumbre.
Por ello, me gustaría que la ministra, antes de que se efectúe la votación, nos explique la arquitectura de financiamiento total de las instituciones, no solo en cuanto a la gratuidad. Lo señalo porque tanto instituciones públicas como privadas han manifestado su preocupación sobre el punto, por lo que es necesario avanzar en esta materia.
Respecto del acceso a la educación superior, en varias oportunidades hemos conversado el tema con la ministra. Se trata de una situación que debemos abordar. Los alumnos provenientes de los sectores de menores ingresos, de los primeros cuatro deciles, tienen una dificultad adicional, cual es financiar una carrera que se imparte fuera de su lugar de residencia. Hoy, el sistema de ayuda estudiantil es claramente insuficiente.
Hace pocos días se publicó una noticia que señalaba que gran parte de los estudiantes que reciben ayuda para alimentación consumen comida rápida. ¿Por qué? Porque es más barata. Los estudiantes manejan poca plata y tratan de hacerla rendir al máximo. Evidentemente, debe existir un sistema de ayuda estudiantil adicional al arancel universitario que les permita de verdad mantenerse, estudiar y cumplir con éxito las exigencias académicas.
El proyecto de ley tiene claras deficiencias en garantizar realmente el acceso a la educación superior. Espero que durante la discusión particular se puedan corregir esas deficiencias.
Por otro lado, me parece que se ha avanzado en términos de asegurar la provisión mixta. No obstante, la institucionalidad que hoy se nos presenta se excede en sus atribuciones para controlar a las instituciones de educación superior. Ello podría derivar en un modelo de administración y de gestión que tienda a burocratizar a las instituciones, de modo que den respuesta a la fiscalización, tanto de la nueva superintendencia como de la nueva subsecretaría, y solo operen en virtud de las respectivas autorizaciones. Al parecer, la idea es tener los menos problemas posibles con la nueva institucionalidad. Algo de ello ya está ocurriendo en la educación básica y media: la mayor parte de los directores de establecimientos educacionales que la imparten manifiesta su preocupación por la excesiva fiscalización. Por lo demás, durante la discusión del proyecto en la comisión hicimos presente a la ministra que el contralor general de la República hizo observaciones respecto de la facultad de fiscalización y de control de las dos instituciones que se crean. La ministra se comprometió a revisar esta materia. Espero que en la discusión en particular del proyecto se flexibilicen algunas normas, de manera de dejar que la Contraloría cumpla su labor.
Otra de las debilidades del proyecto de ley es la falta de un tratamiento claro y preciso de la educación técnico profesional impartida por institutos profesionales y centros de formación técnica. No es suficiente solo la creación de un consejo para garantizar que este ámbito de la educación superior será bien enfrentado. Me parece que este es un aspecto a desarrollar.
Respecto del financiamiento de la ayuda estudiantil para la gratuidad, creo que es necesario sumar un buen sistema de créditos y de becas que considere la vulnerabilidad de los estudiantes, el origen de la región y los índices de ruralidad, pues existen factores adicionales que dificultan el desarrollo de la educación en diversos lugares del país.
Otro aspecto que nos preocupa del proyecto es la excesiva rigidez que va a generar para el desarrollo de las instituciones, ya sea para la creación de carreras, para el aumento de matrículas o para la instalación de sedes. De hecho, la definición de estándares para lograr la acreditación puede provocar que deje de existir la diversidad de proyectos educativos con que contamos en la actualidad. Es decir, dicha definición conllevará que se igualen los proyectos de las instituciones. Me parece que la riqueza de nuestro sistema educacional en materia de educación superior radica fuertemente en la posibilidad de que las instituciones tengan un sello que les dé una característica diferente.
Es importante llegar a acuerdos al legislar sobre educación superior para los próximos años y décadas. Sé que la ministra tiene la voluntad para ello; siempre lo ha manifestado. En efecto, es fácil conversar con ella. Espero que con esa facilidad podamos construir acuerdos que permitan garantizar que los cambios que se introduzcan en el nuevo sistema de educación superior representen todas las visiones, de modo de garantizar calidad, acceso, financiamiento y oportunidades para que todos puedan estudiar y nadie quede fuera del sistema.
También espero que el sistema permita construir instituciones robustas, tanto públicas como privadas, que cumplan con altos estándares, pero que tengan libertad para desarrollar sus proyectos educativos.
Es necesario poner toda nuestra disposición para llegar a acuerdos en orden a garantizar que nuestro sistema de educación superior se desarrollará con un adecuado marco de libertad que permita emprender diversas actividades académicas. La idea es contar con un sistema que garantice calidad a todos los estudiantes.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, este proyecto de ley responde a la necesidad de hacer un cambio profundo a un sistema que está en crisis desde hace mucho tiempo. Es una necesidad país; por lo tanto, estamos frente a una oportunidad histórica, que hemos esperado desde hace alrededor de treinta y cinco años, cuando la dictadura modificó la educación superior y dictó la funesta LOCE. Recuerdo la tremenda lucha de los estudiantes contra la LOCE.
Estoy seguro de que, con la conciencia y la responsabilidad de la Cámara de Diputados, aprobaremos la presente iniciativa al igual que el proyecto de ley sobre universidades estatales. Ello nos permitirá transformar el actual sistema, que está en crisis; un sistema desregulado, un sistema que ha dañado y endeudado a miles de familias y que se ha expandido sobre la base de su mala calidad.
Hay sectores políticos que piensan que regular la expansión de la educación superior -una de las más caras de América Latina y del mundoresulta improcedente e inadecuado. Sin embargo, el hecho de que exista regulación es la esperanza de miles de familias. Se requiere regulación para que no se sigan creando sedes que no ofrecen carreras y educación superior de buena calidad, o que no ofrecen ciencia y tecnología al servicio del país.
El conjunto de proyectos que espero que vamos a aprobar pondrá fin al abandono en que estaban las universidades estatales. Hoy estamos en un momento muy importante, pues tenemos la responsabilidad de gestar el nuevo sistema de educación superior que Chile está clamando. Desde hace diez años los estudiantes luchan por que el actual sistema sea cambiado.
¿En qué consisten los cambios que se requieren? En primer lugar, que el sistema que comenzó a otorgar gratuidad a través de una glosa presupuestaria sea transformado por uno que regule la gratuidad por ley. Este año habrá 250.000 estudiantes con gratuidad. En 2018 el beneficio se extenderá al sexto decil y se proyecta hacia la gratuidad universal, un gran anhelo y necesidad que permitirá que exista igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.
El lucro hizo que el actual sistema se expandiera. Por ello necesitamos hacer un cambio. No fue la buena investigación ni la buena educación universitaria lo que generó su expansión, sino el gran enriquecimiento y las altas utilidades que muchos querían obtener de él.
El lucro burló la conciencia pública. Se decía que el sistema universitario chileno estaba compuesto por entidades sin fines de lucro. Con esta iniciativa, por fin el lucro podrá ser sancionado como delito.
Es cierto que algunas modificaciones propuestas requieren ajustes. No obstante, debemos tener claro que el proyecto en discusión es totalmente distinto a aquel que se presentó a la comisión hace diez meses. Es un proyecto que va a recuperar el aporte fiscal directo para las universidades públicas, las tradicionales, las estatales, y aquellas que han demostrado que tienen responsabilidad con el país.
El proyecto permitirá mejorar el sistema de regulación de las universidades; permitirá asegurar calidad y exigir calidad a las universidades para que de verdad puedan llamarse así. Es un sistema que, de acuerdo con todos los antecedentes que hemos conversado en la comisión, por fin pondrá término al crédito con aval del Estado (CAE).
Señora ministra, por intermedio del señor Presidente le señalo que vamos a exigir el cumplimiento de ese compromiso que el gobierno asumió en la comisión y que usted reiteró en este hemiciclo. Estoy seguro de que lo lograremos, porque si hoy aprobamos en general este proyecto, que todavía no incluye en su texto el fin al CAE, y no vuelve con esa modificación a esta Sala, ya no podremos continuar aprobándolo.
Se trata de una necesidad de los estudiantes, de las familias endeudadas por una banca que se ha enriquecido con los recursos y la esperanza de aquellas.
Por eso, el fortalecimiento de la educación superior técnico-profesional, el nuevo sistema de acceso, el fortalecimiento del sistema de acreditación, la existencia de una Superintendencia y una Subsecretaría de Educación Superior son todos aspectos que aprobaremos y constituyen un marco sobre el cual podemos mejorar el proyecto en discusión.
Ello será posible debido al rol que mediante esta iniciativa se entrega al Ministerio de Educación, porque por primera vez se dice que este será el ente rector del sistema de educación chileno, especialmente del de educación superior. Ello constituye una inmensa necesidad en nuestro país, porque tenemos a un Ministerio de Educación sin las facultades necesarias para poder intervenir cuando se comete un engaño a la fe pública y se producen casos críticos, como los de la Universidad del Mar, la Universidad Arcis y otros. Con esta iniciativa ello será posible.
Todas las indicaciones que quisieron presentar los diputados que en su oportunidad se opusieron a la aprobación en general de este proyecto en la comisión pueden incluirse en él.
Por cierto, podemos incorporar los principios de la educación superior, un marco general de cualificaciones, la tipificación del lucro como delito y sus respectivas penas; podemos regular mucho mejor los aranceles, y, especialmente, no dejar sin protección a los estudiantes que todavía no les será posible gozar del beneficio de la gratuidad, que también es un compromiso adquirido en la comisión.
Este proyecto recoge gran parte de los aportes del debate realizado. Respecto de los que no incorpora, en la Comisión de Educación tendremos la posibilidad de introducir las respectivas modificaciones.
Para lograr la diversidad territorial que requerimos en nuestro país, se fortalecerá la educación pública en regiones. Ya se crearon dos nuevas universidades y quince centros de formación técnica (CFT), y seguiremos apoyando con los recursos para el fortalecimiento de las universidades regionales a aquellas comprometidas con las regiones y la descentralización de Chile.
Todo ello debe estar presente en el momento en que votemos este proyecto. Nosotros nos pronunciaremos a favor porque creemos que constituye un gran avance la creación de una ley especial para las universidades estatales, esas universidades que para poder competir fueron lanzadas al mercado por este sistema que partió hace treinta y cinco años y que ha generado desregulación y crisis. Hoy, por fin esas casas de estudios tendrán una legislación propia; podrán constituirse en red; contarán con un sistema de financiamiento propio, sin condicionamientos, que considerará al menos los recursos del convenio marco; podrán mantener el aporte fiscal directo y contarán con un fondo de desarrollo territorial las que cumplan con la responsabilidad de apoyar el desarrollo regional.
Por eso, hoy es necesario que este debate que hemos abierto y que ha mejorado el proyecto continúe para los efectos de seguir perfeccionándolo.
Por lo expuesto, vamos a votar favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, el compromiso que adquirimos con el pueblo de Chile para reformar el sistema de educación superior es un mandato ineludible -todas las fuerzas sociales han luchado por décadas contra el modelo neoliberal, que hace de la educación un negocio en vez de un derecho y algo que tenemos que hacer valer en esta instancia.
En tal sentido, el Partido Comunista de Chile una vez más ratifica, y seguirá ratificando, su voluntad de modificar los pilares sobre los cuales se sustenta el mercado educacional en nuestro país. Uno de ellos, como bien sabemos, es el progresivo debilitamiento de las instituciones públicas, las instituciones del Estado, lo cual debemos revertir.
En esta oportunidad no me referiré a esa materia porque sabemos que será abordada en un proyecto de ley aparte que pronto ingresará a la Cámara de Diputados. Si bien se trata de una decisión que no nos satisface del todo, entendemos que ha sido conversada con los rectores de las instituciones del Estado.
Otro de los pilares fundamentales del mercado tiene que ver con la desregulación del sistema educacional. En este sentido, nosotros dijimos que la reforma a la educación superior tenía que abordar una estricta regulación a este sistema. Aquí cabe señalar que uno de los principales elementos catalizadores de la desregulación del mercado educacional fue la creación del crédito con aval del Estado. Así lo dicen todos los estudios sobre el particular. La expansión de la matrícula de manera desregulada, y casi en un marco de libertinaje absoluto, se debió a la creación de ese instrumento de financiamiento que abrió la posibilidad de la consolidación del mercado educacional.
En consecuencia, es evidente que hay un compromiso de este partido, de esta bancada, no solo porque esta lucha por eliminar el crédito con aval del Estado se viene dando desde hace más de diez años, sino también porque entendemos la importancia que tiene abordar esta materia en la reforma educacional para combatir los pilares del mercado.
Así, por intermedio del señor Presidente, señalo a los ministros aquí presentes que consideramos que era necesario poner el énfasis en este punto.
La Comisión Especial Investigadora encargada de revisar a fondo el sistema de educación superior chilena, cuyo informe se aprobó al inicio de este período legislativo, concluyó: “El CAE es funcional al lucro, así como la acreditación es funcional al CAE.”.
Por eso, no basta simplemente con crear la Superintendencia de Educación Superior y tipificar al lucro como delito, castigándolo con penas de cárcel. Tampoco basta con fortalecer la institucionalidad en materia de acreditación. Si no abordamos el problema del crédito con aval del Estado y su relación funcional con el lucro y la acreditación, entonces solo avanzaremos parcialmente en la materia.
Por lo tanto, tal como lo señalé el martes pasado, razón por la cual me abstuve en la votación general del proyecto, este es un tema que la reforma no puede eludir, no solo por el carácter de fondo que tiene el abordar este problema, sino porque ya había sido un compromiso de gobierno y del conjunto de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Al respecto, solo recordaré a sus señorías el discurso del 21 de mayo de la Presidenta de la República, que fue aplaudido por todos y en el que claramente ella señaló la necesidad de avanzar en gratuidad, de desbancarizar los créditos y de terminar con el endeudamiento de los jóvenes. Hasta se comprometió un equipo de expertos para analizar el problema de la deuda de los egresados y estafados por el sistema de financiamiento de la educación superior.
Asimismo, el año pasado la Cámara de Diputados aprobó, por 71 votos a favor, un proyecto de resolución que señalaba explícitamente la necesidad de eliminar el crédito con aval del Estado (CAE) en el proyecto de reforma a la educación superior.
En enero de 2017, el conjunto de los representantes de los partidos de la Nueva Mayoría presenciaron un compromiso del Ejecutivo en esta materia: poner fin al crédito con aval del Estado. La semana pasada dijimos que queríamos hacer valer eso.
Al respecto, a algunos se nos podrá acusar de adolescentes; de que es de adolescentes querer hacer valer los compromisos del gobierno para con sus ciudadanos; de que es de adolescentes querer hacer valer un compromiso del gobierno para con sus parlamentarios, o de que es de adolescentes querer hacer valer una demanda social anhelada por tanto tiempo, como es la eliminación del CAE.
Si me acusan de adolescente por eso, ¡feliz lo seguiré siendo! Pero esto no se trata de adolescencia -hemos conversado con el gobierno sobre el particular-, sino de responsabilidad política ante compromisos que hemos adquirido. Como bancada del Partido Comunista, seguiremos haciendo valer esa responsabilidad política.
Por eso, no podemos dejar de valorar la instancia de diálogo que se abrió el martes pasado gracias a nuestra abstención. La semana pasada teníamos esperanzas de que prosperara la idea de eliminar el crédito con aval del Estado, lo que se reflejó no solo en el compromiso público de la Presidenta de la República al respecto, sino también en las palabras textuales de la ministra en cuanto a que garantizaría una fórmula que asegure, en este proyecto de ley, el fin del CAE para fines de 2018 y un sistema que lo reemplace.
Luego, podemos señalar efectivamente que hay un avance; pero no para nosotros, pues esto no se trata de un gallito político, señor Presidente, señora ministra, ni de qué partido gana una batalla, sino de cumplir un compromiso que adquirieron el gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría.
Por lo tanto, saludamos y valoramos esta decisión, y nos encargaremos de que se vaya materializando en el transcurso de la discusión de la reforma a la educación superior.
Hemos sido muy claros -no solo hoy o la semana pasada, sino desde antes en señalar que no será por culpa del Partido Comunista que esta reforma se vaya al tacho de la basura, porque nosotros sí queremos que este año se concrete la reforma a la educación superior y entendemos la importancia de asegurar, por ley, como política del Estado, la gratuidad en la educación superior. Sin embargo, debe quedar muy claro que vamos a discutir los mecanismos para alcanzar la gratuidad, en el entendido de que ese aspecto no puede quedar nuevamente relegado a una glosa en la ley de presupuestos.
Sabemos que, argumentos más, argumentos menos, los parlamentarios de enfrente no quieren la gratuidad, y buscan estudios en todas partes del mundo para fundamentar su posición, para señalar que la gratuidad no es buena para lograr calidad en la educación ni para la equidad. ¡No la quieren! Por eso, obviamente, utilizarán todos los argumentos posibles para que la reforma termine acá.
No estamos disponibles para caer en ese juego, señor Presidente, señora ministra, señor ministro. Obviamente, daremos viabilidad al curso de esta reforma, pero asumiendo que existe un compromiso explícito, que ha quedado por escrito, respecto de las fórmulas que se plasmarán en esta futura ley para terminar con el crédito con aval del Estado a fines del 2018, y en el entendido de que quedan muchas batallas por dar para que la reforma cumpla con las expectativas de todas y todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a las ministras y ministros que nos acompañan en la Sala, así como a mis colegas presentes en este debate.
En esta ocasión quiero dirigirme especialmente a mis colegas de la Nueva Mayoría y a aquellos que llegaron a la Cámara de Diputados enarbolando las banderas de la reforma a la educación de nuestro país.
Según entiendo, la reforma a la educación no es una cuestión puramente ideológica, sino la respuesta a un anhelo que nació con fuerza de una realidad brutal que afecta a miles de estudiantes y sus familias.
Más allá de nuestras diferencias, todos tenemos que entender qué se juega -se jugó el martes en la comisión técnica y se juega hoy en la Sala-: si seremos capaces de honrar nuestros compromisos, el compromiso del gobierno del que somos parte.
Debemos entender que no le podemos pedir a la oposición que nos colabore en el proceso de legislar para corregir los muchos errores que tiene el sistema de educación superior, construido a lo largo de décadas por una institucionalidad que estableció un paradigma que se centra en que la educación es un bien de consumo que se transa en el mercado y que su calidad depende de la cantidad de recursos de cada familia.
¡Eso es lo grueso! ¡Eso es lo central!
No podemos solicitar el apoyo de la derecha, porque cualesquiera que sean los argumentos que demos, votarán en contra, dado que con ellos tenemos una diferencia conceptual: ellos creen en el actual sistema. El gobierno del que se sienten herederos y parte de sus padres fundadores son los autores intelectuales de este experimento, como lo han llamado autores tan serios como Bellei, de la Universidad de Chile, quien describe toda una concepción destinada, en lo esencial, a marginar al Estado de la provisión de educación en todos los niveles, a fin de traspasar la educación de manera creciente al mundo privado.
Estimados colegas, lo anterior no es una entelequia, sino una realidad concreta que pueden comprobar estudiando la historia de la educación chilena. Así, se darán cuenta de que en las décadas precedentes a la dictadura militar, la educación iba en una dirección, y que cuando sobrevino la dictadura, hubo un cambio de sentido en la dirección exactamente opuesta.
Ahí están las luchas por la reforma; ahí están las luchas que nos vinculan con el viejo tronco radical, cuyo lema era “gobernar es educar”; ahí están las luchas que nos vinculan con la gran reforma del gobierno de Eduardo Frei Montalva y con otros intentos destinados a impartir educación de mejor calidad, especialmente para los más pobres del país, en el entendido de que la educación es la gran herramienta para cambiar sustantivamente la vida de quienes son víctimas de las injusticias que ha habido en el país a lo largo de su historia.
¿Y hoy día nos olvidamos de aquello? ¿Le vamos a dar la espalda a ese compromiso? Nuestras diferencias con la derecha, con la oposición son entendibles. Lo que no es entendible es que haya diferencias entre nosotros.
Puedo convenir en que tal vez hemos cometido la osadía de plantearnos un desafío demasiado ambicioso. Lo concedo. También concedo que es probable que haya habido impericia, errores no forzados, falta de trabajo prelegislativo, etcétera. Lo concedo.
También ha faltado unidad de nuestra parte, consenso, capacidad de decir qué queremos, de definir qué tipo de sociedad queremos y, sobre esa base, diseñar un sistema educacional coherente con dicha visión de país, con más libertad, con más democracia, con más tolerancia, con más igualdad y con más oportunidades.
¡De eso estamos hablando! Hemos hecho un esfuerzo enorme, que no ha sido fácil, porque todos han estado dispuestos, incluso algunos de los nuestros, a poner obstáculos para impedir que superemos este desafío.
Por lo tanto, hago un llamado a considerar la relevancia de la coyuntura por la que atravesamos. No es el minuto para darnos gustos personales.
Si en algún momento, llevado por la pasión, dije algo que pudo haber sido molesto para algunos, créanme que lo hice con la mejor de las intenciones. Ofrezco disculpas por eso. Pero ahora pido unidad. Con la misma fuerza y convicción, pido unidad, para que no defraudemos al país. Lo hago a base de la autoridad que me otorga el haberme dedicado con pasión, con dedicación, por años, a la educación, y no de la improvisación de algunos que hoy creen saber de educación. Me refiero a quienes -se lo digo con el mayor de los respetos están pauteados y repiten eslóganes, eslóganes y eslóganes que no tienen fundamento alguno, pero que quedan.
Pido unidad como miembro de las comisiones del lucro I y II, bautizadas de esa forma por los medios de prensa, pero que en realidad fueron comisiones especiales que se dedicaron a investigar la situación de la realidad del sistema de educación superior en Chile. Estuvimos durante meses dedicados a eso.
¿Qué dijimos? La conclusión final es que se trata de un sistema completamente desregulado que explica los muchos abusos y las muchas injusticias de tantos jóvenes que frustran sus sueños más queridos. Dije que era un pecado social mantener eso. ¿Cómo es posible que una familia o un joven se endeude para tener un título si al salir al mercado laboral no tiene capacidad de pago?
¿Ustedes conocen las aberraciones que arrastramos? De los 140.000 profesores que se forman en el país, más de un tercio son profesores de educación física, los cuales no tienen espacio en el mundo laboral, debido a la forma en que está construido nuestro currículo; pero eso no nos importa. Nos faltan profesores de matemáticas y de ciencias, pero se nos dice que el mercado regula.
Por el bien del país, reclamo una mayor presencia del Estado. Es ni más ni menos lo que hace este proyecto, esto es, crear una institucionalidad.
Algunos dicen que la iniciativa es débil; discrepo de esa opinión. El proyecto, en cuanto a regulación, avanza bastante, aunque probablemente no en el ciento por ciento de lo que uno esperaba. Ponerse de acuerdo y encontrar el punto intermedio es la gran tarea y el desafío que tenemos.
Este proyecto avanza y crea una institucionalidad sólida que se hace cargo de la calidad; hay un sistema de aseguramiento de la calidad. No hay que seguir repitiendo cosas que no resisten análisis. El tema de los técnico-profesionales está bien abordado, pues constituye un capítulo entero del proyecto.
Una cuestión de orden práctico, que comparto, y que los rectores hoy institucionalmente señalan como conveniente, llevó precisamente a convertir todo lo relativo a la relación del Estado con sus universidades públicas en un proyecto en sí mismo.
Por cierto -hablo a título personal-, muchos diputados de la bancada democratacristiana queremos terminar con el CAE en los términos presentados actualmente. La pregunta es si por eso vamos a hipotecar la posibilidad de legislar sobre esta materia. Creo que ello sería un error muy grande.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, estamos ante un problema político: nos abocamos a discutir un proyecto que la Comisión de Educación plantea rechazar.
La Presidenta Bachelet ha planteado al país un gran desafío de Estado durante estos años. El capital humano con que hoy cuenta Chile no tiene las capacidades suficientes para enfrentar los desafíos que el mundo de hoy plantea a un país como el nuestro, ubicado en los confines del mundo y que requiere de personas mucho mejor preparadas desde el punto de vista educacional.
Por eso, la reforma educacional se plantea en varios ejes: mejorar la formación de nuestros profesores; cambiar el sistema desde una visión más bien de mercado hacia una más inclusiva, eliminando el copago, y mejorar la educación pública, que tanta falta nos hace y que fue deteriorada durante años incluso por nosotros mismos.
Por eso, cambiar la reforma educacional es un imperativo para el país, pensando en las próximas décadas. Chile no se puede quedar atrás en el concierto mundial. Para eso necesitamos cambios profundos, los cuales son difíciles en educación. ¿Cuánto costó para la historia de nuestro país tener educación obligatoria para nuestros hijos? Los antiguos conservadores -algunos de los cuales todavía están aquípensaban que no era necesario educar al pueblo, pues bastaba con que la gente se dedicara al trabajo manual en los campos para que Chile progresara.
Necesitamos que las reformas planteadas por la Presidenta de la República se hagan, pues el imperativo es tener mejor capital humano y una mejor sociedad para el futuro. Por eso digo que estamos ante un problema político.
Rechazar hoy la idea de legislar sobre el proyecto de nueva educación superior, la cual es distinta de la que dejó Pinochet, es un imperativo, una necesidad, porque de una u otra forma nuestro sistema universitario todavía se rige por la LOCE que implantó Pinochet en 1989. En verdad, si no cambiamos el sistema de educación superior, vamos a mantener el statu quo, que le interesa a muchos que hoy piensan que el mercado es la solución.
En ese sentido, el gobierno envió un proyecto que fue discutido durante el año pasado. Recibimos muchas visiones. Al final, el Ejecutivo, que entiende que esta es una materia de Estado, decidió enviar una indicación sustitutiva que se hace cargo de la gran mayoría de los consensos societarios -no de los disensos-, representados por todos aquellos que integramos la Comisión de Educación. Claramente, todos estábamos de acuerdo en que era necesario consolidar una institucionalidad para la educación superior que permita resolver los problemas que hoy existen, con una superintendencia que resguarda la fe pública y la prohibición efectiva del lucro, y una Subsecretaría de Educación Superior que resguarda la autonomía, permite elevar la capacidad de formular políticas públicas, entrega las normativas necesarias y coordina el sistema.
En ambos aspectos estamos de acuerdo. En la comisión no he escuchado a ninguna persona, de derecha, de centro o de izquierda, que no esté de acuerdo con esas dos necesidades.
Todos estamos de acuerdo en que necesitamos fortalecer la educación técnico-profesional; la indicación sustitutiva lo señala. Asimismo, tenemos la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior. La indicación promueve la creación de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior que permita dar garantías de calidad al sistema y equidad en la educación superior con distintas fórmulas, con las cuales podemos estar de acuerdo o no. Con todo, su revisión debe llevarse a efecto en la discusión particular.
Por último, sobre el sistema de financiamiento, que fue ampliamente discutido, donde tal vez se encontraban los puntos de mayores disensos, el proyecto se hace cargo de algo que hoy reclama la gran mayoría de los estudiantes chilenos, cual es promover la equidad e inclusión en la educación superior a través de un financiamiento gratuito. La indicación sustitutiva puede no ser la mejor, pero ciertamente cambia el sistema.
Además, logramos un acuerdo con el Ejecutivo, que me parece vital para el desarrollo. Los radicales creemos en la educación pública y en que esta mueve a la sociedad. Por una parte, hemos consensuado con el gobierno que dé prioridad a sacar del Senado el proyecto sobre nueva educación pública escolar, a fin de que rápidamente sea ley de la república. La idea es que el próximo año comience el proceso de desmunicipalización de los colegios que hoy se encuentran en crisis, y enviar una iniciativa -así lo declaró la ministra en marzo pasadoque fortalezca la educación superior estatal, que tanta falta le hace.
¿Con qué nos encontramos en la comisión? Con argumentos opuestos. Algunos dicen que el objetivo que debe tener el proyecto es construir una sociedad en la que el talento, el esfuerzo y el mérito sean lo preponderante, en la que se rechace la mirada humboldtiana de la universidad y se plantee la necesidad de tener una visión con miras al siglo XXI y al siglo XXII, con universidades más abiertas. Entonces, con todo ese discurso, pensando en el futuro, rechazan la idea de legislar en materia de educación superior, porque con eso logran mantener el statu quo, que la situación siga tal cual como está.
Otros dicen que votarán en contra, pues, de acuerdo con su argumentación, el proyecto tiene problemas de fondo y de forma, no entrega garantías, no efectúa cambios estructurales, mantiene el mismo modelo, etcétera. Sin embargo, al votar en contra no se genera ningún cambio en el actual modelo, en circunstancias de que la gente y los estudiantes quieren cambios.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en política, sobre todo en política educacional, se requiere el mayor consenso posible. Si diputados deciden votar en contra porque los estudiantes así lo quieren, el único efecto que tendrá ese hecho será mantener el statu quo, mantener el lucro, mantener la educación superior en manos del mercado. ¡Es imposible regular si no tenemos la posibilidad de legislar!
Podemos hacer mejoras. En la Comisión, la ministra planteó con claridad que se eliminará el crédito con aval del Estado (CAE). En eso creemos todos los miembros de la Nueva Mayoría. La posibilidad de eliminar el CAE es real, y ello se debe a que el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, de crear un sistema distinto. Así lo planteó la ministra hace bastante tiempo y la Presidenta Bachelet lo dijo claramente.
En consecuencia, en ese aspecto tenemos un problema político.
Por eso, hago un llamado, en especial a quienes votaron en contra en la comisión, a meditar sobre su voto. No se puede hacer reformas que abarquen todo lo que uno quiere; estamos en democracia, la que consiste en escuchar al otro, en ponerse de acuerdo con el otro, y en entregar opciones, sobre todo si se trata de una materia como la educación, que requiere de una mirada de Estado, no de una visión sectaria de unos pocos.
Por eso, la bancada del Partido Radical Social Demócrata votará a favor el proyecto para impulsar los cambios necesarios, sobre todo para reforzar la educación estatal.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann .
La señora HOFFMANN (doña María José).-
Señor Presidente, es inexplicable e inentendible que un proyecto, supuestamente emblemático, impulsado por un gobierno que decía que su mayor preocupación era la educación, haya tenido una de las peores tramitaciones que hemos visto durante este período legislativo.
Ello se debe a que como se subieron al carro de lo que pedía la calle, debieron prometer lo que fuera, aunque no tuviesen seguridad de poder cumplir. Mantener la promesa en la indefinición tuvo como objetivo conseguir el apoyo de todos los sectores durante la elección, sin importar lo irresponsable o inviable que pudiera ser esa promesa, frente al objetivo de volver al gobierno.
¿Qué pasó en la práctica? Invito a los parlamentarios a recordar, a hacer memoria en este sentido.
El proyecto tiene dos años de retraso, nueve veces fue aplazada su discusión, ha existido una conducción errática permanente. Primero pretendieron hacerlo todo en un solo proyecto; después, decidieron sacarlo por partes; luego, todo junto nuevamente. Ahora dicen que lo que se sacó -me refiero al Consejo de Rectores se verá en el Senado. ¡Bien por los rectores del Cruch! Por portarse bien y por guardar silencio, tendrán un tratamiento especial y privilegiado para discutir sobre sus recursos y apoyos. Se trata de una situación que no comparto, ya que estamos trabajando para crear una institucionalidad para todos.
Este verdadero despelote -dejando de lado la falta de respeto que han tenido para con la Cámara de Diputados revela una falta total de convicción respecto de hacia adónde avanzar. Han estado atrapados y tironeados por la opinión de la gente de la calle, por los grupos regalones. Mención especial para el diputado Jackson por su pataleta: “No nos informaron.”.
¿Cuántas veces tuvo acceso a los informes y a los proyectos de ley, incluso en ocasiones antes que la propia ministra de Educación? ¡Recibía las minutas antes que nadie y las visaba, mientras el resto las conocíamos solo minutos antes de votar! Hoy eso le parece insoportable.
¡Bienvenido a la forma de legislar que ha tenido el gobierno con la oposición desde el primer día de su administración! Ese ha sido su modus operandi.
Este es un proyecto que no le gusta a nadie. Basta con escuchar las intervenciones en la Sala para darse cuenta de ello.
¿Cómo nos piden que votemos a favor un proyecto que nadie considera bueno? Ni los rectores, ni los estudiantes, ni los centros de estudio, ni los diputados de oposición, ni los diputados de gobierno. Incluso más -lo dije en la comisión-, a mi juicio ni siquiera los funcionarios de gobierno están a favor de él.
Cuando escuchamos al diputado Schilling hablar en contra del proyecto, pero anunciar su voto a favor de él, estamos frente a un monumento del doble estándar, que hemos visto en él y en otros parlamentarios.
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir a los críticos de última hora, a los que buscan tomar distancia sin ningún sentido del pudor, a los diputados Jackson y Vallejo , que no les creo su puesta en escena. Aparecer votando en contra para no sufrir los costos políticos que sí pagará el resto de los diputados de la Nueva Mayoría me huele más a una coreografía añeja de la vieja política. ¿O alguien cree que por la promesa de la presentación de un artículo transitorio ellos decidieron cambiar su voto?
El rechazo al proyecto no solo tiene que ver con la forma de su tramitación, sino también con el poco respeto a los actores de la educación. Estamos ante un proyecto que no convence a nadie.
Nos preocupan las excesivas atribuciones del Estado, que ahogan la iniciativa privada en educación.
El poder total entregado a la subsecretaría, que actuará como juez y parte, que fijará aranceles, cupos y matrículas, revela, una vez más, la desconfianza hacia las personas, tal como lo demostraron con la ley de inclusión escolar. Desconfían de los padres y de los proyectos de la sociedad civil, pero no se dan cuenta -o quizá sí, pero mañosamente de que ponen en riesgo la existencia de un subsistema de provisión mixta.
Además, nos preocupa que se contemple un financiamiento injusto. Se insiste en discriminar a los estudiantes con modelos regulatorios diferenciados, entregando posibilidades de subsistir solo a aquellos que tienen mayor poder de negociación. Siguen discriminando, y esta vez no solo entre estudiantes, sino también entre universidades.
¿Por qué insisten en un trato privilegiado para las universidades estatales?
¿Qué es esto de que en algún mes de este año -seguramente, con retraso, como todas las veces enviarán un proyecto para regular a las universidades estatales? ¡Hasta cuando mantienen los beneficios!
El Cruch debe desaparecer para dar paso a una institución inclusiva, que atienda a todas las universidades que cumplan con ciertos requisitos de calidad. Sin embargo, en el proyecto algunas universidades siguen heredando privilegios; no se fijan reglas comunes para todas.
La gratuidad es la gran promesa incumplida, el eslogan con el que varios llegaron al Congreso y que no van a cumplir ni ahora ni en los próximos veinte años. La gratuidad fue la consigna que usaron para engañar a los chilenos, valiéndose de sus necesidades y carencias para beneficio electoral. ¡Así es fácil ganar! Prometieron algo que no se puede cumplir. ¡Incorporaron esa materia en una glosa presupuestaria!
Díganme con honestidad: ¿El proyecto se hace cargo de los problemas que enfrentan las universidades adscritas a la gratuidad? ¿Quién responde por el déficit de más de 4.000 millones de pesos de la Universidad Diego Portales o por el de 2.000 millones de pesos de la Universidad de Chile?
¡En 25.000 millones de pesos han estimado el déficit para este año! ¿Quién responderá por lo que está sucediendo con la aplicación de la gratuidad?
¿Qué creen que dejará de hacer una universidad con este déficit? ¡Dejará de investigar y de invertir en calidad! Están obligando a las universidades a elegir entre gratuidad y calidad, y están dañando el sistema universitario.
La gratuidad ha sido un fiasco no solo en su forma, sino también en su esencia. Es evidente que tiene una dimensión pública y otra privada, por cuanto genera un beneficio para quien la recibe y otra externalidad en la sociedad en que se aplican los conocimientos. Por lo tanto, la forma de financiamiento también debe ser mixta.
El Estado debe apoyar y acompañar a aquel que por razones económicas no puede acceder a la educación superior, y el joven con mejor condición socioeconómica debe aportar solidariamente con un copago o un crédito. Los jóvenes egresados deben devolver solidaria- mente la ayuda que recibieron para que otros con menos posibilidades disfruten también de los eventuales beneficios de una carrera de educación superior.
Es aberrante financiar la carrera al que puede pagar, así como es aberrante que un estudiante pobre subsidie a un estudiante rico, como quiere hacer este proyecto.
El chantaje del CAE, sin gratuidad universal, sin fecha para concretarla, sino solo esperar que suba el precio del cobre. ¿Cómo pretenden que los estudiantes realicen sus sueños si no hay una pizca de claridad sobre cómo y cuándo avanzaremos?
Les recuerdo que el Presidente Lagos inventó el CAE, que después el gobierno del Presidente Piñera corrigió bastante, pues lo hizo contingente al ingreso, rebajó la tasa y limitó las cuotas. Si el punto de quiebre está en quién lo administra, entonces busquemos un camino no hay ningún problema para ello-; pero espero un mínimo de dignidad del ministerio ante las presiones que, según hemos sabido, han recibido durante estos últimos días.
Accedieron al poder porque tomaron las banderas de una educación trasformadora, gratuita y universal. ¡Mentira! Ganaron la mayoría en el Congreso Nacional con falsas promesas y estimularon a la ciudadanía con expectativas que no han sido capaces de cumplir. Hoy, al menos, pónganse colorados.
Estoy segura de que en diciembre veremos nuevamente al ministro Nicolás Eyzaguirre , quien se lamentará por los errores cometidos; pero ya será tarde, porque no solo habrán perdido la confianza de los ciudadanos, sino que, por insistir en estas malas reformas, lo más probable es que también pierdan el gobierno.
Lamento que no hayamos tenido la capacidad de haber elaborado un proyecto que avance en todos los niveles y que ponga el foco en lo que más se necesita: la educación preescolar.
El eslogan ha desplazado al bien común como centro de la discusión legislativa, se ha empobrecido el debate y se ha transformado en enemigo al que piensa distinto. Si lo dudan, visiten la Comisión de Educación.
Este es un mal proyecto y lo votaré en contra.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, los historiadores y los cientistas políticos se encargarán de escribir sobre el contenido de esta histórica reforma y de los cambios que la acompañan, la reforma a la educación preescolar y escolar, y sobre las razones que pudo haber tenido la Presidenta Michelle Bachelet y su gobierno para hacer de este el tema central de los cuatro años de su administración.
Es bien sabido en Europa, Asia, América Latina y Chile que cualquier emprendimiento reformista profundo en educación, por desgracia, no trae reconocimientos o dividendos políticos y electorales inmediatos, porque es de la naturaleza de las cosas que solo el tiempo permite que la población, la ciudadanía, los jóvenes y sus padres puedan calibrar la verdadera magnitud de las transformaciones que se han realizado.
¿Cómo podrían no estar felices los padres por la posibilidad de enviar a su hijo a un jardín infantil, o alguien que hacía tremendos esfuerzos para cumplir con un copago de 60.000 u 80.000 pesos y empezar a vivir la gratuidad y la calidad de la educación como un derecho, o los cientos de miles de jóvenes que estudian en la educación superior en las distintas latitudes del país que fueron a matricularse -como nos explicó la ministra al inicio de su intervención y comprobaron que eran beneficiarios de gratuidad completa en su matrícula y en las mensualidades, para todos los años de su carrera?
En ciudades como Talca, cuando los jóvenes fueron a matricularse y constataron que tenían gratuidad, de manera espontánea se inició una especie de fiesta ciudadana, de padres y estudiantes, para agradecer al Estado, a su gobierno, a nuestros ministros, por este tremendo avance en derechos que significó esa reforma.
Esta no es una reforma completa y total. ¿Quién puede imaginar que vamos a hacer tabla rasa y, como si no existiera nada, empezar a imaginar universidades como las que quisiéramos que existieran en nuestro país, con las características en materia de docencia, de calidad, de investigación o de extensión? Eso no es posible.
Pero qué duda cabe de que este proyecto constituye un tremendo avance para regular el caos que existe en materia de educación superior, en que han tenido que cerrarse universidades, defendidas por la derecha, que nos dice que nos tenemos que poner colorados porque no se ha alcanzado el máximo que efectivamente vamos a construir en el futuro. Esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Acaso quieren seguir con este caos?
Vamos a tener una superintendencia que va a exigir que las universidades sean efectivamente sin fines de lucro, que tengan la calidad que les han prometido a los alumnos y a sus padres. Vamos a tener un nuevo sistema de acreditación, que ahora será obligatorio, y en la discusión en particular se exigirá un tiempo prudente para cumplir con dicha exigencia.
Entre otros tantos aspectos de esta reforma, se ha planteado el de la gratuidad, que no es sino una explosión de derechos que empieza a vivirse en nuestro país y que constituye un cambio en la dirección, en la inercia, que tanto extrañaban padres y estudiantes y que probablemente muchos aún consideran insuficiente. Pero ya echamos a andar una rueda que no se va a detener.
El diputado Rojo Edwards -que ahora no está presente en la Sala prometió que en el próximo gobierno, cuando él fuera diputado, senador o alto directivo -lo dijo así-, iba a trabajar intensamente por echar atrás esta reforma.
Señor Presidente, por su intermedio, permítame decir al diputado Edwards que estamos tranquilos, porque tenemos la certeza de que no va a ser diputado, senador o autoridad de gobierno, porque no creo que el futuro Presidente Alejandro Guillier lo vaya a nombrar en la cartera de Educación o en ninguna otra. Por lo tanto, en ese sentido, nuestra tranquilidad es completa.
En días pasados, nuestra bancada señaló, con respeto, afecto y claridad, que el CAE, el crédito con aval del Estado, para quienes no alcancen todavía la gratuidad que progresivamente llevaremos adelante, debe ser un sistema que permita financiar sus estudios superiores de manera razonable. Me alegro de que la bancada haya hecho el punto y que nuestra ministra haya tenido la grandeza, como la ha tenido siempre, de recoger esos aspectos, valorarlos y saber que más allá de cualquier partido o bancada está el destino de los estudiantes de nuestro país. Este gobierno ha hecho un cambio histórico y profundo en esta materia, y las futuras generaciones se acordarán siempre de este gobierno por este cambio.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al ministro Eyzaguirre , a las ministras Adriana Delpiano y Paula Narváez , y a la subsecretaria que nos acompañan que, como bancada, nos sentimos orgullosos de haber sido parte de este gobierno y de las transformaciones que estamos impulsando.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Kast .
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, este proyecto tiene, en primer lugar, un problema ético no menor desde el punto de vista de la justicia. Poner primero en la fila, entre las urgencias sociales, a aquellos que acceden a la universidad y destinar la gran mayoría de los recursos públicos del país a la gratuidad en la educación superior -en el diseño del proyecto se comprometen también para ese fin los recursos que ingresen en el futuro a las arcas públicas-, significa priorizar no a quienes más sufren ni a quienes más necesitan, sino, desgraciadamente, a quienes -con legítimo derecho y esfuerzo ingresan a la universidad, pero que incurren en un tremendo círculo vicioso de injusticia. Eso ocurre porque el objetivo del proyecto está completamente equivocado; no debe ser la gratuidad. Una persona se transforma en esclava de sus palabras cuando, en el marco de una campaña para elecciones presidenciales, se casa con eslóganes en lugar de hacerlo con objetivos sociales mucho más profundos, como la justicia.
¿Por qué el objetivo no debe ser la gratuidad? Porque el objetivo debe ser la justicia. No hay nada más justo que garantizar el ingreso a la educación superior a todos los estudiantes que lo deseen, así como pedirles que le devuelvan la mano al país una vez que les vaya bien en la vida.
No me explico cómo llegamos a ese diseño institucional; en qué minuto nos convencimos de que el diseño correcto es financiar la gratuidad con recursos generales de la nación, en lugar de optar por un sistema solidario en el cual el alumno no pague mientras estudia, pero le devuelva la mano al país después de su egreso.
El primer problema de este proyecto se debe a que en política, desgraciadamente, estamos obligados a elegir quién ocupa el primer lugar de la fila, lo cual es una inmoralidad. Con las pensiones que tenemos; con 25.000 chilenos que, de acuerdo con información que conocimos el último fin de semana, murieron el año pasado mientras permanecían en listas de espera de hospitales de todo el país, destinar todos los recursos sociales a la gratuidad en la educación superior es simplemente inmoral.
Como lo prometieron en campaña, no se atreven a reconocerlo. Como lo prometieron en campaña y quieren quedar bien con todo el mundo, finalmente no se atreven, porque el Estado se pone de rodillas frente a quienes presionan más, lo cual es una vergüenza.
El sistema propuesto es completamente injusto. Existe una alternativa que sí es justa y que logra el objetivo correcto, que consiste en un sistema solidario mediante el cual el alumno no paga mientras estudia. Por medio de ese mecanismo habríamos logrado no solo que el 25 por ciento de los estudiantes accediera a la gratuidad, como ocurre hoy, sino que además los restantes vieran resuelto su acceso a la educación superior.
Actualmente, 1.200.000 chilenos están estudiando y menos del 25 por ciento de ellos tiene acceso a la gratuidad. En cambio, podríamos haber logrado que la totalidad de ellos no tuviera problemas de financiamiento, considerando incluso la posibilidad de recurrir a fondos internacionales, con la condición de que devolvieran esos recursos después de su graduación. Si les iba mal en la vida, pagaban menos; si les iba bien, retornaban más, con un horizonte de diez años para la devolución total de lo adeudado y una tasa máxima de descuento de 10 por ciento de sus ingresos.
El segundo problema del proyecto de ley en discusión es que tiene un diseño equivocado, en virtud del cual las universidades que cumplen mejor con sus objetivos sufren con el sistema, por una razón muy simple: cuando una institución de enseñanza fija matrículas y aranceles, se ve obligada a nivelar para abajo si entrega una educación mejor, con lo cual mata la posibilidad de generar innovación y nuevas áreas de investigación, porque debe amarrarse a un sistema que fija aranceles.
¿Por qué en este proyecto no se enfrentó el significado de lo público? Se trata de una pregunta muy profunda y relevante para Chile, no solamente para la educación superior. Todos queremos que lo público funcione bien y que tengamos más espacios de inclusión. ¿Por qué asimilamos lo público simplemente a lo estatal? ¿En qué minuto tener un contrato con el Estado se transformó en sinónimo de lo público? ¿Acaso instituciones como la Teletón, Coaniquem y la Universidad Católica no cumplen un rol público?
Enfrentar el tema de fondo significa entender que todos queremos un sistema universitario con buena regulación; nadie quiere que existan universidades de mentira o “de baquelita”, como dijo el ministro Eyzaguirre . Caer en ese sistema no solo es injusto, sino que además condena a las universidades de buena calidad a nivelar hacia abajo, como ya lo han dicho muchísimas veces rectores que adscribieron a la gratuidad, en forma completamente equivocada, y finalmente se dieron cuenta de que habían cometido un error.
Este proyecto probablemente se va a aprobar, porque los diputados oficialistas quieren hacerle un check a una promesa de campaña. Sin embargo, déjenme decirles algo: espero que la ministra Delpiano y el ministro Eyzaguirre entiendan que debemos cambiar radicalmente el diseño, porque, de lo contrario, va a generar frustración que a los estudiantes se les haya prometido gratuidad o, mejor dicho, que se le haya hecho esa promesa a una familia de clase media que tal vez quede justo en el umbral, por arriba del 50 por ciento, y con este sistema no tenga acceso al financiamiento de su educación superior. Con un sistema solidario podrían acceder todos ellos, y responsablemente, sin fijar aranceles, lograr una verdadera inclusión.
Cuando se llegue a la gratuidad total, uno de cada dos pesos considerados en su financiamiento estaría destinado al 20 por ciento de estudiantes de familias con mayores ingresos. Claramente, eso no es avanzar en equidad ni tampoco en inclusión.
Por eso, ministro y ministra, por intermedio del señor Presidente los invito a dejar de lado los eslóganes; a hacer políticas públicas en serio, con objetivos sociales que permitan hacer lo que todos queremos, que es conseguir que ningún estudiante en Chile se quede fuera de la universidad simplemente por no tener recursos, y que no ocurra que una familia que, por ganar 800.000 pesos, se quede con su hijo sin poder acceder a la universidad, porque quedó sobre el umbral de 50 o de 60 por ciento.
Esa es básicamente mi invitación, rescatando obviamente algunos elementos de institucionalidad que ojalá estuviesen mejor diseñados.
Habría sido notable celebrar hoy que el problema de acceso a la universidad en Chile se solucionara de una vez por todas para las familias más vulnerables de nuestro país, pero eso ya no ocurrió. La pregunta es si este proyecto de ley será simplemente un saludo a la bandera, para cumplir con una promesa de campaña, o si vamos a estar abiertos a rectificarlo cuando ustedes lo aprueben. Espero lo último, por el bien de Chile y de nuestros jóvenes.
He dicho.
El señor WARD.-
Señor Presidente, le pido que cite a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Así se procederá, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, la indicación sustitutiva del proyecto de ley de reforma a la educación superior, cuya idea de legislar votaremos esta tarde, introduce cruciales e indispensables cambios al actual sistema de educación superior, que como bancada del Partido Socialista nos comprometemos a respaldar.
En primer término, se termina con los abusos que llevamos años denunciando, en la calle y en estos estrados, con la creación de una completa institucionalidad, compuesta por una subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior.
Se establece, además, la prohibición efectiva del lucro y se introduce una figura penal de negociación incompatible en educación superior, que se sancionará con una pena de cárcel de entre 541 días y tres años para quienes celebren operaciones con partes relacionadas, extrayendo rentas de la institución.
Además, el proyecto consagra en una ley permanente una política implementada vía ley de presupuestos, desde 2015 a la fecha, que ha permitido que miles de estudiantes accedan a la educación superior sin costo alguno para sus familias, gracias a la gratuidad que se ha comenzado a implementar durante este gobierno en CFT, institutos y universidades. Durante
2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios en treinta universidades a lo largo del país. El hito que marcará este año 2017 será el ingreso de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales a la política de gratuidad, con lo que se espera que los beneficiados alcancen a 96.000 estudiantes de ese tipo de instituciones. Es decir, de aprobarse este proyecto de ley en 2017, la gratuidad beneficiará a más de 250.000 estudiantes de universidades, CFT e IP.
En síntesis, se resguardan los derechos de las y los estudiantes; se asegura la calidad de las instituciones de educación superior; se eliminan las barreras económicas para el acceso a ellas, y se reguarda la fe pública para efectos de consolidar estas reformas, en especial la gratuidad para cursar estudios superiores.
Por ello, la bancada del Partido Socialista considera un deber impostergable legislar sobre esta materia, de manera tal que este proyecto se transforme en una ley permanente que refleje el compromiso del país con las y los estudiantes y con sus familias.
Nos asiste la convicción de que Chile necesita esta reforma, pues gracias a ella el sistema de educación superior será más justo, inclusivo, equitativo, de calidad y con pleno resguardo de la fe pública.
Tenemos la obligación de avanzar en esta materia y no podemos caer en la política de la derecha, que rechaza esta iniciativa y defiende un modelo de educación entendida como un bien de consumo.
En el otro extremo está la posición de los actores que hoy constituyen el Frente Amplio, que hace solo pocos meses integraban los mismos equipos de gestión de este gobierno, pero que prefieren que no exista ley, porque no se acerca a sus pretensiones maximalistas del todo o nada. Chile necesita avanzar y no existe ninguna justificación para negarles ese derecho a cientos de miles de estudiantes.
Para los socialistas, cada conquista social es un avance valioso y sustantivo para la gente que representamos. Por ello, votar en contra la idea de legislar es votar nuevamente con la derecha, de la misma forma como en el pasado presenciamos a los diputados de ese sector rechazando el fin del multirrut y la Reforma Tributaria, porque no todas sus ideas estaban satisfechas. Votar en contra la idea de legislar es negarse al diálogo democrático que tiene como sede el parlamento. Así de claro y así de concreto.
Estoy cierto de que el proyecto de ley es perfectible. Y seamos justos: la Presidenta Bachelet y su gobierno han dado muestras concretas de que están dispuestos a escuchar y a introducir modificaciones a la iniciativa durante el proceso legislativo.
Seamos sinceros y digamos las cosas como son: el gobierno señaló públicamente, antes de que se rechazara la idea de legislar, su voluntad y compromiso de terminar con el crédito con aval del Estado (CAE) y la bancarización del financiamiento de la educación superior. Además, envió por cuerdas separadas un proyecto para las universidades estatales, expresión concreta de la responsabilidad y rol que le cabe al Estado con sus instituciones y de la voluntad para rebajar los plazos de acreditación propuestos inicialmente, entre otras materias.
No estamos aquí ni fuimos electos para satisfacer caprichos personales. Nos debemos al pueblo que nos eligió, y ese mismo pueblo votó mayoritariamente por una reforma integral y sistémica de nuestra educación superior, objetivo que se ciñe, en sus ideas rectoras, al proyecto que votamos hoy.
Nada justifica lo que aquí defendió el diputado Felipe Kast , esto es, que más de 75.000 estudiantes pertenecientes a los sectores populares y medios, que poseen gratuidad en la Región Metropolitana y que representamos en el Parlamento, pierden el derecho otorgado por el Estado que les permite cursar sus estudios superiores.
Nada amerita que posterguemos en un año este debate, condenándolo a la buena voluntad de un nuevo gobierno; nada amerita -como quisiera la derecha que respalda a Piñeraque sigamos amparando el lucro, el abuso y la arbitrariedad que seguirán imponiéndose en nuestra educación si se rechaza esta trascendental reforma.
Espero que la cordura y la responsabilidad política se impongan y que aprobemos la idea de legislar sobre la materia. Luego vendrá la hora de presentar indicaciones al proyecto, instancia en la que todos podrán plantear sus observaciones y los cambios que crean necesarios. De hecho, yo mismo presentaré varias indicaciones en su momento. Me imagino que se instalarán mesas de diálogo con todos los actores involucrados -los movimientos sociales y estudiantiles, el Consejo de Rectoresy se llegará a los acuerdos necesarios para avanzar en esta iniciativa.
Estoy cierto de que saldrá de la Cámara un proyecto final mucho mejor que el que ingresó, pero para ello no podemos clausurar el debate democrático que esta tarde recién comienza.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, el tema en discusión -conversamos al respecto con la subsecretaria es qué tipo de ley queremos y a qué nos vamos a comprometer.
Como dijo el diputado Robles , no se trata de aquellos que quieren todo o que estiman que la política es el arte de lo posible. Yo creo que la política es aquello que nos hace sentido, aquello que nos hace comprometernos realmente cuando es necesario hacer modificaciones, por ejemplo en materia de educación superior. Y algunos asuntos por los cuales creemos que es importante hacer modificaciones, pues tienen actualmente teñido el sistema, son el abuso, la mediocridad, el robo, el fraude y el cohecho.
Hay algo muy claro: el Estado no garantiza lo que los estudiantes realmente necesitan a través de la educación superior. Por ello, el debate dice relación con determinar aquello por lo que nos vamos a jugar.
El proyecto fue dividido en dos: uno trata lo relativo a las universidades estatales, y el otro dispone la regulación. A uno se le llama “el de las estatales”, y al otro, “el que regula”.
En relación con “el de las estatales”, me parece interesante la posibilidad de que esta materia sea tratada por separado, pero siempre y cuando conozcamos de verdad qué pasará con las universidades estatales. Esto implica saber, por ejemplo, qué ocurrirá con su financiamiento, qué pasará con el financiamiento de todo el sistema, y qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado a fortalecer a esas universidades.
Por su intermedio, señor Presidente, le quiero decir a la señora ministra -creo que ella lo sabe que las universidades que son gratuitas lo son porque son estatales. Y son estatales porque son gratuitas. Ello por una sencilla razón: el Estado asume su responsabilidad en plenitud en el sentido de que debe financiar a las universidades estatales. Por eso las instituciones son gratuitas. No es que los alumnos son los que tienen gratuidad y por eso el Estado financia a las instituciones estatales, como se plantea finalmente en el proyecto. Debemos asumir la responsabilidad de que el Estado necesita instituciones de nivel, porque son parte del desarrollo del país; en consecuencia, el Estado tiene la obligación de financiar esas instituciones. Por eso, deben ser gratuitas; ese es el sentido. Esperamos que en el proyecto venga incorporada esa idea y no la de perseguir al alumno más vulnerable y ver dónde estudiará. Debemos hacer una apuesta en relación con qué tipo de instituciones queremos en el sistema y financiarlas.
Por otro lado, debe haber ampliación de matrícula en estas instituciones. Esperamos que las universidades estatales tengan un programa de fortalecimiento y de expansión. Pero también se requiere que esas universidades desarrollen y aumenten con mayor intensidad áreas como la creación de conocimiento, la investigación y la ciencia.
Ahora, esperamos que el financiamiento no se haga solo con cargo al Banco Mundial. No se entiende que los proyectos de las instituciones privadas tengan recursos para la gratuidad, pero que los de las instituciones estatales se fortalezcan no con recursos del Estado, sino con prestamos pedidos al Banco Mundial. Debemos definir cómo vamos a utilizar el presupuesto de todos los chilenos, esto es si lo haremos fortaleciendo las instituciones estatales o tramitando un proyecto para que las instituciones privadas tengan financiamiento del Estado. Debemos aclarar eso.
Respecto del proyecto original, debemos analizar la definición de universidad, esto es qué vamos a entender por universidad y para qué queremos estas instituciones en el país. ¿Queremos universidades para el desarrollo del país o para el negocio de unos pocos? ¿Las queremos para el interés común o para el interés privado? Es importante marcar la posición, porque si entendemos a las universidades como un espacio importante para el desarrollo del país en lo que dice relación con el debate del tipo de sociedad que queremos, del desarrollo del pensamiento, del desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades y las artes, la exigencia a la que deben responder las instituciones de educación superior necesariamente debe estar a la altura de esos propósitos y de esos principios.
Por lo tanto, no podemos proponer un sistema de acreditación que apunte exactamente a lo contrario. El hecho de que en la indicación sustitutiva no aparezca una definición o un planteamiento que diga relación con los principios y los propósitos, es sospechoso, porque precisamente después viene un sistema de acreditación sumamente laxo y ambiguo, que no está de acuerdo con los propósitos de la institución que participa realmente en el desarrollo del país.
Por lo tanto, lo que resulta crucial modificar en este proyecto que vamos a analizar en segundo trámite reglamentario en la Comisión de Educación es que la acreditación no puede ser un sistema que se adecúe al nivel de las universidades que existan en el sistema.
Ministra, por intermedio del señor Presidente, lo que usted planteó en dicha comisión fue que el Estado debía garantizar que la mayor parte de las instituciones lleguen a acreditarse. Yo pienso que es exactamente lo contrario: que el Estado debe garantizar que los jóvenes que ingresan a la educación superior reciban la mayor formación, la de más alto nivel que podemos exigir a las universidades y no que todas las instituciones se acrediten para seguir funcionando.
Esa posición es precisamente la que hace que el Estado aparezca como al servicio del mercado y no al servicio de la comunidad y al del bien común.
Por tanto, debemos hacer cambios importantes en materia de acreditación. La acreditación en cinco dimensiones: la investigación y la creación de conocimiento, por nombrar algunas, y lo que hace y caracteriza a una universidad estará para el 2040. O sea, recién ese año tendremos instituciones a las que podamos llamar “universidades”. ¡Eso no puede ser!
Hay cosas que hicieron que no solo los estudiantes se opusieran a este proyecto, a la indicación sustitutiva, sino que muchos de nosotros dudáramos de votar a favor de una iniciativa como esta.
El ministerio y el gobierno se comprometieron a modificar ciertos aspectos: la extinción del CAE, un compromiso que ya había sido adquirido, y que la acreditación de las instituciones sea algo que el Estado realmente pueda garantizar en cuanto a calidad y exigencia.
Debemos contar con universidades de verdad para el desarrollo del país, no para el desarrollo del modelo económico que tenemos hoy. Sería un error garrafal que el sistema y el Estado siguieran al servicio del mercado y no al servicio de lo que se plantea como propósito en este proyecto.
Respecto de las carreras con acreditación obligatoria, hoy mantenemos a Pedagogía y Medicina. ¿Por qué no avanzar hacia la obligatoriedad de la acreditación en todas las carreras del área de la salud? ¿Qué diferencia a Medicina de Odontología? ¿Qué hay de distinto entre esas carreras? El mismo Colegio de Odontólogos planteó que ellos querían que la acreditación de Odontología fuera obligatoria para evitar el negocio que se genera con esa carrera, que es una de las más caras y con las que más lucran las universidades privadas.
Por último, en los pocos segundos que me quedan, quiero hacer una referencia al tema del blanqueo, el cual planteé en la Comisión de Educación.
En esta materia también hay que considerar la historia de las instituciones. Hoy no podemos establecer un sistema que niegue la historia, lo que pasó con las instituciones de educación superior que vulneraron sistemáticamente la ley, que lucraron, que abusaron, las cuales considero que no pueden entrar al sistema como si aquí no hubiera pasado nada.
Sería un error garrafal que no nos hiciéramos cargo del error y del abuso que cometieron esas instituciones, no solo contra los estudiantes, sino…
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
El señor BORIC.-
Señor Presidente, recuerdo -a propósito de esta discusión, es inevitable retrotraerse a por qué estamos acá como si fuera ayer el año 2005, cuando, entre gallos y medianoche, el trío Lagos-Bitar-Eyzaguirre consagró el crédito con aval del Estado como sistema de financiamiento para la educación superior en Chile.
En esa época, a quienes nos movilizábamos en contra nos dijeron que éramos unos egoístas y que no queríamos que estudiantes de menores ingresos o de universidades privadas pudieran acceder a sistemas de financiamiento. Mientras, nosotros respondíamos desde las calles que por supuesto que queríamos ampliar la matrícula en educación superior, pero con sistemas de financiamiento que se hicieran cargo de no dejar endeudadas a las familias por ejercer lo que debiera ser un derecho: el derecho a la educación.
Nos trataron de egoístas porque en esos tiempos dijimos que era un sistema usurario que condenaría a miles de familias a contraer deudas inimaginables. Sin embargo, hubo algo bueno de esos días, y fue que la educación como derecho era un concepto que empezaba a cuajar en las marchas y en las barricadas de ese frío invierno del 2005.
Pero no fue hasta el año siguiente, el 2006, cuando la sociedad chilena comenzó a despercudirse de sus miedos más profundos, de los traumas heredados de un pasado oscuro y de los límites de una gobernabilidad pactada entre pocos y salió en masa a respaldar a los “pingüinos” de aquel entonces, a los estudiantes secundarios que gritaron con fuerza y rebeldía: “¡No más lucro con la educación!”. “¡No a la LOCE!”.
Fueron las movilizaciones del 2006 quizás las últimas que el pacto transversal de la transición y el partido del orden lograron desactivar en los términos en que estaban acostumbrados.
Su producto fue la LGE. Seguramente muchos se acordarán de la triste imagen de las manos tomadas en alto en el salón Montt-Varas, de La Moneda, entre la derecha y la Concertación, guiados por la Presidenta de Chile de ese entonces, que habían hecho un pacto sobre un proyecto a espaldas de los estudiantes que habían hecho posible que por primera vez en Chile, después de mucho tiempo, se empezara a discutir la idea de la educación como un derecho social y no como un objeto de mercado.
En esos años perdimos la inocencia, pero ganamos también una profunda experiencia.
Si hay un día que esperábamos desde ese entonces -por cierto, también del 2011-, era este. Después de años de movilizaciones; años de discusiones; años de elaboración de propuestas en las universidades, en las asambleas, en lugares que la política de este espacio no entendía ni entiende, esperábamos poder discutir junto con los actores sociales que lo hicieron posible, un proyecto de educación superior que estuviera a la altura de reformar radicalmente el sistema injusto y desregulado que habíamos creado en Chile, que permitió y masificó el acceso. Sí, ¿quién podría desconocerlo? Pero lo hizo de una manera que cargó a carreras que después no tenían espacio laboral; que cargó con deudas a miles de familias; que terminó estableciendo a la educación -ya lo hemos dicho en muchos espacios como un negocio y no como un derecho.
Eso lo hemos dicho con fuerza en todos los casos de proyectos universitarios que finalmente terminaron privilegiando otros intereses que no fueran los de los estudiantes y sus familias, y, por cierto, el bien del país.
Ante este día que tanto hemos esperado, debemos preguntarnos si el proyecto en discusión representa ese espíritu que llenó de esperanza a todo Chile en 2006 y 2011. Desgraciadamente, tenemos que respondernos en forma crítica: este proyecto no está a la altura, no solo de las expectativas, sino también del cambio epocal que significa volver a discutir en Chile la educación como un derecho social y no como un bien de consumo.
Este proyecto lleva más de diez meses paralizado por la disconformidad de prácticamente todos los actores relevantes involucrados. Aquí creo que es importante ser claro y hablar sin matices acerca de cuáles son los reparos que tenemos sobre la iniciativa en debate, porque seguramente nos van a decir, como lo han insinuado algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría, que quienes hemos peleado por esto ahora parece que estamos en contra de cualquier cosa, porque somos maximalistas. ¡No, no somos maximalistas! Entendemos la necesaria gradualidad de las reformas, pero no por eso podemos mirar para el lado ante un proyecto que no recoge en su esencia temas que son fundamentales para el movimiento, que ya no es solo de estudiantes, sino de una sociedad que clama por la educación como derecho.
Este proyecto elimina la orientación normativa de consagrar un sistema de derechos sociales. Lo conversamos con la subsecretaria en su momento. Nos dijeron que estaban disponibles para retomar esa discusión. Lo agradecemos y lo valoramos. Sin embargo, no elimina del sistema los mecanismos de financiamiento individual ni avanza en el de financiamiento de proyectos institucionales para la gratuidad universal.
Hemos planteado nuestros reparos -también lo manifestó la diputada Camila Vallejorespecto de cómo se ha financiado la gratuidad y, además, del problema que ello ha generado en las universidades, en particular en las de regiones.
Se quita la regulación de lo estatal, tanto en la configuración institucional como respecto de la proyección y el crecimiento. No se sabe qué pasará al respecto ni cómo calza este proyecto en particular.
El marco regulatorio propuesto tiene como límite la autonomía de las universidades, entendida ella desde la perspectiva de la propiedad privada sobre la institución, lo que impide intervenir en contra de abusos privados o en favor del sistema público.
Tampoco contiene medidas ni orientaciones claras respecto de cómo se pretende la existencia, en el mediano y largo plazo, de un sistema nacional de educación pública, aunque algo se insinúa en el proyecto sobre universidades estatales que nos entregaron hoy.
Desgraciadamente, el proyecto no responde a una demanda que cada día es más fuerte en la sociedad chilena, cual es avanzar hacia una educación no sexista, cuestión que debemos mencionar, porque cada día es más importante. Como parlamentario, considero relevante que también instalemos este tipo de temas en el debate.
La iniciativa no aborda la necesidad de democratizar nuestras instituciones, no solo las universidades estatales, sino todo el sistema de educación superior. La democracia no se construye solo en los estrechos pasillos del Congreso Nacional, sino también en las universidades, donde se piensa en cómo debiera ser el desarrollo del país.
En la política no podemos separar la forma en que esta se realiza de los resultados que se obtienen. Si hay algo respecto de lo cual he sido permanentemente crítico, es de que en esta iniciativa se cometió, una vez más, el mismo error que, por ejemplo, con la carrera docente. Me refiero a que, al final del día, no se convocó de verdad, en serio, más allá de la foto de una participación insustancial, a los actores sociales relevantes, para que se hicieran parte de esta iniciativa.
¡Qué más quisiéramos que recibir entusiastas algo por lo que hemos peleado y nos hemos sacado “la cresta” durante tantos años, con marchas, discusiones, asambleas y hasta con barricadas, cuando fueron necesarias! Sin embargo, hoy nos presentan este proyecto que no deja contento a nadie.
Por eso, tenemos que mirarlo en una perspectiva histórica y preocuparnos de cuáles serán las consecuencias de la decisión que vamos a tomar.
Hoy la ministra se comprometió de manera explícita, a partir de lo que entendemos es la posición de diferentes sectores, pero, en particular, de aquella surgida desde la movilización histórica de los estudiantes, a terminar de una vez por todas con esta tremenda carga que se creó en 2005: el crédito con aval del Estado.
¿Cómo no ponernos contentos con esa noticia? ¿Cómo no reconocer que ahí hay un avance del movimiento social y que hoy se abre una cancha para entrar a disputar cuál será el sistema de financiamiento? Porque no está definido. Debemos tener un nuevo proyecto de ley.
Ahí vamos a estar, en todos los espacios en que sea necesario, para pelear para que no se siga reproduciendo el endeudamiento de nuestras familias como mecanismo de financiamiento.
Reitero: ahí hay un avance del movimiento social.
Hoy, la ministra se comprometió a recibir el próximo lunes a los estudiantes para responder una a una las observaciones que ellos responsablemente han presentado. Sin el movimiento estudiantil, los trabajadores de la educación superior e instituciones como el Senado Universitario, que hoy también presentó sus observaciones respecto de la reforma, un proyecto como este no contará con la legitimidad necesaria.
Hoy también nos entregaron el proyecto sobre las universidades estatales, que a primera vista parece insuficiente, pero abre la cancha para una discusión.
Entonces, frente a esta dicotomía, junto con los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic nos preguntamos qué es lo correcto, hacia dónde debemos apuntar.
No podemos aprobar un proyecto que en nuestro fuero interno no nos convence en lo sustantivo, pero tampoco vamos a ser quienes obstaculicen su tramitación, porque tenemos una diferencia sustantiva con la derecha: nosotros queremos reforma, ellos no.
Por lo tanto, hoy vamos a aprobar las disposiciones propias de ley orgánica constitucional, porque nos parece que son un avance, y nos abstendremos, para debatir en todas partes, el resto del contenido del proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto realmente importante, una iniciativa emblemática de la Nueva Mayoría. De ahí que no sea extraño que en las últimas horas hayamos sido testigos de triples saltos mortales olímpicos para justificar por qué en la comisión votaron que no, y hoy, en la Sala, votarán que sí.
Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacer al gobierno es qué cambió entre el martes de la semana pasada y hoy, lunes, que hizo que quienes votaron en contra, hoy voten a favor. ¿Qué hizo que quienes el martes y hoy hablaron en contra del proyecto, ahora estén dispuestos a votarlo a favor?
La respuesta es clara: este no es un proyecto de educación superior, sino, simplemente, un proyecto electoral, un proyecto de poder.
Todo el ímpetu, la arrogancia y la soberbia de los primeros días de gobierno, de la lectura que hicieron de la sociedad, del borrón y cuenta nueva del país, basado en la popularidad de la Presidenta, se ha desmoronado.
La retroexcavadora se autoenterró. La lectura que hicieron en 2011, que los llevó a creer que la ciudadanía quería otro modelo, y que ellos, “los iluminados”, estaban llamados a establecer un proyecto refundacional, simplemente se desmoronó, no solo por la velocidad de los cambios, sino, sobre todo, por la dirección de estos.
¿Qué hicieron? Usaron los problemas de la modernización capitalista -algunos quieren seguirlos usándoloscomo excusa para echar abajo el proceso modernizador.
Por eso hoy hemos escuchado a algunos decir que la derecha no quiere cambios, que la derecha quiere el statu quo, que el crédito con aval del Estado abrió la puerta al mercado. Les molesta que haya muchos estudiantes de la clase media en la educación superior. ¡Díganlo como corresponde!
Uno se pregunta cuál es el modelo que quieren. ¿El modelo de elite de las instituciones?
¿Les molesta que pueda haber jóvenes que estudien en centros de formación técnica, en institutos profesionales o en universidades privadas?
Ese es el grave error de la Nueva Mayoría: suponer que su lectura de la sociedad hecha en 2011 implicaba que todas las familias de clase media querían otro modelo, uno impulsado por ellos, en circunstancias de que simplemente querían que no les hicieran trampa.
Tiene razón el diputado Auth cuando dice que estamos de acuerdo en que haya una subsecretaría y una superintendencia y en que la acreditación sea obligatoria; pero le tengo una mala noticia: este no es ese proyecto. De hecho, si a este gobierno tanto le importaban esas materias, podrían haber hecho algo muy sencillo: aprobar los proyectos que presentó hace cuatro años el entonces Presidente Sebastián Piñera . No por nada el proyecto sobre la superintendencia de educación descansa luego de haber sido aprobado en su primer trámite en el Senado; no por nada -vaya paradojael Partido Comunista, que se abstuvo durante la votación de la semana pasada, hoy votará a favor porque se elimina el CAE, cuya propuesta alternativa presentó el Presidente Piñera hace cuatro años.
No me refiero al CAE de Ricardo lagos, sino al CAE de Sebastián Piñera , que no tiene una tasa de 7 por ciento, sino una de 2 por ciento, y que tiene un copago máximo de 10 por ciento, de manera que para nadie sea una mochila impagable. Es decir, estamos hablando de un crédito justo.
Entonces, vaya paradoja el hecho de que el Partido Comunista se dé vuelta la chaqueta para votar hoy a favor el proyecto de Sebastián Piñera.
Hoy se les escucha hablar en menos de los institutos profesionales como si fueran universidades wannabe, es decir, aquellas que no alcanzaron a ser lo que imaginan debe ser una universidad; entonces, despectivamente las llaman institutos profesionales. ¿Hasta cuándo les siguen faltando el respeto a las familias que han escogido los centros de formación técnica y los institutos profesionales?
Creen que el crédito con aval del Estado es puro mercado, pero jamás piensan en lo injusto que era el sistema previo, porque era un crédito que solo se otorgaba a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, en donde ya en 2003, cuando yo era presidente de la FEUC, no había mayoría de estudiantes vulnerables, ya que la mayoría de estos estudiaban en centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades privadas.
¿Ese es el modelo alternativo que quieren? ¿Quieren volver a cercenar las oportunidades de muchos estudiantes? ¿Acaso no creen que ellos también merezcan estudiar?
Cuando plantean que no quieren más crédito, ¿significa que quieren dejarlos a la deriva u obligar burdamente al gobierno a que les otorgue gratuidad? Hasta en el segundo piso de La Moneda se dieron cuenta de que era demasiado burdo.
Aquí se ha hablado de mantención del statu quo y de cumplimiento del compromiso; pero digamos las cosas como son: ¿Cuál fue el compromiso que adquirió este gobierno? ¿Qué dijo este gobierno al principio? De hecho, el presidente del Partido Comunista dijo que el programa no podía ser una biblia, esto es, no interpretable. Otros dijeron que adherían a él, pero después reconocieron que no lo habían leído.
¿Qué dice ese programa? En la página 20, en su inciso sexto, que casi podríamos llamarlo versículo sexto, se compromete a alcanzar el 70 por ciento de gratuidad hacia fines de este gobierno, y el ciento por ciento en seis años.
¿En qué quedó esa promesa? Déjenme preguntarles a los parlamentarios de la Nueva Mayoría que hoy votarán a favor, después de que hicieron campaña con esa promesa, ¿en cuántos años habrá gratuidad universal? ¿Pueden decirlo? Según nuestras estimaciones, eso solo se alcanzaría en cincuenta o sesenta años. ¡Díganle a la ciudadanía que la engañaron!
Sabían que no se podía, pero lo hicieron igual. ¿Por qué? Siguieron a Ernesto Laclau y dijeron que el puro discurso político iba a transformar la realidad y, quizá, a generar plata quién sabe de dónde.
Algunos dicen aquí que la derecha no quiere cambiar el statu quo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en esta misma instancia? En el proyecto de carrera docente, porque también se rechazó en general en la comisión y luego vino a la Sala.
A diferencia del resto de mi coalición, junto con el diputado Gahona , a quien quiero agradecer por haberme cedido su tiempo, y a otros diputados votamos a favor ese proyecto. ¿Por qué lo hicimos? Porque había un proyecto claro y un norte definido. Este proyecto no tiene ningún norte definido, sino simplemente la cuestión electoral.
Este proyecto crea más instituciones, pero no deja mejores reglas.
¡Vaya paradoja la de quienes quieren extirpar el mercado, pero van a aprobar la creación de una superintendencia y van a regular los precios y las cantidades! Es decir, un mercado regulado.
Quiero preguntar directamente al gobierno: ¿Quieren hacer con estas instituciones lo que aquí propuso el diputado Schilling , es decir, quitarle recursos a la Universidad Católica porque no les gusta cómo es su rector o no les gusta cómo es la educación que en ella se imparte? Digan las cosas como son. ¿Eso quieren? El diputado Schilling lo dijo claramente. ¿Eso quiere el gobierno? ¿Que no haya recursos para la mejor universidad de Chile y la segunda mejor de Latinoamérica? ¿Ese es el modelo que quiere implantar la Nueva Mayoría con esta institucionalidad?
Sería bueno que dejaran bien claro si es eso o es una cosa distinta.
Este proyecto reemplaza la plata privada por plata estatal, pero ello nada tiene que ver con mejorar la calidad.
¡Vaya paradoja la de aquellos que dicen defender la libertad; la de aquellos que dicen defender la libertad académica! Lo que hace este proyecto es simplemente dejar que la cantidad de plata que se destine a una institución de educación superior dependa de cuán bien le cae un rector o un grupo de rectores al gobierno de turno. ¡Vaya paradoja la de aquellos que supuestamente creen en la autonomía de las instituciones!
¿Sabían los van a votar a favor este proyecto que financiar los ocho primeros deciles de gratuidad cuesta exactamente lo mismo que financiar los dos últimos? ¿Les parece una medida justa? ¿Les parece que no significa poner a los niños en el último lugar? Los ocho primeros deciles cuestan lo mismo que los últimos dos. Sin embargo, ustedes van a aplaudir y a felicitarse por haber aprobado aquello.
¡Vaya paradoja la de quienes que se califican a sí mismos como progresistas! En vez de poner la plata en lo más justo, en los niños, en el Sename e incluso en las pensiones de aquellos que tienen menos, quieren ponerla en aquéllos que tienen más.
Digamos las cosas como son: ¿por qué este proyecto no ha sido aprobado durante estos diez meses? Porque se estaban poniendo de acuerdo en la Nueva Mayoría. ¿O alguien piensa que si el gobierno hubiese tenido la popularidad de los primeros días, de esa arrogancia, de la retroexcavadora, y la Nueva Mayoría estuviera unida, no lo habrían aprobado ya?
¿Ustedes creen que al gobierno le importa la opinión del resto de la ciudadanía que no piensa como la Nueva Mayoría? Por supuesto que no. Este es un gobierno que lamentablemente está legislando cooptado por los grupos que más se movilizan, que representan a las universidades estatales o a la Confech, que constituyen la minoría de los estudiantes, pero no así la mayoría de las familias chilenas, que quieren calidad y más oportunidades.
Este proyecto le hace caso solo a quienes se organizan, pero ya sabemos que lo justo no es solo atender a aquellos que se movilizan en la calle, sino que muchas veces es poder interpretar a aquellos que están en silencio. No por nada nos queremos preocupar del Sename, no por nada nos queremos preocupar de los adultos mayores postrados. Ese es un concepto de justicia que este proyecto simplemente no tiene.
Este proyecto pretende instalar un modelo de universidad humboldtiana compleja de aquí a veinte años, yendo exactamente en contra de lo que está haciendo el resto de las universidades en todo el mundo. El 5 por ciento de las universidades hoy día es compleja al estilo que quiere este gobierno. Como sabemos que la velocidad del cambio no es lineal, sino exponencial, ¿cómo las vamos a preparar para las discusiones, no de veinte años más, sino de hoy?
Este proyecto, si lo aprueban, va a estar obsoleto una vez aprobado. El proyecto tiene la vista puesta en el pasado, con un modelo sobre ideologizado, con anteojeras ideológicas; hace elegir entre calidad y gratuidad; deja de lado a las universidades estatales para que sea aprobable, pero poco quiere mirar a la no captura política o de grupos que lo alejan del bien común.
Señor Presidente, nosotros seguimos creyendo en un progreso sostenible, con una sociedad de oportunidades en la que el talento y el esfuerzo llevan lejos, no la plata. Por ello defenderemos el principio de la no discriminación arbitraria, la gratuidad focalizada al 50 o al 60 por ciento, becas y un CAE justo, y acreditación para la certeza, poniendo la calidad y la justicia primero. Es decir, ponemos nuestras convicciones por delante y no solamente el resultado de las próximas elecciones. Por eso, votaremos que no.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, en mi opinión, este proyecto representa una respuesta de gran proyección social a una demanda largamente esperada por el sector de la educación superior. Y cuando me refiero al sector de la educación superior pongo la mirada en el conjunto de los actores de este sistema.
El martes de la semana pasada, antes de iniciar la votación, la ministra de Educación indicó con claridad aquellos aspectos centrales que era necesario señalar con fuerza y convicción. Quiero reiterarlos, porque ahora escuchamos a algunos que les preocupa qué pasará con las universidades estatales. Por si no lo escucharon el martes de la semana pasada, la ministra de Educación lo volvió a reiterar en el día de hoy en este hemiciclo: el proyecto sobre universidades estatales es un proyecto aparte, que va a ingresar la primera semana de mayo y que vamos a tramitar este año.
La semana pasada y hoy la ministra de Educación señaló con claridad el compromiso de terminar con el CAE.
Sabemos que queda mucho camino por delante, especialmente de mucho diálogo con las comunidades educativas y con los actores sociales.
Por eso, recogiendo el espíritu manifestado por la Presidenta a las directivas de los partidos políticos de nuestra coalición, la Nueva Mayoría, se constituyó un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el propósito de destrabar iniciativas importantes no solo para nuestro conglomerado, sino para la visión de país que al menos nosotros tenemos. En este equipo de la Nueva Mayoría, en un proceso prelegislativo, mejor coordinado que el que habíamos visto en otras oportunidades, se ha logrado el compromiso que la ministra de Educación también señaló hoy. Estamos claros en que este proyecto necesita de aportes y de mejoras en la discusión en particular. Lo dije el día en que concurrí a apoyar esta iniciativa en la comisión: el proyecto mantiene un conjunto de indefiniciones. Pero ¿saben qué? A nosotros nos interesa que se establezca una institucionalidad para la educación superior; a nosotros nos interesa que por ley se establezca la gratuidad para los estudiantes de las familias chilenas que más lo requieren; a nosotros nos interesa que por ley se sancione el lucro en la educación superior.
Valoro que la ministra haya señalado públicamente que se van a reducir los tiempos de la gradualidad en materia de acreditación.
El proyecto no dice nada sobre el rol de las universidades regionales. Quienes vivimos en regiones esperamos hacer un aporte al respecto.
El proyecto confunde materias de fiscalización y de aseguramiento de la calidad, pero contiene en su columna vertebral una superintendencia, una subsecretaría y normas sobre el reconocimiento oficial y la autonomía sobre el aseguramiento de la calidad, que son normas que revisten el carácter de ley orgánica constitucional.
Muchas veces es más fácil referirse con ironía a los esfuerzos que se han hecho en este país por dialogar más allá de las coaliciones gobernantes. Y precisamente hoy vamos a necesitar más apoyo de lo que es la coalición gobernante. Se requiere de acuerdos más amplios y de discusiones en particular que nos permitan avanzar y definir cuál es el modelo de país que queremos. A partir de ese modelo de país es el tipo de educación que queremos. Una victoria inmediata no asegura un trámite mejor de este proyecto.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la ministra de Educación que la eliminación del CAE ha sido una reflexión larga en nuestra bancada. Se lo hemos planteado desde hace mucho tiempo y es lo que busca todo el sistema. Sin embargo, solo radicalizar la discusión en torno a él puede ser contraproducente. Lo mismo vale en materia de gratuidad. Un tema pendiente es la mochila de los endeudados del CAE. Pocos hablan de ello cuando se propone eliminar el CAE sin que el sistema también se haga cargo de los miles de endeudados.
Antes de concluir, quiero mencionar algunos temas que nos parecen importantes en este debate.
Algunos quieren plantear el discurso de la igualdad de oportunidades en materia de universidades y de centros de formación técnica.
¡Qué puede ser mejor que lo que hemos hecho en este gobierno! ¡El actual gobierno creó quince centros de formación técnica estatales, gratuitos y sin fines de lucro! ¡Este gobierno! En este gobierno, nuestra bancada, la bancada de la Democracia Cristiana, tras los anuncios de la Presidenta del 21 de mayo de 2015, recibió a las organizaciones de los centros de formación técnica y propuso avanzar en la gratuidad para estos centros. Por eso celebramos que ahora nuestra legislación permita a los alumnos de los centros de formación técnica acceder a la gratuidad.
Vamos a votar a favor el proyecto, porque estamos convencidos de que es necesario que la gratuidad quede establecida en la ley.
Algunos parecen olvidar que ha sido la oposición la que ha concurrido al Tribunal Constitucional para echar abajo una medida que impulsamos a través de la ley de presupuestos. ¡Sí, señor Presidente, fue la oposición la que concurrió al Tribunal Constitucional para echar abajo la gratuidad! Y lo hizo a través de la presentación de un recurso en contra de la glosa respectiva de la ley de presupuestos.
Por eso es tan importante que hoy dejemos establecido en esta ley en proyecto que no vamos a retroceder respecto de una medida tan importante para familias cuyos hijos asisten a las universidades o a los centros de formación técnica.
Estamos seguros de que la oposición podrá alzar por algún rato las banderas del derecho garantizado a la educación. La derecha puede ponerse, por un rato y para la ocasión, el traje de la igualdad de oportunidades, pero no lo tolera, porque no le queda.
La inmensa mayoría de las familias de nuestro país quiere que sus hijos puedan exigir educación y salud como un derecho, independientemente de su condición social, cultural y económica, porque saben que constituye la llave para abrir la puerta a su realización y autonomía personal.
Este hecho entraña, quizá, una mudanza en nuestra cultura política. Eso lo sabe la derecha por eso recurre al Tribunal Constitucional-, que no cree que pueda existir equidad en el acceso.
Queremos invitar a todos los parlamentarios que de verdad creen en la igualdad de oportunidades, que sienten que no basta la condición social para garantizar la llegada a la educación superior y que no cuestionan las políticas educacionales que apuntan a lograr esos objetivos.
Me parece abusivo tratar de equiparar los recursos para la gratuidad de la educación superior con los derechos de la infancia. Este gobierno está avanzando también en temas de infancia.
No he escuchado jamás a la derecha preguntarse por qué la gente con recursos estudia doctorados o realiza másteres en el extranjero, pero sí discuten que las familias más necesitadas tengan gratuidad en la educación superior, ya sea en universidades o en centros de formación técnica.
Esto está en el ADN del humanismo cristiano. Por eso, vamos a apoyar con fuerza y con decisión este proyecto, y haremos todos los aportes para mejorarlo en la discusión particular.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, la educación constituye una de las temáticas más importantes en materia de políticas públicas. Su fortalecimiento y profundización en elementos como la calidad y acceso universal, forman parte de los desafíos que nos impone el presente con miras a alcanzar el pleno y completo desarrollo económico y personal de nuestra población.
Sin embargo, particularmente en esta materia es donde el gobierno ha mostrado con especial encono sus añejas ideologías y militancias propugnadas desde el pasado y que, al parecer, se encontraban desterradas de nuestro sistema político.
En efecto, la idea de la imposición por sobre el consenso y el diálogo republicano, se hizo palpable en materia de educación con la dictación de normativas que no apuntaban, en los hechos, a la calidad, sino a ciertos revanchismos y resabios del Estado docente, anacrónico tanto al mundo actual como a los intereses que nuestra nación demanda.
La libertad constituye uno de los elementos sobre los cuales se levanta nuestro orden político y jurídico. Sin embargo, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha privilegiado políticas públicas contrarias a este principio, que no resuelven el problema de fondo, cual es que nuestros ciudadanos accedan a ser profesionales del más alto estándar a nivel mundial.
El proyecto de ley que nos convoca refuerza lo indicado precedentemente, esto es, una iniciativa excesivamente ideologizada, que promueve gasto público en ámbitos de la educación superior cuya urgencia, a nuestro parecer, debería estar puesta en otras fases de la educación, todo lo cual conlleva a la creación de mayor burocracia, mayor gasto público y, finalmente, garantías como la gratuidad universal que incluso beneficiarán en una importante medida a los chilenos económicamente más privilegiados, lo que a nuestro juicio parece un sinsentido mirado desde la perspectiva de los chilenos de clase media que ven nuevamente cómo el acento no está puesto en ellos, sino en una universalidad imposible.
Señor Presidente, creemos que una política sensata en materia de educación no debe partir por una educación superior, cuyo sistema se encuentra relativamente estable, donde ciertamente existen universidades de prestigio, reconocidas mundialmente, y donde como nunca antes en la historia miles de estudiantes chilenos tienen acceso a ella.
Estimamos que estos mayores recursos y accesos deben estar destinados al aseguramiento de la calidad de la educación preescolar y escolar temprana, pues, de acuerdo a todos los estudios elaborados en políticas públicas comparadas, es ahí donde se marca la desigualdad que viven los chilenos en materia de educación, y en donde mayor consagración deben revestir las políticas públicas.
No obstante aquello, este gobierno, absolutamente inspirado en ideologías sesenteras, ha apuntado al último eslabón de esta cadena, mirando mezquinamente los votos de la próxima elección de noviembre, por sobre las generaciones futuras. Porque, como bien sabemos, los niños no tienen derecho a voto, tampoco salen a marchar por las calles, ni menos reproducen consignas partidistas cargadas de contenido ideológico y, por supuesto, nada técnico.
Ante todo, Señor Presidente, la ciudadanía se ha dado cuenta de la equivocada actitud de la Presidenta Michelle Bachelet , quien ostenta un paupérrimo 25 por ciento de credibilidad y, no obstante, ha llevado adelante políticas que afectan a millones de chilenos, las que, más allá de sus buenas intenciones, han sucumbido abiertamente ante los grupos de presión y ante una izquierda extrema, las que, sin duda, le han hecho mal a Chile y a su orientación dialogante.
Señor Presidente, por otra parte quiero hacer referencia a un aspecto preocupante. De acuerdo a la fraseología empleada por el proyecto y sus indicaciones posteriores, pareciera ser que la única alternativa de los estudiantes egresados de los establecimientos secundarios fuese la universidad, como si todos los jóvenes buscaran como finalidad de su vida el ingresar exclusivamente a un plantel universitario, circunstancia que en la práctica no es así.
En ese sentido, la administración debe promover políticas públicas que apunten a la entrega total de herramientas intelectuales y de formación en la educación preescolar básica y media, y, por otro lado, fomentar otros caminos que van más allá de la asistencia y formación en un aula universitaria. Tecnología, calificación y especialización técnica deben ser promovidas por nuestras autoridades; sin embargo, estas no han encontrado otras instancias para su despliegue ni han sido consideradas en esta oportunidad.
De acuerdo a lo indicado, nos parece que los defectos que podemos encontrar en esta iniciativa saltan a la vista. Ella, por lo demás, ha sido rechazada por millones de chilenos, situación que en parte se refleja en el escaso apoyo a la Presidenta Bachelet y a su gobierno y administración.
En consecuencia, sin duda, nuestro conglomerado votará en contra porque es otro mal proyecto para Chile, que no asegura ni calidad, ni progreso, ni desarrollo personal y material para el cumplimiento de los anhelos de miles de chilenos y chilenas que una vez más verán postergadas sus aspiraciones.
He dicho.
El señor SOTO.-
Señor Presidente, a pesar de que en Chile se reconoce la importancia de la educación para las personas, la educación superior, la educación terciaria, no aparece asegurada, ni siquiera promovida, en ninguna parte de la Constitución. Claro, esta es una razón más de la obsolescencia de la Constitución del 80, que justifica su cambio.
Esta omisión ha generado un enorme espacio para que este derecho social haya sido completamente desnaturalizado, al ser sometido todo nuestro sistema de educación superior a las reglas de mercado, como si se tratara de un bien o servicio de consumo masivo donde la decisión de qué, dónde, cómo y cuántos pueden estudiar es decidido por instituciones de educación superior que han proliferado bajo su amparo y buscan preferentemente hacerse del bolsillo de los padres del alumno.
Si a ello agregamos una débil institucionalidad fiscal de control en materia de educación y, en los últimos años, el ingreso, como un nuevo y principal actor de la educación, de representantes del sistema bancario y financiero, que lucran y financian con altos intereses a los alumnos, tenemos una crisis sin precedentes en nuestra educación superior.
Se ha generado un sistema de educación superior muy extendido, pero que incuba en su interior una crisis profunda sin precedentes en nuestra historia, donde las injusticias sociales, abusos y falta de oportunidades están a la orden del día, lo que miles de familias y el país terminarán pagando.
La Presidenta Michelle Bachelet se ha hecho cargo de este problema estructural, y, como saben, de varios otros más, transformando esta reforma en uno de los ejes estructurales de su gobierno, comprometiéndose a avanzar en un sistema de educación superior que permita, al menos en esta primera etapa, garantizar educación gratuita a la mitad de los estudiantes más vulnerables de nuestro país.
Durante más de nueve meses se ha tramitado esta futura ley en comisión; allí se ha escuchado a todo el mundo, entre otros, a organizaciones de académicos, estudiantes, expertos. Pero ahora llegó finalmente la hora de la verdad; hoy se presenta una indicación sustitutiva que sienta las bases para un nuevo marco institucional, un nuevo modelo, que regula el acceso, controla y fortalece el sistema de educación superior chileno.
Por primera vez se asegura la calidad de la educación; se resguarda la fe pública en la formación de técnicos y profesionales, y, sobre todo, se avanza hacia gratuidad universal y la prohibición efectiva del lucro, estableciéndose para ello un sistema de acceso común a la educación superior, tanto técnica como profesional, que permite el acceso a la educación superior, especialmente a los jóvenes que tienen altos sueños y capacidades académicas, pero bajos recursos económicos.
Sr. Presidente, obviamente este proyecto de ley puede ser perfectible, puede ser mejorado; pueden agregarse ideas y quitarse otras propuestas. Para eso está la discusión particular. Pero esta tarde debemos votar en general, debemos votar la idea de legislar, debemos decidir si queremos o no que se legisle sobre esta materia.
Si se vota en contra y se rechaza la idea de legislar, se vota por mantener la educación tal como está, con su desregulación, con un sistema de acreditación y aseguramiento que se ha corrompido y es vulnerable a la manipulación.
Si se vota en contra y se rechaza la idea de legislar, se vota por mantener “un dejar hacer”, un libertinaje a la medida de universidades con lucro encubierto y de los banqueros, junto a un abandono endémico de las universidades estatales.
Mire, señor Presidente: en las comunas urbanas del sur de Santiago no existen muchas familias que puedan pagar para ingresar al negocio de la educación superior. Por eso, para ellas la gratuidad que asegura esta ley en proyecto resulta algo fundamental.
Hace treinta años, en San Bernardo, cuando ingresé a la educación superior, no había más de cuatrocientos alumnos en toda la provincia de Maipo que accedieran a la universidad, todos endeudándose a casi veinte años para poder financiar las carreras.
Hoy, gracias a la gratuidad por glosa, estudian con gratuidad completa en universidades y centros de formación técnica, 1.843 jóvenes de San Bernardo ; hoy estudian con gratuidad 586 estudiantes de la comuna de Buin; hoy, 418 familias de la comuna de Paine y 137 estudiantes, lo hacen con gratuidad total en centros de formación técnica e institutos profesionales en la comuna de Calera de Tango.
Señor Presidente, si hoy se vota en contra, si se rechaza la idea de legislar, esos jóvenes perderán irremediablemente este beneficio, al no estar garantizado por ley, el cual hoy día les permite luchar y soñar con un futuro donde puedan torcer el destino a la condición económica de sus padres.
Para todos ellos, y para las generaciones de estudiantes que vendrán en el futuro, este proyecto de ley es una mejora concreta y real, un avance tangible que permite el acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades. Con él ingresan al ascensor social que simboliza la educación superior, que, de otra manera, es inalcanzable.
Desechar la idea de legislar es negar el inicio, el comienzo de un debate que es fundamental y una irresponsabilidad, que los socialistas simplemente no podemos cometer.
Para los socialistas resulta incomprensible que se vote en contra en la comisión y que se amenace con votar en contra en la Sala, para mantener ciegamente este modelo de educación de mercado como lo hace la derecha, o, como otros, hacia el extremo de la izquierda, para buscar un lucimiento y figuración personal invocando a los cuatro vientos un maximalismo irresponsable y vociferante, de que “si no me dan todo, no quiero nada”, pero que cuando cambian el voto anunciado a última hora, dejan entrever la falta de convicción.
Los socialistas tenemos una convicción, un mandato como representantes populares, que nos obliga a que nuestras decisiones y nuestro voto deban siempre mirar y buscar el bien común, y, sobre todo, atendiendo la evidente situación de desigualdad en el acceso a las oportunidades en relación con el resto de sus compatriotas.
En consecuencia, llamo a la prudencia y a la cordura, a deponer aventuras personales y a pensar en el bien común. Llamo a aprobar la idea de legislar en este proyecto, de manera tal que las aspiraciones de millones de estudiantes y sus familias puedan transformarse en derechos concretos y exigibles, en un derecho social.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En relación con la petición de los diputados señores Bellolio y Edwards , la Mesa estima que las letras e), n) y o) del artículo 16 y los números 14), 16), 19) y 28) del artículo 78 del proyecto sobre educación superior son materias propias de ley común.
En el primero de los casos, sobre funciones de la superintendencia, estas no afectan las normas aprobadas con quorum especial en la ley N° 20.800. Lo mismo sucede respecto de las modificaciones recaídas en el artículo 78, que no alteran las normas sancionadas con quorum especial en la ley N° 20.129, sobre aseguramiento de la calidad de la educación.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, a nuestro entender esas normas sí tienen quorum calificado porque tienen que ver con la revocación del reconocimiento oficial de dichas instituciones. Como usted señala son las letras e), n) y o) del artículo 16 y los números 14), 16), 19) y 28) del artículo 78; pero además otras que venían calificadas como tales desde la comisión y que fueron retiradas por la Mesa, como las letras c), d), g) y p) del artículo 16, por un fallo del Tribunal Constitucional de 2009; el resto del artículo 48; los números 3) y 7) del artículo 78, por el fallo N° 548 del Tribunal Constitucional; artículo 93, y el número 4) del artículo 118.
Si la Mesa considera que no son de ley orgánica constitucional, quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rojo Edwards .
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, entiendo que la Mesa sacó las letras c), d), g) y p) del artículo 16; el resto del artículo 48; los números 3) y 7) del artículo 78; el artículo 93, y el número 4) del artículo 118, que señaló el diputado Bellolio , que venían calificados como normas de ley orgánica constitucional desde la Comisión de Educación.
Tras los argumentos que entregó el diputado Bellolio , quiero conocer por qué la Mesa los retiró.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Es la misma explicación anterior. La Mesa revisó los antecedentes, se interpretaron los fallos y se consideró que no incidían.
La reserva de constitucionalidad queda recogida en el acta.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre educación superior, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general los artículos 4, letra d); 16, letra b) e inciso final; 30; 48, inciso primero; 78, números 1), 2), 4), 6), 8), 9), 23), 24), 25), 40) y 41); 99, 100; 118, con la salvedad de su número 4); 119, número 14), y segundo transitorio, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 41 votos. No hubo abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
El proyecto vuelve a la Comisión de Educación para su discusión particular.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.18 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES JACKSON, BORIC Y MIROSEVIC, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL DERECHO A UN PERMISO PARA ASISTIR A REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES A LAS QUE SEAN CITADOS LOS APODERADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”. (BOLETÍN N° 11195-13)
“La entrada masiva de la mujer al mundo del trabajo en las últimas décadas ha transformado las formas de repartir y cumplir las responsabilidades al interior de las familias, en especial, la crianza y cuidado de los hijos. Ya no es posible imaginar un esquema en que son sólo las mujeres las que tienen la responsabilidad de asumir dichas tareas, pensando que es el hombre quien debe proveer los recursos para satisfacer las necesidades del hogar. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación de mujeres ha pasado de un 24% en 1986 a un 37,8% en 2010 , transformando las formas en que se entienden las obligaciones familiares respecto al hogar y los hijos.
Por otra parte, también ha ocurrido una transformación en la composición de los hogares. En el año 1990, el 22,2% de los hogares eran monoparentales, aumentando al año 2009 al 27,6%, lo que implica un aumento de familias donde hay un solo jefe de hogar , lo que genera una gran dificultad para muchas personas de compartir las labores remuneradas con las domésticas no remuneradas.
Estos cambios han implicado que en un esquema de alta carga laboral y exigencia, la dedicación de tiempo para acompañar y entender los procesos de aprendizaje y maduración de los niños, niñas y adolescentes, ha disminuido dramáticamente, traspasando esta responsabilidad casi enteramente a los establecimientos educacionales. Nuestro país está entre los cinco países donde más se trabaja en la OCDE de acuerdo a datos de dicha organización con 1.987,5 horas promedio por año . Por ello, se hace necesario que la ley reconozca formas de conciliación entre las responsabilidades laborales y las de carácter familiar, permitiendo a los trabajadores tener espacios para atender las necesidades y los problemas de sus hijos al interior de las escuelas.
En nuestra legislación no se contemplan excepciones al cumplimiento de la jornada laboral para este tipo de tareas, si no que depende totalmente de la voluntad del empleador de, primero, permitir la ausencia del trabajador y segundo, de no descontar la remuneración por el tiempo dedicado a estas responsabilidades.
En consecuencia, el presente proyecto tiene por objeto crear el derecho a un permiso para los trabajadores que cumplan el rol de apoderados, para que puedan asistir a citaciones, reuniones o actividades oficiales de sus hijos en los establecimientos educacionales por un máximo de 2 jornadas laborales al semestre, las cuales pueden fraccionarse. Para hacer uso de este derecho, los padres deberán dar aviso previo y presentar con posterioridad un documento emitido por el establecimiento que certifique la ocurrencia de la actividad a su empleador. Dichos permisos, deben ser considerados como trabajados para todos los efectos legales para no afectar la remuneración ni derechos previsionales de los trabajadores que hagan uso de este derecho, entendiendo que la sociedad debe aportar para que todos los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de una mejor y más sustantivo proceso de aprendizaje.
Por ello, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agréguese un artículo 66 ter nuevo al Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2003 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, del siguiente tenor:
“Artículo 66 ter: Todo trabajador que cumpla la función de apoderado de un niño, niña o adolescente que curse la educación parvularia, básica, media, técnico-profesional y educación especial, tendrá el derecho a un permiso remunerado de hasta dos jornadas laborales por semestre, para asistir a reuniones, citaciones o actividades oficiales en el establecimiento educacional del estudiante a su cargo. Dicha jornada podrá dividirse y distribuirse en días distintos a petición del trabajador.
Para hacer uso de este derecho, el trabajador deberá solicitarlo con al menos un día de anticipación y tendrá que presentar ante el empleador un certificado expedido por el establecimiento de haberse realizado la actividad objeto del permiso.
Este tiempo será considerado como trabajado para todos los efectos legales, no pudiendo hacerse descuento alguno por este concepto; y no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA, CARVAJAL, FERNÁNDEZ, GIRARDI, HERNANDO Y RUBILAR, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO, NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; TEILLIER Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO EN EL SENTIDO DE EXIGIR LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PREVENTIVOS PARA ASEGURAR LA VIDA DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO”. (BOLETÍN N° 11196-11)
ANTECEDENTES
Tal como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud contempla un conjunto de criterios sociales, entre los más relevantes se encuentra la cobertura sanitaria universal como uno de los medios más adecuados para promover esta garantía fundamental. En este sentido la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, realizada el año 2000, definió 8 objetivos de desarrollo a lograr por la comunidad internacional el año 2015. Entre estos se encuentra la reducción de la mortalidad infantil y la mejoría de la salud materna.
Lo anterior es sumamente destacable puesto que la salud de las madres y los recién nacidos se encuentran intrínsecamente relacionadas, de modo que prevenir sus enfermedades y muertes requiere la aplicación de intervenciones que muchas veces los aborda de manera conjunta.
Si bien en Chile los indicadores clásicos de salud materna y perinatal se mantienen dentro de buenos estándares, en los últimos años se ha evidenciado algún grado de estancamiento. La meta propuesta en los Objetivos Sanitarios de la década pasada, de reducir la mortalidad materna a 12,0 por 100.000 Recién Nacidos Vivos (RNV), no fue cumplida, y no existe seguridad en la consecución de la meta del Objetivo del Milenio de 10,0 por 100.000 RNV al 2015. Al analizar estos indicadores, se observa que un importante porcentaje de estas muertes siguen siendo muertes prevenibles. La evidencia reconoce que la prevención requiere optimizar la calidad de los procesos de atención, en cuanto a acceso, oportunidad, competencias y tecnología disponible (Bambra et al., 2009).1
De acuerdo a la Guía Clínica perinatal de 2015, durante el periodo 2001¬2012, la mortalidad infantil ha presentado un descenso de 8,3 a 7,4 por 1.000 nacidos vivos; observándose leves variaciones en la mortalidad neonatal, alcanzando tasas que fluctúan entre 5,0 y 5,4 'por 1.000 nacidos vivos respectivamente; la mortalidad neonatal precoz presenta un aumento de 3,7 a 4,2 por 1.000 nacidos vivos; la mortalidad perinatal aumenta en forma gradual entre los años 2001 y 2009, logrando una disminución a una tasa de 9,4 por 1.000 nacidos vivos, el 2012.
Por otro lado, de acuerdo a la misma fuente antes mencionada, la mortalidad materna en el año 2012 ha presentado un aumento llegando a un 22,1% (54 defunciones) por 100.000 nacidos vivos. Dentro de las causales que pueden destacarse se encuentra la muerte obstétrica indirecta, la hipertensión durante el embarazo, el parto o puerperio, complicaciones relacionadas con el embarazo, entre las más importantes.
La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 incorpora nuevas propuestas para mejorar estas cifras y acercarnos cada vez más al cumplimento de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio que en estas materias ha planteado las Naciones Unidas. Se sugiere incorporar otras estrategias que tengan por objeto reducir la morbilidad de la madre y del hijo a través del acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos y de calidad, de la patología materna y fetal tratable.
Si bien la mayoría de las embarazadas y fetos de alto riesgo que requieren cuidados especiales pueden identificarse en la etapa prenatal, aproximadamente un 25% de estas embarazadas no presentan factores de riesgo evidentes en dicha etapa. Es por esto que todos los niveles de atención perinatales deben estar preparados para diagnosticar situaciones de riesgo y entregar la asistencia en los casos necesarios.
11. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
1. El código sanitario es la ley que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la república, siendo el título I el que establece la protección materno infantil, entre otras a través de la siguiente norma:
"Artículo 16. Toda mujer, durante el embarazo y hasta el sexto mes del nacimiento del hijo, y el niño, tendrán derecho a la protección y vigilancia del Estado por intermedio de las instituciones que correspondan. La tuición del Estado comprenderá la higiene y asistencia social, tanto de la madre como del hijo.
2. Sin embargo la norma antes descrita ha sido insuficiente, puesto que las unidades obstétrica y ginecológica de los servicios de salud, no puede aplicar a la generalidad de las mujeres algunos exámenes o protocolos durante el embarazo, puesto que estos están establecidos para aquellos casos en que la mujer presente riesgos, no obstante que la forma más eficiente de evitar alguna anomalía o complicaciones posteriores del hijo es a través de la prevención.
3. De conformidad a los antecedentes antes mencionados, la tasa de mortalidad infantil y materna dice relación con la carencia protocolos preventivos más exhaustivos, que se apliquen en forma general a la población de embarazadas y que tengan por objeto combatir aquellos problemas de salud de la madre que no han sido detectados oportunamente, particularmente a través de exámenes o protocolos para la detección de bacterias, virus o microorganismos que se transmiten de la madre al hijo, y que pueden dejar a este último con secuelas, o incluso ocasionarle la muerte.
III. SÍNTESIS DEL PROYECTO
Considerando lo importante que es tener una política de salud preventiva, que tenga por objeto reducir la morbimortalidad infantil y materna, es que se propone modificar el código sanitario en su artículo 16, explicitando por tanto que la protección que se le da al recién nacido y la madre debe incluir todo tipo de exámenes que permitan prever una situación de riesgo futura para darle una atención oportuna en caso de detectarse algún tipo de riesgo que pudiera ocasionar enfermedades, secuelas o la muerte.
PROYECTO DE LEY
Artículo único:
Incorpórese al artículo 16 del Código Sanitario, luego del punto final que pasa a ser una coma (,) la siguiente expresión:
"incluyendo la realización de todos los exámenes y procedimientos destinados a detectar y prevenir el contagio de virus, bacterias, o cualquier otro microorganismo que ponga en riesgo la vida y salud tanto de la madre como del recién nacido."
INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR KORT SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE COMISIONES Y PUNTOS FOCALES GTIL (GRUPOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA), DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO DESDE EL 24 AL 25 DE MARZO DE 2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
“Valperaíso, 12 de abril de 2017
Informe Misión Oficial
Junto con saludarlo, por la presente vengo en informar, en conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto del viaje en misiónoficial a Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, entre los días 24 y 25 de marzo de 2017.
A dicha instancia fui mandatado por la Honorable Cámara de Diputados, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Energía y Minas, del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con el objeto de participar en la reunión de Directiva de Comisiones y Puntos Focales GTIL (Grupos de Trabajo de Investigación Legislativa), en Ciudad de México, el día 24 de marzo, en dependencias de la Cámara de Senadores de México.
Para la realización de las actividades programadas para la reunión de la Comisión de Energía y Minas y la Directiva de Comisiones, se contó con el respaldo del equipo de la Dirección de Asuntos Internacionales de esta Honorable Cámara, liderado por su Directora, señora Jacqueline Peillard.
El viaje cumplió su objetivo, logrando desarrollarse exitosamente y en tiempo y forma, las actividades que paso a detallar.
Viernes 24 de marzo
-Participación en inauguradón: Acto Protocolar IV Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación.
-Participación en Conferencia Magistral: Las nuevas plataformas digitales para la comunicación legislativa. Alejandro Piscitellí.
-Participación en fotografía oficial.
-Participación en reunión de trabajo con la Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Senadora Alcalá, con la Secretaria de Comisiones, Senadora Fellner y el Secretario Ejecutivo, Dr. Humberto Peláez.
-Participación en reunión de Directiva de Comisiones y Puntos Focales GTIL (Grupos de Trabajo de Investigación Legislativa):
-Palabras de bienvenida de parte de la Secretaria de Comisiones, Senadora Líliana Fellner,
-Presentación de plan de trabajo para el año 2017.
Se despide atentamente,
(Fdo.): ISSA KORT GARRIGA, Diputado de la República”.