Para Silva Cimma, el paquete de reformas constitucionales concretado en 2005 "corresponde a un proceso integral de transformación de un texto con muchos enclaves autoritarios, e incorpora esencias y atributos dentro de un contenido de modernidad indiscutido".
Un proceso que comenzó con las 50 a 55 modificaciones que Patricio Aylwin negoció con los militares incluso antes de asumir el primer gobierno democrático post Pinochet.
Si es o no una nueva Constitución, el abogado fue claro en aseverar que no lo es. Pero tampoco se detuvo a la hora de analizar los avances. Aunque criticó el origen de la Carta Fundamental del ’80, valoró que su texto reconoce de manera normativa una serie de instituciones que estaban señaladas en el texto de 1925 de forma sólo declarativa. "Vale decir, la Constitución actual rige en el acto, per se, de modo que cuando se crea una institución, esa institución vale por sí misma".
"Cuando acepté ser senador designado (por su cargo de ex Contralor de la República), lo hice para trabajar por la derogación de esta figura, puesto que eran casi 1/5 de lo senadores los elegidos a dedo".
"Hoy, el Cosena se ha transformado en un simple consejo asesor", es decir, en una instancia de consulta del Presidente, y no al revés.
La Constitución establece que el Estado está al servicio de la persona. Los derechos humanos están por sobre los demás derechos. “Yo creo que Chile sí ha evolucionado en esta materia, aunque todavía se cometen abusos”, opinó el abogado.
Dijo que el texto actual obliga al Estado a actuar con sentido equitativo y solidario, en otras palabras, da una concepción funcional al servicio público. Para Silva Cimma, esto origina un Estado solidario en dos ámbitos:
a. De modo genuinamente público, es decir, mediante instituciones que lo fortalecen y le permiten ejercer políticas públicas. Entre ellas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Servicio Nacional de Aduanas.
b. Mediante el servicio a través de particulares. Un ejemplo de esto son las carreteras concesionadas. Un privado construye una obra de bien social, por lo que se rige dentro del ámbito del derecho público. Aún así, el Estado es parte activa de este proceso, pues supervisa al particular.
Sin embargo, fue enfático en señalar que para la Constitución actual, "se rechazó la frase 'Chile es un Estado social, democrático y de derecho'. Incorporar esto significaba la consolidación de nuestro país como uno donde los derechos de los más abandonados, de los más necesitados y débiles debían resguardarse por un mandato supremo".
Personalmente, el abogado dijo que él ve al Tribunal Constitucional como una de las instituciones con más proyección, pues "con las reformas constitucionales, el Tribunal Constitucional adquiere un rol preponderante en el examen de la constitucionalidad, no sólo de los proyectos de ley, sino de las leyes y de las normas emanadas del propio Poder Ejecutivo".
Para Silva Cimma, las últimas Reformas Constitucionales resguardan, especialmente, el principio de la publicidad de los actos del Estado. El tema es complejo y lo reconoció: "Queda mucho camino por recorrer". La idea es impedir el secretismo e instalar la buena fe.
Silva Cimma fue enfático en señalar que si hay una gran tarea pendiente aún en términos constitucionales es la participación ciudadana. Quizás por ello hizo hincapié en que no estamos en presencia de una nueva Constitución, pues todavía quedan situaciones que deben ser resueltas de manera democrática. Entre ellas, el sistema binominal: "Es una falta de respeto a la ciudadanía y una falta de representación de las minorías".
Por lo mismo, Enrique Silva Cimma considera que "es una cuestión de justicia y ética cambiar la Constitución de 1980".
Abogado de larga trayectoria, llegó al Senado en 1998, luego de ser designado para el puesto en su calidad de ex Contralor General de la República, cargo que había desempeñado en 1958.
También fue abogado integrante de la Corte Suprema entre 1968 y 1973; presidente del Primer Tribunal Constitucional de Chile, desde 1971 a 1973; y Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Patricio Aylwin.