Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Joaquin Tuma Zedan
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENAME DURANTE 2014
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Rene Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Claudio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Hugo Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Marcela Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Luis Rocafull Lopez
- INTERVENCIÓN : Marcela Sabat Fernandez
- INTERVENCIÓN : Camila Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ivan Fuentes Castillo
- Fernando Meza Moncada
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Sergio Ojeda Uribe
- Patricio Vallespin Lopez
- Cristina Girardi Lavin
- Marcela Hernando Perez
- Denise Pascal Allende
- Yasna Provoste Campillay
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 365ª
Sesión 40ª, en martes 4 de julio de 2017
(Especial, de 16.09 a 18.32 horas)
Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Jaramillo Becker, don Enrique.
Secretario accidental, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 4
II.- APERTURA DE LA SESIÓN................................................................................................................ 7
III.- ACTAS ................................................................................................................................................... 7
IV.- CUENTA ................................................................................................................................................ 7
ACUERDOS DE LOS COMITÉS ................................................................................................ 8
V.- TABLA ..................................................................................................................................................... 9
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SENAME DURANTE 2014 ................................................................................................. 9
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 44
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10207-10) ............................ 44
2.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FUENTES, MEZA, MORANO, OJEDA Y VALLESPÍN, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI, HERNANDO, PASCAL, PROVOSTE Y SEPÚLVEDA, QUE "MODIFICA LA LEY N° 20.370, GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA ASEGURAR LA REINCORPORACIÓN DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS QUE HAYAN SUSPENDIDO
SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR". BOLETÍN N° 11295-04) ............................................... 44
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Licencia médica:
Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Tuma
, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de siete días, a contar del 3 de julio de 2017.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrieron, además, la ministra secretaria general de Gobierno, señora Paula Narváez Ojeda, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende.
-Con licencia médica: El diputado señor Joaquín Tuma Zedán.
-Con impedimento grave; El diputadoGonzalo Fuenzalida Figueroa.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.08 horas.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 30ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 31ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE .- Señor Presidente, está previsto que esta sesión dure hasta las seis de la tarde, pero todo indica que puede retrasarse un tanto más, por el gran número de diputados que se ha inscrito para intervenir y por otras situaciones que podrían ocurrir.
En consecuencia, solicito a la Mesa que pida el acuerdo de la Sala para prorrogar el inicio de las sesiones de las comisiones que está previsto que comiencen a las seis y media de la tarde para las siete de la tarde.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar el inicio de las sesiones de comisiones en los términos propuestos por el diputado Osvaldo Andrade .
No hay acuerdo.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SAFFIRIO .- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, esta mañana, en las reunión de los Comités, acordamos que al inicio de esta sesión el diputado Farías daría lectura al informe de la comisión investigadora, para lo cual dispondría de treinta minutos, y que luego se comenzaría el debate, para lo cual se destinarían dos horas.
En consecuencia, es absolutamente necesario prorrogar el inicio de las sesiones de comisiones citadas para las 18.00 horas, porque no va a coincidir con el término de la sesión, que durará a lo menos dos horas y media. Eso está acordado así.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a un acuerdo adoptado semanas atrás.
El señor ROJAS (Prosecretario).- Señor Presidente, previendo esta situación, los Comités acordaron, en su sesión del jueves 22 de junio, que las comisiones del segundo bloque comenzarán a las siete de la tarde. O sea, no se requiere el acuerdo de la Sala, porque los Comités ya acordaron proceder de esa forma.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- No se requiere acuerdo de la Sala. Ese bloque de sesiones de comisiones comienza a las 19.00 horas.
En consecuencia, se hace presente a la Sala que, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el 22 de junio, las comisiones no podrán sesionar simultáneamente con la Sala durante esta sesión, salvo para el tratamiento de proyectos con urgencia calificada de “suma” o de “discusión inmediata”.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Prosecretario para informar sobre los acuerdos adoptados en la reunión de Comités.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Fidel Espinoza , acordaron, en primer lugar, permitir el ingreso del señor director del Sernac a la sesión especial convocada para mañana, y en segundo lugar, ratificar la suspensión de las sesiones de comisiones programadas para las 19 horas de mañana, ello por cuanto las actividades concluirán a las 18.30 horas con motivo de la celebración de un nuevo aniversario del Congreso Nacional.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Deseo agregar que la presencia del director del Sernac queda supeditada, como siempre, a la presencia del ministro en la Sala.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENAME DURANTE 2014
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del Sename en el año 2014, particularmente sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y de los menores carentes de cuidado parental en Chile.
De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el 22 de junio, para la rendición del informe se destinarán 30 minutos, y para el debate, como muy bien nos recordó el diputado René Saffirio , 120 minutos, distribuidos proporcionalmente entre las bancadas, según los tiempos que se indican a continuación:
Comité Unión Demócrata Independiente, 28 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 21 minutos; Comité Socialista, 17 minutos; Comité Renovación Nacional, 16 minutos; Comité Partido por la Democracia, 14 minutos; Comité Mixto e Independientes, 11 minutos; Comité Partido Comunista e Independiente, 6 minutos, y Comité Radical Social Demócrata, 6 minutos.
Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Ramón Farías .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del Sename en el año 2014, y particularmente sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y de aquellos menores carentes de cuidado parental en Chile (CEI 29), sesión 39ª de la presente legislatura, en 4 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, usted acaba de informar que la
Unión Demócrata Independiente tiene 28 minutos, pero en la citación figuran 29.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Prosecretario.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Señor diputado, lo que ocurrió es que la citación se envió antes de que el diputado José Antonio Kast renunciará al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Por eso disminuyó en un minuto el tiempo de dicho Comité.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Al parecer hubo una baja en su bancada que significó que perdiera un minuto del tiempo que le correspondía.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor FARÍAS (de pie).-
Señor Presidente, honorables diputados: me corresponde rendir el informe evacuado por la Comisión Especial Investigadora de la forma en que las autoridades han atendido las propuestas emanadas de la Cámara de Diputados como consecuencia de la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Sename en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental.
En efecto, la Cámara de Diputados, en su sesión 19a de la Legislatura 364, celebrada el 10 de mayo de 2016, aprobó la solicitud de 53 señoras y señores diputados en orden a crear la comisión especial investigadora en cuyo nombre rindo este informe.
La comisión, en cumplimiento de su cometido, celebró veintiocho sesiones ordinarias, entre el 15 de junio de 2016 y el 19 de junio de 2017, esto es, más de un año de trabajo.
Para el cumplimiento de su cometido, despachó 103 oficios, mediante los cuales requirió diversos antecedentes de las autoridades públicas, y efectuó dos visitas inspectivas.
Asimismo, recibió los testimonios y exposiciones del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos y del anterior titular de esa cartera; el del ministro de Hacienda, el de la ministra de Salud, el de la ministra de Educación, el del ministro de Desarrollo Social, el del ministro secretario general de la Presidencia, el del subdirector de Presupuestos, el de la directora nacional del Sename y el de decenas de otras autoridades y expertos, así como de representantes de la sociedad civil.
La gran cantidad de información recibida y su sistematización, con la ayuda de la Biblioteca del Congreso Nacional, fueron entregando una visión completa a la comisión sobre la situación objeto de su investigación.
Se trató de una labor ardua y continua. Fueron largas horas de trabajo que motivaron a la mayoría de los integrantes de la comisión a buscar conclusiones y propuestas que alcanzaran un consenso, habida consideración de que la materia abordada atravesaba todo el espectro político y de que constituía un tema de Estado: se trataba de la infancia más desprotegida de nuestro país; se trataba de niños, niñas y adolescentes que no podían seguir esperando. En este sentido, la trágica muerte de la pequeña Lisette Villa fue especialmente inspiradora.
De esa manera, al momento de acordar las conclusiones y propuestas de consenso, la gran mayoría de estas se aprobaron por amplia mayoría, por lo cual solo algunos aspectos puntuales fueron objeto de debate separado.
Así, la comisión aprobó numerosas conclusiones que, por su extensión, no puedo reproducir, pero que constan en el informe. En ellas se incluyen materias como el presupuesto del Servicio Nacional de Menores, en que se mencionan problemas que no solo dicen relación con la evidente necesidad de mayores recursos, sino también con la correcta fiscalización de su uso; la necesidad de modificar la ley de subvenciones, de modo que no sea un aliciente para la institucionalización de los menores, y la de fiscalizar el empozamiento de recursos, entre otras.
De igual forma, se estudió el rol de los organismos colaboradores en relación con la conclusión de que el Estado debe asumir cabalmente su responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes vulnerables, como también con los menores infractores de ley; las evidentes deficiencias del Sename en cuanto a la carencia de profesionales y de capacitación adecuada para su personal, de una carrera funcionaria, y la necesidad de terminar con un sistema que obliga a turnos extenuantes.
También se analizó la agenda legislativa en este ámbito, que muestra una lentitud que no se condice con la apremiante necesidad de terminar con el trato indigno que reciben los menores que han sufrido vulneración de sus derechos consagrados a nivel internacional.
Supimos de la muerte de centenares de niños que estaban al cuidado del Sename o de sus organismos colaboradores, como Lisette Villa; de la falta de tratamiento psiquiátrico y psicológico adecuado para los menores más dañados, y de la aplicación de un sistema de control de salud deficiente.
También nos enteramos de las nulas o escasas oportunidades de estudio de los menores institucionalizados; de programas de ayuda inadecuados o insuficientes; de la aplicación indiscriminada del artículo 80 bis de la ley de tribunales de familia; de las deficiencias de la ley sobre adopción de menores; de las erráticas aplicaciones del concepto de habilidad parental; de los testimonios de personas ya adultas, egresadas del Sename, que nos entregaron desgarradores relatos de malos tratos y abandono; también supimos de las descoordinaciones entre las diversas instituciones del aparato estatal cuando se trata de atender las necesidades de la infancia desprotegida, incluso para saber quiénes y cuántos son, demostración de lo cual es que recién se están tomando las medidas para modificar el Senainfo, a modo de compatibilizar las bases de datos del aparato estatal, que no se comunican entre sí cuando se trata de estos menores.
En definitiva, estos y otros antecedentes nos llevaron a aprobar 64 propuestas, de las cuales me referiré, si no a todas, a las más representativas:
1. Solicitar al Estado de Chile reconocimiento oficial por las graves vulneraciones de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y el perdón hacia las víctimas y sus familiares.
2. Creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituya en una comisión nacional de verdad en materia de infancia, a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado. Además, la referida comisión deberá establecer medidas de reparación a favor de las víctimas y sus familias.
3. Creación de una comisión permanente, interestatal, integrada por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que revise y evalúe el cumplimiento de las medidas propuestas para los niños, niñas y adolescentes.
4. Reforma constitucional que establezca el derecho de todo niño, sin distinción alguna, a las medidas de protección que su condición requiera, teniendo en cuenta su interés superior, en especial el de aquellos niños vulnerados y privados de su medio familiar que viven en centros residenciales. Para estos efectos se propone modificar el Capítulo III de la Carta Fundamental, denominado “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, a fin de incorporar este derecho en el artículo 19.
5. Poner suma urgencia a los siguientes proyectos de ley: el que suprime el actual Servicio Nacional de Menores; el que establece una reforma integral al sistema de adopción en Chile, basado en la iniciativa original; el que crea un sistema de garantías de la niñez; el que establece una defensoría de los niños, pero incorporándole expresamente la función de representación judicial de los niños y, por ende, aumentado su dotación y recursos; el que crea la Subsecretaría de la Niñez; el que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo para menores de edad víctimas o testigos de delitos que se indican.
6. Asimismo, solicitamos la presentación de los siguientes proyectos: uno que cree el Servicio Nacional de la Familia, otro que suprima la Ley de Menores, N° 16.618, y otro que reforme la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, resguardando la proporcionalidad de las medidas de protección que se adopten.
7. Reformar la Ley N° 20.032, que Establece un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Sename y de su Régimen de Subvención, de manera que dicha subvención quede asociada a resultados e impactos concretos, para lo cual deberá considerar un sistema de fiscalización de los recursos que sea más riguroso y permanente.
8. Regularizar el pago que realiza el Sename a los organismos colaboradores de acreditación de la deuda emanada de los servicios prestados a niños, niñas y adolescentes en el artículo 80 bis de la ley de tribunales de familia.
9. Existencia de programas de calidad con la cobertura adecuada que permitan la prevención de eventuales vulneraciones de derechos, violencia, drogas, salud mental, educacional y de reinserción social y familiar que tengan verdadero impacto social a favor de los niños, niñas y adolescentes.
10. Adscribir a las instituciones nuevas que se creen al Sistema de Alta Dirección Pública, hasta el tercer nivel jerárquico, incluidos los directores nacionales de los nuevos servicios, y la concursabilidad de los empleos públicos en los demás cargos, poniendo énfasis en la especialización y experiencia demostrada.
11. Revisar exhaustivamente y transparentar la oferta programática existente, tanto en los programas de administración directa como en los organismos colaboradores. Adecuar la oferta programática a la realidad existente.
12. Cambiar los requisitos y la forma de entregar la subvención para la atención de los niños, niñas y adolescentes, por uno que priorice el logro de los objetivos planteados en los correspondientes planes de intervención.
13. Establecer y dar amparo legal a las prestaciones mínimas básicas que el Estado y sus organismos colaboradores deben entregar a niños, niñas y adolescentes usuarios de sus planes y programas en materia de infancia.
14. Establecer la obligación de contar con la aprobación de cursos de formación y perfeccionamiento regular especializado para quienes postulan a desempeñar funciones con niños, niñas y adolescentes institucionalizados en alguno de los programas de protección del Sename.
15. Establecer la obligación anual de rendir test psicológicos y de consumo de drogas y alcohol para el personal que desempeña funciones con niños, niñas y adolescentes institucionalizados.
16. Regulación estricta de las horas extraordinarias asignadas a los trabajadores que desempeñan funciones con niños, niñas y adolescentes para el Sename.
17. Establecer la obligación del Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de fijar protocolos de los derechos que deben ser garantizados a los niños y sus familias mientras dure la internación.
18. Establecimiento expreso de la obligación de coordinación interinstitucional, con sanciones drásticas en caso de inobservancia para ejecutar la referida política pública.
19. La presencia de centros de reparación especializada de administración directa (Cread) en todas las regiones del país.
20. Mejorar el sistema de derivaciones que hacen los tribunales de familia a los centros de protección, a través de la existencia de protocolos de actuación, que permita la orientación adecuada.
21. Elaborar una política pública educacional focalizada en la niñez vulnerada que disminuya al máximo la deserción escolar y permita la adecuada nivelación de estudios en los Cread y centros residenciales de organismos colaboradores.
22. Creación de un programa especial de retorno al núcleo familiar y fortalecimiento para los niños que son atendidos por el Sename y sus organismos colaboradores.
23. Tener dispositivos reales de atención residencial de carácter psiquiátrico para casos de niños con trastornos mentales y consumo problemático de alcohol y drogas, e implementación de un sistema de urgencia psiquiátrica infantojuvenil que permita que casos como el Lissette Villa tengan respuesta profesional adecuada y oportuna, y el establecimiento de residencias de larga estadía para el tratamiento de casos más complejos.
24. Crear una unidad especializada que lleve los sumarios administrativos por maltrato de los funcionarios a los niños.
25. Separación adecuada entre niños vulnerados y niños infractores de ley imputables e inimputables, con programas específicos de atención.
26. Creación de un sistema único actualizado de información de niños vulnerados, que esté en línea entre los distintos ministerios y servicios públicos con los tribunales de familia.
27. Oficiar al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General de la República para que instruyan las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades administrativas o funcionarias que pudiesen desprenderse del eventual “empozamiento” de fondos en organismos colaboradores.
Con esta breve relación, señor Presidente, concluyo el informe, pero no sin antes agregar, como ya he señalado, que esta comisión especial investigadora aprobó por amplia mayoría sus conclusiones y propuestas, así como recomendar a la Sala la aprobación de este informe. Espero así se haga.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En discusión el informe. Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira .
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente, hoy asumimos con vergüenza y dolor el informe de una nueva comisión investigadora que da cuenta de los errores y horrores que han sufrido y viven los niños vulnerados bajo la protección del Sename.
Lamentablemente, uno de esos niños fue Lissette, una niña de once años de edad que vivió sus últimos seis años intermitentemente separada de su familia, porque se suponía que iba a estar mejor a cargo del Estado.
Como todos saben, el 11 de abril del año pasado, cuando faltaba un día para su cumpleaños, nos enteramos de su trágica muerte. Al principio, la directora del Sename de ese momento, doña Marcela Labraña , nos dijo a todos que su fallecimiento "había sido producto de un paro cardiorrespiratorio, debido a un cuadro agudo de angustia. Ella estaba esperando una visita de un familiar cercano, y esa persona no llegó". En palabras simples, había muerto de pena, porque la mamá no la había ido a ver.
Con el tiempo, también supimos que Lissette le habría dicho a su madre "tengo algo roto en mi corazón, mamá. Algo me falta. Yo creo que me faltas tú".
Sin embargo, la causa de su muerte no fue su pena, sino la negligencia extrema de un servicio que por años ha sido un infierno para los niños, a quienes, debemos admitir como sociedad, hemos dejado completamente abandonados.
Las personas encargadas del cuidado de Lissette se encuentran investigadas por los delitos de apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte, los que, de acuerdo con la nueva legislación, son considerados como tortura.
Pero Lissette no solo representa su muerte, sino también la de más de 865 niños vinculados al Sename, que en los últimos diez años han fallecido por la inexcusable negligencia del Estado. Desde ya debemos pedir perdón como Estado a doña Juana Poblete Silva , madre de Lissette, y, a través de ella, a todas las familias en que el Sename no ha estado a la altura de las necesidades y carencias de sus hijos. Y el perdón radica en que, independientemente de las responsabilidades individuales, sin lugar a dudas, como sociedad, pudimos haber hecho algo más, pero no lo hicimos.
Hace casi más de un año esta Sala aprobó por unanimidad la conformación de una comisión investigadora "de la situación de los niños vulnerados y de aquellos carentes de cuidado parental en Chile, con el propósito de indagar y conocer los avances y obstáculos que, desde la aprobación del informe de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del Sename en el año 2014, ha experimentado nuestra institucionalidad".
Personalmente, tuve la responsabilidad de ser parte de esta comisión investigadora, que, después de realizar más de treinta sesiones, presenta, para ser votado por todos los presentes, un informe serio, sólido y contundente, que da cuenta de que el Estado sigue violando grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños vulnerados.
Hay que dejar en claro que el objeto de esta investigación se centró en dos puntos: el primero, si se cumplieron o no las recomendaciones realizadas por la primera comisión investigadora del Sename; el segundo, ¿qué hicieron las autoridades para que aquello ocurriera? Todo lo anterior, respecto del período 2014 al 2017.
En cuanto a la primera pregunta, la conclusión es evidente: no se cumplieron las recomendaciones realizadas por la primera comisión investigadora del Sename. No solo las muertes, sino las discriminaciones, los maltratos, los abandonos, la prostitución y los abusos sexuales siguen existiendo hoy dentro del Sename de igual modo que antes.
Además, los incumplimientos ministeriales son gravísimos. Según el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, el Ministerio de Justicia no cumplió el 70 por ciento de las propuestas, y en los demás ministerios el incumplimiento se encuentra por sobre el 50 por ciento. Esto se agrava aún más porque las visitas en terreno a niños que se encuentran en los centros residenciales de administración directa y en los organismos colaboradores dan cuenta de sobrepoblación, de paupérrimas condiciones en que viven, de sobremedicamentación, de ausencia total de dispositivos psiquiátricos de salud, de falta de profesionalización, de deserción escolar, entre otros males. No hay programas efectivos de revinculación con las familias ni tampoco evaluación alguna de los 1.698 programas y proyectos existentes.
La sobreexigencia de los trabajadores también es brutal. Basta recordar el centro residencial de Playa Ancha, Valparaíso , donde los cuidadores de trato directo trabajan hasta 36 horas continuas, según pude constatar personalmente en mis visitas.
Mención especial debemos hacer al cuoteo político denunciado por las diversas asociaciones de funcionarios del Sename. No han entrado siempre los mejores, los más capaces, los más profesionales, sino los que se encontraban domiciliados en un partido político determinado.
No soy de las que creen que todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo hoy es culpa del actual gobierno; pero tampoco podemos ocultar y disfrazar que hay una gran responsabilidad de sus principales autoridades en la total desprotección de los niños vulnerados.
Pensemos que de las once iniciativas legales que el gobierno se propuso sacar adelante para mejorar la situación de la infancia vulnerada, apenas un proyecto se ha transformado en ley. Lo peor es que los más relevantes están durmiendo completamente en la Cámara.
Estamos cansados de repetir una y otra vez que los niños vulnerados pasan una vida institucionalizada debido a lentos y burocráticos procesos de adopción. Sin embargo, actualmente el proyecto que reforma integral del sistema de adopción ha sido absolutamente paralizado; se encuentra en la misma comisión y en el mismo trámite constitucional de hace cuatro años. Tampoco se vislumbra ni siquiera una urgencia legislativa, porque simplemente no es prioridad para este gobierno. Hay que decirlo fuerte y claro: el derecho de un niño a vivir en familia no ha sido ni es prioridad para la Presidenta Bachelet .
Asimismo, el propio Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, venía pidiendo desde el año 2002 la supresión del Sename. Por eso, el entonces Presidente Piñera presentó una iniciativa legal el año 2012, la que, llegado el actual gobierno, quedó totalmente estancada. Más aún, el actual gobierno se demoró más de tres años para ingresar un proyecto con similares características, pero tampoco tiene prioridad alguna, por lo que lo más probable es que no llegue a ser ley durante este gobierno.
El propio Sename ha sostenido durante el actual gobierno la ausencia de representación judicial de los niños vulnerados, pero la Presidenta Bachelet ingresa un proyecto de defensor de la niñez sin lo más relevante, cual es el derecho a tutela jurídica de los niños vulnerables.
¿Quién entiende las urgencias que tiene este gobierno en materia de infancia vulnerable? Así, los incumplimientos han sido evidentes.
La otra pregunta que como comisión investigadora estábamos llamados a responder era qué habían hecho las autoridades del actual gobierno con esta dramática situación.
El informe que hoy se somete a votación y que aprobamos mayoritariamente los integrantes de la comisión da cuenta de algo muy claro: hubo negligencia, incompetencia e indiferencia manifiesta de las autoridades del actual gobierno. No podemos seguir justificando y amparándonos en que esta es una falla del Estado desde siempre, porque al Estado lo dirige un gobierno, con personas de carne y hueso que tienen el poder y las atribuciones para generar los cambios que se requieren, cuestión que este gobierno no ha hecho en estos casi cuatro años.
Señor Presidente, hoy tenemos una mala noticia para contar al país. La conclusión de nuestra comisión investigadora es que estamos peor que en 2014 en relación con la protección de los niños vulnerados, porque tenemos un gobierno que dice que ha hecho la pega; sin embargo, los hechos, las cifras y los propios niños nos dicen lo contrario. Entonces, nadie se ocupa de ellos y nuevamente los abandonamos.
Como bancada de la UDI, no nos hemos quedado de brazos cruzados ante esta situación, ya que el año pasado denunciamos ante el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, la permanente violación de los derechos humanos de los niños vulnerados por parte del Estado de Chile.
Pero no solo diagnosticamos los problemas, sino que, lo más importante, hemos sido también los primeros en trabajar en la solución, para lo que elaboramos un informe contundente que contiene 35 medidas para mejorar la institucionalidad de la niñez, que presentamos a las autoridades de gobierno en su oportunidad.
Espero de verdad que este informe marque un antes y un después, y que este gobierno y el que viene, cualquiera que sea su color político, den verdadera prioridad en su resguardo y protección.
En definitiva, anhelo que nuestros niños dejen de ser una moda, que no existan más muertes producto de la extrema negligencia del Estado, que el foco de las políticas públicas que regulan la niñez vulnerada sea un imperativo ético y moral, que las familias vulnerables sean apoyadas y levantadas, y que la construcción de un país más justo, más humano y más solidario tenga como base a nuestros niños. Eso depende de todos nosotros, y no descansaré hasta lograrlo y generar esos cambios.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, la comisión investigadora se constituyó para conocer la situación de los niños privados de cuidado parental que se encuentran al cuidado del Estado en centros administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) o a cargo de organismos privados que reciben subvención del Estado para ejercer ese cuidado, y en particular, para analizar el estado de cumplimiento de las propuestas realizadas en el informe de la comisión investigadora del Sename del 2013, aprobado por la Cámara de Diputados en 2014.
No obstante, el informe de esta comisión investigadora no dio cuenta de lo que he señalado; ni siquiera se analizó el estado de cumplimiento de las propuestas realizadas por la comisión investigadora del Sename que llevó a cabo su trabajo entre 2013 y 2014. Lamento que ello haya ocurrido, pues reiteradamente, junto con el colega Claudio Arriagada , lo solicitamos en dicha instancia, por ser la Sala la que fija el mandato de la comisión investigadora.
No es mentira lo que estoy diciendo.
Señor Presidente, por su intermedio pido al colega y amigo Ramón Farías que no me interrumpa. Permanentemente solicitamos un consolidado a la Biblioteca del Congreso Nacional en el cual figurara un análisis cualitativo de cada una de las propuestas de esa comisión investigadora, trabajo que no hizo la comisión investigadora. El diputado Farías tiene derecho a tener una posición sobre el particular, y yo, a tener una distinta.
Dicho eso, las principales falencias detectadas en esa comisión investigadora -a nuestro juicio, aún continúan presentes-, de las que no se ha hecho cargo en profundidad este informe, sino solo parcialmente, son:
1. Persiste la creencia de que existen personas que no saben ser buenos padres y nunca aprenderán a serlo; que son personas viciosas o inhábiles per se permanentemente, cuyos hijos son transables, instrumentalizables o abusables.
¿Por qué decimos esto? Porque existe una discriminación de base que permea el sistema. Prueba de ello es, por ejemplo, la práctica instalada de no informar de inmediato a las autoridades policiales y del Sename las salidas de niños, niñas o adolescentes de las residencias que los cuidan y su desaparición por días, asumiendo que se trata de comportamientos poco menos que normales o inevitables de los niños; la inexistencia, hasta el día de hoy, de un estatuto legal sistemático y férreo que establezca las responsabilidades y sanciones para todo actor del sistema, público o privado, que sea autor, cómplice o encubridor de delitos en contra de los niños que acogen y cuidan, así como de la vulneración de sus derechos fundamentales que no sean constitutivas de delitos. Asimismo, la argumentación falaz de que es necesario distinguir si esos delitos o vulneraciones se cometen al interior del hogar o no, pues, para muchos, si ocurren fuera del local físico no existirían responsabilidades de los cuidadores legales, menos aún de las instituciones. Incluso, hay fiscales que usan tal distingo para definir su competencia respecto de las investigaciones que le han sido delegadas.
2. Unido a lo anterior, en 2013 se constató, y persiste hoy (me referiré permanentemente al 2013, porque el mandato de esta comisión está vinculado con las propuestas y con lo que se hizo en esa comisión investigadora de 2013-2014), el abuso del sistema administrativo de protección en contra de las familias más pobres de nuestra sociedad, quienes, por razones muchas veces asociadas exclusivamente a su propia privación social, cultural y/o económica, pierden a sus hijos al amparo de una legalidad que no elimina toda posibilidad de internación por pobreza o razones asociadas a ella; no avanza en reconocer como fundamental el derecho del niño a vivir con su familia, y el derecho de esta a recibir ayuda del Estado para lograr entregarle un cuidado adecuado.
No son las condiciones económicas las que determinan el amor necesario para criar a un hijo, sino elementos que, intervenidos adecuadamente, pueden potenciar ese amor en muchas de las familias cuyos hijos les han sido arrebatados.
El informe no señala que son muchos los casos de esta naturaleza constatados durante el período de funcionamiento de la comisión, opinión asentada incluso en algunos jueces de familia. El informe solo da cuenta de esa práctica discriminatoria, a petición de parlamentarios de la Democracia Cristiana, con el respaldo de otros colegas, pero no recoge propuesta alguna tendiente a hacerse cargo y a resolver ese problema. Incluso, respecto de un proyecto de ley que interviene sobre lo que nosotros consideramos una irregularidad basada en la ilegalidad, como lo es la susceptibilidad de adopción, no se dio respaldo para darle la urgencia que sí se pide para otros proyectos en relación con los cuales se sabe precisamente cuáles son sus déficits, y que se quieren tramitar con urgencia y prontitud.
Es un hecho constatado que en muchos casos las solicitudes y resoluciones judiciales de separación de hijos de sus madres o padres se fundan principalmente en falta de recursos económicos y en circunstancias asociadas a ello, tales como condiciones deficientes de estructura de su casa, deficiencias en las instalaciones sanitarias; enfermedades periódicas comunes por falta de condiciones de habitabilidad, abrigo, alimentación o salubridad adecuada, entre otras.
Los democratacristianos que integramos la comisión hemos constatado, mediante la revisión de múltiples expedientes, que la alusión a “condiciones socioeconómicas deficitarias” muchas veces es utilizada por el Sename, organismos colaboradores u otros actores del sistema para fundar la interposición de denuncias por maltrato o faltas de cuidado parental, que luego se dan por acreditados por los informes de las mismas instituciones.
Argumentos similares son utilizados, también, en muchos casos para declarar que tales niños son susceptibles de adopción; susceptibilidad inmutable, irrevocable e inmodificable, pues los recursos de casación y apelación están lejos de poder ser impetrados por familias que carecen de recursos económicos. Muchas veces, cuando lo han logrado, han podido revertirlo en las cortes respectivas. No obstante, el informe que se presenta ante la Sala nada propone para poner término a ese círculo vicioso.
3. Continuando con el círculo vicioso, se constató en 2013, y persiste hoy, lamentablemente, una práctica indebida de algunos Organismos Colaboradores Acreditados del Sename (OCAS) residenciales y de algunos colaboradores dedicados a la adopción, los que, sin haber trabajado con la familia de origen o extendida, lo que debiera ser obligación por mandato legal, solicitan muy tempranamente la declaración de susceptibilidad de adopción de los niños internados y tramitan adopciones internacionales a cambio del pago de sumas de dinero injustificadas, a pesar de que la adopción internacional en Chile es subsidiaria a la adopción nacional.
Ello ha dado lugar a un inaceptable “mercado internacional de adopciones de niños chilenos”, lo que nos lleva, junto con el colega Arriagada , a anunciar como bancada una nueva fiscalización a partir de esas adopciones total y absolutamente ilegales e irregulares en nuestro país.
Tal hecho se ha denunciado públicamente; el Sename lo ha reconocido como una práctica usual de muchos privados subvencionados por el Estado, precisamente para trabajar en programas de adopción. Sin embargo, a pesar de haberse puesto en conocimiento de los directores nacionales del Sename, los hechos no han sido debidamente fiscalizados, investigados ni explicados.
Conforme al ranking elaborado por la Universidad de Newcastle, Reino Unido, nuestro país se sitúa en el puesto 36 de las “naciones de origen” para adopciones internacionales en el período 2004-2015 -no creo que eso nos deba llenar de orgulloy en tercer lugar en el ranking latinoamericano -tampoco creo que sea motivo para llenarnos de orgullo-.
Nuestros hijos deben estar en su casa, con su familia; nuestros hijos deben estar en su país de origen, con su familia, que los ama y los quiere. Hay que apoyar a esas familias con recursos del Estado, de manera que puedan superar sus problemas.
El hecho de que el informe de la comisión no se haga cargo de esta grave vulneración de derechos y que nada proponga para, al menos, indagarla formalmente, prohibir dicha práctica y revisar los procesos de adopciones en curso, es otra razón para no aprobarlo.
4. Persiste el incumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a disminuir al máximo la institucionalización de niños y desarrollar alternativas de cuidado en familia mediante la creación de un sistema de familias de acogida simples o especializadas -por ejemplo, para el cuidado de niños con alguna discapacidad, enfermedad o condiciones especiales-, en particular si se trata de niños de cero a tres años, que el país aún institucionaliza.
El informe nada dice al respecto, lo que significa consentir en la mantención del sistema de instituciones de protección, estatales o privadas, que han demostrado dramáticamente su inoperancia e inadecuación para el buen vivir de los niños carentes de cuidado parental, lo que menosprecia la importancia que tiene la familia de origen para esos objetivos.
5. Como todas las normas e instituciones internacionales prescriben y aconsejan, los Estados deben implementar otras alternativas para acoger a los niños carentes de cuidado parental. Debe existir un sistema nacional de familias de acogida, férreamente organizado, controlado y fiscalizado por el Estado, que permita hacer efectivo el derecho de los niños a vivir en familias alternativas mientras su familia es asistida.
No podemos concurrir con nuestro voto favorable a un informe respecto del cual incluso la propia Dirección de Presupuestos no fue enfática en representar la imperiosa necesidad de rediseñar los programas del servicio. Sí rescato la opinión del ministro de Hacienda, quien expresó: "Si en algo tenemos consenso es que la estructura actual no es suficiente y necesitamos meternos más en los procesos para cumplir con los objetivos que tenemos". Además, sostuvo que "se está afinando la interacción entre diseño y recursos, proceso que esperamos terminar lo antes posible".
Esperamos que al ingreso del proyecto de ley de presupuestos para el 2018 el ministro haya podido terminar de afinar la interacción entre diseño y recursos -lo digo responsablemente-, a objeto de tener una Ley de Presupuestos para el 2018 que, al menos, dé cuenta de la necesaria corrección de los cientos de programas que hoy existen y que tampoco fueron advertidos por la comisión investigadora en cuanto a la necesidad de modificación.
El trabajo fue arduo y mucho, y se hicieron esfuerzos por levantar conclusiones que nos gustaría respaldar; pero hay temas de fondo que señalamos y que no fueron recogidos.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, es difícil intervenir en este punto de la discusión sin que se me venga a la memoria todo el trabajo que ha significado, no solo para mí, sino para todos los miembros de la comisión, habernos adentrado en la realidad del Sename a lo largo de un año.
Cualquier adjetivo que utilice hoy para poder comunicar a los honorables colegas cómo viven los niños y las niñas al interior de las residencias, cuál es el trato que reciben de parte de sus cuidadores o qué refugio pueden encontrar en un sistema que ha fracasado y que, lejos de devolverles sus derechos, los ha convertido en una infancia institucionalizada, carente de protección y alejada del interés superior del niño, sería insuficiente. Reitero: cualquier adjetivo que use para graficar esa realidad es absolutamente insuficiente, porque aún la estamos tratando de sopesar. Y de esa realidad nos sentimos profundamente avergonzados.
¿Cómo podría intentar trasmitir lo que se nos ha contado a lo largo de un año de sesiones:
la dureza de los testimonios, que nos han desmoralizado; la seriedad de las denuncias que nos han presentado y que nos han dejado comprometidos con esta labor y, cómo no decirlo, el recuerdo del rostro de una niña, Lissette Villa , cuya fragilidad de vida se vio expuesta ante nosotros mediante la crudeza de los relatos de fiscales, médicos, asociaciones y familiares que pedían justicia para ella?
No esperamos que la situación del Sename vaya a cambiar de la noche a la mañana gracias a un informe; ya lo demostraron los anteriores intentos por establecer un sinnúmero de propuestas y medidas que quedaron incumplidas. Pero esta vez no aceptaremos que el trabajo de la Cámara de Diputados se convierta en letra muerta.
El desafío que hoy nos convoca es acabar de una vez con la inactividad y constituir la presente instancia como un hito que marque un antes y un después en favor de las niñas y de los niños vulnerados de Chile.
Durante décadas, el Estado, en toda su extensión, ha sido el garante de la situación de esos niños, niñas y adolescentes, y de ahí deriva una responsabilidad insoslayable que nos permite exigir con fundamentos el cumplimiento de las medidas que proponemos.
La propuesta de una política real de infancia debe ser llevada a cabo en forma prioritaria, sin postergaciones, teniendo en cuenta que hoy existe un compromiso transversal, como lo ha demostrado este informe, para evitar nuevamente una crisis como la que se vive en el Sename.
Lamento enormemente que en las últimas semanas se perdiera el foco central de esta discusión. Veo con desazón cómo parte de la clase política discute sobre la pertinencia de incluir o no nombres de exautoridades, con el único afán de defender o atacar políticamente. Veo con desesperanza que, lamentablemente, se olvidan de que aquí el centro debe ser nuestra infancia y su protección. Al menos, esa es mi motivación, ese es el objetivo que me mueve y que me llevó a elaborar un informe contundente, que contara con el apoyo de todos los diputados y diputadas de la comisión, porque como legislador he visto muchas comisiones investigadoras que pierden su norte al elaborar los informes. Si de algo pueden acusarme, es precisamente de eso: que en pos de lograr un acuerdo transversal por los niños de nuestro país busqué tender puentes con todos los sectores y buscar puntos comunes de diagnóstico y propuestas.
¿Acaso alguien puede negar la tremenda deuda que como Estado tenemos con nuestros niños y niñas?
Hoy llamo a mis colegas a poner a los niños y niñas en el centro del debate, a votar este informe tomando en cuenta todos los antecedentes que se han conocido y en consideración a que tenemos la posibilidad única de demostrar a la ciudadanía que el trabajo que muchos realizamos es honesto.
Mi compromiso está con los niños de nuestro país. Los que me conocen saben de mi lealtad con el gobierno y con la Presidenta Michelle Bachelet , a quien voy a apoyar hasta el último día de su administración, pero no me pierdo, porque mi prioridad son los niños y niñas; ellos deben estar por delante, aun cuando esto signifique ponerme en la vereda contraria a La Moneda y a mi coalición, la Nueva Mayoría.
Para finalizar, quiero destacar el orgullo que siento por haber conformado esta comisión, que se ha preocupado de centrar el análisis, primero, en transparentar la situación de crisis que se vivía al interior de los centros del Sename, y segundo, en concluir un informe que revisa en profundidad todos los factores que provocaron esa crisis y que además realiza cuestionamientos importantes a nivel de autoridades, de modo que tampoco se ha evitado la determinación de responsabilidades políticas, que es finalmente el objetivo de las comisiones investigadoras. Se presentan a la ciudadanía resultados concretos y no páginas llenas de eufemismos, y finalmente se realizan propuestas específicas y necesarias que, esperamos, constituyan una nueva base para el sistema de protección de infancia que queremos.
Por los 1.313 niños que han fallecido en estos años, por Lissette Villa, por los niños que fueron torturados hace un par de meses en un centro, por todos los niños que están en el Sename, sin padre ni madre, y en que su única esperanza es el Estado, llamo a mis colegas a votar favorablemente el informe. Los llamo a votar a favor de los niños y niñas desprotegidos que claman por tener un futuro promisorio y no un futuro negro, sin esperanzas. Ya es suficiente no tener padres o madres que se preocupen de ellos.
Por ello, insisto en mi llamado a mis colegas a ponerse una mano en el corazón y, más allá de los temas políticos, más allá de las presiones, votar a favor el informe, particularmente por los 1.313 niños fallecidos en el Sename.
He dicho.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, solicito reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, si usted me lo permite, esperaré a que finalice la reunión de Comités para intervenir.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
En ese caso, vamos a suspender la sesión por cinco minutos.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, escuché con atención el discurso del diputado Farías , quien, con emoción, trataba de recoger en toda su magnitud lo que hemos conocido. Es la realidad de niños, niñas y adolescentes del Sename. Comparto ese dolor.
Difícilmente una pluma, el cine, un libro o un poema podrían describir con exactitud y en toda su dimensión lo que durante seis años he escuchado respecto de lo que ocurre en el Sename. Ofrezco disculpas, porque en el escaso tiempo con que cuento no será posible lograr que mis distinguidos colegas dimensionen la magnitud de la tragedia que el país ha vivido durante décadas, desde los orígenes de la república.
Hemos llegado a la etapa final de un proceso de investigación respecto del funcionamiento del Sename y de las responsabilidades del Estado con su niñez y su adolescencia vulneradas. Durante estos meses recibimos abundante información, testimonios y declaraciones de autoridades, expertos, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de maltrato y abandono en centros de la red Sename. No es lo mismo escuchar el relato de las víctimas que leerlo en un informe o verlo en un programa de televisión.
La realidad que mostró la investigación es brutal, desgarradora, me indigna y me hace sentir vergüenza. El Estado, en el contexto de una sociedad que se presume democrática, ha cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo dijeron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace pocos días y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos comparó con Panamá y señaló que éramos los dos únicos países latinoamericanos más retrasados en materia de protección de la infancia.
Muchos niños murieron en el período 2005-2016 mientras se encontraban bajo la tutela del Estado. Otros han sufrido y siguen padeciendo torturas, maltratos físicos, psicológicos y abandono. A lo anterior se suman aberrantes casos de delitos sexuales y de redes de explotación sexual, cuyas víctimas han sido niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado.
Además de las violaciones de derechos humanos, nuestra investigación detectó serias falencias en el sistema de organismos colaboradores, que atienden sin control al 96,18 por ciento de los niños que se encuentran bajo la tutela del Sename. A los problemas de falta de control de los fondos de subvenciones, de los recursos asignados a los 1.600 programas anuales de intervención, y a los déficit en gestión y fiscalización se suma uno de los aspectos más críticos del sistema de los Organismos Colaboradores Acreditados del Sename (OCAS), cual es el incentivo perverso de pagar subvención por día/niño atendido, pues lleva a esas instituciones a imponer y prolongar la internación muchas veces más allá de lo estrictamente necesario, porque de ello depende el mayor o menor ingreso por la vía de la subvención. La privatización de esas responsabilidades del Estado y la forma de calcular la subvención alienta el lucro en dichas instituciones, lo que incentiva -reiterola internación por sobre el egreso.
Ese sistema perverso constituye un verdadero negocio, en el que los niños son tratados como “mercancías” o “stock”, como dijo una exministra de Justicia y Derechos Humanos en la comisión, justificando así la aplicación de la lógica del mercado a las políticas públicas acerca de la niñez y la adolescencia en Chile.
Señor Presidente, este informe es fruto de negociaciones políticas entre la Nueva Mayoría y la derecha. Los niños han sido dejados en medio de dos grandes y poderosos intereses. Por una parte, los intereses políticos, en la acepción más pequeña y egoísta de la palabra, y, por otra, los intereses financieros de las instituciones que durante décadas mintieron al país ocultando todo tipo de aberraciones. Se disputan 230.000 millones de pesos anuales, que corresponden a la subvención que el Estado otorga a esa repartición.
No seré cómplice de esta farsa. Aunque esté solo, no me preocupa, pero no seré cómplice de una farsa de esta magnitud. La propuesta del informe es insuficiente y no da cuenta de la realidad de los padecimientos sufridos por niños, niñas y adolecentes residentes de la red del Sename.
El informe soslaya responsabilidades políticas, no enfrenta un cambio de fondo o estructural que permita terminar con el lucro de los organismos colaboradores y no es más que un “maquillaje” que no deja enfrentar de verdad la magnitud de la tragedia que investigamos.
Contrariamente, en tres puntos del informe se señala -lo dijo una diputada de la UDI en su intervenciónque estamos peor que en 2014. Sin embargo, a renglón seguido, en tres puntos se piden más recursos para las mismas instituciones que, según lo señalado, recibieron subvenciones, pero que lo han hecho peor que en 2014. Se piden más recursos y se pide aprobar este informe a pesar de las faltas y de los eventuales delitos y cuasidelitos cometidos por dichas instituciones.
El profundo daño que el Estado ha cometido en contra de nuestra infancia solo puede comenzar a resarcirse con verdad, justicia y reparación.
Consideramos relevante, para cerrar esta etapa dolorosa y abrir un nuevo ciclo de respeto y dignidad hacia nuestros niños, que se conforme una instancia amplia, transversal y diversa, que esclarezca los casos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Sename.
Junto con la verdad y la justicia, propuse como un eje fundamental la reparación. Sin embargo, se les olvidó la palabra “reparación”.
Desde mi punto de vista es inaceptable el doble estándar en materia de derechos humanos. Si ayer el Estado reparó (en la medida de lo posible) a las víctimas de la dictadura, pido que alguien me explique por qué se niega la misma reparación a niños, niñas y adolecentes y a sus familiares cuando se declara en el propio informe que sus derechos fundamentales han sido brutalmente afectados por la desidia de agentes del Estado. Ese doble estándar no corresponde a una cámara política que busca restablecer los derechos de los más débiles.
La reparación es esencial para terminar con esta tragedia.
El fracaso del Sename y la necesidad de abordar en serio esta situación se refleja claramente en dos cifras:
Una de ellas fue mencionada por el presidente de la comisión: 1.313 niños, niñas y adolecentes muertos en el período 2005-2016. Muchas de las familias se enteraron recién el año pasado de que esos niños, niñas y adolecentes habían muerto y en qué circunstancias ocurrieron las muertes. Esa es una cifra que no podemos olvidar.
La segunda cifra es la siguiente: el 50 por ciento de la población penal en Chile alguna vez pasó por algún recinto del Sename. Al respecto hago un llamado a aquellos que hablan y hacen gárgaras con la seguridad ciudadana.
No podemos decir con propiedad que el Sename es una institución que ha cumplido cabalmente con su función y que merece que se le sigan asignando recursos.
Rechazo este informe y lo votaré en contra, no porque considere que haya que excluir a la exministra Blanco de sus responsabilidades, sino porque me parece que es un informe falso, que no da cuenta de lo que se investigó y de lo que escuchamos en la comisión, y es insuficiente y condescendiente con los responsables. Para eso no estoy disponible.
Pido un gesto de confianza a mis distinguidos colegas para que no volvamos a cometer un error:
Si se hubiera acogido la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema señor Héctor Carreño , en su momento, los tribunales de justicia en Chile estarían actuando en defensa del interés superior del niño. Sin embargo, fue rechazada por esta Sala.
Si se hubiera acogido la acusación constitucional en contra de la entonces ministra Justicia y Derechos Humanos señora Javiera Blanco , las urgencias de los proyectos de ley presentados por este gobierno referidos a la niñez probablemente habrían sido distintas.
Por ello, no seré parte de este acuerdo y votaré en contra el informe.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, desde hace bastante tiempo hemos escuchado reiteradamente que el Sename está en crisis. Sin embargo, creo que es difícil comprender la magnitud de esa afirmación, ya que es complejo dimensionar el daño que se les ha ocasionado a los niños de nuestro país y lo difícil que resulta reparar esa situación.
El informe que se nos presenta hoy es una prueba de ello. Los integrantes de la comisión pudieron escuchar testimonios sobre las atrocidades sufridas por los niños bajo tutela del Sename, lo cual pudieron ratificar in situ.
El informe da cuenta de la grave vulneración a los derechos fundamentales de nuestros niños. Específicamente, se vulneran el derecho a la vida, contenido en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el derecho a la no discriminación, contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el derecho a la protección por parte del Estado de los niños privados de su medio familiar, contenido en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el derecho a la salud, establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y se violenta el derecho a la protección contra los malos tratos, reconocido en los artículos 19 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Basados en todo esto, se concluye que nuestro Estado tiene responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los niños vulnerados, al no cumplir con la obligación de respeto ni de garantías de los mismos.
En definitiva, estas conclusiones son contundentes y no hacen más que ratificar lo que se ha venido denunciando desde hace muchos años, cual es la vulneración de los derechos de la infancia, particularmente de los niños que están bajo la tutela del Estado.
El informe describe con claridad cómo fallaron diversos ministerios y servicios, partiendo por el Ministerio de Justicia y el Sename, siguiendo con las carteras de Salud, de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia.
Sin embargo, hay que ser justos respecto de estos temas y no sacar provecho político, ya que no se trata de un problema de este gobierno, sino de un problema del cual, como Estado de Chile, no nos hemos hecho cargo. No obstante, también hay que reconocer que durante este gobierno se agudizó el problema en forma importante.
En ese sentido, estoy plenamente de acuerdo en que se hayan formulado responsabilidades políticas a los exministros de Justicia José Antonio Gómez Urrutia y Javiera Blanco Suárez , ya que cuando ellos asumieron sus cargos, tenían conocimiento de la situación, debido al trabajo realizado por la comisión investigadora que se llevó a cabo el año 2014. A pesar de eso, no tomaron las medidas necesarias para mejorar la situación y mucho menos le dieron la urgencia que se requería.
El Ministerio de Justicia y el Sename fracasaron en su misión de cautelar y dar protección a esos niños, niñas y adolescentes. En esto no puede haber doble lectura, por lo que espero que la Cámara se pronuncie con la contundencia que ello requiere y que no intente blanquear o blindar alguno de los nombres que aparecen en el informe, lo cual ya ocurrió respecto del informe original, pues sabemos que en él se desligaron y aminoraron las responsabilidades de las autoridades de este gobierno con respecto a la crisis del Sename, dado que el informe original establecía sendas responsabilidades, las que fueron disminuidas sin mayores justificaciones.
Otro aspecto que me parece muy preocupante es que tras haber transcurrido más de un año desde que toda esta crisis explotara, no vemos grandes avances en la materia y las autoridades del Sename no han llevado adelante planes o programas eficaces para enfrentar la crisis por la que atraviesa el servicio. Tampoco vemos una etapa de transición que se haga cargo de los rezagos históricos del sistema mientras se avanza en la creación de una nueva institucionalidad que cumpla con los estándares mínimos de protección de los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, la agenda legislativa impulsada por el gobierno, que pone su foco principalmente en la creación de instituciones y organismos, y en el diseño de un marco legal general -me refiero a la Ley de Garantías, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y las reformas que reformulan la estructura del actual Sename y dividen sus funciones-, no avanza con la prontitud que se necesita. Por el contrario, aún quedan muchos proyectos por tramitar, pero no se establecen mayores urgencias para despacharlos, lo que demuestra una vez más que para este gobierno no es prioritario sacar adelante esas reformas.
En relación con las 64 propuestas que contiene el informe, debo señalar que están en la línea de lo que hemos venido pidiendo desde hace tiempo, que tiene que ver con cambios en la institucionalidad, con la petición de urgencia para todos los proyectos de ley involucrados en la materia, con el mejoramiento de la situación y con la preparación de los funcionarios que integran el Sename, dando énfasis a la especialización y experiencia que tengan en la materia, y con el perfeccionamiento del control sobre el uso de los recursos, entre otras.
Sin embargo, ya no nos podemos conformar solo con proponer; hoy es tiempo de exigir y de poner punto final a la vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, compartimos la totalidad del diagnóstico que se ha venido dando a conocer a lo largo de los últimos años sobre la realidad de la infancia.
Tenemos un problema serio en la institucionalidad, existe un mal uso de los recursos de subvención y problemas legales.
Más allá de la carga emocional, respetable por cierto, creo que debemos abordar con pulcritud y claridad lo que ha venido ocurriendo.
¿Los niños del Sename existen por casualidad? No, señor Presidente. Esos niños son víctimas de la realidad de familias cuyas mujeres trabajan hasta las 10 de la noche para llevar el sustento a su casa. Los niños del Sename existen por la marginación y la pobreza con que se condenó durante muchos años a vastos territorios de la población. Es más, el color café caracterizaba el paisaje de La Pintana, La Granja, La Bandera y La Pincoya, así como la ausencia de espacios deportivos y de recreación.
No estoy de acuerdo con la crítica fácil que se hace al gobierno, porque cuando este planteó la creación de 3.000 salas cuna en los primeros cien días de su gobierno, fue el camino correcto para enfrentar la situación del Sename; porque cuando creó el programa Chile Crece Contigo y le dio la posibilidad a los niños que viven en situación de pobreza extrema de ir transformando su realidad, fue la manera correcta de proceder; cuando Chile aprobó la jornada escolar completa y cuando elaboró todo un proceso en favor de la primera infancia, demostró que estamos en el camino correcto.
Sí, tenemos un problema. Hemos develado una realidad muy dolorosa; pero hoy más que nunca tenemos una gran oportunidad. Al respecto, llamo a ser pulcros en la información que aquí se entrega.
¿Por qué? Porque en este gobierno se crea el Consejo Nacional de la Infancia, respecto de lo cual algunos han criticado el tiempo de demora. Si hubiera sido muy rápido, habrían dicho que lo hicieron de manera atolondrada y apresurada, por lo que las conclusiones son muy ineficientes.
Respecto del Consejo Nacional de la Infancia, existen distintos proyectos de ley en el ámbito legislativo: el que suprime el actual Servicio Nacional de Menores y crea dos nuevos servicios, a saber, el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente; el que crea un sistema de garantía de la niñez, para lo que establece la Defensoría de los Derechos de la Niñez, y el que crea la Subsecretaría de la Niñez.
¿Es insuficiente lo que estamos enfrentando? Sí, puede ser, porque son problemas que se vienen arrastrando por décadas. Las mismas razones que nos llevaron a votar en contra la acusación constitucional deducida contra un ministro de la Corte Suprema, hoy nos llevan a votar en contra el informe, porque particulariza y carga a un grupo de personas una responsabilidad que es de la sociedad entera. ¿Acaso en el gobierno anterior no ocurrió ninguna anomalía en algún centro del Sename? ¿Es que todo empezó a surgir el 2014? No es así.
¿Qué ha hecho el Estado después del informe del 2013? La respuesta está en los dos informes de la Contraloría General de la República y en la investigación de la Fiscalía Nacional. Es más, no puedo dejar de valorar, asumiendo toda la carga emocional que el tema tiene, el esfuerzo de la entonces ministra Javiera Blanco y de la ministra Carmen Castillo .
Hablemos de cifras. Antes de que se tomara esta decisión, ningún niño había tenido la oportunidad de recibir un diagnóstico en relación con su salud mental. Desde que se tomó la decisión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, 6.700 niños han sido evaluados por especialistas en salud mental, de un universo de 8.300 menores.
¿Ese es o no es un avance? ¿Esa es la misma situación que tenemos que seguir criticando de manera descarada, como si ningún esfuerzo valiera la pena? No, señor Presidente, hubo un momento de inflexión en la crisis, que reconocemos. ¡No se puede ser tan cerrado, no se puede ser tan obtuso para negar el esfuerzo que se está haciendo, en el afán de tener protagonismo público!
En materia de negligencia con causa de muerte, está la Fiscalía; en materia legislativa, hay varios proyectos de ley tramitándose en el Congreso Nacional, y en materia de gestión administrativa, la directora Solange Huerta ha realizado numerosos cambios, aunque algunos no los quieran ver.
Esa no es la manera correcta de encarar, con seriedad y sin apasionamientos que no tienen sentido, un problema profundo y, a veces, dramático.
Respecto de la atención de salud a 6.700 niños, nos informaron que al menos el 13 por ciento padece alguna enfermedad de carácter mental; el 27 por ciento, una patología mental con características más graves, y el 6 por ciento, otras enfermedades crónicas. En los niños de entre cuatro y once años de edad predominan los trastornos del comportamiento.
Entonces, ¿cómo no va a ser importante dar ese paso? ¿Cómo no van a ser importantes las medidas que se están tomando dentro del Sename en materia de recursos humanos?
Faltan protocolos, actualizar leyes y aclarar las formas de financiamiento.
Aquí se ha querido instalar en la opinión pública la idea de que la inmensa mayoría de los problemas está solo en los centros administrados por el Estado. Al parecer, a algunos se les olvida que más del 90 por ciento de los niños bajo la dirección del Sename se encuentran en centros privados. Eso tiene que ver, como muy bien dijo un colega que me antecedió en la palabra, con la nefasta forma de cancelación de la subvención por niño, que hace que solo los institucionalizados reciban la plata del Estado. ¡Eso tenemos que cambiarlo!
Naturalmente que es doloroso lo que ha ocurrido en Chile en materia de la infancia, pero se ha producido un cambio y hacia allá debemos mirar.
Entre nosotros no hay algunos que tengan más autoridad moral que otros como para decir que están más preocupados por la infancia. ¡No es así! Cualquier vulneración a los derechos humanos, particularmente en los grupos más vulnerables, como niños y ancianos, duele a cualquier ser humano.
La situación del Sename ha ido cambiando. El gobierno ha hecho esfuerzos impresionantes para mejorar las condiciones de vida de los niños, no obstante lo que digan quienes formulan críticas livianas.
Este informe es parcial. Nos hacemos cargo de las propuestas, participamos en ellas, pero vamos a rechazar el informe, porque no apunta hacia el camino correcto, que es el que hemos tomado en estos años.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, recién tuve la oportunidad de acceder al informe completo de la comisión especial investigadora. Lo había leído en internet; pero tenerlo en las manos y poder leerlo con detención me permite aseverar que se trata de un documento importante, por lo cual debemos valorar lo que se ha hecho.
Es novedoso que se haya creado una comisión investigadora para dar seguimiento a las propuestas que elaboró otra comisión investigadora sobre el Sename, la de 2014. Es decir, el objetivo de esta comisión era investigar si en el año y medio que ha transcurrido se cumplieron las propuestas que la comisión investigadora de 2014 señaló para diversas autoridades, principalmente del gobierno.
En buenas cuentas, este informe debería haber evaluado si en ese período el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet solucionó los problemas detectados en la investigación anterior, porque, sin duda, con el cumplimiento de todas las propuestas señaladas en ese informe se superarían todos los problemas de los niños, niñas y adolescentes del país.
Lo que uno valora de este informe son las propuestas, porque, sin duda, hay graves problemas que debemos resolver. Sin embargo, cuando uno revisa con detención esas propuestas, constata que hay una pequeña contradicción que es importante esclarecer.
La propuesta 1, que está en la página 521 del informe, dice: “Solicitar al Estado de Chile reconocimiento oficial por las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y el perdón hacia las víctimas y sus familiares.”. En buenas cuentas, se está señalando que el Estado de Chile debe pedir perdón por el drama que todos reconocemos en relación con la problemática de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
La propuesta 2, a su turno, dice que se debe crear una instancia amplia, transversal y diversa que se constituya en la “Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia”, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Ciertamente, el Estado debe pedir perdón cuando haya incurrido en graves vulneraciones a los derechos humanos. Así lo hizo don Patricio Aylwin el 4 de marzo de 1991, después de recibir el informe elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El Presidente Lagos también pidió perdón a las víctimas de tortura y de prisión política durante la dictadura. Lo hizo el 12 de diciembre de 2004, después de que se le entregó el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como “Comisión Valech”.
Siguiendo esa misma lógica, para pedir perdón en esta materia es necesario que previamente se cree la “Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia” y que esta elabore un informe. Pero resulta que aquí se propone pedir perdón sin que siquiera se haya creado dicha comisión.
En consecuencia, me parece que, efectivamente, hay que crear la Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia, y luego, si el trabajo de esa comisión arroja consecuencias como las que se señalan en este informe, se deberá pedir perdón. Pero no es posible que se inste a hacerlo sin que se haya creado esa comisión y realizado la investigación de los hechos.
He dicho.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, hay 34 diputados en la Sala; no hay quorum para sesionar. Por consiguiente, le pido que suspenda la sesión para llamar a los diputados que están ausentes.
El artículo 77 del Reglamento establece claramente que si quien preside observa la falta de quorum, debe suspender la sesión.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia. Cuando se suspende la sesión por no haber quorum, nadie sabe quiénes son los diputados
que están presentes y cuáles los que están ausentes, por lo que todos “pagamos el pato”.
La situación es bastante engorrosa, porque puede haber comisiones funcionando u otras actividades que demandan la presencia de algunos diputados, pero la gente piensa que la sesión fracasó por falta de quorum.
Por lo tanto, si bien el diputado Saffirio tiene razón desde el punto de vista reglamentario -eso no está en discusión-, pido que cada vez que se aprecie que está disminuyendo la presencia de diputados en la Sala, se toquen los timbres de llamado para que no pasemos estos bochornos.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Los timbres están sonando, señor diputado.
La petición formal del diputado Saffirio quedará para una próxima oportunidad, porque ya tenemos quorum, así que podemos continuar la sesión.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, aún no hay quorum para sesionar. Le ruego que haga uso de la facultad que le otorgar el Reglamento.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
En este momento hay cuarenta diputados en la Sala, señor diputado.
Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, esta sesión no se trata de nosotros ni de defender a nuestros gobiernos, sino de decir la verdad y de defender a los niños.
Quiero destacar el funcionamiento de la comisión especial investigadora y que las conclusiones hayan sido respaldadas mayoritaria y transversalmente, con abstracción de consideraciones políticas.
Por consiguiente, pido al gobierno que gaste todas las energías que puedan quedarle en leer con detenimiento el informe, entenderlo y buscar rápidamente soluciones. También le pedimos que no distraiga sus esfuerzos y energías en hacer lobby e instar a los parlamentarios a que lo rechacen por distintas consideraciones, porque no es esa la forma en que se avanza.
Como diputados, no solo nos asiste el deber legal de investigar los graves sucesos del Sename, sino que también tenemos una responsabilidad ética al haber corroborado en terreno lo que está pasando dentro del Sename, la forma como se están enfrentando los problemas y, particularmente, la situación de los niños.
Quiero ser claro: a partir de este informe, nadie puede alegar desconocimiento de lo que ahí sucede.
Hay 8.500 niños en listas de espera para ser atendidos en algún programa del Sename, los que van desde rehabilitación de drogas, hasta atención por violencia y peritajes para ver si los niños fueron abusados. Como dije, hay 8.500 niños en lista de espera, la que va en aumento en los últimos tres años.
Además, se comprobó la absoluta desprotección de los niños en materia de salud. Quiero ser claro: cerca de 1.334 menores que se encuentran en el Sename tienen patologías mentales severas. Recién en octubre de 2016 se entregó el diagnóstico de salud, pero el 34 por ciento de los niños del sistema residencial ni siquiera fue evaluado; y lo que es peor, la respuesta oficial del gobierno reconoce que en la mayoría de los casos la evaluación de las enfermedades mentales ni siquiera la hicieron psiquiatras, sino médicos generales.
Asimismo, se detectaron graves deficiencias en materia de educación. Esto significa 11.000 niños que recurren al Sename para solucionar su desigualdad, su injusticia, su abandono; pero están sin escolaridad o con rezagos en la misma.
Los niños permanecen tres veces más en programas del Sename de lo que señalan las recomendaciones técnicas. El promedio de permanencia es de 1.311 días, tres veces más que lo adecuado; pero nada se hace para bajar estas cifras.
Existe una impresentable cantidad de reingreso de niños al Sename. Están allí algunos meses, después salen, pero vuelven a reingresar. Es decir, no cambia en nada su situación.
Se adeudan más de 8.700 millones de pesos a los organismos colaboradores que atendieron niños en situación grave por orden de los tribunales, pero no hay respuesta respecto de la solución que se dará a esa deuda, por lo que aumenta el déficit de atención de los niños.
Como los organismos colaboradores reciben mucha plata, todos queremos que ese dinero se gaste bien, que no se despilfarre y que no se abuse ni se roben esos recursos. ¿Cómo fiscalizamos eso? Con un sistema de supervisión completamente superado. Para 1.204 proyectos del Sename, hay un promedio de 102 supervisores. Es decir, cada supervisor fiscaliza doce proyectos. El resultado es que 338 proyectos no han recibido ninguna supervigilancia financiera en los últimos tres años. No nos sorprendamos, entonces, de lo mal que funcionan ciertos OCAS, porque nadie los fiscaliza.
Todas estas situaciones fueron advertidas por el Poder Judicial, por las comisiones investigadoras y por los dieciséis informes de auditoría realizados entre los años 2014 y 2016. Todo era conocido cuando asumió este gobierno.
No creo en el oportunismo de atacar a este gobierno para hacerlo heredero de todas las falencias del Sename. ¡Sencillamente, eso no es cierto! Pero sí es responsable de la forma como ha reaccionado frente a los problemas conocidos, y los detallo: en primer lugar, hace pocas semanas escuchamos a la Presidenta de la República decir que ingresaba el proyecto para modernizar el Sename, separándolo en dos servicios.
El gobierno anterior envió un proyecto que estuvo tres años sin avanzar nada. Este gobierno tenía derecho a presentar otro proyecto; pero no tiene derecho a demorarse tres años en hacerlo, sin avanzar en el anterior.
Este gobierno apostó al Consejo de la Infancia, con un presupuesto de 3.400 millones de pesos y cuarenta profesionales que tienen una remuneración promedio de 2,5 millones de pesos. ¿Para qué? Para agilizar la agenda legislativa de la infancia. De los once proyectos de ley que se comprometieron a promulgar, solo uno se ha transformado en ley. Los otros están en tramitación, todos atrasados, y algunos ni siquiera han ingresado al Congreso Nacional.
Entonces, ¿cómo no juzgar a este gobierno por aquello? No por todo, pero sí por aquello. De eso sí son responsables directamente.
Por último, ¿qué más tiene que ocurrir en el Sename para que asignemos los recursos que realmente se necesitan? Fíjese, señor Presidente, que el aumento del presupuesto del Sename de este año fue el más bajo desde 2015. Y lo que es peor, se enfocó en el 2 por ciento de los niños, en lugar de hacerlo donde son atendidos el 98 por ciento de ellos. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el gobierno reaccione en cuanto al presupuesto?
Señor Presidente, no hagamos oportunismo político, pero tampoco rehuyamos de la responsabilidad que tenemos. Porque no avanzamos si el gobierno llama a votar en contra el informe o hace lobby para que los parlamentarios saquen a una ministra del informe o el nombre de un director porque les va a traer problemas políticos.
Este gobierno tiene que explicar por qué ha habido tres directores del Sename y tres ministros de Justicia a cargo de los niños.
Como dije al comienzo, ¿hay algo más triste y deleznable que esto? No creo.
Así como el Estado de Chile tuvo que reconocer ante el mundo y las víctimas los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar de los últimos años, hoy debe reconocer que se vulneran los derechos humanos de los niños en Chile ante la pasividad del Estado.
Como sostuve al comienzo de estas palabras, hoy nadie puede alegar desconocimiento de lo que está ocurriendo en el Sename; nadie. Si alguien lo hace, sencillamente se convierte en cómplice de los graves problemas que ahí se están viviendo. No podemos decir que alguno de los gobiernos de los últimos veinte años ha sido capaz de resolver los problemas.
Por esta razón, a partir de esta sesión, el futuro de los niños más vulnerables depende precisamente de nosotros.
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir a la señora ministra y al señor ministro, que a partir de ahora nadie puede lavarse las manos y decir que no sabía lo que estaba ocurriendo en el Sename. Es nuestro deber hacer justicia y cambiar la situación en forma radical.
Por lo tanto, llamo a votar a favor de la verdad, a favor del informe.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, una de las primeras cosas que me remeció al integrar por primera vez este hemiciclo en el año 2014, fue precisamente el conocimiento de las conclusiones de una comisión investigadora sobre las acciones del Sename del período previo, es decir, de la llamada Comisión Sename I.
Luego, conocimos las acusaciones constitucionales a diferentes autoridades de la república, tal como lo indicó el diputado señor René Saffirio , las que concluyeron sin sanción, lo que fue un motivo de reflexión para la Cámara, porque es un tema complejo e intersectorial.
En 2016, cuando comenzó el trabajo de esta comisión, la muerte de Lissette Villa aún flotaba en las portadas de todos los diarios. Todos los que llegamos a integrar esa instancia teníamos una profunda preocupación por conocer qué habían hecho los organismos del Estado con las recomendaciones emanadas del Congreso en 2014.
Los testimonios escuchados rompían el corazón de cada uno de nosotros y, en lo personal, fui adquiriendo el convencimiento de que los recursos dedicados a cada uno de los niños atendidos directa o indirectamente por el Sename eran y siguen siendo insuficientes. Además, estoy convencida de que algunas familias vulneran los derechos de sus niños, pero también de que el sistema de justicia aparta muchas veces a los niños de sus familias solo por carecer de recursos económicos. También la sociedad invisibiliza a nuestros niños, niñas y adolescentes, y subsecuentemente también sucede en las entidades que tutelan a los niños bajo medidas de protección o por transgresiones a la ley.
Respecto de los fallecimientos de los que se tomó conocimiento en la comisión, es importante indicar que su registro nunca se manejó aisladamente antes del 2014. Cada uno de esos fallecimientos figuraba estadísticamente según su lugar de ocurrencia o su causa. Solo después de los trabajos del Sename y del Ministerio de Justicia, a partir de este período de gobierno, se logró precisar algunas cifras que, en todo caso, abarcaban más de once años. Aunque la mayoría de esos fallecimientos seguramente obedecen a causas naturales, ya que las tasas no indican otra cosa, la sola posibilidad de que alguno de ellos tuviera las mismas causas que el fallecimiento de Lisette motivó a la comisión a indagar al máximo dentro de nuestras atribuciones.
Es importante señalar que la mayoría de los casos más conflictivos analizados se encontraban bajo la tutela de organismos privados prestadores de servicios y no bajo la tutela directa del Sename.
También fue doloroso constatar que en esas cifras se encontraban 448 personas mayores de 18 años, muchas de las cuales fallecieron como adultos mayores después de haber vivido toda su vida en estas instituciones.
En abril de este año nos volvíamos a estremecer en la comisión después de escuchar los testimonios de la presidenta de la red Infancia Chile, señora Lorena Bustamante , y de la excoordinadora de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Curicó, señora Karin González , quienes volvieron a poner sobre el tapete el panorama de malos tratos y una cadena de abusos desde y hacia funcionarios y niños. Se mencionaron casos de pediculosis, impétigo, abuso sexual por parte de hermanos, consumo de drogas, etcétera.
Durante el año de trabajo de la comisión hemos solicitado información a diversas instituciones, como la Corporación para la Nutrición infantil, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Infancia, el Ministerio Público, las policías y los ministerios de Educación, de Salud y de Justicia. El tema es tan amplio y sensible que dan ganas de tener una comisión permanente para la protección de las niñas y los niños del país, en los ámbitos público y privado.
Este mes podremos conocer el informe que solicitamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos para establecer un sistema de alerta temprana, que prevenga violaciones de derechos, elaborado con motivo de la misión de observación realizada este año a los centros del Sename y a sus colaboradores. En tanto, este mes la Unicef declaró públicamente que aprecia lo que Chile está haciendo para crear la Defensoría de la Niñez y un sistema de protección integral que se encargue de los 158.000 niños, niñas y adolescentes que dependen del Sename.
No estamos tranquilos ni conformes. Las conclusiones son obvias. El Estado empezó a preocuparse de los niños después del 2014, ante las diferentes acciones emprendidas por el Congreso Nacional, tales como acusaciones constitucionales y sesiones especiales. Aunque podemos reprochar tardanza o que las modificaciones legales han ingresado o se han tramitado con prioridades diferentes, y que los sumarios y sanciones a entidades administradoras son lentos y no siempre fructíferos, creo que el informe final no es justo con ninguno de los actores intervinientes.
La sociedad completa y las diferentes autoridades, bajo la tutela de varias administraciones, somos responsables por haber sido ineficaces en visibilizar todos los problemas de la niñez en nuestro país. Al respecto, me pregunto si va a ser suficiente una institución acreditadora que evalúe a ese 90 por ciento de atenciones que entregan las instituciones privadas.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, cedo parte del tiempo del Comité del Partido por la Democracia para que la diputada Hernando pueda concluir su intervención.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Puede continuar, diputada Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, agradezco la gentileza de la diputada Carvajal .
Todos debemos pedir perdón a las niñas y a los niños, porque como chilenos, como ciudadanos y como prójimos no hemos dado el ancho. Llamo a la ciudadanía a que se involucre en este tema porque esos niños podrían ser nuestros hijos o nuestros nietos actuales o futuros.
Los miembros de la comisión estuvimos de acuerdo en lo medular del informe, pero no así en el detalle. Creo que hubo una utilización política al tratar de señalar como responsable a un período de gobierno, en circunstancias de que es el único que de verdad comenzó a hacer cambios.
Rechazo el informe porque se está cargando toda la responsabilidad a quienes han sido actores en estos últimos tres años, en circunstancias de que el problema es mucho más profundo que eso.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, muchos han dicho que los problemas del Sename no partieron en este gobierno. ¡Eso no está en discusión! De hecho, por eso hablamos de informes de las comisiones Sename I y Sename II .
Llevamos cuatro comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados para abordar esta materia, y en todas hemos hecho diagnósticos y elaborado propuestas a los diferentes gobiernos para que adoptaran medidas tendientes a terminar con todos los abusos. Precisamente, una de esas comisiones se creó con ocasión de la muerte de diez jóvenes en un centro del Sename de Puerto Montt.
Por tanto, quiero dejar en claro que nadie dice que los problemas existentes en el Sename nacen durante este gobierno. Sin embargo, recuerdo que esta comisión investigadora fue creada después de la muerte de Lissette Villa, que es el símbolo de la pena, de la desazón y de la impotencia que sentimos al ver que pasa el tiempo y que en el Sename no pasa nada.
La comisión de 2014 hizo una serie de propuestas. Durante poco más de un año analizamos cuántas de aquellas se habían cumplido, y las conclusiones fueron claras.
Estamos hablando de niños cuyos derechos, cuando llegan al Sename, ya han sido vulnerados por quienes deben protegerlos y cuidarlos, es decir, sus padres y su familia. Por esa razón llegan al Sename. Ahora, es responsabilidad del Sename si los niños permanecen en él más tiempo del que debieran o si no reciben ciertos tratamientos. En eso se ha fallado.
Reitero: son niños, niñas y adolescentes que ya han sido vulnerados en sus derechos. Si bien ya no van a recibir el cariño de sus familias, una vez que quedan a cargo del Sename el Estado tiene la obligación de protegerlos, cuidarlos, asegurar su educación y su salud, con la posibilidad de ser diagnosticados a tiempo. Sin embargo, observamos que no ha sido así, que han muerto niños por diferentes causas, sin que exista registro de ello. Algunas pueden ser por negligencia. ¿Por qué digo “negligencia”? Se habla mucho de los recursos y de las entidades colaboradoras -alrededor del 98 por ciento de los niños están en entidades colaboradoras-, pero la obligación del Sename es fiscalizarlas para que cumplan sus obligaciones, y eso no se ha hecho.
¿Por qué el informe responsabiliza al actual gobierno o, al menos, a Javiera Blanco? Porque a pesar de que se conocían las propuestas del informe de 2014, ellas no se impulsaron.
Es cierto que hemos visto algunos cambios últimamente: se ha diagnosticado a los niños; hay un registro de cuántos niños asisten a clases, si están matriculados en colegios municipales incluso, hay un chiquillo que está haciendo un magíster-, pero todos esos cambios se hicieron cuando ya la comisión investigadora estaba en funcionamiento.
¿Cómo podemos hacer un debate tan mezquino de si hay o no responsabilidad del actual gobierno? La comisión analizó qué hizo este gobierno con toda la información recopilada y con todas las propuestas formuladas.
Se realizan muchos programas, pero de manera dispersa. Algunos son de carácter ambulatorio, otros se aplican a los niños cuando están en los hogares. Pero ¿para qué sirve tener estadísticas de los niños que pasan por cada programa si no conocemos los resultados, si no sabemos si alguno de estos está teniendo éxito o si, luego de pasar por el Sename, algunos niños logran volver a sus familias? ¿En cuántas familias se está trabajando para que los niños puedan tener aquello a lo que sí tienen derecho y que no se puede imponer, lamentablemente, por una constitución o alguna ley: el amor de la familia? ¡Eso es lo que queremos! ¡Esas son las estadísticas que necesitamos! No se trata de saber si son diez, cien o miles de niños los que han sido diagnosticados por el Ministerio de Salud. Lo que queremos saber es cómo avanzan los tratamientos de cada uno de esos niños. Luego del diagnóstico, ¿qué sucede?
¿Van a un psicólogo regularmente? ¡Esos son los temas que realmente nos preocupan, esa es la información que requerimos del Servicio Nacional de Menores, pero no la tenemos!
Los proyectos de ley que se comprometieron fueron presentados en forma tardía o están en tramitación -la mayoría de ellos-, pero otros ni siquiera han sido presentados. Las estadísticas no nos dicen todo. Cuando hablamos de más recursos, no es para que puedan lucrar entidades colaboradoras -también sería absurdo pedir que desaparecieran esos organismos colaboradores-; lo que requerimos son los recursos necesarios para que cada niño tenga una oportunidad en la vida y para que cada familia tenga la posibilidad de acoger a ese niño. Y si eso no es posible, habrá que hacer las modificaciones que necesita la ley de adopción. Si esos menores no pueden ser amados por sus familias, que sean amados y protegidos por las familias que los adopten. ¡Pero nada de eso ha pasado!
Por eso estoy de acuerdo con este informe y por eso lo votaré a favor. Si bien no tiene todos los nombres de los responsables políticos, sí hace una buena recopilación del trabajo de la comisión, nos dice claramente en qué está en deuda el gobierno respecto de lo que se sugirió el 2014 y, además, hace propuestas, que espero que ahora sí sean recogidas.
Alguien decía que 230.000 millones anuales para entidades colaboradoras es mucho dinero. Esos recursos no son para las entidades colaboradoras, sino para darles una oportunidad a los niños, niñas y adolescentes del país, que no la han tenido hasta el día de hoy.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, creo que lo importante de este debate es que hay una clara intención de querer mejorar las cosas y la situación de todos los niños y niñas dependientes del Sename.
He escuchado muchos discursos bastante emotivos; sin embargo, hacer análisis o emitir diagnósticos desde un escritorio o desde una comisión investigadora o hacer algunas visitas a los centros no es lo mismo que mirar desde dentro y preguntarse por qué se dan estas situaciones.
Alguien dijo que, estadísticamente, gran cantidad de las personas que hoy están presas ha pasado por el Sename, pero también es importante saber que la mayor cantidad de los niños que están en el Sename se debe al entorno en que viven, porque han vivido falencias, porque no han tenido una vida normal o, simplemente, porque los tribunales de justicia separan a los niños de los padres debido a la pobreza. ¡Esa es una de las razones por las cuales privan a los niños de la posibilidad de vivir con sus padres!
Entonces, frente a esa realidad, no sé si con la aprobación o el rechazo de este informe mañana va a cambiar la vida de esos niños y niñas. Y justamente debemos apuntar a cómo nos hacemos cargo de esa situación. Pero no nos podemos hacer cargo solo a partir de algunas estadísticas, de cierta cantidad de recursos o de cuántas instituciones prestan servicios al Sename; esta tarea implica mucho más que eso.
Por lo tanto, si bien este puede ser un informe contundente y trata de identificar a algunos responsables, también excluye a otros.
Debemos tener una mirada más de Estado y de sociedad. Hemos hablado del caso de Lissette y de más de mil niños que han fallecido, y se emite el juicio de que son responsabilidad del Sename; pero no conocemos, por ejemplo, el cuadro de desnutrición con que llegan los niños, los problemas de dependencia de algunas drogas, el mal cuidado del que son objeto o si alguna vez en su corta vida han recibido una atención de salud. Tampoco hemos sido capaces -a propósito de lo que expresó el diputado Hugo Gutiérrezde pedir perdón.
Una de las tareas que tenemos que asumir es exigir la investigación completa de cada una de las muertes de niños y niñas, para determinar por qué se produjo el fallecimiento de cada uno de ellos. Eso sí lo podemos exigir.
Es muy compleja la situación de los niños y niñas dependientes del Sename o que han sido acogidos por este servicio. Por ejemplo, un niño que llega al Sename es tratado por las famosas duplas, se hace el trabajo correspondiente y el seguimiento, y se concluye que ese niño ya no tiene problemas y que puede volver a su hogar. ¡Pero vuelve al mismo entorno y, por lo tanto, se encuentra otra vez con los mismos problemas de antes! Al final ese niño se frustra, porque tenía la esperanza de que su vida iba a cambiar.
Entonces, no se trata de preocuparse solo del niño, sino que también se tiene que trabajar con su entorno, con su familia, para poder sacar de la situación problemática a ese niño, niña o adolescente.
Entonces, este problema no se solucionará durante un solo gobierno ni con una ley; implica mucho más que eso. En ese sentido -reitero-, lo primero es realizar la investigación del fallecimiento de cada uno de los niños; pero también debemos preocuparnos de otro aspecto importante: la profesionalización de los trabajadores del Sename. En ningún centro de estudios se imparte una carrera para esos trabajadores, tema que es muy importante.
Por otra parte, la fiscalización de las entidades privadas que prestan servicios al Sename es nula y muy mala. Además, es importante evaluar el procedimiento de los tribunales de justicia que toman la decisión de internar a un niño en un centro del Sename.
Es decir, existen muchos factores y variables; por lo tanto, mal pueden abordarse solo desde una perspectiva, desde un punto de vista, con la entrega de una mayor cantidad de recursos o atribuyendo responsabilidades a alguien. Este es un tema muy complejo, pero lo que no podemos hacer es no abordarlo.
Este gobierno está generando una nueva institucionalidad, además de presentar un conjunto de proyectos ¡Por supuesto que no es suficiente y que falta más! Respecto de los recursos, no sé si serán necesarios más o menos recursos; el tema es cómo se utilizan tales recursos.
También me interesa referirme a un objetivo relacionado con el apoyo integral. No me interesa defender al Sename -de hecho, soy muy crítico de cómo se ha manejado desde hace treinta o cuarenta años-; el tema central dice relación con otro aspecto: con cómo se hacen cargo también los otros organismos públicos, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Ministerio de Salud.
Cuando trabajemos en forma integral, cuando entendamos realmente el significado de lo que se vive adentro, podremos ayudar a las soluciones. Si miramos las dificultades desde el living de nuestra casa o desde un escritorio, es muy difícil tener un diagnóstico completo respecto de cómo podemos abordar el problema.
Es muy fácil hacer propuestas, es muy fácil proponer algún plan, pero les digo que esto hay que conocerlo por dentro; hay que vivirlo; hay que darse cuenta y hay que hacerle seguimiento. Cuando lo hagamos, nos vamos a dar cuenta de que las soluciones que proponemos no tienen nada que ver con lo que realmente se necesita.
Estos niños requiere afecto, cariño, contención; que los tomen en cuenta; que se preocupen por ellos; que les pregunten cómo están, cómo amanecieron, qué quieren ser cuando sean grandes, que los ayudemos y que los apoyemos. De esa manera habremos dado un paso adelante.
Si pensamos que únicamente con más plata o pagando más vamos a apoyar a estos niños, que también son chilenos y que también son parte de nuestro país, jamás lograremos un cambio.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat .
La señora SABAT (doña Marcela).-
Señor Presidente, hoy termina el trabajo que por más de un año realizamos en la comisión investigadora del Sename. Hoy quiero reivindicarlo. Junto con la comisión anterior que abordó el mismo tema, son una muestra, sin duda, de que esta herramienta fiscalizadora tiene utilidad.
En esta comisión sí se establecen responsabilidades, propuestas y medidas.
Las conclusiones de esta comisión ilustran, de cierta manera, el estado de abandono en el que hoy está sumido el Servicio Nacional de Menores. Si bien la función de la comisión fue determinar el estado de cumplimiento de las propuestas de 2014, a partir de las circunstancias fue imposible no abocarse también al estado y a la situación actual en la que se encuentra dicho servicio.
Es siempre recordar que los hechos que dan lugar a esta comisión investigadora no son la mezquindad de la disputa política o la idea de dañar a un determinado funcionario gubernamental. El origen de esta comisión está en la muerte de Lissette Villa y en las múltiples irregularidades que fuimos conociendo al interior del sistema de protección, así como también en el afán de terminar con una realidad que daña de por vida a nuestros niños, niñas y adolescentes más vulnerables. ¡La infancia vulnerable debe volver a ser prioridad de los gobiernos de turno!
Es verdad que el estado actual de la institucionalidad en materia de protección de la infancia es consecuencia de la desidia estatal. Sabemos y estamos de acuerdo en que se trata de un problema de Estado; pero no podemos dejar de cuestionar la forma en que este gobierno ha enfrentado la crisis. El enjuiciamiento a las autoridades gubernamentales no es algo antojadizo.
Fueron múltiples las ocasiones y los informes de la Contraloría General de la República -más de diezy de la Corte Suprema en los que se emplazaba directamente a esta administración a solucionar las graves falencias en los hogares y a solucionar los problemas de capacitación que recibían los funcionarios que trabajaban en los centros residenciales. Sin embargo, la respuesta de este gobierno fue nula e insuficiente.
Como consecuencia del trabajo llevado a cabo en la “comisión Jeldres ” y del informe de la comisión Sename I, sabemos que se crearon instancias de coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el trabajo de dicha instancia se vio completamente paralizado meses antes de la muerte de Lissette Villa por la falta de compromiso del Servicio Nacional de Menores. Esa es una realidad que, incluso, consta en un oficio despachado a la propia entonces ministra Javiera Blanco .
El Cread Galvarino , donde murió Lissette , permaneció un año sin directora titular. El Centro de Medidas Cautelares del Poder Judicial dejó en evidencia que persistían las graves falencias denunciadas un año después. Sin duda, esa indiferencia y apatía gubernamental es lo que hace que el paso por el Sename no solo no sea una solución a la vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino un evento que marca de por vida a todos quienes estuvieron en sus hogares.
Escuchamos a personas -hoy profesionalesque, como consecuencia de su perseverancia, pudieron salir adelante después de haber vivido en esos centros. Ellos nos manifestaron que su permanencia en ellos fue una tortura. ¡A esas personas sí les creo! ¡Todos los integrantes de la comisión investigadora escuchamos su testimonio!
Por ello, a pesar de que en esto hay responsabilidades históricas -insisto, esto es una responsabilidad de Estado-, nos atrevemos a plantear en un informe, como comisión investigadora, una responsabilidad distinta respecto del accionar de la directora del Servicio Nacional de Menores y de la ministra de Justicia de ese entonces, por omisiones en la adopción de medidas en el marco del colapso del sistema y teniendo a la vista las trágicas cifras de niños, niñas y adolescentes muertos en el sistema de protección. El hecho de no haber tomado medidas para profesionalizar y especializar a los funcionarios del Sename, insistiendo en el cuoteo político al interior del servicio, teniendo a la vista la muerte de miles de niños, es algo inaceptable e inmoral, y, tal como lo establece el informe, algo negligente e inexcusable.
La indiferencia de la entonces ministra de Justicia y de la directora del Servicio Nacional de Menores frente al presupuesto público asignado al organismo, que le impedía llevar adelante su cometido -se trata de una responsabilidad del Estado de Chile-, con conocimiento de los informes que consignaban la muerte de 1.313 niños, así como otros con patologías mentales y riesgo de muerte, merece un especial reproche. De ello se hace cargo el informe.
No basta con señalar que el accionar del Estado ha sido deficiente. Lo que persiguen estas comisiones especiales investigadoras es fiscalizar la acción del gobierno, el cual está constituido por personas. En este caso, hay personas a las que sí les asiste una responsabilidad especial. Sobre esa base, no podemos seguir sorprendiéndonos con estos informes y las responsabilidades que se asignan.
En ese sentido, quiero destacar que después de una ferviente defensa corporativa por parte de los diputados y parlamentarios del oficialismo, hoy el diputado Farías haya hecho un llamado a no escuchar las presiones de La Moneda, porque ellas van en directa relación y defensa de las autoridades que he mencionado. ¡Se trata de una defensa corporativa distinta de la que estamos llamados a hacer en el Congreso! ¡Hoy tenemos que defender a los niños y a las niñas más vulnerables de Chile y no a las autoridades!
Por ello, destaco el llamado que se hace hoy desde el propio oficialismo a dejar de hacerlo, lo cual agradezco.
Se quiere seguir planteando que este informe es una medida política. Hoy pido que no hagamos primar más esos intereses políticos, sino los de los niños más vulnerables de Chile.
No sigamos limitando este informe solo a las responsabilidades. Insisto, aquí se cumple con un informe que hace un esfuerzo por presentar propuestas y medidas. En ese sentido, tenemos una oportunidad histórica para hacer un mea culpa como sociedad y como Estado.
¡Aprovechémosla! Votemos a favor el informe, ya que ello no solo es correcto, sino que también honra nuestro mandato popular.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, el 17 de abril de 2014 la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora sobre el funcionamiento del Sename. Meses antes, el país conoció el informe Jeldres , consecuencia de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Unicef.
Recuerdo estos hitos porque ambos documentos fueron categóricos en describir la profundidad de la crisis institucional del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en Chile. No solo eso: ambos informes elaboraron centenares de recomendaciones, con propuestas de acciones concretas; de cambios legislativos, administrativos y judiciales, con la finalidad de proteger efectivamente el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país.
Dos años después se conformó una nueva comisión investigadora, cuyo informe debatimos hoy. El objetivo principal era evaluar el estado de avance de las recomendaciones hechas en 2014. Luego de casi ocho meses de audiencias pudieron exponer diferentes autoridades, funcionarios y directivos de organismos colaboradores; pero, especialmente, escuchamos diversos testimonios de egresados de la red institucional de protección del Sename, quienes nos siguen exigiendo soluciones urgentes y concretas.
Los relatos son trágicos, angustiantes y nos interpelan humanamente, porque muchas de las deficiencias y el dramático estado en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes se originan en defectos institucionales.
Los tres poderes del Estado de Chile tienen responsabilidad en la profundización de la crisis multifactorial, comenzando por la Cámara, porque hoy, nuevamente, al igual como ocurrió el año pasado en la interpelación a la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, somos protagonistas de una escena vergonzosa, cual es que el debate de fondo se reduce a pequeñeces y a intereses políticos mezquinos. Nosotros, como bancada del Partido Comunista e Independiente, no estamos disponibles para alimentar el circo en que han convertido esta discusión.
Esta es la realidad que debemos cambiar urgentemente. Para ello se requiere la colaboración y el compromiso de todos los poderes del Estado, pues se trata de un esfuerzo intersectorial que trasciende a todos los colores políticos.
Soy testigo y parte de quienes buscamos construir un acuerdo para la elaboración de un informe de consenso de la comisión. Sin embargo, ese espíritu no prosperó, porque otra vez un actuar vergonzoso y egoísta se apoderó del debate. Tal como hemos visto en esta sesión, hay quienes consideran más importante tener nombres a quienes apuntar para sacar réditos políticos, que terminar con la vulneración de derechos que a diario padecen niños, niñas y adolescentes en Chile.
Los hechos hablan por sí solos. Entre nosotros hay diputados y diputadas que ahora se muestran escandalizados por la crisis por la que atraviesa el Sename, pero que son los primeros que patrocinan proyectos de ley o indicaciones que criminalizan a menores de catorce años, que se oponen a los avances de la inclusión social en educación, que criminalizan a las niñas víctimas de violación y que utilizan instancias como esta de forma inescrupulosa para buscar dividendos propios.
En la mayoría de los centros del Sename se viven a diario la precariedad, las malas condiciones laborales y los padecimientos de niños, todas vulneraciones inaceptables a los derechos humanos. Por ello, hacemos un llamado transversal a todos los poderes del Estado y a todos los partidos políticos a buscar soluciones concretas. Una de ellas dice relación con una de las propuestas del informe, que nosotros queremos recoger: constituir una comisión transversal y objetiva que busque la verdad, la justicia y la reparación a las violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas en el país.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, al leer y analizar el extenso y detallado informe de la Comisión Especial Investigadora de la forma en que las autoridades del gobierno han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, con ocasión de la aprobación del informe de la Comisión Especial Investigadora del Sename en el año 2014, y al escuchar todo lo que se ha señalado en la Sala, es justo destacar que la comisión realizó un trabajo arduo y exhaustivo y abordó la problemática con gran seriedad.
En momentos en que la opinión pública tiene tan mala evaluación y desconfianza de la actividad política y de la clase política en general, y lamentablemente de este parlamento en particular, duele profundamente que las noticias que más circularon sobre el trabajo de la comisión fueran las relacionadas con la polémica surgida en su interior acerca de incluir o no en el informe final los nombres de autoridades políticas a las que se les asignaba una alta cuota de responsabilidad, tanto política como administrativa, en hechos lamentables y graves, como fue el sensible fallecimiento de la menor Lissette Villa y, por supuesto, por no haber atendido las propuestas y sugerencias emanadas del informe del año 2014 antes mencionado. Finalmente, a algunos de ellos se les incluyó, lo cual es positivo.
Pero no solo ese episodio lamentable debe consignar las responsabilidades políticas. Estas deben ser extensivas a todas las autoridades posteriores a la entrega del informe del 2014; por ejemplo, al exministro de Justicia José Antonio Gómez -hoy titular del Ministerio de Defensa Nacional, y que fue excluido-, ya que es absolutamente responsable de no haber impulsado los cambios y las recomendaciones de dicho informe.
El informe que ahora estamos conociendo en la Sala contiene las conclusiones y recomendaciones de una comisión que fue creada por la muerte de la niña Lissette, muerte que mostró la integridad de los mayores problemas del Sename: falta de manejo de los protocolos del personal, cero capacitación, y menores a cargo de personas cuyos currículum y experiencia laboral demuestra una absoluta incapacidad para trabajar con niños y adolescentes, y -peor aúncon menores que presentan serias alteraciones conductuales, unidas a una vulnerabilidad social fruto de tristes entornos familiares.
Otro aspecto que salta a la vista en el presente informe, además de la casi nula política de capacitación acorde con las delicadas responsabilidades del personal de los centros del Sename y organismos colaboradores en el cuidado de los niños, es la baja de presupuesto registrada durante el actual gobierno y la escasa fiscalización a los centros del Sename, la que además es de dudosa calidad.
De acuerdo con los antecedentes recogidos en marco del trabajo de esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados, aparecieron cifras muy preocupantes y lamentables. Por ejemplo, primero se afirmó que entre 2005 y 2016 habían fallecido 185 menores en el sistema de residencias, cuyas circunstancias no parecen estar del todo aclaradas. Pero esa cifra después varió a 210 fallecidos, y se agregaron otros 406 que estaban en programas ambulatorios. Si a eso sumamos las continuas denuncias por violaciones, maltratos, abusos e incluso la acción de mafias de explotación sexual, queda claro que el Estado y sus autoridades deben responder.
Es cierto que todo esto no es nuevo ni es patrimonio del actual gobierno, pero sí queda claro que muchos de esos hechos se consignaron en el informe del 2014, y todo ha seguido igual o peor.
Por ello, las responsabilidades políticas no deben ser escondidas ni menos minimizadas. El país exige explicaciones y respuestas. Los niños y adolescentes de Chile no pueden seguir esperando ni soportando este indigno y a veces criminal trato.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, cuando conozcamos las memorias del Sename de 1979 -año en que se creó este servicio-, será muy penoso enterarnos por completo de los antecedentes y elementos que rodean a esta institución.
A ratos me acuerdo del Presidente Pedro Aguirre Cerda cuando decía que “gobernar es educar”. Lo terrible en el caso del Sename es que se junta a niños abandonados con niños que delinquen. El caso más patético fue el del menor “Cisarro”, quien convivía con niños abandonados.
Desde una mirada autocrítica, debo decir que todos los gobiernos, incluyendo a los de la Concertación, cayeron en el juego del mercado. Y hago un parangón entre el lucro en la educación, mediante sostenedores, y el lucro en el Sename, pues las redes “colaboradoras” de este organismo, a mi juicio, no son más que negocios. Se trata de instituciones con fines de lucro, en las que “el tío”, el conductor del furgón, violaba a niñas y niños, y en las que se cometían abusos. ¿Y quién responde por esa situación?
Tal como dije a mi bancada, seguramente el Presidente Pedro Aguirre Cerda habría construido planteles para rescatar a esos niños y niñas, que tienen grandes capacidades, pero que hoy han sido abandonados por el Estado, el cual los entregó al mercado y a instituciones que tienen fines de lucro. ¡Qué cariño, qué amor van a entregar esas instituciones a los niños si lo que se apoderó de ellas fue más bien el amor al dinero! Son más de doscientos los “colaboradores” del Sename,
y nadie se hace responsable. Los medios de comunicación han mostrado in extenso cada uno de estos hechos.
Señor Presidente, no estoy dispuesto a apoyar que hoy se diga que la ministra o el ministro son culpables o que el actual gobierno lo es. Desde 1979 existen registros de lo lamentable que ha sido la gestión del Sename.
Recojo las recomendaciones formuladas por la comisión investigadora y valoro el trabajo de sus integrantes; pero -reiteroesto no se trata de un gobierno, de una ministra o de un ministro en particular, sino de un sistema que debe ser cambiado, un sistema que debe dejar de lado el lucro.
De una vez por todas, el Estado debe hacerse responsable de los niños de Chile, como debería haber sido siempre. ¡Nunca se debió establecer un sistema tan perverso y tan lucrativo como el que tenemos hoy!
He dicho.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, anuncio que me inhabilito de votar este informe.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Se dejará constancia en el acta, señor diputado.
Cerrado el debate.
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del Sename en el año 2014 y, particularmente, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y de aquellos menores carentes de cuidado parental en Chile.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 13 abstenciones y 1 inhabilitación.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Farías Ponce, Ramón ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo, María José ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Auth Stewart, Pepe ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Melo Contreras, Daniel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Rocafull López, Luis ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Vallejo Dowling , Camila .
-Se inhabilitó el diputado señor Lorenzini Basso , Pablo .
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.32 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FUENTES, MEZA, MORANO, OJEDA Y VALLESPÍN, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI, HERNANDO, PASCAL, PROVOSTE Y SEPÚLVEDA, QUE "MODIFICA LA LEY N° 20.370, GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA ASEGURAR LA REINCORPORACIÓN DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS QUE HAYAN SUSPENDIDO SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR". (BOLETÍN N° 11295-04)
Antecedentes.
Actualmente en Chile hay 40.355 embarazos al año, cuyas madres tienen entre 15 y 19 años; así, en nuestro país, el embarazo adolescente es una realidad. Si bien existen programas de apoyo a las madres adolescentes, y las escuelas y liceos cuentan con políticas enfocadas a contener la deserción escolar, y desde la autoridad se ha abordado el problema [1], aún tenemos un universo de madres que, como no pueden ser calificadas de adolescentes, han sido invisibilizadas para las autoridades y la sociedad.
Para el año 2010, solo en las Universidades del Consejo de Rectores, se habían informado 2.861 estudiantes que están por tener o ya tuvieron a sus hijos [2], lo que representa el 2,2% del total de la matrícula femenina en estas instituciones.
Por otro lado, la tasa de deserción universitaria es, hoy en día, extremadamente alta, alcanzando el 52%. Si bien estos datos, por un lado la cantidad de estudiantes embarazadas o con hijos, y por otro la deserción universitaria no son necesariamente consecuenciales, es innegable la relación que existe entre las complejidades sociales que conlleva un embarazo sin un ingreso remuneracional, como es el caso de un estudiante, y la decisión de abandonar los estudios por diversas razones, una de las cuales es tener que trabajar para mantener un hijo.
El problema de retomar los estudios.
Existen en las diversas instituciones de educación superior programas focalizados que buscan evitar que una madre abandone sus estudios, como salas cunas disponibles para sus estudiantes, o rebajas en los requisitos de permanencia en cuanto a la carga académica; sin embargo, no existe política alguna enfocada a recibir a esas madres una vez abandonados los estudios.
El 44% de los embarazos en la educación ocurren los primeros 3 años de la carrera, época que es la más propensa para que los estudiantes abandonen la institución, dejando incompletos sus estudios; estas complejidades se suman al hecho de que el 93% de las madres o embarazadas informadas por las universidades del Consejo de Rectores son solteras.
Todas estas cifras resultan aumentadas si consideramos que las instituciones del Consejo de Rectores son solo una parte del total de instituciones de Educación Superior; en Chile existen en total 16 universidades estatales y 9 universidades privadas con aporte del Estado, las que en conjunto integran las Universidades del Consejo de Rectores (Cruch), a lo que se suman 35 universidades privadas, 44 institutos profesionales (IP) y 58 centros de formación técnica (CFT), por lo que las cifras antes reseñadas aumentan de manera importante.
Una vez abandonada la educación superior la situación se torna más precaria aún, ya que al intentar retomar los estudios, existen plazos máximos que el estudiante debe respetar, y en caso de superarlos debe comenzar desde el primer semestre, sin reconocimiento de su avance curricular.
Es por lo anteriormente expuesto que consideramos de vital importancia que, en primer lugar se visibilice el problema de volver a estudiar luego de abandonar la educación por un embarazo, y en segundo lugar uniformar los criterios de aceptación o reincorporación de estas estudiantes, a fin de hacernos cargo de los embarazos en la educación superior.
Por lo fundamentado, venimos a proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único. Agréguese el siguiente Artículo 11 bis en Ley General de Educación Nº 20.370:
“Los establecimientos de educación superior que cuenten con alumnas de cualquier edad o estado civil, que hayan suspendido sus estudios con motivo de un embarazo, adoptarán las medidas necesarias tendientes a asegurar que dichas alumnas retomen sus estudios, y les entregarán todas las facilidades que sus recursos les permitan.
La reincorporación de las alumnas que hayan suspendido sus estudios por motivos de embarazo no estará sujeta a plazo ni condición alguno”