La ley contra la discriminación en Australia que castiga la incitación al odio

Pese a que esta normativa se centra en los casos de discriminación racial, no solo contempla sanciones para quienes inciten al odio por motivos étnicos o religiosos, sino que también condenan cualquier manifestación pública que cause daño o malestar hacia las minorías.

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La ley contra la discriminación en Australia que castiga la incitación al odio

A propósito del proyecto de ley en contra de la incitación al odio que presentará el gobierno con apoyo de diputados de la bancada socialista, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la fundación de migrantes An Nou Palé, encontramos en Australia la Ley de Discriminación Racial que defiende a personas que se consideren víctimas de insultos o intimidaciones por su condición de minoría. Una revisión de esta ley, sus excepciones y particularidades, en la siguiente nota.

Evitar los actos de odio en espacios públicos

Las ofensas, insultos, humillaciones e intimidaciones a personas por su condición étnica, sexual o religiosa son consideradas como un acto ilegal según la legislación australiana. Ya sea en formatos de conversación, cantos, dibujos o incluso hacer gestos en público, el odio podría ser castigado severamente. Incluso si alguna de estas formas se realiza vía web, ya que los mensajes tienen una visualización mayor.

En definitiva, cualquier acto de incitación al odio que se lleve a cabo en un espacio público es considerado ilegal y lleva a sanciones. Según la ley, un lugar público es todo aquel al que se tenga acceso por derecho o por invitación, expreso o implícito. Es por ello que Internet, calles, plazas, lugares de trabajo, transporte público, estadios y parques, son considerados como tales y, por lo tanto, no se puede incitar a ningún tipo de odio.

La manera de evitar que un acto sea lo suficientemente humillante para ser sancionado por la ley, es precisamente preguntarse si desde la perspectiva de la víctima la conversación es ofensiva o intimidante. Sin embargo, una de las sanciones del Tribunal del Norte de Sydney que se considera como precedente, establece que la respuesta de la víctima debe ser razonable, es decir que “el criterio no debe ser de una persona en particular, sino susceptible de despertar una relación inamistosa con un grupo”. De tal manera, la normativa australiana reconoce la denominación de “víctima razonable” con el fin de garantizar las sensibilidades culturales.

Protección en armonía con la libertad de expresión

Pese a que la protección de grupos étnicos, religiosos o sexuales está garantizada, hay elementos en la legislación australiana que exceptúan la aplicación de sanciones, por ejemplo cuando la persona haya actuado razonablemente de buena fe. Esta condición se da especialmente en la realización de obras artísticas, trabajos académicos, científicos o debates sobre asuntos de interés público.

Estas excepciones no solo permiten que se debatan temas de trascendencia nacional como el multiculturalismo o el reconocimiento acertado de aquellas manifestaciones que son realmente nativas. Asimismo, los medios de comunicación tienen un amplio margen de funcionamiento con el fin de informar cuestiones relativas a la incitación del odio racial, no obstante sus informes deben ser justos y precisos sobre los asuntos de interés público.

La excepción de los medios de comunicación se ejecuta con el fin de preservar la libertad de expresión, también porque la categoría de buena fe razonable significa que no hay motivaciones impropias y, por consiguiente, se puede demostrar que no hubo una intención deliberada de desinformar o inducir a errores de interpretación con el fin de denostar a ciertas comunidades.

De esta manera, para que se establezca que un acto es de difamación racial, es necesario que la persona afectada compruebe hostigamiento o amenaza potencial. No obstante, para que se apliquen disposiciones penales estatales o federales, se considera cualquier tipo de incitación a la violencia. Así, por ejemplo, estados como Australia del Sur, Occidental y Victoria, aplican sanciones a cualquier publicación de material de odio racial en cualquier lugar de internet que esté en juridicción de dichos estados.

Protección por iniciativa de los propios afectados

Esta comprobación de hostigamiento y de ser una víctima razonable de amenaza, ha sido valorada por defensores acérrimos de la libertad de expresión, pero también ha recibido cuestionamientos por la forma cómo se ha dado este procedimiento en la práctica. Los investigadores Luke McNamara y Katherine Gelber, de las universidades de Wollongong y Queensland respectivamente, en un artículo publicado en la revista The Conversation en 2014, explican esta situación.

”El modelo australiano supone la posible existencia de un error civil, esto es que el daño ocasionado por las sanciones criminales por discursos de incitación al odio son desproporcionados en comparación con la naturaleza del real daño ocasionado y es incompatible con el compromiso por la libertad de expresión”, señalan, por lo que es responsabilidad de las personas de la comunidad afectada iniciar las denuncias y no hay un equivalente a la policía para hacer cumplir la ley.

Ambos autores en un estudio publicado el 2011 y que en aquel entonces fue el mayor estudio publicado en Australia sobre discurso de incitación al odio, entre 1990 y 2010 se presentaron menos de 4 mil quejas formales, lo que se traduce en 200 denuncias por año. De estos, la mitad son exitosamente sentenciados por los tribunales, por ejemplo en la eliminación de material físico o en un sitio web.

Sin embargo el estudio de McNamara y Gelber es concluyente en la pertinencia de la ley, ya que sus entrevistados provenientes de diversas comunidades étnicas australianas valoraron que existan leyes en contra del discurso de odio. “Son importantes y no deben ser manipuladas. Aunque muchos sostienen que nunca presentarían una queja o perseguirían un litigio, las leyes en contra de la incitación al odio son un símbolo precioso, pues sabiendo que están allí les hace sentir menos vulnerables”, sostiene el artículo.

Proyecto ley contra la incitación al odio en Chile

A diferencia de Australia donde la Ley Anti Discriminación lleva más de 20 años, en nuestro país no existe una normativa legal que sancione manifestaciones públicas hacia la violencia, sin embargo el gobierno en conjunto con diputados de la bancada socialista presentaron en julio de 2017 un proyecto de ley que prohíbe y sanciona como delito la incitación a la violencia.

Uno de los autores de esta moción es el diputado Leonardo Soto, quien comentó que su sentido es proteger a las minorías étnicas, sexuales, entre otras. “Surge de la realidad misma, ya que durante el primer semestre de este año hubo varios episodios como en Concepción o Santiago donde ciertos grupos llamaban a ejercer violencia en contra de los inmigrantes. Hubo lienzos y mensajes en muros donde llamaban a expulsar a la fuerza a los inmigrantes de distintas nacionalidades. Examinando esta situación nos dimos cuenta que son grupos que están promoviendo la violencia hacia minorías sociales, en este caso de inmigrantes, pero también hay incitación al odio hacia las minorías sexuales, pero la legislación que tenemos no es capaz de enfrentar esa situación como parte de un delito específico”, comentó.

En cuanto a la relación de este tipo de penalización y la libertad de expresión producida en Australia, el legislador fue claro en señalar que no la afecta. “Nosotros en este proyecto no buscamos penalizar libertades, somos totalmente respetuosos de la libertad de opinión, esto tiene que ver con la promoción de la violencia hacia los inmigrantes. Creemos que hay un límite en la libertad de opinión que tiene que ver con públicamente promover conductas violentas hacia otros, por lo que la libertad de opinión no asegura cautela en este tipo de promoción de actividades violentas. Creemos que la convivencia entre los chilenos sea absolutamente pacífica y unos no tengan derechos a promover la violencia sobre otros y ese es el criterio de este proyecto”, explicó.



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