Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Gustavo Adolfo Hasbun Selume
- PERMISO
- DEBATE
- DEBATE
- PERMISO
- Jenny Paola Alvarez Vera
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- INTEGRACIÓN
- Fernando Meza Moncada
- INTEGRACIÓN
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- INTEGRACIÓN
- Claudia Andrea Nogueira Fernandez
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- Marco Antonio Nunez Lozano
- INTEGRACIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Patricio Aguilo Melo
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- V. TABLA
- RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- REGULACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9511-12) [CONTINUACIÓN]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- INTERVENCIÓN : Roberto Eduardo Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Daniel Alexander Melo Contreras
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Javier Ricardo Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Alfredo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ramon Alberto Farias Ponce
- Pepe Auth Stewart
- Cristian Campos Jara
- Marcos Andres Espinosa Monardes
- Joaquin Godoy Ibanez
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Karol Aida Cariola Oliva
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcos Andres Espinosa Monardes
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Carlos Jarpa Wevar
- Joaquin Tuma Zedan
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Karol Aida Cariola Oliva
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 365ª
Sesión 51ª, en jueves 20 de julio de 2017
(Especial, de 17.02 a 17.57 horas)
Presidencia del señor Espinoza Sandoval, don Fidel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 8
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 11
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 11
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA ................................................................................. 12
V.- TABLA ................................................................................................................................................... 13
RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES
NOS 10563-11 Y 10755-11) ......................................................................................................... 13
REGULACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9511-12) [CONTINUACIÓN] ..................................................... 17
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 25
1.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS, AUTH, CAMPOS, ESPINOSA, DON MARCOS; GODOY, MIROSEVIC, POBLETE Y RATHGEB, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y HOFFMANN, QUE “DECLARA EL 20 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO”.
(BOLETÍN N° 11332-24) ............................................................................................................. 25
2.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; ANDRADE, ARRIAGADA, JARPA Y TUMA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, CARIOLA, CARVAJAL Y FERNÁNDEZ, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA “. (BOLETÍN N° 11333-07) ............................. 25
3.- OFICIO DE LA CORTE SUPREMA POR EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA CONCEDER RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE ILEGALIDAD DE LOS ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD”. (BOLETÍN 11290-06) ........ 25
4.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3115-16-INA. ............................................... 25
5.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3304-16-INA. ................................................. 25
6.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3299-16-INA. ................................................. 25
7.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3270-16-INA. ................................................. 25
8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3080-16-INA. ................................................. 25
9.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3103-16-INA. ................................................. 25
10,OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3584-17-INA. ............................................... 26
11.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3567-17-INA. ............................................... 26
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Comunicaciones:
De la diputada señora Carvajal quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión especial celebrada el día 19 de julio de 2017 por impedimento grave.
Del diputado señor Hasbún quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el día de hoy, 20 de julio de 2017.
De la diputada señora Sepúlveda
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión especial de hoy, 20 de julio de 2017.
De la diputada señora Álvarez quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión especial de hoy, 20 de julio de 2017.
2.- Copia:
Del oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por el cual solicita a la Corte Suprema que, al momento de evacuar su opinión respecto del proyecto que “Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica”, boletín N° 11176-07, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se pronuncie sobre las medidas administrativas de protección que contempla el mismo.
Respuestas a Oficios
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Pilowsky, don Jaime. El estado de avance de los anteproyectos de ley que tratan las siguientes materias: financiamiento de las Fuerzas Armadas, reformas a la Justicia Militar, creación de gobiernos corporativos para empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas y modificaciones al Estado Mayor Conjunto. (6855 al 31606).
Ministerio de Agricultura
Diputado Hernández, don Javier . Tome conocimiento de la presentación efectuada ante la Fiscalía Nacional Económica, con el objeto que esta entidad se pronuncie sobre el correcto funcionamiento del mercado de productos lácteos en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos. (452 al 31531).
Diputado Paulsen, don Diego . Un listado de los actos y ceremonias oficiales a los que asistieron las autoridades dependientes de vuestro ministerio, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y esta, disgregando por región, comuna y motivo del respectivo acto. (453 al 31511).
Ministerio de Salud
Diputada Molina, doña Andrea . Se sirva informar a esta Cámara sobre la autoridad regional que tiene competencia para extender la contratación de médicos que han reprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, Eunacom , especialmente del médico tratante que intervino en los procedimientos que habrían conducido al deceso del señor Danilo Gallardo , el pasado 24 de febrero en el Centro de salud Familiar de la comuna de Papudo. (2519 al 27697).
Ministerio del Medio Ambiente
Diputada Álvarez, doña Jenny . Los antecedentes del proyecto de la empresa pesquera Apiao S.A., que obren en vuestro poder, detallando los eventuales efectos que podría causar esta iniciativa en la comunidad y medio ambiente. (172931 al 31642).
Subsecretarías
Diputado Pérez, don José . Posibilidad de evaluar la presentación de un proyecto de ley que establezca beneficios en favor de los conscriptos reservistas de 1973, quienes cumplieron el servicio militar por un tiempo mayor al normal, sin previsión alguna, pudiendo hacerlos beneficiarios de una pensión básica solidaria. (15841 al 30430).
Diputado Kast, don José Antonio . Número total de organizaciones sociales que existen en Chile, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (2582 al 31400).
Diputado Kast, don José Antonio . Gasto de su ministerio en el ítem de publicidad y/o difusión, detallando los montos correspondientes a los años 2013 a 2016, según el requerimiento que formula. (3643 al 31103).
Diputado Kast, don José Antonio . Gasto de su ministerio en el ítem de publicidad y/o difusión, detallando los montos correspondientes a los años 2013 a 2016, según el requerimiento que formula. (8171 al 31117).
Intendencias
Diputado Flores, don Iván . Las medidas que se adoptarán para erradicar de manera permanente la plaga de la especie neovisonte en la zona sur de nuestro país. (829 al 31213).
Diputado Flores, don Iván . Las medidas que se adoptarán para erradicar de manera permanente la plaga de la especie neovisonte en la zona sur de nuestro país. (829 al 31214).
Diputado Flores, don Iván . Las medidas que se adoptarán para erradicar de manera permanente la plaga de la especie neovisonte en la zona sur de nuestro país. (829 al 31215).
Gobernación Provincial
Diputado Kast, don José Antonio . Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (1344 al 31478). Diputado Kast, don José Antonio . Número total de organizaciones sociales que existen en su provincia, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (790 al 31464).
Fuerzas Armadas
Diputado Cornejo, don Aldo . Los planes de emergencia con los que cuenta la empresa concesionaria de la autopista Ruta 68 para enfrentar contingencias como la ocurrida el día 11 de julio de 2017, señalando si los protocolos se encuentran coordinados con las autoridades correspondientes. (128 al 32315).
Diputado Gutiérrez, don Hugo . Tome conocimiento y adopte las medidas correspondientes en relación con la situación denunciada en la fiscalía local de Pozo Almonte, por el señor Manuel Vega Velásquez , según consta en la causa RUC 1700575155-1, por los delitos de tortura, apremios ilegítimos y abuso contra particulares. (672 al 32027).
Servicios
Diputado Silber, don Gabriel . Las medidas contempladas por vuestro organismo para apoyar a los vecinos afectados por los cortes del suministro eléctrico causados recientemente por las lluvias en la Región Metropolitana, detallando las medidas existentes y aquellas que se podrían implementar para dar respuesta a estas situaciones y los eventuales incumplimientos por parte de la empresa ENEL. (1723 al 31779).
Diputado Flores, don Iván . Las medidas que se adoptarán para erradicar de manera permanente la plaga de la especie neovisonte en la zona sur de nuestro país. (3344 al 31215).
Diputado Flores, don Iván . La factibilidad de crear una instancia que coordine un plan de control a la plaga de visón que afecta la zona sur del país. (3344 al 31818).
Varios
Diputado De Mussy, don Felipe . Participación de funcionarios de esa municipalidad en el censo realizado el día 19 de abril recién pasado y la presentación de licencias médicas para esa fecha, con los antecedentes que requiere. Asimismo, indique la cantidad de licencias médicas presentadas por los mismos funcionarios durante 2016 y 2017. (1400/23 al 29550).
Diputado Fuenzalida, don Gonzalo . Rendición de cuentas efectuada por la Junta de Vecinos N° 10 de la comuna de La Reina, correspondiente a 2016. (1400/24 al 31061).
Diputada Cicardini , doña Daniella . Eventuales trabajos de reparación y mantención de las dependencias de la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó, indicando el tiempo estimado para su concreción, eventual fecha de inicio o si se encuentran actualmente en desarrollo. (2470 al 32071).
Diputado Kast, don José Antonio . Número total de organizaciones sociales que existen en Chile, identificadas por comuna y detallando su nombre, directiva, dirección, teléfonos, e-mail y tipo de organización. (2582 al 31401).
Diputado Chahin, don Fuad . Posibilidad de disponer un estudio sobre la calidad de la aislación de las viviendas de la Población Juan Pablo II y del Comité de adelanto Nahuel, ambos de la comuna de Lautaro, con el objeto de que puedan postular a un programa de mejoramiento térmico. (3077 al 31756).
Diputado Castro, don Juan Luis . El resultado de las apelaciones presentadas por el rechazo de las licencias médicas de la señora Marcela Contreras Moraga , folio Nº 0088639. (33172 al 32324).
Diputado Letelier, don Felipe . El estado de avance de las obras de construcción de un puente bajo nivel en la calle Riquelme de la comuna de Rengo. (3743 al 31866).
Diputado Sandoval, don David . Políticas públicas relativas a la inclusión de personas con discapacidad para el uso del transporte público y los planes intersectoriales para la inserción social que se han desarrollado por vuestra repartición los últimos tres años. (384 al 30174).
Diputado Soto, don Leonardo . La nómina de todos los trabajadores de la Maestranza Central de San Bernardo desde los años 1980 a la fecha de su cierre, y certificar si los trabajadores de la nómina adjunta trabajaron efectivamente en dicha empresa. (403 al 31833).
Diputado Paulsen, don Diego . Gastos de publicidad y difusión, imputados al subtítulo 22, ítem 07 de la Ley de Presupuestos del Sector Público en que haya incurrido ese servicio, desagregados por programas y comunas, remitiendo los demás antecedentes que requiere. (434 al 31560).
I.ASISTENCIA
-Asistieron 82 señores diputados, de los 118 en ejercicio.
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Boric Font, Gabriel
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel Rojo
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Girardi Lavín, Cristina
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
--Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Silber Romo, Gabriel
-Soto Ferrada, Leonardo
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Turres Figueroa, Marisol
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, la ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher.
-No estuvo presente por encontrarse en misión oficial, el diputado señor Fernando Meza Moncada.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista. PL: Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 17.02 horas.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 41ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 42ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
El señor BORIC .- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor BORIC .- Señor Presidente, muchas veces cosas como esta no se dicen, pero quiero que, por último, en este caso se explicite: los diputados de la derecha estuvieron afuera de la Sala hasta que llegaron cuarenta parlamentarios. ¿Estaban esperando afuera para que no hubiera quorum? ¿Ese era el objetivo? Que lo digan. Por último, si no, que tengan el descaro de mentir abiertamente.
Lo pregunto explícitamente al jefe de la bancada de la UDI o al de RN.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor diputado, se registra el horario de asistencia de cada parlamentario y esa información es pública.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín 9895-11) con la diputada Claudia Nogueira y los diputados Víctor Torres , Nicolás Monckeberg , Leonardo Soto y Marco Antonio Núñez .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto León .
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, respecto de la Tabla de la presente sesión, solicito que cite a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Así se hará, señor diputado.
-o-
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, respecto de la Comisión Mixta cuya integración se acaba de acordar, quiero saber, en primer lugar, cuándo va a sesionar esa comisión. No sé si la Mesa tiene algún antecedente al respecto, porque entiendo que debe ser citada por el Presidente del Senado. Lo pregunto en atención a que la próxima semana es distrital.
En segundo lugar, como bancada hemos insistido en reiteradas oportunidades en formar parte de alguna comisión mixta, y en esta en particular toda vez que todos los miembros de nuestra bancada han participado activamente en el debate del proyecto de ley. Por eso, quiero saber si existe alguna fórmula con la que pudiera resolverse el problema.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Señor diputado, respecto de su primera pregunta, hago presente que con la integración de la Comisión Mixta hemos cumplido el trámite reglamentario como corresponde, por cuanto el plazo de la urgencia del proyecto, calificada de “discusión inmediata”, culminaba mañana 21 de julio. No puedo determinar con exactitud la fecha en que sesionará la Comisión Mixta, porque ello dependerá de lo que haga el Senado las próximas horas. No me he comunicado directamente con el Presidente del Senado, pero lo haré en las próximas horas para tener mayor claridad sobre el particular.
Respecto de su segunda pregunta, lamentablemente su bancada no alcanza el número de integrantes necesarios para formar parte de la Comisión Mixta. Le deseamos mucho éxito en noviembre para poder integrar este tipo de comisiones.
Sin embargo, pueden participar, sin derecho a voto, en la Comisión Mixta cuya integración acabamos de aprobar.
Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.
V. TABLA
RECONOCIMIENTO Y GARANTIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSÍQUICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 10563-11 Y 10755-11)
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Víctor Torres , en reemplazo del diputado señor Sergio Espejo .
Antecedentes:
-Mociones:
N° 10563-11, sesión 134ª de la legislatura 363ª, en 10 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 1.
N° 10755-11, sesión 34ª de la legislatura 364ª, en 16 de junio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 31ª de la presente legislatura, en 8 de junio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TORRES (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Salud viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley sobre protección de la salud mental, iniciado en dos mociones refundidas: la primera, sobre protección de la salud mental, de los diputados Karol Cariola , Loreto Carvajal , Marcos Espinosa, Iván Flores , Cristina Girardi , Marcela Hernando , Enrique Jaramillo , Fernando Meza , Alberto Robles y quien informa; y la segunda, que establece normas sobre reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, de los diputados Miguel Ángel Alvarado, Juan Luis Castro , Sergio Espejo , Marcela Hernando , Javier Macaya , Nicolás Monckeberg , Jaime Pilowsky , Karla Rubilar y quien informa.
Hago presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación, a propuesta de la comisión, autorizó refundir ambos proyectos.
La idea matriz o fundamental de ambos proyectos es regular de manera más sistemática la protección de la salud mental en Chile de forma que se resguarden y reconozcan los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual o psíquica.
En tal sentido, se propone una legislación que contemple estándares mínimos y proteja los derechos humanos de las personas con tales condiciones.
En los fundamentos de ambos proyectos se hace presente que, en términos generales, la salud mental se ha entendido como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad.
En Chile se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se condice con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce tres formas en que los países han abordado la regulación sobre la salud mental: en algunos se dispone de una ley específica; en otros se incorpora a la legislación general de salud, trabajo, vivienda o a la legislación penal, y en otros se combinan ambas fórmulas, integrando componentes de salud mental en diversas leyes a la vez que cuentan con una legislación específica sobre salud mental.
En Chile no existe una legislación específica relativa a salud mental, sino que su regulación se encuentra dispersa en varios cuerpos normativos, entre ellos, la ley Nº 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación a las Acciones Vinculadas a su Atención en Salud; en la N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con discapacidad, y en la N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales.
La evidencia indica que las enfermedades mentales tienen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que “no hay salud sin salud mental”.
Diversas estimaciones muestran que para el 2030 las patologías psiquiátricas representarán el 13 por ciento de la carga global de enfermedad y serán responsables de, aproximadamente, la tercera parte del costo total de las enfermedades no transmisibles, esto es, unos 15 trillones de dólares. Y Chile no será la excepción.
Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en nuestro país, según el último Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, que señala que el 23 por ciento de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte tienen su origen en condiciones neuropsiquiátricas; que los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20 por ciento de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de isapres.
Mientras la proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi duplica a la de Estados Unidos de América, situándose sobre el 17 por ciento, se estima que más del 3 por ciento de la población presenta trastornos psiquiátricos graves, pero menos de la mitad de ellos acceden a algún tipo de tratamiento.
Para hacerse cargo de la situación Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras, destacan la suscripción de la convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; la promulgación de la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y de la relativa a derechos y deberes de los pacientes. Del mismo modo, nuestro país ha dado vida a planes de salud mental elaborados por el Ministerio de Salud, que orientan la asignación de recursos públicos al mejoramiento del bienestar y la salud mental de la población.
A juicio de los autores del proyecto, los cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos vigentes en la materia resultan insuficientes si se analiza la realidad de las políticas de salud mental en nuestro país. Desde la perspectiva presupuestaria, el déficit es evidente: mientras el Plan Nacional de Salud Mental propone destinar a este campo 5 por ciento del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza a 2,1 por ciento de él.
Los aspectos preventivos de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención en la comunidad o el medio ha sido priorizada sin contar con la cobertura ni el tratamiento adecuados para los problemas más complejos, en tanto se ha descuidado la atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. De un total de ochenta garantías explícitas en salud, ninguna de ellas incluye patologías mentales en menores de edad. Además, las políticas sectoriales sobre recursos humanos no han considerado la capacitación adecuada en este ámbito ni el apoyo que debe entregarse a quienes se desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y con las familias de ellos.
En cuanto a la rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental, cabe señalar que se trata de un proceso que facilita la oportunidad a individuos que están deteriorados, discapacitados o afectados por el hándicap o desventaja de un trastorno mental para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Dicho proceso implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico o que padece un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad.
Asimismo, la rehabilitación psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y sociedades y la minimización de discapacidades, dishabilidades y hándicap, potenciando las elecciones individuales respecto a cómo vivir satisfactoriamente en la comunidad. Sin embargo, históricamente, muchos de los tratamientos a que se someten a los pacientes han consistido en incursionar en la experimentación, que hace perder la esencia de la humanidad aun cuando se respeten los elementos básicos de los derechos de los pacientes.
Dicha circunstancia, a juicio de los autores de la iniciativa, hace que el tema de la salud mental deba ser de interés y prioridad en salud pública, como componente esencial para el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No obstante ello, organismos no gubernamentales han sostenido que las leyes existentes en la materia en Chile incumplen los estándares internacionales fijados por las Naciones Unidas y la OMS. Ejemplos de ello son los tratamientos invasivos e irreversibles de esterilización con fines contraceptivos sin manifestación de voluntad del paciente, o la hospitalización no voluntaria sin límites de tiempo, entregándose tal decisión al médico tratante.
Por consiguiente, en términos generales, el proyecto busca salvar la omisión existente en Chile en orden a carecer de una legislación específica en salud mental mediante la cual se protejan los derechos de las personas con discapacidad o con enfermedades mentales. La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con una legislación sobre salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, valores, propósitos y objetivos que permitan fijar objetivos claros en políticas y programas en salud mental para asegurar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estigmatización, discriminación y marginación por el solo hecho de estar afectadas por una condición que daña su salud mental.
En la discusión general del proyecto, los autores de ambas mociones, particularmente la diputada Marcela Hernando y el diputado Sergio Espejo , expusieron latamente los fundamentos y razones del proyecto y escuchamos a varias autoridades y especialistas en el ámbito de la salud mental referirse a la iniciativa, como el jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, a la presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, al presidente del Colegio Médico, a la neuróloga especializada en salud mental doctora Andrea Slachevsky ; al profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica de Chile y subdirector de especialidades médicas de esa casa de estudios, señor Matías González ; a la profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Paula Repetto ; al profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Jorge Calderón ; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señora Fabiola Lathrop ; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile señora Ángela Vivanco ; a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señora Alejandra Zúñiga ; a la jefa del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora María Florencia Díaz , y al neurólogo señor Rodrigo Salinas .
En general, todos ellos plantearon la necesidad de legislar sobre la materia y de adecuar la escasa normativa existente a los convenios internacionales y a las nuevas circunstancias, estudios y prácticas que se aplican o deben aplicarse en tratamientos de personas que tienen una condición especial de discapacidad mental o alguna patología relacionada, para que puedan adaptarse adecuadamente a la vida cotidiana y satisfacer las necesidades que tienen en todo ámbito, por el solo hecho de existir.
Principales temas que aborda el proyecto de ley
1) Distingue entre personas que sufren una enfermedad mental y aquellas que tienen alguna discapacidad intelectual o discapacidad psíquica, y reconoce que estas pueden ser de carácter permanente o temporal.
2) Reafirma expresamente la existencia de derechos humanos para ellas, reconocimiento que si bien puede resultar obvio, no ha sido la tónica en la forma de tratar a estas personas.
3) Distingue entre hospitalización psiquiátrica voluntaria e involuntaria, y estatuye claramente que se trata de medidas terapéuticas temporales y excepcionales.
4) Establece requisitos y condiciones para que proceda la hospitalización psiquiátrica involuntaria.
5) Reconoce los derechos de los familiares y otros cuidadores de personas con enfermedades de tipo mental o psíquico.
6) Estatuye claramente el derecho a su inclusión social.
7) Modifica normas referidas a la investigación biomédica de personas que tienen esta condición o adolecen de estas patologías.
Votación general del proyecto
La comisión compartió los objetivos y fundamentos de las mociones refundidas. Asimismo, luego de recibir las explicaciones de los representantes del Ministerio de Salud y la opinión de los gremios relacionados con el tema, así como la de algunos profesores expertos en derecho y otros en psiquiatría, se formó una idea clara sobre las implicancias e incidencias reales que tendrán las modificaciones propuestas, por lo cual, teniendo presente tanto la necesidad de legislar sobre esta materia desde el punto de vista de la salud pública y del bienestar de la población, como la de cumplir ciertas obligaciones que ha adquirido nuestro país en el contexto internacional, decidió dar su aprobación, por unanimidad, a la idea de legislar.
Votaron a favor los diputados Juan Luis Castro , Karol Cariola (Presidenta), Marcela Hernando, Marco Antonio Núñez , Karla Rubilar y Víctor Torres .
Lo mismo aconteció en la votación particular.
En consecuencia, la Comisión de Salud recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley. Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a un acuerdo de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Fidel Espinoza , adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo:
En atención a que ya se había iniciado el debate del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, para regular el tendido de cables aéreos, se altera el orden de la Tabla de esta sesión. En consecuencia, se continuará la discusión de dicha iniciativa y se dejará pendiente el debate del proyecto sobre salud mental.
Si llegada la hora de término del tiempo destinado al tratamiento de dicho proyecto quedan discursos pendientes, el debate continuará en la sesión más próxima.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
REGULACIÓN DE TENDIDO AÉREO DE CABLES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9511-12) [CONTINUACIÓN]
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, para regular el tendido de cables aéreos.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se rindió en la sesión 38ª y su discusión continuó en la sesión 43ª, ambas de la presente legislatura, en 22 de junio y 6 de julio de 2017, respectivamente.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Celso Morales .
El señor MORALES.-
Señor Presidente, este es un proyecto ciudadano tremendamente necesario, como se ha señalado en reiteradas oportunidades, en especial porque la saturación de cables aéreos en diferentes comunas y ciudades de todo el país provoca una contaminación visual que produce bastante daño a las políticas relacionadas con el paisajismo y la eficiencia que deben tener las municipalidades para llevar a cabo sus servicios.
Por tanto, se trata de un proyecto que merece toda nuestra atención.
En concreto, facultará a las municipalidades para retirar el cableado, los desechos o los residuos de las redes eléctricas, lo que constituye un avance importante en materia medioambiental y paisajística.
Es un hecho que el tendido eléctrico es un gran problema en varias de nuestras ciudades y que provoca grandes dolores de cabeza a sus habitantes, ya que genera contaminación visual, afecta el paisaje urbano y constituye un grave peligro para los peatones.
Por ello, considero que no es posible seguir aceptando que los postes del tendido eléctrico se encuentren colapsados de cables.
Debo agregar que las políticas de los municipios en relación con el retiro de los cables están condicionadas por la voluntad de las respectivas compañías de distribución eléctrica a cooperar, por lo que nunca se obtienen resultados.
Siempre he considerado que las municipalidades deben tener autonomía para actuar ante este tipo de situaciones y para mejorar sus espacios públicos y su arquitectura vial. Lamentablemente, no cuentan con ningún instrumento efectivo para dar solución a este problema, que se repite en muchas ciudades del país.
Uno de los aspectos positivos de la modificación que se encuentra en trámite dice relación con las sanciones que se incorporarán para aquellas personas o empresas que abandonen los postes, que son bienes de uso público. Ello me lleva a pensar que luego de la aprobación de esta iniciativa, que esperamos sea unánime, las ciudades, en particular los municipios, contarán con una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna respectiva.
Sin duda, esta es una buena noticia para el medio ambiente de nuestro país, ya que esta innovación nos permitirá cambiar el paradigma en cuanto al tendido eléctrico en nuestras ciudades, ya que se incentivará, con el paso del tiempo, el uso de la alternativa del soterramiento, con lo cual las ciudades serán mucho mas amigables.
Quienes fuimos alcaldes sabemos que se necesitan herramientas para obligar a las compañías eléctricas a no dejar abandonados los cables y a retirarlos, por lo cual espero que este proyecto de ley reciba el más amplio apoyo, a fin de dotar a las municipalidades con una herramienta útil para dar solución definitiva a este problema que tanto afecta a las diversas comunas del país.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León .
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, este proyecto de ley es muy bueno, por lo que quiero reconocer el aporte de sus patrocinantes, quienes aparecen individualizados en el informe respectivo.
La iniciativa aborda el tema de los postes, del cableado excesivo, del soterramiento de los cables. Es decir, se trata de un proyecto que beneficia a los ciudadanos, ya que a través de él se pretende evitar lo que está pasando en la Región Metropolitana a raíz de la nevazón y de los problemas que esta ha producido.
Nos estamos dando cuenta de que tenemos ciudades y una legislación que no se han modernizado, por lo que cualquier inclemencia de la naturaleza produce perjuicios que afectan a las familias, de los cuales se desentienden las empresas que suministran servicios básicos, en este caso, electricidad. Por ejemplo, en relación con lo que está pasando en la Región Metropolitana, los propios trabajadores y profesionales de Enel señalan que hace dos años recibieron desde Italia la instrucción de disminuir los costos. Y ahí está el resultado: todavía tenemos un sinnúmero de familias sin energía eléctrica en distintos barrios de la capital. Si los cables estuvieran soterrados, tendríamos otro Chile.
En ese sentido, es fundamental contar con una legislación que nos permita regular el tendido de cables eléctricos, tal como lo plantea el proyecto de ley.
¿Cómo es posible que en distintos lugares de Chile, como en Curicó, ciudad en la que vivo y que represento, existan tendidos con cincuenta o más cables, que constituyen una maraña descomunal?
Si uno hace las averiguaciones del caso, le responden que no más de cuatro o cinco cables están operativos; pero como no existe regulación legal ni una presión fuerte, la situación se perpetúa. Por eso es importante el proyecto.
Tenemos que ir avanzando no solo en el tema de la protección del medio ambiente -¡por Dios! que es importante-, sino que tenemos que avanzar para que nunca más tengamos que ver lo que ha estado pasando en estos días, para que nunca más tengamos que ver morir a dos personas por no tener energía eléctrica para los equipos médicos domiciliarios que las mantenían con vida. ¡Nunca más!
Nos jactamos de ser un país que tiene una economía que le permite integrar la OCDE, con un ingreso superior a los 23 mil dólares per cápita; pero de repente nos encontramos con situaciones como las que hemos comentado.
Por lo tanto, felicito una vez más a los autores de la iniciativa y anuncio con mucho gusto que vamos a votarla a favor.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, valoro la iniciativa del autor del proyecto, el diputado señor Osvaldo Urrutia , quien nos dio la oportunidad de legislar sobre esta materia en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El proyecto da cuenta de un vacío en nuestra legislación que se ha mantenido por décadas y que obliga a soportar, de manera permanente y molesta a los ciudadanos y ciudadanas del país, la acumulación de cables, anclajes, cajas de control y un sinnúmero de residuos que las empresas de telecomunicaciones dejan a la deriva, lo que afecta de forma relevante la calidad de vida de todas y todos los habitantes. Se trata de escombros y residuos que, a la larga, transforman a los postes en vertederos aéreos; pero las empresas han hecho caso omiso al más mínimo sentido común y de responsabilidad por el daño que provocan, ya que abandonan el material que instalaron años atrás.
Señor Presidente, este no es solo un problema estético, ya que el 40 por ciento de todos los cables de la Región Metropolitana se encuentran en desuso. Además, la mayor cantidad de ellos se encuentra en las zonas más modestas y periféricas de la capital, lo que constituye otro claro caso de injusticia social y ambiental.
Por otro lado, como consecuencia de la desidia de empresas irresponsables, los cables deteriorados y en desuso se encuentran a muy baja altura, lo que aumenta el riesgo de accidentes, electrocuciones e incendios. A esto hay que agregar el aumento en el peso que acumulan las torres y los postes, lo que mantiene a la comunidad con una amenaza permanente por su desplome, debido a esa sobrecarga innecesaria.
A la espera de que se aplique el principio de “responsabilidad de la cuna a la tumba”, pilar clave de nuestra moderna legislación ambiental, hacemos un llamado para que se modifique de manera sustancial la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de lograr que esas instalaciones en desuso sean retiradas de la vía pública por los respectivos concesionarios en el plazo de tres meses desde que hubieren dejado de prestar utilidad.
Con el objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones del proyecto, la normativa propuesta faculta a nuestras municipalidades a proceder, a costa del respectivo concesionario, al retiro material de esos elementos, sin perjuicio de la aplicación de multas por incumplimiento.
De esta manera, es innegable que la normativa propuesta constituye un avance en la solución de un problema que afecta a millones de chilenos y chilenas.
Por lo mismo, quiero hacer un llamado al Ministerio del Medio Ambiente para que, complementando lo propuesto en el proyecto de ley, proceda a aplicar en este caso, con la mayor diligencia y celeridad, las facultades que le confiere la ley Nº 20.920, sobre responsabilidad extendida del productor. Dicha ley establece que ciertos residuos, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, podrán ser declarados, por medio de un decreto supremo de dicho ministerio, como “productos prioritarios”.
De esta manera, los productores de esos residuos quedarían sujetos a las obligaciones que dicha ley impone, lo que los obligará a cumplir con metas de recolección y valorización de dichos residuos.
Concluyo con un llamado a la Sala a aprobar el proyecto de ley, que pondrá fin a décadas de abuso, vulneraciones y atentados contra el medio ambiente, la calidad de vida, el patrimonio paisajístico y arquitectónico, entre otros bienes comunes, de los cuales hoy las empresas disponen de manera abusiva e impune, lo que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, es interesante escuchar intervenciones sobre este tema como las de hoy y de días anteriores. Además, la exposición de hoy me satisface enormemente, porque pareciera que estuviéramos logrando acuerdos unánimes sobre ideas muy profundas. Por lo ya expresado, espero que no se produzcan mayores diferencias.
Todas las ciudades de Chile están experimentando el mismo fenómeno. Me refiero a los tendidos de cables en el área urbana, que es lo que más nos preocupa por la insatisfacción que producen en los habitantes de las ciudades que tanto queremos.
Como dije, esa preocupación me surge al ver en distintos pueblos o ciudades postes atiborrados de cables de compañías eléctricas, telefónicas y de otros servicios.
Tal como se señala en los antecedentes del proyecto y lo han expresado los diputados en sus intervenciones, aunque se han ejecutado planes piloto para su eliminación, buena parte de esos cables en desuso, en lugar de ser retirados, las compañías los acumulan en el mismo tendido aéreo. Al respecto, recuerdo la lucha del diputado José Miguel Ortiz para que en Concepción fuesen eliminados. Hoy esa ciudad luce limpia, por lo que lo felicito. Algo parecido ha ocurrido en Valparaíso y en otras ciudades.
Decenas de cables que no prestan ninguna utilidad fueron abandonados por las empresas y se han convertido en desechos. Por lo tanto, resulta necesario entregar directrices para su destino.
Hace un tiempo aprobamos la ley de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, la cual puede ser una buena vía de solución a este problema. La otra es la que propone este proyecto, que dispone que las municipalidades puedan retirar esos residuos y sancionar -curioso que no existan sanciones a las empresas que no se hacen responsables de su retiro. No debemos olvidar que esos cables no solo resultan peligrosos, sino que dificultan la visión y afectan la armonía y la estética de nuestras ciudades.
Las comunas con recursos económicos, como Vitacura o Las Condes , ya están haciendo estudios y confeccionando proyectos para tener cables subterráneos, pero no todas las comunas pueden hacerlo.
Tal como la basura en las calles es mal vista, los desechos colgantes no se deben permitir. Lamentablemente, en más del 90 por ciento de las comunas del país es posible apreciarlos.
Muchos vecinos nos comentan con insatisfacción y molestia que si cae un cable a la calle, queda allí hasta que otro vecino, Carabineros de Chile u otra institución lo retiran. En consecuencia, es necesario aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, al circular por las calles de muchas ciudades de nuestro país, además de sufrir por los atochamientos y la contaminación acústica y del aire que respiramos a niveles ya peligrosos para nuestra salud y calidad de vida, sufrimos por la contaminación visual debido a cientos de metros de concentraciones de cables que surcan los aires sostenidos en postes del sistema eléctrico.
En un comienzo, la ley eléctrica fue permisiva para que todas las comunidades pudieran tener luz. Sin embargo, con la modernización de todos los sistemas de comunicación, las empresas eléctricas han hecho un gran negocio al arrendar y subarrendar sus postes para que se adosen otras compañías de telecomunicaciones.
Llegó el momento en que el Estado actúe. Considero oportuno y necesario modificar la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, incorporando un inciso tercero a su artículo 18, con el fin de permitir a las municipalidades retirar cables y otros elementos del tendido eléctrico que impiden tener un paisaje limpio.
Además, la sobrecarga de los postes -como hemos visto como resultado de los últimos temporales ha afectado a miles de chilenos al dejarlos sin suministro eléctrico debido al viento y la nieve. Esta sobrecarga puede agravar y aumentar esos episodios y provocar la caída de postes por el peso excesivo, lo que puede tener nefastas consecuencias.
Por otra parte, quiero destacar que hay ejemplos de alcaldes, como el de La Reina, que han decidido retirar los cables y otros materiales en desuso pertenecientes a las empresas eléctricas y posteriormente cobrarles por este servicio. Indudablemente, la modificación que proponemos a la ley respaldará a los alcaldes para que actúen con mayor propiedad en este tema.
Además, las empresas eléctricas al facilitar sus postes obtienen importantes ganancias, por lo que al entregarles el usufructo de un bien nacional de uso público, deberían mantener en dichos postes solo los cables activos y preocuparse por el retiro de los que ya no se usan. Eso debería estar consignado en los contratos que suscriben con los usuarios de los postes y en las ordenanzas municipales que regulan la utilización de espacios públicos.
En el futuro debiera exigirse a todas las empresas el cableado subterráneo, con plazos adecuados para lograrlo. Hoy, algunas avenidas y carreteras concesionadas han logrado soterrar los cables porque así viene exigido en los contratos, y el cambio es realmente notorio. La ley data de la década del 90, por lo que se debe aplicar para calles y avenidas de nuestras ciudades.
Apoyaré esta moción porque, reitero, es cada día más necesaria.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señor Presidente, reitero la importancia y relevancia de este sencillo proyecto.
Este proyecto no va a solucionar los problemas generados por los cortes de energía eléctrica, pero permitirá a la ciudadanía recurrir a los municipios para mejorar su calidad de vida.
Así se podrán retirar de los tendidos eléctricos todos los residuos o chatarras -también llamada “ferretería” de los servicios de telecomunicaciones. Tal como dijeron el diputado Melo y otros, el Ministerio del Medio Ambiente debiera considerar el retiro de estos elementos dentro de los contemplados en la ley de responsabilidad extendida del productor.
Una variedad de empresas utilizan los postes que transportan energía eléctrica de baja tensión, que son los que abastecen a los domicilios, y a través de ellos abastecen de los servicios de telecomunicaciones, de transmisión de voz y de datos a los distintos usuarios o clientes.
Por lo tanto, debemos poner término lo antes posible a la asimetría que existe entre las empresas de telecomunicaciones, las empresas distribuidoras eléctricas y los municipios, que son los responsables de administrar los territorios locales.
Hago un llamado al Senado para que este proyecto se tramite con la misma celeridad con que lo está haciendo la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-
Señor Presidente, apoyo el proyecto y a los diputados que lo presentaron.
Los cables sin uso se han convertido en un peligro para las vecinas y los vecinos. Hay postes que ya no resisten más cables, que generan contaminación ambiental y visual y constituyen un peligro para el vecindario.
Represento a las comunas de Ñuñoa y Providencia y he podido ver cómo los postes están atochados de cables. Y cuando estos se cortan, nadie se preocupa de retirarlos.
Es importante lo que plantea el proyecto, que es obligar a las empresas concesionarias a retirar los cables cuando están en desuso y, en caso de que no lo hagan, que el municipio lo haga y por ello le cobre al concesionario. Los municipios no cuentan con los recursos para hacerlo siempre y a su costo; por lo tanto, es necesario que sean los concesionarios respectivos lo que paguen por el retiro de esos cables.
Otro punto importante es la aplicación de multas, porque a nadie le importa que las ciudades se contaminen ambiental y visualmente, que los vecinos corran riesgos, porque basta que un cable en desuso produzca una chispa para que se genere un gran problema de inseguridad en los barrios.
Por lo expuesto, apoyo esta iniciativa y, tal como lo han expresado otros colegas, espero que el Senado la apruebe con prontitud, porque es necesaria la colaboración de ambas cámaras en la tramitación de este tipo de iniciativas.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Fuentes .
El señor FUENTES.-
Señor Presidente, valoro este proyecto que han presentado algunos colegas, por todas las razones que se han expuesto.
Un país moderno es aquel que avanza con todos, pero en este caso se nos han quedado atrás algunos temas, lo que significa un daño para la comunidad, que afecta la sana convivencia.
Este proyecto es importante en la medida en que se tome en cuenta lo que ha pasando durante estos días en las distintas regiones. La Región de Aysén no ha estado ajena, ya que también ha enfrentado sucesivos cortes del suministro eléctrico, que afectan, por ejemplo, a los insulinodependientes; es decir, los cortes no solo nos afectan porque no podemos ver televisión, escuchar la radio o prender una ampolleta, sino que también influyen en la vida de los chilenos, porque aunque hay ciudades que se han modernizado, como las de los sectores altos, también hay otros sectores de la comunidad que están en desmedro.
Cuando alguien va con una camioneta vieja a botar basura donde no debe hacerlo, se le castiga, se le cursa un parte; pero no se castiga ni se le cursa un parte a quien deja la basura aérea, que estorba y causa daños a la comunidad.
Los cortes sucesivos del suministro eléctrico afectan a la comunidad en general, pues hay personas que se apertrechan y guardan en sus pequeños refrigeradores alimentos para llegar a fin de mes, pero nadie se hace responsable de sus pérdidas relacionadas con los cortes; sin embargo, cuando les llega el cobro de las boletas, tienen que pagar tal lo que les exigen, sin que puedan reclamar por ello.
Las empresas deben hacerse cargo de las irresponsabilidades que se generan. Ellas se han comprometidos a cumplir, pero no siempre lo hacen, puesto que no han entregado un buen servicio, de categoría, por el que la ciudadanía está pagando.
Nuestro país, que tiene una sana convivencia, les da a esas empresas la oportunidad de invertir y de obtener ganancias; sin embargo, los postes se arriendan, se le echa la culpa al alcalde y el problema rebota en el municipio, en el intendente o en el gobernador. Entonces, la empresa pública una nota en la prensa, da un justificativo y le echa la culpa a “alguien”; pero ese “alguien” no es la empresa, sino un tercero que le presta servicios y, al final, es una verdadera tortura tratar de llegar directamente al dueño de tal empresa.
Por lo tanto, la comunidad nunca queda conforme. Con lo único que se puede conformar es con la posibilidad que les da un espacio radial o de un canal de televisión, donde pueden hacer presente sus quejas.
Este es un gran proyecto y una gran posibilidad.
Deben empezar a instalar cables soterrados, porque hay que mejorar lo que hay hacia atrás. Si empezamos a hacerlo bien de aquí hacia adelante, vamos a tener mucho menos trabajo hacia atrás.
Apoyo este proyecto y que nuestro Estado comience a modernizarse.
He dicho.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Queda pendiente la discusión de este proyecto.
Hay once diputados inscritos para intervenir en la próxima sesión; por lo tanto, propongo a la Sala que cerremos hoy la inscripción.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.57 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS, AUTH, CAMPOS; ESPINOSA, DON MARCOS; GODOY, MIROSEVIC, POBLETE Y RATHGEB, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y HOFFMANN, QUE “DECLARA EL 20 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO”. (BOLETÍN N° 11332-24)
L FUDAMENTOS
En el año 2007, Chile ratifica la "Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales" de la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Boletín 4778-10), que se instala en el plano del Patrimonio de la Humanidad y su acento está puesto principalmente en el desarrollo de los derechos culturales, cuyo objeto fundamental es crear, en un mundo cada vez más interconectado, un entorno que permita a todas las expresiones culturales manifestarse en su rica diversidad creativa.
En ese sentido, "se trata de dar a las naciones la posibilidad de proteger sus industrias culturales (literatura, cine, teatro, música, canción, televisión, edición, poesía, folklore, etc.) en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y sus culturas como factores indispensables para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional.”[1] '
Esta Convención tiene como objetivos primordiales los siguientes:
1. Promover la Diversidad de las Expresiones Culturales.
2. Crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa.
3. Fomentar el diálogo entre culturales a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo, en pro del respeto intercultural y una cultura de país.
4. Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural con el espíritu de construir puentes entre los pueblos.
5. Promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y cobrar conciencia de su valor en el plano local nacional e internacional.
6. Reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo
7. Reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significados.
1 Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto Aprobatorio De La Convención sobre la Protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo, adoptada el 20 de Octubre de 2005.
8. Reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respecticos territorios.
II. CONSIDERANDO:
1. Que esta Convención constituye hoy en la normativa chilena uno de los instrumentos jurídicos más relevantes para respaldar el diseño de políticas e institucionalidad cultural, así como la protección del patrimonio y el respecto a los pueblos originarios.
2. Que el Estado Chileno aún debe adoptar las medidas internas necesarias para la plena entrada en vigencia de esta Convención.
3. Que la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual mas enriquecedora, la Asamblea General de Nacionales Unidas en resolución N° 57/24 proclamó el 21 de Mayo como el día Mundial de la Diversidad Cultural.
III. IDEA MATRIZ
Es por ello, que creemos firmemente que conmemorar el día de la Diversidad Cultural nos ayudará a comprender su valor, a mejorar la convivencia Nacional, y que será un día de reflexión y diálogo intercultural, que ayudará a construir entre todos una sociedad más justa y democrática.
Afirmamos con convicción que el respeto y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales son los cimientos de la cultura de un país y que incorporar su reconocimiento al marco jurídico chileno nos ayudará a profundizar y reflexionar sobre los valores de la diversidad cultural y así aprender a vivir mejor juntos y a valorar las diferencias.
Atendiendo que la fecha de conmemoración proclama por la UNESCO, que es el 21 de Mayo, coincide con la conmemoración del Combate Naval de Iquique, que se celebra con gran solemnidad en nuestro país, es que proponemos como día de conmemoración, el día 20 de Octubre, que es la fecha en que se aprobó la Convención sobre la Protección y Promoción de las Expresiones Cultural en Unesco por 140 países.
Por tanto en base y mérito de lo antes expuesto, vengo en presentar el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: "Establézcase en todo el territorio nacional, el día 20 de Octubre, de cada año, corno el Día Nacional de la Diversidad Cultural, para el Diálogo y el Desarrollo"
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; ANDRADE, ARRIAGADA, JARPA Y TUMA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, CARIOLA, CARVAJAL Y FERNÁNDEZ, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA “. (BOLETÍN N° 11333-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1.- La vivienda constituye uno de los bienes más preciados en la sociedad. La vivienda es una necesidad básica y su satisfacción es una condición importante para el desarrollo de las capacidades humanas, fin que buscan los derechos humanos. Mientras más población accede a la vivienda o mejora su situación actual, significa que más población mejora su calidad de vida, lo que se refleja en indicadores de salud, alfabetización y esperanza de vida. Contar con una vivienda se considera parte importante además, en aspectos como la estabilidad social de las comunidades, y el mejoramiento de las posibilidades laborales, ya que cumple importantes funciones en la economía informal.[1]
2.- Sin perjuicio de lo mencionado y de la importancia de las premisas anteriores ampliamente reconocidas a nivel internacional, América Latina aparece como una de las regiones en que los niveles socioeconómicos medio y bajos, presentan mayores grados de dificultad para acceder a una vivienda, principalmente, por la radical brecha que existe entre el costo de la misma y los ingresos que estos grupos poseen.
3.- En mayo de 2012 un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que América Latina y el Caribe encabezan los índices de déficit de viviendas, recomendando a su vez que para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y asequibles, países deben mejorar normativa de tenencia de tierra, ampliar medios de financiamiento y movilizar recursos privados.
El Informe indicó además que en la actualidad, una de cada tres familias de América Latina y el Caribe —un total de 59 millones de personas— habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios, o carente de servicios básicos. Casi dos millones de las tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como en las zonas marginales, a causa de una oferta insuficiente de viviendas adecuadas y asequibles, según el estudio “Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina y el Caribe”.[2]
Por tanto se puede mencionar que los mercados de vivienda locales no están cubriendo la demanda de vivienda formal, especialmente para la población de bajos ingresos y sectores medios.
4.- En Chile particularmente, aún cuando los distintos gobiernos mediante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo no han escatimado en esfuerzos desde inicios de los años setenta fecha en que se impulsó una política social de Estado destinada a satisfacer las necesidades de vivienda de los grupos con más dificultades de acceso a los mercados privados de financiamiento, aún existe un altísimo déficit habitacional, asociado a uno de los problemas más latentes en la actualidad, como es la generación de campamentos y los riesgos asociados a ellos.
5.- De acuerdo a un catastro realizado por la Fundación Techo Chile durante el año 2016, existen 660 campamentos irregulares a lo largo de nuestro país. Según este reporte, la cantidad de familias que viven sin acceso regular a agua potable, luz eléctrica o alcantarillado, ha crecido en un 41,6% durante los últimos cinco años, alcanzando a las 38.770 familias. “La cantidad de familias está aumentando. Son dos mil más que hace un año. Y es porque es muy fácil entrar, pero muy difícil encontrar una solución para salir”, afirmó Valentina Latorre, directora social de Techo Chile.[3]
6.- El mismo catastro hace un desagregado por región, lo que se muestra en la siguiente tabla:
TABLA 1: NÚMERO DE CAMPAMENTOS Y FAMILIAS QUE LO HABITAN
7.- A nivel local lo anterior se traduce en que existen asentamientos irregulares en 153 comunas del país, lo que implica que en el 44,3% de los municipios del territorio nacional, hay presencia de comunidades precarias. Las comunas con mayor número de campamentos son Viña del Mar con 74, Valparaíso con 51, Antofagasta con 44, Copiapó con 25 y Talcahuano con 21 campamentos.[4]
8.- Las cifras no son alentadoras, particularmente cuando este tipo de asentamientos se vinculan a otro tipo de problemáticas como la precarización del empleo, el aumento del costo de la vida, la baja calidad de educación, el poco nivel de instrucción laboral, el consumo de alcohol y drogas y la violencia intrafamiliar.
9.- Asumiendo esta grave situación, la idea del presente proyecto es asegurar que nuestra Carta Fundamental consagre el derecho constitucional a la vivienda, procurando que el Estado de Chile vele por la satisfacción de este derecho y por el estableciemiento de una política pública acorde con las necesidades actuales de la población que no ha podidio acceder a ella por las vías regulares. En otras palabras, el derecho a la vivienda – y el derecho a una existencia digna o vida adecuada-, debe constituir el reconocimiento de que las personas requieren de ciertas condiciones básicas para que sea posible su existencia, y que tales condiciones deben ser aseguradas por el Estado a través de acciones positivas.[5]
10.- Existen otros ordenamientos jurídicos que mantienen vigentes normas constituciones que aseguran el derecho a la vivienda, entre ellas las Constituciones de España, Uruguay y Colombia.[6]
11.- La Constitución Española señala en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Por su parte la Constitución uruguaya señala: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Por último la Constitución de Colombia indica en su artículo 51: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
12.- Obviamente la consagración propuesta en esta iniciativa debe ser complementada con la implementación legal correspondiente, como ocurre con el dercho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación u otros derechos establecidos en nuestra Carta Findamental, cuya regulación y protección específica está entregada a la ley.
13.- En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Modifíquese el artículo 19 de la Constitución Política de la República estableciendo un nuevo numeral 10° pasando el actual numeral 10° a ser 11° y así sucesivamente.
Artículo 19 La Constitución asegura a todas las personas:
N° 10 El derecho a una vivienda digna. El Estado velará por establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impulsar las políticas públicas para permitir a todos los ciudadanos el acceso a ella en igualdad de condiciones”.