Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Fernando Meza Moncada
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Juan Luis Castro Gonzalez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Christian Erwin Urizar Munoz
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- DEBATE
- PERMISO
- Ernesto Silva Mendez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Espejo Yaksic
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Joaquin Godoy Ibanez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Clemira Pacheco Rivas
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Javier Ignacio Macaya Danus
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Felipe Jose Kast Sommerhoff
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Lautaro Cesar Carmona Soto
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Moises Silber Romo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- IX. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Cesar Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- PETICIÓN DE OFICIO : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- PETICIÓN DE OFICIO : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- PETICIÓN DE OFICIO : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Andres Espinosa Monardes
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Pilowsky Greene
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Molina
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Luis Castro Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Luis Castro Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Alberto Flores Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO
- Juan Enrique Morano Cornejo
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Kast Rist
- I. ASISTENCIA
- INTEGRACIÓN
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PERMISO
- Issa Farid Kort Garriga
- PERMISO
- Clemira Pacheco Rivas
- INTEGRACIÓN
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES
- INTERVENCIÓN : Juan Enrique Morano Cornejo
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Marcos Andres Espinosa Monardes
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Fernando Meza Moncada
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Christian Erwin Urizar Munoz
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Juan Luis Castro Gonzalez
- DEBATE
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) [CONTINUACIÓN]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Amalia Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Herrera
- INTERVENCIÓN : Luis Alberto Rocafull Lopez
- INTERVENCIÓN : Juan Enrique Morano Cornejo
- INTERVENCIÓN : Denise Simone Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : David Sergio Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) [CONTINUACIÓN]
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DEL SENAME Y DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MENORES CARENTES DE CUIDADO PARENTAL (PREFERENCIA) [N° 950]
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ORDEN POLÍTICO, FINANCIERO Y LEGISLATIVO EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PAÍS (PREFERENCIA) [N° 955]
- CREACIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD DE LA INFANCIA VULNERADA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (N° 956) [PREFERENCIA]
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sergio Sandoval Plaza
- Pedro Alvarez-salamanca Ramirez
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Javier Ricardo Hernandez Hernandez
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Ernesto Norambuena Farias
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Felipe Andres Ward Edwards
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Andrea Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Luis Alberto Rocafull Lopez
- Raul Fernando Saldivar Auger
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rene Rodrigo Gonzalez Torres
- Pepe Auth Stewart
- Tucapel Francisco Jimenez Fuentes
- Cristina Girardi Lavin
- Yasna Provoste Campillay
- Alejandra Amalia Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karol Aida Cariola Oliva
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Denise Simone Pascal Allende
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Guillermo Teillier Del Valle
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Karol Aida Cariola Oliva
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Cristina Girardi Lavin
- Camila Vallejo Dowling
- Gabriel Boric Font
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- Felipe Rudecindo Letelier Norambuena
- Alberto Robles Pantoja
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 365ª
Sesión 46ª, en jueves 13 de julio de 2017
(Ordinaria, de 10.36 a 12.17 horas)
Presidencia del señor Jaramillo Becker, don Enrique.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA 15
II.- APERTURA DE LA SESIÓN 19
III.- ACTAS 19
IV.- CUENTA 19
ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES 19
PERMISOS CONSTITUCIONALES 21
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 25
V.ORDEN DEL DÍA 26
ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) [CONTINUACIÓN] 26
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 42
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DEL SENAME Y DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MENORES CARENTES DE CUIDADO PARENTAL (PREFERENCIA)
[N° 950] 42
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ORDEN POLÍTICO, FINANCIERO Y LEGISLATIVO EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PAÍS (PREFERENCIA) [N° 955] 43CREACIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD DE LA INFANCIA VULNERADA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (N° 956) [PREFERENCIA] 45
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 47
1.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE "AMPLÍA EL PROCEDIMIENTO DE RELOCALIZACIÓN A CONCESIONES DE ACUICULTURA QUE INDICA Y ESTABLECE PERMISOS ESPECIALES DE COLECTA DE SEMILLAS". (BOLETÍN N° 11317-21) 47
2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10277-06) 47
3.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA, FERNÁNDEZ , GIRARDI
Y VALLEJO , Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BORIC, CASTRO , JACKSON , LETELIER , ROBLES Y TORRES, QUE "MODIFICA LA LEGISLACIÓN SOBRE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS FISCALES PARA EXCLUIR DE DICHO MECANISMO LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS". (BOLETÍN N° 11323-09) 47
4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, ÁLVAREZSALAMANCA , GAHONA , HERNÁNDEZ , MORALES, NORAMBUENA , TRISOTTI Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y NOGUEIRA, QUE "DISPONE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA VIGENCIA DE LA CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD UNA VEZ QUE SU TITULAR CUMPLA 75 AÑOS
DE EDAD". (BOLETÍN N° 11324-18) 47
Pág.
5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MELO, ANDRADE , POBLETE , ROCAFULL , SALDÍVAR Y SOTO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA FERNÁNDEZ, QUE "MODIFICA LA LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES, EN MATERIA DEL MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN QUE SE EXIGE A LOS CANDIDATOS A DETERMINADOS CARGOS DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN POPULAR, PARA IMPEDIR
INVERSIONES EN LOS DENOMINADOS PARAÍSOS FISCALES". (BOLETÍN N° 11325-07) 47
6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AUTH Y JIMÉNEZ , Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI, PROVOSTE Y SEPÚLVEDA , QUE "MODIFICA LA LEY Nº 19.070 QUE APROBÓ EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, Y DE LAS LEYES QUE LA COMPLEMENTAN Y MODIFICAN, PARA PERFECCIONAR LA REGULACIÓN LABORAL
APLICABLE A DICHOS PROFESIONALES". (BOLETÍN N° 11326-13) 47
7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA, CARVAJAL , CICARDINI , FERNÁNDEZ , HERNANDO Y PASCAL, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO; MELO; TEILLIER Y TORRES, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO PARA INCORPORAR Y REGULAR EL
USO MEDICINAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CANNABIS". (BOLETÍN N° 11327-11) 48
8.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR BECKER, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO EL DÍA
8 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 48
VIII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Notas:
-Del diputado señor Meza
quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Bogotá, Colombia.
-Del diputado señor Farcas
quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina .
-Del diputado señor Castro
quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Argentina.
-Del diputado señor Urízar
quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Colombia.
-Del diputado señor Lavín
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 21 de julio de 2017, para dirigirse a Estados Unidos.
-Del diputado señor Silva
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 13 de julio de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión a celebrarse con esta fecha.
2.- Comunicaciones:
-De la diputada señora Núñez , doña Paulina
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, por razones personales, a la sesión celebrada el día 12 de julio de 2017.
-Comunicación del diputado señor Espejo
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión celebrada el día 12 de julio de 2017.
-Del diputado señor Núñez, don Daniel
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesión celebrada el día 12 de julio de 2017.
-Del diputado señor Lavín
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones a celebrarse entre el 21 y el 30 de julio de 2017.
-De la diputada señora Pacheco
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesión del día de hoy 13 de julio de 2017, por medio día, sin goce de dieta.
-Del diputado señor Macaya
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión del día de hoy 13 de julio de 2017.
-Del jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por el cual se informa que el diputado señor Kort reemplazará en forma permanente al diputado señor Van Rysselberghe
en la Comisión Especial Investigadora de las acciones de fiscalización de organismos del Estado por la situación que afecta a la Isapre Masvida (CEI 44).
3.-Certificado:
-Por el que se acredita que el diputado señor Kast, don Felipe
ha presentado justificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, para acreditar el impedimento grave para asistir a las sesiones celebradas los días 12 y 13 de julio de 2017.
-Por el que se acredita que el diputado señor Carmona, don Lautaro
ha presentado justificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, para acreditar el impedimento grave para asistir a la sesión celebrada el día 6 de julio de 2017, por impedimento grave.
4.- Oficios;
-De la Comisión Especial Investigadora de la utilización de recursos públicos en Codelco, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados en los últimos 17 años y las indemnizaciones de ejecutivos y trabajadores, en virtud del cual acordó solicitar el asentimiento de la Sala para realizar sus sesiones ordinarias los días martes, desde las 10:00 horas hasta las 11:30 horas; o, en su defecto los días miércoles en el mismo horario. (CEI 46)
-Del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que el diputado señor Espinoza, don Fidel
integrará la delegación que asistirá a la reunión con el presidente de la Asamblea Nacional de Francia, señor Francois de Rugy , y con el senador Robert del Picchia, miembro del Grupo Francia-Países del Cono Sur, a realizarse el día 13 de julio de 2017 en París, Francia, y a la parada militar a realizarse el día 14 de julio, con ocasión de celebrarse el Día Nacional de ese país (167).
-Del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que los jefes de los Comités Parlamentarios en sesión del día 11 de julio, acordaron otorgar al diputado señor Silber
un “permiso especial” para asistir al 9° Encuentro de Parlamentarios Latinoamericanos, a realizarse en Buenos Aires, entre el 17 y 18 de julio, con motivo de cumplirse el 23° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (169).
Respuestas a Oficios Contraloría General
Diputado Sandoval, don David . Se sirva disponer una investigación en relación con las denuncias realizadas por presuntas irregularidades ocurridas en el Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, a raíz de una presunta desvinculación injustificada de un funcionario y el estado de los centros de esta institución de la región señalada. (25096 al 30297). Diputado Hasbún, don Gustavo . Solicita disponer una investigación en la Superintendencia de Educación a fin de determinar la corrección de la rendición de la subvención anual entregada a la Escuela Especial F-835, Érico Hornung Maisan , en la comuna de Collipulli. (25127 al 2798).
Ministerio del Interior Y Seguridad PúblicaDiputado Espinoza, don Fidel . Solicita que se sirva remitir antecedentes acerca de las medidas adoptadas por esta cartera y la Intendencia de la Región de Los Lagos para regular de la entrega de agua en las comunas y zonas afectadas por la sequía en dicha región, en los términos que señala. (14622 al 25667).
Ministerio de Interior
-Proyecto de Resolución 811, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas en relación a las contingencias de catástrofe que afectan al país. (14623). 2585.
-Proyecto de Resolución 882, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la entrega automática y sin dilación del carnet que certifica la condición de Trisomía 21 o " Síndrome de Down " respecto de los niños y niñas que las padecen, con el objeto de percibir los beneficios estatales asociados. (1898). 2584.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
-Diputada Hernando , doña Marcela . Participe en la búsqueda de una solución al problema previsional que afecta al personal civil administrativo de Gendarmería de Chile y adopte las medidas pertinentes para otorgarle protección personal, en atención a que sólo se dispone para el personal uniformado de dicha institución. (3385 al 31185).
-Diputado Boric, don Gabriel . Estado de avance de los acuerdos suscritos con los gremios de Gendarmería de Chile, con fecha 2 y 30 de mayo de 2016, relativos a la carrera funcionaria y el establecimiento de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. (3386 al 31490).
Ministerio de Defensa Nacional
-Diputada Molina , doña Andrea . Se sirva remitir a esta Cámara un catastro de los terrenos fiscales asignados a su institución en la Región de Valparaíso que pueden ser destinados a fines habitacionales. (6855/3460 al 27773).
Ministerio de Agricultura
-Diputado Pérez, don José . Solicita informar sobre las medidas que se adoptarán para prevenir y combatir los incendios forestales en el país. (407 al 26394).
-Diputado Robles, don Alberto . Situación que afecta a los agricultores de la Región de Atacama, especialmente de la comuna de Tierra Amarilla, por los daños ocasionados a los canales de regadío y los anegamientos que generó el pasado frente de mal tiempo, indicando las medidas adoptadas para mitigar sus efectos. (438 al 30396).
Ministerio de Energía
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Santa Bárbara para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30694).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de San Rosendo para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30695).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Quilleco para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30696).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Quilaco para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30697).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Negrete para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30698).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Nacimiento para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30699).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Mulchén para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30700).
-Diputado Norambuena, don Iván . Programas desarrollados en la comuna de Los Ángeles para implementar la eficiencia energética durante los últimos tres años, remitiendo un detalle del fondo concursable "Más leña seca", con indicación de las personas y montos otorgados. (886 al 30701).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Diputado Pérez, don Leopoldo . Evaluación de las modificaciones a la Ley de Transito sobre la integridad física de los menores de edad que viajan en vehículos motorizados, remitiendo los antecedentes que requiere. (197-3906 al 30059).
Subsecretarías
-Diputado Kast, don José Antonio . Informe sobre los procesos críticos de su institución que están apoyados por un sistema de información, la plataforma tecnológica correspondiente y la integración con los demás departamentos o servicios, remitiendo el diagrama de integración conceptual de los distintos sistemas de información, en los diferentes niveles e identificar si los sistemas de información usados fueron desarrollados en forma interna, externa o son paquetes de mercado adaptados. (1438 al 31343).
Intendencias
-Diputado Kast, don José Antonio . Total de litros de agua que se repartieron mensualmente a través de camiones aljibes y el número de camiones especializados comprados, durante los años 2015 y 2016, remitiendo copia de todos los contratos que se celebraron en relación con la entrega de agua en este tipo de vehículos durante los mismos años. (1346 al 30991).
-Diputado Gahona, don Sergio . El estado de avance del Proyecto de Alcantarillado de Huentelauquén Norte en la comuna de Canela, detallando los plazos y fecha estimada para concluir la obra. (2784 al 31650).
Gobernación Provincial
-Diputado Kast, don José Antonio . Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (673 al 31459).
Fuerzas Armadas
-Diputada Molina , doña Andrea . Los datos estadísticos de reincidencia en la comisión de delitos, por parte de las personas beneficiadas con libertad condicional el año 2016 en la Región de Valparaíso. (642 al 30887).
Servicios
-Diputado Venegas, don Mario . Las causas que explican que el Servicio Médico Legal con competencia en la Provincia de Angol no cuente con profesionales para realizar autopsias los días festivos y fines de semana, debiendo ser trasladados los cuerpos de las personas fallecidas a la comuna de Temuco e indique las medidas que se adoptarán para dar solución a esta circunstancia. (13823 al 31788).
-Diputado Boric, don Gabriel . Montos involucrados por aplicación de la ley N° 18.392, que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por un plazo de 25 años, en el período 2007-2017, indicando las fiscalizaciones realizadas, resultados, principales irregularidades identificadas, instancias de trabajo intersectorial para perfeccionar dicha regulación y resultados obtenidos. (1532 al 31039).
Varios
-Diputado Berger, don Bernardo . Número de jardines infantiles y salas cunas bajo su administración, individualizados por comuna, indicando cuáles cuentan con fonoaudiólogo y educador diferencial, en los términos que requiere. (0550 al 31743).
-Diputado Venegas, don Mario . Monto total de los recursos que el Estado ha destinado a su región, producto del mecanismo establecido en la ley N° 20.378, desde su entrada en vigencia y todos los proyectos o inversiones que se han ejecutado con dichos ingresos. (1110 al 31285).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Fechas en las que se realizará el pago al servicio de transporte de escolares de la Región de La Araucanía, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (1174 al 31496).
-Diputada Vallejo , doña Camila . Se sirva iniciar una fiscalización en la Corporación Municipal de la Florida, respecto al cumplimiento de la normativa educacional vigente y en especial, fiscalice el oportuno cumplimiento a las obligaciones previsionales con sus trabajadores. (1299 al 31877).
-Diputado De Mussy, don Felipe . Participación de funcionarios de esa municipalidad en el censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (1582 al 29516).
-Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (1583 al 27885).
-Diputado Kast, don Felipe . Disponga de una fiscalización para estudiar y constatar si el nivel de ruido que se percibe dentro del departamento N° 216 del Portal Fernández Concha de la comuna de Santiago, está dentro de los niveles permitidos, a raíz de ruidos producidos por distintas actividades de la Plaza de Armas de Santiago (1631 al 31314).
-Diputado Kast, don Felipe . Si los estándares de sanidad de la Empresa Sembcorp Utilities, encargada del manejo de residuos de la Empresa Concesionaria de Servicios de Antofagasta, cumplen con la normativa vigente, disponiendo una fiscalización en el sector norte de Antofagasta ante la presencia de fuertes olores relacionados con su actividad e indicar las medidas dispuestas para superar dicho problema. (1634 al 31876).
-Diputado Castro, don Juan Luis . La respuesta a la apelación deducida por el señor Ángel Soto Guzmán , en relación al rechazo de sus licencias médicas. (29671 al 31674).
-Diputado Monsalve, don Manuel . Solicita información sobre las posibles medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor Bastián Méndez Vigueras , quien requiere ingresar nuevamente a la Institución de Gendarmería de Chile (3388 al 26247). (3388 al 26247).
-Diputado Macaya, don Javier . Todas las fiscalizaciones efectuadas por ese servicio a la construcción de viviendas de la Villa Alcalde Sotomayor en la comuna de Rancagua, adoptando las medidas necesarias para que la empresa SALFA responda a las observaciones formuladas por los vecinos de la mencionada villa. (3661 al 31618).
-Diputado Pérez, don José . Solicita informar sobre las medidas que se adoptarán para prevenir y combatir los incendios forestales en el país, especialmente respecto de su promoción en establecimientos educacionales y medios de comunicación social. (407 al 26393).
-Diputado De Mussy, don Felipe . Participación de funcionarios de esa municipalidad en el censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (586 al 29480).
IX. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
-Diputado Carmona, don Lautaro . Plazo otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental a las entidades competentes para pronunciarse sobre el proyecto gas Andes LNG que busca traer gas líquido desde los Estados Unidos de América, instalando un barco factoría en la bahía Chasco de la Región de Atacama, con un ducto en el fondo marino, en los términos que requiere. (32291de 11/07/2017). A Ministerio del Medio Ambiente.
-Diputado Soto, don Leonardo . El monto total, en los últimos 3 meses, de los descuentos realizados al personal activo de Carabineros de Chile, relacionados con las instituciones que se detallan, indicando el porcentaje total de funcionarios que han autorizado por escrito dichas deducciones, desglosando esta información por cada organismo e individualizando a los carabineros en servicio activo que ocupan puestos directivos en dichos organismos. (32296 de 12/07/2017). A Carabineros de Chile.
-Diputado Soto, don Leonardo . La Mutualidad de Carabineros, los servicios que entrega y el monto total percibido por cada integrante actual del Consejo de Administración, detallando si se ajusta a derecho el nombramiento de los cargos directivos, la participación y remuneración de personal de carabineros, y la norma estatutaria que facultaría a los consejeros a recibir el 0.0025 de sus excedentes. (32297 de 12/07/2017). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
-Diputado Soto, don Leonardo . La norma legal o administrativa que facultaría al general director de Carabineros de Chile para ser presidente de la Mutualidad de Carabineros, detallando los montos percibidos desde su nombramiento, funciones y horarios en virtud de este cargo. (32298 de 12/07/2017). A Carabineros de Chile.
-Diputado Soto, don Leonardo . La participación y las remuneraciones de personal activo de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en el Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros, detallando si se ajusta a derecho. (32299 de 12/07/2017). A Contraloría General de la República.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Estado de avance del proyecto de asfalto básico del camino Los Molinos, Rol 659, cruce 75 Camino a la Ajial, ubicado en la Provincia de Linares, detallando las fechas para su puesta en marcha. (32300 de 12/07/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32301 de 12/07/2017). A Municipalidad de Retiro.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32302 de 12/07/2017). A Municipalidad de Pelluhue.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32303 de 12/07/2017). A Municipalidad de Parral.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32304 de 12/07/2017). A Municipalidad de Longaví.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32305 de 12/07/2017). A Municipalidad de Chanco.
-Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32306 de 12/07/2017). A Municipalidad de Yerbas Buenas.
- Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32307 de 12/07/2017). A Municipalidad de Villa Alegre.
- Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32308 de 12/07/2017). A Municipalidad de San Javier.
- Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32309 de 12/07/2017). A Municipalidad de Linares.
- Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32310 de 12/07/2017). A Municipalidad de Colbún.
- Diputado Urrutia, don Ignacio . Las medidas que se han implementado durante el presente año y las que se implementarán en los próximos meses con el objeto de controlar los perros vagos en vuestra comuna, detallando los recursos asignados para tal objeto. (32311 de 12/07/2017). A Municipalidad de Cauquenes.
- Diputado Espinosa, don Marcos . La inversión efectuada con recursos del programa Quiero Mi Barrio, para la implementación de una plazuela entre las calles Orella y Alexis Sánchez de la comuna de Tocopilla, detallando la adjudicación hecha por la empresa contratista. (32312 de 12/07/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
- Diputado Espinosa, don Marcos . Los procedimientos para realizar cobros de cotizaciones por las Isapres, detallando las notificaciones que deben realizar a sus afiliados sobre eventuales atrasos, tasas de interés y reajustes por no pago de planes de salud. (32313 de 12/07/2017). A Superintendencia de Salud.
- Diputado Cornejo, don Aldo . Los planes de emergencia con los que cuenta la empresa concesionaria de la autopista Ruta 68 para enfrentar contingencias como la ocurrida el día 11 de julio de 2017, señalando si los protocolos se encuentran coordinados con las autoridades correspondientes. (32315 de 12/07/2017). A Carabineros de Chile.
- Diputado Cornejo, don Aldo . Los planes de emergencia con los que cuenta la empresa concesionaria de la autopista Ruta 68 para enfrentar contingencias como la ocurrida el día 11 de julio de 2017, señalando si los protocolos respectivos se encuentran coordinados con las autoridades correspondientes. (32316 de 12/07/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Pilowsky, don Jaime . El estado actual de cumplimiento del programa meta presidencial "Más Salas Cuna y Jardines para Chile" (32317 de 12/07/2017). A Junta Nacional de Jardines Infantiles.
- Diputada Molina , doña Andrea . El estado actual de las investigaciones por eventuales contrataciones irregulares en el Fondo de Investigación Pesquera y el Fondo de Administración Pesquera, de la realizada a todas las gobernaciones de la Región de Valparaíso por recursos utilizados en la distribución de agua y respecto de la eventual venta irregular de derechos de lotes comprados por particulares en la zona de Huaquén. (32318 de 12/07/2017).
- Diputado Sandoval, don David . Las eventuales medidas que se adoptarán en virtud de las inquietudes presentadas en la solicitud adjunta, por los sostenedores de hogares para adultos mayores en el país. (32319 de 12/07/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
- Diputado Sandoval, don David . Las medidas que se adoptarán para permitir el acceso a la telefonía celular de los habitantes de la localidad de Alto Mañihuales, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (32320 de 12/07/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Diputado Sandoval, don David . Las medidas que se adoptarán para permitir el acceso a la telefonía celular de los habitantes de la localidad de Alto Mañihuales, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (32321 de 12/07/2017). A Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Diputado Sandoval, don David . Las medidas que se adoptarán para permitir el acceso a la telefonía celular de los habitantes de la localidad de Alto Mañihuales, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (32322 de 12/07/2017). A Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
- Diputado Sandoval, don David . Las medidas que se adoptarán para permitir el acceso a la telefonía celular de los habitantes de la localidad de Alto Mañihuales, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (32323 de 12/07/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
- Diputado Castro, don Juan Luis . El resultado de las apelaciones presentadas por el rechazo de las licencias médicas de la señora Marcela Contreras Moraga , folio Nº 0088639. (32324 de 12/07/2017). A Superintendencia de Seguridad Social.
- Diputado Arriagada, don Claudio . Antecedentes y razones que se tuvieron a la vista para dictar el oficio N° 688 de fecha 15 de junio del presente año, referido a la necesidad de la exigencia de visa para los ciudadanos haitianos que deseen visitar Chile y desestime dicha opción por las consideraciones que expone. (32325 de 12/07/2017). A Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Diputado Monckeberg, don Nicolás . Sentido y alcance que la Dirección del Trabajo otorga al concepto "reemplazo" contenido en el inciso segundo del artículo 345 del Código del Trabajo y si siempre se requiere la presencia o concurrencia de "trabajadores reemplazantes", como señala el inciso cuarto de la misma norma, para estar frente a la infracción a la obligación contenida en el inciso segundo. (32330 de 12/07/2017). A Dirección del Trabajo.
- Diputado Flores, don Iván , Diputado Morano don Juan Enrique . Posible fecha de aplicación de la rebaja contenida en la Ley N° 20.928, que establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios eléctricos, si dicha aplicación tendrá efecto retroactivo y las razones de la demora en su aplicación. (32331 de 12/07/2017). A Ministerio de Energía.
- Diputado Kast, don José Antonio . Antecedentes referidos a la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana. (32333 de 12/07/2017). A Ministerio de Educación.
- Diputado Kast, don José Antonio . Antecedentes referidos a la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana. (32334 de 12/07/2017). A Subsecretaría de Educación.
- Diputado Kast, don José Antonio . Antecedentes referidos a la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana. (32335 de 12/07/2017). A Ministerio de Educación.
- Diputado Kast, don José Antonio . Antecedentes referidos a la Unidad de Equidad de Género. (32336 de 12/07/2017). A Ministerio de Educación.
- Diputado Kast, don José Antonio . Antecedentes referidos a la Unidad de Equidad de Género. (32337 de 12/07/2017). A Subsecretaría de Educación.
I.ASISTENCIA
-Asistieron 108 señores diputados, de los 118 en ejercicio.
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel Rojo
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, la ministra de Educación señora Adriana Delpiano Puelma.
-Se contó con la asistencia, también, de la subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: El diputado señor Fidel Espinoza Sandoval.
-Con permiso especial: El diputado señor Issa Kort Garriga.
-Con impedimento grave: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión 10.36 horas.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 36ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 37ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio) .-
Señor Presidente, los Nos 9, 10, 11 y 12 de la Cuenta se refieren a permisos constitucionales de cuatro parlamentarios de la Nueva Mayoría para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días.
Por lo tanto, sugiero que los diputados utilicen esos treinta días, porque de otro modo no tiene sentido pedir ese permiso.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, eso no depende de la Mesa.
ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano .
El señor MORANO.-
Señor Presidente, solicito que pida la unanimidad de la Sala para enviar por una semana a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, el proyecto de ley que figura en N° 2 de la Tabla de hoy, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, con el objeto de que en dicha instancia se analicen las modificaciones del Senado.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, en el N° 7 de la Cuenta figura la moción que “Modifica la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la regulación laboral aplicable a dichos profesionales.”.
Por lo tanto, solicito que pida la anuencia de la Sala para que sea enviado por un plazo acotado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, después de que lo despache la Comisión de Educación, porque ya tenemos un par de mociones relacionadas con los asistentes de la educación.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo para acceder a esa solicitud?
Acordado.
-o-
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de la utilización de recursos públicos en Codelco, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados en los últimos 17 años y las indemnizaciones de ejecutivos y trabajadores, para realizar sus sesiones ordinarias los martes, desde las 10:00 horas hasta las 11:30 horas, o, en su defecto, los miércoles en el mismo horario.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa .
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, el fundamento de mi petición se basa en que a la sesión de ayer de la Comisión de Minería fueron invitadas personas que venían desde la Tercera Región, pero sufrieron un inconveniente, el que los retrasó media hora.
Como se fraccionó el tiempo de la sesión, ya que se dejó la mitad para tratar los asuntos de la comisión permanente de Minería y la otra mitad para los de la comisión investigadora, los invitados tuvieron solo diez minutos para presentar sus posturas y sus problemas, razón por la cual se acordó solicitar la autorización de la Sala para que la comisión investigadora sesione en otro horario.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Fernando Meza , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Bogotá, Colombia.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvo el diputado señor Urrutia Bonilla, Ignacio .
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Daniel Farcas , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina .
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Norambuena Farías, Iván ; Urrutia Bonilla, Ignacio .
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Christian Urízar , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Colombia.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Norambuena Farías, Iván ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera , Enrique .
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Juan Luis Castro , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de julio de 2017, para dirigirse a Argentina.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe ,
-Se abstuvieron los diputados señores:
Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera , Enrique .
El señor RINCÓN .- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, los permisos constitucionales solicitados por algunos diputados para ausentarse del país se enmarcan en misiones oficiales respaldadas en convenios internacionales.
Por ello, no creo que sea adecuado que votemos particularmente cada petición.
En consecuencia, pido que la Mesa arbitre esta situación, pues todas las peticiones solicitadas el día de hoy guardan relación con misiones oficiales. Incluso más, claramente si alguna de ellas tuviese un carácter personal, usted, señor Presidente, podría discriminar y pedir votación separada.
Lo señalo porque si bien no se llegó a un acuerdo en cada una de las peticiones, todas se aprobaron prácticamente por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, se tomará nota de su petición.
-o-
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Hago presente a sus señorías que las siguientes comisiones sesionarán simultáneamente con la Sala: Comisión de Deportes y Recreación, de 10.45 a 12.00 horas, y Comisión Especial Investigadora sobre el proceso de administración provisional de la Universidad Arcis, y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios, de 11.00 a 13.00 horas.
-o-
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, su señoría.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, hoy votaremos tres proyectos de resolución que versan sobre un tema que ha conmocionado al país y que atañe directamente a la Cámara. Me refiero a la situación que atraviesan las niñas, los niños y los adolescentes en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Sé que los Comités Parlamentarios acordaron votar esos proyectos sin discusión; sin embargo, dada la importancia que suscita este tema, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que cada proyecto pueda ser argumentado por un diputado durante un tiempo limitado.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Jorge Sabag , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Otorgar hasta dos minutos para intervenir a favor o en contra de cada declaración de inadmisibilidad formulada por la Mesa, respecto de las indicaciones renovadas al proyecto sobre educación superior (boletín N° 10783-04), durante la votación en la sesión del lunes 17 de julio.
2.- Facultar a cada jefe de bancada para sustituir a los diputados inscritos para intervenir en el debate del proyecto señalado en el punto anterior, quienes podrán insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones, al igual que los diputados que pese a estar inscritos no puedan intervenir por concluir el Orden del Día de la sesión del próximo lunes 17 de julio.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04) [CONTINUACIÓN]
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre educación superior.
Antecedentes:
-El segundo informe de la Comisión de Educación y el certificado de la Comisión de Hacienda se rindieron en la sesión 44ª de la presente legislatura, en 11 de julio de 2017.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, nuevamente nos convoca en esta Sala el proyecto sobre educación superior; sin embargo, el segundo informe emanado por la Comisión de Educación no contiene en modo alguno los cambios sustanciales y estructurales que esperábamos.
A nuestro juicio, el proyecto sigue siendo fruto de una ideologización que no enfoca los recursos públicos en las fases de la educación que más los requieren, y responde a presiones más que a una planificación a largo plazo.
Es preciso hacer hincapié en la posición desigual en la que sigue quedando la educación técnico-profesional. En efecto, tanto los institutos profesionales como los centros de formación técnica siguen siendo el pariente pobre de esta reforma a la educación superior. Si bien el proyecto original dedica exiguos dos párrafos a esta materia, no son suficientes para generar una política pública seria que impacte en la calidad de la educación de los miles de alumnos que se matriculan en institutos profesionales o en centros de formación técnica.
Sabido es que en nuestro país, según datos de la Sofofa, se requieren más de 600.000 técnicos altamente capacitados para hacer frente los desafíos que la industria nacional necesitará para el futuro. Sin embargo, el gobierno sigue mirando esta reforma a través de los ojos de los grupos de presión.
Lo anterior también redunda en que, nuevamente, los más perjudicados son los alumnos provenientes de las familias más vulnerables de nuestro país. Según datos del propio Ministerio de Educación, el 64 por ciento de los alumnos que se matriculan en la educación superior técnico-profesional proviene de los quintiles de ingresos más bajos, porcentaje que se ve agravado si consideramos que el 71 por ciento de aquellos constituye la primera generación de estudiantes de educación superior en sus familias.
Por esta razón, pensamos que el enfoque que se ha dado a este proyecto sigue siendo insuficiente, que responde a lógicas retrógradas, sin tener siquiera un conocimiento real de hacia dónde destinar los recursos en una fase de la educación que, incluso, ya está equivocada.
Lo anterior se comprende si se tiene en consideración que la educación técnicoprofesional tiene una gran relevancia, tanto en el ámbito del crecimiento económico como en la movilidad social que experimentan los jóvenes que acceden a este tipo de educación, es decir, al mejoramiento de la calidad de vida de familias de escasos recursos y, en muchos casos, vulnerables.
Nuevamente, pongo el acento en lo desigual que deja la cancha este proyecto entre la educación universitaria y la técnico-profesional. No existen políticas ni mecanismos concretos que mejoren y den solución a los dos aspectos antes señalados, es decir, la relevancia de técnicos de calidad para generar impacto en el crecimiento económico y, consecuencialmente, a la mejor calidad de vida a la que podrían aspirar miles de jóvenes chilenos con más y mejores empleos.
Probablemente, lo único que se rescata luego de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto en materia de educación técnico-profesional es aquello que se refiere a la generación de una estrategia nacional de formación técnica, la que, no obstante lo anterior, se desvanece al no tener una estructura de políticas públicas que la sustente en el tiempo.
Por todo lo dicho, reafirmo las opiniones que hemos expresado respecto de este proyecto, el cual sigue respondiendo a lógicas ideologizadas, extemporáneas, que son fruto de presiones de sectores que han utilizado a la educación como un caballito de batalla para obtener una mezquina ganancia política y electoral, en lugar de diseñar e implementar una real, efectiva y eficiente reforma a la educación superior, sin cortapisas o sin que sea hecha a la medida de los grupos de presión, pero que deja de la lado a miles de jóvenes provenientes de las familias más vulnerables de nuestro país.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, primero, saludo a la ministra y a la subsecretaria de Educación.
Lo que está discutiendo este Congreso no es algo fortuito, sino la consecuencia de más de una década de discusión y de diálogo, muchas veces no comprendido.
En el gobierno pasado, el promedio de duración de los ministros de Educación fue de menos de doce meses, ya que hubo cuatro ministros en un gobierno, lo que es excesivo para cualquier país. Esto quiere decir que se trata de un tema que está llegando a una etapa de conclusiones, en que había que hacer mejoras sustanciales.
Esto no se trata de un tema ideológico, como se ha mencionado, dado que ni siquiera el más recalcitrante de los candidatos a la Presidencia de la República niega la necesidad urgente de mantener este nuevo modelo de educación, que privilegie el conocimiento, la capacidad, el emprendimiento y la innovación en el país, y no endeude a las familias ni ampare la discriminación por ingresos económicos.
También en algunos debates en esta Cámara se han mezclado los temas y se ha mencionado al Sename o necesidades económicas de otra índole, sobre las que, por supuesto, es necesario preocuparse. Pero un país que olvida la inversión en educación, evidentemente, va a tener muchos problemas. Cuando no tenemos educación sexual y cuando los hogares son disfuncionales, también se presentan esos problemas.
Por lo tanto, el contenido de la reforma a la educación superior, aprobado ya en las comisiones respectivas, también deja puntos que debemos analizar y discutir. Pero también hay que validar la creación de una subsecretaría, de la Superintendencia de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación. Se nos olvidan los escándalos que hubo en esta materia.
En cuanto a las disposiciones generales sobre la Subsecretaría de Educación Superior, se reconoce legalmente la provisión mixta de la educación superior y se distingue entre instituciones de educación superior estatales, las no estales pertenecientes al Consejo de Rectores y las instituciones privadas. Además, se reconoce el subsistema técnico-profesional.
Los modelos de acreditación también tienen que hacerse necesarios. En Latinoamérica, nuestro desarrollo e innovación en patentes y en tecnología están quedando muy atrasados respecto del mundo. Se ha dicho que parece injusto que en las universidades regionales o en institutos se exija este modelo de investigación y desarrollo, pero les recuerdo que desde hace más de quince años se ha planteado la necesidad de contar con estos procesos de investigación. Nuestro país va a ser un país absolutamente subdesarrollado y productor de recursos primarios si no somos capaces de generar políticas públicas de apoyo a la innovación y al desarrollo. Actualmente, las cifras son llamativas y realmente escalofriantes: Latinoamérica , en su conjunto -y Chile no es la excepción-, corresponde prácticamente al 10 por ciento de un solo país, Corea del Sur, en el desarrollo de patentes y tecnología. Esos datos dan cuenta de nuestro subdesarrollo en educación.
Por lo tanto, es importante y fundamental que estos fenómenos y procesos de desarrollo sean del nivel adecuado. Hoy existe la posibilidad de que en las regiones -represento a la de Coquimbo se cree un instituto de formación técnica, que se desarrollen políticas adecuadas y vinculadas a las recursos renovables no convencionales y a todo el desarrollo tecnológico que el mundo enfrenta actualmente. De lo contrario, inevitablemente, nos vamos a quedar en el pasado.
Se mantiene la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, eje fundamental del desarrollo de la nación, y se establece la condición de la acreditación obligatoria en carreras de medicina. En este punto me quisiera detener, porque hoy las carreras no tienen los años de formación clásicos, sino que siguen un desarrollo paulatino. No es inusual que siete años de estudios no sean suficientes, como ocurre en las carreras de odontología, nutrición, etcétera. Los avances son muy rápidos y, por lo tanto, en el área de los doctorados también tiene que existir una acreditación adecuada.
Por cierto, hay artículos, como el vigésimo octavo transitorio, propuesto por la Comisión de Educación, que establecen la gradualidad de la implementación de los estándares de calidad para la acreditación institucional, que habría que revisar y votar por separado. También coincidimos con otros ejes, sobre todo relacionados con el financiamiento.
Igualmente, se ha dicho que esto puede generar un desfalco económico en las arcas de la nación, producto de que se va a entregar educación gratuita. ¡Vaya paradoja! ¿Cómo va a crecer el país si no invertimos en educación?
Si nos detenemos a pensar y analizar sobre cuáles son las cifras y los impactos que tienen en los deciles, nos encontramos con el grave problema de este país, que es la desigualdad, expresada en su más brutal forma. El sexto decil, por ejemplo, incluye a familias cuyo ingreso per cápita alcanza a alrededor de 165.000 pesos, casi 335.000 para una familia tipo de dos personas. ¡En eso se está invirtiendo: en talentos, en educación!
Lo que el país espera -en ello se ha sido tremendamente responsable en las comisiones es que en los años sucesivos, acorde al crecimiento y a la realidad económica del país, vaya aumentando la gratuidad y, ojalá, alcanzara a todo el universo estudiantil. Al respecto, cabe mencionar la situación actual que acontece y el compromiso que muchos profesionales tienen con su país.
Ayer, un diputado nombraba, con mucho énfasis, ciertas profesiones que se desvinculan absolutamente del deber ciudadano. Pero, ¿con qué cara vamos a pedir a esos profesionales, que están endeudados y que tienen que pagar, que más encima presten atención gratuita o con bajos honorarios cuando a ellos les ha costado años de trabajo y solamente con el compromiso familiar?
Eso es lo que tiene que cambiar en este país.
Es necesario tener una mirada distinta de lo que debe ser el compromiso ciudadano. Esta sociedad no se puede transformar en individualista, donde cada uno vele por su situación particular y no con una mirada de nación.
Una educación moral es lo que tenemos que impulsar; el desarrollo del juicio moral de la persona; la autonomía, el diálogo, la capacidad de reconocimiento del otro, de modo de corresponderla con el momento ciudadano que viven los individuos.
Por otra parte, debe entenderse la educación como un proceso de acompañamiento vital, que se vincule con el momento existencial de las personas y, por supuesto, con la sociedad en que conviven.
Ese juicio moral, la autonomía, la capacidad de diálogo y el reconocimiento del otro es lo que hemos perdido en más de tres décadas de un modelo de educación que se basó más bien en un componente individual.
Más allá de las disquisiciones individuales de cada artículo en particular, quiero rescatar lo trascendente y lo vital que puede significar esta reforma educacional para el desarrollo del siglo XXI. Por supuesto que tenemos que discutir, dialogar, pero esos son ejes secundarios. La matriz fundamental es el cambio, el nacimiento de un nuevo individuo sobre la base de lo que acabo de señalar. En tal sentido, el desarrollo educativo simultáneo puede tener un efecto positivo en la capacidad de los individuos para enfrentar los mayores grados de complejidad que se avizoran en el siglo XXI.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
En el turno del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión de Educación por la prontitud y rigurosidad en el despacho del proyecto en debate.
También quiero saludar a la ministra y a la subsecretaria, por el esfuerzo que han puesto en sacar adelante la iniciativa. Sin duda, esta es muy importante para el país, particularmente por una serie de episodios, pero fundamentalmente por lo ocurrido en la Universidad del Mar. Había que corregir y establecer lo antes posible este marco legislativo y regulatorio, que permitirá el fortalecimiento de las universidades estatales.
Al respecto, es muy importante transmitir al Ejecutivo la urgente necesidad de despachar una ley que tienda al fortalecimiento de las universidades estatales. No es suficiente este marco regulatorio. Como Estado, debemos buscar una solución y entender que las universidades estatales son el pilar de la educación de nuestros futuros profesionales.
Dicho esto, hay varias materias que me preocupan, en particular el lucro, respecto del cual las diputadas Girardi , Provoste y quien habla patrocinamos una indicación.
En el trabajo realizado en la comisión investigadora de la Universidad del Mar, una de las acciones más importantes fue definir el concepto “lucro” y, al mismo tiempo, establecer cómo los recursos se trasladaban desde las universidades hacia las empresas relacionadas. Definimos diez formas de operación. Fundamentalmente se trataba entidades relacionadas que, primero, debimos definir, y luego, ver la forma de prohibir el trasvasije de dineros. Tengo la impresión de que en el proyecto no se refleja esa cuestión.
La idea es incorporar esa indicación, o renovarla aquí en la Sala, de manera que efectivamente los recursos que deben ser reinvertidos en la universidad no salgan de ella. Aun estableciendo un límite, creo que ello no se podrá impedir, pues sabemos fehacientemente que de todos modos se va a producir un desvío de recursos hacia entidades relacionadas.
Lo segundo tiene que ver con la condicionalidad de la acreditación. Si hubo algo que nos complicó en el trabajo de las dos comisiones investigadoras relacionadas con universidades fue lo relacionado con las condiciones para entregar licenciamiento y la posterior acreditación, que nosotros entendimos como absolutamente obligatoria. Para nosotros no debían existir diferencias entre carreras y la acreditación debía extenderse por la duración total de las mismas, no por un período acotado de tiempo. Entendíamos que el consejo de acreditación debía ser una unidad que tuviera la fortaleza suficiente para dar seguridad a los estudiantes, a la familia, pero fundamentalmente al país.
Lamentablemente, eso no lo vemos reflejado. Que me digan que aquí va a haber acreditaciones condicionales, según determinadas características, no corresponde. En la única materia en que deben darse ciertas condiciones para que se produzca algo es en el proceso de postulación al subsidio habitacional. Eso no lo concibo en educación. No admito que se entregue condicionalmente una acreditación. No me calza que se exijan ciertas características para que un joven postule a una carrera. En verdad, no me gusta esa condicionalidad y espero que podamos rectificarla.
Por otra parte, conversábamos con la diputada Girardi -integrante de la comisión técnica respecto de la publicidad. Es muy importante determinar sobre qué hacer publicidad. Es admisible que ella se haga respecto de las matrículas, pero debe haber una regulación. Hoy sabemos qué ha significado la publicidad en términos de matrícula, cuestión que no se condice ni con la acreditación, ni con las prestaciones académicas, ni con mayor cobertura de alumnos ni tampoco, lamentablemente, con la calidad en la educación.
Ahora bien, en materia de aranceles, es cierto que tendremos gratuidad, y esperamos que sea creciente. Ello, sin duda, tendrá un tremendo efecto en la familia chilena.
En mi caso, me toca recorrer muchas villas, muchas poblaciones en el distrito que represento, donde las mamás, los papás y los estudiantes me abrazan y me dan las gracias por la gratuidad, por los efectos que tendrá no solo en lo que tiene que ver con el arancel, sino también con la matrícula. Es un tremendo avance; nadie lo puede negar, por lo que votaré favorablemente todo lo relacionado con esa materia.
También me parecen de suma importancia las auditorías que debe realizar la superintendencia, aun cuando tengo poca credibilidad en ellas. Me cuesta entender los roles, sobre todo el de la Superintendencia de Educación. En verdad, espero que ese organismo tenga la musculatura necesaria y la voluntad para ejercer su papel.
También nos parece necesaria la auditoría anual que deberá realizar esa superintendencia, de manera de chequear si están dadas las condiciones en determinadas universidades.
Vamos a votar favorablemente la mayoría de los artículos; sin embargo, tenemos varias indicaciones que repondremos en la Sala por el bien de la educación superior, de los niños y de los jóvenes de este país, pero sobre todo en bien de la transparencia.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor WARD.-
Señor presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor WARD.-
Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, pido que llame a los parlamentarios a la Sala, porque en este momento solo hay veintiséis diputados presentes.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Señora diputada, en este momento están tocando los timbres para llamar a los diputados a la Sala.
Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, el proyecto sobre educación superior es una nueva iniciativa de un gobierno que legisla como si fuera una mayoría social del país, en circunstancias de que todos sabemos que este gobierno es solo una mayoría política circunstancial que está atrincherada en el Congreso Nacional con algunos parlamentarios más.
Digo esto porque la iniciativa que hoy nos ocupa no es la única reforma de este gobierno, pero tiene la particularidad de ser una que se realiza en los últimos meses de su mandato y que pretende hacer grandes modificaciones en la educación superior que afectarán finalmente la generación de nuevos conocimientos, innovación e investigación en los próximos años en nuestro país.
Por eso, este proyecto no debería ser tratado por el oficialismo como una prueba a las lealtades políticas, sobre la base de presionar a los suyos a votar en bloque, sino que debería estar orientado a lograr lo mejor para el país.
Tampoco parece razonable que un gobierno que a estas alturas es objetivamente minoritario pretenda seguir legislando sobre temas importantes o reformas fundamentales, como si fuera una mayoría a la que le quedaran otros diez años de mandato.
Peor aún, tampoco parece apropiado que este gobierno y este parlamento comprometan sustantiva e irresponsablemente los nuevos recursos de los futuros gobiernos para satisfacer los utópicos caprichos de un gobierno que se encuentra en las postrimerías de su mandato.
No corresponde que este parlamento deje obligado por ley a los próximos gobiernos a gastarse gran parte de su potencial nuevo presupuesto en la gratuidad universal. Y digo “los próximos gobiernos”, porque si el crecimiento económico del país se mantiene en el glorioso nivel de la actual administración, el país se demoraría más de cien años en lograr la gratuidad universal. Con todo esto, señor Presidente, nadie podría aseverar que este gobierno no piensa en el futuro. El único problema es que la promesa original de la Presidenta de la República era de seis años para lograr el objetivo. Seis años y no cien años. Al parecer, nuevamente hubo un pequeño error de cálculo.
Como todos sabemos que el gobierno de Bachelet se caracteriza por sus pequeños errores de cálculo, no quiero ser cómplice de un error de esta magnitud ni de que una reforma tan importante y relevante para el futuro de Chile como esta se haga nuevamente a la carrera, improvisadamente y con el expediente de la retroexcavadora.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, por su intermedio, y antes de comenzar mi intervención, quiero decir al diputado Van Rysselberghe que no voy a responder a todo lo que señaló, sino solo aclararle que, dentro de lo que es una mayoría circunstancial, a lo que más se comprometió la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno fue a velar por la educación y principalmente por que exista gratuidad. De manera que esa es la justificación y la complicidad que hoy tenemos con ello los que vamos a votar a favor el proyecto.
Valoro tremendamente en esta iniciativa la gratuidad para el 60 por ciento más vulnerable. Por supuesto, quisiéramos que abarcara al ciento por ciento. No obstante, consolidar ese beneficio mediante una ley y no en glosas presupuestarias es importante y tranquilizante para que las familias chilenas puedan planificar su futuro.
Asimismo, es relevante fortalecer la educación superior pública a través de la creación de una subsecretaría y de una superintendencia, y del establecimiento de parámetros más exigentes en relación con la acreditación.
Quiero hacerme cargo de lo que dijo el diputado Gahona en el sentido de que, según datos de la Sofofa, faltan alrededor de 600.000 técnicos. La gratuidad va a ayudar precisamente a que muchos chilenos y chilenas puedan acceder a capacitación, a perfeccionamiento o a estudiar alguna carrera técnica. Ello permitirá atender esa demanda proyectada por la Sofofa. Por lo tanto, mucho más justificada está la gratuidad en la educación superior, tanto universitaria como técnico-profesional.
Señor Presidente, quiero poner el punto en las universidades regionales. Creo que este proyecto es un avance importante para el país en general, en orden a acortar la brecha de la desigualdad. No obstante, debo señalar que las universidades estatales regionales nacieron muriendo y crecieron decreciendo. En sus primeros ocho años de vida, estas entidades han visto reducidos sus aportes fiscales directos en un 50 por ciento, lo que supone que fueron creadas sin financiamiento en sus primeros años de vida.
El retorno a la democracia ha mejorado las cosas, pero en una lógica de competencia y de mercado. Las universidades han crecido al ritmo del mercado, pero no ha crecido la equidad ni se han fortalecido las regiones. Existe un sistema en el que los alumnos se captan en el mercado, los proyectos de investigación se compiten en Conicyt y los recursos regionales quedan a la discreción e inteligencia de las autoridades locales. Un sistema diseñado de este modo por supuesto que tiene grandes falencias.
Las universidades regionales se han desarrollado muchísimo menos que las entidades de la Región Metropolitana. Las tres universidades más relevantes siguen siendo las mismas, porque la competencia replica las diferencias de origen. Hay excepciones, pero ninguna de esas se acerca a la realidad de las entidades universitarias más importantes.
El ingreso al sistema discrimina por origen social y económico, y peor aún, por región de origen. Un niño nacido en Putre -por si alguien no la conoce, informo que esta comuna pertenece a la provincia de Parinacota, de la Región de Arica y Parinacota, donde comienza Chile-, con igual talento de inicio que un niño nacido en la cota mil de la Región Metropolitana, no tiene las mismas oportunidades de acceder a una universidad de elite. Luego, no tiene las mismas oportunidades de empleo. Es decir, si me dices dónde naciste, te diré qué estudiarás y dónde, en qué trabajarás, cuál será tu renta y qué puedes esperar en la vida.
Por otra parte, el 80 por ciento de la investigación está concentrado en unas pocas universidades. Las entidades regionales no tienen un rol determinante en materia de investigación, puesto que la posibilidad de ganar recursos vía Fondecyt es escasa por sus debilidades de origen.
Por lo tanto, es importante apoyar a las universidades del Estado, porque son el pilar fundamental para el desarrollo del país. El hecho de no poder tener control sobre las universidades estatales habla de un país que prácticamente camina a ciegas.
Obviamente, también es necesario dar mayor flexibilidad a los gobiernos corporativos.
Sin embargo, eso no basta.
Creo que este es un proyecto importante, y desde el comienzo he dicho por qué. No obstante, debo llamar la atención de los representantes del Estado en cuanto a que un país alcanza el desarrollo entregando equidad a las regiones, que no necesariamente es lo mismo que igualdad, porque igualdad y equidad no son conceptos sinónimos. Por tanto, el Estado debe preocuparse más de las universidades regionales, que se han empobrecido y carecen de los medios con que sí cuentan las grandes universidades de la capital. Siempre pende sobre ellas el desafío de tener que competir contra grandes monstruos de la educación universitaria.
Esto es como lo que pasa en materia de salud, en que los médicos se radican en el centro del país porque ahí percibirán rentas mayores y obtendrán mejor capacitación. Con los profesionales que están dispuestos a trabajar en una universidad pasa lo mismo. Con ello quiero expresar que una persona que ha cursado un magíster o un doctorado obtendrá mejores ventajas económicas trabajando en una universidad de la capital que en una de región.
Por lo tanto, la atención que hay que prestar a las regiones en cuanto a docencia, a políticas de docencia y a políticas de investigación es muy importante para su desarrollo. Esa es la única vía a través de la cual podremos construir un país más equitativo. Digo esto porque las universidades son pilares fundamentales para el desarrollo de las regiones, no así para Santiago.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Juan Morano .
El señor MORANO.-
Señor Presidente, el azar quiso que habláramos seguidamente un diputado de Arica y otro de Magallanes, ambos para expresar la realidad muy especial que viven las zonas extremas de nuestro país: aisladas, remotas, con baja población.
Los parámetros normales que se utilizan en el país para destinar recursos a la educación superior no nos sirven. A Arica no van a llegar a estudiar jóvenes de Puerto Montt, como tampoco lo harán jóvenes de Santiago. Probablemente pasa lo mismo que en Punta Arenas: nuestros alumnos son jóvenes nacidos y criados en nuestra región, pues para el resto de los habitantes del país es muy caro trasladarse a estudiar a Arica o a Magallanes .
Por lo tanto, tal como el país decidió tener un plan especial de desarrollo de zonas extremas para Arica, para Magallanes, para Aysén , el Ministerio de Educación debiera tener un plan especial para financiar las universidades de las regiones extremas del país, particularmente en Aysén, donde la universidad recién está naciendo.
Fíjese que la Universidad de Magallanes, mi universidad, recibe solo el 0,9 por ciento de su financiamiento a través del aporte fiscal directo (AFD), en circunstancias de que la media nacional de las universidades del CRUCh es de 3,9 por ciento. En promedio, la Universidad de Magallanes recibe tres puntos menos para hacer lo mismo y más que el resto de las universidades del país.
Digo “lo mismo y más”, porque el plan especial de zonas extremas le impuso a la Universidad de Magallanes la obligación de ponerse en sintonía con lo que ha decidido el país en cuanto al desarrollo de su región, y le encargó una multiplicidad de tareas, que incluyen la mantención del Centro Subantártico Cabo de Hornos y el Centro Antártico Internacional de Punta Arenas, además del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI), de Magallanes.
¿Cómo podemos hacer todo eso con la misma o menos plata que se entrega al resto de las universidades públicas?
Señora ministra, por intermedio del señor Presidente le pedimos poner especial atención en los fondos que necesita, como aporte basal de libre disposición, la Universidad de Magallanes. Sin duda, este proyecto es un gran avance, pero si no lleva aparejado recursos suficientes, será un poco más de lo mismo.
Cuente con nuestro voto para este proyecto, señora ministra, pero le hacemos un llamado desde Magallanes por más y mejor financiamiento para nuestra universidad.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
La Mesa saluda y da la bienvenida a una delegación de oficiales de la Policía de Investigaciones, alumnos de la Academia Superior de Estudios Policiales, quienes se encuentran en las tribunas. Ellos concurren a nuestra Corporación a cargo del secretario de estudios de dicha academia, comisario Cristián Benavides Moraga .
Les damos las gracias por venir a conocer el trabajo legislativo y por el servicio que prestan al país.
(Aplausos)
Tiene la palabra la diputada Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, gratuidad en la educación: un derecho social universal. Esa es la mirada que debemos tener respecto de la educación superior y de la reforma que estamos llevando adelante, encabezada por el gobierno de Michelle Bachelet, nuestro gobierno.
El proyecto de ley de educación superior que hemos venido discutiendo en estos días se elaboró y presentó como una respuesta a distintas demandas de la sociedad, especialmente de los estudiantes.
Nuestro gobierno, en su programa, propone una reforma educacional integral. Estamos respondiendo a esa demanda y cumpliendo con un compromiso que adquirimos cuando Chile eligió a Michelle Bachelet , porque prometimos una educación distinta para nuestro país.
La regularización del sistema de educación, en general, pero en especial de la educación superior, no responde al voluntarismo de nuestras autoridades ni es consecuencia solo de las demandas ciudadanas, sino también de que tenemos una mirada distinta respecto de lo que significa educación.
Cuando escuchamos de algunos de nuestros colegas diputados, especialmente de las bancadas de oposición, hablar del gasto del Estado en educación, se confirma mi convicción de que tenemos una visión totalmente distinta acerca del desarrollo. Sé que no los vamos a hacer cambiar de opinión, porque nuestras posiciones se sustentan en ideologías distintas. Ellos privilegian una sociedad individualista, una economía de consumo y la política del chorreo, que es lo que nosotros no queremos. Sin embargo, es lo que hemos visto hasta este momento. Oponerse a una inversión en gratuidad de 1.100 millones de dólares y a avanzar hacia otros deciles mediante una inversión mayor, considerando que el séptimo decil tiene un per cápita de 254.840 pesos, es no mirar la oportunidad que estamos dando para que los hijos de las familias que no tienen acceso a la educación superior puedan obtenerlo. Es decir, significa no tener un compromiso real con la clase media.
Si miramos la educación como un bien de consumo, es porque vemos a los ciudadanos como consumidores. En realidad, deberíamos hablar de un derecho social universal que debe estar garantizado por el Estado, ya que se trata de los derechos de los jóvenes y los de sus familias a desarrollarse libremente, a transformar su vida y tener mejores oportunidades de vida. ¡Eso es lo que buscamos! Porque en un país donde la salud cuesta cara, donde la educación se paga a un alto costo, tener un título universitario o técnico-profesional se ha transformado en una especie de premio gordo del Loto, en la oportunidad para salir de la pobreza y pasar a la clase media.
Educarse en Chile hace la diferencia entre un futuro con oportunidades y una sentencia de limitaciones y pobreza.
Cuando se habla de gastar en el Sename o en educación superior, es claro que hay una visión miope, corta de vista a lo menos. No se puede dejar de lado lo que sucede en el Sename, pero tampoco se debe usarlo como caballito de batalla para defender una ideología.
Invertir en educación no es un gasto, sino sembrar e invertir en los jóvenes de Chile, en su futuro y en sus familias, en una sociedad más justa y con más oportunidades.
Invertir en educación es garantizar que un papá o una mamá no tendrán que elegir cuál de sus dos o tres hijos podrá estudiar una carrera en la universidad o en un instituto profesional y cuáles se deberán quedar en la casa para ingresar al mundo laboral o para esperar una oportunidad distinta.
Invertir en educación desde la primera infancia, como lo ha llevado a cabo nuestro gobierno de Michelle Bachelet, con la creación de setenta mil nuevos cupos en educación parvularia, ochocientos nuevos jardines y cuatro mil salas cuna, es evitar que más niños y niñas vayan al Sename por falta de oportunidades.
Invertir en educación es atacar en parte el origen de la desigualdad y la falta de oportunidades en el país. Por eso, nuestro gobierno, que entiende la educación como un derecho y no como un bien de consumo, como muchos la han considerado, se empeña en aprobar este proyecto, en romper con la visión economicista que heredamos de los “Chicago boys” y en destinar el máximo de inversión para que los beneficios lleguen cada año a un mayor número de jóvenes y familias chilenos. Al respecto, ¿qué duda cabe de que estudiar una carrera y obtener un título profesional tiene un efecto multiplicador positivo que impacta en el núcleo de las familias, en la sociedad en su conjunto y en el desarrollo del país? La cultura es parte de la educación y del futuro de Chile.
Cuando se habla de defender la vida, como muchos dicen y anuncian todos los días, debemos mirar cómo la gratuidad impacta en la demografía. Las familias de clase media que recién inician su camino piensan diez veces antes de tener varios hijos, lo que se debe al costo de los estudios. Se preguntan: ¿Si tengo más de dos hijos, qué hago para poder educarlos?
¿Qué hago si tengo una familia como quiero, amplia, grande, si no los voy a poder educar? En consecuencia, cuando hablamos de gratuidad, también hablamos de vida, de desarrollo y de un conjunto de oportunidades para esas familias que están mirando cómo crecer a futuro.
¿A cuántos hijos o hijas podremos educar? Esa es una pregunta que constantemente escuchamos en nuestros distritos, es una interrogante que está abierta y que agobia a muchos padres y madres, la que el gobierno intenta despejar, asegurándoles que sus hijos podrán estudiar porque es un derecho, y es un deber del Estado entregar educación gratuita y permitir que los padres elijan dónde matricular a sus hijos. Esa es la visión que debemos tener, en lugar de una mirada miope y corta, como dije.
Sé que no vamos a cambiar a quienes piensan distinto, pero queremos un Chile más justo, con más oportunidades, donde la educación esté garantizada por el Estado; queremos que los padres puedan educar y tengan la posibilidad de escoger dónde educar a sus hijos, y que el dinero deje de ser un factor gravitante en la vida de los chilenos y de las chilenas de esfuerzo. Queremos un Chile donde las oportunidades estén abiertas desde la cuna para todos y todas, para que deje de haber algunos chilenos de primera categoría y otros de segunda categoría.
Por último, quiero que volvamos a ser ciudadanos y que dejemos de ser consumidores. Queremos que la educación deje de ser un bien que se transa en el mercado, que pase a ser un derecho social universal y que sea una herramienta clave para el futuro de nuestro país. Eso solo sucederá en la medida en que seamos capaces de crear las condiciones para que todos los chilenos, desde Arica a Punta Arenas, puedan acceder a una educación de calidad, gratuita e igualitaria.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra de Educación, quien nos acompaña.
Señor Presidente, nadie puede abstraerse de la urgencia y de la necesidad de mejorar nuestro sistema educacional.
Durante muchos años fui alcalde y conocí el proceso de gestión desde los ámbitos más básicos. Hace muchos años tuve que implementar los famosos jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF), ante la ausencia de programas desde el nivel central. Muchos municipios asumimos la tarea de mejorar las coberturas de la educación preescolar, lo que me llevó a construir uno de los primeros cinco jardines infantiles VTF en Chile, Mi Baker, en la comuna de Cochrane, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Cuando me trasladé a la comuna de Coyhaique, tuve que implementar la gestión de tres grandes jardines infantiles, algunos financiados con recursos exclusivamente municipales, porque está demostrado por todos los estudios que el mejoramiento de la cobertura de la educación preescolar desde la más temprana edad permite nivelar y mejorar el acceso futuro a mejores condiciones de vida.
En los últimos años hemos visto que una gestión inadecuada de la enseñanza básica y media municipal -a lo mejor se trata de la gestión del diseño del modelo de administración de la educación municipal ha disminuido de manera sistemática la cobertura de dicha enseñanza. Se trata de una situación que afortunadamente se ha ido revirtiendo en el último tiempo, pero con enormes déficits en la calidad de la educación, la que desgraciadamente no se obtiene por la simple dictación de un decreto o de una ley, sino que se requiere una transformación profunda para lograrla, que parte desde nuestra capacidad para construir igualdad de oportunidades para familias privadas de las necesidades más básicas, que tienen a sus hijos alimentados en forma precaria y que tienen una mala de calidad de vida.
Esa carga social y psicológica llega a los establecimientos educacionales, donde se produce una gran diferenciación, ya que algunos acceden a altos niveles de formación y de calidad de educación, mientras que los niños más vulnerables deben ser atendidos por el sistema de educación municipal, que entrega una calidad de educación que no les permite mejorar sus condiciones de vida.
Fui un universitario que se formó en la época en que el sistema apenas ofrecía entre
38.0 y 40.000 cupos a nivel nacional.
En la Sala se ha recordado con añoranza e incluso con dolor la educación de esos años, la que desafortunadamente solo servía y atendía a los más privilegiados de nuestro país, que no eran precisamente los jóvenes que nacían y se desarrollaban en el sistema educacional municipal, fiscal o público en esa época.
Varios diputados de nuestra bancada, especialistas en el área de educación, como Jaime Bellolio , han manifestado que a pesar de todos los defectos del sistema, los cuales, por cierto, habrá que corregir, contamos con más de 1.200.000 alumnos en educación superior, sea en institutos profesionales, centros de formación técnica o universidades de diferente carácter.
¡Qué distinto hubiese sido si en aquel entonces se hubiesen implementado medidas para aliviar las dificultades que implicaba para las familias y para los jóvenes cursar la educación superior! Imaginemos lo que significa para quienes vivimos en regiones extremas enviar a nuestros hijos a estudiar a otras ciudades, de otras regiones. Al costo de la carrera hay que sumar los traslados, la alimentación y el alojamiento. Pareciera ser que nadie se hace cargo de eso.
A pesar de todas esas dificultades, más de 1.200.000 alumnos estudian en la educación superior.
No queremos que la escasez de recursos impida la formación profesional de miles de jóvenes. Por eso, el Estado tiene la obligación de apoyar a todos quienes, teniendo los méritos y las condiciones para estudiar, pero que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, deseen ingresar a la educación superior.
Reitero: es una obligación del Estado, pero Chile es un país con muchas carencias.
La diputada Denise Pascal hizo referencia al Sename. Nosotros no nos quedamos en esa pequeñez, pero en materia económica Chile tiene situaciones dramáticas. Al respecto, mi amigo y colega Arturo Squella me señaló que hoy en la prensa aparece una declaración de un miembro de la Nueva Mayoría en la que señala que si el país no crece a más del 2 por ciento en los próximos años se producirá una situación de ingobernabilidad. No lo decimos nosotros, lo dice un integrante de la Nueva Mayoría: ¡Si Chile no crece al 2 por ciento en los próximos años habrá un problema de gobernabilidad!
El actual gobierno tiene al país creciendo a tasas menores al 1,3 por ciento, por lo que el compromiso asumido por la Presidenta de la República en su programa de gobierno -como bien dijo el diputado Jaime Bellolio en el sentido de lograr la gratuidad universal en los próximos seis años no se va a cumplir. Esa promesa de campaña solo se podrá hacer efectiva en 2076.
Muchos creyeron en esa promesa. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que el Estado debe apoyar con todos los medios necesarios a los jóvenes que tengan los méritos y las condiciones para estudiar, y cuyas familias no cuenten con los recursos económicos.
No obstante, considerando los escasos recursos que tiene el país, no me parece lógico que a través de esta ley en proyecto, que ha sido cuestionada por todos los organismos universitarios, el Estado financie la educación de personas que cuentan con los recursos necesarios para solventar una carrera de educación superior. No podemos desperdiciar recursos que necesitamos para aliviar demandas sociales en materias como calidad de la educación, atención de salud, viviendas y pensiones dignas. La comunidad reclama legítimamente mejorar esos aspectos.
Ya llegará el día en que el desarrollo de nuestro país permita resolver todos los problemas y proveer bienestar social a todos los ciudadanos.
Hoy, el país está lejos de poder cumplir esa meta, por lo cual debemos priorizar los recursos. Las necesidades sociales son muchas. Por eso, no es justo que una familia que puede financiar la educación de sus hijos, lo haga a costa de todos los chilenos solo por cumplir una promesa que, por lo demás, no será posible materializar como planteó el gobierno.
He dicho.
El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-
Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.
La discusión de este proyecto continuará en la próxima sesión, oportunidad en que procederemos a su votación.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, durante la primera década del siglo XXI, Chile se ha envuelto en una seguidilla de movilizaciones sociales. Los dos máximos hitos han sido la llamada “revolución pingüina” del año 2006 y las movilizaciones de los estudiantes de educación superior del año 2011. En ambas, los actores de la educación interpelaron a las autoridades y a nuestras instituciones haciendo ver la intromisión excesiva del mercado en el sistema educativo, y promovieron su erradicación a objeto de transitar hacia una lógica de derecho social a la educación.
El modelo instaurado durante la dictadura militar innovó totalmente en la estructura de funcionamiento del sistema educativo en Chile. Este experimento, promovido por los arquitectos del modelo económico neoliberal, llevó a un proceso de privatización, fijando como eje regulador el mercado.
En ese sentido, quiero recordar que antes de este proceso las cosas eran muy distintas. Fue el Presidente Frei Montalva el que, una vez asumido su gobierno, emprende una de las reformas más ambiciosas que el país haya conocido. Me refiero a su reforma educacional, cuyo objetivo fundamental -fíjense lo contingente fue crear la posibilidad de que todos pudieran acceder a la educación y permanecer en ella, independientemente del nivel socioeconómico que tuvieran.
Para alcanzar estas metas se construyeron 3.000 nuevas escuelas a lo largo de todo el país, se amplió la enseñanza básica a ocho años, se duplicó la matrícula en enseñanza básica y se triplicó en la científico-humanista. Uno de sus logros fue la fuerte reducción del analfabetismo.
En la educación superior, entre 1967 y 1973 los estudiantes universitarios llevaron adelante una reforma transformadora que logró profundos cambios en la cultura académica (cátedras paralelas, libertad de cátedra, asistencia libre y programas interdisciplinarios). En algunos casos llevó al cogobierno (a partir de 1967) y, casi en todos los demás, a algunas instancias de representación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones o generación de autoridades. Las reformas se podrían resumir en el principio de democratización, aplicado a la enseñanza, al acceso popular a la cultura y al funcionamiento de la propia institución universitaria. Este principio se enlazaba con el compromiso hacia los problemas sociales del país, representados principalmente por la desigualdad social, las necesidades de los grupos más desfavorecidos de la población y los desafíos del desarrollo. El periodo de reforma fue clausurado abruptamente por el golpe militar de 1973.
Recordemos que en ese contexto de reforma educacional, en 1968 se funda el Duoc UC por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile en un contexto de reforma universitaria bajo el nombre de Departamento Universitario Obrero
Campesino, con el fin de dar educación gratuita a los estudiantes de más baja extracción social (hijos de obreros y campesinos en particular) que no accedían a la universidad. Esta práctica ya estaba siendo realizada por la Universidad de Chile y sobre todo por la Universidad Técnica del Estado, que, inmersas en plena época de reforma universitaria, abrían las aulas universitarias a trabajadores y a estudiantes de escasos recursos, quienes podían estudiar carreras técnicas en las universidades a pesar de sus falencias económicas.
Estas y otras manifestaciones fueron interrumpidas abruptamente por la dictadura militar, repercutiendo con posterioridad en procesos de autonomías, crecimientos desregulados, locaciones o sedes con nula pertinencia y comunicabilidad a las regiones en que se sitúan, y privatizaciones en que el protagonista comenzó y sigue siendo el mercado.
Tras el retorno a la democracia, los actores políticos realizaron una serie de reformas, fijando el eje en la calidad, pero ninguna dirigida hacia el cambio del paradigma. Se introdujeron medidas que profundizaron el modelo, tal como el “financiamiento compartido”, el que se traduce en el corolario del paradigma neoliberal, que implica que los derechos sociales sean entendidos como derechos a un mínimo y que la acción del Estado deba estar siempre sujeta al principio de focalización.
La crisis del sistema de educación superior tiene diversos antecedentes. Los más completos son las conclusiones de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados (comisión del lucro 1 y comisión del lucro 2), que dejaron en evidencia un sistema desregulado.
A esto se suman las múltiples investigaciones del Ministerio de Educación, del Ministerio Público; el cierre de la Universidad del Mar y de la Universidad Arcis, las formalizaciones por el caso de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el endeudamiento de los estudiantes con la banca (37 por ciento de los estudiantes con CAE están con problemas de deuda y 70 por ciento de los estudiantes que abandonaron sus estudios, mantienen deuda con el Estado) y las múltiples formas de lucro que utilizan las instituciones de educación superior para retirar recursos, precarizando el servicio educativo, entre algunos de los actuales problemas estructurales del sistema.
La discusión sobre educación superior está marcada por posturas ideológicas. En este orden, durante este gobierno ya hubo una primera disputa en el Tribunal Constitucional.
Tras la aprobación de la ley del administrador provisional (ley N° 20.800), parlamentarios de oposición solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos al Tribunal Constitucional. En particular, alegaron vulneración al derecho de propiedad, a la autonomía de los cuerpos intermedios y a la libertad de enseñanza.
El tribunal afirmó que no es procedente invocar la vulneración a la libertad de enseñanza en tanto que esta no es un fin en sí misma, sino que “está concebida para dar cauce al Derecho a la Educación”.
Por consiguiente, el Tribunal Constitucional resolvió rechazar el requerimiento. Segundo Gobierno de Michelle Bachelet: el cambio de paradigma.
Este gobierno, con paso decidido, ha ido avanzando en el cambio de paradigma en educación. Así, durante los cien primeros días de gobierno se puso en marcha el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), que permite que los estudiantes meritorios de los colegios más vulnerables puedan contar con un cupo asegurado en una institución de educación superior. En el año 2015, en virtud de la ley N° 20.842, se crearon dos universidades estatales nuevas, a saber: la Universidad de O'Higgins, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y la Universidad de Aysén en la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, que ya han iniciado sus actividades. Además, en marzo de año 2016 se promulgó la ley Nº 20.910, que Crea Quince Centros de Formación Técnica Estatales, como parte de la estrategia de cobertura territorial de educación pública en todos los niveles.
Además, por medio de la Ley de Presupuesto de la nación, se incorporó la gratuidad en la educación superior de pregrado, en lo que se ha beneficiado a más de 130.000 estudiantes vulnerables. En ese contexto, el 5 de julio del año pasado se presentó el proyecto de ley de reforma a la educación superior.
Hablemos del proyecto.
Este proyecto de ley se hace cargo de los grandes temas del sistema de educación superior: institucionalidad; acceso, diversidad, aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública; financiamiento y fortalecimiento del sistema estatal y de educación técnicoprofesional.
Tiene como objeto la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico-profesional y la gratuidad en la educación superior.
En concreto, sus lineamientos son:
1. Consolidar un sistema de educación superior. En este contexto, se propone establecer una Subsecretaría de Educación Superior, con facultades para definir y desarrollar políticas públicas para el sector, administrar el sistema de acceso a la educación superior, los instrumentos de financiamiento público, participar en la definición de las orientaciones sobre calidad, y coordinar a los demás organismos del Estado que integran el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, entre sus principales funciones.
2. Dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública. Se busca mejorar la coordinación entre los organismos del Estado mediante el fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Se busca, además, crear un Consejo para la Calidad, institución encargada de garantizar la fe pública, definiendo estándares sobre la certificación de la calidad y que se constituya como una institución con alto grado de autonomía en las decisiones respecto de la evaluación de las instituciones, basándose en esos estándares.
Se proponen medidas que apuntan a prevenir, desincentivar y sancionar conductas que van en detrimento de los fines de estas instituciones y que vulneren la fe pública en ellas. Para la fiscalización se propone crear una Superintendencia de Educación Superior.
3. Promover la equidad e inclusión. El financiamiento público necesario para alcanzar el objetivo conlleva un esfuerzo fiscal que solo es posible alcanzar de forma paulatina.
Para lograr mayor equidad e inclusión se debe mejorar el acceso a la educación superior estableciendo objetivos específicos como contar con información clara, transparente y disponible para todos los estudiantes por igual, procesos que den garantías de ser justos respetando las preferencias de los estudiantes, autonomía de las instituciones y especificidad propia de las carreras. Además, el sistema de acceso debe permitir implementar políticas públicas.
4. Fortalecer la educación superior estatal. Proveer un sistema de educación mixto y diverso requiere contar con un conjunto de instituciones estatales fortalecido, que desarrolle sus funciones bajo los principios del servicio público. Fortalecer la educación estatal es un eje central del proyecto; se fija el propósito de constituir un subsistema de principios específicos y obligatorios, constituyendo responsabilidades y definiendo un compromiso permanente de colaboración entre estas instituciones y el Estado. Para lograrlo se espera institucionalizar una red de colaboración.
5. Fortalecer la formación técnico-profesional. El proyecto busca establecer una fuerte vinculación entre instituciones de los ámbitos de educación, trabajo y economía, que constituyen los pilares del desarrollo técnico-profesional. La propuesta para ello es formular una estrategia nacional a través de un consejo asesor que coordine a los sectores público y privado.
Se propone que la evaluación de calidad de la educación técnico-profesional se realice sobre estándares específicos.
Se propone que el sistema de acceso a la educación superior sea común para todo el sistema, pero que se diferencie en los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.
Dicho esto, quiero poner énfasis en un punto. Este proyecto regula el lucro. Con este proyecto de ley efectivamente las universidades serán sin fines de lucro. Con la fiscalización permanente y la tipificación del lucro, el proyecto tiende a hacerse cargo de esta demanda. Sin embargo, quiero ser bien claro en que hay que revisar el artículo 70, que permite realizar contratos entre relacionados, porque francamente puede relativizar los objetivos que se pretenden alcanzar hoy.
Sin perjuicio de lo anterior, votaré a favor este proyecto.
He dicho.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESPECTO DEL SENAME Y DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MENORES CARENTES DE CUIDADO PARENTAL (PREFERENCIA) [N° 950]
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto de resolución se votó sin discusión.
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 950 en los siguientes términos:
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 14 abstenciones.
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa Farías Ponce, Ramón .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Espinosa Monardes, Marcos ; Flores García, Iván ; Hernando Pérez, Marcela ; Núñez Arancibia, Daniel ; Paulsen Kehr, Diego ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Walker Prieto, Matías .
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ORDEN POLÍTICO, FINANCIERO Y LEGISLATIVO EN FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PAÍS (PREFERENCIA) [N° 955]
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto de resolución se votó sin discusión.
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 955 en los siguientes términos:
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votó por la negativa el diputado señor Farías Ponce, Ramón .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .
CREACIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD DE LA INFANCIA VULNERADA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (N° 956) [PREFERENCIA]
-Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto de resolución se votó sin discusión.
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 956 en los siguientes términos:
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 25 abstenciones.
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Farías Ponce, Ramón ; Núñez Arancibia, Daniel ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman , Da-
niel; Fernández Allende, Maya ; Hernando Pérez, Marcela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; León Ramírez, Roberto ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Saldívar Auger, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tuma Zedan, Joaquín ; Vallejo Dowling, Camila .
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
-Se levantó la sesión a las 12.17 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, ÁLVAREZ-SALAMANCA, GAHONA, HERNÁNDEZ, MORALES, NORAMBUENA, TRISOTTI Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y NOGUEIRA, QUE "DISPONE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE LA VIGENCIA DE LA CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD UNA VEZ QUE SU TITULAR CUMPLA 75 AÑOS DE EDAD". (BOLETÍN N° 11324-18)
I. IDEAS GENERALES.
Nuestro país durante las últimas décadas ha experimentado un inusitado envejecimiento de su población, como nunca antes en la historia de Chile. Este hecho, por cierto, ha traído aparejado un sin número de desafíos en diversos ámbitos del quehacer nacional, entre los cuales destacan la salud, el medioambiente, la infraestructura, las pensiones, el trabajo, entre otros importantes rubros de vital importancia para la marcha de nuestra nación.
Que, junto con lo anterior, nuestro país ha participado a nivel internacional, de una gran cantidad de instrumentos tendientes al reconocimiento de nuestros adultos mayores como un segmento de gran relevancia en nuestra sociedad, uno de ellos lo constituye la “Convención Interamericana sobre Protección de los derechos Humanos de las Personas Mayores” adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, durante su XLV Período Ordinario de Sesiones, celebrada en Washington DC, Estados Unidos de América, tratado internacional pronto a ser ley de la República y que rescata principios fundamentales en materia de envejecimiento, fundamentalmente en lo que respecta al buen trato y la adultez mayor activa.
Es así como lo anteriormente dicho se circunscribe en compromisos internacionales y nacionales que nuestro país ha asumido y que sin dudas, deben materializarse. En efecto, si pensamos en el ámbito estrictamente nacional nuestra Constitución Política es clara al respecto. Así, el artículo 1° inciso 4° de nuestra Carta Fundamental entrega al Estado el deber de servir a su población al prescribir que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”, disposición que constituye la piedra angular de un conjunto de políticas públicas destinadas a entregarle a todos y cada uno de los ciudadanos las condiciones jurídicas e institucionales para la satisfacción de sus necesidades fundamentales.
II. CONSIDERANDO.
1. Que, tomando pie de la indicada convención internacional, se hace necesario profundizar e intensificar las políticas públicas, destinadas a la promoción de los derechos de los adultos mayores en el contexto social, promoviendo medidas tendientes a reconocer su aporte al país en los más variados aspectos.
2. Que, los indicados conceptos de buen trato y otros principios protectores de los adultos mayores induce a los legisladores a establecer medidas legislativas que vayan precisamente en las orientaciones que tales preceptos consagran. En este sentido la necesidad de establecer criterios destinados a mayores niveles de bienestar y expedición en sus trámites fundamentales resultan indispensables en el mundo de hoy y que atañen a nuestros mayores.
3. Que, de conformidad a lo previsto en la normativa reglamentaria del Decreto 773 de 1998 del Ministerio de Justicia, la vigencia de la cédula de identidad en nuestro país oscila entre los 5 a 10 años. Este plazo varía según la edad, incrementándose en la medida que aumenta la edad de la persona.
4. Que, las personas mayores de 70 años tienen dificultades a veces para desplazarse dada sus condiciones físicas, por lo que muchas veces no renuevan su Cédula Nacional de Identidad con todas las molestias que ello implica. A lo anterior, el costo económico del trámite que significa renovar la Cédula Nacional de Identidad para muchos de ellos no sólo por su valor en sí, sino que también por los bajos ingresos que perciben y junto con ello las dificultades de orden físico que implica asistir a ejecutar estos trámites en oficinas del registro Civil, en donde existe habitualmente una alta concurrencia de personas.
5. Que, es por ello y con el objeto de simplificar los trámites, evitar costos extras para el Estado y mantener la preocupación de todos por el bienestar del Adulto Mayor, se justifica que a los adultos se les extienda por ley la vigencia de la cédula de identidad.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto de ley, que en esta oportunidad sometemos a tramitación introduce en nuestra legislación una prórroga automática en la vigencia de la cédula de identidad de los adultos mayores, estos es aquellas personas que han superado los 75 años.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: “La Cédula Nacional de Identidad correspondiente a una persona que tenga 75 años cumplidos, se mantendrá vigente aunque hayan transcurrido el plazo reglamentario desde su otorgamiento, renovándose automáticamente por el sólo cumplimiento de la edad señalada.”
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MELO, ANDRADE,POBLETE, ROCAFULL, SALDÍVAR Y SOTO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA FERNÁNDEZ, QUE "MODIFICA LA LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES, EN MATERIA DEL MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN QUE SE EXIGE A LOS CANDIDATOS A DETERMINADOS CARGOS DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN POPULAR, PARA IMPEDIR INVERSIONES EN LOS DENOMINADOS PARAÍSOS FISCALES". (BOLETÍN N° 11325-07)
1. Fundamentos.- El principio de probidad impone el deber de los funcionarios del Estado de actuar de conformidad a los intereses públicos y fines a los cuales debe servir, pues, según la propia definición legal, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Como explica la doctrina el principio de probidad se refiere a la “rectitud, honradez o abnegación en el desempeño de las funciones públicas” [1], luego agrega “por consiguiente la norma se extiende más allá de la administración pública, abarcando a todos quienes por algún concepto o motivo jurídicamente regulado, se hallen investidos de la capacidad de imputar al estado la actuación u omisión en que intervinieron” [2], en otras palabras la norma constitucional exige el mas estricto y severo cumplimiento del principio por parte del funcionario, pues “sirve al interprete en su misión de declarar el verdadero sentido y alcance de la preceptiva subordinada” [3]. Es un hecho conocido que la probidad administrativa constituye desde hace muchísimos años, uno de los principios básicos sobre los cuales ha sido construida la función pública en el Derecho Administrativo Chileno [4]. Todos estos principios han sido recogidos recientemente en la ley núm. 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Precedente de este cambio legislativo, son las importantes modificaciones en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, al incorporar el principio de probidad, así como también, sucesivas reformas al Código Penal desde 1999 incluso en trámite a la fecha (cohecho, soborno, tráfico de influencias, corrupción de particulares, administración fraudulenta, etc.). Por otro lado, se han efectuado una serie de reformas a mecanismos administrativos de carácter preventivo.
En nuestro sistema, se regula el denominado principio de abstención, que como señala la doctrina, consiste en “una regla que materializa un medio para lograr la imparcialidad, y que dice relación con el deber de los funcionarios y autoridades de la Administración de abstenerse de invertir en el procedimiento en la medida que se dé en ellos alguna de las circunstancias que se señalan en el artículo 12 LBPA. De todas formas, siempre que se abstengan de conocer un asunto, deberán comunicar dicha situación al superior inmediato quien resolverá lo procedente” [5]. Conforme a la regla, las situaciones enumeradas en la Ley que dan lugar a abstención son: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir en la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato; c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente; d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
Las reglas de la ley, según los tratadistas, “están destinadas a evitar la colisión o conflictos de intereses, las cuales cumplen tres funciones: Garantizar al ciudadano que en la decisión que le afecta no intervendrá ni será adoptada por un funcionario implicado; Cuidar a la Administración Pública de colisiones de intereses que puedan afectar a ella misma en la consecución de sus propias finalidades públicas y; Precaver por parte del propio funcionario que adopta la decisión de tales conflictos, que en definitiva pueden acarrear su propia responsabilidad. Ahora bien, como estas circunstancias señaladas anteriormente dicen relación con la imparcialidad del funcionario en cuestión más que con la legitimidad misma del acto, la ley establece que la actuación de autoridades y los funcionarios de la Administración en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en el que hayan intervenido” [6]. Es en este contexto, que resulta necesario eliminar todas aquellas circunstancias que puedan significar algún tipo de reproche desde el punto de vista de la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de la función pública como corolario del respeto del principio de probidad, y de otra naturaleza pero vinculados a la actividad pública. Es por eso que resulta necesario colmar todas aquellas lagunas normativas que puedan significar algún tipo de reproche desde el punto de vista de los conflictos de interés mediante normas que expresamente obliguen a inhabilitar a la autoridad o funcionario.
En este sentido un aspecto relevante vinculado al principio de probidad y los conflictos de interés en relación a intereses financieros, sean directos o indirectos, en que el afectado se encuentre vinculado directamente o a través del circulo de personas relacionadas, lo que en términos de la ley núm. 20.880 en principio puede ser subsumido en las hipótesis de fideicomismo. El punto es que nada se dice en materia de intereses financieros en el extranjero, y más específicamente en los denominados paraísos fiscales, es decir, cuando la sociedad o fondo de inversiones tiene domicilio en estos territorios.
En efecto, no sin razón, recientemente se ha sostenido que pese a diversas iniciativas en la materia “los paraísos fiscales nunca gozaron de mejor salud que en la actualidad” [7]. La OCDE clasifica como legislaciones deficientes a 38 jurisdicciones, más no los define como paraísos fiscales [8], ya que han existido acuerdos que permiten cierto intercambio de información financiera que impide que las jurisdicciones sean clasificadas de tal manera. Por otra parte “En junio de 2015 la Unión Europea ha elaborado una lista de 30 países considerados no cooperativos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, en base a que aparecieran en una lista en más de 10 países de la Unión Europea con la calificación de paraísos fiscales” [9]. Para Gutiérrez de Pablo [10] no existe una definición exacta de paraíso fiscal, en razón de ser un fenómeno dinámico que depende de estándar con el que sea medido; Sin embargo se puede hacer una aproximación al definir en primera instancia básica como “jurisdicción en la que o bien no se pagan impuestos o se pagan muy pocos impuestos”. Inicialmente los paraísos fiscales era lugares de puerto donde se amasaban fortunas en la búsqueda de eludir el control tributario de los países de origen, pero estas jurisdicciones se han transformado en “compromisos activos en la circulación de los flujos financieros del tráfico internacional, configurándose como centros de actividad económica fundamentalmente financiera y reconvirtiéndose en centros “offshore”” [11]. Finalmente podemos establecer, en un acercamiento que los paraísos fiscales son: “jurisdicciones, que aplican este tipo de políticas tributarias, con la intención de atraer inversiones extranjeras para fortalecer su economía. La mayor parte son pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales y encuentran en esta actividad, normalmente financiera, una nueva industria alternativa” [12].
Estas materias no son ajenas a la órbita comparada, así, la legislación española [13] a través de Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, reconoce como paraísos fiscales, a una serie de países o jurisdicciones que no cuentan con tratados o convenios de intercambio de información satisfactoria para España, es decir, aquellos países o jurisdicciones con los que no se tiene un trato de intercambio de información que permita un control fiscal se considera un paraíso fiscal. El Real Decreto citado en una primera instancia consideraba un listado inicial es de 48 jurisdicciones; actualmente se han suprimido de aquella lista inicial un numero de 15 jurisdicciones, donde se ha hecho expresa la voluntad de suprimirlos de la lista en razón de la celebración de convenios en materia tributaria. A 2017 la legislación española solo considera solo 33 jurisdicciones como paraísos tributarios, entre las que se indican a Andorra; Anguila; Antigua y Barbuda; Curazao; Aruba; Bahamas; Baréin; Belice; Bermudas; Chipre; Dominica; Gibraltar; Granada; Guernsey; Islas Cook; Isla de Man; Islas Caimán; Islas Marshall; Islas Turcas y Caicos; Islas Vírgenes Británicas; Islas Vírgenes de los Estados Unidos; Jersey; Liberia; Liechtenstein; Maldivas; Malta; Mauricio; Mónaco; Montserrat; Samoa; San Cristóbal y Nieves; San Marino; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Seychelles; Vanuatu.
2. Ideas matrices. El presente proyecto tiene por objeto incorporar en nuestro sistema jurídico, hipótesis expresas de conflictos de intereses calificados, referidos a intereses financieros, sean directos o indirectos, en que el afectado se encuentre vinculado directamente o a través del circulo de personas relacionadas que establece la propuesta legislativa.
En definitiva, se trata de un catálogo expreso de prohibiciones de ciertas operaciones en las cuales el funcionario debe desprenderse, con la finalidad de participar en la vida pública. Es por eso, que se consagra una regla expresa que busca impedir que ciertas autoridades con intereses mediante personas jurídicas o personas relacionadas tenga intereses en los denominados paraísos fiscales según el catálogo de países y territorios que se indican. De esta manera, se propone configurar hipótesis concretas en la que el funcionario se encuentra inhabilitado para inscribir sus candidaturas por el sólo ministerio de la ley, y que pueden significar una grave afectación del principio de probidad en su dimensión de conflictos de intereses en el ejercicio de las más altas magistraturas de nuestro sistema político e institucional
Es sobre la base de estos antecedentes y fundamentos que venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley
Art. Único.- Incorpórese las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses:
1) Para agregar el siguiente incisos terceros, cuarto y quinto nuevos en el artículo 23º:
“No podrán inscribir la candidatura a que se refiere el inciso precedente el que tenga intereses en personas jurídicas domiciliadas en países o territorios que se consideren paraísos fiscales.
La misma regla se aplicará a las personas jurídicas extranjero en que participen en calidad de socio, administrador o accionista la cónyuge o conviviente civil, hijos, adoptados o parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.”
Para los efectos de esta disposición se consideran paraísos fiscales los siguiente países y territorios: Andorra; Anguila; Antigua y Barbuda; Curazao; Aruba; Bahamas; Baréin; Belice; Bermudas; Chipre; Dominica; Gibraltar; Granada; Guernsey; Islas Cook; Isla de Man; Islas Caimán; Islas Marshall; Islas Turcas y Caicos; Islas Vírgenes Británicas; Islas Vírgenes de los Estados Unidos; Jersey; Liberia; Liechtenstein; Maldivas; Malta; Mauricio; Mónaco; Montserrat; Samoa; San Cristóbal y Nieves; San Marino; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Seychelles; Vanuatu.
2) Para sustituir en el inciso segundo del art. 23 la frase “podrán de forma voluntaria” por la expresión “deberán”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AUTH Y JIMÉNEZ, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI, PROVOSTE Y SEPÚLVEDA, QUE "MODIFICA LA LEY Nº 19.070 QUE APROBÓ EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, Y DE LAS LEYES QUE LA COMPLEMENTAN Y MODIFICAN, PARA PERFECCIONAR LA REGULACIÓN LABORAL APLICABLE A DICHOS PROFESIONALES". (BOLETÍN N° 11326-13)
“Una mirada a las condiciones actuales del ejercicio docente, que establece la actual legislación chilena, en términos de estabilidad laboral, salario, jornada de trabajo, cargas laborales, vacaciones, entre otros aspectos, nos permiten concluir que existen algunas regulaciones legales que pueden ser calificadas como atentatorias a la dignidad de los profesionales de la educación.
El tema de la dignificación de la labor docente ha adquirido cada vez mayor importancia, a nivel internacional, como un factor decisivo en la construcción de sistemas educativos de calidad. En este sentido, el documento denominado “Recomendación conjunta de la OIT y Unesco relativa a la situación del personal docente”, firmado en París, en 1966, constituye un hito sobre la materia, al efectuar una serie de directrices sobre contratación, formación profesional, estabilidad laboral, sueldos, seguridad social y condiciones necesarias para la enseñanza y el aprendizaje.
Según la OCDE, en lo que dice relación con la profesión docente, se debe asegurar que los mejores postulantes ingresen y permanezcan en la profesión, apoyar a los profesores para que se desarrollen y crezcan como profesionales y mejorar las condiciones para la enseñanza en todos los establecimientos educacionales.
Consciente de que la calidad del sistema educacional es la base del desarrollo futuro de Chile, el gobierno de S.E. la Presidenta de la República Michelle Bachelet, ha iniciado un proceso de profundas reformas al modelo educacional. En dicho proceso, claramente, el fortalecimiento de la profesión docente juega un elemento central. Sin embargo, todavía persisten ciertas disposiciones del Estatuto Docente que la reforma no ha tocado todavía.
En este sentido, la presente moción recoge una serie de reclamaciones que ha hecho el Colegio de Profesores de Chile, que en su conjunto, se estiman como atentatorias a la dignidad de los profesionales de la educación, a saber:
1) TITULARIDAD DE LAS HORAS DE EXTENSIÓN DE PROFESORES DEPENDIENTES DE DAEM O CORPORACIONES MUNICIPALES.
Los profesionales de la educación, por muchos años han tenido entonces dos contratos, para el mismo empleador, lo que se generó a partir del aumento de las horas de clases de los respectivos planes de estudios, como una necesidad para poder implementar la Jornada Escolar Completa Diurna, en virtud de la Ley N° 19.532, del 13 de noviembre de 1997, modificada por la Ley N° 19.979, del 6 de noviembre de 2004
En consecuencia, desde esa fecha ha sido una práctica sistemática y reiterada de los sostenedores municipales respectivos, formalizar dichas horas (8 hasta 14 horas), como horas de contrata o también denominadas de “extensión horaria” que se adicionan a sus horas titulares (30 horas por regla general), pasando de esta manera los docentes a tener la calidad de titulares y contrata para el mismo empleador.
Otro punto complejo en este panorama es que el empleador, dispone de las “horas de extensión” unilateralmente, pese a que la ampliación horaria, a nuestro juicio, es un derecho adquirido que debe ser incorporado a su contrato de trabajo.
En este sentido, cabe distinguir:
- Son titulares: los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.
- Son contratados: aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.
A fin de poner término a esta situación de injusticia, se propone agregar un inciso segundo al artículo 36 de la Ley N° 19.070, en el sentido de establecer que las horas cronológicas adicionales que los profesionales de la educación contratados en calidad de titulares tienen en virtud de la Jornada Escolar Completa establecida por la Ley N° 19.532, forman parte de su contrato de trabajo, para todos los efectos legales.
Conforme a lo anterior, el inciso segundo del artículo 36 la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone, tendría la siguiente redacción: “Cualquier hora adicional contratada a estos profesionales será considerada como parte de su titularidad”.
2) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 19.070, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE LAS ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EN EL PERIODO DE VACACIONES DE LOS DOCENTES.
Conforme al artículo 41 de la Ley N° 19.070, para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales será el período de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda.
Dicha norma señala además que durante dicha interrupción podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un período de tres semanas consecutivas.
Esta facultad es ejercida, en ocasiones, en forma arbitraria por algunos empleadores, quienes citan para actividades de perfeccionamiento en forma fraccionada, para planificar todo el año escolar siguiente, u otras actividades incompatibles con su función profesional.
A fin de poner término a esta situación de injusticia, se propone modificar el artículo 41 de la Ley N° 19.070, en el sentido de establecer que los docentes podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del CPEIP, durante las 3 primeras semanas del mes de enero.
Conforme a lo anterior, el Artículo 41 de la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone modificar, tendría la siguiente nueva redacción: “Para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales será el período de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha interrupción sólo podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento, inscritas en el Registro Nacional del CPEIP, durante las 3 primeras semanas del mes de enero.”
3).- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY 19.070, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DE LOS DOCENTES.
El artículo 41 Bis de la Ley N° 19.070 señala que los profesionales de la educación con contrato vigente al mes de diciembre, tienen derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el periodo que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal.
Este derecho se ejerce, en la medida que el contrato del docente tenga vigencia al mes de diciembre, sin especificar una fecha más específica.
En la práctica, algunos sostenedores, contratan a sus docentes hasta el primero de diciembre y no les pagan los meses de enero y febrero, aduciendo que el derecho exige la contratación por el mes de diciembre completo.
Sobre el particular, los docentes, dependiendo de si están contratados directamente por DAEM, DEM o por una Corporación Municipal, han obtenido respuestas distintas de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría General de la República.
El organismo laboral ha entendido que basta que el docente esté contratado un día siquiera del mes de diciembre para que se haga acreedor del beneficio, en tanto que, la Contraloría ha señalado que la contratación debe ser por el mes completo, con lo cual, el Estado está ejerciendo un trato discriminatorio a trabajadores que tienen las funciones.
A fin de poner término a este trato discriminatorio del Estado, se propone modificar el artículo 41 Bis de la Ley N° 19.070, en el sentido de establecer que los contratos de los docentes deberán prorrogarse por los meses de enero y febrero, cualquiera sea la cantidad de días de diciembre por los cuales fueron contratados.
Conforme a lo anterior, el Artículo 41 Bis. de la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone modificar, tendría la siguiente nueva redacción: “Los profesionales de la educación con contrato vigente en al menos un día en el mes de diciembre, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal.”
4) MODIFICACIÓN DEL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 19.070, RELATIVO A LA EXIMICIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE Y EL ACCESO A BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA LEY 20.976 CON RESPECTO A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.
La Ley 20.976, permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario que se regulará por la ley
Nº 20.822. Con todo, se le aplicarán las reglas especiales que fija la misma ley 20.976 y las demás que fije un reglamento.
Conforme a los artículos 70 y 73 del Estatuto Docente, profesionales de diferentes comunas, pueden ejercer el derecho de acogerse al beneficio de Eximición de la Evaluación Docente, por cumplir el requisito de estar a tres o menos años de cumplir edad para jubilarse, presentando la renuncia anticipada e irrevocable a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Docente (ley 19070), el que se hará efectivo el día que cumplan la edad legal para jubilar.
Tal decisión solo les daría derecho a la indemnización por años de servicios (hasta 11 meses) y pierden la posibilidad de acogerse a una ley de incentivo al retiro.
Por razones de déficit económico, algunos sostenedores comunales, en procesos de retiro de leyes anteriores (20.501, 20822), no pudieron cancelar las indemnizaciones en el plazo legal, es decir, el día que el docente cumple la edad legal para jubilar 60 o 65 años.
En el caso de docentes que se acogieron a la eximición de evaluación, y que continuaron en sus funciones profesionales, aquí debemos distinguir:
a) Dependientes de DAEM o DEM: La Contraloría General de la República ha sostenido que la relación laboral se termina por el solo ministerio de la ley, el día que cumplieron la edad legal para jubilar, motivo por el cual, sólo les asiste el derecho a indemnización por años de servicios hasta 11 meses. Pierden la posibilidad de acceder a una ley de incentivo al retiro y al bono post-laboral.
b) Corporación: La Dirección del Trabajo, ha dictaminado que al no enterar el empleador el 100% de las indemnizaciones a que tenía derecho el docente, la relación laboral continua vigente y éstos pueden optar a la ley de incentivo al Retiro Docente vigente y al bono post-laboral.
c) Administración Delegada DL 3166: Se trata de una situación en que los profesores nunca se evaluaron, más la Ley 20.822 les otorga el derecho a acceder al bono de incentivo al retiro sin mayor requisito que tener 11 años en el sistema y 37 horas como tope para recibir $21.500.000.-
De las situaciones descritas anteriormente, queda de manifiesto la discriminación que se produce contra los profesores dependientes de DAEM o DEM.
Promulgada la Ley N° 20.822, sobre bonificación al retiro voluntario, se efectuaron diversas gestiones para que el organismo contralor modificara su criterio e incluyera a los docentes dependientes de DAEM o DEM, que solicitaron la eximición, y no se les cancelaron las indemnizaciones en tiempo y forma, sin resultados positivos.
A fin de poner término a esta situación de injusticia, se propone modificar el inciso final del artículo 70° de la Ley N° 19070, en el sentido de establecer que tienen igualmente derecho al bono por retiro establecido en la Ley 20.976 u otra posterior, los profesionales de la educación que se acojan a la Eximición de la Evaluación Docente, suprimiendo la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar.
Conforme a lo anterior, el inciso final del artículo 70 de la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone modificar, tendría la siguiente nueva redacción: “Podrán eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los incisos anteriores, los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en el artículo 73 y 74 de esta misma ley o a ley de incentivo al retiro vigente.”
En este sentido, deberá derogarse además la letra k) del artículo 72, que establece como causal de término del contrato el acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70.
5) CAUSAL DE TÉRMINO DE CONTRATO POR SALUD INCOMPATIBLE.
De conformidad con lo dispuesto en la letra h) del artículo 72 de la ley 19.070, los profesionales de la educación que formen parte de una dotación docente del sector municipal dejan de pertenecer a ella por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, aplicable al sector municipal. La norma agrega que se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad.
Por su parte, el artículo 148 de la ley 18.883, prescribe que el Alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso el funcionario de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.
Dicha norma, en lo referente a la declaración de salud incompatible, ha dado lugar a situaciones complejas, pues ha sido utilizada discrecionalmente por los alcaldes en muchos casos.
A fin de poner término a esta situación de injusticia, se propone modificar el artículo 72 de la Ley N° 19.070, en el sentido de eliminar de la letra h) toda referencia a la declaración de salud incompatible como causal de término de contrato.
Conforme a lo anterior, la letra h) del artículo 72 de la Ley N° 19.070, cuyo texto se propone modificar, tendría la siguiente nueva redacción: “Por salud irrecuperable en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”
Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES DEL ESTATUTO DOCENTE, CON EL OBJETO DE DIGNIFICAR LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación:
1) Agréguese en el artículo 36, el siguiente inciso segundo: “Cualquier hora adicional contratada a estos profesionales será considerada como parte de su titularidad.”
2) Sustitúyase en el artículo 41, después de la palabra “interrupción,” citada por segunda vez, la oración “podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un período de tres semanas consecutivas.” por la siguiente frase: “sólo podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento, inscritas en el Registro Nacional del CPEIP, durante las 3 primeras semanas de enero.”
3) Sustitúyase en el inciso segundo del artículo 41 Bis, después del apalabra “vigente”, la frase “al mes de diciembre” por la frase: “en al menos un día en el mes de diciembre”.
4) Sustitúyase la actual redacción del inciso final del artículo 70, por la siguiente: “Podrán eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los incisos anteriores, los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en el artículo 73 y 74 de esta misma ley o a ley de incentivo al retiro vigente.”
5) Elimínese en la letra h) del artículo 72 la frase “o incompatible con el desempeño de su función” y la frase “Se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad;”
Elimínese la letra k) del artículo 72”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA, CARVAJAL, CICARDINI, FERNÁNDEZ, HERNANDO Y PASCAL, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO, MELO, TEILLIER Y TORRES, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO PARA INCORPORAR Y REGULAR EL USO MEDICINAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CANNABIS". (BOLETÍN N° 11327-11)
I. ANTECEDENTES
La Cannabis (Sativa) es una planta que desde su descubrimiento ha tenido cientos de utilidades, desde usos alimenticios hasta la utilización del cáñamo que por su resistencia y flexibilidad se utiliza para la fabricación de textiles. A lo largo de la historia se fueron descubriendo además la vastas propiedades curativas y medicinales que presentaba, siendo utilizada para tratar fuertes dolores, insomnios, faltas de apetito o espasmos, los efectos que tuvo fueron siempre positivos por tanto la utilización del cannabis se fue expandiendo. No obstante ello, la aparición de fármacos sintéticos, por una parte, y el desconocimiento del mecanismo de acción de los compuestos presentes en la planta por otra, junto con las presiones políticas que empezaron a limitar su uso, hicieron que se perdiera el interés médico por el cannabis, interés que en la últimas décadas se ha retomado intensamente, una vez que se han empezado a conocer tanto lo compuestos presentes en la planta, como los mecanismos neurobiológicos por los que actúa. Hoy día existen sociedades científicas centradas específicamente en el estudio médico del cannabis y de los cannabinoides, tanto de carácter nacional como internacional, y repartidas por todo el mundo. [1].
Siendo la experiencia internacional más innovadora y avanzada lo que hemos podido apreciar en Holanda. Donde a propósito de la creación de instituciones públicas como lo es la “Oficina de Cannabis Medicinal” (OMC por sus siglas en inglés) dependiente del Ministerio de Salud, la que es creada el año 2000, con el fin de proporcionar a pacientes una fuente segura y confiable de cannabis de alta calidad, para tratar sus enfermedades. En los años posteriores este organismo comenzó a actuar como una Agencia Nacional, que se encargó además de generar y desarrollar investigación sobre los efectos que las flores secas producían en los pacientes que realizaban tratamientos con cannabis, siendo el resultado de la disponibilidad y calidad de datos clínicos, de la literatura científica desarrollada de la mano de este proceso, que la OMC realizó una selección de indicaciones para el tratamiento con cannabis de grado medicinal. Las experiencias más avanzadas se sitúan entonces en países donde el uso del cannabis se encuentra regulado y tiene diferentes mecanismos de seguimiento en torno a su implementación
Es a propósito de este auge en el debate y el consumo que la Organización Mundial de la Salud ha planteado que este año realizará su primera evaluación oficial sobre el valor médico del cannabis, esta evaluación sólo versará sobre dicha planta y sus derivados para fines médicos. Se trata de la primera vez en 82 años – desde la prohibición de la planta a nivel internacional – que la OMS se replantea el valor terapéutico del cannabis.
En nuestro país el debate que se ha desarrollado en las últimos años sobre el consumo de esta sustancia, ha hecho cuestionar la política prohibicionista que aplica nuestra legislación, puesto que se restringía únicamente a una política de control de drogas, estando todas las medidas implementadas por parte de la autoridad en pos del control y posterior sanción a quienes se les encontrase con cannabis en cualquiera de sus formas naturales o derivados. No obstante ello, a propósito del cambio de criterio que ha desarrollado la Corte Suprema, es que pasamos entonces a una segunda etapa que profundiza el debate, estableciendo como prioritario la protección a la salud pública, la cual ha sido entendida por dicha corte como “la salud física y mental de aquel sector de la colectividad que pueda verse afectado por el efecto nocivo de las sustancias prohibidas”, no pudiéndose desconocer que en nuestro país existe un gran número de pacientes que luego de llevar tratamientos farmacológicos tradicionales han optado por la utilización de cannabis a través de sus derivados, lo que les ha permitido sobrellevar distintas enfermedades como por ejemplo quienes padecen epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, cáncer, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico entre otras patologías.
Desde el 2014 el Servicio Agrícola y Ganadero ha dado autorización a Fundación Daya para el cultivo de Cannabis con el objetivo de investigar y producir fitofármacos, haciéndolo también a través de convenios con distintos Municipios permitiéndole a la autoridad comunal dentro de las normas sanitarias y farmacológicas que establece la ley, el abastecimiento de aquellos derivados del cannabis que son muchas veces imprescindibles para dar tratamientos a algunas dolencias, asegurando a aquellos pacientes que no pueden desde un punta de vista económico optar a estos tratamientos naturales.
Es importante el desarrollo de esta temática desde una perspectiva sanitaria y de derechos, puesto que en el caso concreto de los enfermos que pueden ser tratados con cannabis o sus derivados, las prohibiciones impuestas por motivos de control de drogas no puede superponerse a la protección de la salud pública tanto colectiva como individual
II. SÍNTESIS DEL PROYECTO
1. Al convertirse los Municipios en actores relevantes para el cultivo y en consecuencia abastecimiento de cannabis a aquellos miembros de la comunidad que más lo necesitan, que por sus características socioeconómica muchas veces no pueden acceder a estos tratamientos aun cuando han sido prescritos por el profesional tratante. Es importante entonces darle la facultad a las Municipalidades para que dentro de sus funciones sanitarias puedan solicitar al Servicio Agrícola Ganadero la autorización respectiva.
2. Resulta claro que no es posible aplicar la actual política de control de estupefacientes a personas que requieren la utilización del cannabis y sus derivados como tratamiento para diversas enfermedades, las que no sólo han sido diagnosticadas por parte de los facultativos sino que han sido los propios médicos quienes han prescrito el tratamiento en base a dicha sustancia.
3. De seguir aplicando la política prohibicionista en forma estandarizada sin distinción entre quienes por un lado son parte de grandes redes de tráfico y micro tráfico y quienes por otro lado son cultivadores de cannabis para consumo personal o de sus familiares para poder disminuir y tratar las distintas enfermedades que les aquejan, lo que genera es la criminalización de este segundo grupo de personas, dando un trato muchas veces similar al de aquellos que trafican.
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO 1
Incorpórese una letra g al artículo 11 del Código Sanitario:
“g) Solicitar al Servicio Agrícola y Ganadero la autorización a que se refiere el artículo 9 de la Ley N° 20.000, con el fin de poder cultivar productos estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias que generen efectos análogos, que provengan de cualquier especie, subespecie, variedad del género cannabis, y con el único y exclusivo objeto de producir medicamentos debidamente certificados por el organismo de salud correspondiente.”
ARTÍCULO 2°
Incorpórese un nuevo artículo 98 bis al Código Sanitario:
Artículo 98 bis.- Tratándose de los productos estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias que produzcan efectos análogos, que provengan de cualquier especie, subespecie o variedad del género cannabis destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritos por un profesional de la salud habilitado, mediante la correspondiente receta expedida de conformidad a lo dispuesto en el presente Código y reglamentos vigentes.
La receta a que hace referencia el inciso precedente constituirá autorización suficiente para lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 20000 cuando especifique, las dosis necesarias, el tiempo de duración del tratamiento y corresponda a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.
Incorpórese un nuevo artículo 98 bis al Código Sanitario:
Artículo 98 ter.-Los productos farmacéuticos o medicamentos que se obtengan de los cultivos a que hace referencia el artículo 11 letra g) de la presente ley tendrán como únicos objeto su destinación a la atención de un tratamiento médico, el cual deberá ser prescrito por un profesional médico habilitado, mediante la correspondiente receta expedida según lo disponga la presente ley y los reglamentos pertinentes.”.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola, Fernández, Girardi y Vallejo, y de los diputados señores Boric, Castro, Jackson, Letelier, Robles y Torres “Modifica la legislación sobre concesión de obras públicas fiscales para excluir de dicho mecanismo la construcción de infraestructura y la prestación de servicios hospitalarios”. Boletín N°11323-09
1. Antecedentes
El Sistema de Concesiones de Obras Públicas en Chile, se concibió desde la promulgación de la “Ley de Concesiones de Obras Públicas” en 1996 como una “Asociación Público-Privada que permitiría desarrollar importantes planes de conectividad vial y aeroportuaria”, siendo uno de los principales ejes de la política de reconocimiento e incentivo a los privados para la ejecución y explotación de infraestructura y servicios públicos durante los gobiernos de la Concertación.
En virtud del Sistema de Concesiones de Obras Públicas, el Estado encarga a un privado la ejecución, conservación o reparación de una obra pública fiscal a cambio del derecho a explotarla en los términos estipulados en el respectivo contrato de concesión. [1]
El gobierno de Ricardo Lagos, profundizó aún más la política de concesiones para infraestructura y servicios públicos, mediante la incorporación de los programas relacionados con infraestructura hospitalaria y de transporte público, y en particular el inicio del programa de concesiones hospitalarias, a través de los primeros hospitales públicos licitados bajo esta modalidad, esto es, el Proyecto Hospitalario de Maipú y La Florida. [2]
Diversos estudios han dado cuenta de lo que ha significado para las finanzas públicas y la puesta a tiempo de las obras concesionadas, así como los problemas asociados a inestabilidad laboral y subcontratación en el desempeño de funciones conexas con el servicio público de salud.
El sistema de concesiones, entonces, contempla un estatuto jurídico que cautela y garantiza los intereses de las empresas concesionarias por sobre el interés público y los derechos de los trabajadores y usuarios de la salud.
2. Diferencias generales asociadas a la contratación concesionada.
Quienes defienden la concesión de obras públicas como un mecanismo válido para la construcción y explotación de infraestructura hospitalaria, se sustentan en argumentos relativos a la ineficiencia estatal, la disponibilidad de recursos, el abaratamiento de costos y la disminución de los tiempos para la puesta a punto de los servicios. Sin embargo, existen casos que contradicen absolutamente tales argumentaciones.
En el caso del Proyecto Hospitalario de Maipú y La Florida [3] el fisco debe cancelar US$ 426 millones de dólares lo que significa un 27% por sobre el costo de la construcción vía inversión sectorial además de US$173 millones de dólares por conceptos de operación (costo que no existe para la construcción directa con fondos público).
Si se traduce a metros cuadrados, el costo de construcción neto para la concesionaria es de US$ 2.204 por metro cuadrado, lo que por montos emanados desde el Estado a la concesionaria mediante el mecanismo de pago llamado “subsidio fijo a la construcción”, el valor para el fisco es de US$ 3.005 por cada metro cuadrado. Comparándolo con un proyecto realizado mediante licitación pública e inversión sectorial directa del Ministerio de Salud, tenemos que por este mecanismo, los valores alcanzados por metro cuadrado no superan los US$ 2.529 por metro cuadrado, lo que es un significativo 19% menos de valor asociado sólo a la construcción. [4]
3. Comparativa entre modelo de concesiones e inversiones sectoriales. [5]
Según los datos aportados por El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Coordinadora de Concesiones del MOP a la Comisión Investigadora en Infraestructura Hospitalaria de la Cámara de Diputados, respecto a los costos involucrados en los distintos sistemas, se pueden obtener los siguientes resultados:
I. CÁLCULO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN
a) Valores unitarios por metro cuadrado para Hospitales Concesionados.
Se utilizó el cálculo de precio unitario de construcción para los Hospitales de Maipú, La Florida y Antofagasta, y las ofertas económicas de los Hospitales Sótero del Río, Salvador Geriátrico, Félix Bulnes, Marga-Marga y Quillota-Petorca, para estimar los valores unitarios promedio de costos de construcción.
Para su determinación se consideraron los siguientes criterios:
Actualización de los flujos considerando una tasa de descuento de 5,5%.
Se consideran como flujo pago anticipado de IVA, según modelo señalado en las Bases de Licitación.
Valores señalados (Subsidio Fijo a la Construcción) en las Ofertas Económicas de las Licitaciones y/o en los decretos de adjudicación.
Según esto, el costo promedio de construcción para los Hospitales es de 50 UF por metro cuadrado o lo que es lo mismo, $US 2.046.
b) Valores unitarios por metro cuadrado para Hospitales Sectoriales.
En relación al costo unitario de construcción para hospitales Sectoriales, se estimó una metodología de cálculo considerando los siguientes criterios:
Valores de construcción con IVA, determinados en las ofertas económicas y contratos adjudicados.
Valor inicial del contrato de Obras Civiles , para hacerlos comparativos con Modelo Concesiones
Costos de Diseño y Asesoría a la Inspección Técnica, valorizados en promedio en 2,5 UF por metro cuadrado, los que se suman al costo de construcción.
Valores de hospitales de similar envergadura y complejidad.
Flujos Financieros anuales y plazos de construcción, actualizados a una tasa de descuento del 5,5% anual.
Si se consideran los hospitales de Calama, Copiapó, Gustavo Fricke, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Puerto Montt y Exequiel González Cortés, el costo promedio es de 35,35 UF por metro cuadrado, a lo que se le debe sumar el costo por diseño estimado en 1,2 UF por metro cuadrado y el costo de la Asesoría a la Inspección Fiscal, estimada en 1,3 UF por metro cuadrado, por lo que el valor promedio final es de 37,85 UF por metro cuadrado o su equivalente en dólares, US$ 1.549.
Por lo tanto, al comparar los costos promedios de metro cuadrado construido, bajo modelos similares, el valor del metro cuadrado por vía concesionada es un 32% más caro que la construcción por vía de inversión sectorial.
II. COSTOS DE EXPLOTACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE CONCESIONES.
Antes de abordar estos costos es necesario hacer una distinción entre los que se considera como dos modelos distintos de concesión:
El primer modelo correspondía a los hospitales concesionados de Maipú y La Florida y responde a una concesión de Diseño, Construcción y Mantenimiento de Infraestructura y explotación de Unidades no clínicas. Las Unidades clínicas siguen a cargo de los responsables del Servicio de Salud respectivo y de su personal médico y de apoyo. No contempla equipamiento de salud.
El segundo modelo (Antofagasta, Félix Bulnes, Salvador – Geriátrico, Sótero del Río, Marga-Marga y Quillota Petorca) incorpora adicionalmente, como parte de la concesión la adquisición, reposición y mantenimiento del equipo médico y mobiliario clínico y no clínico necesario, aprobado por las autoridades del Ministerio de Salud de la época. El subsidio por la adquisición y reposición del mobiliario clínico y no clínico, se paga en un subsidio independiente de los operacionales.
En la gráfica siguiente se observa como el pago por día cama aumenta en los últimos hospitales incorporados por la administración del Presidente Sebastián Piñera, en relación a los hospitales del primer modelo, sólo considerando Subsidio Fijo a la Operación y Subsidio Variable a la Operación a un 80% de ocupación
La fórmula utilizada para calcular el valor día cama es la siguiente (a un 80% de ocupación)
Valor Día Cama: (SFO + SVO)/ total de camas x 80%
Dónde:
SFO (Subsidio Fijo a la Operación): Monto fijo según hospital
SVO (Subsidio Variable a la Operación): Días cama sobre Índice base x Subsidio por día cama x 365
El modelo de salud pública aplicado en Chile, depende totalmente de la infraestructura, capacidad y calidad técnica de los proyectos hospitalarios, lo que se debe concordar necesariamente con el interés público y la necesidad de avanzar cada vez más hacia una sociedad en la que el derecho a la salud esté garantizado para todos sus miembros. En este marco, el modelo de concesiones de ejecución y explotación de obras públicas no ha dado respuesta a esta necesidad, y por el contrario, sólo ha funcionado en aras de profundizar la entrega de recursos públicos a la empresa privada, sin un correlato de calidad y garantía de derechos. Es por esto que las diputadas y diputados abajo firmantes hemos decidido presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTICULO PRIMERO:
MODIFICA DECRETO CON FUERZA DE LEY 850 MOP QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 15.840 DE 1964 ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 206 DE 1960 LEY DE CAMINOS:
1. Agrégase un nuevo inciso cuarto al artículo 87°:
Artículo 87º.- Las obras públicas fiscales podrán ejecutarse, asimismo, mediante contrato adjudicado en licitación pública nacional o internacional, siempre que esta última no afecte la seguridad nacional, a cambio de la concesión temporal de su explotación o la de los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar las áreas de servicios que se convengan. Las concesiones tendrán la duración que determine el decreto supremo de adjudicación, que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, sin que en caso alguno puedan ser superiores a 50 años.
La reparación, o mantención de obras públicas fiscales podrá ser objeto de contrato de concesión conforme a lo dispuesto en este artículo.
Asimismo, podrán otorgarse concesiones para la explotación, que incluyan reparación, ampliación, conservación o mantenimiento, según corresponda, de obras ya existentes, o de terrenos u obras comprendidos en las fajas de los caminos públicos, con la finalidad de obtener fondos para la construcción de otras obras nuevas que se convengan, respecto de las cuales no exista interés privado para realizarlas conforme a las normas relativas al sistema de concesiones, regulado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas.
Con todo, este sistema de concesiones no podrá ser utilizado para la ejecución, reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales del área de la salud, en particular aquellas que sean relativas a infraestructura y servicios hospitalarios, las que se realizarán mediante los mecanismos de contratación y compras públicas establecidos en la ley y determinados por el Ministerio de Salud y la correspondiente autoridad sanitaria .
ARTÍCULO SEGUNDO:
MODIFICA DECRETO SUPREMO 900 MOP LEY QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP N° 164, DE 1991 LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS.
1. Agrégase un nuevo inciso tercero al artículo 1°
Artículo 1°.- La ejecución, reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales, por el sistema establecido en el artículo 87 del decreto supremo N° 294, del Ministerio de Obras Públicas, de 1985, las licitaciones y concesiones que deban otorgarse, ya se trate de la explotación de las obras y servicios; del uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales, destinados a desarrollar las áreas de servicios que se convengan; de la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados, se regirán por las normas establecidas en el presente decreto con fuerza de ley, su reglamento y las bases de la licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore al efecto.
Las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario de cumplir, durante toda la vigencia de la concesión, con los niveles de servicio, estándares técnicos o ambos, establecidos en las respectivas bases de licitación, para las diferentes etapas y condiciones de la concesión.
Estarán excluidas del sistema de concesiones regulado por la presente ley, tanto la ejecución, como la reparación, conservación o explotación de obras públicas fiscales del área de la salud, en particular aquellas relativas a infraestructura hospitalaria, así como también la prestación de servicios hospitalarios de todo tipo. Dicha infraestructura y servicios deberán contratarse por el Ministerio de Salud y la correspondiente autoridad sanitaria en el ejercicio de sus atribuciones, mediante las disposiciones relativas a las licitaciones y adjudicaciones de conformidad a los mecanismos de contratación establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y demás normas afines.
2. Elimínese el vocablo “hospitales” y la coma “,” que le sigue, del inciso segundo del artículo 6° bis, quedando de la siguiente manera:
Artículo 6º bis.- El Ministerio de Obras Públicas podrá efectuar un llamado a precalificación de licitantes a fin de seleccionar, mediante un proceso compuesto por una o varias etapas, a los interesados que cumplan con los requisitos uniformes, objetivos y razonables que se establezcan en las respectivas bases de precalificación, los que sólo podrán referirse a aspectos jurídicos, de capacidad financiera o técnica, de experiencia, resultados en otras obras encargadas en el pasado, cumplimiento histórico de la normativa laboral y de seguridad social y responsabilidad del interesado o de sus personas relacionadas.
Además, tratándose de proyectos de iniciativa pública o privada que sean multifuncionales y que revistan un elevado grado de complejidad, tales como cárceles, autopistas urbanas u otros similares, las bases de precalificación podrán exigir otros requisitos objetivos y necesarios para participar en proyectos de esta naturaleza, en tanto no constituyan elementos arbitrarios y resguarden la igualdad de trato entre los participantes de este proceso. Asimismo, las bases de precalificación podrán contemplar un procedimiento y un período de tiempo para que los precalificados propongan al Ministerio de Obras Públicas las mejoras, adiciones o ajustes que estimen conveniente incluir en el diseño del proyecto definitivo, mediante presentaciones que tendrán carácter público. Durante dicho procedimiento, dentro del plazo establecido en las bases de precalificación, los precalificados y el Ministerio de Obras Públicas podrán formularse consultas y solicitudes de aclaración. El Ministerio de Obras Públicas podrá solicitar al efecto la realización de estudios adicionales, los que se regirán por lo establecido en el inciso siguiente. Con todos estos antecedentes, el Ministerio de Obras Públicas podrá perfeccionar y armonizar los niveles de servicio y estándares técnicos del proyecto. El Ministerio de Obras Públicas, dentro del plazo fijado en las bases de precalificación, comunicará los contenidos adicionales o ajustes que serán incorporados en las bases de licitación.
Las bases de precalificación podrán establecer que los precalificados concurran por partes iguales al financiamiento de los estudios que el Ministerio de Obras Públicas considere necesarios para elaborar las bases de licitación, individualizando los estudios y su valor. La realización de tales estudios deberá ser contratada por el Ministerio de Obras Públicas a entidades independientes, con competencia en la materia de que se trate.
El Ministerio de Obras Públicas elaborará las bases de licitación dentro del plazo establecido en las bases de precalificación, y procederá a la selección del adjudicatario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7º y sus normas complementarias.
El adjudicatario de la licitación deberá reembolsar a los licitantes el monto aportado por éstos para el financiamiento de los estudios que se hubieren contratado de conformidad a lo previsto en el inciso tercero de este artículo, en la forma, modo y plazo establecidos en las bases de precalificación. Dicho reembolso será de cargo del Ministerio de Obras Públicas, si éste se desistiere de la licitación una vez efectuada la precalificación o declarare desierta la licitación por razones fundadas.