Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Joaquin Tuma Zedan
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Diego Paulsen Kehr
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Gahona Salazar
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Clemira Pacheco Rivas
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniel Melo Contreras
- PERMISO
- DEBATE
- VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Venegas Cardenas
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Venegas Cardenas
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO
- Renzo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Yasna Provoste Campillay
- PETICIÓN DE OFICIO : Yasna Provoste Campillay
- PETICIÓN DE OFICIO : Yasna Provoste Campillay
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Macaya Danus
- PETICIÓN DE OFICIO
- Issa Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Macaya Danus
- PETICIÓN DE OFICIO
- Issa Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Issa Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO
- Javier Macaya Danus
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Loreto Carvajal Ambiado
- PETICIÓN DE OFICIO : Loreto Carvajal Ambiado
- PETICIÓN DE OFICIO : Loreto Carvajal Ambiado
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Espejo Yaksic
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Espejo Yaksic
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Espejo Yaksic
- PETICIÓN DE OFICIO : Daniella Cicardini Milla
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Espejo Yaksic
- PETICIÓN DE OFICIO : Daniella Cicardini Milla
- PETICIÓN DE OFICIO : Daniella Cicardini Milla
- PETICIÓN DE OFICIO : Leonardo Soto Ferrada
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Rojo Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Camila Vallejo Dowling
- PETICIÓN DE OFICIO : Camila Vallejo Dowling
- PETICIÓN DE OFICIO : Camila Vallejo Dowling
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- INTERVENCIÓN : Diego Paulsen Kehr
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES DE CRÉDITO Y A EMPRESAS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL [SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10226-03 (S)] (CONTINUACIÓN)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Fuad Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- REGULACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9511-12)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Raul Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Urrutia Soto
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES DE CRÉDITO Y A EMPRESAS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL [SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10226-03 (S)] (CONTINUACIÓN)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Marcela Hernando Perez
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Osvaldo Andrade Lara
- Cristian Campos Jara
- Lautaro Carmona Soto
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Osvaldo Andrade Lara
- Gabriel Boric Font
- Cristian Campos Jara
- Lautaro Carmona Soto
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Leonardo Soto Ferrada
- Claudio Arriagada Macaya
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Jarpa Wevar
- Ivan Norambuena Farias
- Jaime Pilowsky Greene
- Jenny Alvarez Vera
- Maya Fernandez Allende
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Tarud Daccarett
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 365ª
Sesión 38ª, en jueves 22 de junio de 2017
(Ordinaria, de 10.35 a 12.19 horas)
Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Jaramillo Becker, don Enrique.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario accidental, el señor Galleguillos Jara, don Juan Pablo
ÍNDICE
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 20
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 23
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 23
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 23
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ................................. 24
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 28
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES DE CRÉDITO Y A EMPRESAS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL [SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10226-03 (S)] (CONTINUACIÓN).............................................................................. 28
REGULACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9511-12) ................................................................................................................ 37
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 48
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10783-04) ............................. 48
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9245-07) ............................... 48
3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10125-15) ............................. 48
4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10277-06) ............................. 48
5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10584-07) ............................. 48
6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10687-06) ............................. 48
7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10937-15) ............................. 48
8.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 11175-01) ............................. 48
9.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9239-12, REFUNDIDO CON BOLETÍN N° 9867-01)................................................................................................................. 48
10.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10545-08) ....................................................................... 48
11.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 6854-03) ......................................................................... 48
12.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 4852-05) ......................................................................... 49
13.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 6980-03) ......................................................................... 49
14.- INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE "MODIFICA LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, A FIN DE EXCLUIR DE SU APLICACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y AL HOSPITAL CLÍNICO JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE, EN LO QUE RESPECTA A LOS CONVENIOS QUE CELEBREN". (BOLETÍN N° 10782-05)........................................ 49
Pág.
15.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA, GIRARDI Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, ANDRADE, CAMPOS, CARMONA, JIMÉNEZ, MIROSEVIC Y VALLESPÍN, QUE "MODIFICA LA DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD PROFESIONAL CONTENIDA EN LA LEY N° 16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES
DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES". (BOLETÍN N° 11286-13) ................................. 49
16.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA Y GIRARDI, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, BORIC, CAMPOS, CARMONA, JIMÉNEZ, MIROSEVIC Y VALLESPÍN, QUE "MODIFICA LA LEY N° 16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER PROFESIONAL DE UNA ENFERMEDAD QUE AFECTE AL TRABAJADOR". (BOLETÍN
N° 11287-13) ............................................................................................................................ 49
17.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SOTO, ARRIAGADA, CERONI, GARCÍA, JARPA, NORAMBUENA Y PILOWSKY, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, FERNÁNDEZ Y SEPÚLVEDA, QUE "MODIFICA LA LEY N° 8.946, QUE FIJA TEXTO DEFINITIVO DE LAS LEYES DE PAVIMENTACIÓN COMUNAL, EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PROVISORIAS
DE EMERGENCIA POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS". (BOLETÍN N° 11288-06) .................................. 49
18.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR TARUD, QUE "MODIFICA LA LEY Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA CONCEDER RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE ILEGALIDAD DE LOS ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD”. (BOLETÍN N° 11290-06) ................................................................................. 49
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Licencia médica:
Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Tuma
, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cuatro días, a contar del 20 de junio de 2017.
2.- Comunicaciones:
Del diputado señor Paulsen , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el día 20 de junio de 2017.
Comunicación del diputado señor Gahona
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 22 de junio de 2017.
De la diputada señora Pacheco
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 22 de junio de 2017, por impedimento grave.
Del diputado señor Melo
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones comprendidas entre el 21 y el 22 de junio de 2017 por impedimento grave.
3.- Oficios:
De la Comisión Especial Investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios (CEI 40), por el cual se solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en treinta días su mandato, a contar del 28 de junio de 2017, fecha en que se cumple el plazo otorgado para el cumplimiento de su cometido, en atención a que la gran cantidad de antecedentes recibidos y la complejidad técnica de la materia demandan un tiempo adicional para su análisis y redacción de las respectivas proposiciones y conclusiones.
De la Dirección de Asuntos Internacionales por el cual informa que se ha constituido el Grupo Interparlamentario Chileno-Ruso, y se ha elegido como presidente al diputado señor Jarpa . (32)
Respuestas a Oficios
Contraloría General
Diputada Hernando , doña Marcela . Requiere que agilice la respuesta a los oficios que indica, requeridos durante el año 2016 (22263 al 2455).
Diputada Hernando , doña Marcela . Se sirva disponer una fiscalización especial respecto de las instalaciones sanitarias que se efectúan en la construcción del futuro Hospital Regional concesionado de Antofagasta, informando a esta Cámara sus resultados. (22263 al 18312).
Ministerio de Obras Públicas
Diputado Pérez, don José . Factibilidad de iniciar los estudios para la construcción de un puente sobre el río Laja, al poniente de la localidad de Polcura, con el propósito de unir las comunas de Tucapel y Antuco . (1151 al 26650).
Diputado Alvarado, don Miguel Ángel . Solicita informar la factibilidad de pavimentar la cuesta de los Mantos, ubicada en la comuna de Punitaqui y las medidas que se adoptarán en este sentido. (1152 al 27782).
Diputado Ojeda, don Sergio . Realice los estudios pertinentes con el objeto de asfaltar el camino de ripio Mulpulmo-Pelleco, en la comuna de San Pablo, en los términos que señala la solicitud adjunta. (1153 al 2948).
Diputado Fuentes, don Iván . Se informar la situación de las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección de Vialidad de Puerto Aysén, quienes habrían recibido un pago inferior al que correspondía, en los términos que señala la solicitud adjunta. (1154 al 27261).
Diputada Rubilar , doña Karla . Solicita informar la posibilidad de trasladar la barcaza de transporte de pacientes desde Punta Arenas a Porvenir y mejorar el acceso entre Glaciar y San Sebastián . (1155 al 27231).
Diputado De Mussy, don Felipe . Solicita disponer un análisis de los proyectos de reposición de la Ruta 215 CH, en la comuna de Puyehue, tanto aprobados como en estudio, para instalar pasarelas peatonales en los cruces ubicados en los sectores Pilmaiquén , el Encanto y Aguas Calientes, respectivamente, en vez de demarcar pasos de cebra en ellos. Asimismo se solicita indicar los resultados de los estudios que se realicen al efecto y la decisión final que se adopte. (1156 al 27213).
Diputado Espinoza, don Fidel . Solicita que se sirva informar sobre la inversión y trabajos realizados por esa cartera, a través de la Dirección de Vialidad, para asfaltar 78 kilómetros de caminos vecinales que beneficiarían a sectores rurales de la provincia de Osorno, en los términos que señala. (1161 al 27028).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Informar si existe un proyecto de asfaltado para el camino que une las localidades de Liucura e Icalma, en la comuna de Lonquimay, y en caso afirmativo, indicar los plazos que se han establecido para la ejecución y los costos asociados, en los términos que se señalan en la solicitud adjunta. (1162 al 26791).
Diputado Fuentes, don Iván . Solicita que sirva informar respecto al estado de avance del proyecto de construcción de un puente o pasarela en el sector Balsa el Blanco, Región de Aysén. (1164 al 26273).
Diputado De Mussy, don Felipe . El número de funcionarios dependientes de su repartición que presentaron licencia médica para el día 19 de abril del presente año, precisando las razones y el médico otorgante. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (1165 al 28759).
Ministerio de Salud
Diputado Ward, don Felipe . La realidad epidemiológica de las Regiones de Antofagasta y Atacama en los últimos 10 años. (2168 al 28359).
Diputado Morano, don Juan Enrique . Requiere informar las medidas adoptadas para adecuar la Norma N° 21 de ese ministerio, que consagra la exclusividad de ciertas áreas vinculadas con neonatología y medicina general con la interpretación de la Contraloría General de la República, efectuada a través del dictamen N° 46.357. (2170 al 22793).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Pérez, don José . Solicita instruir a las autoridades que correspondan para elaborar un estudio que permita que los adultos mayores que perciban pensiones mínimas sean eximidos del pago de contribuciones de bienes raíces. (1335 al 2652).
Diputado Pérez, don José . Solicita elaborar un estudio que permita que los adultos mayores que perciban pensiones mínimas sean eximidos del pago de contribuciones de bienes raíces. (1335 al 2653).
Diputado Chahin, don Fuad . Solicita que se sirva informar sobre la situación actual del menor de edad José Leonel Rivera Cárdenas , en los términos que señala. (895 al 27201).
Subsecretarías
Diputado Robles, don Alberto . Las cuotas del recurso jurel capturadas por la pesca artesanal durante 2016, indicando la cuota global de extracción para el mismo año, la cantidad de pesca artesanal, el número de traspasos de cuotas del jurel a los pescadores industriales y viceversa y si en alguna región se traspasó una cantidad superior al 50% de la cuota asignada para 2016, en forma desagregada por cada región del país. (1189 al 31220).
Intendencias
Diputado Poblete, don Roberto . El uso por parte de funcionarios públicos y de toda persona que no siendo funcionario de planta cumpla funciones públicas, de las plataformas tecnológicas de transporte urbano denominadas " Uber " y " Cabify ", en el desempeño de sus labores y cuyo conocimiento por la vía de la rendición de cuentas obre en poder de los órganos del Estado. (904 al 31327).
Fuerzas Armadas
Diputado Sandoval, don David . Las variables que se están analizando sobre el cierre del Predio Militar del Ejercito ubicado en el Valle Chacabuco de la comuna de Cochrane, a raíz de las iniciativas de protección ambiental de la zona en comento. (6800/4025 al 30124).
Servicios
Diputado García, don René Manuel . Solicita que se sirva informar sobre la distribución del presupuesto para "Caminos en Comunidades Indígenas", en la Región de La Araucanía, en los términos que señala. (1157 al 26549).
Diputado García, don René Manuel . Solicita que se sirva informar sobre el estado de la investigación sumaria destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas del Informe final de investigación especial Nº 961 de fecha 02 de febrero del 2016 de la Contraloría General de la República de la Región de La Araucanía. (1158 al 26905).
Diputado Espinoza, don Fidel . Solicita que se sirva informar sobre los estudios a realizar por la Dirección Regional de Vialidad de Los Lagos con el objetivo de buscar rutas alternativas al paso de camiones por el interior de la comuna de Puerto Octay, en los términos que señala. (1159 al 27027).
Diputado Jaramillo, don Enrique . Considere la posible pavimentación de las Rutas T-345 y T-346, ubicadas en la Región de Los Ríos, en los términos señalados en la solicitud adjunta. (1160 al 2893).
Diputado Hernández, don Javier . las operaciones de abastecimiento en las escuelas de la comuna de San Juan de la Costa, en el Programa de Agua Potable Rural, su evaluación, mecanismos de solución y tiempos de reposición en casos de emergencia, en los términos que señala. (1163 al 30002).
Diputado Núñez, don Daniel . Solicita disponer una investigación sobre la existencia de pozos de extracción y eventual contaminación de las napas del sector Las Mollacas de la comuna de Ovalle, por el desarrollo de faenas e instalación de una planta de relave por la Empresa Minera Cruz, que podrían afectar el sistema de agua potable rural instalado en el lugar, informando a esta Cámara sus resultados. (1166 al 27155).
Presidencia de la RepúblicaProyecto de Resolución 797, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la creación de una Defensoría Pública Tributaria. (1231). 2572.
Varios
Diputado Trisotti, don Renzo . El estado de la eventual entrega del terreno ubicado en la calle Unión Europea de la comuna de Alto Hospicio por vuestra municipalidad a la Asociación de Transporte Escolar de dicha comuna. (12/17 al 31193).
Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes y estadísticas respecto del número mensual de solicitudes para acogerse al seguro de cesantía en la Región de Los Lagos, con datos desagregados por provincia en los últimos doce meses, indicando la relación entre las solicitudes presentadas y las aprobadas, así como la posición comparativa que ocupa con las demás regiones del país. (13262 al 31007).
Diputado Bellolio, don Jaime . El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (134 al 28560).
Diputado Espinoza, don Fidel . El número de licencias médicas presentadas por funcionarios de esa municipalidad y sus servicios traspasados, cuyos efectos se hicieron efectivos a partir del lunes 17 de abril de 2017, indicando las enfermedades o patologías que las ocasionaron y la duración del reposo médico prescrito en cada una. (200 al 28298).
Diputado Alvarado, don Miguel Ángel . El estado de las fosas sépticas que se encuentran ubicadas en la comuna de La Higuera, indicando las medidas que se adoptarán para implementar sistemas de desagüe de aguas servidas y garantizar en el lugar el suministro de agua potable. (203 al 31028).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Informe sobre el aumento injustificado de contrataciones y traspasos a plantas municipales en último semestres de 2016, en los términos que indica. (213 al 25459).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Reiterar el oficio Nº 25.459, de fecha 21 de diciembre del año 2016. (213 al 27727).
Diputado García, don René Manuel . Solicita que se sirva informar sobre el estado de la investigación sumaria destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas del Informe final de investigación especial Nº 961 de fecha 02 de febrero del 2016 de la Contraloría General de la República de la Región de La Araucanía. (22159 al 26906).
Diputado Jackson, don Giorgio . Solicita que se sirva informar sobre el estado de avance de la investigación realizada por esta cartera, iniciada por la denuncia identificada con el folio Nº W003063/2016, ingresada con fecha 5 de agosto del año 2016. (22262 al 26469).
Diputada Molina , doña Andrea . Las denuncias realizadas contra la empresa Cresal S.A., ubicada en Viña del Mar, la que estaría funcionando sin los permisos correspondientes, detallando las fiscalizaciones realizadas a la referida empresa. (235 al 30646).
Diputado Saldívar, don Raúl . Las medidas que se adoptarán para proteger los materiales que se encuentran en el yacimiento arqueológico ubicado en el sitio El Olivar, de la comuna de La Serena, indicando el cronograma que se ha establecido para ello. (2989 al 30849).
Diputado Gahona, don Sergio . La naturaleza de la distribución de la cuenta pública que rinde detalle sobre la labor parlamentaria y si se considera campaña o propaganda electoral. (4010 al 30023).
Diputado De Mussy, don Felipe . Aquellas autoridades de Gobierno que sean deudores del Estado, derivado del financiamiento de su Educación Superior. (42 al 30100).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (459 al 27895).
Diputado Bellolio, don Jaime . El número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (522 al 28502).
Diputado Hernández, don Javier . Se sirva informar a esta Cámara sobre las localidades de su comuna que carecen de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (539 al 27453).
Diputado Espinoza, don Fidel . El número de licencias médicas presentadas por funcionarios de esa municipalidad y sus servicios traspasados, cuyos efectos se hicieron efectivos a partir del lunes 17 de abril de 2017, indicando las enfermedades o patologías que las ocasionaron y la duración del reposo médico prescrito en cada una. (550 al 28297).
Diputado Hernández, don Javier . Se sirva informar a esta Cámara sobre las localidades de su comuna que carecen de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (709 al 27499).
Diputado De Mussy, don Felipe . Las acciones a ejecutar por su administración con respecto a la situación en la que se encuentran los establecimientos educacionales ubicados en la comuna de Puerto Varas, en los términos que señala. (778 al 30061).
Diputado De Mussy, don Felipe . Las acciones a ejecutar por su administración con respecto a la situación en la que se encuentran los establecimientos educacionales ubicados en la comuna de Puerto Varas, en los términos que señala. (778 al 30064).
Diputada Hoffmann, doña María José . El proceso de traspaso de terrenos estatales para la construcción de una planta de tratamiento de aguas para la localidad de Leyda y la cantidad de recursos destinados para tal efecto. (881 al 30794).
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Rathgeb, don Jorge
, Diputado Venegas, don Mario .
El estado de avance de las diligencias para la instalación de reductores de velocidad en la Ruta 86 frente a Villa Trintre y el mejoramiento de la salida desde el sector Miraflores a dicha ruta, en la comuna de Los Sauces. (31774 de 20/06/2017).
Diputado Rathgeb, don Jorge
, Diputado Venegas, don Mario
. El estado de avance de las diligencias para la instalación de reductores de velocidad en la Ruta 86 frente a Villa Trintre y el mejoramiento de la salida desde el sector Miraflores a dicha ruta, en la comuna de Los Sauces. (31775 de 20/06/2017). A Dirección de Vialidad.
Diputado Ward, don Felipe , Diputado Trisotti, don Renzo . Todos los antecedentes relacionados con autoridades que renunciaron a sus funciones a lo largo del país para postular a cargos de elección popular o realizar actividades relacionadas con ello, también se solicita, información relacionada a licencias médicas, permisos sin goces de sueldo, vacaciones y días administrativos que se han presentado durante el último mes en todas las reparticiones públicas de su ministerio, intendencias, gobernaciones o servicios a lo largo del país. (31776 de 20/06/2017). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Diputado Silber, don Gabriel . Las medidas contempladas por vuestro ministerio para apoyar a los vecinos afectados por los cortes del suministro eléctrico causados recientemente por las lluvias en la Región Metropolitana, detallando las medidas existentes y aquellas que se podrían implementar para dar respuesta a estas situaciones y los eventuales incumplimientos por parte de la empresa ENEL. (31777 de 20/06/2017). A Ministerio de Energía.
Diputado Silber, don Gabriel . Las medidas contempladas por vuestro ministerio para apoyar a los vecinos afectados por los cortes del suministro eléctrico causados recientemente por las lluvias en la Región Metropolitana, detallando las medidas existentes y aquellas que se podrían implementar para dar respuesta a estas situaciones y los eventuales incumplimientos por parte de la empresa ENEL. (31778 de 20/06/2017). A Ministerio de Economía, fomento y Turismo.
Diputado Silber, don Gabrie
l . Las medidas contempladas por vuestro organismo para apoyar a los vecinos afectados por los cortes del suministro eléctrico causados recientemente por las lluvias en la Región Metropolitana, detallando las medidas existentes y aquellas que se podrían implementar para dar respuesta a estas situaciones y los eventuales incumplimientos por parte de la empresa ENEL. (31779 de 20/06/2017). A Servicio Nacional de Emergencia.
Diputado Silber, don Gabriel . Las medidas contempladas por vuestro organismo para apoyar a los vecinos afectados por los cortes del suministro eléctrico causados recientemente por las lluvias en la Región Metropolitana, detallando las medidas existentes y aquellas que se podrían implementar para dar respuesta a estas situaciones y los eventuales incumplimientos por parte de la empresa ENEL. (31780 de 20/06/2017). A Servicio Nacional del Consumidor.
Diputada Provoste , doña Yasna . La paralización de la obra de la Ruta C-46, cuya realización estaba a cargo de la empresa REMAVESA S.A. y el término de contrato con la empresa asesora Ingelog . (31787 de 20/06/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputada Provoste , doña Yasna . La paralización de la obra de la Ruta C-46, cuya realización estaba a cargo de la empresa Remavesa S.A. y el término de contrato de contrato con la empresa asesora INGELOG. (31790 de 20/06/2017). A Dirección de Vialidad.
Diputada Provoste , doña Yasna . Las facturas que estarían impagas por parte de la empresa InterChile a los proveedores por los trabajos realizados a la línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico. (31793 de 20/06/2017). A Ministerio de Energía.
Diputado Macaya, don Javier , Diputado Kort, don Issa . Los planes de prevención y emergencia para eventos causados por el mal tiempo, detallando las medidas adoptadas a raíz de las lluvias que afectaron recientemente a nuestro país. (31794 de 20/06/2017). A Intendencia de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Diputado Macaya, don Javier , Diputado Kort, don Issa . Los planes de prevención y emergencia para eventos causados por el mal tiempo, detallando las medidas adoptadas a raíz de las lluvias que afectaron recientemente a nuestro país. (31795 de 20/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Energía del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Diputado Kort, don Issa , Diputado Macaya, don Javier . Las fiscalizaciones realizadas por vuestra Superintendencia a las empresas concesionarias de suministro eléctrico de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins durante el año 2017, detallando la interrupción del suministro eléctrico ocurrido durante el mes de junio del presente año y las medidas adoptadas para enfrentar estos hechos causados por la naturaleza. (31796 de 20/06/2017). A Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Diputado Berger, don Bernardo . La construcción del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de la comuna de Valdivia, a raíz de las dificultades económicas que estaría padeciendo la empresa Ingemonte Ltda . (31797 de 20/06/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Berger, don Bernardo . Copia de Metas de Comunicación y Difusión del Servicio Regional de Salud de Los Ríos entre los años 2014 y 2017, detallando los gastos incurridos por aquella seremi en materia de comunicación y difusión y número de personas contratadas para cumplir con este objeto. (31798 de 20/06/2017). A Ministerio de Salud.
Diputada Carvajal , doña Loreto . Las medidas que se adoptarán a raíz de los cortes del suministro eléctrico por el mal tiempo que afectó recientemente a nuestro país en la provincia de Ñuble, detallando las acciones que se ejercerán para determinar las eventuales responsabilidades de las empresas suministradoras. (31799 de 20/06/2017). A Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Diputada Carvajal , doña Loreto . Las medidas que se adoptarán a raíz de los cortes del suministro eléctrico por el mal tiempo que afectó recientemente a nuestro país en la provincia de Ñuble, detallando las acciones que se ejercerán para determinar las eventuales responsabilidades de las empresas suministradoras. (31800 de 20/06/2017). A Servicio Nacional del Consumidor.
Diputada Carvajal , doña Loreto . Las medidas que se adoptarán a raíz de los cortes del suministro eléctrico por el mal tiempo que afectó recientemente a nuestro país en la provincia de Ñuble, detallando las acciones que se ejercerán para determinar las eventuales responsabilidades de las empresas suministradoras. (31801 de 20/06/2017).
Diputado Monckeberg , don Cristián . Los recursos destinados por el Ejecutivo a la difusión de las elecciones primarias que se celebrarán el 2 de julio del año en curso, detallando los estudios sobre la cobertura suficiente a las primarias. (31802 de 20/06/2017). A Ministerio de Secretaría General de Gobierno.
Diputado Espejo, don Sergio . El estado de avance de las gestiones destinadas a financiar la reconstrucción de los salones parroquiales de la Iglesia de Tinguiririca de la comuna de Chimbarongo, los que fueron dañados por el terremoto de 2010, detallando la calendarización para dicho proyecto. (31804 de 20/06/2017). A Intendencia de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Diputado Espejo, don Sergio . El estado de avance del Programa de Fertilización del Maíz 2017, detallando el monto específico del aporte regional propuesto al Consejo Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins y su estado de avance. (31805 de 20/06/2017). A Intendencia de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Diputado Espejo, don Sergio . Presuntas infracciones normativas que involucrarían la gestión de Riles de la Viña Apaltagua Ltda., de la comuna de Santa Cruz, detallando las medidas que se adoptarían para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. (31828 de 21/06/2017). A Superintendencia del Medio Ambiente.
Diputada Cicardini , doña Daniella . La autorización sanitaria de la Clínica de Atacama de la comuna de Copiapó, detallando la acreditación, la fecha en que fue concedida y remita el número de reclamos contra la clínica referida, a raíz del fallecimiento del señor Cristóbal Gómez Rojo por una presunta negligencia médica. (31829 de 21/06/2017). A Superintendencia de Salud.
Diputado Espejo, don Sergio
. El estado de avance del Programa de Fertilización del Maíz 2017, detallando el monto final de presupuesto comprometido y la fecha estimada en la cual estos recursos se encontrarán disponibles. (31830 de 21/06/2017). A Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Diputada Cicardini , doña Daniella . Antecedentes del número de médicos en etapa de formación y destinación en 2017 que han sido enviados a la Región de Atacama para desempeñarse en los diversos servicios de salud, detallando las comunas y fecha en que se destinarán. (31831 de 21/06/2017). A Servicio de Salud Atacama.
Diputada Cicardini , doña Daniella . El caso del señor Cristóbal Gómez Rojo , quien falleció a raíz de una presunta negligencia médica por parte de la Clínica Atacama de la comuna de Copiapó. (31832 de 21/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama.
Diputado Soto, don Leonardo
. La nómina de todos los trabajadores de la Maestranza Central de San Bernardo desde los años 1980 a la fecha de su cierre, y certificar si los trabajadores de la nómina adjunta, trabajaron efectivamente en dicha empresa. (31833 de 21/06/2017).
Diputado Rathgeb, don Jorge
. El proceso de postulación a viviendas en el sector urbano por parte de personas que poseen la calidad de indígena, detallando los subsidios adicionales a los que pueden acceder, indicando la tramitación y sus requisitos. (31835 de 21/06/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Rathgeb, don Jorge . El proceso de postulación a viviendas en el sector urbano por parte de personas que poseen la calidad de indígena, detallando los subsidios adicionales a los cuales pueden acceder, indicando la tramitación y sus requisitos. (31836 de 21/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía.
Diputado Rathgeb, don Jorge . El proceso de postulación a viviendas en el sector urbano por parte de personas que poseen la calidad de indígena, detallando los subsidios adicionales a los cuales pueden acceder, indicando la tramitación y sus requisitos. (31837 de 21/06/2017). A Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes del número y resultados de las fiscalizaciones, sumarios, multas, litigios laborales y tasas de accidentabilidad registradas los últimos 5 años contra la empresa minera Cerro Bayo Ltda., en su faenas de la Región de Aysén. (31839 de 21/06/2017). A Dirección del Trabajo.
Diputado Espinoza, don Fidel
. Antecedentes del estado de avance de las obras de conexión del sistema de Agua Potable Rural en el sector La Vega-Tegualda, detallando los plazos y condiciones establecidas en el contrato suscrito por parte de la empresa Consorcio Cosemar y William Ives S.A. (31840 de 21/06/2017). A Municipalidad de Fresia.
Diputado Espinoza, don Fidel
. Antecedentes del estado de avance de las obras de conexión del sistema de Agua Potable Rural en el sector La Vega-Tegualda, detallando los plazos y condiciones establecidas en el contrato suscrito por parte de la empresa Consorcio Cosemar y William Ives S.A. (31841 de 21/06/2017). A Dirección de Obras Hidráulicas.
Diputado Espinoza, don Fidel
. Antecedentes de las fiscalizaciones realizadas a las obras de conexión del sistema de Agua Potable Rural en el sector La VegaTegualda de la comuna de Fresia. (31842 de 21/06/2017). A Dirección del Trabajo.
Diputado Edwards, don Rojo . Los hechos acaecidos recientemente en la Escuela G-816, ubicada en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, detallando los procedimientos utilizados para el resguardo de la seguridad de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y acompañar antecedentes de los presuntos culpables de los ataques a Carabineros, en los términos que requiere. (31843 de 21/06/2017). A Carabineros de Chile.
Diputada Álvarez , doña Jenny . El resultado de las fiscalizaciones realizadas a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, respecto al cumplimiento de su obligación de mantención periódica de la red de alcantarillado y evacuación de aguas servidas en la comuna de Castro. (31870 de 21/06/2017). A Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Diputado Kast, don Felipe . Las medidas adoptadas para enfrentar la presencia de fuertes olores cercanos al Liceo Industrial " Eulogio Gordo ", ubicado en el sector Norte de Antofagasta. (31872 de 21/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta.
Diputado Kast, don Felipe
. Si los estándares de sanidad de la Empresa Sembcorp Utilities, encargada del manejo de residuos de la Empresa Concesionaria de Servicios de Antofagasta, cumplen con la normativa vigente, disponiendo una fiscalización en el sector norte de Antofagasta ante la presencia de fuertes olores relacionados con su actividad e indicar las medidas dispuestas para superar dicho problema. (31873 de 21/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta.
Diputado Kast, don Felipe
. Si los estándares de sanidad de la Empresa Sembcorp Utilities, encargada del manejo de residuos de la Empresa Concesionaria de Servicios de Antofagasta, cumplen con la normativa vigente, disponiendo una fiscalización en el sector norte de Antofagasta ante la presencia de fuertes olores relacionados con su actividad e indicar las medidas dispuestas para superar dicho problema. (31874 de 21/06/2017). A Intendencia de la Región de Antofagasta.
Diputado Kast, don Felipe
. Si los estándares de sanidad de la Empresa Sembcorp Utilities, encargada del manejo de residuos de la Empresa Concesionaria de Servicios de Antofagasta, cumplen con la normativa vigente, disponiendo una fiscalización en el sector norte de Antofagasta ante la presencia de fuertes olores relacionados con su actividad e indicar las medidas dispuestas para superar dicho problema. (31875 de 21/06/2017).
Diputado Kast, don Felipe
. Si los estándares de sanidad de la Empresa Sembcorp Utilities, encargada del manejo de residuos de la Empresa Concesionaria de Servicios de Antofagasta, cumplen con la normativa vigente, disponiendo una fiscalización en el sector norte de Antofagasta ante la presencia de fuertes olores relacionados con su actividad e indicar las medidas dispuestas para superar dicho problema. (31876 de 21/06/2017). A Superintendencia del Medio Ambiente.
Diputada Vallejo , doña Camila . El progreso del proceso de homologación de remuneraciones en los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos y de la Fundación Integra. (31878 de 21/06/2017). A Ministerio de Hacienda.
Diputada Vallejo , doña Camila . La forma en que fue asignada la iniciativa " Movámonos por la Educación Pública", en particular en la comuna de La Florida y los proyectos del Liceo Francisco Vergara . (31880 de 21/06/2017).
Diputada Vallejo , doña Camila . La asignación de recursos y ejecución de programas de desarrollo municipal en la Región Metropolitana. (31881 de 21/06/2017). A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Diputada Molina , doña Andrea . El nivel de cumplimiento de la obligación de mantener un banco unificado de datos con Carabineros de Chile, relacionado con aquellas personas que se encuentran con órdenes de detención pendiente. Asimismo, respecto al convenio que existe con La Organización Internacional de Policía Criminal. (31882 de 21/06/2017). A Policía de Investigaciones de Chile.
Diputada Molina, doña Andrea . La efectividad de la derivación del señor Gastón Chaparro desde el Consultorio Aviador Acevedo ubicado en Belloto Norte a sus dependencias, para una cirugía. (31883 de 21/06/2017).
Diputada Molina , doña Andrea . El nivel de cumplimiento de la obligación de mantener un banco unificado de datos con la Policía de Investigaciones de Chile, relacionado con personas que se encuentran con órdenes de detención pendiente. (31884 de 21/06/2017). A Carabineros de Chile.
Diputada Molina , doña Andrea . La situación en que se encuentra el Centro Comunitario de Salud Familiar El Trigal de Calera y el monto de dicha inversión. (31885 de 21/06/2017). A Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
Diputada Molina , doña Andrea . La denuncia por una eventual negligencia médica y adulteración de ficha clínica en atenciones entre el Consultorio de Curimón y el Hospital San Camilo de la misma comuna, formulada por la señora Karina Andrea León Fre . (31886 de 21/06/2017). A Servicio de Salud Aconcagua.
Diputada Molina , doña Andrea . Las conclusiones del estudio realizado para determinar la viabilidad del proyecto de creación de la Región de Aconcagua, en junio del año 2016, la que estaría conformada por las provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes, Quillota y Petorca . (31887 de 21/06/2017). A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Diputada Molina, doña Andrea . La veracidad en las declaraciones del señor Raúl Delgadillo , Dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, sobre la suspensión de actividades de la unidad de rayos del Hospital Carlos Van Buren, luego de sufrir una inundación con aguas servidas, precisando las causas de dicha inundaciones y las medidas a tomar a futuro para evitar una situación similar. (31888 de 21/06/2017). A Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.
Diputada Molina , doña Andrea . Las medidas adoptadas como institución para hacer frente al vertimiento de aguas servidas en el sector Los Ventisquero de Playa Ancha, Región de Valparaíso. (31889 de 21/06/2017). A Armada de Chile.
Diputada Molina , doña Andrea . Las razones del vertimiento de aguas servidas en el sector Los Ventisquero , Playa Ancha, Región de Valparaíso. (31890 de 21/06/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso.
Diputada Molina , doña Andrea
. Las razones del corte generalizado del suministro de agua de la planta de ESVAL S.A y si dicho corte se asocia al vertimiento de aguas servidas en el sector Los Ventisqueros, Playa Ancha, Región de Valparaíso. (31891 de 21/06/2017). A Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Diputada Molina , doña Andrea . El estado de construcción de la subcomisaria destinada al sector de Belloto Sur, comuna de Quilpué, señalando los plazos establecidos para su ejecución y la fuente de su financiamiento. (31892 de 21/06/2017). A Carabineros de Chile.
Diputada Molina, doña Andrea . La etapa en la que se encuentra el proyecto de construcción del Centro de Salud Familiar de Belloto Sur para el año 2017, indicando a su vez, los plazos establecidos para su ejecución y la fuente de financiamiento del mismo. (31893 de 21/06/2017). A Ministerio de Salud.
Diputada Molina, doña Andrea . Los proyectos de mitigación contemplados por este servicio para la calle El Lingue, ubicada en el Cerro La Cruz, Ciudad de Valparaíso. (31894 de 21/06/2017). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso.
Diputada Molina , doña Andrea . El decreto que establece un beneficio de atención gratuito en salud para los afiliados del Fondo Nacional de Salud que ejerzan liderazgos sociales. (31895 de 21/06/2017). A Ministerio de Salud.
Diputada Molina , doña Andrea . El estado del diseño de ingeniería para la construcción de la Subcomisaria destinada al sector de Belloto Sur, comuna de Quilpué, señalando los plazos establecidos para su ejecución. (31896 de 21/06/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputada Molina , doña Andrea . El estado de construcción de la Subcomisaria destinada al sector de Belloto Sur, comuna de Quilpué, señalando los plazos establecidos para su ejecución y la fuente de su financiamiento. (31897 de 21/06/2017). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31898 de 21/06/2017). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31899 de 21/06/2017). A Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31900 de 21/06/2017). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31901 de 21/06/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31902 de 21/06/2017). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31903 de 21/06/2017). A Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31904 de 21/06/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31905 de 21/06/2017). A Ministerio de Defensa Nacional.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31906 de 21/06/2017). A Ministerio de Energía.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31907 de 21/06/2017). A Ministerio de Hacienda.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31908 de 21/06/2017). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31909 de 21/06/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31910 de 21/06/2017). A Ministerio del Medio Ambiente.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31911 de 21/06/2017). A Ministerio del Deporte.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31912 de 21/06/2017). A Ministerio de Educación.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31913 de 21/06/2017). A Ministerio de Bienes Nacionales.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31914 de 21/06/2017). A Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31915 de 21/06/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31916 de 21/06/2017). A Ministerio de Minería.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31917 de 21/06/2017). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31918 de 21/06/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31919 de 21/06/2017). A Ministerio Secretaria General de Gobierno.
Diputado Paulsen, don Diego . El número de cargos en las respectivas plantas de su cartera y servicios dependientes que se encuentren a la fecha vacantes, detallando el período en el que no han sido provistos, de la misma forma, informe sobre la cantidad de concursos públicos que se encuentran actualmente en trámite para proveer dichos cargos. (31920 de 21/06/2017). A Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-García García, René Manuel
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende.
-Con licencia médica: El diputado señor Joaquín Tuma Zedán.
-Con impedimento grave: Las diputadas señoras Cristina Girardi Lavín y Clemira Pacheco Rivas, y los diputados señores Daniel Melo Contreras y Gabriel Silber Romo.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 28ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 29ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO .-
Señor Presidente, en días pasados conocimos la noticia de que su santidad el papa Francisco visitará Chile entre los días 15 y 18 de enero del próximo año. Por tanto, quiero plantear a la Mesa -si lo tiene a bien, pido que lo analice con los jefes de los Comités el deseo de muchos de nosotros de que el papa Francisco tenga un encuentro con el mundo político. En general él suele visitar los lugares donde las fronteras de las dificultades son muchas, y qué duda cabe de que en el mundo político atravesamos por una situación crítica de desprestigio, de desconfianza y muchas veces de lejanía de lo que el pueblo espera.
Creo que le haría bien al mundo político tener un encuentro con el papa Francisco, porque más allá de la separación del Estado de la Iglesia, más allá de ser un líder católico, qué duda cabe de que el papa Francisco es un líder espiritual, y qué bien nos haría una dosis de espiritualidad y de reflexión, más aún cuando vamos a haber terminado un proceso electoral y vamos a tener un gobierno que termina y uno nuevo que se inicia.
El papa Francisco se ha dirigido en numerosas oportunidades al mundo político. Ha dicho: “Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en política.”.
No quiero ahondar más en el tema, sino solo señalar que ojalá que en la programación de la visita del papa Francisco, que recién se inicia -ayer la Presidenta Bachelet designó al señor Benito Baranda como encargado para ese fin-, se hagan las gestiones pertinentes para que se lleve a cabo un encuentro del santo padre con el Congreso Nacional, con el mundo político, que creo que muy bien nos haría.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Señor diputado, plantearemos su propuesta en reunión de Comités la próxima semana.
Cabe hacer presente que la visita del Papa será solo a las ciudades de Santiago, de Temuco y de Iquique. De todas maneras -reitero-, su petición será formulada la próxima semana en reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, me parece extraordinaria la propuesta de que todo el mundo político se reúna con nuestro papa Francisco, quien además es argentino y jesuita. Los que venimos del mundo jesuita, los “Pobletes”, sabemos lo que es eso.
Señor Presidente, en el tercer lugar de la Tabla de esta sesión figura el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera, suscrito en Valparaíso en 2014. Se trata de un proyecto aprobado en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, pido que recabe el acuerdo de la Sala para que se rindan los dos informes del proyecto de acuerdo y este sea votado sin discusión, habida consideración de que fue analizado total y absolutamente en ambas comisiones.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado José Miguel Ortiz ?
No hay acuerdo.
El señor URRUTIA (don Ignacio) .- Señor Presidente, solicito reunión de Comités.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios, en orden a prorrogar por primera vez su mandato en treinta días, a contar del 28 de junio de 2017, en atención a que la gran cantidad de antecedentes recibidos y la complejidad técnica de la materia demandan un tiempo adicional para su análisis y para la redacción de las respectivas proposiciones y conclusiones definitivas.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, tal vez la petición de prórroga podría ser aceptada por la Sala si se solicita por única vez. Lo señalo porque muchas veces ha ocurrido que se aprueban prórrogas sobre prórrogas. Pero en este caso, la petición puede ser formulada por única vez. Si es así, la Sala perfectamente podría acceder a ella.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Señor diputado, dado que no hubo acuerdo, la solicitud debe ser sometida a votación.
Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, la comisión investigadora lleva un mes sin poder sesionar, no porque no queramos, sino porque la Comisión de Educación ha estado abocada en forma permanente a la discusión del proyecto de reforma de la educación superior.
Por eso, de manera unánime, acordamos pedir la prórroga del plazo, por única vez, por 30 días, a fin de poder escuchar al Ministerio de Educación y saber qué ocurrirá con los estudiantes de la Universidad Arcis.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de prórroga del plazo de la Comisión Especial Investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis, en atención a lo planteado por los dos diputados que acaban de hacer uso de la palabra.
No hay acuerdo.
Corresponde votar la petición. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Edwards Silva, Rojo ; Farcas Guendelman, Daniel ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hoffmann Opazo, María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López , Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Campos Jara, Cristián ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores García, Iván ; Hernando Pérez, Marcela ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto, Lautaro ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Lemus Aracena, Luis ; Núñez Arancibia, Daniel ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo .
-o-
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Hago presente que las siguientes comisiones sesionarán en forma simultánea con la Sala: la Comisión de Deportes y Recreación, de 10.45 a 12.00 horas, y la Comisión Especial Investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios, de 11.00 a 13.00 horas.
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, quiero pedir lo siguiente: durante todas las sesiones se ha hecho usual que más de alguien pida la suspensión de la misma porque no hay quorum. Desgraciadamente, no tenemos cómo consignar la asistencia respecto de los parlamentarios que se encuentran en las comisiones que funcionan en paralelo con la Sala.
Entonces, propongo que la Mesa utilice el siguiente criterio.
Si hay comisiones sesionando en forma simultánea con la Sala, es evidente que hay parlamentarios que, con su autorización, están cumpliendo cometidos en determinados órganos. En consecuencia, al haber comisiones funcionando, no será posible reclamar el quorum requerido para que la Sala pueda seguir sesionando.
Reitero mi propuesta: que el criterio de la Mesa sea que si hay comisiones funcionando paralelamente con la Sala, el quorum para que esta pueda sesionar se dé por cumplido.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Interesante su proposición, diputado señor Andrade . Sin embargo, tendrán que verla los Comités para ver si se adopta como medida en adelante.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, le estoy pidiendo que recabe el acuerdo de la Sala en tal sentido.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Diputado señor Andrade , el punto que usted plantea no está en discusión. Le reitero que será tratado en su oportunidad por los jefes de Comités.
El señor ANDRADE.-
Salvo que la Sala accediera a lo que estoy planteando y lo adoptara como un acuerdo.
Por tanto, le solicito que recabe el acuerdo de la Sala, señor Presidente.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Señor diputado, le insisto en que el punto en cuestión será visto por los jefes de Comités en otro momento.
Solo por esta vez solicito la unanimidad de la Sala respecto de su petición.
El señor ANDRADE.-
¿Para acceder a mi petición se requiere la unanimidad de la Sala?
El señor LANDEROS (Secretario).-
Sí, señor diputado.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
¿Habría unanimidad para acceder a la proposición del diputado señor Andrade ?
No hay unanimidad.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, en varias oportunidades se ha pedido suspender sesiones por falta de quorum. Hay un diputado, el cual en estos momentos no se encuentra en la Sala, que lo único que hace es pedir aquello a cada rato.
Tengo entendido que para hacer lo que propone el diputado Andrade se debe modificar el Reglamento de la Corporación. No se trata de un cambio que requiera el acuerdo unánime de la Sala.
Entonces, la solución es tan fácil como presentar un proyecto para modificar nuestro Reglamento -lo puede presentar el mismo diputado Osvaldo Andrade o quien quiera hacerlo-, se tramita en la comisión respectiva; pasa a Sala, lo discutimos, lo votamos y se acaba todo el problema.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Como señalé, el punto en cuestión se verá en reunión de Comités.
Tiene la palabra, su señoría.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, si usted recaba la unanimidad de la Sala sobre este punto, por ese solo efecto el Reglamento tiene que modificarse, porque habría una acuerdo de la Sala al respecto.
La verdad es que no sé si se requiere unanimidad sobre el particular. Pero si así fuera, el solo acuerdo determinaría el cambio en el Reglamento. Ello, en la línea de lo señalado por el diputado Ignacio Urrutia .
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Recabaré nuevamente la unanimidad de la Sala.
¿Habría unanimidad para acceder a lo solicitado por el diputado señor Andrade ? No hay unanimidad.
En consecuencia, la discusión sobre este punto se trasladará a los jefes de los Comités Parlamentarios, quienes se reunirán en algunos minutos más.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, le recuerdo que citó a reunión de Comités. Alguien se refirió a mi ausencia en la Sala, pero ello se debió precisamente a que me encontraba esperando que usted llegara a dicha reunión.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Todavía no hemos podido salir de la Sala, señor diputado.
Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES DE CRÉDITO Y A EMPRESAS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL [SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10226-03 (S)] (CONTINUACIÓN)
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 37 de la ley N 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a fin de establecer nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 37ª de la presente legislatura, 21 de junio de 2017, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, la modificación al artículo 37 de la ley N 19.496 que plantea este proyecto viene a poner en el tapete una situación que se ha ido incrementando progresivamente y que habla también de que la economía debe tener ciertos valores y principios, que parece que se han perdido.
Al respecto, cabe recordar que hoy nos vemos enfrentados a un mercado de capitales con múltiples instrumentos financieros, el cual permite a una gran cantidad de familias y pequeñas empresas, incluso a jóvenes que todavía no salen de los estudios superiores, acceder a una variada cantidad de recursos para financiamiento e inversión.
No obstante ello, las cifras se elevan progresivamente. En Chile, según un estudio del Banco Central de 2014, el 73 por ciento de los hogares tenía alguna deuda, ya fuera con casas comerciales, con el retail o con bancos, y la más común era por consumo.
Como se mencionó en la sesión de ayer, de acuerdo a un estudio de la Universidad San Sebastián, casi doce millones de personas se encontraban en dicha categoría en 2016.
A esa situación se debe agregar la cultura financiera que tiene nuestro país, que es muy básica. Es reconocida la existencia de un analfabetismo financiero en Chile: hay una oferta muy gratuita del consumo, de las tarjetas, de los créditos, pero se ignoran las condiciones de aquellos.
Por lo tanto, creo que la modificación al artículo 37 está muy bien encaminada porque va en la línea del respeto y la dignidad de las personas y no de las situaciones dantescas que hoy afectan la calidad de vida de la gente: amenazas y una serie de situaciones que hoy están llevando a las familias al estrés.
Por otro lado, en el mercado surgió el modelo de las empresas de cobranzas, que compran las carteras de los clientes. ¿Qué ha significado eso? Que, por ejemplo, dichas empresas pueden comprar la cartera de un cliente a cinco pesos para luego efectuar el cobro original con toda la coacción y las medidas de amedrentamiento que se aplican a los deudores.
En consecuencia, son ingentes las cantidades de dinero que ganan tales empresas sin siquiera haber efectuado algún trabajo productivo para nuestro país.
Creemos que dicha situación tiene un límite, que es el actual. El mercado no puede utilizar herramientas que parecen de otros períodos: la amenaza, la coacción, incluso la falta de respeto a la dignidad de las personas, porque por muy endeudado que uno esté ni la comunidad, ni los vecinos, ni los familiares, ni el mundo en general tienen por qué enterarse de la situación que le afecta en su vida diaria.
Por consiguiente, es muy necesario que se regule esta materia, pero de la mejor manera, a fin de que haya respeto hacia las personas. En tal sentido, espero que el proyecto se apruebe con la indicación del diputado Chahin y la del diputado Joaquín Tuma -el colega no se encuentra en la Sala, pero aprovecho de saludarlo para que desde el momento de la toma de un crédito las personas sepan qué podría suceder en caso de embargo.
Pensamos que el mercado no puede estar sometido a la ley de la selva ni aprovecharse de algo que se halla pendiente en Chile: la educación financiera de su población.
Por lo expuesto, concurriré con mi voto favorable a este proyecto.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Farcas . Su señoría no intervendrá en esta oportunidad.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, somos varios los diputados inscritos para intervenir en este debate, pero una parte importante de ellos no se encuentra en la Sala, seguramente porque están en reunión de los Comités.
Como tengo un compromiso adquirido con ellos, debo inhibirme de realizar mi intervención en este momento.
Lo expreso para que haya claridad acerca de por qué no realizaré en este instante mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Deben estar tratando asuntos importantes en la reunión de los Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, los presentes debemos conocer a lo menos a una persona que sufre una delicada situación económica a causa de las deudas vencidas que la agobian.
El Congreso Nacional ha dictado más de una ley para tratar de aliviar esas situaciones, hacerlas más llevaderas o, por último, evitar que por el estado en que se encuentran esas personas, las empresas de cobranza u otros participantes del sistema de cobranzas se aprovechen de los deudores y los hagan entrar en una espiral de deudas, lo que, en definitiva, los hace perder incluso los bienes más preciados del grupo familiar.
Recuerdo con mucha tristeza lo vivido en la década de los 80, en la que se produjo una crisis económica que fue callada, pues no se permitía comentarla ni discutirla.
Por medio de la presente moción -obra de los senadores Eugenio Tuma , Alejandro Guillier y Manuel José Ossandón , quienes me pidieron en su oportunidad que hiciera algunos aportes a la iniciativa debido a mi conocimiento de las crisis vividas en épocas pasadas de triste recuerdo se pretende modificar el artículo 37 de la Ley que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de corregir algunas malas prácticas en que incurren las empresas de cobranza, a fin de que el deudor cuente con más elementos de juicio para buscar alguna solución a su situación crediticia. Para lograrlo, se establece que ante cualquier gestión destinada a la obtención del pago de la deuda, se deberá informar por escrito al deudor sobre los derechos que lo asisten en un procedimiento extrajudicial de cobro y otras materias relacionadas con su deuda, como el nombre del mandante del cobro, los intereses y multas, los gastos asociados a la cobranza y las posibilidades de renegociación.
En definitiva, se busca que el deudor cuente con mayor y mejor información para determinar la vía que acepta para solucionar sus compromisos.
El problema de la deuda y de los morosos es un tema serio en nuestro país. Según las cifras entregadas por el VII Informe de Deuda Personal elaborado por la Universidad San Sebastián, casi 4 millones los chilenos se encuentran en esa situación, razón por la cual es muy conveniente entregarles mejores elementos para solucionar sus problemas económicos, no para empeorarlos, como sucedió durante la década de los 80, en la que solo se renegociaba para facilitar a los bancos el remate del bien más preciado de las familias: su casa.
Reitero: no queremos que este proyecto empeore la situación de los deudores a manos de las empresas de cobranza.
Por lo tanto, resulta imperativo que aprobemos el proyecto en discusión. De acuerdo con las últimas intervenciones de los colegas, debiera haber unanimidad para su aprobación. Se trata de un tema muy discutido en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, en donde recibió aportes de nuestros invitados e, incluso, de diputados que no somos integrantes de esa instancia, para que la iniciativa vaya en beneficio de las personas que hoy sufren endeudamientos que superan con mucho sus condiciones económicas.
Por eso, introducidas las modificaciones consensuadas con los autores, vamos a votar a favor el proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, el proyecto dice relación con uno de los aspectos que quizás ha producido más sensación de vulnerabilidad y de abuso en nuestra sociedad durante las últimas décadas. Es una señal de que existe una relación asimétrica per se entre el proveedor y el consumidor, la que podemos apreciar a nivel de información y de poder, y que muchas veces genera abusos no solo en el área financiera, sino también en la provisión de servicios básicos. Por ejemplo, hemos visto lo que ocurre a propósito de prolongados cortes de luz, que esta vez han generado una enorme conmoción pública porque suceden en la Región Metropolitana. Sin embargo, los cortes de luz son pan de cada día en regiones, sobre todo en el sur del país, en donde hay sectores rurales que pasan semanas sin energía eléctrica, incluso cuando no es invierno o no se registran fuertes vientos. Todos sabemos que esa realidad es invisible para los medios de comunicación.
¿Qué pasaría si existiese la posibilidad de demandar colectivamente por daño moral? A lo mejor, estas empresas se inhibirían de prestar un servicio de tan mala calidad; pero esa posibilidad no existe.
El proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, aprobado en su momento por la Cámara de Diputados, lleva más de dos años tramitándose en el Senado. Justamente, uno de los puntos cuestionados en la Cámara Alta es la posibilidad de demandar colectivamente por daño moral. El Senado ha cercenado muchas facultades que la Cámara de Diputados entregó al Servicio Nacional del Consumidor para convertirlo efectivamente en un león con dientes.
La diputada Maya Fernández promovió un proyecto para ayudar a los electro dependientes, es decir, a las personas que sufren una enfermedad crónica y cuya subsistencia depende de algún tipo de equipo eléctrico, lo que hace que les suba de manera exagerada la cuenta de la luz.
¿Cómo respondemos a esas personas, que llevan días y semanas sin energía eléctrica? Ellas no pueden demandar daño moral colectivamente, sino que tendrían que hacerlo de forma individual. Por eso, hay mucho que avanzar en esta materia.
Si bien el proyecto en discusión se refiere a una materia muy puntual, cabe precisar que la cobranza es uno de los aspectos que genera mayor sensación de abuso.
Se han regulado las cobranzas a fin de que no se simulen demandas judiciales y no se generen prácticas matonescas para tratar de cobrar un crédito, lo que ha generado un conjunto de situaciones de coacción inaceptables. La ley franquea los medios para cobrar los créditos, pese a lo cual, muchas veces, se utilizan medios absolutamente inadecuados para obtener su pago.
El proyecto de ley perfecciona la regulación de esta materia al establecer que antes de generar una cobranza, debe entregarse información de calidad a quien es objeto de dicha cobranza. El afectado tiene derecho a conocer el contrato en cuestión, la fecha de suscripción, la fecha en que debió pagarse la obligación adeudada o aquella en que se incurrió en mora, y el monto adeudado. En caso de que se cobren intereses, los consumidores deben tener derecho a conocer de manera clara y precisa el monto, los intereses y la liquidación de estos; a conocer las tasas que se aplicaron, el tipo de interés y el período sobre el cual se cobran. De esa manera, podrán reclamar, defenderse y alegar en caso de que exista alguna irregularidad.
Hoy la gente es acosada e invadida con llamadas telefónicas, en las que solo le informan lo que debe pagar, pero no sabe si el monto cobrado es el que corresponde, porque hay poca transparencia y la información es confusa.
Por eso es importante que se mencione si en ese cobro hay gastos de cobranza asociados. En necesario que se mencione expresamente el monto, la causa, el origen, para saber si ese cobro se hace de conformidad con la ley; si hay otro tipo de gastos, como notariales, de impuestos, etcétera.
La gente debe conocer qué posibilidades tiene para pagar la obligación adeudada y las modalidades de pago. Es decir, se debe mejorar no solo la cantidad de información entregada, sino también su calidad. Por eso, el proyecto establece que la notificación debe enviarse “una transcurridos a lo menos 10 días desde la mora o simple retraso,”.
¿Por qué se planteó como plazo a lo menos diez días? Porque no queremos que después de un día de atraso llegue un escrito a la casa del deudor. Diez días es un tiempo adecuado para notificar por teléfono y para que el deudor se ponga al día. Si el deudor no paga en diez días, debe enviarse la información, la cual debe ser precisa, clara y con un contenido útil.
En la Comisión de Economía incorporamos normas de protección de datos personales, por ejemplo, que el proveedor del crédito y la empresa de cobranza deben resguardar que la información entregada solo sea conocida por el deudor, evitando que familiares o terceros la conozcan. ¿Imaginan qué ocurriría si esa información llegara a conocimiento del empleador de ese deudor? Al final, podría haber ocurrido que dicho empleador o algún familiar del deudor se enterara de esa información antes que este.
El proyecto busca resguardar la adecuada protección de datos personales sensibles. Por eso, en la comisión nos pareció oportuno incorporar una norma sobre el particular.
Asimismo, nos pareció pertinente incorporar otra disposición relevante en materia de información, sobre el listado de bienes inembargables. Esa es una información que los deudores muchas veces no conocen, a pesar de que tienen derecho de saberla. Por eso, incorporamos un precepto de estas características.
El proyecto de ley fue una buena idea de la moción antes. Escuchamos al Sernac y a las organizaciones de consumidores, y creo que los cambios que introdujo la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados van en la línea correcta, de resguardar los datos personales; de mejorar la cantidad, la calidad y la precisión de la información, y de establecer un plazo para que el deudor pueda ponerse al día antes de que le llegue el aviso por escrito.
Por último, incorporamos un artículo transitorio para que el reglamento correspondiente se dicte dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la presente ley en proyecto.
Habitualmente, ese tipo de reglamentos no se dictan nunca y las iniciativas de ley que despacha el Congreso Nacional terminan siendo letra muerta.
Hay muchas cosas que deberán ser incorporadas en el reglamento, por ejemplo, el formato de la notificación o los casos en que se pueda hacer por vía electrónica. El reglamento tendrá que establecer cómo se realizará esta diligencia informativa en los casos en que se haga por vía electrónica.
Señor Presidente, invito a la Sala a aprobar el proyecto. Si bien puede parecer modesto, es muy importante porque busca frenar los abusos y mejorar los derechos del deudor que es objeto de una cobranza extrajudicial por parte de acreedores, fundamentalmente, de carácter financiero.
No obstante la importancia del proyecto, a mi juicio seguimos tapando el sol con un dedo, haciendo cosas muy menores, en circunstancias de que el verdadero proyecto para enfrentar de buena forma situaciones de abuso en esta materia se encuentra en el Senado, donde lleva demasiado tiempo a la espera de ser despachado. Me parece una vergüenza que después de transcurridos más de dos años, los senadores no sean capaces de despachar un proyecto que frena el abuso, a pesar de que tuvo tramitación urgente en las comisiones de Economía, de Constitución y de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Esas cosas indignan. Si hablamos de una agenda contra el abuso y la desigualdad, y queremos fortalecer los derechos de los consumidores, el Congreso debe actuar en consecuencia y tramitar estos proyectos con la urgencia correspondiente. Me parece que en este caso el Senado ha sido poco diligente -por no decir que ha actuado con desidia en apoyar los proyectos que fortalecen los derechos de los consumidores, como aquel que fortalece el Sernac.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el proyecto de ley, de artículo único, se inició en una moción de los senadores Ossandón , Guillier y Tuma .
La iniciativa, que no contiene normas de quorum, busca obligar a las empresas proveedoras de créditos y a las de cobranza extrajudicial a informar por escrito sobre los derechos del deudor en el contexto de un procedimiento extrajudicial de cobro, de acuerdo a lo establecido en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.
En Chile existen aproximadamente 3,5 millones de deudores que terminan con multas y en un sistema de cobranza extrajudicial, en una situación de desequilibrio, de asimetría entre el acreedor y el deudor. Por esa razón, en materia de cobranza judicial, se intentó modificar el Código de Procedimiento Civil por un nuevo código procesal civil, en el que se establece un sistema distinto de cobranza, precisamente para terminar con la asimetría actual y con el subsidio legal que existe hacia la banca, que tiene un procedimiento ejecutivo muy práctico para cobrar.
El proyecto de ley en discusión perfecciona la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y pretende establecer una mayor simetría entre los deudores, que son la gran mayoría, y los acreedores, un grupo muy reducido y poderoso.
Es evidente que la relación entre los deudores y los acreedores es desequilibrada y, aunque se ha avanzado legislativamente en este ámbito, la iniciativa afronta uno de los nudos de esta situación: la información. Desde ese punto de vista, resulta lógico que un deudor consciente de sus derechos está menos indefenso frente a acreedores que utilizan todos los medios posibles para presionarlo para que pague el dinero adeudado.
Tras algunas precisiones a la redacción del proyecto, se concordó un texto que obliga a informar diversos aspectos al deudor, como el nombre de la persona, la empresa mandante o proveedor del crédito, según corresponda; la información precisa respecto de los contratos, fecha de suscripción y del momento en que debió pagarse la obligación adeudada; en caso de que se cobren intereses, la liquidación de los mismos, con mención expresa, clara y precisa de las tasas aplicadas, el tipo de interés y el período sobre el cual recaen; en caso de que sean aplicables costos o gastos de cobranza, la mención expresa de estos; la posibilidad de pagar la obligación adeudada o las modalidades de pago que se ofrezcan, y los derechos que, conforme a la ley, le asisten al deudor.
En condiciones ideales de mercado, no sería necesario que el Congreso Nacional interviniera para establecer regulaciones, pero, como todos sabemos, por los casos que nos llegan a nuestras oficinas parlamentarias, en muchas empresas de cobranza la instrucción parece ser cobrar a toda costa, lo que lleva a situaciones de amedrentamiento al máximo para obtener el pago de las deudas, lo que en sí mismo es razonable. Lo que no es racional es el método que se emplea. Se entiende que las obligaciones hay que cumplirlas, pero el método que se emplea es inaceptable.
En consecuencia, valoramos la iniciativa, originada en una moción de senadores, que vamos a aprobar. Espero, como dijo el diputado Fuad Chahin , que otras mociones nacidas en la Cámara de Diputados, que se encuentran en el Senado, también avancen en su tramitación, porque queremos terminar con los abusos y con la situación de indefensión en que se encuentran los deudores.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el artículo 37 de la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a fin de establecer nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo, María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López , Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde votar en particular el texto propuesto por la Comisión de Economía.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo, María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López , Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Despachado el proyecto al Senado, con modificaciones.
REGULACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9511-12)
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos.
Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Osvaldo Urrutia .
Antecedentes:
-Moción, sesión 58ª de la legislatura 362ª, en 19 de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 36ª de la presente legislatura, en 20 de junio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URRUTIA, don Osvaldo (de pie).-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, particularmente a su presidente, diputado Cristián Campos , por concederme el honor de ser el diputado informante de este proyecto sin pertenecer a dicha comisión.
Entonces, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de la referencia, de origen en una moción de la diputada señora Andrea Molina Oliva y de los diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez , Daniel Melo Contreras , Fernando Meza Moncada , Leopoldo Pérez Lahsen , Jorge Rathgeb Schifferli , David Sandoval Plaza, Jorge Ulloa Aguillón y quien habla, Osvaldo Urrutia Soto .
La iniciativa legal tiene por objetivo facultar a las municipalidades para disponer el retiro de residuos o desechos de redes eléctricas y de otros servicios de telecomunicaciones, tales como cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro objeto o artefacto perteneciente a dichas redes o instalaciones, y aplicar las sanciones que resulten pertinentes para quienes los abandonen en postes o en cualquier estructura emplazada en bienes nacionales de uso público.
Antecedentes y fundamentos del proyecto
Los autores de la moción expresan que en varias ciudades y comunas del país los postes que llevan las redes de distribución eléctrica no sólo soportan los cables que transportan la energía eléctrica domiciliaria y los que pertenecen al alumbrado público, sino que también se encuentran atiborrados de cables que pertenecen a diferentes compañías que prestan servicios de comunicaciones, muchos de los cuales se encuentran en desuso, lo que genera un alto grado de contaminación visual en la mayoría de las ciudades.
En efecto, agregan que los cables pertenecientes a las compañías de comunicaciones se apoyan en los postes del alumbrado público y no los retiran una vez que dejan de ser utilizados, lo que no solo representa un problema desde el punto de vista estético, pues se contamina el paisaje urbano y no dejan apreciar la arquitectura local, sino que también constituye una real amenaza de caída de los postes por sobrecarga.
Este problema se produce, en gran medida, porque para las empresas de comunicaciones resulta más económico dejar en los postes los cables sin uso en lugar de retirarlos. En la práctica, incluso, las empresas instalan nuevos cables con mejor tecnología y dejan abandonado el cableado antiguo.
Destacan que aun cuando este fenómeno se repite en varias comunas del país, la normativa interna no regula con precisión la cantidad de cables que pueden existir en un poste, pues solo se establece como límite el coeficiente de ruptura del poste, es decir, el peso o carga que cada poste puede resistir antes de colapsar. Es así como un mismo poste puede llegar a soportar varios puntos de contacto o apoyo pertenecientes a diferentes empresas de comunicaciones, lo que en la actualidad le reporta cuantiosos ingresos a las empresas de distribución eléctrica, lo que hoy no está regulado ni prohibido.
Un mecanismo que permite subsanar esta situación es el soterramiento del cableado. Sin embargo instalar los cables bajo tierra tiene un alto costo. Según estimaciones de la empresa Chilectra efectuadas en 2012, soterrar todos los cables de las principales ciudades del país tendría un costo aproximado de 35.000 millones de dólares, lo que es siete veces más caro que colgar los cables de un poste.
El soterramiento implica el riesgo de que en la mayoría de los casos esos costos se traspasen a los usuarios, con la consecuente alza en los costos de urbanización, lo que en definitiva podría traspasarse al precio de viviendas nuevas que se construyan y aumentar los precios que deberán pagarse en las cuentas por consumo de energía eléctrica domiciliaria.
Hacen presente que, en otros países, como en el caso de algunas capitales europeas, se ha optado por normar esta materia desde el punto de vista ambiental y se ha obligado a las empresas a hacerse cargo de sus cables en desuso como una medida para que sean ellas quienes internalicen el negativo impacto de su negocio, lo que tiene en consideración el valor paisajístico y cultural de los lugares afectados por las líneas, por lo que así se establecen requerimientos que en cada caso deben cumplir.
Sin embargo, en nuestro país la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, no contempla regulaciones detalladas en caso de excesos en el ejercicio de los derechos por parte de las empresas beneficiarias de concesiones en sistemas de telecomunicaciones.
Agregan los autores de la moción que, en razón de lo expuesto, resulta necesario dar solución a este vacío legal a través de un proyecto que precise con claridad la forma en que las empresas de telecomunicaciones y de distribución eléctrica realizan esa actividad, de modo de evitar el acopio de cables sin uso.
En este sentido, el artículo 18 de la citada ley reconoce que el tendido o cruce de líneas aéreas en calles, plazas, parques, miradores, caminos y otros bienes nacionales de uso público, como son las postaciones, no deben perjudicar el uso principal de esos bienes, debiendo para ello cumplir las normas técnicas y reglamentarias, como también las ordenanzas que correspondan. Sin embargo, no hay una alusión clara al contenido de las ordenanzas en esta materia, lo que ha dado lugar a constantes vulneraciones por parte de las compañías de telecomunicaciones, generando un perjuicio para la comunidad.
Por ello, mediante esta iniciativa legal se pretende determinar con claridad que aquello que la ordenanza llama a respetar es justamente el buen uso de los tendidos aéreos de cables de telecomunicaciones, considerando para ello los cables abandonados como residuos de redes de telecomunicaciones, de modo de evitar que se abandonen en postes o en cualquier estructura emplazada en bienes nacionales de uso público, residuos o desechos de redes eléctricas, o de otros servicios de telecomunicaciones.
Discusión y aprobación del proyecto.
La discusión contó con la participación del subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez ; del superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila ; del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios , y del subsecretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, Marcelo Segura .
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la comisión presentes, señoras Girardi y Molina , y señores Morales, Pérez, don Leopoldo ; Rathgeb , Sandoval y Urízar .
Los principales aspectos analizados fueron los siguientes.
Relevancia de legislar sobre la materia.
El proyecto de ley constituye una sentida demanda ciudadana, que persigue hacerse cargo de la basura tecnológica que es dejada en los postes del tendido de alumbrado público, problema que se replica en todas las ciudades y localidades del país. El problema ocurre cuando las empresas de telecomunicaciones no retiran los cables en desuso y quedan instalados. Ello pone en riesgo la vida de las personas por exceso de carga de los postes, produce gran pérdida del valor patrimonial de las ciudades por contaminación visual y ocasiona múltiples riesgos. En definitiva, son chatarra que permanece colgada en los postes.
Una medida para resolver la situación sería el soterramiento. Sin embargo, ello excede a los presupuestos.
Mediante la iniciativa legal se propone otorgar facultades a los municipios para retirar los cables aéreos en desuso pertenecientes a las empresas de telecomunicaciones, aplicar multas y cobrar los costos del retiro a las empresas.
Al efecto, en la discusión parlamentaria se aprobó una indicación transversal que modifica la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, al agregar en el artículo 18 los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto:
“Las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentre en funcionamiento, deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios, en el plazo de tres meses desde que hubieren dejado de prestar utilidad.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, las municipalidades podrán retirar esos elementos a costa del respectivo concesionario y su cobro se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 47 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán, a solicitud de la municipalidad correspondiente a su área de concesión, informar acerca de los apoyos de servicios de telecomunicaciones, desagregados por empresa, con la finalidad de contar con la información para hacer aplicable lo establecido en el inciso anterior.
Con todo, la infracción de lo dispuesto en el inciso tercero será sancionada por el juez de Policía Local competente con una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal.”.
La iniciativa legal será complementada con un Plan Técnico Fundamental de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que regirá a fines de este año, con el objeto de normar las instalaciones de esas redes.
La subsecretaría concordó con que el espíritu del proyecto de ley está de acuerdo con la interpretación que ha efectuado dicha subsecretaría sobre las facultades de los municipios para ordenar el retiro, en virtud del artículo 18 de la ley en comento. Al efecto, la interpretación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones da cuenta de que el cableado de dichas empresas que no tiene por objetivo cumplir una finalidad de telecomunicaciones, es considerado escombro y, bajo ese concepto, los municipios tienen la potestad de proceder y ordenar su retiro.
En el diálogo parlamentario se hizo hincapié en que esta normativa responde a la necesidad de fortalecer la legislación, porque ha habido múltiples esfuerzos por parte de los municipios y mesas técnicas regionales para resolver el retiro de cables aéreos que aquejan a gran parte de las ciudades y localidades, pero ese problema no ha podido ser resuelto por diversos motivos.
Por último, se hace presente que el inciso final del artículo único tiene el carácter de ley orgánica constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
El proyecto de ley no contiene normas de quorum calificado ni requiere del trámite de la Comisión de Hacienda.
Por las consideraciones expuestas, solicito a la Sala que apruebe el presente proyecto de ley.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra al diputado Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, el auge de la tecnología ha significado grandes cambios en la forma en que se desarrolla la vida en nuestro país. En ese sentido, el desarrollo de la electricidad y de las telecomunicaciones ha permitido la superación de barreras otrora insuperables, como el tiempo y el espacio, ya que se han acortado las barreras, lo que permite conocer hechos ocurridos a grandes distancias de manera simultánea.
No obstante todas las ventajas que tiene el desarrollo de la electricidad, ella tiene externalidades negativas que afectan tanto al medio ambiente como la salud de los seres humanos.
Parafraseando a Gaston Bachelard , toda luz proyecta una sombra. En este caso, la luz son los avances que supone el servicio eléctrico, es decir, la extensión de la jornada útil, de manera que la noche puede utilizarse para la diversión, el trabajo, el ocio, la producción literaria y artística, y otras actividades que antes solo eran para descansar.
El proyecto de ley propone que las empresas concesionarias se responsabilicen de sacar el cableado eléctrico en desuso, tendido que no solo es antiestético, sino potencialmente dañino, porque puede caer sobre los transeúntes en casos de catástrofes.
Este proyecto es de toda lógica, pues alguien debe hacerse responsable de las toneladas de cables que cuelgan en nuestras ciudades.
Sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo del artículo único del proyecto señala: “En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, las municipalidades podrán retirar estos elementos a costa del respectivo concesionario y su cobro se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 47 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.”. Comparto plenamente lo anterior.
Aprovecho esta oportunidad para abordar un problema que, si bien no es tocado en este proyecto de ley, debe preocuparnos. Me refiero a la contaminación electromagnética, fenómeno que guarda relación con la emisión de ondas electromagnéticas que afectan en gran medida el funcionamiento de los distintos organismos. El ser humano no es una excepción y, en este caso, la evidencia es abundante.
La exposición prolongada a la contaminación electromagnética como consecuencia de las emisiones de antenas de telefonía celular y de torres de alta tensión, ocasiona daño irreversible en las personas.
Esta premisa es ratificada por la revista cubana de medicina militar, publicada por la revista especializada SciELO, en que José Luis Pérez Alejo y Reymundo Miranda Leyva , entre otros, señalan que la exposición a la contaminación electromagnética supone lo siguiente: riesgo de contraer cataratas; modificaciones del electroencefalograma; aumento en la aparición de algunos tipos de cáncer, como los linfomas, asociados a la exposición crónica, con un aumento de hasta 2,4 veces del riesgo de que se produzcan tumores cerebrales.
En 1996, un estudio del gobierno australiano indicó que a doscientos metros de una estación de telefonía móvil, las personas expuestas presentaban fatiga crónica, alergias, alteraciones del sueño, etcétera.
Por ello, es necesario regular esta materia y prohibir la instalación de tendidos eléctricos cerca de las personas.
Comparto plenamente la idea matriz del proyecto. Son las empresas concesionarias las responsables y las llamadas a retirar los residuos de sus servicios.
Espero que el costo de dichas operaciones no sea traspasado a los clientes, pues encarecería aún más el servicio eléctrico.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, escuché atentamente al diputado Raúl Saldívar , quien aportó antecedentes que es necesario tener presentes y que confirman por qué es importante el proyecto de ley, que espero que hoy sea aprobado.
Siempre resalto lo importante que es la actividad parlamentaria. En este caso, el diputado Osvaldo Urrutia advirtió que existe un problema que afecta el desarrollo de nuestras ciudades y comunidades, y es nuestro deber analizar cómo resolverlo.
Por ello se presentó este proyecto de ley, que fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que nos caracteriza el trabajo mancomunado para perfeccionar las iniciativas y llegar a las mejores soluciones. En ese sentido, el proyecto fue perfeccionado y enriquecido en la comisión, y hoy se presenta a la Sala, que no me cabe ninguna duda de que lo aprobará. Esa es la importancia del trabajo parlamentario.
Por lo tanto, es fundamental validar aquello y poner de relieve esta iniciativa, que busca enfrentar un problema que los ciudadanos ven diariamente: calles con postes llenos de cables que en su gran mayoría no prestan ninguna función porque no son utilizados. Quienes los instalaron se despreocuparon de ellos, porque no es su problema o porque nadie los obliga a retirarlos o a hacer con ellos lo que corresponde.
Cuando esté implementada plenamente la ley de responsabilidad extendida del productor, probablemente también se podrá aplicar a los residuos o desechos de redes eléctricas y de otros servicios de comunicaciones. El gobierno correspondiente, en su momento, tendrá que definir cuáles serán los productos que podrán ser calificados de valorizables. Mientras tanto, el problema de los residuos de redes eléctricas no tiene otra solución que la que plantea este proyecto.
Cabe señalar que los cables no solo generan el efecto estético de afear nuestras ciudades, sino que también constituyen un riego inminente para los transeúntes, ya que en cualquier momento pueden caer. Como no son utilizados, la empresa que los instaló no se preocupa de saber en qué estado se encuentran.
Por eso, como dijo el diputado informante y autor principal del proyecto, lo que busca esta nueva normativa es facultar a las municipalidades a disponer el retiro de los residuos o desechos de redes eléctricas -dado que son desechos, no deberían seguir instalados; alguien debe hacerse responsable de ellos-, de servicios de comunicación, tales como cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo objeto perteneciente a dichas redes o instalaciones. El proyecto dispone que si tales residuos no son retirados, serán aplicadas sanciones. La idea es que no sea gratis mantener ese riesgo inminente para las personas y ese problema estético en nuestras ciudades.
En algunos barrios de Santiago las autoridades locales han tomado la decisión -se trata de barrios de sectores acomodados, hay que decirlode que no existan postes con cables y de que el cableado sea soterrado. Aplicar esa medida en todas las ciudades probablemente sería de un alto costo. No obstante, es fundamental que todos aquellos cables que hoy no cumplen una utilidad sean retirados, que quienes los instalaron se hagan responsables de su retiro y que si no lo hacen, paguen multas. Eso busca esta iniciativa, dicho en términos muy sencillos.
Estamos ante un proyecto de ley pequeño, pero importante. Se trata de aquellas pequeñas cosas que generan grandes cambios. En este caso, el principio de fondo que se consagra es establecer la responsabilidad del que genera un residuo. Ello, por lo demás, estará garantizado en la ley de responsabilidad extendida del productor, que el próximo año estará plenamente vigente y que se aplicará respecto de algunos productos -espero que se incluyan los envases de embalaje y las baterías; en su momento el Ejecutivo lo decidirá-.
Es importante deshacerse de esos residuos, de esos desechos, que son los cables en desuso. Celebro que hayamos discutido este proyecto en la comisión, que lo hayamos perfeccionado y que lo hayamos aprobado. A las empresas de telecomunicaciones o eléctricas les da lo mismo que los cables sigan instalados en los postes, pues ya no los usan. Sin embargo, esos cables no solo generan un efecto en la ciudad, sino también un ahorro económico a las empresas que los instalaron. Por ello, las empresas deben tener la obligación de retirarlos cuando están en desuso. La empresa que instala los cables lucra con el servicio que presta; pero cuando se acaba dicho servicio -reitero-, debe retirar el cableado. Disponer aquello es la virtud del proyecto.
Felicito al diputado Osvaldo Urrutia por haber presentado la iniciativa y por haber tenido la disposición de asistir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer y acoger los perfeccionamientos que queríamos hacerle.
En la comisión también se escuchó la opinión de los representantes de los alcaldes, quienes dieron su visto bueno a la iniciativa porque constituye un avance.
En razón de lo señalado, estoy en condiciones de proponer a la Sala y a mi bancada, la de la Democracia Cristiana, que siempre está por avanzar en materias de sustentabilidad, de reciclaje y de fomento de conductas responsables, que voten favorablemente este proyecto, porque permitirá crear las condiciones para que ningún cable ni ningún equipamiento inútil continúe instalado en postes de forma irresponsable, ya que implica economía para quienes lo instalaron y un riesgo para las personas.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable y el de toda mi bancada a este proyecto de ley, que permite avanzar en un tema que no habíamos abordado. Pero para eso está el Congreso Nacional: para identificar los vacios y elaborar las leyes que permitan suplirlos.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Cristián Campos .
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que presido, nos tocó analizar esta iniciativa, presentada por el diputado Osvaldo Urrutia , dada su experiencia vivida en la materia en la comuna de Viña del Mar.
La verdad es que el tendido aéreo de cables afecta la calidad de vida y el valor agregado de las ciudades.
Las ciudades no solo deben tener áreas verdes, espacios para los adultos mayores e infraestructura para la atención primaria de salud, sino también calidad de vida. Por tal razón, el tendido aéreo de cables representa un problema para las 346 comunas de nuestro país, básicamente porque en la actualidad las empresas de telecomunicaciones, a pesar de las grandes utilidades que obtienen, no se atreven y no quieren hacer inversiones para que las calles y comunas estén cada vez más limpias. Lo señalo, porque los cables pertenecientes a dichas compañías no solo constituyen un tema de contaminación visual, sino que también afectan entornos donde a veces viven familias de sectores medios, de sectores vulnerables, las cuales además tienen que soportar la situación bien ingrata de convivir con postes atiborrados de cables.
En estos últimos días hemos visto en la Región del Biobío -en Talcahuano, en Hualpén, en Concepción y en otras tantas ciudades del Gran Concepción cómo los cables del tendido eléctrico instalados por las mencionadas empresas, los que muchas veces se encuentran en desuso, se deterioran y representan un peligro, pues atentan contra la seguridad de las personas porque quedan ahí y nadie responde por ello.
La moción que dio origen a este proyecto busca esencialmente generar responsabilidad en materia de información. Por eso algunos miembros de la Comisión de Medio Ambiente, incluido el diputado Osvaldo Urrutia , presentamos una indicación para reemplazar el artículo único de este proyecto con el objeto no solo de exigir a las empresas distribuidoras de energía eléctrica la obligación de informar, a solicitud de la municipalidad correspondiente a su área de concesión, sobre los apoyos de servicios de telecomunicaciones desagregados por empresa, sino también para que hagan el retiro correspondiente de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentre en funcionamiento. Ello, porque lo que ocurre hoy es que se coloca una caja de control, un cable, otro cable, otro más, y así sucesivamente, y al final los postes deben ir soportando una cantidad importante de cables, lo cual termina poniendo en peligro a la gente y ensuciando las ciudades.
Tuvimos la posibilidad de compartir y conversar este tema con el Ejecutivo, como asimismo con algunas instituciones que representan a los ciudadanos. Así, llegamos al profundo convencimiento de que debíamos aumentar las multas y las sanciones a que se verán expuestas las empresas que no cumplan con lo establecido en la ley en tramitación. Ello, porque en muchos casos para esas empresas hoy es mucho más beneficioso pagar la multa y no retirar los cables en cuestión.
A través de la indicación presentada por la diputada Cristina Girardi , que fue aprobada por la comisión, se incorpora una sanción a las empresas que no respeten lo consagrado en la ley en proyecto, es decir, a aquellas que por distintas razones se nieguen a retirar los cables en desuso, la cual será de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal.
La referida indicación va en el sentido de mejorar la calidad de vida de la gente y de llenar un vacío existente en el artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 18.168. En ese sentido, no solo se incorporarán sanciones y obligaciones, sino que también se contribuirá de manera muy importante a mejorar la calidad de vida en diversas regiones, muchas de las cuales durante estos días en particular se han visto muy afectadas por los cables en cuestión, a raíz de los fuertes vientos y el frente de mal tiempo que las han azotado.
Hemos podido apreciar dicha situación en la Región del Maule. El colega Jorge Tarud nos señaló que se trata de un problema que afecta de manera muy importante a los vecinos de la zona, quienes, junto con los municipios, que son los principales interesados en el retiro de los mencionados cables, se encuentran de brazos cruzados frente a este asunto.
El diputado Tarud me indicó que las municipalidades hoy no tienen la posibilidad de retirar esos elementos. Yo le digo que con este proyecto sí la tendrán, y a costa del respectivo concesionario, y que, además, su cobro se realizará conforme a lo establecido en la ley sobre Rentas Municipales. Asimismo, que dichos órganos gozarán de mayores ingresos económicos, pues se comenzará a sancionar con multa a beneficio municipal a las empresas que, a pesar de las grandes utilidades que obtienen anualmente, no respeten la norma. Se trata de una situación que afecta a las personas y que estará regulada por ley.
Por tanto, las referidas empresas deberán cumplir la ley en proyecto, que las obligará a limpiar las ciudades, lo cual irá en beneficio de la calidad de vida tanto de la gente del Maule y del Biobío como de la del resto de las regiones y comunas.
Por tanto, sin duda, la bancada del PPD apoyará de manera unánime el proyecto en debate. En este sentido, felicitamos a sus autores porque la iniciativa va en la línea de tener ciudades más limpias, más seguras y con mejor calidad de vida, en beneficio de la gente que las habita.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, por su intermedio agradezco al diputado Osvaldo Urrutia por haberme invitado a participar como autor de este proyecto de ley.
Cuando existen vacíos legales, deben intervenir el Poder Ejecutivo o el Legislativo, para ir subsanando situaciones como la que hoy nos ocupa.
Las facultades que tenemos los parlamentarios son muy limitadas; por tanto, felicito al diputado Osvaldo Urrutia por haber detectado la falencia existente en la ley que nos encontramos modificando, por haber elaborado este proyecto, y, por supuesto, nuevamente le agradezco por haberme invitado a participar en él como uno de sus autores.
Esta iniciativa viene a corregir un mal presente en muchas ciudades del país, ya sean pequeñas o grandes, y que, por supuesto, afecta la vida de las personas que las habitan.
El hecho de que existan cableados en desuso en los postes genera un riesgo adicional cuando hay temporales. En particular, en las zonas de la Región de La Araucanía, que represento, muchos cableados acumulan nieve y agua, y también se afectan con los vientos, lo que pone en riesgo la estabilidad de los postes instalados en esos lugares, por lo cual se producen cortes en la energía eléctrica e incomunicaciones de distinto tipo.
La iniciativa en debate viene a corregir tal situación, estableciendo facultades a los municipios para que puedan retirar los elementos de que se trata e imponiendo multas a quienes incumplan lo dispuesto en ella. Así se solucionará un problema detectado desde hace muchos años, pero respecto del cual nadie había elaborado ningún proyecto con la finalidad de enmendarlo.
En consecuencia, hoy, al igual que hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual formo parte, votaremos favorablemente esta iniciativa en la Sala, para que se corrija una situación que afecta no solo la seguridad de las personas, sino también sus comunicaciones y la entrega de energía eléctrica cuando hay accidentes. Por supuesto, la ley en proyecto también permitirá mejorar el entorno visual en las ciudades, teniendo presente, además, que el exceso de cables disminuye la visibilidad y, por supuesto, atenta contra la estética de las ciudades.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, la iniciativa en discusión es claramente un proyecto ciudadano.
La calidad de vida de las personas está estrictamente relacionada con el entorno en que se desenvuelven, por lo cual debemos generar las condiciones que nos permitan vivir en ciudades más amigables, que respeten su patrimonio arquitectónico y, sobre todo, el medio ambiente.
Tal como impulsamos el proyecto para mejorar la regulación de los soportes de antenas de telecomunicaciones y entregar más herramientas a la comunidad afectada con su instalación, hoy, con esta iniciativa, queremos recoger la voz de los vecinos, una voz que nos exige que, como parlamentarios, representemos sus intereses y busquemos solución a sus problemas cotidianos.
La permanencia de cables en desuso en el tendido aéreo es un problema que sufren todas las ciudades del país y que afecta sin distinción la estética y armonía de barrios residenciales, barrios patrimoniales, centros cívicos, así como la seguridad de los peatones y del tránsito vehicular.
Si bien algunos municipios han hecho esfuerzos para enfrentar esta problemática, para lo cual han dictado ordenanzas que regulan el retiro de esos cables, no han sido suficientemente efectivas, puesto que solo permiten establecer sanciones de hasta 5 unidades tributarias mensuales. De este modo, en la mayoría de los casos, para las empresas resulta más económico pagar la multa que proceder a retirar los cables.
Con el proyecto de ley en debate queremos abordar esa situación, entregando herramientas eficaces que permitan solucionar definitivamente una problemática que se arrastra por muchos años.
En particular, esta iniciativa viene a otorgar un plazo de tres meses a los concesionarios de servicios de empresas de comunicaciones para que hagan retiro de los cables en desuso. En caso de incumplimiento, las municipalidades estarán facultadas para proceder al retiro y cobrar el costo de esta operación al concesionario. Asimismo, el juez de policía local respectivo podrá aplicar multas de entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal.
Durante el análisis del articulado en la comisión técnica, se discutió mucho la incorporación de la multa, su beneficiario y el monto. No obstante, la norma fue aprobada en los términos planteados, puesto que si revisamos con detención la primera parte del proyecto, los concesionarios tendrán previamente un plazo de tres meses para proceder al retiro de los cables en desuso, cosa que debería ser una costumbre permanente de aquí en adelante.
Ese plazo es más que razonable, considerando que estas empresas cuentan con el personal y los medios técnicos idóneos para proceder al retiro. Por lo tanto, si son diligentes, no deberían existir mayores incumplimientos.
Adicionalmente, se discutió sobre la necesidad de incorporar los cables de tendido eléctrico en este proyecto. Sin embargo, el superintendente de Electricidad y Combustibles nos aclaró que la SEC cuenta con atribuciones y facultades suficientemente robustas para abordar todo lo relativo a cables eléctricos en desuso, por lo cual en ese ámbito solo es necesario que esas facultades se ejerzan correcta y oportunamente.
Otro aspecto a destacar es que durante la discusión particular se declaró inadmisible una indicación sobre la dictación de un reglamento que establezca una norma técnica para la instalación del cableado de telecomunicaciones.
Por eso, próximamente presentaremos un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo que disponga que la Subsecretaría de Telecomunicaciones imparta un reglamento, una norma técnica para la instalación del cableado de las empresas de comunicaciones, que hoy no existe, pero sí existe respecto del cableado de distribución eléctrica y regula su altura, los apoyos, las catenarias y otros aspectos. Sin embargo, como señalé, tal regulación no es exigible para los cables de servicios de comunicaciones, pues la subsecretaría del ramo no ha dictado la norma técnica respectiva.
Por lo expuesto, reitero, se solicitó a esa subsecretaría que dicte la norma pertinente, y ellos se comprometieron, ante la Comisión de Medio Ambiente, a hacerlo antes de diciembre de este año, para regular todos los aspectos relativos a la instalación del cableado aéreo de las empresas de comunicaciones.
Eso me parece un avance importante; pero de todas maneras es necesario que esta obligación quede establecida en la ley, por lo cual hago un llamado al Ejecutivo a patrocinar el referido artículo en el segundo trámite constitucional.
Finalmente, quiero agradecer a todos los diputados coautores de este proyecto que me acompañaron en su proceso de aprobación: la señora Andrea Molina y los señores Joaquín Godoy , Fernando Meza , Jorge Ulloa , David Sandoval , Leopoldo Pérez , Jorge Rathgeb y Celso Morales . También agradezco a todos aquellos diputados que se preocuparon por este tema, con quienes debatimos profundamente hasta lograr un proyecto de ley que esperamos se apruebe lo antes posible.
En consecuencia, señor Presidente, anuncio que la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará a favor esta iniciativa.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Con esta intervención concluimos el Orden del Día.
En consecuencia, la discusión del proyecto continuará en una próxima sesión ordinaria. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.19 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA, GIRARDI Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, ANDRADE, CAMPOS, CARMONA, JIMÉNEZ, MIROSEVIC Y VALLESPÍN, QUE “MODIFICA LA DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD PROFESIONAL CONTENIDA EN LA LEY N°16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES”. (BOLETÍN N° 11286-13)
I. Fundamentos
Considerando:
1. Que el presente proyecto está enmarcado dentro de las propuesta legislativas que consideró el Informe de la “Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades”, de la Cámara de Diputados.[1]
En efecto, el mencionado Informe es el producto del trabajo que realizó dicha Comisión Investigadora, la que se constituyó para indagar sobre las causas y consecuencias de lo que se denominó el sub-registro y sub-notificación de las contingencias del trabajo.
Así las cosas, y según consigna el Informe, “en el caso de los accidentes que se presentan en el sistema como denunciados, el 80 por ciento de ellos es calificado como laboral y el 20 por ciento como común, por los organismos administradores, al contrario, en el caso de las enfermedades, el 23 por ciento es calificada como laboral y el 77 por ciento como común. Estas cifras permiten observar que la mayor conflictividad se presenta en el ámbito de las enfermedades profesionales, de los 37.720 casos que se calificaron en 2015, 29.000 fueron considerados de carácter común y los otros 8.600 como de carácter laboral, y sólo un 11% reclama. Este bajo índice de interposición de reclamos de parte de los afectados puede originarse por ignorancia en el rol de la Superintendencia; la barrera de acceso a los beneficios que importa la definición de enfermedad profesional, o por la escasa confianza en los resultados de recurrir de la calificación, escenario esperable frente a las indesmentibles datos estadísticos”[2] (el subrayado es propio para destacar lo relevante del párrafo en relación a este proyecto).
2. Que existe abundante evidencia internacional en lo relativo a lo presente que está el problema de las enfermedades profesionales a nivel mundial. Así, por ejemplo, el año 2013 la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) la calificó como una verdadera pandemia silente. En el artículo denominado “The prevention of occupational diseases”,[3] se señala que:
“Las enfermedades profesionales causan un gran sufrimiento y pérdidas en el mundo del trabajo. No obstante, las enfermedades referidas al trabajo permanecen invisibles un largo tiempo en comparación con los accidentes del trabajo, aun cuando éstas maten a seis personas más por año. A mayor abundamiento, la naturaleza de las enfermedades profesionales está cambiando rápidamente: la tecnología y los cambios sociales, acompañados de una nueva condición económica global están agravando los peligros en la salud existentes y, a su vez, creando nuevos. Es bien sabido que las enfermedades profesionales, como la neumoconiosis, permanecen extendidas, mientras que algunas relativamente más nuevas, como los trastornos mentales y muscolo-esqueléticos (MSDs) están en aumento.
Mientras que se ha hecho un importante esfuerzo en enfrentar los desafíos de las enfermedades profesionales, hay una necesidad urgente por potenciar la capacidad de prevenirlas en los sistemas nacionales de cada país. Con los esfuerzos de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y trabajadores, la lucha contra esta pandemia silente tendrá que estar en los primeros tópicos de las agendas globales y nacionales a fin de cuidar la salud”.[4]
Los números lo avalan. La OIT señala que “un estimado de 2.34 millones de personas mueren cada año a consecuencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. De éstos, la gran mayoría - un estimado de 2.02 millones – muere de una enfermedad profesional” (ver gráfico)
3. “De las 6.300 muertes a causa del trabajo que ocurren todos los días, 5.500 son causadas por varios tipos de enfermedades profesionales. La OIT además estima que al año se producen 160 millones de enfermedades profesionales. Los tipos y tendencias de las enfermedades reportadas varían. Por ejemplo, en 2010, China reportó un total de 27.240 casos de enfermedades profesionales, incluyendo 23.812 casos relaciones con la exposición al polvo en el lugar de trabajo. En el mismo año, Argentina reportó 22.013 casos de enfermedades profesionales, en donde las patologías músculo-esqueléticas (MSDs) y las enfermedades respiratorias estaban dentro de las más frecuentes. En el 2011, Japón reportó un total de 7.779 casos de enfermedades profesionales principalmente relacionadas con trastornos lumbares y neumoconiosis, y unos 325 casos de trastornos mentales. En el Reino Unido, se reportaron 5.920 casos de enfermedades profesionales, con la neumoconiosis, el mesotelioma difuso y la osteoartritis como las más comunes. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos reportó que 207.500 trabajadores experimentaron enfermedades profesionales no fatales en 2011; las enfermedades de la piel, pérdida de la audición y problemas en la respiración fueron las tres más prevalentes afectaciones a la salud”.[5]
4. Que nuestra legislación contiene una definición estricta de enfermedad profesional, lo que ha causado, en parte, que la calificación de éstas no haya estado exenta de problemáticas, las que se pueden verificar en el altísimo grado de rechazo que tienen los reclamos derivados de una errónea calificación por parte de los organismos administradores del seguro de la ley número 16.744.
Según lo señalado, el inciso primero del artículo 7 de la ley número 16.744 consagra a la enfermedad profesional como una contingencia cubierta por este cuerpo legal, definiéndola como “la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”.
Como señala la doctrina “esta materia fue reglamentada por el decreto N° 109, de 7 de junio de 1968, en el que se señalan distintos tipos de enfermedades profesionales, indicándose, además, los agentes que pueden producirlas y las incapacidades que generan. Esta enumeración debe revisarse por lo menos cada tres años por la Superintendencia de Seguridad Social, la que, con el informe del Servicio de Salud, debe proponer al Ministerio de Salud las modificaciones que estime pertinentes. No obstante, si alguna enfermedad profesional no está señalada en la lista, la ley facilita a la víctima la posibilidad de acreditarla como tal ante el respectivo organismo administrador. La resolución que dicte este organismo será consultada ante la Superintendencia, la que deberá decidir dentro del plazo de 3 meses, con el informe del Servicio de Salud”.[6]
De esta manera, el gran campo de enfermedades profesionales que son rechazadas en su calificación provienen de aquellas que la propia víctima debe acreditar, debiendo traspasar las barreras del concepto que exige una relación de causalidad “directa” entre la enfermedad y el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona.
Esta exigencia no está establecida tan estrictamente como en el caso de los accidentes del trabajo, ya que allí basta que la “lesión que una persona sufra” sea “a causa o con ocasión del trabajo” (artículo 6, ley número 16.744).
5. Que la Comisión Investigadora concluyó en su Informe que era recomendable “revisar(se) la propia definición de enfermedad profesional, eliminando la exigencia que ésta se produzca de manera “directa” por el ejercicio de la profesión o el trabajo, puesto que es una exigencia muy estricta en torno a la causalidad de una determinada afección. Se debe apuntar a otros criterios que no tornen imposible la prueba de la misma, así como factores indiciarios que permitan concluir que existe tal enfermedad”[7].
En este sentido, al interior de la Comisión se discutió y consideró la posibilidad de recurrir a las definiciones que ha trabajado la OIT en la materia, llegándose a aquella que contiene el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. En dicho instrumento se regulan en su artículo primero distintas definiciones, encontrándose dentro de éstas la de enfermedad profesional, la cual señala que “el término ‘enfermedad profesional’ designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral”
Así las cosas, la definición enunciada cumple los dos criterios fijados en las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora, a saber, incorporar criterios que no tornen imposible la prueba de la contingencia laboral, y la de establecer factores indiciarios que permitan concluir que existe tal o cual enfermedad (la definición alude a “factores de riesgo”).
6. Que la ley número 16.744 no ha sufrido ninguna gran modificación desde que fue promulgada en el año 1968, mientras que los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores han ido experimentando cambios radicales, y que seguramente seguirán en continuo movimiento, por las exigencias del actual mundo laboral. En tal sentido, se requiere ajustar la legislación a los estándares internacionales en esta materia con la finalidad de cautelar los derechos de las trabajadoras y trabajadores.
7. Que el presente proyecto tiene por objeto mejorar el acceso de las trabajadoras y trabajadores a las prestaciones que asegura la ley número 16.744, lo que es una exigencia constitucional derivada del derecho a la vida e integridad física y psíquica de cada uno de ellos. Sobre el particular, las alarmantes cifras de rechazo de calificación de enfermedad profesional por parte de los organismos administradores de la ley número 16.744 justifican la revisión de la legislación en esta materia, adecuándolo a las exigencias que los organismos internacionales del trabajo postulan como ideales.
II. Idea Matriz
El presente proyecto busca reformar la definición de enfermedad profesional de la ley número 16.744.
III. Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto
El presente proyecto modifica el artículo 7 de la ley número 16.744, que contiene un concepto de aplicación general, por lo que se verían afectadas todas las disposiciones referentes a ella en dicho cuerpo legal y toda otra norma que haga alusión a tal concepto.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúzcase la siguiente modificación a la ley número 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
1. Modifíquese el artículo 7 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyase su inciso primero por el siguiente:
“Es enfermedad profesional aquella que es contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA Y GIRARDI, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, BORIC, CAMPOS, CARMONA, JIMÉNEZ, MIROSEVIC Y VALLESPÍN, QUE “MODIFICA LA LEY N°16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER PROFESIONAL DE UNA ENFERMEDAD QUE AFECTE AL TRABAJADOR”. (BOLETÍN N° 11287-13)
I. Fundamentos
Considerando:
1. Que el presente proyecto está enmarcado dentro de las propuesta legislativas que consideró el Informe de la “Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades”, de la Cámara de Diputados.[1]
En efecto, el mencionado Informe es el producto del trabajo que realizó dicha Comisión Investigadora, la que se constituyó para indagar sobre las causas y consecuencias de lo que se denominó el sub-registro y sub-notificación de las contingencias del trabajo.
Así las cosas, y según consigna el Informe, “en el caso de los accidentes que se presentan en el sistema como denunciados, el 80 por ciento de ellos es calificado como laboral y el 20 por ciento como común, por los organismos administradores, al contrario, en el caso de las enfermedades, el 23 por ciento es calificada como laboral y el 77 por ciento como común. Estas cifras permiten observar que la mayor conflictividad se presenta en el ámbito de las enfermedades profesionales, de los 37.720 casos que se calificaron en 2015, 29.000 fueron considerados de carácter común y los otros 8.600 como de carácter laboral, y sólo un 11% reclama. Este bajo índice de interposición de reclamos de parte de los afectados puede originarse por ignorancia en el rol de la Superintendencia; la barrera de acceso a los beneficios que importa la definición de enfermedad profesional, o por la escasa confianza en los resultados de recurrir de la calificación, escenario esperable frente a las indesmentibles datos estadísticos”[2] (el subrayado es propio para destacar lo relevante del párrafo en relación a este proyecto).
2. Que este problema de confianza en los resultados se origina, entre otras causas, en el peso que le significa al trabajador tener que acreditar el origen laboral de una determinada afección, lo que se torna aún más gravoso atendiendo a la rigidez del concepto de enfermedad profesional, que exige una relación directa entre la exposición en el trabajo y la contingencia.
En efecto, la ley número 16.744 señala en su artículo 7 regula las enfermedades profesionales dentro del Título de las contingencias cubiertas; luego las define (inciso primero), señala cuáles se entenderán siempre profesionales (inciso segundo), y luego otorga una suerte de posibilidad al trabajador para acreditar el origen laboral de una determinada enfermedad (inciso tercero), tal cual se observa a continuación:
“Artículo 7°.- Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraido como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud”.
Como se puede observar, la redacción del inciso tercero implica en la práctica que es el trabajador quien debe acreditar ante el organismo administrador que una enfermedad es laboral, reiterando en este caso la normativa la necesidad que la relación causal sea directa. Además, agrega la norma, la resolución que se dicte es consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, lo que supone ya una dilación importante en el procedimiento, considerando que ésta debe decidir en el plazo de tres meses, y además se agrega que debe recibirse informe del Servicio Nacional de Salud (actualmente los Servicios de Salud, de conformidad al artículo 16 del decreto ley 2763 del año 1979)..
3. Así las cosas, y referente al problema mencionado, el Informe de la mencionada Comisión Investigadora, incluyó una propuesta del siguiente tenor: “4. Inversión de la carga de la prueba ante las contingencias del trabajo: ante la asimetría de información, de recursos económicos e institucionales que tienen las y los trabajadores ante las Mutualidades no puede sostenerse que corresponda al primero demostrar que su afección es laboral cuando la segunda rechaza la calificación. Ello se torna especialmente importante en el caso de una enfermedad profesional, puesto que la legislación exige una relación directa entre el factor de riesgo y la afección y además porque si es que una enfermedad no está en el Reglamento, corresponde al afiliado acreditarla. En este sentido, se debe avanzar a un sistema que, previendo la atención integral del trabajador según lo ya señalado, ponga de cargo de la Mutualidad respectiva el probar, de manera fundada, que una contingencia no es laboral, lo cual deberá ser ratificado por la Superintendencia”.[3]
4. En este sentido, la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo presentada por el Gobierno tiene avances sustanciales en esta materia, particularmente estableciendo como propuesta la de “Actualizar listado de enfermedades profesionales, considerando la Recomendación N°194 de la OIT”[4]. Como se señaló, es el Reglamento el que determina que enfermedades deben siempre considerarse como profesionales, listado que debe revisarse cada 3 años; adecuar este estándar a lo planteado por la OIT es sin duda una medida que mejora el acceso a las prestaciones de la ley 16.744.
5. No obstante lo anterior, mientras no se modifique dicho reglamento, todavía quedarán muchas enfermedades fuera de ese listado, quedando de carga del trabajador acreditar su origen. Asimismo, y aún cuando se actualice el listado, la OIT ha señalado que “la naturaleza de las enfermedades profesionales está cambiando rápidamente: la tecnología y los cambios sociales, acompañados de una nueva condición económica global están agravando los peligros en la salud existentes y, a su vez, creando nuevos”[5]; de esta forma, nunca se podrá estar ciertos que aquellos listados contemplen todos los riesgos a los que están afectos los trabajadores, menos ahora en un contexto de rápidos cambios derivados del avance de la tecnología y cambios sociales, como se ha señalado.
6. De lo anterior se concluye que debe avanzarse también en modificar aquella parte de la legislación que pone de carga del trabajador la prueba de una enfermedad no dispuesta en el listado, de tal forma que sea el organismo administrador quien tenga el peso de comprobar que la enfermedad presentada no es de origen laboral.
7. El proyecto pretende modifica el tenor del inciso tercero del artículo 7°, el cual está redactado en términos tales que implica necesariamente que el trabajador tiene la carga de la prueba. En efecto, se modifica la expresión “podrán acreditar” por “podrán requerir” ante el organismo administrador respectivo. Por otra parte, se modifica aquella parte que indica que los trabajadores deben acreditar una enfermedad “que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado”, en la línea de eliminar la expresión “directa”. Finalmente, se señala que la resolución que rechace este requerimiento debe proceder por resolución fundada, lo que implica necesariamente ponderar los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta la decisión del respectivo organismo administrador.
8. De lo señalado, el proyecto pretende en primer término concretizar las propuestas de la Comisión Investigadora antes señalada, como también avanzar en crear los mecanismos necesarios para que los trabajadores puedan acceder en plenitud a las prestaciones que otorga la ley número 16.744. Para este caso específico, lo anterior se cumple trasladando el peso de la prueba de comprobar el origen de una enfermedad al organismo administrador, lo que permitirá equilibrar la balanza en torno a la asimetría de información y de recursos humanos y económicos en que está hoy en día la seguridad y salud en el trabajo.
II. Idea Matriz
El presente proyecto busca cambiar el peso de la prueba de las enfermedades profesionales que no están enumeradas en el listado del Reglamento a que hace alusión el inciso segundo del artículo 7° de la ley número 16.744. En tal sentido, se busca que la carga de la prueba de comprobar que una enfermedad profesional no es tal es del organismo administrador, quien deberá hacerlo por resolución fundada.
III. Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto
El presente proyecto modifica el inciso tercero del artículo 7 de la ley número 16.744, sin tener impacto en otras normas legales.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúzcase la siguiente modificación a la ley número 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
1. Modifíquese el artículo 7 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyase su inciso tercero por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior, los afiliados podrán requerir la declaración del carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior, la cual sólo podrá rechazarse por resolución fundada”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SOTO, ARRIAGADA, CERONI, GARCÍA, JARPA, NORAMBUENA Y PILOWSKY, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ; FERNÁNDEZ Y SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 8.946, QUE FIJA TEXTO DEFINITIVO DE LAS LEYES DE PAVIMENTACIÓN COMUNAL, EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PROVISORIAS DE EMERGENCIA POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS”. (BOLETÍN N° 11288-06)
Fundamentos:
1.- La ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, regula la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación de aceras y calzadas, en las áreas urbanas de todas las comunas. Dicho cuerpo normativo entrega a los correspondientes Servicios de Vivienda y Urbanismo, la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación de aceras y calzadas urbanas que se realicen con fondos fiscales en todas las comunas de la República, salvo la comuna de Santiago[1].
2.- A partir de julio del 2005, con la dictación de la Ley Nº 20.035, se estableció como nueva función de los Gobiernos Regionales la construcción, reposición, conservación y administración en las áreas urbanas de las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que le asigne la Ley de Presupuestos, pudiendo incluso celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado, a fin de contar con el respaldo técnico necesario para el cumplimiento de esta función. Asimismo, el artículo tercero transitorio de la misma Ley, facultó al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley para modificar los cuerpos legales que se refieren a la nueva función que se entregó a los Gobiernos Regionales, con el objeto de suprimir dicha competencia de la órbita de atribuciones de otros organismos del Estado, como él SERVIL), y de efectuar las adecuaciones necesarias para evitar inconsistencias o contradicciones entre esta norma y las disposiciones contenidas en otros cuerpos legales.
3.- A pesar de las modificaciones legales llevadas a cabo en este nuevo contexto normativo, subsiste en el SERVIU la facultad de aprobación y fiscalización de las obras de pavimentación y reparaciones de las comunas, salvo la comuna de Santiago. Así lo disponen fundamentalmente los artículos 11, 75 y 77 de la Ley 8946 sobre pavimentación comunal, lo cual es armónico con lo dispuesto en la ley N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
4.- El articulo 11 Inc. 1 de la Ley N° 8.946 señala. Que “Corresponderá a los Servicios de Vivienda y Urbanización fiscalizar las obras de pavimentación, con excepción de las que se ejecuten dentro de la comuna de Santiago”.
Por su parte el articulo 75 Inc. 1 de la Ley misma Ley señala: “La Municipalidad respectiva, de conformidad a la Ley N°18.695, otorgará los permisos para la rotura de pavimentos, previo informe favorable del Servicio de Vivienda y Urbanización”.
Por último, el artículo 77 de la norma citada, señala. Que “Corresponderá a los Servicios de Vivienda y Urbanización fijar las características técnicas de los pavimentos y los anchos de las calzadas y aceras, sea en el área urbana o rural, en conformidad con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En el ejercicio de la facultad de fiscalización que compete a los Servicios de Vivienda y Urbanización, les corresponderá aprobar los proyectos de pavimentación, informar técnicamente las solicitudes de rotura de pavimentos que se presenten a las Municipalidades y supervigilar las obras correspondientes. Este informe será también obligatorio cuando se trate de una obra a ejecutar por la propia Municipalidad. Conjuntamente con las solicitudes de rotura se deberá presentar un programa de ejecución de la obra donde se indiquen los plazos y demás antecedentes de la reposición de los pavimentos rotos. La aprobación de los proyectos de pavimentación se condicionará a la previa entrega de una garantía, que caucione su correcta ejecución y conservación. Los Servicios de Vivienda y Urbanización deberán inspeccionar, certificar y recepcionar las obras de pavimentación conforme al proyecto aprobado y las normas aplicables.”
5.- Esta incompatibilidad normativa, ha generado serios problemas prácticos en relación a la reparación de emergencia, provisoria o de carácter menor que se suscitan en las diferentes comunas, dado que, en la actualidad, continúa siendo el SERVIU la institución a cargo por Ley, de la aprobación y fiscalización de todas las obras de pavimentación, cualquiera sea su naturaleza, y con excepción de las que se ejecuten dentro de la comuna de Santiago. Lo anterior, resulta en un conflicto normativo que repercute y afecta directamente a las distintas comunas, dado que las deja desprotegidas, y sin la posibilidad de actuar en forma rápida y diligente frente a los deteriores frecuentes que sufren sus pavimentos, veredas o calzadas, sea ocasionados por el tránsito frecuente de los distintos vehículos que circulan por ellas por los vehículos de carga, o por los fenómenos climáticos de lluvia u otros, característicos de cada comuna y que comúnmente las afectan.
6.- En este contexto, las municipalidades se ven impedidas de efectuar las necesarias reparaciones, de todas aquellas obras de reparación urgente de sus pavimentos, y que tienen como objetivo primordial reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por ellas; siendo esta limitación, además, inconsecuente con el deber que la ley N° 18.290 le impone a las municipalidades, al señalar en su artículo 174: “la municipalidad respectiva o el fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización”.
7.- Frente a esta situación, el ente contralor emitió su pronunciamiento donde concluyo y estableció que los procedimientos de bacheo y reparaciones de veredas, aunque sean de carácter menor, de emergencia y de forma provisoria, debían ajustarse a los procedimientos de aprobación y recepción regulados por la Ley 8.946 de pavimentación comunal y, por tanto, obligatoriamente contar con las validaciones del SERVIU respectivo para su autorización, ejecución y certificación.
8.- El fundamento dicho pronunciamiento, se basó en el informe N°848 emitido por la Contraloría General de la República con fecha 26 de enero de 2017, que tuvo como objetivo realizar una Auditoría en relación al cumplimiento de la ley Ne 8.946, de Pavimentación Comunal, respecto de las obras de pavimentación licitadas por las municipalidades de la Región Metropolitana durante el año 2014[2], a fin de verificar si es que los municipios cuentan efectivamente con el informe favorable, inspección y recepción del SERVIU Metropolitano, para las obras de pavimentación que correspondan. Dicho informe, dio cuenta de una serie de incumplimientos por parte de las municipalidades de la normativa antes referida, particularmente tratándose de los artículos 11°, 75° y 77° de la Ley 8.946.
9.- Que las conclusiones a las que arriba la Contraloría en esta Auditoría, y que interesan para efectos de los fundamentos de este proyecto de Ley, señalan:
a) que la Ley de Pavimentación Comunal no excluye de su observancia a las obras de mantenimiento o reparación, o aquellas que se ejecutan con el fin de subsanar defectos o deterioros en los pavimentos, y que, eventualmente, podrían provocar accidentes a las personas que transitan por ellos, así como tampoco establece excepciones según el origen de los recursos con que estas se financien, y
b) que, tratándose de algunas obras objetadas, estas no estarían afectas a lo dispuesto en la nombrada Ley de Pavimentación Comunal por cuanto corresponden a reparaciones menores de pavimentos que no implican la alteración de su estructura, se establece que el referido cuerpo normativo no excluye de su observancia a tales faenas, por lo que las entidades edilicias se encontraban en la obligación de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11, 75 y 77, de esa ley.
10.- A lo expuesto anteriormente, se suma al extenso plazo que lleva la elaboración, presentación, y aprobación de un proyecto de pavimentación por el SERVIU Metropolitano, generalmente de 3 a 4 meses, manifestándose claramente la necesidad de modificar la Ley N' 8946, de pavimentación comunal, para permitir a los municipios que en caso especiales, tratándose de obras provisorias, menores o de emergencia, puedan ejecutarlas en forma inmediata, a fin de hacer más eficiente y expedito la ejecución de las mismas.
11. - En relación a este conflicto, según informa la prensa nacional[3], la señora ministra de Vivienda, Paulina Salpa'', ha afirmado que buscará -junto al órgano contralor- un mecanismo que agilice los trámites para que las municipalidades puedan realizar las necesarias obras de reparación de calles y avenidas y, asimismo, desconcentrar una institución que “muchas veces está muy recargada de trámites”. Cabe hacer presente que este compromiso se vio materializado con la dictación por parte de la administración, del actual instructivo de proceso simplificado de pavimentación impulsado por SERVIU región metropolitana. Dicho instructivo, si bien es una medida que simplifica y desburocratiza las obras de pavimentación, sobre todo tratándose de obras de reparaciones de emergencia, no soslaya el hecho que aún existe una limitación de rango legal que impide a las municipalidades ejecutar directamente dichas obras.
12. - En consecuencia, y en base a los antecedentes señalados, es que consideramos necesario proceder a una modificación legal en virtud de la cual, los municipios que cuenten con los recursos necesarios puedan actuar por su cuenta. Proponemos, por tanto, como solución legislativa, modificar el artículo 10 de la Ley “8.946, que señala “Los trabajos de pavimentación deberán ser efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la especialidad y categoría que corresponda al tipo y monto de la obra por ejecutar”, para agregar al final del citado artículo 10 de la Ley '8.946, una excepción a la regla general para que, en el caso de las obras provisorias de emergencia, estas sean ejecutadas por la municipalidad y no exclusiva y excluyentemente por las personas actualmente inscritas en dicho Registro Nacional de Contratistas .
13.- Mediante la presente moción, daremos una solución definitiva a este problema, la que además, es coherente y armónica con el proceso de cambios y adecuaciones adoptados por la administración, con la finalidad primordial de darle una mayor eficiencia y rapidez a las necesarias reparaciones de emergencia de calzadas y veredas, y que día a día son reclamadas por la ciudadanía. Por todo esto, es que venimos en proponer el siguiente proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifíquese la Ley N°8946 que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal en el siguiente sentido:
Para incorporar al artículo 10° de la ley N° 8946, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma la siguiente oración final; “salvo que se trate de obras provisorias de emergencia ejecutada por las municipalidades.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR TARUD, QUE “MODIFICA LA LEY Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA CONCEDER RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE ILEGALIDAD DE LOS ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD”. (BOLETÍN N° 11290-06)
“Honorable Cámara:
Tengo a bien someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que, en lo esencial, propone que se admita deducir recurso de apelación respecto a la sentencia jurisdiccional que resuelve reclamo de ilegalidad municipal.
La ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades establece una serie de normas que fijan las funciones y atribuciones de los entes municipales, su fiscalización, como también la forma que tienen los particulares de reclamar de los actos administrativos que emanan de las entidades edilicias.
En la ley de comento, se establecen las vías administrativas y judiciales de impugnación de los actos administrativos, siendo los primeros un mecanismo establecido para revisar el acto ante la misma autoridad que los dictó o ante su superior jerárquico. En la vía judicial, se pone en conocimiento de un tribunal la controversia jurídica, solicitándole la revisión de la actuación administrativa, sometiendo a la decisión del tribunal, Corte de Apelaciones, solo los aspectos jurídicos de dicha decisión.
En efecto, el artículo 151 y siguientes de la ley N° 18.695, describe los requisitos que debe contener los reclamos, tanto en el ámbito de la propia Administración del Estado, como de los tribunales de justicia, contra las resoluciones u omisiones ilegales u arbitrarias, emanadas de la autoridad municipal, con el fin de obtener su nulidad por ser declaradas ilegales o arbitrarias.
Sin embargo, en el caso del reclamo de ilegalidad, la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 151, no contempla el arbitrio de interponer recurso de apelación contra la sentencia que dicta la Corte de Apelaciones respectiva, siendo por lo mismo declarada improcedente. Lo anterior se justifica desde que la Excma. Corte Suprema, en tanto tribunal de casación como regla general, sólo excepcionalmente conoce de asuntos como tribunal de instancia, esto es, en aquellos casos y supuestos que la ley así lo establece expresamente, por ejemplo, la sentencia que rechaza o acoge el recurso de protección, por lo que no es posible aplicar los principios generales del derecho en materia contenciosa civil, lo que se traduce en que la sentencia que emane de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que resuelve un reclamo de ilegalidad, no es susceptible de recurso alguno, lo que a todas luces carece de toda justicia.
Es por ello, que el motivo de la presente moción es proponer que se admita deducir recurso de apelación respecto a la sentencia que resuelve reclamo de ilegalidad municipal.
Por tanto,
El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifíquese la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la siguiente manera:
Agréguese un nuevo numeral i al artículo 151, lo siguiente: “La sentencia que se dicte, ya sea que acoja, rechace o declare inadmisible el reclamo, será apelable ante la Corte Suprema. La apelación se interpondrá en el término fatal de cinco días hábiles, contados desde la notificación por el Estado Diario de la sentencia que decide el reclamo.”