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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

Comisión Australiana de Libre Competencia protege a Pymes y ciudadanos de la colusión

17 enero 2017

Organismo creado para asegurar el cumplimiento de la ley, tiene entre sus competencias la capacitación de empresarios y consumidores respecto de cómo enfrentar a los cárteles y prácticas monopólicas. Asimismo, esta institución cuenta con una política de seguridad orientada a proteger a personas que denuncien prácticas fraudulentas.

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Bajo el lema “Ser justos, ser competitivos”, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) es la institución pública que promueve el comercio justo y el libre comercio en los mercados. Orientado al beneficio de consumidores, negocios y la comunidad en general, este organismo observa el comportamiento económico de las empresas con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley de Libre Competencia y Consumo de 2010 que evita la formación de monopolios y carteles. Una revisión de este organismo, a continuación.

Doble competencia para proteger consumidores y a la libre competencia

Fundada en 1995 como resultado de la fusión de la Comisión de Prácticas Comerciales y la Autoridad de Monitoreo de Precios, es la autoridad más importante de Australia en cuanto a la protección de consumidores y al aseguramiento prácticas económicas sanas. Inspirados en favorecer la productividad, la innovación y la realización de tratos de buena fe, el ACCC cuenta con el respaldo de la Ley de Libre Competencia y Consumo, legislación que le permite realizar un doble propósito.

Por una parte, garantiza las buenas prácticas de las empresas con los consumidores. Con esto, la ACCC asegura que cuando existan casos de abuso, negligencia o error por parte de las compañías en perjuicio de los consumidores, se vean en la obligación de reparar, reemplazar o compensar. Las sanciones no solamente son empleadas a los vendedores, sino que también se buscan las responsabilidades en los productores o importadores.

Aunque no todos los consumidores son personas naturales perjudicadas por empresas. La Ley de Consumidor de Australia también protege a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) contra las cláusulas abusivas. Por ejemplo cuando una de las partes limita sus obligaciones en el contrato, o rescindir de un contrato, incluso cuando solo penalizan a una parte del contrato. En estos casos, el negocio será considerado como si fuese con un consumidor y tendrá derecho a ciertas compensaciones.

El segundo propósito de la ACCP es impedir las prácticas que limitan la competencia de los mercados, esto es, que tengan comportamientos anticompetitivos o de cartel. La fijación de precios, manipulación de ofertas, precios predatorios, imposición de precios mínimos a los minoristas, o cualquier otro uso indebido al poder de mercado que degenere en conductas anti competencia, son sancionados a través de tribunales civiles con penas de cárcel.

Política de seguridad para los solicitantes de inmunidad por informar conducta de carteles

Pese a que los carteles son sancionados por el derecho civil, sus acciones en contra de empresas y personas particulares constituyen un delito penal. Según la Ley de Competencia y Consumo, estas prácticas no solo son ilegales e inmorales porque engañan a los consumidores y otras empresas, sino también restringen las posibilidades de un crecimiento económico saludable.

Es por esto que las personas declaradas culpables de participar en conductas de colusión pueden enfrentar sanciones penales o civiles de hasta 10 años de cárcel, además de multas pecuniarias de hasta 500 mil dólares australianos por contravención civil. Algo similar sucede para las corporaciones cuya multa máxima puede ser tres veces el valor total de los beneficios obtenidos por una o más personas y que sean razonablemente atribuibles al delito o contravención.

En este contexto la ACCC tiene amplios poderes para investigar carteles y obligar a personas y empresas para que proporcionen información sobre las presuntas infracciones. Dentro de esta información se contemplan documentos e incluso la presentación de pruebas verbales. Asimismo, el organismo puede notificar a la Policía Federal Australiana que recolecte pruebas utilizando intervenciones telefónicas y otros dispositivos de vigilancia.

No obstante lo anterior, la Comisión cuenta con un servicio en línea que permite identificar, evitar y reportar la conducta de los carteles. Asimismo, para incentivar que más personas delaten las conductas de colusión y los otros tipos de manejo fraudulento, existe una Política de Seguridad para los solicitantes de inmunidad que cooperen en proporcionar información.

Conocida internacionalmente como delación compensada, en la experiencia australiana la ACCC antes de admitir la solicitud de inmunidad evalúa el caso. Si el solicitante reúne las condiciones para tener algún grado de inmunidad, se comienza la investigación donde el informante debe enumerar todas las entidades corporativas relacionadas, así como directores, funcionarios, entre otros datos necesarios para construir el caso.

De esta manera, dicho organismo a través del otorgamiento de inmunidad, alientan a empresas y particulares a cooperar en revelar la conducta de los carteles y así tomar las medidas necesarias. Debido a que la colusión es difícil de detectar por la carencia de pruebas documentales, una políticas de inmunidad alienta a los delatores y permite que la ACCC pueda penetrar las capas del secreto, pero también desincentiva la formación de carteles ante el eminente peligro de delación.

La ley anti colusión en Chile y su valoración desde el Parlamento

Si bien en nuestro país no existe una institución que concentre todas las atribuciones y competencias que tiene la Comisión Australiana de Libre Competencia y Consumidores, en agosto de 2016 se creó la Ley 20.945, que Perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia. Pese a que no existe tiempo suficiente como para hacer una evaluación de su impacto, la diputada Maya Fernández -quien además es la presidenta de la Comisión de Economía- valoró el hecho de que se encuentre en funcionamiento.

”Para la mayoría de las personas es relevante porque los consumidores sienten que hay un abuso permanente en los casos de colusión. Esta ley tiene un elemento importante y es la aplicación de multas, ya que no son simbólicas sino que se endurecen de acuerdo al daño que cometen, por lo tanto existe la posibilidad de pagar multas altas. En definitiva, esta ley reincorpora la colusión como delito, lo que considero que es un avance muy importante en materia económica y ciudadana”, señaló.

Respecto al tratamiento que nuestra legislación otorga a aquellas personas que quieran denunciar los casos de colusión, la parlamentaria se mostró conforme. “La delación compensada de las empresas no los exime de no pagarle a los consumidores perjudicados, esa fue una de las indicaciones que presentamos. Por lo tanto, a todo evento las empresas tienen que responder a los consumidores que se vieron afectados”, agregó.

Una valoración similar realizó el diputado Fuad Chahín, para quien esta ley es un avance. “Pienso que es una ley con bastantes elementos positivos, que tienen que ver con las facultades para hacer estudios por parte de la Fiscalía, control preventivo de funciones y la nueva estructura para la aplicación de multas en relación con el porcentaje del beneficio económico obtenido, por un porcentaje a las ventas brutas. Esto permite que las sanciones sean importantes y que no sea más conveniente pagar la multa que cumplir la ley. Va en una buena línea el cómo se facilita la reclamación de indemnización de perjuicios ante el mismo Tribunal de Defensa a la Libre Competencia, el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la delación compensada, lo que me parece bien”, resaltó.

Sin embargo, y según su parecer, deberían mejorarse un punto. “Para que funcione plenamente la delación compensada, como una forma de eximir la responsabilidad administrativa o económica, esta debería iniciarse antes de iniciar la investigación, ya sea en Chile o el extranjero”, sentenció.


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