Etiquetado: consideraciones bioéticas de la información alimentaria

En junio de 2016, comenzó a regir en nuestro país la Ley N° 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, norma que transformó a Chile en un país pionero en esta materia. A más de un año de la entrada en vigencia de la norma comienzan a realizarse las primeras evaluaciones sobre su impacto.

Por Equipo Bioética

||Autor Fotografía: wiki commons

Importancia de la información nutricional

Hoy en día, la información sobre la composición nutricional de los alimentos, que se contiene en su etiquetado, es fundamental si se consideran los ingentes esfuerzos que se están realizando por promover estilos de vida saludables en la población, atendido el significativo aumento en la incidencia de enfermedades crónicas y no transmisibles que tienen su origen en una mala nutrición, especialmente por exceso, como son la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer colorrectal o la hipertensión arterial, entre otras.

En efecto, la obesidad infantil se ha convertido en uno de los problemas sanitarios más relevantes de la última década. Tanto es así que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de este padecimiento ha aumentado desde 31 millones de niños menores de 5 años obesos en 1990, a cerca de 41 millones en el año 2014, lo que equivale al 7,2% de la población de esa edad a nivel mundial. Asimismo, desde el año 1980 la obesidad a nivel general se ha duplicado en todo el mundo.

En Chile, el panorama dista de ser mejor. En enero del presente año, el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina basado en datos del año 2016, ratificó algo que muchos ya preveían producto de la mala nutrición que impera en el país: sobre un 63% de la población adulta a nivel nacional sufre de sobrepeso u obesidad, cifra que impacta de mayor manera a las mujeres, planteando también graves problemas de género. Además, sobre el 10% de los menores de 5 años del país -cifra superior al promedio mundial anteriormente mencionado- sufre de estas afecciones, en una tendencia que se ha mantenido ya durante una década.

Es por ello que conocer el contenido de los productos que consumimos, tanto sus aportes nutricionales como sus elevados índices de calorías, azúcar, grasas, sodio u otro componente que en exceso puede resultar perjudicial para la salud, resulta de gran importancia para poder tomar decisiones de consumo informadas, conscientes y responsables.

Sin embargo, para lograr esto se requiere no sólo disponer de información, sino también de educar a la población para un consumo responsable y asegurar un acceso equitativo a alimentos de calidad. Pues tal como lo señala el documento de opinión sobre  Información Alimentaria: cuestiones éticas y jurídico-políticas publicado el pasado mes de marzo, por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, la educación en materia alimentaria es aún prácticamente autodidacta, en ella los ciudadanos se autoforman y no se suele contemplar su enseñanza por el actual sistema educativo.

Seguridad y equidad alimentaria

El derecho a la alimentación, que se desprende del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene un doble contenido: de un lado el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y de otro, el derecho de la misma a una alimentación adecuada.

Este derecho, para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ejerce “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (Observación General Nº 12).

La plena realización del derecho a la alimentación exige garantizar la seguridad alimentaria, situación que “existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Plan de Acción y Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial)

No obstante, sabemos que la realidad nos muestra que no todas las personas tienen acceso a alimentos inocuos y nutritivos, lo que revela una importante alerta bioética, que dice relación con el acceso justo y equitativo a alimentos de calidad.

En este sentido, si bien el sobrepeso y la obesidad son dolencias que afectan a todos los estratos sociales, diversos estudios han observado una importante correlación entre el consumo de alimentos poco saludables y un menor nivel educacional y de ingresos. En efecto, alimentos poco saludables como la reconocida “comida chatarra” suelen ofrecerse a bajos precios, lo que importa una mayor demanda por quienes tienen menores recursos. Asimismo, los alimentos identificados como “saludables” suelen ser de mayor costo.

De esta forma, el acceso a una alimentación saludable no sólo requiere de información y educación sino también de políticas públicas que faciliten el acceso de la población a mejores alimentos, sin importar su condición económica.

Mejoras alimentarias en la agenda global

Los tres millones y medio de adultos que, año a año, fallecen como consecuencia de enfermedades relacionadas de manera directa con el sobrepeso y la obesidad, han sido el punto crítico para que temas de seguridad alimentaria, calidad de los alimentos, educación y etiquetado, entre otros, se transformen en una de las prioridades de la Agenda Internacional.

Ello evidencia que los gobiernos y la comunidad internacional han comprendido que las preocupantes tendencias en salud pública derivadas del consumo de alimentos con pobre contenido nutricional requieren, para ser revertidas, de marcos normativos que contengan una regulación inteligente, que desclasifique la información de las empresas alimentarias y la comunique a los consumidores finales. Asimismo, debiera regular las estrategias de marketing de los grandes conglomerados alimentarios en cuanto a sus posibilidades de publicidad y venta de sus productos, que se centre en el usuario final y que desaliente la inversión en empresas que poco y nada aportan en contenido nutricional a la población.

Así, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, dos se enfocan específicamente en aspectos alimentarios:

  • El ODS N°2, “Hambre cero”, que tiene por objeto reducir la inequidad alimentaria y el acceso a alimentación saludable por parte de la población más vulnerable;
  • El ODS N°12, “Producción y consumo responsables” que se enfoca en diversas industrias, entre las que se cuenta la producción de alimentos, la industria de proteínas, los refrescos azucarados, entre varios otros, y que intenta influir en aspectos de gobernanza alimentaria y marcos normativos que regulen la industria.

A un año del etiquetado de alimentos en Chile, ¿qué lecciones nos deja?

En Chile en los últimos años se han dedicado importantes esfuerzos legislativos para lograr que la industria alimentaria revele la información nutricional de sus productos a través de sellos que exponen a los alimentos altos en grasas, en sodio, en azúcares y en calorías.

Esto se ha logrado con la promulgación, en 2012, de la Ley N°20.606, popularmente conocida como la ley “Super8”. Norma que, entre otras cuestiones, dispuso que los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos informen en sus envases o etiquetas tanto los ingredientes que contienen sus productos (en orden decreciente de proporciones) como su contenido nutricional.

Asimismo, impuso a importadores y fabricantes la obligación de verificar que la información contenida en el rótulo de los alimentos sea íntegra y veraz; y en el ámbito de la cadena productiva en que intervengan, asegurarse que el proceso de elaboración cumple con buenas prácticas de manufacturación que garanticen la inocuidad de los alimentos.

Otras medidas implementadas por esta ley tienen que ver con la promoción de la educación alimentaria en los establecimientos de educación parvularia, básica y media, los que deben incluir en todos sus niveles la enseñanza de hábitos de alimentación saludables y advertir de los efectos nocivos de una dieta excesiva en nutrientes críticos. Además, deben incorporar la actividad física y la práctica de deportes.

Con el mismo objeto de combatir especialmente la obesidad infanto-adolescente, esta norma prohibió la comercialización, promoción y publicidad de alimentos “altos en” dentro de los establecimientos educacionales y restringió su publicidad dirigida a menores de 14 años de edad.

Si bien, aún es pronto para evaluar cuál ha sido el impacto que la Ley Nº 20.606 ha tenido sobre la realidad nutricional de la población en Chile y el modo cómo ha modificado las decisiones de compra del consumidor final, ya han surgido algunos datos que pueden orientar:

  • Recientemente el Ministerio de Salud (MINSAL) informó que de las 3.008 inspecciones realizadas a nivel nacional se detectaron 845 situaciones irregulares que dieron origen a sumarios. Esta es una herramienta fundamental para que la industria adapte sus estándares a los recomendados por los especialistas. De todas formas, del total de sumarios sólo 36 casos registraron multas efectivas para los productores (apenas un 4,2% del total de sumarios).
  • Las causas más frecuentes de incumplimiento fueron: problemas de etiquetado (por ejemplo, respecto a productos extranjeros a los que no se les adhirieron los sellos), venta de alimentos “alto en” en establecimientos educacionales, y por contar ciertos productos con publicidad dirigida a niños en sus envases.
  • La Sociedad Chilena de Pediatría manifestó su apoyo irrestricto a la Ley 20.606, llegando a catalogarla como la “legislación nutricional más importante de los últimos 50 años”, aunque haciendo hincapié en que no deben olvidarse otras medidas aparte del rotulado de alimentos, como considerar gravar con impuestos a los alimentos “altos en”, la prohibición de ganchos comerciales dirigidos hacia los menores de 14 años para fomentar el consumo de alimentos nocivos, y el aumento de ciclovías y parques para estimular la actividad física en la población en general.
  • Las ventas de chocolates, durante el año de vigencia de la ley de etiquetado se han reducido en un 8%, según consigna un informe de una consultora.
  • Datos del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile señalan que el 56.2% de los consumidores encuestados declaró no comparar los sellos entre productos y otros estudios a partir del primer semestre de la entrada en vigencia de la ley, señalaron que el 67% de los consumidores prefiere productos con menos sellos y que han cambiado sus hábitos.

Nuevos desafíos legislativos

Como novedades legislativas a futuro, el Gobierno ha resuelto encargar a expertos el diseño de un impuesto a alimentos con sellos. Se espera que el informe, que será desarrollado por economistas y salubristas, sea presentado al Congreso Nacional durante el mes de octubre.

La inclusión de economistas no es menor, pues se intenta velar por las personas más vulnerables, estudiando en detalle la elasticidad de la demanda y la sustitución en el consumo de determinados productos “emblemáticos” para la población nacional, como por ejemplo las bebidas azucaradas que tienen más de  5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, cuyo impuesto actual ha sido fijado en un 18% (cuando antes de la reforma tributaria estaba en un 13%).

En otros lugares ya se han comenzado a implementar estos mecanismos impositivos, tal como ocurre en Catalunya, cuyo nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas entró en vigor el lunes 1ro de mayo del presente año, siguiendo las recomendaciones de la OMS sobre gravar con impuestos de hasta 20% en el precio a las sustancias altas en azúcar, y con el que se pretende recaudar 40 millones de Euros durante el 2017. 

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