#Niunamenos

Una serie de sucesos han terminado por empoderar y organizar a la sociedad civil para hacer frente a la inequidad de género. La relación entre estas injusticias y desigualdades con ciertos aspectos bioéticos y biopolíticos es fácilmente identificable al referirnos a temas de salud pública, salud sexual y reproductiva, violencia de género, brecha salarial y discriminación, entre varios otros; sin embargo, dentro del paradigma actual es difícil escapar a estos problemas, ante la ausencia no sólo de un marco normativo que tienda a la equidad sino también porque nos encontramos frente a comportamientos y formas pensar que precisamente son contrarias a esta tendencia.

Por Boris Lopicich

||Autor Fotografía: Rodrigo Paredes

La marcha que se llevará a cabo hoy, a partir de las 19:00 horas en distintas ciudades del territorio nacional y que también se efectuará en Argentina, es el punto cúlmine de una serie de situaciones que han colmado la paciencia de distintas organizaciones y actores que ven con preocupación la falta de equidad en materia de género en nuestro país. El machismo imperante, el acoso callejero y los bullados casos de femicidio en el último tiempo se suman a asuntos que parecieran ser más estructurales y ya sedimentados en nuestra vida cotidiana: una altísima brecha salarial entre hombres y mujeres, falta de igualdad de oportunidades laborales, acoso sexual laboral, además de la falta de políticas claras en salud sexual y reproductiva, planificación familiar y la demora en despenalizar el aborto en tres causales.

Todas estas situaciones ilustran a cabalidad la falta de un "enfoque de género" en la implementación de políticas públicas, enfoque que debiese ser previo no solo a la implementación, sino a la discusión de éstas políticas. ¿Cómo discutir sobre salud sexual y reproductiva, o sobre planificación familiar, si asignamos a la mujer el mismo rol que hace un siglo? ¿Cómo lograr cambiar paradigmas cuando instituciones emblemáticas en nuestra realidad nacional -como el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, por ejemplo- establecen una asimetría entre hombres y mujeres por ley?

Por lo mismo, es necesario que el país establezca una mirada de largo plazo sobre los asuntos de género y sólo a partir de ésta se discutan e introduzcan en la agenda legislativa políticas de equidad de género en los aspectos más trascendentes y menos regulados actualmente, como lo son la violencia tanto física como psicológica, y la salud sexual.

La violencia de género no sólo son los femicidios

Acorde a la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas (ONU) definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". Esto incluye la violencia sexual y también la violencia de pareja, lo que en Chile sería considerado como un femicidio -ya que ésta definición sólo se aplica ante violencia que provenga de un hombre que tenga algún vínculo con la agredida, como por ejemplo ser su ex pareja-. Si bien esto es considerado por algunos como restrictivo, no deja de ser cierto el hecho de que alrededor de un 38% de los homicidios contra mujeres son realizados por sus parejas o ex parejas, según datos de la misma ONU.

Éste tipo de violencia es, finalmente, un problema de salud pública y que afecta la calidad de vida de miles de mujeres y familias que constituyen un alto porcentaje: alrededor de un 35% de las mujeres ha sido víctima de distintas formas de violencia en su contra. Súmese a esto el acoso callejero, el constante miedo en las calles y la posibilidad inminente de ataques sexuales en su contra, lo que claramente ha llevado a la situación actual. El Observatorio Parlamentario de la BCN desarrolló una nota sobre este tipo de situaciones hace unos meses, ya que el tema ha estado en carpeta durante todo este año, en el cual a la fecha ya han habido 27 femicidios a lo largo del territorio nacional.

Evidentemente, estas formas de violencia impactan la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres a la vez que aumentan la vulnerabilidad frente al VIH y a otras enfermedades de índole sexual. Y el mayor énfasis ante esto debiese estar centrado en los factores de riesgo para caer en situaciones de violencia de género, los que corresponden principalmente a contar con un bajo nivel de instrucción, haber estado expuestas a maltrato infantil o a escenas de violencia en la familia causadas generalmente por alcoholismo o drogas, así como a actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género en el entorno de las víctimas.

Por lo mismo, una formación en igualdad de género sumado a distintas propuestas comunales que tiendan a mejorar la comunicación y las aptitudes para las relaciones interpersonales entre las parejas, asoman como estrategias de intervención claves a la hora de afrontar esta problemática por parte del Estado. Esto es, entonces, cambiar el paradigma actual por uno que ponga mayor atención en el uso del lenguaje sobre y hacia la mujer, que le otorgue un rol distinto en la sociedad y que la libere de cargas impuestas en siglos y décadas anteriores.

Otras cifras importantes de analizar para comprender la importancia que tiene la creación de este "enfoque de género" y que aparecen en distintos informes de la ONU Mujeres, son:

  • Violencia sexual contra menores de edad: Impacta reconocer que 700 millones de menores de edad están casadas contra su voluntad, y cerca de un 40% de éstas (290 millones) se casaron con anterioridad a cumplir 15 años de edad. Junto con esto, sobre 1 de cada 10 niñas de todo el mundo han tenido relaciones sexuales forzadas por sus maridos o parejas.
  • La mutilación femenina, por otra parte, ya cuenta con más de 200 millones de niñas que han sufrido cortes totales o parciales de su clítoris previo a los 5 años de edad.
  • En ciertas regiones como el sudeste asiático, y en India, sobre el 90% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual en espacios públicos alguna vez en su vida, lo cual da cuenta de un paradigma que no resiste análisis y que considera, inevitablemente, a la mujer como un ente inferior del cual abusar. Esto tiene directa relación con dañar su autonomía y cualquier principio de justicia bioético aplicable.
  • De este paradigma no se salva el mundo occidental: 23% de las mujeres LGBT -no heterosexuales- en la Unión Europea ha sufrido violencia sexual por parte de agresores de ambos sexos. En este sentido, el estudio "Femicide: a global problem", muestra cómo América Latina también registra altísimas tasas de femicidios, contando con 14 de los 25 países con mayores tasas a este respecto a nivel global.

  • Todas estas cifras, dan cuenta de cómo el problema de inequidad de género es global y requiere una acción conjunta internacional, aunque sin dejar de lado las acciones locales que se adecúen a los distintos contextos en los que esta violencia es ejercida y que dependen de factores tan variados como la religión que se profese en determinado país, la cantidad de población migrante/refugiada, el rol de la mujer en dicha sociedad entre otros aspectos.

Salud sexual y reproductiva: un marco normativo pendiente (y urgente)

Otro de los aspectos con mayores repercusiones que impactan principios bioéticos, es la salud sexual, tema postergado en varias legislaciones. La falta de una óptica para abordar el tema de la interrupción del embarazo desde el prisma de los DDHH de las mujeres; regulación sobre las técnicas de reproducción asistida; la maternidad subrogada; conflictos sobre embriones; el reconocimiento de distintos modelos de familia que reconozcan una mayor diversidad y dejen de presentarse de forma discriminatoria; y finalmente, una liberación de la mujer de la obligación de ser madres, a la que se ven enfrentadas por el contexto cultural en el que se desenvuelven, constituyen los temas más trascendentes y que aún cuentan con una regulación a veces deficiente, otras inexistente.

Considerar éstos (y otros) problemas como asuntos de salud pública debe ser la mirada que adopte el Estado respecto de la salud sexual y reproductiva, ya que solo de esta manera se estará llevando a cabo un enfoque equitativo en cuanto a género: estos son temas que afectan a la mujer por el solo hecho de ser mujeres y considerarlos de otra forma sería discriminatorio y atentatorio contra sus derecho más intrínsecos y esenciales.

Por ejemplo, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín 9895-11, actualmente siendo tramitado con urgencia simple y en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento), el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona ha señalado en un documento que "la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente reconocidos debe ser considerada y tratada como un acto sanitario más, cuya práctica debe ser asumida por la sanidad pública (...) el cambio normativo debe ir acompañado de una rigurosa política de educación sexual y reproductiva, transversal y permanente, incluyendo medidas activas que proporcionen acceso real a los métodos anticonceptivos y a la interrupción del embarazo, atendiendo particularmente a los grupos de especial vulnerabilidad". Éste enfoque privilegia la salud y los derechos de la mujer por sobre los de cualquier otro ente involucrado en la situación (desde el nasciturus hasta el médico objetor de conciencia). 

Otras normativas pendientes son aquellas referidas a la reproducción humana asistida: bajo el Boletín 4573-11, el año 2006 fue ingresado un proyecto que pretendía regularla pero que, sin éxito, fue archivado el año 2009; lo mismo ocurrió con el proyecto que "establece la garantía constitucional del derecho a la libertad sexual y reproductiva", en el Boletín 4277-07, ingresado en junio del 2006 y archivado en marzo del presente año.

Sin lugar a dudas, si el país pretende instaurar una agenda de equidad de género, éstas son dos iniciativas prioritarias a las que debe otorgarse la debida importancia. Junto con ellas, la legislación actual contempla, entre otras, un proyecto que tipifica como delito el acoso sexual callejero, además de legislación relativamente nueva que avanza hacia la equidad de género:  la Ley Nº 20.480 que tipifica el femicidio, la Ley Nº 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual laboral, y la Ley N° 20.820 que estableció la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Pasos que demuestran que Chile va en la dirección adecuada pero que, al contrastarse con las cifras y la demanda ciudadana, confirman que impulsos mayores -y una discusión que implemente un trasfondo a largo plazo en equidad de género- son requeridos prontamente, para que más pronto que tarde no haya #niunamenos.

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