El agua como derecho: gobernanza para un acceso justo y equitativo

Permitir el acceso justo y equitativo al agua potable a quienes aún no lo tienen es uno de los grandes desafíos que enfrenta la agenda global en el corto plazo. Así lo ha entendido Naciones Unidas, al incluir la disponibilidad del agua, su gestión y saneamiento como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar al año 2030.

Por Programa Bioética

||Autor Fotografía: Wiki Commons

La cruda realidad de la disponibilidad del agua

Durante el último tiempo diversas organizaciones multilaterales han alertado sobre cifras de acceso al suministro hídrico que resultan escandalosas. Así por ejemplo, entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a UNICEF confeccionaron en 2015 un informe que sumado a lo señalado por la propia ONU evidencian que:

  • Sobre 660 millones de personas, un 10% de la población mundial, no tiene acceso a agua potable ni segura para su bienestar, lo que equivale al total de la población de América Latina.
  • Más de 2.400 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial, especialmente de zonas rurales remotas, no tienen acceso a servicios sanitarios modernos, lo que pone en serio riesgo su salud y transforma el problema de la falta de acceso al agua en un asunto de salud pública.  
  • Existe más gente con teléfonos móviles que baños con agua limpia y descontaminada para su uso.
  • Sobre un 80% de las aguas residuales (sucias) resultantes de las actividades humanas se vierte en caudales públicos (mares o ríos), sin tratarlas previamente, lo que impacta los ecosistemas marinos inmensamente, y además expone a gran parte de la población a reutilizar aguas contaminadas.
  • Como consecuencia inmediata de lo anterior, alrededor de 1.000 niños mueren diariamente a causa de enfermedades estomacales, cólicos y otras relacionadas con la turbiedad del agua y la falta de saneamiento.

Esto, sumado a un contexto de cambio climático en el que el recurso se hace día a día menos disponible en algunas zonas del planeta, llama a mejorar la gestión del agua y a fomentar la innovación como medida de adaptación a las sequías cada vez más recurrentes y devastadoras para actividades como la agricultura.

¿Problema de escasez o de falta de acceso?

Como se ha venido señalando por distintas entidades, como es el caso de la UNESCO, el problema actual no es de escasez de agua sino de una distribución desigual del recurso y de una falta de optimización en el manejo y gestión del mismo, un ámbito en el que se entrelazan distintos factores tales como: la privatización de los derechos de agua y su venta a precios exorbitantemente altos en aquellos lugares donde la demanda es mayor; la concentración de la propiedad de estos derechos; la falta de formación de capital humano y técnico en materias como eficiencia energética; la carencia de marcos normativos ad-hoc para regular estas materias; la insuficiencia u obsolescencia de las políticas adoptadas para su administración y en general, la falta de una adecuada gobernanza.

Un ejemplo de esta falta de acceso justo y equitativo se observa cuando no existe regulación para el no uso de los derechos de agua, los que tienden a provocar escasez del recurso en zonas agrícolas, no por falta de éste en la naturaleza, sino por la imposibilidad de forzar a los propietarios de estos derechos a liberar los caudales de las aguas superiores.

Esta situación no sólo es injusta y priva del acceso a los más necesitados, sino que también contribuye a aumentar los desproporcionados impactos del cambio climático en las zonas con mayor sensibilidad y menor capacidad adaptativa, y va contra el principio de justicia distributiva, según el cual las cargas de los costos debiesen ser soportadas por aquellos que más contribuyen a la emisión de CO2 y no por los más vulnerables y necesitados, quienes generalmente son pequeños agricultores y comunidades locales vulnerables, rurales y remotas.

En este sentido, tal como señala el filósofo de la naturaleza Simon Caney, una política pública que logre revertir los efectos del cambio climático sería, sin embargo, injusta, si los deberes de mitigación y adaptación fueran distribuidos injustamente. No es suficiente implementar políticas eficientes si es que éstas son desproporcionadas y sin equidad en la distribución de sus costos. Por lo mismo, una nueva regulación del agua que evite estos conflictos bioéticos y no perjudique más a quienes más luchan por adaptarse al cambio climático, es urgentemente necesaria. Sólo mejorando la calidad jurídica e institucional, se lograrán mejoras en el manejo de la calidad del agua, en el acceso a ésta y en la protección de los más débiles.

El agua como derecho

El agua es vida, y por lo mismo la gestión, el saneamiento y la distribución que se haga de ella, constituye un tema crítico para los gobiernos nacionales. 

A la luz de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (2005), si bien el acceso justo y equitativo al agua representa un cometido esencial de los gobiernos, de él deben participar todos los sectores de la sociedad (Artículo 14: Responsabilidad social y salud) lo que significa entender que aún cuando la falta de acceso afecta con mayor fuerza a la población más vulnerable a nivel global, éste impacta negativamente las aspiraciones generales de alcanzar un mayor crecimiento.

Es por esta razón que, dentro de los ODS, el recurso hídrico tiene un rol protagónico y es por ello también que desde hace un tiempo la preocupación por el agua y su gestión se ha ido reconociendo como un factor determinante para el desarrollo y, el acceso a este recurso, como un derecho humano fundamental.

En este sentido, en el año 2003 – declarado precisamente por Naciones Unidas como el “Año Internacional del Agua Dulce” - el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que el “derecho a cantidades adecuadas de agua limpia para uso personal es un derecho humano”. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia es esencial para la realización de todos los  derechos humanos, sin excepción.

Esto nos ubicaría, como sostienen Antonio Pérez-Luño y David Vallespín, frente a una nueva categoría o “generación” de derechos, en el que se incluyen los derechos relacionados con el medio ambiente y las generaciones futuras, ámbito en el cual se enmarcaría el derecho al agua.  

Lo anterior muestra la relevancia actual del recurso hídrico, que ha determinado que en pocos años haya pasado de constituirse como objeto de un derecho con rango simplemente legal, a tener un reconocimiento a nivel global e incluso supraconstitucional.

La consagración del agua como un derecho humano fundamental ha dado pie para la formulación de argumentos contra la privatización del agua. Así, varios grupos de la sociedad civil han señalado que las personas más vulnerables deben tener acceso libre al agua dulce, pues el recurso se encuentra disponible libre y gratuitamente en la naturaleza y por lo mismo, una compraventa de éste con fines de lucro “viola nuestro derecho a disfrutar de un regalo de la naturaleza, y segrega las poblaciones de bajos recursos de sus derechos humanos”, como sostiene la filósofa india y ecofeminista Vandana Shiva.

El agua en Chile y su regulación

El actual modelo de gestión del recurso hídrico en Chile -descrito en una nota anterior del programa Américas- ha sido criticado por varias Agencias Multilaterales, como la OCDE en su informe “Evaluaciones de Desempeño Ambiental: Chile 2016”, debido a la extrema concentración que permite de los derechos de agua. Esto afecta directamente sectores como la agricultura y la minería. La primera es la mayor consumidora de agua en Chile, con un 73% del consumo total, mientras que en algunos lugares como el Valle de Copiapó, la minería utiliza sobre un 30% de los recursos hídricos de la zona.

Evidentemente, en un contexto geográfico de escasez del agua, los proyectos mineros pueden llegar a amenazar la disponibilidad del recurso hídrico y por lo mismo resulta vital la innovación que pueda fomentar tecnologías para la desalinización del agua y para el uso de energías renovables que no utilicen recursos hídricos en las faenas mineras. En este sentido, algunos proyectos, como “Valhalla” de la Fundación Chile, se encuentran investigando la factibilidad del uso de tecnología solar para generar energía en proyectos mineros.

De no innovar en esta materia, se corre el riesgo de que los proyectos mineros pongan en riesgo la actividad agrícola en el norte del país, y la calidad de vida de sus habitantes, tanto por no haber disponibilidad del recurso hídrico como por la eventual contaminación que se pueda producir en pozos subterráneos de agua; se han reportado numerosos casos de contaminación en acuíferos del país producto de faenas mineras, cuestión que tampoco encuentra una regulación apropiada en nuestra actual legislación.

Por lo mismo, es vital establecer políticas prospectivas que generen un marco normativo adecuado a las nuevas realidades y necesidades planteadas por los problemas de acceso al agua, y a la falta de tecnologías y de financiamiento para el desarrollo de éstas. Éste es el objetivo que persigue el proyecto de ley que pretende reformar el Código de Aguas, ingresado en marzo de 2011 a tramitación ante el Congreso Nacional (véase Boletín N° 7543-12).

Otro de los desafíos de nuestro país, en línea con los ODS y las recomendaciones de la OCDE, es la formación de capital humano en conocimientos sobre recursos hidrológicos, lo que constituye una exigencia fundamental para la gestión eficaz del agua. Esto, en concordancia con una de las metas del Objetivo 6, que señala la importancia de ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización.

Recursos de información

Si desea conocer más sobre este tema, lo invitamos a consultar:

- El agua salubre y fácilmente accesible: un aspecto clave para la salud pública - Organización Mundial de la Salud

-Programa Hidrológico Internacional (PHI) (en inglés)

-Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) (en inglés)

 

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