Australia y su sistema de voto obligatorio que facilita el proceso de inscripción

El caso australiano de voto obligatorio demostraría con hechos históricos sus consecuencias positivas para la representatividad y participación democrática. La existencia de un órgano electoral fuerte y un sistema de inscripción rápido, hacen que más del 95 por ciento de la población en edad de votar esté inscrita en los registros electorales y cumpla con su deber cívico. Una revisión de esta experiencia y un análisis final a la luz de la realidad chilena, en la siguiente nota.

Voto obligatorio en búsqueda de mayor representatividad

Australia introdujo el formato de inscripción obligatoria durante las elecciones federales de 1912. Tres años más tarde, en las elecciones estatales en el estado de Queensland, se estableció por primera vez la obligatoriedad del voto, decisión que se ratificó nueve años después en las elecciones federales en 1924. A partir de ese momento, el país oceánico no ha realizado modificaciones para revertir esta situación. Por el contrario, hasta nuestros días la legislación ha apuntado en perfeccionar la obligatoriedad.

Entre los argumentos utilizados a favor de este modelo, la Comisión Electoral de Australia (AEC) es que las votaciones son un deber cívico comparable a otros deberes como son el pago de impuestos, la educación o cumplir con el servicio de jurado. Adicionalmente, con esta medida se busca que la representación del Parlamento refleje de mejor manera la voluntad del electorado y que los candidatos no concentren sus energías en movilizar a los votantes, sino en desarrollar las ideas detrás de sus campañas.

En consecuencia, todos los años los australianos deben cumplir con el deber de inscribirse en los registros electorales, ya que la votación es obligatoria para cada ciudadano mayor de 18 años. De tal manera, el objetivo de la AEC es que el 95 por ciento de las personas con capacidad de elegir o ser elegidas estén inscritas en el padrón electoral. De hecho, según cifras de dicho organismo, para septiembre de 2017 la tasa de inscripción superó los 16 millones de electores, representante de un 96,3 por ciento de las personas elegibles y solo con 616 mil personas no inscritas.

Para Miguel Ángel López, experto electoral y director adjunto del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, este sistema tal como dice su nombre, obliga a los ciudadanos para que participen independientemente de su interés político, ideología o intención de voto. “Es beneficioso en algunos casos porque se produce una socialización obligada que va haciendo al ciudadano generar un hábito. Entonces, al cabo de varias veces el votante se empieza a acostumbrar a ejercer su ciudadanía. En el caso chileno, durante el sistema anterior donde el voto era obligatorio y la inscripción voluntaria, sucedió que toda la gente fue desarrollando características ciudadanas en la medida que participaba de una elección a otra. Generalmente, en las democracias con voto obligatorio la ciudadanía es más participativa”, señaló.

Más garantías para una diversidad de tendencias

El contexto global está marcado por la alta abstención en las democracias, por ejemplo, solo un 37 por ciento de los electores británicos votó por el Brexit y un cuarto del padrón estadounidense votó por Donald Trump como presidente. Sin embargo, esta situación no ocurre en el país oceánico, donde las personas son penalizadas por no votar o no inscribirse en los registros electorales.

Por más que esta norma pueda resultar impopular en muchas democracias, en el caso australiano, tres cuartas partes de los votantes apoyan consistentemente el voto obligatorio y no existe ningún movimiento político significativo que promueva un cambio. Según Anthony Fowler en un artículo publicado el 2013 en la revista de ciencia política de la Universidad de Harvard, las elecciones no se determinan según la movilización de los votantes sino por la concurrencia de los votantes indecisos. Es por ello que partidos políticos con tendencias extremas se mantienen como minorías sin siquiera tener posibilidades de formar gobierno.

Por su parte, el analista político Waleed Aly, en una columna publicada en el New York Times, el voto obligatorio en Australia es una de las razones por las cuales la derecha extrema carece del poder que tienen sus homólogos europeos, lo mismo sucede con los partidos demagogos. Asimismo, Aly comenta la situación por la que atravesó el primer ministro Malcolm Turnbull a comienzos de 2017 cuando una facción conservadora de su gobierno amenazó con formar un partido nuevo, pero que no se llevó a cabo, ya que una vez desprendidos se enfrentarían rápidamente al olvido electoral, por lo que tuvieron que moderarse.

Facilitación de las inscripciones

Si bien el voto es un deber para todos los australianos, la inscripción es también una obligación, por lo que la ley no solo exige a los ciudadanos su cumplimiento, sino también que la comisión electoral mantenga sus datos del registro en permanente actualización. Para el logro de este propósito, el AEC cuenta con la Ley Electoral de la Commonwealth que le permiten tomar información desde otras agencias gubernamentales para actualizar el padrón.

No obstante, es la propia AEC que conforme a los datos obtenidos escribe a los ciudadanos su intención de agregar el nombre y dirección en el padrón electoral. En el caso de que los datos estén correctos, no es necesario responder la carta, pero si decide inscribirse mucho tiempo después de haber cumplido la mayoría de edad, las personas no son multadas por no haberse inscrito en el pasado.

Aunque el aspecto más interesante en el proceso de inscripción es la posibilidad de que los ciudadanos se inscriban y actualicen sus datos en línea. A través del sitio web de inscripción de AEC los ciudadanos pueden inscribirse en 11 pasos simples, o actualizar sus datos electorales. Mediante exigentes protocolos para proteger los datos personales. De esta manera el organismo electoral se asegura que todos los ciudadanos que tengan un mínimo interés por inscribirse como votantes, tengan las facilidades para hacerlo.

Para Miguel Ángel López, es importante que la inscripción sea sencilla y efectiva de realizar. “El tipo de inscripción más común es la automática, porque tiene que facilitarse a los ciudadanos. En muchos países el servicio electoral y el servicio civil son lo mismo o funcionan de manera muy unida. Por ejemplo, cuando los ciudadanos cumplen 18 años quedan inmediatamente inscritos en los dos sistemas, de identificación y electoral. Por esto mismo, lo ideal es que sea una inscripción automática. Algo similar sucede en la actualización de datos, porque el proceso mismo se hace cuando las personas van a renovar su carnet de identidad o algún otro tipo de documentos” explicó.

En consecuencia, la AEC está autorizada constitucionalmente para obtener algunos datos personales desde otras agencias gubernamentales, pero también asegura la privacidad de los mismos, con el fin de que los ciudadanos colaboren voluntariamente en la actualización. En el caso de que los ciudadanos inscritos no voten, ya sea porque no actualizaron cambios de residencia a tiempo, o simplemente no están de acuerdo con votar, según la sección 245 de la Ley Electoral de la Commonwealth, deben pagar una multa de 20 dólares australianos.

Análisis del voto obligatorio en Chile

Para Miguel Ángel López, el voto obligatorio puede tener atributos, sin embargo, pese a estar de acuerdo con este formato para nuestro país no recomendaría abandonar el sistema voluntario. “Eso es muy complicado, porque uno puede tomar este tipo de medidas, pero si se hace ahora va a quedar como una medida paliatoria con el poco interés que la gente tiene con la política. Ahí podría ocurrir un esquema muy grave, porque si regresamos al voto obligatorio, hay un porcentaje alto de personas que voten nulo y blanco, o se abstiene, se crearía un cuadro muy complicado porque los nulos o blancos podrían ser mucho más altos que los candidatos electos, entonces la legitimidad de todos ellos va a ser muy baja”, comentó.

En relación a la dificultad de sancionar a quienes no ejercieron su deber cívico, el experto electoral agregó que este es un proceso difícil y engorroso para las instituciones de nuestro país. “Si se estableciera una pena a los ciudadanos que no voten, va a ocurrir lo mismo que pasó durante lo últimos años del sistema antiguo, donde no se podía perseguir a las personas que no votaban porque eso significaba paralizar gran parte de los juzgados locales con este tipo de causas por mucho tiempo. Por eso mismo ya no se hace y en muchas partes no se está haciendo. En la mayor parte de los casos, el pago de las multas no cubre ni el 20 por ciento de los gastos que cuesta hacer el proceso”, agregó.

Por último, y en relación con los supuestos de que las bajas votaciones benefician a un sector político, el politólogo se mostró en desacuerdo, pues no existen estudios en nuestro país que lo confirmen. “Las personas que no votan no estarían cercanos a nadie. Existe una postura que como la gran mayoría de los chilenos y personas jóvenes se sienten cercanos a la izquierda, por ende, si votaran lo harían por la izquierda. Ahora bien, está el caso de mujeres, dueñas de casa que viven en poblaciones que no votan porque no les interesa, pero que no necesariamente están vinculados a la izquierda. El modelo clásico de participación electoral dice que la gente con mayores ingresos y mayor nivel educacional tiende a votar más, sobre todo quienes tienen un mayor nivel educacional. Entonces se asume que al ser el voto voluntario las personas de ese nivel votan más y por la derecha, cosa que no es necesariamente cierta porque si analizamos a la gran mayoría de los votantes del partido comunista o el socialista, tienen votantes bastante educados, mientras que la UDI tiene un amplio sector de votantes que viven en poblaciones y que tienen un bajo nivel de instrucción”, sentenció.