La autoridad de cambio climático con la que Australia pretende cumplir el Acuerdo de París

Se trata de una institución permanente que trabaja con actores públicos y privados en un enfoque de largo plazo. Su misión principal es que las políticas públicas, las leyes aprobadas por el Parlamento y las prácticas de todos los sectores productivos, contribuyan a mitigar el calentamiento global.

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La autoridad de cambio climático con la que Australia pretende cumplir el Acuerdo de París

La Autoridad de Cambio Climático (CCA) es el principal órgano del Estado australiano encargado de las políticas de mitigación, tanto de las emisiones de carbono como del uso eficiente de los recursos naturales. A través de políticas como el Plan Nacional de Productividad Energética, o el Fondo de Reducción de Emisiones, este organismo público intenta reducir en un 85 por ciento las emisiones para el año 2036. Una revisión general de esta institución, en la siguiente nota.

El cambio climático y sus desafíos para el gobierno australiano

El Acuerdo de París tiene una misión clara para todos los países que los suscribieron: reducir la temperatura del planeta un cinco por ciento debajo de los niveles existentes para el año 2000. Tal misión es un desafío sin precedentes si se considera que para el año 2030 los protocolos aprobados por la comunidad internacional deberían cumplirse a cabalidad. Es por ello que la mitigación del cambio climático es un imperativo para los países desarrollados, entre los que destaca Australia, ya que, desde antes del Cop 21 estableció una institución encargada especialmente de este problema.

El año 2011, por mandato de la Ley de la Autoridad del Cambio Climático, el Parlamento creó la institución del mismo nombre, con el fin de que revise las políticas del Ejecutivo y guíe las leyes del Parlamento. De tal manera, que las actividades económicas estén en sintonía con los estándares ambientales necesarios para el logro de bajas emisiones de carbono. Asimismo, luego de la firma del Acuerdo de París el 2015, la misión del organismo es cumplir con los compromisos internacionales suscritos por el gobierno australiano en esta materia.

El cumplimiento de tales protocolos se centra en aquellas actividades económicas que usualmente producen más Gases de Efecto Invernadero (GEIS). Según cifras de la propia autoridad, en mayo de 2017 Australia produjo 535,7 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, siendo la energía eléctrica la industria más contaminante, con un 35 por ciento del total. Le siguen la combustión industrial, generada en minería e industrias primarias, con un 18 por ciento del total. Transporte con un 17 por ciento y agricultura con un 13 por ciento, reflejado principalmente en la aplicación de fertilizantes y aditivos para los suelos.

Una opinión de esta autoridad y su importancia para el futuro climático del planeta tuvo Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile. En su opinión el Cambio Climático es un problema transversal, por lo que concuerda con la figura existente en Australia. “Este es un problema que trasciende lo ambiental, tiene que ver con seguridad, estabilidad de los territorios, desarrollo territorial, geopolítica, etc. Una autoridad de cambio climático tiene que tener la capacidad de influir en todos los ministerios, porque cuando radica en un solo sector se liquida”, señaló.

Políticas para la reducción de emisiones

El cambio climático es un tema controversial que no ha estado ausente de la discusión política en el país oceánico. Frente a un escenario donde coexisten escépticos y adherentes, el gobierno ha impulsado diversos tipos de políticas para dar comienzo al proceso de disminución de las emisiones. En primer lugar, el establecimiento de un Fondo de Reducción de Emisiones (ERF), esquema voluntario que incentiva a agricultores australianos a adoptar nuevas prácticas y tecnologías para la emisión de gases efecto invernadero.

Otra de las políticas es el Plan Nacional de Productividad Energética, que busca aumentar la eficiencia en un 40 por ciento para el año 2030. Para ello, se propone combinar medidas tradicionales como el uso de maquinarias más eficientes, con tecnologías inteligentes impulsadas por energías verdes. Por una parte el plan promueve la entrega de servicios más eficientes, pero también alienta a consumidores para que tomen decisiones más verdes, por ejemplo en la elección de automóviles, vivienda o uso de transporte.

En relación con el calentamiento global, el gobierno impulsa las Medidas para Reducir las Emisiones de Hidrofluorocarburos (HFC) producido por la refrigeración y el aire acondicionado. Para ello se propone la reducción de un 85 por ciento de estas emisiones para 2036 a través de la prohibición de importar equipos con altas emisiones, trabajar con empresas para fomentar la instalación de equipos que no produzcan gases tóxicos, entre otras medidas.

Por último, la Política Australiana de Cambio Climático, si bien fue impulsada el año 2015, sufrió una modificación el 2016 luego del Acuerdo de París. Se trata de un programa aprobado por el Parlamento donde se establecen lineamientos determinados para que todos los sectores productivos puedan implementar medidas que permitan mejorar sus prácticas, pero también para que todas las autoridades encuentren definiciones acerca de cómo tomar decisiones sostenibles.

Junta de expertos para debatir el futuro de la energía limpia

Si bien la Autoridad de Cambio Climático ha debido sortear desavenencias entre científicos y autoridades, el resultado de esta institución ha sido positivo para el devenir ambientalista de Australia. Muestra de ello es que el 11 de octubre de 2017 un grupo de expertos en energía se reunió en Melbourne para debatir los objetivos de energía limpia. Fruto de esta discusión, se acordaron 50 recomendaciones, la más importante es que se haga una revisión del sistema nacional eléctrico.

El gobierno de Turnbull aceptó 49 de estas propuestas, no obstante tuvo reparos en la propuesta central de reducir drásticamente la importancia del carbón en la oferta energética. Según una encuesta encargada por el Consejo del Clima y publicada a finales de septiembre de 2017, determinó que un 77 por ciento de jóvenes de entre 18 y 24 años apoya la labor de reducir los efectos del cambio climático y considera importante que se utilicen nuevas formas de energía, que sean amigables con el ambiente y contribuyan a poner fin al calentamiento global.

La institucionalidad para el cambio climático en Chile

En el caso de nuestro país, si bien la realidad institucional de cara al Acuerdo de París es distinta en proporciones e influencia política, a partir del 1 de enero de 2017 comenzó a operar la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad, orientada a que tanto autoridades como empresas materialicen los objetivos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, conformado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, entre otros subsecretarios y representantes de gremios empresariales.

Esta agencia, se estructura como un comité de Corfo que facilita la coordinación entre el Estado y las instituciones de fomento. Además, incentiva que pequeñas y medianas empresas para que incorporen medidas que mitiguen el calentamiento global. Esto, a través de mecanismos de financiamiento climático.

Para Juan Ladrón de Guevara, este es un organismo con visión de futuro que trabaja en un amplio horizonte de actividades. “Hasta el 31 de diciembre de 2016 fuimos el Consejo de Producción Limpia (CPL), hoy trabajamos en tres frentes. El primero es que recogemos los acuerdos del CPL anterior que apoyan a las empresas y asociaciones gremiales para que adopten prácticas de mitigación y adaptación, sobre todo en las Pymes. Ahora se les da una temática de cambio climático y desarrollo sostenible. Una segunda línea, tiene que ver con los acuerdos territoriales que consiste en un diálogo privado y sumar a las organizaciones territoriales de la sociedad civil para tener acuerdos en cuencas hidrográficas, entre otros acuerdos y proyectos necesarios para la transformación de Chile. La tercera línea es la de financiamiento, ahí lo que hacemos es juntarnos con Corfo para desarrollar instrumentos que se puedan aplicar a los desafíos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático”, agregó.

En relación a la forma cómo el Congreso Nacional podría aportar a la misión de la institución que dirige, el titular de la ASCC se refirió a la necesidad de tener mayor presencia a nivel público.“Dentro del mundo del fomento podemos desarrollar distintas estrategias, podríamos seguir operando sin necesidad de grandes modificaciones, pero sí es necesario fortalecer la forma como nuestros dispositivos tienen más capacidades para integrarse a todas las iniciativas de cambio climático que se están desarrollando en otros ministerios. Sería interesante contar con mecanismos legales que nos permitan una mejor integración, de cómo forzamos al resto del Estado para que se alinee con nuestras iniciativas de cambio climático”, sostuvo.

Por último, en relación a la posibilidad de crear una autoridad de cambio climático como la que existe en Australia, agrego: “Sería importante que en Chile tengamos una instancia a nivel de presidencia que coordine a las instituciones relacionadas que son muchas. Se pueden hacer reformas a nivel político e instalar esto en una entidad que esté por sobre los ministerios. En Chile la institucionalidad no es muy nítida, en otros países la figura del gabinete es fuerte que tienen incidencia y pueden llevar a la agenda temas transversales, pero esa figura en Chile es rara porque depende mucho del segundo piso, de la Segpres, o del presidente de turno. Yo apoyo esta visión, este es un problema más que medioambiental sino del gobierno completo”, sentenció.



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