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Delito de tortura

Explica la ley que establece el delito de tortura y penaliza también otros apremios y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Última actualización : 13-12-2016

¿Qué se entiende en la ley por tortura?

Tortura es un acto por el cual se causa intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos en el marco de la acción de funcionarios públicos. Pero no es cualquier acto de este tipo, sino que el que se realiza con el fin de obtener de la víctima, o de otra persona, una declaración o una confesión.

También se considera tortura si se cometen tales actos para castigar a alguien por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido.

Es tortura también si se usa el maltrato para intimidar o coaccionar a la persona.

Además, se considera tortura si se aplica el maltrato por discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o sus creencias; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

¿En qué otros casos la ley habla de tortura?

También es tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con el fin de obtener confesión o castigar, como podría ser el uso de drogas que vulneren la voluntad de la persona.

¿Qué pena se aplica al empleado público que comete tortura?

El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplica, ordene o consiente en que se aplique tortura, recibirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir de cinco años y un día a diez años de presidio. La conducta penalizada se refiere a los actos del funcionario en el ámbito de su cargo o función pública.

Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no las impida o no haga terminar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

Un particular que, en el ejercicio de funciones públicas, o instigado por un empleado público, o con el consentimiento o permiso de éste, ejecute actos de tortura recibirá también la pena de cinco años y un día a diez años de presidio. De esta manera, se busca evitar que el empleado público encargue a civiles la realización del delito.

El juez no puede aplicar el mínimo de la pena al que torture a otro que se encuentre, legítima o ilegítimamente, privado de libertad, o en cualquier caso bajo su cuidado, custodia o control cuando se trate de tortura, tortura con homicidio o con castración, mutilaciones, lesiones gravísimas o cuasidelitos graves.

¿Qué pasa si un particular interviene en actos de tortura sin ejercer funciones públicas?

Si participa del acto de tortura alguien que no sea funcionario, recibirá la pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio. Es decir, la pena para él sería de 61 días a tres años de presidio o reclusión. Cabe recordar que si el particular tortura ejerciendo funciones públicas, o con permiso, consentimiento o instigado por un empleado público, recibe el mismo castigo que corresponde a los funcionarios públicos.

¿Hay molestias y penalidades que no son tortura?

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean propias de tales sanciones, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.

¿Qué pasa si se comete homicidio por aplicación de tortura?

La pena se agrava y es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, la pena va de quince años y un día a presidio perpetuo calificado. Esta última sanción da derecho a postular a la libertad condicional sólo al cumplir 40 años efectivos en la cárcel.

¿Hay otros casos en que también se eleve la pena?

Si, ocurre cuando con ocasión del delito de tortura se comete otro de los siguientes delitos: violación, introducción de objetos por vía vaginal, anal o bucal (cuando se ejecuta la acción en las mismas condiciones del delito de violación), la castración, la mutilación de un miembro importante, y las lesiones graves gravísimas.

En estos casos, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, va de 15 años y un día a presidio perpetuo simple. Con la última pena, el sentenciado puede pedir la libertad condicional a los 20 años de cumplimiento efectivo.

¿Qué pena se aplica si en el marco de la tortura se comete un cuasidelito grave?

Los cuasidelitos son aquellas conductas que producen el mismo daño que un crimen o un delito, pero cometidas sin dolo (intención), pero con culpa o negligencia. La ley señala que si en el marco de la tortura se comete un cuasidelito que si fuera doloso tuviera pena de crimen (cinco años y un día o más), la sanción que corresponde será la de presidio mayor en su grado medio. Es decir, diez años y un día a quince años de presidio. Se aplicaría por ejemplo a los cuasidelitos de homicidio por tortura.

¿Qué sanción se aplica a los malos tratos que no alcanzan a ser tortura?

El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, es decir de 541 días a cinco años.

Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

Si la conducta se comete en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la pena se aumentará en un grado.

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Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.