El Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) organizó -el pasado viernes 10 de junio en la sala de libros "Raros y Valiosos" de su Sede Compañía, en Santiago- la segunda mesa de análisis sobre sobre el establecimiento de una Política Migratoria en Chile.
En esta ocasión, los invitados fueron Baldomero Estrada, profesor de Historia de la PUCV y doctor en Historia en la Universidad Complutense de Madrid; Cristian Doña, Doctor en Sociología e Historia de la Michigan State University e investigador Asociado ICSO e Investigador Adjunto COES; Óscar Rojas Mesina, abogado de la U. Diego Portales y asesor legal de la ONG Colectivo Sin Fronteras y Daisy Margarit (Universidad Central), trabajadora social, Doctora en Sociología y Máster en sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Como preámbulo a la discusión, analistas de la BCN expusieron el marco de los flujos migratorios en Chile, que en los últimos 25 años ha experimentado un aumento sostenido. Según el Anuario Estadístico Nacional preparado por el Departamento de Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el número oficial de migrantes que llega a Chile se duplicó en diez años, de 212.935 en 2005 a 410.988 en el 2014.
Si bien el censo de 2002 indica que para aquel entonces el número de extranjeros residentes en Chile alcanzaba los 192 mil -no está disponibles la información del censo de 2012- varias estimaciones coinciden en que esta cifra se ha elevado a casi 450 mil en la actualidad. "Múltiples factores explican lo anterior, ya sea económicos como sociales, el fortalecimiento del país y la estabilidad política; lo que convierte a Chile en un destino atractivo para personas y familias que buscan las oportunidades y condiciones que no han encontrado en su país de origen", menciona el informe.
A juicio de los invitados, lo anterior configura un llamado a revisar tanto la legislación nacional en la materia como los tratados internacionales suscritos por Chile, y a evaluar los avances y las tareas pendientes en materia de política migratoria.
Abrió el diálogo la socióloga Daisy Margarit, quien realizó una diferenciación de la existencia de una ley y de una política migratoria. En este sentido, señaló que la actual política migratoria "es una sumatoria desordenada de mejoras que han ido agregándose sobre las urgencias sociales como salud y educación". Al respecto, destacó como avances el que se hayan incluido en el programa "Chile Mi Barrio" a inmigrantes.
Margarit también destacó que la migración "no es igual en todo el país" y que la territorialidad da características muy diversas en cuanto al tipo de migrante en cada zona específica. "La migración de la zona norte de Chile no puede compararse con la que se da en Santiago. Ahí existe una alta rotación de migrantes y una composición distinta de nacionalidades. En la provincia del Cachapoal y en la región de Magallanes, los migrantes se establecen con sus familias, por lo que existe una distinta inserción e integración al tejido social local", agregó.
La socióloga también dio cuenta de las etapas de los procesos migratorios, en los que -a su juicio- se pueden distinguir tres etapas. "La primera es llevada a cabo más por hombres que mujeres, en la segunda etapa las mujeres migran más que los hombres y es en una etapa final donde se da la infancia migrante", apuntó. Para Margarit, el proceso en Chile está en una segunda etapa. "En algún tiempo comenzarán a migrar niños, con todo el desafío consecuente en infraestructura de servicios y redes de protección que deben establecerse. En el borrador de proyecto de ley que circuló por los entornos académicos y técnicos, se establecía que a los niños migrantes se les iba a asociar a la red de protección existente, y esto es, el SENAME, tan cuestionado últimamente", añadió.
Posteriormente intervino en el diálogo el doctor en Historia Baldomero Estrada, para quien "no existe un registro real de migrantes en Chile", y cree que hay una cifra oculta que puede ser mucho mayor, lo que puede traducirse en problemas humanitarios dada la escasa infraestructura existente para el apoyo a migrantes en Chile. Estrada se centró en aspectos culturales e históricos, evocando la condición de insularidad nacional. Lo anterior permitió que antes de la globalización de mercados y fronteras, en Chile sólo hubiese migración selectiva, como la realizada en el sur de Chile con la ley de inmigración selectiva, promulgada en 1845, donde más de 6000 familias provenientes de estados pertenecientes a la entonces llamada Federación Alemana -Alemania empezó a existir como país en 1871- y del Imperio austrohúngaro se instalaron en Chile.
Para el historiador "esto redunda en una mitificación de esta migración ideal por sobre las que vinieron en adelante, provocando una actitud poco receptiva, que escasamente pueda aportar a la integración migrante actual. En aspectos laborales en muchos casos de abusa y sobre explota como mano de obra, se exagera su incidencia en el mercado laboral, y la prensa azuza una odiosidad explícita o latente contra extranjeros", sostuvo. "Los medios de comunicación acentúan la identidad étnica cuando existe algún hecho de connotación negativa donde esté envuelto un extranjero. Entonces un delito no lo comete un ciudadano, sino un ciudadano colombiano", agregó.
Estrada enfatizó que, a excepción de los pueblos originarios, Chile se ha ido construyendo en buena medida gracias al aporte de la migración. "Tenemos pendiente la enorme tarea de convertirnos en un país tolerante, acogedor y hospitalario", declaró. Finalmente, el doctor en historia, señaló que la política de migración debe tener aparejada una campaña de educación a la ciudadanía sobre los Derechos Humanos de personas que, debido a los flujos del capital y el trabajo globalizado, viven en nuestras fronteras, fenómeno que -recalcó- irá en incremento. En este sentido destacó el trabajo hecho por Iglesias y ONG’s, "quienes han paliado la precariedad estatal en la materia con redes de apoyo a los migrantes", concluyó.
Luego, intervino el sociólogo Cristian Doña, quien afirmando la condición de insularidad señalada por Estrada, denunció la "germanofilia de la prensa histórica respecto de una migración ideal". Ya en materia, Doña dijo que la legislación migratoria es meramente administrativa, y que sus disposiciones difícilmente pueden constituir una suerte de política migratoria.
Para el sociólogo, la forma como se construye el dato migratorio es incierto. "Podemos estar ante un sub registro importante que puede escapar a datos sociales recogidos por la encuesta Casen, por ejemplo. El dato de Extranjería que se maneja es que no sabemos cuántas de esas 450 mil personas están en Chile, ni cuántos de ellos han retornado ni muerto, por lo que no es un dato exacto, ya que es un registro de actos administrativos y no personas. Si por ejemplo sumamos las visas de trabajo a las de permanencia definitiva, podemos tener una alta doble contabilidad, porque las visas de trabajo dan pie a una de permanencia definitiva", apuntó.
Además, sostuvo que el instrumento ideal para una contabilidad de migración es un censo, pero no es el único. "Un instrumento que sería útil para las mediciones estadísticas sería el RUN, que en sus avances ha incorporado una data personal importante como nivel de estudios, saber si la persona está viva o muerta, la cantidad de hijos, si permanece o no en el país, etc. Asimismo, se haría más fácil rastrear y establecer cifras de la migración regular. Esto facilitaría a investigadores conocer el número de migrantes, dónde están, que hacen y poder enfocar los esfuerzos estatales en ese sentido", agregó.
"Me llama la atención a que se hable de la existencia de una nueva ley migratoria, en circunstancias que lo nuevo es sólo la discusión que se ha dado tras anteproyectos y proyectos que no han visto la luz", sostuvo Óscar Rojas -de la ONG Sin Fronteras- al comenzar su intervención.
Rojas centró su exposición en los niños migrantes. "Hay un grupo importante que se encuentra de forma irregular en el país y no hay claridad respecto de sus datos. Entonces no hay una relación de derechos vulnerados, principalmente respecto en salud y educación. Esto, porque si bien han existido esfuerzos por parte del Ministerio de Educación en convenios con el Ministerio del Interior o FONASA y el Ministerio de Salud, muchos de estos beneficios quedan sujetos a la discrecionalidad. No hay claridad respecto de la convalidación de materias de un niño de padres refugiados, donde no hay posibilidad de rescatar los datos académicos" agregó, junto con apuntar que "esta sectorización de las políticas públicas hace que el acceso a derechos sea vulnerado muchas veces por parte del mismo Estado".
El abogado también declaró que "actualmente hay una ley de refugiados, pero es una ley incompleta. En este sentido existe una secretaría técnica de refugiados que se junta una vez al mes para ver la elegibilidad de los solicitantes de refugio, siendo que la ley le da atribuciones mucho mayores en cuanto a políticas públicas. En este sentido, de existir un protocolo, la persona podría resolver su situación en una semana y no en un año como es hoy. Esto es bastante violento para personas que escapan de una vida donde se ha atentado contra su vida o su libertad".
Luego, se refirió a la situación de la apatría. Entre 2000 y 2014, más de tres mil personas nacidas en Chile fueron inscritas bajo el estatus de “hijo de extranjero transeúnte”, quedando sin nacionalidad y sometidas a altos niveles de discriminación, lo que vulnera los derechos de miles de niños y niñas que nacen en Chile. "Según la Constitución, en su artículo 10, 'son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes'. ¿Quiénes serían esos extranjeros transeúntes? En la ley no queda detallado, es una condición extraña y ambigua, y el año pasado se presentó un recurso ante la Corte Suprema para regularizar un número importante de estos niños", explicó.
Para finalizar, Rojas abordó la trata de personas. "La ley existente de trata y tráfico es una reforma al articulado del Código Penal, lo que en sí misma no trae ninguna política social. Por otra parte, las personas que son víctimas de trata y tráfico son consideradas como tales en aspectos de visaje cuando existe una sentencia. Acá hay que dar vuelta el análisis y ver cuán fácil es ejercer acciones contra traficantes de personas, como los denominados coyotes", aseguró, agregando que "el número de acciones de este tipo es muy bajo, y la mayoría no ha llegado a sentencias o resolución judicial".
Este tema seguirá siendo tratado por Mesas de Análisis que se realizarán a lo largo del año 2016, con miras a generar un acervo crítico que pueda contribuir a la formación de una política migratoria.