Ley de Transparencia: Cómo denunciar las faltas de los servicios públicos

¿Cómo requerir información y denunciar al organismo que no la entrega?

Asumiendo que a partir de la promulgación de esta ley, las diferentes reparticiones del Estado no sólo deberán publicar en papel o en sus sitios web toda la información sobre su composición y actividades (transparencia activa), sino que además responder oportunamente al requerimiento de información específica que cualquier ciudadano les haga (transparencia pasiva), a continuación explicamos paso a paso cómo se concretará este procedimiento.

En primer lugar, cualquier persona podrá hacer una solicitud por escrito o vía Internet a un organismo del Estado en particular, detallando la siguiente información:

-         Nombre, apellidos y domicilio

-         Identificación clara de la información que requiere

-         Órgano administrativo al que se dirige

-         Firma

Una vez hecha la solicitud, el organismo requerido tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para entregar la información, el que podría extenderse en 10 días hábiles más, sólo excepcionalmente y previa comunicación al ciudadano interesado.

Si una vez cumplido el plazo, el solicitante no recibe la información que pidió o respuesta alguna sobre su requerimiento, podrá elevar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, el que contará con una sede en la localidad respectiva u operará a través de la Gobernación local.

Si el servicio público requerido se niega a entregar la información sin fundamento alguno, también se podrá reclamar ante el Consejo, durante los 15 días siguientes a la respuesta dada por el organismo en cuestión. El usuario deberá especificar en su queja la infracción cometida y adjuntar medios de prueba.

Asimismo, si se rechaza la entrega de información, excusándose en las Causales de Reserva estipuladas en la ley, y usted considera que el argumento de la oficina pública no califica para tal efecto, también podrá acusarla ante el Consejo para la Transparencia.

Para todos estos casos, la nueva institución creada por la recién aprobada ley opera de la misma forma. Primero se notifica a la entidad del Estado correspondiente del reclamo presentado y dentro de 10 días hábiles, su máxima autoridad o jefatura podrá presentar sus descargos u observaciones al Consejo, el que emitirá una resolución cinco días después.

Si el fallo es adverso para la repartición pública y el Consejo le exige que entregue la información al ciudadano, se definirá un plazo prudente para que se cumpla con el dictamen y se iniciará un sumario administrativo al interior del órgano estatal.

En ese sentido, la ley estipula duras sanciones para quienes no cumplan con las normas de transparencia, aplicando una multa de entre 20 y 50 por ciento de la remuneración, para el jefe superior que niegue sin fundamento el acceso a la información requerida.

De igual forma, la no entrega oportuna de la información en la forma decretada por algún instructivo del Consejo para la Transparencia, será sancionada con una multa que variará en el mismo rango de la remuneración correspondiente.

Si la autoridad o jefe persiste en su falta, se le aplicará el doble de esta sanción y será suspendido de su cargo por cinco días.

También se dispone que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa sea sancionado con una multa de 20 a 50 por ciento de las remuneraciones del infractor.

Las sanciones aplicadas por el Consejo deberán ser publicadas en las páginas en Internet del Consejo de la Transparencia y del respectivo órgano o servicio multado, en un plazo de cinco días hábiles desde la resolución.

Consejo para la Transparencia: La gran novedad

Consejo para la Transparencia: La gran novedad de la ley

Considerado por todos los sectores como la gran novedad de la ley, este organismo de carácter autónomo e independiente estará integrado por cuatro personas nominadas por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado, y que ejercerán sus funciones por seis años.

Entre sus funciones se cuentan la de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las sanciones correspondientes, debiendo resolver además los reclamos por denegación de acceso a la información que presente algún individuo.

Asimismo, el Consejo podrá dictar instructivos que son obligatorios para la administración del Estado.

Por otra parte, se destacan las atribuciones del organismo para velar por la aplicación de la ley de protección de datos personales, antecedentes que deberán ser cuidadosamente resguardados ahora que empresas públicas, del Estado y organismos como el Banco Central, harán públicas sus acciones.

En este sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo ha subrayado que “uno de los problemas que tienen las empresas internacionales de transferencia de datos para invertir en Chile, es que nuestro país no está acreditado ante el OSD (Órgano de Solución de Diferencias, dependiente de la Organización Mundial de Comercio) como un país que tenga un resguardo suficiente a los datos de las personas, porque existía una ley, pero no una institución responsable”.

Por tal motivo y siguiendo el modelo inglés, se le dio una atribución genérica al Consejo para que vigile esta materia, aunque la voluntad del gobierno, a medida que la institución entre en rodaje, es aumentar y precisar sus atribuciones, respecto de los datos de las personas.

Los alcances de la ley

La nueva legislación consagra el principio de transparencia en la función pública, en cuanto a respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de los órganos estatales, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que establezca la normativa.

De esta forma, toda la información relacionada con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos del Estado, deberán estar a disposición permanente del público en forma material y de manera virtual en los sitios electrónicos respectivos.

Junto con las facultades, funciones y atribuciones de cada institución, deberán publicarse antecedentes tales como el detalle de la planta funcionaria y del personal a contrata y a honorarios, junto con sus respectivas remuneraciones; las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, junto con las empresas contratistas a cargo, especificando las identidades de los socios y accionistas principales de dichas firmas.

Ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas y de Orden, órganos y servicios públicos en general, estarán sometidos a las exigencias de la nueva ley que se enmarca en la llamada Agenda de Probidad impulsada por el gobierno, con miras al Bicentenario de nuestra nación.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes que ofrece el texto legal es que se incluyen en esta normativa organismos autónomos como la Contraloría General de la República y el Banco Central, al igual que las empresas públicas, las del Estado y las sociedad en que éste tenga una participación mayoritaria o superior al 50 por ciento.

En el caso del Congreso, la norma dispone que el Poder Legislativo también se regirá por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado en la Constitución y en esta ley, informando en sus sitios electrónicos respecto a sus funciones y atribuciones, pero especialmente de la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de sala y comisiones, de la misma manera que de las votaciones y elecciones a las que concurran, sus dietas y asignaciones.

“Estamos frente a una buena ley, que es el resultado de un serio esfuerzo conjunto realizado por el Ejecutivo y los parlamentarios. Por supuesto que la ley no es perfecta, pero es un reflejo de los esfuerzos que se han sumado por igual, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, y creo que hemos tenido un buen resultado gracias a eso”, sostuvo el Presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans (UDI).

Beneficios y carencias de la ley

La importancia y los alcances de la nueva Ley de Transparencia fueron analizados por distintos expertos en un seminario organizado por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Libertad y Desarrollo, en el que todas las voces coincidieron en destacar el gran avance que esta normativa representa para terminar con la cultura del “secretismo” en nuestro país.

Reconociendo que la legislación aprobada por el Congreso todavía es perfectible, los especialistas enumeran una serie de beneficios que acarrea el texto legal, en pos de lo que algunos llaman el “empoderamiento” de los individuos.

La creación del Consejo para la Transparencia es destacada por todos como el mayor aporte de la nueva norma, recalcando su carácter revisor, fiscalizador y regulador, asegurando además plena autonomía en su funcionamiento.

Sobre este punto, el director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, Sebastián Soto, valoró además que sean cuatro personas “notables” las que van a estar dedicadas íntegramente a velar por el cumplimiento de la ley, las que al mismo tiempo podrán ser evaluadas por lo que hacen. “Si hay poca transparencia en Chile, será por culpa de ellos”, sentenció.

Asimismo, se subrayan las fuertes exigencias en materia de transparencia activa. “La cantidad de información que se debe disponer en los sitios web es muy extensa, sobre todo, los contratos, remuneraciones y transferencias a terceros”, afirmó Tomás Vial, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Andrés Bello.

Sin embargo, el académico también menciona las carencias de las que adolece le ley, especialmente porque considera que las Causales de Reserva dispuestas son muy amplias, lo que a su juicio, facilita que los organismos estatales pudieran negar la información requerida.

Entre estas causales se cuentan el que una información requerida pudiera afectar la investigación de un crimen o la vida privada de una persona, perjudicar la seguridad o la defensa nacional y alterar el orden o la seguridad pública

En tal sentido, planteó la necesidad de entrenar a los funcionarios públicos para lograr un “cambio de cultura secretista” y la necesidad de implementar un efectivo sistema de archivos dentro del Estado, que hoy día no existe.

Por otra parte, se hace hincapié en la ausencia de normas de rendición de cuentas para el Consejo para la Transparencia, el que según planteó Vial “no debe informar a nadie sobre lo que está haciendo, lo que sí pasa en otras legislaciones, donde se rinde cuenta al Congreso”.

Finalmente, se critica que todavía no se clarifique el presupuesto que involucrará la implementación de esta ley, considerando la creación de una nueva institucionalidad.