Ciudades inclusivas: levantando barreras culturales

Lograr que las ciudades sean inclusivas para todos, para que acojan en especial a quienes tradicionalmente han quedado relegados de ellas, como ocurre con las personas en situación de discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las mujeres o los migrantes es un enorme reto que supone implementar de mejor manera políticas públicas ya existentes. Desde el reconocimiento del “derecho al ocio” hasta el fortalecimiento del turismo accesible, las demandas de los ciudadanos son altas. Pero las barreras que enfrenta la inclusión urbana son difíciles de derribar y deben ser correctamente afrontadas por los legisladores y la ciudadanía en general

Por Equipo Bioética

||Autor Fotografía: www.ciudadaccesible.cl

Una ciudad mal diseñada es excluyente socialmente

¿Qué acciones pueden llevarse a cabo por parte de los tomadores de decisiones para terminar con la exclusión social que provocan las ciudades mal diseñadas? Documentos como el informe final de la Cumbre HABITAT III, realizada el año pasado en Quito, Ecuador, señalan dos factores clave: de una parte, los compromisos políticos que permitan a la ciudadanía vivir una vida digna, y de otra, la creación de institucionalidad para facilitar la inclusión a través de políticas que promuevan el acceso universal a servicios básicos y que, a la vez, urjan a los gobiernos locales a garantizar un crecimiento urbano que sea inclusivo y coherente con los tratados internacionales vigentes.

Por lo mismo, se entiende que la inclusión social en términos urbanísticos es principalmente, pero no exclusivamente, un deber del Estado. El mismo Estado que ha firmado y ratificado compromisos como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008 pero cuya implementación, a la fecha, no ha sido lo que se esperaba por parte de la sociedad civil. Esto, porque la transformación hacia ciudades más inclusivas depende y exige no sólo de mejores formas de gobernanza y de una sólida institucionalidad, sino también de un cambio cultural, actitudinal y de mentalidad. Si no se comprende que la inclusión es una asunto de especial interés que requiere ser abordado con una mirada integral, es difícil que la inclusión se dé de manera permanente.

De las dificultades para romper con el status quo dan cuenta documentos como el II Estudio Nacional Sobre la Discapacidad, elaborado el año 2015 por SENADIS, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En éste, se señala que sobre 2.800.000 personas (16,7% de la población total mayor de 2 años a nivel nacional) sufre de algún tipo de discapacidad por causa física. De éstas, el 38.3% tiene 60 años o más, lo que da cuenta de la importancia que tiene un adecuado ordenamiento territorial y una planificación urbana inclusiva para que los adultos mayores no estén postrados en sus viviendas, sino que participen en la vida en comunidad con una adecuada infraestructura y las comodidades necesarias para dotar a estas personas de autonomía, lo cual ciertamente impactará de manera positiva en su calidad de vida.

Sujetos de derecho, no de caridad

Para la elaboración de esta nota, se contó con la participación de Carolina Pérez Carvallo, diplomada en neurociencia y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el diálogo que sostuvo con el Programa de Bioética de la Biblioteca del Congreso Nacional, Carolina se mostró muy preocupada por diversos temas, los cuales parecieran tener todos una misma raíz: el enfoque caritativo con el que aún hoy se aborda la inclusión social en Chile.

Al respecto, Carolina señala que los distintos gobiernos han incumplido continua y permanentemente los compromisos adquiridos al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo referido a la accesibilidad; y el “derecho al ocio”. “Parte del derecho al ocio tiene que ver, precisamente, con tener accesibilidad para todas y todos, lo que no significa -necesariamente- contar con un espacio físico de rampas o ascensores, sino que tiene que ver con una accesibilidad cultural, con disminuir las llamadas barreras actitudinales, que son mucho más profundas que las barreras físicas”, en opinión de la entrevistada. Lo mismo, en situaciones tan cotidianas como ir al cine. “Si las filas para personas con discapacidad son las primeras, frente a la pantalla, estamos implementando entonces de muy mala manera el derecho al ocio. ¿Quién, en su sano juicio, se va a sentar en la primera fila para ver una película y terminar con tortícolis?”, se pregunta.

Al romper las barreras actitudinales, “se abren los espacios de hotelería, de plazas y parques” lo cual es necesario para un país que, a su juicio, es tremendamente discriminatorio. En términos de infraestructura, estas mismas barreras no otorgan las facilidades para utilizar artículos tan esenciales como los coches para gemelos en la vía pública, por citar tan sólo uno de múltiples ejemplos. También, en el mismo sentido, las inmobiliarias y empresas constructoras no han incorporado en forma regular y sistemática medidas como braille en los ascensores, accesos para personas con silla de ruedas, entre otras.

Esto, a pesar de que en el mes de marzo de este año se cumplió un año desde la reforma a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde se estableció la exigencia de incorporar la accesibilidad universal a las infraestructuras públicas y privadas. Sin embargo, el bajo porcentaje de empresas que la han implementado da cuenta de lo difícil que es el “cambio actitudinal”, ya que finalmente la implementación de estas medidas requiere de la voluntad del mundo privado. Para Pérez Carvallo, “esto es un tema meramente de voluntad” de los distintos actores involucrados: urbanistas, constructores, arquitectos, sector público y privado.

Y esta falta de voluntad tiene que ver también con los deberes que la sociedad civil tiene. La voluntad no sólo debe provenir de una parte, sino que son los usuarios quienes deben presentar las denuncias necesarias cuando las empresas constructoras infrinjan una determinada norma en términos de construcción de inmuebles. No sólo la denuncia ante los canales sociales -Facebook, Twitter- sino que un empoderamiento de la responsabilidad que tiene la sociedad civil respecto de ciertas conductas asistencialistas y que privan de la dignidad y autonomía a las personas con discapacidad. Por lo mismo, si bien la inclusión es un deber del Estado, el fiscalizar es un imperativo de la sociedad civil.

En este sentido, si un parque o una plaza no cuentan con los accesos adecuados, “la ciudadanía debe denunciar. ¿Cuánto más tendremos que esperar para el tema del transporte, si ya hace 10 años se implementó la Ley 20.422 sobre Inclusión Social para Personas con Discapacidad?”. En opinión de Pérez Carvallo, ya hay suficientes políticas públicas que regulan la situación y no se requieren nuevas, sino que falta voluntad de los 3 actores relevantes para implementarlas correctamente: “es hora de que los diferentes gobiernos se hagan cargo de sus compromisos adquiridos con la comunidad internacional; la sociedad civil, de denunciar; y la empresa privada, de comprender que estas necesidades deben ser incorporadas en los distintos proyectos urbanísticos, inmobiliarios y de obras públicas”.

Sólo comprendiendo esto, se va a dar un cambio de paradigma que traslade a las personas con discapacidad desde ser meros “sujetos de caridad” a sujetos de derecho empoderados y que hacen valer sus intereses, en opinión de la entrevistada.

El cambio cultural como una oportunidad para el país

En opinión de Pérez Carvallo, Chile no es un país amigable ni en lo actitudinal ni tampoco en la gestión gubernamental en materia de inclusión. Para lograr estos cambios, dice, se requiere de educación y de mucho tiempo. El que mujeres embarazadas no puedan acceder a un ascensor preferencial, “corresponde a un tema netamente sociocultural; no es solamente la persona con discapacidad, sino que todos los que tienen movilidad reducida y necesitan espacios distintos, no los obtienen en la ciudad. Ésta no se los da. Falta construir un país más amigable. Creo que hablamos de un país inclusivo porque claramente no lo somos... Por lo mismo, es muy importante generar educación en todos los niveles, desde el pre-escolar, y para esto se necesita que la sociedad civil se articule hacia esto pero que también el Estado lleva a cabo distintas medidas para educar a su población”.

Este cambio, entonces, comienza desde lo local. Son los pequeños empresarios, las pequeñas comunidades las que quieren dar los primeros pasos, en palabras de nuestra entrevistada. En particular, el “turismo accesible” es parte también de este cambio sociocultural propuesto por la comunicadora. Y en este sentido, son “los pequeños hoteles, los pequeños hostales los que quieren hacer un cambio. Se han dado cuenta que muchas de las personas no pueden acceder a sus lugares porque no cuentan con las medidas de acceso necesarias, lo cual es fácilmente solucionable tan sólo con voluntad”.

Incluso, ejemplifica contando que en Chiloé hay un “palafito accesible” -el Palafito Verde- , lo que da cuenta que el tema mayor, en términos de carencia de accesos, es la voluntad. “Si un empresario tan pequeñito, pero grande en corazón, es capaz de hacer estos cambios tan básicos, ¿cómo es posible que la hotelería en general no sea capaz de internalizarlo? Incluso comprendiendo que hacer las cosas accesibles es un tremendo negocio, no lo hacen”.

Para Carolina, el país estaría desaprovechando una tremenda oportunidad de darse a conocer y de activar su economía por contar con un turismo poco integrador: la accesibilidad en el turismo es un tema que está en la Agenda Internacional hace ya un tiempo, y 2017 es precisamente el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo -según lo decretó Naciones Unidas el 2015-, lo cual engloba también a la accesibilidad como pieza clave. Esto es tristemente contrastado por las cifras que entrega Pérez Carvallo, quien señala que hay estudios que indican cómo “el cuarenta por ciento de las personas que vienen en cruceros se quedan arriba del barco. Resulta que ese cuarenta por ciento trae dinero a Chile, para hotelería, restaurantes, pequeños comerciantes, pero se queda arriba porque no tiene cómo acceder a transporte, a distintos restaurantes, a lugares. Eso es complejo en un país maravilloso que debería vivir del turismo hace muchos años”.

Pero, acota, mientras no hayan medidas tan básicas como braille en los accesos, en las salidas de emergencia, en los ascensores y planos de evacuación, entre varias otras soluciones a implementar, el sueño de la ciudad inclusiva seguirá siendo eso, un sueño.

La inclusión en nuestro Congreso

Mientras tanto, hace tan sólo unas semanas -con fecha 21 de marzo del presente año- fue ingresado al parlamento uno de los Proyectos que modifican la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad (Boletín N°11163-31) y que se suma a las diversas iniciativas legales y políticas públicas que ya rigen la materia.

La iniciativa persigue que las empresas, organismos públicos, civiles y militares que cuenten con más de 100 trabajadores pasen a ser reguladas a este respecto, debiendo contar con las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad física accedan a los puestos de trabajo. Pero el proyecto no sólo se refiere a “barreras de infraestructura”, sino además establece explícitamente la derogación de algunas barreras actitudinales, ya que prohíbe cualquier acto de discriminación que se refleje en “exclusiones o preferencias basadas en motivos de discapacidad”. Además, se establecen cuotas para personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez, debiendo corresponder a, al menos, el 1% de la dotación total de dichas empresas.

En el mismo sentido, al comenzar este año en el mes de enero, fue ingresado otro proyecto que busca modificar la Ley 20.422 (Boletín 11085-31) exigiendo la mantención y actualización de mecanismos e infraestructura de uso público, en favor de las personas con discapacidad de algún tipo. En igual fecha, otra iniciativa (Boletín N° 11080-31) se ingresó para mejorar la infraestructura existente en las bibliotecas de las Universidades de Educación Superior.

Como se ve, la legislación existente parece ser contundente y el marco normativo nacional se ha adaptado con rapidez al clamor de la comunidad internacional respecto de incluir sin discriminaciones arbitrarias ni caprichosas a las personas en situación de discapacidad. Progreso que, definitivamente, requerirá de campañas de información y concientización respecto a este tema, que debiesen estar presentes en la educación desde la primera infancia para así lograr el anhelado cambio cultural que el país requiere en esta materia.

Recursos de información

La Corporación "Ciudad Accesible" realizó, a un año de la publicación del Decreto 50 que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, un trabajo interpretativo de la norma en versión dibujada y comentada para facilitar su comprensión y aplicación, la cual compartimos con ustedes por tratarse de un importante recurso:

Normativa Accesibilidad Universal | OGUC Chile Síntesis dibujada y comentada - Ciudad Accesible, mayo 2017.

Fichas accesibles - Ciudad Accesible, abril 2017.

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